DS(C) nº 185/10 del 18/9/2020

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor. Se abre la sesión. Señorías... Antes de comenzar, recuerdo a los señores procuradores y a los asistentes a esta sesión que, de conformidad con los criterios fijados por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, salvo cuando se esté en el uso de la palabra.

¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Partido Socialista?

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Sí. Por el Partido Socialista, Virginia Jiménez sustituye a Fernando Pablos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

¿Grupo Mixto? Gracias. ¿Ciudadanos?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado por David Castaño y Blanca Negrete... Blanca Delia Negrete por... por Marta Sanz Gilmartín.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. ¿Partido Popular? Gracias.

Memoria Anual 2019

Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Comisionado de Transparencia, para la presentación de la Memoria Anual del Comisionado de Transparencia correspondiente al año dos mil diecinueve, remitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 13.2.a) de la Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Tiene la palabra el excelentísimo señor Comisionado de Transparencia.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Señora presidenta, señora vicepresidenta, señores procuradores de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, buenos días. La ley de transparencia de Castilla y León, como sus señorías conocen, configuró un sistema institucional de garantía integrado por las figuras del Comisionado y de la Comisión de Transparencia, adscribiendo ambas, sin incremento de gasto alguno, a la institución del Procurador del Común.

Una vez que entró en vigor dicha ley, el diez de diciembre de dos mil quince, se llevaron a cabo las acciones necesarias para que ambos organismos pudieran cumplir sus funciones en garantía de la transparencia pública y en defensa de los derechos de los ciudadanos a conocer cómo actúan los poderes públicos. La experiencia previa de más de dos decenios de Procurador del Común como defensor de los derechos de los castellanos y leoneses y su actuación, basada en la objetividad e independencia, han sido desde el primer momento, y continúan siéndolo hoy, activos especialmente relevantes en orden a la labor que realiza el Comisionado y la Comisión de Transparencia.

En el mes de octubre de dos mil dieciocho tomé posesión como Procurador del Común, asumiendo también, por tanto, las atribuciones del Comisionado de Transparencia, entre las que se encuentra la de presidir la Comisión. El año dos mil diecinueve ha sido, en consecuencia, el primero en el que, en su integridad, he desarrollado las funciones de... como Comisionado de Transparencia, y también la primera anualidad en la que la Comisión, con su nueva composición, ha ejercido la competencia de resolución de las reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información pública.

Desde el inicio, he ejercido estas funciones de garantía poniendo el mayor empeño en seguir avanzando hacia una mayor transparencia de la actividad pública, porque estoy convencido de que de la transparencia depende, en gran medida, la calidad democrática de las instituciones y, en general, nuestro sistema político de convivencia, pues la legitimidad del ejercicio de la actuación de los poderes públicos también se basa en la rendición de cuentas ante la ciudadanía y en la participación ciudadana en los asuntos públicos, para lo que es básico tener el mayor conocimiento sobre cómo se está gestionando la res publica.

Como saben sus señorías, nuestra ley autonómica de transparencia atribuye al Comisionado la función de evaluar su grado de aplicación, para lo cual debe presentar una memoria anual ante esta Comisión. En cumplimiento de este deber, el pasado mes de julio, se ha entregado a la vicepresidenta de esta Comisión la cuarta Memoria del Comisionado de Transparencia, cuyo contenido completo se encuentra publicado desde principios del mes de agosto en nuestra página web institucional.

La presentación de esta Memoria ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común responde a la previsión recogida en la misma ley, sin perjuicio de lo cual, como ya ocurrió el año anterior, también he considerado conveniente ponerla en conocimiento, por razón de la materia, de los miembros de la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de estas Cortes.

A continuación, les expondré los contenidos más relevantes incluidos en dicha Memoria, comenzando con una referencia a la actuación desarrollada en dos mil diecinueve por la Comisión de Transparencia en el ejercicio de su competencia de tramitación y resolución de las reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información pública, para continuar con la exposición de las conclusiones generales alcanzadas acerca del nivel de cumplimiento en la Comunidad de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información.

Más allá de estos dos contenidos, ha habido otros dos... otras dos circunstancias que han tenido lugar en lo que llevamos de dos mil veinte cuya relevancia ha justificado su inclusión en la Memoria, sin perjuicio de que vayan a ser tratadas, como es obligado, con la mayor amplitud, necesaria, en la Memoria correspondiente a dos mil veinte. Una de ellas está relacionada con las consecuencias que sobre la transparencia pública ha tenido la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, y la otra tiene que ver con el inicio del procedimiento dirigido a transformar sustancialmente el marco jurídico de la publicidad activa y del derecho de acceso a la información en esta Comunidad, que ha supuesto la presentación del borrador de anteproyecto de una nueva ley de transparencia. A ambas cuestiones también haré alguna mención al final de esta exposición.

En cuanto al ejercicio del derecho a la información, en dos mil diecinueve el número de reclamaciones ha vuelto a aumentar, dado que, frente a las 314 presentadas en dos mil dieciocho, en dos mil diecinueve han sido 325. No obstante, el ritmo de crecimiento se ha contenido respecto a lo ocurrido en años anteriores, lo cual no deja de ser lógico, teniendo en cuenta que en los tres años precedentes se triplicó el número de reclamaciones recibidas.

No obstante, en los dos meses primeros -dos meses y medio primeros- de dos mil veinte, es decir, hasta la declaración de estado de alarma ocasionada por la crisis sanitaria, se presentaron 107 reclamaciones, ritmo que, de haberse mantenido durante todo el año, hubiera dado lugar a la formulación de más de 500 reclamaciones. Sin embargo, la presentación de reclamaciones se ralentizó durante el estado de alarma, dado que mientras estuvo vigente se recibieron solo 39; aunque, una vez levantado, nuevamente ha repuntado el número de reclamaciones presentadas, contabilizándose desde entonces hasta hoy 90, lo que hace un total de 240 reclamaciones recibidas en lo que llevamos de... del año dos mil veinte.

En relación con el medio utilizado por los ciudadanos para dirigirse a la Comisión, se ha incrementado de nuevo la utilización de medios electrónicos, en concreto, el 45 % de las reclamaciones se presentaron de esta forma -es decir, tres puntos porcentuales más que en dos mil dieciocho-, en lo que creemos ha influido la creciente utilización de la sede electrónico... electrónica del Comisionado, que se implantó en febrero de dos mil diecinueve, que ha permitido que 54 reclamaciones fueran presentadas por esta vía, a las que se suman 81 más remitidas mediante correo electrónico.

Se mantiene como tendencia predominante -esto es importante retenerlo, a mi juicio- que las reclamaciones presentadas lo han sido frente a la ausencia de respuesta de una solicitud, de forma que el 71 % de las reclamaciones que hemos recibido tuvieron como objeto denegaciones presuntas de información por parte de las Administraciones o Administraciones... o entidades públicas. Lamentablemente, sigue siendo usual, como pone de manifiesto ese 71 % al que me he referido, sigue siendo usual que los ciudadanos no tengan ninguna respuesta cuando acuden a solicitar la información a las Administraciones o entidades públicas, o al menos así lo hemos constatado la Comisión de Transparencia a través de las reclamaciones que hemos recibido.

Debo señalar también aquí, en este momento, por otra parte, que un 11 % de las reclamaciones han sido presentadas por cargos representativos locales.

Como sujetos afectados por las reclamaciones continúan siendo las entidades integrantes de la Administración local, frente a las que se han presentado un mayor número de ellas, concretamente el 69 %, seis puntos porcentuales más que en dos mil dieciocho; en cambio, un 23 % de las reclamaciones se interpusieron frente a la actuación de la Administración general de la Comunidad, es decir, tres puntos menos que en dos mil dieciocho; un 4 % de las reclamaciones recibidas se dirigieron frente a alguna de las cuatro universidades públicas. Estos datos confirman la distribución de reclamaciones habidas en los años anteriores, siendo únicamente destacable la disminución de las reclamaciones presentadas frente a colegios profesionales, al haber pasado de un 7 % del total en dos mil dieciocho a un único 1 % en dos mil diecinueve.

Respecto a las materias sobre las que versaron las peticiones de denegación, fue impugnada ante la Comisión, aunque la casuística es casi inabordable en detalle, sin embargo, se puede afirmar que las tres materias que mayor conflictividad han generado en cuanto al acceso a la información han sido, por orden descendente: la información económica relativa a los gastos e ingresos de las entidades locales, el urbanismo y las obras públicas, y también, por último, la selección y las retribuciones de los empleados públicos.

En dos mil diecinueve la Comisión dictó 216 resoluciones de las cuales, 114 fueron estimatorias de las pretensiones realizadas y 52 se adoptaron por desaparición sobrevenida de su objeto, al haber sido concedida la información tras el inicio del procedimiento de reclamación ante la propia Comisión de Reclamaciones. En todos estos casos el resultado final es, o al menos debería de serlo, que el ciudadano haya obtenido la información cuya denegación le llevó a reclamar ante la Comisión de Transparencia.

En cuanto al resto de resoluciones, 20 fueron de inadmisión, 12 desestimatorias y 18 supusieron un archivo de la reclamación correspondiente por otras causas.

Como en años anteriores, la Memoria incluye una parte dedicada al contenido material de las resoluciones, comprensiva de los principales criterios jurídicos utilizados por la Comisión para adoptar sus decisiones. En ella se expone la doctrina mantenida por la Comisión en materia de derecho de acceso a la información pública, con base en la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado en la actualidad este derecho en nuestro ordenamiento jurídico, así como en la obligación, reconocida por el Tribunal Supremo en varias de sus sentencias, de interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, los límites y las causas de inadmisión de las solicitudes recogidas en la ley.

Para la exposición del contenido de las resoluciones, se han agrupado las posiciones que hemos adoptado en torno a los siguientes aspectos: concepto de información pública en su delimitación positiva y negativa; cuestiones de procedimiento, tales como los sujetos legitimados, con especial mención de la legitimación activa de los cargos representativos locales y a los interesados en un procedimiento; el plazo para la... interponer las reclamaciones o los trámites formales que deben integrar el procedimiento de acceso a la información pública; las causas de inadmisión de las solicitudes, como son las relativas a la información de carácter auxiliar o de apoyo, la necesidad de llevar a cabo una acción previa de reelaboración o el carácter abusivo de la petición; los límites al derecho de acceso, con especial detenimiento en la protección de los datos personales; y, por último, la formalización del acceso, con referencia a cuestiones como el acceso a la información ya publicada, la obtención de copias de documentos o la consulta personal de estos.

Sus señorías y todos los ciudadanos pueden consultar el contenido de las resoluciones de la Comisión a través de nuestra página electrónica, dado que en ella se encuentran publicadas todas las que venimos dictando. Precisamente, en dos mil diecinueve, hemos creado una nueva página, del Comisionado, y, entre otras novedades, se ha incorporado un buscador de resoluciones que consideramos de sencilla utilización.

Los criterios sobre el derecho de acceso a la información pública también se exponen a través de las respuestas del Comisionado a las consultas generales que le son planteadas por los órganos encargados de resolver las solicitudes de acceso. En dos mil diecinueve respondimos a dos de estas consultas generales, frente a una que se había planteado en los tres años anteriores.

En relación con las resoluciones de la Comisión de Transparencia, como cuestión de especial trascendencia, me voy a referir a su cumplimiento. Como es conocido, nuestras resoluciones son vinculantes y participan de la naturaleza ejecutiva propia de los actos administrativos. Sin embargo, a pesar de ello, en la Memoria indicamos que, a fecha veinte de julio de dos mil veinte -fecha de cierre de la Memoria-, no se había cumplido aún el 28 % de las resoluciones adoptadas en dos mil diecinueve, así como tampoco una quinta parte de las adoptadas en dos mil dieciocho.

Estos incumplimientos los publicamos en nuestra página electrónica y los hacemos constar en la Memoria. Pero, precisamente por el abultado número de incumplimientos, venimos abogando por una reforma legislativa que permita la imposición de multas coercitivas como medio dirigido a garantizar la ejecución forzosa de nuestras resoluciones y terminar así con una contradicción -al menos así lo consideramos nosotros-, contradicción que supone que las resoluciones de la Comisión participen de la naturaleza de los actos administrativos y sean, por tanto, ejecutivas, y que, en cambio, no se puedan hacer cumplir debido a lo que consideramos una laguna legislativa. Sin embargo, el borrador de anteproyecto de ley al que ya me he referido no recoge esta facultad, circunstancia que, entre otras, ha sido puesta de manifiesto en las alegaciones que hemos realizado sobre dicho texto.

La otra cara del carácter vinculante de las resoluciones de la Comisión es la posibilidad de que sean impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pues, bien, en dos mil diecinueve, todas las sentencias judiciales dictadas ante la impugnación de nuestras resoluciones han sido desestimatorias frente a los recursos interpuestos, por lo que dichas sentencias han venido a confirmar el criterio mantenido por la Comisión. Entre ellas se encuentra la primera sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, concretamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede en Valladolid, en relación con una resolución de la Comisión; sentencia esta mediante la cual ha quedado avalado nuestro criterio de asumir la competencia para resolver las reclamaciones presentadas por quien reúne la condición de interesado en el procedimiento administrativo correspondiente.

Una vez expuesta a grandes rasgos la actuación de la Comisión como órgano resolutorio de las reclamaciones que nos presentan los ciudadanos, paso a abordar, también a grandes rasgos, los resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a la información.

Con carácter previo, es preciso poner de manifiesto que esta evaluación continúa estando condicionada, de un lado, por el elevado número de sujetos obligados en esta Comunidad por la normativa de transparencia, al ser más de 500, contando solo a las Administraciones públicas, y, de otro, por la ausencia de mecanismos formales y de medios personales y materiales específicos para el desempeño de esta función.

Estos condicionantes nos obligan, nos siguen obligando, a pedir la colaboración de las Administraciones y entidades afectadas mediante la cumplimentación de cuestionarios de autoevaluación que nosotros mismos los facilitamos. Pues bien, a pesar de la obligación legal de colaborar con el Comisionado, en dos mil diecinueve, solo el 61,1 % de los sujetos a los que nos hemos dirigido, es decir, solo tres de cada cinco, han colaborado mediante la remisión de los cuestionarios ya cumplimentados. No obstante, un año más, se ha de reconocer que la práctica totalidad de las entidades que conforman el sector público autonómico han colaborado en la elaboración de esta Memoria, precisamente con la cumplimentación y remisión de los cuestionarios.

Dicho lo cual, a continuación paso a exponer varias conclusiones generales acerca del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la ley.

En relación con la publicación de información, se confirma, con carácter general, una tendencia ya constatada en años anteriores, cual es que las Administraciones públicas y entidades de mayor tamaño centran sus esfuerzos en el aspecto cuantitativo de la obligación, es decir, en divulgar todos aquellos contenidos exigidos por la ley, olvidando, aunque sea en menor medida que en años anteriores, los aspectos cualitativos, tales como la claridad, el acceso fácil, la reutilización o la accesibilidad para las personas con discapacidad. En cualquier caso, los incumplimientos de la obligación de publicar los contenidos previstos en la ley siguen siendo cometidos fundamentalmente por las Administraciones y entidades de menor tamaño.

El portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León ha introducido mejoras notables en dos mil diecinueve, coincidiendo con la asunción de las competencias correspondientes a los contenidos de la página corporativa por parte de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, sobre todo en lo referente a la accesibilidad y reutilización de la información.

En cuanto a las entidades del sector público autonómico que no publican su información a través del portal de Gobierno Abierto, continúa siendo destacable el grado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa por parte de las universidades públicas de la Comunidad. Y respecto de las fundaciones públicas, si bien sigue existiendo gran heterogeneidad en cuanto a su cumplimiento, debemos destacar de nuevo el esfuerzo realizado por alguna de ellas para que el cumplimiento del deber de publicidad activa responda a lo exigido por las leyes.

En relación con la Administración local, ya es un lugar común constatar la existencia de dos realidades: una, integrada por las diputaciones provinciales y ayuntamientos de mayor tamaño, los cuales están logrando un cumplimiento aceptable de la normativa de transparencia; y otra realidad, radicalmente distinta, correspondiente a los pequeños ayuntamientos y entidades locales menores, donde la observancia de esta normativa es extremadamente escasa, aun cuando, es cierto, no dudamos de la buena voluntad de las entidades afectadas, esa voluntad sea favorable al cumplimiento de la ley, cosa que en la realidad no se produce, por circunstancias posiblemente ajenas a esa voluntad.

Aunque esta doble realidad puede ser trasladable a todo el territorio nacional, se da de una forma muy acusada en Castilla y León, debido a la peculiar estructura municipal y a la existencia bien conocida de un gran número de entidades locales menores.

Pues bien, consideramos que esta circunstancia debe ser tenida especialmente en cuenta cuando se están dando, en este momento, los primeros pasos para sustituir la vigente ley de transparencia autonómica por una nueva, en la que, según el borrador de su anteproyecto, se pretende incluir dentro de su ámbito de aplicación a todas las entidades locales, y además, y sobre todo, incrementar de forma muy significativa el número de obligaciones de publicidad activa, adicionales a las básicas previstas en la ley estatal. Por ello, en las alegaciones que hemos presentado a este borrador se ha llamado la atención sobre esta cuestión, así como sobre la falta de previsión de mecanismos específicos que hagan posible el cumplimiento de estas obligaciones, más allá de la cooperación que puedan prestar las diputaciones provinciales a las entidades locales de menor tamaño, conforme prevé la legislación de régimen local. Alegaciones en las que también cuestionamos la viabilidad de la novedosa previsión relativa a la mediación como cauce alternativo a la reclamación frente al incumplimiento del deber de informar que pesa sobre los entes públicos. Y ponemos también de manifiesto nuestras dudas sobre la operatividad del amplio dispositivo sancionador que prevé el borrador de anteproyecto ante el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del deber de informar.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad por las instituciones provinciales y ayuntamientos de mayor tamaño, las conclusiones referentes a dos mil diecinueve no difieren mucho de las alcanzadas en años anteriores. En efecto, por un lado, sigue siendo frecuente la organización de los contenidos publicados en función de los criterios establecidos por Transparencia Internacional; aunque, bien es cierto, hemos observado que en los últimos... que, en algunos casos, lo publicado se ha adoptado... se ha adaptado a los criterios establecidos en la ley estatal, lo cual es positivo. Y, por otro lado, se continúa utilizando, casi de forma exclusiva, el formato pdf, no reutilizable, para suministrar la información, lo cual no lo consideramos positivo.

Hemos vuelto a observar que no es infrecuente... no es infrecuente, entre los ayuntamientos con una población entre 5.000 y 7.500 habitantes, omitir la obligación o la obligada publicación de todas las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, lo cual es censurable conforme a la legislación vigente.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información, además de los datos obtenidos a través de los cuestionarios de autoevaluación que hemos recibido, contamos también con los datos constatados a través de la actividad desarrollada por la Comisión de Transparencia, al resolver las reclamaciones que nos han sido presentadas. Pues bien, hemos observado que en los últimos meses de dos mil diecinueve se ha producido un incremento notable del número de solicitudes de información pública presentadas ante los servicios de las nueve Consejerías de la Administración general autonómica. Y, sobre el particular, consideramos que este incremento... a este incremento han contribuido las facilidades ofrecidas para la presentación de la solicitud por vía electrónica, así como las mejoras introducidas en su tramitación y en la... y también la impartición de instrucciones desde la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno para la identificación y el registro, y consecuente tramitación y resolución, de las solicitudes de acceso a la información.

En cuanto a las solicitudes presentadas en el resto de Administraciones y entidades, continúa siendo reducido, en términos generales, el número de las recibidas por diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Pero, ciertamente, al respecto, todo parece indicar que muchas de las peticiones de información que se presentan ante esas entidades no son tramitadas ni resueltas como tales, y de ahí ese número reducido de solicitudes de información que se nos comunican, lo que puede explicar que algunas de ellas no hayan comunicado... que nos hayan comunicado no haber recibido ninguna solicitud de información pública durante todo este año se debe, precisamente, a esa circunstancia, es decir, que no han sido tramitadas dichas solicitudes conforme a la legislación de transparencia, y, por tanto, al no haber sido consideradas como solicitudes de acceso a la información, pues no se contabilizan como tal.

El 80 % de las solicitudes presentadas, que... de las cuales hemos sido informadas, fueron estimadas, lo cual confirma, un año más, que un alto porcentaje de las peticiones de información que son tramitadas como tales por las entidades que las reciben se resuelven expresamente de forma estimatoria. Este porcentaje ha sido algo inferior en el ámbito de la Administración autonómica, donde se estimaron expresamente el 67 % de las solicitudes presentadas, que es un porcentaje también alto.

En todo caso, este grado... este alto grado de estimación de las solicitudes de información pública revela la importancia... -y esto es importante insistir en ello- la importancia de que las solicitudes de información sean debidamente tramitadas por la Administración que las recibe, puesto que los datos avalan la idea de que, cuando esa solicitud de información que se presenta por el ciudadano es identificada como tal y encauzada hacia el procedimiento correcto por parte de la Administración que la recibe, se produce, finalmente, el acceso a la información solicitada.

En los casos de denegación de la información, predominan como fundamento las causas de inadmisión previstas en la ley, frente a los límites contemplados en ella, y, dentro de las causas de inadmisión, a las consistentes en la necesidad de reelaboración y el carácter manifiestamente repetitivo o abusivo de la solicitud de información, apuntadas como causas más frecuentes de inadmisión también en dos mil dieciocho, se ha unido en dos mil diecinueve la relativa al hecho de que la información se encuentre en curso de reelaboración.

Señorías, ya les adelanté que en esta Memoria del año dos mil diecinueve, de la que estoy exponiendo un breve resumen, se ha incluido un avance de lo que, sin duda, será un contenido relevante de la que presente ante esta Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en relación con el año dos mil veinte; me refiero a la transparencia en la época de crisis sanitaria que estamos sufriendo.

Me parece especialmente relevante conocer y valorar críticamente la forma en la que las Administraciones y entidades públicas se han enfrentado a esta crisis sanitaria desde el punto de vista de la transparencia de su propia actividad, especialmente aquella actividad directamente relacionada con las actuaciones adoptadas para hacer frente a la pandemia y para proteger a las personas de sus efectos.

Así, se ha reflejado en la Memoria lo actuado en relación con la transparencia durante la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 por aquellas Administraciones que, atendiendo a la petición que les formulamos, nos han informado específicamente de ello, siendo destacable la actuación desarrollada por la Administración autonómica en este ámbito a través de los portales de Gobierno Abierto y de datos abiertos.

Asimismo, incluimos en la Memoria también una mención a dos actuaciones de oficio -más bien tres, como después diré- realizadas por el Procurador del Común: una referida a la publicación de los contratos realizados por la Administración autonómica vinculados a la COVID-19; y otra acerca de cómo se ha ejercido y resuelto el derecho de acceso a la información pública, en relación con la cual debo señalar que llevamos a cabo esa... esa actuación de oficio estando vigente todavía la declaración del estado de alarma, y por ello se ha complementado con otra actuación posterior -de ahí que sean tres actuaciones de oficio- sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información durante todo el período de estado de alarma. Es decir, a partir de su... desde su finalización, sobre todo... sobre cuyo contenido y resultados de esta actuación de oficio, que han sido dos en una, daremos debidamente cuenta en la Memoria del año dos mil veinte.

En cuanto a la actuación de la Comisión de Transparencia durante el estado de alarma, si bien ya he indicado que en ese período se ralentizó el ritmo de presentación de reclamaciones por los ciudadanos, la Comisión, lejos de paralizar los procedimientos, intensificó su actuación, de manera que, entre el catorce de marzo y el veintiuno de junio, dictamos 104 resoluciones.

Y ya, para ir finalizando, les recuerdo que hace un año señalé ante esta misma Comisión las deficiencias existentes en la regulación de algunos de los instrumentos jurídicos previstos para el ejercicio de las funciones de garantía de transparencia atribuidos al Comisionado, así como también alerté sobre la falta de previsión de medios específicos puestos a nuestra disposición, al margen de los propios del Procurador del Común. En dos mil diecinueve, de nuevo, todos los organismos de garantía de transparencia existentes en España hemos vuelto a insistir conjuntamente, a través de la formulación de la que se conoce como Declaración de Málaga, en la demanda a los poderes públicos de apoyo a nuestro trabajo y de mejora de nuestras organizaciones y dotación de recursos.

En la actualidad, a la vista del borrador de anteproyecto de la nueva ley de transparencia autonómica, nos encontramos en el inicio de lo que puede ser una transformación sustancial del marco jurídico de la transparencia de la actividad pública de nuestra Comunidad. Pues bien, sin apartar la vista del discurrir de este proceso de cambio, mi obligación, la obligación de la Comisión de Transparencia en su conjunto, es seguir contribuyendo a que los ciudadanos de esta Comunidad conozcan cómo actúan las Administraciones y entidades públicas, para que, a partir de este conocimiento, puedan... podamos todos ejercer nuestros derechos y podamos -puedan o podamos- participar plenamente de los asuntos públicos.

Para terminar, quiero agradecer a esta... a las Cortes, y particularmente a la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, así como a la Junta de Castilla y León y al resto de Administraciones y entidades vinculadas por la normativa de transparencia, la colaboración que han prestado al Comisionado en el desarrollo de nuestra labor, con el pleno convencimiento de que la llevamos a cabo en beneficio de la ciudadanía de Castilla y León.

Muchas gracias también a sus señorías por su atención y, sobre todo, también por su paciencia.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Luis Mariano Santos.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Quintana. Como siempre, agradecerle a usted y a su equipo no solo la puesta en común de su trabajo, sino el trabajo en sí que, en este caso -y así comienzo mi intervención-, ya reconoce usted que, aunque hoy seguramente todos los portavoces volvamos a vanagloriar su trabajo y a reconocer el esfuerzo del equipo, usted ya reconoce en esta propia Memoria... y, a pesar, repito, de que oiremos hoy al Partido Popular y a Ciudadanos, que están gobernando, que están encantados de su trabajo, pero ya reconoce usted en la Memoria la insuficiencia de los medios y que eso supone un obstáculo también para la eficacia de la propia... del propio Comisionado de Transparencia.

Y yo por ahí quiero empezar. Es decir, está muy bien que cada año vengamos aquí, reconozcamos de alguna forma que existe una insuficiencia de medios y de recursos humanos, pero conviene que comencemos ya a tomar decisiones, más allá de momentos coyunturales como el que estamos viviendo, pero buscando que la eficacia de la institución y la eficacia del fin último de este Comisionado de Transparencia, que es, sobre todo, esa publicidad tan necesaria y esa transparencia de todas las Administraciones públicas, sea efectiva. Y, por eso, lo primero que tenemos que decir es que está muy bien que aplaudamos aquí su trabajo, pero también está muy bien que les dotemos a ustedes de los medios necesarios para llevar a cabo ese trabajo.

Mire, usted comenzaba hablando de las estadísticas. Yo, más allá del incremento que se va produciendo ejercicio tras ejercicio, en este caso no es que sea muy significativo en cuanto al número absoluto -porcentualmente tiene un... una mayor referencia-, y a lo que usted planteaba como una previsión de futuro en un año totalmente raro como el que estamos viviendo, con la pandemia por... por medio del ejercicio, en el que ya se plantea un incremento, sí que sería porcentualmente mucho más importante si contáramos la línea continua del año. Hablando de 240 casos, después de que hemos estados tres años... tres meses -perdón-, tres meses confinados y que prácticamente la Administración, aunque funcionara, funcionó mucho... muy más... más lentamente, más lentamente, y, sobre todo, probablemente no existieron las mismas reclamaciones porque la actividad también se redujo de forma importante, ¿no?

Pues, más allá de ese incremento, a mí lo que me preocupa del Comisionado de Transparencia y lo que me preocupa de la función en sí es que no sé si somos capaces, o no sé si somos... si hemos sido capaces, de transmitir a la sociedad que existe esta figura y de transmitir a la sociedad que las funciones del Comisionado de Transparencia pueden ser realmente importantes a la hora de buscar esa transparencia en las Administraciones públicas.

Y yo creo que eso es un... una cosa en la que debemos de trabajar, es decir, debemos de trabajar para que todos los cargos locales... y usted me parece que planteaba que el 11 % de las quejas o de las reclamaciones venían por los cargos representantes locales. A mí me da la sensación de que muchos de los representantes locales de las Administraciones, sobre todo de los ayuntamientos, no son conscientes realmente de cuál es la figura, de realmente cuál es la utilidad que podemos tener.

Y eso me sirve para entroncar con algo que usted ha planteado también en la reforma y en el anteproyecto. Es decir, probablemente para que esos representantes públicos, verdaderamente, para que los administrados vean la utilidad de esta figura, probablemente tengamos que llegar a recoger ese consejo que usted nos plantea en esa Memoria sobre la reforma para buscar multas coercitivas para que las resoluciones que plantea el Comisionado de Transparencia tengan realmente un grado de cumplimiento, bueno, mínimo o, por lo menos... o máximo, en este caso. Es decir, tendremos que buscar las fórmulas para que todas aquellas resoluciones que usted plantean... que ustedes plantean, sobre todo a la hora de no facilitar la transparencia y de no facilitar la información activa por parte de las corporaciones locales, pueda exigirse de forma coercitiva. Porque, si no, si no, vamos a acabar siendo -y permítame que se lo diga- una especie de prolongación del Procurador del Común. Que no... no estoy diciendo que no tenga importancia, que la tiene, y mucho, la figura, usted lo sabe, lo sabe mejor que nadie, pero a mí me gustaría que, cuando hablemos de transparencia y hablemos del Comisionado, busquemos también esa posibilidad, para dar un cierto contenido de obligación a aquellas Administraciones que incumplen reiteradamente las obligaciones de transparencia y de información activa.

Y mire, yo ahí le quiero preguntar algo, porque usted en la Memoria desliza... A mí me gustan las cosas... me quedo con las dudas, y no me quiero quedar. Usted habla de que hay... creo que son quince ayuntamientos por encima de los 20.000 habitantes, y, de los quince, habla de que tres ni siquiera, bueno, pues ni siquiera contestan o que ni siquiera devuelven... -yo no sé si se refiere al cuestionario- bueno, que hay tres que no colaboran. Yo quiero que usted diga aquí cuáles son los tres que no colaboran.

Y mire, con respecto a eso, también le voy a decir... es decir, porque dentro de la Memoria se plantea que hay solo dos diputaciones, dos diputaciones, que realmente, de alguna forma, están cumpliendo con la obligación, sobre todo, de esa transparencia. También quiero que diga usted aquí, aunque creo que eso sí lo contiene la Memoria, cuáles son las dos que cumplen, porque parece que por lo menos deberíamos de tener cierto reconocimiento; si no somos capaces de que alguno se vea retratado en ese incumplimiento, que por lo menos aquellos que cumplan sí que tengan alguna consideración, porque, claro, es importante.

Y fíjese, cuando habla usted de Administraciones locales, cuando usted habla de Administraciones locales, hay una cosa a la que a mí... yo echo en falta. Yo por ningún lado veo el Consejo Comarcal del Bierzo; yo no sé si usted ha hecho alguna... si les envían, si les remiten, también los cuestionarios, si queda fuera de su ámbito de actuación. Pero bueno, yo creo que esa exigencia que tenemos con todos los ayuntamientos tenemos que tenerla también con el Consejo Comarcal del Bierzo, que es el único consejo comarcal que existe ahora mismo, y que seguramente están encantados de ofrecer ese plus de transparencia. Y lo que yo no sé, porque no lo he visto reflejado aquí... igual se me ha pasado, también lo puedo... porque a veces no tenemos el tiempo necesario para dedicarle expresamente a toda la Memoria y, concretamente, puede que a mí se me haya pasado, pero no he visto en ningún sitio reflejado exactamente en qué lugar está, y no sé si está fuera del ámbito de actuación, si ustedes... eso me lo contestará.

Y aquí hay una referencia que también parece importante. Es verdad, y yo entiendo, y creo que a nadie se nos escapa, que es mucho más sencillo cumplir todos los... todas las obligaciones de transparencia para las Administraciones mayores, aquellas de más de 20.000 habitantes, que para los pequeños ayuntamientos, y que probablemente tengamos que ser un poco más permisivos o darles un mayor tiempo para que se vayan, de alguna forma, acercando al estándar de cumplimiento que todos queremos que tengan. Y ahí también quiero preguntarle, porque, claro, llegar, probablemente, a las juntas vecinales será muy complicado, será muy complicado. Pero sobre todo a mí me preocupa mucho, respecto a las juntas vecinales, a las pequeñas entidades locales, no tanto la transparencia o no tanto la publicidad activa, porque sus funciones son muy limitadas, pero sí que me preocupa una cuestión, y es que cuando los concejales, en este caso, cuando los vocales van a pedir al presidente pedáneo información, esa información se les dé o no se les dé. Porque ahí sí que creo, y usted lo sabe mejor que yo, que probablemente sí que hay una de las... existe un problema importante, y sobre todo una de las mayores deficiencias del funcionamiento de estas entidades locales menores, y es que a veces la negación de la información a la "Oposición" -entre comillas- es algo evidente. Y yo por eso también le quiero preguntar si se ha intentado algo, si al ser tan pequeñas las entidades locales se les da un margen mayor.

Y también me gustaría saber exactamente cuánto ha existido en tanto de... sobre todo de reclamaciones, en cuanto a la falta de documentación que se plantean por los alcaldes, cualquier alcalde, hacia los concejales. Porque, fíjese, hay un ayuntamiento, por ejemplo -claro, cada uno habla de lo que sabe-, hay un ayuntamiento, por cierto, del Partido Socialista, que se llama Fresno de la Vega, que lleva durante dos años negando información a la Oposición; en este caso, la Oposición me parece que es UPL y Partido Popular, pero lleva durante dos años negando la información. Y, hombre, uno se sorprende que pase este tiempo y que al final, al final, ninguna Administración y ninguna... ninguna... ni siquiera el Comisionado de Transparencia haya entrado; probablemente porque desconocía, o no lo sé si lo desconocía, pero... pero se produce una... un... digamos que un hueco, un hueco de mal funcionamiento, de alguna forma.

Mire, y por entrar un poco ya en la última parte también de lo que usted planteaba sobre... sobre el COVID-19, y aunque probablemente sea una cuestión en la que entrará en la próximo... en el próximo... la próxima presentación del... del informe del dos mil veinte, hay dos cosas que a mí, desde luego, sí que me parece importante que tenemos que resaltar aquí, porque lo plantea su Memoria. La primera, yo creo que a nadie se le escapa, es que el hecho de la emergencia de los contratos públicos, que a nadie se le escapa que, en una situación como la que hemos vivido, una pandemia, probablemente ese hecho de emergencia es innegable, y que probablemente el tiempo en muchos de los casos es importantísimo y acortar los plazos y intentar que, de alguna forma, esa urgencia sea lo mayor... sea atendida de la forma mejor, no exime sobre todo de la publicación de los mismos, no exime de la publicidad. Es algo que usted dice.

Y, fíjese, aquí ha existido, o por lo menos uno tiene la sensación que durante todo el proceso, todo el proceso de la pandemia... y yo creo que la comparecencia... fíjese, por poner un ejemplo, en la comparecencia del consejero de Fomento ya se le planteó en muchas ocasiones un problema de publicidad de esos... de esos contratos, ¿no? Al final, la ciudadanía, independientemente de la emergencia y de la necesidad de acometer determinadas... determinados contratos, por la obligación de una crisis sanitaria como la que hemos vivido, no debe... no debe servir de excusa para después no publicitar esos... esos contratos, ¿no?

Y a mí me parece importante lo que usted dice aquí, y me parece importante sobre todo porque, de alguna forma, es algo que nos tendremos que... que mirar, y sobre todo en este caso. Porque usted hace dos... dos referencias que yo creo que son, sobre todo, sobre todo, dirigidas a la Administración autonómica, porque usted también habla después del derecho de acceso a la información pública ante la Administración autonómica. Y lo que usted plantea -y si me equivoco me lo dirá usted en la contestación- es que ha habido cierta relajación, cierta relajación; probablemente entendible, entendible de una situación en... como la que hemos vivido, pero que nosotros como Comisión y ustedes como Comisionado de Transparencia están en la obligación de recordar a los poderes públicos que, independientemente de las circunstancias coyunturales del momento, tenemos la obligación de exigirnos y autoexigirnos realmente que no seamos o que no cejemos en el empeño sobre todo a la hora de, bueno, de posibilitar el derecho del acceso a esa información pública en la Administración autonómica.

Y, sin más, señor Quintana; seguramente que se me quedan cosas en el tintero, pero... pero, bueno, de alguna forma, repito y reitero mi agradecimiento al trabajo, y recordarles que lo único que estoy planteando, o lo único que está planteando la UPL, son una serie de cuestiones para mejorar y para darle mayor eficacia a la institución que usted está gestionando en estos momentos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, la procuradora doña Blanca Delia Negrete.

LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Comisionado de Transparencia, al señor Tomás Quintana, por su presencia hoy aquí. Y hacer extensivo también este agradecimiento a todo su equipo por su excelente trabajo y por el importantísimo esfuerzo que vienen realizando a lo largo de estos años.

En este informe que nos ha presentado hoy se corresponde con el cuarto año del funcionamiento de este Comisionado, que, como todos sabemos, viene establecido por la Ley 3/2015, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Pero este informe tiene, bajo mi punto de vista, dos cuestiones que lo diferencian al presentado en años anteriores: es el primer año completo en el que usted desarrolla sus funciones como Comisionado de Transparencia de Castilla y León; y, en segundo lugar, es el primer año completo también de la... de la existencia de la Consejería específicamente dedicada a la transparencia, Consejería que, en palabras del director general de Transparencia y Buen Gobierno en su comparecencia del diecinueve de junio, resumía sus competencias como impulso de la transparencia y gestión de la información pública a través de diferentes canales, régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses, y calidad normativa y racionalización y simplificación procedimental.

Para nuestro grupo parlamentario la transparencia es algo que tiene mucha relevancia y una importancia vital, pues necesitamos de datos para evaluar y para gestionar de una manera más eficaz las políticas dirigidas a mejorar los servicios a prestar a los ciudadanos. Por eso mismo, nos ha agradado mucho observar cómo en repetidas veces y en diferentes puntos de su Memoria reconocen la labor positiva de la Dirección General de Transparencia y, por extensión, de la Consejería de Transparencia.

Evidentemente, en esta Memoria queda claramente reflejado el camino que se ha recorrido en este campo en el año dos mil diecinueve y que aún nos queda por recorrer, cosas positivas y cosas que aún no nos satisfacen. Y la labor de todos debe ser afianzar y mejorar las cuestiones positivas y, por supuesto, como no puede ser de otro modo, corregir las ineficiencias. Por lo cual, se está trabajando y ya el anteproyecto de ley... con el anteproyecto de ley de transparencia, por lo que esta Memoria es un excelente elemento de análisis para ello.

Vaya por delante para... que, para nosotros, los organismos de control de la transparencia, como el Comisionado, constituyen una garantía institucional de la eficiencia del derecho de la publicación de información y del derecho del acceso también a la información. Consideramos que es fundamental que los ciudadanos sepan que tienen esos derechos y cómo ejercerlos. En... en este propio informe se constata como a lo largo de los años los ciudadanos, cada vez en mayor número, han ido reconociendo sus derechos y lo han... y los han ido ejerciendo. Así, han ido ascendiendo el número de reclamaciones y, por tanto, la actividad de la Comisión: 102 en el dos mil dieciséis, 202 en el diecisiete, 314 en el dieciocho y 325 en el dos mil diecinueve.

También hacemos una valoración muy positiva de la supervisión que se hace del cumplimiento de las obligaciones en materia de trasparencia por parte de este Comisionado. Reconocemos el enorme esfuerzo que la institución realiza para supervisar el nivel de cumplimiento de la... de más de 5.000 entidades. En general, observamos un aceptable grado de cumplimiento de las resoluciones, sobre todo por parte de las entidades de mayor tamaño. Es por ello que nos ha sorprendido también que, entre las veintiséis resoluciones pendientes de cumplimiento del año dos mil diecinueve, diez corresponden a ayuntamientos de capitales de provincia, y, de esas diez, ocho son de ayuntamientos de Valladolid. Entendemos que los órganos administrativos no se sienten presionados a cumplir dichas resoluciones al no existir instrumentos coercitivos, que esperamos sea corregido en parte por la inclusión de infracciones administrativas por incumplimiento que recoge el anteproyecto de ley de transparencia, pero no estaría de más que estas Administraciones aplicaran lo que, por tanto, reclaman a otras.

Por ser más concisa, me voy a referir a las conclusiones de su informe, que nos parecen bastante calificadoras. En el primer punto, en cuanto a las obligaciones de la publicidad activa, es de valorar la colaboración para su evaluación de la totalidad de las entidades del sector público autonómico, de las diputaciones provinciales y el 80 % de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Se ha pasado de tener una valoración que era positiva del aspecto cuantitativo del portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León a mejorar en acceso fácil, reutilización y accesibilidad para personas con discapacidad. Nos complace, además, ver en su informe que remarcan el papel de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno en la mejora de la publicación de contenidos, principalmente en publicidad institucional, relaciones de puestos de trabajo, agendas de altos cargos, información sobre la COVID-19 y en accesibilidad y reutilización a la información.

En cuanto a las fundaciones públicas, se destaca en este informe el esfuerzo realizado por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación y la Fundación de las Universidades y Enseñanzas Superiores. Esfuerzo que nosotros también aplaudimos. Pero nos gustaría que el resto de fundaciones tomaran nota e intensificaran sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones en transparencia, ya que no hay mayor manera de servir a los ciudadanos que mostrando la total claridad y transparencia de sus decisiones y de sus actuaciones.

Por otro lado, nos ha sorprendido negativamente la falta de colaboración de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Consideramos que esta institución debería tener entre sus fines el de facilitar a los ciudadanos y ejercitar sus derechos a la información y acceso a la información y eficacia, y, por tanto, facilitar el control de la transparencia, que esperamos que en lo sucesivo tenga más colaboración. Nos encontramos, en el otro extremo, la total colaboración del Consejo Regional de las Cámaras de Comercio y de cuatro cámaras provinciales. Y, por último, en cuanto a diputaciones provinciales y a ayuntamientos de mayor tamaño, a pesar de publicar sus datos, parece que continúan con el uso de formatos no reutilizables, y en ayuntamientos de menos de 7.500 habitantes sigue siendo habitual la falta de publicación de las declaraciones anuales de... y de las declaraciones de bienes y actividades de representantes locales.

En cuanto a las obligaciones en materia de acceso a la información, quiero destacar aquí tres puntos. Se indica el informe... en el informe el incremento de las solicitudes fórmulas ante la Administración autonómica, que considera se deben de facilitar y permitir la presentación por vía electrónica y la coordinación de su tramitación por parte de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Nos congratula oír esto. Frente a los que dicen que estamos ante una Consejería vacía de contenido, se está demostrando con datos que el trabajo de esta Consejería mejora de forma considerable el acceso a la información de los castellanos y leoneses; sin embargo, en el resto de Administraciones y entidades las solicitudes presentadas siguen siendo reducidas.

En cuanto a la aceptación, el 80 % de las presentadas fueron estimadas, lo cual consideramos indica la adecuación de este medio.

Y, por último, en el tercer punto, en relación al sistema de garantía de transparencia, quiero destacar dos puntos. Deja claro en su informe la situación de Castilla y León en cuanto a la falta de medios específicos atribuidos a los órganos de garantía de la transparencia. Salvo los propios del Procurador del Común, entendemos que esta situación supone una seria dificultad para ejecutar su trabajo, por eso esperamos que se solvente en las previsiones del anteproyecto de la ley de transparencia, que se dota de medios de Comisionado y a la Comisión también de Transparencia. Y, en otro punto, también reseñar en su informe que, para poder poner en práctica medidas reales de lucha contra el fraude y responder adecuadamente a las peticiones de los ciudadanos, es necesario un régimen sancionador, que a día de hoy no está contemplado. Creo que, como ustedes mismos indican, el anteproyecto de ley viene a resolver este problema, al recoger un régimen sancionador, donde la Comisión de Transparencia tendrá un papel muy relevante.

Creo que es evidente que nuestro grupo parlamentario ha estado atento a gran parte de las recomendaciones que nos hacen... que nos hacían el año pasado en su informe anterior, y tenemos presente hoy sus propuestas en este informe, que, en gran medida, marcan el rumbo del anteproyecto de ley de transparencia.

Para finalizar, simplemente reiterarle nuestro agradecimiento a usted como Comisionado de Transparencia, y también a la Comisión de Transparencia, por todo el trabajo realizado. Por supuesto, agradecer la detallada y pormenorizada elaboración de esta Memoria, e indicarle que este grupo está abierto, como no puede ser de otro modo, a mejorar todos aquellos aspectos que desde el punto de vista normativo sean importantes y nos permitan seguir avanzando en materia de transparencia. Muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Jesús Ángel Peregrina.

EL SEÑOR PEREGRINA MOLINA:

Sí, gracias, presidenta. Antes de comenzar, quería comunicarle a la Presidencia una sustitución: Pablo Trillo-Figueroa sustituye a María de las Mercedes Cófreces Martín.

Bien, en primer lugar, desde el Grupo Popular, quiero agradecer al señor Tomás Quintana su presencia hoy aquí como Comisionado de Transparencia, y, por supuesto, hacer extensivo este agradecimiento a todo su equipo.

Decía el portavoz del Grupo Mixto que estamos aquí para decir lo bien que se hace o lo buenos que somos. Entiendo que todos estamos aquí para hacer una valoración de su Memoria, y cada uno pues hace la valoración como considera que... que debe hacerlo. Es muy importante conocer la... la actividad que desarrolla una de las Instituciones Propias de Castilla y León, que además es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación y salvaguardar el ejercicio del acceso... del derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos.

Trae una Memoria, la del año dos mil diecinueve, en la que ha hecho un buen... ha detallado muy bien, siendo una Memoria de actividad realizada por usted y todo su equipo de todo el ejercicio, no como ocurría en el ejercicio anterior, que su nombramiento fue ya transcurrido bastante parte del ejercicio. Es el cuarto año de vigencia de la ley de transparencia, de la Ley 3/2015, y señala que... bueno, pues como todo, existen cosas positivas y cosas negativas. Las positivas habrá que mantenerlas y mejorarlas, y corregir en lo posible todas las negativas. Desde el Grupo... desde el Grupo Popular hemos analizado minuciosamente esta Memoria, como se ha hecho todos los años, y estamos abiertos a estudiar las cuestiones en las que se pueda buscar aquellas mejoras que faciliten la labor que tiene encomendada.

Una de las cuestiones formulada en la Declaración de Málaga es insistir en la demanda de los poderes públicos de apoyo a su trabajo y de mejora de su organización y dotación de recursos. Como ya se ha puesto de manifiesto en la presentación de anteriores Memorias anuales, una de las mayores reivindicaciones es la dotación de medios personales y materiales, si bien entendemos que el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León se hace eco de esta reivindicación constante por parte de este Comisionado, de dotación de medios personales y materiales. Y podemos entender que esta falta de medios pueda suponer un obstáculo para la realización eficaz de las funciones atribuidas por la normativa vigente.

Igualmente, en esa Declaración de Málaga se insiste en que este Comisionado no dispone de instrumentos formales adecuados para ejercer su competencia de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, ya que la actual ley autonómica no prevé el régimen sancionador. El anteproyecto al que aludía anteriormente, según cita usted en la Memoria, regula un régimen sancionador exigente, donde se otorga un papel protagonista a la Comisión de Transparencia.

Uno de los primeros apartados de su Memoria es la relación con los ciudadanos. Entiendo que es lo más... lo más importante, ya que, por un lado, los ciudadanos tienen derecho a exigir la... la publicación de información y, por otro lado, el derecho a información pública. Y esta institución es la... la que presta la garantía de la eficacia de esos derechos. La web de la institución consideramos que es una buena herramienta para el acceso, de una forma fácil, de los ciudadanos al conocimiento de sus derechos en materia de transparencia, estando a disposición de los usuarios de diversos formularios, entre los que destacan, por ser los más usuales, el de reclamación y el de denuncia. Una web bien estructurada y muy accesible, y mucho más si cabe con la profunda transformación y mejora que se ha llevado a cabo en dos mil diecinueve. Así mismo, la Oficina de Atención al Ciudadano del Procurador del Común también atiende y asesora a aquellas personas que deseen plantear reclamaciones ante la Comisión de Transparencia. Igualmente, se atienden en los desplazamientos periódicos que el Procurador del Común realiza a cada una de las provincias.

Por tanto, desde este Grupo Popular entendemos que, a pesar de los escasos medios personales y materiales, se hace una buena... buena labor de atención al ciudadano y de defensa de sus derechos e intereses en materia de transparencia. Y, por ello, quiero agradecer también ese esfuerzo adicional que se realiza.

Habla de siete escritos de denuncia por incumplimiento de obligaciones de publicidad activa: pasan de quince en dos mil dieciocho a siete. Leyendo lo expuesto en la Memoria, deduzco que poco a poco las Administraciones más grandes, al tener más medios, hay un mayor nivel de colaboración que en otros casos, sobre todo en las Administraciones más pequeñas, en las que los medios personales y materiales son escasos, el nivel de colaboración es mucho más bajo. Por lo que, como ya se apuntaba en ejercicios anteriores, se valoraría positivamente una mayor información y, en la medida de lo posible, formación, campañas institucionales; en definitiva, acercar la institución al territorio.

En cuanto a los ciudadanos, ya se apuntaba también el año pasado, se valoraría positivamente la realización de campañas institucionales en las que se difundan esos derechos existentes, y que muchas veces son desconocidos. Ya lo apuntaba también en su intervención el portavoz del Grupo Mixto.

Entrando en la actividad de la Comisión de Transparencia, vemos como cada año asciende el número de reclamaciones presentadas, si bien este último año, el año dos mil diecinueve, ese incremento ha sido menor que... que en años anteriores. Ese incremento entendemos hay que verlo desde el lado positivo, ya que quiere decir que cada vez se conocen más los derechos en materia de transparencia, en materia de acceso a la información de los ciudadanos, si bien es indudable que, a mayor número de reclamaciones, mayor carga de trabajo, y, por lo tanto, mayor esfuerzo de esta Comisión de Transparencia. Pero entendemos que el incrementar en un ritmo menor es porque las Administraciones también cada vez cumplen más con... con la norma.

De los datos aportados se desprende, como no puede ser de otra manera, que el mayor número de reclamaciones corresponde a las entidades locales; y es lógico, puesto que son la Administración más cercana al ciudadano. Y vuelvo a entrar en lo mismo, que, cuanto mayor es la entidad, mayor es el grado de cumplimiento; y cuanto menor es el tamaño de la entidad, pues menor también es el grado de cumplimiento, fundamentalmente por esa escasez de medios tanto personales como materiales.

Hay que valorar positivamente la supervisión que hace del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte del Comisionado y de la Comisión, ya que supervisar el nivel de cumplimiento de más de 5.000 sujetos pues es prácticamente imposible. Y por ello hay que reconocer ese enorme esfuerzo realizado para tratar de llegar a evaluar el número tan elevado de sujetos que quedan dentro del ámbito de aplicación de la normativa.

Valoramos positivamente también el cambio de criterio de la Comisión en relación con los cargos representativos locales, y que sean sujetos legitimados para interponer reclamación. Queda claro que los representantes locales no pueden disfrutar de menos garantías que cualquier otro ciudadano a la hora de ejercer su derecho al acceso a la información. Y aludía también el portavoz del Grupo Mixto a este hecho, que, bueno, pues en ocasiones pues se niega información a los propios miembros de las corporaciones; información que tienen derecho, sobre todo, por estar ejerciendo su labor como... como concejales, ¿no? Lo mismo ocurre con los propios interesados en los procedimientos administrativos en curso.

Asimismo, valorar que las causas de inadmisión, el poder detectar aquellas que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley, consideramos que es importante detectarlas, ya que en ocasiones las peticiones que se realizan de obtención de información podrían dar lugar a paralizar el normal funcionamiento de la Administración. Queda claro también el criterio del Comisionado en las... en los recursos que se interponen ante la Justicia, que no... que no son admitidos porque el criterio es el ajustado a derecho.

Hemos leído con atención las sugerencias que plantea en la evaluación del grado de aplicación, y estamos en lo mismo que ya se decía también en Memorias anteriores, y es la inexistencia de mecanismos para poder... para poder valorar la naturaleza del incumplimiento de la normativa y poder hacer cesar ese incumplimiento, en caso de que se esté produciendo. Si bien, como apunta en su informe, los cambios recogidos en el anteproyecto en relación con la regulación de la publicidad activa y su control son muy notables, en cualquier caso, el hecho de publicar los incumplimientos ya supone un señalamiento a esa entidad o a esa... o a esa Administración.

Vemos que en materia de publicidad activa se ha incrementado el número de cuestionarios cumplimentados, mejorando las cifras de colaboración. Y, como ya señalaba antes, incido en lo mismo, las entidades de mayor tamaño, diputaciones y ayuntamientos de mayor tamaño, pues, al tener mejores estructuras de funcionamiento, son más cumplidoras que las que son de menor tamaño. Lo mismo ocurre en relación con el acceso a la información. Significativo es que ayuntamientos grandes, de más de 20.000, persistan en... en los incumplimientos.

Este grupo parlamentario valora positivamente el hecho de que el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León siga obteniendo una valoración positiva, tras las mejoras que se han introducido en dos mil diecinueve, y con la mención especial de la creación de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y, dentro de ella, de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, así como los avances, también, a través del portal de datos abiertos.

En cuanto al apartado que se realiza en relación con la crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19, a pesar de que será objeto de estudio, entiendo, y detalle en la Memoria que sea haga del año... del ejercicio dos mil veinte, hay que valorar positivamente el completo informe de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, señalando el acceso a la información pública como uno de los servicios imprescindibles. Desde la Junta de Castilla y León en todo momento se ha facilitado toda la información, con unos datos de acceso y de sesiones iniciadas elevadísimos. De hecho, el pasado domingo se publicaba una noticia en la que, según -es un portal que no es nada sospechoso de apoyar las instituciones gobernadas por el Partido Popular, a tenor de su única accionista, Ana Pastor-, decía que Castilla y León a la cabeza de la transparencia sobre la pandemia, sacando un 10, casi duplicando al resto de las Comunidades Autónomas. Y decía que los... la noticia esta de , comparado con los distintos portales, la facilidad de acceso, de obtener datos, sitúa a Castilla y León a la cabeza en transparencia sobre... sobre la pandemia.

E incluso en esos momentos difíciles y complicados, en los que la salud debía de estar por encima de cualquier otra cosa, ante la actuación de oficio del Procurador del Común en relación con los contratos públicos para hacer frente a la situación, como apuntaba usted mismo, el mismo día uno de mayo se habían incorporado todos los datos al portal de datos abiertos; incluso, yendo más allá de lo solicitado, se publicaron también todos los contratos menores celebrados, cosa que no todas las Administraciones cumplieron; y me refiero a la Administración general del Estado, que desconocemos... se desconoce incluso la composición de los supuestos comités científicos, de los que se supone emanaban los informes en los que se basaban las decisiones del Gobierno, incluso desconociendo a día de hoy el alcance de la pandemia, con el número real de fallecidos por la misma.

En fin, a la vista de la Memoria, a modo un poco de resumen, desde este grupo parlamentario consideramos que ha habido un avance importante en el ámbito de la transparencia en los últimos años en Castilla y León, y ello gracias a una ley impulsada por el Partido Popular. Les recuerdo -como ya se ha recordado en otras ocasiones- que no fue apoyada por todos los grupos políticos, pero, en cualquier caso, ese impulso que se dio con la aprobación de la ley ha permitido un gran avance en materia de transparencia.

Y, por último, terminar agradeciéndole a usted, como Comisionado, y también a la Comisión de la Transparencia, el trabajo realizado en dos mil diecinueve, y por supuesto por la elaboración de esta Memoria, extensa y detallada, que nos ha clarificado enormemente la labor que... que desempeñan. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, la procuradora doña Virginia Barcones.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Tomás Quintana López. Muchas gracias por su trabajo, a usted y a todo su equipo. Y gracias, un año más, por su sobresfuerzo y por la entrega con la que realizan sus labores. Y gracias por seguir adelante con la misma perseverancia, pese a que, un año más, seguimos sin tener las soluciones que hace un año usted aquí ponía de manifiesto.

Sí, hay un anteproyecto, pero los grandes problemas que, una Memoria tras otra, se vienen poniendo de manifiesto siguen en el mismo sitio. Vemos mucha autocomplacencia, vemos mucho autoabrazo, pero los problemas que este Comisionado, que la Comisión, tiene para ejercer su labor siguen siendo las mismas que cuando comenzó la legislatura. Así que a ver si, en vez de aplaudirnos tanto, somos un poco más eficaces y eficientes en el desarrollo de las medidas y de los medios necesarios para que la Comisión, para que el Comisionado, puedan ejercer su labor.

Nosotros ya lo advertimos, desde la aprobación de la ley en dos mil quince, que habíamos perdido una oportunidad, que Castilla y León, en esa posibilidad de desarrollo legislativo, podía haber hecho las cosas bien; no se quisieron hacer bien. Lo trajimos al Parlamento el ejercicio pasado, una modificación para revertir todas esas necesidades que, una Memoria tras otra, se iban poniendo de manifiesto; nos dijeron que no. Pero siempre hay que tener esperanza, y parece que han visto la luz, y que algunas de estas cuestiones se van a modificar.

Hay dos cuestiones que desde el primer momento han estado encima de la mesa:

Por un lado, la falta de medios materiales y profesionales para realizar su labor; esto, como se suele decir vulgarmente, lo están haciendo a pulmón, y lo están haciendo a pulmón por el compromiso que tienen con la sociedad castellano y leonesa y con sus derechos.

Y, por otra parte, la fuerza coercitiva para su cumplimiento, que luego lo detallaré más, pero, lamentablemente, en esas alegaciones que tienen no se ha recogido del todo; pese a que algún grupo ya dice que han hecho, que han hecho, ese anteproyecto todavía no ha entrado al Parlamento, con lo cual no hemos podido hacer nada todavía. Pero desde luego que por parte del Grupo Parlamentario Socialista, como así hemos hecho desde el principio, vamos a recoger en esa tramitación todas esas demandas y reclamaciones que quien mejor conoce, porque es el encargado de velar por los derechos de la información de la ciudadanía de Castilla y León, tiene. Y este grupo parlamentario, en su tramitación, así lo recogerá.

Cuatro años de funcionamiento del Comisionado, su primer año completo, es un tiempo, como usted decía, suficiente ya para realizar una valoración de su funcionamiento, con la finalidad de extraer las conclusiones que permitan consolidar en el futuro los aspectos positivos y aprender, aprender para hacerlo cada día mejor. Esperemos que esta vez sí, que los que han visto la luz lo lleven a término y que el próximo año no sigamos hablando de que vamos a hacer, vamos hacer, y ya hayamos hecho.

Como así recogen sus palabras en la Memoria, y el Grupo Socialista comparte plenamente, estas funciones de garantía están siendo ejercidas con el convencimiento de la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor transparencia de la actividad pública, porque de esta depende, en gran medida, la calidad democrática de las instituciones y de la sociedad castellana y leonesa. Rendir cuentas ante los ciudadanos y fomentar la participación de estos en los asuntos públicos, una vez rendidas, son presupuestos insoslayables de un poder público democrático moderno. Esto es lo que usted pone en su Memoria, y esta es la Castilla y León que los socialistas queremos.

En conclusión, a través de la presentación de su Memoria, como usted dice, pretenden realizar, desde la posición de garante que ocupa el Comisionado, un análisis general de la situación actual de la transparencia pública en nuestra Comunidad, con la vista puesta en el futuro, en que siga creciendo e imponiéndose a algo que me ha resultado curioso, y que suscribo, es la oscuridad que muchas veces tienen las instituciones. Dice que su deseo es que este documento, más allá del cumplimiento de una obligación legal, pueda servir para conocer el derecho... el estado del derecho de la ciudadanía de Castilla y León de cómo actúan sus sujetos públicos y en qué emplean sus recursos, porque ese es el paso previo y necesario para el diseño de medidas dirigidas a mejorar la eficacia de su acción y el ejercicio de otros derechos.

Esta tiene que ser también nuestra guía para ese anteproyecto de ley y para culminar una ley que recoja todas esas necesidades, porque, desde luego, es la mejor base para contribuir para que esa ley sea la que Castilla y León necesita, y que dé cumplimiento a nuestro Estatuto de Autonomía, que dice claramente, en su Artículo 12, que tenemos derecho a una buena Administración. Y para tener derecho a esa buena Administración la ley tiene que garantizar los derechos ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica: recibir información suficiente, tener acceso a los archivos y registros administrativos y poder formular quejas sobre los servicios públicos. Esto es lo que mandata nuestro Estatuto de Autonomía y esto es lo que tiene que recoger la ley, toda esa garantía, que ustedes, a pulmón, están ejerciendo a lo largo de estos cuatro años, por una ley que nació defectuosa en su origen; pero, como han visto la luz, estoy segura y espero que esta vez sí seamos capaces de llegar a un acuerdo en nuestra Comunidad por el bien de la ciudadanía de Castilla y León y de sus derechos.

En dos mil diecinueve son más de 5.000 sujetos a los que ustedes han tenido que velar por que estén cumpliendo los derechos de la ciudadanía. Desde luego, ardua labor para a quien no se le puso ningún solo medio adicional, ni material ni profesional, para ejecutar su labor. Sin embargo, ustedes lo han hecho; y, además, por eso le digo que le agradezco el sobresfuerzo: han hecho dos resoluciones de oficio, a través del Procurador del Común, de algo a lo que ninguno podemos escapar, que es la terrible crisis sanitaria que estamos viviendo y que me referiré al final.

Siguiendo un poco la metodología de la Memoria, por la que ya le felicité el año pasado, porque desde luego es mucho más comprensiva, y también facilita nuestra labor.

En cuanto a las obligaciones de publicidad activa, esta se evalúa mediante la remisión y el cumplimiento de unos formularios que se preceptúan. En dos mil diecinueve el 61 % de los sujetos a los que se dirigieron remitieron el cuestionario. Hay avances en el caso de la Junta de Castilla y León. ¡Pues solo faltaría! ¡Pues solo faltaría! Hacemos una Consejería con toda su estructura y, encima, solo faltaría que no hubiéramos avanzado. No sé, el que se quiera congratular, bien, pero, hombre, solo faltaría.

A quien sí nosotros queremos felicitar especialmente es a la Universidad de Valladolid, que usted recoge en su Memoria, así como al resto de universidades, que han hecho una labor y un esfuerzo importante por dar cumplimiento a la ley.

En cuanto a las entidades del sector público autonómico, destaca de nuevo el grado de cumplimiento, como le decía, de las universidades públicas; en cuanto a las fundaciones, sigue persistiendo esa heterogeneidad en el nivel de cumplimiento de las obligaciones; esperemos que para el próximo año también se vaya avanzando y sea más homogéneo ese cumplimiento.

Respecto a las entidades integrantes de la Administración local, nos ha disgustado profundamente ver que la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León no ha colaborado con la institución; nos parece que es algo intolerable. Por parte de los socialistas, de los alcaldes socialistas, vamos a pedir explicaciones a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, porque, desde luego, lo que nosotros sí que esperamos, como integrantes de la Federación, los alcaldes socialistas, es que haya una máxima colaboración y cooperación con las instituciones; no entendemos ni comprendemos, porque no lo sabíamos -esto es algo que se lleva desde la Presidencia- que no se había colaborado, pero le garantizo que, por parte de los alcaldes socialistas, vamos a pedir explicaciones en la Federación Regional de Municipios y Provincias de por qué esto ha sido así.

Usted señala -y esa es la realidad de Castilla y León- que hay como dos niveles: el de las grandes Administraciones locales, por decirlo de alguna manera; y el de los pequeños municipios, que al final son el gran diseño de esta Comunidad Autónoma, 2.248 ayuntamientos, 2.221 entidades locales menores, con muy poca capacidad administrativa. Tanto el portavoz del Partido Popular como yo lo conocemos bien porque es parte de nuestro trabajo y sabemos que algunas de estas entidades su único personal administrativo es un secretario-interventor, que va una vez a la semana o va una vez cada quince días. Hombre, querer comparar la superconsejería de Transparencia con una entidad local menor, donde va el único funcionario cada quince días, es desconocer la realidad de nuestra Comunidad Autónoma; y eso ya no es lo más grave, que la desconozcan, sino que van a legislar de espaldas a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Nosotros hemos pedido un montón de veces, y esta mañana aquí lo vuelvo a hacer, que la legislación se adapte a las necesidades y a la estructura real de las entidades. Podemos hacer una ley donde haya millones y millones de obligaciones, que en la casilla de salida ya sabemos que alguna de esas entidades no va a poder cumplir, porque, si tu único funcionario es una persona que va cada quince días, no puede cumplir las mismas obligaciones que la supermegaconsejería, por la cual nos aplaudimos todo el rato. Con lo cual, legislemos con sentido común.

Nosotros creemos en la configuración que tiene Castilla y León, defendemos a todas y cada una de nuestras entidades locales, y además creemos que hay que hacer una simplificación que se adapte a las necesidades y a la realidad de estos municipios; y no está reñido el rigor con pedir millones y millones de datos absurdos a una entidad local menor. Por lo tanto, nosotros trabajaremos para que haya una legislación con sentido común y que sea de posible cumplimiento para todas esas entidades locales.

En cuanto a las obligaciones en materia de acceso a la información, se observa un crecimiento notable de las formuladas a las nueve... a las Consejerías, a las nueve Consejerías, en el caso de esta Memoria. Y en cuanto a las presentadas al resto de entidades, es todavía reducido; esperemos que para la próxima Memoria también en esto hayamos podido avanzar.

El 80 % de las solicitudes de acceso a información pública, cuya presentación ha sido conocida por el Comisionado, confirman un año más que un alto porcentaje de las peticiones de información que son tramitadas como tales se resuelven de forma estimatoria. Aun así, el porcentaje ha sido algo inferior en el ámbito de la Administración autonómica, donde solo se estimaron el 67 % de las solicitudes presentadas.

En cuanto al sistema de garantía de la transparencia, vemos que no paran. Que después de la de Cádiz ha venido la de Málaga, y esto también fortalece a la propia institución de Castilla y León, así como a las del resto del conjunto de España. Una vez más Castilla y León ha tenido que poner de manifiesto cuáles son las carencias de las que se dotó la ley aquí, pero, como han visto la luz, seguro que para el próximo ejercicio lo tenemos resuelto.

Llama la atención, respecto a lo recogido en el anteproyecto, entre otros aspectos, de la necesidad de acompasar en el tiempo el inicio de las funciones relacionadas con el procedimiento sancionador atribuidas al órgano de garantía de la transparencia y la dotación efectiva de los medios personales. Nosotros lo recogemos y, cuando venga a tramitación parlamentaria, así lo pondremos de manifiesto.

Las resoluciones de la Comisión son obligatorias y ejecutivas, pero es necesario, sin embargo, una reforma legislativa que permita el empleo de medios dirigidos a garantizar la ejecución forzosa de aquellas, y, en concreto, la imposición de multas. Porque, en este sentido, todavía siguen siendo incumplidas algunas de las resoluciones estimatorias adoptadas por la Comisión. Decía que, en dos mil dieciocho, una de cada cinco; en dos mil diecinueve, un 28 %; ante lo cual solo queda el recurso de publicar este incumplimiento en la página. Nos pasa algo parecido con el Procurador.

Pero aquí sí que quería llamar la atención, como los que han visto la luz querían recoger todo, para que se den cuenta de que no han recogido la posibilidad, como así indica la Memoria, de multas coercitivas dirigidas a garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia. Lo han puesto de manifiesto; nosotros también lo recogemos para cuando venga a tramitación parlamentaria.

Y quería destacar, como sí lo hacen en la Memoria, que todas las sentencias judiciales adoptadas en dos mil diecinueve en relación con las resoluciones de la Comisión de Transparencia han sido desestimatorias de los recursos interpuestos frente a estas, y confirmatorias del criterio que ha tenido la Comisión; entre ellas, la primera que se ha adoptado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Esto nos parece muy relevante, porque creemos que esto también afianza, también prestigia, la propia labor que tiene la Comisión; y así queríamos reconocerlo y así queríamos felicitarle, porque, desde luego, esto es un refuerzo importante, que en vía judicial todas aquellas resoluciones sean confirmadas.

Y no quería acabar sin hacer mención a las dos actuaciones que ustedes han realizado de oficio con objeto de la crisis del COVID. Será con más extensión en la Memoria de dos mil veinte, pero estamos viviendo la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, al final lo impregna todo y nos parecía que era digno, ya que ustedes han hecho ese gran esfuerzo, de que comentáramos estas dos actuaciones de oficio: por un lado, la referida a la publicidad activa, y la otra, de derecho a la información.

La primera de estas actuaciones tuvo como objeto la publicación de los contratos que tuvieran por objeto atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID, contratos con tramitación de emergencia que, no obstante, esta tramitación de emergencia no excluye el cumplimiento de la publicidad de tales contratos en el perfil del contratante y en el portal de transparencia.

Bueno, tenemos que felicitarles. Tenemos que felicitarles porque ustedes requirieron en abril, les contestaron que no había nada publicado y, de repente, el uno de mayo ya se empezó a publicar. Por lo tanto, su actuación hizo que este Gobierno publicara todos esos contratos de emergencia. Y esto es para felicitarles, porque está bien que se autoaplaudan, pero hay que reconocer su labor. Y en abril ustedes solicitaron la información; no había nada publicado, y lo publican en mayo, una vez que habían remitido ya la información de que no estaban publicando nada de los contratos de emergencia. Así que, en vez de tanto aplaudirse, gracias al Comisionado, porque, gracias a su actuación, todos los castellanos y leoneses hemos conocido los contratos que se estaban realizando.

Segunda actuación, con objeto del derecho de acceso a la información pública ante la Administración Autonómica durante la vigencia de la declaración del estado de alarma. La relevancia de este derecho no solo no se ve atenuada en situaciones excepcionales, como la generada, sino que cobra, incluso, mayor dimensión en relación con aquellas decisiones públicas. La información proporcionada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno se señalaba que las solicitudes de acceso a la información vinculadas con el COVID no ha... no habían sido resueltas expresamente con una...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Señoría, finalice.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

(Sí, acabo). ... con una única excepción. Por lo tanto, en vez de aplaudirse tanto, pregúntense por qué solo una, cuando se les requirió la información, había sido resuelta expresamente.

Se me acaba el tiempo. Una vez más, gracias por su sobresfuerzo, gracias por seguir a pulmón. Los socialistas seguiremos trabajando por que tengamos una legislación que sí que recoja todas esas necesidades que vienen poniendo de manifiesto. Y desde luego que con la crisis del COVID han sido fundamentales para que la ciudadanía de Castilla y León conociera tanto los contratos de emergencia como para que se empezara a resolver de manera expresa sus peticiones. Gracias un año más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor Comisionado de Transparencia.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias. Quiero comenzar esta última... entiendo que última, no lo sé si será o... o habrá otra... a mi dúplica habrá otra réplica, no lo sé. Pero, en cualquier caso, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios sus palabras, que, en general, pues yo creo que casi casi absolutamente han sido de elogio hacia la labor que venimos realizando la Comisión de Transparencia, y particularmente, o también, a mi persona como Comisionado de la Transparencia, porque en esas palabras no solamente encuentro el reconocimiento al trabajo, que es confortante, reconfortante, para... para mí y para todos los miembros de la Comisión, sino también, y desde luego, encuentro un acicate para seguir trabajando en la línea de lo que venimos haciendo, que, con los resultados que ofrecemos a través de la Memoria correspondiente -en este caso la de dos mil diecinueve-, pues ponen de manifiesto que se han hecho las cosas pues entiendo que, a juicio de todos ustedes, razonablemente bien.

Pero, no obstante, no nos conformamos con ello, sino que intentaremos siempre mejorar nuestro trabajo. Y en esa línea, pues también recibo no solamente los elogios que... que se han vertido, sino también recibo aquellas otras consideraciones que ponen de manifiesto pues algo que todavía es necesario mejorar o que... aquellas ausencias de información o aquellos aspectos que son susceptibles de mejora, a juicio de algunas de las personas... de los portavoces que han intervenido.

Voy a realizar algunas consideraciones acerca de lo que yo he escuchado o que se ha dicho en esta Comisión, con objeto pues de aportar algo más, si es posible, a lo que ha sido mi intervención primera, y, más aún, lo que es la Memoria presentada por escrito ante la Presidencia de la Comisión de Relaciones con el Procurador y a todos ustedes en su momento.

En efecto, conocemos, a principios de año, un borrador de anteproyecto de ley de transparencia llamado a sustituir, si la tramitación parlamentaria así lo permite, en su momento sustituir la normativa vigente, la ley vigente de dos mil quince de Castilla y León en materia de transparencia. Nosotros ya pusimos... hemos puesto o hemos, digamos, fijado nuestra posición en relación con el texto que conocimos como borrador en aquellas cuestiones... no en todas, pero sí en aquellas cuestiones que consideramos vertebrales en todo... vertebradoras de... del contenido del texto, y, por ello, pues nada tenemos que añadir a ello. Con acierto o con error, esa era nuestra posición sobre los aspectos regulados en la nueva ley, que afectan pues a cuestiones muy variadas. Desde luego, a esa vieja reivindicación que hacemos -permítanme la expresión, aunque no sea la más apropiada, de reivindicación, pero sí de... o de consideración como necesaria-, esa ejecutividad de los... resoluciones de la Comisión de Transparencia, que se materialicen en un instrumento normativo que permita esa ejecutividad que... que parece muy necesaria.

Es cierto que en la... en la ley se ponen... en el borrador de anteproyecto se... se anuncian pues determinados mecanismos dirigidos también a dotar de fuerza indirecta, coercitiva indirecta, a esas resoluciones a través del ejercicio de la potestad sancionadora. Y sobre el particular, sobre la potestad sancionadora, pues también vertemos algunas consideraciones que ponen de manifiesto nuestras dudas acerca de la operatividad, tal como está configurada.

También anunciamos algunas dudas sobre ese nuevo mecanismo que se incorpora: la mediación. Dudas que, por otra parte, también vienen avaladas por una realidad, y es que, en aquellas... organismos similares a la Comisión de Transparencia en los que se regula esta figura de mediación, pues realmente ha sido hasta el momento muy poco operativa, a lo cual se añade, a esa experiencia previa, se añade, digamos, las dificultades operativas que se derivan de la propia funcionalidad de la... de la mediación, tal como está configurada en la... en ese borrador de anteproyecto.

Hay cuestiones que también, digamos, nos suscitan algunas consideraciones, como, por ejemplo -también se ha dicho aquí, lo he escuchado en alguno de los portavoces-, la necesaria adecuación temporal desde la entrada... de la entrada en vigor de la nueva ley, si llega a tramitarse y a aprobarse como tal, que genera unas necesidades desde el punto de vista de la... de los medios materiales y humanos desde el primer día, lógicamente, porque se amplían... se amplían pues el ámbito de actuación de la Comisión de Transparencia de forma muy notable, y eso hace o requiere que, desde el primer día en que entra en vigor la ley, y, por tanto, resulta aplicable, ya contar con los medios necesarios y no remitirlos a un futuro más o menos incierto, dentro de un plazo -creo que de seis meses-, que establece la propia... el propio borrador.

Bueno, hay muchas... hay algunas otras cuestiones también que... sobre las que suscitamos nuestras... nuestras consideraciones o reservas, incluso, pero que ya quedaron fijadas en su momento.

Hemos escuchado algunas cuestiones también sobre, bueno, pues la posición de los corporativos en la... en relación con los procedimientos de reclamación de información, que, en efecto, pues yo no sé si se ha entendido cuál es la posición... todos los... los grupos o todos los... los portavoces de los grupos, cuál es la posición de la Comisión de Transparencia, pero está clara, y así lo mantengo. Se ha mantenido en los... en las propias resoluciones, en el informe, y también pues... también lo hago yo ahora, de una forma contundente, y es que nuestra posición es favorable a que los corporativos puedan hacer uso de los mecanismos previstos en la legislación de transparencia, más allá de la vía tradicional prevista en la legislación de régimen local. Y esto facilita, entiendo, la posición de quienes actúan en un momento determinado en la Oposición, dentro de lo que constituye la corporación municipal, para obtener la información y así poder ejercer más... con más conocimiento de causa, como es lógico, sus funciones como tales representantes públicos.

Esa es la posición de la Comisión de Transparencia. No es la posición de todas las Comisiones de Transparencia u órganos similares existentes en los distintos organismos en nuestro país, ni siquiera del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero sí la nuestra. Arriesgamos esa posición porque consideramos que esto abundaba en la transparencia de la actuación de las corporaciones locales -las grandes, las medianas y las... también las pequeñas-. Y eso, pues, afortunadamente, ha sido avalado, como se ha dicho, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad Autónoma en una sentencia que nos complace también.

Y eso mismo también lo hemos decidido... lo hemos... esa misma posición proactiva, digamos, en relación con el reconocimiento de legitimación para actuar en los... en las reclamaciones de información que se dirigen a nosotros, hemos reconocido también esa legitimación a los interesados en los procedimientos, más allá de las previsiones que la propia normativa de procedimiento contempla en relación con el derecho a saber dentro del procedimiento administrativo.

COVID-19. COVID-19, pues, efectivamente, esto corresponde al año dos mil veinte, como todos sabemos, porque lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo, pero la Comisión de Transparencia no podía ser ajena a una realidad tan fundamental como... tan severa como la que nos estaba afectando, y actuamos; actuamos, dentro de lo que constituyen nuestras posibilidades. Por un lado, creo que alguna pregunta se hizo sobre el particular o alguna consideración sobre el particular, actuando de oficio, no solo en lo que constituyen propiamente esas actuaciones de oficio, sino actuando, digamos, incentivando esa transparencia, pidiendo información en un momento en que todavía estaba muy candente la situación que vivíamos -lamentablemente vuelve a estarlo ahora, por las noticias que tenemos, desde hace algún tiempo-.

Pero en aquel momento nos dirigimos a las Administraciones, no a todas, evidentemente, sino a aquellas a las que pedíamos información en esos cuestionarios de autoevaluación a que nos referimos, y aprovechamos esa circunstancia para pedir información acerca de cómo estaban dando información de la actuación que estaba realizando la propia Administración, las Administraciones correspondientes, en lo referente a las actuaciones que realizaban en la lucha contra la pandemia; cada cual, lógicamente, en el marco de sus competencias, tratándose de la Administración autonómica o de las diputaciones provinciales o de los entes locales.

Y, afortunadamente, en muchas de las Administraciones requeridas de esa información particular, más allá de lo que constituía el cuestionario, pues nos informaron, y quedó reflejada esa información, ha quedado reflejada, en la Memoria. A ella no me he referido para no abundar en algo que ya ustedes conocen a través de la Memoria, pero es cierto que la posición de la Comisión de Transparencia pues no resultó, digamos, ajena a esa necesidad ciudadana sentida en esos momentos, en los que también se quería saber qué es lo que se estaba haciendo por parte de las Administraciones para luchar contra la pandemia y proteger, en definitiva, la salud de los ciudadanos.

Y las otras actuaciones de oficio pues también nos parecía razonable realizarlas, bueno, pues para conocer algo que también aparecía en los medios de comunicación como algo que estaba ensombrecido, la actuación de las Administraciones, o de algunas Administraciones en particular, en lo que se refería a la publicitación de las actuaciones contractuales, que siempre... sobre ellas siempre planean dudas acerca de cómo se están realizando, cuáles son las finalidades, cómo se está empleando el dinero público y si se está empleando debidamente.

Y, más allá de esta actuación, pues la otra actuación que se hizo -que fueron dos, en definitiva- pues tenía como objeto conocer, pulsar, la situación, digamos, de lo que se refiere al ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos; y no solamente el ejercicio del derecho por parte de los ciudadanos solicitando información, sino cómo estaban respondiendo las Administraciones ante ese ejercicio, y, particularmente, la Administración autonómica. Y en eso consistieron las dos actuaciones de oficio.

Por tanto, bueno, pues daremos más información sobre el particular, sobre los resultados de estas actuaciones, que, por otra parte, añado, si sus señorías quieren conocer el resultado de esas actuaciones, ya están publicadas en la página web del Procurador, y también en la página web del Comisionado de Transparencia. En un caso, en el primero, en la parte, digamos, apartado de resoluciones; y en el otro apartado, como no se trata de resoluciones de la Comisión de... como no se trata de resoluciones dictadas por el Procurador en el ejercicio de sus facultades, sino se trata de actuaciones del Procurador, precisamente, cuando las... las hemos publicado en la página web de la... del Comisionado de Transparencia, no lo hemos hecho en el apartado de resoluciones, sino en el apartado de actualidad; ahí se pueden encontrar también. Y ahí se puede ver cuál ha sido el resultado de esas actuaciones, en las que no me he querido extender en este momento porque realmente corresponden al año dos mil veinte, pero ahí están para quien las quiera ver.

Algunas cosas en particular, algunas dudas que se han suscitado, afectan... He respondido a cuestiones relacionadas con los cargos locales, de la ejecutividad de las... de la ejecutividad. No voy a insistir en ello, porque consideramos que es fundamental que haya ejecutividad para que... porque en realidad la actuación del Comisionado de Transparencia o la Comisión de Transparencia en cuanto a sus resoluciones no es muy diferente... es muy diferente a la del Procurador del Común y hay que dotarlo de fuerza coactiva para que realmente no sea una... digamos meras... meras resoluciones en las que se plantean sugerencias o recomendaciones, que es lo propio del Procurador. Cuando actúa la Comisión de Transparencia lo hace con carácter ejecutivo, pero no solamente con carácter ejecutivo desde el punto de vista nominal, sino que tiene que ser real, y para eso necesita mecanismos de coerción, como -planteamos- la multa coercitiva.

Bien es cierto que he dicho, e insisto en la idea, también se trata de solucionar esa actual falta de ejecutividad real de las... y, por tanto, de vinculatoriedad de las resoluciones que dictamos como Comisionado de Transparencia con el ejercicio de una potestad sancionadora. Pero esta potestad sancionadora ya he dicho que tiene algunos aspectos que es necesario repensar; consideramos, al menos nosotros, desde la Comisión de Transparencia, que es necesario repensar más allá de lo que se establece en ese borrador de anteproyecto, que es el que nosotros hemos conocido.

Se me han pedido algunos datos concretos, algunos datos concretos que voy a dar aun a riesgo de que mi memoria me falle, lo cual no sería improbable, pero, con esa reserva de que diga algo que es el resultado de mi mala memoria, pues lo voy a hacer, pidiendo disculpas de antemano si en esas citas que voy a realizar pues me equivoco.

Primero se me ha pedido acerca de que se indique las Administraciones a las que se envía el cuestionario, el cuestionario, a efectos de comprobar, constatar, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la publicidad activa, y el resultado de aquellos... de aquellas peticiones de información a través de los cuestionarios. Creo que eso queda reflejado en la Memoria que hemos presentado, a quiénes se envía el cuestionario y qué Administraciones cumplimentan ese cuestionario y qué otras Administraciones no lo han enviado.

En cuanto a las Administraciones que no han remitido, grandes Administraciones que no han contestado, pues tenemos al Ayuntamiento de Palencia... -insisto, salvo error por mi parte o que me falle la memoria- Ayuntamiento de Palencia y municipios de Aranda de Duero y Medina del Campo.

En cuanto al Consejo Comarcal del Bierzo, pues, evidentemente, no enviamos todos los años los cuestionarios a todos los... a todas las Administraciones públicas, son más de 5.000, y, por tanto, enviamos a una selección, no siempre las mismas, aunque en muchos casos, pues sí, son las mismas, evidentemente, las más grandes. Consejo Comarcal del Bierzo este año último no lo enviamos, el próximo año lo enviaremos, ¿eh? Esa es la razón por la que no aparece el consejo Comarcal del Bierzo, que, por otra parte, pues con él mantenemos las relaciones, evidentemente, derivadas de las reclamaciones que, en relación con la solicitud... las solicitudes de acceso a la información, se... nos plantean los ciudadanos.

Y no sé si se me queda algo en el tintero, seguramente sí, pero con esto, bueno, por mi parte, doy por finalizada mi intervención. Y les agradezco nuevamente su atención, su paciencia, y me disculpen también, pido disculpas, si no he contestado a todo... a todas aquellas cuestiones que me han... se han suscitado, seguramente sea por inadvertencia por mi parte. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

Gracias. ¿Algún portavoz desea consumir el turno de réplica? Dado que ningún portavoz ha deseado consumir el turno de réplica, finalizamos, agradeciendo al Comisionado de Transparencia las informaciones que ha proporcionado a esta Comisión.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.

[Se levanta la sesión a las once horas quince minutos].