DS(C) nº 345/10 del 22/4/2021

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Recuerdo a los señores procuradores lo que ya ustedes conocen, los criterios fijados por la Cámara y por las autoridades sanitarias en cuanto a uso de mascarillas, salvo que haya una razón justificada.

¿Por parte de los grupos políticos hay alguna sustitución que dar a conocer a esta Presidencia? ¿Partido Socialista? Ninguna. ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? Vale, bien.

Propuesta de modificación Plan Anual de Fiscalizaciones

Primer punto del orden del día. Debate y votación de la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el segundo período de sesiones del año dos mil veintiuno (febrero-junio), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 222, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

Al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, aprobado por esta Comisión de Economía y Hacienda en su sesión de once de febrero de dos mil veintiuno, se ha presentado para este período de sesiones, y ha sido admitida a trámite, la siguiente propuesta de modificación, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone la inclusión al plan de dos nuevas fiscalizaciones especiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, apartados 3.1.7 y 3.1.8.

De conformidad con lo establecido en la norma duodécima de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por la que se aprueban las normas para la tramitación parlamentaria de dicho plan anual, comenzaremos con la lectura del informe del Consejo de Cuentas que, en relación con las propuestas presentadas, ha adoptado el Pleno del Consejo de Cuentas.

Doy la palabra al señor secretario para que dé lectura al informe adoptado por el Consejo de Cuentas. Tiene la palabra.

EL SECRETARIO (SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ):

Buenos días, señor presidente. Muchas gracias.

Informe de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León relativo a las propuestas de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones, ejercicio dos mil veintiuno.

El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (publicado en el Boletín de las Cortes del día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno) tuvo entrada en este Consejo de Cuentas escrito del presidente de las Cortes de Castilla y León, remitiendo la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, para que, en aplicación de lo dispuesto en la Norma Novena de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de Cuentas manifieste, en el plazo improrrogable de diez días hábiles, su criterio respecto a las mismas, pronunciándose sobre la trascendencia o los condicionamientos de tres modificaciones respecto a la ejecución del citado Plan.

El Pleno del Consejo de Cuentas considera oportuno emitir el presente informe dando respuesta a la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El actual Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno fue aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en su sesión del día once de febrero de dos mil veintiuno, dicho Plan contiene un total de 4 fiscalizaciones de carácter legal y 6 fiscalizaciones especiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma y 24 especiales en el ámbito local, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 del ROF, agota la capacidad de fiscalización del Consejo de Cuentas en este tiempo. La... la fundamentación amplia del Plan se recoge en su exposición de motivos, así como en la comparecencia del presidente ante la Comisión de Economía y Hacienda que consta en el diario de sesiones y se da por reproducida íntegramente.

Además de las fiscalizaciones nuevas incluidas en el Plan, se recogen 17 fiscalizaciones en vigor procedentes de planes anteriores, lo que representa un total de 51.

La prioridad en la realización de cada una de las fiscalizaciones es competencia de cada uno de los Consejeros. En todo caso, parece necesario destacar que las fiscalizaciones de carácter legal tienen prioridad en su realización, sin perjuicio de las prioridades que puedan marcar el Pleno a indicación de las Cortes. En cuanto a las fiscalizaciones que se realizan a petición o en colaboración con el Tribunal de Cuentas, entendemos que tienen que tener un tratamiento especial, en vista a que esta Institución no quede descolgada de las fiscalizaciones horizontales impulsadas por el Tribunal de Cuentas en todo el territorio nacional.

Cualquier modificación de adición a este Plan, sin perjuicio de su necesaria asunción por parte del Consejo y de la capacidad de dirección que corresponde a cada consejero a la hora de priorizar su puesta en marcha, implicará sumar tiempo total a esta ejecución y condicionará la capacidad fiscalizadora del Consejo.

Se considera que la propuesta de enmiendas del Plan Anual de Fiscalizaciones entran dentro del ámbito de la función fiscalizadora acotado por la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas.

Boletín Oficial de las Cortes de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. El Grupo Parlamentario Socialista. Se propone la inclusión de dos nuevos apartados, el 3.1.7 y 3.1.8 (Fiscalizaciones especiales. Ámbito de la Comunidad Autónoma) en el Plan de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno con el siguiente contenido:

El punto 3.1.7, Fiscalización de la... de la licitación del contrato de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de concesión de obra pública, para la construcción y explotación del Hospital de Burgos (2006), así como de los modificados que hubiera sufrido dicho expediente y la ejecución del mismo.

Se trata de fiscalizar este contrato de importante cuantía -la licitación en dos mil dieciséis ya ascendía a doscien... a 231.745.812 euros-, sus modificados, que han supuesto importantes sobrecostes, y la ejecución del mismo cuyo coste anual ha sufrido importantes incrementos y que ha supuesto para las arcas de la Administración autonómica un coste añadido, por el pago del canon, desde el dos mil veintiuno por importe de 710.849.041,67 euros.

El contrato inicial fue fiscalizado por el Consejo de Cuentas en el "Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios dos mil seis y dos mil siete2.

La imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, así como sus vicisitudes se ha venido reflejando en los informes de la Comunidad Autónoma de los ejercicios dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.

La concesión de un aval a la concesionaria por parte de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, Sociedad Anónima, se verificó en el informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del año dos mil once, y se ha venido reflejando desde entonces. En el Informe de la Comunidad Autónoma de dos mil catorce consta también análisis de alguno de los pagos a la concesionaria que entraron en la muestra.

En los distintos modificados -entre paréntesis- (menos uno) constan informes favorables del Consejo Consultivo.

Su contenido puede ser coincidente, al menos en parte, con el informe -entre comillas- "Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma" contenido en el PAF 2018 aprobado.

Al incluirse todos los modificados del contrato, así como la ejecución del mismo sin restricciones temporales, se estima un plazo desde la comunicación inicio de los trabajos hasta la aprobación del informe definitivo de al menos doce meses.

El punto 3.1.8, Fiscalización y análisis de la aplicación de los recursos económicos adicionales recibidos por la Administración Autónoma como consecuencia de la COVID-19.

Se trata de fiscalizar el total de los ingresos percibidos por la Administración Autonómica, desde el Gobierno de España, como consecuencia de la pandemia y la aprobación de que dichos ingresos han sido aplicados al destino para el que fueron concedidos y transferidos.

El apartado 3.1.5 del PAF 2021 se recoge el "Análisis económico financiero del impacto de la COVID en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, específicamente las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública".

De la descripción del trabajo, y sin perjuicio de su definición por el Pleno del Consejo en las Directrices Técnicas, se deduce que dentro de los objetivos se encontraría precisamente el análisis de los recursos económicos adicionales recibidos por la Administración Autonómica como consecuencia de la COVID-19. A la hora de realizar este... ese análisis puede considerarse incluido como un área del futuro plan o tramitar como un informe separado desgajado del original, sin perjuicio de que se eleve al Pleno la conveniencia de valorar su tramitación de forma conjunta para dar una visión completa de la situación económico financiera de la Comunidad.

De acuerdo con lo... perdón, de acuerdo con lo expuesto se considera que la inclusión en el PAF 2021 de la modificación de la inclusión del apartado 3.1.8 no afectaría de forma significativa a la ejecución del PAF 2021.

Tras el examen de la propuesta de modificación remitida por la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, el consejero Emilio Melero se ausenta de la votación respecto a la fiscalización del Hospital de Burgos. Los Consejeros hicieron una nueva reflexión sobre esta fiscalización, quedando pendiente de los resultados del informe que se está elaborando de "Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma" y ver la posibilidad de introducir una nueva fiscalización, en su caso, con el contenido a determinar en el momento oportuno.

El Pleno del Consejo de Cuentas adopta el siguiente Acuerdo:

Dar traslado del contenido del presente informe a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, manifestando:

Que la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones entra dentro del ámbito de la función fiscalizadora acotado por la Ley /2002 del Consejo de Cuentas.

Que el Plan Anual de Fiscalizaciones para el año dos mil veintiuno agota la capacidad de fiscalización del Consejo de Cuentas y que la adición de nuevas fiscalizaciones afectará a la programación de los trabajos para el año dos mil veintiuno.

Poner de manifiesto que sería necesario que por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León se marquen las prioridades de las nuevas fiscalizaciones que se acuerde introducir en el Plan de dos mil veintiuno con vistas a facilitar una nueva programación de los trabajos. Una vez que se realice la nueva programación de los trabajos el Pleno del Consejo se lo comunicará a la Comisión de Economía y Hacienda.

Y para que así conste, expido la presente en Palencia, a la fecha de la firma electrónica, con el visto bueno del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien, muchas gracias. Vamos a proceder al debate de la propuesta de modificación presentada. Para ello, damos la palabra, y para la defensa de la misma, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora doña Rosa María Rubio Martín, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos, señorías. Mi grupo parlamentario presentó en tiempo y forma alegaciones al Plan de Fiscalizaciones elaborado por el Consejo de Cuentas para el año dos mil veintiuno, y lo hicimos desde el convencimiento que tenemos de que el Consejo es el responsable de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de nuestra Comunidad y, por tanto, puede y debe realizar un análisis sobre la legalidad, regularidad, eficacia y eficiencia del uso y gestión del dinero público.

Reiteradamente mi grupo parlamentario ha manifestado el desasosiego que nos produce que el dinero de todos y todas las castellanas y leonesas esté gestionado por esas manos.

Pues bien, hemos presentado dos propuestas de modificación. La primera, el contrato de licitación, con todos sus modificados, del Hospital de Burgos. Esta propuesta de fiscalización la venimos realizando desde el año dos mil quince, ya que entendemos sin ningún género de dudas que la misma debe llevarse a cabo, a pesar de que, tal y como consta en el informe que ha elaborado el Consejo de Cuentas y del cual se ha dado lectura aquí esta mañana, informen que se ha fiscalizado el contrato inicial y también algunos de sus modificados. Entendemos, como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, que no se puede fiscalizar a trocitos un contrato de esta envergadura, y que... con estas consecuencias tan nefastas para las arcas de la Junta y, por ende, para toda la ciudadanía de nuestra Comunidad.

Voy a efectuar un breve recorrido por la historia del HUBU. Se licita allá por el año dos mil seis, con un importe inicial de más de 230 millones de euros; se modificó tantas veces que se superaron los 500 millones de sobrecoste -528 millones concretamente-, más del doble de lo que se presupuestó inicialmente. Es el hospital más caro de toda Castilla y León. Nos acabará costando a todos más de 2.000 millones de euros en treinta años, canon incluido, porque se paga -pagamos- un canon que se supera los 80 millones al año. Solo de canon, hemos pagado desde el año dos mil doce casi 711 millones de euros.

Los intríngulis de la obra faraónica del expresidente Herrera, ese que dijo que este hospital iba a ser barato, sin deuda pública y de construcción rápida. Tres mentiras en una; se lució Juan Vicente. Pues le hemos llegado a pagar 34 millones de euros a la empresa adjudicataria por su propio retraso en las obras. Se riza el rizo: pedimos un préstamo de 100 millones de euros para prestárselo a la propia constructora, es decir, nos endeudamos nosotros para darle el dinero a la constructora a la cual le pagamos por construir el hospital y, además, año a año, un canon por usarlo. Un negocio redondo, redondo para la constructora, y concesionaria, digo, porque para los castellanos y leoneses, una ruina.

Un hospital que se amuebló y dotó con mobiliario y equipamiento del antiguo hospital público, que se inunda cuando llueve, que se paga por... por aparcar. Un hospital del cual se constituyó una Comisión de Investigación, esa Comisión que concluyó y lo definió como un proceso "oscuro, irregular y plagado de sospechas". Estas palabras se dijeron entonces con rotundidad por los hoy difuntos y vendidos al PP, los Ciudadanos. Pues eso, que hay más que sobradas razones -y cada año que pasa, más aún- para fiscalizar este contrato, esta licitación, estos modificados, en fin, este hospital.

Me agrada también -y lo quiero decir- leer en el informe del Consejo lo siguiente: "Los Consejeros hicieron una nueva reflexión sobre esta fiscalización, quedando pendiente de los resultados del informe que se está elaborando del ‘Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma’ y ver la posibilidad de introducir una nueva fiscalización". Es decir, comparten nuestra visión sobre el tema y trasladan a un futuro la fiscalización propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero lo cierto, porque así se establece en el procedimiento legal previsto, es que es esta Comisión quien decide, mediante la votación, la inclusión en el Plan de Fiscalización para dos mil veintiuno la fiscalización del HUBU, que nosotros, por supuesto, el Grupo Socialista, mantenemos.

En segundo lugar, se ha propuesto la fiscalización y análisis de la aplicación de los recursos económicos adicionales recibidos por la Administración autonómica como consecuencia de la COVID-19. Ante la peor crisis que hemos vivido en los últimos 50 años, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, creó y dotó el mayor fondo en la historia económica de nuestro país: 16.000 millones de euros a fondo perdido para combatir la pandemia del COVID y atajar sus devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, laborales y económicas.

Como es sabido y conocido, a la Junta de Castilla y León han llegado durante el año dos mil veinte 1.015 millones de euros del Gobierno de España, de los cuales más de 843 millones de euros procedieron de ese fondo, con la siguiente distribución por tramos y objetivos claros. Gastos sanitarios, educativos y para compensar la disminución de ingresos por la pérdida de recaudación: tramo 1, llegaron 349 millones; tramo 2, llegaron 195 millones; tramo 3, llegaron 84 millones; y tramo 4, llegaron 214 millones de euros.

Y cuál ha sido nuestra sorpresa ahora, que viene la Junta de Castilla León con sus datos oficiales y reconoce que la cantidad correspondiente a gasto sociosanitario derivado de la COVID-19 ha ascendido a 478 millones de euros. O sea, el señor Mañueco y el otro, el señor Igea, reciben 843 millones y se gastan 478; con todas las carencias que tenemos, con todos los problemas que tenemos, y no se gastan en los castellanos y leoneses todo el dinero que les llega para ayudarnos. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿En qué se lo han gastado y cómo se lo han gastado?

Y, miren, señorías, el Partido Socialista no vano... no en vano, por la trayectoria en la Junta del Partido Popular, ya propuso en sede parlamentaria, allá por el mes de octubre, que se creara un órgano no exclusivamente político para controlar los ingresos procedentes del Gobierno de España por motivo de la COVID-19; pero con una finalidad muy clara, que es la de controlar la aplicación de esos ingresos, es decir, comprobar que el destino de ese dinero fuera precisamente para el que fue creado e iba destinado. La moción no prosperó porque no fue apoyada por las derechas, la "a" y la "b". Es más, recuerdo perfectamente que el procurador de la bancada del Partido Popular alegó que para eso estaba el Consejo de Cuentas, y miren por dónde, que ya dice el refrán "no pidas lo que deseas, porque igual se hace realidad. Pues aquí estamos, en el momento en que vamos a votar que el Consejo de Cuentas fiscalice cada euro que ha llegado a la Junta de Castilla y León por motivo del COVID-19 y saber si se ha destinado al objetivo que se pretendió cubrir, es decir, analizar, fiscalizar los ingresos y la aplicación de esos ingresos.

Y ya en su momento y se lo reitero ahora que nuestra solicitud tiene la base en la obligación que tiene la Junta de Castilla y León ante la sociedad, ante la ciudadanía y ante estas Cortes de justificar los ingresos recibidos para destinarlos a actuaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 y a ninguna otra cosa.

Y miren, señorías, mi grupo parlamentario tenía meridianamente claro desde el minuto cero que esta fiscalización se tenía que realizar, pero, al conocer los datos del cierre del ejercicio, más aún, porque la Junta ha cerrado las cuentas del dos mil veinte con superávit, la primera vez en diez años; un superávit de 24 millones de euros, el 0,04 % de nuestro PIB. El año dos mil diecinueve se cerró con un déficit de 433 millones; el dos mil dieciocho, con 144 millones; y en el dos mil diecisiete, con 541 millones de euros de déficit.

Y así podría seguirle dando los datos de los... de los últimos diez años. Pero parece ser que ha tenido que llegar Pedro Sánchez para que la Junta de Castilla y León no cierre sus cuentas con déficit, porque en el dos mil veinte, el año que más hemos necesitado la ayuda de la Junta de Castilla y León, el peor año de nuestra historia, y la Junta cerrando sus cuentas con superávit, cuando lo que están cerrando son los negocios y las empresas de nuestra Comunidad, de nuestra tierra, por las decisiones que toman, motivadas por la pandemia, los dirigentes de la Junta de Castilla y León: en lugar de invertir hasta el último euro, hasta el último céntimo, en nuestra gente, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestras pymes, en nuestros autónomos, en nuestras familias, han guardado el dinero en un cajón. Y todo esto sin una explicación por parte de la Junta, porque no la tienen.

Pero, encima, hay que escuchar las declaraciones del señor consejero de Hacienda, el señor Carriedo, diciendo que la Junta ve insuficientes los 900 millones recibidos del Gobierno contra el COVID. Pero insuficientes, ¿para qué, para hacer caja? Porque ni se han gastado el que les ha llegado; no lo han invertido en quien debían, en los castellanos y leoneses; y dicen que son insuficientes. Miren, señorías, lo que sí son suficientes son las razones para fiscalizar desde el primer euro hasta el último que ha entrado en las arcas de la Junta de Castilla y León procedentes del Gobierno de España.

Y termino ya con lo que informa el Consejo de Cuentas sobre esta fiscalización, donde dice claramente que se considera que la inclusión de la fiscalización propuesta en las alegaciones por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil veintiuno no afectaría de forma significativa a la ejecución del plan, dando así el visto bueno a esta segunda parte de las alegaciones presentadas.

Esperando contar con el voto favorable de los grupos parlamentarios aquí presentes, nada más por ahora. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones respecto a esta propuesta, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Mariano Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien, lo que se debate aquí es un... una propuesta del Partido Socialista donde se implica o se intenta buscar dos nuevas fiscalizaciones.

En primer lugar, la primera reflexión es que fiscalizar en sí es algo en lo que probablemente estemos todos de acuerdo, es decir, en la necesidad de que el Consejo de Cuentas, en este caso, fiscalice el dinero público yo creo que es algo que está fuera del debate y en el que todos podemos estar de acuerdo.

La segunda parte de esa reflexión es que podemos entender incluso también las reticencias del propio Consejo de Cuentas en tanto en cuanto habla de que determinadas necesidades u obligaciones ya... ya de alguna forma predispuestas implica que, probablemente, no tenga el tiempo necesario para ampliar esas fiscalizaciones, o esa duda que plantea el respecto a nuevas fiscalizaciones, pero, claro, entenderán ustedes también que, en una situación como la que estamos viviendo, y en un momento como el que estamos viviendo, parece evidente que existen determinadas necesidades que no pueden, desde luego, minusvalorarse porque existan alguna, digamos, fiscalización anterior o hayan existido retrasos anteriores en ejercicios anteriores. Eso ya sería otro problema de ver exactamente por qué se ha producido ese retraso en determinadas fiscalizaciones y por qué en estos momentos alguien puede plantear que no se admitan nuevas fiscalizaciones por ese retraso, ¿no?

Miren, lo que plantea el Partido Socialista son dos puntos muy claros. Es decir, por una parte, fiscalizar todo aquello referido a los últimos tiempos sobre el Hospital de Burgos, que parece evidente que es recomendable. Y digo que es recomendable porque hay dos circunstancias fundamentales respecto a este Hospital de Burgos, sin entrar en disquisiciones políticas ni ideológicas; es decir, todos podremos reconocer, porque es una evidencia, que esta... que este hospital, que esta infraestructura, ha tenido una Comisión de Investigación en esta... en estas Cortes, lo cual plantea que existen ciertas dudas de cómo se ha generado, de cómo se ha distribuido, de cómo se ha ejecutado todo ese proyecto. Por lo tanto, si ya de antemano reconocemos con esa Comisión de Investigación que pueden existir determinadas cuestiones que no son, digamos, muy claras, y estamos hablando de... de inversiones de dinero público, parece también aconsejable que, en estos momentos, todos podamos estar de acuerdo en que sería recomendable esa fiscalización.

La segunda cuestión que yo creo que es importante cuando se habla del Hospital de Burgos o cuando se habla de esta nueva fiscalización es que tenemos que tener en cuenta que ya el señor Juan Vicente Herrera, y ya en muchas de las preguntas e interpelaciones que se hicieron en la pasada legislatura, ya reconoció que la cuestión del Hospital de Burgos era una cuestión, una situación excepcional; una situación excepcional en una situación donde no existía... en palabras de él, no sé si eran ciertas o no, pero no existía determinadas posibilidades de inversión de dinero público y se establecía un sistema un poco especial -digámoslo así-, un poco especial y poco claro a la hora de financiar esas inversiones.

Por lo tanto, si, fíjense, ya hemos llegado a la conclusión de que había una Comisión de Investigación, hemos llegado a la conclusión y al propio reconocimiento del propio expresidente de esta Comunidad Autónoma donde decía que era una situación excepcional, que no era una cuestión normal, hombre, yo creo que a nadie se le escapa que parece recomendable que se audite de esta forma, y que se audite de forma global, para saber realmente cuál son las circunstancias que... que se aplican en torno a ese proyecto de inversión de hospital... de hospital público, más allá de análisis o más allá de análisis de todos los hospitales públicos; es decir, yo creo que tiene la suficiente enjundia para intentar hacer una fiscalización propia de ese... de ese hospital, ¿no? Por lo tanto, nosotros solo podemos estar de acuerdo con ello.

Respecto al segundo punto, cuando se habla de la fiscalización de los recursos económicos adicionales recibidos por la Administración autonómica como consecuencia del COVID-19, hombre, yo creo que más excepcional que esta situación, más excepcional que la situación que estamos viviendo, más excepcional que la pandemia sanitaria, más excepcional que esta situación, no va a haber nada, por lo tanto, yo creo que a nadie se le escapa la necesidad de saber exactamente qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado con ese dinero.

Pero, fíjense, a nosotros nos interesa también saber si, de todas esas inversiones públicas que se dicen que han llegado del Gobierno central y que la Junta ha podido o... o ha podido invertir, se encuentran también la cofinanciación de proyectos tan estúpidos como el Arca de Noé, o la rehabilitación de alguna infraestructura sanitaria en Valladolid, o el... la... digamos, la... la apertura o la rehabilitación o la puesta a disposición del Recinto Ferial de Valladolid, que nos parecen inversiones realmente estúpidas, generadas de una forma poco sensible, y que, al final, nos gustaría saber si ese dinero público que se ha recibido se ha dedicado también a colaborar en esa cofinanciación. Y estos son pequeños ejemplos de una gestión pandémica, desde luego, que se puede catalogar de muchas cosas, de muchas formas, pero desde luego no de una forma, digamos, generosa en cuanto... en tanto en cuanto los resultados al final de... de ese proceso, ¿no?

Y, fíjese, nosotros no nos fiamos absolutamente -y...y quiero incidir en esta idea- de la gestión que ha realizado la Consejería de Sanidad: no nos fiamos porque hemos observado durante todo el proceso que existen muchísimas disfunciones; porque hemos observado que no se ha valorado absolutamente el trabajo de los sanitarios; porque seguimos viendo como se está produciendo determinados desajustes en el sistema sanitario público de Castilla y León. Y como eso se está produciendo, pues entendemos que no sería nada ilógico realmente empezar a hablar de un nuevo plan de fiscalización en estos momentos con respecto a estos fondos.

Y, miren, la tercera razón, la tercera razón, fundamental: porque no queremos entrar en la disquisición ni en el debate sobre si es verdad lo que dice el Partido Socialista de que han llegado 800... ochocientos y pico millones de euros; y no queremos entrar en el debate de si es verdad que la Junta solo ha invertido esos 400. Queremos saberlo. No queremos ese debate político, porque es un debate numérico, es un debate perfectamente cuantificable, y la forma de cuantificar quién dice la verdad, si ha llegado ese dinero, si se ha ejecutado ese dinero, no hay otro debate mejor que una auditoría y una fiscalización de esos... de esos dineros, ¿no?, de esos dineros públicos. Por lo tanto, a nosotros nos parece perfectamente asumible.

Podemos entender que la carga de trabajo del Consejo de Cuentas sea importante. Podemos buscar fórmulas para ayudar, de alguna forma, pues generando igual recursos humanos o generando alguna posibilidad para que ellos puedan de alguna forma desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Pero lo que sí tenemos claro es que, desde el punto de vista político, nuestra obligación es, desde luego, fiscalizar absolutamente todos estos gastos. Y, por lo tanto, vamos a apoyar la proposición o el debate... o la proposición, sobre todo, de fiscalización que plantea el Partido Socialista. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, durante un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Blanca Delia Negrete.

LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Muchas gracias, presidente. Y buenos días a todos, señorías. Hoy venimos a debatir aquí dos peticiones, señorías del Grupo Socialista, que no puedo menos que decirles que, si no fuera por la segunda, nos encontraríamos ante el día de la marmota. Fíjense que estamos en el Plan Anual de Fiscalizaciones del año dos mil veintiuno y llevan haciendo la petición 3.1.7 desde el año dos mil quince. ¿Qué pasa, que no se cansan de repetir siempre lo mismo? ¿No se cansan de que les argumentamos sobradamente nuestra postura, más que razonable, de por qué no se la votamos en contra? Parece que no. Así que, una vez más, les voy a responder.

Sí, soy burgalesa; sí, sé sobradamente la inversión que se realizó en la construcción del HUBU, las modificaciones que sufrió y los sobrecostes que el mismo supuso para las arcas públicas de nuestra Comunidad. Y, efectivamente, señorías, el señor Mitadiel, miembro de mi grupo parlamentario, lideró la Comisión de Investigación y el informe final que se extrajo tras la Comisión; y sí, señorías; sí, señora Rubio, lo conozco muy bien. El señor Mitadiel presentó una demanda tras observar irregularidades muy cuantitativas. Y es así, señorías, existen contratos y condiciones leoninas, atadísimas, que no nos permiten en estos momentos modificar aquellos aspectos de condicionado que nos gustaría revertir.

Estos... en estos momentos de pandemia, de grandes dificultades sanitarias, debemos poner como primera prioridad a los pacientes, a la asistencia de los pacientes, y esto es lo que debe de primar por encima de todo, y esto es lo que hace la Consejería.

Es evidente que hubo excesos de gasto en la construcción del HUBU, pero es algo que, aunque no nos guste, ya ha pasado; es pasado y el pasado no nos ocupa, ahora nos ocupa el futuro. Toca ser responsables, mirar hacia delante e intentar que la gestión de los servicios que se prestan a día de hoy sea la más eficiente posible.

Se trata de un hospital en parte gestionado por iniciativa privada, y lo realmente importante, es decir, el personal sanitario, son médicos, enfermeras y especialistas que son personal público, personal del Sacyl. El trabajo de estos propios... de estos profesionales y la gestión que se realiza en el hospital es buena a día de hoy y, por tanto, no está previsto ningún cambio.

En cuanto a la famosa reversión de la gestión privada a pública del HUBU, no creemos que sea precisamente ahora el mejor momento. Supondría un coste altísimo, millones de los que ahora mismo no disponemos, porque la financiación de la que ahora disponemos va destinada, como no puede ser de otra forma, a ofrecer un servicio de asistencia lo más favorable posible para los pacientes que acuden a este hospital.

No obstante, por parte de la Consejería, sí que se explora las distintas opciones, es decir, el de indemnizar a la empresa con el lucro cesante -que no creo, señora Rubio, que valga todo a costa de todo, y usted tenga a bien ahora que la Junta asuma también este sobrecoste, que en definitiva lo vamos a pagar entre todos los castellanos y leoneses-, y la otra alternativa, que es la compra de acciones, que necesita unanimidad por parte del Consejo de Administración. Y el señor Mitadiel, ya lo he dicho, opina lo mismo que opinaba hace años, cuando con... firmó el dictamen y cuando era Oposición. Pero el tema es que a cualquier precio esto no se puede hacer.

Por otro lado, y como les enunciaba, ustedes están en un... solicitando en esta propuesta la elaboración de un informe de fiscalización del HUBU que el Consejo de Cuentas ya realizó. Durante los años dos mil seis y dos mil siete este organismo realizó el pertinente informe acerca de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad. La imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, así como sus vicisitudes, se han venido reflejando en los informes de la Comunidad de los ejercicios dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince.

Pero es que aquí no queda todo. Ya les dijimos que la concesión de un aval a la concesionaria por parte de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, S. A., se verificó en el Informe de la Cuenta General de la Comunidad en el dos mil once y se ha venido reflejando desde entonces. En el informe del dos mil catorce consta también el análisis de alguno de los pagos de la concesionaria que entraron en la muestra. De los distintos modificados llevados a cabo constan informes favorables del Consejo Consultivo. Por lo que, señorías, si con esto no les queda claro que las diferentes instituciones, como el Consejo de Cuentas o el Consejo Consultivo, ya han elaborado los pertinentes informes acerca de esta cuestión es porque no lo quieren ver, es porque no lo quieren oír, y no podemos quitarles la venda que ustedes voluntariamente se colocan para politizar esto.

Con respecto a la segunda petición, de la fiscalización referente a la elaboración de un informe en el que se haga un análisis de la aplicación de los recursos económicos adicionales recibidos por la Administración autonómica como consecuencia de la COVID-19, decirles que el Consejo de Cuentas, en la exposición que realizó ya el pasado once de febrero en esta misma Comisión, ya declaró que dentro de las fiscalizaciones especiales del plan anual se va a contemplar la fiscalización de los contratos que hayan traído causa en la pandemia, además de otra referente al análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la misma circunstancia que menciono. Se hará análisis económico financiero del impacto de la COVID-19 en las cuentas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Todo ello a nivel autonómico, señorías. Pero es que a nivel local se verificará también el destino que las entidades locales han dado a los fondos recibidos específicamente.

Por todo ello, entenderán nuestra postura de la votación en contra de sus propuestas de modificación del Plan Anual de Fiscalización del ejercicio dos mil diecinueve. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Para terminar en este turno de fijaciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Salvador Cruz, durante un tiempo de diez minutos.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Para fijar la posición, que de sobra es conocida, del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas que presenta el Grupo Socialista al Plan Anual de Fiscalizaciones, en la que pretende incorporar dos fiscalizaciones.

Una, que, como ha puesto de manifiesto la portavoz del grupo Ciudadanos, que me ha precedido en el uso de la palabra, es más que reiterativa, lleva presentándose sistemáticamente desde hace ya seis años, y en el que el Consejo de Cuentas viene también reiteradamente poniendo de manifiesto que ese contrato, por mucho que algunos se empeñen en decir que no se fiscalizó, se fiscalizó, lo pone de manifiesto el informe, como se fiscaliza toda la contratación de la Junta de Castilla y León, ejercicio tras ejercicio, en el informe que el Consejo de Cuentas tiene que efectuar por mandato legal relativo a la contratación administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Tan es así que reitera en el informe que no solo se fiscalizó ese contrato en el ejercicio dos mil seis y dos mil siete, sino también se ha fiscalizado en los ejercicios dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho la imputación de determinadas cuantías del mismo al endeudamiento de la Comunidad en términos SEC-95, y también la concesión del aval, del aval, señora... señora Rubio, de un aval que Sociedad... Castilla y León Sociedad Patrimonial planteó a la empresa concesionaria.

Y tan es así que hubo una Comisión de Investigación en la anterior legislatura, que culminó sus trabajos con más de 60 comparecencias, en el que, por cierto, no hubo conclusiones, porque no hubo acuerdo en las conclusiones; hubo conclusiones de parte, hubo un informe de... de conclusiones del Grupo Socialista, hubo un informe de conclusiones de... avalado por el Grupo Popular, pero no hubo conclusiones porque no hubo acuerdo. Tan es así que, si hubiera habido conclusiones, tenía que haberse celebrado un Pleno, como marca el Reglamento. Por tanto, las conclusiones serán las suyas, o las del Grupo Popular, pero la Comisión de Investigación no alcanzó ninguna conclusión, porque no se sustanció el debate de esas conclusiones en un Pleno de la Cámara, como establece el Reglamento de estas Cortes de Castilla y León.

Y lo que quiero poner de manifiesto es que este es un contrato que se ha fiscalizado, y lo que intenta el Grupo Socialista es buscar, para sustentar sus engaños, a la ciudadanía de Burgos. Claro, cuando dicen: es que el contrato va a costar 2.000 millones de euros... Claro, es que usted lo que obvia es que hay una serie de servicios que se prestan día... anualmente en el Hospital de Burgos, como en la mayoría de los hospitales, que están externalizados y que están dentro de ese coste. El Hospital de Burgos, la construcción del Hospital de Burgos no cuesta 2.000 millones, señora Rubio, y eso lo saben perfectamente los burgaleses. El volumen del contrato y la gestión anual de determinados servicios que están externalizados entre... por el... por ponerle algunos ejemplos, la limpieza, la jardinería, la seguridad, el catering, el vending, eleva -como sucede, por cierto, en la mayoría de los hospitales- las cuentas, para que ustedes les permitan decir y engañar sistemáticamente a los ciudadanos de Burgos que las obras del Hospital de Burgos costaron 2.000 millones.

Pero yo... mire, si usted quiere conocer la realidad, lea las conclusiones de todos los grupos -no solo las suyas- para conocer cuál es la realidad del Hospital de Burgos; y repase, además, las 60 comparecencias que hubo en esa Comisión y que pusieron de manifiesto que este modelo, que ustedes critican mucho pero que llevan a la práctica también donde gobiernan -por ejemplo, lo puso en marcha en... en Toledo o en Granada un Gobierno del Partido Socialista-, porque en aquellos años las concesiones de obra pública de estos hospitales fueron algo habitual en un contexto de crisis, que se utilizó esta fórmula para permitir inversiones muy cuantiosas que de otra forma no se hubiesen podido llevar a efecto.

Pero, le reitero, ustedes lo que persiguen es que el Consejo de Cuentas intente fiscalizar en su interés político el Hospital de Burgos. Y quiero recordarle, además, que este, que es un tema muy traído y muy debatido en esta sede parlamentaria, ya fue objeto además de una denuncia del que hoy es su portavoz, del señor Tudanca, al Tribunal de Cuentas, en el que recuerdo que anunciaba supuestas irregularidades contables, y en el que hubo un archivo inmediato por parte del Tribunal de Cuentas -no del Consejo de Cuentas, del Tribunal de Cuentas- porque, como se puso de manifiesto en la Comisión de Investigación, no hay irregularidad contable alguna en ese expediente. Y no porque lo diga este portavoz, porque lo dijo también el presidente del Consejo Consultivo, y porque el Consejo de Cuentas, como he puesto de manifiesto, fiscalizó el contrato en la contratación administrativa de la Comunidad y avaló con ausencia de responsabilidad contable cualquier indicio de supuesta ilegalidad que ustedes no hacen continuamente más que reiterar para ver si, reiterando ese... ese mensaje, llega a la ciudadanía.

Respecto a la segunda cuestión que ustedes plantean -que es novedosa-, en primer lugar, sorprende que el Partido Socialista parece que no leyó con profundidad el Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas, porque lo que viene a establecer ese Plan Anual de Fiscalizaciones, como además ha puesto de manifiesto acertadamente la portavoz de... del Grupo Ciudadanos, es que el Consejo de Cuentas ya incorpora en el apartado 3.1.5 el análisis económico-financiero del impacto de la COVID-19 en la Comunidad; el análisis económico-financiero del impacto de la COVID-19, y lo explicó el presidente del Consejo de Cuentas, lo que va a hacer es analizar tanto los ingresos como los gastos de la Administración autonómica y de los entes dependientes y sujetos al régimen de contabilidad pública de la... del año dos mil veinte, tanto de ingresos como de gastos.

Por tanto, ustedes nos traen aquí algo que ya incorpora el propio Consejo de Cuentas en el Plan Anual de Fiscalizaciones, al que, por cierto, ustedes ni siquiera respaldaron con su voto, una vez más. Porque es verdad que el Consejo de Cuentas ha cumplido y cumplió lo que se le pidió en cuanto a la incorporación en un Acuerdo del Pacto de Reconstrucción de la fiscalización de la contratación pública vinculada a la COVID-19, que está incorporado como el punto 3.1.1; ha ido más allá, planteando además la fiscalización de los análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el ejercicio dos mil veinte; y en el 3.1.5, y se lo repito, dice: el análisis económico-financiero del impacto de la COVID en la Comunidad. Pero, aun así, en todo caso, tranquilícense ustedes y no engañen a los ciudadanos, porque hay un informe de mandato legal que el Consejo de Cuentas efectúa todos los años, que es la Cuenta General de la Comunidad. Y ahí se va a ver todo el impacto de las transmisiones y las transferencias que ha hecho el Gobierno sobre las cuentas de la Comunidad, y, por lo tanto, su enmienda es absolutamente innecesaria, por mucho que ustedes se planteen ahora incorporarlo.

Y mire, fíjese, alguna cuestión. Yo no voy a discutir cuáles han sido los recursos que han llegado de la Administración, para nada, yo no discuto. Es verdad que ni ustedes se ponen de acuerdo, porque el delegado del Gobierno dice una cantidad, el señor Tudanca dice otra, usted dice otra. Pero, bueno, en todo caso, han llegado recursos, obviamente, porque tenían que llegar, porque el coste de la pandemia lo están soportando las Comunidades Autónomas, que han tenido que hacer frente al gasto sanitario, que ha sido principal, y al gasto social, de que... del que tienen competencias exclusivas en la materia.

Pero nosotros no cuestionamos el volumen de los recursos, nosotros lo que cuestionamos es cómo se han repartido esos recursos, y, hombre, y en eso ustedes deberían estar con nosotros, porque los criterios de reparto que puedan ser objetivos han perjudicado sistemáticamente a esta Comunidad. ¿O es que acaso no perjudica a esta Comunidad que, por ejemplo, en el reparto de las ayudas directas, se tenga en cuenta el criterio de la insularidad, y se... de los 7.000 millones, 2.000 millones son para dos Comunidades Autónomas, y se repartan para el resto de las Comunidades Autónomas, para quince Comunidades Autónomas, 5.000 millones de euros? ¿Esos son criterios justos? Es que... que a Castilla y León en los Fondos REACT se le asignen el 3,3 % porque hemos gestionado mejor económicamente, tenemos menor tasa de paro y menor recesión económica; es decir, al que hace bien las cosas se le castiga y al que las hace mal se le premia. Y ustedes me dirán: no, es que esos son los criterios que fijó la Unión Europea. Pero usted sabe perfectamente que esos criterios no son vinculantes y que, por ejemplo, se podían haber incorporado otros que tuviesen... por ejemplo, los del propio modelo de financiación.

Por lo tanto, nosotros sabemos que han llegado recursos, son recursos absolutamente necesarios, pero, en todo caso, permítame -y se lo quiero recordar, señora Rubio, porque usted ha hecho referencia a ello- que podamos discutir cuáles han sido los criterios de reparto de esos fondos hacia Castilla y León.

Y, por último, y para terminar, yo quiero poner de manifiesto que este grupo parlamentario lo que va a seguir defendiendo es la autonomía del Consejo de Cuentas, porque es fundamental defender la autonomía del Consejo de Cuentas a la vista de que aquí se enmienda y se traen enmiendas para modificar el Plan Anual de Fiscalizaciones que ni siquiera han apoyado con su voto ustedes. Porque esta es una dinámica, además, que se rompió en esta Cámara, en el que, sistemáticamente también, históricamente, desde la creación del Consejo de Cuentas, el Plan Anual de Fiscalizaciones se aprobaba por todos los grupos, hasta, curiosamente, el año dos mil diez, donde ese criterio cambió; y ustedes ya no aprueban el Plan Anual de Fiscalizaciones bajo el criterio de que el Consejo de Cuentas no incorpora lo que ustedes quieren que se fiscalice por puro interés político. Y este es un buen ejemplo, estas enmiendas son buen ejemplo de ello. Nada más, y muchas gracias.

Votación propuesta de modificación Plan Anual de Fiscalizaciones

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Vamos a proceder a la... a la votación de la propuesta. Una vez finalizado el debate de la propuesta de modificación del Plan Anual, procedemos a su votación.

Votación de la propuesta de modificación al Plan Anual del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Por lo tanto, con nueve votos en contra y ocho... ocho a favor, queda rechazada la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno del Grupo Parlamentario Socialista.

Concluido el debate y votación de la propuesta de modificación presentada al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil veintiuno, esta Presidencia pondrá en conocimiento del presidente de la Cámara los acuerdos adoptados por esta Comisión.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las once horas veinticinco minutos].