Artículos del Presidente

«30 Años de convivencia democrática»<br>(20 de julio de 2007)

Distintos actos, jornadas y congresos han conmemorado recientemente el trigésimo aniversario de las elecciones de 1977. Un acontecimiento de la mayor trascendencia en nuestra historia política más reciente, en la medida en que supuso el punto de partida de un apasionante proceso que terminaría por convertir a España en el país moderno, democrático y plural que es hoy en día, plenamente integrado en los escenarios europeo e internacional.

Conceptos a los que están tan acostumbrados los españoles nacidos en los últimos 30 años, como la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, de reunión y opinión y, sobre todo, la personificación de la soberanía popular a través de unas Cortes elegidas democráticamente, son logros de una época como la Transición, que aún sirve hoy en día como hoja de ruta de muchos países que tienen la oportunidad de dejar atrás regímenes autoritarios de la más diversa procedencia.

Saliendo al paso de alguna corriente de opinión que trata en los últimos tiempos de desvirtuar el inmenso valor de aquel periodo crucial, hay que revindicar una vez más la admirable tarea de una clase política, que dejando al margen ambiciones personales e intereses partidistas, tuvo la valentía de sobreponerse a las presiones de uno u otro signo, para conseguir hacer realidad los anhelos democráticos del pueblo español, sentando las bases de uno de los periodos más fecundos de nuestra historia.

Lejos de cualquier afán de protagonismo, y buscando con generosidad los puntos de encuentro que permitieran articular un sistema de convivencia bajo el signo de la reconciliación, las Cortes Generales surgidas de aquellas primeras elecciones democráticas tuvieron ante sí la inmensa tarea de redactar una Constitución para todos, consiguiendo alcanzar con su promulgación, apenas 18 meses más tarde, el más perfecto instrumento de concordia del que nunca hemos disfrutado los españoles.

Si la estabilidad de nuestro régimen democrático, basado en la consolidación de un sistema plural y participativo, se ha revelado con la perspectiva del tiempo transcurrido como uno de los méritos más trascendentales de la Constitución, no puede dejar de subrayarse igualmente la profunda descentralización territorial operada por su Título VIII, que se ha mostrado asimismo como un componente fundamental del modelo de convivencia y libertad conquistado después de un largo esfuerzo.

La clase política de la Transición persiguió desde un primer momento la creación de grandes escenarios de consenso en los que fundamentar sólidamente las reformas que España necesitaba para proyectarse hacia su futuro. Abrió las estructuras institucionales existentes a los usos democráticos de los países de nuestro entorno. Proclamó la libertad, la justicia y la igualdad como principios rectores del nuevo estado social y democrático de derecho. Y en coherencia con todo ello, dio la oportunidad a los distintos territorios de España, para dotarse de una autonomía política que reflejara, de forma homogénea e igual, la pluralidad y diversidad cultural de sus respectivas bases sociales.

Buscando el difícil equilibrio entre unidad y diversidad, reconociendo el derecho a la autonomía pero dentro de los principios de integridad territorial, igualdad y solidaridad, el modelo autonómico ha venido consolidándose desde entonces como un cauce más que adecuado para la reordenación política de España en clave regional. Y se ha ganado además cada día carta de legitimidad, aproximando el ámbito de decisión política al ciudadano, esforzándose en la mejora constante de los servicios públicos y contribuyendo en definitiva a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

No han faltado, desde luego, los que han tratado de dar por superado este modelo, por considerarlo insuficiente para sus aspiraciones independentistas, e incluso los que han añorado en ocasiones la vuelta al centralismo de la etapa anterior. Pero lo cierto es que el balance del Estado Autonómico es, desde la perspectiva del tiempo transcurrido, claramente positivo. Porque ha servido para reconocer las aspiraciones descentralizadoras de diversas partes del territorio español, exigiendo sin embargo la igualdad y la solidaridad entre todas ellas y procurando conjugar con sabiduría y prudencia los principios de autonomía y de unidad.

Próxima a cumplir su primer cuarto de siglo de existencia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León apuesta claramente por un autonomismo útil e integrador, capaz de atender con prontitud y eficacia las inquietudes y los anhelos de su dinámica sociedad.

Sus históricas Cortes, herederas de aquellas que hace más de ocho siglos sentaron en Europa el primer precedente de asamblea democrática, tienen la vocación de sustentar las particularidades y la identidad de nuestra Comunidad sin dejar por ello de sentirse parte integrante de la Nación Española. Y desde esta perspectiva han impulsado una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía que eleva nuestra capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución de 1978, como obra culminante de la Transición.

Un periodo crucial de nuestra ya asentada trayectoria democrática que sigue siendo, después de 30 años, factor clave de nuestro progreso y nuestra libertad.

José Manuel Fernández Santiago
Presidente de las Cortes de Castilla y León