DS(C) nº 104/10 del 9/3/2020

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Buenos días, señorías. ¿Algún grupo tiene alguna...? Perdón. Se abre la sesión. ¿Algún grupo tiene alguna sustitución que comunicar?

LA SEÑORA GONZALO RAMÍREZ:

Sí, señora presidenta. Miguel Hernández Alcojor sustituye a Inmaculada García Rioja.

LA SEÑORA MONTERO CARRASCO:

Buenos días, señora presidenta. Por el Grupo Ciudadanos, David Castaño sustituye a María Teresa Gago.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muy bien. Muchas gracias. Por parte del señor secretario se da lectura al primer punto del orden del día.

PNL/000395

EL SECRETARIO (SEÑOR ILLERA REDÓN):

Gracias, presidenta. Buenos días. Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley número 395, presentada por las Procuradoras doña María Isabel Gonzalo Ramírez y los Procuradores don Luis Ángel Fernández Bayón, doña Noelia Frutos Rubio, don Sergio Iglesias Herrera, doña María Inmaculada García Rioja, don Rubén Illera Redón y doña María del Carmen García Romero, instando a la Junta de Castilla y León a que, con la financiación [sic] de que nadie que lo necesite se quede sin una plaza residencial para personas mayores, se incrementen las cuantías que se conceden a través de la prestación económica vinculada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 52, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra doña Isabel Gonzalo Ramírez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA GONZALO RAMÍREZ:

Muchas gracias, señora presidenta. En Castilla y León tenemos 610.000 personas mayores de 65 años, de las que 154.000 viven solas y 224.000 son mayores de 80 años, y va en aumento. Para las personas mayores de 65 años que viven solas tenemos el Plan Estratégico de Envejecimiento Activo, aprobado en el año dos mil diecisiete, para evitar las muertes en soledad -que también van en aumento-, el aislamiento social, el deterioro cognitivo; en definitiva, que no tengamos más dependientes antes de tiempo y que estas personas permanezcan en sus casas el máximo tiempo posible, si es lo que desean, ya que no tenemos suficientes plazas residenciales, ni públicas ni privadas, para todos y todas posibles demandantes de las mismas, y no está previsto un aumento suficiente de estas.

Pero no podemos valorar cómo va este plan por la falta de informes emitidos desde la Junta de Castilla y León, tampoco podemos comprobar ni encontrar las partidas presupuestarias exclusivas de este plan y no utilizadas en otros en los Presupuestos para hacer una valoración del presupuesto empleado hasta el año dos mil diecinueve del mismo.

Para todos los grados de dependencia se ofrecen los siguientes servicios: teleasistencia, ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal, centro de día-noche y prevención. Además, se ofrece el servicio de atención residencial para los Grados II y III, y también para el Grado I cuando sea el recurso idóneo por la situación sociofamiliar de la persona en situación de dependencia. En el caso de que los citados servicios no estén disponibles en el ámbito público, se ofrece la prestación vinculada para la adquisición de uno o varios de ellos. Y no me cansaré de decir que un principio básico es garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas que lo necesiten y lo deseen para que puedan acceder a una plaza en un centro de carácter social.

Los servicios de atención residencial, ya sea en centros privados acreditados o públicos, son los servicios más demandados cuando las personas dependientes ya no pueden o no quieren permanecer en su hogar. Las prestaciones de estos servicios no son gratuitas, puesto que las personas beneficiarias participan en parte de su coste -en mayor o menor medida, dependiendo de su capacidad económica personal- en el caso de servicios fuera del domicilio -residencias, centros de día, etcétera-.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en materia de atención residencial, a raíz de los recortes que se realizaron en el dos mil doce por el Gobierno de España del Partido Popular, la Consejería optó por la prestación económica vinculada. La prestación vinculada tiene carácter periódico; se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado en función del grado y nivel de dependencia. Esta prestación no garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios y recursos, porque va a depender de la capacidad económica de la persona o su familia el que puedan pagar una residencia privada o no. Ustedes les dan una cantidad de dinero, y allá se entiendan y busquen en el mercado si hay algo que puedan pagar.

Las ayudas económicas que contempla la ley buscan ayudar y hacer frente a los gastos derivados de la dependencia. Las cuantías económicas con las que se financia a las personas a las que se les reconoce la prestación económica vinculada son: en el Grado III, nivel II, una cuantía máxima de 833,96 euros; en el Grado III, nivel I, una cuantía máxima de 625,47; en el Grado II, nivel II, una cuantía máxima de 462,18; en el Grado I, nivel I, una cuantía máxima de 401,20; y en el Grado I, nivel II, una cuantía máxima de 300 euros. Estas cuantías se determinan por una fórmula que toma como referencia que el precio de una plaza residencial es de 1.200 euros. Para cobrar la cuantía máxima, la pensión tiene que ser inferior al IPREM; de esta manera, el valor oficial para el indicador público de renta de efectos múltiples que deberemos tener en cuenta al menos durante los primeros meses del ejercicio dos mil veinte será el que utilizamos en el dos mil diecinueve, dos mil dieciocho y dos mil diecisiete.

El valor oficial del IPREM para el dos mil veinte es, mensual, 537,84; el anual con doce pagas, 6.454,03; y el anual con catorce pagas, 7.519,59. ¿Cuántas plazas residenciales privadas conocen ustedes para un Grado II, III, e inclusive I, que se oferten por 1.200 euros? Con estas cuantías y las necesidades que tienen nuestros mayores de plazas residenciales cuando ya no pueden o no quieren permanecer en sus domicilios, entendemos que, para que nadie se quede sin una plaza residencial, si es lo que desea, se deben incrementar las cuantías que se conceden a través de la prestación económica vinculada, para lo que les pedimos su apoyo a esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Laura Domínguez Arroyo, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, aunque no es nada nuevo que en Podemos hemos sido siempre muy críticos con las prestaciones vinculadas y por la apuesta que este Gobierno autonómico ha hecho por las prestaciones vinculadas desde hace unos años. A nosotros nos parece que esto es una forma encubierta de privatizar los servicios del sistema a la dependencia; creemos que favorece que se genere empleo en empresas privadas en detrimento de empleo público dentro de los servicios y prestaciones al sistema de dependencia, y además, como... como se dice en esta propuesta, en concreto con las plazas residenciales, suelen tener cuantías insuficientes para el servicio que se va a realizar. Por lo tanto, al final, lo que estamos teniendo es unas prestaciones vinculadas que no llegan a todos los... al final de los servicios o a que todas las familias puedan acogerse a ellas.

Por tanto, creemos que el aumento paulatino de las prestaciones vinculadas no es en absoluto beneficioso para el sistema de dependencia; creemos, de hecho, que es una política errónea. Pero, en todo caso, sí que es verdad que mientras existan esas prestaciones vinculadas y, de hecho, mientras sea el servicio mayoritario que hay en la Junta de Castilla y León, tenemos que hacer que las cuantías sean suficientes para la prestación de los servicios. Por tanto, ya digo, apoyar esta propuesta en el incremento de las cuantías para plazas residenciales, pero sí siendo, y seguiremos siéndolo, muy críticos con las prestaciones vinculadas.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña María Montero Carrasco.

LA SEÑORA MONTERO CARRASCO:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, lo primero, decir que este grupo parlamentario está totalmente comprometido con las personas dependientes, y nuestro objetivo es poder llegar a proporcionar una ayuda a todos aquellos que lo necesiten. También decir que hay que destacar que desde la Consejería de Familia se lleva trabajando desde hace años para poder prestar ayudas a la dependencia. Y, bueno, voy a proporcionarles algunos datos.

En las... vamos, las cuantías máximas de las prestaciones por cada grado de dependencia, según la normativa estatal, son de 715,07 euros para el Grado III, 426,12 euros para el Grado II y 300 para el Grado I, y son aplicables a cualquiera de los servicios incluidos en el catálogo de la Ley 39/2006, del catorce de diciembre.

La Junta de Castilla y León incrementó con la Orden Familia/644/2012, de treinta de julio, las cuantías máximas en un 20 % para los Grados III y I y en un 75 % para el Grado II; y ello porque los costes que conlleva la atención residencial de personas con Grado II de dependencia no difieren en exceso de los que conlleva la atención de grandes dependientes. Esta regulación se ha mantenido. Según esto, la cuantía máxima prevista para la prestación vinculada por la normativa autonómica son 858,08 euros para el Grado III, 745,71 euros para el Grado II y 360 euros para el Grado I. Y, bueno, estas cuantías son aplicables a cualquiera de los servicios a los que se destine la prestación vinculada.

También quiero decir que la infrafinanciación de la dependencia por parte del Estado obliga a las Comunidades Autónomas a realizar un esfuerzo presupuestario tremendo para garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia. En Castilla y León, el Estado solo financia el 24 % del gasto en dependencia, cuando está obligado a que la aportación sea del 50 %. Por el contrario, la Comunidad Autónoma está financiando el 76 % restante, es decir, 434,5 millones de euros, cuando solo debería financiar el 50 %, por el inadmisible incumplimiento de la legalidad que hace el Gobierno socialista de la Nación. Con lo cual, pues por supuesto que nosotros estaríamos de acuerdo en aumentar estas cuantías, pero, claro, siempre y cuando el Gobierno de la Nación se comprometa a aumentar la financiación a esta Comunidad Autónoma. Nada más que aportar. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Para fijar posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel García Nieto.

EL SEÑOR GARCÍA NIETO:

Gracias, señora presidenta. Señora Gonzalo, esta es la quinta vez consecutiva que hablamos de plazas de residencia para mayores; lo hemos hecho en dos Comisiones de Familia y en dos Plenos; en el pasado... en el del pasado miércoles, a través de una moción, consecuencia de interpelación, la última vez. Y, bien, podemos hablar cuantas veces quieran ustedes, pero no por eso los datos van a variar, ni la postura de este grupo parlamentario tampoco.

Pero es que, además, cada vez que presentan una nueva iniciativa exageran más y falsean más la realidad; y lo voy a explicar. Mire, señoría, usted parte de una afirmación falsa; dice que desde que se asumieron las competencias del IMSERSO en la materia no se han vuelto a construir plazas públicas de residencia. Eso lo dice usted en el primer párrafo de la PNL, y eso es falso, y usted lo sabe; y lo sabe porque lo preguntó a través de la Pregunta Escrita número 312, sobre creación de plazas públicas y concertadas en los últimos quince años, y se le dio la siguiente respuesta -y leo textualmente-: “Las plazas residenciales de titularidad pública de personas mayores creadas en los últimos quince años -que era lo que usted preguntaba- son las siguientes: en Ávila, 44; en Burgos, 1.026; en León, 686; en Palencia, 198; en Salamanca, 901; en Segovia, 226; en Soria, 656; en Valladolid, 769; y en Zamora, 391. Y las plazas residenciales de personas mayores creadas en los últimos quince años, concertadas, son las siguientes: en Ávila, 484; en Burgos, 381; en León, 1.005; en Palencia, 935; en Salamanca, 615; en Segovia, 223; en Soria, 112; en Valladolid, 641; y en Zamora, 777". Fin de la cita. Esto es lo que se le contestó en la Pregunta 312, a la que... que usted hizo.

A esto yo creo que es conveniente añadir algunos datos que le dije en el Pleno anterior, y en la anterior Comisión. Yo le quiero decir y le quiero repetir: Castilla y León cuenta con la mayor cobertura de plazas residenciales de España, con 7,86 %; es decir, casi 8 plazas por cada 100 personas que las necesitan.

Castilla y León es la única, y repito, la única Comunidad Autónoma que cumple con la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y es la única que alcanza esta ratio con plazas de financiación pública, 6,08 %. Lo voy a decir de otra manera: 8 de cada 10 ingresos en residencia cuentan con ayudas públicas, de una manera o de otra.

¿Sabe cuál es la cobertura media de plazas con financiación pública en España? Pues se lo digo yo: el 1,92 %. Es decir, plazas con financiación pública en Castilla y León: 6,08 %; media de plazas de esta categoría en el resto de España: 1,92 %. El dato creo que es bastante elocuente.

Le voy a dar un dato más respecto a plazas residenciales públicas. En los últimos cinco años se han creado en Castilla y León 222 plazas nuevas, pasando de 15.436 a 15.658. Ya sé que me va a decir usted que tenemos 500 plazas públicas cerradas -que no son 500, que son 419- debido a la adaptación de estas plazas de válidos a personas dependientes; y es cierto, es cierto. Por eso la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo con el diálogo social para reconvertir estas plazas hasta el dos mil veinticuatro, y le aseguro -ya lo hemos hablado en alguna ocasión- que este compromiso está vigente, y se irán reconvirtiendo poco a poco hasta tenerlas todas en servicio.

Con todo esto, la primera parte de su exposición queda desmontada. Y le diré que a pedir más nos apuntamos todos, pero también le digo que es bueno, para cargarse de razón, reconocer lo que se ha hecho, lo que se hace y el estado actual de las cosas como punto de partida para seguir mejorando.

Del segundo asunto que usted habla es de las prestaciones económicas vinculadas, para volver a pedir un incremento de las mismas. Pues, mire, también en esto estamos a la cabeza en España. Como es sabido, la prestación vinculada permite a las personas mayores decidir y elegir el centro o entidad a la que quieren acudir en función de su preferencia, sin limitarse a centros públicos o concertados, siempre que sean, eso sí, centros debidamente autorizados con arreglo a la normativa vigente; no es privatizar, es dar libertad a las personas. Esta prestación ha hecho que se puedan... que se pueda llegar a más personas, alcanzando a 41.229, que en este momento la reciben.

Y, mire, en esta prestación también estamos ostensiblemente por encima del resto de España. Lo acaba de decir la representante de Ciudadanos, la portavoz de Ciudadanos, pero yo se lo quiero repetir: las cuantías máximas de la prestación vinculada por cada grado de dependencia, según la normativa estatal, son: para el Grado III, 715,07 euros; para el Grado II, 426,12 euros; y para el Grado I, 300 euros; aplicables, como es lógico y como dice la ley, a cualquier servicio que esté incluido en la propia ley.

Pues, fíjese, en Castilla y León se incrementaron las cuantías, como le decía la portavoz del Grupo Ciudadanos, en dos mil doce en un 20 %, en un 20 % para los Grados I y III, y en un 75 % para el Grado II, porque los costes de esta... de estas personas, del Grado II, no difieren mucho de los considerados grandes dependientes.

El resultado es que en nuestra Comunidad las prestaciones vinculadas son: para el Grado III, 858,08; para el Grado II, 745,71 euros; y para el Grado I, 360 euros. Creo que, desde luego, la diferencia es apreciable.

Y quiero hacer en este tema dos apreciaciones: la primera es que la flexibilización y la compatibilización de los servicios ha significado un gran avance, a mi modo de ver, en nuestra Comunidad; y la segunda, que la atención a las personas mayores en Castilla y León no solo no se ha reducido, sino que ha mejorado notablemente, ampliando el abanico de recursos y servicios.

Y, por último, quiero referirme a la financiación del sistema, porque ya le dije antes que pedir es gratis, pero que hay que pedirle a todos, no solo a la Junta de Castilla y León. Usted no desconoce que la Ley 39/2006 establece que la financiación del sistema de atención a la dependencia debe ser al 50 % entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Pues mire, el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que hemos conocido afirmaba que en dos mil dieciocho las Comunidades Autónomas financiaron el 83,3 %, aportando 6.707 millones de euros, es decir, un 7,5 % más que en dos mil diecisiete; y la aportación estatal fue tan solo del 16,7 %, con 1.348 millones en concepto de nivel mínimo garantizado.

En Castilla y León estamos un poco mejor, porque el Estado financia hasta el 23,6 %, lo que supone 134,5 millones de euros; y el restante 76,4 %, es decir, 434,5 millones de euros, lo financia la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, Castilla y León está financiando 150 millones de euros de fondos propios, lo que supone un esfuerzo presupuestario importante para garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia.

Esto solo tiene un nombre, y es el inadmisible incumplimiento de la ley que hace el Gobierno de la Nación; y, francamente, resulta sorprendente que el Grupo Socialista, que sostiene el Gobierno que incumple con la obligación de financiar el tramo que exige la ley, sea el que esté pidiendo continuamente más recursos a la Junta de Castilla y León para la atención de la dependencia y ni una palabra de exigencia al Gobierno incumplidor. Sinceramente, es para sonrojarse, cuando menos, porque con este comportamiento se convierten ustedes en cómplices de este incumplimiento.

Termino. Mire, señoría, este grupo parlamentario está de acuerdo en pedir a la Junta de Castilla y León que siga incrementando las cuantías de la prestación vinculada al servicio, pero, claro, siempre y cuando exista corresponsabilidad de la otra parte obligada, que es el Gobierno central, para que cumpla con su parte de la financiación. Por eso, le presento la siguiente enmienda: donde dice “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, con la finalidad de que nadie que lo necesite se quede sin una plaza residencial para personas mayores, se incrementen las cuantías que se conceden a través de la prestación económica vinculada” yo le propongo que diga esto mismo, “coma”, y que siga diciendo “una vez que el Gobierno de la Nación haya aumentado la financiación del sistema de atención a la dependencia hasta alcanzar el 50 % del gasto en la Comunidad Autónoma en atención a personas dependientes, tal y como se establece en la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”. No pedimos más que lo que dice la ley. Si usted acepta la enmienda, desde luego, votaríamos a favor. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra doña Isabel Gonzalo Ramírez.

LA SEÑORA GONZALO RAMÍREZ:

Muchas gracias, presidenta. A ver. Señora Domínguez Arroyo, muchas gracias por el apoyo a esta proposición. Casi siempre solemos coincidir en lo que pensamos sobre estos temas. Y, efectivamente, yo no... a mí la prestación vinculada no me gusta porque creo que favorece a las empresas privadas y que quita... y que no da la igualdad a todos... a todos los que la reciben, y... pero es lo que tenemos. Entonces, como es la que tenemos, pues no nos va a quedar otro remedio que aceptarla, y por lo menos intentar que cubra las... el número mayor de necesidades posibles.

Señora Montero Carrasco, pues claro que la consejera... la Consejería lleva muchos años trabajando; pues es que se creó para eso, para que trabajara en estos temas y que... y que nuestros mayores pues cada día estén más y mejor atendidos. Es verdad que se han... se han hecho muchos planes, algunos con más presupuesto, otros sin menos presupuesto, pero yo creo que es la función de la Consejería el trabajo en este tema.

Señor García Nieto, pues yo no sé, con todos estos datos que usted me ha dado, cómo tenemos personas que no pueden acceder a una residencia. Y volvemos a lo mismo, al informe de... el informe de directores y gerentes, que, efectivamente, nos da unas notas altísimas. Siempre se lo digo, y siempre digo que no sé por qué no nos da dieces, porque atendemos a muchísima gente, no tenemos listas de espera y no tenemos nada. Pero igual que ustedes protestan y dicen que es que el Estado no aporta y entonces no pueden llegar a más porque no reciben la financiación del Estado, pues yo he hecho un estudio de lo que recibe la... de lo que reciben los ayuntamientos, las entidades locales, que son las que realmente realizan el trabajo y que son las que se preocupan de que no haya listas de espera, por ejemplo las ayudas a domicilio, en todos estos temas que ellos... que ellos llevan. Y ellos son los que... los que tienen el problema más directamente, quizá sea por eso que su sensibilidad es mayor.

Y usted me ha dicho que el Estado en Castilla y León aporta un 23 % y que la Comunidad Autónoma ha tenido que poner 150 millones de fondos propios. Eso les pasa a los ayuntamientos y diputaciones; con el fin de que no haya listas de espera y de que sus... y de que sus ciudadanos estén atendidos lo mejor posible, utilizan sus... sus recursos propios, en menor o mayor cantidad, para cubrir las necesidades.

Yo no me aparto de que... de que se pida más al Gobierno... al Gobierno de España, de la Nación; yo no me aparto. Efectivamente, es una de sus funciones también, negociar y traer más dinero para servicios sociales en Castilla y León, de la misma forma que hacen las entidades locales con la Junta de Castilla y León. Pero por eso no las entidades locales dejan de atender a la gente; las atienden, y utilizan cada vez más recursos propios. Yo he hablado hace poco con concejales de servicios sociales de diferentes municipios, y algunos, entre lo que tarda la Junta en pagar... en pagar los acuerdos marco que firman -que ya sabe usted que van casi con un año de retraso- y lo que tienen que aportar los ayuntamientos a mayores, les cuesta mucho que no haya listas de espera. Pero directores y gerentes nos da un 9,5 porque no hay listas de espera, por eso nos da... nos da... Y eso es una labor de las... de las corporaciones locales -ayuntamientos y diputaciones-. De la misma forma, si la Junta de Castilla y León tiene que aportar de sus recursos propios, bueno, que lo... tampoco... también lo tiene que hacer y tiene que pelear por tener más dinero del Gobierno de la Nación; claro que sí. Y a mí no me importa instar al Gobierno de España para que aporte más... más cantidad de dinero.

Lo que no... -no he anotado su propuesta- lo que no puede ser es que usted me diga que no se puede aumentar la prestación vinculada, que es tan poco... tan poco igualitaria, hasta que el Gobierno de... el Gobierno de España no dé más... más financiación. Tomen ejemplo de lo que hacen las corporaciones locales. Insten al Gobierno de España, negocien con el Gobierno de España, traigan más dinero a esta Comunidad Autónoma para servicios sociales, porque es la más envejecida de toda España, y ahí tienen una... una mano para que puedan aportar más cosas aquí, pero no dejen a las personas que quieren ir a una residencia, no las dejen sin poder ir porque no llegue a la... no lleguen a poder pagar lo que piden en las residencias privadas.

Entonces, no voy a aceptar su proposición simplemente... simplemente por eso. A mí me parce muy bien que se inste al Gobierno de España, me parece muy bien que se negocie. El Gobierno de España lleva muy poquito tiempo; usted dice que el Gobierno de España solamente ha pagado el 23,6 %; hubieran negociado muchísimo mejor con el Gobierno de España que había, que era de su partido, porque el Gobierno de España actual no le ha dado tiempo a no cumplir. Entonces, ¿cómo no han negociado de una forma más intensa con el Gobierno de España en los últimos años y haber traído más dinero para Castilla y León? Eran compañeros de partido. Pero a este Gobierno, que no lleva más que unos meses... [Murmullos]. Bueno, bueno, bueno. Es igual, es igual, le admito un año y medio, se lo admito.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Señorías, por favor.

LA SEÑORA GONZALO RAMÍREZ:

Se lo admito el año y medio, se lo voy a admitir; un año y medio. Pero ¿es que en ese año y medio es cuando no se ha cumplido que el Estado pague... pague el 50 % a la Comunidad Autónoma? ¿Ha sido en ese año y medio? ¿O estamos hablando desde el dos mil doce? ¿O estamos hablando desde el dos mil doce, cuando empezaron los recortes del Gobierno de España de Mariano Rajoy? Por lo tanto, inste al Gobierno de España, negocie con el Gobierno de España, traiga más dinero para los servicios sociales de Castilla y León, pero, desde luego, no culpe al Gobierno de España de que solo se haya pagado el 23 %, y no diga que no se pueden atender a nuestros mayores hasta que el Gobierno de España no dé más dinero. Inténtenlo, vamos a ver qué pasa con los Presupuestos y... pero no dejen desatendida a los ciudadanos mayores, y muchos de ellos dependientes, de nuestra Comunidad. Muchas gracias.

Votación PNL/000395

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Una vez concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición presentada. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Por lo tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

PNL/000475

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 475, presentada por los Procuradores don Rubén Illera Redón, doña María Consolación Pablos Labajo, don Jesús Guerrero Arroyo y doña María Isabel Gonzalo Ramírez, instando a la Junta de Castilla y León a enviar una comunicación a todas las personas dependientes para que sus cuidadores se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad Social que paga el Gobierno desde el uno de abril de dos mil diecinueve y a que la Junta de Castilla y León ponga a disposición su personal para que informe, oriente, colabore y ayude a cuantos cuidadores no profesionales la demanden para la cumplimentación de la solicitud y posterior tramitación de la cotización al régimen especial de la Seguridad Social, publicada en Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 72, de seis de febrero de dos mil veinte.

Antes de dar paso al señor procurador proponente, quería agradecer al procurador don David Beltrán, que se va a hacer cargo de la defensa de esta proposición, que defendía en principio yo, pero para que la Mesa no quedara... no quedara vacía, él ha asumido la defensa. Y se lo agradezco porque, bueno, pues no es fácil llegar y, así, de repente... Pero, bueno, muchas gracias.

Y, ahora sí, para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra don Rubén Illera Redón, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR ILLERA REDÓN:

Gracias, presidenta. Buenos días, señoras procuradoras; buenos días, señores procuradores de los diferentes y distintos grupos parlamentarios. En la mañana del día de hoy les voy a presentar esta proposición no de ley, a la cual les invito a sumarse por el bien de la gente de esta tierra, y, sobre todo, como mucha gente piensa y expresa, porque el cuidador es la luz en la oscuridad de muchas de las personas de esta Comunidad; y tenemos nosotros el deber, la obligación y la responsabilidad de atender. Efectivamente, a nosotros nos compete cuidar a la cuidadora o cuidador.

Comienzo mi intervención en la mañana de hoy exponiendo la necesidad primordial de la atención a las y los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia de nuestros pueblos y ciudades. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países más desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las diferentes actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado “el envejecimiento del envejecimiento”, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en solo y exclusivamente veinte años. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32 % de las personas mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5 % para el resto de la población. A esta realidad derivada del envejecimiento debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otra serie de causas de discapacidad o limitación, que ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.

La Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, regula las diferentes condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas y cada una de las Administraciones implicadas. La presente ley, a través de su articulado, desarrolla una serie de prestaciones económicas. Una de ellas, la que nos ocupa en la presente proposición, es la que desarrolla en su Artículo número 18, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Del mismo modo, en el Artículo 14.4 se señala que el beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su PIA, su programa individual de atención.

El Real Decreto-ley 20/2012, de trece de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, aprobado por el Partido Popular, provoca en este colectivo de cuidadoras daños inmensos e irrecuperables. El Gobierno del Partido Popular vacía de sus originales virtudes y finalidades la ley de dependencia aprobada por el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año dos mil seis.

El número de cuidadores-cuidadoras no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social pasó de 173.420, en diciembre de dos mil once, a poco más de 16.000, en febrero de dos mil catorce; juzguen ustedes. No sé si habrán ustedes echado las cuentas cuando han estudiado con anterioridad esta proposición no de ley, pero esta reducción conlleva la eliminación, de un plumazo, de derechos y posibilidades de futuro de las personas que, por unos u otros motivos, se dedican a atender a las personas dependientes. El Partido Popular, sin sonrojo ni vergüenza alguna, pero sí produciendo mucho dolor y repugnancia, extirpó del campo de la protección social a nada más y nada menos que al 91 % de las cuidadoras.

En la Comunidad de Castilla y León el daño para las personas dependientes y sus cuidadoras fue especialmente sangrante: se pasó de 11.243 cuidadoras cotizantes a un total de 1.035; diría que es una cifra ridícula si detrás de ella no hubiera 10.208 almas trastocadas y gravemente perjudicadas.

En el año dos mil diecinueve será otro Gobierno socialista quien recuperó las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales a cargo de las personas con dependencia, a través del Real Decreto-ley 6/2019, de uno marzo. Se devuelve así, en su primera oportunidad, la protección robada durante años por el Partido Popular a las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia, quien en muchos de los casos se veían abocados a abandonar su puesto de trabajo. Se trata este de un colectivo feminizado casi al cien por cien. “Queremos devolverles su protección, su respeto y dar un agradecimiento a la tarea que hacen”, así expresó en su momento la vicepresidenta socialista Carmen Calvo.

Dando cumplimiento a la aprobación del Real Decreto 6/2019, de uno de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, en Castilla y León provoca que en nuestra Comunidad, en cuatro meses, se hayan incorporado como cotizantes a la Seguridad Social más de 2.300 personas en Castilla y León. Ven ustedes, comprueban ustedes, pueden corroborar ustedes que eso que nos dicen de vez en cuando aquí, en esta misma Cámara, en este Parlamento, que son... que no son ustedes iguales que nosotros -y que de verdad que yo les doy plenamente la razón y coincido plenamente en todas y cada una de esas palabras-, gracias a Dios que nosotros no somos iguales que ustedes. ¿Sabe dónde orientamos nosotros las políticas? Las dirigimos principalmente a aumentar el bienestar de las personas, de las personas que más lo necesitan; las personas, claro está, entendidas como aquellas que ni conocemos, pero que realmente las podemos entender y definir, como no puede ser de otra forma, que también son como nosotros, como el resto de las personas humanas, con sus preocupaciones, sus vivencias, sus intereses y también con sus diversas necesidades. Y de verdad que, aunque no les conozcamos, podemos hacer eso, tan difícil de entender para ustedes, señorías del Partido Popular, y que no saben cómo llevar a la práctica, para la bancada que se alían con los de la ultraderecha. ¿Tan difícil de entender es para ustedes el principio de solidaridad?

Miren, señorías, mientras ustedes llenan los bolsillos de vicepresidentes de este Gobierno, que no saben ni para qué los han creado, nosotros, los socialistas, ese dinero lo utilizamos para llenar de esperanza el futuro de la gente de esta Comunidad. No sé si ustedes en algún momento han poseído la necesidad de preguntarse el porqué del resultado de estas elecciones, pero esta puede ser una buena respuesta; que tampoco, por cierto, es muy difícil de entender.

Actualmente, nueve de cada diez cuidadores en Castilla y León no cotiza a la Seguridad Social en este régimen especial, a pesar de que no les costaría absolutamente nada; es el Estado quien asume y abona el pago de las cotizaciones.

Se ha recuperado al fin la financiación de las diferentes cuotas del convenio especial de las cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración general del Estado, que tanto tiempo se lleva reclamando desde este colectivo y desde las personas dependientes de nuestro país. La proporción entre el número de convenios especiales en alta y las prestaciones económicas reconocidas a la dependencia sitúan Castilla y León a la cola, han oído bien, a la cola, con un 10,8 %, junto a Islas Baleares, Cataluña, Madrid. En cabeza, también, el País Vasco, Comunidad Valenciana y Cantabria. Actualmente, nueve de cada diez cuidadores -les recuerdo- no profesionales de personas dependientes están desaprovechando la oportunidad de cotizar gratis a la Seguridad Social.

A fecha de enero de dos mil veinte, el número de convenios especiales en alta en la Seguridad Social es de 3.000,14, frente a los 27.895 prestaciones reconocidas para cuidados en el entorno familiar existentes en Castilla y León. El no ejercicio de este derecho por parte de las cuidadoras no profesionales viene motivado en gran medida por el desconocimiento que se posee de la posibilidad de cotización gratuita a través de los diferentes convenios especiales a la Seguridad Social, impidiéndolas generar futuras prestaciones, como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

Son ustedes los que dicen abanderar la protección social a la ciudadanía, pero, a la hora de la verdad, como dijo en su canción el cantautor chileno Víctor Jara, ni chicha ni limoná, refiriéndose a la moral de a quien los define solo sus alforjas o intereses; se lo pueden trasladar también para que nos la cante en el Pleno el señor Ibáñez.

Miren, escuchen y tomen ejemplo: los socialistas, como ha dicho mi compañera, instan en última instancia a los socialistas para así avanzar en derechos sociales y a la realización de políticas que de verdad lleguen a beneficiar a todos los colectivos más vulnerables, no solo y exclusivamente a “marotos” y a “cosidós”. Menos mal que no somos nosotros iguales que ustedes, menos mal que nosotros sí nos comprometemos realmente con la ciudadanía.

Es por ello que, en aras de la responsabilidad social de mejora de este mundo, se presenta la siguiente propuesta de resolución: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: primero, el envío de una comunicación a todas las personas dependientes para que sus cuidadores se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad Social que paga el Gobierno desde el uno de abril del dos mil diecinueve; y como punto segundo, que la Junta de Castilla y León ponga a disposición su personal para que informe, oriente, colabore y ayude a cuantos cuidadores no profesionales lo demanden para la cumplimentación de la solicitud y posterior tramitación de la cotización al régimen especial de la Seguridad Social”. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Laura Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues vamos a votar de forma favorable a esta propuesta. Es cierto que entendemos que el sistema de dependencia, siempre que sea posible, debe sustentarse en prestaciones y servicios públicos, porque así lo plantea la ley y porque también desde nuestro grupo ese es el planteamiento que creemos que debe tener: que hay que defender un sistema público de cuidados y que, de manera preferente, los servicios y prestaciones del sistema público deben ser los que sustenten esos cuidados. Sin embargo, es verdad que en muchas ocasiones se requiere un cuidado integral en el hogar que no puede realizarse o no quiere realizarse a través de prestaciones y servicios profesionales públicos. Al final la decisión recae en las familias, y, por tanto, cuando se da esa situación de que los cuidados se deban dar en el entorno familiar, entendemos que debe ser con todas las garantías y con todos los derechos para las personas cuidadoras, que a mí me gusta siempre nombrarlas en femenino, porque quiero recordar que son prácticamente el 90 % de las personas que cuidan son mujeres.

En ese sentido, reivindicar siempre todos los derechos recogidos en la ley de dependencia y también en la Orden que... que gestiona aquí, en Castilla y León, el sistema de la dependencia, porque a veces, cuando les escucho, parece que Castilla y León no gestiona el sistema de dependencia, pero, de hecho, son los que tienen las competencias. Y reivindicar ese derecho al descanso de las cuidadoras, el derecho a la formación y el derecho también a la inclusión en el empleo una vez que ha terminado su labor como cuidadoras. En ese sentido, estas tres cuestiones se recogen en la ley, y en ningún momento se han llevado a cabo ni se han desarrollado desde que existe la eliminación... desde que existe la ley de dependencia.

La eliminación de la cotización a la Seguridad Social, desde luego, desde nuestro punto de vista, fue de un desastre absoluto para muchas familias, una decisión errónea y una decisión que favorecía desde el Estado que hubiese economía sumergida dentro de un sector como es el de la dependencia, que genera... o sea, que tiene un gran porcentaje de PIB y que además genera mucho retorno económico en el sentido del empleo que genera. Eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social no solo es un error por lo que significa para las familias, sino que es un error desde un punto de vista económico, desde... desde nuestro punto de vista.

Por tanto, entendemos que esa recuperación de la cotización era una cuestión de justicia y era una cuestión, además, que es positiva para la economía de este país y para lo que significa el sistema de dependencia en este país. Por ello, entiendo y repito que, como la... como la Consejería de Familia es la que tiene las competencias de gestión del sistema de la dependencia en nuestra Comunidad, y no el Estado, es la Junta de Castilla y León la que efectivamente debe poner a disposición de todas las personas usuarias y de sus familias la información respecto a la cotización de la Seguridad Social. Por tanto, ya digo, votaremos a favor de esta propuesta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Para fijar posiciones por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo yo creo que en el fondo de la cuestión, y estoy convencido que, como le he dicho al ponente, llegaremos a un acuerdo.

Lo razonable, en el primer punto, es que la comunicación propuesta por el Grupo Socialista solo se remita, o se remita, más bien, al interesado, es decir, a los beneficiarios de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, y no a todas las personas dependientes, aunque la información, lógicamente, siempre es pública. Y, en ese sentido, creo que el Partido Popular hará una enmienda para ahondar en esta cuestión, y que esperemos que acepte. Es una cuestión que ya se está realizando, con el fin de incrementar el conocimiento de la posibilidad de contratación gratuita. Compartimos este objetivo, motivo por el cual se aceptará la resolución, con la matización antes expresada. Actualmente se está incluyendo en todas las resoluciones de prestaciones y de dependencia y en todas las actualizaciones de la cuantía de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar información sobre la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores. Esta actuación se mantendría en cumplimiento de esta resolución. Además, como bien sabe, en la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado “Dependencia”, consta información para que los cuidadores no profesionales conozcan la tramitación para poder cotizar a la Seguridad Social; aunque abundar en la mayor información, e incluso por parte de la Junta, nunca está de más.

Sobre el segundo punto, el personal de la Junta de Castilla y León siempre está a disposición de los ciudadanos... de los ciudadanos para prestarles la información, orientación, colaboración y ayuda que precisen, siempre y cuando sea en el ámbito de sus competencias, como es lógico. Más allá de la información general sobre este asunto y de orientar a los interesados en los canales a los que se debe de acudir para la tramitación de la cotización al régimen de la Seguridad Social, supondría una injerencia, cuanto menos imprudente, en las tareas de otra Administración; en este caso, de la Seguridad Social.

Por tanto, se está dando información, orientación, colaboración -toda la que sea necesaria- y ayuda a los interesados. Además, las Gerencias Territoriales tienen formularios y documentos informativos del IMSERSO y de la Tesorería General de la Seguridad Social en este ámbito, para contribuir al conocimiento por parte de los interesados de la posibilidad de cotización gratuita a través de los convenios especiales con la Seguridad Social, tal y como prevé esta proposición no de ley.

Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya hemos hecho... siempre hemos tenido esa sensibilidad; baste recordar, por ejemplo, una moción del siete de marzo del dos mil dieciocho, donde el segundo punto decía textualmente: “Elaborar un protocolo de actuación con el objetivo de facilitar toda la información necesaria, así como la simplificación de los trámites burocráticos, para que desde la detección de los primeros indicios de dependencia se logre la plena inclusión y adaptación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”. O el tercer punto: “Solicitar al Gobierno de la Nación -sea el que sea, por cierto- que promueva un Pacto de Estado por la Ley de la Dependencia y de los Servicios Sociales que, junto con las Comunidades Autónomas, las Organizaciones del Tercer Sector y los Grupos Políticos, actualice, fortalezca y mejore las prestaciones y servicios de manera equitativa y sostenible en el territorio nacional”. Esta es del siete de marzo de dos mil dieciocho.

O aquel acuerdo que hicimos en el dos mil dieciocho, por ejemplo, para la gobernabilidad en Castilla y León, donde en el punto 47 -ese acuerdo con el Partido Popular- se... se definía como respiro para cuidadores de personas dependientes, y decía textualmente: “La Junta de Castilla y León destinará 3.000.000 de euros adicionales en los Presupuestos de dos mil dieciocho en medidas y programas que permitan que los cuidadores de personas dependientes puedan conciliar la vida personal y familiar y para su descanso”; por la problemática que sabíamos que esta gente nunca tiene vacaciones, como bien sabemos, porque el dependiente tampoco las tiene. Y es una... desde luego, una mayor sensibilidad que tenemos que tener todos para lograr este acuerdo.

Y es verdad, los datos son los que son, y usted lo acaba de recalcar; hay tres leyes fundamentales: la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, del Gobierno socialista, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación; el Real Decreto famoso -y triste, bueno, por qué no hay que decirlo-, de... 20 de dos mil doce, de trece de julio... (pero, claro, que sabemos todos del... del dos mil doce, y todos sabemos lo que pasó en el dos mil once y dos mil doce en este país, y en Europa, y yo creo que la crisis internacional que hubo; y es que a veces se nos olvida, ¿eh?, y por eso no estoy yo salvando aquí los trastos a nadie, pero es que a veces viene de unas malas políticas y unas malas praxis nos lleva a lo que nos lleva; y eso es verdad que fue general, pero en cada país se agudizó de una manera); y, efectivamente, la que ha dicho el proponente, el Real Decreto-ley 6/2019, de uno de marzo, que viene un poco pues a, en fin, a incrementar que este tipo de ayudas sea una realidad lo antes posible.

Los datos son los que son, efectivamente. En Castilla y León se pasaron de 11.243 personas a solamente 1.035, que pudieron a... lo ha dicho usted los datos; o con estas últimas medidas, que se ha subido pues de 7.304 a 53.420, en noviembre ya de dos mil veinte, lógicamente, pues acogiéndose a este tipo de cuestiones.

Pero, mire, yo creo que el tono tiene que ser el de no echarnos las culpas, sino de intentar, yo por lo menos, llegar a consensos, e intentar que los dependientes y los cuidadores tengan la mejor vida posible, y garantizar, en este caso con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España y, desde luego, otras Administraciones, que todas son necesarias, y así lo recordaba su compañera también, efectivamente, los ayuntamientos, sobre todo los que tienen competencias, hacen una labor y un esfuerzo importante, pero que logremos que esto sea una realidad lo antes posible, y cada vez más implantada. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Gracias, señoría. Para fijar posiciones por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don David Beltrán Martín.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Gracias, presidenta, también por tus palabras. Señorías. Señor Illera, le gusta hablar con una supuesta superioridad moral que los hechos le desmienten; claro que no somos iguales que ustedes. Ustedes, cuando gobiernan, por lo normal, quitan incentivos, generan desempleo y arruinan o dejan en quiebra los países; luego llega el Partido Popular y tiene que tomar decisiones, decisiones y recortes que ustedes han provocado con sus políticas, políticas erróneas y fracasadas; eso es así. Señora Domínguez, a usted también le gusta hablar con mucha superioridad moral, pero está muy bien eso de reivindicar derechos, eso está muy bien.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

No se interpelen, señorías.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Yo les pido que ahora, a futuro, cuando planteen un derecho nuevo, evalúen las consecuencias que van a tener esos derechos, porque nunca ven lo secundario en la economía; eso es un error que tienen siempre.

Fijaros, en dos mil doce, cuando hubo que suspender las ayudas a los cuidados en el entorno del hogar, el PSOE había dejado a deber 1.400 millones de euros a la Seguridad Social, eso que pagó el Gobierno de Mariano Rajoy; eso es lo que hacen ustedes. [Murmullos]. Ya veremos... ya veremos ahora si la Seguridad Social paga las ayudas actuales a los cuidados en el entorno familiar.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, en Castilla y León sí que estamos muy orgullosos de levantar la bandera de los servicios sociales, pero muy orgullosos; nos los califican de sobresaliente, los mejores de toda España, y eso son con políticas del Partido Popular.

Pero bueno, dicho esto, está claro que todos convenimos que la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal es uno de los retos de las políticas sociales de los países desarrollados, por lo que en el punto en cuestión, facilitar el acceso a la información y la tramitación burocrática, es una buena herramienta que debemos de poner a disposición de los castellanos y leoneses implicados. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente enmienda al punto 1: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: al envío de una comunicación a todas las personas dependientes beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar para que sus cuidadores se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad Social a cargo de la Administración general del Estado”.

Pero me gustaría señalar que, como bien ha dicho el señor Ignacio... José Ignacio Delgado, que la comunicación solo se debe remitir a quien es la persona interesada, es decir, a las personas beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, no todas las personas dependientes. También destacar que es algo que ya se está realizando, y señalar que la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de dependencia, consta la información para que las personas cuidadoras no profesionales conozcan la tramitación para poder cotizar a la Seguridad Social, y se ha puesto información de interés al respecto, tanto referente a las resoluciones de actualización de la cuantía de la prestación económica de cuidadores en el entorno familiar para el año dos mil diecinueve como de cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras, y sobre cómo proceder a cotizar a la Seguridad Social los cuidadores no profesionales.

Con respunto... con respecto al punto 2, vamos a aceptarlo, pues el personal de la Junta de Castilla y León, sin duda, siempre está a disposición de la ciudadanía para prestar información, orientación, colaboración y ayuda, la ayuda que precisen, siempre y cuando esté en el ámbito de sus competencias. Además, aun siendo competencia de la Administración general de la Seguridad Social, las Gerencias Territoriales tienen formularios y documentos informativos del IMSERSO y de la Tesorería General de la Seguridad Social en este ámbito para contribuir al cumplimiento por parte de los interesados de la posibilidad de cotización gratuita a través de convenios especiales de la Seguridad Social, tal y como prevé esta proposición no de ley.

Por último, resaltar que la Gerencia de Servicios Sociales colabora activamente con la Tesorería General de la Seguridad Social para facilitarle los datos necesarios a los usuarios para la tramitación de los convenios especiales; incluso han acordado un protocolo provisional a nivel regional de intercambio de datos. Sin más, muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Rubén Illera Redón.

EL SEÑOR ILLERA REDÓN:

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer a la portavoz del Grupo Mixto, a la señora Domínguez, el apoyo para con esta proposición no de ley. Y, bueno, para dar respuesta a una serie de cuestiones planteadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y del Partido Popular, pues indicarles que la... el primer punto iba referido a todos y cada uno de los dependientes porque, siempre que se desee así por los interesados, se puede llegar a la modificación de diferentes tipos de prestaciones con respecto al futuro. Me parece bien la opción de... que nos han presentado; le aceptamos, porque creemos y pensamos que puede ser beneficioso para aquellas personas que de verdad lo necesitan, y sobre todo para todos y todas las cuidadoras y cuidadores no profesionales.

Pero lo que hay que tener en cuenta es que, según estaban expresando ustedes los datos, he intentado extraer una serie de porcentajes de personas de edad avanzada que son los cuidadores o las cuidadoras en esta Comunidad, y más del 60 % de estos son personas mayores. Personas mayores que, por unos u otros motivos, se encuentran imposibilitados la gran mayoría de ellas, como ya todos y todas conocemos, de acceder por diferentes tipos de cuestiones a... bueno, no porque residan ya en un... en una zona del medio rural, porque no les llega la banda ancha y demás, sino porque a lo mejor no han tenido esas oportunidades de aprendizaje que debieran haber sido óptimas para todos y cada uno de los ciudadanos. El hecho de tener esa información en las direcciones web está bastante... bastante bien, pero que, en principio, tengan ustedes en cuenta que no son accesibles para todas y todos los cuidadores no profesionales.

Con respecto a la intervención del señor Beltrán, ¿pues qué quiere que le diga yo en un inicio? Nosotros a lo mejor sí que tenemos un mal, que el dinero público lo redistribuimos, como ya le he dicho, con el principio de solidaridad. Ustedes, a lo mejor, ¿qué virtud tienen? Pues que ese dinero se lo trasladan en sobrecitos a los amigos y a los que están sentados en pupitres al lado suyo y demás. Luego, claro, luego tienen que ser ustedes los que vengan a salvar a todas las personas de especial vulnerabilidad de esta... de España; eso se llama patriotismo, eso se llama... no quiero denominarlo ahora en ningún tipo de cuestión.

El objeto de la presente proposición no de ley es más que nada trasladar información importante a los dependientes para que así sus cuidadores tengan la posibilidad de tener un futuro cierto, un futuro cierto que simple y exclusivamente puede venir con... acompañado con una carta, como ha dicho el señor Delgado Palacios, de actualización de las diferentes tipos de cuantías, que, según tengo entendido, a fecha de... del día de hoy, son muy pocos los... las personas dependientes en Castilla y León que han recibido esas actualizaciones de cuantías. No quiero pensar ni por un... ni por un momento que haya sido por la proposición no de ley que presentamos en esta misma Cámara de la actualización de las cuantías que se enviaron y se comunicaron a las personas dependientes siete meses, habiendo comenzado el... el año corriente; eso puede ser un mal. ¿El hecho para que no ocurra? Pues se eliminan esa actualización y estas comunicaciones. Pero bueno, tendremos la oportunidad en esa misma Cámara de plantear otra proposición no de ley para que se lleven como se tienen que organizar, más que nada para que no creen incertidumbre de las personas con dependencia. Y nada... y nada más.

Con respecto a ello, agradecer a todos y cada uno de los grupos parlamentarios la oportunidad que les dan a las personas dependientes y, en última instancia, a las personas cuidadoras. Y paso a leer inmediatamente la enmienda presentada y aceptada por este grupo parlamentario en el punto 1: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León al envío de una comunicación a todas las personas dependientes beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar para que sus cuidadoras se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad Social a cargo de la Administración general del Estado”. Gracias.

Votación PNL/000475

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Pues, una vez concluido el debate, procedemos a la votación. En principio, se... se aprueba por asentimiento.

Por parte del señor secretario se dará lectura al tercer punto del orden del día.

PNL/000495

EL SECRETARIO (SEÑOR ILLERA REDÓN):

Gracias. Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley número 495, presentada por las... la procuradora doña Laura Domínguez Arroyo y el procurador don Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a ampliar el programa Conciliamos para que llegue a las familias del medio rural modificando los requisitos de las próximas convocatorias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 79, de veinte de febrero de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señor secretario. Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra doña Laura Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bien. Gracias. Voy a intentar ser breve, porque creo que la propuesta que traemos es muy sencilla de explicar, y tiene como objetivo paliar una desigualdad explícita que existe entre el medio rural y el medio urbano de nuestra Comunidad. Queremos hacer hincapié, en la defensa de esta propuesta, en la existencia de la ley de conciliación de nuestra Comunidad, una ley con la que saben nosotros hemos sido muy críticos, a la que de hecho nos opusimos en su momento y nos seguimos oponiendo en el día de hoy por entender que carece de contenido y de medidas que realmente impacten de forma beneficiosa.

Sin embargo, entendemos que el mero hecho de que exista esta ley tendría que significar algo, aunque ese algo sea muy pequeño; debería estar cambiando la forma de entender la conciliación en nuestra Comunidad, aunque solo sea para dar cumplimiento al objetivo a) del Artículo 5 de dicha ley, que dice: “Crear las condiciones necesarias para garantizar el libre desarrollo de la vida personal y familiar, así como el acceso, permanencia y promoción laboral de las personas, incluidas aquellas que hayan asumido responsabilidades familiares”.

Asumimos desde este grupo que ese crear esas condiciones debe ser para todas y cada una de las personas que viven en nuestra Comunidad, vivan en el municipio que vivan, también en los municipios pequeños. Pues bien, resulta que el Programa Conciliamos, que, como su propio nombre indica, es una prestación de la Consejería de Familia para facilitar esa conciliación, solo se oferta en municipios de más de 3.000 habitantes, y eso ha empezado a ser así desde este año dos mil veinte. Es decir, que todas las familias de nuestra Comunidad que residan en municipios de menos habitantes no pueden acceder al Programa Conciliamos.

Y es cierto, como decía, sé que es lo que van a alegar, que en esta convocatoria de dos mil veinte se ha ampliado... se ha ampliado esa oferta para municipios de menos de... de más de 3.000 habitantes, modificando los requisitos, y que la propia consejera, en el Pleno pasado, dio los datos de que se había pasado de 17 municipios a 35, de 725 niños y niñas que participaron en él a 1.200 en este Carnaval dos mil veinte respecto al Carnaval del año dos mil diecinueve.

Bien, nosotros entendemos que la ampliación de un programa que empezó en dos mil trece pues se debe hacer de manera paulatina, que no es una cuestión de que se pueda dar en todos los colegios en cualquier momento y en... y en todas las fechas disponibles, pero sí que creemos que hay una desigualdad explícita entre el medio rural y el medio urbano, y que la ampliación se está haciendo de manera extremadamente lenta. Es más, que incluso no se puede hablar siempre de ampliación, porque, según datos de la propia Consejería, que nos ha dado en respuesta escrita a finales del año dos mil diecinueve, en el año dos mil trece, que es el primer año en que se oferta este programa, hubo 40 municipios que se acogieron al mismo. En el año dos mil dieciocho fueron 38, es decir, dos menos, y no siempre son los mismos municipios los que ese acogen al programa, porque en ocasiones no llegan al número establecido que se plantea en el decreto que regula el Programa Conciliamos de cada uno de los años. Pero, claro, es evidente que el número mínimo no puede ser igual para Burgos que para Lerma, para León que para Villaquilambre, para Soria que Almazán; yo creo que eso es algo que entendemos todos.

Y es cierto también que en el decreto de este año, del año dos mil veinte, se ha modificado la última convocatoria para que los municipios menores no tengan el mismo número de niños y niñas, pero, aun así, el mínimo requerido para que se oferte el programa pues en muchos municipios no es posible llegar a ese, porque no todas las familias se acogen a esto.

Por tanto, aunque es cierto que el número de niños y niñas ha aumentado desde el año dos mil trece, en que hubo 7.063 niños y niñas admitidos, hasta el año dos mil diecinueve, con 9.081, sin contar la Navidad, pues a fecha de la respuesta en que nos basamos no estaba realizado el cómputo de Navidad, pero, bueno, es cierto que se ha aumentado en 2.000 niños en los últimos seis años a los que llega este programa; bastante alejado del número de niños que podrían acogerse, en todo caso. La consecuencia es que padres y madres no pueden conciliar en los municipios de menos de 3.000 habitantes, lo cual entendemos que es una forma más de expulsar del medio rural a las familias con niños y niñas. Si no te puedes acoger a determinadas facilidades o a determinados programas, evidentemente, no estás dando un servicio de conciliación, que sí existe, en cambio, en el medio urbano.

El programa está concebido para que el servicio se dé en determinados períodos de vacaciones escolares, concretamente en Navidad, en Carnaval, en Semana Santa y en verano, que son períodos en los que no hay clases, pero en los que padres y madres tienen que, evidentemente, seguir trabajando. Por tanto, creemos que es una prestación del todo necesaria, es la única prestación de estas características que existe por parte de la Junta de Castilla y León, al margen de que muchos ayuntamientos tienen sus propios programas relacionados con... con conciliación, pero es cierto que existe un problema enorme en estos períodos en concreto para conciliar la vida laboral con los cuidados.

Como he dicho al comenzar, es una propuesta -creemos- muy sencilla, una propuesta de justicia para las familias que viven en el medio rural. Y creemos que es el momento de ampliar más los requisitos, de modificar de nuevo, de cara aunque sea al año dos mil veintiuno, y, en todo caso, que, se viva donde se viva en Castilla y León, todas las familias tienen derecho a la conciliación. Y, por tanto, leo la propuesta de resolución: “Ampliar el programa ‘Conciliamos’ para que llegue a las familias del medio rural modificando los requisitos de cara a las próximas convocatorias y en concreto: reducir el número de niños y niñas necesarios para adherirse al programa en los municipios menores de 3.000 habitantes; y establecer en los municipios de menos de 3.000 habitantes mecanismos para que sea viable el desarrollo de dicho programa, como la agrupación en un centro concreto con transporte a la demanda o medidas similares”.

Creemos que esta última parte también es importante, ya que en los municipios en que se oferta el servicio no hay posibilidad de que niñas y niños de otros municipios vayan a acogerse a ese programa. Si hay un problema de demanda en determinados municipios, parece que la mejor solución es que se agrupen en un centro en concreto, cuestión que no está sucediendo a día de hoy.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. En un turno de fijación de posiciones... [murmullos] ... por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don David Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, presidenta. Señora Domínguez, para nosotros también es una prioridad la conciliación y todas las políticas activas que... que, bueno, pues que nos lleven a conciliar. Pero también, y usted aquí nos tiene que dar la razón, hay que tener en cuenta que la demanda, tanto en servicios sociales como en sanidad, esa demanda es prácticamente infinita, y que la oferta, es decir, los recursos de la propia Junta de Castilla y León, pues lamentablemente pues no.

Yo he querido entender, aparte de críticas objetivas que ha hecho usted, que, bueno, que usted no está haciendo una enmienda a la totalidad al Programa Conciliamos; es más, prácticamente lo que está haciendo es aprobarlo, porque lo que nos está pidiendo, lo que está pidiendo a la Junta de Castilla y León, es ampliarlo; por lo tanto, entiendo que usted hace una valoración positiva, aunque haga críticas constructivas, sobre lo que han sido estos siete años. Y esto es así, porque, según los datos que tengo, la oferta para este dos mil veinte se ha aumentado un 155 % las plazas, la propia oferta, pudiendo llegar a 57 municipios, y la cuantía es de 1.322.672,18 euros. Hombre, yo creo que ese presupuesto, que podría ser mejorable, por supuesto, no es abandonar al entorno rural.

Sí que es verdad que usted tiene razón en que, bueno, padres que viven en pueblos de menos de 3.000 habitantes no debieran tener dificultades para que sus hijos pudieran ir al Programa de Conciliamos, si es que así lo requieren, si es que así lo solicitan. Sin embargo, desde un prisma objetivo, teniendo en cuenta todo lo que es la oferta de la Junta de Castilla y León, usted también entiende que se deberían analizar los datos de esta nueva convocatoria del dos mil veinte y, después de analizarlo de una forma objetiva, bueno, pues para el dos mil veintiuno ver cómo se podría llegar a municipios más pequeños, o bien, como usted ha dicho, transporte a la demanda, o algún recurso que pueda facilitar que estas familias que tienen hijos en pueblos más pequeños puedan entrar también en el programa de conciliar. Es la única objeción que le hago.

Creo que le van a hacer una enmienda pues parecida a lo que le estoy diciendo yo ahora mismo. A mí, bueno, nos gustaría a mi grupo parlamentario que la aceptara y poder estudiar para el dos mil veintiuno cómo poder mejorar este programa, que usted mismo... misma está diciendo que funciona. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Carmen Sánchez Bellota.

LA SEÑORA SÁNCHEZ BELLOTA:

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Tomando como punto de partida la ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el compromiso de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pasa por reforzar esos servicios complementarios de apoyo a la conciliación, como es el caso del Programa Conciliamos. Miren, hemos tenido la oportunidad en diversas ocasiones de escuchar a la consejera ese compromiso para que este programa... ese compromiso para ampliar el programa a los municipios de más de 3.000 habitantes y del compromiso también de flexibilizar las ratios; eso es una realidad a día de hoy. Es decir, en el año dos mil veinte estos compromisos ya se están llevando a cabo, ya se están... ya se han puesto... ya se han... ya se están desarrollando.

Miren, cuando uno lee esta proposición, lo primero que llama la atención es que ustedes manifiestan que el Programa Conciliamos tiene un número limitado de plazas, y eso es un error. Si analizamos los datos desde su implantación, en el año dos mil trece, se puede observar que esto no ha sido así nunca, no hay limitación de plazas con respecto al acceso al Programa Conciliamos; han podido y pueden participar todos los niños cuyas familias reúnan los requisitos que recoge la convocatoria. De hecho, se ha pasado en el año dos mil trece a más familias y a... desde el año dos mil trece a más familias y a más municipios sin que haya habido limitación en la participación nunca.

Cabe destacar como han sido un total de -ya se ha comentado aquí- 10.592 los niños que han participado en el año dos mil diecinueve, porque falta contabilizar los que han participado en las pasadas Navidades y en... concretamente, el... el último período vacacional, que ha sido el de Carnavales de este año dos mil veinte. Este es un alto porcentaje de niños con respecto al año dos mil trece, en el que participaron 7.063, que fue el año en el que se puso en marcha, como también se ha comentado aquí.

Este año, dos mil veinte, la Consejería ha realizado un esfuerzo para facilitar ese cumplimiento de las responsabilidades laborales de los padres y las madres de nuestra Comunidad, y poner a disposición todos los medios que garanticen el cuidado de estos menores durante esas vacaciones, atendiendo el programa a los municipios de 3000 habitantes. Como decía, esto es una novedad este año, que está teniendo muy buena acogida, pero que, como ustedes saben, se venía desarrollando hasta día de hoy en los municipios de más de 20.000 habitantes. Han bajado las ratios en estos municipios, también hay que decirlo, hasta 8 niños. Estas son medidas concretas, esto es apoyar a la conciliación, y sobre todo a la conciliación en el medio rural. Todo ello, además, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, así como en la Ley 10/2019, de tres de abril, por la que se promueve esa adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En este año dos mil veinte se ha mantenido la oferta en los mismos municipios que en el dos mil diecinueve, y además se ha posibilitado que pudiera desarrollarse también en 57 municipios más del medio rural, siempre que sus respectivos ayuntamientos, como bien ustedes saben, estuvieran interesados en participar en el mismo y hubieran firmado el correspondiente convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales. Esto ha supuesto un incremento, como también ha comentado el compañero de Ciudadanos, de un 155 % con respecto al último año. Es prioritario que los ayuntamientos tengan firmado este convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales para poder poner en marcha este programa, que no todos los que pueden haber accedido al programa lo han hecho.

Además, se ha reducido el número de niños necesarios para que el programa se realice en una instalación, que será de 15 niños en el supuesto de municipios de más de 5.000 habitantes situados a 20 kilómetros o menos de otro municipio donde se esté desarrollando el programa, a 8 niños en el supuesto de municipios de más de 5.000 habitantes situados a más de 20 kilómetros de otro municipio en el que también se esté desarrollando el programa, o de 8 niños también en el supuesto de municipios de entre 5.000 y 3.000 habitantes.

La apuesta del Gobierno de esta Comunidad por la conciliación es una máxima, si bien, antes de seguir ampliando este programa, como es lógico, es necesario analizar los resultados de esas necesidades de conciliación y la demanda del programa en todos los municipios durante los períodos vacacionales del presente año dos mil veinte, que, como ya conocemos y ya se ha comentado aquí, se han ampliado significativamente. Es lógico que, antes de abordar nuevas modificaciones en este programa, se evalúen las que se han puesto en marcha a día de hoy. Por ello, nuestra propuesta es realizar una valoración para, bueno, pues para analizar esas... esa posibilidad de introducir una serie de mecanismos que permitan seguir ampliando la cobertura del programa. No estamos en contra de que se amplíen y se modifiquen, se analicen, se evalúen todos los... bueno, pues todas las... requisitos y todas las posibilidades de desarrollar este programa en el mundo rural; lógicamente, estamos a favor. Y, desde luego, no nos... no nos queremos olvidar de los municipios de menor población.

Miren, las condiciones del programa, como ya he dicho, han ido variando siempre para mejorarlo, y, bueno, pues todas aquellas mejoras que se puedan ir introduciendo tampoco vamos a estar en contra. Ya en el dos mil dieciocho el programa se amplía, como decía, a Carnaval y a los sábados; y desde el año dos mil trece, las cuotas también, en función de la capacidad económica y bonificaciones de las familias, se encuentran congeladas. Como decía, se amplía a Carnaval y a sábados a partir del dos mil dieciocho; sin embargo, fíjense, esa ampliación a los sábados no ha tenido el éxito que se venía esperando desde la Consejería; de hecho, no se ha podido poner en marcha porque no había suficiente demanda por parte de los municipios para desarrollar este aspecto.

Además, las familias que querían acceder al programa debían solicitarlo con un mes y medio de antelación -esto es otra de las mejoras que se han introducido-; sin embargo, desde este mismo período, desde el año dos mil diecinueve-veinte, el período de solicitudes se cierra solamente quince días antes de ponerse en marcha, lo que permite a las familias conocer con muchísima más exactitud si van a necesitar el uso de este programa o no.

También hay que alegar, y también se ha comentado aquí, pero es importante comentarlo, que el crédito presupuestario puesto a disposición para el desarrollo de este programa, del Programa Conciliamos, en los cuatro períodos vacacionales del dos mil veinte, es decir, Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, es de 1.322.672 euros, lo que supone un incremento con respecto al anterior de un 36,61 % respecto, como decía, del año... del último año.

Este programa destaca por ser un programa de calidad para el desarrollo lúdico de todos los niños de nuestra Comunidad, que permite a sus progenitores conciliar esa vida familiar y laboral en estos períodos vacacionales, tan importantes para ellos.

Nuestro grupo parlamentario, desde luego, apuesta por el mundo rural y, por supuesto, por la conciliación de la vida familiar y laboral, y vamos a seguir apoyando iniciativas que lo promuevan. Por lo que se propone una enmienda a la propuesta que ustedes hoy han traído hoy aquí, y es la siguiente: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, una vez analizados por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades los datos e indicadores de demanda y participación del Programa Conciliamos durante los distintos períodos vacacionales del año dos mil veinte, se valore la posibilidad de introducir mecanismos que permitan seguir ampliando la cobertura del Programa Conciliamos en el mundo rural, especialmente en los municipios de menor población”. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo... Perdón. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Carmen García Romero. Y me va a perdonar, que es la segunda vez que me ha pasado con usted lo mismo. Lo siento.

LA SEÑORA GARCÍA ROMERO:

Gracias, presidenta. No se preocupe, vengo acostumbrada a que el Partido Popular me suela ignorar, entonces, no se preocupe usted. Efectivamente, le voy a reconocer a la portavoz del Partido Popular que el Programa Crecemos ha variado, y ha variado del dos mil trece al dos mil veinte, pero permítame decirle que ha variado a peor, y ha ido empeorando convocatoria por convocatoria. Mire, empezamos con un programa gratuito, hemos acabado con un programa en el que estamos pagando; empezamos con un programa que llegaba a cualquier rincón de la población de Castilla y León, estamos con un programa que ahora nos limita a los municipios de... que tienen una población de 3.000 habitantes.

Porque, mire [la oradora muestra un documento], le recuerdo, la convocatoria dos mil diecinueve, Boletín Oficial, decía que el programa se desarrollará por las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en colaboración con las entidades locales que participen en su ejecución. Convocatoria dos mil veinte: el programa se desarrollará, con carácter general, en todas aquellas entidades locales de más de 3.000 habitantes. Es decir, estamos dejando dos mil y pico municipios en los que no pueden optar al Programa Conciliamos en el dos mil veinte. Es decir, este programa ha evolucionado, ha evolucionado, evidentemente, a peor. Y este programa es el claro ejemplo de lo que le importa el medio rural al Partido Popular; como dirían en mi pueblo, un pepino.

Porque, miren, ustedes tienen, y este programa lo denota y lo constata, dos velocidades en cualquier provincia o en cualquier parte de Castilla y León: la velocidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la velocidad del resto. Ustedes hoy vienen aquí y dicen, literalmente, que es un programa muy bueno, pero que, como es muy caro, no lo pueden desarrollar; lo ha dicho el portavoz del Grupo de Ciudadanos. Perdone, “lo que haya dicho él” no, que es Equipo de Gobierno como usted, exactamente igual que usted gobierna, y gobiernan en colaboración con ellos. Por lo tanto, algo tendrán que decir. Y dicen que es que, como tienen una demanda infinita y pocos recursos presupuestarios, no le facilitan el derecho o la igualdad de derechos a los... a las familias de Castilla y León; es decir, las familias rurales tienen una serie de derechos que no pueden acceder a ellos porque la Junta no tiene dinero, pero sí tienen dinero para las capitales de provincia.

Usted decía que el programa ha evolucionado porque se ha ofertado el... este programa los sábados. No, perdone, en los municipios de más de 20.000 habitantes; en el resto no se ha aportado para nada. Sí que es cierto que se mejoró. En el resto no se oferta, solo para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, no se ha ofertado para ninguno más, así lo dice la Orden.

Dice usted: ha avanzado el programa porque hay mucha más demanda. Claro, pero ustedes este año, este año, en el dos mil veinte, lo que han hecho es que, al dárselo a los municipios de más habitantes, dejan fuera a los de menos habitantes, que van a ver como no tienen este programa, el acceso al programa, y van a tener que las entidades locales cubrirlos con fondos propios; con lo que le están quitando a las familias no solo el acceso de acceder a un servicio de la Junta de Castilla y León, sino, a los ayuntamientos, recursos, recursos propios en una competencia suya, que debían de utilizar para otras cuestiones. Por lo tanto, eso se llama en mi pueblo recorte; lo que ustedes están haciendo con este programa se llama recortes. Recortes otra vez en un programa social, con los que vienen... como los que vienen haciendo.

Pero esto lo hacen ustedes en... de una manera encubierta. Dice: ampliamos; no amplían, ustedes reducen, y reducen el número de niños. Mire, le voy a poner el ejemplo de mi pueblo: Doñinos de Salamanca, provincia de Salamanca, a cinco kilómetros -usted lo conoce muy bien, no le voy a explicar... y el señor David también, no le voy a explicar dónde está-, tiene 2.200 habitantes; Programa Crecemos de la Junta de Castilla y León no cubre las necesidades del municipio, porque en el año dos mil... dos mil diecinueve costaba más caro el servicio del Programa Conciliamos de la Junta de Castilla y León que dado el servicio de una manera autónoma por el ayuntamiento. Es decir, con la misma cobertura de horas, con la misma cobertura de actividades, con la misma cobertura de monitores, a un niño de Doñinos el servicio le costaba 3,50, mientras que, si optaba a la Junta, le costaba 4 euros.

Pero, mire, el... tenemos 2.200 habitantes, este año no nos podemos acoger al Programa Conciliamos porque tenemos 2.200 y ustedes lo han sacado para 3.000. ¿Sabe cuántos niños había en el Programa de Conciliamos que sacó el ayuntamiento en el verano -por cierto, ayuntamiento presidido por el Partido de Ciudadanos-? ¿Sabe cuántos hubo? 85 niños, 85. Es decir, ustedes están vetando la posibilidad de 85 familias de hacer la conciliación simplemente en un municipio de la provincia de Salamanca con 2.200 habitantes. Eso es lo que ha evolucionado, eso es lo que les importa el territorio rural.

Ustedes generan desigualdad con estas políticas, desigualdad territorial. Ustedes, con programas que empiezan bien, porque -y yo le voy a reconocer aquí que el Programa Crecemos empezó bien y con un buen espíritu, y que ayudó entonces a muchas familias a la conciliación-, empiezan a abandonarlos paulatinamente con estos cambios: ahora entran los... todos los municipios, luego solo entran los municipios de 3.000; seguro que en el veintiuno van a poder utilizarlo solo los ayuntamientos de 10.000. Con lo cual, al final, son recortes encubiertos que ustedes hacen, y que lo único que utilizan... para lo único que los utilizan es para vender la foto.

Mire, ustedes engañan a los ciudadanos, y los engañan constantemente, y lo único que hacen ustedes es recortar servicios, recortar servicios sociales, recortar prestaciones, prestaciones que son necesarias para el desarrollo de nuestros municipios. Y, mire, yo sé que esto le sienta muy mal, porque le sienta muy mal que se lo digamos, pero es lo que llevan ustedes haciendo año... año tras año. ¿Y saben en lo que se escudan siempre? En el presupuesto. Pero es que los servicios fundamentales se miden por la cobertura social, no por lo que cuestan, don David. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Gracias, señoría. Esta presidenta se disculpa con... con usted como Inmaculada Ranedo, no como Partido Popular. Y me gustaría que si... espero que no me vuelva a suceder, pero la próxima vez, bueno, pues que me responda usted con la misma educación con la que yo le pido las disculpas. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra doña Laura Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bien. Bueno, no voy a aceptar la propuesta del Partido Popular porque en realidad no es una propuesta, no se propone nada, y entiendo que la nuestra es una cuestión muy concreta, basada en analizar las carencias que creemos que tiene el Programa Conciliamos. Estudiar, ponerse a estudiar la posible demanda que pueda existir... es que, claro, la demanda va a cambiar anualmente, por lo tanto, me parece bastante complicado intentar o pretender hace un estudio sobre una posible demanda que pueda haber. Es evidente que eso se mueve, que en algún momento las familias lo van a necesitar, en otros no. Y, por lo tanto, yo me quedo con lo concreto, no quiero propuestas abstractas, y vamos a mantener en sus términos la propuesta de resolución, que es que además es una cuestión muy clara y muy sencilla, lo he dicho en toda mi intervención, que es el hecho de que esos municipios de 3.000 habitantes que ahora no entran en el programa puedan entrar, con los mecanismos que ustedes quieran.

Porque, claro, una de las cosas que decía yo anteriormente, y que viene incluida en nuestra propuesta, es la cuestión del transporte. Es que no es cierto que haya transporte a la demanda cuando en un municipio determinado se establece el Programa Conciliamos; salvo que papá o mamá o los abuelos me lleven con el propio coche al lugar donde se realiza el Programa Conciliamos. Pero si la idea es facilitar a las familias la conciliación, lo que no puede ser es que se tenga que trasladar a los niños y niñas en un coche propio o en transporte público porque no existe un transporte que, por ejemplo, sí que existe durante el período escolar para los niños y niñas que se tienen que trasladar a un cole cercano. Entonces, entendemos que debería haber exactamente el mismo servicio para que se pueda agrupar en aquellos municipios en función de la demanda.

Si yo estoy de acuerdo en que el Programa Conciliamos a lo mejor no se puede dar en un cole rural donde hay seis niños, porque, efectivamente, la demanda no va a ser la que está, pero lo que digo es que se aglutine en un único centro para que haya un nivel adecuado de niños para que se pueda ofertar el programa y que haya un transporte a la demanda para que se facilite a las familias que puedan acceder a ese... ese programa.

Efectivamente, decía el señor Castaño, yo no critico el programa en su globalidad, yo estoy hablando de una cosa muy concreta, que es cómo hacemos llegar Conciliamos al medio rural. Y, por lo tanto, por eso mantengo la propuesta en los términos en que está, porque creemos que hay que paliar una carencia que existe; o sea, y es tal cual.

Y les voy a pedir... les voy a poner un ejemplo muy concreto, porque es a partir de aquí donde nos pusimos a estudiar cómo estaba la situación de Conciliamos y a pedir información a la Consejería, que es el de Salas de los Infantes, donde en el año dos mil diecinueve, en el período de verano, de los 15 niños que entonces se exigían, que ahora se ha bajado a 8, había 10; y por tanto esas 10 familias se quedaron sin el Programa Conciliamos. Pero no es solo que se quedaran sin el Programa Conciliamos, es que además avisaron a las familias con seis días de antelación de que el Programa Conciliamos no se iba a hacer en verano. Esto creo que responde a la improvisación, y no se puede dejar a 10 familias, avisándolas con seis días de antelación, de que no se va a realizar el programa. Y esto, que entiendo que es un caso concreto, seguro que está pasando en municipios, pues eso, de 1.000-2.000 habitantes, que tienen una demanda intermedia, que no llega a lo mejor a los requisitos. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos llegar los requisitos a esos municipios del medio rural, donde hay entre 8 o 10 niños y niñas, y, por lo tanto, hace que se caiga el programa, cuando muchas familias sí que lo necesitan, ¿no? No se puede dejar en una familia, en ese sentido, pues desvalida cuando ha querido acceder a ese programa.

No he dicho en ningún momento que exista limitación, pero, bueno, si quiere hablamos de las limitaciones, porque yo de lo que he hablado en todo momento es de una carencia muy concreta. Pero, en todo caso, ¿es que acaso no hay solicitudes denegadas? También en el medio urbano, ¿eh? Las puede consultar en la página web de la Junta de Castilla y León, y ahí aparecen solicitudes denegadas y solicitudes admitidas. Por lo tanto, hay niños y niñas que también en el medio urbano se están quedando sin una plaza en Conciliamos. No me diga que no hay limitaciones, claro que las hay, aunque yo, desde luego, en ningún momento había hablado de esas limitaciones del medio urbano; pero, bueno, ya, si quiere hablar de ellas, también hablamos de ella.

En todo caso, lo que aquí nos ocupa es la problemática del medio rural, yo vuelvo a insistir en eso; hay una desigualdad explícita con este programa en el medio rural. Y creemos que hay que llevar a cabo una política integral de conciliación, que este programa podría resolver algunas de estas situaciones y que no se está haciendo bien.

Si se analizan, de hecho, los municipios que en cada año (dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho) han ido entrando en el Programa Conciliamos, es que la gran mayoría de ellos tienen más de 5.000 habitantes, y, en todo caso, todos tienen más de 3.000 habitantes; no hay apenas... de los 38 del año dos mil dieciocho hay 2 que tienen menos de 3.000 habitantes.

Por tanto, creo que hay un problema, y que ustedes tienen en su mano arreglar ese problema, pero, al parecer, no tienen mucha intención de hacerlo.

Votación PNL/000495

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ocho a favor, nueve en contra. Por lo tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida. Por parte del señor secretario se da lectura al cuarto punto del orden del día.

PNL/000496

EL SECRETARIO (SEÑOR ILLERA REDÓN):

Gracias. Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley número 496, presentada por las Procuradoras... la Procuradora doña Laura Domínguez Arroyo y el Procurador don Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a establecer los cambios normativos oportunos en relación al otorgamiento de los premios Óptima, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 79, de veinte de febrero de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra doña Laura Domínguez Arroyo, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, con esta propuesta quisiera, en primer lugar, poner en antecedentes, aunque, si la han leído, ya verán que en los propios antecedentes hay una parte de esto.

En el año dos mil diecisiete, yo misma defendí una propuesta en términos similares a la que hoy presentamos, aunque no exactamente los mismos, porque consideramos que ha habido algunas variaciones. Esa propuesta nacía de haber realizado una visita a la Dirección General de la Mujer en la que leímos todos y cada uno de los premios Óptima otorgados desde el año en que comienzan a realizarse hasta el año dos mil dieciséis, que era ese momento, el momento actual.

Los Premios Óptima se otorgan desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como reconocimiento a la implantación y desarrollo de medidas de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y empresarial, en virtud de la Orden de veintiocho de agosto de dos mil dos, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se crea la distinción “Óptima Castilla y León” y se regula la figura “Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

Pues bien, lo que nos encontramos en aquella visita fueron multitud de premios otorgados sin criterios claros y objetivos, planes de igualdad inconclusos o sesgados, evaluaciones que no se realizaban, errores claros en la redacción de los planes, como la no utilización del lenguaje inclusivo, el que no existiera o bien un diagnóstico inicial o faltara la memoria económica o no estuviera calendarizado, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión clara que sacamos es que no existían unos criterios homogéneos claros y constatables para el otorgamiento de estos premios. Bueno.

Pues bien, aquella propuesta solo el Partido Popular votó en contra de ella y fue finalmente rechazada en Pleno. El argumento fue, en ese momento, que precisamente la Consejería estaba en ese momento revisando los contenidos y criterios que debían tener los Premios Óptima. Y, por una vez, el Partido Popular sí que cumplió su palabra, y en el año dos mil dieciocho publicó el Decreto 20/2018, de cinco de julio, por el que se regula el distintivo Óptima Castilla y León, dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral. En este nuevo decreto se modificaban algunos de los criterios, se actualizaban, se mejoraban los requisitos, al menos, eso sí, en el aspecto normativo, es decir, sobre el papel.

Bueno, pues al comenzar esta legislatura quisimos comprobar el impacto que había tenido dicho decreto, y volvimos a la Dirección General a consultar los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve; aunque, claro, obviamente, solo los de finales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve estaban en la actualización a la que me he referido. Y es verdad que sí que encontramos un pequeño cambio, que los planes de igualdad eran más amplios, estaban mejor redactados; se había establecido, por ejemplo, la obligatoriedad de un protocolo en caso de acoso por razón de sexo, que sí que tenían todos los premios que se habían otorgado en este tiempo como parte de la documentación; lo cual, bueno, en principio es positivo.

Sin embargo, consideramos que sigue habiendo bastantes carencias y déficits importantes a la hora de abordar el otorgamiento de este premio, que se concretan en los cuatro puntos de la propuesta que traemos hoy. Y antes de pasar a relatarlos, sí que quiero puntualizar que este grupo no es que se oponga per se a este tipo de distinciones, pero creemos que, si no se realizan con criterio, estamos banalizando las políticas de igualdad en el empleo. Y nos parece muy grave que esa banalización venga por parte de la Administración pública, por parte de esta Consejería, que al final es la que otorga dichas distinciones, y que precisamente en el cumplimiento de la igualdad en el ámbito laboral debería ser especialmente serio. Y que, si no controlan y otorgan estos premios con seriedad, lo que me están transmitiendo es que no dan importancia a este tipo de políticas.

Y yo les quiero poner un ejemplo muy claro para visualizar esta cuestión. Estoy segura de que ustedes nunca darían un contrato público a una empresa que no les estuviera documentando cuánto les va a costar el servicio que se contrata. O sea, la respuesta obvia es que no, que nunca se daría un contrato público, que caería a la primera en un concurso y que no se admitiría en la mesa de contratación. Entonces, lo que yo me pregunto es por qué se otorga un premio de igualdad en el empleo a una empresa que no documenta cuánto se va a gastar en llevar a cabo esas políticas de igualdad que se supone que están dentro de los planes que ellos mismos presentan. Y, hombre, no es que quiera comparar un contrato público con el otorgamiento de un premio, pero sí que creo que esto sirve para visualizar que no se están otorgando estos premios con la seriedad que desde nuestro punto de vista creemos que requiere. Yo creo que la igualdad debería ser una máxima fundamental de un Gobierno, y en este caso en el Gobierno autonómico pues creo que no se le está dando el valor que se le debería dar. A mí me gustaría que la Consejería hiciera una reflexión respecto a este tema.

Por tanto, los cuatro puntos que presentamos son muy claros. Los paso a leer tal y como están, porque creo que son suficientemente explicativos; bueno, con alguna explicación más a mayores:

“Mejorar la supervisión para el mantenimiento del otorgamiento, no habiendo renovación automática anual sino a través de la acreditación documental de cumplirse los criterios establecidos y en base a una serie de objetivos cumplidos temporalizados”. Actualmente, todos los Premios Óptima se van renovando año tras año, algunos tienen ya 10 años, y no hay una fórmula evaluativa de eso; hay una plantilla que rellenan, que consiste en poner cruces a determinados objetivos, pero que en ningún caso la Consejería está viendo si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo.

En segundo lugar: “Realizar actuaciones de supervisión que impliquen que el Plan de Igualdad y el Protocolo de Acoso Sexual se cumple de forma efectiva y no solo mediante acreditación documental”. Pasa un poco lo mismo; esos protocolos y esos planes se supone que tienen una serie de objetivos a cumplir, que luego en el paso del tiempo no se ve si son ciertos o no porque no hay... no hay en ningún caso ni calendarios, ni memorias económicas, no hay una explicación de los métodos que van a utilizar; no se sabe, por ejemplo, si, cuando hablan de que van a generar igualdad en los puestos de trabajo, se refieren a que va a haber currículum ciego, a que va a haber una valoración de los puestos de trabajo. ¿Qué metodología están utilizando? No se sabe, porque en esos planes y en esos objetivos no aparece.

En tercer lugar: “Denegar aquellas solicitudes que no utilicen correctamente el lenguaje inclusivo o no establezcan correctamente las metodologías correctivas en cuanto a discriminaciones por razón de sexo”. Yo entiendo que hay un problema con la utilización del lenguaje inclusivo porque muchas veces hay personas redactando esos planes que no saben lo que están redactando, pero lo que no puede ser es que en un protocolo de acoso sexual aparezca el término “personas discriminadas por razón de sexo”; no, oiga, no, que a quien se discrimina por razón de sexo es a las mujeres, no a las personas en general. Entonces, un error de ese calibre en un protocolo de acoso sexual es que no se puede permitir, no se le puede dar un premio en igualdad a alguien que no sabe ni redactar un protocolo de acoso sexual.

Y, por último, en lo que se refiere al punto 2.c del Artículo 4 del Decreto 20/2018, el que ahora regula el distintivo, creemos que el hecho de que solo durante tres años no haya sido sancionado nos parece poco tiempo, y debería ampliarse a un mínimo de diez años. Es cierto que ya no ocurre como ha ocurrido en el pasado, que hay determinadas empresas distinguidas que han sido directamente sancionadas o denunciadas por acoso laboral o por despedir a mujeres que se quedaban embarazadas, y esas empresas a día de hoy siguen teniendo distinciones premios Óptima. Por lo tanto, creo que es una cosa suficientemente grave como para que se la tomen con más seriedad.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señora Domínguez. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don David Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Gracias, señora presidenta. Señora Domínguez, bueno, en el análisis que ha hecho previo a lo que es esta proposición no de ley que usted hoy defiende aquí, en esta Comisión, estamos de acuerdo en el antes, es decir, antes de lo que fue la aprobación del decreto del dos mil dieciocho; nosotros aprobamos la PNL que usted misma presentó. Luego, es verdad, y usted lo ha reconocido, que se publicó, se aprobó, ese decreto del dos mil dieciocho; hombre, yo no sé si fue por el empuje de su proposición no de ley, de su grupo parlamentario, es posible que sí, o por lo que lo llevara ya el Ejecutivo en su hoja de ruta. En todo caso, hubo, y ha habido, y se aprobó un decreto, el de dos mil dieciocho, pero que a usted también se le olvida decir que se contó con el diálogo social, cosa que es importante, porque parece que es solo el Partido Popular, el Ejecutivo, el que de una forma unilateral aprueba un determinado decreto, pero también hay un diálogo social, yo creo que es un orgullo para esta Comunidad tenerlo, que está detrás de este decreto. Yo me imagino que algo bueno se habrá hecho.

En cuanto... en cuanto a los motivos por los que presenta esta proposición no de ley, por lo que yo le he estado escuchando, me parece que son dos: porque cree que la actualización a través de ese decreto no es suficiente y porque cree que los requisitos, la documentación que se exige es insuficiente. Por lo tanto, vamos a ir punto por punto analizando.

En el primer punto, que dice... habla de la renovación automática. Bueno, usted sabe que quedó derogada con el nuevo decreto esta renovación automática. Y luego habla de la acreditación documental, cumplirse los criterios establecidos; también este decreto dice que existe la posibilidad de revocación de oficio. Por lo tanto, yo creo que es una defensa suficiente para lo que es la Consejería de Familia.

En cuanto a la realización de actuaciones de supervisión que impliquen que el Plan de Igualdad y Protocolo de Acoso Sexual se cumple. Bueno, se comprueba que se cumple el plan de igualdad, el que se propone, y se aplica siempre el protocolo de acoso sexual. Yo no sé si usted tendrá alguna prueba más de que esto no se hace, aparte de lo que usted ha comentado aquí.

En cuanto a denegar aquellas solicitudes que no utilicen correctamente el lenguaje inclusivo. Bueno, pues leyendo el propio decreto, también uno de los criterios es el propio uso correcto del lenguaje inclusivo; así lo dice también el propio decreto. Yo no sé si a lo mejor no es suficiente para ustedes, pero lo dice claramente; es uno de los criterios a tener en cuenta, y además uno de los criterios más importantes.

Y en lo que se refiere al punto 2.c del decreto, yo entiendo que lo que busca la Consejería, el Ejecutivo, es aumentar el número de empresas, animar a estas empresas a que... a que implementen las buenas prácticas en materia de igualdad. Nosotros también entendemos que tres años es más que suficiente, ustedes lo quieren llevar a diez. Y esto aquí sí que tenemos nuestras diferencias, ¿no? Nosotros hablamos de convencer y exigir, y a mí me da la impresión, señora Domínguez, que ustedes lo que hablan es de exigir y castigar, cosa que ya no es que sea liberal o no liberal, es que me parece muy muy muy conservador. Porque al final lo que van ustedes a provocar es la expulsión; es decir, no van a incentivar que vengan empresas a intentar, bueno, pues hacer realidad esas políticas de igualdad, que yo creo que todos los partidos, sean cual sean sus siglas, queremos, señora Domínguez. Por lo tanto, tal como plantea usted la propuesta, yo entiendo que se cumple, que se cumple por el decreto, si bien es cierto que todo es mejorable. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias, señoría. Para fijar su posición, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Ángeles García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Muchas gracias, presidenta. Y buenos días, señorías. Como dice en sus antecedentes, en dos mil dieciocho, por decreto de la Junta de Castilla y León, se actualizaron los criterios de concesión y métodos de evaluación del distintivo Óptima Castilla y León. Y su grupo nos trae esta proposición no de ley para debatir sobre este decreto porque yo entiendo, señora Domínguez, que según usted la actualización de dos mil dieciocho no es suficiente, y la documentación, el seguimiento y la evaluación son... son escasas.

A ver, en dos mil diecisiete, la Consejería de Familia e Igualdad, consciente de que tenía que adaptar este distintivo a la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a la normativa de contratos, así como los cambios producidos en el grado de implicación del mundo empresarial con la igualdad de género, procede a realizar una nueva... una nueva regulación del distintivo en cuestión, del que estamos hablando.

El contenido del decreto se enmarca dentro de los objetivos -y esto sí que se quede claro- de una empresa socialmente responsable, una empresa que cumpla todas las leyes a nivel empresarial y las modificaciones o cambios legislativos en materia de conciliación y brecha salarial. Y entendemos que la nueva regulación estandariza de forma más clara los requisitos para obtener la distinción. De hecho, usted mencionaba que la normativa está de acuerdo con ella.

Y el decreto... o, mejor dicho, en el decreto se regula para valorar las actuaciones a favor de la igualdad de género, como la contemplación de la perspectiva de género con carácter transversal, la formación, la ordenación del tiempo de trabajo para facilitar la conciliación, la prevención de la violencia de género o el empleo y las condiciones laborales, intentando incentivar e impulsar estas buenas prácticas, tratando... -que hacía referencia el señor Castaño, y yo estoy de acuerdo con él- tratando siempre de sumar más empresas, intentando evitar o provocar el efecto contrario, que se produzca un rechazo por los procedimientos burocráticos, trabajos infinitos de gran presentación de documentos. Hay que decir que este decreto es fruto del trabajo conjunto entre la Junta y los representantes de los agentes sociales.

Usted hace referencia a la renovación automática. Esta renovación automática es uno de los aspectos que fueron derogados de... por este nuevo decreto. Aparece en el Artículo 13, “Vigencia y renovación”. Y entendemos que este criterio es acertado para no someter a las empresas a procedimientos... -a lo que le comentaba antes- a procedimientos administrativos continuados, y de acuerdo, y de acuerdo, señora Domínguez, a los principios de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos que deben respetar todas las Administraciones públicas, de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y por eso se acordó una renovación cada dos años, bienal. Además, que es el mismo criterio seguido en las regulaciones de distintos, o de similares distintivos, incluso de diferentes Comunidades Autónomas.

Referente a la supervisión, tanto para conceder como para renovar, se comprueba que la entidad está ejecutando todo. Además, en esta nueva regulación se pueden realizar actuaciones de supervisión, según nos indica el Artículo 13.3.

Sobre el lenguaje, el decreto contempla y se valora el uso del lenguaje inclusivo, incluso se establecen medidas correctivas en cuanto a discriminación por razón de sexo, Artículo 5.

Referente al punto 2.c del Artículo 4, que está en su propuesta, consideramos que el período de tres años que establece el apartado es un período de tiempo suficiente, sobre todo para dos cosas: primero, acreditar el... el compromiso sostenido de una empresa o entidad con la igualdad de género; y segundo, que permite que una empresa que ha sido sancionada con anterioridad a este período haya podido rectificar su forma de actuar. Y entienda usted que esto, si ha podido rectificar su forma de actuar, por lo menos para mí, ha sido un logro; entiendo que para usted también. Y, como hacía referencia antes, el poder sumar una empresa más para que aplique en la gestión de los recursos humanos criterios de igualdad suficientes para solicitar y obtener, si así fuese, el distintivo Óptima Castilla y León.

Entiendo que esta resolución que propone es su apreciación personal. Además, le comento, este decreto, en aplicación del principio de transparencia, se publicó el texto de la norma durante el proceso de elaboración a través del portal de transparencia y participación ciudadana de la Administración de... de la Comunidad, en Gobierno Abierto, por lo que entendemos que, señora Domínguez, no es... no es necesario realizar cambios, o los cambios que usted propone, después del trabajo conjunto entre la Junta y los representantes de los agentes sociales, y habiendo sido publicado durante todo su proceso. Por mi parte, nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

[Comienzo de la intervención sin micrófono]. ... Señoría. Para fijar posiciones por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Luis Ángel Fernández Bayón.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ BAYÓN:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Seré breve; siendo el último, y a estas horas ya... Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Grupo Parlamentario de Podemos, y muy especialmente a la señora Domínguez, por traer a debate temas como el que hoy nos atañe; está claro que de otra manera no se hablaría de estos temas.

Manifestarle también que, como no puede ser de otra manera, el voto del PSOE en esta proposición de ley... proposición no de ley será favorable, ya que consideramos que la concesión de estos premios en muchas ocasiones es un auténtico coladero, en el que se da un distintivo de igualdad a empresas que para nada se lo merecen.

Y me van a permitir que les ponga un par de ejemplos que he vivido personalmente; esto no son... no son apreciaciones personales, sino lo que he vivido con dos de estas empresas que tienen este distintivo. Creo que ya les he trasladado en alguna ocasión que trabajo la igualdad y que damos talleres sobre igualdad. Bueno, pues en uno de estos talleres sobre igualdad, fuimos a un centro educativo, y en este centro educativo entramos en clase; no era un centro... no era como en otras ocasiones, que era algo extraescolar, sino que entramos en un aula. Bueno, pues continuamente el profesor estuvo cuestionando el lenguaje inclusivo y no sexista, algo que va en la proposición no de ley, en el punto 3. Pero es que, en un momento dado de la charla, estábamos hablando de publicidad sexista, y saqué este cartel. [El orador muestra una imagen]. No sé si lo veis. Bueno, les comento: son cinco hombres, una mujer acostada, y que están claramente simulando una violación. Bueno, de hecho, esta campaña de publicidad fue retirada por el Ministerio por eso; o sea, no es algo que yo me esté inventando. Bueno, pues el profesor que allí estaba, cuando sacamos... saqué este... este anuncio, lo que dijo es que todo valía con tal de vender el producto. Bueno, pues esta empresa, este... este lugar tiene el distintivo Óptima.

Yo creo que el segundo caso es aún más... más llamativo. Y es que, verán, fui como asesor recientemente, hace un par de meses, a un comité de empresa en una entidad que tiene este distintivo. El plan de igualdad que nos presentaron era un auténtico desastre, pero un auténtico desastre. Era un plan de igualdad que estaba copiado de otro plan de igualdad y que había firmado el anterior representante sindical, que, curiosamente, era el primo del dueño de la empresa. Verán, esta empresa tenía un 25 % de brecha salarial; tenía, además, todos los puestos de categorías superiores ocupadas por hombres. Curiosamente era una empresa de un trabajo feminizado, en el cual el 90 % de las personas que allí estaban eran mujeres, pero cada vez que salía un puesto de trabajo en una categoría superior era ocupado por un hombre. Además -y esto yo creo que es lo más gordo-, resulta que había una diferenciación entre los turnos: por el hecho de ser mujeres, las mujeres tenían que ir un fin de semana sí y uno no a trabajar, y los hombres solamente iban un día del fin de semana al mes; y esto era así. Esta yo creo que es una... un ejemplo de lo que estaba sucediendo, porque es que, además, a la empresa, cuando les trasladamos esto, lo que nos dijo es que no les habláramos de igualdad, que ellos tenían el premio Óptima, otorgado por la Junta de Castilla y León.

Miren, de las casi cien o ciento y pico empresas que han sido galardonadas con... con este distintivo, me he permitido el buscar cuántas están dirigidas por hombres, o la proporción de mujeres que hay en sus consejos administrativos, y ¿saben ustedes que el 92,7 % de los consejos de administración o directores de estas empresas son hombres? Imagino que esto no les resultará llamativo, ya que es algo que ustedes están haciendo en el Equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, pero no deja de ser cuestionable que la mayoría de las empresas que reciben estos premios, que premian el compromiso por la igualdad, estén dirigidas por hombres, perpetuando así los techos de cristal y los pies de barro.

Así que, señorías, si queremos que estos premios tengan una entidad propia y no sean una justificación para seguir perpetuando roles y estereotipos, empiecen a cuestionar a las empresas que están dando estos premios y cómo aplican de verdad las políticas de igualdad, porque, si no lo hacemos, estos premios no servirán de nada. Porque, señorías, no se trata de sumar empresas, se trata de que haya más igualdad en las empresas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

[Comienzo de la intervención sin micrófono]. ... Doña Laura Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bien, pues agradecer el voto favorable del Grupo Socialista y también los datos que nos ha dado; yo no había calculado el porcentaje de esas empresas que están dirigidas por hombres, porque, por otro lado, suele ser la cotidianeidad, y ni siquiera había constatado ese dato. Pero, bueno, sí que ya decir, en esta última intervención, a mí me hace gracia cuando cuentan... no siempre es el argumento perfecto el decir que han contado con el diálogo social. Cuando incumplen los pactos a los que llegan con el diálogo social, cosa que hacen bastante a menudo, no les nombran tanto; ya parece que el diálogo social no tiene tanta importancia.

Pero, fíjense, es que el diálogo social no vale para todas las cuestiones que se debaten en la Junta de Castilla y León. Podrían haberlo debatido con el tejido asociativo feminista de esta Comunidad, y no lo han hecho; es más, ni siquiera lo hicieron en el Consejo Regional de la Mujer, que es un órgano que bien podría valer para hablar de cómo se dan los distintivos Óptima, y ni siquiera en ese órgano, que es el válido para realizar este tipo de debates, lo hicieron; así que no me vale. Y, por otro lado, los decretos no se publican en Gobierno Abierto; por tanto, este decreto no estuvo publicado en Gobierno Abierto.

Luego, en cuanto a cada una de las cuestiones que me han... que me han interpelado. El tema de la renovación automática, que dicen que en el año dos mil dieciocho se cambió. Sí, se cambió sobre el papel, pero en la realidad, y preguntados a los técnicos de la Dirección General de la Mujer, han respondido claramente que la renovación sigue siendo automática, no hay una evaluación para constatar que están cumpliendo con los criterios establecidos en el plan de igualdad inicial; la renovación sigue siendo automática, y se hace, como les he dicho antes, mediante una plantilla que la propia empresa rellena, donde hay preguntas como: ¿ha cumplido los criterios de no discriminación en el empleo en el último año? Y, evidentemente, la empresa contesta: sí; claro. Y esa es la forma de evaluar a la empresa: la propia empresa que hace un test, que luego envía a la Consejería. Eso es todo lo que se evalúa para la renovación automática, visto con estos propios ojos. Pueden ir ustedes a la Dirección General de la Mujer, y se lo leen también.

Decía el portavoz de Ciudadanos que lo que estamos haciendo es exigir y castigar. Bueno, es que la ley de igualdad que tenemos tanto en esta Comunidad Autónoma como la ley de... como la ley orgánica de igualdad tiene un régimen sancionador en caso de incumplimiento de cualquiera de los preceptos que aparecen en la ley de igualdad. Y, entre ese régimen sancionador, lo que establece para las empresas que no tengan mecanismos de no discriminación por razón de sexo es sanciones económicas; o sea, que no me invento nada, que es que eso está en la ley de igualdad de esta Comunidad y en la ley orgánica. Así que, bueno, conservador no creo que sea, porque cumplir la ley de igualdad en este país, de hecho, se está convirtiendo en algo bastante transgresor, sobre todo con la extrema derecha pisándonos los talones.

Y, si se dan cuenta, yo no he hablado apenas del contenido del decreto, salvo en el punto 4 para modificar una pequeña cuestión, porque el contenido del decreto del año dos mil dieciocho me puede parecer más o menos correcto, con matizaciones, pero, bueno, en general más o menos correcto; pero es que yo de lo que estoy hablando es de la realidad, de lo que nos hemos encontrado cuando vamos a leer los planes de igualdad y los protocolos por... de acoso sexual en el trabajo y las evaluaciones, que ya digo no se realizan, porque son plantillas. Y la realidad, claro, es que no se cumple con lo que está establecido en ese decreto.

Decía también la portavoz del Partido Popular que si queremos convertir esto en una cosa de excesiva burocracia. Bueno, es que para nosotros esto es un tema muy serio, no es una cosa... una medallita para decir que somos todos muy igualitarios. Y, como nos parece un tema muy serio, pues sí, pues habrá que exigir documentación y toda la burocracia que sea necesaria, porque ni es un tema sencillo ni es un tema este de ponerse medallas; es una cuestión, primero, obligatoria por ley, recogida en nuestra Constitución Española, y en la que ya es que a las mujeres hasta nos va la vida en ello, porque, claro, no les tendré que hablar de cuántas asesinadas llevamos ya este año; y esto empieza por la desigualdad en el empleo.

Y ya por último, a mí de verdad que me molesta mucho cuando dicen que esto son apreciaciones personales, porque es que no lo hacen con muchos otros temas, pero, cuando se habla de igualdad, muchas veces utilizan esta cuestión de que son opiniones, de que son apreciaciones personales. Y, de verdad, me parece que es porque banalizan absolutamente el tema de la igualdad, y me parece que deberían ahorrarse ese tipo de apreciaciones personales, que eso sí que son apreciaciones personales. Porque esto es el resultado de la lectura de todos los planes, de haber ido a la Dirección General de la Mujer, de haberme estudiado los protocolos, de haber visto cómo son las evaluaciones. Repito: que no exista calendario, que no existan metodologías, que no existan memorias económicas. No me digan que son apreciaciones personales, ¿eh?, porque repito que este es un tema muy serio.

Votación PNL/000496

LA PRESIDENTA (SEÑORA RANEDO GÓMEZ):

Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ocho a favor, nueve en contra. Por lo tanto, queda rechazada la proposición de ley debatida.

Se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos].