DS(C) nº 175/10 del 10/9/2020









Orden del Día:




1. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2018.

2. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios 2010-2017.

3. Debate y votación de la propuesta de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 84, de 2 de marzo de 2020.


Sumario:






 ** Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, abre la sesión y recuerda a los señores procuradores y asistentes a la Comisión, siguiendo las indicaciones de la Presidencia de la Cámara y de las autoridades sanitarias, la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, comunica la acumulación de los dos primeros puntos del orden del día por consenso con los portavoces de los grupos.

 ** Primer y segundo puntos del orden del día. Informes.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, da lectura al primer y segundo puntos del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Bermejo Santos (Grupo Ciudadanos).

 ** Compartiendo turno, interviene la procuradora Sra. Negrete Santamaría (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).

 ** Intervención del Sr. Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).

 ** Tercer punto del orden del día.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, da lectura al tercer punto del orden del día e informa de la propuesta presentada por el Grupo Socialista que ha sido admitida a trámite.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Rubio Martín (Grupo Socialista) para una cuestión de orden.

 ** Intervención del presidente, Sr. Galicia Jaramillo.

 ** Intervenciones de la procuradora Sra. Rubio Martín (Grupo Socialista) y del procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, procede a dar lectura al informe emitido por el Consejo de Cuentas.

 ** En un turno a favor de la propuesta presentada por el Grupo Socialista, interviene la procuradora Sra. Rubio Martín (Grupo Socialista).

 ** En un turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Negrete Santamaría (Grupo Ciudadanos).

 ** En un turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, somete a votación la propuesta de modificación que ha sido debatida.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las trece horas.




Texto:

[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Buenos días, señorías. Buenos días, presidente del Consejo de Cuentas. Abrimos la... la sesión de hoy. Les doy a todos la bienvenida. Espero que ustedes hayan pasado unas vacaciones, dentro de las posibilidades de cada uno, lo mejor posible.

Les recuerdo, antes de comenzar, lo que decimos siempre, que se utilicen las mascarillas, salvo que se esté en el uso de la palabra.

En primer lugar, doy traslado a los grupos para que trasladen si hay algún tipo de sustitución. ¿Grupo Socialista? ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? Ninguna sustitución. Vale.

Pues, como siempre y como es normal, quiero dar, nuevamente, la bienvenida a esta Comisión a don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas -están con nosotros los consejeros, seguramente personal técnico, todos los que estén aquí presentes, don Emilio Melero; damos la... la bienvenida-, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los informes, al tratarse de informes de fiscalización, se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Por decisión... y así se ha tratado por los distintos portavoces, y los hemos consensuado, vamos a acumular los dos primeros puntos. Por tanto, voy a dar lectura a los dos puntos que luego el presidente del Consejo de Cuentas comenzará a tener la palabra sobre... sobre los mismos.

Informes

Por lo tanto, primer punto del orden del día, la comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio dos mil dieciocho.

Segundo punto del orden del día, la comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios dos mil diez-dos mil diecisiete.

Y para la presentación de estos informes, tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Consejo, don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Tiene la palabra.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Muchas gracias en nombre propio y en el del consejero Emilio Melero, que me acompaña, así como el resto de los miembros del Pleno y otro personal técnico, que se encuentra en una sala aneja. Y previamente a la presentación de los informes de carácter... el ámbito local, quiero hacer un reconocimiento, precisamente, al departamento de local, que ha sido el responsable de estos informes, dirigido por... por Emilio Melero, con cercanía y yo creo que con una extraordinaria dedicación, y a los subdirectores que han trabajado en ellos, Alberto Melero y Alfonso Vidal, en un trabajo que yo creo que ha sido muy denso y que voy a tratar de resumir.

En esta primera comparecencia del segundo período de sesiones del presente año, voy a presentar dos informes: uno sobre las cuentas rendidas en dos mil dieciocho, con otro de carácter horizontal sobre las consecuencias económico-financieras de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en los ejercicios dos mil diez a dos mil diecisiete. Una de las dos últimas fiscalizaciones que aún proceden del anterior mandato, pero que cuyo contenido, obviamente, recobra actualidad en este momento en relación al debate suscitado sobre la disponibilidad de los remanentes.

Al finalizar esta sesión, quedarán cinco informes aprobados y pendientes de comparecencia, ya solo uno del ejercicio dos mil dieciocho y otros cuatro del actual dos mil veinte. Todo ello sin perjuicio de que se irán incorporando, como es propio, los informes en elaboración. Actualmente, el Consejo de Cuentas tiene en distintas fases de tramitación un total de 33 informes, correspondientes a los planes de fiscalizaciones del año dos mil diecinueve y del dos mil veinte.

En resumen, son ya 198 los informes de fiscalización que ha aprobado históricamente el Pleno del Consejo, 25 de los cuales lo han sido en el actual mandato. Hasta la fecha, en esta misma etapa, he comparecido en tres ocasiones ante esta Comisión de Economía y Hacienda, en las que hemos podido exponer y debatir un total de 40 informes, que suponen el 20 % sobre el total histórico. De esta forma, antes de finalizar el año, habremos puesto, por fin, definitivamente, coto, meta, a la presentación de nuestros informes para que gocen de la mayor actualidad posible en relación a la materia objeto de fiscalización.

Por otra parte, según nuestras previsiones, estamos en condiciones de poder concluir el presente ejercicio con un número significativo de informes aprobados, en torno a 15 -presumiblemente alguno más-, lo cual tiene una especial relevancia, teniendo en cuenta la excepcional coyuntura derivada de la pandemia del coronavirus.

En relación al contenido de los dos informes, se ha considerado adecuado realizar una exposición conjunta de los mismos, teniendo en cuenta que los datos económicos que refleja el informe sobre las cuentas del sector público local de dos mil dieciocho ofrecen una actualización de los principales indicadores que son objeto de estudio en el informe sobre las consecuencias económico-financieras de la ley de estabilidad presupuestaria y otra normativa.

Como cuestión previa, resulta procedente tener en cuenta que los efectos que está causando la crisis sanitaria que estamos viviendo, sin duda, alterarán de forma muy importante la situación y evolución económico-financiera de las entidades locales y que, por lo tanto, la evolución que pone de manifiesto ambos informes se puede ver claramente alterada como consecuencia de esta crisis en los años venideros.

Hecha la anterior advertencia, me referiré en primer lugar al Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios dos mil diez-dos mil diecisiete, publicado por el Consejo de Cuentas en diciembre de dos mil dieciocho.

El propósito de esta fiscalización es analizar la incidencia sobre la ejecución presupuestaria de la normativa de estabilidad presupuestaria y de otras normas aplicables a partir de la información de las cuentas rendidas y también, en su caso, de la remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública por las entidades locales. Más específicamente, se analiza la incidencia de la normativa de estabilidad presupuestaria, así como de la referida al control del déficit público y de las medidas especiales de financiación, y ello tanto en la evolución de la ejecución presupuestaria, sobre todo en gasto corriente, personal e inversiones, como en la del endeudamiento. Finalmente, se estudia la utilización del remanente de tesorería para gastos generales en su relación con el destino previsto del superávit en contabilidad nacional sobre... según la normativa de estabilidad presupuestaria.

El punto de partida se sitúa en dos mil diez, cuando la crisis económica y la necesidad de cumplir los compromisos del Plan de Estabilidad y Crecimiento dos mil diez-trece del Consejo de Europa llevan al Gobierno de España a la aprobación del Real Decreto-ley de Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público. Estas medidas, de obligada aplicación a todas las Administraciones, incidían en la disminución de los gastos de personal y, en el ámbito de las entidades locales, en la reducción del límite de endeudamiento, que pasaba del 110 % al 75 % de los ingresos corrientes liquidados.

Parte de estas medidas tuvieron su continuidad a través del Real Decreto-ley de dos mil once sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Posteriormente, tuvo una influencia decisiva en los resultados de la ejecución presupuestaria, con un efecto expansivo del crédito, la aprobación del Real Decreto-ley 4/2012, que estableció un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales. Así, dos mil doce constituyó un punto de inflexión, pues, merced al pago de las deudas existentes, se produjo un saneamiento de los remanentes de tesorería para gastos generales mediante la concertación de operaciones de crédito a largo plazo para dicha finalidad. De esta forma, se sustituyó endeudamiento comercial, o a corto plazo, por endeudamiento financiero, o a largo plazo; un instrumento de pago a proveedores que requería, eso sí, la aprobación por parte de las entidades locales de planes de ajuste.

Adicionalmente, resultan destacables las medidas extraordinarias dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal, impuestas por el Real Decreto-ley 20/12. Los años siguientes, hasta dos mil quince, por medio de las leyes presupuestarias del Estado, continuó la prohibición de incremento de las retribuciones del personal, así como la incorporación de nuevo personal.

El cambio de tendencia llegó en dos mil dieciséis con la mejora económica, de forma que, según lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este... para ese año, con carácter general, las retribuciones del personal de las Administraciones públicas pudieron experimentar un incremento global del 1 %. Asimismo, se dispuso una tasa de reposición del 50 %, y hasta el 100 % en sectores considerados como prioritarios. Estas pautas rigieron en dos mil diecisiete.

Tras las medidas iniciadas en dos mil diez, el siguiente momento determinante a considerar en el análisis de la ejecución presupuestaria de las entidades locales se produce en dos mil doce, y ello tras la aprobación de la reforma constitucional llevada al efecto y la consiguiente aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La obligación de cumplir con los marcos y objetivos de la Unión Europea, consistentes en reducir los déficits públicos excesivos y las elevadas cargas de deuda pública, llevaron a la promulgación de esta norma, que incorporó dos nuevos conceptos existentes ya en la normativa europea, como son la sostenibilidad financiera y la regla de gasto, ambos de gran relevancia y evidente repercusión en el ámbito de la gestión presupuestaria.

Su posterior modificación, por la Ley Orgánica 9/2013, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, el principio de sostenibilidad financiera pasa a tener una doble vertiente: además de la sostenibilidad de la deuda estrictamente financiera, concebida como una limitación al crédito a largo plazo, comienza a tenerse en cuenta la sostenibilidad también de la deuda comercial, basada en el estricto cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.

En cuanto a la regla de gasto, implicaba, y... e implica, un límite al aumento del mismo, que toma como referencia la tasa de crecimiento del producto interior bruto, y que debe completarse con otra limitación existente, relacionada con el destino de los ingresos obtenidos por encima de los previstos, que no deben dirigirse a la financiación de nuevos gastos, sino a reducir el nivel de deuda.

La Ley Orgánica 2/2012 mencionada establece, además, una limitación al destino del superávit presupuestario, que ha resultado de especial relevancia y transcendencia, pues hasta este momento la utilización del superávit, expresado a través de la magnitud de remanente de tesorería para gastos generales, se venía produciendo conforme a lo previsto en la normativa de haciendas locales, esto es, para la habitual realización de modificaciones de créditos. A partir de entonces, la nueva normativa exige poner en relación el importe del remanente de tesorería para gastos generales con el del superávit en términos de contabilidad nacional, y destinar el menor de ambos a la... a la amortización de deuda.

Con posterioridad, por la ya citada Ley Orgánica 9/2013, se flexibilizaron las posibilidades de destino del superávit, previéndose una utilización alternativa para las entidades locales que cumpliesen, eso sí, los requisitos en materia de endeudamiento, de forma que, una vez solventadas las obligaciones pendientes de pago y amortizado un importe de deuda que permitiese cumplir el escenario de estabilidad presupuestaria, se daba pie a la posibilidad de realizar determinadas inversiones, eso sí, financieramente sostenibles.

En síntesis, la entrada en vigor de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera marcó una tendencia general de contención del gasto no financiero, como consecuencia de la aplicación de la regla de gasto y del resto de las medidas expuestas. Además, la realización de las inversiones se ha visto afectada por las limitaciones del... del endeudamiento, la necesidad de aprobar y ejecutar los presupuestos cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por los requisitos impuestos al destino del superávit presupuestario y por el consé... corsé -perdón- de las inversiones financieramente sostenibles.

Es decir, los objetivos planteados por la citada normativa en aquella coyuntura de crisis económica se cumplieron, sin perjuicio de que hoy exista una nueva situación de... de saneamiento... mejor dicho, sin perjuicio de que esta nueva situación de saneamiento de las entidades locales permita y aconseje, en la actualidad, revisar las restricciones entonces establecidas al uso de los remanentes, más aún habida cuenta del impacto que sobre... sobre las cuentas locales está generando la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el propio Real Decreto-ley/27/2020, de cuatro de agosto, de Medidas Financieras, de Carácter Extraordinario y Urgente, Aplicables a Entidades Locales, cuya convalidación es precisamente hoy objeto de debate en el Congreso de los Diputados, expresa, en su Preámbulo, que las entidades locales son desde el año dos mil doce el primer nivel de Administración pública que, gracias al esfuerzo de consolidación presupuestaria y a la positiva evoluación... evolución del ciclo económico, lograron presentar superávit en sus cuentas, señalando que, en aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, un gran número de corporaciones han conseguido una reducción considerable de su nivel de deuda pública y el saneamiento financiero. Es decir, los ayuntamientos dejaron de ser parte del problema del déficit público para ser parte de la solución. Y hoy, posiblemente, pueden ser parte de la solución de cara a la crisis que estamos viviendo. Una normativa que cumplió su objetivo y que, a mi juicio, debe ser modificada, sin perjuicio del contenido del decreto correspondiente o de la normativa correspondiente, que a mí no me corresponde valorar.

A continuación, procedo a referirme a los resultados del trabajo que se concentra en un total de 35 conclusiones, de las cuales resumiré sus aspectos más relevantes, siguiendo los grupos... los cuatro grupos de análisis: análisis agregado de los 1.688 ayuntamientos de la Comunidad, que son los que han rendido todas sus cuentas de la... desde el ejercicio dos mil diez al dos mil dieciséis, y que representan el 82 % de la población, así como las nueve diputaciones provinciales; análisis de las nueve diputaciones provinciales; análisis separado de las capitales de provincia; y, finalmente, análisis de los 14 ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia.

En cuanto al análisis agregado de los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad -primer apartado-, como consecuencia de la crisis económica, las medidas de control de déficit público y la entrada en vigor de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria, se produjo una disminución del gasto de las entidades locales en torno al 20 %, pasando de 3.072 millones de euros en dos mil diez a 2.490... 49 millones en dos mil diecisiete. También los ingresos disminuyeron, si bien en menor medida.

Especialmente acusada resulta la disminución de los gastos de inversión, alrededor o superior al 50 %, para todos los grupos y entidades en la etapa dos mil diez a dos mil doce, manteniéndose, con carácter general, la tendencia decreciente de dos mil doce a dos mil dieciséis. Los de personal también bajan, en torno al 4 %, y de forma más acentuada, 10 a 20 %, en la etapa dos mil diez a dos mil doce. En el total del período los saldos no financieros, diferencia entre los Capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos, pasan de -162 millones de euros a 280 millones de euros. La evolución de los saldos muestra déficit en dos mil diez y dos mil once, mientras que de dos mil doce a dos mil dieciséis se obtiene superávit, como consecuencia del aumento de los ingresos en todos los grupos de entidades y, en su caso, también como consecuencia, como es natural, de la reducción del gasto.

En todo el período, los remanentes de tesorería para gastos generales pasan de 213 millones a 929 millones de euros. Así, aumentan sustantivamente, un 152 %, en la etapa dos mil diez-dos mil doce, siendo destacable el saneamiento en los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. A partir de dos mil trece, son positivos en todos los grupos de entidades, manteniéndose un incremento del 74 %.

El endeudamiento por operaciones de crédito pasa, en todo el período, de 1.207 millones de euros a 1.046 millones. Experimenta un importante aumento, 42 %, en la etapa dos mil diez-dos mil doce, siendo especialmente destacado, alrededor del 75 %, en las capitales y en los municipios mayores de 20.000 habitantes. Por el contrario, de dos mil diez... perdón, de dos mil doce a dos mil dieciséis, el endeudamiento se reduce en todos los grupos de entidades locales, siendo la disminución total de un 39 %.

En cuanto al análisis de las diputaciones provinciales, en todo el período, el gasto no financiero pasa de 774 a 672 millones de euros. Las medidas de control tuvieron gran incidencia en la etapa dos mil diez-dos mil doce, ya que produjeron una disminución del 24 %. En todas las diputaciones bajaron los gastos de personal, entre un 8 y un 17 %, así como los de inversión, que se redujeron más de un 50 % en la mayoría. A partir de dos mil doce, los gastos de personal experimentaron un repunte, si bien, con carácter general, en dos mil diecisiete se sitúan por debajo de las cifras de dos mil diez.

Con respecto a la inversión, continúa disminuyendo de forma muy ostensible en diputaciones como las de Valladolid, con un 65 %, donde aumenta, pero no recupera los niveles de dos mil diez. Los remanentes de tesorería para gastos generales pasan en todo el período de 156 a 324 millones de euros. Todas las diputaciones mejoran su cifra en la etapa dos mil diez-dos mil doce, con excepción de Segovia, Palencia y Zamora. De dos mil doce a dos mil dieciséis solo lo aumentan las de León, Burgos, Zamora y Soria. En todo caso, en ambas etapas los remanentes de todas resultan positivos. En dos mil dieciséis destaca la cifra de la Diputación de León, cercana a 150 millones de euros. En el caso de los fondos líquidos, en el conjunto del período, se pasa de 256 a 412 millones.

La realización de inversiones con cargo al superávit presupuestario, con los requisitos de las inversiones financieramente sostenibles, ha sido, con carácter general, muy baja, un 8 % de los remanentes entre dos mil catorce y dos mil diecisiete. La Diputación de Soria no realizó actividad inversora ninguna de esta forma. Y las de Salamanca y León no lo han hecho en tres de los cuatro ejercicios. Tan solo la de Segovia ha mantenido un elevado porcentaje de estas inversiones en todos los ejercicios.

En el conjunto del período, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 444 a 239 millones de euros. En la etapa dos mil diez-dos mil doce aumentó en todas, a excepción de Segovia, Ávila y Palencia. Destaca el aumento en las de Valladolid, superior al 100 %, y en las de Zamora y Burgos. En estos aumentos no tuvo incidencia el Real Decreto-ley 4/2012, pues ninguna diputación se adhirió a este mecanismo especial de financiación para el pago a proveedores. En la etapa dos mil doce-dieciséis, el endeudamiento disminuyó de forma relevante en todas las diputaciones, destacando Salamanca, Soria, Zamora, Valladolid y León. Valladolid invierte su tendencia con respecto a la etapa anterior.

En consonancia con la disminución del endeudamiento en la etapa dos mil doce-dieciséis, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas las diputaciones, destacando la de Soria, que en dos mil dieciséis no tiene ninguna amortización pendiente. En dos mil dieciséis todas las diputaciones se sitúan por debajo del 50 %. Esto es un porcentaje muy inferior al 75 % legalmente establecido, a efectos de la necesidad de autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo para inversiones.

A partir de la Ley 2/2012, todas las diputaciones cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación, con excepción de Burgos en dos mil diecisiete.

Con respecto a la regla de gasto, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora cumplen en todos los ejercicios; el resto incumplen en uno o más. No consta la aprobación de ningún plan económico-financiero por parte de las diputaciones. En todos los períodos... en todas, los períodos medios de pago se sitúan por debajo de los treinta días en diciembre de los ejercicios dos mil catorce a dos mil diecisiete.

En cuanto al análisis de las capitales de provincia, al que me voy a referir a continuación, en todo el período el gasto no financiero pasa de 1.013 a 904 millones de euros. En el tramo dos mil diez-dos mil doce disminuyó en todas, a excepción de León; en todas disminuyeron los gastos de personal, entre un 5 y un 17 %; así como los de inversión, en porcentajes alrededores... alrededor o superiores al 50 %. A partir de dos mil doce, con carácter general, si bien tanto los gastos de personal como la inversión aumentan, no se recuperan los niveles del ejercicio dos mil diez.

Los remanentes de tesorería para gastos generales de las capitales pasan en todo el período de -63 millones de euros a 156 millones. Todas mejoran su cifra en la etapa dos mil diez-dos mil doce, con excepción de Valladolid y Burgos. Los Ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora pasan de cifras negativas a positivas. De dos mil doce a dos mil dieciséis, todas incrementan su remanente, menos León y Soria, y en dos mil dieciséis en todas tienen carácter positivo. Destacan las cifras de Burgos, más de 55 millones, y Valladolid, más de 41 millones. En el caso de los fondos líquidos, entre el conjunto del período, se pasa de 162 millones de euros a 192 millones.

El porcentaje de inversiones con cargo al superávit presupuestario es muy bajo, del 2 % del remanente en dos mil catorce al 11 % en dos mil diecisiete. Ávila, León y Soria no realizan inversiones de esta forma en ningún ejercicio. El Ayuntamiento de Palencia tan solo en un año, menos del 1 %.

En el conjunto del período, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 739 a 680 millones de euros. Aumentó en el tramo dos mil diez-dos mil doce en todas, a excepción de Segovia y de Valladolid. El aumento en el que destacan Zamora y León tuvo que ver con la adhesión al mecanismo de financiación del real decreto mencionado. Segovia y Valladolid no se adhirieron a esta medida especial de pago a proveedores. Su efecto tuvo una particular incidencia en las capitales donde el remanente en la etapa dos mil diez-dos mil doce pasó de negativo a positivo o en otras donde experimentó un aumento considerable, o se atenuó de forma relevante su carácter negativo.

En la etapa dos mil doce-dos mil dieciséis, la deuda se reduce en todas las capitales, destacando Zamora, Valladolid y Salamanca. En consonancia, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas, destacando Zamora, donde en dos mil dieciséis se sitúa en el 9 %. En este ejercicio, todas se sitúan por debajo del 75 %, con excepción de León y de Soria.

Tan solo tres capitales han incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación en el período dos mil trece a dos mil diecisiete: Burgos, en dos mil dieciséis; León, en dos mil catorce; y Salamanca, en dos mil quince. El resto lo cumplió, el objetivo de estabilidad presupuestaria, en todos los ejercicios.

En relación a la regla de gasto, Ávila, Palencia, Segovia y Soria cumplieron en todos los ejercicios; los ayuntamientos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid han aprobado planes económico-financieros por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Tan solo en el Ayuntamiento de Burgos, en dos mil quince y dos mil dieciséis, el período medio de pago en el mes de diciembre ha superado el plazo de treinta días; el resto se ha situado por debajo de todos los ejercicios.

Finalizo con el análisis, muy brevemente, de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia. En el período analizado, el gasto no financiero, en el conjunto de los catorce ayuntamientos, pasa de 308 a 237 millones de euros. En el conjunto del período, los remanentes de tesorería para gastos generales pasan de -55 millones de euros a 53 millones, de tal forma que en dos mil dieciséis todos tienen remanente positivo. En el caso de los fondos líquidos, en el conjunto del período, se pasa de 57 a 68 millones de euros. El porcentaje de inversiones realizadas con cargo al superávit presupuestario es muy bajo, pasando del 12 % del remanente en dos mil catorce al 2 % en dos mil diecisiete.

En el conjunto del período, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 124 a 150 millones de euros. En la etapa dos mil doce-dos mil dieciséis, la deuda baja en todos los ayuntamientos. En dos mil dieciséis, todos, menos dos, se sitúan por debajo del 75 %.

De los catorce ayuntamientos, cinco incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación de algún período... de algún ejercicio en el período dos mil trece a dos mil diecisiete. En relación a la regla de gasto, tres ayuntamientos cumplen en todos los ejercicios, el resto ha cumplido en alguno de ellos. Seis de los catorce ayuntamientos aprobaron planes económico-financieros por incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En cuatro ayuntamientos, el período medio de pago en el mes de diciembre de algunos ejercicios ha superado el plazo de treinta días en el ámbito de los años dos mil catorce a dos mil diecisiete.

Por último, en consonancia con los resultados de la fiscalización realizada y de las conclusiones expuestas brevemente, el Consejo de Cuentas formuló tres recomendaciones, que, como advertí al principio de mi intervención, deben ser contextualizadas en el momento de la aprobación del informe, situación actualmente alterada como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

En todo caso, en ellas se anticipaba un debate ya en aquel momento, de absoluta vigencia, como es la utilización de los remanentes, de tal forma que las entidades locales eviten la existencia de capitales líquidos inmovilizados por encima de las necesidades de tesorería. Es decir, el informe como principal conclusión ya advertía de la necesidad de la utilización de los remanentes, junto a otras recomendaciones como vigilar el endeudamiento financiero o otras relacionadas con la disminución de inversiones de capital que, obviamente, podían en aquel momento, y en este, lastrar la creación de empleo.

Seguidamente voy a dar cuenta de los aspectos fundamentales del Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho. Como ustedes conocen, un informe de mandato legal y que corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil diecinueve.

Su aprobación se produjo en un Pleno que tuvo lugar el pasado quince de julio en la Diputación de Burgos, siguiendo la práctica de llevar la celebración de esta sesión cada año a una provincia con el propósito de reforzar la colaboración con las entidades locales e impulsar la rendición de cuentas; es decir, llevar a cabo acciones divulgativas que fomenten la rendición de cuentas.

En este caso, también se tuvo en cuenta la especial importancia que en la provincia burgalesa tienen las entidades locales menores -es la que tiene un mayor número tras la provincia de León-, y que además dispone de un servicio de asistencia para la formación y remisión de la cuenta general, a través de un convenio con la institución provincial, que consideramos que bien podría ser un modelo extrapolable a otras provincias.

Los resultados del trabajo se recogen en un total de 37 conclusiones, de las cuales comenzaré por las concernientes a las principales magnitudes presupuestarias y económicas, en tanto que ofrecen continuidad al análisis referido en el anterior informe y que, como comprobarán, consolidan aún más las tendencias descritas.

Los municipios gestionan en el año mencionado en torno al 74 % del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales, el 74 %. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 22 % del total. Es decir, casi el 100 % entre ambas, solo queda un margen de un 4 %, en este caso, a las entidades locales menores y otro tipo de entidades.

En conjunto, en dos mil dieciocho las entidades locales de la Comunidad reconocieron obligaciones, gastos, por un importe de 2.650 millones de euros, y derechos por 2.820 millones, de los que resulta un resultado presupuestario de 169 millones de euros. El 70 % de las entidades que rindieron la cuenta de este último ejercicio liquidó su presupuesto con un resultado positivo.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en el 99 % de las entidades locales resultó positivo y mantiene su tendencia creciente, alcanzando el importe total de 1.105 millones de euros. Entre ellas, todas las diputaciones y todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes han tenido remanente de carácter positivo. Asimismo, los fondos líquidos de tesorería siguen aumentando hasta alcanzar 1.238 millones de euros.

En relación al pasivo financiero, en dos mil dieciocho descendió un 11 %. El importe de la deuda viva de las entidades locales, que sumaba 872... el importe de la deuda viva sumaba 872 millones de euros al cierre del ejercicio; de dicho importe, corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63 % y a las diputaciones, el 15 %.

En cuanto al análisis del cumplimiento de la rendición de cuentas, manifestar un año más que, además de una obligación legal, constituye un deber democrático al contribuir a una mejor gestión pública y a un uso transparente y responsable de los fondos públicos. Representa, además, una condición básica y necesaria para que las instituciones fiscalizadoras puedan desempeñar efectivamente la función de control que tenemos atribuida y también, ¿por qué no decirlo?, el propio control interno, el control externo que llevamos a cuenta... a cabo nosotros y el control parlamentario que pueden llevar a cabo sus señorías.

El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales, suma de 2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 consejo comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociativas, y 2.219 entidades locales menores y 187, finalmente, entes dependientes. A treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, fecha de cierre a efectos del informe, que no es la fecha legal de rendición de cuentas, como saben, habían rendido la cuenta general del ejercicio dos mil dieciocho un total de 3.343 entidades, que representan el 70 % del sector público local de la Comunidad, lo que supone una bajada de casi 7 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.

Del análisis por provincias, excluyendo las entidades locales menores debido a que su importancia cuantitativa solo afecta a León, Burgos y Palencia, se desprende que Salamanca y Valladolid son las que presentan los niveles de cumplimiento más elevados, con resultados por encima del 83 %; por el contrario, las provincias con menor rendición, un año más, son las de Segovia y Zamora, en torno al 65 %.

En cuanto a los ayuntamientos, rindió la cuenta de dos mil dieciocho el 77,1 %, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos respecto al 79,6 % registrado el ejercicio anterior. Por provincias se reducen los niveles de reducción... rendición en plazo en todas las provincias, con la única excepción de Soria.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por Comunidades Autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional, 75 % -es decir, aquí estamos en el 77,1 %-, pero, eso sí, cada vez más alejado de los mejores resultados: cinco Comunidades se sitúan entre el 89 y el 99 %. Como hoy ya he reiterado en esta Comisión, el origen de estas diferencias se encuentran... se encuentra en la adopción por parte de esta última de medidas que fundamentalmente vinculan la concesión por pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o, en su caso, también disponen de multas coercitivas efectivas.

En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el período dos mil trece a dos mil dieciocho, hay 267 ayuntamientos, el 12 % del total, que tienen pendiente de rendición la cuenta de varios ejercicios y, entre ellos, 28 que no han rendido ninguno. De estos últimos, 3 ayuntamientos tienen entre 500 y 1.000 habitantes -es decir, no hay ninguna justificación que por las características de estos ayuntamientos adolezcan de medios para poder presentar la cuenta-, y los 25 restantes son menores de 500 habitantes. Reitero que el Consejo de Cuentas de Castilla y León en este caso adolece de cualquier instrumento que pueda estimular o sancionar la no rendición de cuentas.

En cuanto a las entidades locales menores, debe recordarse en este ámbito que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció como causa de disolución de las dichas entidades locales la falta de rendición de sus cuentas, lo que provocó que pasase de índices del 2 % de rendición al 94 % en la cuenta de dos mil trece; reitero, ello como consecuencia de la advertencia legal de la posible desaparición de las entidades locales menores. Sin embargo, al no llevarse a efecto la previsión de la ley, se produce un retroceso en toda España, ¿eh?, porque nuestros niveles de... de rendición de cuentas de las entidades locales menores son similares a... al de las entidades locales del resto de España, se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65 % para la cuenta de dos mil dieciocho, con una caída de 11 puntos respecto al año anterior.

El tercer aspecto que abordaré en este apartado de conclusiones es el relativo al análisis de la calidad de las cuentas rendidas. Entre las noventa y ocho... ochenta y ocho... 988 cuentas del ejercicio dos mil dieciocho que han sido objeto de revisión, inicialmente, tan solo 243 se presentaron completas y sin incidencias; y las 745 restantes contenían incidencias de diversa índole, que fueron comunicadas a las entidades locales para su subsanación. Tras este proceso, el total de cuentas sin incidencias pasa... pasó a ser de 289, esto es, el 29 % de las revisadas.

En cuanto a la naturaleza de las incidencias, un 53 % son de carácter formal y están relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario contable. Y el resto, definidas como sustanciales, tienen que ver con la coherencia de la información e integridad de la misma.

Otro de los aspectos a destacar, y que al mismo tiempo afectan a la rendición de las cuentas, es el relativo al cumplimiento del ciclo presupuestario y contable. Un año más, la mayoría de las entidades locales incurren en un incumplimiento de los plazos de aprobación del presupuesto, concretamente el 65 %, lo que implica que la gran mayoría de las entidades comienzan el ejercicio con el presupuesto anterior prorrogado. Incumplimiento que también se produce en cuanto a la aprobación de la liquidación del presupuesto, ya que el 22 % lo... lo realizaron con posterioridad al plazo establecido. En cuanto a la tramitación de la cuenta general, entre el 80 y el 86 % de las entidades que la presentaron la formaron y aprobaron en plazo.

En relación a los resultados del ejercicio anterior, en dos mil dieciocho disminuye el índice de cumplimiento del plazo en la fase de aprobación del presupuesto en 2,6 puntos porcentuales, pero mejora tanto en la fase de liquidación como en el de la aprobación de la cuenta.

Y para concluir, me referiré sucintamente a la contratación administrativa, pues, como sus señorías conocen, las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Al cierre de dos mil diecinueve, un total de 1.947 entidades del sector público local, el 41 % del total, habían remitido la información contractual, habiéndose producido un descenso muy importante con relación al ejercicio anterior, de 34 puntos. El incumplimiento afecta mayoritariamente a las entidades locales de menor tamaño, fundamentalmente a las juntas vecinales. La información comunicada refleja la formalización, en dos mil dieciocho, de 20.043 contratos en la Comunidad, el 95 por ellos... el 95 % de ellos contratos menores, con un importe de adjudicación de 195 millones de euros. Atendiendo al objeto del contrato, los de mayor peso son los contratos de obras y los de servicios.

Finalizo ya mi intervención. Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantiene su... mantiene su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuenta y los órganos de control externo autonómicos el día veintiuno de junio de dos mil diecisiete: la "Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales" y la "Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público".

En tal sentido, el Consejo de Cuentas vuelve a proponer la necesidad de impulsar, además de la modificación legal mencionada, otras para favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas.

Por una parte, en lo referido... en lo referido a esta materia, mediante el establecimiento de las cuantías para la aplicación de multas coercitivas como mecanismo para hacer valer el deber de colaboración de las entidades fiscalizadas. Ya saben que están contempladas las multas coercitivas en la actual ley reguladora, como consecuencia de su modificación por la Ley 4/2013, de instituciones propias, que remite su desarrollo a la ley de acompañamiento de los Presupuestos, pero que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo.

Y por otra, que se lleve a cabo la reforma normativa para condicionar la percepción de subvenciones o... o transferencias a la efectiva rendición de cuentas; medida que es la que se está demostrando como más eficaz por el conjunto de los órganos de control externo. Al mismo tiempo, se pretende acortar los plazos para el cumplimiento de esta obligación legal, con el propósito de dotar a los informes de una mayor actualización posible. Es decir, hoy, por los medios tele... telemáticos que se disponen, se debe o se debería presentar la... la cuenta en un plazo lo más oportuno posible, es decir, lo más cercano a la gestión objeto de fiscalización pendiente.

Estas propuestas, como saben, estaban incluidas en el plan estratégico también del Consejo de Cuentas, donde se establecieron los objetivos de mandato y que establecía otras propuestas de reforma, que sus señorías conocen, como reforzar la independencia y garantizar la autonomía funcional del Consejo de Cuentas, proponer la mejora de la gestión de nuestros recursos humanos y, bueno, una serie de... de medidas que... que les haría llegar personalmente y que creo que convertirían el Consejo de Cuentas en una institución mucho más moderna, y que garantizaría aún mucho más el principio de transparencia. Por mi parte, nada más. Y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo, según lo acordado, de quince minutos, para que se lo repartan en modo y forma que estimen oportuno, en primer lugar, la procuradora doña Alba Bermejo Santos.


LA SEÑORA BERMEJO SANTOS:

Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias también al señor Amilivia. Y buenos días a todos, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor Amilivia el trabajo de fiscalización de las cuentas del sector público local de Castilla y León del dos mil dieciocho que acaba de exponer. Una labor que, como siempre, reconoce mi grupo parlamentario, y va encaminado hacia el cumplimiento del principio de transparencia y publicidad que, desde el organismo al que representa, nos ha mostrado hoy aquí. El objetivo de esta labor de fiscalización ha sido comprobar el cumplimiento, por parte de las entidades locales, de la obligación de rendimiento de la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a la forma y contenido, así como a la coherencia interna.

Me gustaría hacer mención de los parámetros concluyentes del estudio que ha expuesto. En primer lugar, con respecto a la rendición de cuentas, vemos una leve disminución de este cumplimiento en el año dos mil dieciocho con respecto al ejercicio anterior; a pesar de lo cual, el cumplimiento ronda el 77 %. Quería destacar como punto muy favorable hacia nuestra Comunidad Autónoma que Castilla y León, los ayuntamientos que conforman la misma, cumplen en unos niveles notablemente superiores a los de otras Comunidades. Unos datos que responden muy posiblemente a que la concesión de subvenciones va ligada al cumplimiento de las obligaciones de rendimiento de cuentas.

Con referencia a las entidades locales menores, vemos otro dato muy favorable, y es que tenemos unos índices de cumplimiento que van del 2,4 % en dos mil diecinueve a un cumplimiento del 94,4 en dos mil trece, hecho que, tras lo manifiesto en... en el Consejo de Cuentas en este informe, se estima que está relacionado directamente con la ley de racionalización y sostenibilidad.

Por otro lado, cabe hacer mención de ciertas magnitudes correspondientes al total de cuentas rendidas en el año dos mil dieciocho, como son que los ingresos de las entidades locales han sido superiores a los gastos, generándose así un superávit global de cerca de 20 millones de euros. En conjunto, y para que nos hagamos una idea del resultado positivo de las cifras, el resultado agregado correspondiente a las entidades locales de la Comunidad fue de 169 millones de euros. Y en cuanto al remanente de tesorería, en términos prácticamente absolutos, resultó positivo. Es decir, el 99 % de las entidades locales, en el período dos mil quince a dos mil dieciocho, manifestó unos datos de remanente creciente de alrededor de un 40 % de crecimiento global, así como un incremento de los fondos líquidos de tesorería. Estos datos, sumados al descenso del pasivo financiero en dos mil dieciocho, nos muestran un escenario que esperamos que se mantenga y, sobre todo, que se mejore.

Un escenario que, como hemos podido observar en este último mes, ha sido aprovechado por el Partido Socialista para aprobar un real decreto-ley en cuya aprobación no solo no ha contado con el apoyo de sus socios de Gobierno, sino que contiene los aspectos más lesivos del acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, y que, por si eso no fuera suficiente, vulnera los artículos que recogen los principios de autonomía y suficiencia financiera recogidos en la Constitución. Por todo ello, esperamos, y deseamos, que se dejen de incoherencias y que no pretendan que los ayuntamientos se conviertan en los bancos de su propio Gobierno.

Para concluir, adherimos a las recomendaciones propuestas para el Consejo de Cuentas consistentes en las medidas contenidas en dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo y autonómicos; medidas que pretenden estimular la rendición de cuentas de las entidades locales y que han sido implantadas en diferentes Comunidades Autónomas, dando resultados muy favorables.

Nos gustaría destacar alguna de ellas, resumidas en siete puntos. Primero: promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Segundo: reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las... de las intervenciones locales. Tercero: fortalecer la asistencia y el asesoramiento de los municipios, especialmente los de menos de 1.000 habitantes; es decir, en las diputaciones provinciales. Cuarto: revisar la regulación de las multas coercitivas. Quinto: llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias. Sexto: instar a los órganos competentes de las Administraciones estatales y autonómicas para que tengan conocimiento de la falta de rendición de cuentas generales. Y, por último, propiciar, desde las distintas Administraciones públicas y asociaciones representativas de entidades locales, acciones divulgativas orientadas a sensibilizar a las entidades locales en el cumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas.

Esperamos que con estas recomendaciones los resultados mejoren de cara al siguiente informe. Muchísimas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Tiene la palabra doña Blanca Delia Negrete para que continúe durante el resto del tiempo que le...


LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Gracias, presidente. Y gracias de nuevo al señor Amilivia. Buenos días a todos. Este informe que ha venido a presentar hoy aquí el señor Amilivia tiene como objetivo mostrarnos las consecuencias económico-financieras que ha tenido la ley de estabilidad presupuestaria en las entidades locales durante los períodos dos mil diez-dos mil diecisiete. Me gustaría al respecto hacer una breve mención a los parámetros más llamativos que analiza en el informe y que usted hoy nos ha expuesto en esta Comisión, haciendo en algunas ocasiones distinción entre diputaciones, capitales de provincia y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

En lo relativo al gasto no financiero, observamos que las medidas de control tuvieron gran incidencia, de forma que el mismo disminuyó en todas las diputaciones, capitales de provincia y ayuntamientos, sin prácticamente ninguna excepción. Fueron las medidas de control cuya aplicación generó que en el período dos mil diez-dos mil doce se impulsara esta disminución de gasto.

Por otro lado, y en relación a los remanentes de tesorería, en el caso de las diputaciones han mejorado en su cifra en las dos etapas de estudio, de dos mil diez al doce y también del doce al dieciséis, resultando muy positivos. Con respecto a los remanentes en las capitales, quiero destacar lo favorable de los resultados, puesto que ha pasado de 63 millones a 156. Hablamos de un incremento total en ambos períodos de 219 millones. Algo similar ha sucedido también con los remanentes en los ayuntamientos de más... de más de 10.000 habitantes, que también han aumentado de forma muy muy considerable. Estos datos han sido posibles por el escaso uso de los remanentes de tesorería, una tendencia decreciente generalizada que hemos observado tanto en diputaciones como en capitales y también en los municipios de más de 10.000 habitantes.

Por otro lado, y en relación con la realización de inversiones con cargo a superávit presupuestario, vemos que han sido escasas, llegando, como mucho, al 10 % en las capitales y al 1,7 en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Por el lado del endeudamiento por operaciones de crédito, aumenta, por regla general, entre los años dos mil diez-dos mil doce, tanto en diputaciones como en capitales, como en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, creyendo que este aumento de endeudamiento es por la adhesión de las entidades locales al Real Decreto 4/2012, bajando en el período ya de dos mil doce al dos mil dieciséis.

Por último, quiero mencionar los últimos parámetros analizados, que son el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Aquí vemos una diferenciación marcada entre entidades: por un lado, las diputaciones, que sí que han cumplido -salvo en alguna pequeña excepción- con el... con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto; y por otra parte, las capitales, que han incumplido en el período dos mil trece-dos mil diecisiete, aprobando planes económico-financieros algunos ayuntamientos de algunas capitales, como por ejemplo la de mi capital, Burgos, León, Salamanca y también Valladolid, con lo que esperamos que estos resultados mejoren en lo posterior; pasando algo muy similar en los ayuntamientos también de más de 10.000 habitantes, donde se han implantado también planes de este tipo.

Por todo ello, no puedo... como no puede ser de otra manera, nos adherimos a sus recomendaciones, que tras la observancia de resultados han dado el Consejo de Cuentas, esperando así que, evaluando las consecuencias de la disminución de las inversiones y estudiando las necesidades que son susceptibles de recibir mayor esfuerzo presupuestario, los resultados sean mejores en lo que hoy hemos... de lo que hoy hemos podido ver.

Antes de finalizar mi intervención, y puesto que hemos visto los resultados de los remanentes de tesorería de las entidades locales, creo que merece una especial mención la aprobación del Real Decreto-ley 17/2020, de Medidas Financieras, de Carácter Extraordinario y Urgente, Aplicables a las Entidades Locales, aprobado por el Partido Socialista en solitario el cuatro de agosto de este año, con el que ni siquiera ha contado con el apoyo de sus socios de coalición (Izquierda Unida-Podemos), quien se han abstenido. Un decreto que contiene los aspectos más lesivos del acuerdo de la FEMP, que incluso cambia las condiciones pactadas de los alcaldes socialistas con la FEMP. Este decreto-ley se aleja bastante de la propuesta de resolución aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de veintidós de julio, hasta el punto de que nos encontramos con la vulneración de dos artículos de la Constitución Española, el 137 y el 142, que, como ustedes saben, son el principio de autonomía que poseen los municipios, provincias y Comunidades Autónomas; así como el principio de suficiencia financiera, del cual se establece que las haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones, nutriéndose fundamentalmente de tributos propios y de participación en el Estado y las Comunidades Autónomas.

Con este ejercicio de ingeniería fiscal que han hecho los socialistas, los ayuntamientos y las diputaciones que decidan voluntariamente acogerse a este plan entregarán su superávit. En Castilla y León estamos hablando de la friolera cifra de 1.279 millones de euros. Podrán a cambio acceder a un fondo con hasta 5.000 millones de euros, para destinarlo a áreas donde el sector de la industria ni siquiera se menciona, y que en esta Comunidad tanta falta nos hace. Se trata de un absoluto engaño, una modificación de la ley que orbita sobre la captación de ahorros de los ayuntamientos sin un destino claro, porque no sabemos a dónde se van a destinar esos remanentes.

Y solo decirles que eran ustedes los que en el año dos mil trece opinaban de la Ley 27/2013, la de la Racionalización y Sostenibilidad de la... de la Administración Local, la... la conocida como "ley Montoro", que buscaba fundamentalmente tres puntos: eliminar duplicidades en materia de competencias con las Administraciones; poner un tope máximo a cuánto podían subir los sueldos los dirigentes locales; y limitar las contrataciones y garantizar un control financiero-presupuestario más riguroso. Y que hoy, nutriendo la... nutriéndose de la incoherencia de la que hacen gala constantemente, aprueban un decreto-ley que vulnera, como antes he dicho, derechos constitucionales. Entonces opinaban que se tenía una visión exclusivamente economicista de las funciones de las entidades locales, en vez de situar la atención a los ciudadanos y la calidad de prestación de los servicios en el centro de la reforma, y pedían la derogación de la ley y reforzar la autonomía local, que garantizase un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas en las entidades locales. Hoy parece que ya no piensan igual.

Sin embargo, hay un gran malestar entre los alcaldes, incluidos algunos alcaldes socialistas, que no quieren acogerse al real decreto. Tanto es así que muchos Plenos municipales y provinciales han aprobado mociones para mantener la independencia de las cuentas de estas Administraciones con el apoyo unánime de todos los partidos políticos, incluidos los del Partido Socialista. Sus argumentos son claros: que el Estado quiere reducir su déficit con el dinero de los ayuntamientos, y sin afrontar las grandes reformas que están pendientes, como, por ejemplo, las pensiones.

Lo que a nosotros nos parece es que no se puede pretender que los ayuntamientos hagan de banco para el propio Gobierno, cuando en ningún artículo ni disposición del real decreto se expone a dónde van a ir destinados los fondos de los ayuntamientos. Nosotros, Ciudadanos, consideramos que nuestra economía actualmente necesita una verdadera política expansiva, basada en la inversión condicionada, evitando destinar partidas al gasto corriente. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Popular, durante quince minutos tiene la palabra don Salvador Cruz.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Mis primeras palabras, para dar la bienvenida al presidente del Consejo de Cuentas y al consejero responsable del sector público local, el señor Emilio Melero, darle la bienvenida. Y agradecer también el esfuerzo realizado por el Consejo de Cuentas, que ha puesto de manifiesto el presidente en su comparecencia de hoy, para regularizar la situación que manteníamos de no... de no comparecencia aquí, en el seno de la Comisión, y regularizar para que a día de hoy, como ha puesto de manifiesto, solo queden 5 informes de presentar, algunos recientemente aprobados -en el día de ayer se aprobó el último informe, relativo también al ámbito local, de la gestión del Ayuntamiento de Valladolid en el ejercicio dos mil dieciséis-, y creo que es de justicia agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Consejo de Cuentas, de los técnicos, en comparecer en esta Comisión, también de los miembros de esta Comisión, para regularizar esa situación de retraso que se había acumulado y que nos permite ya afrontar con normalidad y en tiempo y forma la presentación de los informes de fiscalización de los planes anuales de fiscalizaciones aprobados.

Dicho esto, analizamos en primer lugar el informe relativo a la rendición de cuentas del sector público local, en el que creo que hay que poner de manifiesto una cierta preocupación -una cierta preocupación que creo que el presidente también ha hecho referencia a ello-, en cuanto a una menor formalización y presentación de la rendición de cuentas en el ámbito del sector público local. Es verdad que una rebaja no muy sustancial en su conjunto, un 70 %, pero que sí es sustancial especialmente en el ámbito de las entidades locales menores, donde se ha producido una rebaja sustancial de 11 puntos respecto al último ejercicio, donde había una evolución muy positiva; había... hay que recordar que en el año dos mil nueve solo un 2,4 % de las entidades locales menores rendían la cuenta, pasamos a un máximo en el año dos mil trece con un 94,4 %, fruto de la ley de estabilidad y racionalidad del ámbito local, y esa evolución desde ese momento ha ido a la baja y nos situamos en el año dos mil dieciocho con un 65,1 %.

Y aquí es donde entran las recomendaciones -que ha hecho referencia el presidente- respecto a la implantación de medidas de estimulación de la rendición de la cuenta, en el que, efectivamente, en la modificación de la ley de dos mil trece en estas Cortes se planteó la posibilidad de establecer medidas coercitivas, que deberían de desarrollarse en el ámbito de la ley de medidas de acompañamiento en los Presupuestos, que en ningún caso se han tenido en cuenta. Ahí nuestro grupo parlamentario siempre ha tenido una posición favorable a esas medidas coercitivas, no tanto a la minoración de las subvenciones, porque entendemos que no podemos perjudicar al conjunto de la ciudadanía por la no rendición por parte de los ayuntamientos de la cuenta general, donde la responsabilidad está en el ámbito de la corporación y en el ámbito también de los máximos responsables en el ámbito de la cuenta, como pueden ser los interventores en las entidades de menor tamaño. Pero, bueno, yo creo que ha llegado el momento de analizar medidas para estimular esa rendición y, desde luego, estamos abiertos a un debate sosegado para que en Castilla y León, estando como estamos -y es verdad-, por encima de la media, podamos situarnos en los ámbitos más elevados de rendición, como hay algunas Comunidades que ya están en torno al 86 %, que sí han implantado medidas de estas características.

Y también hacer una reflexión sobre lo que creo que es más preocupante todavía, que es la falta de remisión de la contratación administrativa o de la certificación negativa que establece la normativa, donde esa rendición ha supuesto una minoración respecto al ejercicio anterior de 34 puntos, pasando de un 75 % a un 41 %. Y digo esto porque en un momento en el que la transparencia está siendo el eje de... de la Administración pública para potenciarla y desarrollarla, llama poderosamente la atención una rendición o una... una bajada de la remisión de la contratación por parte de los ayuntamientos, donde el volumen de contratación además en los últimos ejercicios ha crecido sustancialmente.

Respecto a las medidas de control del informe de la ley de racionaliza... de la Ley Orgánica 2/2012, en primer lugar, poner una reflexión que creo que pone de manifiesto el informe del Consejo de Cuentas, que es que esa ley ha cumplido sus objetivos. Y hoy tenemos un debate en el que se ha hecho referencia en la mañana de hoy, en esta Comisión, y en el que se pretende la convalidación de un decreto-ley, el Decreto-ley 27/2020, en el que se plantea por primera vez una ruptura del consenso básico establecido en el órgano de representación del conjunto de las corporaciones locales, la Federación Española de Municipios y Provincias, fruto del éxito de esta ley. Si hoy los ayuntamientos tienen 14.000 millones de euros depositados en las entidades financieras, si se ha producido una minoración del gasto, se ha producido una evolución positiva de remanentes de tesorería generales en un 99 % de los casos de superávit, pasando de déficit... además, yo creo... de todas las Administraciones locales, a un superávit de la mayoría de las... es fruto de la aplicación de esta ley.

Y es verdad, y creo que el presidente ha hecho referencia a ello, que hay un elemento fundamental; es verdad que la ley ha cumplido sus objetivos, pero a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Y, desde luego, el Decreto 27/2020 no plantea una solución para el conjunto de los ayuntamientos, tan es así que en el análisis que el propio informe establece en la evolución de los años dos mil diez al dos mil diecisiete hay un 22 % de las corporaciones, de las entidades locales en la Comunidad, que no tienen superávit y, por lo tanto, no podrían acogerse en ningún caso a las medidas contempladas en el Decreto 27/2020.

Por lo tanto, la solución pasa además por lo que se ha puesto de manifiesto en las últimas dos sesiones plenarias en el debate parlamentario en estas Cortes: volver al consenso que se había establecido en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, modificar la Ley 2/2012, para permitir flexibilizar la regla de gasto no solo en el dos mil veinte, sino también en el dos mil veintiuno, y que las medidas para incrementar el gasto y hacer frente a las medidas de lucha contra la pandemia del COVID-19 puedan vincularse al conjunto de los ayuntamientos, y que estos además no tengan que hacer cesión alguna al Gobierno de España, porque -como bien se ha apuntado aquí- lo único que pretende el Gobierno de España, al plantear las medidas recogidas en el Decreto 27/2020, es maquillar el incremento de déficit público, ni más ni menos. Porque todos sabemos que los fondos europeos van a llegar en el año dos mil veintiuno, el déficit público de este ejercicio se va a situar en un escenario muy parecido al que motivó la implantación de la Ley de... 2/2012, en el que el déficit público estaba en los 110.000 millones de euros, este año estaremos en torno a los 130.000, y lo que pretende el Gobierno es maquillar ese déficit público con los ahorros de los ayuntamientos.

La solución pasa, y el presidente creo que acertadamente lo ha apuntado, en modificar la ley de racionalidad y sostenibilidad financiera, la Ley 2/2012, para... para aplicar a una situación excepcional, una solución excepcional. La ley cumplió el objetivo, y si hoy estamos hablando de poder utilizar esos fondos es porque se controló el gasto, se incrementaron los ingresos -y hay que recordarlo- con medidas importantes, aunque hubo una minoración por la crisis, los ayuntamientos mejoraron su capacidad de recaudación, especialmente, por la aplicación del incremento del impuesto de bienes inmuebles en el conjunto de las corporaciones locales, que es el mecanismo más importante que tienen los ayuntamientos para mejorar sus ingresos, y ha habido una evolución muy positiva en cuanto a la evolución del endeudamiento, que se ha producido una rebaja sustancial del orden del 39 % en el conjunto de las corporaciones y de las entidades locales de nuestra Comunidad.

Por lo tanto, hay que aplicar una solución excepcional, que no pasa por la convalidación del decreto-ley. Y creo que el hecho de que el Partido Socialista se haya quedado solo lo pone de manifiesto el hecho de que en la mañana de hoy seguramente ese decreto-ley no será convalidado y es el momento de plantear la modificación de la ley, volver al consenso en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias y aplicar las medidas consensuadas por todas las fuerzas políticas para dar una solución lineal al conjunto de los ayuntamientos, que les permita afrontar los gastos derivados de la pandemia al conjunto de las corporaciones locales y entidades locales, con independencia de que en este ejercicio, con seguridad, habrá un mayor número de entidades que van a tener déficit y no superávit.

Creo que eso es fundamental porque, además, los ayuntamientos han tenido un comportamiento ejemplar en la lucha contra la pandemia, lo hemos puesto de manifiesto desde nuestro grupo parlamentario, con independencia de quiénes sean los alcaldes que están al frente; y especialmente los ayuntamientos más pequeños de esta Comunidad, aquellos de menos de 1.000 habitantes que, con escasos recursos, han tenido que recurrir a la imaginación y al esfuerzo del conjunto de la corporación para ayudar a sus vecinos en la lucha contra esta pandemia.

Por tanto, espero que ese decreto-ley no se convalide en el día de hoy, volvamos al consenso que se había alcanzado en el seno de la FEMP y podamos articular medidas que favorezcan al conjunto de los ayuntamientos, y que pasan por modificar la ley de sostenibilidad y racionalidad financiera, básicamente porque en una situación excepcional hay que aplicar medidas excepcionales, y no podemos castigar a aquellos que han sido los que han cumplido. Y ese cumplimiento lo pone de manifiesto el informe presentado en la mañana de hoy por el Consejo de Cuentas.

Asumimos las recomendaciones que plantea el Consejo de Cuentas con un criterio creo que muy importante, que es en el ámbito, ya como resumen, de establecer de futuro medidas que puedan estimular a la rendición de la cuenta y establecer modificaciones legislativas que favorezcan al conjunto de los ayuntamientos que, como digo, han tenido un comportamiento ejemplar durante este año dos mil veinte en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Nada más. Y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Para concluir este primer turno de intervenciones, y por un tiempo también máximo de quince minutos, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador don Luis Briones Martínez.


EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Buenos días. Gracias, señor presidente. Y en primer lugar, agradecer la presencia del presidente del Consejo de Cuentas, también de los consejeros, en este caso el señor... el señor Melero, y todo el equipo que le acompaña para la presentación de dos informes que son muy importantes, sobre todo uno muy novedoso, que es el de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la ley de estabilidad presupuestaria, y uno ya habitual, que anualmente se va presentando precisamente en este... en este Parlamento.

Empezaré, al revés de lo que ha empezado el presidente, con relación fundamentalmente al informe de fiscalización sobre las cuentas del sector público de Castilla y León. Al igual que en ejercicios anteriores, la limitación más significativa que afecta a la realización del presente trabajo de fiscalización tiene su origen en los incumplimientos, una vez más, registrados en la rendición de cuentas. En concreto, de las 4.750 entidades locales comprendidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización, 1.407 no habían rendido cuentas, es decir, en el año dos mil diecisiete fueron 1.084, casi un 5 %, siete puntos menos a fecha de cierre. Los análisis realizados... hemos pasado, por tanto, fíjense ustedes, de un 22,8 a un 29,7 de incumplimiento, siete puntos menos.

Los datos, si no son del todo alarmantes, sí son muy pero que muy preocupantes. Y hay que empezar a tomar medidas. Y aquí no... podemos hablar del Gobierno de España y podemos hablar de muchas cosas, pero las medidas se tienen que tomar en esta Comunidad Autónoma, y el Gobierno tiene mucho que decir. Así, fíjense ustedes, del total de entidades con la siguiente distribución: 514 ayuntamientos, es decir, 457... perdón, 458 en dos mil diecisiete, 16... 116 mancomunidades, por 104 en dos mil diecisiete, una diputación y otras entidades asociativas, y 700... 735 entidades locales menores no habían presentado cuentas. Estamos hablando de auténticos disparates. ¿Lo queremos maquillar? Hay que enterarse, cuando se ven estos datos, no todo va bien, como están diciendo los señores de Ciudadanos, sobre todo en este informe.

En este período, el sector público local en Castilla y León ha pasado de tener 4.942 entes en dos mil diecisiete a 4.937 en dos mil dieciocho, entre ellos, una entidad local menor menos: en Burgos. Variación también negativa si vemos la variación en los últimos diez años, donde han desaparecido 14 entidades locales menores, 20 organismos autónomos o 5 sociedades mercantiles. De nuevo observamos que en este ejercicio los datos no han sido tan positivos como en los ejercicios anteriores en cuanto a la rendición de cuentas, como se... se ve detenidamente en el análasis... en el análisis, perdón, detallado, y destacamos un claro empeoramiento con relación a los datos de dos mil diecisiete y el último decenio, sobre todo cómo hay entidades incumplidoras que de modo reiterativo no cumplen con esta obligación, sobre las que sí que se ha dicho -se dice año tras año- hay que tomar algunas medidas serias, un poquito en... en relación con las recomendaciones que está practicando continuamente el Consejo de Cuentas.

Miren, en la redición de cuentas del ejercicio de dos mil dieciocho se ha realizado teniendo en cuenta los criterios habituales, la evolución negativa en la rendición de cuentas en todos los grupos de entidades en dos mil dieciocho, es decir, ayuntamientos baja el 77 %, las entidades locales menores bajan el 65 % -es decir, la menor desde el año dos mil trece-, o las mancomunidades, reducción de coma cuatro... perdón, cuatro coma puntos... nosotros consideramos, desde luego, muy preocupante. En general, a nivel estadístico, se registra una evolución positiva de la rendición de cuentas hasta el año dos mil catorce. A partir de ahí los valores, realmente, han ido en... con un cambio de tendencia muy preocupante año tras año, y desde luego mucho más pronunciado en este año. ¿Qué sucederá el año dos mil diecinueve con el COVID? ¿Qué va a suceder?

Y luego vamos con las entidades con un incumplimiento reiterado, sistemático, de rendición de cuentas. Es absolutamente inconcebible que 267 ayuntamientos -el año pasado fueron 231, es decir, 37... 36 más- tengan cuentas pendientes de rendir de varios ejercicios, pero en todas las provincias, una población afectada de más de 100.000 habitantes; o 17 ayuntamientos que superan los más de 1.000 habitantes que están también pendientes de rendir cuentas en los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis... Es decir, prácticamente que lo hacen ya de modo habitual.

Si analizamos las cuentas, destacar que el número de cuentas generales incluidas en el alcance temporal del trabajo asciende a 3.343, son el... el 70 % de las cuentas del sector público, en el ejercicio dos mil dieciocho; pero es que en el dos mil diecisiete eran 3.667. Estamos, por tanto, viendo que todas las variables van variando pero en el sentido preocupante, en el sentido muy negativo, pero que muy negativo. Y en términos de población, y quitando a las diputaciones -por cierto, hay una diputación, con referencia al ejercicio de dos mil dieciocho, que tampoco rindió cuentas-, le siguen los ayuntamientos que han rendido cuentas dentro del período de análisis, es decir, fíjese que es hasta el treinta y uno del doce de dos mil diecinueve, representan el 65 %. Estamos hablando de unos peores datos muy cualitativos y cuantitativos ya que en el año dos mil diecisiete. Como consecuencia del proceso de revisión de la cuenta general, de las 998 cuentas realizadas, 745 presentaban incidencias. ¿Es absolutamente asumible que más del... que más del 75 % de las cuentas tengan incidencias? Es decir, solamente 164 no tenían incidencias.

Con relación al endeudamiento financiero, entre dos mil quince y dos mil dieciocho se ha producido una significativa reducción de esta ratio a nivel global, 16,9 puntos. No obstante, resulta mucho más acusada en las diputaciones (24,9 puntos) que en los ayuntamientos (15,2 puntos).

Y ya hablando... o terminando con la contratación administrativa, se pone de manifiesto que se ha producido una disminución en el cumplimiento también de esta obligación, con relación al dos mil diecisiete, de 33,9 puntos en el total de las entidades locales, pasándose... pasando, perdón, de 3.558 en dos mil diecisiete a ciento... a 1.947 en dos mil dieciocho. Aquí hay que hacer necesariamente una reflexión sobre cuál es la causa por la que las entidades locales no remiten esta información, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones de remisión de la contratación correspondiente, y fundamentalmente en las entidades locales menores, que seguramente es donde tenemos que hacer mucho más hincapié, y también en las mancomunidades, con un 53,9 %.

Y en este informe, también por primera vez, entra los convenios, tras el acuerdo del Consejo de Cuentas de veintidós del doce de dos mil dieciséis. Solamente se ha remitido en el ejercicio dos mil dieciocho remisión de información de convenio en plazo por parte de 262 entidades locales, el 5,5 %, y 401 fuera de plazo. Es decir, que no han remitido información el 86 %. Estos datos son crudos, pero es la realidad. Y no podemos hacer lo mismo todos los años, es decir, el balance de las cuentas relativo a la obligación de... de la rendición, de las cuentas rendidas, de la contratación administrativa y de los convenios induce claramente a pensar que las medidas que se han adoptado hasta ahora no han sido suficientes. Y, por lo tanto, hay que empezar a corregirlas, hay que hacer caso, pero no solamente caso en esta Comisión, sino que el... el Gobierno se tiene que obligar de una vez a cumplir lo que se está diciendo aquí, lo que está diciendo año tras ajo... año, perdón, tras año el... el Consejo de Cuentas. Asumimos, por tanto, todas las recomendaciones, que son reitera... son reiterativas, prácticamente, y es verdad que hay otras cuatro... bueno, algunas nuevas, con relación precisamente a los convenios.

Con relación al... bueno, pues al segundo informe, que es muy novedoso, que es muy interesante, que es muy importante, que parece que... que quedaría todo tapado por lo que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, pero que no es así. Nos parece que los objetivos que se ha marcado precisamente son muy... muy interesantes para conocer la realidad de la... lo que estamos hablando, lo que pasó desde el año dos mil diez hasta ahora, y ese análisis, desde luego, de lo que es la estabilidad presupuestaria, es la normativa aplicable, el objetivo de estabilidad, la regla de gasto o la sostenibilidad financiera para el control del déficit público. Bueno, y analizar la evolución del remanente de tesorería para gastos generales. Vamos en cuanto al resultado de la fiscalización y luego haré unas consideraciones también al final.

Como consecuencia de la crisis económica y medidas de control del déficit público y la entrada en vigor de la estabilidad presupuestaria, desde el año dos mil diez disminuye el gasto de las entidades locales en inversión y, fundamentalmente, de personal y también los ingresos en el dos mil diez-dos mil doce. En lo relativo a los saldos no financieros, en el período dos mil diez y dos mil once hay un déficit, y en el período dos mil dieci... perdón, dos mil doce-dos mil dieciséis hay un superávit reconocible, consecuencia del aumento de los ingresos y disminución de los gastos no financieros. Lo mismo pasa con los remanentes de tesorería para gastos generales, que aumentan sustantivamente en el período dos mil diez-dos mil doce, y a partir de dos mil trece son positivos en todos los grupos de entidades.

Como consecuencia de las medidas aprobadas de reducción de déficit público... ¿Alguien se acuerda del Decreto-ley 8/2010? ¿Nadie se acuerda de lo que votó el Partido Popular, lo que votaron los nacionalistas en este decreto, lo que dijo el señor Montoro? Lo diremos después. ¿Alguien se acuerda eso de que... que a España, ¿eh?, España hay que dejarla caer, ya la levantaremos nosotros. ¿Se acuerda alguien de lo que pasó? Bueno, pues eso es muy interesante. Como consecuencia de este decreto-ley, se produjo un cambio en la situación de déficit a superávit en los activos financieros y luego se aprobó la famosa Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, de estabilidad presupuestaria; esa, esa ley que hoy tiene plena vigencia, esa que impidió y que quebró y quebrantó la autonomía municipal. ¿Dónde estaban los alcaldes en aquellos momentos protestando? Ni uno solo, les parecía bien. Había... ese... ese dinero ya no es que se les fuera a dar a los ayuntamientos, todo lo contrario, se quedó ahí, no se lo van a poder gastar ustedes. Y es lo que va a volver a pasar, ese dinero no se va a poder a volver gastar. Ya han pactado con el eje del mal, ahora ya el PP ya con los... con ERC, con los nacionalistas; han pactado el tirar para atrás precisamente... [Murmullos]. No, no, oiga, la suma es la realidad y, por lo tanto, yo me estoy ciñendo a eso. [Murmullos]. Con Bildu.

Analizamos, por tanto, las diversas variables e indicadores y comprobamos como el gasto financiero, ciertamente, disminuye entre dos mil diez dos-mil doce un 24 %, y crece en los años dos mil doce-dos mil diecisiete un 14 %. Hablo del análisis ya fundamentalmente de las diputaciones.

En los remanentes de tesorería para gastos generales hay un aumento del 57 %, pasándose a una cifra superior a 157 millones de euros, cercana actualmente a los... perdón, en el año dos mil diecisiete, a los 245. El aumento es destacado en algunas diputaciones, como puede ser Soria, Salamanca, Burgos, y disminuye en otras diputaciones. En el período dos mil diez... dos mil doce-dos mil dieciséis se experimenta también un incremento de los remanentes de tesorería para gastos generales del 33 %, algo menor que en el ejercicio anterior.

En relación al endeudamiento por operaciones de crédito, pues disminuyen prácticamente entre dos mil diez y dos mil doce las Diputaciones de Ávila, Segovia y Palencia, con el 21 %, y aumenta, por ejemplo, la de Valladolid, con un aumento del 10 %. A partir de la entrada en vigor de la ley de estabilidad presupuestaria, a partir del año dos mil trece, se observa una... una tendencia decreciente en la utilización de los remanentes para gastos generales; es decir, fue aprobar la ley y ya no había remanentes. Por cierto, algunos de estos remanentes todos sabíamos de dónde venían con anterioridad, porque, claro, la ley del suelo que explotó la burbuja y aquí todos iban con el famoso superávit; yo lo tuve que vivir como alcalde, o sea, que sé muy bien de qué... de lo que estoy hablando.

Es de destacar, por tanto, que en el período dos mil diez los indicadores de inversión por habitante y de gasto... y de gastos de personal disminuyan con carácter general, por contraposición, en este período aumenta el endeudamiento financiero por habitante. Pero fíjense ustedes, en el siguiente período, dos mil doce-dos mil dieciséis, también estos indicadores siguen la línea de análisis realizados en los apartados anteriores, pues el indicador de inversión disminuye a nivel agregado y la inversión por habitante apenas aumenta. Todas las diputaciones cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, a excepción de Burgos. Y, en relación a la regla de gasto, solo la cumplen cuatro diputaciones en todos los ejercicios.

Con el análisis de los ayuntamientos capitales de provincia prácticamente... es un análisis muy similar al que experimentan las... también las grandes... las diputaciones, las grandes ciudades. Su cifra de remanentes por gastos generales, bueno, pues prácticamente el remanente, con excepción de Valladolid y Burgos, aumenta, en ese sentido, prácticamente se incrementa pues lo que... lo que en ese aspecto son todas las operaciones y todas las variables, ¿no?

El endeudamiento por operaciones de crédito de las capitales de provincia aumenta en el dos mil diez-dos mil doce, a excepción de Segovia y Valladolid, en las que disminuye; y en el período dos mil diez... dos mil doce-dos mil dieciséis disminuyó en todas las capitales de provincia, destacando la de Zamora, Valladolid y Salamanca. Lo mismo sucede con la inversión, en el período dos mil diez los indicadores de inversión por habitante y de personal disminuye en todas las capitales de provincia; y en el dos mil doce-dos mil dieciséis es verdad que aquí hay un cambio, sí que aumentaron, ¿eh?, si bien ligeramente, a nivel agregado. Y tres capitales de provincia incumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación en el período dos mil trece-dos mil diecisiete: el Ayuntamiento de Burgos en dos mil dieciséis, el de León en dos mil catorce y el de Salamanca. El gasto del grupo de los ayuntamientos capitales de provincia disminuye en el período analizado en el marco de la crisis económica, siendo especialmente acusada la disminución de los gastos de inversión.

Con relación, y voy finalizando, al análisis de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia, el gasto no financiero de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes disminuyó en todos ellos, a excepción de algunos que disminuyen también, con carácter general, en el período dos mil doce y dos mil diecisiete.

Con relación a los remanentes para gastos generales, en el período dos mil diez-dos mil doce todos los ayuntamientos, con excepción de cuatro ayuntamientos, prácticamente, bueno, pues se... pasan a ser positivos. En porcentaje de inversiones realizadas con cargos al superávit presupuestario, es muy bajo, pasando del 12,1 al 14... en dos mil catorce al 1,7 en dos mil diecisiete. Por tanto, prácticamente, con relación al cumplimiento de estabilidad presupuestaria, del total de los catorce ayuntamientos, cinco incumplieron este objetivo; hay... prácticamente otros tres también incumplieron la regla de gasto.

Finalizo, porque se me acaba además el tiempo, este grupo parlamentario reitera la felicitación al Consejo de Cuentas por este nuevo informe que ha analizado toda la normativa de estabilidad presupuestaria aplicada a los tres grandes grupos de instituciones públicas (diputaciones, ayuntamientos de capitales de provincia y los mayores de 10.000 habitantes), con los resultados que podemos ver en las 35 conclusiones y 4 anexos y en las 3 recomendaciones que asumimos en su totalidad.

Termino diciendo que es un trabajo muy complejo, sobre todo el de este segundo informe, basado fundamentalmente en la aplicación de políticas muy restrictivas, muy restrictivas, políticas impuestas por la Unión Europea y que, bueno, el máximo valedor aquí, evidentemente, fue el Partido Popular y se ha... que se intentó superar la crisis económica tanto en Europa como en España basados en férreos controles del déficit de los Estados y restricción de las inversiones públicas, pero esto trajo consigo un deterioro de las mismas; consecuencias que han pagado los de siempre fundamentalmente y quienes son los que tienen mayores... mayor problema; es decir, y en este caso se ha pagado en educación, en sanidad y en servicios sociales. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, muchas gracias. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerles a todos sus intervenciones, la sensibilidad que hoy han manifestado en torno a las recomendaciones de ambos informes, especialmente en lo que se refiere a la rendición de cuentas, y la confianza como presidente que tengo y que tenemos los miembros del Consejo de Cuentas en que van a acometer finalmente estas medidas para que el Consejo de Cuentas tenga los medios que demanda históricamente, que le van a permitir, sin duda, mejorar los niveles de rendición de cuentas.

En relación al primer informe, yo creo que lo han dicho ustedes, con los matices propios de cada grupo político, pero que obviamente es clara la conclusión. Es decir, esa normativa histórica, con la evolución correspondiente, cumplió los objetivos planteados, los ayuntamientos se sanearon económicamente o los poderes locales, como me gusta decir, consiguieron una situación económica diferente, y hoy obviamente los ayuntamientos, las entidades locales, ya no son el problema del déficit público y el endeudamiento en España, sino -como decía en mi primera intervención- parte de la solución. Y hoy tenemos la suerte de poder decir que los ayuntamientos, la mayoría de ellos y todos en conjunto, están contribuyendo y pueden contribuir aún más a la solución tristemente crítica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Es decir, los ayuntamientos ya no son parte del problema, son parte de la solución. Y, en ese sentido, recordar los datos del ejercicio dos mil dieciocho, una liquidación presupuestaria, un resultado presupuestario de 169 millones de euros, un descenso de un 11 % de deuda, una liquidez en cuenta bancaria con un aumento del 10 % y, por segundo año consecutivo, hay dinero efectivo en el banco mayor que el endeudamiento. Es decir, datos realmente importantes.

En segundo lugar, referido a la rendición de cuentas, me gustaría ponderar un poco el trabajo del Consejo de Cuentas, destacar el extraordinario esfuerzo que hace en este caso el departamento de local del Consejo de Cuentas por las características propias de Castilla y León. Es decir, aquí hemos conseguido que el 85 % de la población de Castilla y León rinda cuentas. Pero yo creo que a veces olvidamos, ¿no?, no que se nos ha olvidado, precisamente se ha recordado por parte de todos, pero me parece oportuno destacarlo, que en el ámbito estatal, de las 12.933 entidades locales con obligación de rendir cuentas, el mayor número de ellas, 4.736, es decir, el 36 %, 10 entidades de cada... 4 de cada 10 entidades locales lo hacen en Castilla y León; es decir: 2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones provinciales, 1 comarca, 251 mancomunidades, 13 agrupaciones de municipios y 2.214 entidades locales menores. Castilla y León cuenta con el 27,6 % de los ayuntamientos; ayuntamientos que han rendido por encima de la media nacional, el 77,1 % en relación al 75 %; que ese 77 aplicado a ese 27 % significa que aproximadamente 3 de cada 10 que han rendido cuentas en España -ayuntamientos- lo han hecho en Castilla y León. Y ayuntamientos, como ustedes sabes... saben, tienen unas características estructurales, de población, ¿eh?, que hacen aún más difícil, efectivamente, que esa... que esa rendición se produzca. Es decir, el esfuerzo del Consejo de Cuentas para conseguir que haya una rendición cercana al 80 %, superior a la media nacional, sin disponer de medidas coercitivas, creo que tiene que ser puesto en todo su valor.

En relación a las entidades locales, como se comentaba aquí, pues en el censo de 3.000 entidades locales menores, Castilla y León dispone del 60 % del conjunto. Este año se alcanza un porcentaje del 65 % a treinta y uno de diciembre. Pero, por ejemplo, en otras Comunidades Autónomas está por debajo. Y pongo dos ejemplos: Cantabria, 60 %; Castilla-La Mancha, por ejemplo, el 43. Es decir, es un problema común al conjunto de las... de las Comunidades Autónomas, y tiene que tener, lógicamente, un tratamiento específico vía el asesoramiento de las diputaciones provinciales. Quiero decir que solamente nos superan -como he venido diciendo- aquellas entidades locales que tienen esas medidas al estímulo, y que van del 86 hasta el 94 %, y que hoy creo que positivamente sus señorías lo han ponderado.

Y dos ejemplos, dos ejemplos. Uno que siempre pone el consejero Melero, que es el siguiente: el Ministerio de Hacienda, como saben, aplica -y no castiga a los vecinos de esta manera- la retención de los fondos correspondientes en la participación de los tributos del Estado por incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación presupuestaria. Pues bien, en este caso, en Castilla y León solo 43 ayuntamientos, ante esta advertencia, dejan de presentar esa liquidación, mientras ascienden a 514 los ayuntamientos que no han rendido cuentas. Es decir, cuando hay una advertencia con consecuencias jurídicas determinadas, evidentemente se rinde cuentas.

O recordar otra vez lo que ocurrió con las entidades locales menores en relación a la ley de racionalización y la presunta o presumible desaparición de las mismas si no rendían cuentas, que elevó los índices del 2 % al 94 % en dos mil trece. Es decir, yo, como siempre tengo ocasión de comentar, no se trata de... de aplicar multas sin más, no se trata de retener pagos o transferencias sin más; se trata de regular jurídicamente los supuestos en los que se deben aplicar medidas de carácter coercitivo, teniendo en cuenta, como he dicho antes, que hay 218 ayuntamientos que incumplen reiteradamente esta obligación, y algunos de ellos con una población entre 500 y 1.000 habitantes, es decir, que no hay justificación posible, ¿eh?

Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de... de medidas, yo también invito a ponderarlas en el conjunto de una regulación jurídica que sea justa, y que pondere, por otra parte algo muy importante, es decir, que no aplicarlas lo que está haciendo es premiar a los ayuntamientos incumplidores, y que no... premiarlas lo que está haciendo... aplicarlas es castigar a los ciudadanos de esos ayuntamientos o entidades locales menores que se ven privados de un derecho. Yo tengo derecho a saber cómo se gestiona mi Comunidad, es un derecho democrático, y es un deber esencial del gestor facilitarme esos datos. Por lo tanto, no aplicar las medidas premia a los incumplidores; no aplicar esas medidas castiga a los ciudadanos, que no se merecen esa gestión ajena totalmente a la transparencia. Por lo tanto, me parece muy positivo y agradezco muchísimo que hoy se haya yo creo que abierto un consenso amplio sobre la explicación en Castilla y León.

Pero también hay otras medidas que no podemos olvidar. No todo es en este caso las... las sanciones, también está el déficit de funcionarios de habilitación nacional; también está el fortalecer el servicio de asesoramiento de las diputaciones, ¿eh? Es decir, evidentemente, esas son otras características que en conjunto habría que sumar. En tal ámbito, en tal... en tal dirección, está también trabajando el Consejo de Cuentas. Estamos llevando una fiscalización específica sobre el servicio de asistencia técnica de las diputaciones para saber cómo están dotados de medios, etcétera, etcétera. Y hablábamos antes, como he dicho, muy positivamente, del convenio de la Diputación de Burgos, que es un convenio automático, donde la entidad local que lo suscribe ve cómo la Diputación le realiza la cuenta de ese... de ese ejercicio. Y también, como decía, el déficit de funcionarios de habilitación nacional, que es tremendamente grave en nuestra Comunidad Autónoma.

Y yo creo que, en ese sentido, no me queda más que coincidir con muchos datos. Se ha hablado aquí de la contratación, de los datos que se han facilitado, que son realmente preocupantes. Yo creo que en el siguiente Pleno... o en la siguiente Comisión compareceré con los informes del sector público local en materia de contratación, que serán mucho más... mucho más completos.

Y concluyo, nada más, agradeciéndoles a todos su intervención y esperando que tengan en cuenta a esta... estas recomendaciones, finalmente las tengan en cuenta, y que además se aproveche desde el punto de vista para modificar la ley del Consejo de Cuentas en los ámbitos referidos. Y en tal sentido, yo creo que caben varios procedimientos. Uno es modificar la ley reguladora de estos aspectos en el ámbito de una eventual ley de medidas si finalmente existiera Presupuesto para el año dos mil veintiuno. Dos, una modificación expresa de nuestra ley reguladora, deseando el Consejo de Cuentas en este caso, como parece natural, que la fórmula no fuera a iniciativa del Gobierno, sin perjuicio de que lo puede ser, sino que fuera una proposición de ley con el mayor consenso por parte de todos los grupos parlamentarios, al afectar a materia estatutaria; porque yo quiero recordar que casi todas las normas -creo que sin excepción-, tanto la incorporación al Estatuto de las instituciones propias como todas las modificaciones legales que han sufrido las instituciones propias, han tenido casi la unanimidad de esta Cámara, ¿eh?, en el sentido de que es una materia estatutaria que debe ser objeto del mayor consenso por... por parte de todos los grupos parlamentarios. Como saben, he acabado... estamos acabando una ronda con los grupos parlamentarios para explicarles cuál es nuestra situación en este momento concreto, en relación a proyectos de ley que nos pueden concernir, que los vemos muy positivamente, pero que obviamente queremos que no haya duplicidad de competencias, o merma de las competencias, del Consejo de Cuentas. Y en ese ámbito y en ese sentido, también vamos a presentar o seguir facilitando una propuesta muy concreta, muy sencilla, muy en línea con otros Consejos de Cuentas, de nuestra ley, que yo creo que responda a las expectativas de un Consejo de Cuentas mucho más transparente y moderno, que es lo que nosotros deseamos. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

[Intervención sin micrófono].


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Perdón, es que no lo había... Tiene la palabra, durante siete minutos, por el Grupo Popular, don Salvador Cruz. Es que no había dado al micrófono.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente. Con brevedad, en primer lugar, agradecer al Consejo de Cuentas y al presidente la respuesta que ha dado a las intervenciones de los portavoces, porque creo que viene, una vez más, a arrojar luz de dónde está el problema, y dejar bien clara la responsabilidad que tiene cada Administración.

Y intervengo porque se responsabiliza a la Junta de Castilla y León en la no rendición de las cuentas por parte de los ayuntamientos, y es algo que me parece injusto. A la Junta de Castilla y León se la puede responsabilizar de no presentar la cuenta general, que lo hace siempre en tiempo y en forma; de no presentar su contratación administrativa. Pero, claro, que hoy venga algún grupo parlamentario a decir que la culpa la tiene la Junta de Castilla y León de que ayuntamientos no rindan la cuenta general o que ayuntamientos no rindan su contratación administrativa, me parece muy injusto. Porque usted está planteando responsabilidad a la Administración autonómica de algo en que no la tiene. ¿O es que acaso tiene la Junta de Castilla y León la culpa de que el alcalde de Valladolid no haya rendido la contratación administrativa del año dos mil dieciséis al Consejo de Cuentas? [Murmullos]. ¿Tiene la culpa la Junta de Castilla y León de que el Ayuntamiento de Valladolid, como se pondrá de manifiesto, no haya rendido la contratación administrativa al Consejo de Cuentas del año dos mil dieciséis? La culpa es del señor Mañueco, no del señor Puente. Vamos a derivar las responsabilidades. La culpa de no rendir la cuenta la tienen los ayuntamientos, independientemente de quién los gobierne, pero no la Junta de Castilla y León.

Y por eso quiero agradecer lo que ha dicho el Consejo de Cuentas: la problemática no está en la normativa de la Junta de Castilla y León, que podemos estimularla, y que estamos abiertos a estimularla; pero, hombre, la voluntad debe ser de los ayuntamientos. Porque el problema -y lo acaba de decir el presidente- está, por ejemplo, en el déficit de funcionarios de habilitación nacional, que no es responsabilidad ahora mismo de la Junta de Castilla y León, o en otras cuestiones, pero para nada de la Junta de Castilla y León.

Y una última matización. Este grupo parlamentario no ha dicho que el Gobierno de España sea el Gobierno del mal; este grupo parlamentario dice y mantiene que este es el peor Gobierno de la historia democrática de España. El que ha dicho que está sustentado por el eje del mal es usted, y le agradezco la matización, porque que un socialista reconozca que el Gobierno de España está sustentado por el eje del mal, me sorprende. Nada más y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario tiene... quiere utilizar el turno de réplica? Don Luis Briones, en representación del Grupo Socialista.


EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no... no pensaba intervenir. Bueno, agradecer al... al presidente del... del Consejo de Cuentas y también a los consejeros, y a todo el equipo que ha venido hoy a presentar estos informes. Decirles que tienen que estar orgullosos, que yo creo que son muy buenos informes. A mí me ha gustado especialmente el... este informe que han hecho con relación, precisamente, a las consecuencias económico-financieras en este período, que era... es bueno, sin duda, analizarlo; como será muy bueno también analizar el próximo el del COVID, si se hace, que yo creo que va a ser determinante e importante, sobre todo porque vamos a ver si hay alguna responsabilidad o si la Junta de Castilla y León sigue pensando que todo... todo lo que no hace ella lo tiene que hacer el Gobierno de España. Y eso es lo que estamos viendo.

Me gustaría tanto... que el Partido Popular de vez en cuando diera algo de gestión. Es decir, ellos están gobernando desde hace treinta y tantos años, y aquí solamente se viene a hablar del Gobierno de España. Y esto ya es muy cansino. Y llega un momento en que no... Muy cansino, muy cansino, porque, además, siempre ponen la misma barrera para todo. Hable de lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Las cuentas del sector público, en este caso, fundamentalmente, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que los datos se van deteriorando año tras año, en rendición... es decir, prácticamente, es que hemos perdido esa autoridad. ¿Sabe por qué hemos perdido la autoridad? Porque esas medidas que tenía que implementar la Junta de Castilla y León, como usted ha reconocido hoy aquí y como se lo hemos dicho año tras año, no las ha implementado. Es decir, si uno no rinde cuentas, el siguiente ve que no rinde cuentas y no pasa nada, pues, al final, tampoco rinde cuentas. Y así vamos desde el año dos mil catorce, año tras año. Y eso hay que hacerlo. Y nosotros, evidentemente, estamos... estamos totalmente en esa labor de ayudar. Y el objetivo lo marca... sin duda alguna, lo está marcando el Consejo de Cuentas con estos... con estos informes.

Mire usted, con relación, precisamente, a lo que está sucediendo hoy aquí... no, no le he visto al Partido Popular muy profuso hoy, ¿eh?, en hablar de remanentes, en sus coherencias e incoherencias. Les he visto más a los señores... les he visto más a los señores de Ciudadanos. Como los de Ciudadanos no existían en el dos mil diez ni en el dos mil trece, bueno, había un tal Albert, era Albert entonces... [murmullos] ... entonces no tienen nada que decir. Pero lo que pasó fue... en el dos mil diez, fue muy grave. Ustedes se unieron con todos los nacionalistas, con todos los nacionalistas, para intentar tirar el decreto, que se aprobó por solamente un voto favorable: 169 a 168. Fíjese usted, el voto de Coalición Canaria, en aquel momento la señora Oramas, a la que ustedes presionaron, y donde salió la famosa expresión que yo acabo de decir hace un ratito aquí. Es decir, "hay que dejar que España caiga, que ya la levantaremos nosotros", que luego ya el señor Montoro, que es el autor de esta frase, no la ha querido volver a repetir, y lo tuvo que reconocer en un debate en el año dos mil trece, cuando vimos que, claro, lo que venía con Montoro era lo que ha... lo que ha generado problemas.

Vamos a ver, ¿alguien tiene la menor duda de que si hoy no se aprueban los remanentes ya...? [Murmullos]. Digo, perdón, los remanentes... Perdón, si no se convalida el decreto, si hoy no se... que no se va... o no se ha convalido el decreto, ¿el Partido Popular va a hacer alguna disposición de eso? Eso es mentira. Ustedes están en la Oposición, y lo sabemos muy bien, lo que son capaces de hacer. Si han tenido siete años, siete años. ¿Qué han hecho? Lo que han tenido es... como he dicho antes, quebrantar la autonomía municipal, quebrarla y no dejarles gastar el dinero. Eso es la realidad. Y ahora vienen... Bueno, había que intentar derribar al Gobierno, y para eso no les ha importado... no les ha importado en este caso. Porque, fíjese usted, la intervención del año dos mil diez lo que decía... lo que dijo el señor Rajoy era que había... que ellos votaban en contra para derribar al Gobierno, nada más. Y hoy quieren tener una victoria pírrica que no les va a servir para nada. ¿Sabe para qué va a servir? Para que los ayuntamientos no puedan gastar un solo euro, y que sigan teniendo el dinero ahí, en la nevera, porque ustedes no les van a dar ninguna solución. Ni ha... ni se la dieron en siete años ni se la han vuelto, por la tanto, a dar.

Por lo tanto, eso es la... la realidad. Están ustedes para dar lecciones, además. Para... hoy, y además el día como hoy, y con la que está cayendo, y con los asesores que se tienen aquí, con el Kitchen, el Katchen y todo lo que hay por ahí. Están para dar lecciones, hombre. [Murmullos]. Que aquí tenemos un señor que participó en ese... en ese cirio que se montó de espías, que era el señor Cosidó, que vamos a pedir que comparezca aquí. Están para dar lecciones de ese tipo. ¡Hombre, por favor!

Por lo tanto, vuelvo... vuelvo a ..... señor, señor presidente del... del Consejo, nosotros consideramos que los informes, desde luego, son magníficos, que el Gobierno, en este caso, de la Comunidad Autónoma tiene que hacer más caso de lo que... de las consideraciones, tiene que hacer más caso de las conclusiones, porque, hasta ahora, se ha limitado a explicar, les parece muy bien, a todos nos parece muy bien, estamos todos de acuerdo. Y, a partir de ese momento, ¿qué hacemos?, ¿qué es lo que hacemos? Es que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y no podemos divagar en echar siempre la culpa, precisamente, a otras Administraciones, porque eso no nos va a conducir absolutamente a nada.

Por lo tanto, termino. No voy a agotar mi tiempo, porque, bueno, pues creo que está todo explicado y creo que, además, no quiero tampoco desmerecer los magníficos informes que hoy... hoy se han tratado y debatido, precisamente, en esta Comisión. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Muchas gracias. Finalizado el debate de... de ambos informes, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas a los informes que acaban de ser debatidos, tanto el Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio dos mil dieciocho, como el Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios dos mil diez-dos mil diecisiete. Dicho plazo, para ambos informes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el diecisiete de abril es cuando cumple, a las catorce horas.

Bien, damos un receso. Despedimos al presidente del Consejo de Cuentas, a don Emilio Melero y a todos los que le acompaña, y les damos las gracias por... por su presencia.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Continuamos. Antes de nada, hago una pequeña rectificación. Me lo traslada la letrada, la que... a la que doy las gracias. Parece ser que he dicho que finaliza el diecisiete de abril y es el diecisiete de septiembre, a las catorce horas, con relación al plazo de los informes anteriormente mencionados.

Propuesta de modificación Plan Anual de Fiscalizaciones

Bien. Tercer punto del orden del día: Debate y votación de la propuesta de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Plan Anual de Fiscalización para el ejercicio dos mil veinte, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 84, de dos de marzo de dos mil veinte.

Al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte del Consejo de Cuentas de Castilla y León, aprobado por esta Comisión de Economía y Hacienda en su sesión de veinte de febrero de dos mil veinte, se ha presentado para este período de sesiones, y ha sido admitida a trámite, la siguiente propuesta de modificación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone la inclusión al plan de un nuevo apartado 3.1.7, Fiscalizaciones especiales.

De conformidad con lo establecido en la norma duodécima de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por la que se aprueban las normas para la tramitación parlamentaria de dicho plan anual, comenzaremos con la lectura del informe del Consejo de Cuentas que, en relación con las propuestas presentadas, ha adoptado el Pleno del Consejo de Cuentas. Leo...


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

¿Permite un momento? Pido la palabra. Una cuestión de orden. Artículo 74 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y voy a proceder a leerlo: "Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servirle de base, salvo acuerdo en contrario de la Mesa de las Cortes o de la Comisión, que será debidamente justificado".

¿Sabe de qué le hablo y por qué le hablo de esto? Mire, el Grupo Socialista, como usted bien ha dicho, presentó el día seis de marzo la propuesta de modificación del Plan de Fiscalización, el Consejo de Cuentas elaboró su informe el día veintisiete de mayo, ese informe tiene entrada en las Cortes el día veintiocho de mayo, y se perdió, se perdió. ¿Qué ha pasado con ese informe? ¿Ha llegado a la Mesa de las Cortes, ha llegado a la Mesa de esta Comisión? Nosotros no hemos tenido este informe con las cuarenta y ocho horas preceptivas que marca el Reglamento, llevamos con él menos, escasas veinticuatro horas en nuestra mano, y porque lo hemos buscado entre cielo y tierra. Como usted comprenderá, eso es una irregularidad, una irresponsabilidad por su parte, como presidente de esta Comisión, una falta de respeto al Partido Socialista, que es, a la postre, el representante de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Tiene usted una explicación a todo esto?


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, tomo nota, y ahora lo que voy a hacer es hablar con la señora letrada un momento. [La letrada asesora a la Presidencia a micrófono cerrado].


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Si yo lo que quiero es una aclaración, no tengo... no tengo ningún problema, yo no voy a señalar culpables. Evidentemente, yo me dirijo al presidente porque es el presidente de la Comisión. También me gustaría saber si aparte de que nosotros no hemos tenido el informe hasta que no lo hemos pedido y lo hemos buscado... ¿Puede pedir que se callen, por favor? ¿Puede pedir que se callen, por favor? [Murmullos]. Pues eso, ¿puede pedir que se callen? Vale, muchas gracias. Sí me gustaría saber que si algunos de los otros dos grupos ha tenido el informe antes que nosotros, que encima somos los únicos que hemos presentado una propuesta de modificación.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Suspendemos... Tiene... tiene la palabra.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, presidente. Y con brevedad. El procedimiento de tramitación de las enmiendas se regula en esta Cámara por una Resolución de la Presidencia en el que se fija un procedimiento que es público y notorio. Yo desconozco si el Grupo Socialista tiene o no el informe, lo que sí puedo manifestar es que este asunto se iba a haber incorporado en el orden del día en una Comisión extraordinaria en el mes de julio, y la portavoz del Grupo Socialista lo sabe, lo sabe perfectamente, porque era factible incorporarlo porque el expediente estaba completo. El expediente está completo porque cualquier enmienda tiene que ser informada por el Consejo de Cuentas, por lo tanto, cualquier enmienda de los grupos parlamentarios se le da... [Murmullos]. Independientemente, el informe lo... el Consejo de Cuentas lo registró en el Registro de la Cámara y yo supongo que se le pasaría a todos los grupos. Desde luego, yo... [Murmullos]. No, lo desconozco. Yo tengo el informe y, vamos, es un informe tipo de los del Consejo de Cuentas.

En todo caso, y quiero... quiero finalizar, si el informe no se ha dado traslado a los grupos, no es responsabilidad del presidente de la Comisión; será responsabilidad de la Mesa en la calificación y en el reparto, y en la Mesa estamos todos los grupos, ni más ni menos, es decir.

Ahora bien, ¿eso impide que el orden del día se sustancie? Levantamos la sesión y que se incorpore en la siguiente sesión. Si no tenemos ningún interés. Nada más. Y muchas gracias.


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Con brevedad, con brevedad...


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Venga, siga.


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

... con brevedad. (Es que da el sol y no veo). Mire, Disposición duodécima, el debate de las propuestas de modificación presentadas por los grupos parlamentarios comenzará con la lectura del informe del Consejo de Cuentas si lo hubiere, si lo hubiere, si lo hubiere. Eso quiere decir que puede haberlo o puede que no. Yo no voy a culpabilizar a nadie; desde luego, usted, el presidente, no es y no le estoy señalando.

Por nuestra parte, sí quiero que conste, por nuestra parte, evidentemente, después de las explicaciones oportunas del presidente y de la letrada, se podría levantar la sesión y marcharnos, por nuestra parte no tenemos ningún problema en continuar. Pero sí que conste, y que conste en el Diario de Sesiones, que no hemos tenido la documentación y el informe con las cuarenta y ocho horas de antelación. Ya está. ¿Tienen ustedes algún problema? Ustedes lo han tenido, nosotros no. ¿Le parece a ustedes normal que no se cumpla el Reglamento y se ríen y cuchichean? Es que no lo entiendo, de verdad, no les entiendo. Aquí venimos a trabajar, no a pasar el rato. Es que no les entiendo.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, de acuerdo. Vamos a ver, si hay conformidad en continuar, y lo has dicho, no es culpa de esta Presidencia, si hay conformidad de los grupos para continuar con este punto, independientemente de que se hayan hecho las observaciones que se hayan hecho y de las cuales tomaremos nota y, posiblemente, para la próxima vez haremos el seguimiento que sea oportuno, pero, si hay conformidad, no tenemos que dar lugar a ningún tipo de polémica. Y, en cuanto a hora de tomar la decisión, continuamos con la Comisión y con el debate. [Murmullos]. ¿Conforme por parte de todos los grupos? Bien.

Pues continuamos y, tal y como estaba diciendo, procede dar lectura al informe adoptado por el Consejo de Cuentas. Procedo a ello.

"Andrés Pérez-Moneo Agapito, Secretario del Pleno, por Resolución del Presidente del Consejo de Cuentas y Castilla y León de ocho de enero de dos mil catorce, certifico que el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en sesión celebrada el día veintisiete de mayo de dos mil veinte, cuya acta está pendiente de aprobación, adoptó el Acuerdo 42/2020, por el que aprueba el siguiente informe.

Informe a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León relativo a las propuestas de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones, ejercicio dos mil veinte.

El día dieciocho de mayo de dos mil veinte (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de ese mismo día) tuvo entrada en este Consejo de Cuentas escrito del Presidente del Consejo... de las Cortes de Castilla y León, remitiendo la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, para que, en aplicación de lo dispuesto en la Norma Novena de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de Cuentas manifieste, en plazo improrrogable de diez días hábiles, su criterio respecto a las mismas, pronunciándose sobre la trascendencia o las condiciones de tales modificaciones respecto a la ejecución del citado Plan.

El Pleno del Consejo de Cuentas considera oportuno emitir el presente informe dando respuesta a la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El actual Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte fue aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en su sesión del día veinte de febrero de dos mil veinte, dicho Plan contiene un total de 4 fiscalizaciones de carácter legal y 12 fiscalizaciones especiales y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, agota la capacidad fiscalizadora del Consejo en este tiempo. La fundamentación amplia del Plan se recoge en su exposición de motivos, así como en la comparecencia del Presidente ante la Comisión de Economía y Hacienda que consta en el diario de sesiones y se da por reproducida íntegramente.

Además de las fiscalizaciones nuevas incluidas en el Plan, se recogen las fiscalizaciones en vigor procedentes de planes anteriores que son 3 fiscalizaciones de carácter legal y 14 específicas.

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte se aprobó por el Pleno del Consejo de Cuentas la Programación de los Trabajos de acuerdo con el artículo 14 del ROF. Mediante esta Programación se distribuyen las fiscalizaciones contenidas en el Plan anual entre los departamentos funcionales, se asignan los recursos personales y materiales y se establece la planificación temporal para su ejecución.

Además, tiene en cuenta los medios humanos y materiales con los que cuenta el Consejo, así como la distribución de Departamentos que el Pleno ha acordado en su sesión del veintisiete de marzo.

En esa programación de los trabajos no se recogían las posibles actuaciones que se decida realizar por parte del Pleno para promover la rendición de cuentas de las Entidades Locales ni, lógicamente, las posibles futuras modificaciones del Plan; tampoco los posibles trabajos en colaboración con el Tribunal de Cuentas, cuestiones todas estas que pueden afectar a la realización de los trabajos programados.

La prioridad en la realización de cada una de las fiscalizaciones, así como la asignación a un equipo concreto, es competencia de cada uno de los Consejeros. En todo caso, parece necesario destacar que las fiscalizaciones de carácter legal tienen prioridad en su realización, sin perjuicio de las prioridades que puedan marcar el Pleno a indicación de las Cortes. En cuanto a las fiscalizaciones que se realizan a petición o en colaboración con el Tribunal de Cuentas, entendemos que tienen que tener un tratamiento especial, en vista a que esta Institución no quede descolgada de las fiscalizaciones horizontales impulsadas por el Tribunal de Cuentas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la programación propuesta se considera que la ejecución de los trabajos contenidos en el Plan 20... 2020 junto con los del Plan 2000... de 2019 previsiblemente no terminará en el año dos mil veintiuno. Cualquier modificación de adición a este Plan, sin perjuicio de su necesaria asunción por parte del Consejo y de la capacidad de dirección que corresponda a cada Consejero a la hora de priorizar su puesta en marcha, implicará sumar tiempo total a esta ejecución.

Se considera que la propuesta de enmiendas al Plan Anual de Fiscalizaciones entran dentro del ámbito de la función fiscalizadora acotado por la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas.

Boletín Oficial de las Cortes de Castilla de dos mil... de dieciocho de mayo de dos mil veinte. El Grupo Parlamentario Socialista. Se propone la inclusión de un nuevo apartado 3.1.7 (Fiscalizaciones especiales. Ámbito de la Comunidad Autónoma) en el Plan de Fiscalizaciones con el siguiente contenido:

3.1.7 Fiscalización de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de concesión de obra pública, para la construcción y explotación del Hospital de Burgos (2006), así como de los modificados que hubiera sufrido dicho expediente y la ejecución del mismo.

Se trata de fiscalizar este contrato de importe cuantía -la licitación en 2006 ya ascendía a 231.745.812 euros-, sus modificados, que han supuesto importantes sobrecostes, y la ejecución del mismo cuyo coste anual ha sufrido importantes incrementos.

El contrato inicial fue fiscalizado por el Consejo de Cuentas en el ‘Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios dos mil seis y dos mil siete’.

La imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, así como sus vicisitudes se ha venido reflejando en los informes de la Comunidad Autónoma de los ejercicios dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince.

La concesión de un aval a la concesionaria por parte de la empresa pública ‘Castilla y León Sociedad Patrimonial, Sociedad Anónima’, se verificó en el informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma dos mil once, y se ha venido reflejando desde entonces. En el Informe de la Comunidad Autónoma de dos mil catorce, consta también análisis de alguno de los pagos a la concesionaria que entraron en la muestra.

De los distintos modificados (menos uno) constan informes favorables del Consejo Consultivo.

Su contenido puede ser coincidente, al menos en parte, con el informe ‘Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma’ contenidos en el Plan AF dos mil dieciocho aprobado. (Supongo yo que será Plan de Actuación Financiera, dos mil... Plan... [murmullos] ... Plan Anual de Fiscalización, vale, aprobado).

Al incluirse todos los modificados del contrato, así como la ejecución del mismo sin restricciones temporales, se estima un plazo desde la comunicación inicio de los trabajos hasta la aprobación del informe definitivo de al menos 12 meses.

Tras el examen de la propuesta de modificación remitida por la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León Acuerda:

Dar traslado del contenido del presente informe a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, manifestando:

Que la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones entra dentro del ámbito de la función fiscalizadora acotado por la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas.

Que el Plan Anual de Fiscalizaciones para el dos mil veinte agota la capacidad de fiscalización del Consejo de Cuentas y que la adición de nuevas fiscalizaciones afectará a la programación de los trabajos para el dos mil veinte.

Poner de manifiesto que sería necesario que por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León se marquen las prioridades de la nueva fiscalización que se acuerde introducir en el Plan 2020 con las vistas... con vistas a facilitar una nueva programación de los trabajos. Una vez que se realice la nueva programación de los trabajos el Pleno del Consejo se lo comunicará a la Comisión de Economía y Hacienda.

Y para que... para que así conste, expido la presente en Palencia, a la fecha de la firma electrónica, con el visto bueno del Excelentísimo Señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Visto Bueno, El Presidente, Mario Amilivia González".

Bien. Vamos a proceder a continuación al debate de la propuesta de modificación presentada y luego procederemos, al final, a la votación de la... de la propuesta.

Debate de la propuesta de modificación del Plan Anual, debate de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para el debate de la propuesta presentada, para su defensa, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora doña Rosa María Rubio Martín, por un tiempo máximo de diez minutos.


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Muchas gracias, señor presidente. Bueno. Buenos días, señorías, a todas y a todos. La función del Consejo de Cuentas consiste en fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad, es realizar un análisis sobre la legalidad, regularidad, eficacia y eficiencia del uso y gestión del dinero público. Mi grupo parlamentario, por responsabilidad y coherencia, y siguiendo la normativa al efecto, presentó una propuesta de modificación al Plan de Fiscalizaciones que hoy defendemos: la fiscalización de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Hospital de Burgos, el HUBU.

Esta petición la hemos realizado desde el dos mil quince, porque entendemos que debe haber una prioridad en el... en los áreas que se fiscalizan; porque entendemos que el uso del dinero público no debe convertirse en abuso; porque entendemos que la gestión de lo público no debe convertirse en albedrío; y porque entendemos que la eficacia y la eficiencia de las decisiones políticas deben de rendir cuentas. El mismo señor Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, coincide con nuestra petición. Así lo manifestó en esta Comisión, hace poco más de un año, diciendo lo siguiente: "Yo no tengo ningún inconveniente, como presidente del Consejo de Cuentas, a plantear en futuros planes anuales de fiscalización la posibilidad de investigar cualquier tipo de actuación de la Administración de la Junta de Castilla y León, incluyendo el Hospital de Burgos".

Pues bien, leyendo el contenido del informe elaborado por el Consejo de Cuentas -ese que, como les decía, ha llegado a nuestras manos hace escasas horas-, es chocante, con sus palabras, las del señor Amilivia, las que les acabo de leer, encontrarse con un par de párrafos como para intentar justificar que han fiscalizado "cachitos" del HUBU: que si un contrato, que si un aval, que si el gasto no sanitario, que si un pago... No sé si detrás de estas líneas hay algo verdaderamente. No lo sé si es que quieren decir o insinuar algo. Porque lo que sí está claro y meridiano en el informe es que se acuerda, por parte del Consejo, tres cosas muy importantes.

La primera, que la propuesta de modificación que ha realizado el PSOE está dentro del ámbito de la función fiscalizadora del Consejo de Cuentas. Es decir, que procede el tema.

La segunda, que el plan aprobado por el Consejo agota su capacidad para fiscalizar. Es decir, que no tienen medios para fiscalizar más. Que ya es triste que el Consejo de Cuentas cada dos por tres plasme en un... en un informe y cada vez que viene el presidente nos diga que tienen un problema de personal brutal, y la Junta mirando, como siempre, hacia otro lado.

Y la tercera, que si esta propuesta se aprueba por esta Comisión, que marque las prioridades de la nueva fiscalización para dos mil veinte, para programar y organizarse sus trabajos. En castellano antiguo, que el Consejo comparte nuestra petición y que tiene todo el encaje legal; y que si se aprueba aquí, se fiscalizará el HUBU.

La petición no es caprichosa, y me van a permitir unas pinceladas de su historia. Una inversión, como ha sido la del HUBU, que la licitación, allá por el dos mil seis, tuvo un importe inicial de más de 230 millones de euros; que sufrió modificaciones en su proyecto, modificaciones tan importantes que han supuesto unos sobrecostes que superaron los 500 millones de euros -528, si no me equivoco-, más del doble de lo presupuestado inicialmente. Este hospital, que es el más caro de Castilla y León, y nos acabará costando más de 2.000 millones de euros en treinta años, canon incluido, porque, como todos ustedes saben o deberían saber, pagamos un canon que ronda una media anual de 70 millones de euros. Miren si nos sale caro a todos los castellanos y leoneses el HUBU que, por hacerles una comparación, la cifra total equivale a más de la mitad de la mayor obra pública construida en el mundo: el Canal de Panamá, que costó 3.400 millones.

En su día, el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dijo que sería más barato, más rápido y que no aumentaría la deuda pública. Ninguna de las tres cosas fue verdad. Los grandes números son escandalosos; los pequeños detalles aún más. El coste se disparó porque la Junta permitió sucesivas ampliaciones de presupuesto, unos modificados donde incluso se llegó a compensar a la empresa adjudicataria con 34 millones de euros por su propio retraso con las obras. La Junta aprobó estos sobrecostes sin denunciar la adjudicación, a pesar de que el contrato que firmó establecía penalizaciones en caso de que las obras se retrasaran, como así sucedió.

En un momento dado de la construcción, la propia Junta de Castilla y León, a través de CYLSOPA, pide un préstamo de 100 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones. ¿Para qué? Pues para prestárselo a la concesionaria del hospital. O sea, todo rocambolesco, nos endeudamos para prestarle dinero a la concesionaria, a la cual le pagamos por la construcción del hospital y por el canon de uso, todo muy normal.

Una infraestructura que cuando llueve un poquito más de lo normal en Burgos se inunda, se producen filtraciones y en los pasillos, en lugar de pacientes, acaban poniendo cubos de agua. Vamos, que al chorreo de dinero público le sigue el chorreo del agua.

La Junta de Castilla y León está constantemente en trifulcas jurídicas con los gestores del HUBU por sus incumplimientos, y no será porque el Partido Socialista no se lo advirtiera mil veces. Bueno, como el impuesto de Garoña, ese ilegal que ahora vamos a tener que devolver, 29 millones de euros; contentas tienen que estar las empresas que han sacado 1.000.000 de euros de intereses. Bah, ni más ni menos, bah, baratito nos ha salido. Pues eso, que se lo advertimos, que esta situación se podía dar, que quién iba a pagar el cambio de instrumental, esa famosa cláusula de progreso que se supone que iba a obligar a la concesionaria a dotar al hospital con la mejor maquinaria, el mejor equipamiento. Y mira tú por dónde que, como denunciaron los trabajadores, ya en sus comienzos el hospital se amuebló con el material del antiguo hospital que había en Burgos, pero cada mes del bolsillo de todos los castellanos y leoneses sale el canon para pagar.

¿Y con estos antecedentes alguien todavía piensa que no debe fiscalizarse? ¿Aún piensan que la ciudadanía de esta Comunidad no tiene interés en saber qué pasa con su dinero, en qué y cómo se emplea? Como todos ustedes saben, aquí, en las Cortes, se constituyó una Comisión de Investigación sobre este tema con muchos meses de trabajo, se elaboró un informe por parte de PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto que resumió la contratación y licitación del HUBU como un proceso oscuro, irregular y plagado de sospechas. Vamos, una obra PP, PP, PP.

Ese grupo parlamentario, Ciudadanos, que supongo que hoy apoyará esta propuesta ya que en su momento el señor Mitadiel Martínez formó parte de la Comisión de Investigación -ese que ahora es gerente del Sacyl-, y coincidía plenamente con nuestra posición sobre el HUBU. Y les voy a leer sus palabras textuales: la gestión del HUBU es perjudicial para las arcas públicas, en la adjudicación del Hospital de Burgos se vivió la multiplicación de los panes y los peces, ya que existió un sobrecoste de al menos de 37 millones de euros. Pues eso, si él estuviera aquí, votaría a favor de la propuesta por coherencia con sus palabras; vamos, digo yo.

También es cierto que los naranjas van tornando de color y cada día cuesta más distinguirlos, se parecen como al arcoíris, algunos empezaron en rosa, luego al naranja, viran al azul propuesta sí, propuesta también, y para mí que van a acabar en el negro de desaparecer. Pero bueno, en esto digo yo que no podrán, no podrán ustedes, mirar a la cara a los castellanos y leoneses, a los burgaleses, si no apoyan esta propuesta. La propia portavoz de Ciudadanos, que es burgalesa, si no lo apoya, ¿qué explicaciones va a dar usted?, ¿qué le va a contar a sus paisanos? Porque, como usted bien sabrá, señora Negrete, la Plataforma por la Sanidad de Burgos ha denunciado en reiteradas ocasiones los perjuicios económicos y sanitarios para los burgaleses. Sin COVID, sin COVID, ya tenía una lista de espera de 25.000 para una primera consulta. Espero con estas palabras no haberme adelantado a su voto, igual lo apoya, lo veremos.

También les diré que el Grupo Socialista no va a parar de exigir la reversión del hospital, que sea plenamente público, para que el dinero que cada año se va a empresas privadas acabe donde debe, en servicios públicos para nuestros ciudadanos. Y, mientras tanto, pues no vamos a parar de utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para llegar hasta el final de este escándalo de inversión de la Junta de Castilla y León. Y si el instrumento que tenemos ahora es solicitar su fiscalización, pues no tenemos ni una sola duda en hacerlo y en solicitarlo, en debatirlo y en votarlo. Allá cada uno de ustedes con su voto y su responsabilidad ante los ciudadanos de Burgos y de Castilla y León; el miedo es libre. Nada más. Y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Blanca Delia Negrete.


LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Gracias, presidente. Yo seré muy breve, señorías. En cuanto a la propuesta de modificación presentada hoy por el Grupo Parlamentario Socialista al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio del dos mil veinte, les recuerdo que este debate no es nuevo, ya tratamos esta cuestión en el pasado, exactamente el veinte de febrero de este año, en una Comisión de Economía como la de hoy se aprobó el actual Plan Anual de Fiscalización para el ejercicio dos mil veinte. Dicho plan contiene un total de 4 fiscalizaciones de carácter legal y 12 fiscalizaciones especiales y, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 del Reglamento de la Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, agota la capacidad fiscalizadora del Consejo en este tiempo.

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte se aprobó por el Pleno del Consejo de Cuentas la... de programación de los trabajos, de acuerdo con el Artículo 14 del mismo texto legal, de forma que a partir de este momento se tienen en cuenta los medios humanos y materiales con los que cuenta el Consejo para hacer esta labor.

Ustedes vienen hoy aquí pidiendo de nuevo la inclusión de un nuevo apartado 3.1.7, que todos sabemos cuál es, pero se lo vuelvo a leer yo porque parece que no entienden o no quieren entender que esto ya se ha tratado. Miren, se lo leo: "Fiscalización de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de concesión de obra pública, para la construcción y explotación del Hospital de Burgos (2006), así como de los modificados que hubiera sufrido dicho expediente y la ejecución del mismo". Es decir, fiscalizar un contrato cuya licitación en dos mil seis ya ascendía a 231.745.812 euros, sus modificaciones y la ejecución del mismo, cuyo coste anual ha sufrido importantes incrementos.

Bien, desconozco si es mala memoria o es que ustedes no se lo han estudiado, pero me veo en la obligación de recordarles que el Consejo de Cuentas ya realizó un informe de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios dos mil seis-dos mil siete. La imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, así como sus vicisitudes, se han venido reflejando en los informes de la Comunidad Autónoma de los ejercicios dos mil nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince.

Como saben, la concesión de un aval a la concesionaria por parte de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, S. A., se verificó en el informe de la cuenta general de la Comunidad Autónoma dos mil once y se ha venido reflejando desde entonces. En el informe de la Comunidad Autónoma del dos mil catorce consta también análisis de alguno de los pagos de la concesionaria que entraron en la muestra, de los distintos modificados constan informes favorables del Consejo Consultivo. Ya por aquel entonces acordamos y apoyamos este parecer, máxime porque el Consejo de Cuentas, la institución de la Comunidad que se encarga de velar por la situación económica y financiera del sector público de Castilla y León. Finalmente, el Consejo de Cuentas acordó que el Plan Anual de Fiscalización para el año dos mil veinte agota la capacidad de fiscalización del Consejo de Cuentas y que la adición de nuevas fiscalizaciones afectará a la programación de los trabajos para el año dos mil veinte.

No sé ustedes, pero desde luego en Ciudadanos no van a encontrar un cómplice para enmendar la plana a un órgano tan importante y tan relevante en este aspecto. Más valdría que ustedes se encontraran con el presidente de Castilla y León, pues de lo contrario están haciendo un flaco favor a los castellanos y leoneses trayendo a esta Cámara debates estériles e inútiles en cuanto a su posible revisión, existiendo un claro y unánime acuerdo a este respecto. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, don Salvador Cruz, durante un tiempo de diez minutos.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidente. Señorías, para fijar la posición, que no es nueva porque este es un debate que se reitera ejercicio tras ejercicio, en el que el Grupo Socialista demuestra lo bien que están las cosas en Castilla y León cuando lo único que pretende fiscalizarse es algo que ya se ha fiscalizado. Y no lo dice este portavoz, lo dice el Consejo de Cuentas en su informe remitido a la Cámara, en el que dice que el contrato inicial, el contrato de licitación de la concesión de obra pública, fue fiscalizado, fiscalizado, por el Consejo de Cuentas en los ejercicios dos mil seis y dos mil siete, porque la contratación administrativa de la Comunidad se fiscaliza todos los ejercicios, dado que es un informe de mandato legal que se incorpora todos los ejercicios al Plan Anual de Fiscalizaciones.

Y a pesar de las inexactitudes y mal intenciones que ha tenido en la exposición y en la justificación, sobre todo cuando hablamos de las cifras, y se habla de que el contrato del Hospital de Burgos cuesta 2.000 millones de euros, porque se hace un uso partidista de la cifra y se incorpora en ese contrato no la construcción, sino lo que cuestan todos los servicios que están concesionados, como en el resto de los hospitales de la Comunidad, lo que no se dice es cuánto cuesta la limpieza, el mantenimiento de los jardines, la seguridad de cada uno de los centros, que aquí está incluido en ese contrato concesional, para elevar la cifra e intentar generar con ello una alarma social.

Pero es que no solo fiscalizó la contratación el Consejo de Cuentas en el año dos mil seis y en el año dos mil siete -por cierto, sin ninguna irregularidad contable, porque, si no, lo habría puesto de manifiesto el presidente del Consejo de Cuentas al presentar ese informe de fiscalización, ni ningún tipo de responsabilidad tampoco penal, como algunos intentan poner de manifiesto de forma malintencionada y partidista-, es que también se ha fiscalizado algunos de los elementos que se cuestionan, y cuando se habla del aval que da la Junta de Castilla y León, a través de Castilla y León Sociedad Patrimonial, a la concesionaria, se pone de manifiesto en el informe del Consejo de Cuentas que ya se fiscalizó.

Por lo tanto, creo que este es un tema que pone de manifiesto que las cosas en Castilla y León están bien y que lo único que tiene siempre, reiteradamente, el Partido Socialista como enmienda al plan anual es fiscalizar algo que ya se ha fiscalizado.

Pero es que no... no solo acaban aquí los argumentos para decir que esto ya está visto, es que hay que recordar en sede parlamentaria que este contrato fue objeto de una denuncia que formularon dos procuradores socialistas -uno de ellos es hoy el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León- al Tribunal de Cuentas, no al Consejo de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, después de analizar la denuncia formulada, reiterando parte de los argumentos que hoy se han leído en la Comisión parlamentaria para justificar la fiscalización de nuevo de este contrato, archivó la denuncia efectuada ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas planteando el sobreseimiento porque no había indicios ni de responsabilidad penal ni de responsabilidad contable.

Por lo tanto, este contrato lo ha visto el Consejo de Cuentas, lo ha analizado en algunos aspectos en todas y cada una de las cuentas generales, el contrato, las modificaciones han sido favorablemente dictaminadas porque es preceptivo por el Consejo Consultivo de Castilla y León, pero aun así el Partido Socialista, año tras año, vuelve a traer esta enmienda para que se fiscalice lo que ya se ha fiscalizado y lo que fue denunciado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y se planteó que no había ningún tipo de... tipo delictivo ni contable ni penal.

Creo que esto pone de manifiesto que en Castilla y León están las cosas bien, porque si solo somos capaces de enmendar algo que ya se ha fiscalizado, pues creo claramente que se pone de manifiesto que se están haciendo las cosas bastante bien en esta Comunidad.

Y lo que me sorprende, y finalizo ya con ello, es por qué una formación política a lo ya fiscalizado reitera consecutivamente, año tras año, una enmienda y cuando el Tribunal de Cuentas ve indicios de responsabilidad penal y contable en la... por parte de la Fiscalía -y lo acabamos de ver hace cuarenta y ocho horas-, cuando ante las cuentas de los socios de Gobierno del Partido Socialista hay responsabilidad penal y con... posiblemente contable, indicios de responsabilidad penal y contable por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el Partido Socialista dice que eso no hay que investigarlo. Allá con la coherencia de cada uno. Que se fiscalice lo ya fiscalizado y que no se investigue para nada donde la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve responsabilidad en parte económica por los que son sus socios de referencia en el Gobierno, en el partido de Podemos. Allá cada uno con su coherencia política. Nada más. Y muchas gracias.

Votación Propuesta de modificación Plan Anual de Fiscalizaciones


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Pues muchas gracias. Ha finalizado el debate de la propuesta de modificación del plan anual. Procedemos, a continuación, a someterlo a votación. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. Por lo tanto, dieciséis votos emitidos, siete a favor, nueve en contra. En consecuencia, queda rechazada la propuesta de modificación al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte del Grupo Parlamentario Socialista.

Concluido el debate y votación de la propuesta de modificación presentada al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte, esta Presidencia pondrá en conocimiento del presidente de la Cámara los acuerdos adoptados por esta Comisión.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas].


DS(C) nº 175/10 del 10/9/2020

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Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Comisión de Economía y Hacienda
DS(C) nº 175/10 del 10/9/2020
CVE: DSCOM-10-000175

DS(C) nº 175/10 del 10/9/2020. Comisión de Economía y Hacienda
Sesión Celebrada el día 10 de septiembre de 2020, en Valladolid
Bajo la Presidencia de: Vidal Galicia Jaramillo
Pags. 6659-6701

ORDEN DEL DÍA:

1. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2018.

2. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios 2010-2017.

3. Debate y votación de la propuesta de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 84, de 2 de marzo de 2020.

SUMARIO:

 ** Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, abre la sesión y recuerda a los señores procuradores y asistentes a la Comisión, siguiendo las indicaciones de la Presidencia de la Cámara y de las autoridades sanitarias, la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, comunica la acumulación de los dos primeros puntos del orden del día por consenso con los portavoces de los grupos.

 ** Primer y segundo puntos del orden del día. Informes.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, da lectura al primer y segundo puntos del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Bermejo Santos (Grupo Ciudadanos).

 ** Compartiendo turno, interviene la procuradora Sra. Negrete Santamaría (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).

 ** Intervención del Sr. Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).

 ** Tercer punto del orden del día.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, da lectura al tercer punto del orden del día e informa de la propuesta presentada por el Grupo Socialista que ha sido admitida a trámite.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Rubio Martín (Grupo Socialista) para una cuestión de orden.

 ** Intervención del presidente, Sr. Galicia Jaramillo.

 ** Intervenciones de la procuradora Sra. Rubio Martín (Grupo Socialista) y del procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, procede a dar lectura al informe emitido por el Consejo de Cuentas.

 ** En un turno a favor de la propuesta presentada por el Grupo Socialista, interviene la procuradora Sra. Rubio Martín (Grupo Socialista).

 ** En un turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Negrete Santamaría (Grupo Ciudadanos).

 ** En un turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular).

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, somete a votación la propuesta de modificación que ha sido debatida.

 ** El presidente, Sr. Galicia Jaramillo, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las trece horas.

TEXTO:

[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Buenos días, señorías. Buenos días, presidente del Consejo de Cuentas. Abrimos la... la sesión de hoy. Les doy a todos la bienvenida. Espero que ustedes hayan pasado unas vacaciones, dentro de las posibilidades de cada uno, lo mejor posible.

Les recuerdo, antes de comenzar, lo que decimos siempre, que se utilicen las mascarillas, salvo que se esté en el uso de la palabra.

En primer lugar, doy traslado a los grupos para que trasladen si hay algún tipo de sustitución. ¿Grupo Socialista? ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? Ninguna sustitución. Vale.

Pues, como siempre y como es normal, quiero dar, nuevamente, la bienvenida a esta Comisión a don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas -están con nosotros los consejeros, seguramente personal técnico, todos los que estén aquí presentes, don Emilio Melero; damos la... la bienvenida-, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los informes, al tratarse de informes de fiscalización, se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Por decisión... y así se ha tratado por los distintos portavoces, y los hemos consensuado, vamos a acumular los dos primeros puntos. Por tanto, voy a dar lectura a los dos puntos que luego el presidente del Consejo de Cuentas comenzará a tener la palabra sobre... sobre los mismos.

Informes

Por lo tanto, primer punto del orden del día, la comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio dos mil dieciocho.

Segundo punto del orden del día, la comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios dos mil diez-dos mil diecisiete.

Y para la presentación de estos informes, tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Consejo, don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Tiene la palabra.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Muchas gracias en nombre propio y en el del consejero Emilio Melero, que me acompaña, así como el resto de los miembros del Pleno y otro personal técnico, que se encuentra en una sala aneja. Y previamente a la presentación de los informes de carácter... el ámbito local, quiero hacer un reconocimiento, precisamente, al departamento de local, que ha sido el responsable de estos informes, dirigido por... por Emilio Melero, con cercanía y yo creo que con una extraordinaria dedicación, y a los subdirectores que han trabajado en ellos, Alberto Melero y Alfonso Vidal, en un trabajo que yo creo que ha sido muy denso y que voy a tratar de resumir.

En esta primera comparecencia del segundo período de sesiones del presente año, voy a presentar dos informes: uno sobre las cuentas rendidas en dos mil dieciocho, con otro de carácter horizontal sobre las consecuencias económico-financieras de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en los ejercicios dos mil diez a dos mil diecisiete. Una de las dos últimas fiscalizaciones que aún proceden del anterior mandato, pero que cuyo contenido, obviamente, recobra actualidad en este momento en relación al debate suscitado sobre la disponibilidad de los remanentes.

Al finalizar esta sesión, quedarán cinco informes aprobados y pendientes de comparecencia, ya solo uno del ejercicio dos mil dieciocho y otros cuatro del actual dos mil veinte. Todo ello sin perjuicio de que se irán incorporando, como es propio, los informes en elaboración. Actualmente, el Consejo de Cuentas tiene en distintas fases de tramitación un total de 33 informes, correspondientes a los planes de fiscalizaciones del año dos mil diecinueve y del dos mil veinte.

En resumen, son ya 198 los informes de fiscalización que ha aprobado históricamente el Pleno del Consejo, 25 de los cuales lo han sido en el actual mandato. Hasta la fecha, en esta misma etapa, he comparecido en tres ocasiones ante esta Comisión de Economía y Hacienda, en las que hemos podido exponer y debatir un total de 40 informes, que suponen el 20 % sobre el total histórico. De esta forma, antes de finalizar el año, habremos puesto, por fin, definitivamente, coto, meta, a la presentación de nuestros informes para que gocen de la mayor actualidad posible en relación a la materia objeto de fiscalización.

Por otra parte, según nuestras previsiones, estamos en condiciones de poder concluir el presente ejercicio con un número significativo de informes aprobados, en torno a 15 -presumiblemente alguno más-, lo cual tiene una especial relevancia, teniendo en cuenta la excepcional coyuntura derivada de la pandemia del coronavirus.

En relación al contenido de los dos informes, se ha considerado adecuado realizar una exposición conjunta de los mismos, teniendo en cuenta que los datos económicos que refleja el informe sobre las cuentas del sector público local de dos mil dieciocho ofrecen una actualización de los principales indicadores que son objeto de estudio en el informe sobre las consecuencias económico-financieras de la ley de estabilidad presupuestaria y otra normativa.

Como cuestión previa, resulta procedente tener en cuenta que los efectos que está causando la crisis sanitaria que estamos viviendo, sin duda, alterarán de forma muy importante la situación y evolución económico-financiera de las entidades locales y que, por lo tanto, la evolución que pone de manifiesto ambos informes se puede ver claramente alterada como consecuencia de esta crisis en los años venideros.

Hecha la anterior advertencia, me referiré en primer lugar al Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios dos mil diez-dos mil diecisiete, publicado por el Consejo de Cuentas en diciembre de dos mil dieciocho.

El propósito de esta fiscalización es analizar la incidencia sobre la ejecución presupuestaria de la normativa de estabilidad presupuestaria y de otras normas aplicables a partir de la información de las cuentas rendidas y también, en su caso, de la remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública por las entidades locales. Más específicamente, se analiza la incidencia de la normativa de estabilidad presupuestaria, así como de la referida al control del déficit público y de las medidas especiales de financiación, y ello tanto en la evolución de la ejecución presupuestaria, sobre todo en gasto corriente, personal e inversiones, como en la del endeudamiento. Finalmente, se estudia la utilización del remanente de tesorería para gastos generales en su relación con el destino previsto del superávit en contabilidad nacional sobre... según la normativa de estabilidad presupuestaria.

El punto de partida se sitúa en dos mil diez, cuando la crisis económica y la necesidad de cumplir los compromisos del Plan de Estabilidad y Crecimiento dos mil diez-trece del Consejo de Europa llevan al Gobierno de España a la aprobación del Real Decreto-ley de Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público. Estas medidas, de obligada aplicación a todas las Administraciones, incidían en la disminución de los gastos de personal y, en el ámbito de las entidades locales, en la reducción del límite de endeudamiento, que pasaba del 110 % al 75 % de los ingresos corrientes liquidados.

Parte de estas medidas tuvieron su continuidad a través del Real Decreto-ley de dos mil once sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Posteriormente, tuvo una influencia decisiva en los resultados de la ejecución presupuestaria, con un efecto expansivo del crédito, la aprobación del Real Decreto-ley 4/2012, que estableció un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales. Así, dos mil doce constituyó un punto de inflexión, pues, merced al pago de las deudas existentes, se produjo un saneamiento de los remanentes de tesorería para gastos generales mediante la concertación de operaciones de crédito a largo plazo para dicha finalidad. De esta forma, se sustituyó endeudamiento comercial, o a corto plazo, por endeudamiento financiero, o a largo plazo; un instrumento de pago a proveedores que requería, eso sí, la aprobación por parte de las entidades locales de planes de ajuste.

Adicionalmente, resultan destacables las medidas extraordinarias dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal, impuestas por el Real Decreto-ley 20/12. Los años siguientes, hasta dos mil quince, por medio de las leyes presupuestarias del Estado, continuó la prohibición de incremento de las retribuciones del personal, así como la incorporación de nuevo personal.

El cambio de tendencia llegó en dos mil dieciséis con la mejora económica, de forma que, según lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este... para ese año, con carácter general, las retribuciones del personal de las Administraciones públicas pudieron experimentar un incremento global del 1 %. Asimismo, se dispuso una tasa de reposición del 50 %, y hasta el 100 % en sectores considerados como prioritarios. Estas pautas rigieron en dos mil diecisiete.

Tras las medidas iniciadas en dos mil diez, el siguiente momento determinante a considerar en el análisis de la ejecución presupuestaria de las entidades locales se produce en dos mil doce, y ello tras la aprobación de la reforma constitucional llevada al efecto y la consiguiente aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La obligación de cumplir con los marcos y objetivos de la Unión Europea, consistentes en reducir los déficits públicos excesivos y las elevadas cargas de deuda pública, llevaron a la promulgación de esta norma, que incorporó dos nuevos conceptos existentes ya en la normativa europea, como son la sostenibilidad financiera y la regla de gasto, ambos de gran relevancia y evidente repercusión en el ámbito de la gestión presupuestaria.

Su posterior modificación, por la Ley Orgánica 9/2013, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, el principio de sostenibilidad financiera pasa a tener una doble vertiente: además de la sostenibilidad de la deuda estrictamente financiera, concebida como una limitación al crédito a largo plazo, comienza a tenerse en cuenta la sostenibilidad también de la deuda comercial, basada en el estricto cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.

En cuanto a la regla de gasto, implicaba, y... e implica, un límite al aumento del mismo, que toma como referencia la tasa de crecimiento del producto interior bruto, y que debe completarse con otra limitación existente, relacionada con el destino de los ingresos obtenidos por encima de los previstos, que no deben dirigirse a la financiación de nuevos gastos, sino a reducir el nivel de deuda.

La Ley Orgánica 2/2012 mencionada establece, además, una limitación al destino del superávit presupuestario, que ha resultado de especial relevancia y transcendencia, pues hasta este momento la utilización del superávit, expresado a través de la magnitud de remanente de tesorería para gastos generales, se venía produciendo conforme a lo previsto en la normativa de haciendas locales, esto es, para la habitual realización de modificaciones de créditos. A partir de entonces, la nueva normativa exige poner en relación el importe del remanente de tesorería para gastos generales con el del superávit en términos de contabilidad nacional, y destinar el menor de ambos a la... a la amortización de deuda.

Con posterioridad, por la ya citada Ley Orgánica 9/2013, se flexibilizaron las posibilidades de destino del superávit, previéndose una utilización alternativa para las entidades locales que cumpliesen, eso sí, los requisitos en materia de endeudamiento, de forma que, una vez solventadas las obligaciones pendientes de pago y amortizado un importe de deuda que permitiese cumplir el escenario de estabilidad presupuestaria, se daba pie a la posibilidad de realizar determinadas inversiones, eso sí, financieramente sostenibles.

En síntesis, la entrada en vigor de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera marcó una tendencia general de contención del gasto no financiero, como consecuencia de la aplicación de la regla de gasto y del resto de las medidas expuestas. Además, la realización de las inversiones se ha visto afectada por las limitaciones del... del endeudamiento, la necesidad de aprobar y ejecutar los presupuestos cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por los requisitos impuestos al destino del superávit presupuestario y por el consé... corsé -perdón- de las inversiones financieramente sostenibles.

Es decir, los objetivos planteados por la citada normativa en aquella coyuntura de crisis económica se cumplieron, sin perjuicio de que hoy exista una nueva situación de... de saneamiento... mejor dicho, sin perjuicio de que esta nueva situación de saneamiento de las entidades locales permita y aconseje, en la actualidad, revisar las restricciones entonces establecidas al uso de los remanentes, más aún habida cuenta del impacto que sobre... sobre las cuentas locales está generando la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el propio Real Decreto-ley/27/2020, de cuatro de agosto, de Medidas Financieras, de Carácter Extraordinario y Urgente, Aplicables a Entidades Locales, cuya convalidación es precisamente hoy objeto de debate en el Congreso de los Diputados, expresa, en su Preámbulo, que las entidades locales son desde el año dos mil doce el primer nivel de Administración pública que, gracias al esfuerzo de consolidación presupuestaria y a la positiva evoluación... evolución del ciclo económico, lograron presentar superávit en sus cuentas, señalando que, en aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, un gran número de corporaciones han conseguido una reducción considerable de su nivel de deuda pública y el saneamiento financiero. Es decir, los ayuntamientos dejaron de ser parte del problema del déficit público para ser parte de la solución. Y hoy, posiblemente, pueden ser parte de la solución de cara a la crisis que estamos viviendo. Una normativa que cumplió su objetivo y que, a mi juicio, debe ser modificada, sin perjuicio del contenido del decreto correspondiente o de la normativa correspondiente, que a mí no me corresponde valorar.

A continuación, procedo a referirme a los resultados del trabajo que se concentra en un total de 35 conclusiones, de las cuales resumiré sus aspectos más relevantes, siguiendo los grupos... los cuatro grupos de análisis: análisis agregado de los 1.688 ayuntamientos de la Comunidad, que son los que han rendido todas sus cuentas de la... desde el ejercicio dos mil diez al dos mil dieciséis, y que representan el 82 % de la población, así como las nueve diputaciones provinciales; análisis de las nueve diputaciones provinciales; análisis separado de las capitales de provincia; y, finalmente, análisis de los 14 ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia.

En cuanto al análisis agregado de los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad -primer apartado-, como consecuencia de la crisis económica, las medidas de control de déficit público y la entrada en vigor de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria, se produjo una disminución del gasto de las entidades locales en torno al 20 %, pasando de 3.072 millones de euros en dos mil diez a 2.490... 49 millones en dos mil diecisiete. También los ingresos disminuyeron, si bien en menor medida.

Especialmente acusada resulta la disminución de los gastos de inversión, alrededor o superior al 50 %, para todos los grupos y entidades en la etapa dos mil diez a dos mil doce, manteniéndose, con carácter general, la tendencia decreciente de dos mil doce a dos mil dieciséis. Los de personal también bajan, en torno al 4 %, y de forma más acentuada, 10 a 20 %, en la etapa dos mil diez a dos mil doce. En el total del período los saldos no financieros, diferencia entre los Capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos, pasan de -162 millones de euros a 280 millones de euros. La evolución de los saldos muestra déficit en dos mil diez y dos mil once, mientras que de dos mil doce a dos mil dieciséis se obtiene superávit, como consecuencia del aumento de los ingresos en todos los grupos de entidades y, en su caso, también como consecuencia, como es natural, de la reducción del gasto.

En todo el período, los remanentes de tesorería para gastos generales pasan de 213 millones a 929 millones de euros. Así, aumentan sustantivamente, un 152 %, en la etapa dos mil diez-dos mil doce, siendo destacable el saneamiento en los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. A partir de dos mil trece, son positivos en todos los grupos de entidades, manteniéndose un incremento del 74 %.

El endeudamiento por operaciones de crédito pasa, en todo el período, de 1.207 millones de euros a 1.046 millones. Experimenta un importante aumento, 42 %, en la etapa dos mil diez-dos mil doce, siendo especialmente destacado, alrededor del 75 %, en las capitales y en los municipios mayores de 20.000 habitantes. Por el contrario, de dos mil diez... perdón, de dos mil doce a dos mil dieciséis, el endeudamiento se reduce en todos los grupos de entidades locales, siendo la disminución total de un 39 %.

En cuanto al análisis de las diputaciones provinciales, en todo el período, el gasto no financiero pasa de 774 a 672 millones de euros. Las medidas de control tuvieron gran incidencia en la etapa dos mil diez-dos mil doce, ya que produjeron una disminución del 24 %. En todas las diputaciones bajaron los gastos de personal, entre un 8 y un 17 %, así como los de inversión, que se redujeron más de un 50 % en la mayoría. A partir de dos mil doce, los gastos de personal experimentaron un repunte, si bien, con carácter general, en dos mil diecisiete se sitúan por debajo de las cifras de dos mil diez.

Con respecto a la inversión, continúa disminuyendo de forma muy ostensible en diputaciones como las de Valladolid, con un 65 %, donde aumenta, pero no recupera los niveles de dos mil diez. Los remanentes de tesorería para gastos generales pasan en todo el período de 156 a 324 millones de euros. Todas las diputaciones mejoran su cifra en la etapa dos mil diez-dos mil doce, con excepción de Segovia, Palencia y Zamora. De dos mil doce a dos mil dieciséis solo lo aumentan las de León, Burgos, Zamora y Soria. En todo caso, en ambas etapas los remanentes de todas resultan positivos. En dos mil dieciséis destaca la cifra de la Diputación de León, cercana a 150 millones de euros. En el caso de los fondos líquidos, en el conjunto del período, se pasa de 256 a 412 millones.

La realización de inversiones con cargo al superávit presupuestario, con los requisitos de las inversiones financieramente sostenibles, ha sido, con carácter general, muy baja, un 8 % de los remanentes entre dos mil catorce y dos mil diecisiete. La Diputación de Soria no realizó actividad inversora ninguna de esta forma. Y las de Salamanca y León no lo han hecho en tres de los cuatro ejercicios. Tan solo la de Segovia ha mantenido un elevado porcentaje de estas inversiones en todos los ejercicios.

En el conjunto del período, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 444 a 239 millones de euros. En la etapa dos mil diez-dos mil doce aumentó en todas, a excepción de Segovia, Ávila y Palencia. Destaca el aumento en las de Valladolid, superior al 100 %, y en las de Zamora y Burgos. En estos aumentos no tuvo incidencia el Real Decreto-ley 4/2012, pues ninguna diputación se adhirió a este mecanismo especial de financiación para el pago a proveedores. En la etapa dos mil doce-dieciséis, el endeudamiento disminuyó de forma relevante en todas las diputaciones, destacando Salamanca, Soria, Zamora, Valladolid y León. Valladolid invierte su tendencia con respecto a la etapa anterior.

En consonancia con la disminución del endeudamiento en la etapa dos mil doce-dieciséis, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas las diputaciones, destacando la de Soria, que en dos mil dieciséis no tiene ninguna amortización pendiente. En dos mil dieciséis todas las diputaciones se sitúan por debajo del 50 %. Esto es un porcentaje muy inferior al 75 % legalmente establecido, a efectos de la necesidad de autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo para inversiones.

A partir de la Ley 2/2012, todas las diputaciones cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación, con excepción de Burgos en dos mil diecisiete.

Con respecto a la regla de gasto, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora cumplen en todos los ejercicios; el resto incumplen en uno o más. No consta la aprobación de ningún plan económico-financiero por parte de las diputaciones. En todos los períodos... en todas, los períodos medios de pago se sitúan por debajo de los treinta días en diciembre de los ejercicios dos mil catorce a dos mil diecisiete.

En cuanto al análisis de las capitales de provincia, al que me voy a referir a continuación, en todo el período el gasto no financiero pasa de 1.013 a 904 millones de euros. En el tramo dos mil diez-dos mil doce disminuyó en todas, a excepción de León; en todas disminuyeron los gastos de personal, entre un 5 y un 17 %; así como los de inversión, en porcentajes alrededores... alrededor o superiores al 50 %. A partir de dos mil doce, con carácter general, si bien tanto los gastos de personal como la inversión aumentan, no se recuperan los niveles del ejercicio dos mil diez.

Los remanentes de tesorería para gastos generales de las capitales pasan en todo el período de -63 millones de euros a 156 millones. Todas mejoran su cifra en la etapa dos mil diez-dos mil doce, con excepción de Valladolid y Burgos. Los Ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora pasan de cifras negativas a positivas. De dos mil doce a dos mil dieciséis, todas incrementan su remanente, menos León y Soria, y en dos mil dieciséis en todas tienen carácter positivo. Destacan las cifras de Burgos, más de 55 millones, y Valladolid, más de 41 millones. En el caso de los fondos líquidos, entre el conjunto del período, se pasa de 162 millones de euros a 192 millones.

El porcentaje de inversiones con cargo al superávit presupuestario es muy bajo, del 2 % del remanente en dos mil catorce al 11 % en dos mil diecisiete. Ávila, León y Soria no realizan inversiones de esta forma en ningún ejercicio. El Ayuntamiento de Palencia tan solo en un año, menos del 1 %.

En el conjunto del período, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 739 a 680 millones de euros. Aumentó en el tramo dos mil diez-dos mil doce en todas, a excepción de Segovia y de Valladolid. El aumento en el que destacan Zamora y León tuvo que ver con la adhesión al mecanismo de financiación del real decreto mencionado. Segovia y Valladolid no se adhirieron a esta medida especial de pago a proveedores. Su efecto tuvo una particular incidencia en las capitales donde el remanente en la etapa dos mil diez-dos mil doce pasó de negativo a positivo o en otras donde experimentó un aumento considerable, o se atenuó de forma relevante su carácter negativo.

En la etapa dos mil doce-dos mil dieciséis, la deuda se reduce en todas las capitales, destacando Zamora, Valladolid y Salamanca. En consonancia, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas, destacando Zamora, donde en dos mil dieciséis se sitúa en el 9 %. En este ejercicio, todas se sitúan por debajo del 75 %, con excepción de León y de Soria.

Tan solo tres capitales han incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación en el período dos mil trece a dos mil diecisiete: Burgos, en dos mil dieciséis; León, en dos mil catorce; y Salamanca, en dos mil quince. El resto lo cumplió, el objetivo de estabilidad presupuestaria, en todos los ejercicios.

En relación a la regla de gasto, Ávila, Palencia, Segovia y Soria cumplieron en todos los ejercicios; los ayuntamientos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid han aprobado planes económico-financieros por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Tan solo en el Ayuntamiento de Burgos, en dos mil quince y dos mil dieciséis, el período medio de pago en el mes de diciembre ha superado el plazo de treinta días; el resto se ha situado por debajo de todos los ejercicios.

Finalizo con el análisis, muy brevemente, de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia. En el período analizado, el gasto no financiero, en el conjunto de los catorce ayuntamientos, pasa de 308 a 237 millones de euros. En el conjunto del período, los remanentes de tesorería para gastos generales pasan de -55 millones de euros a 53 millones, de tal forma que en dos mil dieciséis todos tienen remanente positivo. En el caso de los fondos líquidos, en el conjunto del período, se pasa de 57 a 68 millones de euros. El porcentaje de inversiones realizadas con cargo al superávit presupuestario es muy bajo, pasando del 12 % del remanente en dos mil catorce al 2 % en dos mil diecisiete.

En el conjunto del período, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 124 a 150 millones de euros. En la etapa dos mil doce-dos mil dieciséis, la deuda baja en todos los ayuntamientos. En dos mil dieciséis, todos, menos dos, se sitúan por debajo del 75 %.

De los catorce ayuntamientos, cinco incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación de algún período... de algún ejercicio en el período dos mil trece a dos mil diecisiete. En relación a la regla de gasto, tres ayuntamientos cumplen en todos los ejercicios, el resto ha cumplido en alguno de ellos. Seis de los catorce ayuntamientos aprobaron planes económico-financieros por incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En cuatro ayuntamientos, el período medio de pago en el mes de diciembre de algunos ejercicios ha superado el plazo de treinta días en el ámbito de los años dos mil catorce a dos mil diecisiete.

Por último, en consonancia con los resultados de la fiscalización realizada y de las conclusiones expuestas brevemente, el Consejo de Cuentas formuló tres recomendaciones, que, como advertí al principio de mi intervención, deben ser contextualizadas en el momento de la aprobación del informe, situación actualmente alterada como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

En todo caso, en ellas se anticipaba un debate ya en aquel momento, de absoluta vigencia, como es la utilización de los remanentes, de tal forma que las entidades locales eviten la existencia de capitales líquidos inmovilizados por encima de las necesidades de tesorería. Es decir, el informe como principal conclusión ya advertía de la necesidad de la utilización de los remanentes, junto a otras recomendaciones como vigilar el endeudamiento financiero o otras relacionadas con la disminución de inversiones de capital que, obviamente, podían en aquel momento, y en este, lastrar la creación de empleo.

Seguidamente voy a dar cuenta de los aspectos fundamentales del Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho. Como ustedes conocen, un informe de mandato legal y que corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil diecinueve.

Su aprobación se produjo en un Pleno que tuvo lugar el pasado quince de julio en la Diputación de Burgos, siguiendo la práctica de llevar la celebración de esta sesión cada año a una provincia con el propósito de reforzar la colaboración con las entidades locales e impulsar la rendición de cuentas; es decir, llevar a cabo acciones divulgativas que fomenten la rendición de cuentas.

En este caso, también se tuvo en cuenta la especial importancia que en la provincia burgalesa tienen las entidades locales menores -es la que tiene un mayor número tras la provincia de León-, y que además dispone de un servicio de asistencia para la formación y remisión de la cuenta general, a través de un convenio con la institución provincial, que consideramos que bien podría ser un modelo extrapolable a otras provincias.

Los resultados del trabajo se recogen en un total de 37 conclusiones, de las cuales comenzaré por las concernientes a las principales magnitudes presupuestarias y económicas, en tanto que ofrecen continuidad al análisis referido en el anterior informe y que, como comprobarán, consolidan aún más las tendencias descritas.

Los municipios gestionan en el año mencionado en torno al 74 % del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales, el 74 %. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 22 % del total. Es decir, casi el 100 % entre ambas, solo queda un margen de un 4 %, en este caso, a las entidades locales menores y otro tipo de entidades.

En conjunto, en dos mil dieciocho las entidades locales de la Comunidad reconocieron obligaciones, gastos, por un importe de 2.650 millones de euros, y derechos por 2.820 millones, de los que resulta un resultado presupuestario de 169 millones de euros. El 70 % de las entidades que rindieron la cuenta de este último ejercicio liquidó su presupuesto con un resultado positivo.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en el 99 % de las entidades locales resultó positivo y mantiene su tendencia creciente, alcanzando el importe total de 1.105 millones de euros. Entre ellas, todas las diputaciones y todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes han tenido remanente de carácter positivo. Asimismo, los fondos líquidos de tesorería siguen aumentando hasta alcanzar 1.238 millones de euros.

En relación al pasivo financiero, en dos mil dieciocho descendió un 11 %. El importe de la deuda viva de las entidades locales, que sumaba 872... el importe de la deuda viva sumaba 872 millones de euros al cierre del ejercicio; de dicho importe, corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63 % y a las diputaciones, el 15 %.

En cuanto al análisis del cumplimiento de la rendición de cuentas, manifestar un año más que, además de una obligación legal, constituye un deber democrático al contribuir a una mejor gestión pública y a un uso transparente y responsable de los fondos públicos. Representa, además, una condición básica y necesaria para que las instituciones fiscalizadoras puedan desempeñar efectivamente la función de control que tenemos atribuida y también, ¿por qué no decirlo?, el propio control interno, el control externo que llevamos a cuenta... a cabo nosotros y el control parlamentario que pueden llevar a cabo sus señorías.

El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales, suma de 2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 consejo comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociativas, y 2.219 entidades locales menores y 187, finalmente, entes dependientes. A treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, fecha de cierre a efectos del informe, que no es la fecha legal de rendición de cuentas, como saben, habían rendido la cuenta general del ejercicio dos mil dieciocho un total de 3.343 entidades, que representan el 70 % del sector público local de la Comunidad, lo que supone una bajada de casi 7 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.

Del análisis por provincias, excluyendo las entidades locales menores debido a que su importancia cuantitativa solo afecta a León, Burgos y Palencia, se desprende que Salamanca y Valladolid son las que presentan los niveles de cumplimiento más elevados, con resultados por encima del 83 %; por el contrario, las provincias con menor rendición, un año más, son las de Segovia y Zamora, en torno al 65 %.

En cuanto a los ayuntamientos, rindió la cuenta de dos mil dieciocho el 77,1 %, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos respecto al 79,6 % registrado el ejercicio anterior. Por provincias se reducen los niveles de reducción... rendición en plazo en todas las provincias, con la única excepción de Soria.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por Comunidades Autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional, 75 % -es decir, aquí estamos en el 77,1 %-, pero, eso sí, cada vez más alejado de los mejores resultados: cinco Comunidades se sitúan entre el 89 y el 99 %. Como hoy ya he reiterado en esta Comisión, el origen de estas diferencias se encuentran... se encuentra en la adopción por parte de esta última de medidas que fundamentalmente vinculan la concesión por pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o, en su caso, también disponen de multas coercitivas efectivas.

En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el período dos mil trece a dos mil dieciocho, hay 267 ayuntamientos, el 12 % del total, que tienen pendiente de rendición la cuenta de varios ejercicios y, entre ellos, 28 que no han rendido ninguno. De estos últimos, 3 ayuntamientos tienen entre 500 y 1.000 habitantes -es decir, no hay ninguna justificación que por las características de estos ayuntamientos adolezcan de medios para poder presentar la cuenta-, y los 25 restantes son menores de 500 habitantes. Reitero que el Consejo de Cuentas de Castilla y León en este caso adolece de cualquier instrumento que pueda estimular o sancionar la no rendición de cuentas.

En cuanto a las entidades locales menores, debe recordarse en este ámbito que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció como causa de disolución de las dichas entidades locales la falta de rendición de sus cuentas, lo que provocó que pasase de índices del 2 % de rendición al 94 % en la cuenta de dos mil trece; reitero, ello como consecuencia de la advertencia legal de la posible desaparición de las entidades locales menores. Sin embargo, al no llevarse a efecto la previsión de la ley, se produce un retroceso en toda España, ¿eh?, porque nuestros niveles de... de rendición de cuentas de las entidades locales menores son similares a... al de las entidades locales del resto de España, se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65 % para la cuenta de dos mil dieciocho, con una caída de 11 puntos respecto al año anterior.

El tercer aspecto que abordaré en este apartado de conclusiones es el relativo al análisis de la calidad de las cuentas rendidas. Entre las noventa y ocho... ochenta y ocho... 988 cuentas del ejercicio dos mil dieciocho que han sido objeto de revisión, inicialmente, tan solo 243 se presentaron completas y sin incidencias; y las 745 restantes contenían incidencias de diversa índole, que fueron comunicadas a las entidades locales para su subsanación. Tras este proceso, el total de cuentas sin incidencias pasa... pasó a ser de 289, esto es, el 29 % de las revisadas.

En cuanto a la naturaleza de las incidencias, un 53 % son de carácter formal y están relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario contable. Y el resto, definidas como sustanciales, tienen que ver con la coherencia de la información e integridad de la misma.

Otro de los aspectos a destacar, y que al mismo tiempo afectan a la rendición de las cuentas, es el relativo al cumplimiento del ciclo presupuestario y contable. Un año más, la mayoría de las entidades locales incurren en un incumplimiento de los plazos de aprobación del presupuesto, concretamente el 65 %, lo que implica que la gran mayoría de las entidades comienzan el ejercicio con el presupuesto anterior prorrogado. Incumplimiento que también se produce en cuanto a la aprobación de la liquidación del presupuesto, ya que el 22 % lo... lo realizaron con posterioridad al plazo establecido. En cuanto a la tramitación de la cuenta general, entre el 80 y el 86 % de las entidades que la presentaron la formaron y aprobaron en plazo.

En relación a los resultados del ejercicio anterior, en dos mil dieciocho disminuye el índice de cumplimiento del plazo en la fase de aprobación del presupuesto en 2,6 puntos porcentuales, pero mejora tanto en la fase de liquidación como en el de la aprobación de la cuenta.

Y para concluir, me referiré sucintamente a la contratación administrativa, pues, como sus señorías conocen, las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Al cierre de dos mil diecinueve, un total de 1.947 entidades del sector público local, el 41 % del total, habían remitido la información contractual, habiéndose producido un descenso muy importante con relación al ejercicio anterior, de 34 puntos. El incumplimiento afecta mayoritariamente a las entidades locales de menor tamaño, fundamentalmente a las juntas vecinales. La información comunicada refleja la formalización, en dos mil dieciocho, de 20.043 contratos en la Comunidad, el 95 por ellos... el 95 % de ellos contratos menores, con un importe de adjudicación de 195 millones de euros. Atendiendo al objeto del contrato, los de mayor peso son los contratos de obras y los de servicios.

Finalizo ya mi intervención. Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantiene su... mantiene su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuenta y los órganos de control externo autonómicos el día veintiuno de junio de dos mil diecisiete: la "Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales" y la "Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público".

En tal sentido, el Consejo de Cuentas vuelve a proponer la necesidad de impulsar, además de la modificación legal mencionada, otras para favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas.

Por una parte, en lo referido... en lo referido a esta materia, mediante el establecimiento de las cuantías para la aplicación de multas coercitivas como mecanismo para hacer valer el deber de colaboración de las entidades fiscalizadas. Ya saben que están contempladas las multas coercitivas en la actual ley reguladora, como consecuencia de su modificación por la Ley 4/2013, de instituciones propias, que remite su desarrollo a la ley de acompañamiento de los Presupuestos, pero que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo.

Y por otra, que se lleve a cabo la reforma normativa para condicionar la percepción de subvenciones o... o transferencias a la efectiva rendición de cuentas; medida que es la que se está demostrando como más eficaz por el conjunto de los órganos de control externo. Al mismo tiempo, se pretende acortar los plazos para el cumplimiento de esta obligación legal, con el propósito de dotar a los informes de una mayor actualización posible. Es decir, hoy, por los medios tele... telemáticos que se disponen, se debe o se debería presentar la... la cuenta en un plazo lo más oportuno posible, es decir, lo más cercano a la gestión objeto de fiscalización pendiente.

Estas propuestas, como saben, estaban incluidas en el plan estratégico también del Consejo de Cuentas, donde se establecieron los objetivos de mandato y que establecía otras propuestas de reforma, que sus señorías conocen, como reforzar la independencia y garantizar la autonomía funcional del Consejo de Cuentas, proponer la mejora de la gestión de nuestros recursos humanos y, bueno, una serie de... de medidas que... que les haría llegar personalmente y que creo que convertirían el Consejo de Cuentas en una institución mucho más moderna, y que garantizaría aún mucho más el principio de transparencia. Por mi parte, nada más. Y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo, según lo acordado, de quince minutos, para que se lo repartan en modo y forma que estimen oportuno, en primer lugar, la procuradora doña Alba Bermejo Santos.


LA SEÑORA BERMEJO SANTOS:

Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias también al señor Amilivia. Y buenos días a todos, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor Amilivia el trabajo de fiscalización de las cuentas del sector público local de Castilla y León del dos mil dieciocho que acaba de exponer. Una labor que, como siempre, reconoce mi grupo parlamentario, y va encaminado hacia el cumplimiento del principio de transparencia y publicidad que, desde el organismo al que representa, nos ha mostrado hoy aquí. El objetivo de esta labor de fiscalización ha sido comprobar el cumplimiento, por parte de las entidades locales, de la obligación de rendimiento de la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a la forma y contenido, así como a la coherencia interna.

Me gustaría hacer mención de los parámetros concluyentes del estudio que ha expuesto. En primer lugar, con respecto a la rendición de cuentas, vemos una leve disminución de este cumplimiento en el año dos mil dieciocho con respecto al ejercicio anterior; a pesar de lo cual, el cumplimiento ronda el 77 %. Quería destacar como punto muy favorable hacia nuestra Comunidad Autónoma que Castilla y León, los ayuntamientos que conforman la misma, cumplen en unos niveles notablemente superiores a los de otras Comunidades. Unos datos que responden muy posiblemente a que la concesión de subvenciones va ligada al cumplimiento de las obligaciones de rendimiento de cuentas.

Con referencia a las entidades locales menores, vemos otro dato muy favorable, y es que tenemos unos índices de cumplimiento que van del 2,4 % en dos mil diecinueve a un cumplimiento del 94,4 en dos mil trece, hecho que, tras lo manifiesto en... en el Consejo de Cuentas en este informe, se estima que está relacionado directamente con la ley de racionalización y sostenibilidad.

Por otro lado, cabe hacer mención de ciertas magnitudes correspondientes al total de cuentas rendidas en el año dos mil dieciocho, como son que los ingresos de las entidades locales han sido superiores a los gastos, generándose así un superávit global de cerca de 20 millones de euros. En conjunto, y para que nos hagamos una idea del resultado positivo de las cifras, el resultado agregado correspondiente a las entidades locales de la Comunidad fue de 169 millones de euros. Y en cuanto al remanente de tesorería, en términos prácticamente absolutos, resultó positivo. Es decir, el 99 % de las entidades locales, en el período dos mil quince a dos mil dieciocho, manifestó unos datos de remanente creciente de alrededor de un 40 % de crecimiento global, así como un incremento de los fondos líquidos de tesorería. Estos datos, sumados al descenso del pasivo financiero en dos mil dieciocho, nos muestran un escenario que esperamos que se mantenga y, sobre todo, que se mejore.

Un escenario que, como hemos podido observar en este último mes, ha sido aprovechado por el Partido Socialista para aprobar un real decreto-ley en cuya aprobación no solo no ha contado con el apoyo de sus socios de Gobierno, sino que contiene los aspectos más lesivos del acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, y que, por si eso no fuera suficiente, vulnera los artículos que recogen los principios de autonomía y suficiencia financiera recogidos en la Constitución. Por todo ello, esperamos, y deseamos, que se dejen de incoherencias y que no pretendan que los ayuntamientos se conviertan en los bancos de su propio Gobierno.

Para concluir, adherimos a las recomendaciones propuestas para el Consejo de Cuentas consistentes en las medidas contenidas en dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo y autonómicos; medidas que pretenden estimular la rendición de cuentas de las entidades locales y que han sido implantadas en diferentes Comunidades Autónomas, dando resultados muy favorables.

Nos gustaría destacar alguna de ellas, resumidas en siete puntos. Primero: promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Segundo: reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las... de las intervenciones locales. Tercero: fortalecer la asistencia y el asesoramiento de los municipios, especialmente los de menos de 1.000 habitantes; es decir, en las diputaciones provinciales. Cuarto: revisar la regulación de las multas coercitivas. Quinto: llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias. Sexto: instar a los órganos competentes de las Administraciones estatales y autonómicas para que tengan conocimiento de la falta de rendición de cuentas generales. Y, por último, propiciar, desde las distintas Administraciones públicas y asociaciones representativas de entidades locales, acciones divulgativas orientadas a sensibilizar a las entidades locales en el cumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas.

Esperamos que con estas recomendaciones los resultados mejoren de cara al siguiente informe. Muchísimas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Tiene la palabra doña Blanca Delia Negrete para que continúe durante el resto del tiempo que le...


LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Gracias, presidente. Y gracias de nuevo al señor Amilivia. Buenos días a todos. Este informe que ha venido a presentar hoy aquí el señor Amilivia tiene como objetivo mostrarnos las consecuencias económico-financieras que ha tenido la ley de estabilidad presupuestaria en las entidades locales durante los períodos dos mil diez-dos mil diecisiete. Me gustaría al respecto hacer una breve mención a los parámetros más llamativos que analiza en el informe y que usted hoy nos ha expuesto en esta Comisión, haciendo en algunas ocasiones distinción entre diputaciones, capitales de provincia y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

En lo relativo al gasto no financiero, observamos que las medidas de control tuvieron gran incidencia, de forma que el mismo disminuyó en todas las diputaciones, capitales de provincia y ayuntamientos, sin prácticamente ninguna excepción. Fueron las medidas de control cuya aplicación generó que en el período dos mil diez-dos mil doce se impulsara esta disminución de gasto.

Por otro lado, y en relación a los remanentes de tesorería, en el caso de las diputaciones han mejorado en su cifra en las dos etapas de estudio, de dos mil diez al doce y también del doce al dieciséis, resultando muy positivos. Con respecto a los remanentes en las capitales, quiero destacar lo favorable de los resultados, puesto que ha pasado de 63 millones a 156. Hablamos de un incremento total en ambos períodos de 219 millones. Algo similar ha sucedido también con los remanentes en los ayuntamientos de más... de más de 10.000 habitantes, que también han aumentado de forma muy muy considerable. Estos datos han sido posibles por el escaso uso de los remanentes de tesorería, una tendencia decreciente generalizada que hemos observado tanto en diputaciones como en capitales y también en los municipios de más de 10.000 habitantes.

Por otro lado, y en relación con la realización de inversiones con cargo a superávit presupuestario, vemos que han sido escasas, llegando, como mucho, al 10 % en las capitales y al 1,7 en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Por el lado del endeudamiento por operaciones de crédito, aumenta, por regla general, entre los años dos mil diez-dos mil doce, tanto en diputaciones como en capitales, como en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, creyendo que este aumento de endeudamiento es por la adhesión de las entidades locales al Real Decreto 4/2012, bajando en el período ya de dos mil doce al dos mil dieciséis.

Por último, quiero mencionar los últimos parámetros analizados, que son el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Aquí vemos una diferenciación marcada entre entidades: por un lado, las diputaciones, que sí que han cumplido -salvo en alguna pequeña excepción- con el... con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto; y por otra parte, las capitales, que han incumplido en el período dos mil trece-dos mil diecisiete, aprobando planes económico-financieros algunos ayuntamientos de algunas capitales, como por ejemplo la de mi capital, Burgos, León, Salamanca y también Valladolid, con lo que esperamos que estos resultados mejoren en lo posterior; pasando algo muy similar en los ayuntamientos también de más de 10.000 habitantes, donde se han implantado también planes de este tipo.

Por todo ello, no puedo... como no puede ser de otra manera, nos adherimos a sus recomendaciones, que tras la observancia de resultados han dado el Consejo de Cuentas, esperando así que, evaluando las consecuencias de la disminución de las inversiones y estudiando las necesidades que son susceptibles de recibir mayor esfuerzo presupuestario, los resultados sean mejores en lo que hoy hemos... de lo que hoy hemos podido ver.

Antes de finalizar mi intervención, y puesto que hemos visto los resultados de los remanentes de tesorería de las entidades locales, creo que merece una especial mención la aprobación del Real Decreto-ley 17/2020, de Medidas Financieras, de Carácter Extraordinario y Urgente, Aplicables a las Entidades Locales, aprobado por el Partido Socialista en solitario el cuatro de agosto de este año, con el que ni siquiera ha contado con el apoyo de sus socios de coalición (Izquierda Unida-Podemos), quien se han abstenido. Un decreto que contiene los aspectos más lesivos del acuerdo de la FEMP, que incluso cambia las condiciones pactadas de los alcaldes socialistas con la FEMP. Este decreto-ley se aleja bastante de la propuesta de resolución aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de veintidós de julio, hasta el punto de que nos encontramos con la vulneración de dos artículos de la Constitución Española, el 137 y el 142, que, como ustedes saben, son el principio de autonomía que poseen los municipios, provincias y Comunidades Autónomas; así como el principio de suficiencia financiera, del cual se establece que las haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones, nutriéndose fundamentalmente de tributos propios y de participación en el Estado y las Comunidades Autónomas.

Con este ejercicio de ingeniería fiscal que han hecho los socialistas, los ayuntamientos y las diputaciones que decidan voluntariamente acogerse a este plan entregarán su superávit. En Castilla y León estamos hablando de la friolera cifra de 1.279 millones de euros. Podrán a cambio acceder a un fondo con hasta 5.000 millones de euros, para destinarlo a áreas donde el sector de la industria ni siquiera se menciona, y que en esta Comunidad tanta falta nos hace. Se trata de un absoluto engaño, una modificación de la ley que orbita sobre la captación de ahorros de los ayuntamientos sin un destino claro, porque no sabemos a dónde se van a destinar esos remanentes.

Y solo decirles que eran ustedes los que en el año dos mil trece opinaban de la Ley 27/2013, la de la Racionalización y Sostenibilidad de la... de la Administración Local, la... la conocida como "ley Montoro", que buscaba fundamentalmente tres puntos: eliminar duplicidades en materia de competencias con las Administraciones; poner un tope máximo a cuánto podían subir los sueldos los dirigentes locales; y limitar las contrataciones y garantizar un control financiero-presupuestario más riguroso. Y que hoy, nutriendo la... nutriéndose de la incoherencia de la que hacen gala constantemente, aprueban un decreto-ley que vulnera, como antes he dicho, derechos constitucionales. Entonces opinaban que se tenía una visión exclusivamente economicista de las funciones de las entidades locales, en vez de situar la atención a los ciudadanos y la calidad de prestación de los servicios en el centro de la reforma, y pedían la derogación de la ley y reforzar la autonomía local, que garantizase un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas en las entidades locales. Hoy parece que ya no piensan igual.

Sin embargo, hay un gran malestar entre los alcaldes, incluidos algunos alcaldes socialistas, que no quieren acogerse al real decreto. Tanto es así que muchos Plenos municipales y provinciales han aprobado mociones para mantener la independencia de las cuentas de estas Administraciones con el apoyo unánime de todos los partidos políticos, incluidos los del Partido Socialista. Sus argumentos son claros: que el Estado quiere reducir su déficit con el dinero de los ayuntamientos, y sin afrontar las grandes reformas que están pendientes, como, por ejemplo, las pensiones.

Lo que a nosotros nos parece es que no se puede pretender que los ayuntamientos hagan de banco para el propio Gobierno, cuando en ningún artículo ni disposición del real decreto se expone a dónde van a ir destinados los fondos de los ayuntamientos. Nosotros, Ciudadanos, consideramos que nuestra economía actualmente necesita una verdadera política expansiva, basada en la inversión condicionada, evitando destinar partidas al gasto corriente. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Popular, durante quince minutos tiene la palabra don Salvador Cruz.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Mis primeras palabras, para dar la bienvenida al presidente del Consejo de Cuentas y al consejero responsable del sector público local, el señor Emilio Melero, darle la bienvenida. Y agradecer también el esfuerzo realizado por el Consejo de Cuentas, que ha puesto de manifiesto el presidente en su comparecencia de hoy, para regularizar la situación que manteníamos de no... de no comparecencia aquí, en el seno de la Comisión, y regularizar para que a día de hoy, como ha puesto de manifiesto, solo queden 5 informes de presentar, algunos recientemente aprobados -en el día de ayer se aprobó el último informe, relativo también al ámbito local, de la gestión del Ayuntamiento de Valladolid en el ejercicio dos mil dieciséis-, y creo que es de justicia agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Consejo de Cuentas, de los técnicos, en comparecer en esta Comisión, también de los miembros de esta Comisión, para regularizar esa situación de retraso que se había acumulado y que nos permite ya afrontar con normalidad y en tiempo y forma la presentación de los informes de fiscalización de los planes anuales de fiscalizaciones aprobados.

Dicho esto, analizamos en primer lugar el informe relativo a la rendición de cuentas del sector público local, en el que creo que hay que poner de manifiesto una cierta preocupación -una cierta preocupación que creo que el presidente también ha hecho referencia a ello-, en cuanto a una menor formalización y presentación de la rendición de cuentas en el ámbito del sector público local. Es verdad que una rebaja no muy sustancial en su conjunto, un 70 %, pero que sí es sustancial especialmente en el ámbito de las entidades locales menores, donde se ha producido una rebaja sustancial de 11 puntos respecto al último ejercicio, donde había una evolución muy positiva; había... hay que recordar que en el año dos mil nueve solo un 2,4 % de las entidades locales menores rendían la cuenta, pasamos a un máximo en el año dos mil trece con un 94,4 %, fruto de la ley de estabilidad y racionalidad del ámbito local, y esa evolución desde ese momento ha ido a la baja y nos situamos en el año dos mil dieciocho con un 65,1 %.

Y aquí es donde entran las recomendaciones -que ha hecho referencia el presidente- respecto a la implantación de medidas de estimulación de la rendición de la cuenta, en el que, efectivamente, en la modificación de la ley de dos mil trece en estas Cortes se planteó la posibilidad de establecer medidas coercitivas, que deberían de desarrollarse en el ámbito de la ley de medidas de acompañamiento en los Presupuestos, que en ningún caso se han tenido en cuenta. Ahí nuestro grupo parlamentario siempre ha tenido una posición favorable a esas medidas coercitivas, no tanto a la minoración de las subvenciones, porque entendemos que no podemos perjudicar al conjunto de la ciudadanía por la no rendición por parte de los ayuntamientos de la cuenta general, donde la responsabilidad está en el ámbito de la corporación y en el ámbito también de los máximos responsables en el ámbito de la cuenta, como pueden ser los interventores en las entidades de menor tamaño. Pero, bueno, yo creo que ha llegado el momento de analizar medidas para estimular esa rendición y, desde luego, estamos abiertos a un debate sosegado para que en Castilla y León, estando como estamos -y es verdad-, por encima de la media, podamos situarnos en los ámbitos más elevados de rendición, como hay algunas Comunidades que ya están en torno al 86 %, que sí han implantado medidas de estas características.

Y también hacer una reflexión sobre lo que creo que es más preocupante todavía, que es la falta de remisión de la contratación administrativa o de la certificación negativa que establece la normativa, donde esa rendición ha supuesto una minoración respecto al ejercicio anterior de 34 puntos, pasando de un 75 % a un 41 %. Y digo esto porque en un momento en el que la transparencia está siendo el eje de... de la Administración pública para potenciarla y desarrollarla, llama poderosamente la atención una rendición o una... una bajada de la remisión de la contratación por parte de los ayuntamientos, donde el volumen de contratación además en los últimos ejercicios ha crecido sustancialmente.

Respecto a las medidas de control del informe de la ley de racionaliza... de la Ley Orgánica 2/2012, en primer lugar, poner una reflexión que creo que pone de manifiesto el informe del Consejo de Cuentas, que es que esa ley ha cumplido sus objetivos. Y hoy tenemos un debate en el que se ha hecho referencia en la mañana de hoy, en esta Comisión, y en el que se pretende la convalidación de un decreto-ley, el Decreto-ley 27/2020, en el que se plantea por primera vez una ruptura del consenso básico establecido en el órgano de representación del conjunto de las corporaciones locales, la Federación Española de Municipios y Provincias, fruto del éxito de esta ley. Si hoy los ayuntamientos tienen 14.000 millones de euros depositados en las entidades financieras, si se ha producido una minoración del gasto, se ha producido una evolución positiva de remanentes de tesorería generales en un 99 % de los casos de superávit, pasando de déficit... además, yo creo... de todas las Administraciones locales, a un superávit de la mayoría de las... es fruto de la aplicación de esta ley.

Y es verdad, y creo que el presidente ha hecho referencia a ello, que hay un elemento fundamental; es verdad que la ley ha cumplido sus objetivos, pero a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Y, desde luego, el Decreto 27/2020 no plantea una solución para el conjunto de los ayuntamientos, tan es así que en el análisis que el propio informe establece en la evolución de los años dos mil diez al dos mil diecisiete hay un 22 % de las corporaciones, de las entidades locales en la Comunidad, que no tienen superávit y, por lo tanto, no podrían acogerse en ningún caso a las medidas contempladas en el Decreto 27/2020.

Por lo tanto, la solución pasa además por lo que se ha puesto de manifiesto en las últimas dos sesiones plenarias en el debate parlamentario en estas Cortes: volver al consenso que se había establecido en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, modificar la Ley 2/2012, para permitir flexibilizar la regla de gasto no solo en el dos mil veinte, sino también en el dos mil veintiuno, y que las medidas para incrementar el gasto y hacer frente a las medidas de lucha contra la pandemia del COVID-19 puedan vincularse al conjunto de los ayuntamientos, y que estos además no tengan que hacer cesión alguna al Gobierno de España, porque -como bien se ha apuntado aquí- lo único que pretende el Gobierno de España, al plantear las medidas recogidas en el Decreto 27/2020, es maquillar el incremento de déficit público, ni más ni menos. Porque todos sabemos que los fondos europeos van a llegar en el año dos mil veintiuno, el déficit público de este ejercicio se va a situar en un escenario muy parecido al que motivó la implantación de la Ley de... 2/2012, en el que el déficit público estaba en los 110.000 millones de euros, este año estaremos en torno a los 130.000, y lo que pretende el Gobierno es maquillar ese déficit público con los ahorros de los ayuntamientos.

La solución pasa, y el presidente creo que acertadamente lo ha apuntado, en modificar la ley de racionalidad y sostenibilidad financiera, la Ley 2/2012, para... para aplicar a una situación excepcional, una solución excepcional. La ley cumplió el objetivo, y si hoy estamos hablando de poder utilizar esos fondos es porque se controló el gasto, se incrementaron los ingresos -y hay que recordarlo- con medidas importantes, aunque hubo una minoración por la crisis, los ayuntamientos mejoraron su capacidad de recaudación, especialmente, por la aplicación del incremento del impuesto de bienes inmuebles en el conjunto de las corporaciones locales, que es el mecanismo más importante que tienen los ayuntamientos para mejorar sus ingresos, y ha habido una evolución muy positiva en cuanto a la evolución del endeudamiento, que se ha producido una rebaja sustancial del orden del 39 % en el conjunto de las corporaciones y de las entidades locales de nuestra Comunidad.

Por lo tanto, hay que aplicar una solución excepcional, que no pasa por la convalidación del decreto-ley. Y creo que el hecho de que el Partido Socialista se haya quedado solo lo pone de manifiesto el hecho de que en la mañana de hoy seguramente ese decreto-ley no será convalidado y es el momento de plantear la modificación de la ley, volver al consenso en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias y aplicar las medidas consensuadas por todas las fuerzas políticas para dar una solución lineal al conjunto de los ayuntamientos, que les permita afrontar los gastos derivados de la pandemia al conjunto de las corporaciones locales y entidades locales, con independencia de que en este ejercicio, con seguridad, habrá un mayor número de entidades que van a tener déficit y no superávit.

Creo que eso es fundamental porque, además, los ayuntamientos han tenido un comportamiento ejemplar en la lucha contra la pandemia, lo hemos puesto de manifiesto desde nuestro grupo parlamentario, con independencia de quiénes sean los alcaldes que están al frente; y especialmente los ayuntamientos más pequeños de esta Comunidad, aquellos de menos de 1.000 habitantes que, con escasos recursos, han tenido que recurrir a la imaginación y al esfuerzo del conjunto de la corporación para ayudar a sus vecinos en la lucha contra esta pandemia.

Por tanto, espero que ese decreto-ley no se convalide en el día de hoy, volvamos al consenso que se había alcanzado en el seno de la FEMP y podamos articular medidas que favorezcan al conjunto de los ayuntamientos, y que pasan por modificar la ley de sostenibilidad y racionalidad financiera, básicamente porque en una situación excepcional hay que aplicar medidas excepcionales, y no podemos castigar a aquellos que han sido los que han cumplido. Y ese cumplimiento lo pone de manifiesto el informe presentado en la mañana de hoy por el Consejo de Cuentas.

Asumimos las recomendaciones que plantea el Consejo de Cuentas con un criterio creo que muy importante, que es en el ámbito, ya como resumen, de establecer de futuro medidas que puedan estimular a la rendición de la cuenta y establecer modificaciones legislativas que favorezcan al conjunto de los ayuntamientos que, como digo, han tenido un comportamiento ejemplar durante este año dos mil veinte en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Nada más. Y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Para concluir este primer turno de intervenciones, y por un tiempo también máximo de quince minutos, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador don Luis Briones Martínez.


EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Buenos días. Gracias, señor presidente. Y en primer lugar, agradecer la presencia del presidente del Consejo de Cuentas, también de los consejeros, en este caso el señor... el señor Melero, y todo el equipo que le acompaña para la presentación de dos informes que son muy importantes, sobre todo uno muy novedoso, que es el de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la ley de estabilidad presupuestaria, y uno ya habitual, que anualmente se va presentando precisamente en este... en este Parlamento.

Empezaré, al revés de lo que ha empezado el presidente, con relación fundamentalmente al informe de fiscalización sobre las cuentas del sector público de Castilla y León. Al igual que en ejercicios anteriores, la limitación más significativa que afecta a la realización del presente trabajo de fiscalización tiene su origen en los incumplimientos, una vez más, registrados en la rendición de cuentas. En concreto, de las 4.750 entidades locales comprendidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización, 1.407 no habían rendido cuentas, es decir, en el año dos mil diecisiete fueron 1.084, casi un 5 %, siete puntos menos a fecha de cierre. Los análisis realizados... hemos pasado, por tanto, fíjense ustedes, de un 22,8 a un 29,7 de incumplimiento, siete puntos menos.

Los datos, si no son del todo alarmantes, sí son muy pero que muy preocupantes. Y hay que empezar a tomar medidas. Y aquí no... podemos hablar del Gobierno de España y podemos hablar de muchas cosas, pero las medidas se tienen que tomar en esta Comunidad Autónoma, y el Gobierno tiene mucho que decir. Así, fíjense ustedes, del total de entidades con la siguiente distribución: 514 ayuntamientos, es decir, 457... perdón, 458 en dos mil diecisiete, 16... 116 mancomunidades, por 104 en dos mil diecisiete, una diputación y otras entidades asociativas, y 700... 735 entidades locales menores no habían presentado cuentas. Estamos hablando de auténticos disparates. ¿Lo queremos maquillar? Hay que enterarse, cuando se ven estos datos, no todo va bien, como están diciendo los señores de Ciudadanos, sobre todo en este informe.

En este período, el sector público local en Castilla y León ha pasado de tener 4.942 entes en dos mil diecisiete a 4.937 en dos mil dieciocho, entre ellos, una entidad local menor menos: en Burgos. Variación también negativa si vemos la variación en los últimos diez años, donde han desaparecido 14 entidades locales menores, 20 organismos autónomos o 5 sociedades mercantiles. De nuevo observamos que en este ejercicio los datos no han sido tan positivos como en los ejercicios anteriores en cuanto a la rendición de cuentas, como se... se ve detenidamente en el análasis... en el análisis, perdón, detallado, y destacamos un claro empeoramiento con relación a los datos de dos mil diecisiete y el último decenio, sobre todo cómo hay entidades incumplidoras que de modo reiterativo no cumplen con esta obligación, sobre las que sí que se ha dicho -se dice año tras año- hay que tomar algunas medidas serias, un poquito en... en relación con las recomendaciones que está practicando continuamente el Consejo de Cuentas.

Miren, en la redición de cuentas del ejercicio de dos mil dieciocho se ha realizado teniendo en cuenta los criterios habituales, la evolución negativa en la rendición de cuentas en todos los grupos de entidades en dos mil dieciocho, es decir, ayuntamientos baja el 77 %, las entidades locales menores bajan el 65 % -es decir, la menor desde el año dos mil trece-, o las mancomunidades, reducción de coma cuatro... perdón, cuatro coma puntos... nosotros consideramos, desde luego, muy preocupante. En general, a nivel estadístico, se registra una evolución positiva de la rendición de cuentas hasta el año dos mil catorce. A partir de ahí los valores, realmente, han ido en... con un cambio de tendencia muy preocupante año tras año, y desde luego mucho más pronunciado en este año. ¿Qué sucederá el año dos mil diecinueve con el COVID? ¿Qué va a suceder?

Y luego vamos con las entidades con un incumplimiento reiterado, sistemático, de rendición de cuentas. Es absolutamente inconcebible que 267 ayuntamientos -el año pasado fueron 231, es decir, 37... 36 más- tengan cuentas pendientes de rendir de varios ejercicios, pero en todas las provincias, una población afectada de más de 100.000 habitantes; o 17 ayuntamientos que superan los más de 1.000 habitantes que están también pendientes de rendir cuentas en los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis... Es decir, prácticamente que lo hacen ya de modo habitual.

Si analizamos las cuentas, destacar que el número de cuentas generales incluidas en el alcance temporal del trabajo asciende a 3.343, son el... el 70 % de las cuentas del sector público, en el ejercicio dos mil dieciocho; pero es que en el dos mil diecisiete eran 3.667. Estamos, por tanto, viendo que todas las variables van variando pero en el sentido preocupante, en el sentido muy negativo, pero que muy negativo. Y en términos de población, y quitando a las diputaciones -por cierto, hay una diputación, con referencia al ejercicio de dos mil dieciocho, que tampoco rindió cuentas-, le siguen los ayuntamientos que han rendido cuentas dentro del período de análisis, es decir, fíjese que es hasta el treinta y uno del doce de dos mil diecinueve, representan el 65 %. Estamos hablando de unos peores datos muy cualitativos y cuantitativos ya que en el año dos mil diecisiete. Como consecuencia del proceso de revisión de la cuenta general, de las 998 cuentas realizadas, 745 presentaban incidencias. ¿Es absolutamente asumible que más del... que más del 75 % de las cuentas tengan incidencias? Es decir, solamente 164 no tenían incidencias.

Con relación al endeudamiento financiero, entre dos mil quince y dos mil dieciocho se ha producido una significativa reducción de esta ratio a nivel global, 16,9 puntos. No obstante, resulta mucho más acusada en las diputaciones (24,9 puntos) que en los ayuntamientos (15,2 puntos).

Y ya hablando... o terminando con la contratación administrativa, se pone de manifiesto que se ha producido una disminución en el cumplimiento también de esta obligación, con relación al dos mil diecisiete, de 33,9 puntos en el total de las entidades locales, pasándose... pasando, perdón, de 3.558 en dos mil diecisiete a ciento... a 1.947 en dos mil dieciocho. Aquí hay que hacer necesariamente una reflexión sobre cuál es la causa por la que las entidades locales no remiten esta información, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones de remisión de la contratación correspondiente, y fundamentalmente en las entidades locales menores, que seguramente es donde tenemos que hacer mucho más hincapié, y también en las mancomunidades, con un 53,9 %.

Y en este informe, también por primera vez, entra los convenios, tras el acuerdo del Consejo de Cuentas de veintidós del doce de dos mil dieciséis. Solamente se ha remitido en el ejercicio dos mil dieciocho remisión de información de convenio en plazo por parte de 262 entidades locales, el 5,5 %, y 401 fuera de plazo. Es decir, que no han remitido información el 86 %. Estos datos son crudos, pero es la realidad. Y no podemos hacer lo mismo todos los años, es decir, el balance de las cuentas relativo a la obligación de... de la rendición, de las cuentas rendidas, de la contratación administrativa y de los convenios induce claramente a pensar que las medidas que se han adoptado hasta ahora no han sido suficientes. Y, por lo tanto, hay que empezar a corregirlas, hay que hacer caso, pero no solamente caso en esta Comisión, sino que el... el Gobierno se tiene que obligar de una vez a cumplir lo que se está diciendo aquí, lo que está diciendo año tras ajo... año, perdón, tras año el... el Consejo de Cuentas. Asumimos, por tanto, todas las recomendaciones, que son reitera... son reiterativas, prácticamente, y es verdad que hay otras cuatro... bueno, algunas nuevas, con relación precisamente a los convenios.

Con relación al... bueno, pues al segundo informe, que es muy novedoso, que es muy interesante, que es muy importante, que parece que... que quedaría todo tapado por lo que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, pero que no es así. Nos parece que los objetivos que se ha marcado precisamente son muy... muy interesantes para conocer la realidad de la... lo que estamos hablando, lo que pasó desde el año dos mil diez hasta ahora, y ese análisis, desde luego, de lo que es la estabilidad presupuestaria, es la normativa aplicable, el objetivo de estabilidad, la regla de gasto o la sostenibilidad financiera para el control del déficit público. Bueno, y analizar la evolución del remanente de tesorería para gastos generales. Vamos en cuanto al resultado de la fiscalización y luego haré unas consideraciones también al final.

Como consecuencia de la crisis económica y medidas de control del déficit público y la entrada en vigor de la estabilidad presupuestaria, desde el año dos mil diez disminuye el gasto de las entidades locales en inversión y, fundamentalmente, de personal y también los ingresos en el dos mil diez-dos mil doce. En lo relativo a los saldos no financieros, en el período dos mil diez y dos mil once hay un déficit, y en el período dos mil dieci... perdón, dos mil doce-dos mil dieciséis hay un superávit reconocible, consecuencia del aumento de los ingresos y disminución de los gastos no financieros. Lo mismo pasa con los remanentes de tesorería para gastos generales, que aumentan sustantivamente en el período dos mil diez-dos mil doce, y a partir de dos mil trece son positivos en todos los grupos de entidades.

Como consecuencia de las medidas aprobadas de reducción de déficit público... ¿Alguien se acuerda del Decreto-ley 8/2010? ¿Nadie se acuerda de lo que votó el Partido Popular, lo que votaron los nacionalistas en este decreto, lo que dijo el señor Montoro? Lo diremos después. ¿Alguien se acuerda eso de que... que a España, ¿eh?, España hay que dejarla caer, ya la levantaremos nosotros. ¿Se acuerda alguien de lo que pasó? Bueno, pues eso es muy interesante. Como consecuencia de este decreto-ley, se produjo un cambio en la situación de déficit a superávit en los activos financieros y luego se aprobó la famosa Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, de estabilidad presupuestaria; esa, esa ley que hoy tiene plena vigencia, esa que impidió y que quebró y quebrantó la autonomía municipal. ¿Dónde estaban los alcaldes en aquellos momentos protestando? Ni uno solo, les parecía bien. Había... ese... ese dinero ya no es que se les fuera a dar a los ayuntamientos, todo lo contrario, se quedó ahí, no se lo van a poder gastar ustedes. Y es lo que va a volver a pasar, ese dinero no se va a poder a volver gastar. Ya han pactado con el eje del mal, ahora ya el PP ya con los... con ERC, con los nacionalistas; han pactado el tirar para atrás precisamente... [Murmullos]. No, no, oiga, la suma es la realidad y, por lo tanto, yo me estoy ciñendo a eso. [Murmullos]. Con Bildu.

Analizamos, por tanto, las diversas variables e indicadores y comprobamos como el gasto financiero, ciertamente, disminuye entre dos mil diez dos-mil doce un 24 %, y crece en los años dos mil doce-dos mil diecisiete un 14 %. Hablo del análisis ya fundamentalmente de las diputaciones.

En los remanentes de tesorería para gastos generales hay un aumento del 57 %, pasándose a una cifra superior a 157 millones de euros, cercana actualmente a los... perdón, en el año dos mil diecisiete, a los 245. El aumento es destacado en algunas diputaciones, como puede ser Soria, Salamanca, Burgos, y disminuye en otras diputaciones. En el período dos mil diez... dos mil doce-dos mil dieciséis se experimenta también un incremento de los remanentes de tesorería para gastos generales del 33 %, algo menor que en el ejercicio anterior.

En relación al endeudamiento por operaciones de crédito, pues disminuyen prácticamente entre dos mil diez y dos mil doce las Diputaciones de Ávila, Segovia y Palencia, con el 21 %, y aumenta, por ejemplo, la de Valladolid, con un aumento del 10 %. A partir de la entrada en vigor de la ley de estabilidad presupuestaria, a partir del año dos mil trece, se observa una... una tendencia decreciente en la utilización de los remanentes para gastos generales; es decir, fue aprobar la ley y ya no había remanentes. Por cierto, algunos de estos remanentes todos sabíamos de dónde venían con anterioridad, porque, claro, la ley del suelo que explotó la burbuja y aquí todos iban con el famoso superávit; yo lo tuve que vivir como alcalde, o sea, que sé muy bien de qué... de lo que estoy hablando.

Es de destacar, por tanto, que en el período dos mil diez los indicadores de inversión por habitante y de gasto... y de gastos de personal disminuyan con carácter general, por contraposición, en este período aumenta el endeudamiento financiero por habitante. Pero fíjense ustedes, en el siguiente período, dos mil doce-dos mil dieciséis, también estos indicadores siguen la línea de análisis realizados en los apartados anteriores, pues el indicador de inversión disminuye a nivel agregado y la inversión por habitante apenas aumenta. Todas las diputaciones cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, a excepción de Burgos. Y, en relación a la regla de gasto, solo la cumplen cuatro diputaciones en todos los ejercicios.

Con el análisis de los ayuntamientos capitales de provincia prácticamente... es un análisis muy similar al que experimentan las... también las grandes... las diputaciones, las grandes ciudades. Su cifra de remanentes por gastos generales, bueno, pues prácticamente el remanente, con excepción de Valladolid y Burgos, aumenta, en ese sentido, prácticamente se incrementa pues lo que... lo que en ese aspecto son todas las operaciones y todas las variables, ¿no?

El endeudamiento por operaciones de crédito de las capitales de provincia aumenta en el dos mil diez-dos mil doce, a excepción de Segovia y Valladolid, en las que disminuye; y en el período dos mil diez... dos mil doce-dos mil dieciséis disminuyó en todas las capitales de provincia, destacando la de Zamora, Valladolid y Salamanca. Lo mismo sucede con la inversión, en el período dos mil diez los indicadores de inversión por habitante y de personal disminuye en todas las capitales de provincia; y en el dos mil doce-dos mil dieciséis es verdad que aquí hay un cambio, sí que aumentaron, ¿eh?, si bien ligeramente, a nivel agregado. Y tres capitales de provincia incumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación en el período dos mil trece-dos mil diecisiete: el Ayuntamiento de Burgos en dos mil dieciséis, el de León en dos mil catorce y el de Salamanca. El gasto del grupo de los ayuntamientos capitales de provincia disminuye en el período analizado en el marco de la crisis económica, siendo especialmente acusada la disminución de los gastos de inversión.

Con relación, y voy finalizando, al análisis de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia, el gasto no financiero de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes disminuyó en todos ellos, a excepción de algunos que disminuyen también, con carácter general, en el período dos mil doce y dos mil diecisiete.

Con relación a los remanentes para gastos generales, en el período dos mil diez-dos mil doce todos los ayuntamientos, con excepción de cuatro ayuntamientos, prácticamente, bueno, pues se... pasan a ser positivos. En porcentaje de inversiones realizadas con cargos al superávit presupuestario, es muy bajo, pasando del 12,1 al 14... en dos mil catorce al 1,7 en dos mil diecisiete. Por tanto, prácticamente, con relación al cumplimiento de estabilidad presupuestaria, del total de los catorce ayuntamientos, cinco incumplieron este objetivo; hay... prácticamente otros tres también incumplieron la regla de gasto.

Finalizo, porque se me acaba además el tiempo, este grupo parlamentario reitera la felicitación al Consejo de Cuentas por este nuevo informe que ha analizado toda la normativa de estabilidad presupuestaria aplicada a los tres grandes grupos de instituciones públicas (diputaciones, ayuntamientos de capitales de provincia y los mayores de 10.000 habitantes), con los resultados que podemos ver en las 35 conclusiones y 4 anexos y en las 3 recomendaciones que asumimos en su totalidad.

Termino diciendo que es un trabajo muy complejo, sobre todo el de este segundo informe, basado fundamentalmente en la aplicación de políticas muy restrictivas, muy restrictivas, políticas impuestas por la Unión Europea y que, bueno, el máximo valedor aquí, evidentemente, fue el Partido Popular y se ha... que se intentó superar la crisis económica tanto en Europa como en España basados en férreos controles del déficit de los Estados y restricción de las inversiones públicas, pero esto trajo consigo un deterioro de las mismas; consecuencias que han pagado los de siempre fundamentalmente y quienes son los que tienen mayores... mayor problema; es decir, y en este caso se ha pagado en educación, en sanidad y en servicios sociales. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, muchas gracias. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerles a todos sus intervenciones, la sensibilidad que hoy han manifestado en torno a las recomendaciones de ambos informes, especialmente en lo que se refiere a la rendición de cuentas, y la confianza como presidente que tengo y que tenemos los miembros del Consejo de Cuentas en que van a acometer finalmente estas medidas para que el Consejo de Cuentas tenga los medios que demanda históricamente, que le van a permitir, sin duda, mejorar los niveles de rendición de cuentas.

En relación al primer informe, yo creo que lo han dicho ustedes, con los matices propios de cada grupo político, pero que obviamente es clara la conclusión. Es decir, esa normativa histórica, con la evolución correspondiente, cumplió los objetivos planteados, los ayuntamientos se sanearon económicamente o los poderes locales, como me gusta decir, consiguieron una situación económica diferente, y hoy obviamente los ayuntamientos, las entidades locales, ya no son el problema del déficit público y el endeudamiento en España, sino -como decía en mi primera intervención- parte de la solución. Y hoy tenemos la suerte de poder decir que los ayuntamientos, la mayoría de ellos y todos en conjunto, están contribuyendo y pueden contribuir aún más a la solución tristemente crítica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Es decir, los ayuntamientos ya no son parte del problema, son parte de la solución. Y, en ese sentido, recordar los datos del ejercicio dos mil dieciocho, una liquidación presupuestaria, un resultado presupuestario de 169 millones de euros, un descenso de un 11 % de deuda, una liquidez en cuenta bancaria con un aumento del 10 % y, por segundo año consecutivo, hay dinero efectivo en el banco mayor que el endeudamiento. Es decir, datos realmente importantes.

En segundo lugar, referido a la rendición de cuentas, me gustaría ponderar un poco el trabajo del Consejo de Cuentas, destacar el extraordinario esfuerzo que hace en este caso el departamento de local del Consejo de Cuentas por las características propias de Castilla y León. Es decir, aquí hemos conseguido que el 85 % de la población de Castilla y León rinda cuentas. Pero yo creo que a veces olvidamos, ¿no?, no que se nos ha olvidado, precisamente se ha recordado por parte de todos, pero me parece oportuno destacarlo, que en el ámbito estatal, de las 12.933 entidades locales con obligación de rendir cuentas, el mayor número de ellas, 4.736, es decir, el 36 %, 10 entidades de cada... 4 de cada 10 entidades locales lo hacen en Castilla y León; es decir: 2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones provinciales, 1 comarca, 251 mancomunidades, 13 agrupaciones de municipios y 2.214 entidades locales menores. Castilla y León cuenta con el 27,6 % de los ayuntamientos; ayuntamientos que han rendido por encima de la media nacional, el 77,1 % en relación al 75 %; que ese 77 aplicado a ese 27 % significa que aproximadamente 3 de cada 10 que han rendido cuentas en España -ayuntamientos- lo han hecho en Castilla y León. Y ayuntamientos, como ustedes sabes... saben, tienen unas características estructurales, de población, ¿eh?, que hacen aún más difícil, efectivamente, que esa... que esa rendición se produzca. Es decir, el esfuerzo del Consejo de Cuentas para conseguir que haya una rendición cercana al 80 %, superior a la media nacional, sin disponer de medidas coercitivas, creo que tiene que ser puesto en todo su valor.

En relación a las entidades locales, como se comentaba aquí, pues en el censo de 3.000 entidades locales menores, Castilla y León dispone del 60 % del conjunto. Este año se alcanza un porcentaje del 65 % a treinta y uno de diciembre. Pero, por ejemplo, en otras Comunidades Autónomas está por debajo. Y pongo dos ejemplos: Cantabria, 60 %; Castilla-La Mancha, por ejemplo, el 43. Es decir, es un problema común al conjunto de las... de las Comunidades Autónomas, y tiene que tener, lógicamente, un tratamiento específico vía el asesoramiento de las diputaciones provinciales. Quiero decir que solamente nos superan -como he venido diciendo- aquellas entidades locales que tienen esas medidas al estímulo, y que van del 86 hasta el 94 %, y que hoy creo que positivamente sus señorías lo han ponderado.

Y dos ejemplos, dos ejemplos. Uno que siempre pone el consejero Melero, que es el siguiente: el Ministerio de Hacienda, como saben, aplica -y no castiga a los vecinos de esta manera- la retención de los fondos correspondientes en la participación de los tributos del Estado por incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación presupuestaria. Pues bien, en este caso, en Castilla y León solo 43 ayuntamientos, ante esta advertencia, dejan de presentar esa liquidación, mientras ascienden a 514 los ayuntamientos que no han rendido cuentas. Es decir, cuando hay una advertencia con consecuencias jurídicas determinadas, evidentemente se rinde cuentas.

O recordar otra vez lo que ocurrió con las entidades locales menores en relación a la ley de racionalización y la presunta o presumible desaparición de las mismas si no rendían cuentas, que elevó los índices del 2 % al 94 % en dos mil trece. Es decir, yo, como siempre tengo ocasión de comentar, no se trata de... de aplicar multas sin más, no se trata de retener pagos o transferencias sin más; se trata de regular jurídicamente los supuestos en los que se deben aplicar medidas de carácter coercitivo, teniendo en cuenta, como he dicho antes, que hay 218 ayuntamientos que incumplen reiteradamente esta obligación, y algunos de ellos con una población entre 500 y 1.000 habitantes, es decir, que no hay justificación posible, ¿eh?

Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de... de medidas, yo también invito a ponderarlas en el conjunto de una regulación jurídica que sea justa, y que pondere, por otra parte algo muy importante, es decir, que no aplicarlas lo que está haciendo es premiar a los ayuntamientos incumplidores, y que no... premiarlas lo que está haciendo... aplicarlas es castigar a los ciudadanos de esos ayuntamientos o entidades locales menores que se ven privados de un derecho. Yo tengo derecho a saber cómo se gestiona mi Comunidad, es un derecho democrático, y es un deber esencial del gestor facilitarme esos datos. Por lo tanto, no aplicar las medidas premia a los incumplidores; no aplicar esas medidas castiga a los ciudadanos, que no se merecen esa gestión ajena totalmente a la transparencia. Por lo tanto, me parece muy positivo y agradezco muchísimo que hoy se haya yo creo que abierto un consenso amplio sobre la explicación en Castilla y León.

Pero también hay otras medidas que no podemos olvidar. No todo es en este caso las... las sanciones, también está el déficit de funcionarios de habilitación nacional; también está el fortalecer el servicio de asesoramiento de las diputaciones, ¿eh? Es decir, evidentemente, esas son otras características que en conjunto habría que sumar. En tal ámbito, en tal... en tal dirección, está también trabajando el Consejo de Cuentas. Estamos llevando una fiscalización específica sobre el servicio de asistencia técnica de las diputaciones para saber cómo están dotados de medios, etcétera, etcétera. Y hablábamos antes, como he dicho, muy positivamente, del convenio de la Diputación de Burgos, que es un convenio automático, donde la entidad local que lo suscribe ve cómo la Diputación le realiza la cuenta de ese... de ese ejercicio. Y también, como decía, el déficit de funcionarios de habilitación nacional, que es tremendamente grave en nuestra Comunidad Autónoma.

Y yo creo que, en ese sentido, no me queda más que coincidir con muchos datos. Se ha hablado aquí de la contratación, de los datos que se han facilitado, que son realmente preocupantes. Yo creo que en el siguiente Pleno... o en la siguiente Comisión compareceré con los informes del sector público local en materia de contratación, que serán mucho más... mucho más completos.

Y concluyo, nada más, agradeciéndoles a todos su intervención y esperando que tengan en cuenta a esta... estas recomendaciones, finalmente las tengan en cuenta, y que además se aproveche desde el punto de vista para modificar la ley del Consejo de Cuentas en los ámbitos referidos. Y en tal sentido, yo creo que caben varios procedimientos. Uno es modificar la ley reguladora de estos aspectos en el ámbito de una eventual ley de medidas si finalmente existiera Presupuesto para el año dos mil veintiuno. Dos, una modificación expresa de nuestra ley reguladora, deseando el Consejo de Cuentas en este caso, como parece natural, que la fórmula no fuera a iniciativa del Gobierno, sin perjuicio de que lo puede ser, sino que fuera una proposición de ley con el mayor consenso por parte de todos los grupos parlamentarios, al afectar a materia estatutaria; porque yo quiero recordar que casi todas las normas -creo que sin excepción-, tanto la incorporación al Estatuto de las instituciones propias como todas las modificaciones legales que han sufrido las instituciones propias, han tenido casi la unanimidad de esta Cámara, ¿eh?, en el sentido de que es una materia estatutaria que debe ser objeto del mayor consenso por... por parte de todos los grupos parlamentarios. Como saben, he acabado... estamos acabando una ronda con los grupos parlamentarios para explicarles cuál es nuestra situación en este momento concreto, en relación a proyectos de ley que nos pueden concernir, que los vemos muy positivamente, pero que obviamente queremos que no haya duplicidad de competencias, o merma de las competencias, del Consejo de Cuentas. Y en ese ámbito y en ese sentido, también vamos a presentar o seguir facilitando una propuesta muy concreta, muy sencilla, muy en línea con otros Consejos de Cuentas, de nuestra ley, que yo creo que responda a las expectativas de un Consejo de Cuentas mucho más transparente y moderno, que es lo que nosotros deseamos. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

[Intervención sin micrófono].


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Perdón, es que no lo había... Tiene la palabra, durante siete minutos, por el Grupo Popular, don Salvador Cruz. Es que no había dado al micrófono.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente. Con brevedad, en primer lugar, agradecer al Consejo de Cuentas y al presidente la respuesta que ha dado a las intervenciones de los portavoces, porque creo que viene, una vez más, a arrojar luz de dónde está el problema, y dejar bien clara la responsabilidad que tiene cada Administración.

Y intervengo porque se responsabiliza a la Junta de Castilla y León en la no rendición de las cuentas por parte de los ayuntamientos, y es algo que me parece injusto. A la Junta de Castilla y León se la puede responsabilizar de no presentar la cuenta general, que lo hace siempre en tiempo y en forma; de no presentar su contratación administrativa. Pero, claro, que hoy venga algún grupo parlamentario a decir que la culpa la tiene la Junta de Castilla y León de que ayuntamientos no rindan la cuenta general o que ayuntamientos no rindan su contratación administrativa, me parece muy injusto. Porque usted está planteando responsabilidad a la Administración autonómica de algo en que no la tiene. ¿O es que acaso tiene la Junta de Castilla y León la culpa de que el alcalde de Valladolid no haya rendido la contratación administrativa del año dos mil dieciséis al Consejo de Cuentas? [Murmullos]. ¿Tiene la culpa la Junta de Castilla y León de que el Ayuntamiento de Valladolid, como se pondrá de manifiesto, no haya rendido la contratación administrativa al Consejo de Cuentas del año dos mil dieciséis? La culpa es del señor Mañueco, no del señor Puente. Vamos a derivar las responsabilidades. La culpa de no rendir la cuenta la tienen los ayuntamientos, independientemente de quién los gobierne, pero no la Junta de Castilla y León.

Y por eso quiero agradecer lo que ha dicho el Consejo de Cuentas: la problemática no está en la normativa de la Junta de Castilla y León, que podemos estimularla, y que estamos abiertos a estimularla; pero, hombre, la voluntad debe ser de los ayuntamientos. Porque el problema -y lo acaba de decir el presidente- está, por ejemplo, en el déficit de funcionarios de habilitación nacional, que no es responsabilidad ahora mismo de la Junta de Castilla y León, o en otras cuestiones, pero para nada de la Junta de Castilla y León.

Y una última matización. Este grupo parlamentario no ha dicho que el Gobierno de España sea el Gobierno del mal; este grupo parlamentario dice y mantiene que este es el peor Gobierno de la historia democrática de España. El que ha dicho que está sustentado por el eje del mal es usted, y le agradezco la matización, porque que un socialista reconozca que el Gobierno de España está sustentado por el eje del mal, me sorprende. Nada más y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario tiene... quiere utilizar el turno de réplica? Don Luis Briones, en representación del Grupo Socialista.


EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no... no pensaba intervenir. Bueno, agradecer al... al presidente del... del Consejo de Cuentas y también a los consejeros, y a todo el equipo que ha venido hoy a presentar estos informes. Decirles que tienen que estar orgullosos, que yo creo que son muy buenos informes. A mí me ha gustado especialmente el... este informe que han hecho con relación, precisamente, a las consecuencias económico-financieras en este período, que era... es bueno, sin duda, analizarlo; como será muy bueno también analizar el próximo el del COVID, si se hace, que yo creo que va a ser determinante e importante, sobre todo porque vamos a ver si hay alguna responsabilidad o si la Junta de Castilla y León sigue pensando que todo... todo lo que no hace ella lo tiene que hacer el Gobierno de España. Y eso es lo que estamos viendo.

Me gustaría tanto... que el Partido Popular de vez en cuando diera algo de gestión. Es decir, ellos están gobernando desde hace treinta y tantos años, y aquí solamente se viene a hablar del Gobierno de España. Y esto ya es muy cansino. Y llega un momento en que no... Muy cansino, muy cansino, porque, además, siempre ponen la misma barrera para todo. Hable de lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Las cuentas del sector público, en este caso, fundamentalmente, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que los datos se van deteriorando año tras año, en rendición... es decir, prácticamente, es que hemos perdido esa autoridad. ¿Sabe por qué hemos perdido la autoridad? Porque esas medidas que tenía que implementar la Junta de Castilla y León, como usted ha reconocido hoy aquí y como se lo hemos dicho año tras año, no las ha implementado. Es decir, si uno no rinde cuentas, el siguiente ve que no rinde cuentas y no pasa nada, pues, al final, tampoco rinde cuentas. Y así vamos desde el año dos mil catorce, año tras año. Y eso hay que hacerlo. Y nosotros, evidentemente, estamos... estamos totalmente en esa labor de ayudar. Y el objetivo lo marca... sin duda alguna, lo está marcando el Consejo de Cuentas con estos... con estos informes.

Mire usted, con relación, precisamente, a lo que está sucediendo hoy aquí... no, no le he visto al Partido Popular muy profuso hoy, ¿eh?, en hablar de remanentes, en sus coherencias e incoherencias. Les he visto más a los señores... les he visto más a los señores de Ciudadanos. Como los de Ciudadanos no existían en el dos mil diez ni en el dos mil trece, bueno, había un tal Albert, era Albert entonces... [murmullos] ... entonces no tienen nada que decir. Pero lo que pasó fue... en el dos mil diez, fue muy grave. Ustedes se unieron con todos los nacionalistas, con todos los nacionalistas, para intentar tirar el decreto, que se aprobó por solamente un voto favorable: 169 a 168. Fíjese usted, el voto de Coalición Canaria, en aquel momento la señora Oramas, a la que ustedes presionaron, y donde salió la famosa expresión que yo acabo de decir hace un ratito aquí. Es decir, "hay que dejar que España caiga, que ya la levantaremos nosotros", que luego ya el señor Montoro, que es el autor de esta frase, no la ha querido volver a repetir, y lo tuvo que reconocer en un debate en el año dos mil trece, cuando vimos que, claro, lo que venía con Montoro era lo que ha... lo que ha generado problemas.

Vamos a ver, ¿alguien tiene la menor duda de que si hoy no se aprueban los remanentes ya...? [Murmullos]. Digo, perdón, los remanentes... Perdón, si no se convalida el decreto, si hoy no se... que no se va... o no se ha convalido el decreto, ¿el Partido Popular va a hacer alguna disposición de eso? Eso es mentira. Ustedes están en la Oposición, y lo sabemos muy bien, lo que son capaces de hacer. Si han tenido siete años, siete años. ¿Qué han hecho? Lo que han tenido es... como he dicho antes, quebrantar la autonomía municipal, quebrarla y no dejarles gastar el dinero. Eso es la realidad. Y ahora vienen... Bueno, había que intentar derribar al Gobierno, y para eso no les ha importado... no les ha importado en este caso. Porque, fíjese usted, la intervención del año dos mil diez lo que decía... lo que dijo el señor Rajoy era que había... que ellos votaban en contra para derribar al Gobierno, nada más. Y hoy quieren tener una victoria pírrica que no les va a servir para nada. ¿Sabe para qué va a servir? Para que los ayuntamientos no puedan gastar un solo euro, y que sigan teniendo el dinero ahí, en la nevera, porque ustedes no les van a dar ninguna solución. Ni ha... ni se la dieron en siete años ni se la han vuelto, por la tanto, a dar.

Por lo tanto, eso es la... la realidad. Están ustedes para dar lecciones, además. Para... hoy, y además el día como hoy, y con la que está cayendo, y con los asesores que se tienen aquí, con el Kitchen, el Katchen y todo lo que hay por ahí. Están para dar lecciones, hombre. [Murmullos]. Que aquí tenemos un señor que participó en ese... en ese cirio que se montó de espías, que era el señor Cosidó, que vamos a pedir que comparezca aquí. Están para dar lecciones de ese tipo. ¡Hombre, por favor!

Por lo tanto, vuelvo... vuelvo a ..... señor, señor presidente del... del Consejo, nosotros consideramos que los informes, desde luego, son magníficos, que el Gobierno, en este caso, de la Comunidad Autónoma tiene que hacer más caso de lo que... de las consideraciones, tiene que hacer más caso de las conclusiones, porque, hasta ahora, se ha limitado a explicar, les parece muy bien, a todos nos parece muy bien, estamos todos de acuerdo. Y, a partir de ese momento, ¿qué hacemos?, ¿qué es lo que hacemos? Es que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y no podemos divagar en echar siempre la culpa, precisamente, a otras Administraciones, porque eso no nos va a conducir absolutamente a nada.

Por lo tanto, termino. No voy a agotar mi tiempo, porque, bueno, pues creo que está todo explicado y creo que, además, no quiero tampoco desmerecer los magníficos informes que hoy... hoy se han tratado y debatido, precisamente, en esta Comisión. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Muchas gracias. Finalizado el debate de... de ambos informes, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas a los informes que acaban de ser debatidos, tanto el Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio dos mil dieciocho, como el Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios dos mil diez-dos mil diecisiete. Dicho plazo, para ambos informes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el diecisiete de abril es cuando cumple, a las catorce horas.

Bien, damos un receso. Despedimos al presidente del Consejo de Cuentas, a don Emilio Melero y a todos los que le acompaña, y les damos las gracias por... por su presencia.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Continuamos. Antes de nada, hago una pequeña rectificación. Me lo traslada la letrada, la que... a la que doy las gracias. Parece ser que he dicho que finaliza el diecisiete de abril y es el diecisiete de septiembre, a las catorce horas, con relación al plazo de los informes anteriormente mencionados.

Propuesta de modificación Plan Anual de Fiscalizaciones

Bien. Tercer punto del orden del día: Debate y votación de la propuesta de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Plan Anual de Fiscalización para el ejercicio dos mil veinte, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 84, de dos de marzo de dos mil veinte.

Al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte del Consejo de Cuentas de Castilla y León, aprobado por esta Comisión de Economía y Hacienda en su sesión de veinte de febrero de dos mil veinte, se ha presentado para este período de sesiones, y ha sido admitida a trámite, la siguiente propuesta de modificación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone la inclusión al plan de un nuevo apartado 3.1.7, Fiscalizaciones especiales.

De conformidad con lo establecido en la norma duodécima de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por la que se aprueban las normas para la tramitación parlamentaria de dicho plan anual, comenzaremos con la lectura del informe del Consejo de Cuentas que, en relación con las propuestas presentadas, ha adoptado el Pleno del Consejo de Cuentas. Leo...


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

¿Permite un momento? Pido la palabra. Una cuestión de orden. Artículo 74 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y voy a proceder a leerlo: "Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servirle de base, salvo acuerdo en contrario de la Mesa de las Cortes o de la Comisión, que será debidamente justificado".

¿Sabe de qué le hablo y por qué le hablo de esto? Mire, el Grupo Socialista, como usted bien ha dicho, presentó el día seis de marzo la propuesta de modificación del Plan de Fiscalización, el Consejo de Cuentas elaboró su informe el día veintisiete de mayo, ese informe tiene entrada en las Cortes el día veintiocho de mayo, y se perdió, se perdió. ¿Qué ha pasado con ese informe? ¿Ha llegado a la Mesa de las Cortes, ha llegado a la Mesa de esta Comisión? Nosotros no hemos tenido este informe con las cuarenta y ocho horas preceptivas que marca el Reglamento, llevamos con él menos, escasas veinticuatro horas en nuestra mano, y porque lo hemos buscado entre cielo y tierra. Como usted comprenderá, eso es una irregularidad, una irresponsabilidad por su parte, como presidente de esta Comisión, una falta de respeto al Partido Socialista, que es, a la postre, el representante de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Tiene usted una explicación a todo esto?


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, tomo nota, y ahora lo que voy a hacer es hablar con la señora letrada un momento. [La letrada asesora a la Presidencia a micrófono cerrado].


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Si yo lo que quiero es una aclaración, no tengo... no tengo ningún problema, yo no voy a señalar culpables. Evidentemente, yo me dirijo al presidente porque es el presidente de la Comisión. También me gustaría saber si aparte de que nosotros no hemos tenido el informe hasta que no lo hemos pedido y lo hemos buscado... ¿Puede pedir que se callen, por favor? ¿Puede pedir que se callen, por favor? [Murmullos]. Pues eso, ¿puede pedir que se callen? Vale, muchas gracias. Sí me gustaría saber que si algunos de los otros dos grupos ha tenido el informe antes que nosotros, que encima somos los únicos que hemos presentado una propuesta de modificación.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Suspendemos... Tiene... tiene la palabra.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, presidente. Y con brevedad. El procedimiento de tramitación de las enmiendas se regula en esta Cámara por una Resolución de la Presidencia en el que se fija un procedimiento que es público y notorio. Yo desconozco si el Grupo Socialista tiene o no el informe, lo que sí puedo manifestar es que este asunto se iba a haber incorporado en el orden del día en una Comisión extraordinaria en el mes de julio, y la portavoz del Grupo Socialista lo sabe, lo sabe perfectamente, porque era factible incorporarlo porque el expediente estaba completo. El expediente está completo porque cualquier enmienda tiene que ser informada por el Consejo de Cuentas, por lo tanto, cualquier enmienda de los grupos parlamentarios se le da... [Murmullos]. Independientemente, el informe lo... el Consejo de Cuentas lo registró en el Registro de la Cámara y yo supongo que se le pasaría a todos los grupos. Desde luego, yo... [Murmullos]. No, lo desconozco. Yo tengo el informe y, vamos, es un informe tipo de los del Consejo de Cuentas.

En todo caso, y quiero... quiero finalizar, si el informe no se ha dado traslado a los grupos, no es responsabilidad del presidente de la Comisión; será responsabilidad de la Mesa en la calificación y en el reparto, y en la Mesa estamos todos los grupos, ni más ni menos, es decir.

Ahora bien, ¿eso impide que el orden del día se sustancie? Levantamos la sesión y que se incorpore en la siguiente sesión. Si no tenemos ningún interés. Nada más. Y muchas gracias.


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Con brevedad, con brevedad...


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Venga, siga.


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

... con brevedad. (Es que da el sol y no veo). Mire, Disposición duodécima, el debate de las propuestas de modificación presentadas por los grupos parlamentarios comenzará con la lectura del informe del Consejo de Cuentas si lo hubiere, si lo hubiere, si lo hubiere. Eso quiere decir que puede haberlo o puede que no. Yo no voy a culpabilizar a nadie; desde luego, usted, el presidente, no es y no le estoy señalando.

Por nuestra parte, sí quiero que conste, por nuestra parte, evidentemente, después de las explicaciones oportunas del presidente y de la letrada, se podría levantar la sesión y marcharnos, por nuestra parte no tenemos ningún problema en continuar. Pero sí que conste, y que conste en el Diario de Sesiones, que no hemos tenido la documentación y el informe con las cuarenta y ocho horas de antelación. Ya está. ¿Tienen ustedes algún problema? Ustedes lo han tenido, nosotros no. ¿Le parece a ustedes normal que no se cumpla el Reglamento y se ríen y cuchichean? Es que no lo entiendo, de verdad, no les entiendo. Aquí venimos a trabajar, no a pasar el rato. Es que no les entiendo.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, de acuerdo. Vamos a ver, si hay conformidad en continuar, y lo has dicho, no es culpa de esta Presidencia, si hay conformidad de los grupos para continuar con este punto, independientemente de que se hayan hecho las observaciones que se hayan hecho y de las cuales tomaremos nota y, posiblemente, para la próxima vez haremos el seguimiento que sea oportuno, pero, si hay conformidad, no tenemos que dar lugar a ningún tipo de polémica. Y, en cuanto a hora de tomar la decisión, continuamos con la Comisión y con el debate. [Murmullos]. ¿Conforme por parte de todos los grupos? Bien.

Pues continuamos y, tal y como estaba diciendo, procede dar lectura al informe adoptado por el Consejo de Cuentas. Procedo a ello.

"Andrés Pérez-Moneo Agapito, Secretario del Pleno, por Resolución del Presidente del Consejo de Cuentas y Castilla y León de ocho de enero de dos mil catorce, certifico que el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en sesión celebrada el día veintisiete de mayo de dos mil veinte, cuya acta está pendiente de aprobación, adoptó el Acuerdo 42/2020, por el que aprueba el siguiente informe.

Informe a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León relativo a las propuestas de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones, ejercicio dos mil veinte.

El día dieciocho de mayo de dos mil veinte (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de ese mismo día) tuvo entrada en este Consejo de Cuentas escrito del Presidente del Consejo... de las Cortes de Castilla y León, remitiendo la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, para que, en aplicación de lo dispuesto en la Norma Novena de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de Cuentas manifieste, en plazo improrrogable de diez días hábiles, su criterio respecto a las mismas, pronunciándose sobre la trascendencia o las condiciones de tales modificaciones respecto a la ejecución del citado Plan.

El Pleno del Consejo de Cuentas considera oportuno emitir el presente informe dando respuesta a la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El actual Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte fue aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en su sesión del día veinte de febrero de dos mil veinte, dicho Plan contiene un total de 4 fiscalizaciones de carácter legal y 12 fiscalizaciones especiales y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, agota la capacidad fiscalizadora del Consejo en este tiempo. La fundamentación amplia del Plan se recoge en su exposición de motivos, así como en la comparecencia del Presidente ante la Comisión de Economía y Hacienda que consta en el diario de sesiones y se da por reproducida íntegramente.

Además de las fiscalizaciones nuevas incluidas en el Plan, se recogen las fiscalizaciones en vigor procedentes de planes anteriores que son 3 fiscalizaciones de carácter legal y 14 específicas.

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte se aprobó por el Pleno del Consejo de Cuentas la Programación de los Trabajos de acuerdo con el artículo 14 del ROF. Mediante esta Programación se distribuyen las fiscalizaciones contenidas en el Plan anual entre los departamentos funcionales, se asignan los recursos personales y materiales y se establece la planificación temporal para su ejecución.

Además, tiene en cuenta los medios humanos y materiales con los que cuenta el Consejo, así como la distribución de Departamentos que el Pleno ha acordado en su sesión del veintisiete de marzo.

En esa programación de los trabajos no se recogían las posibles actuaciones que se decida realizar por parte del Pleno para promover la rendición de cuentas de las Entidades Locales ni, lógicamente, las posibles futuras modificaciones del Plan; tampoco los posibles trabajos en colaboración con el Tribunal de Cuentas, cuestiones todas estas que pueden afectar a la realización de los trabajos programados.

La prioridad en la realización de cada una de las fiscalizaciones, así como la asignación a un equipo concreto, es competencia de cada uno de los Consejeros. En todo caso, parece necesario destacar que las fiscalizaciones de carácter legal tienen prioridad en su realización, sin perjuicio de las prioridades que puedan marcar el Pleno a indicación de las Cortes. En cuanto a las fiscalizaciones que se realizan a petición o en colaboración con el Tribunal de Cuentas, entendemos que tienen que tener un tratamiento especial, en vista a que esta Institución no quede descolgada de las fiscalizaciones horizontales impulsadas por el Tribunal de Cuentas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la programación propuesta se considera que la ejecución de los trabajos contenidos en el Plan 20... 2020 junto con los del Plan 2000... de 2019 previsiblemente no terminará en el año dos mil veintiuno. Cualquier modificación de adición a este Plan, sin perjuicio de su necesaria asunción por parte del Consejo y de la capacidad de dirección que corresponda a cada Consejero a la hora de priorizar su puesta en marcha, implicará sumar tiempo total a esta ejecución.

Se considera que la propuesta de enmiendas al Plan Anual de Fiscalizaciones entran dentro del ámbito de la función fiscalizadora acotado por la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas.

Boletín Oficial de las Cortes de Castilla de dos mil... de dieciocho de mayo de dos mil veinte. El Grupo Parlamentario Socialista. Se propone la inclusión de un nuevo apartado 3.1.7 (Fiscalizaciones especiales. Ámbito de la Comunidad Autónoma) en el Plan de Fiscalizaciones con el siguiente contenido:

3.1.7 Fiscalización de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de concesión de obra pública, para la construcción y explotación del Hospital de Burgos (2006), así como de los modificados que hubiera sufrido dicho expediente y la ejecución del mismo.

Se trata de fiscalizar este contrato de importe cuantía -la licitación en 2006 ya ascendía a 231.745.812 euros-, sus modificados, que han supuesto importantes sobrecostes, y la ejecución del mismo cuyo coste anual ha sufrido importantes incrementos.

El contrato inicial fue fiscalizado por el Consejo de Cuentas en el ‘Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios dos mil seis y dos mil siete’.

La imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, así como sus vicisitudes se ha venido reflejando en los informes de la Comunidad Autónoma de los ejercicios dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince.

La concesión de un aval a la concesionaria por parte de la empresa pública ‘Castilla y León Sociedad Patrimonial, Sociedad Anónima’, se verificó en el informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma dos mil once, y se ha venido reflejando desde entonces. En el Informe de la Comunidad Autónoma de dos mil catorce, consta también análisis de alguno de los pagos a la concesionaria que entraron en la muestra.

De los distintos modificados (menos uno) constan informes favorables del Consejo Consultivo.

Su contenido puede ser coincidente, al menos en parte, con el informe ‘Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma’ contenidos en el Plan AF dos mil dieciocho aprobado. (Supongo yo que será Plan de Actuación Financiera, dos mil... Plan... [murmullos] ... Plan Anual de Fiscalización, vale, aprobado).

Al incluirse todos los modificados del contrato, así como la ejecución del mismo sin restricciones temporales, se estima un plazo desde la comunicación inicio de los trabajos hasta la aprobación del informe definitivo de al menos 12 meses.

Tras el examen de la propuesta de modificación remitida por la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León Acuerda:

Dar traslado del contenido del presente informe a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, manifestando:

Que la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones entra dentro del ámbito de la función fiscalizadora acotado por la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas.

Que el Plan Anual de Fiscalizaciones para el dos mil veinte agota la capacidad de fiscalización del Consejo de Cuentas y que la adición de nuevas fiscalizaciones afectará a la programación de los trabajos para el dos mil veinte.

Poner de manifiesto que sería necesario que por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León se marquen las prioridades de la nueva fiscalización que se acuerde introducir en el Plan 2020 con las vistas... con vistas a facilitar una nueva programación de los trabajos. Una vez que se realice la nueva programación de los trabajos el Pleno del Consejo se lo comunicará a la Comisión de Economía y Hacienda.

Y para que... para que así conste, expido la presente en Palencia, a la fecha de la firma electrónica, con el visto bueno del Excelentísimo Señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Visto Bueno, El Presidente, Mario Amilivia González".

Bien. Vamos a proceder a continuación al debate de la propuesta de modificación presentada y luego procederemos, al final, a la votación de la... de la propuesta.

Debate de la propuesta de modificación del Plan Anual, debate de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para el debate de la propuesta presentada, para su defensa, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora doña Rosa María Rubio Martín, por un tiempo máximo de diez minutos.


LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Muchas gracias, señor presidente. Bueno. Buenos días, señorías, a todas y a todos. La función del Consejo de Cuentas consiste en fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad, es realizar un análisis sobre la legalidad, regularidad, eficacia y eficiencia del uso y gestión del dinero público. Mi grupo parlamentario, por responsabilidad y coherencia, y siguiendo la normativa al efecto, presentó una propuesta de modificación al Plan de Fiscalizaciones que hoy defendemos: la fiscalización de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Hospital de Burgos, el HUBU.

Esta petición la hemos realizado desde el dos mil quince, porque entendemos que debe haber una prioridad en el... en los áreas que se fiscalizan; porque entendemos que el uso del dinero público no debe convertirse en abuso; porque entendemos que la gestión de lo público no debe convertirse en albedrío; y porque entendemos que la eficacia y la eficiencia de las decisiones políticas deben de rendir cuentas. El mismo señor Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, coincide con nuestra petición. Así lo manifestó en esta Comisión, hace poco más de un año, diciendo lo siguiente: "Yo no tengo ningún inconveniente, como presidente del Consejo de Cuentas, a plantear en futuros planes anuales de fiscalización la posibilidad de investigar cualquier tipo de actuación de la Administración de la Junta de Castilla y León, incluyendo el Hospital de Burgos".

Pues bien, leyendo el contenido del informe elaborado por el Consejo de Cuentas -ese que, como les decía, ha llegado a nuestras manos hace escasas horas-, es chocante, con sus palabras, las del señor Amilivia, las que les acabo de leer, encontrarse con un par de párrafos como para intentar justificar que han fiscalizado "cachitos" del HUBU: que si un contrato, que si un aval, que si el gasto no sanitario, que si un pago... No sé si detrás de estas líneas hay algo verdaderamente. No lo sé si es que quieren decir o insinuar algo. Porque lo que sí está claro y meridiano en el informe es que se acuerda, por parte del Consejo, tres cosas muy importantes.

La primera, que la propuesta de modificación que ha realizado el PSOE está dentro del ámbito de la función fiscalizadora del Consejo de Cuentas. Es decir, que procede el tema.

La segunda, que el plan aprobado por el Consejo agota su capacidad para fiscalizar. Es decir, que no tienen medios para fiscalizar más. Que ya es triste que el Consejo de Cuentas cada dos por tres plasme en un... en un informe y cada vez que viene el presidente nos diga que tienen un problema de personal brutal, y la Junta mirando, como siempre, hacia otro lado.

Y la tercera, que si esta propuesta se aprueba por esta Comisión, que marque las prioridades de la nueva fiscalización para dos mil veinte, para programar y organizarse sus trabajos. En castellano antiguo, que el Consejo comparte nuestra petición y que tiene todo el encaje legal; y que si se aprueba aquí, se fiscalizará el HUBU.

La petición no es caprichosa, y me van a permitir unas pinceladas de su historia. Una inversión, como ha sido la del HUBU, que la licitación, allá por el dos mil seis, tuvo un importe inicial de más de 230 millones de euros; que sufrió modificaciones en su proyecto, modificaciones tan importantes que han supuesto unos sobrecostes que superaron los 500 millones de euros -528, si no me equivoco-, más del doble de lo presupuestado inicialmente. Este hospital, que es el más caro de Castilla y León, y nos acabará costando más de 2.000 millones de euros en treinta años, canon incluido, porque, como todos ustedes saben o deberían saber, pagamos un canon que ronda una media anual de 70 millones de euros. Miren si nos sale caro a todos los castellanos y leoneses el HUBU que, por hacerles una comparación, la cifra total equivale a más de la mitad de la mayor obra pública construida en el mundo: el Canal de Panamá, que costó 3.400 millones.

En su día, el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dijo que sería más barato, más rápido y que no aumentaría la deuda pública. Ninguna de las tres cosas fue verdad. Los grandes números son escandalosos; los pequeños detalles aún más. El coste se disparó porque la Junta permitió sucesivas ampliaciones de presupuesto, unos modificados donde incluso se llegó a compensar a la empresa adjudicataria con 34 millones de euros por su propio retraso con las obras. La Junta aprobó estos sobrecostes sin denunciar la adjudicación, a pesar de que el contrato que firmó establecía penalizaciones en caso de que las obras se retrasaran, como así sucedió.

En un momento dado de la construcción, la propia Junta de Castilla y León, a través de CYLSOPA, pide un préstamo de 100 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones. ¿Para qué? Pues para prestárselo a la concesionaria del hospital. O sea, todo rocambolesco, nos endeudamos para prestarle dinero a la concesionaria, a la cual le pagamos por la construcción del hospital y por el canon de uso, todo muy normal.

Una infraestructura que cuando llueve un poquito más de lo normal en Burgos se inunda, se producen filtraciones y en los pasillos, en lugar de pacientes, acaban poniendo cubos de agua. Vamos, que al chorreo de dinero público le sigue el chorreo del agua.

La Junta de Castilla y León está constantemente en trifulcas jurídicas con los gestores del HUBU por sus incumplimientos, y no será porque el Partido Socialista no se lo advirtiera mil veces. Bueno, como el impuesto de Garoña, ese ilegal que ahora vamos a tener que devolver, 29 millones de euros; contentas tienen que estar las empresas que han sacado 1.000.000 de euros de intereses. Bah, ni más ni menos, bah, baratito nos ha salido. Pues eso, que se lo advertimos, que esta situación se podía dar, que quién iba a pagar el cambio de instrumental, esa famosa cláusula de progreso que se supone que iba a obligar a la concesionaria a dotar al hospital con la mejor maquinaria, el mejor equipamiento. Y mira tú por dónde que, como denunciaron los trabajadores, ya en sus comienzos el hospital se amuebló con el material del antiguo hospital que había en Burgos, pero cada mes del bolsillo de todos los castellanos y leoneses sale el canon para pagar.

¿Y con estos antecedentes alguien todavía piensa que no debe fiscalizarse? ¿Aún piensan que la ciudadanía de esta Comunidad no tiene interés en saber qué pasa con su dinero, en qué y cómo se emplea? Como todos ustedes saben, aquí, en las Cortes, se constituyó una Comisión de Investigación sobre este tema con muchos meses de trabajo, se elaboró un informe por parte de PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto que resumió la contratación y licitación del HUBU como un proceso oscuro, irregular y plagado de sospechas. Vamos, una obra PP, PP, PP.

Ese grupo parlamentario, Ciudadanos, que supongo que hoy apoyará esta propuesta ya que en su momento el señor Mitadiel Martínez formó parte de la Comisión de Investigación -ese que ahora es gerente del Sacyl-, y coincidía plenamente con nuestra posición sobre el HUBU. Y les voy a leer sus palabras textuales: la gestión del HUBU es perjudicial para las arcas públicas, en la adjudicación del Hospital de Burgos se vivió la multiplicación de los panes y los peces, ya que existió un sobrecoste de al menos de 37 millones de euros. Pues eso, si él estuviera aquí, votaría a favor de la propuesta por coherencia con sus palabras; vamos, digo yo.

También es cierto que los naranjas van tornando de color y cada día cuesta más distinguirlos, se parecen como al arcoíris, algunos empezaron en rosa, luego al naranja, viran al azul propuesta sí, propuesta también, y para mí que van a acabar en el negro de desaparecer. Pero bueno, en esto digo yo que no podrán, no podrán ustedes, mirar a la cara a los castellanos y leoneses, a los burgaleses, si no apoyan esta propuesta. La propia portavoz de Ciudadanos, que es burgalesa, si no lo apoya, ¿qué explicaciones va a dar usted?, ¿qué le va a contar a sus paisanos? Porque, como usted bien sabrá, señora Negrete, la Plataforma por la Sanidad de Burgos ha denunciado en reiteradas ocasiones los perjuicios económicos y sanitarios para los burgaleses. Sin COVID, sin COVID, ya tenía una lista de espera de 25.000 para una primera consulta. Espero con estas palabras no haberme adelantado a su voto, igual lo apoya, lo veremos.

También les diré que el Grupo Socialista no va a parar de exigir la reversión del hospital, que sea plenamente público, para que el dinero que cada año se va a empresas privadas acabe donde debe, en servicios públicos para nuestros ciudadanos. Y, mientras tanto, pues no vamos a parar de utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para llegar hasta el final de este escándalo de inversión de la Junta de Castilla y León. Y si el instrumento que tenemos ahora es solicitar su fiscalización, pues no tenemos ni una sola duda en hacerlo y en solicitarlo, en debatirlo y en votarlo. Allá cada uno de ustedes con su voto y su responsabilidad ante los ciudadanos de Burgos y de Castilla y León; el miedo es libre. Nada más. Y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Blanca Delia Negrete.


LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Gracias, presidente. Yo seré muy breve, señorías. En cuanto a la propuesta de modificación presentada hoy por el Grupo Parlamentario Socialista al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio del dos mil veinte, les recuerdo que este debate no es nuevo, ya tratamos esta cuestión en el pasado, exactamente el veinte de febrero de este año, en una Comisión de Economía como la de hoy se aprobó el actual Plan Anual de Fiscalización para el ejercicio dos mil veinte. Dicho plan contiene un total de 4 fiscalizaciones de carácter legal y 12 fiscalizaciones especiales y, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 del Reglamento de la Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, agota la capacidad fiscalizadora del Consejo en este tiempo.

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte se aprobó por el Pleno del Consejo de Cuentas la... de programación de los trabajos, de acuerdo con el Artículo 14 del mismo texto legal, de forma que a partir de este momento se tienen en cuenta los medios humanos y materiales con los que cuenta el Consejo para hacer esta labor.

Ustedes vienen hoy aquí pidiendo de nuevo la inclusión de un nuevo apartado 3.1.7, que todos sabemos cuál es, pero se lo vuelvo a leer yo porque parece que no entienden o no quieren entender que esto ya se ha tratado. Miren, se lo leo: "Fiscalización de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de concesión de obra pública, para la construcción y explotación del Hospital de Burgos (2006), así como de los modificados que hubiera sufrido dicho expediente y la ejecución del mismo". Es decir, fiscalizar un contrato cuya licitación en dos mil seis ya ascendía a 231.745.812 euros, sus modificaciones y la ejecución del mismo, cuyo coste anual ha sufrido importantes incrementos.

Bien, desconozco si es mala memoria o es que ustedes no se lo han estudiado, pero me veo en la obligación de recordarles que el Consejo de Cuentas ya realizó un informe de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios dos mil seis-dos mil siete. La imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, así como sus vicisitudes, se han venido reflejando en los informes de la Comunidad Autónoma de los ejercicios dos mil nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince.

Como saben, la concesión de un aval a la concesionaria por parte de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, S. A., se verificó en el informe de la cuenta general de la Comunidad Autónoma dos mil once y se ha venido reflejando desde entonces. En el informe de la Comunidad Autónoma del dos mil catorce consta también análisis de alguno de los pagos de la concesionaria que entraron en la muestra, de los distintos modificados constan informes favorables del Consejo Consultivo. Ya por aquel entonces acordamos y apoyamos este parecer, máxime porque el Consejo de Cuentas, la institución de la Comunidad que se encarga de velar por la situación económica y financiera del sector público de Castilla y León. Finalmente, el Consejo de Cuentas acordó que el Plan Anual de Fiscalización para el año dos mil veinte agota la capacidad de fiscalización del Consejo de Cuentas y que la adición de nuevas fiscalizaciones afectará a la programación de los trabajos para el año dos mil veinte.

No sé ustedes, pero desde luego en Ciudadanos no van a encontrar un cómplice para enmendar la plana a un órgano tan importante y tan relevante en este aspecto. Más valdría que ustedes se encontraran con el presidente de Castilla y León, pues de lo contrario están haciendo un flaco favor a los castellanos y leoneses trayendo a esta Cámara debates estériles e inútiles en cuanto a su posible revisión, existiendo un claro y unánime acuerdo a este respecto. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, don Salvador Cruz, durante un tiempo de diez minutos.


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidente. Señorías, para fijar la posición, que no es nueva porque este es un debate que se reitera ejercicio tras ejercicio, en el que el Grupo Socialista demuestra lo bien que están las cosas en Castilla y León cuando lo único que pretende fiscalizarse es algo que ya se ha fiscalizado. Y no lo dice este portavoz, lo dice el Consejo de Cuentas en su informe remitido a la Cámara, en el que dice que el contrato inicial, el contrato de licitación de la concesión de obra pública, fue fiscalizado, fiscalizado, por el Consejo de Cuentas en los ejercicios dos mil seis y dos mil siete, porque la contratación administrativa de la Comunidad se fiscaliza todos los ejercicios, dado que es un informe de mandato legal que se incorpora todos los ejercicios al Plan Anual de Fiscalizaciones.

Y a pesar de las inexactitudes y mal intenciones que ha tenido en la exposición y en la justificación, sobre todo cuando hablamos de las cifras, y se habla de que el contrato del Hospital de Burgos cuesta 2.000 millones de euros, porque se hace un uso partidista de la cifra y se incorpora en ese contrato no la construcción, sino lo que cuestan todos los servicios que están concesionados, como en el resto de los hospitales de la Comunidad, lo que no se dice es cuánto cuesta la limpieza, el mantenimiento de los jardines, la seguridad de cada uno de los centros, que aquí está incluido en ese contrato concesional, para elevar la cifra e intentar generar con ello una alarma social.

Pero es que no solo fiscalizó la contratación el Consejo de Cuentas en el año dos mil seis y en el año dos mil siete -por cierto, sin ninguna irregularidad contable, porque, si no, lo habría puesto de manifiesto el presidente del Consejo de Cuentas al presentar ese informe de fiscalización, ni ningún tipo de responsabilidad tampoco penal, como algunos intentan poner de manifiesto de forma malintencionada y partidista-, es que también se ha fiscalizado algunos de los elementos que se cuestionan, y cuando se habla del aval que da la Junta de Castilla y León, a través de Castilla y León Sociedad Patrimonial, a la concesionaria, se pone de manifiesto en el informe del Consejo de Cuentas que ya se fiscalizó.

Por lo tanto, creo que este es un tema que pone de manifiesto que las cosas en Castilla y León están bien y que lo único que tiene siempre, reiteradamente, el Partido Socialista como enmienda al plan anual es fiscalizar algo que ya se ha fiscalizado.

Pero es que no... no solo acaban aquí los argumentos para decir que esto ya está visto, es que hay que recordar en sede parlamentaria que este contrato fue objeto de una denuncia que formularon dos procuradores socialistas -uno de ellos es hoy el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León- al Tribunal de Cuentas, no al Consejo de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, después de analizar la denuncia formulada, reiterando parte de los argumentos que hoy se han leído en la Comisión parlamentaria para justificar la fiscalización de nuevo de este contrato, archivó la denuncia efectuada ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas planteando el sobreseimiento porque no había indicios ni de responsabilidad penal ni de responsabilidad contable.

Por lo tanto, este contrato lo ha visto el Consejo de Cuentas, lo ha analizado en algunos aspectos en todas y cada una de las cuentas generales, el contrato, las modificaciones han sido favorablemente dictaminadas porque es preceptivo por el Consejo Consultivo de Castilla y León, pero aun así el Partido Socialista, año tras año, vuelve a traer esta enmienda para que se fiscalice lo que ya se ha fiscalizado y lo que fue denunciado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y se planteó que no había ningún tipo de... tipo delictivo ni contable ni penal.

Creo que esto pone de manifiesto que en Castilla y León están las cosas bien, porque si solo somos capaces de enmendar algo que ya se ha fiscalizado, pues creo claramente que se pone de manifiesto que se están haciendo las cosas bastante bien en esta Comunidad.

Y lo que me sorprende, y finalizo ya con ello, es por qué una formación política a lo ya fiscalizado reitera consecutivamente, año tras año, una enmienda y cuando el Tribunal de Cuentas ve indicios de responsabilidad penal y contable en la... por parte de la Fiscalía -y lo acabamos de ver hace cuarenta y ocho horas-, cuando ante las cuentas de los socios de Gobierno del Partido Socialista hay responsabilidad penal y con... posiblemente contable, indicios de responsabilidad penal y contable por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el Partido Socialista dice que eso no hay que investigarlo. Allá con la coherencia de cada uno. Que se fiscalice lo ya fiscalizado y que no se investigue para nada donde la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve responsabilidad en parte económica por los que son sus socios de referencia en el Gobierno, en el partido de Podemos. Allá cada uno con su coherencia política. Nada más. Y muchas gracias.

Votación Propuesta de modificación Plan Anual de Fiscalizaciones


EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Pues muchas gracias. Ha finalizado el debate de la propuesta de modificación del plan anual. Procedemos, a continuación, a someterlo a votación. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. Por lo tanto, dieciséis votos emitidos, siete a favor, nueve en contra. En consecuencia, queda rechazada la propuesta de modificación al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte del Grupo Parlamentario Socialista.

Concluido el debate y votación de la propuesta de modificación presentada al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veinte, esta Presidencia pondrá en conocimiento del presidente de la Cámara los acuerdos adoptados por esta Comisión.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas].


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