El proceso de construcción de la Unión Europea representa una de las más grandes empresas de nuestro tiempo. Un proceso que, partiendo del impulso inicial, casi visionario, de personalidades como Adenauer, De Gasperi o Shuman, ha conseguido edificar a lo largo de más de cincuenta años, el mayor escenario de estabilidad, progreso y solidaridad que haya conocido el viejo continente.
Las fronteras de la Unión Europea comprenden hoy en día un territorio más extenso que el de cualquiera de los grandes imperios de la antigüedad, y a diferencia de ellos, no se ha construido por la fuerza de las armas, sino sobre la base democrática del entendimiento entre los estados naciones soberanos que la integran y se benefician de su existencia.
El gran espacio de intercambio común, exento de restricciones para el libre ejercicio de las distintas actividades económicas, ha permitido en la Unión Europea la competitividad de sus empresas, el impulso de su tecnología y el crecimiento en general de la riqueza y bienestar de su población. La implantación de la moneda única se ha revelado como un mecanismo más que eficaz para el crecimiento y la estabilidad económica y monetaria, manteniendo a la zona euro libre de fluctuaciones y movimientos especulativos y creando una zona segura de confianza para el intercambio de bienes y capitales.
La reciente ampliación, en fin, de la Unión Europea, ha terminado por constituir un singular escenario de estabilidad y seguridad, en el que el respeto por las reglas democráticas y el estado de derecho, va a traer a los antiguos países del telón de acero una oportunidad sin precedentes de libertad y progreso, reforzando al mismo tiempo el peso económico, demográfico y político de la Unión, hasta convertirla en una de las grandes potencias de nuestro tiempo
A la vista de estos resultados, nadie discute en la actualidad, el éxito político, económico y social que ha supuesto la difícil tarea de la construcción europea en el medio siglo transcurrido desde las primeras manifestaciones de su existencia. ¿Cómo explicar entonces el evidente distanciamiento de los ciudadanos europeos de este apasionante proceso?. ¿Cómo interpretar los resultados de las últimas elecciones al Parlamento europeo, en los que el nivel de abstención rondó el 56% en el conjunto de la Unión?.
Esta alarmante estadística tiene, a mi juicio, mucho que ver, con el concepto, tantas veces formulado por los analistas políticos, del déficit democrático de la Unión Europea. Un concepto que, como todos sabemos, tiene más que ver con la percepción y el sentimientos de los ciudadanos europeos, que con la realidad de la evolución de los Tratados e Instituciones, que desde hace tiempo han venido haciendo esfuerzos para corregir esta disfunción.
En efecto. Hecha la advertencia desde todas las instancias europeas, tanto los Tratados de Maastricht, como los de Ámsterdam y Niza han intentado profundizar en la legitimidad democrática de las Instituciones, reforzando los poderes del Parlamento en materia de designación y control de la Comisión y ampliando sucesivamente el ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión
En el mismo sentido, la Convención presidida por Valery Giscard d'Estaing, ha redactado un proyecto de Constitución Europea, llamada a sustituir los Tratados de la Unión y la Comunidad Europeas, que, en su intento de acercar Europa a los ciudadanos, incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales, al tiempo que introduce numerosas modificaciones en la base democrática de la organización institucional.
Tampoco parece provenir el desinterés del ciudadano de una falta de información. Si bien es cierto que no se ha conseguido realizar una campaña divulgativa auténticamente eficaz, el conocimiento básico del significado de la Unión Europea por parte de la opinión pública parece razonable. Se han utilizado además con cierta intensidad las nuevas tecnologías, de modo que casi cualquier información o documento está disponible en Internet, y se han creado numerosas agencias y organismos de colaboración con las instituciones académicas y administrativas para la difusión de los asuntos de la Unión.
El problema parece estar más bien en la propia naturaleza de la Unión Europea como organización supranacional, paradójicamente más alejada de los ciudadanos cuanto mayores son sus competencias y consiguientemente la complejidad de su funcionamiento y organización. El carácter interestatal de la Unión, como estructura superpuesta al conjunto de naciones soberanas que la integran, implica que su esquema institucional no se corresponda exactamente con el tradicional principio de separación de poderes, al que el ciudadano europeo está acostumbrado a identificar como base de sus sistemas democráticos.
Los múltiples niveles necesarios para adoptar decisiones, motivan que los ciudadanos consideren que la integración europea y el propio funcionamiento de las instituciones, se está desarrollando sin su concurso, sin su participación y sin contar con una adecuada representación. Los ciudadanos europeos, en fin, sienten la lejanía de las instituciones europeas y tienen en último extremo el convencimiento de que todo lo que concierne a Europa se sitúan muy por encima de sus preocupaciones y quehaceres diarios.
En este escenario, es indudable que los Parlamentos de las regiones europeas dotadas de autonomía política y administrativa, pueden y deben jugar un papel destacado de cara a reducir la distancia del ciudadano europeo respecto de los centros de decisión y poder de la Unión. Y ello en la medida en que canalizan de manera efectiva las aspiraciones de los ciudadanos que representan a las instancias europeas, contribuyendo así a reforzar el sistema desde la profundización de sus bases democráticas.
Múltiples son los pasos que se pueden dar en esta dirección. Desde el perfeccionamiento de los sistemas de información reciproca, hasta el reforzamiento de los procedimientos de seguimiento y evaluación parlamentaria de los asuntos europeos, pasando por las reformas funcionales y organizativas necesarias para incrementar las posibilidades de cooperación de los Parlamentos regionales, tanto con las Asambleas legislativas nacionales, como con las propias instituciones europeas, en la concreta definición de las distintas políticas sectoriales.
La dimensión regional permite estructurar la diversidad en la unidad. La vocación integradora de la Unión europea será tanto más efectiva cuanto más se edifique desde el ámbito local o regional de los ciudadanos que la componen. Los Parlamentos regionales cuentan con un vínculo estrecho con los ciudadanos de su Comunidad que refuerza la base democrática de la Unión, al mismo tiempo que permite un mayor control del ejercicio del poder por parte de sus instituciones.
Los Parlamentos regionales, en fin, constituyen una magnífica caja de resonancia para la difusión del significado político del proceso de construcción europea y un marco adecuado para el encuentro de los ciudadanos con dicho proceso. Es necesario seguir trabajando para que las instituciones europeas tengan verdaderamente en cuenta la dimensión regional y local de sus acciones para que sea oída en Europa la voz más próxima al ciudadano, expresada por el cauce de quien tiene, en un primer y más cercano nivel democrático su representación.
José Manuel Fernández Santiago
Presidente de las Cortes de Castilla y León