DS(C) nº 178/10 del 11/9/2020

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Antes de comenzar, recuerdo a los señores procuradores y a los asistentes a esta sesión que, de conformidad con los criterios fijados por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de las mascarillas en todo momento, salvo cuando se esté en el uso de la palabra.

¿Los grupos parlamentarios han comunicado a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Por el PSOE?

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

Sí. Gracias, presidenta. Sergio Iglesias sustituye a María Rodríguez.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. ¿Grupo Mixto? ¿Ciudadanos? ¿Popular?

LA SEÑORA VIDAL GAGO:

Sí, presidenta. Smara Morala sustituye a Alejandro Vázquez.

PNL/000684

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Al amparo del Artículo 73, apartado 2, de la Cámara, propongo la alteración del orden del día de esta sesión, en el sentido de suprimir el punto cuatro de esta convocatoria. ¿Puede entenderse por aprobada la alteración del orden del día? ¿Sí? Quedaría aprobada la alteración del orden del día.

PNL/000514

Primer punto del Orden del día: Proposición no de ley, PNL 514, presentada por los Procuradores don Fernando Pablos Romo, doña Alicia Palomo Sebastián, doña Rosa María Rubio Martín, don Juan Luis Cepa Álvarez y doña María del Carmen García Romero, para instar a la Junta para que proceda a la elaboración de un formulario en el que consten los principales aspectos que integran el curriculum vitae de los altos cargos al objeto de su verificación y publicación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 79, de veinte de febrero de dos mil veinte.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don Fernando Pablos Romo, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, presidenta. La iniciativa no puede ser más sencilla. Permítanme que haga una referencia al origen de la misma. Tiene que ver con una aprobación del Ayuntamiento de Salamanca, que ya está en vigor para esta legislatura, acordada por los grupos que formamos parte de esta Comisión, por unanimidad, en abril de dos mil dieciocho. Fue a iniciativa, como esta PNL, del Grupo Socialista, y perseguía algo tan sencillo como que se unificasen los parámetros de los currículum, de la experiencia laboral, de la formación, de quienes forman parte de la corporación -en el caso de los ayuntamientos eso significa una parte de ella, quienes están en el Equipo de Gobierno- para evitar en algunos casos situaciones que todos conocen y que desprestigian la política.

Quiero recordarles la fecha, por si no la han visto en los referentes de la iniciativa: abril de dos mil dieciocho. Les digo la fecha porque en esa fecha el alcalde de Salamanca era el señor Fernández Mañueco, que votó a favor de esta iniciativa.

Les voy a hacer unas consideraciones previas, y les voy a decir después qué perseguimos con la iniciativa, antes de leerla, por si algún miembro de la Comisión no lo ha hecho, y está disponible para trasladarles cualquier aclaración que consideren.

La primera de ellas, lo decía ya antes: las noticias, en cualquier ámbito, sobre falsificaciones de currículum intentando aparentar lo que no se es trasladan una imagen negativa de la política, que en general, para la inmensa mayoría, es una actividad hecha por mujeres y por hombres dignos y que no tienen por qué ver el deterioro que significa eso. ¿Esto puede tener una visión preventiva? Pudiera tenerlo, pero hay algo que es mucho más importante que esa visión preventiva, que es la transparencia: conocer, en el caso que estamos planteando, a quienes pagamos su sueldo los ciudadanos de Castilla y León como altos cargos de la Junta, como miembros de fundaciones o de entes vinculados, y también saber la idoneidad para los puestos para los que han sido nombrados, es algo relevante.

Y quiero hacer también una referencia a algo que me parece importante: no es positivo en política que se valore a alguien por tener más o menos titulación, porque hay personas cuya experiencia personal, al margen de la titulación, les capacitan para desarrollar sus actividades, y otras que a lo mejor tienen titulación y no lo hacen. Pero sí es bueno que se conozca, en cada uno de los ámbitos, en qué se formaron, a qué se han dedicado. También otros aspectos que puedan considerase positivos.

¿Qué estamos planteando? Que la Junta de Castilla y León unifique, por tanto, cuáles son los parámetros de los currículum de las personas que ocupan esos altos cargos, para que todos los ciudadanos los conozcan; que los verifiquen, para evitar tentaciones -si me quieren entender-; y que los hagan públicos.

¿Qué pretendemos evitar? Pues pretendemos evitar cosas como las siguientes. Si uno se va a la página de la Junta de Castilla y León -veo que algunas de sus señorías tienen delante el ordenador, pueden hacerlo-, se encontrarán con el perfil profesional del señor Mañueco. Pone la fecha de toma de posesión; dice que es licenciado en derecho y diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca, no sabemos ni cuándo ni cómo; y habla de su experiencia profesional. Primera línea: presidente del Partido Popular de Castilla y León desde dos mil diecisiete. Si alguien se preocupara de saber cuáles son los parámetros que uno tiene que trasladar, no hubiese permitido al señor Mañueco poner estas cosas. No parece que su trabajo sea presidente del Partido Popular. Luego, hay una retahíla de altos cargos, que ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Aquello, permítanme recordarlo, que el señor Igea hacía públicamente como referencia de que había sido consejero de todo menos de Marina. Bueno, pues está establecido.

Quiero decirles que esto que aparece ahí, y que es sorprendente, tiene como mayor sorpresa que el señor Igea no tiene currículum. Quizá sea por no compararlo con el señor Mañueco, pero resulta sorprendente que en la página del presidente aparezca su perfil profesional y en el del vicepresidente no lo esté. Y si buscamos algo más, podemos encontrar en el BOCYL de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve un nombramiento, que es de altos cargos como asesores del presidente de la Junta de Castilla y León. En dos líneas, se nombran a cuatro personas. Una de ellas tiene como principal mérito -creemos que ya no está como asesora- haber ofendido en el Senado a los familiares de los represaliados por el franquismo. La otra tiene como gran mérito ser Nacho, el amigo del señor Mañueco; textualmente, pone que se nombra asesor a don Ignacio Cosidó Gutiérrez. Ya pueden ustedes dedicar la tarde entera el día de mañana, o cuando sea, que no encontrarán en ninguna página de la Junta de Castilla y León ni cuál es el fin de ese nombramiento ni cuáles son los méritos que ese señor tiene para -parece- ser asesor en materia de lucha contra la despoblación.

Una iniciativa en positivo, que pretende unificar criterios para que los ciudadanos los conozcan, que no criminaliza a nadie, que tiene precedentes por consenso de todos los grupos que estamos aquí representados esta tarde. Y que, para recordarles lo que queremos que se vote, para finalizar esta primera intervención -luego ya les he dicho, disponible para aclarar cualquier circunstancia que consideren, porque creo que sería una buena noticia que hoy saliese aprobada por unanimidad-, tiene el siguiente texto, que se somete a votación:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, a través de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, proceda a la elaboración, en el menor plazo posible, de un formulario en el que pueda constar de forma clara y nítida los principales aspectos que integran el curriculum vitae de los altos cargos de Castilla y León, así como articular el mecanismo para su entrega, verificación de lo declarado y publicación. Tanto el formulario como el sistema de verificación serán aplicables a todos los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, fundaciones y empresas públicas, así como a cualquier otro ente público, cualquiera que sea su forma".

Señorías, confiamos sinceramente en que esto, que es de sentido común, sea aprobado por todos y por todas esta tarde.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, muy rápidamente, porque yo creo que los argumentos están muy claros y los ha puesto ya el portavoz del Grupo Socialista encima de la mesa. Yo suscribo cada una de las palabras que... que ha dicho. Votaremos a favor de esta propuesta.

Y la verdad es que me parecería sorprendente que esta propuesta no saliese hoy por unanimidad en esta Comisión, porque me parece muy difícil de defender políticamente cómo no se puede estar a favor de que los curriculum vitae se hagan públicos en... en la página web de la Junta de Castilla y León, o donde tenga que constar, en ese sentido. Por lo tanto, yo de verdad que espero que salga favorable por parte de todos los grupos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Blanca Negrete.

LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. Hoy venimos a debatir aquí, a esta Cámara, una proposición no de ley en la que pretendemos instar a la Junta para que, a través de la Consejería de Transparencia, se proceda a la elaboración de un formulario en el que figuren los... los principales aspectos que integran un curriculum vitae de los altos cargos de la Administración de nuestra Comunidad, organismos autónomos, entes públicos, privados, fundaciones, entre otros.

Pues bien, en relación a su petición, recordarles que existe un ante... un anteproyecto de ley de transparencia, acceso de la información pública y su reutilización. Un anteproyecto que se publicó en el portal de Gobierno Abierto en junio del dos mil veinte, abriéndose un foro de participación ciudadana, que estuvo habilitado hasta el veinticinco de junio de este año, para... para poder conocer el texto propuesto e incorporar, a su vez, sugerencias. Esta ley nos plantea una verdadera política de transparencia, con lo que, sigamos así, seguimos fortaleciendo la democracia y el funcionamiento de nuestras instituciones, mejoramos la vida de los ciudadanos e impulsamos el crecimiento y desarrollo de nuestra Comunidad. Se pretende, en este texto del que les hablo, una mayor participación ciudadana, mediante un mejor acceso a la información, y la demostración de una mayor eficiencia en la gestión pública. Aparte de estos dos objetos, podrán encontrar la regulación de un régimen sancionador.

El texto del anteproyecto de ley se estructura en 64 artículos, que están organizados en 6 títulos, que se centran, respectivamente, en la publicidad activa, en el acceso a la información pública, la reutilización e información pública, el régimen sancionador, la evolución y el Comisionado y la Comisión de Transparencia; once disposiciones adicionales recogen materias como la colaboración de las diputaciones provinciales, prestando la asistencia que requieran las entidades locales, y la creación de unidades de transparencia en los centros directivos de la Administración autonómica, o la introducción de contenidos de transparencia en la formación de empleos públicos e, incluso, en distintos niveles de educación.

En este punto es en el que yo quiero hacer un inciso, ya que, si se mira en este anteproyecto de ley del que les hablo, encontrarán una disposición -en concreto, la Disposición Adicional Décima-, titulada "Aprobación de modelos de declaración y perfiles profesionales", que viene a decirnos que el consejero con competencias en materia de impulso de transparencia aprobará los modelos de declaraciones de actividades, obligaciones patrimoniales, estructura de datos de perfiles y trayectoria profesional de los altos cargos, de los que estamos esta tarde hablando.

Esto ¿qué es lo que quiere decir? Pues que la Consejería ya ha contemplado el regular el contenido del currículum de los altos cargos, viendo que actualmente es más una biografía lo que existe en el perfil de la trayectoria profesional. Les reitero, en concreto a las personas pertenecientes al Grupo Socialista, y que vienen hoy a reclamar algo, que ya está contemplado en la programación de trabajo de esta Consejería de Transparencia. Para ahondar más en el tema, queremos hacer mención especial a que la ley es de aplicación no solo de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León, sino también de las entidades que integran la Administración local de la Comunidad y también de las universidades públicas. Y, de igual modo, las obligaciones de esta ley se aplicarán a entidades volunta... vinculadas, adscritas o también a las dependientes, esto es, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, empresas públicas en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 %, fundaciones públicas, consorcios adscritos y asociaciones constituidas por todos estos sujetos.

Asimismo, queremos destacar de esta ley de transparencia el acceso a la información pública, y su reutilización será aplicable en cuanto a las obligaciones de publicidad activa en dos ámbitos más. El primero, en los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, así como las federaciones de los partidos, las agrupaciones de electores y las asociaciones y... y fundaciones, perdón, a estos vinculadas. Y, en segundo lugar, las entidades privadas que perciban ayudas, subvenciones, aportaciones dinerarias o traspaso de fondos en cuantía superior a quinientos... a 50.000 euros, en cómputo anual, procedentes de alguno de los sujetos afectados por el ámbito de esta ley, entre otros.

Por último, quiero recalcar hoy aquí que la información pública cumple con los parámetros de claridad, mejor localización por una óptima estructuración de contenidos, selección de información relevante en formatos reutilizables, actualización constante y accesibilidad universal, entre otros principios, que hacen que se pueda afirmar con rotundidad que se cumplen con las obligaciones de publicidad activa.

Por todo ello, señorías, les animo a que se lean el anteproyecto, que se... que se le miren de verdad, al igual que han hecho los ciudadanos que han participado e incorporado sus sugerencias en el plazo que se les concedió. Si se lo leen, verán que lo que piden ya se contempla, y que, a pesar de que no se aprecia una urgencia por nuestra parte para llevar a cabo esta tarea antes de la aprobación del proyecto de ley, tampoco tenemos ningún inconveniente en que la PNL de esta tarde salga adelante. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Inmaculada Renedo.

LA SEÑORA RANEDO GÓMEZ:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos esta tarde una proposición no de ley sobre el rigor y aspectos a destacar en la comunicación de los curriculum vitae de los altos cargos de la Junta de Castilla y León y su verificación, con el fin de ser garantes de la mayor transparencia y rigor posible a la hora de reflejar la trayectoria académica y profesional de las personas que representan a la ciudadanía de nuestra Comunidad.

Tal como se indica en los antecedentes de su proposición, han tomado ustedes prestada, por ser válida, la aplicación a la Junta de una moción en la que sus compañeros del Ayuntamiento de Salamanca, entre otras cosas, hablan de los casos en los que los representantes públicos engañan, tergiversan o intentan confundir en torno al contenido del curriculum vitae, generando sombras de duda y sospecha permanentes, que deben ser aplacadas con mayor transparencia. Es totalmente entendible que se presentara en aquel momento, y también que lo hagan hoy, ya que, además de en otros grupos políticos, como aquí se ha nombrado a algunos de ellos, tienen buenos ejemplos también en sus propias filas, empezando por el mismo presidente del Gobierno. Por cierto, los datos que usted ha... ha dado del presidente Mañueco no son ninguno mentira.

El Consejo de Europa, sobre el acceso a los documentos públicos, reconoce la importancia de la transparencia de autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista. Considera que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información que ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad.

En nuestros... en nuestro país, como ya conocerán -obviamente-, la transparencia se encuentra regulada por la Ley 19/2013, de nueve de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de carácter básico y estatal. En nuestra Comunidad, la Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que establece las obligaciones de transparencia adicionales a las exigidas por la ley estatal. En la comparecencia del consejero en las Cortes de Castilla y León de dos de septiembre de dos mil diecinueve, manifestó la intención de remodelar esta ley para que, en concreto y en relación con la proposición... perdón, para que se tratara de optimizar y de aclarar los... los datos que se ofrecen en el currículum de los altos cargos, porque en algunos momentos parecía más una biografía que lo que puede llegar a ser una... una aclaración de cuáles son sus datos académicos y profesionales.

En concreto, de lo que se trata esta PNL, el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que fue actualizado en mayo de dos mil veinte, dice que ejercerán su función con la finalidad de lograr el interés general, conforme a los valores de objetividad, transparencia, eficacia, ejemplaridad, austeridad y servicio a la ciudadanía. En este código ético y de austeridad de los altos cargos, cuando se habla de objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad, se deriva, sin duda, la honestidad obligada de estos altos cargos a la hora de trasladar sus datos en sus curriculum vitae. Estoy segura que los altos cargos de la Junta de Castilla y León así lo habrán aplicado, y, como no puede ser de otra manera, lo seguirán haciendo quienes les sucedan en sus cargos.

Aunque, como en su PNL se indica, evidentemente no existe ninguna obligación legal sobre el formato ni el contenido que han de comunicarse a la institución pública, de los cargos públicos ni de su labor que... representativa, pero, aun así, estamos de acuerdo en que ha de basarse en la mayor claridad y rigor y transparencia, ya que la ciudadanía se merece unos representantes que estén a la altura de lo que se espera de ellos.

Reiterar, como ya se ha dicho, que actualmente se encuentra en tramitación el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León. El anteproyecto en este momento se encuentra en fase de petición de informe a las demás Consejerías y a los órganos colegiados adscritos a ellas. Tal como se indica, entre otras cuestiones, en la exposición de motivos de dicho anteproyecto, alguna de las finalidades que esta ley persigue es el fomento de la participación ciudadana gracias a un mejor acceso a la información, lo que posibilita una mayor perspectiva activa y responsable de la sociedad en los asuntos colectivos, o la mejora de la eficiencia en la gestión pública, al exponer sus resultados al escrutinio de todos.

En dicho anteproyecto, ya se ha dicho aquí también, en su disposición adicional décima, habla del título "Aprobación de modelos de declaración y perfiles profesionales". Esta última previsión responde a la necesidad, como he dicho anteriormente, de regular el contenido del currículum de los altos cargos. Por lo tanto, lo que plantea esta proposición no de ley de referencia es una cuestión que ya aparece reflejada en el citado anteproyecto y en la ley en tramitación, y está dentro de las tareas de esta Consejería.

Apoyaremos su proposición, pero queremos ir el Grupo Popular un poco más allá. Queremos proponer desde nuestro grupo parlamentario que este ejercicio de transparencia y rigor se haga extensible a la publicación de los datos de las procuradoras y procuradores de estas Cortes, por lo que anunciamos que el Grupo Popular, en la próxima Junta de Portavoces, pedirá a la Junta de Castilla y León aplique lo mismo que reza en esta proposición aplicado a las procuradoras y procuradores de las Cortes de Castilla y León.

Y me gustaría, simplemente, acabar con una frase de Benjamin Franklin, que decía que la honestidad es la mejor política. Contribuyamos, pues, a que esta premisa sea para... clara para todos nosotros y que representemos a la ciudadanía en estas instituciones públicas con esa honestidad que se nos pide, y de la que debemos ser garantes. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Fernando Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, señora presidenta. Agradezco a todos los grupos el apoyo a la iniciativa. No soy de polemizar cuando hay consensos, pero alguna aclaración a alguna de las cuestiones que han trasladado o alguna reflexión respecto a los argumentos que ustedes han expuesto esta tarde, por parte de Ciudadanos y el Grupo Popular, sí merece la pena hacerlo.

Empezar agradeciendo el apoyo en esta iniciativa, y también lo quiero hacer expresamente el trabajo cotidiano que hace en estas Cortes a doña Laura Domínguez, y el hecho de que coincidamos regularmente es algo que a este grupo le satisface.

Respecto a la portavoz de Ciudadanos en esta materia, nos ha trasladado la siguiente reflexión: "Vamos a votar a favor, aunque quizá no hiciera falta porque ya está en el programa de trabajo de la Consejería de Transparencia". Permítame que le traslade que eso no es ninguna garantía para nosotros. Un ejemplo, para que se entiendan mejor las cosas -usted no estaba aquí-: su grupo pactaba regularmente los Presupuestos con la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP en la legislatura anterior. En el dos mil diecisiete presumieron durante no sé cuánto tiempo de que habían pactado los Presupuestos y se haría el centro de salud de El Zurguén en Salamanca, y no está puesta ni la primera piedra. Por lo tanto, que esté entre sus proyectos nos parece muy bien; que eso sea garantía de que después se va a llevar a cabo, está por ver.

Por tanto, que hoy entre todos lo acordemos, y, por tanto, sea mandato colectivo para que así aparezca, es un paso importante. Y dicen que por parte de la Consejería de Transparencia han visto que a veces son más biografías que datos. Pues dígale al señor Igea que ponga lo que le dé la gana, su biografía o datos; pero, hombre, no es una cosa que sea muy correcta, cuando las dos páginas web están al lado una del otro, la del señor Mañueco -que ahora diré alguna cosa al respecto- y la del señor Igea, que el señor Igea no tenga ni siquiera cuál es el perfil profesional. Resulta sorprendente. Allá sabrán ustedes en sus acuerdos por qué lo hacen.

Respecto a la portavoz del Partido Popular, a la señora Ranedo. Estas cuestiones, que les gustan tanto a ustedes, de decir que sí, pero vamos a ver si escupimos a... a alguien para que le toque. No sé a qué referencia quería hacer con el presidente del Gobierno. Hombre, no están ustedes para dar muchas lecciones de nada. O sea, quien nombró director general de Formación del Profesorado a alguien que tuvo que dimitir por ser un plagiador compulsivo no puede venir aquí a decirnos no sé qué cuestiones de ética que se le presupone a todos. Pues está bien que se presuponga, pero, mire, lecciones, ni una sola, por favor.

Y, al hilo de su reflexión, que ha sido corta, nos ha dicho: todo lo que ha dicho del señor Mañueco es verdad. Pues puede serlo, pero, si su profesión es ser presidente del Partido Popular, es que cobra del Partido Popular. Y ese creo que es un dato que sería bueno que se conociera, si el presidente de la Junta de Castilla y León también cobra de su partido. Porque lo pone aquí, lo pone [el orador muestra un documento]: como experiencia profesional, presidente del Partido Popular desde dos mil diecisiete. Y lo que nosotros planteamos es que, en ese acuerdo que se llegue entre todos, se tenga claro lo que es, y aparezca como profesional de lo que se ha cobrado, o no. Pero yo no entro en si lo cobran en "a" o en "b", eso ya son cosas suyas. Pero, si como tal aparece que esa es su experiencia profesional, cuanto menos a alguien que desde fuera lo vea con ánimo de no polemizar, encontrará que eso es sorprendente.

Y lo importante de esta tarde es que nos pongamos de acuerdo todas y todos en que la transparencia en todos los niveles es buena; en que, si alguien predica regeneración y luego coloca a quien se queda fuera de diputada, pues a lo mejor no es regeneración, pero por lo menos es transparente saber si quien fue colocada cumplía los requisitos para el puesto en el que se nombró.

Y este tipo de cuestiones ayudan entre todos, aparte de las citas históricas, que siempre están muy bien, a dignificar la política. Y, si hoy damos un paso por parte de todos los grupos en esta Comisión, es a lo que, desde luego, a los socialistas nos satisface.

Votación PNL/000514

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Diecisiete. Vale. El resultado de la votación es: votos emitidos, diecisiete; votos a favor, diecisiete; votos en contra, cero; abstenciones, cero. Por lo tanto, queda aprobada la proposición no de ley debatida.

PNL/000658

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA CÓFRECES MARTÍN):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 658, presentada por los Procuradores doña María Soraya Blázquez Domínguez, don Pedro Luis González Reglero, don Luis Ángel Fernández Bayón, doña Alicia Palomo Sebastián, doña María Rodríguez Díaz, don José Ignacio Ronda Gutiérrez y doña Yolanda Sacristán Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a hacer públicos en su portal de transparencia los datos desagregados del número de afectados por el COVID-19, el número de fallecidos por coronavirus diagnosticado como tal y el número de fallecidos con sintomatología compatible con el COVID-19 hasta la fecha en todos los centros residenciales de personas mayores de titularidad pública (autonómica, provincial y local) y privada que actualmente prestan sus servicios en el ámbito territorial de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 138, de veintinueve de julio del dos mil veinte.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña... la procuradora señora Blázquez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ:

Gracias. Bueno, pues yo voy a arrancar utilizando una frase que acaba de decir nuestro compañero Fernando, y es que la transparencia a todos los niveles es deseable. Y yo estoy de acuerdo que todas sus señorías aquí presentes, pues, evidentemente, es lo que deseamos, y, sobre todo, cuando esa transparencia se refiere, o se tiene que referir, a las residencias que se... en Castilla y León, en concreto, desde la pandemia, vienen siendo un tema, por desgracia, de bastante actualidad, dada la situación en la que se encuentran y se han encontrado. Residencias de personas mayores, tanto públicas como privadas, que fueron declaradas de servicios esenciales y que durante el estado de alarma sirvió para reforzar las tareas de control de dichos centros por parte de las Comunidades Autónomas.

No puede obviarse que, en este sentido, el 9 % de las residencias, de los centros residenciales de Castilla y León, son de titularidad privada... o sea, son de titularidad pública, perdón, solamente el 9 %.

En el caso de los fallecimientos en residencias privadas, el Gobierno de Castilla y León entiende que los intereses económicos y comerciales de las empresas que gestionan las residencias en esta Comunidad Autónoma están por encima del derecho de los ciudadanos castellano y leoneses, circunstancias, en muchos casos, que es de extraordinaria importancia para los ciudadanos que tienen o han tenido familiares o personas allegadas en centros de personas mayores.

En muchos casos, la existencia de brotes importantes en algunos centros y de las personas afectadas y fallecidos, que han sido recogidos por los medios de comunicación, por los medios de comunicación, que son quienes de verdad han demostrado una voluntad de servicio al ciudadano; cosa que desde la Junta muchas veces, la verdad, ha carecido.

Con esta negativa a aportar información, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende ocultar datos referentes a su gestión de las residencias e intenta eludir responsabilidades, sobre todo en cuanto a los criterios de la Gerencia de Salud y de Servicios Sociales para el traslado de mayores enfermos por coronavirus y con síntomas a los hospitales, y primar su atención en las propias residencias.

Por todo lo anterior expuesto, en aras a esa transparencia en todo el tema de la gestión del COVID-19, y que reiteradamente desde el Gobierno de Castilla y León se alardea de esa necesidad, de esa transparencia, y que ya el propio presidente Mañueco dejó claro que iba a ser un eje vertebrador en esta legislatura, nuestro grupo parlamentario plantea, y sometemos a su consideración y votación, la siguiente propuesta: "Instamos a la Junta de Castilla y León a hacer públicos en su portal de transparencia los datos desagregados del número de personas afectadas por la COVID-19, el número de fallecidos por coronavirus diagnosticado como tal y el número de fallecidos con sintomatología compatible con COVID-19, hasta la fecha, en todos y cada uno de los centros residenciales de personas mayores, de titularidad pública -autonómica, provincial y local- y privada, que actualmente prestan sus servicios en el ámbito territorial de Castilla y León".

La Junta no puede escudarse ni excusarse en la Ley de Transparencia para que no conozcamos esas cifras, esas cifras de personas mayores contagiadas y fallecidas por coronavirus. No es de recibo que el argumento para ocultar los datos a la opinión pública sea que el Gobierno autonómico no quiere perjudicar los intereses económicos de las empresas que buscan negocio con las residencias. Lo que confirma esta actitud es que el modelo que defiende y desarrolla desde hace años la Junta de Castilla y León, en relación con la atención a nuestros mayores, es hacer caja; y, en ese escenario, anteponen ahora el interés de las empresas del sector privado al interés general.

La epidemia de la COVID-19 nos ha enseñado muchas de las costuras de nuestra sociedad, entre las cuales se encuentra un sistema residencial cuyo servicio está supeditado al lucro y al mercado. El neoliberalismo ha conseguido hacer hegemónico su marco ideológico y modelo socioeconómico, centrado en el dogma del papel del mercado para el crecimiento económico, y asegurar única y exclusivamente el beneficio económico. Se sustenta en el individualismo y otorga al sector privado la cualidad de la eficiencia en la provisión de servicios. El fin de la acción política ya no es el bien común, sino la rentabilidad económica. En Castilla y León, el porcentaje de plazas residenciales privadas, en comparación con las públicas, es muy superior; y esto trae como consecuencia que ahora la Junta se ponga del lado de sus gestores, en vez del lado de donde debería de estar, que es el de los ciudadanos de Castilla y León, que tienen derecho a saber lo que ha sucedido en los centros donde se cuida a sus familiares.

El coronavirus ha sido difícil de contener una vez que ha entrado en residencias de ancianos, donde se encuentran las personas más vulnerables de la sociedad, que se han visto enfermas y solas durante todo el proceso. El tres de abril, la consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguró que entre el 80 y el 90 % de los mayores de estos centros fallecía en los hospitales. Hoy en día, los números son otros: solo uno de cada tres ancianos por COVID o síntomas compatibles murió en el hospital; la mayoría falleció en la propia residencia, cuando los equipos COVID-Residencia que les atendieron no pudieron salvarles la vida.

En Castilla y León, el peso de las residencias y centros de atención a la discapacidad recae sobre el sector privado: solo 25 de las mil... de los 1.214 centros residenciales son de titularidad económica; aunque también es verdad que hay que contar algunos de diputaciones y ayuntamientos, gestionados por estos.

Para garantizar la protección de nuestros mayores y para que el sistema residencial de la Comunidad sea mejor que el actual es necesaria transparencia. Y, por tanto, la Junta está obligada a facilitar todos los datos que sean precisos, no solo de sus residencias públicas, sino también de las residencias privadas; en caso contrario, será muy complicado hacer un buen análisis de lo que ha pasado en las residencias de mayores para, luego, buscar y proponer soluciones que mejoren la situación en la que se encuentran mediante la modificación del actual modelo residencial de Castilla y León.

El PSOE lleva muchos años advirtiendo de las debilidades que presenta este modelo, alertando de que era insuficiente para soportar cualquier contrariedad que surgiera; y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Si algo ha dejado en evidencia la emergencia sanitaria que vivimos son las debilidades de un modelo en el que prima lo privado sobre lo público, porque ha dificultado mucho la lucha contra la pandemia y la protección de los mayores. Precisamente por eso, los intereses económicos privados no pueden ahora servir de pretexto a la Junta de Castilla y León para negarse a informar sobre lo que de verdad ha ocurrido en las residencias; no hay excusas. El Gobierno de Castilla y León tiene que estar a la altura, tiene que actuar con responsabilidad, abandonar la opacidad a la que... de la que está haciendo gala y facilitar las cifras de contagios y fallecidos en las residencias de mayores. La ocultación de datos solo está contribuyendo a que crezca la incertidumbre entre la ciudadanía, que, ahora más que nunca, está pidiendo a las Administraciones transparencia en su gestión. Gracias.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA CÓFRECES MARTÍN):

Muchas gracias, señora Blázquez. Y seguidamente, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues desde este grupo, a principios del mes de mayo ya, que todavía estábamos inmersos en los peores datos que se daban en las residencias, mandamos un documento de propuestas a la Junta de Castilla y León. Y luego, en el marco del Pacto para la Reconstrucción, al que quiero recordar que a este grupo se llamó un día antes de firmarlo, prácticamente, mandamos todavía más propuestas a la Junta de Castilla y León. Les cuento esto, por un lado, porque hasta ahora hemos recibido el más absoluto silencio por parte de la Junta de Castilla y León; y, en segundo lugar, porque, tanto en ese primer documento como en el segundo, instábamos de distintas formas... incluso yo, de forma personal, a la consejera de Familia le he pedido que estos datos estuvieran desagregados; se lo dijimos también aquí en su comparecencia; se lo dijimos al gerente de Servicios Sociales. Y de nuevo el Partido Socialista trae aquí hoy esta propuesta, y veremos ahora cuál es el voto del Partido Popular y de Ciudadanos. Desde luego, hasta el momento ha habido, o bien silencio, o bien excusas sobre la imposibilidad de desagregar dichos datos.

Por tanto, claro, aquí, en primer lugar, se pide publicar los datos de las residencias en cuanto a los contagios, desagregado los contagios, las muertes y la sintomatología compatible, y esto es lo único que han hecho, esto es lo único que han publicado de forma efectiva; luego, se pide publicarlo por residencias, que aquí es cuando ya la Consejería dice que hay una imposibilidad para hacerlo, y se pide también hacerlo por privadas y por públicas. Y aquí todavía hay más imposibilidad. Y hay imposibilidad, dicen, por intereses económicos y comerciales. Que los intereses económicos y comerciales estén por encima de la transparencia de la Junta de Castilla y León, pues yo creo que dice mucho de este Gobierno, formado por el Partido Popular y por Ciudadanos, y de lo que entienden por democracia. Entienden por democracia, desde luego, desde una visión muy estrecha, donde las personas están en segunda posición frente al dinero.

Pero, en todo caso, cuando no se quiere desagregar por residencias y no se quiere, sobre todo, hacer público los datos de las residencias privadas, yo quiero señalar, una vez más -como también ya se lo he dicho a la consejera y al gerente, y a toda la Consejería de Familia-, que esta es una cuestión fundamental y que no es una cuestión, como decía la consejera, de que el virus entra por igual en las residencias públicas y en las residencias privadas. El virus entrará por igual, pero, miren, no sale por igual, porque, desde luego, no se publica en ningún lado. Por lo tanto, hay un problema evidente de falta de transparencia en las residencias privadas, porque la Administración se siente incapacitada para poder publicar los datos de las residencias privadas. Fíjense si será problemático el hecho de que existan muchas más residencias privadas que públicas en Castilla y León.

Por tanto, y dado que por esos intereses económicos y comerciales no se pueden hacer públicos los datos de las residencias privadas, nosotros seguiremos defendiendo que el... que el servicio debe ser eminentemente público, por esto y por muchas otras cuestiones que no cabe ahora mismo debatir aquí.

Yo creo que en su próximo lema electoral, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, ante esta visión estrecha de la democracia, tienen que poner: "Es el mercado, amigos".

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA CÓFRECES MARTÍN):

Muchas gracias, señora Domínguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Gago López.

LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:

Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señores del Partido Socialista, comenzaré por los únicos dos puntos en los que coincidimos con ustedes: por un lado, en reconocer que debemos poner el foco, como la sociedad nos demanda, en la situación de nuestros residenciales, pero sobre todo en el cuidado de nuestros mayores; y, en segundo lugar, en la aplicación práctica de la transparencia en la Administración pública, ese compromiso inexcusable en el que Ciudadanos y la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Transparencia, está ya trabajando de forma constante y rigurosa.

Desde nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que una política transparente más abierta y más cercana con los ciudadanos incrementa el bienestar de los castellanos y leoneses y nos permite tomar decisiones cada vez más eficaces y eficientes; y, finalmente, nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.

Precisamente, ante la pandemia del COVID-19, que nos ha afectado y que nos sigue afectando, en Ciudadanos hemos apostado por un valor seguro, que es la verdad. Resulta algo sencillo, ya que solo la verdad y nada más que la verdad nos permitirá reconocer de forma sincera el dolor y el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares, y nos permite honrar su memoria. Y si esto no fuera suficiente, gracias a la verdad podemos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos en el futuro.

Ustedes pueden poner en duda cuantas veces quieran el compromiso del Ejecutivo con la dación de cuentas y la transparencia, pero les adelanto que van a fracasar en el intento; y ya lo han hecho hasta ahora; y no lo digo yo, lo dicen instituciones como Dyntra, que, si recuerdan, señaló el pasado mes de mayo que la Junta de Castilla y León ha sido, hasta la fecha, la Administración pública más transparente en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, superando con creces la media del sector público. A esto se suman diversos análisis que todos hemos podido conocer a través de los medios de comunicación y que certifican la consolidación de la Junta como una referencia en este ámbito.

Con respecto a esta proposición no de ley, saben de sobra que los datos de los centros residenciales se publican y se actualizan a través del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Datos publicados, pero que también son accesibles y de valor para la ciudadanía. Hoy, cualquier castellano y leonés que visite esta página puede encontrar datos de residentes totales, por provincia, fallecidos por COVID o con síntomas compatibles, así como aislados con síntomas y en aislamiento preventivo. Estadísticas, insistimos, que se actualizan diariamente.

En cuanto a los centros de titularidad privada y los centros que pertenecen a otras Administraciones, de acuerdo con el informe de los servicios jurídicos de la Junta, estos datos pueden publicarse de forma agregada pero no desglosada. La razón no es otra que preservar y salvaguardar la identificación del persona... personal de los fallecidos. No obstante, la Consejería de Familia sí ha hecho públicos los datos, pero garantizando ese derecho de las víctimas y de sus familias. Por todo ello, nos vemos obligados a votar en contra de esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA CÓFRECES MARTÍN):

Muchas gracias, señora Gago. Y para... en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora procuradora Amparo Vidal, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA VIDAL GAGO:

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Se cumplen -ahora se van a cumplir, el próximo... el próximo día- seis meses desde que el catorce de marzo se declarara el estado de alarma. Por cierto, en aquel primer momento, el decreto de declaración, en aquel decreto no se hacía mención a las residencias. No se tomaba ninguna medida en concreto respecto a las residencias de mayores.

En su comparecencia en esta Comisión la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, el día veintiocho de abril, desgranó bastante pormenorizadamente las actuaciones llevadas a cabo hasta aquel momento, y, ¿cómo no?, con especial referencia a lo acontecido y a lo actuado en las residencias.

En lo que respecta a los datos, se explicó cómo se monitorizaron 1.214 centros en Castilla y León, centros y residencias de personas mayores, de discapacidad, viviendas tuteladas, y cuál era el tratamiento que se da a esa información. Una de las vertientes de ese tratamiento, su puesta en conocimiento diariamente a la Fiscalía (de los centros, fallecidos, confirmados, síntomas compatibles), y también al delegado del Gobierno. Además, esa información se hace pública todos los días, de manera diaria, en efecto, porque, como señaló la consejera, el ejercicio de la transparencia... el ejercicio de la transferencia hecho es el mayor que se ha hecho en España desde el principio. Se dan los datos desagregados por provincias, se dan los datos de los centros públicos. Se ha ido mejorando con el tiempo la información, incorporando nuevos datos, personas que vivían en residencias, que fallecen en el hospital o que fallecen en residencia.

Y miren, respecto a la comunicación al Ministerio de Sanidad, si bien la petición del Gobierno de España era hacerlo dos veces a la semana, todos los días se cargó la información, la cifra de fallecidos, infectados, compatibles con COVID. Castilla y León lo ha hecho 23 veces. Hay Comunidades que lo ha... que no... o bien no los han... no han cargado esa información, o la han cargado 2, 3, 9 ocasiones. De ahí que también aquí en España estemos padeciendo una situación preocupante de datos heterogéneos.

En los antecedentes de esta PNL se contiene una afirmación que no solo no compartimos, sino que rotundamente negamos, y vamos a rebatir por no ser cierta. No es cierto que el Gobierno de Castilla y León entienda que los intereses económicos y comerciales de las empresas que gestionan las residencias están por encima de cualquier derecho de los ciudadanos y del derecho de los ciudadanos castellano y leoneses a conocer qué aconteció durante la pandemia. Es falso y, a mi modo de ver, también torticero. Se han proporcionado datos, datos desagregados sobre contagios y fallecimientos en todas y cada una de las residencias titularidad de la Junta de Castilla y León.

Respecto de los datos de fallecidos referidos a residencias privadas, sí se proporcionan datos e información sobre personas fallecidas en dichos centros residenciales. Lo que no se ha proporcionado son los datos desagregados del número de fallecidos en residencias que no son titularidad de la Junta; pero no solo de las privadas, también de las públicas que sean titularidad de otras Administraciones. Y ello porque, según en un informe emitido por la asesoría jurídica de la Junta, la Administración autonómica, objetivamente, solo puede garantizar la veracidad de los suyos y bajo su directa responsabilidad, no aquella de los que les trasladan unos terceros y quedan bajo su exclusiva responsabilidad.

En efecto, y así también lo ha explicado la consejera -y se ha referido anteriormente una procuradora-, es cierto que el virus no entiende de residencias públicas ni privadas, ni de grandes ni de pequeñas, y sí que es cierto que ha atacado a personas más vulnerables, y se ha puesto de manifiesto que tenemos que revisar nuestro modelo.

Pero, dicho esto, desde la Junta, y ante las dudas que suscitaba una vez más -porque se ha reiterado- el proporcionar datos de entidades privadas, que... que además se referían a circunstancias de personas, como le he... les he dicho, se solicitó ese informe al que me acabo de referir. Ese informe dice textualmente que la autoridad competente de la Comunidad Autónoma puede proporcionar datos numéricos de personas fallecidas en centros residenciales de titularidad autonómica con la desagregación que considere oportuna, incluyendo el nivel de cada residencia o centro individualmente considerado, pero siempre salvaguardando la no identificación personal. Sobre el resto de centros que no sean de su titularidad, incluidos los intervenidos públicamente, solo podría trasladar la información de fallecimientos de forma agregada, de tal forma que se impida una relación de vinculación entre un número de fallecidos y la identificación y localización individual de cada caso concreto, centro o residencia.

Es decir, respecto a las residencias privadas, nos hemos ceñido a lo que nos indican los informes jurídicos, porque debemos cumplir la ley. Y respecto a lo que yo entiendo por democracia, entre otras cosas, entiendo también el sometimiento al imperio de la ley, sobre todo como primacía, entre otras cosas, sobre la... sobre la tiranía. Sometimiento, y siempre, en la toma de decisiones a la observación de las normas de derecho. Es una de las partes en las que mi grupo entendemos también por democracia.

Quiero que... que conozcan, y así lo ha dicho también la consejera, que la información de las residencias privadas se ha trasladado, y se sigue trasladando, como he dicho antes, a la Fiscalía, a Sanidad, y además se hace de forma provincializada; y también, de forma disgregada y específica, se ha aportado cada día la información de los centros de... de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales. No se ha podido ser más transparente, cumpliendo la ley.

Se solicitan datos de centros privados, que ellos mismos pueden aportar, si lo estiman oportuno. Por otra parte -y considero que es importante decirlo-, el Ministerio de Sanidad no ha... no facilita los datos del resto de las Comunidades, que sí que entendemos tenían obligación de facilitar. Repito, que debía facilitar. Castilla y León, ya lo he dicho antes, siempre ha enviado todos los datos que ha solicitado, e incluso se han publicado a diario.

Pero -y con esto voy a finalizar- hay más: para que no hubiera duda alguna sobre el modo, sobre la idoneidad, sobre la forma de actuar, sobre si esta es o no ajustada a la ley, se solicitó al Ministerio que se elevara consulta a la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de facilitar o no los datos de los centros privados -estas palabras ya fueron dichas en esta misma sala por la consejera-; esa solicitud de informe a la Abogacía del Estado, sobre todo, para tener un criterio uniforme sobre cómo actuar en... en todo el territorio. Y, paralelamente, también se solicitó a esos centros su autorización para hacer públicos los mismos.

Pues, finalmente, la Abogacía del Estado ya ha emitido informe, y el criterio de la asesoría jurídica hasta... ha emitido informe, y que está de acuerdo con el criterio de la asesoría jurídica de la Junta de Castilla y León. Es decir, este criterio se ha visto refrendado por la propia Abogacía del Estado. Este informe se emitió el treinta y uno de julio, y el mismo señala textualmente: "Se coincide con el criterio de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma consultante de que estos datos de centros privados o de otras Administraciones públicas pueden ofrecerse de forma agregada, pero no individualizada por centro".

En definitiva, no es la forma de entender la democracia, es la forma de respetar la ley. Existen dos informes de las máximas instancias de asesoría jurídica, de dos Administraciones diferentes, que avalan la postura de la Junta y que... y que, por descontado, no adolece a intentos de ocultación alguna. Al contrario, Castilla y León, como he dicho, ha sido una de las Comunidades que más activamente ha mostrado datos, día a día, de evolución de pandemia, de residencias, de forma clara, objetiva y transparente. Hasta la saciedad creo que he reiterado que ha sido de las pocas que desde el principio de la pandemia ha publicado todos los días los datos, tablas, estadísticas. Desde esta Comunidad se remitieron los datos constantemente al Ministerio.

Ahora creo que toca seguir trabajando, reforzando nuestro sistema. Y toca, una vez conocido que... es decir, que no solo los servicios jurídicos de la Junta, sino que también los servicios... la Abogacía del Estado refrenda la actuación de la misma, pues que... pues no sé, según mi modesta opinión, que tocaría la retirada de esta PNL... de esta PNL, por ser su objeto contrario a los informes, y también avalados por la Abogacía del Estado. Muchas gracias.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA CÓFRECES MARTÍN):

Muchas gracias, señora... señora Vidal. Y para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora Blázquez.

LA SEÑORA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ:

Gracias. Pues no, no vamos a retirar la PNL. Es más, esperábamos que por fin se pudiera y saliera adelante con sus votos y los de Ciudadanos, adelante; pero, bueno, vemos que una vez más es el no por respuesta, que una vez más los que acaban perdiendo son los ciudadanos de nuestra Comunidad, son los castellano y leoneses, y que una vez más vamos a seguir anclados en... pues en esta falta de transparencia en la que... en la que estamos, en cuanto... tocante a las residencias, las residencias privadas en este caso.

En el caso de la portavoz de Podemos, pues, bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho, que venía a ampliar lo propuesto por nosotros; y además ha hecho pues un resumen de las veces que ya se ha tratado el tema y que se ha intentado por todos los medios que los castellano y leoneses supieran algo que además están demandando, y que son muchos que los demandan, porque son nuestros familiares quienes están en muchas de estas residencias, y la mayor parte de las veces no tenemos conocimiento.

Tocante a la portavoz de Ciudadanos, bueno, la transparencia es el adalid en el que... en el que, vuelvo a insistir, nos habían aclarado que íbamos a estar esta... esta legislatura. Y realmente volvemos a insistir: nosotros lo que estamos pidiendo es que aparezcan los datos de las residencias desagregadas, desagregados, datos desagregados, porque, al final, lo que aparecen son datos agregados en cuanto a residencias y en cuanto a provincias, y el desconocimiento lo que está provocando es una gran incertidumbre. Incertidumbre que, además, dado los rebrotes que volvemos a tener, sigue siendo, por desgracia, de actualidad, y que todos, en mayor... en mayor o menor medida, seguro que estamos comprobando y que no está llegando, con lo cual volvemos a insistir.

Y luego, por otro lado, me llama poderosamente la atención que todas las veces que se ha traído a colación se siga insistiendo en... en el informe que hay por parte del asesoramiento jurídico. Informe que se ha oído varias veces, o muchas veces, pero que al final se oye hablar de él, pero que no lo tenemos, seguimos sin tenerlo. Porque en más de una ocasión se nos ha contestado con ese informe; informe del cual, al día de hoy, vuelvo a insistir, seguimos careciendo, porque a nuestro grupo, por lo menos, no nos ha llegado.

Y luego también me llama poderosamente la atención otro tema, y es que, bueno, pues al hilo de lo contestado por la portavoz de... del PP, resulta llamativo, y me pregunto si lo que me está diciendo es que la consejera se saltó la ley, porque la consejera, en... en el Pleno, dio datos de residencia, datos de una residencia, desagregados. Entonces, ¿vale para algunas, vale para el momento, depende del momento o de la situación, o nos saltamos la ley?

Y luego estamos hablando de salud pública, estamos hablando de una pandemia; estamos hablando de que a lo mejor lo que deberíamos de tener es más inspección en esas residencias. Lo que necesitamos es inspectores que estén en esas residencias, que haya mucha más inspección y que, al final, cuando esos datos se saquen, sean datos fiables, de los cuales nos podamos fiar, evidentemente, y podamos, además, conocer; debemos conocer, porque estamos, vuelvo a insistir, hablando de salud pública. Con lo cual, por todo ello, de verdad, vuelvo a insistir, sería conveniente que al final cambiaran el voto que ya tienen decidido de antemano y que en ningún momento ni siquiera se han planteado el hacerlo en sentido positivo, porque, al final, con esto, lo único que perdemos somos todos, lo único... los únicos que perdemos somos todos, todos los castellano y leoneses, todos los ciudadanos. Y creo que es necesario que se conozca, se conozca la realidad de esas residencias, y que además se conozca en el portal de la Junta de Castilla y León; un portal que, por supuesto, todos los ciudadanos, cuando recurrimos a él, entendemos de la veracidad del mismo, como... como no puede ser de otra manera.

Con lo cual, sí que es verdad que habría mucha gente, mucho familiar, que al final lo que... lo que acabaría es teniendo conocimiento de una situación que puedo garantizar que en muchos casos -muchos casos, por desgracia- desconocen, y que, además, cuando intentan conocer, no... no se habla, no se dice y no se traslada por parte de esas residencias. Con lo cual, ahí sí que debería de estar la Junta de Castilla y León para que esto no esté ocurriendo. Porque, vuelvo a insistir, señorías, estamos hablando de salud pública y estamos hablando de una pandemia, y entiendo que, ante esto, la transparencia tiene que ser absoluta. Nada más.

Votación PNL/000658

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA CÓFRECES MARTÍN):

Muchas gracias, señora Blázquez. Y, concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Ocho. Perdón. Bueno, sí, ocho. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Ninguna. Votos emitidos: diecisiete. En consecuencia, queda aprobada... perdón, queda rechazada la proposición no de ley.

PNL/000681

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 681, presentada por los Procuradores don Rubén Illera Redón, doña María Consolación Pablos Labajo, don Jesús Guerrero Arroyo y doña María Inmaculada García Rioja, instando a la Junta de Castilla y León a dar instrucciones a la Inspección General de Servicios para abrir una investigación interna en la escuela de educación infantil "Cres Sanz" en relación con el COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 144, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don Rubén Illera, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR ILLERA REDÓN:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores procuradores de los diferentes y distintos grupos parlamentarios. En la tarde del día de hoy les presento esta proposición no de ley, a la cual les invito a sumarse por el bien de la gente de esta tierra y, sobre todo, y como ya habrán dilucidado después del estudio de los diferentes antecedentes de la propia presentación de la iniciativa, para que se tome en total consideración por parte de los que se dedican a lo público, y que hay líneas y principios que no han de ser rebasados en ningún momento. Aspectos estos que en ningún momento pueden tomarse de forma partidista e ideológica, sobre todo cuando nos encontramos atravesando una pandemia, y que ya ha dejado en el camino a 4.531 de los castellanos y leoneses, a 4.531, a día de hoy, de nuestros paisanos y de nuestros seres queridos en toda la Comunidad. Como verán y comprobarán a lo largo de mi intervención, no quisiera utilizar este suceso tan... tan vamos a definirlo y a calificarlo, de alguna manera, como desafortunado, de forma partidista.

Es por ello que me gustaría alertar, en el inicio de mi intervención, que el orden del día del presente punto induce a error a quien procede a su lectura. Me explico: no se pretende en ningún momento con esta proposición no de ley dar instrucciones a la Inspección General de Servicios para que abra una investigación interna en la escuela infantil de la que se pretende... o de la que hablaremos posteriormente. Puede existir con el orden del día expuesto, vuelvo a repetir, una mala interpretación del fondo y de las diferentes motivaciones en la presente proposición no de lay... de ley, lo cual intentaré aclarar lo mejor posible a lo largo de mi distinta y diferente intervención. Pongo en relevancia este hecho sobre todas y todos los aquí presentes con el único fin de aunar el mayor de los consensos para que sea aprobada esta iniciativa por todos y los distintos y diferentes grupos parlamentarios. Con ello se pretende que las diferentes actuaciones de la Administración sean cada vez más acordes a la normativa, y sobre todo tendentes a la razón y al buen proceder.

Me consta, de todas formas, que las diferentes actuaciones realizadas por los dirigentes y los distintos profesionales de la escuela de Educación Infantil, de la que hablaremos en su momento, de titularidad... valga decir que es del Ayuntamiento de Palencia, y concesionada a una empresa, fue en todo momento la adecuada en la gestión de esta situación. Aprovecho a recalcar el tremendo déficit estructural existente en nuestra Comunidad, en la educación de nuestros menores, y este es un buen ejemplo clarificador de ello. Una escuela de Educación Infantil que debiera de ser de titularidad de la Administración autonómica, pero que no lo es, y debiera de llevar la gestión pública su propietario, pero que lo lleva un tercero, como ya hemos comentado, de carácter privado.

Empiezo con la cuestión a tratar: la escuela de Educación Infantil Cres Sanz, de la capital palentina, cerró el pasado nueve de julio tras conocerse que una de sus alumnas, de los 17 que acudían al centro, había dado positivo en las pruebas que le habían realizado de la COVID-19. El viernes, día diez de julio, la Junta de Castilla y León hizo público a los diversos medios, tras la realización el mismo día de las pruebas a los alumnos y al equipo de profesionales del centro, que todos los niños y niñas y profesores de la escuela infantil dieron negativo en las pruebas PCR que se les habían practicado a lo largo de la jornada señalada. La comunicación de los diferentes resultados de las pruebas realizadas por la Administración autonómica se vertió -y aquí está uno de los quid de la cuestión- públicamente por responsables de la Junta de Castilla y León, sin ni siquiera conocer los propios progenitores el sentido de las mismas, ya que nadie se los había comunicado e informado de ello. ¿Se imaginan, ante tal situación que padres y familiares se encontraban viviendo, y van y se enteran por el vecino del resultado de las pruebas que le habían realizado a cada uno de los hijos o de los alumnos de la escuela infantil? ¿Se imaginan que se filtra la existencia de algún positivo entre las pruebas realizadas? Creen, y empatícense, con esos padres y madres que les hubiera comido la agonía y la angustia a borbotones por cada uno de ustedes.

La actuación llevada a cabo por la propia Junta de Castilla y León ha disgustado en exceso a los diferentes padres y familiares de los niños y niñas, que conocieron la noticia del resultado de las pruebas -y vuelvo a repetir- a través de los diferentes medios de comunicación que se hicieron eco en la provincia de Palencia. Desde que se publicó la noticia hasta que los padres y madres de los alumnos fueron informados del resultado transcurrieron más de 15 horas. Motivo este por el que el aumento del descontento de los distintos familiares a la información facilitada por parte de la Junta de Castilla y León iba creciendo por momentos.

Vuelvo a solicitarles que se empaticen con todas y todos las madres y padres con respecto a la situación de lo que se estaba viviendo socialmente y sanitariamente en ese mes, a principios del mes de julio, y de los acontecimientos que les acabo de describir, para que se acerquen y sientan una mínima parte de la desazón vivida por todos y cada uno de esos papás y de esas mamás.

Es todo... es del todo lamentable que los propios afectados hayan conocido la noticia de las pruebas médicas practicadas a sus hijos y a sus hijas por los diferentes medios de comunicación, y no lo hayan conocido por la Consejería de Sanidad, dependiente de la propia Junta de Castilla y León.

Inadmisible que la propia Junta de Castilla y León difundiera los resultados de las pruebas de los menores de edad sin habérselo comunicado con anterioridad a los padres afectados, aumentando así su angustia y ansiedad -vuelvo a reiterar- quince horas después. Las pruebas clínicas de la alumna se realizaron el siete de julio, martes -quédense con la temporalización de las fechas, porque es importante, ¿eh?, para conocer también el transcurso de lo que ha sucedido-, hecho, esto, por lo que no se entiende que, pudiéndose haber conocido el resultado positivo ese mismo día, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León permitió que la escuela de Educación Infantil permaneciera abierta hasta el mismo jueves, día nueve de julio, a las doce horas del mediodía, habiendo dejado transcurrir 48 horas desde el positivo de la niña hasta la clausura o conocimiento de los diferentes padres del hecho.

El robot que analiza -para tener constancia de ello- las muestras, que ofrece un resultado de las pruebas PCR en torno... sacan los resultados, ofrecen los resultados, en torno a pasadas cuatro horas. Vuelvo a reiterarme que transcurrieron más de 48 horas desde la realización de la toma de la muestra hasta que se procedió a cerrar el centro, por lo que parece inexplicable la dilatación de la toma de medidas por parte de la propia Junta de Castilla y León y las correspondientes a la identificación de los diferentes contactos estrechos del caso confirmado, a tal fin de prevenir y controlar la transmisión de la COVID-19 entre los menores y sus distintos familiares.

Recapitulando, para entenderlo mejor: existen dos cuestiones importantes, y que se han de presentar ante ustedes para intentar aunar, como he comentado con anterioridad, el mayor de los consensos para que esta iniciativa salga adelante. Por un lado, que los resultados de las pruebas de los menores se hiciesen públicos sin autorización alguna y sin ser advertidos los padres, tanto de ello como de los propios resultados; y, por otro lado, la escasa diligencia por parte de la Consejería de Sanidad al realizar una prueba de la COVID-19 y permitir que 48 horas después el centro de Educación Infantil siguiera abierta hasta ese momento. Estos hechos han llegado a transgredir la ética profesional, vulnerar la moral pública, y a buen seguro que ha quebrantado algún precepto normativo, acompañado de la violación de algún que otro código deontológico.

Es por ello que en este momento presentamos la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León: una, a dar instrucciones a la Inspección General de Servicios para la apertura de una investigación interna, con intención de dilucidar y valorar si ha existido la transgresión de algún precepto normativo o reglamentario en la forma de proceder con respecto a: el procedimiento seguido en la publicación y comunicación de los resultados de las pruebas a los menores; las actuaciones realizadas por la propia Junta de Castilla y León después de la detección del caso positivo por la COVID-19, y, en especial, en que dos días después el centro de Educación Infantil prosiguiera abierto. Como punto número dos, que no permita y persiga que en ningún caso se proceda a la publicación de información reservada antes de que exista la comunicación expresa a los propios afectados". Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, yo creo que el relato de terror de los hechos está claro, y por lo tanto nuestro voto será favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Francisco Javier Panizo.

EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, hoy el Partido Socialista trae a esta Comisión una proposición no de ley en la que se expone un caso particular de COVID-19 acaecido en la escuela de Educación Infantil Cres Sanz de Palencia, por el cual se insta a la Junta a que dé instrucciones a la Inspección General de Servicios -voy a hacer hincapié en este punto- de la apertura de una investigación interna por considerar haber existido una transgresión de algún precepto normativo en la manera en la que se actuó.

Bien. Consideramos aquí que se están exponiendo unos hechos, un caso particular de un colegio, en el que se dio un positivo. Y quiero recalcar que se siguieron todos los protocolos sanitarios estipulados en un caso de posible COVID, que se comunicó al Sacyl, y que se decidieron hacer todas las pruebas oportunas al resto de los alumnos, dando estas negativas, como bien saben, y actuando el centro con toda la diligencia esperada.

Por ello, me referiré en primer lugar, en el tema normativo, al Decreto 92/2004, de veintinueve de julio, aquel que regula la Inspección Educativa en Castilla y León, y en el que contiene el precepto de que determina que es la Consejería de Educación la que ejerce la inspección de todos los centros, ya sean estos de titularidad pública o privada, garantizando así el cumplimiento de la normativa que en él se regula. La actuación llevada a cabo en este centro hace que traigamos a colación el Acuerdo 29/2020, de diecinueve de junio de este mismo año, por el que se aprobó el Plan de Medidas de Prevención y Control, donde se recogen todas las medidas relativas a los centros docentes y las recomendaciones sanitarias aprobadas hasta ese momento.

En el caso del Protocolo para la Prevención y Organización del Regreso a la Actividad Lectiva, dependiente de la Consejería de Educación, este fue aprobado el día seis de julio. En dicho protocolo, en su punto número 11, sobre las medidas de carácter educativo, se dispone que las medidas de dicho protocolo serán puestas en práctica de manera efectiva por los centros educativos, con el apoyo y asesoramiento de los inspectores de educación. Sin embargo, ustedes, en la propuesta de resolución, instan a la Junta a dar instrucciones a la Inspección General de Servicios. Y aquí quiero hacer otra vez un inciso: desde el punto de vista competencial, cabe mencionar el Decreto 13/2009, de cinco de febrero, que regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración en la Comunidad de Castilla y León, y que establece que la Inspección General tiene un ámbito de actuación sobre la Administración general de la Comunidad y todos sus órganos adscritos. Pero, si nos fijamos en el caso concreto del... del colegio Cres Sanz, que es de titularidad municipal, por lo que estamos ante una Administración local, y en este caso la responsabilidad de dicha investigación recaería sobre el Ayuntamiento de Palencia.

Esto no quiere decir que deban buscar ustedes en él un responsable de un hecho aislado, concreto, y que posiblemente se deba a una filtración de información. Vemos que el conocimiento de la información se produjo con unas horas de diferencia, es cierto; un lapso de tiempo que, aunque pudiera crear enfado o molestia a los afectados, y hecho este que comprendemos y lamentamos profundamente, no puede tomarse como un hecho de tanto calado como para traerlo con un carácter oportunista, con el objeto de atacar a la Junta, creando controversia en la ciudadanía, de manera interesada o por desconocimiento.

Por último, añadir que el Acuerdo 46/2020, del veinte de agosto, de la Junta de Castilla y León, que aprueba el correspondiente al Plan de Medidas de Prevención y Control, donde se puede encontrar que es cada Consejería la responsable de asegurar que se cumplan todas las medidas oportunas de control y vigilancia, que hoy más que nunca se necesitan para evitar cualquier tipo de contagio -y desde aquí aprovecho para lanzar a toda la ciudadanía-. Son planes con medidas que, como hoy hemos mencionado, están aprobados, que se han puesto en marcha, y, tal y como han manifestado en esta PNL que hoy nos traen, en este caso de COVID se controló adecuadamente, siguiendo todos los pasos de comunicación del Sacyl, seguimiento y adopción de las medidas sanitarias.

Por otro lado, ustedes hablan de que el resultado de las PCR se puede conseguir en cuatro horas con el robot que indican, el Procleix Panther, pero esta PCR realizada a esta alumna tuvo que llevarse a un laboratorio que no se encuentra en Palencia, y es que allí no disponen de dicho robot, pues, tal y como ustedes saben, solo hay tres provincias de toda nuestra Comunidad que cuenten con dicho equipamiento, además del personal especialista para su uso. Dicho lo cual, el resultado se... se obtuvo en menos de cuarenta y ocho horas; y esto, señorías, está dentro de los límites razonables, no las cuatro horas que nos hacen creer aquí. No confundamos el todo con la parte, pues, como podrán entender, la realización de una prueba en sí misma no computa el tiempo total que conlleva la extracción, correcta gestión, envío, preparación de la muestra, prueba en sí misma, comprobación de resultados y notificación de la misma.

En definitiva, señorías, este caso es un caso aislado, producto de una posible filtración de información. No hablamos de actuaciones reiteradas de las que se puedan sacar conclusiones suficientes como para hablar de desinformación ni intencionalidad de ninguna clase. No podemos crear una alarma de un caso particular y único, en el que se pudo observar por parte del centro y de la Administración local y autonómica una cierta coordinación. Una actuación en la que prevaleció la diligencia y la proporcionalidad en todo momento.

Nuestra responsabilidad como representantes públicos es exponer problemas o mejoras, plantear soluciones y llegar a consensos dentro de lo razonable, pues es lo que la ciudadanía nos reclama y espera de nosotros. Así que, señorías, preocúpense más por los ciudadanos y menos por buscar razones para achacarle a la Junta con tal de minusvalorarla, buscando un titular.

Por todo lo anterior, y tal y como viene formulada su propuesta de propo... de PNL, perdón, decirles que no pueden contar con nuestro voto favorable. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Mercedes Cófreces.

LA SEÑORA CÓFRECES MARTÍN:

Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor... señor Illera, en primer lugar, mi comprensión ante la situación, mi comprensión a los padres y madres de los niños de la guardería... vamos, del centro de Educación Infantil Cras Sanz... o Cres Sanz. Comprendemos desde nuestro grupo el enfado, comprendemos el enfado en cuanto a lo que realmente no se está valorando, que son los protocolos que se han dado en la... en la escuela infantil, sino la comunicación que se ha tenido de esas pruebas, que se pidieron en un momento dado y cuyos resultados, parece ser, por lo que usted ha comentado y por las noticias que han salido, salieron de una fuente de información de la Junta de Castilla y León antes de que lo conocieran los padres. Con lo cual, realmente comprendemos, ¿eh?, el enfado -y lo digo no solamente como representante pública aquí, en las Cortes, sino también como madre-; empatizo y me pongo al lado también de los padres-.

Dicho esto, tenemos que valorar esta situación. Y hay que valorar esta situación en el contexto, en el contexto que estamos viviendo; un contexto y una realidad completamente excepcional, en la que la velocidad de las cosas es grande, los cambios, la preocupación, el miedo, todo, y eso hace que muchas veces la información se coordine mal y que la información haya salido de dos fuentes distintas o dos canales de información distintas, como era Sacyl, cuando la recibieron los padres a través de los centros de salud, o de una fuente de información más de la Junta de Castilla y León a la hora de adelantar, sin haber esperado a que lo conocieran los padres. Y sobre todo con un hecho concreto, que la noticia era positiva, positiva. Yo creo que esto hay que valorarlo. No se estaba dando ningún dato... positivo en el sentido de que todos los PCR eran negativos; era positiva para las... para la sociedad palentina, de un hecho de un centro o de una escuela infantil que a todos los vecinos de Palencia nos causó preocupación. Con lo cual, realmente es una noticia buena para la ciudadanía palentina.

Dicho esto, ¿los padres lo tenían que conocer los primeros? Sí. ¿Ha habido descoordinación en la información, en los dos cauces de información, que iban por separado? Sí. Vamos a contextualizarlo en ese momento... en este... en ese momento, que es el que perdura, y ojalá que no vuelva a suceder, y es en el COVID-19 y en toda la gestión que se está haciendo por parte de las distintas Administraciones para que todo tenga el menor impacto posible.

Era una noticia positiva la que se dio. Con lo cual, no entendemos ni que haya habido perjuicio ni para la sociedad ni para la Administración, ¿eh? Y lo que deseamos es que los recursos públicos y la Inspección de Trabajo... los recursos públicos de la Junta de Castilla y León se destinen a cosas a las que realmente sea necesario. No creemos que sea necesario ninguna investigación de este tipo, reconociendo que los padres son los primeros que tienen que tener la noticia.

Y permítame, ya para finalizar, aclarar algo. Bueno, también abundo en el tema de las cuarenta y ocho horas; están dentro de los plazos razonables. Precisamente por... no voy a... no voy a aclarar más, por lo que ha dicho mi compañero de Ciudadanos, pero sí que permítame, porque parece que muchas veces se demoniza el tema de la gestión, la gestión privada. Las empresas que son contratadas es una fórmula de gestión de los servicios de educación, competencia de las Administraciones, que pueden tener gestión directa, directamente, o gestión indirecta, a través de empresas privadas, ¿eh? En las empresas privadas también trabajan personas, ¿eh? Lo que tiene que hacer la Administración... Otra cosa es que haya una buena contratación, unos buenos pliegos, una buena inspección de... y una buena dotación de materiales; eso es otra cosa. Pero no demonicemos a las empresas privadas, que realizan su labor y en la que están trabajadores y personas y vecinos nuestros trabajando, ¿eh? Entonces, por favor, también hago ese matiz, ya que se ha comentado la titularidad privada o la gestión directa del ayuntamiento, o si es privado o si es público.

Y nada, otra vez vuelvo a decir que el apoyo a los padres, ¿eh?, y esperemos que es... sea una situación que no volvamos a repetir. Con lo cual, nuestro posicionamiento es en contra.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Rubén Illera.

EL SEÑOR ILLERA REDÓN:

Gracias, presidenta. No voy a andar... no voy a ahondar mucho en la réplica a las diferentes argumentaciones. Únicamente agradecer a la señora Domínguez su posicionamiento, que compartimos plenamente. Con respecto a la señora Cófreces, del Partido Popular, en un primer momento, agradecerle las primeras palabras, que seguro que muchas mamás y muchos papás se lo agradecerán, por su comprensión; no compartimos la decisión final, pero... pero se agradecen las primeras palabras.

Con respecto al señor Panizo, al señor portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pues ha tenido diferentes y múltiples inexactitudes; yo lo achaco a los primeros pasos, que seguramente nos haya pasado a todos.

No... yo, como parlamentario, todavía tengo ciertas dudas de si los centros... escuelas de Educación Infantil, no colegios, son de titularidad de Educación, si son de Servicios Sociales, si... Bueno, yo todavía no lo conozco; creo que tampoco lo conocen muchos de los aquí presentes. De hecho, tampoco creo que lo conozca ni la consejera de Familia ni la consejera de Educación, porque aquí hay un... bueno, ni los profesionales de toda Castilla y León que se dedican a trabajar en este... en este aspecto.

Aquí ha surgido en varias de las ocasiones dos cuestiones, dos definiciones que se han expresado de forma magistral por dos de las procuradoras aquí presentes: una, la verdad, y otra, la democracia. El llevar a la verdad, como ha comentado también una de las procuradoras, el llegar a la verdad, pues sería una de las... de los síntomas importantes de qué es lo que ha ocurrido. Sí que es... el plazo serían 48 horas en las pruebas, pero se ha conocido con anterioridad el caso positivo, eso sí que es importante comentarlo.

Señor Panizo, una de las cuestiones más importantes de su exposición, o de su cuestionamiento a nuestra proposición no de ley, es que nos ha indicado que no existe en Palencia el robot Procleix Panther, ¿no?, es el que me ha comentado. Pues mire, los hechos han acaecido en el mes de julio, a primeros del mes de julio, y el trece del seis del dos mil veinte, le voy a dar un titular: En Palencia se ha adquirido un robot de última generación para hacer las pruebas PCR de diagnóstico del coronavirus. Es una máquina de vanguardia que hace 200 pruebas al día. Y, de hecho, 200 pruebas al día, pero que tiene una capacidad de realizar 400. Las imágenes, se las enseño aquí [el orador muestra una imagen], se lo juro que es de la responsable del centro de Palencia, del robot de Palencia, con lo cual, o tiene una cierta inexactitud o le han pasado mal los apuntes.

Con respecto a ello, el tema de la democracia, cuando se ha hablado en esta misma sala de que es el sometimiento, como ha dicho la procuradora del Partido Popular en la anterior proposición no de ley, sometimiento a la ley, pues yo creo que valga esa justificación para que la procuradora del Partido Popular portavoz en esta proposición no de ley le hubiera hecho caso a la anterior, porque sometimiento a la normativa vigente, que en este caso bien valga traer a colación, para que la investigación que se pueda llegar a realizar en el centro o en la escuela de Educación Infantil, me reitero en ello, pueda dilucidar qué es lo que ha ocurrido, y por qué esa información se vierte a los medios de comunicación de forma partidista, señora Cófreces, porque era un buen titular en ese... en ese sentido, y, efectivamente, la escuela de Educación Infantil, en este caso, es de titular por... vuelvo a reiterarme en ello, porque es un grave fallo estructural en la Comunidad de Castilla y León.

No quiero entrar más a ahondar de ello, pero, vamos, me sorprende que, si volvemos a hablar del concepto este que nos han explicado de verdad, pues si... además, ha sido de la portavoz de Ciudadanos, si se hubiera llevado a la verdad lo que prometieron a los ciudadanos y ciudadanas en Castilla y León, seguro que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León estarían ahora mismo en una mejor situación en prácticamente todos... todos y cada uno de los sentidos. Muchísimas gracias.

Votación PNL/000681

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. Abstenciones: cero. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos].