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Reglamento de las Cortes de Castilla y León

Reglamento de las Cortes de Castilla y León

Título I: Del Estatuto de los Procuradores


CAPÍTULO I
De la adquisición de la condición de Procurador

Art. 5.

1. El Procurador proclamado electo adquirirá la condición plena de Procurador por el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos:

1.º Presentar, en el Registro General de las Cortes, la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración Electoral.

2.º Cumplimentar su declaración, a efectos del examen de incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesión y cargos públicos que desempeñe.

3.º Prestar, en la sesión constitutiva o, si ello no fuere posible, en la primera sesión del Pleno a la que asista, el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

2. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el Procurador sea proclamado electo. Sin embargo, si transcurren tres sesiones plenarias sin que el Procurador adquiera la condición de tal conforme a lo dispuesto en el apartado precedente, perderá sus derechos y prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca.

CAPÍTULO II
De los derechos de los Procuradores

Art. 6.

1. Los Procuradores tendrán derecho a asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las sesiones de las Comisiones de las que formen parte. Podrán asistir sin voto a las sesiones de las Comisiones de las que no formen parte, con excepción de aquéllas que tengan carácter secreto, y sustituir a todos los efectos a los Procuradores de su Grupo Parlamentario en cualquier Comisión en los supuestos contemplados en el artículo 39.2.

2. Los Procuradores tendrán derecho a formar parte, al menos, de una Comisión.

3. Los Procuradores tendrán derecho a ejercer cuantas facultades y funciones deriven del ejercicio de su mandato representativo.

Art. 7.(2)

1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Procuradores tendrán la facultad de recabar de la Administración Autonómica los documentos que, como consecuencia de su actuación administrativa, obren en su poder, así como aquellos que obrando en poder de la Administración del Estado o de otras Administraciones tengan relación directa con las competencias de la Comunidad Autónoma.

2. La solicitud, que requerirá la firma del Portavoz del Grupo Parlamentario, se cursará por conducto de la Presidencia de las Cortes.

3. Una vez recibida la solicitud, la Junta de Castilla y León podrá:

a) Facilitar la documentación solicitada en el plazo de un mes.

b) Manifestar las razones fundadas en Derecho que impidan el acceso a la documentación, en el plazo de quince días.

c) Solicitar motivadamente a la Mesa de las Cortes, en el plazo de quince días, una prórroga del plazo de contestación por un mes computado a partir de aquel en que finalice el plazo ordinario.

d) Cuando así lo aconsejen el excesivo volumen de la documentación solicitada, la complejidad de su delimitación o el carácter genérico o indeterminado de la misma, solicitar a la Mesa motivadamente en el plazo de quince días sustituir la remisión de la documentación solicitada por el acceso directo a la misma en las dependencias administrativas en las que se encuentre archivada o depositada. En tal caso, la autoridad administrativa encargada de facilitarla exhibirá al Procurador solicitante los documentos solicitados, pudiendo aquél tomar las notas que estime oportunas y obtener copia o reproducción de aquellos que le interesen. El Procurador solicitante podrá actuar, a tales efectos, acompañado de hasta un máximo de tres personas que le asistan, considerándose en todo caso como actividad parlamentaria. El acceso directo a la documentación se verificará a convocatoria de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Castilla y León y con el Procurador solicitante, en la fecha y la hora por aquélla señalada.

4. Cuando los documentos solicitados afecten al contenido esencial de derechos fundamentales o libertades públicas constitucionalmente reconocidos, la Mesa, a petición motivada de la Junta de Castilla y León, podrá declarar el carácter secreto de las actuaciones a los efectos de lo previsto en el artículo 13 del presente Reglamento, así como disponer el acceso directo a aquéllos en los términos establecidos en la letra d) del apartado anterior, si bien el Procurador podrá tomar notas, mas no obtener copia o reproducción ni actuar acompañado de persona alguna que le asista.

5. Cuando los documentos objeto de la solicitud obrasen en soporte informático, los Procuradores podrán solicitar que les sean facilitados en este formato. Asimismo, cuando ello sea posible, la Administración podrá facilitar la información solicitada mediante acceso remoto a la misma.

6. Los Procuradores también tienen derecho a recibir de las Cortes, directamente o a través de su Grupo Parlamentario, la información o documentación necesaria para el desarrollo de sus tareas. Los servicios generales de las Cortes tienen la obligación de facilitársela.

Art. 8.(3)

1. Los Procuradores podrán percibir las asignaciones económica que se fijen para el ejercicio de su cargo.

2. Los Procuradores tendrán derecho a las compensaciones e indemnizaciones por gastos que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

3. La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijará cada año la cuantía de las percepciones y sus modalidades dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias.

CAPÍTULO III
De las prerrogativas parlamentarias

Art. 9.

Los Procuradores gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

Art. 10.(4)

Los Procuradores gozarán de inmunidad en los términos del artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía.

Art. 11.

El Presidente de las Cortes, una vez conocida la detención o retención de un Procurador o cualquiera otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de las Cortes y de sus miembros.

CAPÍTULO IV
De los deberes de los Procuradores

Art. 12.

Los Procuradores tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno de las Cortes y de las Comisiones de que formen parte.

Art. 13.

Los Procuradores están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.

Art. 14.

Los Procuradores no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional alguna.

Art. 15.

1. Los Procuradores estarán obligados a efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.

2. La mencionada declaración deberá formularse en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que cada uno haya asumido plenamente la condición de Procurador.

3. Formulada la declaración, copia autorizada de la misma será presentada en el plazo de 15 días en el Registro General de las Cortes de Castilla y León, para su inscripción en el Registro de Intereses de los Procuradores, que se constituye en la Cámara bajo la dependencia directa del Presidente y custodia del Secretario General, y cuyo contenido tendrá carácter público, a excepción de lo que se refiere a bienes patrimoniales. Anualmente, y antes del 30 de septiembre de cada ejercicio, los Procuradores presentarán así mismo en el Registro de Intereses copias de sus últimas declaraciones tributarias relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio.(5)

Art. 16.

1. Los Procuradores deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución, de acuerdo con el artículo 12. 4 del Estatuto de Autonomía y las leyes correspondientes.(6)

2. La Comisión de Procuradores elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidad de cada Procurador en el plazo de veinte días, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de Procurador o de una comunicación que obligatoriamente habrá de realizar de cualquier alteración en la declaración formulada a los efectos de incompatibilidades.

3. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Procurador incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño.

CAPÍTULO V
De la suspensión y pérdida de la condición de Procurador

Art. 17.

El Procurador quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios en los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento, cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria. Art. 18. El Procurador perderá su condición de tal por las siguientes causas:

1.º Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación del Procurador.

2.º Por fallecimiento o incapacitación del Procurador, declarada ésta por decisión judicial firme.

3.º Por extinción del mandato al transcurrir su plazo o disolverse la Cámara, sin perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente hasta la constitución de las nuevas Cortes.

4.º Por renuncia del Procurador, presentada personalmente ante la Mesa de las Cortes.

______________
(2) Nueva redacción dada por la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León de 11 de mayo de 2005.
(3) Nueva redacción dada por la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León de 11 de mayo de 2005.
(4) Cita del precepto concordada por la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León de 11 de mayo de 2005.
(5) Nueva redacción dada por la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León de 14 de febrero de 1997.
(6) Cita del precepto concordada por la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León de 11 de mayo de 2005.

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