DS(C) nº 232/10 del 12/11/2020

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Buenos días. Comienza la Comisión fijada para el día de hoy. Antes de comenzar, traslado lo que ya todos y cada uno de ustedes saben perfectamente, que es la necesidad de utilizar la mascarilla en todo momento.

Y, en primer lugar, doy traslado a los grupos para que hagan las... o den traslado de si hay sustituciones. ¿Grupo Socialista?

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Socialista, Isabel Gonzalo sustituye a Jesús Guerrero.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. ¿Ninguna sustitución más? Sí, ¿partido...?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidente. Del Grupo Parlamentario Popular, doña María Ángeles García Herrero sustituye a doña Amparo Vidal Gago.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Bien, pues, una vez más, damos la bienvenida al presidente del Consejo de Cuentas, a don Mario Amilivia, y también a los consejeros que le acompañan y al resto de personal técnico, que estará en salas adyacentes. Muchas gracias por venir una vez más a esta Comisión, como ya va siendo habitual, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas.

La tramitación de los informes, al tratarse de informes de fiscalización, se desarrollará de conformidad con lo previsto en la resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Informe

Por tanto, el primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de la contratación realizada en el Sector Público Local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Para la presentación del informe, doy la palabra al señor presidente del Consejo.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, presidente. Señorías. Muchas gracias en nombre del Consejo de Cuentas por sus palabras de bienvenida, en nombre del consejero Miguel Ángel Jiménez, que me acompaña, también de Emilio Melero y del resto del personal que está, como bien ha dicho, en una sala cercana a esta... a este salón de reuniones.

Esta comparecencia, que, seguramente, a la vista de la previsible -yo creo que ya no previsible, sino cierta- tramitación de los Presupuestos de la Comunidad, será la última de este período de sesiones, la vamos a dedicar a dos informes de carácter local, y ello una vez superada -como tenía ocasión de mencionar hace unos minutos- el retraso histórico que vivimos y, por lo tanto, los informes que provenían del anterior mandato. Eso significa que a partir de este momento, bueno, con estos dos que vamos a presentar hoy, quedarán solo tres pendientes de comparecencia, que son Ayuntamiento de León, Cuenta General dos mil dieciocho y Fondo de Compensación Interterritorial dos mil dieciocho, que son de este Plan Anual de Fiscalizaciones, que se podían haber, incluso, presentado ante esta Comisión la cuenta general con carácter previo a la aprobación de los Presupuestos, pero que ha sido imposible porque la premura de la aprobación y la coincidencia o no coincidencia, en este caso, con la convocatoria de una Mesa, hacía imposible calificar la cuenta general. Por lo tanto, quedarán tres informes pendientes de comparecencia solamente, una vez presentados los de esta mañana.

Por lo tanto, quiero agradecer también a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que hemos hecho durante estos meses, de los que hemos comparecido en quince ocasiones y hemos dado cuenta de 44 informes de fiscalización, es decir, más del 22 % del total histórico aprobado.

Actualmente están en elaboración 29 trabajos de dos mil diecinueve y dos mil veinte, y la previsión es que en diciembre, cuando acabe este año, estén aprobados también, además de los tres que he mencionado, el Informe de Seguimiento y Recomendaciones, el Informe de Despoblación -que, en principio, se aprobará en estas Cortes el veinte de noviembre-, el Informe en colaboración con el Tribunal de Cuentas de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito, el Informe de la Junta Vecinal de Navatejera, la Contratación Pública de los ejercicios dieciocho y diecinueve, y el Informe -al menos- sobre la Universidad de Salamanca. Es decir, que en diciembre nos podríamos encontrar aproximadamente con 9 informes pendientes de comparecencia, a los que se incrementarán, sin duda, alguno más en enero.

Finalmente señalar en esta... en esta introducción que este año se aprobarán en torno a 15 informes, superando otra vez la media histórica de unos 11 informes aproximadamente, lo que tiene especial relevancia pensando que nos encontramos en una situación de crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia.

El primero de los informes del que voy a dar cuenta hoy está elaborado en colaboración con el Tribunal de Cuentas, y es, como saben, el relativo al análisis de la contratación del Sector Público Local, y ha sido realizado por el departamento del consejero Miguel Ángel Jiménez, que quiero hacer una especial mención, así como al subdirector de Fiscalización, Pedro San Miguel, que han elaborado este trabajo.

El segundo trabajo, que presentaré seguidamente, es del Ayuntamiento de Valladolid, en este caso del departamento del consejero Emilio Melero, a quien ..... también un reconocimiento, y al subdirector de Fiscalización, Alfonso Vidal Delgado.

La auditoría en relación a la fiscalización de la contratación realizada en el Sector Público Local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, fue publicada por el Consejo el pasado día veinte de abril. La auditoría se realiza sobre los expedientes formalizados en los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, aplicando el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de dos mil once, esto es, ámbito legislativo anterior a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor, como saben, el nueve de marzo de dos mil dieciocho.

El trabajo consiste en una auditoria de cumplimiento de las entidades locales respecto a dos tipos de obligaciones:

La primera obligación, el deber de comunicación al Consejo de Cuentas de su contratación. Se trataría de comprobar, por un lado, la remisión anual, dentro de los dos primeros meses, de una relación de todos los documentos... de todos los contratos, perdón, formalizados durante el año anterior, con exclusión de la contratación menor; y, en caso de no haberse celebrado ninguno, una remisión de una certificación negativa.

Por otra parte, la comprobación también se extiende a la comunicación de los documentos de formalización, extractos de los expedientes, así como incidencias en la ejecución de aquellos contratos contemplados en el Artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos de dos mil once. Este caso concreto se debe hacer dentro de los tres meses siguientes a la fecha que tengan lugar. Quedan afectados por esta obligación los expedientes que superen las siguientes cuantías: contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de colaboración entre el sector público y privado cuyo importe exceda de 600.000 euros; contratos de suministro de cuantía superior a 450.000 euros; contratos de servicios superiores a 150.000 euros; y contratos administrativos especiales de importe superior a 150.000 euros. Las incidencias son las contempladas en el Artículo 29 el texto refundido en sus distintos apartados.

Para este análisis del cumplimiento del deber de comunicación de los contratos se ha tenido en cuenta la totalidad de las integrantes del Sector Público Local. Sí me gustaría señalar que esta obligación del Artículo 29 del texto refundido sigue vigente en la actual Ley de Contratos del Sector Público, en el Artículo 335 de la normativa vigente.

En segundo lugar, la auditoría atiende a la observancia de la legalidad en la gestión de dicha contratación, verificando el respeto de las prescripciones que rigen la contratación administrativa en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato de los licitadores. En este sentido, se analiza el procedimiento de contratación administrativa, tanto las actuaciones preparatorias como en su adjudicación y formalización. Este análisis de la observancia de los requisitos legales se ha hecho sobre una selección de 45 expedientes, correspondientes a una muestra de diecinueve ayuntamientos, todos ellos con población superior a 5.000 habitantes. El importe que representa dicha selección suma 30 millones de euros.

En cuanto a las limitaciones que han tenido los trabajos de esta fiscalización, la más significativa es la derivada de la falta de cumplimiento de la obligación de comunicación al Consejo de Cuentas de aquellas entidades locales; algunas, por cierto, con un importante volumen de contratación.

En lo que se refiere al trámite de alegaciones, fueron presentadas once por las diecinueve entidades auditadas, si bien solo ocho lo hicieron en plazo. Las alegaciones, como es habitual, son objeto de un análisis pormenorizado, dando lugar las admitidas a la modificación del informe provisional.

Teniendo en cuenta los resultados del trabajo, el Consejo de Cuentas emitió un informe... en el informe un total de veintitrés conclusiones y cuatro recomendaciones, que a continuación expondré brevemente.

Comienzo las conclusiones sobre la comunicación de los contratos y envío de documentación; repito, comunicación que sigue vigente en la nueva... en la actual Ley de Contratos del Sector Público y que, con carácter ordinario, se incluye como un apartado del Informe Anual del Sector Público Local, que recientemente he presentado; no en este caso, que es un informe horizontal del Tribunal de Cuentas en relación con el resto de órganos de control externo del país.

En cuanto a la relación de contratos formalizados, como ya he indicado anteriormente, las 4.952 entidades locales de Castilla y León tienen la obligación de remisión anual dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, con exclusión de los contratos menores, o, en su caso, de una certificación negativa.

Al cierre de dos mil dieciocho la información correspondiente a dos mil dieciséis la enviaron 3.748 entidades; el 76 % del total. La relativa a dos mil diecisiete la remitieron 3.558 entidades; el 72 % de total.

Del ejercicio dos mil dieciséis solo 362 remitieron una relación de contratos, lo que representa un 7 %; y 3.386, una certificación negativa. De dos mil diecisiete enviaron una relación de contratos 378 entidades, un 8 % del total; y 3.180, una certificación negativa.

Del ejercicio dos mil dieciséis, el 43 % de las entidades que remitieron información lo hicieron en plazo; y de dos mil diecisiete, el 48 %.

Entre los ayuntamientos que no habían enviado relación de contratos o certificación negativa, de uno o de ambos ejercicios, figuran cinco capitales de provincia.

Las entidades del Sector Público Local informaron sobre 1.562 contratos de dos mil dieciséis, por importe de 195 millones de euros; y 1.499 contratos de dos mil diecisiete, por importe de 293. Estos datos no representan fielmente el volumen de contratación, ya que debe tenerse en cuenta que faltan los datos de las entidades que a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho no remitieron información de uno o de ambos ejercicios.

En cuanto a la comunicación de documentación sobre contratos contemplada en el Artículo 21.b).1 de la Ley de Contratos del Sector Público de dos mil once, me gustaría señalar que, con referencia a los contratos de dos mil dieciséis, y según las relaciones comunicadas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el número de expedientes que alcanzan la cuantía a la que se refiere la normativa ascienden a 107, por importe de 88 millones de euros, correspondiente a 38 entidades; sin embargo, se remitió la documentación de 26 contratos, por importe de 30 millones, correspondientes a nueve entidades, el 24 % del total.

Con relación a dos mil diecisiete, el número de los contratos que estarían dentro de dichos umbrales ascienden también a 107, por importe en este caso de 171 millones de euros, correspondientes a cuarenta entidades; sin embargo, se remitió la documentación de 31 contratos, por importe de 58 millones, correspondiente a trece entidades, es decir, el 33 % del total.

También indicar que solo la remisión de 9 expedientes de dos mil dieciséis y 20 de dos mil diecisiete se realizó en plazo, es decir, dentro de los tres meses siguientes a su formalización.

A continuación me referiré a las conclusiones relativas a la observancia de los requisitos legales más significativos, por lo tanto, a la observancia de la legalidad en la gestión de la contratación de los 45 expedientes objeto de muestra, como he señalado.

En cuanto a las actuaciones preparatorias, no ha sido posible acceder a la información de dos contratos en el perfil del contratante del ayuntamiento o en la plataforma de contratación. En dos contratos no se elaboró el pliego de cláusulas administrativas particulares. Además, en uno de ellos se omitió el procedimiento de adjudicación legalmente establecido, al tramitarse como contrato menor, cuando su importe excedía de lo establecido legalmente. En otro expediente se observa deficiente planificación.

La calificación jurídica de cuatro contratos que se realizan en el pliego no es la adecuada conforme a su auténtica naturaleza. En catorce contratos no se justifica adecuadamente la naturaleza y extensión de la necesidad del contrato. En trece no figuran los cálculos que debieron realizarse para la cuantificación del presupuesto de licitación y la... y su adecuación al precio general del mercado. Tampoco en un contrato figura la justificación de la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

En cuanto a la incorporación de informes preceptivos, en nueve contratos no se aporta el informe jurídico del secretario, o el aportado es meramente formal y no se pronuncia sobre la legalidad del pliego, o no aporta... o no se aporta el informe del interventor. En dos contratos de obras no se ha aportado el informe de supervisión del proyecto. En cinco expedientes no está debidamente motivada por el órgano de contratación la tramitación de urgencia, teniendo en cuenta que la muestra incluye ocho de estas características. En el único expediente de la muestra que se tramitó por la vía de emergencia no se apreció la existencia de las causas que lo justificase.

En lo referente al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en cuatro contratos se observaron deficiencias en la definición del objeto del contrato. En otros tres contratos hay incidencias con el precio o con su valor estimado. En otros cuatro no se indica el índice oficial aplicable a la revisión de precios, o no se indica expresamente su improcedencia, o la fórmula elegida no es conforme a la normativa. En seis contratos existe inexactitud en la definición del plazo de ejecución. En veintiún contratos no es correcta la determinación de los medios para acreditar la solvencia económico, financiera y técnica o profesional de los licitadores. En dieciocho expedientes la fórmula matemática establecida para la valoración de la oferta económica contiene errores o sesgos no justificados. En cinco existen deficiencias en otros criterios de adjudicación y variables... evaluables mediante las fórmulas matemáticas, diferentes de la oferta económica. En diez contratos se aprecian deficiencias en los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas por un insuficiente desarrollo que no permiten valorar las ofertas solo con lo expuesto en los pliegos, por no establecerse el necesario detalle en la forma de reparto de las puntuaciones máximas o por otros defectos. En un contrato no se prevé que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor se presente en sobre independiente.

Tratándose de una adjudicación por el procedimiento negociado, en cuatro expedientes no se establecen las condiciones o requisitos que puedan ser objeto de negociación. Se observan incidencias en las reglas establecidas para los modificados o prórrogas en tres expedientes.

Sobre los plazos de garantía, penalidades, régimen de pagos u otras eventualidades de la ejecución del contrato, en cuatro; en relación con las garantías a constituir por los adjudicatarios, en otros cuatro; y en cinco, otras deficiencias en el pliego.

Por último, en lo relativo a la adjudicación, formalización y afianzamiento de los contratos, en cuanto al principio de publicidad de las licitaciones, no se aporta anuncio de licitación o el aportado tiene omisiones en trece de los treinta y tres de la muestra que lo precisan. En un contrato no se constituyó el comité de expertos y en otro no se respetó el orden de apertura de los sobres.

Sobre la actuación de la Mesa de Contratación y su correspondencia con los pliegos, en once de los treinta y tres de la muestra que lo precisan no consta la correcta constitución de la Mesa, la publicación de su composición en el perfil del contratante o el carácter público de la apertura de las plicas.

En cuanto a la selección de adjudicatarios, conforme a lo dispuesto en el pliego y en la normativa, en seis contratos los órganos de valoración introdujeron elementos no contemplados inicialmente para la asignación de los puntos, contrariamente a los principios de transparencia o de concurrencia. En siete, los órganos de valoración no motivaron suficientemente las puntuaciones atribuidas a cada licitador. En la valoración de los criterios puntuables mediante fórmula matemática no se aplicó la prevista en el pliego en cinco contratos, y en un contrato se produjeron incidencias con el procedimiento de admisión de ofertas con valores anormales.

En cuanto a la adjudicación por el procedimiento negociado, en seis contratos de los once de la muestra con este sistema no hay constancia en el expediente de que se haya realizado negociación alguna, o se incumplen otros requisitos del procedimiento.

Por lo que se refiere a la formalización del contrato, en once expedientes no se aportó el documento correspondiente o el aportado contiene deficiencias en relación con los pliegos o la oferta del adjudicatario. En particular, respecto de los veinte contratos de obras analizados, en siete se omitió la indicación del plazo para realizar la comprobación del replanteo, determinante del inicio de su ejecución.

Finalizo ya esta primera intervención haciendo referencia sintéticamente a las recomendaciones.

Con carácter general, las entidades locales deben cumplir la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la información que establece la normativa vigente.

Los órganos de contratación deben velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato, de la elección de los criterios de adjudicación y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe del contrato.

Además, deberán reservar la tramitación de urgencia a los contratos cuya celebración responda a necesidades inaplazables o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.

Los órganos de contratación deben cuidar la redacción de los pliegos, pliegos de cláusulas administrativas, en especial en lo referente a la correcta determinación de los medios para la acreditación de la solvencia económica-financiera y técnica o profesional de los licitadores.

También, en lo relativo a la elección de la fórmula de valoración de la oferta económica y de otros criterios evaluables de forma automática, se debe cuidar la redacción de los pliegos.

Asimismo, deben reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos, con el suficiente detalle, todos los baremos de reparto que serán tenidos en cuenta, de tal forma que se garantice el conocimiento por parte de los licitadores de la forma en la que van a ser valoradas sus ofertas.

Finalmente, los órganos de valoración deben ajustar sus informes a lo dispuesto en los pliegos, sin introducir aspectos no previstos, y, en todo caso, motivarlos adecuadamente. Nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias, señor presidente. Turno de intervenciones, y, en representación, en primer lugar, en este caso, no estando el Grupo Mixto, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña Blanca Delia Negrete por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Muchas gracias, señor Amilivia, por su intervención hoy aquí. Buenos días, señorías, a todos.

En primer lugar, yo quiero agradecerle su comparecencia e intervención en esta Comisión en la que hoy hemos podido hacernos eco de los resultados extraídos del análisis de la fiscalización de la contratación realizada en el Sector Público Local.

Nosotros consideramos necesario recalcar la labor que el organismo al que representa viene haciendo en aras del cumplimiento de la publicidad y, más aún, de la transparencia, puesto que gracias a ello podemos ver las necesidades de mejora de estas entidades y hacer hincapié en las áreas que deben de mejorarse.

Comenzaré hoy mi intervención haciendo una mención a la obligación de remisión de contratos finalizados, ya lo ha dicho usted, una obligación que podemos observar que ha ido a peor, si miramos los datos comparativos de dos mil dieciséis frente a los de dos mil diecisiete, viendo que ha disminuido tanto el número de entidades que cumplen con esta remisión, al margen ya de que las que lo hicieron, casi el 50 % de ellas, no lo remitieron en plazo.

En cuanto a la documentación de los contratos, las entidades locales tienen la obligación, asimismo, de enviar los contratos formalizados que lleven a cabo en los tres primeros meses a su formalización. Para que nos demos cuenta del incumplimiento, como bien ha expuesto el señor Amilivia, en el dos mil dieciséis, de 107 expedientes, solo se remitió información de 26, y en el dos mil diecisiete los datos siguen siendo poco halagüeños, ya que se remitieron la correspondiente a 31, del mismo número de expedientes totales.

Por todo ello podemos entender que una de las recomendaciones en las que más incide este organismo sea la de instar a las mismas a que atiendan a la obligación de remisión de esta documentación a... de la que estamos hablando.

Siguiendo con los parámetros objeto de análisis de hoy, pasaremos ahora a hablar de una variedad de incumplimientos que tienen que ver con los requisitos legales. Destaca para nosotros el incumplimiento basado en la no justificación de la naturaleza y extensión de la necesidad de contrato o de la no realización de los cálculos pertinentes para la cuantificación del presupuesto de licitación y su adecuación al precio de mercado. Esto, como digo, son los más numerosos, pero podemos destacar algunos con vulneraciones más formales, como la inadecuada calificación jurídica o la no aportación de informe jurídico del secretario. Todo ello hace que veamos las trabas que ponen estas entidades a la labor de auditoría que ejerce este órgano, como es el Consejo de Cuentas, una auditoria que básicamente se fundamenta en el chequeo de la observancia de la legalidad de las contrataciones que estos realizan.

Con respeto a los pliegos de cláusulas administrativas, vemos que su contenido también adolece de ciertas deficiencias. Tenemos ciertas incidencias en el precio, en otras ocasiones no se indica la fórmula elegida para la revisión de los precios, y existe también inexactitud en la definición del plazo de la ejecución, entre otras. Algunas de las más numerosas tienen que ver con las deficiencias en los criterios de adjudicación, al no establecerse el necesario detalle en la forma de reparto de las puntuaciones máximas.

Por último, y antes de pasarnos a hablar de las recomendaciones, no podemos dejar sin citar un incumplimiento que se ha visto en trece de los treinta y tres contratos examinados, que tiene que ver con una vulneración del principio de la publicidad de las licitaciones. En otros, se puede observar también deficiencias a la hora de la... la constitución de la Mesa.

Por todo ello, no podemos demorarnos más, y decirles, señorías, que, o hacemos eco de las recomendaciones del Consejo de Cuentas, o esto no puede seguir así, pidiendo a las entidades afectadas que deben propiciar la información al organismo que usted representa, que por favor contribuyan a la labor que realiza, que es muy importante, además de imprescindible; que, como antes he mencionado, realiza una labor de control y también de fiscalización, así como la defensa de la transparencia, signos que defiende y definen a la formación que represento. Lealtad y respeto hacia su trabajo, así como a la diversidad de instituciones propias de esta Comunidad Autónoma; entiéndase por ellas al Procurador del Común, al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social, además del organismo al que usted viene a representar hoy aquí. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, don Salvador Cruz, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias presidente. Buenos días, señorías. Dar la bienvenida al presidente del Consejo de Cuentas, así como a los integrantes del Pleno que nos acompañan en el día de hoy. Agradecer el esfuerzo en las comparecencias que ha puesto de manifiesto el presidente y que nos ha permitido ponernos al día en cuanto a los informes; como bien ha explicado en la mañana de hoy él aquí, se acaba de aprobar el Informe sobre la Cuenta General de dos mil dieciocho y sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, y solo el hecho de que no hayan sido calificados por la Mesa, que supongo que se calificarán en el día de mañana, ha impedido que pudiésemos haber visto esos asuntos.

Y desde aquí agradecer el esfuerzo también al resto de los grupos y plantear que, para no perder este ritmo, analizaremos con el resto de los grupos la posibilidad de, en el período del mes de enero, y siempre que la tramitación de los Presupuestos lo permitan, poder seguir avanzando para poder presentar esos informes que se acaban de presentar y seguir en la buena línea que nos permite analizar rápidamente los informes que aprueba el Pleno del Consejo de Cuentas de cada uno de los correspondientes planes de fiscalización.

Entrando en este informe, yo quería poner de manifiesto que este informe pone un elemento sobre la mesa que creo que debe preocuparnos a todos, y creo que es el bajo nivel de presentación en el ámbito de la contratación del Sector Público Local respecto a los parámetros establecidos inicialmente en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en el Artículo 29.1, que, a pesar de ser unos umbrales altos, como pone de manifiesto y ha puesto de manifiesto el presidente del Consejo de Cuentas, la remisión es muy baja; y poner de manifiesto, efectivamente, que la evolución además ha sido negativa respecto de dos mil dieciséis a dos mil diecisiete. En dos mil dieciséis hubo 1.172 entidades que no rindieron la contratación; en algunos casos seguramente estas entidades, en muchos, casi estoy convencido que hubiese sido tan simple como enviar una certificación negativa, porque creo que la mayoría de las Administraciones locales de Castilla y León están fuera de estos umbrales que se establecen. Y en el año dos mil diecisiete la evolución fue a peor y fueron ni más ni menos que 1.362 entidades las que no rindieron la información requerida en cumplimiento de lo que establece la Ley de Contratación del Sector Público.

Y, además, se pone claramente de manifiesto, porque, a pesar de ser esos umbrales altos -como se ha puesto de manifiesto, 600.000 euros en los casos de obra, 450.000 contratos de servicio y 150.000 en otros tipos de contratos-, en el año dos mil dieciséis, de los... del volumen total de la contratación, que debería haberse remitido 88,4 millones de euros y tenían que haber emitido información 38 entidades, realmente solo se rindió información por veintiséis contratos, por un valor de 29,5 millones de euros. Y en dos mil diecisiete, donde el volumen de contratación fue mayor y ascendió a 171,3 millones de euros el volumen de contratos que tenían que haber sido enviados al Consejo de Cuentas y 107 contratos, realmente solo se presentaron 31 contratos por un importe de 57,6 millones de euros y solo lo hicieron trece entidades de las cuarenta que deberían haberlo hecho.

Llama, además, poderosamente la atención, con independencia de quién esté al frente de los ayuntamientos, que las capitales de provincia, que tienen una mayor dotación de recursos humanos y que, obviamente, deben ser ejemplarizantes en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, en algunos casos, si... ha habido prácticamente común, en algún ejercicio no se ha enviado la documentación, y hay alguna, concretamente, que en los dos ejercicios no remitió la información al Consejo de Cuentas.

El Consejo respecto a lo que es el cumplimiento de la legalidad pone de manifiesto algunas deficiencias, que son comunes, básicamente, en cualquier informe de fiscalización que se efectúa en cuanto a la contratación, bien sea en este caso del Sector Público, también en cuanto a la contratación efectuada en el ámbito de la Junta de Castilla y León, por poner algunos ejemplos: deficiencias en cuanto al objeto, la naturaleza y la extensión del contrato; la inexactitud también en cuanto a la fijación de los plazos; en el 47 % no es correcta la determinación de los medios para la acreditación de la solvencia económica financiera de los licitadores; en algunos contratos negociados no se establecen los... las condiciones o requisitos que pueden ser objeto de negociación; o la verificación de la correcta selección de los adjudicatarios, conforme a los criterios establecidos en los pliegos de condiciones administrativas particulares, que se pone de manifiesto en este informe en seis de los contratos.

El Grupo Parlamentario Popular va a asumir íntegramente las cuatro recomendaciones que efectúa el Consejo de Cuentas: las relativas a que se debe cumplir con la obligación de remitir al Consejo de Cuentas; la relativa a que los órganos de contratación deben velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato, de la elección de los criterios de adjudicación y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe del contrato; la de los órganos de contratación relativa a que deben cuidar la redacción de los pliegos de condiciones administrativas particulares y en especial lo referente a la correcta determinación de los medios para la acreditación de la solvencia y las... las fórmulas de valoración de la oferta económica; y la última, relativa a que finalmente los órganos de valoración deben ajustar sus informes a lo dispuesto en esos pliegos de condiciones administrativas particulares.

Respecto a los contratos más utilizados, que ha sido un elemento que creo que nadie ha puesto de manifiesto, como no puede ser de otra manera, el número... los contratos más representativos en el ámbito del Sector Público Local no son otros que los contratos de obra, que representan en el año dos mil dieciséis un 35,60 % y en el año dos mil diecisiete un 42,09 %; los de servicios, que representan, respectivamente, el 34,06 y el 29,22. Y, por último, poner de manifiesto que, sin ninguna duda, el procedimiento más utilizado en el ámbito de la Administración es el... -y lo pone de manifiesto el Informe de Fiscalización del Consejo de Cuentas- es el procedimiento negociado sin publicidad, que en el año... supuso más del 50 % del volumen de la contratación en el año dos mil dieciséis, concretamente el 51,28 %, y el año dos mil diecisiete el 48,3. Eso implica que el procedimiento abierto que ha... ha bajado en cuanto a su representatividad, y concretamente en el año dos mil dieciséis supone el 27,78, y disminuye en el año dos mil diecisiete hasta llegar al 23,55 del total del volumen de contratación.

Asumiendo las recomendaciones, y estoy convencido que todos los grupos parlamentarios las presentarán y serán aprobadas en el seno de esta Comisión en el momento que podamos saber las propuestas de resolución derivadas de este Informe de Fiscalización, sí hacer un llamamiento a algo que también hemos puesto de manifiesto en cuanto al ámbito del control financiero del Sector Público Local, que es: creo que es el momento de analizar la posibilidad de establecer otra serie de medidas para que la rendición de la contratación del Sector Público, bien sea medidas coercitivas o de algún tipo, vaya mejorando y conseguir así un incremento de la transparencia, que, sin ninguna duda, favorece a que el conjunto de los ciudadanos sepa y conozca cómo, dónde y para qué se gastan sus recursos. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Para concluir el primer turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, durante un tiempo de diez minutos, tiene la palabra don Juan Luis Cepa Álvarez.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Sumarme a las felicitaciones al Consejo de Cuentas por estos informes y por el trabajo realizado en este último año.

Debatimos esta mañana el Informe de Fiscalización de la contratación realizada por el Sector Público, realizada en coordinación con el Tribunal de Cuentas, y, aunque se aprueba por el Consejo en dos mil veinte, estamos hablando de los contratos del dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, es decir, de la anterior legislatura, y en muchos de los ayuntamientos examinados, pues su composición política cambió en las elecciones del dos mil diecinueve.

Y, tal como expone el informe, lo podemos o yo lo voy a dividir en dos partes: una sigue la comunicación de los contratos, sus modificaciones, etcétera -que yo creo que es eminentemente más técnica-; y una segunda parte, el análisis de la legalidad de los contratos analizados.

Es llamativo que los contratos que son obligatorios presentarse por el Artículo 29 solo se hayan comunicado el 25 % de los contratos y el 33 % del importe en el año dos mil dieciséis, y el 28 y el 33 % para el año dos mil diecisiete.

También es llamativo que 1.172 entidades no remitan la relación de contratos o la certificación negativa, que, posiblemente, fácilmente, siempre sean los mismos... las mismas entidades.

Y una pregunta que le hago al presidente, que cómo puede ser que, de estas comunicaciones, el 68,82 % de la remisión sea una certificación negativa. ¿Usted cree que esto es creíble? Y me explico. Hay que... hay que remitir toda la... relación de todos los contratos, salvo los contratos menores, y, según la última modificación, si yo no me confundo, los contratos menores son aquellos que no superan los 40.000 euros en obra, o los 15.000 euros en suministros sin incluir el IVA. Cualquier ayuntamiento, y me remito, por ejemplo, a aprobación de los planes bianuales de la Diputación de Salamanca, si analizamos el BOP, la mayoría de las obras superan el importe del contrato menor. Algunos remiten la ejecución... algunos remitirán su ejecución a la diputación, otros la realizarán por administración, pero otras muchas obras las adjudica a los ayuntamientos. Yo creo que debemos reflexionar sobre este ejemplo y seguro que hay bastantes más.

Es significativo, que ya lo han repetido bastantes, que cinco capitales de provincia no remitan a tiempo o simplemente no remitan la información. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es un problema más técnico que político, en la mayoría de los casos. Y cuando me refiero a problemas técnicos que no se me enfaden los secretarios interventores, sino más bien las condiciones en las que tienen que trabajar. Si yo, por ejemplo, llamara ahora a la secretaria de mi pueblo, como concejal, y le digo que me mire o que me haga algo, seguro que su respuesta sería la siguiente: "Espera, que ahora estoy en el Programa Gestiona, y, si me salgo, a saber cuándo me volverá a dejar entrar". Y a esto hay que añadir la carga burocrática, los informes que hay que remitir al Consejo de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, al Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera, y cada uno con su plataforma particular.

Un ejemplo verídico, y le quiero poner, por ejemplo, el de este verano, es que para dar de alta a una persona en el padrón municipal, en un pueblo de la provincia de Salamanca, se tardó más de una hora por los problemas de la conexión a Internet. Esta es la realidad del mundo rural de Castilla y León y de la actividad municipal. A esto hay que añadir la falta de secretarios interventores habilitados, ya que, si me apuran, hasta en algunas zonas ya alejadas de las capitales es difícil hasta encontrar interinos; además, este interino deberá llevar como mínimo tres ayuntamientos para poder, por un lado, el ayuntamiento asumir su coste y, por el otro, que el secretario o secretaria tener un sueldo digno.

Cómo puede ser, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el tercero de la provincia de Salamanca, tenga el secretario y el interventor accidental, y que ahora está buscando un tesorero y que ya haya renunciado al que se ha habilitado y se conforme con uno interino porque nadie quiere ir.

Vuelvo a insistir que esta es la realidad de Castilla y León y su mundo rural. Desde que yo estoy en estas Cortes, y con este tipo de debate, siempre hemos hablado de lo mismo: falta de... de medidas, problemas telemáticos principalmente, falta de conectividad, falta de recursos humanos. La negativa, aunque hoy me ha sorprendido, del PP, y ahora de Ciudadanos, de poner multas coercitivas o retención de ayudas a los ayuntamientos incumplidores, siempre lo mismo, y hasta ahora ninguna solución.

La segunda parte del informe es el análisis de la legalidad de algunos contratos, concretamente 45. Tengo que agradecer al equipo redactor de este informe, aparte de la explicación de cada uno de ellos, el resumen de las incidencias del cuadro dieciséis. Catorce de ellos no justifican adecuadamente la naturaleza de la necesidad del contrato. Veintiuno es insuficiente su justificación de la solvencia económica y financiera. Dieciocho, la valoración económica con fórmulas que contienen errores, cosa que a mí me sorprende; no sé exactamente... no sé exactamente qué ayuntamiento es, porque no he querido fijarme en ellos ni en su composición política, pero hay en un caso en el que se establece una fórmula para una.. para incluir una cláusula social, y la fórmula que se establece, al final, beneficiaba a la empresa que menos trabajadores proponía. Trece no se establece bien la cuantificación del presupuesto de licitación. Diez hay deficiencias de valoración en los criterios de juicio de valor. Trece no se aprecia la publicidad del anuncio de la licitación. Once, una cosa tan sencilla como quedar claro cuál es la composición de la Mesa de Contratación, no existe. En otros once no se aporta el documento de aportación del contrato. De los 38 ítems valorados, no hay ni un solo contrato que cumpla el cien por cien; y me da igual que el ayuntamiento sea grande o pequeño, mancomunidad u otro ente. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la legislación... mejor dicho, sobre el cumplimiento de dicha legislación en materia contractual.

Y como reflexión final me gustaría decir que el trabajo del Consejo de Cuentas es muy bueno, muy positivo, pero este tipo de fiscalizaciones, al final, tienen poco margen de concreción; es muy parcial, sobre todo en esta segunda parte. Sería mucho más completo y nos daría mayor información si estas fiscalizaciones se... se acotaran, se hicieran más concretas: pues analizar todos los contratos de... yo qué sé, pues de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de las diputaciones, de las capitales de provincia; o todos los contratos de... bueno, concretar más para poder conocer mejor la profundidad de la realidad contractual del Sector Público Local.

Entiendo que en estos 45 contratos analizados no ha habido ninguna irregularidad manifiesta o delictiva, ya que, si esto fuera así, pues ya se hubiera puesto en conocimiento. Pero, al ser tan general, se nos puede escapar, seguramente se nos escape algún contrato que sí estará o estaría fuera de la legalidad.

También creemos necesario realizar un informe sobre los contratos menores para saber cuántos contratos realmente son contratos menores o se fracciona para incumplir la ley, que seguramente hay muchos; además en esto la Junta de Castilla y León es especialista, sobre todo en temas de comunicación.

Como no puede ser de otra manera, nosotros también asumimos las recomendaciones del Consejo... del Consejo de Cuentas, y, una vez más, darle las gracias por su trabajo. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas para contestar las distintas intervenciones de los grupos políticos.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, especialmente por asumir las recomendaciones de este informe que hemos hecho en colaboración con el Tribunal de Cuentas, recomendaciones que yo creo que tienen una importancia singular.

Me gustaría señalar que cuando un ayuntamiento o una diputación, cualquier entidad local, incumple la obligación de suministrar, bien la relación de contratos que establece el Artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o bien la documentación y extractos que se derivan del mismo Artículo 29, está incumpliendo una obligación legal, está incumpliendo una obligación legal, no está incumpliendo algo que discrecionalmente pueda hacer o no pueda hacer. Está incumpliendo una obligación legal.

Y, desde este punto de vista, tomo otra vez un poco la... el discurso histórico que trae el Consejo de Cuentas, la necesidad de establecer medidas al estímulo tanto a la rendición como en este caso también a la rendición de esta información, para evitar que haya una merma en la transparencia y, sobre todo, que se beneficie al ayuntamiento o a la entidad local incumplidora.

Yo creo que eso es importante, relevante; y, además, si recuerdan, esta información que hoy se contempla en el ámbito de un informe en colaboración con el Tribunal de Cuentas, como otros cuatro que estamos haciendo ahora en una relación, yo creo, de colaboración ejemplar, esta información habitualmente se incorpora al Informe Anual del Sector Público, Informe Anual del Sector Público que uno de sus apartados es precisamente ahora el contenido del Artículo 335 de la Ley del Sector Público vigente desde el nueve de marzo de dos mil dieciocho, donde también se incorpora la contratación menor. A partir de ahora también se incorpora la contratación menor en esa información. Y donde debo poner de manifiesto que, lamentablemente, los datos de cumplimiento de esta obligación cayeron de una manera muy importante en el año dos mil dieciocho; si no me equivoco -y me entristece tener que decirlo, pero es así-, cayeron en veintinueve puntos. Es decir, yo creo que eso tenemos que intentar evitarlo. Nosotros deberemos hacer un esfuerzo especial de requerimiento de esa información, pero, sin duda, si gozáramos de medidas al estímulo a la rendición de cuentas, entre... en cuyo ámbito se encuentra también esta información, no hay duda de que se mejorarían los datos, como ocurre, de hecho, en otros órganos de control externo del Estado.

En segundo lugar, en relación con los incumplimientos, efectivamente, no ha habido... -incumplimientos de legalidad, digo- no ha habido ningún tipo de responsabilidad contable, y, como he tenido ocasión de manifestar en algún otro momento, son vicios, vicios, incidencias a la contratación, que en sí mismas no constituyen, como aquí se ha dicho acertadísimamente, un tipo penal, pero que son tipos... incidencias comunes, vicios comunes.

Si recuerdan, cuando presenté el Informe de Contratación del Sector Público Autonómico, hablé precisamente del informe que elaboró la Oficina... la Oficina Independiente del Observatorio de Contratación, que se ha creado en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, el decreto de carácter estatal. Y ahí se decía, precisamente, analizando toda la contratación de España, que eran áreas de riesgo recurrentes, es decir, esto ocurre en todo tipo de contratos, son áreas de riesgo recurrentes. Fundamentalmente hay vicios en materia de transparencia, como aquí se ha dicho también, ausencia de transparencia, incluso me atrevería a decir oscurantismo, en algún tipo de colaboración. Y sugería, precisamente, un seguimiento de las recomendaciones, que yo creo que aquí lo hacemos con carácter permanente, desde el Consejo de Cuentas, que es muy importante. Fiscalizaciones más específicas, como aquí también se ha presentado; de hecho, este año nosotros vamos a presentar en el ámbito de la contratación del Sector Público autonómico dos fiscalizaciones: una, solamente ya con carácter bianual, contratación dieciocho y diecinueve; y dos, las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública a la vista de la llegada de la contratación estratégica. Es decir, un diagnóstico común, áreas recurrentes de riesgo, vicios comunes a casi toda la contratación, pero para... para evitarlo, sin duda, hay que incidir con este tipo de actuaciones.

Y, finalmente, me gustaría señalar... se ha comentado aquí la oportunidad que brindan las instituciones propias de dar una mayor transparencia, como así es, a la... a la Comunidad. Hemos querido avanzar en ese sentido, en el ámbito de nuestro plan estratégico, y yo creo que es interesante decirles que vamos a suscribir, en principio, un convenio de colaboración o un protocolo -ya lo estamos redactando- con el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración. El Tribunal de Recursos Contractuales, como saben, que está en el Consejo Consultivo, que es susceptible en materia de contratación porque tramita el llamado recurso especial en materia de contratación, sin duda, tiene una importante doctrina jurídica y podemos intercambiar información desde el punto de vista de la materia contractual, que yo creo que puede ser muy interesante para ambas instituciones.

Por mi parte... Ah, concluyo, me preguntaba al portavoz del Partido Socialista si creo que es cierto que hay una certificación negativa, que si son ciertas. Yo tengo mi opinión, es decir, yo creo que en cierta medida sí, porque por las cuantías de estos contratos, teniendo en cuenta que estamos también incluyendo al 60 % de las Juntas Vecinales del país, y estamos incorporando también a 2.248 ayuntamientos, el 27,9 % de España, pues puede ser verdad, puede ser verdad, pero puede no ser verdad -mi madre es gallega, que se puede observar-; pero quiero decir con esto que lo que no es de recibo, en todo caso, es que cinco capitales de provincias no rindan esta información. O sea, yo entiendo que el que dice que presenta un certificado negativa... será cierto, porque hay unas características de las entidades locales en Castilla y León, una idiosincrasia muy propia, pero, desde luego, lo que no es de recibo, a mi juicio -y le hablo como... personalmente también-, es que cinco capitales de provincias no faciliten una información cuando tienen medios técnicos más que suficientes y sobrados, y no están afectados por ese déficit de atención, de asistencia jurídica y técnica que usted ponía de manifiesto, en las que coincidimos plenamente también. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, muchas gracias. ¿Van a utilizar un turno nuevamente por parte de algún grupo, de réplica? ¿No? Vale. Pues, finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el diecinueve de noviembre a las catorce horas.

Informe

Segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid, ejercicio dos mil dieciséis.

Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. El segundo informe es el referente, como se acaba de señalar, a la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid, ejercicio dos mil dieciséis, que fue publicado en fecha del pasado nueve de septiembre.

El trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalización de dos mil dieciocho, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del ayuntamiento y de sus entes dependientes, mediante una auditoría de cumplimiento de legalidad.

En coordinación con los órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas se planteó la realización, precisamente, de fiscalizaciones específicas a las entidades locales más representativas, especialmente capitales de provincia. La de Valladolid es la quinta que realiza el Consejo, después de Palencia, Ávila, Burgos y León. Actualmente se encuentran en elaboración, si no me equivoco, los ayuntamientos de Salamanca y Zamora.

En síntesis, se plantean tres objetivos específicos: en primer lugar, analizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como el cálculo y destino del remanente de tesorería y los principales indicadores de la ejecución del presupuesto; en segundo término, analizar los aspectos de carácter financiero relacionados, por una parte, con el endeudamiento y el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y, por otra, con las obligaciones derivadas del cálculo del coste y rendimiento de los servicios públicos; finalmente, verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las subvenciones concedidas por el ayuntamiento.

En cuanto al alcance temporal de la auditoría, aunque el período al que se refiere la fiscalización es el ejercicio dos mil diecisiete, se han verificado informaciones y actuaciones del ayuntamiento en dos mil diecisiete, y, respecto a determinados aspectos de especial trascendencia, las comprobaciones se han extendido a hechos acaecidos o datos conocidos en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, habiéndose finalizado los trabajos de campo en el mes de junio del presente ejercicio, es decir, dos mil veinte, año dos mil veinte.

Antes de reseñar las principales conclusiones, debo subrayar que, con carácter general, no han existido limitaciones al alcance de esta fiscalización. El ayuntamiento ha tenido una actitud de colaboración, proporcionando la documentación solicitada.

Las alegaciones presentadas al informe provisional han sido objeto de análisis pormenorizado para su desestimación o aceptación en el informe definitivo.

El resultado de los trabajos queda expuesto en un total de cincuenta conclusiones, que a continuación procedo a explicar de forma resumida, con especial atención a aquellas que afectan a la opinión del informe; una opinión, por cierto, muy amplia, muy concreta, y yo creo que por sí misma habla ya de... del conjunto del informe.

El primer apartado de conclusiones se refiere a la estabilidad presupuestaria, el remanente de tesorería y los indicadores presupuestarios. El presupuesto consolidado del ayuntamiento ascendió en dos mil dieciséis a 286 millones de euros. En relación a la liquidación, el ayuntamiento cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, al obtener un superávit de 28 millones de euros. De igual forma, se cumplió con la regla de gasto, al resultar inferior el gasto computable, cifrado en 217,2 millones de euros, al límite de dicha regla, situado en 217,5 millones. Con carácter general, los ajustes practicados para el cálculo de ambos objetivos son correctos.

Según la información aportada, el superávit fue destinado a inversiones financieramente sostenibles, por importe de 12 millones de euros, entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho; otros 12 millones, en amortizaciones anticipadas de deuda, en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve; y 0,8 millones, en operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de dos mil dieciséis.

En relación a las cuentas de pérdidas y ganancias de los entes sectorizados como sociedades productoras de mercado, es decir, Consorcio Mercado del Val, Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, Unidad Alimentaria Valladolid, Necrópolis Valladolid y Consorcio Instituto Ferial de Castilla León, únicamente la Institución Ferial presentó resultados negativos en dos mil dieciséis, situación que revirtió al siguiente ejercicio.

El remanente de tesorería para gastos generales de dos mil dieciséis fue positivo, alcanzando la cifra de cuarenta... de 41,4 millones de euros. Analizando su evolución, esta magnitud experimentó en dos mil catorce un aumento considerable, manteniéndose un carácter creciente en ejercicios sucesivos.

Respecto a los organismos autónomos, la Fundación Municipal de Cultura liquidó el presupuesto con un remanente de 3,1 millones de euros. La Fundación Municipal de Deportes, con 1,5; y la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con 0,4 millones de euros.

A lo largo de dos mil diecisiete, se destinó una parte considerable del remanente de tesorería a modificaciones de créditos, entre las que destacan las destinadas a inversiones financieramente sostenibles, quedando al cierre del ejercicio 8,6 millones.

En cuanto a los indicadores presupuestarios, el grado de ejecución de ingresos está por debajo de la media de las capitales, y el de gastos es muy similar. Los ingresos por habitante y gastos por habitante son sensiblemente inferiores a la media, al igual que los ingresos tributarios por habitante. El esfuerzo inversor se sitúa por encima de la media. El indicador del resultado presupuestario ajustado es inferior a la media, no así el de ahorro neto.

Los indicadores del ejercicio dos mil diecisiete muestran una tendencia similar a los de dos mil dieciséis, a excepción de los de ejecución presupuestaria, que pasan a situarse por encima de la media, al igual que ocurre con el resultado presupuestario.

El segundo apartado de conclusiones es el relativo al endeudamiento, sostenibilidad financiera y coste y rendimiento de los servicios públicos.

El Ayuntamiento de Valladolid cumplió con el límite de deuda o el principio de sostenibilidad financiera, al situarse el capital vivo al cierre de dos mil dieciséis en 107 millones de euros, lo que representa un porcentaje sobre los ingresos corrientes liquidados muy por debajo del límite del 110 % establecido legalmente; como ocurre, por cierto, en todo el período analizado, entre los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciocho. Así, en la liquidación presupuestaria de dos mil dieciséis se situó en un 43 %, siguiendo una tendencia de una paulatina reducción de su deuda pública.

En relación a los entes dependientes sectorizados, como sociedades productoras de mercado, su deuda viva al cierre de dos mil dieciséis sumaba 17 millones de euros, viéndose reducida en dos mil diecisiete a 14 millones de euros.

En cuanto a la deuda comercial, la información mensual del ayuntamiento en dos mil dieciséis registra un período medio de pago inferior a treinta días, situándose entre los 0,41 y 23,54 días. Todos los indicadores de endeudamiento financiero del ayuntamiento analizados arrojan valores inferiores en relación a la media de las capitales de provincia en dos mil dieciséis. Dicha situación se repite en dos mil diecisiete, salvo en la tasa de interés medio del endeudamiento financiero.

En cuanto al coste y rendimiento de los servicios, la contabilidad del ayuntamiento no permite determinadas... determinarlos de forma directa y automatizada, lo que resta fiabilidad a la información existente. Del importe total del coste de los servicios efectivos, 213 millones de euros, el 87 %, fue de gestión directa. Destacan los recursos destinados a los servicios de transporte colectivo urbano de viajeros, un 14 %, y al de Policía Local, el 13 %.

Los recursos destinados a la prestación de los servicios obligatorios absorbieron casi el 60 % del total de los costes efectivos. El ayuntamiento tenía establecidas en dos mil dieciséis diez tasas y treinta y tres precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas. Los ingresos previstos de las diez tasas analizadas en relación a los derechos reconocidos arrojaron un déficit de 1,2 millones de euros.

En cuanto al abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, el Pleno del ayuntamiento aprobó en diciembre de dos mil dieciséis la memoria que contiene la propuesta de gestión directa del servicio, a través de una entidad pública empresarial local. Según los informes técnicos incorporados al expediente, existía un déficit de inversión acumulada que no habría permitido mantener en estado óptimo de conservación y renovación las infraestructuras. En ese sentido, la modalidad de gestión elegida por la corporación municipal se justificó, entre otros factores, en base a una programación, a un programa de actuación plurianual de quince ejercicios en el que se contemplaban una serie de objetivos e indicadores de seguimiento. La entidad pública empresarial Agua de Valladolid, que comenzó su actividad en dos mil diecisiete, rindió las cuentas anuales de dicho ejercicio y las de dos mil dieciocho, formando parte de la Cuenta General del Ayuntamiento. Según la cuenta, el resultado de explotación fue de 13,4 millones de euros, que mejora las previsiones de la memoria, de 8,9 millones; sin embargo, no se acometieron las inversiones previstas para dicho ejercicio, cifradas en 11,9 millones, cuantía que se vio reducida a 1,5 millones, que, incluso sumada a los 1,4 millones asumidos por el propio ayuntamiento, arroja un total de 2,9 millones, en relación a los 13,4. Para el ejercicio dos mil diecinueve tenían previstas acciones inversoras por importe precisamente de 13,4 millones de euros.

Finalizo ya con el tercer y último apartado de conclusiones, relativo al análisis de las subvenciones concedidas.

El ayuntamiento en dos mil dieciséis reconoció obligaciones por un importe neto de 51 millones con cargo a los capítulos de transferencias. La mayor parte se destina a la financiación de sus entes dependientes, destacando las aportaciones a la Sociedad de Autobuses Urbanos de Valladolid, por un importe global de 17 millones, y a los organismos autónomos Fundación Municipal de Deportes, con 9.000.000, y Fundación Municipal de Cultura, con 6, que en conjunto representan más del 60 % del total de las transferencias.

En el ejercicio dos mil diecisiete se produjo un incremento del 6 % del gasto en subvenciones, alcanzando la cifra de 54 millones, lo que representa un 21 % del presupuesto de gastos, porcentaje idéntico al de dos mil dieciséis.

Ni el Ayuntamiento de Valladolid ni sus organismos autónomos disponían en dos mil dieciséis de plan estratégico de subvenciones, carencia corregida, sin embargo, el ejercicio siguiente, al aprobarse por el Pleno para los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. El Ayuntamiento aprobó en dos mil seis un reglamento de subvenciones y unas bases reguladoras para la concesión de las mismas, que, sin embargo, en cuanto a su contenido, contiene algunas determinaciones que no se ajustan a lo establecido en la Ley General de Subvenciones. En dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Valladolid gestionó 119 líneas de subvenciones; la Fundación Municipal de Cultura, 36; y la Fundación Municipal de Deportes, 20.

En cuanto al procedimiento de concesión, destacan las subvenciones nominativas, con un 74 % del total, seguidas por las de concurrencia competitiva, con un 16 %, y las tramitadas de forma indirecta con carácter excepcional, por su interés, bien sea público, social, económico o humanitario, que son... que significa el 10 % restante. Así se contradice el principio de la Ley General de Subvenciones, que establece la concurrencia competitiva como el procedimiento ordinario de la concesión de subvenciones. En las muestras seleccionadas se han detectado incumplimiento de determinados preceptos y requisitos en las distintas fases del procedimiento de subvenciones de forma directa y en régimen de concurrencia competitiva.

Durante los ejercicios dos mil dieciséis, diecisiete y dieciocho, la única actuación de control financiero realizada en materia de subvenciones es la referente a las subvenciones concedidas a entidades deportivas en dos mil quince.

Ni el ayuntamiento ni sus organismos autónomos fijaron en el ejercicio dos mil dieciséis indicadores de eficacia, de seguimiento o de ejecución o de resultados asociados a las líneas de subvenciones concedidas, que permitan, como es natural, valorar el nivel de... de consecución de los objetivos perseguidos.

Concluyo ya con una breve referencia a las recomendaciones, como consecuencia de las cincuenta conclusiones y de la opinión resultante del informe. El Consejo de Cuentas emitió -o ha emitido- doce recomendaciones, entre ellas:

Los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda deben incluir todos los entes del sector de las Administraciones públicas y también referirse a la situación de todas las entidades dependientes del sector de las sociedades de mercado.

Sobre el remanente de tesorería, debe incrementarse los esfuerzos para el cobro de los derechos pendientes de ejercicios cerrados o, en su caso, la depuración de dichos saldos.

En relación a la sostenibilidad financiera, el órgano de control interno debe elaborar anualmente un informe de evaluación de la normativa en materia de morosidad, dando cuenta al Pleno.

Sobre el coste de los servicios, la implantación por parte del ayuntamiento, a través del órgano de contabilidad, en su caso, de un sistema de contabilidad analítica, dotaría de mayor fiabilidad a la información en esta materia.

En cuanto a la prestación de los servicios del ciclo de agua, esta deberá orientarse a alcanzar los adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia, en coherencia con los planteamientos que motivaron la prestación del servicio mediante la entidad pública empresarial creada a tal fin.

Finalmente, en relación al análisis de las subvenciones concedidas, dada la relevancia económica de la actividad subvencional, se recomienda que el ayuntamiento adecúe el reglamento... el reglamento que ha establecido en materia subvencional a la Ley General de Subvenciones. Además, teniendo en cuenta la importancia de la base de datos nacional de subvenciones y que en la actualidad la misma opera como sistema nacional de publicidad, adquiere una especial relevancia que el ayuntamiento cumpla con las obligaciones de remisión de información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión recaídas.

El Ayuntamiento de Valladolid y sus entes dependientes también deberían examinar exhaustivamente los procedimientos seguidos para la tramitación de subvenciones, de tal forma que el procedimiento ordinario sea el de concurrencia competitiva y no el de concesión directa.

Y como última recomendación, los servicios gestores de subvenciones deben iniciar los procedimientos encaminados a regularizar cualquier situación en los expedientes comprobados mediante muestra para los que se han detectado, en su caso, incumplimientos de la normativa vigente.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias, señor presidente. Abrimos el turno a los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, doña María Teresa Gago López, por un tiempo máximo de diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario...

LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amilivia. Y buenos días, señorías. En primer lugar, agradecer al señor Amilivia y a todo su equipo técnico su labor de síntesis acerca de la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid del ejercicio dos mil dieciséis.

Como siempre decimos, esta labor que realiza el órgano al que viene a representar es una labor en pro de la transparencia de la situación presupuestaria, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid. Como saben, este informe está encaminado a conocer si se han cumplido o no los parámetros de estabilidad presupuestaria, cuál ha sido el destino del remanente de tesorería y analizar los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, de forma que se pueda verificar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

A mi grupo parlamentario le gustaría hacer hincapié en determinados asuntos que menciona en su informe, en concreto, y en referencia al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recalcarles que el ayuntamiento ha demostrado datos muy positivos en cuanto al cumplimiento objetivo de estabilidad presupuestaria frente a otras capitales. Por mencionar alguna cifra, decirles que el superávit se colocaba en 27,7 millones y el gasto se encuentra por debajo del límite de la regla prevista. El superávit ha sido destinado a inversiones financieramente sostenibles, a las amortizaciones anticipadas de deuda y a operaciones pendientes de aplicación al presupuesto. En concreto, y por ponerles algunos ejemplos, decirles que en el año dos mil dieciséis el remanente de tesorería fue positivo, siendo de hasta 3.000.000 el de la Fundación Municipal de Cultura o de millón y medio el de la Fundación Municipal de Deportes.

A este respecto, y conforme a la situación en la que nos encontramos, quiero recordarles que Ciudadanos ha mostrado el compromiso con los ayuntamientos al reclamar al Gobierno la flexibilización de la regla de gasto, con el objetivo de que estos puedan afrontar mejor la crisis económica y social que ha traído consigo el coronavirus. De esta forma, podrán utilizar el superávit generado para poder tomar medidas que ayuden a solventar las graves consecuencias que la crisis sanitaria ha desembocado.

En cuanto a los indicadores presupuestarios, en el caso de Valladolid, habla de un grado de ejecución de ingresos por debajo de la media de las capitales, y menciona que el gasto es muy similar. Afirma que los ingresos por habitante y gastos por habitante son sensiblemente inferiores a la media, al igual que los ingresos tributarios por habitante. Como bien sabe usted, mi formación política está defendiendo en estos momentos que no se incrementen los impuestos a los ciudadanos, es decir, que, si no pueden bajarse, al menos se congelen. Lo que nos llama la atención es que los gastos por habitante sean inferiores a la media.

Otro de los parámetros analizados en este informe es el referente al endeudamiento, sostenibilidad financiera y rendimiento de los servicios públicos. Bien, a este respecto, hemos observado datos favorables en cuanto a estos parámetros; es más, hablamos de que se ha registrado un período medio de pago por parte del ayuntamiento inferior a treinta días, volviendo a observar como este ayuntamiento ha manifestado un endeudamiento financiero con valores bastante inferiores al resto de las capitales de provincia de esta Comunidad.

Con respecto a la contabilidad del ayuntamiento, en lo que se refiere al coste y rendimiento de los servicios, el 87 % ha sido de gestión directa, destinándose recursos a los servicios de transporte colectivo, Policía Local, etcétera.

Para ir terminando con este parámetro, y antes de pasar a hablar de subvenciones, hacer una alusión a la entidad pública empresarial Agua de Valladolid, que arrojó en dos mil dieciocho un resultado de explotación de 13,4 millones de euros, mejorando así las previsiones de 8,9 millones que se contemplaban en la memoria inicial.

Pasaríamos ahora a tratar quizá el tema más problemático y sobre el que el Consejo de Cuentas emana recomendaciones concretas. Nos referimos a las subvenciones. Hablamos de un importe de 51 millones de euros destinados una parte de él a Auvasa, a la Sociedad de Autobuses Urbanos de Valladolid, y a la Fundación Municipal de Deportes o Fundación Municipal de Cultura. A este respecto, destacar como punto favorable que el Ayuntamiento de Valladolid en el año dos mil dieciséis, que por aquel entonces no contaba con un plan estratégico de subvenciones, lo corrigió en el ejercicio siguiente. Si bien es cierto que esto es favorable y destacable, también es verdad que este ayuntamiento tiene un reglamento de subvenciones que no se ajusta a lo que sería la Ley General en materia de Subvenciones. Esto implica que en cuanto al procedimiento de concesión destaquen las nominativas, cuando la ley establece que debería existir un procedimiento de concesión que sea de concurrencia competitiva. Igualmente, se han observado incumplimientos en cuanto a los preceptos y requisitos en las distintas fases de los procedimientos de concesión.

Por todo ello, consideramos que las recomendaciones aportadas por el Consejo de Cuentas no pueden ser más acertadas, y, por tanto, nos adherimos a las mismas, haciendo alusión a la recomendación que insta al Ayuntamiento de Valladolid a adecuar el reglamento a la Ley General de Subvenciones, así como la recomendación encaminada a la mejora de la prestación de los servicios del ciclo del agua para alcanzar adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia, entre otras, que también consideramos trascendentales, y esperamos que se tengan en cuenta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En representación del Grupo Popular tiene la palabra, por el tiempo máximo de diez minutos, don Salvador Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidente. Respecto al Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Valladolid, de determinadas áreas de Valladolid, ejercicio dos mil dieciséis, en primer lugar, poner de manifiesto que hay un cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, tanto en el informe previo a la aprobación de los presupuestos y cumplimiento de la regla de gasto como también en la liquidación presupuestaria. Se cumplió con esos requisitos.

Se pone de manifiesto la buena situación financiera del ayuntamiento, con un nivel de endeudamiento bastante bajo, que alcanza 107 millones de euros, respecto a... comparativamente con otros ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, y que se sitúa en un 43 % frente al límite legal establecido -una bajada muy importante-, y además con una utilización por parte del ayuntamiento del superávit, como ya se ha puesto de manifiesto, aparte de para financiar actuaciones financieramente sostenibles, para llevar a efecto amortizaciones anticipadas, que se pone de manifiesto en el importe por 12,2 millones de euros, que se llevaron a cabo en los ejercicios dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, en base a una aportación que ha hecho la Intervención del Ayuntamiento de Valladolid, lo que supone que el Ayuntamiento de Valladolid ha reducido sustancialmente ese nivel de endeudamiento que tenía a fecha de dos mil dieciséis.

La deuda de los entes dependientes, si la correlacionamos con el ayuntamiento, es un poco más elevada, efectivamente, porque alcanza los 16,6 millones, si bien tiene también una tendencia favorable, porque en el año dos mil diecisiete ascendía a 14,2 millones de euros.

La deuda comercial es prácticamente inexistente y cumple con el pago a proveedores con ratios inferiores a los treinta días.

Hay dos aspectos que pone el informe del Consejo de Cuentas que creo que son los únicos que podemos decir un poquito preocupantes, pero que tampoco van más allá de lo que sucede o ha sucedido en cuanto a las fiscalizaciones efectuadas en otros ayuntamientos, concretamente las que hemos visto en los últimos meses, relativas a los Ayuntamientos de Palencia y de Burgos, y seguramente que también serán coincidentes con las que podamos saber respecto a los informes de fiscalización que está efectuando el Consejo de Cuentas respecto a otros ayuntamientos capitales de provincia en la Comunidad.

En un caso concreto, creo que será coincidente, que es la relativa a las subvenciones, lo que se pone de manifiesto es que de los 51 millones de euros, y en cuanto a las líneas de subvenciones que mantienen tanto el ayuntamiento como sus entes dependientes, concretamente, 119 líneas de subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid, 39 la fundación... 36, perdón, de la Fundación Municipal de Cultura y 20 de la Fundación Municipal de Deportes, el procedimiento de concurrencia competitiva, que es el establecido como regla general en la Ley General de Subvenciones, solo se utiliza en el 16 %. Este es un elemento que creo -y lo he dicho antes- que se da en el conjunto de la Administración local, lo hemos visto... lo vimos en el último Informe de Fiscalización relativo al Ayuntamiento de Palencia. Es verdad que aquí el porcentaje es muy pequeño si lo comparamos con el 74 % que suponen las subvenciones nominativas.

Pero yo quiero poner de manifiesto un elemento que creo que también es importante y que se da en este informe de fiscalización, que es la situación del ente creado por el ayuntamiento para la gestión del ciclo del agua en la ciudad de Valladolid, y que, efectivamente, como ha puesto de manifiesto la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, arrojó un resultado positivo de 13,4 millones de euros, que era superior al que estaba contemplado en la memoria, de 8,9 millones de euros, porque, claro, lo afrontó bajo la premisa de no cumplir con las inversiones que tenía previstas, y creo que eso pone de manifiesto que se está planteando hacer lo contrario de lo que justificó la constitución del ente. Se planteaba un plan de inversiones para la mejora del ciclo del agua en la ciudad de Valladolid, y en ese ejercicio, concretamente, lo que se pone de manifiesto es que la inversión inicialmente prevista, que iba a favorecer al conjunto de los ciudadanos de la ciudad de Valladolid para la mejora de la gestión del agua, de los 13,4... de los once coma... perdón, de los 13,4 millones no se ejecutó prácticamente ni el 20 %, porque la inversión total en ese ejercicio alcanzó 1,5 millones por el ente y 1,4 por parte del ayuntamiento.

Yo lo que me pregunto es qué se estaría diciendo si esto que se ha hecho por una empresa pública lo... lo hubiese hecho una empresa concesionaria. Lo dejo como reflexión. Una empresa pública tiene previsto invertir 11,5 millones, no invierte prácticamente ni el 10 %, tiene un resultado positivo. Si eso hubiese sido en una empresa concesionaria, ¿se habría permitido? ¿Estaríamos cumpliendo la legalidad o estaríamos ante un importante escándalo en los medios de comunicación? Lo dejo como reflexión. Seguro. Pero aquí creo que se ve con normalidad. Creo que cuando el nivel de ejecución de inversiones es tan ínfimo, porque yo no digo bajo, es que es ínfimo... De la inversión prevista, de los 11,9, la empresa ejecutó 1,5, es decir, el 10,6 %. Fíjense lo que se estaría diciendo si la Junta de Castilla y León solo ejecutase el 10,6 % de la inversión prevista en el Presupuesto; el 10,6 % en el ejercicio. Lo dejó como reflexión. Cuando, además, la justificación para crear el ente era incrementar la inversión en el período de quince años.

En el resto de los parámetros creo que la solvencia económico-financiera está garantizada, y hay un cumplimiento evidente de la estabilidad presupuestaria, y la evolución de la solvencia y la situación económica de la Ayuntamiento de Valladolid es buena. Y creo que en cuanto a las subvenciones está como el conjunto de los ayuntamientos capitales de provincia. Lo que me llama la atención es la situación de ese ente creado y esa baja ejecución, que le permite presentar un resultado económico que es positivo pero que adolece de no ejecutar las inversiones, y que los perjudicados de ese resultado positivo económico del ente público no son otros que todos los ciudadanos de la ciudad de Valladolid. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, muchas gracias. Para concluir este primer turno, también por un tiempo de diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Laura Pelegrina Cortijo.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Saludar y agradecer al presidente del Consejo de Cuentas y a sus consejeros el trabajo realizado en el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid del período dos mil dieciséis.

Centrándonos en el grueso del informe, y en términos generales, el Ayuntamiento de Valladolid cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en cuanto a la liquidación del ejercicio de dos mil dieciséis.

El ayuntamiento en dos mil dieciséis contaba con un superávit presupuestario de 24,8 millones de euros, que fue aplicado a los fines previstos, según la normativa, a lo largo de dos mil diecisiete y dieciocho, y quedando pendiente de aplicar 5.600.000 euros, destinados a la cancelación anticipada de endeudamiento del año dos mil diecinueve.

El remanente de tesorería para gastos generales en dos mil dieciséis también fue positivo, de 41.400.000 euros, y utilizado en gran parte en dos mil diecisiete, destacando la dotación de créditos destinados a inversiones financieramente sostenibles vinculadas al superávit presupuestario de dos mil dieciséis, por importe de 15.900.000 euros.

También el Ayuntamiento de Valladolid ha cumplido con el límite de deuda o principio de sostenibilidad de la deuda financiera en la liquidación del presupuesto de dos mil dieciséis, y con creces, ya que los niveles de endeudamiento financiero en los últimos cuatro años, del quince al dieciocho, se han situado muy por debajo del límite máximo establecido en la norma legal, que es del 110 %, siendo el de Valladolid el del 43 %.

El Ayuntamiento de Valladolid también ha cumplido con la obligación de suministro de información de los informes trimestrales al Ministerio de Hacienda, a Función Pública, y publicación del período medio de pago, que es inferior a treinta días, situándose en 23,54.

Entrando en el detalle en cada una de las áreas, y según lo han estructurado a la hora de elaborar el informe, la que hace mención al área presupuestaria, tenemos que partir de un presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Valladolid para dos mil dieciséis de 286 millones, de los cuales corresponden al ayuntamiento, íntegramente, 261; el resto, a sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes.

En cuanto a la relación de la liquidación del presupuesto, cumplió en su conjunto, como ya he dicho, con los objetivos de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación y un superávit de 27,700 millones de euros, y también cumplió la regla del gasto. Partiendo de una capacidad de financiación o superávit de esa cuantía, el Ayuntamiento de Valladolid, y con los informes complementarios que desde la Intervención municipal se hacen llegar al Consejo, se ha verificado y acreditado el destino del superávit presupuestario, que ha sido destinado a inversiones financieramente sostenibles en dos mil diecisiete de 752.000 euros y en dos mil dieciocho de 11.100.000 euros; también a operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de dos mil dieciséis por 766.000 euros y a cancelar anticipadamente la deuda, en dos mil dieciocho por seis millones y medio, y en dos mil diecinueve por 5.600.000.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en dos mil dieciséis también fue positivo, y, tras los ajustes, tanto en los saldos de dudoso cobro como el exceso de financiación afectada, el resultado de tesorería para gastos generales ascendió a 41.400 millones, y a lo largo de dos mil diecisiete una parte importante del remanente de tesorería que mediante modificaciones presupuestarias han incorporado remanentes de créditos destinados a inversiones financieramente sostenibles, que suman 15.900.000 euros, quedando un remanente de tesorería disponible de 8.600.000.

En cuanto al exceso de financiación afectada, sí que me gustaría hacer al presidente una pregunta sobre las desviaciones positivas y negativas acumuladas en el ejercicio. Las pueden ver ustedes en el anexo 5 del informe.

Al margen de las desviaciones generadas con carácter local, son los proyectos de gasto cuyas competencias corresponden a la Junta de Castilla y León pero, sin embargo, son asumidas por los ayuntamientos, y en concreto me refiero a los servicios relacionados con el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, siendo estos los que acumulan el mayor volumen de desviaciones positivas y negativas. En cuanto a las correspondientes al año dos mil dieciséis, son desviaciones negativas... En cuanto a las correspondientes al año dos mil dieciséis, como decía, son desviaciones negativas. ¿Esto qué significa? Que, aun contando con financiación afectada, se liquidan las obligaciones sin haber recibido previamente los ingresos afectados, teniendo las entidades locales que adelantar los recursos precisos hasta que reciben la financiación acordada... Y le pregunto: ¿considera justo que las entidades locales tengan que adelantar los recursos hasta que reciban la financiación acordada por parte de la Junta de Castilla y León en un área y programas tan sensibles como lo son el servicio de ayuda a domicilio, las ayudas de emergencia, la inclusión social, el apoyo a familias o el destinado a los sueldos de los equipos de acción básica... social básica de los ayuntamientos? [La oradora sufre un ataque de tos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Hacemos un pequeño receso.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Creo que ya. Si me da, pues paro. Lo siento.

Y lo mismo ocurre con las positivas, ya que esta situación pone de manifiesto que la financiación recibida por parte de la Junta de Castilla y León, que genera una desviación positiva, corresponde a un ejercicio anterior ya cerrado, por lo que siguen prestando los servicios sin contar con la financiación adecuada. Si no es así, le agradecería que nos lo aclare.

En cuanto a los indicadores presupuestarios, a los anteriores portavoces se les ha debido olvidar hacer mención a que la presión fiscal en Valladolid, es decir, lo que pagan los vallisoletanos y las vallisoletanas, es inferior a la media de las capitales de provincia de nuestra Comunidad, y que, además, el ahorro neto está por encima de la media, y además tiene una menor dependencia de subvenciones de otras entidades.

También ha cumplido el Ayuntamiento de Valladolid con las obligaciones de información anual sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en todas sus fases, así como en la de las obligaciones de información trimestrales.

Respecto al endeudamiento y sostenibilidad financiera, el Ayuntamiento de Valladolid no solo ha cumplido con el límite de deuda o principio de sostenibilidad al situarse el capital vivo a cierre de dos mil dieciséis en 107 millones de euros, sino que además lo hace con un porcentaje de un 43 %, que está muy por debajo del límite establecido legalmente, del 110 %. Y, como ya he dicho anteriormente, con una tendencia paulatina de reducción de su deuda pública de los últimos años... de los últimos cuatros años, dos mil quince-dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Vamos a ver, si quiere hacemos un receso. Yo no tengo ningún problema.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

No. No pasa nada.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Lo que usted diga. [Murmullos]. Lo que usted diga. ¿Qué quiere, continuar?

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

No sé. [Murmullos]. No sé. [Murmullos].

No, sigo, sigo. [Murmullos]. No, no, no, no. Sigo. [Murmullos]. Sigo, sigo.

A ver, en cuanto a la sostenibilidad financiera, también se pone de manifiesto que cuenta con capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros... Me pongo nerviosa.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Hacemos un receso, venga.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Venga, pues continuamos. A ver si ya no vuelve a pasarla lo que la está pasando. Venga.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidente. Y disculpen, pero es... es muy molesto quedarte sin aire.

Bueno, en cuanto a los indicadores financieros del ayuntamiento, y con respecto a la media de las capitales de provincia, también destacar que son inferiores.

En cuanto al coste y rendimiento de los servicios públicos, el Ayuntamiento de Valladolid opta por la gestión directa de la prestación de los servicios, que representa el 87 % del coste, 212,8 millones de euros. El transporte colectivo urbano, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata de las personas en situación o riesgo de exclusión social y servicio de limpieza viaria son los prioritarios, junto con la Policía, como competencia propia, los que reciben más recursos.

En la relación... en lo relativo a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, el Ayuntamiento de Valladolid llevó a cabo la remunicipalización del ciclo del agua, cuya gestión pasó a ser directa por parte del ayuntamiento mediante la creación de la entidad pública empresarial Agua de Valladolid en julio de dos mil diecisiete, al considerar la corporación que la gestión directa es la que mejor se adapta al interés general.

Es evidente que es cuestión de modelos, y, al final, la gestión directa no solo permite conseguir la ejecución de las inversiones necesarias para el ciclo integral del agua, sino que además lo hace con la menor subida de la tarifa; garantiza la gestión del servicio porque cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios, tras la subrogación de la plantilla de la anterior empresa concesionaria; y, además, al ser la Intervención municipal la responsable de la potestad administrativa de gestión, liquidación y recaudación de los ingresos, se considera, tal y como dice el propio Consejo, como un exponente de eficiencia y de inexistencia de duplicidad de servicios.

Pero si a este hecho le sumamos que además existe el compromiso y la voluntad manifiesta tanto de acometer acciones inversoras mediante un plan financiero plurianual de previsión de inversiones, que fue objeto de alegación por parte del ayuntamiento a este informe, y que la existencia de un fondo solidario para garantizar a todos los ciudadanos el acceso al agua, así como las bonificaciones fiscales a favor de familias numerosas o pensionistas mayores de 65 años, es más que evidente que chocan frontalmente con el modelo de gestión de la anterior corporación municipal, que, tras veinte años de concesión del contrato de gestión, período durante el cual se recibió en concepto de canon de la empresa concesionaria 148,5 millones de euros, solo esa empresa... el ayuntamiento, en este caso, solo invirtió 32 millones de euros, que deberían haberse destinado e invertido en nuevas instalaciones de las redes de agua y saneamiento, y no se hizo, generando una descapitalización del servicio, un déficit de inversión acumulada y el abuso al que sometió a los municipios del alfoz tras la firma de los convenios sangrantes por utilizar la EDAR en Valladolid, que esta corporación sí que ha resuelto.

En cuanto al área de análisis de las subvenciones concedidas, el gasto en subvenciones y transferencias representan el 21 % del gasto total del ayuntamiento, y la partida más elevada corresponde al área de gasto de producción de bienes públicos de carácter preferente, con un 44,4 % y 23,6 millones, y corresponden a Sanidad, Educación, Cultura y Deporte, que muestran el compromiso del ayuntamiento con las áreas sociales una vez más, junto con las destinadas íntegramente a familias e instituciones sin ánimo de lucro.

Del total de las 175 líneas de subvención, 119 corresponden al ayuntamiento, 28 han sido en concurrencia competitiva y 119 han sido ayudas directas, de las cuales 79 se han concedido en base al Artículo 22.a) de la Ley General de Subvenciones -y, por tanto, figuran en los presupuestos municipales y bases de ejecución-, y 18 en base al Artículo 22.c) de la Ley General de Subvenciones, y que atienden a razones de interés público, social, económico y humanitario.

Coincidimos en este caso que el resto de los ayuntamientos de capitales de provincias en este caso son coincidentes en cuanto a las líneas de subvención, y habría que valorar el motivo o capacidad para adaptarse a las nuevas normativas por parte de las entidades locales. Y nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Muchas gracias. A ver si se la pasa ya la tos, pero bueno.

Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas para contestar las distintas intervenciones.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Bien. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, aprovechando la presencia, que ahora está aquí ya físicamente, de Emilio Melero, responsable del departamento de local, quiero hacerle otra vez la mención que hice al comienzo de mi intervención por este informe, yo creo que es un gran trabajo, así como también extenderlo al subdirector de Fiscalización Alfonso Vidal Delgado, que ha dirigido los trabajos.

Lamento el incidente de la portavoz del Partido Socialista. Yo en el mío perdí las gafas; se me empañaron tanto que al final hoy he hecho un esfuerzo para leer... para ver sin gafas, lo cual demuestra que podemos prescindir de ellas en muchas ocasiones, lo cual dicen que es muy bueno desde el punto de vista de la oftalmología.

Muy brevemente, porque yo creo que ustedes han hecho un resumen en sus intervenciones del propio informe que yo creo que es... que ha sido muy acertado. Sintéticamente, manifestar, en primer lugar, lo que es obvio, la buena situación económico-financiera del Ayuntamiento de Valladolid, que cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad. Una magnífica situación económica, objetivamente, que le ha permitido tener un importante superávit, acumular un importante remanente de tesorería para gastos generales, acometer inversiones financieramente sostenibles, y, sin duda, en el ámbito de la pandemia que estamos lamentablemente viviendo, podrá disponer de importantes remanentes que ha acumulado año tras año. Y, finalmente, objetivamente también, manifestar una deuda viva del 43 %, en relación al 110 %, que manifiesta una magnífica situación económica.

Desde otro punto de vista, como es común en el resto de los informes de las capitales de provincias, pero que también hay que incidir en ello porque es un capítulo muy relevante en materia de subvenciones, debe adecuar su normativa a la Ley General de Subvenciones, que no es una cuestión baladí, y también utilizar el procedimiento de concurrencia competitiva como procedimiento general y normal en la concesión de subvenciones.

Y en tercer lugar, como nota también más característica de este informe, que se ha señalado aquí, en relación al ente público que se ha creado para la explotación o para la gestión del servicio de agua del Ayuntamiento de Valladolid, señalar que para el ejercicio dos mil diecinueve sí tiene previsto el Ayuntamiento de Valladolid, al menos en la rendición de cuentas que hemos conocido, una... una inversión de 13,4 millones de euros. No tenemos todavía los datos que otros años podríamos tener ya de la Cuenta General de dos mil diecinueve rendida, porque, como saben, con... con motivo de la pandemia se ha extendido el plazo hasta el veintidós de enero del año veinte... veintiuno, perdón, y, por lo tanto, desconocemos esa información, pero la traeremos aquí en su momento; pero, reitero, hay una previsión del Ayuntamiento de Valladolid de acometer esas inversiones de esa empresa del Ayuntamiento Valladolid en el ejercicio dos mil diecinueve, ejercicio que todavía... del que todavía no tenemos ningún tipo de datos.

También mencionar que yo soy... yo siempre he sido partidario de que, además de este debate que se produce en esta Comisión, y además de agradecerles de antemano que vayan a apoyar las recomendaciones del propio informe, el informe, lógicamente, sea también de debate en el ámbito del propio ayuntamiento, porque son sus deliberaciones, y no las nuestras, las que pueden hacer que las recomendaciones se cumplan o no se cumplan, y que, por lo tanto, soberanamente, en el ámbito de la autonomía municipal, también yo creo que sería muy razonable y muy conveniente para todos, y especialmente para los vallisoletanos, que este debate fuera objeto de conocimiento y... por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid y también del consiguiente debate.

En relación a la pregunta que me ha formulado la portavoz socialista, pues, mire, cada transferencia vinculada tiene una concreta regulación jurídica, tiene una concreta normativa, y, por tanto, había que conocer por qué se produce eso, y, por otra parte, cuál es la regulación jurídica de esa transferencia vinculada. Hay transferencias positivas, hay transferencias negativas; hay transferencias, por otra parte, que el dinero depende de otras Administraciones, no solamente de la Administración directamente aceptada o convenida en esa transferencia. Y lo importante es que al final el resultado presupuestario sea cero, que sea de equilibrio.

Evidentemente, sí creo que es positivo, y eso no lo va a discutir nadie, que un ayuntamiento -y eso ocurre en casi todo el municipalismo en Castilla y León ahora- tenga capacidad de financiación, y es importante saber que el Ayuntamiento de Valladolid tiene capacidad de financiación de esas transferencias.

Por mi parte nada más, y muchas gracias a todos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Pues muchas gracias, presidente. ¿Por parte de algún grupo se va a utilizar el turno de réplica? Bien. De conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar, ante la Mesa de la Comisión, propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el diecinueve de noviembre a las catorce horas.

Vuelvo a reiterar, dar las gracias al presidente, a los distintos consejeros, a don Miguel Ángel Jiménez, a don Emilio Melero, a los distintos técnicos que les acompañan, a los subdirectores de Fiscalización; agradecer el trabajo, tal y como se ha puesto aquí de manifiesto, y el esfuerzo que se está haciendo con todas estas comparecencias, con estas quince comparecencias, con estos 44 informes, y que estamos actualizando mucho todos estos informes que estaban ahí pendiente. De verdad, muchas gracias por ese esfuerzo.

Y, como no hay más asuntos, levantamos la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos].