DS(C) nº 10/1 del 22/11/1983









Orden del Día:




1. Comparecencia del Excmo. Sr. Paniagua Iñiguez, Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, para informar a la Comisión.


Sumario:






 **  El Sr. Presidente abre la Sesión y comunica el orden de intervenciones.

 **  Intervención del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Comercio informando a la Comisión.

 **  Se suspende la Sesión hasta las diecisiete horas.

 **  El Sr. Presidente reanuda la Sesión.

 **  En turno de Portavoces, interviene el Sr. Montoya Ramos, Portavoz del Grupo Mixto.

Réplica del Sr. Consejero.

 **  Contrarréplica del Portavoz del Grupo Mixto.

 **  Contestación del Sr. Consejero.

 **  El Sr. Carbajo Otero, Portavoz del Grupo Popular, toma la palabra.

Réplica del Sr. Consejero.

 **  Contrarréplica del Portavoz del Grupo Popular.

 **  Contestación del Consejero al Sr. Carbajo Otero.

 **  Siguiendo el turno de Portavoces, hace uso de la palabra el Sr. Castro Rabadán, del Grupo Socialista.

 **  Réplica del Consejero al Sr. Castro.

 **  El Sr. Presidente abre el turno de preguntas.

 **  Hacen uso de la palabra los vocales de la Comisión, Sres. Carbajo Otero y Caballero Montoya.

 **  El Sr. Presidente suspende la Sesión durante cinco minutos, para que se reúnan los Portavoces con la Mesa.

Se reanuda la Sesión.

 **  Intervención del Procurador, no miembro de la Comisión, Sr. de Fernando Alonso.

 **  Contestación del Sr. Consejero a las preguntas formuladas.

 **  El Sr. Presidente agradece la presencia del Excmo. Sr. Consejero y de los Sres. Procuradores y levanta la Sesión.

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Texto:


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Consejero, señores Procuradores. Va a dar comienzo la sesión informativa de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio, que desarrollaremos conforme al siguiente orden: ahora, durante la mañana, el señor Consejero hará exposición de su informe. Después, tras un breve descanso para el almuerzo, continuará la sesión por la tarde, en que se abrirá el debate con un turno de Portavoces. Los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios dispondrán de un turno de diez minutos para hacer las precisiones o puntualizaciones que crean oportunas, a las cuales el señor Consejero, si a bien lo tiene, replicará y los Portavoces dispondrán a su vez de tres minutos más para contrarréplica o dúplica. Acabado el turno de Portavoces, se concederá la palabra a los señores Comisionados que quieran hacer puntualizaciones o preguntas, para lo cual dispondrán también de tres minutos. A las preguntas de los Comisionados, el Consejero podrá contestar individual o globalmente, como él prefiera. Y, finalmente, terminada la intervención de los Comisionados, se abrirá también un turno de preguntas para los señores Procuradores que no siendo miembros de esta Comisión asisten como público y que pueden también intervenir durante un plazo de tres minutos cada uno. Así es que, sin más preámbulos, se abre la sesión informativa y tiene la palabra el señor Consejero de Economía, Hacienda y Comercio.


EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Deseo manifestar nuestra satisfacción por estar ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes de la Comunidad Castellano-Leonesa, y exponer a Sus Señorías cuáles han sido los objetivos, programas y logros de nuestra Consejería, al mismo tiempo que agradecerles de antemano todas las aportaciones que desde esta Comisión puedan hacérseme.

No creo necesario manifestar, pues resulta obvio, que no hemos llegado a la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio sin un previo análisis de la realidad castellano-leonesa en materia propia de nuestras funciones. Ello nos ha permitido establecer unos objetivos globales y concretos, con programas de actuación a corto y medio plazo y una estructura organizativa de acuerdo con nuestros fines.

Antes de empezar a hacer balance de nuestra gestión, desde que tomé posesión de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, el tres de Junio del presente año, permítanme, Señorías, que haga un breve análisis de la situación de nuestra Región y exponer cuál va a ser la filosofía de nuestras actuaciones.

Cuando en el año sesenta y seis se abre el proceso político de las autonomías, la Comunidad Castellano-Leonesa se incorpora a esta nueva dinámica de la Historia del Estado Español con una serie de defectos estructurales que hacen de esta Región una de las más desfavorecidas por el crecimiento económico que se origina en España de los años sesenta.

Partamos del principio de que sin población no hay nada, por aquello de que se hizo la economía para el hombre y no al contrario; aunque la política económica de la teoría de la época desarrollista del régimen anterior aplicó esa otra política de llevar el hombre a la fábrica y no viceversa.

Cerrada por causa de la crisis económica mundial la tradicional espita emigratoria de nuestra Región, los movimientos migratorios sufrieron un parón, si bien hay que hacer notar que ha sido relativo por cuanto, pese a todo, el mundo rural ha seguido despoblándose, aunque a un ritmo menor. Pero en vez de irse en su mayoría a otras regiones, han buscado cobijo en sus capitales de provincias o en los núcleos más desarrollados de las mismas, y de todas formas, en el período que va de mil novecientos setenta a mil novecientos ochenta y uno (último año del que se dispone en estadísticas fiables), Castilla y León, con una población aproximada de dos millones seiscientos diez mil cuatrocientos sesenta y nueve habitantes, ha perdido más del tres por ciento de la misma por emigración en este período considerado, mientras que el resto de España crecía a una media del 10,7 por ciento.

A comienzos del siglo, la Región Castellano-Leonesa contaba con dos coma tres millones de habitantes, prácticamente los mismos que tiene ahora -dos coma seis-, lo que arroja un crecimiento anual de apenas cuatro mil habitantes para el conjunto de las nueve provincias que la integran. Si la población hubiera crecido de acuerdo con la tasa media, Castilla y León tendría que tener ahora cuatro coma dos millones de habitantes, por lo que puede decirse que en el siglo veinte ha perdido más de un tercio de sus recursos humanos.

Permítanme, Señorías, que hagamos un análisis retrospectivo de cuál fue la política económica que impulsó nuestro desarrollo económico en los años sesenta. Tendríamos que admitir, con una perspectiva actual, que fue altamente desequilibrada, no sólo territorialmente, sino también sectorialmente, ya que lo que interesaba desde una óptica política era un rápido crecimiento del PIB.

Entre las muchas consecuencias que la dinámica de los años sesenta tiene para nuestra Región podemos citar las siguientes: Primera, una rápida despoblación del medio rural, al tiempo

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que un estancamiento de los núcleos medianos de la población, como consecuencia de una emigración que, en el curso del período sesenta-senta y cinco, arroja fuera de nuestra Región más de seiscientas mil personas, dejando detrás de sí una realidad de envejecimiento poblacional, bajas tasas de natalidad y, en última instancia, una desertización de la Región.

Segunda. La agricultura, si bien demuestra, a pesar de todo, una cierta capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, ésta no deja de ser lenta, y, por otra parte, no puede dejar de sufrir las consecuencias de un continuo empeoramiento de sus relaciones de intercambio con el mundo urbano, que es cada vez más imperante, lo que hace que esa población campesina, que alcanza aún hoy día porcentajes en torno al cuarenta por ciento en algunas provincias de nuestra Región, disponga de un nivel de renta muy inferior al del resto de los cupos de población.

Tercera. Por su parte, el sector industrial no va a resultar beneficiado, en la medida en que ocurre en el resto del país, de la industrialización de los años sesenta, sino que presenta un desarrollo muy escaso que hace que estos sectores no actúen como dinamizadores efectivos del conjunto de la economía regional.

Cuarta. Un considerable desaprevochamiento de los recursos regionales, incluidos los financieros, pues, constituye ya un tópico demostrado por diversos estudios el hecho de que a través del sistema de bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, intermediarios financieros en general, Castilla y León transfiere una gran cantidad (en torno al cincuenta por ciento) de su volumen de ahorro, a otras regiones.

Todo lo anterior nos hace manifestar que Castilla y León no se ha incorporado de forma plena al proceso de desarrollo y crecimiento de la economía española. Pero, sin embargo, la nueva realidad política que configura a España como un Estado Regional, el Estado de las Autonomías, la España de las Autonomías, puede y debe ser el marco ideal dentro del cual nuestra Región puede cambiar sus tendencias actuales, de forma que a medio plazo pueda equilibrar su desarrollo con el de otras regiones españolas, que hasta el momento se encuentran en clara superioridad comparativa.

En los momentos actuales, dentro del conjunto de la economía mundial, pero con características diferenciales y específicas propias, la economía castellano-leonesa se encuentra sumida en una grave crisis, con alarmantes manifestaciones en términos de inflación y desempleo.

Para nosotros, estos dos problemas, lacerantes desde el punto de vista social, deben ser analizados en sus componentes estructurales, especialmente el segundo: el desempleo; y, en consecuencia, su tratamiento debe ser contemplado en una óptica de medio y largo plazo.

Es para todos evidente, después de diez años de crisis económica, que el problema del desempleo se aleja de las connotaciones coyunturales que tradicionalmente se han considerado. No queremos indicar con ello que las actuaciones de política coyuntural no influyan, sino que su resolución pasa por la superación de los graves problemas estructurales. Esta información cobra mayor validez para Castilla y León. Región de tradición emigratoria y destructora de puestos de trabajo, incluso en las épocas de mayores tasas de crecimiento económico.

En consecuencia, el problema del desempleo es la manifestación social de las disfunciones y anomalías estructurales inherentes a la economía castellano-leonesa, con sus componentes globales, sectoriales y territoriales, tanto económicos, como culturales, políticos y técnicos.

Otro tanto cabría apuntar en relación a la renta regional, tanto global como personal, y, en parte, en conexión con ello, al nivel de bienestar social de la población castellano-leonesa.

Dependencia económica, desarticulación sectorial y espacial del aparato productivo, son las dos características definitorias, a nivel estático, de la economía castellano-leonesa. Crecimiento desequilibrado, espacialmente polarizado, concentrado en productos con mercado saturado o de reducida expansión de demanda y poco creador de puestos de trabajo son sus rasgos dinámicos.

El envejecimiento y abandono de la población rural, el sistema de tenencia de la tierra, la pérdida de la relación real de intercambio, el nefasto estado de la sanidad animal y vegetal, la infrautilización de recursos hidráulicos y forestales, los diferentes sistemas de mecanización y de interrelación con sectores industriales y de servicios, son todos ellos causas estructurales que, junto con la sequía y el endeudamiento, conforman también la grave crisis agraria que padece Castilla y León.

La polarización espacial, la reducida gama de productos, el poco peso de la industria en general y manufacturas en particular, el atraso tecnológico, la carencia de diseño e innovación autóctona, la dimensión de los establecimientos, la ausencia de servicios de apoyo, las deficiencias informativas y formativas, su poca proyección exterior, la inadecuación a nuevos precios relativos, la reducida interconexión espacial y subsectorial, son los problemas más específicos que plantea la industria regional, pese a que en los últimos años ha presentado una dinamicidad envidiable para otras regiones españolas.

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Para nosotros, desde un punto de vista de estrategia de desarrollo, estos dos sectores, aunque individualmente no son los mayoritarios en el PIB regional, son los que deben concentrar las actuaciones claves de la política económica regional. Como repetidamente se ha manifestado por diversas instancias de la Junta de Castilla y León, la reestructuración del sector agrario, el impulso en el sector industrial y la imbricación de ambos, son las medidas claves, condiciones necesarias para iniciar un proceso de crecimiento económico espacialmente disperso, generalizado, autosostenido en el tiempo, capaz de integrar internamente la economía regional; actuar de motor de toda la economía y, en definitiva, conseguir un desarrollo equilibrado.

Señorías, nosotros mantenemos la opinión de que cualquier otra estrategia de desarrollo que aparezca descompensatoria o minimizadora del papel de dichos sectores conducirá al fracaso. Fuera de esta estrategia, pueden contemplarse, eso sí, otras dos alternativas.

La primera (mediante el señuelo de la rápida generación de empleo), consistiría en la expansión generalizada del sector servicios, tanto públicos como privados. Con ello, efectivamente, podrían alcanzarse mayores niveles de empleo a corto plazo; pero, al ser subsectores de carácter endógeno, no actuarían como motor de arrastre y de crecimiento en un contexto de crisis de oferta, generarían tensiones inflaccionistas y fiscales y conducirían, en definitiva, más a niveles de subempleo que a la generación de empleos substantivamente fundamentados. Este es uno de los argumentos que avala nuestra elección de política de consecución de objetivos más a medio y largo plazo, que a corto.

La segunda alternativa pasaría por la concesión de prioridad exclusivamente a las medidas sobre el sector primario, basándonos en el carácter fundamentalmente agrario de nuestra estructura productiva, tanto en términos del PIB, como, y sobre todo, de población y espacio regional. Tal alternativa comportaría el mantenimiento de una especialización regional en productos secularmente regresivos, con permanentes pérdidas en la relación real de intercambio, generador interno de amplias economías de escalas y, en consecuencia, permanente expulsor de mano de obra y con reducida capacidad intrínseca de generación de valor añadido y de renta regional. Esta estrategia específica de desarrollo implicaría el ahondamiento de las causas de nuestra situación de subdesarrollo económico, y también el conformarnos con una Región en la que la emigración y el desarrollo son constantes permanentes.

Ahora bien, una estrategia única y eminentemente industrial, pese a gozar del muchas veces tópico argumento que confunda industrialización con desarrollo, no sería igualmente recomendable en Castilla y León, donde las ventajas comparativas de los productos industriales, drenadas por problemas de comunicación, se encuentran asociadas fundamentalmente a la posesión de ciertos recursos naturales (especialmente agrarios), a la vez que, dado el peso poblacional de éste, su potencial de demanda tanto de productos finales como intermedios, no es desdeñable.

La alternativa, pues, de actuación equilibrada, por la que nosotros mostramos elección, permite colocar a nuestra Región en posiciones estructuralmente más adecuadas, que generan mayores niveles de renta y de puestos de trabajo permanente y, en definitiva, socialmente más justos.

Pero, esta estrategia de desarrollo sectorial es, como decíamos anteriormente, condición necesaria pero no es suficiente.

La economía castellano-leonesa se ha mantenido secularmente, quizá por su situación geográfica, en una postura autárquica.

Es evidente, Señorías, que este carácter no puede mantenerse, so pena de alejarnos dramáticamente de las corrientes de crecimiento y desarrollo económico. La experiencia del desarrollo español de los años sesenta y principios del setenta, generado en gran parte por la apertura exterior, y que sólo indirectamente englobó a Castilla y León, es bastante ejemplarizadora en este sentido.

Pese a la existencia de excepciones minoritarias, la Región manifiesta una carencia de iniciativas empresariales tanto privadas, como, y sobre todo, públicas. Este problema, que nosotros consideramos crucial, no sólo se manifiesta cuantitativamente, sino, lo que puede parecer mucho más grave, cualitativamente, siendo agudizado por la escasa presencia de servicios de apoyo eficaces. Si a ello añadimos la carencia absoluta de investigación y desarrollo, nos encontraremos con un círculo vicioso en la organización del sistema productivo que se muestra, de esta forma, incapaz de ordenar adecuadamente los recursos autóctonos.

Las deficiencias de la comunicación interna, la desorganización del territorio, las carencias de servicios asistenciales mínimos en amplias comarcas, crea una situación de aislamiento, de dependencia externa e impide una adecuada articulación espacial y sectorial de la economía regional, en detrimento de la plena utilización de los recursos propios, de la acumulación de riqueza interna, de unos mínimos niveles de vida y, en definitiva, de la conformación de Castilla y León como Comunidad Autónoma.

Las deficientes comunicaciones hacia el exterior, salvo excepciones, han dado lugar a un relativo aislamiento que nos aleja de los centros de gravedad económica, tanto española como europea. pag. 375

El reto de la futura incorporación española a la Comunidad Económica Europea, que implica una profunda alteración de la división del trabajo, presenta un arma de doble filo: si nos adaptamos y la utilizamos correctamente en función de las ventajas comparativas que tenemos, puede suponer un gran paso adelante; en caso contrario, podemos sumirnos en un proceso de subdesarrollo irreversible.

La inadecuación dimensional, la gama de productos, la estructura de costos poco adaptada a los nuevos precios relativos, la inadecuación energética con la falta de aprovechamiento de las disponibilidades existentes de energías alternativas, son también problemas colaterales, eso sí, importantes.

Los avances en la resolución de estos problemas son las condiciones suficientes de la estrategia de desarrollo que hemos perfilado. Permitiría una apertura de los mercados exteriores a los productos castellano-leoneses, así como una mejor y mayor utilización de los recursos disponibles por la Comunidad, que en la actualidad están ociosos, mal utilizados, o lo están en beneficio de una acumulación ajena a la mayoría de los castellano-leoneses.

Hemos de tener en cuenta que el poder de compra, de demanda de la economía castellano-leonesa es, hoy por hoy, poco adecuada para introducirla como variable motriz en el proceso de crecimiento. Sólo la demanda externa puede actuar de tirón inicial, y ello nos obliga a cuidar sobremanera las ventajas de oferta y aprovecharlas convenientemente.

La estrategia de desarrollo que planteamos para Castilla-León supone, por lo tanto, conceder prioridad absoluta a aquellas medidas que impliquen: primero, la imbricación de los sectores industrial y agrario; segundo, la salida a los Mercados exteriores; tercero, el aumento de nuestras ventajas de oferta, y cuarto, el aprovechamiento efectivo, por iniciativas castellano-leonesas, propias e internas, de dichas ventajas.

Señorías, Castilla y León no es una Región extraordinariamente dotada de recursos económicos, pero nosotros no estamos de acuerdo con la postura fatalista que niega la existencia de posibilidades de desarrollo. La disponibilidad de los recursos es suficiente como para permitir un nivel de desarrollo apreciablemente superior al existente. Evidentemente, la tarea a realizar es considerable, y sería un tanto ingenuo pensar en soluciones inmediatas. Sin embargo, la Región presenta una serie de elementos sobre los que montar una clara estrategia que permita remontar la situación actual; a saber: primero, unos pocos núcleos industriales relativamente modernos que pueden servir de base para desarrollos complementarios y como tirón para industria más competitiva cercana a las producciones de la tercera era industrial. Segundo, una oferta de mano de obra con un nivel de cualificación general destacable y fácilmente susceptible de perfeccionamiento técnico. Tercero, una oferta de materias primas, minerales, energéticas y agrarias suficientes como para fundamentar un crecimiento económico superior al actual. Y cuarto, unos recursos financieros, actualmente excedentarios, que son exportados a otras regiones y utilizados en sectores productivos distintos de los predominantes en nuestra Región.

Y ahora ya, permítanme Sus Señorías que en esta breve introducción de mi parlamento ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes de la Comunidad de Castilla y León, exponga, en este segundo momento, las premisas teóricas que van a regir las actuaciones de nuestra política en el futuro, y regir también e inspirar nuestra estrategia de actuación que acabo de pergeñar.

De las teorías existentes, dos son las principales, a mi juicio, para describir el desarrollo regional: la neoclásica, que postula el equilibrio por movimientos de los factores productivos, y la de causación acumulativa, que predice el desequilibrio por concentración creciente de actividades en las regiones más desarrolladas. La política económica que se ha seguido en España desde mil novecientos sesenta, casi diría desde mil novecientos cincuenta y siete-cincuenta y nueve, para ser más precisos, hasta la subida al poder del Gobierno Socialista, ha sido la de adaptar las ideas del Informe del Banco Mundial (mil novecientos sesenta y dos) de que la industria debiera concentrarse en las regiones desarrolladas. Este informe aceptaba la discutible hipótesis de Williamson de que al aumentar el desarrollo económico, las rentas regionales tienden automáticamente a igualarse y que el PNB debe aumentarse de tamaño antes de que pueda ser redistribuido espacialmente.

Las consecuencias de esta política polarizadora han sido una reducción de las diferencias urbanas, eso sí; incrementándose, sin embargo, las urbano-rurales, de tal modo que en las regiones pobres, como es la nuestra, lo que se ha desarrollado son las ciudades mayores.

Con nuestro Estatuto de Autonomía y con el primer Gobierno Regional elegido democráticamente, tenemos la necesidad y la posibilidad de elaborar una política regional diferenciada; es decir, con la promulgación de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, la institucionalización política de las regiones y el traspaso de competencias a las Autonomías, se abre una etapa en la que los intereses y problemas específicos de la Región Castellano-Leonesa pueden ser explícitamente resueltos, ya que a partir de ahora podremos

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autónomamente fijar unos objetivos y disponer de instrumentos de política económica que nos permitan salir de esta situación de subdesarrollo en la cual estamos inmersos.

Nuestra elección teórica da lugar a la definición de una política económica regional específica, concreta e internamente coherente, que paso a exponer en sus objetivos. En primer lugar, principios, en segundo lugar, medidas e instrumentos.

Nuestro objetivo global, de acuerdo con lo ya manifestado en nuestro programa electoral, es la consecución de un desarrollo autocentrado de la economía de Castilla-León. Para ello es necesario: primero, la consecución de un desarrollo equilibrado. Segundo, pleno empleo de todos los recursos, no sólo humanos, sino también los de tipo financiero, físico, etcétera, mediante un crecimiento económico sectorial y espacialmente articulado. Y tercero, la redistribución de la renta.

A corto plazo, nuestra actuación va dirigida a la racionalización estructural de nuestra capacidad productiva con el fin de colocarnos en óptima posición para recibir, en las mejores condiciones posibles, los aires de expansión económica. Por lo tanto, a corto plazo, las medidas van encaminadas a conseguir: primero, la articulación de la Región en sus dos sentidos: productivo y espacial, que implica, entre otros muchos aspectos, la modernización de las estructuras productivas y la mejora de las comunicaciones internas. Segundo, la consecución de una tasa de crecimiento regional que evite la destrucción de puestos de trabajo y promueva nuevos empleos. Tercero, la mejora de la calidad de vida, expresada en una mejor dotación de servicios incidiendo especialmente en la dotación de servicios a las zonas rurales. Cuarto, detener el proceso de desacumulación manifestado, tanto en lo referente a la emigración como a la exportación de recursos financieros; es decir, en términos de capital humano y de capital financiero.

Dos son los grandes ejes sobre los cuales se está articulando nuestra política económica, de acuerdo con el programa de Gobierno que reiteradamente se ha expuesto. Y paso con ello a exponer principios y ejes: primero, la regionalización descentralizada. Segundo, la programación y planificación de nuestra economía. Repito, programación junto a planificación.

La regionalización descentralizada supone, por una parte, la coordinación inmediata a nivel regional de cuantos organismos e instituciones son de utilidad pública, tienen como ámbito de actuación nuestra Región y puedan contribuir, de esta forma, más eficaz y solidariamente a la consecución de los objetivos económico-sociales de un desarrollo equilibrado y autosostenido. Supone, por otra parte, la regionalización descentralizada, el control económico y financiero por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y, en cualquier caso, la participación y colaboración en su gestión de ésta y de los sectores y organizaciones sociales directamente interesados e implicados, así como la descentralización comarcal y local de aquellos servicios que puedan gestionarse más eficaz y racionalmente a este nivel por parte de sus habitantes.

La programación y planificación de la economía de nuestra Región se nos presenta como ineludible si pretendemos sentar las bases de un desarrollo armónico y homogéneo (sectorial y espacialmente ) y alcanzar los objetivos básicos que, tanto a medio como a largo plazo, ello implica.

Sobre la misma volveré después.

En pos de los objetivos y en base a los dos ejes enunciados, a los principios, paso a referirme a los principales instrumentos que pensamos utilizar. Permítanme antes explicarles el marco organizativo que hemos diseñado en la Consejería para poder utilizar adecuadamente los instrumentos económicos que pensamos articular.

En el momento de hacer cualquier valoración de la actividad realizada por la Consejería hasta el presente, es necesario no olvidar la peculiar situación de partida, que, en este caso concreto, se caracteriza por el hecho de que la Consejería no ha existido como tal hasta el uno de Junio del presente año, que los primeros nombramientos del equipo directivo se produjeron el uno de agosto, siendo sus únicos antecedentes la Intervención General y la Tesorería y un conjunto de unidades diseminadas por las diversas instancias y organismos; ello convirtió en imprescindible que la primera actividad a desarrollar por parte del Consejero fuese la de crear la estructura de la Consejería y dotarla de la infraestructura necesaria, tarea que acabamos de culminar en su primera fase.

La estructura diseñada lo ha sido con los criterios, tantas veces enunciados, de eficacia, racionalidad y economía del gasto. Es por ello que el campo abarcado es muy amplio y cada Dirección General tiene numerosas responsabilidades.

Como dispone el Decreto treinta... perdón, de treinta de Julio del ochenta y tres, sobre Estructura Orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, compete promover, proyectar, dirigir y ejecutar la política económica general, la programación y la planificación de la actividad económica, la gestión de la Hacienda Pública, la política comercial y la política financiera y crediticia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; atribuyéndole las competencias, funciones y servicios transferidos en materia de comercio interior, intervención de precios, ferias interiores y reforma de las estructuras comerciales y cuantas otras correspondan a

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la Comunidad en materia de organización económica general, hacienda y comercio, en el marco -eso sí- de la Constitución y de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.

Como Sus Señorías ya conocen, los órganos fundamentales de nuestra Consejería son: la Secretaría General, la Dirección General de Tributos y Política Financiera, la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, la Dirección General de Economía y Planificación, la Dirección General de Comercio, la Intervención General, la Tesorería General, el Gabinete de la Consejería y, en su momento -aún no, todavía-, las Delegaciones Territoriales.

Para mejor conocimiento de las actividades de esta Consejería, voy a referirme brevemente a las funciones de algunos de estos centros.

La Dirección General de Tributos tiene a us cargo las siguientes funciones: la gestión, liquidación, inspección y revisión de los tributos propios y la de aquéllos cuyo rendimiento haya sido cedido por el Estado, de acuerdo con lo que disponga la Ley de Cesión de Tributos. Las relaciones con la Administración del Estado en materias referentes a la fijación de porcentajes de participación en impuestos no cedidos. El estudio, propuesta y, en su caso, gestión de los recargos que procedan establecerse. Las que correspondan a la Consejería en relación con los intereses financieros de los Entes Locales de su Territorio, con las instituciones públicas y privadas de crédito, ahorro, mercado de capitales y Deuda Pública.

La Dirección General de Presupuestos y Patrimonio tiene a su cargo las siguientes funciones: el estudio y formación del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; la tramitación de los expedientes de crédito presupuestario y de las incidencias que surjan en la ejecución del Presupuesto; la gestión administrativa del Patrimonio de la Comunidad; la representación extrajudicial de ésta en los asuntos patrimoniales, así como el ejercicio en relación con los bienes de la Comunidad; la formación y conservación del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Castilla-León. Y, finalmente, la ordenación general de pagos, por delegación de este Consejero.

La Dirección General de Comercio ejerce sus competencias en las siguientes materias: intervención de precios, horarios comerciales, régimen de competencias y consumo, sin perjuicio de las competencias asumidas en esta materia por la Consejería de Bienestar Social, reforma de las estructuras comerciales, ferias y mercados interiores, y, asimismo, serán de su competencia las que en el futuro se asuman en materias correspondientes a comercio interior.

La Dirección General de Economía y Planificación tiene a su cargo las funciones de la formulación de las líneas fundamentales de la política económica regional. Igualmente, la elaboración y el seguimiento de los programas y planes económicos de Castilla y León. La negociación de la participación de la Comunidad Autónoma, así como el estudio sobre la ordenación de los proyectos de inversión pública en el ámbito regional.

Con este esquema organizativo estamos, pienso, en condiciones de abordar las medidas necesarias y el diseño y aplicaciones de los instrumentos de la política económica correspondientes a las funciones encomendadas a esta Consejería, y que ahora paso a diseñar.

Tal y como contemplan primeramente el programa electoral, y posteriormente las distintas intervenciones del Presidente de la Junta de Castilla-León, nuestra política económica se ceñirá a un Plan Regional en cuanto instrumento claramente definido que permita sentar las bases de un desarrollo armónico y homogéneo, a la vez que alcanzar los objetivos económicos, sociales y territoriales tanto a medio como a largo plazo.

Metodológicamente, el Plan Económico Regional se ajusta a los establecidos en la Comunidad Económica Europea, que informan también los realizados o en vías de realización en otras Comunidades Autónomas. Esta metodología, que permite ajustarnos a unas normativas de ayuda internacional que en el futuro, con la integración en la CEE, podemos recibir, desarrolla el Plan en cinco capítulos.

El primero, ya concluido, se centra en un diagnóstico de la situación económica y social de Castilla y León, concretando los problemas centrales, cuya superación, por permitir el desarrollo económico, serán objeto de una actuación prioritaria concentrando sobre ellos la mayor parte y los más potentes instrumentos en la medida de nuestras competencias.

El Plan Económico Regional, que parte del diagnóstico y la estrategia definida anteriormente -diagnóstico ya elaborado, estrategia definida-, incorporará unos capítulos referentes a las medidas, las inversiones públicas a realizar y los medios financieros disponibles.

Buena parte de las medidas contempladas se han ido poniendo en marcha por la Junta en virtud de las competencias ya asumidas. Otro tanto cabría decir de los programas de inversiones públicas a ejecutar por la Junta, cuyo diseño y coordinación ha sido encomendado al ya creado por nuestra Consejería y aprobado por la Junta, Comité de Inversiones Públicas, a propuesta, como digo, de la Consejería de Economía.

Dado que la determinación de la cuantía de las

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inversiones públicas, la financiación de las mismas y el seguimiento de su ejecución, son actividades de suma transcendencia dentro de las tareas de planificación, y que es propósito de la Junta de Castilla y León que las actuaciones en dichas materias se lleven a cabo con la máxima coherencia y coordinación posible, se creó, por ello, el Comité de Inversiones Públicas, adscrito a la Dirección General de Economía y Planificación, como órgano de carácter informativo, consultivo y de seguimiento en materia de inversiones públicas.

Aunque de reciente constitución, su labor, sin embargo, ha sido muy intensa.

Uno de sus primeros trabajos ha consistido en la discusión de una serie de criterios que actúen como guía en la necesaria determinación de los proyectos de inversión a realizar por la Junta.

En base a los objetivos y estrategia definidos en el Plan Económico Regional, el Comité ha considerado los siguientes criterios de asignación de la inversión por sectores (inversión pública).

Un primer nivel, o nivel macroeconómico, en el que se consideran las prioridades sectoriales definidas en el Plan Económico y el grado de compromiso de la Junta en cada sector, dado el nivel de competencias y la inversión de otras Administración Públicas.

Un segundo nivel o microeconómico, en el plano microeconómico, en el que se atiende a la generación de empleo tanto permanente como durante la ejecución del proyecto, a los efectos inducidos sobre otros sectores y a la rentabilidad financiera de la inversión, tanto interna como inducida.

Con estos criterios, y en base a los dos primeros capítulos del Plan Económico Regional antes aludidos (diagnóstico, objetivos y estrategia), el Comité, teniendo en cuenta el nivel de transferencias y el ritmo en la asunción de las restantes, se encuentra ahora trabajando en la confección de un programa cuatrienal de inversiones a ejecutar por la Junta, de carácter deslizante y abierto, que junto al Programa de Inversiones de la Administración Central para Castilla y León, compongan un marco definido, coherente y eficaz de la inversión pública regional dentro del Plan Económico Regional (hasta ahora ni siquiera previsto como necesidad para nuestra Región).

Finalmente, el Comité, utilizando los criterios anteriores, está concretando los proyectos de inversión, repito, está concretando los proyectos de inversión incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial para mil novecientos ochenta y cuatro, y que corresponden a nuestra Comunidad, ya que parte importante corresponde a la Administración Central su determinación.

La labor a desarrollar a corto plazo por el Comité, además de la confección del Programa de Inversiones Públicas y Regional aludido anteriormente, y de concretar para cada año los proyectos a incluir en el Fondo de Compensación Interterritorial y en el Fondo de Compensación Regional, se concentrará, se centrará en el seguimiento y coordinación del conjunto de la inversión pública en la Región, tanto de la Administración Central, como de las Diputaciones, y como, sobre todo, de la Junta. Esta labor de seguimiento entendemos que es fundamental para la propia eficacia de la actuación pública, y aparece como una exigencia en el caso de los dos Fondos aludidos, de Compensación Interterritorial y regional.

Como he indicado anteriormente, una de las primeras realizaciones del Comité de Inversiones Públicas ha consistido en la elaboración del programa de inversiones a financiar con cargo al Fondo del próximo ejercicio, a aprobar con posibilidad por la Junta.

El Fondo de Compensación Interterritorial, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado recientemente por el Senado, y ha pasado ahora o va a pasar uno de estos días al Congreso, como primer mecanismo alternativo para lo normal, constituye el instrumento básico de la financiación de las inversiones a realizar en las Comunidades Autónomas, yo diría, subdesarrolladas.

Para mil novecientos ochenta y cuatro, de un total de inversión nueva a nivel de Estado de quinientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesetas, el cuarenta coma cuatro por ciento (es decir, doscientos nueve mil millones), constituye el Fondo. Con los criterios de reparto regional recogido en el Proyecto de Ley que ha presentado el Senado, diecinueve mil ciento dieciséis coma dos millones corresponden a Castilla y León, representando esta cifra el nueve coma cinco del total del Fondo.

En base al artículo 16.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en adelante, el Estado y las Comunidades Autónomas determinan, en el seno del Comité de Inversiones Públicas nacional, de "común acuerdo" (entre comillas el "común acuerdo"), y según la distribución de competencias, los proyectos en que se materializan las inversiones realizadas con cargo al Fondo.

Dado el proceso de asunción de competencias, a nuestra Comunidad le corresponden diez mil novecientos cuarenta y tres coma nueve millones de pesetas en proyectos propios, a ejecutar por ella, de determinar por ella; siendo el resto dedicado a financiar proyectos de competencia aún todavía estatal, aunque asumibles en un futuro.

En las negociaciones realizadas en el seno del Comité de Inversiones Públicas Nacional, con el fin de alcanzar el "común acuerdo", (entre comillas), pag. 379

por primera vez se ha logrado introducir prioridades netamente regionales y, con ello, el Fondo de Compensación Interterritorial del ochenta y cuatro responderá a la estrategia de desarrollo definida en el Plan y a los Criterios de priorización expuestos anteriormente.

Pese a que la filosofía del Fondo y los proyectos en él incluidos para el ochenta y cuatro responden en gran parte a las prioridades económicas regionales, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio no se puede declarar totalmente satisfecha con lo realizado, y ello fundamentalmente por los problemas colaterales a esta primera etapa del proceso autonómico, dominada por la transitoriedad de las transferencias.

En efecto, el "común acuerdo", entre comillas, al que antes aludíamos, se encuentra muy mediatizado, en primer lugar por el nivel de competencias asumidas y en segundo lugar, por la subrogación que realiza la Comunidad de todos aquellos proyectos programados y en vías de realización por organismos de reciente asunción. Este mecanismo resta de hecho, de hecho, autonomía a la Comunidad en la programación de sus inversiones, impidiendo en algunos casos la aplicación efectiva de sus prioridades.

Otro de los instrumentos básicos de los precitados es -y por primera vez me voy a referir a él- el Fondo de Compensación Regional, Intrarregional.

Como Sus Señorías conocen, nuestra Comunidad Autónoma no presenta niveles de vida homogénea en toda su extensión geográfica. Más bien, las disparidades de renta y de riqueza son dramáticamente considerables. Su reducción es un objetivo de primera entidad, no solamente por un elemental principio de solidaridad, sino también por un deseo de aumentar la cohesión interna de las tierras castellano-leonesas cuya unidad no sería posible sin la solidaridad.

Por ello, nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.1 nos obliga a implantar un Fondo de Compensación Regional que consagre dicho principio de solidaridad entre los territorios castellano-leoneses.

Es un objetivo de la Junta, repetidamente definido, el de informar todas sus acciones en el principio de acción discriminada en favor de los medios menos desfavorecidos, perdón, menos favorecidos. Otro objetivo, igualmente pregonado con tanta o mayor intensidad, es el de actuar eficazmente sobre las causas del subdesarrollo y la pobreza. El Proyecto de Ley del Fondo de Compensación Regional que estamos en vía de elaboración, por parte de esta Consejería, y que será presentado a estas Cortes para su discusión y aprobación (y esto es un compromiso formal), antes de terminar esta legislatura, este período, para su aplicación durante el ejercicio del ochenta y cinco, se fundamenta en dichos objetivos y principios. Pretendemos que, en base al objetivo de equidad y el principio de solidaridad, una parte importante de las inversiones de la Comunidad sean asignadas territorialmente, buscando dentro de ellas aquellas inversiones en infraestructura que mayores niveles de renta y de riqueza puedan generar; combatiendo, con el principio de eficacia, las causas del subdesarrollo en cada zona del conjunto regional; no actuando sólo, repito, sobre el principio de solidaridad intrarregional, sino sobre principio también de eficacia y rentabilidad, sobre, en definitiva, las causas que originan el subdesarrollo y las discrepancias del desarrollo dentro de la Región.

No pretendemos en absoluto traspasar miméticamente los criterios de distribución y el resto de la normativa considerada en el Fondo de Compensación Interterritorial del Estado. Por ello se están realizando diversos estudios que nos permitan definir una serie de indicadores aproximativos de la realidad de las desigualdades intrarregionales, considerando también características específicas enunciadas en nuestro Estatuto, como son las zonas de montaña y las comarcas extraordinariamente deprimidas que merecen un trato especial.

Como ya he señalado, la política económica a desarrollar en nuestra Región debe tomar como marco de referencia la futura incorporación española a la Comunidad Económica Europea. Castilla y León, al igual que el conjunto de otras regiones y nacionalidades de España, se juega mucho con dicha decisión y, en consecuencia, la Junta, como el resto de las instituciones y organismos con responsabilidades públicas o semipúblicas, no puede en absoluto marginar el tema, por mucho que los últimos avatares políticos generen problemas y aplazamientos en las negociaciones de adhesión.

La incorporación de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea, en adelante, presenta indudables ventajas e inconvenientes a nuestra estructura productiva que deben ser abordadas rápidamente. La generalidad del sector industrial (la industria estandarizada, obsoleta en la gama de productos, minifundista, volcada al mercado interior, etcétera) puede sufrir un duro impacto con el incremento de la competencia derivado del desarme arancelario. El sector agrario parte de previsiones más optimistas, pero no por ello deja de presentar problemas capitales para el desarrollo de la Región; producciones animales y vegetales tan importantes como leche de vaca y remolacha se prevén perjudicadas, afectando con ello una de las más importantes vías de acumulación agraria y económica que ha presentado la

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Región en las últimas décadas. Por el lado positivo (ya hemos visto las posibles desventajas), la integración supone ventajas no desdeñables para la generalidad de productos agrarios, para pocos industriales, especialmente los mineros, y el acceso a instituciones comunitarias como el Banco Europeo de Inversiones, la CECA, el Fondo Social, el FEOGA y el FEDER que pueden aportar instrumentos potencialmente muy utilizables, y utilizados ya por otras regiones e interesantes para esta Comunidad. La propia integración portuguesa es otro elemento favorable que potenciaría a Castilla-León como zona de paso proporcionándole ventajas locacionales.

La integración en la CEE debemos observarla como un dato al que finalmente tendremos que atenernos, como una variable que está ahí, exógena diríamos. Esto no significa que los castellano-leoneses tengamos que permanecer impasibles en el proceso negociador; es conveniente que nuestra voz y problemas sean conocidos y considerados por los negociadores españoles. Pero también es cierto que el acervo comunitario no es negociable y, producida la integración, tendremos que adaptarnos a él.

El proceso de adaptación hay que empezarlo, pues, cuanto antes, y esto influye sobre la estrategia de desarrollo que preconizamos, pues debe actuarse sobre la estructura de productos y poner rápidamente en marcha una serie de medidas encaminadas a la mejora y racionalización del, y sobre todo, aparato productivo.

En otro nivel, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio ha empezado a tomar medidas que inciden en dicha dirección, primeras y tenues medidas, eso sí, embrionarias diría yo, y recientemente se ha firmado un convenio con la Universidad de Valladolid y con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo (CIHEAM), el cual, desarrollado mediante una serie de programas previstos (el primero ya se ha firmado), pretende contribuir a la formación de especialistas castellano-leoneses en la normativa comunitaria. El primer programa, comprometido en la misma firma del Convenio, tiene por finalidad la formación de un grupo de funcionarios de la Junta en temas de la CEE, e incluso con estancias en organismos comunitarios, al objeto de que su formación alcance el aprendizaje imprescindible de los procedimientos administrativos. Con ello damos un primer paso en el imprescindible reciclaje que la Administración Autonómica, yo diría aprendizaje, debe sufrir con la integración. Por otra parte, el Convenio puede resultar potencialmente muy útil para iniciar otros contactos con autoridades comunitarias antes de la misma adhesión y, a la vez, para otra serie de programas que están en previsión.

En la misma línea, la Consejería tiene prevista la conclusión de un acuerdo con las Cámaras de Comercio e Industria en la misma línea de acercamiento o de previsión de acercamiento al Mercado Común; repito, la Consejería tiene prevista la conclusión de un acuerdo con las Cámaras de Comercio e Industria de la Región y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valladolid, mediante el cual se facilitará a las empresas castellano-leonesas toda la información relevante sobre normativa y mercados existentes en la CEE con el fin de que éstas puedan adaptar sus procesos de producción.

Este convenio no interesa solamente para facilitar la adaptación a las nuevas complejidades que implicaría la incorporación, sino que, adaptadas antes de ella, permitiría incrementar la exportación salvando las barreras del nuevo proteccionismo que constantemente está imponiendo la CEE a los miembros no integrados, evidentemente.

Por último, en el marco del Consejo Económico que, ya anuncio, pretendemos crear y del que hablaré posteriormente, se fomentará el estudio de propuestas entre todas las fuerzas económicas y sociales de la Región que permita no sólo definir las peticiones a los negociadores españoles encargados de la incorporación, sino también diseñar mecanismos e instrumentos que contribuyan a una mejor adaptación de la economía castellano-leonesa; razón por la cual el Consejo Económico no se creará solamente en función de la necesidad que generará el plano económico que prevemos, sino incluso con anterioridad, por las necesidades que crea este proceso de integración.

No deseo concluir este apartado sin señalar que, tal como preveíamos en nuestro programa, está en un avanzado grado de gestación la creación del Instituto de Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León como organismo con personalidad jurídica propia, cuyas misiones serán la confección de los estudios necesarios para la elaboración de los Planes Económicos, la realización y promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad económica y social de nuestra Región, tanto para la Junta como para otras instancias sociales y económicas de la Región, el seguimiento de la coyuntura económica, la recopilación y ordenación de datos, la confección de series estadísticas de naturaleza económica y, en general, el fomento de la investigación económica sobre Castilla y León, así como su difusión.

Pretendemos crear un Instituto meramente y fundamentalmente técnico y científico, que abarque todos aquellos temas imbricados en el desarrollo económico y que, utilizando y coordinando los recursos investigadores regionales, sea capaz de elaborar todos aquellos estudios que permitan

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un mejor conocimiento de la realidad y, en consecuencia, suponga una ayuda en la toma de decisiones de todos los agentes de la Comunidad.

El Instituto de Desarrollo y Planificación, que viene a sustituir al Instituto de Economía de Castilla-León, tendrá su sede social donde se ubique la sede del Gobierno Regional. Y ésta es nuestra propuesta, sede social, repito. Y se estructurará en secciones temáticas a localizar, a ubicar en diversas ciudades castellano-leonesas, atendiendo únicamente a criterios de racionalidad y eficacia investigadora.

Señorías, la política económica de la Junta de Castilla y León debe encaminarse a conseguir, entre otros objetivos, la reactivación general de todos los sectores económicos, la reestructuración de algunos sectores y una distribución más justa y racional de las rentas derivadas del proceso económico. Pero cualquier política que no esté en contacto continuo con todas las fuerzas económicas y sociales afectadas, no sería democrática e iría en perjuicio de su propia efectividad como tal política.

Estimamos, por ello, pues, conveniente la creación, como antes anunciaba, de un Consejo Económico Social que sirva como foro de estudio y discusión de la Política Económica Regional a corto, perdón, a medio y largo plazo, a fin de lograr la pronta superación de la crisis, el reparto de las cargas que de ella se derivan y la superación de los males estructurales que aquejan a nuestra economía Regional. El CES será, pues, el organismo consultivo a través del cual los sectores regionales interesados participarán, de hecho, con el Gobierno Regional, en el estudio y deliberación de la política económica regional. No solamente en el plan económico, como se puede considerar a nivel estatal. Estará compuesto por representantes de los distintos sectores económicos (sindicatos, organizaciones de agricultores y ganaderos, organizaciones empresariales, asociaciones de usuarios y consumidores, entidades de crédito, corporaciones de derecho público, Universidades, etcétera).

Paso ahora, después de haber hecho un discurso sobre el análisis, estrategia, principios, objetivos e instrumentos centrales de la política económica que prevé esta Consejería, en el marco de la Junta de Castilla-León, a considerar ante Sus Señorías otros planes derivados de las funciones y competencias asumidas por la Consejería y de la estructura orgánica ya diseñada. En definitiva, paso a considerar ante Sus Señorías la Hacienda regional en sus vertientes tributaria, financiera y presupuestaria; los objetivos, trabajos y empeños en que se encuentra embarcada nuestra Consejería, y sus centros directivos.

Nuestra Autonomía, que jurídicamente nace con la Ley Orgánica número 4/1983, de veinticinco de Febrero, por la que se aprueba el Estatuto, se debe construir día a día por la Junta, por las Cortes, por las demás instituciones y, desde luego, por el pueblo de Castilla y León. Pero una autonomía política determinada por las competencias que el Estatuto atribuye a nuestra Comunidad (siempre se ha dicho, pero no por ello es tópico), difícilmente será posible y completa si no va acompañada de una verdadera autonomía económica. ¿Va a contar la Comunidad Autónoma de Castilla y León con la necesaria autonomía económico-financiera? Señorías, la Constitución Española garantiza esta autonomía para todas las Comunidades al establecer, en su artículo 156, que "las Comunidades Autónomas gozarán de Autonomía Financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

El régimen general de financiación de las Comunidades Autónomas se recoge en el artículo ciento cincuenta y siete, que dispone: "Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

A) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

B) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

C) Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

D) Rendimientos procedentes de sus patrimonios e ingresos de derecho privado. Y

E) El producto de las operaciones de crédito."

Este precepto constitucional ha sido desarrollado por medio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de veintidós de Septiembre de mil novecientos ochenta (LOFCA).

A través del sistema establecido por la LOFCA, se garantiza efectivamente a las Comunidades Autónomas la cobertura del coste de los servicios públicos asumidos. Esquemáticamente, se pueden distinguir dentro de dicho sistema tres bloques financieros:

Un conjunto de medios de cobertura del coste de los servicios transferidos.

El Estado, que prestaba una serie de servicios públicos ahora transferidos, o en vía de serlo, a las Comunidades Autónomas, incurriría en unos costes. A través de este bloque financiero, previsto por la LOFCA, se pretende cubrir exactamente dichos costes de los servicios que cubría el Estado.

Los mecanismos disponibles son dos. Por una parte, la cesión a las Comunidades Autónomas de ciertos tributos en proceso ya. Y por otra parte, la

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participación de las Comunidades Autónomas en los rendimientos de los tributos estatales no cedidos, a determinar ese porcentaje de participación, previa decisión del método por la Comisión Mixta, como después diré, de nuestra Comunidad.

En segundo lugar, un segundo bloque, formado por los mecanismos de redistribución, para lograr materializar el principio de solidaridad interterritorial. Los recursos previstos, dentro de la LOFCA en este segundo bloque, son los ya citados del Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones presupuestarias del Estado, que permiten garantizar a la Comunidad un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos.

Y en tercer lugar, por último, en la LOFCA se prevé un tercer bloque de financiación autónoma, cuyo establecimiento vendría justificado por una mejora en el nivel de prestación de los servicios, dado que su prestación a los niveles actuales está garantizada por las otras vías ya citadas. Los instrumentos financieros serán la creación de tributos propios o el establecimiento de recargos sobre determinadas figuras tributarias del Estado.

Nuestro Estatuto de Autonomía recoge todos estos recursos financieros en su artículo treinta y cinco, clasificándoles, sin embargo, de modo algo diferente.

Dado que la Comunidad Autónoma está viviendo en estos momentos un proceso, repito, un proceso, una situación transitoria de negociación con la Administración del Estado, cuyo resultado es la transferencia de diversas funciones y servicios que implican unos costes, es lógico que, en paralelo, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio avance por la vía de consolidar los mecanismos de financiación previstos en la LOFCA. La actividad de la Consejería, a través de la Dirección General de Tributos y Política Financiera (y paso ya a realizaciones concretas en relación con el bloque financiero) se ha materializado principalmente en la preparación y negociación de la cesión de tributos. Respecto a la participación de la Comunidad Autónoma en los impuestos estatales no susceptibles de cesión, segundo lugar del otro gran bloque, quedará dicha participación, dicho porcentaje de participación, determinado antes del uno de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro, según el compromiso asumido por el Estado en el artículo diecisiete coma uno, perdón, diecisiete punto uno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, aún hoy debatiéndose, para mil novecientos ochenta y cuatro, de ahí que la fecha aún pueda variar.

Nuestro Estatuto de Autonomía dispone, en la Disposición Transitoria Cuarta, que la Comisión Mixta, a este respecto, integrada paritariamente por representantes de nuestra Comunidad, y de la Administración del Estado, adoptará un método, (el método lo adopta, repito, la Comisión Mixta), encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto, teniendo en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios (y aquí está el problema de la determinación del porcentaje), así como los gastos de inversión que correspondan. Pues bien, es propósito de la Comisión Mixta, aunque no me corresponda a mí enunciarlo, pero sí lo conozco por ser miembro de la misma, cumplir rápidamente este mandato estatutario.

Por parte de la Consejería, y en relación con el mismo, se están ya efectuando los cálculos precisos para la cuantificación de dicho porcentaje de participación.

He indicado a Sus Señorías que la Dirección General de Tributos y Política Financiera de mi Consejería ha empleado hasta la fecha sus mayores esfuerzos en el estudio y negociación con la Administración del Estado de las transferencias de servicios que llevará consigo la cesión de tributos. Y esto ha sido así porque en dicho campo se van a asumir rápidamente responsabilidades de gestión y el adecuado funcionamiento de la Comunidad, (y esta afirmación, diría, casi tendría que ser hecha con tono solemne), el adecuado funcionamiento de la Comunidad dependerá en buena medida de cómo se lleve a cabo aquella gestión y de cómo se haya llevado a cabo dicha negociación con la Administración Central.

Quiero resaltar a Sus Señorías la importancia que la cesión de tributos va a tener para la Comunidad. Enmarcar las condiciones en que la misma se va a producir y las implicaciones que va a suponer para nuestra joven Administración, para que desde esta perspectiva puedan ya juzgar lo adecuado de nuestras actuaciones o lo inadecuado, y nuestras previsiones de acción a corto y medio plazo en este campo.

Dentro de la unidad del sistema fiscal del Estado y permaneciendo éste como titular de las figuras tributarias que lo forman, va a delegar el mismo en nuestra Comunidad Autónoma, lo mismo que en las demás Comunidades, el ejercicio de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de varias de aquellas figuras tributarias. Los tributos en trámite de cesión son: el impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas (en un próximo futuro, impuesto sobre el Patrimonio Neto). El impuesto General de Sucesiones. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (sin embargo, no en todos sus hechos imponibles). El impuesto sobre el Lujo, en la modalidad de devengo en destino. Y las tasas y demás exacciones sobre el Juego.

Prevemos, por el ritmo de las negociaciones y de los trabajos, que la cesión efectiva de tributos pag. 383

se va a producir durante el primer trimestre de mil novecientos ochenta y cuatro. Posiblemente no el día uno de enero, como se proyectaba inicialmente, pero sí desde el momento en que se cumplan las condiciones normativas establecidas ya, o por establecer, en curso. En cuanto a las primeras, las Cortes Generales deben aprobar una Ley del Estado en la que se especifique el alcance y las condiciones de la referida cesión con carácter general para todas las Comunidades Autónomas (está en proceso ya, y en Comisión de las Cortes Generales, del Congreso), y además una Ley específica de cesión de tributos a nuestra Comunidad Autónoma.

En cuanto a las segundas, se tiende a considerar condición necesaria (y es una condición de hecho también) para la cesión, el hecho de que el coste efectivo de todos los servicios transferidos a la Comunidad Autónoma supere el rendimiento esperado y previsto de los tributos cedidos. Y podemos estimar, después de diversos estudios, que estos requisitos se van a cumplir en el transcurso de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que desde ahora nos estamos organizando para poder gestionar con éxito todo este campo tributario; es decir, los cinco, las cinco figuras que en él se contemplan. Si fallamos en nuestra gestión tributaria, como antes decía, difícilmente se podrán lograr los objetivos fijados por la Junta de Gobierno en nuestra Comunidad, ya que faltarán, como antes decía y repito porque el tema... preocupa hondamente a esta Consejería, faltarán los medios para conseguirlos.

Para poder llevar a cabo la gestión de los tributos cedidos se precisa contar con los servicios adecuados. Estos van a ser transferidos por la Administración del Estado. Si a las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León se están presentando importantes dificultades en la negociación de las transferencias por bloque, debido a la indefinición y no contabilización, hasta el presente, por la Administración del Estado, de los costes efectivos de cada servicio, y sobre todo los costes indirectos, y esto cuando dichos servicios se transfieren en su totalidad a nuestra Comunidad Autónoma, consideren Sus Señorías cuán ardua es la cuantificación y la puesta en común acuerdo, en este campo tributario, ya que la transferencia es parcial y a veces indivisible. El Estado, con sus servicios centrales y periféricos, constituidos éstos por las Delegaciones y las Administraciones de Hacienda, va a seguir gestionando los restantes tributos del sistema fiscal: Impuestos de la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades; impuesto General sobre el Tráfico de Empresas; impuestos especiales, etcétera.

Los servicios estatales van a seguir funcionando, independientemente de que ahora, con motivo de la cesión de tributos de las Comunidades Autónomas, deban dividirse y en parte transferirse a éstas. ¿Cómo determinar en estas condiciones los costes directos e indirectos periféricos y, más aún, y sobre todo (éste es el problema central), los costes directos e indirectos centrales, para fijar el total de los factores humanos y materiales que deben pasar a nuestra Comunidad? La Administración del Estado ha hecho una propuesta de transferencia de funcionarios de cada una de las nuevas Delegaciones de Hacienda existentes en nuestra Comunidad. Según los criterios seguidos, y después de una ardua negociación, deben pasar a la Comunidad por estar directamente afectados los funcionarios que actualmente realizan las funciones de gestión-liquidación de los tributos cedidos, y, por vía indirecta, otros funcionarios para realizar las restantes fases del proceso tributario: fiscalización, valoración, inspección y recaudación y revisión. Nuestra Consejería ha analizado las propuestas y, no estando de acuerdo con las primitivas y con los criterios de la Administración Central, las ha negociado arduamente, delegación por delegación, estudiando "in situ" la adecuación de la transferencia de funcionarios a las necesidades de gestión de las nuevas unidades tributarias. De este modo se ha logrado mejorar, cuantitativa y cualitativamente, los efectivos humanos que se nos ofrecían y con que vamos a contar en un futuro inmediato y que van a tener la responsabilidad de la gestión tributaria en cada una de las provincias.

El proceso, en cuanto afecta a las negociaciones sobre la transferencia de los servicios periféricos, está cerrado, habiéndose firmado ya un acta de conformidad entre nuestra Consejería y las Delegaciones de Hacienda el viernes dieciocho de Noviembre pasado. Conviene que en esta importante ocasión, en que comparezco ante los representantes de nuestro pueblo castellano-leonés, manifieste a Sus Señorías la satisfacción personal que tengo por el espíritu de colaboración y de cooperación que ha existido entre nuestra Administración y la Administración del Estado, en este tema, espíritu éste que va a reinar en nuestras futuras relaciones dada la especificidad del campo tributario, y que nos ha llevado a sentirnos orgullosos de construir y de estar construyendo de esta forma nuestra Autonomía, en el convencimiento de que simultáneamente hacemos Estado.

También quiero exponer a Sus Señorías, aunque el hecho pueda ser juzgado de secundario, que en nuestras visitas a cada una de las Delegaciones de Hacienda (y yo no lo considero secundario) hemos tenido contacto personal con los funcionarios que van a pasar a nuestra Comunidad y les hemos transmitido la gran esperanza que tenemos depositada en ellos y la confianza en el éxito

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de nuestra gestión conjunta. Es un objetivo básico para nosotros formar un óptimo equipo humano, porque tenemos el convencimiento de que, apoyados en él, lograremos cubrir los ambiciosos objetivos políticos que nuestra Comunidad Autónoma espera de su Junta de Gobierno.

Es interesante resaltar, además, que las unidades a transferir a la Comunidad Autónoma van a empezar a funcionar, desde ahora, de forma totalmente separada de las Delegaciones, aunque dependiendo de la Administración del Estado todavía. Este período de rodaje, negociado y acordado, nos dará mayores garantías de que al asumir las transferencias no nos lancemos hacia lo desconocido y arriesguemos con ello el funcionamiento general de la Comunidad.

Debo reconocer que, junto al optimismo por la organización de nuestros servicios tributarios periféricos, siento sin embargo, también, una honda preocupación por cómo quedarán organizados los correspondientes servicios centrales. Y esto va en relación con las dificultades de negociación de la valoración de los costes indirectos, sobre todo de los servicios centrales a que antes hacía referencia. Nuestra previsión, en cuanto a estructura de apoyo a las nueve Delegaciones Provinciales, es sobria, mínima diría, insuficiente totalmente, figurando en el organigrama previsto, tres servicios: de gestión, de inspección y de coordinación, y varias secciones. Lógicamente, nuestros servicios centrales deberían ser cubiertos por las transferencias de los servicios centrales del Estado, pero aquí se asiste a una marcada indivisibilidad de los factores. Confiamos, sin embargo, poder cubrir los puestos básicos a partir de las negociaciones que en estos próximos días (están ya apalabradas para la semana que viene), vamos a llevar a cabo con la Administración del Estado a su más alto nivel en esta área, e intentaremos dotar el resto de las necesidades a través de la oferta pública de empleo. El punto, no obstante, es de una especial delicadeza e importancia de cara a un futuro.

Y quiero concluir este apartado relativo a la próxima cesión de tributos estatales señalando a Sus Señorías, para que enmarquen mejor la importancia que el tema reviste para la Comunidad, la potencia recaudatoria de dichos tributos.

Por años, en las nueve provincias de nuestra Comunidad, se han recaudado: en mil novecientos setenta y nueve, ocho mil ciento veintiséis millones de pesetas.

En el ochenta, nueve mil doscientos once.

En el ochenta y dos, doce mil setecientos dieciocho.

Y hasta el treinta y uno de Octubre del presente año, trece mil ciento cuarenta y cinco millones de pesetas. Les ahorro el desglose porcentual, pero sí quiero decir que prevemos alrededor de quince mil millones de pesetas para final de año en la recaudación (o por encima de esta cifra), y que incluso crecerá más que proporcionalmente durante el ochenta y cuatro. Y esto lo hago para que destaquen la importancia, no solamente de este paquete de tributos que se nos va a ceder, sino la importancia de la adecuada valoración de los costes de la transferencia y, por lo tanto, de una posible adecuada gestión.

En el ámbito también de nuestra actividad tributaria, quiero comunicar a Sus Señorías los proyectos que a corto plazo tiene mi Consejería respecto a las tasas; tema arduo, difícil, yo diría que casi escabroso.

Estos tributos se fundamentan en el "Principio del Beneficio", aunque sin olvidar el de capacidad de pago y, como señala el artículo 35.1.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, son la contraprestación a recibir por nuestra Hacienda Autonómica, por la utilización del dominio público, por la prestación de la Comunidad de un servicio público o la realización de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.

Según dispone el artículo 7.2 de la LOFCA, "cuando el Estado transfiera a las Comunidades Autónomas bienes de dominio público para cuya utilización estuvieran establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas, se considerarán como tributos propios de las respectivas Comunidades".

Tenemos, pues, un campo tributario que ya es propio, que debo reconocer, reviste especial complejidad, dadas las dificultades de regulación y de gestión que presentan estas figuras tributarias.

Inmediatamente y en nuestro propósito se va a elevar a estas Cortes de Castilla-León un Proyecto de Ley para la actualización de los tipos de tasas de cuantía fija; de forma que adecúen a los incrementos de costes, originados por la inflación, en que la Administración Autónoma incurre al prestar sus servicios; esta modificación tributaria, que la adecúe, que según la normativa vigente exige reserva de Ley, por motivos de economía y eficacia, tal vez, tal vez, les anuncio, puede ser incluida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de mil novecientos ochenta y cuatro.

También a corto plazo vamos a racionalizar los procesos de gestión de las tasas, teniendo en cuenta que las mismas se liquidan en los puntos en que se prestan los servicios, es decir, de forma totalmente descentralizada. Pero a veces de forma excesivamente descoordinada.

Y, a un plazo medio, realizaremos un estudio

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pormenorizado de los costes de los servicios prestados, para fundamentar una modificación más radical de estos tributos.

Y ahora ya para concluir con esta exposición del área tributaria, quiero indicar a Sus Señorías que no tenemos previsto a corto plazo crear ningún nuevo tributo. Nuestro trabajo se centra en gestionar eficazmente, y ése será nuestro objetivo, las figuras tributarias cedidas o propias que les he señalado, actuando en todo momento con el rigor que exige el fenómeno fiscal. Este es un propósito a corto plazo, en esta legislatura.

Vamos a dedicar especial atención, eso sí, ya desde ahora, desde el momento en que se me transfieran los tributos cedidos, dedicar, digo, especial atención a combatir el fraude fiscal, por todas las implicaciones distorsionadoras y de injusticia social que conlleva.

En España, y con relación a todos los impuestos, se calcula que hoy este fraude supera el billón de pesetas. No podemos estimar por el momento a cuánto puede ascender en nuestra Comunidad Autónoma en relación a los tributos cedidos, pero debe llegar a un montante importante, dado que se trata de impuestos y tasas que han estado casi olvidados por la Inspección. Y éste es un dato real de nuestra Comunidad.

También tenemos como objetivo el que nuestro sistema tributario esté perfectamente articulado y colabore con las haciendas estatales y locales.

Los recursos tributarios señalados van a constituir, junto con el Fondo, la dotación principal del Presupuesto de la Comunidad Autónoma del ochenta y cuatro. A corto plazo, no proyectamos (a corto plazo, repito) emitir Deuda Pública. Por otro lado, la política de endeudamiento global de la Comunidad, de la Junta, perdón, se enmarcará dentro de la política financiera más amplia de la Junta.

En nuestra Región existe un estrangulamiento financiero, que actúa con otras variables, como restricción fundamental en la consecución del objetivo de desarrollo regional. El funcionamiento del sistema financiero lleva a la transferencia espacial del ahorro, ya lo cité antes, desde nuestra Región hacia otras más industrializadas. Es, pues, necesario, para atajar o para anclarnos con este fenómeno de transferencias de recursos propios financieros, articular un sistema financiero regional, canalizar progresivamente el ahorro regional en la financiación y hacia la financiación de inversiones regionales públicas y privadas, y generar unas vías de financiación preferentes, de créditos a largo plazo, para los sectores claves impulsores del desarrollo del empleo en nuestra Región.

La consecución de estos objetivos, mediante la utilización de los instrumentos y la implantación de las medidas adecuadas, está condicionada por las limitaciones jurídico-políticas-institucionales que establece la Constitución al atribuir competencias exclusivas al Estado en materia de política financiera. Nuestra Comunidad, sin embargo, puede asumir las competencias sobre Ordenación del Crédito, Banca y Seguros, pero recurriendo (y éste será nuestro propósito a medio plazo) al procedimiento previsto en el artículo 150.2 de la Constitución; es decir, delegación mediante Ley Orgánica.

Pero sí tenemos competencia, si no tenemos competencias en este campo de tipo exclusivo, sin embargo sí que tenemos competencias de desarrollo y ejecución, y este dato es ciertamente básico, de la legislación básica del Estado (habría que dilucidar qué se entiende por delegación, perdón, por la legislación básica muy detenidamente) en materia de organización, régimen y funcionamiento interno de las instituciones de crédito cooperativo, público y territorial, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

Nuestra actividad hasta el momento, en este campo financiero, ha consistido en un sondeo, en frecuentes reuniones con diversas Cajas (no con todas las Cajas de Ahorro todavía) de la Región (pienso que sea con todas de forma inmediata).

Y he anunciado ya a estas Instituciones, con las que he tenido contacto, un primer contacto, con las más próximas en el espacio, nuestros proyectos inmediatos de regular mediante Decreto las competencias señaladas por el artículo 27.1 del Estatuto, y nuestro deseo de que dicha normativa reglamentaria nazca tras un proceso de análisis conjunto de la problemática, eso sí, de un análisis conjunto. Y por lo tanto, son competencia regular mediante Decretos en materia de organización, régimen y funcionamiento interno: las instituciones de crédito cooperativo público y territorial, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales (incluida la inspección). Las instituciones con las que hemos mantenido contacto han mostrado hasta el momento un buen espíritu de colaboración.

Hemos tenido también contactos con algunos Bancos que actúan en nuestra Región y se está negociando con alguno de ellos la financiación de proyectos concretos de Inversión Regional, en particular orientados hacia la pequeña y mediana empresa, y que más tarde explicitaré al hablar del área de comercio; de algunos de ellos, acuerdos algunos de ellos, ya cerrados.

Pensando también en la financiación de las PYMES, hemos potenciado nuestra presencia en esta área de política financiera, en las Sociedades de Garantía Recíproca existentes en nuestra Región,

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además de actualizar nuestra participación en el capital de las mismas; hemos intervenido más activamente en sus Consejos de Administración con presencia puntual, y proyectamos apoyar su funcionamiento creando o participando, junto con el Estado en Sociedades de Segundo Aval. Es decir, intentamos articular un aval institucional, un segundo aval institucional por parte de la Junta.

Como apuntábamos, y ahora paso al área más estrictamente presupuestaria, en la memoria de Presupuestos del ejercicio en curso, la necesidad y urgencia de la Ley que los regula venía motivada por la difícil situación presupuestaria entonces existente, como consecuencia de la prórroga de unos presupuestos -los del ochenta y dos- que no se correspondían con las actividades, con las actuales, de entonces, necesidades.

No obstante, en su artículo cuarto se advertía, en aquella Ley, que las cifras en él consignadas se incrementarían (como de hecho está ocurriendo a lo largo del período previsto), por expedientes de incorporación, como consecuencia de la progresiva asunción de competencias, funciones y servicios transferidos por el Estado, con la consiguiente variación, no sólo en su volumen, en el volumen entonces presupuestado, sino en su estructura porcentual. Así, al día de hoy, y de ello quiero darles cuenta, se han incorporado o están en trámite de incorporación inmediata trescientos veintiocho millones, de los que doscientos treinta y cinco millones proceden del Fondo de Compensación Interterritorial del ochenta y tres, cuarenta y uno del Instituto Nacional de Asistencia Social, y cincuenta y dos vienen destinados para gastos de funcionamiento de estas Cortes y de la Junta. De ello, de todas estas modificaciones, se ha dado y se dará cuenta a las Cortes por el conducto y mecanismo legal previsto.

Por lo mismo, nos encontramos con que la proporción en que figuraban las operaciones corrientes y las de capital respecto del total han variado en siete por ciento a favor de estas últimas de capital, pasando del setenta y uno coma siete y veintiocho coma tres por ciento correspondientes, al sesenta y cuatro coma ocho y treinta y cinco coma dos por ciento, respectivamente. Y concretamente, y puesto que se trata de un punto de análisis preferente, la cifra destinada a inversiones ha pasado en este tiempo del veintisiete coma seis al treinta y cuatro coma cinco del Presupuesto. Donde se ve la tendencia de nuestra política en relación al Presupuesto.

Las anteriores cifras son las de hoy, las del último informe que obra en mi poder, de la Consejería, y es probable que si esta información que les estoy ofreciendo se produjera dentro de quince días, ya no fueran las mismas.

De esa situación de provisionalidad de los créditos consignados en los Presupuestos, se desprende la enorme importancia que adquiere la política de transferencias, ya contemplada en nuestro programa electoral, y que pone de manifiesto:

Primero, la existencia de una infraestructura administrativa mínima para la asunción de competencias realizadas en épocas anteriores.

Segunda, la enorme importancia de valorar adecuadamente y justamente los costes efectivos de los servicios transferidos, y sobre todo de los costes centrales indirectos.

Tercero, la necesidad de una racionalización adecuada a estos servicios.

En cuanto al primer punto, se ha hecho un gran, grandes esfuerzos por parte de la Junta de Castilla y León y se puede afirmar que en este momento es un problema en vías de superación. El segundo punto será expuesto con mayor claridad cuando hablemos de objetivos a corto plazo, y el tercer punto se refiere a un proceso de reestructuración y racionalización conducente a un mejoramiento de los servicios y a un mayor control del gasto público dentro del marco de la economía.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad, desde que se aprobó el régimen preautonómico para Castilla y León en Junio del setenta y ocho, hasta hoy, han sufrido grandes cambios. Así vemos cómo de un volumen presupuestario de sesenta y seis millones, hemos pasado a tres mil trescientos ochenta y tres millones en el momento actual. No obstante, estas cifras no son aún hoy lo suficientemente significativas como para poder realizar los objetivos básicos de una política presupuestaria propia. No podemos aún hablar de una política presupuestaria propia de un gobierno progresista, de ningún gobierno, diría yo. A saber: creación de un Sector Público potente, capaz de convertirse en coordinador e impulsor del crecimiento y desarrollo económico, aumento de la calidad de la vida, y que actúe eficazmente como mecanismo redistribuidor de la renta.

En base a esto, la Hacienda Regional debe encontrarse permanentemente saneada, conservando amplios márgenes de maniobra financiera, y, simultáneamente, la potencia de la Hacienda Regional, como garantía última de dicho proceso, debe mantenerse constantemente; ello implica que la actuación de la Hacienda Regional debe ser capaz de generar su propio crecimiento.

No hay que olvidar que el desencadenamiento y mantenimiento de un proceso de desarrollo endógeno y autosostenido, como preconizamos en nuestro programa electoral, exige la formulación de una Hacienda beligerante en la asignación de recursos, en el nivel de empleo, en el asentamiento pag. 387

regional de los recursos regionales y, en especial, de los financieros. Pero, a su vez, hemos de ser conscientes de que la actuación de la Hacienda Regional se encuentra con limitaciones en la consecución de los anteriores objetivos, como son los provenientes del Estatuto, limitaciones provenientes del Estatuto y de la LOFCA y las restricciones impuestas temporalmente en la capacidad de maniobra por la asunción de competencias, y por el período provisional en que nos encontramos.

Toda la Política Presupuestaria, diseñada anteriormente, comenzará, entiendo, a tener sentido a partir de los Presupuestos del ochenta y cuatro y se concretará en los ejercicios siguientes. Si comparamos, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, los Presupuestos del ochenta y tres con los que previsiblemente serán los del ochenta y cuatro, podemos señalar: primero, su volumen económico puede llegar a ser diez veces superior, debido al proceso intenso de transferencias, debido al ritmo creciente en la asunción de las mismas y el importe cada vez mayor de las mismas, gestionando por la Comunidad Autónoma correspondiente, además, a la parte, e incrementándose con la parte creciente del Fondo de Compensación Interterritorial, anteriormente no incluido en los presupuestos y que será incluido en aquella parte que corresponde gestionar, únicamente en la parte que corresponde gestionar y ejecutar a la propia Comunidad.

Y en segundo lugar, podemos también señalar un mayor margen de maniobra en la gestión de los ingresos y gastos que se pondrán de manifiesto en la política de subvenciones, fomentos a la inversión, planes sectoriales, etcétera, imperando los principios de eficacia, racionalización, coordinación y economía del gasto; lo que llevará implícita la descentralización administrativa que supone la gestión de ingresos y gastos allí donde se originan, sin olvidar el principio de caja única que establece la Ley General Presupuestaria, permitiendo una mayor agilidad y transparencia administrativa. Estas consideraciones no deben ser interpretadas como un acomodarse ante una situación de impotencia, ni mucho menos como una negación de la política presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno del Estado a escala nacional. Estamos viviendo, simplemente, el período de consolidación del proceso autonómico y somos conscientes de la transcendencia de los próximos Presupuestos. De ahí la cautela máxima, responsabilidad, rigor y seriedad que debemos dar y con que debemos dotar la elaboración del Presupuesto para mil novecientos ochenta y cuatro.

En su estructura, tendremos presente la de los Presupuestos Generales del Estado para permitir su consolidación, y utilizaremos, por lo mismo, las clasificaciones orgánica y económica. En cuanto a su estructuración por programas, novedad este año en el Estado, novedad relativa (una cosa es la forma y otra cosa es el fondo), no resulta aconsejable ni posible por esta vez, no sólo porque la asunción de competencias precisa un mínimo asentamiento, sino por la limitación actual de los medios, cuya modernización se está proyectando. Es imprescindible disponer de medios informáticos adecuados para el tratamiento de datos cruzados que es operatoria característica del sistema. Y, alcanzada esta estructura, se podría pasar al establecimiento de los objetivos, definición de los programas en razón de estos objetivos, determinación de los medios materiales y humanos a utilizar, y fijación (y es un punto muy delicado, que incluso en países más avanzados en estas técnicas presupuestarias ha sido prácticamente imposible) y fijación de los índices de evaluación de los grados de eficacia y eficiencia de los programas en su realización.

No obstante, es nuestro propósito elaborar, sin embargo, ya este año, una memoria explicativa que acompañará al Proyecto, donde se darán los primeros pasos en el esbozo de los programas. No hacemos programas, técnicamente es inviable, pero sí algo sustitutivo y más realista que los programas en este momento: una memoria explicativa.

Asimismo, nos comprometemos a unir un informe económico-financiero que estudie la estructura económica regional, situación actual y perspectivas e incidencia sobre ella de una política presupuestaria, y también un anexo que recogerá la distribución territorial de los gastos referentes a los servicios periféricos transferidos.

El objetivo fundamental, a corto plazo, y en este sentido ya se ha ahondado suficientemente, es la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Y dicho objetivo se puede plantar como un proceso cuyas fases se concretan en:

Primero, cuestiones precisas: valoración definitiva y adecuada de las transferencias. Segundo, dificultades detectadas. Tercero, metodología a utilizar. Y cuarto, elaboración del anteproyecto.

Voy a referirme a cada una de estas fases del proyecto, por separado.

Primero. Valoración adecuada de las transferencias asumidas:

Se pretende reflejar, en todo momento, el coste efectivo, el coste efectivo de los servicios transferidos, tal y como se reconoce en la LOFCA, Estatuto de Autonomía y demás Disposiciones Legales; por tanto, es éste uno de los puntos más importantes que van a condicionar la formación de nuestro Presupuesto, juntamente con la participación en los impuestos no cedidos por el Estado y la gestión directa de la cesión de tributos.

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En la Sección treinta y dos del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el ochenta y cuatro se recogen todas las consignaciones presupuestarias para la financiación de los servicios transferidos a esta Comunidad. Las partidas que contiene dicha Sección están siendo en este momento, sin embargo, cotejadas, con el fin de subsanar los errores y omisiones existentes y amplios, de carácter técnico, que se han detectado, y debidas, sin duda, al carácter dinámico y de realidad viva que configura el proceso de transferencias y la puesta en práctica por parte del Estado del método de Presupuesto por programas.

Ha de tenerse presente, además, que el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado fue elaborado a mediados de año y que desde entonces hasta hoy se han producido nuevas e importantísimas transferencias de servicios y competencias, así como valoraciones definitivas de transferencias anteriores, con lo cual no constan en la Sección treinta y dos. No solamente hay errores en la evaluación, en la valoración, sino también en la ubicación.

Estas circunstancias entrañan obstáculos importantes que a continuación se puntualizan, y que por esta Consejería se está intentando subsanar en negociaciones y en conversaciones con la Administración del Estado, y sin cuya resunción justa, sería imposible acercarnos a unos Presupuestos adecuados de nuestra Comunidad. Hay que tener en cuenta que, en la etapa transitoria, los Presupuestos de las Comunidades que se rigen, y más tarde lo remarcaré, por el artículo 143, son Presupuestos supeditados a los Presupuestos del Estado.

Me refiero ahora a las dificultades detectadas. Las dificultades actuales y que han impedido el cumplimiento del plazo estatutario de presentación del Proyecto de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, son aplicables y propias, repito, ya lo he dicho, y lo repito, no me cansaré, de todas las Comunidades Autónomas, esencialmente las que han conseguido su determinación por el artículo 143, aunque también participan de ese tipo de dificultades las del 51 (véase caso de Cataluña que determina, la Generalitat, el Parlamento, no realizar el presupuesto del ochenta y cuatro mientras no esté definido el porcentaje de participación en los impuestos no cedidos por parte de la Generalitat, participación recibida por parte de la Generalitat en los impuestos no cedidos del Estado).

En primer lugar, no se conocen las cifras finales de la Sección treinta y dos de los Presupuestos Generales del Estado, en lo que afecta a las consignaciones presupuestarias de los servicios transferidos.

Y en segundo lugar, se requieren acuerdos previos cuya negociación no se ha iniciado entre todas las Comunidades Autónomas entre sí, y entre ellas y el Estado, para, en primer lugar, la distribución de los créditos consignados en los diferentes Ministerios y Organismos Autónomos de los Presupuestos Generales del Estado, en inversiones de reposición de los servicios transferidos, que no constan en la Sección treinta y dos de los Presupuestos Generales del Estado y que están genéricamente aplicados en otros capítulos, pero no distribuidos Comunidad por Comunidad. Y en segundo lugar, la cuantía de los costes indirectos periféricos e interdepartamentales que no han sido incluidos tampoco en la Sección treinta y dos y tampoco definidos departamento por departamento, ni Comunidad por Comunidad, allí donde están ubicados. Está pendiente de fijar por la Comisión Mixta de Transferencias el porcentaje de participación de nuestra Comunidad en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos.

Es propósito de esta Consejería abordar los siguientes planes a medio plazo en este término.

Establecer las bases para la mecanización de la contabilidad en su más amplio sentido. Es decir, que, sin merma del objetivo tradicional de control, se cumplan los fines que las modernas doctrinas hacendísticas le atribuyen; esto es, proporcionar una información adecuada y sistemática del acontecer económico y financiero de nuestra administración pública regional.

Esta información ha de adecuarse en contenido y periodicidad a las exigencias de sus receptores: directivos y responsables de la gestión pública, órganos de control externo (por ejemplo, las Cortes, Tribunal de Cuentas), y sector privado, tanto empresas como ciudadanos en general, dada la incidencia que la actuación pública tiene sobre todos estos sectores.

Técnicamente, estos objetivos sólo pueden alcanzarse, a mi juicio, cambiando radicalmente el método contable en vigor en el sector público desde mediados del pasado siglo, por el que ya es de aplicación común en el ámbito privado, es decir, pasando de la partida simple a la partida doble.

Esto está resuelto teóricamente por el Estado desde mil novecientos ochenta y uno, teóricamente digo, en que se publicó el Plan General de Contabilidad Pública y que es el que, con las aportaciones necesarias, nos proponemos implantar en la Comunidad.

Su establecimiento requiere imprescindiblemente la utilización de medios informáticos y, a tal fin, se ha constituido ya como primer paso y en orden a este objetivo que acabo de anunciar, se ha constituido recientemente por esta Consejería una Comisión de Planificación y Coordinación Informática dentro de la misma.

Y continuando con un orden de prioridades,

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en relación al tema de Presupuestos y Patrimonio, esta Consejería considera necesario establecer, con el soporte jurídico adecuado, aún no disponible, un servicio de patrimonio para dar cumplimiento al artículo 34 del Estatuto.

Teniendo presente que la variada legislación estatal en vigor está claramente necesitada de una revisión, revisión (lo cual es previo por lo tanto) y que su aplicación práctica tampoco es un ejemplo de eficacia, pensamos que habría que abordar el tema en profundidad requiriendo ya desde aquí (si vale la tribuna, me lo permitirán), yo solicito la colaboración de instituciones e instancias públicas y políticas.

Y por último, voy ahora a desgranar cuantos objetivos, instrumentos y actuaciones concretas ha desarrollado la Consejería en el área específica del Comercio. Las funciones de la Consejería que hemos venido desgranando en esta intervención se corresponden apreciablemente, como habrán podido apreciar Sus Señorías, con un conjunto de servicios de naturaleza horizontal, más orientados hacia la satisfacción de necesidades genéricas de la Región y de la propia Administración Autónoma que en una dirección finalista vertical de servicio directo a un sector económico o social concreto.

Sin embargo, la Consejería tiene en el área de la distribución y comercialización de los productos un campo específico de actuación finalista, vertical, directa, en contacto y al servicio de los administrados. En efecto, el área de comercio, que se ocupa de las competencias transferidas a la Junta en materia de Ferias Interiores, Intervención General de Precios, Reforma de Estructuras Comerciales y Comerico Interior (ya transferidas) ha planteado el desarrollo de sus funciones en dos grandes líneas de actuación, directos y verticales, finalistas. Por una parte, en el intento de racionalizar y ordenar la oferta, se ha desarrollado una serie de programas de ordenación comercial coherentes con la política comercial diseñada y cuyos objetivos últimos serían el de conseguir una completa, moderna, integrada y eficiente estructura de equipamientos comerciales, en un intento de aumentar la competencia y reducir los costos de la distribución comercial, y acortar la intermediación, objetivo clave en los canales de comercialización. Esto, por el lado de la oferta.

Y en segundo término, en cumplimiento de la normativa señalada sobre precios, tarifas, asesoramiento e información en materias referentes al grado de competencia en el mercado interior, márgenes y normas comerciales, orientaciones de la demanda, canales de distribución e intermediación, horarios comerciales, disciplina del mercado, etcétera, se ha diseñado un segundo conjunto de programas de actuación en un intento de concertar la política de demanda con la ordenación de la oferta, buscando la eficacia y la operatividad de los mercados a nivel regional.

Específicamente, como Sus Señorías seguramente saben, la legislación vigente en este ámbito y las previsiones efectuadas en los Presupuestos Generales para el ochenta y tres, han permitido a la Consejería, en esta área, desarrollar ya una ingente tarea de colaboración tanto con el sector privado como con el sector público.

La ordenación y racionalización de los criterios seguidos en el ámbito de la distribución comercial se ha plasmado en una serie de programas de actuación que abarcan desde el crédito subvencionado al comercio individual, cooperativo y asociado hasta los convenios para la subvención de las inversiones de los Ayuntamientos en materia de mercados y urbanismo comercial; desde la promoción de la actividad comercial, tanto interna como externa, al diseño de una política ferial, el desarrollo de un programa de cursos de formación y asistencia técnica o la disposición de una serie de estudios sobre las estructuras y necesidades comerciales de la Región.

Perfilar a Sus Señorías la situación del Instituto para la Reforma de las Estructuras Comerciales, en adelante IRESCO, en el momento en que la nueva Junta se responsabiliza del tema, no busca, no busca la crítica gratuita sino la definición específica de la herencia que en esta área se recibió de administraciones precedentes. Dificultades, al parecer, de orden financiero primero, y limitaciones operativas asociadas al proceso de transferencias después, implicaron la presencia conjunta de dos centenares de expedientes atrasados y no resueltos, y la notable carencia de los recursos humanos necesarios para su tramitación. La administración regional socialista recibió en Julio del presente año expedientes fechados algunos de ellos incluso en mil novecientos setenta y nueve y ochenta.

La situación hoy, tras tres meses de la organización del Servicio, está absolutamente normalizada, habiéndose evaluado, tramitado y resuelto ciento cuarenta y seis expedientes, mediante la renovación tácita de los convenios del IRESCO Central con las Cajas y Bancos de la Región; y los dieciséis restantes, en colaboración con el Banco Hipotecario de España. De los primeros ciento cuarenta y seis expedientes de crédito subvencionado al pequeño y mediano comercio, sesenta y nueve se han resuelto positivamente, aplicando provisionalmente los criterios evaluadores de la Administración, provisionalmente digo, de la Administración Central. El volumen del crédito subvencionable concedido y generado ha sido de trescientos diecinueve millones de pesetas y las subvenciones directas han ascendido al día de

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hoy, a cuarenta y un millones de pesetas. A ellos hay que añadir la eventual resolución de cincuenta y tres expedientes, pendientes aún por carencia de algún trámite procedimental, por un importe crediticio previsto de doscientos cuarenta y seis millones de pesetas, y una subvención presumible de treinta millones de pesetas. Y las previsiones (esto sería lo comprometido, ejecutado o comprometido hasta hoy, a falta de algún trámite), las previsiones en relación con el resto del período presupuestario señalan la recepción potencial de veinticinco nuevos expedientes por un importe crediticio de cerca de cien millones de pesetas y una subvención potencial de doce millones.

En conjunto, pues, Señorías, el programa de crédito al comercio para la reforma de las estructuras comerciales ha supuesto, o va a suponer, un volumen de transferencias de ochenta y tres millones de pesetas en ciento cuarenta y siete expedientes; lo que determinará al final del período, un efecto multiplicador directo de seiscientos sesenta y cinco millones de pesetas en inversiones dentro de la pequeña y mediana empresa comercial en la Región. Además, hay que contabilizar la tramitación y resolución, previa cualificación comercial, de otros expedientes de inversión por un importe global de doscientos seis millones de pesetas a través de la línea que prevé el acuerdo de esta Consejería con el Banco Hipotecario de España, y que pretendemos ampliar a otra serie de instituciones, al que habría que añadir otros veinticinco millones de pesetas que, por el mismo concepto, están aún pendientes de resolución en dicho banco, por carencias formales en el trámite.

El crédito total aprobado correspondiente al programa de ordenación comercial ascendería, pues, a los ochocientos noventa y seis millones de pesetas al final del año.

La tramitación de expedientes está absolutamente hoy ya normalizada y puesta al día, sin perjuicio de las alteraciones procedimentales previstas para el próximo ejercicio, con el propósito de simplificar y agilizar la gestión (el tiempo medio, podemos decir, de tramitación de un expediente hoy, de ordenación comercial, es de veinte días actualmente).

Como Sus Señorías seguramente conocen, este programa de subvención al pequeño y mediano empresario comercial, que trata de reducir los tipos de interés de los préstamos afectos a determinadas inversiones, está siendo complementado por la creación de una línea de crédito de carácter intersectorial para la pequeña y mediana empresa, en la cual participa igualmente el IRESCO en su tramitación y subvención. En tal sentido, se ha dado comienzo a una colaboración estrecha con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que, a través de varias instituciones financieras, permite simultáneamente la cualificación técnica y comercial de la Junta de Castilla y León con carácter vinculante. Otro tanto está previsto para los préstamos tramitados a través del Banco de Crédito Industrial, aun cuando no medie subvención alguna de la Consejería, generando, por lo tanto, de forma indirecta, créditos sin subvención.

Además, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, en colaboración con los Ayuntamientos y las Diputaciones, ha diseñado dos programas de equipamientos comerciales cuyo objetivo sería el obtener una distribución y comercialización más eficiente, competitiva y barata, a través de la subvención de inversiones en equipamientos colectivos de carácter social, en este caso.

La actuación de la Consejería en estos programas se orienta prioritariamente al estudio, diseño, proyección y construcción o reforma de mercados de abastecimiento, centros comerciales de barrios, mercados sectoriales o de productos, áreas colectivas, ordenación urbanística de la venta ambulante, zonas peatonales y, en fin, habilitación comercial de centros históricos. Todo ello en el área de lo que podríamos denominar equipamientos de mercado en destino.

Otro tanto se contempla en los equipamientos comerciales en origen, programa que intenta responder a las necesidades de la promoción de canales y centros de contratación y distribución de productos en sus centros de producción. En general, es objetivo de este programa el sentar las bases de una mejora en la intermediación, objetivo central en esta área de la Consejería, y también mejora en la contratación, acercando a los productores a los canales de distribución y acortando los mecanismos de distribución comercial.

Específicamente, se contempla en este programa la subvención y crédito en inversiones en el ámbito de los mercados de origen, centros de contratación y distribución hortifrutícolas, o redes de frío, centros de almacenamiento y regulación, servicios a la distribución de productos, etcétera.

Los compromisos ya adquiridos, en firme, por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio en estos campos son los siguientes: subvenciones para la reforma y mejora de los mercados de abastos de Soria capital, Ponferrada, Salamanca (mercado de frutas y legumbres), Hoyo de Pinares (Avila), por un importe total de trece coma cinco millones de pesetas, con cargo a los presupuestos del ochenta y tres, del presente ejercicio. En el mismo ámbito, están en estudio, en negociación, actuaciones en el mercado de abastos de Toro (Zamora), La Palma (Salamanca), Medina del Campo (Valladolid) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Además de tales actuaciones directas, esta

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Consejería ha concertado hoy, esta mañana, mejor dicho, un acuerdo-convenio de actuaciones con la empresa nacional MERCASA que va a permitir a la Junta de Castilla y León ordenar, dirigir y gestionar conjuntamente los proyectos de actuación de esta empresa nacional en el territorio de nuestra Comunidad.

El resumen de actuaciones previsibles en el período legislativo, y en términos del concierto con MERCASA que acabamos de firmar esta mañana, y que cuya importancia yo entiendo relevante, aparte de ser una de las únicas y primeras que se han firmado a nivel estatal con comunidades globales; el resumen de actuación, repito, previsibles en los términos de concierto con MERCASA sería (también con Ayuntamientos, mediante Ayuntamientos y Diputaciones), en cuanto a mercados mayoristas: se proyectarán, se proyectan construir mercados de este tipo en Avila, León, Ponferrada, Palencia, Segovia y Zamora, con una inversión estimada de novecientos treinta millones de pesetas.

En cuanto a mercados minoristas, igualmente existen ya contactos y proyectos para la construcción de este tipo de mercados en Burgos, Salamanca, tres; Valladolid, cuatro, y Zamora, con una inversión estimada de novecientos setenta millones de pesetas en los próximos tres años.

Y en cuanto a mercados de origen, o rurales, los proyectos previstos en esta área se sitúan en Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Vitigudino. Esto deriva de que se ha tenido ya un contacto a fondo y una relación a fondo con la Diputación de Salamanca, contacto y negociación que seguiremos teniendo con otras Diputaciones de las nueve provincias, con las nueve Diputaciones de las nueve provincias de la Región, y que ya están en marcha. Y su construcción está asociada a los contactos, como aquí digo, que en este sentido se han mantenido con dicha Diputación. El importe total de los proyectos en esta área se sitúa en el orden de los noventa millones de pesetas.

Las cifras estimativas de la inversión previsible, en el marco del acuerdo hoy firmado con MERCASA, serían de dos mil trescientos diez millones de pesetas para el próximo trienio, las cuales serán subvencionadas por la Junta de Castilla y León hasta un máximo de un treinta por ciento de la inversión total, o mediante actuaciones de coparticipación en la inversión directa.

Igualmente, en este ámbito, la Dirección General de Comercio de mi Consejería va a subvencionar un conjunto de proyectos de urbanismo comercial en varias capitales de nuestra Región, por un importe superior a los quince millones de pesetas a fin del ejercicio, y por lo cual se han iniciado negociaciones con los Ayuntamientos de distintas capitales de provincias y distintas ciudades importantes de nuestra Región.

Otro de los programas que esta Consejería somete para el conocimiento de Sus Señorías es el Programa de Promoción Comercial, que presenta líneas de actuación: por una parte, el acuerdo-convenio ya citado con la Empresa MERCASA, que permitirá poner a la disposición de los Ayuntamientos de la Región, especialmente en los pequeños municipios, los medios técnicos y las ayudas financieras a la construcción de equipamientos comerciales colectivos.

El acuerdo, como una cuestión previa, incorpora una cláusula que comporta el compromiso mutuo de colaboración en la realización del estudio de las necesidades de la Región en materia de oferta, infraestructura y equipamientos, el análisis de la situación de la demanda, hábitos de consumo, etcétera, en un intento de disponer, por parte de todos los agentes, productores y consumidores de la Región, de un balance de necesidades riguroso y solvente. El acuerdo, repito, está firmado.

Un segundo proyecto de acción institucional y participación económica en la actividad de promoción comercial por parte de la Junta implica la creación y potenciación de una Sociedad de Promoción de Exportación de Castilla y León, que permita generar las ventajas en una acción coordinada y colectiva en los mercados externos, no solamente extranjeros; así como el que permita también el desarrollo y prestaciones con carácter genérico de los servicios y tramitaciones necesarias a la actividad exportadora de las empresas de la Región: análisis de mercados, agrupación de la oferta, como punto clave, e información y estudio de canales de comercialización.

La iniciativa de creación de esta Empresa, inicialmente impulsada por nuestra Consejería, ha sido ampliamente aceptada por los medios económicos interesados. Así, y éstos son compromisos ya, SODICAL ha comprometido su participación hasta un cuarenta y cinco por ciento del capital social y se cuenta con el compromiso previo del IMPI, el Banco Exterior de España, las Cámaras de Comercio de la Región (a partir de su última reunión celebrada en León, por unanimidad), y las Cajas de Ahorros. En conjunto, la participación prevista de la Junta de Castilla y León sería en todo caso minoritaria, estando cifrada en un principio en un diez por ciento del capital social.

Es interés de esta Consejería que la estructura de esta Sociedad Anónima, no pública, con fines lucrativos se formalice, en todo caso, antes de finales del presente año. El compromiso financiero de participación, por parte del área de Comercio, a través del epígrafe "Participación en Sociedades" de la sección siete de nuestros Presupuestos,

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no superaría los diez millones de pesetas, sin perjuicio, eso sí, de la eventual operación de recompra posterior de las acciones suscritas por SODICAL, si es que el Instituto Nacional de Industria está algún día dispuesto a vendernos SODICAL, o a transferirnos SODICAL a nuestra Comunidad.

Pero un programa de promoción genérica de la actividad comercial quedaría incompleto si, además de los condicionantes convencionales, no contemplase los condicionantes financieros de la actividad comercial. En este sentido, la Junta de Castilla y León, que ha recibido de la anterior Administración Autónoma un compromiso de suscripción y desembolso de una participación importante en el capital social de las Sociedades de Garantía Recíproca, se ha comprometido con éstas, en las últimas fechas, directamente en esta Consejería, a regularizar y poner al día los desembolsos según el acuerdo aludido; lo que supone que, con cargo a los fondos presupuestarios de este año, la Consejería ha comprometido desembolsos por un montante total de veintidós coma cinco millones de pesetas; ello, además de regularizar la situación de la Junta en estas Sociedades, permite contemplar nuevas fórmulas de colaboración y de integración de las Sociedades de Garantía Recíproca en la política financiera y comercial de la Consejería, estableciéndose un movimiento biunívoco de participación.

En el ámbito de la formación y capacidad, y capacitación, perdón, comercial, y a reserva de los planes previstos a los que hacemos posterior referencia, la Dirección General de Comercio de mi Consejería ha asumido el compromiso de financiación de toda una serie de cursos y programas, compromiso ya firme, impartidos por diversas entidades colaboradoras. En concreto, los compromisos adquiridos al día de hoy, en firme, de cara al presupuesto del ochenta y tres, ejercicio actual, asciende en este campo a los doce coma cinco millones de pesetas, y el importe comprometido (sin la correspondiente reserva presupuestaria, pero es comprometido), ascendería a siete millones de pesetas. Esta financiación soporta setenta y siete cursos de distinta naturaleza impartidos por las diferentes organizaciones en todas las nueve provincias de la Región.

Los proyectos en este contexto, en principio y por razones de elemental pedagogía, prevén distinguir entre cursos de comercialización urbana, perdón rural, y también de comercialización urbana. Ambos tipos de actuación van a integrarse a nivel organizativo en unas Jornadas socio-profesionales y económicas en cada provincia que no es tal vez el momento de desglosar en todos sus elementos. Y hago gracia a Sus Señorías de la organización concreta de los mismos y el detalle.

En el área ya de Estudios y Asistencia Técnica, podemos hablar de dos líneas netamente diferenciadas: el área de estudios, que intenta poner a disposición de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio el máximo de información sobre la realidad de la actividad comercial en la Región; es decir: censos de oferta en establecimientos comerciales, hábitos de consumo, áreas de influencia, etcétera; así como las necesidades de información que, a nivel tanto regional como provincial y comarcal, puede derivarse del exacto diseño de los criterios de ordenación e inversión en equipamientos comerciales. Y las actuaciones que se han comprometido para la financiación y realización de dichos estudios son para Valladolid, en colaboración con AVADECO; para Avila y Burgos, con las Cámaras de Comercio, y se tiene previsto desarrollar, en este sentido, los trámites y comprometer los créditos presupuestarios para la realización de tales trabajos en Zamora y León antes de finalizar el ejercicio. En conjunto, las cantidades comprometidas por estos conceptos para el Presupuesto del ochenta y tres ascienden a siete millones setecientas veinte mil setencientas cincuenta pesetas, y las previsiblemente incorporadas antes del final de año llegarán a los once coma cinco millones de pesetas.

En cuanto al ámbito de la actuación de la Junta de Castilla y León es, en el dominio de la asistencia técnica, específico, y, sin perjuicio de los derechos existentes en el presente que han sido rigurosamente respetados, este programa trata de revisar a fondo -y esto sí es importante resaltarlo-, revisar la filosofía y líneas de actuación de los Gabinetes Técnicos actuales de IRESCO, subvencionados hoy por la Junta de Castilla y León y a disposición de los particulares en oficinas de Cámaras de Comercio, Federaciones y Asociaciones de Empresarios, etcétera.

La Dirección General de Comercio quiere, en este tema, a instancias de la Consejería, agotar el procedimiento actual de subvenciones hasta ahora vigente, respetando los contratos en vigor, repito, pero sin renovaciones ulteriores. El objetivo último consistiría en situar tales Gabinetes de Asesoría Comercial en las propias oficinas de los Servicios de Ordenación Comercial que la Junta tiene transferidos en cada provincia, sin obstáculo a que la organización y gestión de los mismos sean coordinados con las organizaciones interesadas en el tema. Ello permite, además, un acercamiento del Gabinete a las necesidades del usuario en la confección de los expedientes, un mejor control de los servivios y los recursos a ellos destinados, y, en todo caso, una puesta a disposición, más amplia y eficaz, al servicio de la propia Administración Autónoma.

La Consejería es consciente de la importancia

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que la formación del personal afecto a la misma, tanto en los servicios centrales como periféricos, supone respecto a la eficacia y calidad de dichos servicios. En este sentido, la Consejería tiene previsto, con cargo a sus Presupuestos, financiar los costes que se deriven del acuerdo ya firmado de participación en los programas del CIHEAM, que, a título orientativo, podría ascender a tres millones de pesetas.

Finalmente, como un servicio específico dentro del área de la ordenación comercial, figuran tanto la política de Ferias y Certámenes como las relaciones con los Organismos e Instituciones Comerciales. Conforme a lo previsto en los Decretos de transferencia, la Junta es competente en la definición de la política ferial a nivel interior, es decir, a la Comunidad. Al margen del alcance de estas competencias, el programa de acción en esta materia plantea la necesidad de diseñar una política de ordenación e intervención ferial, en conexión con los organismos y entes feriales interesados. A tal efecto, se ha diseñado un Comité Consultivo de Ferias sobre el que descansará la ordenación y regulación de las mismas. Dicho Comité tendrá una sección interna que se preocupará de coordinar las acciones que en el tema de ferias se derivan de la presencia institucional de la Junta de Castilla y León, así como de los acuerdos de participación mutua con otras Comunidades Autónomas en Certámenes de interés. La sección general del Comité Consultivo de Ferias tendrá como objetivo la definición de un calendario de Ferias para la Región, así como evaluar el carácter de los Certámenes y resolver en casos de conflicto.

La Junta de Castilla y León tiene también como objetivo contruir un Pabellón fijo en la Feria Internacional de Valladolid, considerable como regional, que al tiempo sirva de soporte y exposición del material de las distintas Consejerías, destacable, a los diferentes certámenes feriales.

Una vez constituido el Comité Consultivo de Ferias, ahora anunciado por vez primera, se procederá al nombramiento de un Comisario de Ferias de la Región sobre el que recaerá la responsabilidad ferial propia de un comisario de ferias.

En conjunto, la presencia ferial de la Junta de Castilla y León se ha concretado, al día de hoy, en la participación de un Pabellón Institucional de la Feria de EXPOBIERZO-83, dos participaciones en la onceava Edición de la Feria de Muestras de Valladolid (una de carácter institucional y otra de carácter artesanal), y también una subvención al primer "salón de la bici-moto", sin participación directa, efectivamente.

En cuanto a las perspectivas de actuación en el tema de ferias externas a la Comunidad, y en esto ya hemos avanzado pasos concretos en negociaciones directas, la Junta tiene prevista una participación institucional y comercial en FITUR (prevista y comprometida), FITUR-84, en la ALIMENTARIA-84, y se han dado los pasos, previas consultas y negociaciones, para participar de forma digna (y no tanto la Junta como la Comunidad) en la próxima Feria Internacional de Muestras de Barcelona. Igualmente, la Junta, a través de la colaboración entre las Consejerías de Agricultura y Economía, Hacienda y Comercio, prevé la organización de la tercera Feria del Vino, manteniendo así un certamen de naturaleza itinerante y regional.

Los interlocutores fundamentales de la Consejería en ésta como en otras áreas de la actividad comercial han sido las Cámaras de Comercio y las Organizaciones patronales y sindicales del propio Sector.

La Junta, bien por medio de mi persona o de mis Directores Generales, ha estado presente en las Asambleas Regionales de Cámaras estimulando su actuación; y, conforme a lo señalado por la legislación vigente, ha concertado y coordinado sus medidas de política comercial con la práctica totalidad de Cámaras de la Región, incorporándolas a sus proyectos y solicitando su colaboración.

La segunda de las grandes áreas de Comercio (me he referido a la primera, y, en concreto a la que hace referencia a la oferta y sus distintos ocho programas en que se halla estructurada la acción de la Consejería; me voy a referir ahora a la segunda) se concreta en los servicios de demanda y mercado. Este servicio tiene a su cargo todas las competencias relativas a precios y tarifas, márgenes y normas comerciales, asesoramiento e información en materias referentes al grado de competencia en el mercado, horarios comerciales, orientación de demanda, hábitos de consumo, disciplina de mercado, etcétera.

La asunción de competencias en el área de precios y tarifas exigió la creación de un órgano decisorio en la materia, cual fue la Comisión Regional de Precios creada sólo un mes después de comenzado mi mandato, y ya ha alterado profundamente las formas y los procedimientos en esta materia. Primero, se han incorporado en su estructura con voz y voto, a representaciones cualificadas de la demanda y de la oferta, de los usuarios, y de la propia Administración Autonómica; y segundo, se ha comenzado a perfilar su funcionamiento a partir de una perspectiva regional de precios, de una política regional de precios y tarifas. Un buen ejemplo de la eficacia de ambos planteamientos ha sido la norma unificadora de los formatos, pesos y precios del pan común en toda la Región, por primera vez en nuestro país,

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en toda España; así como la definitiva regulación del pan especial de Burgos mediante un convenio con la Federación Castellano-Leonesa de Panaderos. Las tres sesiones ya celebradas de esta Comisión han permitido, además, la resolución de sesenta y seis expedientes, muchos de ellos retrasados en diferentes temas de su competencia.

Por otra parte, la Comisión Regional de Precios ha tomado a su cargo la responsabilidad de recabar, recibir, procesar y divulgar, y repetimos divulgar, las estadísticas sobre la evolución de los índices de precios al consumo obtenidos periódicamente por los Servicios Periféricos de la Consejería. Y en nuestro ánimo está establecer mecanismos automáticos de divulgación.

Finalmente, el área de Comercio tiene también a su cargo la responsabilidad de dos temas de singular trascendencia. Por una parte, la orientación de la demanda y, por otra, las actuaciones de disciplina del mercado en materia estrictamente no sanitarias. En relación con la primera de las materias, de disciplina, orientación de la demanda, y en estrecha colaboración con el área de ordenación comercial y de estudios, se han diseñado cuatro programas de actuación en relación con las competencias a ella asignadas: el primero de ellos (análisis de la demanda) trata de perfilar las condiciones del consumo y el abastecimiento, las áreas de influencia comercial, los hábitos de compra, el grado de cobertura del mercado y, en fin, la segmentación y sectorialización de la demanda. El segundo (orientación) se dirige hacia ya orientación y ordenación de la demanda, busca la información del consumidor, el desarrollo de cursos de orientación, la incentivación de determinados consumos, la modificación de los hábitos de compra, etcétera. Los otros dos programas, de carácter meramente instrumental, tratan de estructurar las relaciones con los entes locales -Ayuntamientos y Diputaciones- y con las Organizaciones de Consumidores.

En las áreas de disciplina de mercado, y en estrecha colaboración con los servicios del INDIME, las Jefaturas Provinciales de Comercio Interior vienen funcionando con especial dedicación en lo relativo al control del cumplimiento de los precios y tarifas sometidas al régimen de intervención: horarios comerciales y defensa de la competencia, con especial independencia en la problemática suscitada en torno a la venta ambulante.

Estas son, entre otras, y a la espera de la ordenación del comercio interior, antes citada, por la Administración Central, las actividades de ejecución emprendidas por la Consejería en esta tercera o cuarta área de Comercio y que hemos sometido, señores, Señorías, a su consideración.

Para finalizar, y a modo de breve síntesis, quiero entresacar ante Sus Señorías algunas de las actuaciones que considero, subjetivamente tal vez, más destacadas, siempre con la referencia de cuál fue nuestra situación de partida y que la creación de la Consejería se produce el uno de Julio del presente año, mi toma de posesión el tres, y los nombramientos primeros de mi equipo el dos de agosto (etapa vacacional, sin embargo ocupada con el trabajo). Gracias a los esfuerzos de estas Cortes y al ingente trabajo desarrollado por nuestra Consejería y por toda la Junta en general, somos una de las primeras Comunidades Autónomas -es el primer detalle que destaco- que contamos con los Presupuestos para el ochenta y tres, aun a pesar de que hubiéramos querido unos Presupuestos no solamente de gestión y técnicos; pero si estos Presupuestos en aquel momento los tenían las Comunidades que se regían por el artículo ciento cuarenta y tres. Y aún hoy, hoy, hay diversas Comunidades que tampoco tienen los Presupuestos del ochenta y tres; están todavía en tramitación.

Además, hemos desarrollado en este período la estructura orgánica de la Consejería, labor profunda y sobre todo delicada, sentando las bases de una Administración que, a pesar de sus escasas dotaciones, funciona (trabajando también los domingos); pero que yo quiero, y la Consejería quiere, que sea una Administración dotada no solamente para quien hoy ocupa el poder, tiene el poder, sino para cualquier otra alternativa del poder si lo hubiera; en definitiva, una Administración, una estructura orgánica responsable y permanente que pueda dotar, que no sea necesario desguazar en cualquier momento (ésta es la orientación que me guía en la estructura básica). En tercer lugar, en dos meses se han tramitado los expedientes de subvención del IRESCO que, en algunos casos como los decía, databan de los años setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno y ochenta y dos, y se han puesto al día con mecanismos de actuación que posibilitan resoluciones en veinte días. También, y es un elemento clave a mi juicio, se ha constituido y puesto en funcionamiento la Comisión Regional de Precios, que en su corta vida ya ha conseguido la homogeneización de los precios y calidades del pan de nuestra Región.

Hemos, igualmente, creado el Comité de Inversiones Públicas para coordinar de una vez y racionalizar la inversión pública en nuestra Región; pero no solamente en nuestra inversión pública, sino la nuestra con la del Estado en nuestra Región, toda la inversión pública de la Región. No puede definirse como racional nuestra inversión pública propia sin tener en cuenta las cantidades y líneas de actuación, objetivos de la inversión pública del Estado en inversión nueva y de inversión de reposición. Hemos también constituido la Comisión de pag. 395

Planificación y Coordinación Informática dentro, como órgano coordinador, dentro de la Consejería.

Igualmente, hemos preparado la infraestructura administrativa y el personal humano necesario para gestionar los Tributos del Estado que van a ser cedidos a nuestra Comunidad, merced al acuerdo con todos los Delegados de Hacienda, pasado, firmado, como les dije, en el acta del pasado viernes dieciocho. Entre nuestras realizaciones, y por su importancia y transcendencia, no quiero dejar de señalar, aunque sea en esta breve y apretada síntesis, la celebración del Primer Encuentro de Países Arabes-Comunidad Castellano-Leonesa, que va a permitir, me permito afirmar, puertas abiertas a los productos de nuestra Región en veinte países árabes; han sido negociaciones al más alto nivel y el proceso está en marcha de cara a llegar a acuerdos concretos con veinte países. En el momento oportuno se dará cuenta a las instituciones económico-sociales-políticas de la Región, y se las llamará para participar en dichos acuerdos y, evidentemente, se les ofrecerá lo allí conseguido en este proceso de negociaciones con, repito, veinte países árabes, el primero establecido con los mismos, a nivel oficial, por parte de ninguna Comunidad Autónoma española. Y a la vez, también es de destacar el acuerdo con CIHEAM (con el Instituto de Altos Estudios del Mediterráneo) entre nuestro país y el mismo, así como el firmado esta mañana con MERCASA, que pienso puede tener eficacia real para nuestras estructuras comerciales importantes.

Creo que estos ejemplos de la labor que viene, en pequeño espacio de tiempo y con pocas posibilidades, desarrollando mi Consejería, no hace sino reflejar el cumplimiento de lo prometido en el programa electoral y el mandato recibido de nuestro pueblo. Un insigne poeta decía en uno de sus más conocidos versos: "por la terrible estepa Castellana, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga". Nos gustaría que en la estepa, hoy castellano-leonesa, aquel Cid encontrara una Región de floreciente economía y de convivencia en progreso, paz y libertad. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. Y con su permiso, se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde, en que se reanudará el debate. Procuren ser puntuales. Gracias.

(Se interrumpió la sesión y se reanudó a las 17,20 horas).


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Buenas tardes. Con disculpas por este pequeño retraso, vamos a reanudar la sesión y se abre el debate, como estaba previsto, con el turno de Portavoces. Saben los señores Procuradores de los distintos Grupos Parlamentarios que disponen de diez minutos cada uno para hacer su exposición, y, tras la réplica del señor Consejero, de tres minutos más para posible contrarréplica o dúplica. Así pues, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto, señor Montoya.


EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Señor Presidente, señor Consejero, señores Procuradores. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al señor Consejero lo que me ha parecido todo un detalle, un detalle importante, que nos haya dado previamente escrito el desarrollo de su amplia disertación, aunque al mismo tiempo querría pedirle disculpas porque, en tan corto espacio de tiempo en que media entre que hemos tenido para escucharle, y poder completar lo que nos ha dado escrito, juntamente con todos estos datos que no hemos tenido ocasión de mirar (a lo cual yo no podré hacer alusión, porque no sé lo que contiene todavía esta carpeta), pues, probablemente, mi intervención va a ser un poco desbaratada. Después de agradecerle este detalle, yo sí que querría decirle que yo me encuentro un poco desorientado con todos estos datos y toda esta información que se nos ha facilitado. Yo venía, debo confesarlo, hoy, dispuesto a que dentro de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, fundamentalmente, íbamos a estar manejando una serie de datos que, probablemente, la iban a hacer agobiante esta sesión; y, sin embargo, pues, me he encontrado con la agradable sorpresa para mí de que, bueno, son muy pocos datos, sino más bien es una filosofía política de actuación la que nos ha expuesto, y yo diría que dentro de los pocos datos con que está ilustrada esta exposición, pues, está simplemente la escala de los impuestos, que, bueno, desde algún punto de vista crece satisfactoriamente; desde algún otro punto de vista mejor, en el resto del conjunto de la nación o de la Región, hay una cierta preocupación por esta subida de los impuestos, que no habrá que basar en ella simplemente la base del desarrollo de nuestra Comunidad.

Este trabajo, esta relación que se nos ha hecho, empieza con un desarrollo, con un diagnóstico de la Región; pero un diagnóstico, desde mi punto de vista, incompleto. Se nos dice que la Región está enferma, y la Región adolece de una serie de males, pero yo diría que ese desarrollo geográfico, humano de la Región no se complementa con el remedio a esos males que en la misma conocemos, que todos conocemos, y que aquí se reproducen, y que yo creo que se reproducen bien, pero se reproducen repitiendo lo que es casi todo sabido, es casi todo ello sabido por los señores Procuradores. Y no se dan los remedios, porque se habla de actuar en

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favor de los menos favorecidos, pero no se dice cómo; se dice que se trata de actuar sobre las causas del subdesarrollo y de la pobreza, pero no se dice cómo. Y claro, se nos dice que la solución, se nos dicen las soluciones alternativas, las que no son soluciones; dice: claro, no sería una solución la rápida generación de empleo. Ciertamente; si esa rápida generación de empleo viniera acompañada de una pérdida a continuación de ese empleo generado, indudablemente no sería una solución. Se habla también de la concentración creciente, en las regiones más desarrolladas, de riqueza. Bueno, indudablemente, tampoco sería una solución. Esta es la solución que ya preconizaba el señor López Rodó en los años de los planes de desarrollo, que decía que había que desertizar la meseta y desarrollarla zona de litorial, o sea, la zona más rica; pues, indudablemente, esto sigue siendo una solución. Pero como contrapartida se nos dice lo que no es, pero yo creo que no se nos dice claramente, adónde, hacia dónde tenemos que caminar, porque se nos habla de un desarrollo endógeno y autosostenido, y yo ahí me empiezo preguntando si es tan malo el mal de no tener una conciencia regional, como el pensar que todo se resuelve pensando interiormente y hacia la Región, aislando todo lo del exterior. Porque se nos habla del Mercado Común, más adelante, por ejemplo, como horizonte de nuestros problemas, se señalan algunos problemas, se dicen los problemas que van a tener la leche de vaca y la remolacha, por ejemplo; pero a mí me parece una exposición muy incompleta de eso. Pero lo que sí que es cierto es que se habla del Mercado Común como horizontes, y parece que, en cierta manera, pues, la solución de nuestros problemas tiene que ir por ahí. Y yo creo que nos estamos olvidando de que sí que tenemos que desarrollar una conciencia regional, sí que tenemos que tener un desarrollo endógeno y autosostenido, pero, al mismo tiempo, tenemos que somos una Región dentro de un conjunto nacional (y no solamente desde el punto de vista patriótico, no me estoy refiriendo a él, sino me estoy refiriendo desde el punto de vista comercial) y qué duda cabe que nuestro mercado, nuestras relaciones, en definitiva, nuestra interrelación va a ser con, más todavía que con el Mercado Común, con las regiones que componen el resto de la Nación Española, aunque todas estas relaciones sí que tengan que venir enmarcadas dentro de un esquema que, indudablemente, en un horizonte que no puede ser otro que el del Mercado Común.

Y se habla también, por ejemplo, de una solución en el caso de la descentralización. Se pone mucho énfasis en la descentralización, y a mí me parece bien, pero luego no se dice cómo se descentraliza y hasta yo me asustaba un poco porque creo que en algunos detalles se puede ver más bien que vamos hacia una brutal centralización, nos vamos hacia una centralización. Se habla de crear una serie de organismos y no se dice dónde se crean, pero yo me estoy imaginando dónde se crean; y sí que se dice que se hacen convenios con universidades, pero con la Universidad de Valladolid; y sí que se dice que, en cambio, que el Instituto de Planificación Económica, me parece, de Desarrollo y Planificiaón Económica que ahora estaba en otro punto, fuera de Valladolid, también se trae a Valladolid. Hombre, yo creo que se nos habla de descentralización, pero se nos expone al mismo tiempo un programa centralista. Yo, esto sí que me alarma, y me alarma mucho, porque yo creo ver buenas intenciones en la exposición del programa, en esa descentralización, pero, sin embargo, luego veo el programa, lo analizo en sus diferentes detalles y, desde luego, pecamos y caemos siempre en el centralismo. Y resulta que vamos a centralizar y vamos a centralizar hasta las tasas, como se nos decía esta mañana, el que se señalaba como una condición, como una deficiencia de las tasas que ahora son cobradas en los sitios donde se generan los servicios. Y que yo comprendo que hace falta un control, que el control indudablemente sí que tiene que ser central, pero parece que vamos hasta la centralización, hasta, quizá, del cobro de las tasas. Entonces, a mí me parece que existen una serie de contradicciones importantes entre lo que se quiere decir, lo que indudablemente se dice y que está matizado, a mí me parece, de buenas intenciones, y luego una serie de conceptos que, por el contrario, cuando ya se concretan más, parece que se va a realizar lo contrario de lo que se dice. Y yo creo que no se dan soluciones, porque luego se pasa a decir que en el año mil novecientos ochenta y cuatro se van a crear una serie de cosas que son fundamentales, que va a ser fundamentalmente el año mil novecientos ochenta y cuatro un año de iniciación de estudios. Yo creo que, bueno, es una buena circunstancia el considerar que hay muchas cosas que no se conocen, y que convendría profundizar en el conocimiento de las mismas; pero yo creo que, al mismo tiempo, habría que señalar ya soluciones y habría que adelantar, concretando un poco más, los problemas, e iniciar algunas actuaciones más concretas; porque, luego, dentro de este plan de estudios, veo que son muchos los comités, los planes, los programas, los centros, etcétera. Yo he apuntado aquí el Plan Económico Regional, el Comité de Inversiones Públicas, el Programa Cuatrienal de Inversiones (que ahora ya sería trienal), el Consejo Económico, el Instituto de Desarrollo y Planificación Económica, la Sociedad de Promoción de Exportaciones, etcétera. Es decir, parece que ahora estamos programándonos para hacer una serie de organismos de estudio de lo que se va a hacer. Hombre, yo creo que tendría, a mí me hubiera gustado que hubiéramos

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estado en condiciones de avanzar un poco más, de poder señalar un poco más de lo que tiene que ser la programación económica, el desarrollo económico de nuestra Región, aunque luego haga falta la creación de todos estos comités, el estudio de todos estos planes, la creación de todos estos institutos, etcétera, que considero que puede ser y que debe ser interesante. Pero, indudablemente, quedan esas lagunas.

Luego también se habla de, por ejemplo, algún punto importante. Se habla del desarrollo del sector público y sector privado, se ha dicho que las inversiones son pocas en ambos sectores en nuestra Región. Se habla de que el ahorro regional se va al exterior de nuestra Región, cuando ese ahorro regional podría generar riqueza interna. Y efectivamente, pero también aquí no se nos ha dado ninguna solución, no se nos dice en qué porcentaje o cómo se va a estimular ese sector público o cómo se va a incentivar ese sector privado, cómo se va a suplir esa falta de iniciativa empresarial, que es uno de nuestros grandes problemas, etcétera.

Yo creo que quedan demasiadas imprecisiones que, bueno, después de una exposición tan larga, podrían haberse dado algunas más. Del fondo de compensación interterritorial, sin embargo, se nos da una precisión que hasta ahora no se nos había dado, porque estamos preguntando, muchos de los Procuradores aquí presentes y otros que no están aquí, hemos preguntado muchas veces por el Fondo de Compensación Interterritorial, cómo se iban a invertir esos diecinueve mil millones. Bueno, hoy ya se nos ha dicho algo, se nos ha dicho que se ha llegado a un común acuerdo, entre comillas (indudablemente se nos ha dicho por el señor Consejero, lo que quiere decir que ese común acuerdo a él tampoco le satisface, pero que ha habido que aceptarlo, y nosotros lo tenemos que aceptar también), en el cual la inversión en proyectos propios no es más que de diez mil novecientos millones de pesetas. Bueno, yo creo que ya es una concreción, pero quizá desde la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, hoy se nos debía haber dado una precisión un poco mayor sobre cómo se van a invertir esos diez mil novecientos millones, que son dos veces y pico, me parece, el Presupuesto de toda la Comunidad Autónoma, cómo se van a invertir, en qué sectores, en qué proyectos y en qué medida puede servir este Fondo de Compensación Interterritorial también para animar esa inversión, tanto pública como privada, que es necesaria y que tanta falta hace en nuestra Región. Y cuando se habla de Comercio, cuando se habla de Comercio y cuando se habla de una actuación vertical, de una actuación concreta de la Consejería, en un sector ya determinado, pues, yo tenía un poco la esperanza de que esa falta de concreción que se hacía en los otros apartados, en el caso de la Ordenación Comercial, en el caso del Comercio, pues, podíamos llegar a una concreción mayor.


EL SEÑOR PRESIDENTE:

Señor Montoya, le ruego abrevie, que se le ha agotado el tiempo.


EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sí, ya termino. Entonces, bueno, aquí se nos dice que sí, que se ha actuado con mucha mayor eficacia en la resolución de los expedientes, pero también se nos habla de la necesidad de concentrar la oferta, de regular los mercados, etcétera, de la asistencia a ferias, ha hablado de SODICAL, de la Comercialización, se nos ha hablado hasta del pan especial de Burgos (por menos que esto me han acusado a mí de provincialista), y bueno se habla de, efectivamente, de muchas cosas. Pero yo diría que de todas ellas se habla de una forma epidérmica. Son actuaciones, se detallan, se describen las actuaciones a desarrollar por la Consejería, pero falta, en cambio, la orientación que hay que dar a toda la actuación comercial. No se dice esa concentración de oferta cómo se desarrolla; por ejemplo se ha hablado de la concentración de oferta y no se habla de los MERCOS, no se habla de los MERCOS, que es la concentración de oferta, que a través de este organismo puede hacerse la concentración de oferta más clara en toda la actuación agrícola. Bueno, y con esto termino, solamente quería decir que el Presupuesto, pues, bueno, yo, se ha reconocido, yo en este caso me encuentro un poco justificado a aquella enmienda que tuve que poner a la totalidad, de que los desfases que se van haciendo y que va habiendo en el Presupuesto, desfases originados, como yo señalaba entonces, porque no se tenía una idea concreta de la transferencia asumida. Quizá ese Presupuesto que nosotros nos hemos adelantado a hacer, que otras Comunidades Autónomas no han hecho, pues, quizá sí con estas palabras del señor Consejero se demuestra que era muy difícil hacerlo, que el Presupuesto había que hacerlo (si había que hacerlo), había que hacerlo mal, como se hizo, y que, bueno, estos desfases se van a producir y que justifica que el Presupuesto era incompleto, en tanto en cuanto no se hacía una inclusión de los servicios transferidos y de los no transferidos. Nada más y muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Montoya. Señor Consejero, tiene la palabra.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias, Señorías. Señor Montoya, sobre todo por la preocupación que me ha mostrado por la serie múltiple de temas que han

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sido abordados. Y aunque ha hecho un recorrido rapidísimo, insinuante, pero no analítico, entiendo yo, punto por unto, de la exposición de esta mañana, le voy a disculpar por lo siguiente: porque el procedimiento parlamentario, entiendo, que limita la intervención a diez minutos, reconozco que no le da tiempo no solamente ya a profundizar en un material que he tenido a bien entregarles para que puedan disponer y estudiarlo detenidamente, sino incluso para sacar impresiones precisas ni del discurso, ni del mismo material; con lo que reconozco perfectamente, pero éste es el procedimiento parlamentario, las limitaciones que en su intervención pueden haber existido, es decir, la ambigüedad o generalidad. No obstante, le quiero ya adelantar, y quiero hacerlo extensible a todos los miembros de la Comisión, que si les he comunicado, les he ofrecido el discurso y este material como ya en su momento hice en una comparecencia, no era comparecencia, en una Comisión, dándoles, ofreciéndoles las valoraciones entonces provisionales y los decretos de transferencias y de valoraciones de todas las Consejerías, cosa que a mí no me correspondía, quiero con esto decirle, que si lo he hecho es porque la disposición de mi Consejería y de este Consejero es que tengan este material, y no agoten, porque entiendo que no se puede agotar ni en extensión, ni en intensidad, los temas ahora; y cuando lo deseen, o por vía procedimental, interpelación o pregunta (y por eso se los doy los datos), o por vía incluso de pedir otros datos a la Consejería, esta Consejería está dispuesta no solamente a contestar en cualquier momento en profundidad, sino también a ofrecer cuantos datos sean de la utilidad de los representantes de estas Cortes para, precisamente, en el ánimo que subyacía en mi intervención (véase, por ejemplo, el Consejo Económico Social y qué ideas quería yo allí manifestar), en ese ánimo y en esa línea puedan participar Sus Señorías, y no solamente Sus Señorías, sino otras instancias sociales, no solamente en las proposiciones, sino en el debate extraparlamentario, también parlamentario, es decir, en definitiva, en la maduración de las decisiones de esta Consejería. Hecha esta introducción, que considero clave y extensible a todos, a todas Sus Señorías, se me hace difícil entrar (precisamente por lo que he señalado que adolece su intervención en cada uno de los puntos que me ha presentado), pero claro, si las preguntas se hubieran concretado, también a veces es muy difícil entrar en las concreciones y responder a concreciones, por cuestiones no solamente de diálogo, sino incluso de posibilidad de contestar, pero realmente se me hace difícil porque ha hecho un repaso muy rápido prácticamente de toda la exposición, aunque sea muy genérico. Voy, no obstante, a intentar recoger algunas de las observaciones que me hace.

Bien. Diagnóstico incompleto. Mi misión no es (ni la misión de esta Consejería) ofrecerles en el discurso un diagnóstico exhaustivo. Entiendo que ese diagnóstico lo han de ofrecer todas las Consejerías; yo he querido, sí, darles un pequeño resumen a partir del cual, entendía, se podían articular principios, objetivos, instrumentos, etcétera. No obstante, y ya les anuncio que está a su disposición la Consejería y yo mismo también, en mis trabajos, reiteradamente, hemos establecido el que les he anunciado, diagnóstico de la economía de la Región, que ha sido elevado con fecha veintinueve de Julio a la Administración Central para que lo tuviera en cuenta a la hora de elaborar ese no nato plan cuatrienal económico. Quiero decir que, efectivamente, en las pocas páginas a las que aquí me refiero a diagnóstico, ha sido resumido y sin contrastación empírica, aunque algunos de los datos de población, por ejemplo, sí que me he referido y que podemos, si Su Señoría lo considera conveniente, entrar en esa exposición detallada. En cuanto a la estrategia o remedios alternativos frente a este diagnóstico, yo pienso ahí, sí que pienso que he sido muy claro (evidentemente, dentro de los límites y de las limitaciones de una intervención). He explicado, en principio, las posibles estrategias que a mi juicio, en torno a lo que se denomina desarrollo regional, existen en la actualidad, y sobre todo me he referido, aunque de forma indirecta, a la estrategia de desarrollo equilibrado y a la estrategia de desarrollo desequilibrado o polarizado, utilizada a mi juicio, fundamentalmente, en los años sesenta. Y me he decantado, explícitamente (evidentemente, esta decantación no solamente es propia de mi Consejería, es propia de un programa de gobierno de la Junta) y me he decantado por una estrategia de desarrollo (página dieciocho y siguientes del discurso) claramente equilibrada, de signo equilibrado y autosostenido, donde entiendo que es básico no centrarse, no polarizar la estrategia ni espacialmente ni sectorialmente. Es decir, generar una estrategia que posibilite la imbricación del sector industrial y agrario dejando al margen (a pesar de su cuantía en términos de "Pi") al sector servicios, por las razones que di en el discurso y que no voy a repetir. En segundo lugar, estrategia ligada a los mercados exteriores, es decir, una estrategia que busque promocionar, profundizar en la demanda exterior fundamentalmente, extranjera o no extranjera, como motor de arranque, impulsivo, centrada en el aumento de las ventajas comparativas (aunque no se diga comparativas) de nuestra oferta propia y en el aprovechamiento efectivo de las iniciativas castellano-leonesas de dichas ventajas; es decir, en el aprovechamiento de nuestros recursos humanos, físicos y financieros. Pienso que no vamos ahora a entrar a dilucidar si es una estrategia equivocada o no, es una

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estrategia de desarrollo propuesta en nuestro programa, profundizada, y que yo entiendo personalmente que es una estrategia adecuada para nuestra Región, porque el anterior modelo ha empobrecido (en términos de recursos humanos, claramente con los datos que he dado, de recursos financieros, con los datos que he dado) a nuestra Región, y nuestros recursos físicos van a ser transformados fuera de nuestra Región; es decir, no generan la capacidad, la potencialidad de valor añadido que tienen. Entiendo, por lo tanto, que ante la estrategia de los años sesenta, ofrecemos otras salidas.

No es que piense que no está genéricamente expuesto, a pesar de la limitación del tiempo, sino perfectamente definido, incluso con el riesgo de la definición, porque muchas veces es mejor la ambigüedad y la ambigüedad se puede llegar a ella a través de formulaciones incluso delicadas y preciosísimas, se cae en un riesgo en la definición de estrategia, pero asumo y asumimos ese riesgo.

Tema de la descentralización, es decir, pasando de los objetivos a los principios. En los principios o ejes vertebradores de la actuación, y yo diría que no sólo de la Consejería, sino que es algo permanente y principio permanente, inspirador de la actuación de toda la Junta, señalo dos: el primero, la regionalización descentralizada. Efectivamente, me acepta el principio; pone en duda, sin embargo, si esta descentralización se va a llevar a cabo, o es posible (pienso que lo interpreto bien). Yo le aseguro, y por eso decía que es el principio, que es un principio que trasciende la actuación de esta Consejería, pienso que es un principio que está ya germinando la actuación de la Junta en otras Consejerías también. y aunque no sea competencia de mi Consejería, sí le puedo poner el ejemplo de la Consejería de Interior, que está ya en estos momentos -y lo ha comunicado ante Sus Señorías- negociando, discutiendo y perfilando los Proyectos de Ley que podríamos llamar de desconcentración, es decir, Proyecto Ley de transferencias de competencias a las Diputaciones y de coordinación de esas competencias. Es un ejemplo. Quiero decir que no es un principio propio solamente de mi Consejería, sino que entiendo ese principio está ya iluminando la acción de toda la Junta; por lo tanto, lo recojo como tal, no como principio exclusivo. Ahora bien, se me dice, o me argumenta, entendemos o entiendo que no lo parece que se esté ahora, en estos momentos, bien. A mí me gustaría, señor Montoya, Señoría, que me concretara, en nuestra Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, cómo este principio de regionalización descentralizada no está teniendo lugar, en concreto. Yo le puedo decir que no es que me preocupe o no; me preocupa mucho. Es un principio que le acepto; más aún, le voy a decir, y le voy a adelantar: dentro de mi participación modesta en la elaboración y redacción del programa electoral del PSOE a nivel regional, tuve parte esencial en la redacción de este principio, o responsabilidad especial. No es que me preocupe solamente, es que creo que es imprescindible para hacer una Región articulada, para hacer una Región verdaderamente autónoma y una Región diferenciada. De ahí que, si me equivoco o no pongo en práctica este principio, le aseguro que yo estaré actuando en contra de mis convencimientos. En concreto, en la medida que en la Consejería ha sido posible, la Consejería se ha dirigido a todas las Diputaciones, a todas las Diputaciones que ha podido de la Región (de las nueve provincias), a todos los Ayuntamientos (y usted es testigo presencial de que nos dirigimos al Ayuntamiento, no digo al Alcalde, de Burgos, por ejemplo) para ofrecerles absolutamente todas las posibles propuestas, convenios, etcétera, que la Consejería, en materia, en concreto, de actuación vertical (es decir, en la materia de comercio) podía ofrecer. Lo hemos hecho en León, con el Ayuntamiento de León; lo hemos hecho en Soria, lo hemos hecho en Avila, lo hemos hecho en Burgos (frustrado), lo hemos hecho en Salamanca, etcétera. En materia, en concreto, de comercio, a nivel de tributos, evidentemente, no solamente hemos recorrido las nueve provincias, Delegación por Delegación, sino que era imprescindible, evidentemente, por eso lo dejo al margen. Quiero decir, en aquella faceta que nosotros tenemos competencias verticales finalistas, hemos intentado llegar, no esperar (podía haber sido nuestro método de actuación), con lo cual pienso que a ese nivel hemos profundizado. Y más aún le voy a decir, mis dos, mis cuatro -mejor dicho- viajes oficiales en función de las competencias de la Consejería, preocupado especialmente por los llamados flecos de la Región, oficiales, han sido: a Béjar: reunión de Cámaras de Comercio y problemas especiales de Béjar. A Ponferrada: Expo-Bierzo y reunión con Asociaciones de Cooperativistas. A León, y a Burgos.

Quiero decir, evidentemente, dentro de mi tiempo limitado de los dos o tres meses que llevo, espero que al final del año habré podido asistir y reunirme con sectores sociales, económicos, etcétera, de toda la Región. Evidentemente, también he participado en la reunión, y directamente con el Presidente de la Junta, de la CECALE, representativa de los intereses empresariales de toda la Región, con Sindicatos (Comisiones, USO, UGT) de toda la Región, etcétera. Es decir, entiendo que mal haríamos, desde luego, desde esta Consejería si no tuviéramos una visión global de los problemas y pusiéramos en marcha ese principio de regionalización descentralizada. Ahora bien, que un instituto u otro se ubique en un sitio o en otro...; la

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sede social la tiene que tener en un sitio, es indivisible, y ya he dicho muy claramente, muy claramente para que no se generen posibles malentendidos, allí donde esté la Sede de las Instituciones, y ahora es provisional, estará la Sede Social de tal Instituto: si la Sede de las Instituciones definitivas está en Burgos, la Sede social de Instituto, estará en Burgos. Ahora bien, ese Instituto, como también he dicho, tendrá secciones (secciones en función de unos criterios, de racionalidad y eficiencia) allí donde haya necesidades específicas y donde haya posibilidades específicas de resolver aquellos problemas. Quiero decir, o con esto quiero contestar a esa objeción que no es al principio, que lo acepta, sino tal vez a la actuación de la Consejería.

El tema de la CEE. Bien, mire, yo estoy preocupado especialmente por dos cosas, y puedo estar equivocado o no. Esta preocupación me ha hecho dar los primeros pasos, (en ninguna de las Consejerías de esta Comunidad), en relación con el tema de la CEE. El convenio en la CIHEAM, fue firmado por esta Consejería, como un vehículo de aproximación a la CEE. Es la primera Región o Comunidad Autónoma, fuera de la CEE, que firma, en todo el mundo (la acción depende de la UCD) un convenio con la CIHEAM y era fundamentalmente, ¿para qué?, para que en el ámbito que me corresponde, la formación de investigadores y la formación de los funcionarios de la Junta, fueran preparándose, reciclándose, yo dije, incluso preparándose administrativamente para conocer a fondo, para poder trabajar a fondo, y con conocimiento de causa, en el momento de nuestra integración. La integración está ahí, decía, y hay dos cosas que yo le digo y que en las reuniones que hemos tenido a nivel ministerial, yo he planteado muy claramente:

Primero. Que no queremos ser meros auditores, receptores de lo que está haciendo la Administración Central; que queremos participar de alguna forma directa en estas negociaciones. Punto uno, y es posición oficial de mi Consejería.

Y segundo punto. (Y es el que más me preocupa, pero no me atañe a mí sólo, y fundamentalmente, no me atañe a mí). Y es que hay sectores, hay productos, hay métodos de producción que, si queremos entrar con garantías en la CEE, hay que modificar en la Región. Es decir, hemos de buscar, y lo decía en el discurso, unos productos, una oferta receptiva por parte de la CEE, a precios competitivos, y generar, sobre todo, la producción en aquellas instancias donde tengamos ventajas comparativas.

Esto es un proceso lento, lo reconozco; y además lento y que no depende sólo del Boletín Oficial, que exige campañas de otro tipo, que exige concienciación. En eso estamos. Pero, ahora bien, en el sector fundamentalmente agrícola y en el sector industrial, permítame que le diga que yo puedo opinar, no tengo responsabilidad de ejecución política, (en cuanto a miembro de la Ejecución Regional, sí, de gobierno; no en cuanto Consejería); yo lo que puedo hacer, en estos momentos, es acciones en cuanto a formación y acciones en relación al comercio. Y también, permítame, y aquí sí que le revelo algo de las conversaciones, que yo manifesté al Secretario General de la CIHEAM mi preocupación porque se extendieran (y eso está en el Acta de la reunión), los convenios entre el CIHEAM y la Universidad de Valladolid (no entre el CIHEAM y nosotros, porque no existe; es un acuerdo posterior), al resto de Universidades de la Región. Me puede creer o no, evidentemente. Porque no estoy en absoluto mirando a una provincia, y lejos de mí ese provincialismo que no puedo tener, incluso, porque no me siento vinculado personalmente a una provincia, sino a la Región.

Toca sí, aparte de esas observaciones de tipo tal vez genérico, una serie de puntos ya más concretos. Aunque también los toca, me los ha planteado Su Señoría, tal vez muy rápidamente por la premura de tiempo. Yo que reconozco que es un condicionante que nos puede llevar a dos cosas, o a hacer las preguntas tipo telegráfico, con lo cual no acabaríamos nunca, tampoco; o sin embargo, a una especie de diálogo-profundización que lleva consigo el riesgo de tocar los temas telegráficamente; perdón, apuntándolos sólo, no telegráficamente.

Me habla del Fondo, me habla del tema del comercio, y me habla del tema de los Presupuestos, como tres temas concretos que me ha señalado. Bien, yo, si Sus Señorías están de acuerdo en el tema, empiezo por el de comercio. Yo pienso que he sido suficientemente explícito en la exposición y concreción de los ocho programas que planteaba por el lado de la oferta, y los cuatro por el lado de la demanda. Podíamos, yo no lo dudo, entrar en precisiones concretas sobre algunos de los programas, e incluso sobre temas que se han tocado y que, tal vez, sea importante desarrollar, como puede ser la situación dentro del área de comercio, de la parte referente a presupuestación, situación actual de los Presupuestos, etcétera. Yo le aseguro que siendo la única Dirección General de mi Consejería que tiene funciones finalistas, verticales, es donde yo mejor me podría explayar, porque es donde las acciones se ven; son hacia fuera, no hacia dentro. No tengo ningún inconveniente en que esa información que ha denominado epidérmica la pueda desglosar, si así usted lo desea, Señoría, en concreto en un informe sobre las transferencias de comercio al día de hoy; en un programa y en la explicación del programa sobre

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Ordenación Comercial, agregado, Ordenación Comercial por provincias; el programa de Equipamientos Comerciales MERCASA, el programa de Equipamientos comerciales y actuaciones del Consejero, la actuación en relación a las S.G.R., los cursos de primación previstos, con instrucción por instrucción, presupuestación por presupuestación, partida por partida; el Programa de Estudios de Asistencia Técnica; la actuación de la Comisión Regional de Precios durante las tres sesiones formales que ha tenido; los compromisos, en definitiva, presupuestarios de la misma. Yo no tengo inconveniente de pasar punto por punto a desglosar el mismo, me es igual; podemos estar aquí quince horas. Quiero decir, si de algún punto concreto Su Señoría desea preguntar o ser informado, yo, le repito, tanto en cuanto a lo comprometido al día de hoy, como en las previsiones que hacen que nuestro Presupuesto pueda ser, en este sentido, consolidado al 31 de diciembre; en este área concreto, que es donde realmente tenemos transferencias y valoraciones ya definitivas, le puedo dar información cumplida, punto por punto. Pero me gustaría en todo caso, que me hiciera una pregunta sobre qué tema en concreto. Porque, le repito, es tal la cantidad, no ya de documentación, sino de temática y puntos sobre los cuales, y algunos realmente muy interesantes, como puede ser la Empresa, (hasta se lo sugiero, porque quiero que me haga la pregunta) la Empresa de Promoción de Comercio Exterior; las valoraciones actualmente; los Presupuestos, cómo están; los compromisos presupuestarios al día de hoy; las actuaciones de la Comisión Regional de Precios; los expedientes tramitados y distribución de los mismos por provincias en la Comisión Regional de Precios; los Estudios de Asistencia Técnica distribuidos, comprometidos y en estudio; los Cursos de Formación con la Reserva de Crédito (esos ya comprometidos), etcétera. Quiero decir que de esto le puedo dar cumplida cuenta, y no solamente a usted, Señoría, sino que lo hago extensible, porque pienso que muchas veces algunos de estos temas han sido conocidos indirectamente, a través de la prensa, pero me gustaría, me gustaría también, evidentemente, que solicitaran (así de claro lo digo) información, a veces, de la Consejería, y yo estaría encantado de ofrecérsela. Es algo que yo jamás, y miembros de esta Comisión saben mi talante en este sentido o conocen mi talante, jamás voy a poner obstáculo. O sea, que si hay alguna precisión que hacer, se me puede hacer, que con mucho gusto se la intentaré responder (puedo no responderla).

En cuanto al tema del Fondo, el Fondo, Señoría, ha sido una gravísima preocupación de mi Consejería desde que me hice cargo de la misma. Y le voy a decir por qué, y voy a ir incluso a hacer la historia, que puede explicar después otras cuestiones. El día siete de junio, habiendo tomado posesión el día tres de junio del ochenta y tres, se recibieron en la Sede de la Junta, en Burgos, las fichas para la confección de los proyectos de competencias asumidas y no asumidas que debería de presentar la Comunidad Autónoma, la Junta en este caso (siete de junio) el seis de junio. (Después podremos decir o hablar sobre cómo ocurrió esto o no ocurrió). Primero cuestión: negociación con la Administración Central para que se ampliara el plazo, evidentemente. Segunda cuestión: había que determinar proyectos en relación con las competencias asumidas. Como sabe Su Señoría, estábamos en un proceso en que la Administración Central socialista había intentado acelerar, y había hecho un compromiso político formal, de acelerar y de concluir prácticamente las transferencias en el noventa por ciento de las materias transferibles durante el año ochenta y tres-ochenta y cuatro. ¿Qué quiero decir? Primero, negociar el poder presentar los proyectos después de haber cerrado el plazo. (Ahora no echo, ni explico, ni echo culpas, etcétera). En segundo lugar, determinar exactamente la cuantía de las transferencias que nos correspondían de las competencias asumidas, en función de las cuales nos correspondía la determinación de un montante de proyectos de los diecinueve mil millones que correspondían a la Región. Evidentemente, esto pudimos hacerlo, después de bastante esfuerzo, y sin contar (y luego, después le diré por qué) con los proyectos designados, perdón, elegidos por parte de la Administración Central para ejecutar por parte de la misma, lo pudimos hacer el veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y tres, cuando ya estaban, teóricamente, cerradas las negociaciones. En dicha reunión, los diecinueve mil ciento dieciséis millones que correspondían a Castilla y León, se dividieron en dos partidas: diecisiete mil setecientos setenta y ocho coma ocho millones para incluir en proyectos de la Administración Central, por falta, en aquel momento de competencias asumidas; y solamente mil trescientos treinta y siete millones coma ocho en proyectos de la Junta de Castilla y León, correspondientes a servicios ya transferidos (capacidad de maniobra, mínima). Sin embargo, posteriormente, y a medida que se tramitaban los Presupuestos Generales del Estado, se produjo, inmediatamente después del veintiséis de julio, el acuerdo de Valoración, en materia de carreteras, obras hidráulicas, vivienda y medio ambiente (entiéndase, el MOPU y lo que supone el MOPU). Con lo cual, y a continuación, se modifican los importes de las dos partidas anteriores, en los siguientes términos: corresponden, a ocho de septiembre, ocho mil ciento setenta y dos millones en proyectos de la Administración Central, y ya diez mil novecientos cuarenta y tres millones en proyectos de competencia de la Junta

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de Castilla y León. Piénsese que esto es, ni más ni menos, producto de una negociación acelerada de asunción de transferencias que tiene efectos en la mecánica de funcionamiento del Fondo. En esos momentos, de estos diez mil novecientos ochenta y tres millones de pesetas, ocho mil ciento noventa y una correspondían a las competencias de reciente asunción, cuyos proyectos fueron determinados por el MOPU (quiero decir, nosotros no los habíamos negociado, el MOPU los había incluido); en tanto que dos mil setecientos cincuenta y dos coma cinco millones restantes corresponden a proyectos designados por la Junta de Castilla y León. Quiere decirse que la Junta ha sido autónoma (o es todavía, todavía tiene tiempo, y después le diré por qué), es autónoma para decidir en los mil trescientos treinta y siete millones que ya el veintiséis de julio había decidido, más estos dos mil setecientos cincuenta y dos millones. Pero, ¿por qué?, (y no voy a desvelar ningún secreto, porque los Presupuestos Generales del Estado son públicos, por lo menos los Procuradores los tienen para su consulta), porque estos dos mil setecientos cincuenta y dos millones de pesetas aparecen duplicados en los Presupuestos Generales del Estado, y aparecen en el Fondo y en el MOPU; y la Consejería, a través de una ardua negociación, consigue del MOPU y del Comité de Inversiones Públicas Estatal, que aquellos proyectos se mantenga en el MOPU, y nos permitan que la Comunidad pueda disponer de proyectos propios por esta cuantía. Quiero decir, es un proceso largo de explicar, pero me parece que para eso están ustedes y también para eso estoy, Señorías, para eso estoy yo, para explicarlo en estos momentos.

Dicho esto, podíamos hablar de otra serie de cuestiones. Por ejemplo, de cómo la Junta, ya no la Consejería, (y ahí transciendo mi responsabilidad), ha elaborado, ha detectado, ha determinado, ha definido una serie de criterios, a propuesta del Comité de Inversiones Públicas, (los decide la Junta, los aprueba la Junta), para distribuir este montante total de proyectos a determinar por la Junta y que va a ir incluidos en nuestros Presupuestos del ochenta y cuatro. Pero, claro, en primer lugar, sí que le voy a dar algún criterio (no ocurre nada), la determinación de proyectos por estas dos cantidades que le he citado, que los tiene que presentar la Junta, a través de mi Consejería, en los Proyectos de Presupuestos del ochenta y cuatro, en total, tiene que venir determinado, según unos criterios,. Serán aprobados (primera cuestión), serán aprobados, proyecto por proyecto, o no, en estas Cortes; quiere decirse que de momento no podemos hablar de ellos porque irán incluidos dentro, dentro de los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro. Y criterios, le voy a decir, no solamente hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar las propuestas de los criterios, no de determinar todavía, los criterios que tiene actualmente, que contempla actualmente el Fondo de Compensación Interterritorial, sino que también queremos tener en cuenta los siguientes criterios: cuáles son, o cuál es el resto de la inversión nueva del Estado en la Región, y su distribución. Ya sabe que, teóricamente, el Fondo corresponde a una parte de la inversión nueva, al cuarenta por ciento a nivel estatal; no es así a nivel regional.

Cuál es la inversión de reposición estatal en la Región, y su distribución. Y esto por una sencilla razón, porque es que podemos, podemos coincidir, confluir y reproducir inversiones si no conocemos las del Estado; y, evidentemente, perder eficacia. Pero, claro, las del Estado no están determinadas todavía, falta su aprobación, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Senado, que aunque sea por trámite de urgencia, a finales de diciembre nos vamos.

Pero también dos elementos más, o tres, mejor dicho: la asignación de planes provinciales y su distribución a través y a lo largo de la Región, de planes especiales y de canon energético. Queremos tener en cuenta absolutamente toda la inversión que llega a la Región, nueva y de reposición, y provincia por provincia, para determinar, sectores en primer lugar, y provincias en segundo lugar, e incluso zonas y bolsas de pobreza de nuestra provincia. Pero tenemos que tener los datos. Dar ahora los proyectos sin tener esos datos, nos puede llevar a ineficacia. Entiéndame por lo tanto, cuál ha sido el proceso por el cual hemos generado mayor número de proyectos, en primer lugar, para nuestra Comunidad, a gestionar y a decidir por nuestra Comunidad, a proponer por la Junta a las Cortes (porque irán en los Presupuestos y serán las Cortes las que tendrán que decir la última palabra); y en segundo lugar, cómo hemos llegado o qué criterios han pesado a la hora de determinar aquellas posibles propuestas que nosotros, que la Junta vaya a hacer. Entiendo (podía entrar en más detalles, en más cifras) que doy cumplida cuenta a la pregunta del Fondo. También quisiera decir que es un tema espinoso. También quisiera decir que es un tema en el cual (yo lo dije) nosotros, en aquel común acuerdo, entre comillas, (en el texto no estaba entre comillas, si se ha fijado), me gustaría, nos gustaría, y en eso estamos, en que los principios de coordinación de las inversiones públicas a nivel estatal se replanteen, y en eso vamos a ser firmes; punto primero. Y punto segundo, que cuando llegue la determinación de los proyectos del Fondo, la Comunidad pueda conocer los proyectos de inversión, previstos por el Estado, dentro de la Comunidad. Porque si no, podemos llegar, repito, a duplicidades, y ya se prevé en el Proyecto de Ley de Compensación del uno

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de mayo, etcétera. No sé si es posible o no; pero lo que sí que no puede haber es descoordinación entre las inversiones de la Comunidad y del Estado, mucho menos entre las de la Comunidad; de ahí la creación, entre paréntesis, del Comité de Inversiones Públicas Regional, de cara a nosotros mismos.

Y no sé si queda alguna cuestión más en relación con el tema de los Presupuestos. Pero discúlpeme, Su Señoría, si no le he tomado correcta nota de la pregunta. Sé que me ha hecho una observación en relación a los Presupuestos. Si, más que una observación, casi me ha venido a decir que qué razón tenía, Su Señoría, en el momento de la crítica a los Presupuestos en aquel momento. Le voy a decir una cosa, vamos a distinguir, y lo he dicho, dos tipos de Presupuestos: los Presupuestos de entonces, y los Presupuestos que estamos preparando ahora. Mire, y con esto convenga, Su Señoría, en que si en aquel momento no hacemos unos Presupuestos de mera gestión y, casi diría, administrativos, coyunturales, sin introducir una serie de partidas de inversión, que están ahí, y son inversión real, (por ejemplo, la del Fondo), difícilmente hubiéramos podido echar a andar. Así de claro. Más aún, le voy a decir, ni yo hubiera podido nombrar Directores Generales, ni tener una plantilla mínima, ni empezar a hacer gestiones en el área de comercio. Es decir, eran imprescindibles, imprescindibles para echar a andar la Junta, pero también las Cortes. Hubiéramos andado con anticipos de tesorería, que Su Señoría sabe, mi Consejería ha sido, (no sé cómo calificarlo, que se califique a otras instancias) muy pronta en resolver cuantas peticiones a la Consejería se han hecho en relación a anticipos de tesorería; pero no hubiéramos tenido anticipos de tesorería para las Cortes y para su funcionamiento, si no hubiera habido esos Presupuestos; es decir, fueron puramente, y así lo testifiqué, unos Presupuestos coyunturales para echar a andar, para sentar la infraestructura. Evidentemente se han acabado, se han acabado. La infraestructura está, mala o buena, pequeña; todavía se desarrollará más. Y, evidentemente, es por lo que he explicado qué pretenden, qué método van a seguir estos Presupuestos, y qué dificultades actuales, concretas, existen, no solamente para nuestros Presupuestos, sino para los de cualquier Comunidad, que se rija por el artículo ciento cuarenta y tres de la Constitución, que se haya constituido (o incluso, por el ciento cincuenta y uno como es la de Cataluña, y habrá tenido lugar de ver en la prensa) y las dificultades gravísimas, gravísimas, que existen en estos momentos para confeccionar unos Presupuestos mínimamente presentables. Y le voy a decir más: hemos tenido que hacer un estudio de partida por partida de los Presupuestos Generales del Estado, para incluso decirles, a la Administración Central: éstos son los errores que existen en estos Presupuestos; ante lo cual, evidentemente, nos han dado las gracias, no más.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Portavoz del Grupo Mixto tiene la palabra durante tres minutos.


PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Señor Presidente, señores Procuradores. Muchas gracias, señor Consejero, por el detalle con que ha contestado a mis preguntas o a mis insinuaciones. Yo, simplemente, voy a puntualizar un poquitín más algunas cosas que en mi intervención quedaron confusas.

Sí. La estrategia de desarrollo, evidentemente, se dice aquí, en la página dieciocho y siguientes. Yo quizá, lo que he querido decir es que (explicando esta estrategia de desarrollo, lo que se nos decía eran las otras estrategias que podían haberse seguido y que, evidentemente, eran malas), que quizá se podía haber profundizado un poco en cómo desarrollar esta estrategia de desarrollo.

En cuanto a la descentralización, pues sí, yo indudablemente recojo lo que me ha dicho el señor Consejero, de cómo podía hacer yo la descentralización. Yo no la podría hacer, porque yo creo que todos, y por lo menos si no todos, yo sí que me incluyo en ellos, tenemos un cierto espíritu centralizador e, indudablemente, conseguir hacer una descentralización es muy difícil. Y yo lo que quería era, simplemente, advertir de que, bueno, que no caigamos una vez más en este centralismo que, por algunos detalles como era el traslado del Instituto de Economía o del Instituto de Desarrollo y Planificación Económica, como se llama ahora, de Salamanca a Valladolid, pues podía ser, sí, un poco asustante.

Con relación a la relación con las Diputaciones y los Ayuntamientos que el señor Consejero decía que ha venido, evidentemente yo lo conozco, lo conozco por la prensa, conozco el mal recibimiento de que fue objeto en el Ayuntamiento de Burgos, que yo lamento como burgalés, pero que no puedo hacer nada. Yo creo que, de todas formas, no era exactamente el sentido en el que iba mi pregunta. Mi pregunta iba en el sentido de decir; bueno, si para hacer ese desarrollo comercial no nos hemos puesto en contacto solamente con las Diputaciones y los Ayuntamientos, sino con, digamos, con los sectores comerciales, con aquellos sectores económicos, con aquellos que en definitiva tienen que dinamizar el comercio y el desarrollo de la Región. Porque, hombre, las Diputaciones, yo creo que, comercialmente, no son muchas las actuaciones que pueden llevar a cabo, y los Ayuntamientos sí que pueden llevar a cabo muchas en el sector, pag. 404

sobre todo del consumo, pero no en otros sectores. Yo creo que la conveniencia de ese contacto con otros sectores comerciales de la Región, y esa integración y ese saber dinamizar ese proceso comercial de la Región, yo creo que sería bueno. Yo no sé cómo se puede hablar.

Con relación a que la Sede está en el mismo sitio donde esté la capitalidad, el Consejero ha citado Burgos. Yo no quería aquí hacer hoy, tampoco, ningún provincialismo. Yo quería decir, simplemente, que esto se encajaba dentro del criterio de la descentralización, que habrá que esforzarse, y cuando la capital está en un sitio habrá que buscar otros sitios en los cuales se puedan hacer organismos, se puedan establecer esos comités, o esos institutos, etcétera; que sería bueno tener en cuenta a toda la Región. Y con un criterio, evidentemente, no sólo descentralizador, sino eficaz; pero no entiendo solamente la eficacia como teniendo el organismo al otro lado de la calle, porque en los tiempos modernos, la eficacia tampoco nos llega a ser extrema.

Con relación a la Comunidad Económica Europea, hombre, sí, a mí me parece bien que se piense en la Comunidad Económica Europea como horizonte. Yo, lo que quería decir (que me parece bien que se piense hasta en el convenio con los árabes, y que traigamos petrodólares y todas esas cosas), pero yo quería decir que, yo, como mi deformación profesional me lleva a poner un ejemplo que en la agricultura digo muchas veces, que hemos pasado de los trillos con vacas, a las cosechadoras de cinco metros que no caben por los caminos; decir que, indudablemente, el desarrollo nos lleva a las cosechadoras de cinco metros, y entonces tenemos que pasar por la trilladora, por la gavilladora, y por todas esas cosas. Pero, indudablemente, que aquí no pensemos solamente en la Comunidad Económica Europea, que a lo mejor no sepamos cómo proyectarnos a la Comunidad Económica Europea, y nos olvidemos también del comercio interior.

Bueno, en cuanto a comercio, yo lo que he querido decir, sí, efectivamente, aquí se habla del múltiple programa que se desarrolla dentro de la Consejería, dentro del sector Comercio. Pero yo echaba en falta, y lo sigo echando en falta, un diagnóstico del sector; es decir, así como se nos hace un diagnóstico de la Región, con todos los defectos que queramos señalar en el mismo, que yo he señalado algunos antes, sin embargo, no se hace un diagnóstico preciso del sector, de cómo se encuentra el Comercio en nuestra Región, y cómo se puede llevar un programa de actuación. Luego, sí, se nos entra en programas concretos de feria, la regulación de los precios, etcétera. Pero yo echo en falta, desde mi punto de vista falta un planteamiento global del sector comercial.

Bueno, con relación al Fondo, yo daba las gracias por tener esta precisión de los diez mil novecientos millones, que yo antes no la tenía; y daba las gracias de verdad, y daba las gracias de verdad en tener esta información previa, que es un detalle que yo le he agradecido sinceramente. Y daba las gracias de verdad, o sea que no era ninguna curiosidad. Yo, lo que sí que quería era manifestar una preocupación que ha sido constante, sobre cómo se iba a repartir el Fondo, que yo veo que el señor Consejero la ha tenido mucho más profunda que yo, y que también he comprendido que ahí se ha llegado hasta donde se ha podido llegar, y no se ha podido aguantar más.

En fin (termino, señor Presidente, enseguida termino).


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Yo le ruego que finalice.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Sí, sí, enseguida, enseguida termino.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Esta Presidencia lamenta también la brevedad de los turnos, pero para mayor agilidad...


EL PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Sí.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Aunque hay cierta flexibilidad, le ruego que termine su intervención.


EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Bueno, con esto, con esto ya termino. Y, simplemente, del Fondo lo único que me ha preocupado en la intervención es cuando se ha hablado del canon energético, como queriendo entender también el canon energético uno de los ingresos incluidos dentro del Fondo. Hombre, yo creo que el canon energético, habría que defender siempre, que es un ingreso finalista (que sea de las Diputaciones o no, que sea Regional o Provincial su reparto, esto sería otra cosa); pero que este canon energético no se incluya también, como un capítulo más, dentro del Fondo de Compensación Interterritorial.

Nada más. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Montoya. Señor Consejero, ¿quiere puntualizar?


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí, muchas gracias. Muy rápidamente.

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Estrategia de desarrollo: una cuestión teórica, de definición ideológica-política en definitiva, exige un mayor desarrollo. De acuerdo, existe, exige un mayor desarrollo en un estudio, no en una mera intervención. De acuerdo.

Descentralización: como preocupación me manifiesta, sobre todo me manifiesta la preocupación. Tomo nota de la advertencia, a pesar de que le he dicho, Señoría, cuáles han sido actuaciones de la Consejería en relación a la Región, sobre todo porque es imprescindible para una buena marcha (no de la Consejería) de la Junta, del Gobierno, y en definitiva del pueblo castellano-leonés.

Tema Diputaciones. Es imprescindible un mayor contacto, además, con Ayuntamientos y con Cámaras. De acuerdo. Cada vez que vamos a una ciudad, como decía, intentamos ponernos en contacto con los Ayuntamientos y con las Cámaras de Comercio, sobre todo.

Visitas a Cámaras de Comercio de la Consejería: Béjar, Salamanca, Avila, Segovia, Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid. Prevista, que es la única que queda, el viernes, en Zamora. (no voy a decir que son treinta mil kilómetros en tres meses, porque es lo de menos). Son visitas reales, institucionales; quiero decir, queda atendida, preatendida a la llamada y al ruego.

En Programas de Equipamientos Comerciales, por ejemplo, hablando ya de Comercio, echa en falta tal vez el diagnóstico. Nosotros hemos intentado realizar primero el diagnóstico, para lo cual nuestros servicios no son suficientes y, a la vez, aunque nosotros desde la Consejería lo quisiéramos hacer, lo haríamos mal. Entendemos que esos estudios del Comercio Interior de la Región, se han de hacer en colaboración de la Consejería, con organizaciones empresariales, sindicales incluso, y comerciales. De ahí que, en concreto, en relación con Estudios y Asistencia Técnica, tenemos previstos, o ésta es la situación de los estudios correspondientes a las estructuras de distribución comercial de las diversas y diferentes capitales de provincia, de momento, ya hecho o comprometido: realizados y presentados, el de Soria y el de Palencia. Realizados y no presentados, el de Segovia, el de Salamanca, y el de Cuéllar (no capital de provincia). Comprometidos y presupuestados por parte nuestra, directamente, el de Avila, con la Cámara de Comercio, por valor de tres millones setecientas veinte mil setecientas cincuenta pesetas; el de Valladolid, con AVADECO, por valor de cuatro millones de pesetas. Y comprometidos, el de Burgos, con la Cámara de Comercio, por valor de cuatro millones de pesetas; el de León, con la Cámara de Comercio, por valor de cuatro millones de pesetas; y el de Zamora, Cámara de Comercio, por valor de tres millones y medio de pesetas.

Pienso que, dentro del pequeñísimo espacio de tiempo que hemos tenido, suficiente respuesta hemos dado a la necesidad real de conocer la estructura de la distribución comercial de nuestra Región. No sé si es poco o mucho. La historia, diría, nos juzgará. Pero ahí está.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Tiene la palabra, el señor Carbajo Otero, portavoz del Grupo Popular.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR CARBAJO OTERO):

La verdad, es que, como nos ha dicho el Consejero, va a ser, es difícil (ya lo comprende él) extractar en diez minutos las opiniones que el portavoz de cada Grupo pueda sacar, y más a la vista de un informe tan amplio como el que se nos ha dado esta mañana, y se nos ha leído, y por cuya entrega (quiero decir lo que el portavoz del Grupo Mixto) debemos manifestar el reconocimiento al señor Consejero de Economía; si bien, nos hubiera agradado que, como en otra sesión informativa de las Cortes, en otra Comisión, se les entregó previamente, por otro Consejero, un esquema en el que resumía un poco su posterior intervención.

Deben hacerse cargo, el Consejero y los señores Procuradores, que un informe tan denso, tan teórico y tan extenso, es muy difícil tratar de estudiarlo, de combatirlo o de apoyarlo teniendo nada más un par de horas después de la lectura para almorzar y exponer los criterios de cada uno. Así que me voy a limitar a hacer algunas observaciones con relación a lo que se nos ha leído, y voy a ir detallando cosas más o menos concretas; unas serán críticas, otras serán preguntas, y otras serán observaciones.

El informe, repito, muy extenso, es un informe teórico (no en vano, nuestro Consejero es Profesor de Economía), es muy bonito como informe. Me temo que una cosa es realizar una maqueta de un edificio, y otra cosa es, después, construir el edificio.

Viene separado en distintas partes. Primero hace una historia del desarrollo de nuestra Comunidad, en la época del desarrollismo de los años sesenta. Después nos hace un análisis de la situación. Posteriormente nos habla de la estructura orgánica de la Consejería en plan exhaustivo. Luego, nos desarrolla un Plan Económico, nos diseña la Hacienda, la Hacienda Regional. Y por último hay un informe bastante amplio del sector Comercio, que es una de las tres parcelas que tiene como competencia esta Consejería.

Se habla de la historia del desarrollo y se critica la misma, en Castilla y León, por los desequilibrios regionales.

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Y ahora no voy a hacer un análisis de esa historia, sino simplemente a decir que parece que se nota aquí un poco el mismo lenguaje, que también se nota a otras instancias, por expertos económicos del partido que aquí nos gobierna, en el sentido de hablar de la herencia recibida. Ciertamente, el desarrollo tuvo sus inconvenientes, pero lo cierto es que, en aquella época (a pesar de que crecieron desigualdades en determinadas regiones de la Región) Castilla se desarrolló, y, comparativamente, la Región mejoró. Ahora estamos en unos momentos muy difíciles. Castilla no es ajena a la crisis de España, ni España es ajena a la crisis del mundo occidental. Comprendemos que la Autonomía, como tal Autonomía desde que se aprobó el Estatuto y se celebraron las elecciones, lleva poco tiempo. No podemos pedirle grandes logros al Consejero de Economía, pero sí vamos a analizar (como decía antes), un poco, su programa.

Habla de reestructuración del sector agrario-industrial. En eso estamos todos de acuerdo. Pero yo veo una omisión bastante frecuente al sector privado y, más concretamente, a las medianas y pequeñas empresas. Y sin embargo, se hace, se pone especial énfasis en la potenciación de la empresa pública, y si no recuerdo mal, en algún sitio del informe se dice que el despegue, el desarrollo de Castilla y León pasa por la potenciación de la empresa pública.

Yo creo que esta filosofía no es la que nosotros predicamos, no creemos que sea esa la adecuada para la situación de la Región, ni de España; y es más, me temo que tampoco va muy en concordancia con la política del Gobierno de la Nación, en la que parece que ya todo el mundo se ha empezado a convencer que la creación de riqueza, y la creación de puestos de trabajo, pasa por el reforzamiento de la empresa privada, y, fundamentalmente, de la pequeña y mediana empresa que, parece que todo el mundo lo dice, es el auténtico motor del desarrollo del empleo y de la economía.

Se habla de carencia de iniciativas, se habla de fatalismo. No somos fatalistas. Creemos que la empresa privada de Castilla y León no está carente de iniciativas. Lo que pasa es que se está desenvolviendo en un ambiente económico hostil. Lo que ocurre es que la demanda, la demanda se ha frenado. Lo que ocurre es que hay una gran crisis económica: las empresas no generan beneficios, no pueden con los costes crecientes, no pueden con la inflación. Pero creemos que el posible desarrollo o la corrección de desigualdades dentro de la Región, desde luego pasa total, absoluta y necesariamente por el fortalecimiento de la empresa privada.

Se habla, en la página veintidós de los, del Plan Económico y de los objetivos, instrumentos y medidas. Muy bien. Se hace un estudio económico profundo, pero creo que nos movemos en el campo de las teorías y no aterrizamos en el campo de la práctica. Yo recuerdo, creo que todos hemos pasado por el Servicio Militar, que cuando nos hablaban de tácticas y estrategias, nos hablaban de a dónde, por dónde, cómo y cuándo. Yo creo que echo de menos aquí todos estos conceptos. Sí se dice a dónde se quiere ir, pero no por dónde, ni cómo, ni cuándo; aunque sí se habla de proyectos a medio y a largo plazo.

En el diseño que se nos hace, que es un perfil de todo, muy rápido, en el diseño que se nos hace del aparato administrativo, o mejor dicho de la Hacienda Regional, se habla, en la Dirección General de Tributos, en la página treinta de, entre otras facultades, las que le corresponden a la Consejería en relación con los intereses financieros de los entes locales de su territorio. A mi esto me suena un poco a olvidarse de ese principio constitucional. ¿Perdón?

-Es que no le he oído.


EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Bien, que en cuanto a las facultades, o las competencias de la Dirección General de Tributos, en la página treinta, al final, se habla, entre otras, de las que corresponden a la Consejería en relación con los intereses financieros de los entes locales de su territorio. Está bien la política de coordinación, yo creo que la responsabilidad de la política económica en la Región, efectivamente, pasa por ésta, por la Junta y por la Consejería, y también por las Cortes, pero hay un principio constitucional de Autonomía en los Entes Locales que parece que aquí, de alguna manera, no se sigue.

Se habla del Plan Económico en la página treinta y tres. Se habla de un Plan Regional claramente definido que permita sentar las bases en desarrollo armónico y homogéneo, a la vez que alcanzar objetivos económicos, sociales y territoriales, tanto a medio, como a corto plazo. Repito lo mismo: como declaración es muy bonita, pero vuelvo a repetir la frase de a dónde, por dónde, cómo y cuándo.

Se habla de la creación, (lo ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra), de un Comité de Inversiones Públicas, mejor dicho, sí, (he tocado ya lo del Plan Económico Regional) de un Comité de Inversiones Públicas, y se habla de una serie de proyectos, pero tampoco se dice nada de cuáles son.

Se habla del Fondo de Compensación Interterritorial en la página treinta y nueve. También comprendo, porque ya lo ha explicado el Consejero en la frase que entrecomilló verbalmente, del común acuerdo. Hago omisión de ella, porque ya nos lo explicó.

Pag. 407

Se habla de un Fondo de Desarrollo Regional en la página cuarenta y uno. Habla de disparidades de renta, de riqueza, gramáticamente considerables. Pero estamos en lo mismo: no tiene un contenido concreto, no dice qué provincias, qué comarcas va a ser donde la Consejería de Economía, o la Junta, va a hacer algún

plan especial.

En la página cuarenta y siete, se nos habla de Convenios con las Cámaras-Centro de Documentación Europea. Esperemos que este convenio funcione. Se dice que quien tiene la información tiene el poder, pero lo cierto es que en las Cámaras, que yo sepa, no se sabe nada de este Concierto.

Se habla de un Instituto para el Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León diciendo que está en un avanzado grado de gestación. Me gustaría saber en qué mes de gestación se encuentra, para calcular, más o menos, cuándo será el alumbramiento.

Le he oído decir reiteradamente al Consejero y, efectivamente, no sólo lo dice sino que lo está practicando, que la Consejería tiene unos contactos permanentes con la Cámara de Comercio. Tengo que advertir que, efectivamente, la Consejería, y otros departamentos de la Junta, están apoyándose de una manera clara, pidiendo opinión, recabando información, y pidiendo criterios a las Cámaras de Comercio. Esto es bueno, pero parece que es un poco de, tiene algo de contrasentido con la idea general que antes apuntaba con relación al Plan Económico para Castilla y León, en el que hablaba de la potenciación de la Empresa Pública. Yo no sé si lo que se querrá aquí será otro INI. Me parece que la Empresa Pública, (ya han demostrado los acontecimientos que aunque haya sectores donde la Empresa Pública, porque no tiene capacidad de iniciativa privada, capacidad financiera, capacidad de gestión, o alguna otra capacidad, deba entrar en el sector público), parece que no tiene mucha coherencia que por un lado, cosa que desde nuestro punto de vista es muy positiva, se esté en un contacto permanente con las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales, por la Consejería, y sin embargo se hable de que el desarrollo económico de Castilla y León pasa por la potenciación de las empresas públicas.

Se habla del Consejo Económico Social. Nos parece bien. En la Constitución se habla también de un Consejo Económico Nacional que no se ha creado. Nos parece oportuno que se haga en Castilla y León. Le felicitamos al Consejero por esta iniciativa. Esperamos que se haga pronto y también esperamos, porque aquí creo que no se dice, que todos estos organismos, de los que hemos estado hablando, estén adecuadamente representados.

También hay otra cosa de que me felicito, por la opinión de esta Consejería, que es que nos ha dicho claramente, y así lo pone en el informe, que no se van a crear nuevos tributos por esta Consejería o por la Junta de Castilla y León. Efectivamente, todo el mundo sabe, (yo antes lo decía y creo que está en el ánimo de todos), el momento económico es muy difícil. el torniquete fiscal, tanto de la Administración Central como de la Administración de los Ayuntamientos, de la Administración Municipal, y las (bueno no, indirectamente podía ser también incluso las Diputaciones), pero sí de los Ayuntamientos, están, cada vez atornillando más a la empresa, la están restando liquidez, están restando poder adquisitivo al contribuyente; recursos que van a generar no nueva inversión, porque los Presupuestos Generales del Estado (y perdóneme que me refiera a ellos) este año, en pesetas corrientes, tienen menos cantidad destinada a inversión que el año anterior, y si...


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ruego a Su Señoría que abrevie y que resuma el resto de su intervención.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR CARBAJO OTERO):

Vamos a ver si podemos acabar.

Insisto, se habla de un sector público potente; parece un contrasentido con lo que decía antes. El Presupuesto, el señor Consejero nos dice que no lo ha podido presentar porque no están confeccionados los Presupuestos Generales del Estado. Yo creo que aquí tenemos un mandato, en nuestro Estatuto, que dice que debe estar presentado antes del último cuatrimestre del año, y que se podía haber hecho un Presupuesto, sin perjuicio de que luego se le hicieran los añadidos que fueran precisos en función de cómo se desarrollen los Presupuestos Generales del Estado.

Nos ha hablado, (porque la verdad es que hay que reconocer que el Consejero se ha molestado y se ha preocupado de ver cuáles son todas las cosas que se le podían plantear aquí, por eso hay que felicitarle), de que no se ha hecho una Ley de Patrimonio; pero creemos que también se podía haber diseñado un poco de cuáles podían ser los criterios para esta Ley, porque hoy, lo que no estamos pidiendo es un inventario patrimonial, sino una Ley que regule el Patrimonio de la, de la Autonomía, que, aunque hoy sea pequeño, el día de mañana puede ser importante. Y nada estorba, para que ya conozcamos los principios que lo van a regular.

Se habla de Préstamos a las PIMES, Mercados Mayoristas. Yo le diría, con relación a este asunto, que se está hablando de logros por esta Consejería que ya estaban realizados con anterioridad; porque concretamente, con relación al MERCA de Zamora, el Convenio ya estaba firmado por el pag. 408

Ayuntamiento hace más de un año. Lo mismo ha pasado con lo que nos ha informado con relación a los estudios de las Estructuras Comerciales. Yo le pediría al señor Consejero, que es un hombre que nadie duda de su competencia, ya sé que él no lo hace personalmente, pero, por la gestión de la Junta de Gobierno, que no se apunte tantos que ya estaban realizados con anterioridad. El Estudio de las Estructuras Comerciales de Zamora también es algo que corresponde a la etapa anterior al Gobierno de esta Junta.

No me quiero extender más. Ya me han pedido que acabe. Sólo voy a decir que se ha hablado como un logro de la Centralización de los Precios determinados, de la unificación de precios de determinados productos, se ha hablado del precio del pan. Y yo creo que eso es volver a la centralización y no a la descentralización. Antes estas cosas se resolvían en las provincias, y parece más lógico que el precio de pan esté un poco adecuado a la capacidad económica de cada provincia, porque hay provincias con diferente nivel de Renta, y no hacerlo de una manera general; aunque comprendo también que por razones de rapidez, o de cierta comodidad, pueda ser mejor hacerlo de esta manera. Pero yo estimo lo contrario.

Y por último, decir ya, de la última frase del informe en la que nos dice, que con ello toda esta labor que viene desarrollando mi Consejería no hace sino cumplir con lo prometido en el Programa Electoral y el mandato recibido de nuestro pueblo, que bien, que él lo estima así, que yo sé que es un hombre que tiene esas creencias y así nos lo hace saber como hombre sincero; pero que me parece bien como manifestación de un programa de partido, o en un congreso de partido; pero creo que este programa aquí, en estas Cortes y en esta Comisión, dista mucho de ser lo que por lo menos, modestamente, otro grupo político entendemos que debe ser el verdadero programa de desarrollo para nuestra querida Región.

Nada más. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. El señor consejero tiene la palabra.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Quiero empezar dando las gracias encarecidas al portavoz hoy del Grupo Popular, y, sin embargo, mi buen amigo, señor Carbajo.

Y quiero hacerle dos observaciones sin ánimo, no voy a decir de crítica, sin ánimo de ofensa ninguna. En primer lugar (empiezo por el final), efectivamente, yo respondo de mi gestión, aunque el Gobierno en el que me hallo, es un Gobierno para todos. Es un principio básico. Sin embargo, se presenta a unas elecciones con un programa y, evidentemente, por coherencia política, ha de responder a ese programa porque considera que ese programa, respetando el resto de los programas, éste es el que responde mejor a las necesidades del pueblo y de la Región. A mí me agrada esa observación; no me hubiera gustado que me hubiera dicho que no soy coherente con ese programa (apreciación que últimamente se viene oyendo en otras instancias).

Y una segunda observación, y no me lo tome a mal Su Señoría, a veces da la impresión de que ha estado comparando esta exposición, esta intervención, en definitiva este programa, estos fines, estas actuaciones, más que con el Programa del Grupo Popular al que representa, con el Programa de una Cámara de Comercio. Lo digo sin ánimo de ofensa. Y quiero decir que me ha puesto como contraposición sistemática, reiteradas veces, los posibles fallos de este programa, o de esta intervención, con las necesidades o exigencias del sector privado y, en concreto, con el desconocimiento, por ejemplo, de algunos casos, de las Cámaras de Comercio de algunas de nuestras actuaciones. Es por situar -discúlpeme de todas formas esta observación-, pero es por situar un poco mi intervención.

Y, desde luego, y reitero lo dicho antes, estoy completamente de acuerdo de que, falto de tiempo, aún habiendo el Presidente sido magnánimo en la aplicación del cronómetro, impiden que pueda sino apuntar algunas cuestiones; y al apuntarlas, ocurre como antes, ocurre que el receptor tal vez las entiende incluso mal, porque no están suficientemente explicitadas, y contesta otra cosa. Y nos vamos al diálogo de Darendorf, y no me gustaría caer en ese diálogo. Con lo cual, reitero una propuesta, una aclaración que antes hice, y es que no quiero, y no me gustaría que este diálogo institucional que hoy tiene lugar aquí, se cerrara aquí. Quiero decir, que es imprescindible, por la eficacia del diálogo, aparte de los marcos institucionales aquí establecidos, el marco institucional que establece y que marca las pautas del diálogo, de ese diálogo, esa confrontación imprescindible, ese enriquecimiento mutuo, evidentemente tenga lugar también aquí otros días y fuera de aquí; es decir, sea permanente, no sea puntual o coyuntural. Es una observación que, repito, es imprescindible, porque si no, difícilmente nos entenderemos; quiero decir, difícilmente captaremos lo que quiere decir el interlocutor.

Voy ahora, hechas estas observaciones preliminares, a contestar en la medida de lo posible, porque repito que algunas cuestiones se me han quedado oscuras por el sincretismo de la presentación, a algunas observaciones, a algunos interrogantes que me ha planteado Su Señoría.

Sobre las características del informe, es un informe

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que se adecua a un discurso, no se adecua a una investigación, o, tal vez, va más allá del discurso. En todo caso, una investigación es quien mejor plantea una investigación, un informe escrito es quien mejor plantea lo que puede ser una mera intervención. De ahí que se hagan observaciones precisas en el informe, pero tal vez poco ejemplarizadas, propias de una investigación. Y de ahí: que, a la vez, se pueda contraargumentar que Castilla se desarrolló en los años sesenta. Entraríamos en una polémica no ya metodológica, sino de investigación, evidentemente, que transcendería la situación actual, el mundo actual. La idea central que he querido exponer es que, a mi juicio, los problemas estructurales de Castilla, evidentemente, vienen de muy atrás. Nos podemos remontar, por ejemplo, como última etapa, al siglo pasado, a la época del proteccionismo triguero. No voy a entrar en ese proceso histórico. He hablado explícitamente de la década de los sesenta y entiendo que es una década donde, bajo la apariencia de un crecimiento genérico en toda España, se está cimentando, se están profundizando las causas de los problemas estructurales de la Región castellano-leonesa, precisamente por ser un modelo de crecimiento polarizado el que se implanta; cincuenta y siete-cincuenta y nueve-sesenta y tres, y sobre todo con los planes del sesenta y cuatro, pero que viene ya generado, en el cincuenta y nueve, de hechos, y en el sesenta y dos. Y así de claro lo manifiesta el informe del Banco Mundial cuando habla de desarrollo regional, claramente lo dice, (siento no tener aquí el informe), que se ha de tender a un desarrollo regional desequilibrado. Evidentemente, yo lo que he querido es detectar dónde están las causas estructurales de la situación actual.

Y en concreto, podíamos hacer un repaso de la evolución de la población, desde mil novecientos cincuenta, por ejemplo; antes dije desde mil novecientos sesenta, voy más atrás. Castilla y León pierden alrededor de un millón de habitantes desde mil novecientos cincuenta, y, en concreto, en mil novecientos sesenta, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de veintiséis coma siete habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los setenta y cuatro coma seis de España, de mil novecientos sesenta al ochenta y uno; mientras que en el mil novecientos sesenta, esto es en el mil novecientos ochenta y uno, la densidad en Castilla, era de treinta coma veinticinco, no de veintiséis coma siete, y en España, era de sesenta coma treinta. Eso es producto, ni más ni menos, que de un modelo de desarrollo desequilibrado, polarizado. Eso es a lo que me refiero, es una descripción; se puede interpretar de una u otra forma, pero hay un factor, hay un proceso, hay una dinámica. En el empleo: vamos a ver desde mil novecientos sesenta lo que ocurre en Castilla hasta el ochenta y uno (y téngase en cuenta que la crisis tiene especial importancia en Castilla, a partir del setenta y siete-setenta y ocho, en la segunda fase de la crisis; no tiene incidencia especial en el setenta y tres, es una crisis fundamentalmente de sectores industriales), pierde desde el sesenta, Castilla, en que había un millón ciento ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis empleados, hasta mil novecientos ochenta y uno, el veintisiete por ciento de empleos: hay cuatrocientos veintiocho mil ciento cincuenta y siete trabajadores menos. Y aunque la tasa de paro, hoy, entre el once coma seis o el doce, según las estimaciones, es menor que la media de España, sin embargo, desde el setenta y siete (segunda etapa de la crisis), curiosamente, crece a un ritmo más intenso en Castilla que en España.

Podíamos hablar también de la Renta -rellenar de cifras el coloquio-, del PIB, y de una serie de cifras que podrían... De todas formas, por ejemplo, (es que es un dato concretísimo), la participación del PIB en España, en Castilla, en el cincuenta y cinco, es del ocho coma cuarenta y tres, y en el setenta y nueve, es del seis coma dieciséis. Banco de Bilbao; quiere decir que hay también un descenso. En definitiva, son datos que me manifiestan una serie de factores de empobrecimiento relativo (perdón, siempre digo la palabra relativo) de Castilla con respecto al resto de España, y curiosamente, son datos que se agudizan en la época del llamado crecimiento. Evidentemente, aquí caben las hipótesis, el porqué hay un decrecimiento relativo (no digo que no haya un crecimiento, hay un decrecimiento relativo) con el resto de España en la época de los sesenta, es de lo que hablo. Habría, evidentemente, que establecer hipótesis y llegar a conclusiones. Ni hipótesis, ni conclusiones, ni modelo, en definitiva, de análisis es ése. Pero en fin, sería una bonita discusión que transcendería (teórica tal vez, o analítica), que trascendería, esta sesión, y que únicamente hago a título de justificar por qué avanzo esas hipótesis.

La cuestión del énfasis en las PYMES. Yo, señor Carbajo, querido amigo, Señoría, entiendo, y aquí sí vale decir, que si bien en nuestro programa ponemos énfasis en la empresa pública (y diré por qué), sin embargo, en nuestra actuación de los dos últimos meses, en la actuación, a lo mejor en contradicción con el programa, hemos puesto énfasis sobre todo en aquellas competencias, que decía, finalistas, verticales, en el área de Comercio, en la relación con las PYMES. Es decir, si se analizan los ocho y cuatro, doce programas, de comercio, el programa número uno. Ordenación Comercial, Reforma de Estructuras Comerciales, desde luego no se dirige a la empresa pública, a la pequeña y mediana empresa. Se podía hacer un análisis desagregado de la Ordenación Comercial

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por provincias, con expedientes, etcétera, y es toda la actuación de este Programa con relación a la pequeña y mediana empresa. Evidentemente, yo no voy a ir a la industria agrícola, o la producción agrícola, ni la producción; simplemente hablo del área de la distribución del Comercio, que es el que me compete.

Igualmente si nos referimos a los programas números dos y tres, de Equipamientos Comerciales, exactamente igual: no tocamos ni una empresa pública.

Igualmente al Programa de Promoción Comercial y los desembolsos cuando nos dirigimos fundamentalmente a las sociedades de Garantía Recíproca, y a SODICAL; y cuando firmamos el Convenio con MERCASA, empresa pública, sí, pero, ¿con qué finalidad el Convenio con MERCASA?: de cara fundamentalmente a un tipo de comercio, mayorista o minorista, privado. De ahí que tal vez lo que me está planteando es, sin un interrogante de contradicción, sí de duda, de si no hay esa contradicción entre el programa y nuestra actuación de estos dos últimos meses.

La empresa pública nos interesa; pero fíjese, que en mi intervención hago una grave crítica, en un momento dado, a la ineficacia de la empresa pública en la Región, a la inexistencia, casi, y a la ineficacia. Y sin embargo entiendo, y creo en la empresa pública regional. ¿Por qué? No solamente por el principio de la subsidiaridad, es decir, de llegar a aquellos sectores que no puede llegar la empresa privada (hay algunos en que no puede llegar), sino también porque en un momento dado, puede garantizar que sea una empresa social, ya no pública en ese sentido, y que elimine confrontaciones de intereses privados en beneficio de la Región (es una cuestión de filosofía, lo reconozco, pero es una visión), dando todo el papel y todo el énfasis necesario a la actuación sobre la empresa privada, y si no, no estarían aquí estos productos y estos compromisos con la empresa privada, con la empresa de Comercio, evidentemente, que es la que nos corresponde.

La cuestión de Política Tributaria, Coordinación, etcétera. Yo me voy a permitir recordar, y pido disculpas a Sus Señorías, el artículo cuarenta y uno de nuestro Estatuto: "Corresponde a la Comunidad velar por los intereses financieros de los Entes Locales", y la Comunidad no es un ente abstracto, y velar le corresponde a las Cortes, pero fundamentalmente, como acción ejecutiva de Gobierno, a la Junta... por los intereses financieros de los Entes Locales de su territorio, respetando la Autonomía (que a los mismos reconocen los artículos ciento cuarenta y cuarenta y dos de la Constitución). "Sin perjuicio de la competencia de dichos Entes Locales, la Comunidad podrá establecer fórmulas de colaboración, (es a lo que yo me refería cuando indicaba el Programa Legislativo que preveo) en la gestión, liquidación, recaudación o inspección de los Tributos de aquellos; igualmente se podrán arbitrar fórmulas de colaboración en la percepción de otros ingresos de los Entes Locales". No iba más allá, ni pretendo ir más allá.

Comité de Inversiones Públicas. Mire, le voy a decir, el Comité de Inversiones Públicas Estatal, que es un Ente a mi juicio central de la política de inversiones públicas del Estado no tiene norma jurídica reglamentaria ninguna publicada en ningún sitio; se deriva de un mero acuerdo del Consejo de Ministros (acuerdo reservado), y, sin embargo, todos sabemos la importancia que está teniendo en estos momentos. Frente a esa posibilidad que la Comunidad tenía, que la Junta tenía, mi Consejería -y en eso soy responsable absoluto- ha querido, primero, constituir un Comité de Inversiones Públicas Regional, públicas; en segundo lugar, que sea conocido en sus funciones, que sea aprobado por Decreto, que nadie pueda decir y ampararse en el desconocimiento de sus funciones (en contra de lo hecho a nivel del Estado); y en tercer lugar, entendemos, por lo que antes le decía, que no se puede determinar ningún programa de inversiones públicas propias, sin dos condiciones. Primera, sin coordinar nuestra inversión pública en la Región, propia de la Comunidad, con la inversión de la Administración Central dentro de la Comunidad, es decir, estableceremos una línea de interconexión con el Comité de Inversiones Públicas Estatal, punto primero. Y punto segundo: no se puede determinar Consejería por Consejería, Organismo Autónomo por Organismo Autónomo sin más, sus inversiones, sin estar dentro de un plan coordinado de inversiones públicas como mínimo cuatrienal (o trienal, me es igual) buscando sobre todo aquel período de tiempo de maduración de las inversiones, que es el que justifica el que sea de tres o cuatro o cinco años, un plan. No se puede caer en las anarquías, en las duplicidades. Pero es que, además, las tenemos que coordinar con las inversiones de los Entes Locales, garantizando su autonomía, pero sabiendo lo que hacen; tal vez recomendando, pero no imponiendo; y también con las Diputaciones, etcétera. Quiero decir que no podemos caer en las duplicidades, que no podemos caer en la ineficacia; en definitiva, que tenemos que coordinar, que racionalizar el proceso de las inversiones, que es competencia de la Junta; por eso lo hacemos. Y dentro de la Junta, dentro del Gobierno, donde como se puede suponer, Su Señoría, hay también a veces distintos planes de actuación, si no se conocen y se coordinan, pueden ser contradictorios, pueden ser ineficaces. Este es el único documento objetivo del Comité de Inversiones Públicas, interno. Primeros pasos: le puedo asegurar

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que, gracias al Comité, se han logrado esos criterios homogéneos de distribución de los proyectos de Inversión del Fondo, que caen bajo la competencia de la Junta, primer paso. Segundo paso: llegaremos más allá, pero también le puedo decir que ese Comité va a estar en conexión directa con la Comisión Económico-Social, que la aprueba, con lo cual recogerá también, y ese Comité es solamente deliberante, y hace propuestas, no es decisorio, ni ejecutivo, es un mero instrumento de racionalización, que es lo que intenta la Consejería introducir dentro del mecanismo de actuación de la Comunidad.

Desarrollo Regional, Fondo de Desarrollo Regional. Me decía es Fondo de Compensación; no es un lapsus, ya sé que es Fondo de Compensación Regional. He dicho que estaba en proyecto, que es una de las previsiones legislativas. No tengo ningún inconveniente en hacer una relación detallada, tanto de las previsiones legislativas de esta Consejería, para el corto plazo, es decir, para este periodo legislativo (y son previsiones, no son compromisos, evidentemente), como de las previsiones legislativas en el próximo periodo legislativo, es decir, a medio plazo. Dentro de las previsiones legislativas en el próximo periodo legislativo, a medio plazo, incluimos el proyecto del Plan de Desarrollo Regional, y también otra serie de Proyectos de Leyes, entre otros el Proyecto de Ley de Coordinación de las Haciendas Locales, en función del artículo cuarenta y uno del Estatuto; es decir, siempre basándonos en el Estatuto (el primero, es en función del artículo veintiuno del Estatuto y otros); y, en concreto, el Proyecto de Ley de Fondo de Compensación Regional, basándonos en el artículo 32.2 del Estatuto, quiere la Consejería traerle a las Cortes de Castilla y León en este periodo legislativo. Es una previsión; no hago compromisos, no me gusta hacer compromisos de fecha, y vacíos tal vez; es una mera previsión de la Consejería, pero en la que está empeñada. ¿Por qué? Porque, si bien el Fondo de Compensación Interterritorial resuelve parcialmente el problema de los desequilibrios entre las regiones, y genera parcialmente la solidaridad entre las regiones, y le digo parcialmente porque, si bien a nivel de Estado el Fondo supone el cuarenta por ciento de la Inversión Pública nueva, a nivel regional no responde a eso, es muy superior. Las cifras, podemos también hacer un repaso de las cifras, es aproximadamente el sesenta por ciento de la inversión nueva, con lo cual, si no le ponemos en relación con el resto de inversión nueva, y con la inversión de reposición, ese Fondo le tendremos un día a lo mejor que poner entre paréntesis. Si bien ese Fondo de Compensación Interterritorial responde a esos objetivos de la España de las Autonomías, entendemos que, dentro de la Región, no hay homogeneidad en el desarrollo, que hay polaridad también; que ha sido también debido a la política de polos, de polígonos, e incluso a unos movimientos naturales de concentración, pero que han derivado en bolsas de pobreza, en desequilibrios graves, o en la descentralización de provincias como Soria que tienen nueve habitantes por kilómetro cuadrado de densidad, con una gran potencialidad en riqueza. Nosotros entendemos que tienen que haber un mecanismo complementario a este mecanismo a nivel Estatal, y ese mecanismo complementario a nivel Regional debe ser un Fondo de Compensación Interregional, propio nuestro, que delineemos nosotros. ¿En función de qué? En función de un estudio de la realidad comarcal. No es mi competencia. Vamos a intentar hacer ese estudio. Pero sí conocerá Su Señoría que la Consejería de Gobierno Interior ha encargado y se ha comprometido ya, en un trabajo de comarcalización con una empresa, un consorcio. Evidentemente, habrá que contrastar ese trabajo. ¿Para qué? Para dar un primer paso de conocimiento de desigualdades en términos reales. Hay muchos trabajos, pero nos tenemos que poner de acuerdo, y nos tenemos que poner de acuerdo también, no solamente las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y representativas de cada comarca. Hecho el estudio, es necesario, y lo que sí que es evidente, la disparidad de niveles de renta, de niveles de crecimiento, etcétera, que necesitamos un mecanismo complementario al del Estado. Y dentro de ese mecanismo, en principio, dentro de los estudios que estamos haciendo, ya le he dicho la previsión legislativa, aquello que quería oírme fundamentalmente, repito que junto al estudio de la comarcalización, necesitamos elaborar una serie de criterios que permitan distribuir, determinar en principio, la cantidad a distribuir entre las distintas comarcas o provincias (a lo mejor el criterio de provincia es mejor que el de comarcas; no lo adelanto) de la Región, y a la vez, no solamente la cantidad, sino los criterios para la distribución de esta cantidad, sea renta per cápita, población, paro, extensión, y también la inversión nueva que venga del Estado y la inversión de reposición, los planes especiales, los planes provinciales, y también parte del canon, parte.

Sobre el tema de CIHEAM, y es que creo que me planteó que no lo conocían; si no me equivoco, Señorías, me planteó que no era conocido, ¿no?, el convenio. Bien, es lo que me sugirió aquello de la representación de las Cámaras. Evidentemente, es un convenio entre la Universidad de Valladolid y el CIHEAM, y nosotros lo que hacemos, una vez establecido el convenio (porque nosotros no podemos establecer convenios en materia exterior, no tenemos competencia), es firmar un programa para la potenciación de ese convenio, y queda, por lo tanto, en el ámbito de esas dos instituciones, y se da a conocer vía prensa, vía..., etcétera, los pag. 412

mecanismos normales. No se preocupe, porque dentro de los programas que tiene el CIHEAM, está el de potenciar el conocimiento de la realidad de la CEE, y también, también potenciar estudios de desarrollo regional. Es una cuestión en que, evidentemente, las partes firmantes del convenio serán las que tengan que ponerse de acuerdo con otras instituciones, por lo menos para difundir los resultados de esos estudios y de esos programas.

Instituto de Desarrollo Económico. El cuándo. Es una de las previsiones legislativas también a corto, medio plazo, a corto plazo; más aún, le diría que es idea de la Consejería que este instituto esté constituido antes de fin de año, antes de las vacaciones legislativas de este primer periodo de la legislatura actual. No depende, eso sí (y podíamos después si lo desea hacer alguna observación más sobre este instituto), la constitución del mismo, de una mera voluntad, no depende de un acto voluntarista; depende de una serie de estudios previos, depende del análisis pormenorizado de la situación actual del Instituto de Economía de Castilla-León, de su posible reconversión o de su eliminación o no; es decir, en definitiva, de una serie de estudios jurídicos técnicos, (ya están muchos de ellos en mis manos) e, incluso, de una auditoría, así de claro, que he ordenado hace tres días o cuatro sobre ese Instituto, y cuyo resultado será conocido en su momento; y depende, además, de las posibilidades jurídicas que tengamos que hacer, o incluso de la determinación, de la determinación, si lo entendemos como Organismo Autónomo y por lo tanto será por Ley y tendremos que presentarlo a las Cortes, o entendemos que es un mero Instituto ligado a la Consejería, etcétera.

Estas cuestiones, evidentemente, se maduran en un tiempo, exigen maduración. Y yo lo que sí quiero decir es que mi intención es que esté antes de fin de año en marcha; y lo que sí que me ha interesado recalcar, por observaciones o por temores infundados que en algún momento han aparecido, incluso en la prensa, es que la Sede Social estará donde esté la Sede de las Instituciones, sea aquí, en Burgos o en León; y que después, sin embargo, tal vez los mecanismos de trabajo y de actuación no estén donde está la Sede: subsecciones, sea sección minera, sección agropecuaria, sección energética, etcétera. Tal como digo, estará donde haya potencialidad de generar eficacia en la investigación, o una demanda por parte de la zona.

Lo del estudio de las estructuras comerciales, no voy a hacer un repaso de todas. Efectivamente, he dicho en el discurso, y lo digo, que algunas ya estaban iniciadas; efectivamente, cómo no van a estar iniciadas. Pero también he dicho que nuestra filosofía va a modificarse en relación a una serie de instancias. Lo que hemos hecho es poner al día y profundizar, (y no siempre en todas las provincias es la misma situación), profundizar en las estructuras comerciales y en los mecanismos de actuación, en relación con las mismas, a nivel regional. No obstante, yo tengo la idea de que al finalizar la etapa de esta legislatura, hacer una memoria, en concreto, de todo lo libresco, y todo el tema de estructuras comerciales. No me podrá negar, Señoría, de que los datos, que son fehacientes y comprobables, de la evacuación de expedientes paralizados desde el setenta y nueve hasta el ochenta y dos, de IRESCO, están resueltos todos, y con un periodo de resolución de veinte días. Yo no sé si demuestra eficacia o no en la gestión, porque nos podemos equivocar en la resolución, también la eficacia sería doble; pero éste es un dato, que está ahí, y no tendría inconveniente ninguno en remitirme a los estudios de las Estructuras Comerciales, cual están, cómo están, en estos momentos; porque hay una serie de ellos hechos, y hay otra serie de ellos que están por hacer, y también evidentemente, hay alguno de ellos, en concreto de Zamora, que ni por su metodología (es una opinión propia), ni por su desarrollo, responden, a mi juicio, a las necesidades del Programa de Ordenación Comercial. Pienso que hay que, en concreto en este caso, plantear un estudio con mayo profundidad, y se va a negociar, como le decía y le anunciaba, el próximo viernes. Si valiera, no lo hacíamos; era tiempo perdido, si valiera lo anterior; comprenderán, no íbamos a subvencionar algo que ya está hecho. Es porque entendemos esto, y está ya proyectado ese estudio para ofrecerle a la Cámara el próximo viernes.

Y finalmente, la última cuestión (no sé si me queda alguna en el tintero, pero, evidentemente, el recordatorio ha sido amplio y largo), el tema de los precios, sobre si es un logro o no. Yo le voy a decir una cosa: evidentemente, el tema de la homogeneización de los precios y de las tarifas no es un tema baladí; estoy de acuerdo, puede ser que haya tal desliz, igual que el tema de la homogeneización del incremento de los salarios, a nivel de Estado, de las masas salariales. No es lo mismo el coste de la vida, en términos reales, en Barcelona, que en Valladolid o que en Zamora. Pero tiene que haber un marco; nosotros lo que hemos intentado es que, además del marco del Estado, exista ya un marco nuestro, primero. Segundo: habrá una homogeneización allí donde sea posible. Y tercero, lo que sí que le voy a decir es lo siguiente (y conocerá por la prensa esto, o, si no, por los contactos con Cataluña): cuando el tema del precio del pan se resuelve en Cataluña, en agosto exactamente, se crean conflictos graves entre los habitantes de la provincia de Gerona y los de Barcelona porque había disparidades de ocho pesetas por kilo en pan, de pueblos a dos

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kilómetros; y disparidades que generaron conflictos graves, incluso de tipo público. Conozco casos concretos; hay pros, hay contras. Nosotros hemos entendido que, aunque hay diferencias que hicieran pensar que en algún momento tiene que haber alguna disparidad, sin embargo, los elementos positivos pesan más que esos elementos negativos que existen. Y hemos querido, además, establecer, y en segundo lugar y esto es lo que nos ha motivado, un mecanismo que nos permita, de ahora en adelante, actuar con muchas más facilidades, pero no solamente desde un punto de vista técnico y político, sino desde un punto de vista social; es decir, generar mecanismos más simples de operación aquí. No se trata de centralizar. Si fuera necesario, se hacían y se establecían disparidades y, si evidentemente, juzgáramos que incluso socialmente o, que sobre todo socialmente, habría que establecer disparidades. Esta ha sido nuestra intención. Veremos y, evidentemente, aquí sí que yo diría que aquí sí que la historia juzgará el proceso; y, si hay que echar marcha atrás, no tenemos ningún inconveniente. La experiencia nos dirá si hemos acertado o no.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, durante tres minutos, para posible puntualización a la réplica.


EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR CARBAJO OTERO):

Voy a procurar cumplir la indicación del plazo temporal.

En primer lugar agradezco esa invocación a la amistad, que él sabe que es compartida por mí. Pero con relación al fondo de la filosofía que subyace en el Programa, quiero otra vez manifestar mi cordial discrepancia.

Omití antes, por razones de cortedad de tiempo, una referencia a la Sociedad de Mercado Exterior. Es una iniciativa por la que hay que felicitar a esta Consejería. Efectivamente, se han sabido mover. Esta inquietud no era sólo de ellos, era también de las Cámaras de Comercio, de las que se ha hablado aquí ampliamente; pero, como hay que decir las cosas como son, hay que reconocer que el Consejero ha tenido una especial sensibilidad con este tema.

Ahora bien; le voy a decir una cosa. Nos dice en el Programa que este tipo de sociedad que se va a crear, va a ser una S.A. con ánimo de lucro. Me refiero a la Sociedad de Exportación, va a ser una S.A. con ánimo de lucro. Estamos en la filosofía que yo vengo practicando desde el principio. Cuando se quiere eficacia, cuando se quiere agresividad en un sector tan competido y tal difícil como el Mercado Exterior, se piensa en la Sociedad Anónima, se piensa en la Empresa Privada. Estoy completamente de acuerdo con el Consejero, y agradezco esa invitación que hace al diálogo permanente; creo que eso es constructivo y es importante, y yo también soy un hombre dialogante, nuestro Grupo lo es, no quiere destruir, quiere construir, y estamos convencidos de que el desarrollo de Castilla y León pasará por un amplio contraste de las opiniones de uno y otro Grupo, para mejorar en las cosas que, a nuestro juicio, está cojo el Programa, o puede fallar, con la mejor voluntad por las dos partes.

Hay una cosa en la que brevemente le quiero hacer una pequeña puntualización, no puntualización, sino indicación al señor Consejero, y es que como Consejero responsable de la Economía y Hacienda de esta Región, debe meditar y valorar muy serenamente, ponderar y advertir a quien corresponda, a la Junta, al Presidente o a quien sea, la gran importancia que va empezando a tener el aparato administrativo que está montando la Junta. Estamos convencidos de que van a sobrar funcionarios con las transferencias, hay organismos del Estado a los que hoy les sobran funcionarios, porque no tienen exceso de función, y tenemos conocimientos de que se está contratando bastante personal. Sería una pena muy lamentable que en la actual situación económica se contrataran personas, sabiendo que al transferirse los servicios y las competencias va a haber una afluencia grande de funcionarios que se podrían ubicar en otras dependencias; y es, sería muy lamentable, repito, que esto no se tuviera muy en cuenta.

Estamos hablando de descentralizar, estamos hablando de Autonomías Regionales, estamos hablando de hacer más económica la Administración del Estado, y yo me temo, y se teme nuestro Grupo, que estamos embarcados en un camino, que se está creando un aparato administrativo que puede que haga, a lo mejor, hasta más eficaz la gestión, y, desde luego, mucho más cara para el administrado.

Estoy de acuerdo en que, en fin, hace falta un Plan de Desarrollo Regional, hace falta un Plan (perdón, me corrigió antes el Consejero, no sé dónde lo tengo apuntado), un Fondo de Compensación Intraterritorial o Regional; y estoy de acuerdo con que se necesita tomar medidas estructurales a corto y a medio plazo, a medio y a largo plazo. Pero yo creo, que hoy por hoy, la economía de Castilla y León y la Empresa Privada, (y que me perdone el señor Consejero que insista tanto en las pequeñas y medianas empresas, porque soy un hombre de empresa, entre otras cosas, y porque creo en la empresa y en la libre iniciativa, como sé que él también cree, y también sabe las ventajas que tiene la empresa

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privada, y los inconvenientes que tiene la empresa pública), creo que hace falta un plan de emergencia en Castilla y León, pero a cortísimo plazo, buscando las ayudas crediticias precisas, estableciendo un Fondo de nuestros Presupuestos que financien intereses diferenciales, haciendo un concierto con las Cajas y con los Bancos y Cajas de Ahorros para financiar inversiones y capital circulante de la pequeña y mediana empresa. Creemos que aquí, el Consejero y la Junta se deben volcar porque es fundamental, y, repito, creo que sería un Plan de Emergencia para la sanidad de nuestras empresas.

Del IRESCO, efectivamente, se va con más agilidad. Pero yo creo (le felicito porque, efectivamente, aquí se ha notado una mejoría), que las cifras que mueve el IRESCO para reforma de las estructuras comerciales o para mejora, todavía, a nivel regional; son muy pequeñas. Se nos han dado las cifras pero, dada la importancia que tiene Castilla y León, la extensión de su territorio y la cantidad de capitales y poblaciones importantes que tiene, yo creo que no son cifras lo suficientemente importantes para nuestra Región.

Habla de la Empresa Pública. El Consejero, desde luego hay que reconocerlo así, es un gran, un buen teorizante, pero en la práctica, como economista, conoce muy bien sus inconvenientes.

Me permito también hacerle una recomendación al Consejero, que creo que a través de la Junta, y está muy preocupado el ciudadano medio, porque esto no afecta sólo al empresario, sino al ciudadano medio de la Región, por esa Ley de financiación de las entidades locales (que no sé si antes con la premura de tiempo le hice referencia), en el sentido, de que si va a haber libertad por los Ayuntamientos para que pongan los recargos en la Contribución Urbana, y sobre todo en el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, que ellos estimen conveniente, sin limitación alguna. Creemos que esto puede distorsionar la política económica de cualquier territorio de la Región, y se debía hacer una indicación institucional por la Junta a los Ayuntamientos de la Región, en el sentido de que estos recargos, si es que se establecen, sean lo más moderado posibles e, incluso se le ponga un tope porcentual, que yo me atrevería a decir que fuera del cinco por ciento.

Le felicito, y estoy de acuerdo, y creo que estamos todos los Grupos Parlamentarios aquí presentes, con la idea de la Coordinación. Efectivamente, es archinecesario, es fundamental en la Administración Pública, que haya Coordinación en todas las inversiones, a través de todos los Organismos Públicos. Tenemos tres, cuatro años hasta que se acabe esta legislatura. Espero y así lo haré porque me daría satisfacción, porque sería bueno para la Región, poder felicitar dentro de tres o cuatro años al señor Consejero de Economía y Hacienda, porque, efectivamente, esta coordinación haya funcionado en la práctica.

Yo acabo, que no discutimos lo del Fondo de Compensación Regional que efectivamente es necesario, que veremos después su concreción presupuestaria y que ya lo discutiremos.

Y en cuanto a lo de los Precios, y ya termino con esto, pues sí, efectivamente, todo tiene sus pros y sus contras, pero estimo que quizá fuera mejor establecer unos máximos y mínimos para toda la Región, y que se dejara un poco al criterio de las provincias, que ya lo decidirán.

Nada más, y muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Carbajo. Señor Consejero, ¿desea hacer puntualizaciones?


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí, casi diría alguna puntualización, no diría marginal, sino para ampliar, no porque la argumentación quede pobre, sino que muchas veces habría que apoyarla en muchos más datos para que, por lo menos, aparezca digna. No se trata de convencer, pero sí de por lo menos apoyar las ideas que cada cual sostiene. De ahí que casi, porque sería extensa alguna de las observaciones que querría hacer, casi me voy a limitar a, no versallescamente, a agradecer de nuevo la introducción que hace Su Señoría.

Evidentemente, hay discrepancias en la filosofía; y yo diría, menos mal, menos mal porque si no, o yo estaría en su Grupo Político o usted en el mío, evidentemente; y porque, además, si no existe discrepancia en la sociedad, malos los uniformismos, habría uniformismos. Esto como punto central incluso, de toda la intervención.

Me hace una recomendación de transmisión al Presidente, en segundo lugar, sobre el aparato administrativo, o a quien sea, me dice. Bien, yo le voy a decir una cosa, yo sólo puedo juzgar a fondo mi Consejería; y en segundo lugar, (y luego le diré qué juzgo, ya he dicho algo en la exposición), está pendiente, estamos pendientes de la Ley de la Función Pública a nivel estatal, de la Ley de la Función Pública propia nuestra, y también de la Oferta Pública de Empleo, cuyo Real Decreto del veintiséis de junio está ahí. Ha de hacer esa Oferta Pública de Empleo, valorada por la Administración Central, la Comunidad. Esos son tres mecanismos que están ahí, que no dependen, evidentemente, como comprenderá, de mi Consejería; sí le indico cuáles, de momento, se prevén, y van a acondicionar o no. ¿Qué otro elemento, que sí que conozco, desde dentro condiciona la estructura

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administrativa?, los servicios, sean horizontales o sean verticales, finalistas, transferidos, de cada una de las Consejerías. Yo, no lastimeramente, le invito a que pase por la Consejería de Economía y Hacienda, y le aseguro la penuria que podría encontrar de recursos humanos. Y no es que yo en estos momentos, y voy a aprovechar, esté hablando de la penuria en calidad, y voy a aprovechar para hacer, me lo va a permitir, para dar públicamente, ante esta Comisión, las gracias al equipo que tengo en estos momentos trabajando día y noche, sábados y domingos, (lo siento decirlo, me da vergüenza), pero no por el bien de la Consejería, tienen la idea de Castilla y León metida hasta dentro, y gracias a esa dedicación salen cosas en la Consejería, y fuera también de la Consejería, de las cuales no tengo por qué hablar. Mire, es una penuria que se deriva simplemente de unos Presupuestos superajustados, de unas transferencias mal calculadas, pero de otra incomprensión, y es que cuando una Consejería, o un departamento tiene servicios horizontales y no tiene por lo tanto transferencias para los mismos, todo son lanzas a la hora de dotar adecuadamente esa Consejería, son obstáculos.

Pero, y ésta sí que es una responsabilidad histórica, y ahí estoy dispuesto a pedir auxilio a quien sea, y hacer lo que sea posible, he explicado en el discurso que estamos negociando la transferencia de Tributos cedidos, que la hemos negociado, frente a la circular sesenta y dos del Ministerio de Economía y Comercio, a brazo partido, y las normas que establecía esa circular; que hemos conseguido veintisiete sobre los ciento cincuenta o cuarenta y cinco funcionarios que se nos transferían, más; pero que, y aquí viene el problema, y aquí viene el problema, que no se transfiere ni un funcionario a los servicios centrales. Explíqueseme, primero, la responsabilidad de que los servicios centrales, de apoyo y de estudios globales, no tengan funcionario ninguno transferido. Y cuál va a ser mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, la de toda la Comunidad. De ahí que le anunciaba, y lo hacía en el discurso, la negociación inmediata con el Ministerio, a los más altos niveles, para solucionar este tema. Porque, evidentemente, aunque la gestión de los servicios periféricos sea muy buena, si no hay servicios de apoyos comunes indivisibles, son unidades de servicio indivisibles, que no se nos transfieren, ¿qué vamos a hacer?, tendré que contratarlas, tendré que sacar plazas a concurso público, lo que sea, pero tendremos que crear una partida de gasto en el capítulo uno y dos; y si no la responsabilidad última va a caer sobre la espalda de la Comunidad. Los dieciséis, diecisiete, dieciocho, hasta veinte mil posibles millones de pesetas que se recaudaron, le aseguro que van a caer en picado si no hay una coordinación y un buen funcionamiento a niveles de servicios centrales, y sobre todo, la cuestión y el tema de los costes indirectos, no evaluados todavía, y que han de llegar a acuerdo las Comunidades para evaluarlos; y, después, detectarlos los Ministerios, cómo se llaman, cuáles son los costes interdepartamentales; o sea, le pongo sólo este ejemplo, y le aseguro que hay casos donde yo podría decir sobran o no sobran. Sí que hay un problema que yo le planteo, de cara a nuestra Consejería, y grave, y de alta responsabilidad; de ahí que yo, incluso, esté frenando el proceso de transferencia de esos Tributos, hasta que no tenga la garantía de que vamos a poderlos estrenar bien y adecuadamente. Así de claro; es otro de los factores que me está haciendo actuar en un sentido o en otro. Y ésta es una explicación que, pienso, y ha sido tal vez sobrada, pero que la debía de dar, no por la interpelación que me haya hecho a mí personalmente, Su Señoría, pero muchas veces, muchas veces se desconocen a fondo las realidades concretas y las responsabilidades concretas que se contraen, y entonces se pueden, al desconocerlas pues, incluso, distorsionar los juicios; yo lo digo por mi Consejería, y ya sé que a ella no se refería.

La cuestión, ya hemos hablado de lo de las PYMES, del Plan de Emergencias, del que me interesaría, en todo caso, etcétera. El Plan de las PYMES, yo pienso que no solamente se puede, o le puedo apuntar que tengo una gran preocupación con el tema de las PYMES en mi materia concreta, sino que ahí están, repito, como he señalado, y podía hacer referencia, detallar, a los acuerdos a que ha llegado la Consejería, en concreto, con las Sociedades de Garantía Recíproca de la Región. Y también del segundo aval institucional que estamos dispuestos a poner en marcha; es decir, no solamente estamos atendiendo al factor financiación de nuestro sector, sino garantía de seguridad, y segundo aval. Queremos cubrir todo, y la última parte, o en conexión con el Estado o nosotros solos si podemos, y haremos todo lo posible por poder. Y entiendo que lo que hemos hecho en estos momentos en relación (y la situación actual, a veintiuno de octubre, son los datos últimos que tengo), en relación con las Sociedades de Garantía Recíproca, no me voy a extender, está a su disposición, pienso que agota prácticamente todas las posibilidades y compromete la de años futuros que tiene la Junta en este sentido. Ahora bien, sin embargo nosotros, las cifras de nuestro presupuesto no podemos estirarlas sin más. ¿Por qué? Porque o las sacaríamos del presupuesto de otra Consejería, o son cifras que de momento vienen transferidas a través de una valoración, son créditos transferidos de la sección treinta y dos (mientras exista la sección treinta y dos, tendremos esta limitación), transferencias de créditos que nos vienen de la sección treinta y dos para tal objetivo, pag. 416

y limitadas, además, limitadas. Entonces, si yo quiero ampliar el objetivo de trabajo en IRESCO, en los distintos programas, en S.G.R., etcétera, tendré que tener autonomía financiera, que es a la que antes, al principio de mi discurso, me refería; es decir, poder disponer de la gestión de mis tributos, donde ya sé que podré reasignar los diversos ingresos en función de unos objetivos, de unos programas; y ahí sí que tal vez podremos ya empezar a hablar de Presupuestos por programas, inorgánicos, como en este momento ocurre prácticamente, los márgenes de maniobra son pequeñísimos. Es decir, que estoy de acuerdo, pero miremos o veamos el tempus, y veamos cómo eso será posible en cuanto que desaparezca la sección treinta y dos, es decir, se acabe el proyecto de transferencias o al menos se apruebe la Ley de Cesión de Tributos, la Ley específica de Castilla-León, de la Cesión de Tributos, y entonces ya sustituyamos con esos ingresos, a la sección treinta y dos.

Y, evidentemente, me parece que el tema de la Ley de Régimen Local, perdón, el tema que me planteaban en relación a los Ayuntamientos, y el tema de los posibles incrementos en las tasas, en los impuestos, etcétera, de los Ayuntamientos. Bien, yo sobre esto le voy a decir una cosa: cuando le he hablado de la posible Ley que pensamos instrumentar, de acuerdo con el artículo que le he citado de la Constitución, me estoy refiriendo también a eso, "dentro de la Autonomía propia de", y dentro y en el marco de la Constitución. Ahora bien, aquí hay mínimos y máximos, y, además, sobre todo, hay una cosa que está en la mesa en estos momentos, que es el Proyecto de Ley de Régimen Local, y que no nos compete a nosotros entrar en ello. Yo estoy convencido que de como salga de las Cortes Generales del Estado, la Ley de Régimen Local, se podrá actuar en uno o en otro sentido. Que sin embargo, por lo que a nosotros compete, vamos a poner únicamente en el marco estricto de nuestras competencias, en marcha, y es lo que queremos, el artículo 41; y que hasta allí donde podamos llegar, vamos a llegar; pero no más, para respetar la Autonomía, para coordinar a su vez, y evidentemente para (y aquí sí que estaría en relación con su pregunta), para eliminar ciertos flecos anárquicos en la elaboración de Presupuestos sin contenidos o metodologías homogéneas; pero no puedo decir más, porque depende, repito, fundamentalmente de hasta dónde llegue la Ley tan controvertida hoy incluso en los ambientes de los mismos grupos políticos y entre los mismos grupos políticos, la Ley de Régimen Local.

Y con eso, he intentado dar respuesta a sus precisiones.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero. Tiene ahora la palabra el señor Castro Rabadán, Portavoz del Grupo Socialista, igualmente por diez minutos de mi reloj.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA (SEÑOR CASTRO RABADAN): A

A la altura ya de la información, hay muchas cuestiones que han quedado respondidas; pero sería injusto, por parte de este Grupo Socialista, ya que los demás Grupos han felicitado al señor Consejero por la información dada y por la cantidad de datos, informes y documentación que ha aportado a esta Comisión, no felicitarlo.

A nosotros nos parece que en el informe hay una precisión analítica que no por sabida deja de ser necesaria, en cuanto al análisis de los problemas que afectan a las infraestructuras y estructuras de la Región; que se plantean una serie de alternativas claras y programáticas; que hay una estrategia también muy definida, e, incluso, que hay una posibilidad de relanzar esta Región desde el desarrollo de las distintas fuerzas productivas básicas en la Región, tanto la agrícola y la industrial, de una forma interrelacionada, como se explica en el informe; no de una forma alternativa, sino de una forma interrelacionada entre ambas.

Yo creo que los principios, los objetivos, los medios y los instrumentos, pueden conseguir los fines propuestos que se imanan de la filosofía del informe y del programa; que hay una claridad y una precisión en las competencias, y que, por otra parte, hay unas previsiones de futuro, que van mucho más allá del problema geográfico de la Región, y que engarzan con la problemática nacional y española de la integración en esferas regionales o suprarregionales a nivel europeo.

Todo lo que se especifica sobre la integración en el Mercado Común, en la Comunidad Económica Europea, es absolutamente interesante, y es que si no queremos perder el salto, no se trata sólo de buscar el equilibrio interregional e intrarregional; eso no sirve de nada si no tenemos una perspectiva de futuro más allá de nuestras propias esferas geográficas, no regionales, sino incluso nacionales. Es decir, somos parte de Europa y debemos integrarnos en Europa, y las crisis que surgen en el movimiento europeo son crisis de crecimiento, y el que piense que el Mercado Común va a menos, ese está llamado a engaño. Históricamente, ese es un paso cualitativo en la formación de nuevas esferas económicas, sociales, estratégicas, económicas, políticas, a altos vuelos, y eso acabará, históricamente, en una nueva formación de nuevas estructuras políticas y económicas. Y yo creo que es donde nosotros tenemos que empezar a dar pasos en serio y con previsión de futuro;

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y esta Consejería se lo ha planteado ya de entrada, como ha planteado el Portavoz de la Coalición Popular, felicitándole por este tema. Es algo intuitivo y algo que tiene futuro, y que nos puede ser básico en nuestro propio desarrollo, pero con vistas mucho más allá de donde tenemos que dar. No tenemos que hacer una política económica provinciana, ni regional, ni de campanarios, sino seguir más allá de nuestras esferas, y todo lo que se haga en ese término, yo creo que es fundamental; es política de Gobierno, y es política de Estado, mucho más allá de la esfera local.

Por otra parte, se están quitando pasos efectivos y concretos en la creación de nuevos organismos, de nuevas instituciones; se están acelerando nuevos convenios, que están ahí, están firmados, nadie se puede llamar a engaño. Y por otra parte, vemos que esta Consejería se ha organizado con un equipo coherente, muy coordinado, en la que han trabajado de firme (ahí vemos el informe y todas las cuestiones, toda la documentación) y que, como dice el Consejero, está orgulloso de ellos. Yo creo que las Cortes debemos también congratularnos de que hay equipos coherentes, coordinados y con una visión regional y de futuro, a todos los niveles.

Los principios de politización, solidaridad y eficacia. Yo creo que nadie puede llamarse a sentirse agraviado por ellos, porque son los principios que deben, que están en nuestra Constitución, que están y que son absolutamente necesarios para una Región como ésta, en un nivel de subdesarrollo bastante pronunciado, y necesarios para ser motor del cambio y salir hacia adelante. Todo va en relación a una racionalización económico-comercial y financiera, que yo creo que es necesaria, y que está ahí, y que podemos partir de ellos.

Por otra parte, yo quería la información, no dejarla a niveles teóricos, y concretar en preguntas muy concretas, que aunque se han hecho una serie de preguntas, se han quedado un poco, parece, en la superestructura, y que yo quería bajar a la arena, y se contestase claramente una serie de preguntas que están en el ambiente, y que se han, más o menos, pergeñado, pero que no se han concretado por parte de los distintos portavoces. Y las preguntas que voy a realizar, las voy a enumerar de una en una. Son cinco o seis, algunas las he eliminado porque están, más o menos, contestadas, y aunque no lo hayan estado, pero muy perfiladas, porque no se han preguntado; pero vamos, sería redundar y una pérdida de tiempo, ya que estamos a unas alturas del debate bastante acentuada.

Yo quisiera saber, (no yo, sino el Grupo Socialista), que se nos aclarase perfectamente la situación presupuestaria en la que nos encontramos en el área de Comercio, tanto a niveles de transferencias de capital a empresas, como de distintas adquisiciones de acciones, que se han dicho que se van a realizar a niveles de sociedades; ésa es una. Otra pregunta: quería, se ha hablado ya del convenio con MERCASA que se ha firmado esta mañana, que se especificase qué es lo que supone a nivel del Comercio tanto mayorista como minorista de Castilla y León, y la transcendencia que puede tener en un futuro, no sólo para las provincias que ya tienen contratadas una serie de inversiones, sino al resto. Por otra parte, en la página setenta y cuatro se habla del tema, las competencias que la Consejería tiene, o puede ejercer sobre los distintos organismos financieros de la Región (esto de cara al control de crédito, con relación al crédito) tanto sobre Cajas Rurales, como Cajas de Ahorro.

Y también se ha planteado el tema, y se habla de un informe, de la precariedad, (en el informe se menciona varias veces), en el momento de hacerse cargo de la Consejería, en que se ha encontrado el Consejero; ¿qué es esa precariedad? Y ya que se planteó que no se puede hablar de la herencia adquirida; yo creo que sí hay que hablar, porque en este país somos hereditarios de la historia, y somos hereditarios de muchos temas, y la herencia hay que cambiarla. Yo creo que es necesario saber esas precariedades en qué se basan y que se especifiquen.

Y por último, algo que ha estado latiendo en el debate, en la información, y que ningún Grupo ha querido preguntar, y a mí me toca como Procurador. Ya después de las distintas noticias de prensa que hay, conozco ya por la información qué es lo que se piensa hacer, pero quería que se explicitase muy bien en qué situación se encuentra el Instituto de Economía de Castilla y León en estos momentos; si esa situación es la que lleva a hacer posible otra serie de alternativas, y esas alternativas cómo se van a realizar de una forma descentralizada en las distintas provincias de esta Región.

Y por último, que no lo tenía apuntado porque no lo conocía, el señor Consejero habló de una Auditoría; yo tengo aquí mi intervención, y digo que ¿por qué?, y que se nos especifique, si es posible, claro, si está adelantada y se conocen datos; pero si no se conocen los datos todavía porque está en marcha, el porqué de esa Auditoría y con qué datos o conocimientos la Consejería ha llegado a ello, porque algún motivo tiene que haber, si no, no se hubiese hecho. Me parece que esta Comisión de Cortes es informativa, y debemos estar informados absolutamente de todo. No nos duelen prensas de que las cosas estén claras, y que no se achaque luego a que las empresas públicas o menos públicas no marchen o no funcionan, y que la economía privada es la panacea universal;

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yo creo que cada cosa en su sitio, y que cuando las empresas no marchan, sean públicas o privadas, habrá que ponerlas al día, y entonces conseguiremos que en Castilla y León las cosas funcionen, tanto a niveles privados como a niveles públicos. Porque si no, vamos a estar en un tejado con muchos agujeros y pocas tejas, poniendo de un lado a otro, y queriendo resolver problemas cuando todos conocemos cuál es su solución. Que se aclaren las cuestiones, y que cada palo aguante su vela.

Entonces estas preguntas que he enumerado, (no creo que me quede ninguna), que se contesten lo más concretamente posible, y bueno, que el señor Consejero se ajuste al tiempo lo más posible porque creo que a las nueve tenemos que salir todos para nuestras distintas provincias.

Nada más.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Castro Rabadán. Señor Consejero, tiene la palabra.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Me va a permitir responder a la felicitación con las gracias, con unas gracias relativas, porque las preguntas que acaba de hacer mi compañero de Grupo, también Parlamentario, señor Castro Rabadán, son para hacer sudar a cualquiera. Yo no sé si se le han pasado (lo digo de broma) a los compañeros del Grupo Mixto o Popular; pero, desde luego, voy a intentar hacer un esfuerzo de concentración y voy a intentar en la medida de lo posible, evidentemente, contestar algunas de ellas, que casi, casi, diría, transcienden el marco de esta Comisión. Y me va a permitir, evidentemente, porque son tantas y tan precisas, que sobre alguna de ellas tenga que remitirme a alguna de las fichas que uno tiene preparadas; y, evidentemente, le voy a asegurar que va a ser, en algún momento, difícil contestar -y lo digo así-, algunas de las que me ha planteado.

Situación presupuestaria del área de Comercio. Entiendo que Sus Señorías conocen la Ley de Presupuestos para mil novecientos ochenta y tres, aprobada por las Cortes y no tengo que reiterar la distribución por conceptos, por artículos y por capítulos de las asignaciones presupuestarias del área de Comercio allí establecidas, sino que se refiere, Su Señoría, a la situación al día de hoy; al día de hoy y no, también, al estado de previsión de los Presupuestos para el ochenta y cuatro, bastante avanzados en materia de comercio, que también tengo aquí presentes, ya que las valoraciones -excepto alguna transferencia que falta (me he referido a la de Comercio Interior)-, las valoraciones de todas las transferencias hechas son ya definitivas, están por lo tanto en el Boletín Oficial, y mientras no tengamos más capacidad de autogestión nos tendremos, más o menos, que adecuar, por lo menos a las cantidades globales que se prevén para mil novecientos ochenta y cuatro.

Voy por lo tanto, y sin ánimo de ser exhaustivo, sino muy sintético, pero tendría que ir Programa por Programa, viendo partida por partida, y haría interminable la sesión, a hacer un pequeño resumen de los compromisos presupuestarios de la Dirección General de Comercio, en concreto, del Area de Comercio, y de su situación a veintidós de Noviembre del ochenta y tres; refiriéndome al total de cifras presupuestadas, en primer lugar, y se pueden después, evidentemente, comparar con las presupuestadas aprobadas en la Ley de Presupuestos. Los compromisos a veintidós de Noviembre son (por Programas, y también me referiré, entre paréntesis, al concepto), los siguientes:

Programa de Ordenación Comercial, comprometido: ochenta y tres millones. (Concepto 771).

Programa de Equipamientos Comerciales, comprometido: veinte coma cinco millones. (Concepto 781).

Programa de Promoción Comercial: veintidós como cinco millones. (Correspondiente éste ya al concepto 847).

Programa a incrementar las cifras, con siete coma cinco millones, comprometidos previamente por el Consejo, por el entonces Consejo de Castilla-León, con las S.G.R.

Programa de Formación, comprometido también: veinte coma tres millones de pesetas. (Concepto 781.)

(Todos los siguientes programas son del mismo concepto 781. No reitero).

Programa de Estudios y Asistencia Técnica, comprometido también, incrementándose las cifras en un millón, comprometido previamente por el Consejo: veinte coma cinco millones de pesetas.

Y Programas de Ferias y Certámenes, comprometido: un millón de pesetas.

En total, comprometidos, ciento sesenta y siete coma ocho millones de pesetas al día de hoy.

Y previsiones, las siguientes:

Previsiones en Programas de Equipamientos Comerciales: veinticinco coma cinco millones. (Que tiene que ver con los programas antes indicados, los proyectos, los acuerdos con MERCASA, etcétera.)

Y Previsión en Programas de Formación: cinco millones.

En total, previsiones que faltan por comprometer: treinta y uno coma cinco millones de pesetas.

Y por tratarse de partidas todas ellas, asignadas

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dentro del capítulo siete, excepto una, no se plantean, evidentemente, problemas de reasignación, incluso de este remanente de previsiones. Dicha reasignación, en algún caso se ha previsto, se va a efectuar mediante la oportuna orden de transferencia de crédito, siempre que sea dentro del capítulo siete, que es donde las vamos a detectar, perdón, a ejercitar las transferencias.

Y en definitiva, y ahora ya por conceptos, por capítulos en resumen, si el Presupuesto (y le voy a dar los datos) que avanzo de las resignaciones en transferencias empresa, preveía ciento cincuenta y ocho doscientas sesenta y nueve mil pesetas, la reasignación va a ser de ochenta y tres millones de pesetas; y las transferencias a instituciones sin fines de lucro, de dieciocho coma cinco millones de pesetas, van a ser de noventa y tres siete seis nueve millones de pesetas, noventa y tres setecientos sesenta y nueve mil millones de pesetas. Y las asignaciones en acciones en empresas (847, que es a lo que antes me refería), lo presupuestado va a coincidir con la legislación: veintidós millones y medio, veintidós millones y medio. En total hace la suma, tanto de los compromisos con las previsiones, con las reasignaciones: ciento noventa y nueve doscientos sesenta y nueve mil pesetas, ciento noventa y nueve millones de pesetas doscientas sesenta y nueve mil; es decir, lo presupuestado, con previsión de llegar, al final del ejercicio, a una situación de equilibrio total.

MERCASA, ¿qué va a suponer? Esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Empresa Nacional MERCASA. Y en segundo lugar, y derivado de este convenio, donde ya se prevé, un estudio para la determinación del marco de la colaboración. Lo han firmado el Presidente de la Empresa Nacional MERCASA, yo mismo. En el mismo se exponen, por una parte, las competencias que una y otra instancia tienen para firmar el Convenio, se especifican en la primera y segunda cláusula; y en la tercera, se determinan los objetivos coincidentes entre la Consejería y MERCASA. En concreto: creación, renovación y modernización de infraestructuras para la comercialización en origen y en destino. Segundo, actuación encaminada a la mejora del comercio detallista, como parte integrante del sistema comercial en su conjunto. Y tercero, potenciación de la oferta en origen y de la integración comercial impulsando la asociación de productores, buscando un acortamiento en los circuitos de comercialización; en definitiva, buscando una desinternacionalización, que es objetivo central de la Consejería desde sus inicios. Cuarto, resumo, estableciendo un sistema objetivo integrado de información sobre preciso, volúmenes de comercialización, etcétera, que llegue de forma inmediata al productor y al consumidor (incluso pensamos sistemas de telemática). Cuarto, fomento de la industria agroalimentaria, a través del Comercio, evidentemente, nosotros de forma directa no podemos llegar a ello; perdón, quinto. Y sexto, cualquier otra actuación que mejore las estructuras productivas comerciales e industriales actuales de nuestra Región.

La cláusula cuarta se establece en función de todo lo anterior y los objetivos coincidentes; se acuerda la mutua colaboración para la construcción de los objetivos, y, en prueba de ello, se establecen, (después de los considerados, perdón), una serie de cláusulas. Para coordinar las actuaciones en razón de los objetivos se crea un grupo permanente de trabajo, se establece la composición, el funcionamiento, los acuerdos cómo deben ser y qué funciones tendrá a cargo dicho grupo, definición de las necesidades y propuestas de esta actuación, establecimientos de programas comunes, propuestas de dotaciones en recursos técnicos y financieros, sensibilización y formación y orientación a las Corporaciones Locales para que puedan acceder a las ayudas, etcétera, y asignación, a cada parte, del papel a asumir en los campos jurídico, técnico y financiero.

Se establecen, también, mecanismos de urgencia, los mecanismos para colaborar con Ayuntamientos y Diputaciones, distribución de costes, dirección de los proyectos, seguimiento y control de los mismos mecanismos; y, a la vez, de la cláusula quinta, donde se determinan que atendrán su cargo a lo antes dicho. Es especialmente importante la cláusula undécima, donde se determina que se va y se acuerda un estudio de base que aporta información suficiente para el conocimiento detallado de la realidad del sector agroalimentario y comercial de la Región, y permita definir las carencias y necesidades. Precisamente, éste es el estudio que se ha firmado hoy también; el acuerdo de base al que antes, de forma indirecta me refería, perdón, el estudio de base, estudios sin los cuales no podemos actuar. En el estudio se establecen los objetivos, los medios, el índice metodológico del estudio, el balance de las necesidades, el desarrollo de un Programa de Información, balance de recursos y prioridades, y el concurso de ofertas para la elaboración de dicho trabajo y qué cláusulas debe llevar este concurso de ofertas. Pienso que esto es el resumen del acuerdo, del Convenio y del acuerdo, y que en definitiva, es el primer paso organizado y coherente para tener un conocimiento cabal y global de la estructura comercial de precios, de oferta y de demanda, en definitiva, del proceso de distribución en la Región; estudio en colaboración también con Ayuntamientos, Diputaciones, etcétera, que saldrá a concurso público, y que en pag. 420

una primera etapa se concreta en el mismo, pero que en una segunda etapa los mecanismos de confluencia de ayuda mutua, etcétera, van a servir para que, en definitiva, MERCASA y la Junta (la Dirección General de Comercio, y la Consejería de Hacienda, Economía y Comercio) estén a disposición coordinada de la Región, y no, y rompamos, perdón, de una vez, las actuaciones puntuales y no organizadas de MERCASA en la Región; incluso, yendo más allá, intentando que en su momento se pueda establecer convenio entre los MERCAS y los MERCOS. Ese sería el mecanismo ideal previsto. Este es un primer paso. Veremos si podemos llegar a acuerdos de profundización de cara a esta reducción de la intermediación, como lo tenemos ya prácticamente previsto para la provincia de Salamanca, perdón, para la ciudad de Salamanca. Este sería el ideal, en este momento, de esta primera etapa.

Competencias sobre las Cajas. La pregunta es compleja. ¿Por qué es compleja? ¿Qué competencias tenemos? Es fácil en sí, relatarlas; pero hasta donde lleguen, deben de llegar. ¿Cómo se deben, mejor dicho, de articular estas competencias? Yo le puedo decir a Su Señoría, que los distintos Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas discrepan en cuanto a la ubicación de las competencias en relación con las Cajas de las Comunidades. Así, por ejemplo, curiosamente, el Estatuto de Aragón la sitúa como competencia exclusiva, mientras que nuestro Estatuto la sitúa en el artículo veintisiete, como competencias de desarrollo normativo y de ejecución. Esta disparidad de ubicaciones, de competencias, en Comunidades que se rigen por el mismo artículo ciento cuarenta y tres, llama la atención. Pero no nos llama la atención sólo a nosotros. Esto, en definitiva, ha sido producto de un proceso histórico por todos conocido, al cual no voy a referirme. ¿Cómo fue gestionada la LOAPA?; y después, ¿qué ocurrió con la LOAPA?, y, ¿qué artículos estaban en Comisión en el momento de la negociación de la LOAPA?, y ¿qué Estatutos se fueron antes, previamente, diseñados? Así de claro. Evidentemente, en un futuro -primera actuación nuestra-. es reclamar competencias exclusivas en relación a las Cajas, al nivel que la tienen otras Comunidades que se rigen por el artículo ciento cuarenta y tres, y en las que el problema de la fijación del ahorro regional dentro de la Región, es fundamental, como antes explicitaba. En segundo lugar, esto puede ser a medio plazo, no sé cuando; lo que sí que nosotros vamos a hacer ya, y eso es una de las previsiones legislativas a medio plazo, es a establecer un decreto de regulación de las Cajas de Ahorro y Rurales en relación con el artículo veintiséis, veintisiete, perdón, de nuestro Estatuto, y con las competencias, (y, ahora ya contesto más explícitamente, con esto, en este sentido), que nos distribuye este Estatuto. Es un anuncio que hasta ahora había comunicado alguna institución financiera de este tipo, y que ahora en estos momentos, mi Consejería quiere hacer público y solemne. Nuestra política no solamente se va a dirigir a intentar, primero: que el ahorro, genéricamente, de la Región se fije en la Región y revierta a la Región; ya veremos los mecanismos. En segundo lugar, generar un sistema financiero de la Región racional, promoviendo, por lo tanto, no digo la fusión generalizada, pero sí la fusión, al menos, de aquellas entidades de ahorro con un pasivo realmente muy irreversibles, con unos propósitos a la vista, hoy ridículos, hipotecados por unos costes fijos altísimos. No cabe hoy una Caja de Ahorros funcionando con depósitos de cinco a diez mil millones de pesetas. Eso no quiere decir que este principio de fusión le vayamos a potenciar globalmente, sino simplemente para eliminar estas irracionalidades. En tercer lugar, pensamos coordinar todas las Cajas de la Región a través de una Federación Regional de Cajas; impulsar la misma -no podemos obligarla-, pero vamos a impulsarla; y operar conjuntamente con todas las Cajas en nuestra política financiera. Estas son las ideas genéricas y las ideas-objetivos de los que parto, de los que parte la Consejería. Y en concreto, me refería a que uno de los mecanismos va a ser el que se pueda articular, contemplando nuestras competencias, artículo 27.4 y artículo 27 (perdón, 1.4), y artículo 27.2, que dice en concreto: "Competencias de desarrollo normativo de ejecución: Organización (organización, entiéndase bien, y vamos a regular esto por Decreto), régimen y funcionamiento interno de las Instituciones de Crédito Cooperativo, Público y Territorial, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales". Vamos a encarar primero el tema de las Cajas de Ahorro y después, por cuestiones de procedimiento las Cajas Rurales. Y dice el artículo 27.2: "En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la Comunidad (fíjese bien), la potestad Reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la inspección. Todo esto, favorable al... la capacidad que el Estado se reserva...

(En estos momentos se producen en la Sala de Comisiones deficiencias de megafonía).

Y aún así... dicha competencia, exclusiva del Estado, me... en estos momentos, para que en las Comisiones de inversión obligatoria de las Cajas, puedan acordarse inversiones que tengan destino directo, inversión productiva barata; ésta es nuestra idea y éste es nuestro propósito a corto plazo.

Sobre la cuestión procedimental de mi Consejería, por lo tanto, yo le puedo decir que la Consejería... Primero, ... existen documentos... en una etapa en que los Presupuestos eran sesenta y seis millones de pesetas, creo...

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En la etapa pre-autonómica última, no... porque existía una llamada Consejería, los Departamentos de Agricultura, Comercio y Fomento, y una serie de competencias disueltas entre distintos organismos. Por ejemplo: lo que hace referencia o hacía referencia a la determinación de la política económica del ente pre-autonómico, o la confección de los PER, del programa... en definitiva, económico regional, a la determinación de los Proyectos de inversión del Fondo. Esto era materia y competencia real del Instituto de Economía de Castilla y León, más aún, participaba en la confección de algunos de estos documentos claves, definitorios de la política económica del Ente preautonómico un llamado, creo, Centros de Estudios e Investigación, adscrito a la... Quiero decir que no había mecanismos adecuados para dirigir la política económica, financiera, fiscal y comercial del Ente Preautonómico, de forma continuada. Yo me encontré los cajones vacíos, un pasillo intransitable, y dos bloques de funcionarios muy dignos y cualificados que, aislados del resto, de las Comisiones económicas, y de los proyectos... del Ente Preautonómico, se ubicaban en... y en la Intervención y Contabilidad, aislados completamente, pero que seguían la marcha diaria normal de la Consejería, con funciones globalizadas y coordinadas. Yo puedo decir que, evidentemente, tuve que hacer, siento decirlo, los primeros días y en el pasillo de Consejero y de Conserje.

Y quinto: situación del Instituto de Economía de Castilla y León. Para mí es un tema, o es una cuestión, no sé si difícil, enojosa, o que me alegro de que se me haya planteado, (lo digo en serio), es una referencia al Instituto de Economía de Castilla y León. Es un tema vidrioso, ¿por qué no decirlo así de claro?, y delicado. Y también es un tema que está en estos momentos en estudio, también hay que indicarlo, y que mientras no esté terminado, terminados los estudios, los informes y la Auditoría ordenada, no puedo ni debo, enjuiciar algunos de los puntos de la situación de la historia y trayectoria del Instituto. Entiéndase que es no una... Sin embargo, evidentemente, cuando un tema que a mí me hubiera gustado que hubiera tal vez trascendido, digo tal vez... así lo veo... Porque esto estaba en el programa electoral del PSOE, y hoy lo hemos reiterado, que la idea de la Consejería es reconvertir el Instituto, pero con todas las garantías de que se van a dar pasos adecuados. Ubicar, crear, (perdón), previamente, el Instituto de Desarrollo Económico Regional, cuya sede... residirá, con secciones, que dependerá su ubicación de las posibilidades y necesidades. Esta es la posición que mantiene la Consejería. Es decir, esta Consejería y en eso sí que quiero ser rotundo, no va a ... Sedes Provinciales, tiene una visión regional del Instituto y de cualquier instancia. Puede ser que por necesidades de la Comunidad, una institución, porque no dé para más, generaría costes múltiples, solamente tiene que estar, en algún sitio tiene que estar, pero aquellas instituciones que puedan y sean necesarias que decidan los aspectos, y que, a ser posible, puedan residir en distintas Comunidades, estarán llegando a hacer... de cerca a las posibilidades, y en función... de las posibilidades.

No se trata de salvar la Provincia, se trata de salvar la Región.

En cuanto al tema que se me plantea, yo quiero, ... evidentemente aportar amplia documentación sobre la situación actual y sobre una serie de informes que, repito, tanto informes técnicos, como de la Asesoría Jurídica de la Junta, como incluso un primer informe reservado de la Auditoría, pero que entiendo que no sería justo llegar a conclusiones sin tener todos los estudios en profundidad, en cuanto a la situación. No obstante, sí me voy a referir a algún tema. He hecho una introducción en su momento, (evidentemente estos documentos, si así lo solicitan Sus Señorías, siempre que no hubiere algún tipo de secreto, serán entregados con mucho gusto), he hecho una introducción, y me voy a referir a algunos aspectos para conocimiento del Instituto de Economía de Castilla y León. He de aprobar, y aún a expensas de ser algo extenso en ese tema, pero, y por lo delicado, y porque no quiero dar algunos datos que digo que es de justicia no adelantarlos, también quiero dar otros.

El Instituto de Economía de Castilla y León, y resumo mucho los datos, se crea por acuerdo del Pleno del Consejo de Castilla en general, de Castilla y León, del 19 de Octubre del 79. No entro en quién forman partes. Los Estatutos, publicados, y como tal vigentes en el Boletín Oficial del Consejo General, son de fecha 1 de Diciembre del 79, punto 1. El día 3 de Mayo, del 82, el Patronato aprueba una reforma de los Estatutos, que no han sido publicados, por lo que, a mi juicio carecen de validez jurídica (a mi juicio), pero no han sido publicados. ¿Quiere decir esto que los actos que dimanan de esos Estatutos modificados y no publicados tienen validez, o no? Pregunta que dejo en el aire, para responder en su momento con los informes pertinentes, incluidos si son precisos los del Consejo de Estado.

Sobre los datos económicos, podría decir algo; puedo decir que tienen unos ingresos aproximados de siete millones y medio anuales. Hay una participación de 500.000 pesetas por parte de cada Diputación y de cuatro millones por parte del Consejo, compromisos, pero a la vez cada trabajo realizado era cobrado aparte por el Organismo. Puntualícese esto y téngase en cuenta. ¿Cuáles son los trabajos realizados? Libro blanco. La parte relativa a estructura económica Regional

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del estudio de reconocimiento territorial adjudicado por el MOPU a la empresa AISSE (esta subcontrata supone al Instituto unos ingresos de diez millones de pesetas). El primer capítulo, no el segundo del Plan Económico Regional, (y luego podemos hablar de este primer capítulo), del Plan Económico Regional, diagnóstico porque se cobran cinco millones de pesetas; estudio sobre la navegabilidad del Duero, encargado por la Cámara de Comercio Industrial de Salamanca al coste de un millón de pesetas. Posteriormente, la Cámara no firma el contrato, pretendiendo que sea financiado por el Consejo Regional, la Diputación de Salamanca, el Instituto de ellos mismos. La Cámara de Comercio abona el 83, doscientas cincuenta mil pesetas por este concepto. Estos son datos que sí que puedo dar. No violo ante Sus Señorías ningún secreto; más aún, es mi obligación responder por lo menos en estas cuestiones que no están... evidentemente. Pero, aparte, de acuerdo con los informes que obran en mi poder, parte de los pagos por los trabajos realizados no han sido abonados todavía. En definitiva, en tres años de trabajo efectivo, el Instituto ha realizado tres estudios y ha sido financiado con cincuenta y cuatro millones de pesetas. Grado de cumplimiento de las funciones. Informe también en gran parte como consecuencia de la carencia del Departamento de Economía y Hacienda como antes expliqué, asume misiones de carácter político del Instituto... Es decir, la determinación de un Plan Económico Regional, es una misión política la elaboración del Plan, de eso van a sacar consecuencias políticas, y en definitiva es un análisis político que se le pide al Consejo de entonces. En concreto, miembros del Instituto representando -y consta- a Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano máximo a este nivel, a nivel de Estado, en todas las negociaciones relacionadas con el Fondo de Compensación Interterritorial, lo cual pone de manifiesto, podría decir casi la palabra indicada, dejación de responsabilidades y desvío de funciones, de carácter meramente técnico, a funciones de carácter político. El grado de cumplimiento... situaciones muy diferenciadas. Hay algún incumplimiento, que pudo haber tenido consecuencias imprevisibles para la Comunidad en concreto; el primero de ellos se refiere a la negociación del fondo para este año. Yo les expliqué que las fichas y documentación de los proyectos de inversión por parte de la Comunidad, competencias asumidas y no asumidas, llegará a la Comunidad cerrado el plazo, y llegaron de manos del Presidente del Instituto. A él habían sido comunicadas. En segundo lugar, y en relación también con las relaciones Administración Central-Comunidad Autónoma, para la realización del Plan Económico Nacional que se preveía, se le encargó la elaboración del diagnóstico presentado para el Plan del 84, ... el estudio al Instituto. Es más, a primero de Mayo, la Dirección General de Coordinación del Plan, (la coordinación existe evidentemente), solicitó que se remitiese antes del 20 de Mayo un documento, solicitó al Instituto, (en lo cual también vemos que la misma Administración Central no sigue los cauces lógicos de conexión con la Administración Autonómica), un documento sobre la situación económica de problemas centrales de Castilla y León, con el fin de considerarlo en el Plan Económico Nacional. Tal encargo no solamente no fue cumplimentado, sino que tampoco fue comunicado, y esto es lo más grave a la nueva Administración Regional, que toma posesión el 3 de Julio. Viéndose ésta sorprendida, con la reiteración de petición por parte de la misma Dirección General por carta de 9 de Julio, habiendo dado lugar a... para su cumplimiento, y elaborando deprisa y corriendo, sin equipo ninguno, esta Consejería dicho diagnóstico para elevarlo a Madrid el 29 de Julio. Hay un tema que en su momento es suficientemente (yo diría no delicado, complicado), con más posibilidad, y es el tema de los convenios con... (si ha lugar, en su momento repito, se podrá aclarar el tema; es complicado, también delicado) entre el Instituto y el MOPU. Sobre el personal del Instituto, existía el Vicepresidente ejecutivo, D. Antonio Gómez Rodolfo que presentó la dimisión al Presidente de la Junta de Castilla y León, y le fue aceptada por Decreto del 61/83 del 12 de Agosto; un Director, Don José Tomás Raga Gil, nombrado Director por Acuerdo del Patronato en sesión 4 de Marzo del 80 cuando era profesor agregado de la Universidad de Salamanca, poco después fue catedrático de la Universidad de Murcia, y en la actualidad lo es de la Universidad de Madrid, fue cesado por Decreto 60 del 83 del 12 de Agosto. Y un Secretario General, Don Rafael García Verdugo, regidor que presentó su renuncia antes de que este Gobierno Socialista llegara al Poder Regional. A la vez un tesorero-contador, Don Luis Sagredo de Miguel que continuaba, y un Secretario contratado laboralmente que no solamente no ha sido cesado, sino que se le ha comunicado por escrito, y así consta, que continúa al servicio de la Administración periférica. El Patronato, en su sesión del 21 de Mayo del 82, acogiéndose a los Estatutos reformados, pero no publicados, nombró a propuesta del Presidente, a las citadas personas, en los cargos señalados acordándose que a los efectos de las condiciones de trabajo y remuneración quedan asimilados los cargos de Secretario General del Instituto, Director del mismo y Tesorero-Contador al del Director del Departamento en el Consejo General de Castilla-León, tres millones ciento cincuenta y cuatro pesetas anuales, y el de Vicepresidente Ejecutivo al de Secretario General del Consejo, tres millones ciento ochenta y

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tres mil, ciento ocho pesetas anuales. Situación financiera actual y con esto termino. En estos momentos, no se ha aprobado la liquidación definitiva del ejercicio 82, en cuyo año, el Estado de Gastos asciende a dieciocho millones novecientas diecinueve mil pesetas. No existe presupuesto del 83, en lo que va de año 83, y según una comunicación del Tesorero-Contador, se ha producido un ingreso de ocho millones de pesetas, unos gastos de diez millones seiscientas setenta y cuatro mil pesetas, teniendo unas deudas acumuladas de siete millones veintiuna mil trescientas sesenta pesetas, cifras referidas al 30 de Septiembre. En cuanto a los ingresos por cobrar, la situación era la siguiente: sólo tres Diputaciones han realizado la aportación correspondiente, el Consejo desembolsa sólo un 25%, es decir, un millón, a la Junta que está en paralización de tramitación; no se ha cobrado. Tres millones por parte del... habría que referirse por tanto al porqué no se ha cobrado el acuerdo con, el acuerdo... éste es el resumen.

Y se debe también a... un millón. Por ello, por toda esta situación anómala, a mi juicio, por los desfases en las atribuciones o no comunicación de las competencias que a nivel político habían asumido, y por el peligro que constituía para la Comunidad que permaneciera esa situación anómala, esta Consejería ordenó, con fecha 4 de Noviembre, a la intervención General de la Comunidad, de la Administración de la Comunidad Autónoma, que efectuara la auditoría pertinente que está realizándose en la actualidad. Evidentemente, los datos previos de dicha auditoría, permítanme me los reserve, hasta que no sean definitivos y dé lugar a la información pertinente. El funcionamiento actual, se resume, es que la última sesión del Patronato es del 11 de Noviembre y en la realidad el Instituto no realiza ninguna tarea, no ha realizado mejor dicho, desde finales de 1982. Este es el resumen de los datos y del gran dossier que aquí en mis manos se encuentra, y que por prudencia, por prudencia, hasta ahora en ningún medio de comunicación, ni en ninguna instancia había mencionado para nada asunto tan vidrioso, pero que, ante las insistentes puntualizaciones u observaciones en torno a presuntos intereses por parte de la ciudad de Valladolid, y no sé de qué más instancias de que este Instituto se compartía o se reconvertía o no se reconvertía, etcétera, etcétera, y ante la necesidad real de reconvertir por una parte, y ante la pregunta de Su Señoría, y mi obligación de dar cumplida respuesta a la misma, me he visto en la obligación penosa para mí, de tener que dar un pequeño diseño, bosquejo de la situación actual del Instituto de Castilla y León. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Castro, tres minutos para precisiones.


EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Agradecer las respuestas dadas a distintas preguntas, y de momento nada más que decir. Esperar, porque este tema era un tema interesante.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Pues bien. Una vez finalizado el turno de Portavoces, ahora los señores Comisionados disponen también, cada uno de los que quieran intervenir, previa petición de palabra a la Mesa, de tres minutos. Señor Carbajo Otero.


... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

...


EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Dada la complejidad de los asuntos que estamos tratando hoy, la inmensidad de las materias y la gran cantidad de tiempo que se ha consumido; tengo referencia de que esto a las 9 debe acabarse (esa información nos habían dado); es que si no fuera así, estamos hasta cuando fuera preciso. Si es así, por algún aspecto me permito pedir a la Presidencia y al Consejero, en nombre del Grupo, que se pospusiera esta reunión, o se diera por celebrada hoy, y que tuviéramos otro día que fijara la Presidencia, una tarde por ejemplo, para que todos los representantes de las diferentes opciones políticas puedan hacer sus preguntas concretas, y que el Consejero las pueda contestar con la prodigidad de detalles que pueda necesitar. No obstante, si cabe que esto se prolongue indefinidamente pues no tendría ningún inconveniente en seguir.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Esta Presidencia no tiene comunicación ninguna de que la sesión haya de terminar necesariamente a las nueve; ha sido una indicación. Por nuestra parte, por parte de la Mesa no hay ningún límite de tiempo...


EL SEÑOR...

Decidan Sus Señorías, pero que tengan en cuenta, eso sí, las limitaciones biológicas puramente.


EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Nosotros abundábamos en la teoría que ha expuesto nuestro Portavoz por la sencilla razón, muy esencial entre otras que tenemos, de la evidente fatiga que tiene que tener el señor Consejero, que ha estado toda la tarde haciendo un esfuerzo físico y mental para atender nuestras demandas, y vaya a posibilitar el que en las muchas preguntas que nos faltan por hacerle se precipite en su respuesta, cuando encontramos esa amplia acogida que nos está, diríamos, entusiasmando y que queríamos seguir recibiendo en todos los temas que nos quedan por plantearle. Por este preferíamos el formalizar pag. 424

de alguna forma la clausura de esta sesión a título provisional, y tener una segunda sesión, a continuación, para que los Portavoces que quedamos por intervenir podamos hacerlo tranquilamente y dándole al señor Consejero la posibilidad de contestarnos con la misma amplitud con que lo ha estado haciendo durante toda la tarde de hoy. Por ello, abundamos en la teoría de que la Sesión debía de aplazarse.


EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Puede ser la próxima semana, una tarde por ejemplo, para que no tengamos que estar aquí todo el día, una tarde de cinco a ocho, por ejemplo.


EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Yo quiero decir que para los Procuradores que no pertenecemos a la Comisión y llevamos todo el día esperando... mejor ¿no? Si tenemos tres minutos, nos produciría un trastorno aún mayor volver otro día. Luego si los demás miembros de la Comisión quieren que sea otro día, pero yo creo que se debía seguir hoy, aunque fuese por intervenir los Procuradores que no pertenecemos a la Comisión.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por supuesto que si la sesión se reanuda, los Procuradores del público que asisten y no forman parte de esta Comisión tendrían la misma oportunidad que los comisionados para hacer preguntas, y continuaríamos hasta la hora que sea, y si se suspende...


EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Yo lo que digo es si se va a suspender; porque los Procuradores que no pertenecemos a la Comisión no tenemos oportunidad de intervenir, a no ser que nos dejen hacerlo hoy.

(Se producen en la sala deficiencias megafónicas).

(Se suspende la sesión durante cinco minutos para que se reúnan los Portavoces con la Mesa).


EL SEÑOR DANIEL DE FERNANDO ALONSO: ..

.Es el Fondo de Compensación. Así es más fácil que entienda que si usted, siendo del partido del Gobierno, no está satisfecho, yo estoy plenamente decepcionado. Porque, claro, de los diecinueve mil millones del Fondo, que supone un nueve y pico por cien de la cantidad del Fondo, no es decir nada, si no se habla de la cantidad total de inversiones. Es decir, el Fondo debe de ser una cantidad, además de la que invierta el Estado, para aminorar el desequilibrio de las regiones. El Fondo supone un 9%, pero, según los datos que el señor Consejero nos ha dado, el Estado va a invertir el cinco por cien. Es decir, si de quinientos dieciséis mil millones de pesetas que usted nos ha dado, quitamos los doscientos nueve del Fondo, quedan trescientos siete mil millones a invertir en toda España. Aquí, a invertir, dieciséis mil, según los Presupuestos del Estado, quiere decir que va a invertir el cinco por ciento. Es decir, si sumamos la cantidad a invertir por el Fondo y la cantidad que invierte el Estado, tenemos aproximadamente un seis coma siete por ciento de las inversiones totales del Estado. Y mi pregunta es: ¿cree el señor Consejero que invirtiendo el Estado el 6,7% de inversiones totales en esta Región, podemos llegar a equilibrarnos con otras más desarrolladas? Pero es que, además, este 6,7%, señor Consejero, era ateniéndonos a las cifras que se ven en los Presupuestos del Estado. Pero si además vemos otras partidas de ingresos que va a tener la Comunidad, que pueden ser en parte inversoras, ahí le podemos decir porcentajes; por ejemplo, la regulación de la tasa del juego, creo yo que será menor en esta Región los ingresos que en otras (aquí no tenemos ningún Casino). La regionalización, perdón he dicho la regulación, la regionalización de la tasa del juego quiere decir que va a ingresar en nuestra Región, creo que menos de la media nacional. La recaudación de impuestos creo que va a ser menor -y, si no, apañados estamos- que la media nacional; la aportación que el Estado hace a los Municipios, si vemos que va en proporción inversa al número de habitantes (que en nuestra Región la inmensa mayoría son pequeños Municipios), si esas tres partidas se suman a los quinientos dieciséis mil millones, no estaremos en el 6,7% de inversión, sino, probablemente, en un cinco y medio o menos. Por tanto, mi decepción es grande. Comprendo que ustedes no han tenido tiempo de hacer proyectos para el caso, pero sí han tenido tiempo (o podían haber tenido tiempo) de procurar que las inversiones del Estado fuesen más que esos dieciséis mil millones. Es decir, que las inversiones totales que aparecen en los Presupuestos del Estado no se limiten a treinta y cinco mil millones.

Dice el informe que han procurado (dentro de que no tenían tiempo para hacer los proyectos) la prioridad de Castilla y León. Bueno, yo, si me atengo al informe del Consejero de Agricultura, le diré, es inviable el programa del Consejero de Agricultura, porque con la cantidad destinada en los Presupuestos del Estado a la repoblación forestal no se llegará ni al 50% que los del Consejero de Agricultura nos dijo aquí. Prioridades no sé si serán para ustedes el regadío en nuestra Región, y regadíos en algunas de las zonas donde jamás se ha hecho una inversión por el Estado, y en proyectos ya terminados por el Estado. Sin embargo, no aparecen en el año 84, ni en el Fondo de Compensación, ni en la inversión del Estado. Creo que esa política de agrarios con proyectos terminados sí es de las prioridades de nuestra Región. Me impresionó, preguntarle también sobre SODICAL, tres preguntas concretas. ¿Qué actuaciones

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ha tenido hasta ahora? Me han extrañado los pocos estudios que se han hecho... ¿Cuáles eran, qué actuaciones ha tenido SODICAL hasta ahora? ¿Cuáles a partir del futuro, aparte de la creación de estas sociedades que nos nombra?, y tercero, no sé si será de su competencia y podrá decírmelo, ¿dónde tiene depositado SODICAL los fondos que aportaron para su creación las distintas Entidades de la Región? Creo que hay quejas de algunas Cajas de Ahorros, que no saben dónde han ido, y, desde luego, no se han depositado en algunas de ellas; no lo sé.

Y finalmente, porque no da tiempo a más en tres minutos, decirle que nos hubiese gustado que, indudablemente, cuando usted hizo los Presupuestos, nosotros le votamos que sí porque entendíamos lo que usted aclara hoy, era un punto de arranque, y, en virtud de eso, le dábamos nuestro apoyo; pero también le dijimos, y a través de las enmiendas que pusimos, que no eran unos Presupuestos reales, porque ahí había unas cantidades que no figuraban, cantidades que, a lo largo del año, convenios de deporte con las Diputaciones, convenios de urbanismo con las Diputaciones, Fondos de Asistencia Entidad Social, nos hubiera gustado más que en vez de decirlo aquí sólo, que doscientos treinta y cinco millones que proceden del Fondo de Compensación, nos hubiesen dicho a qué Consejerías, o qué Consejerías han tenido incremento del Presupuesto, qué Consejerías. Es decir, la de Cultura: a través de los convenios de Deportes que tenía firmados con las Diputaciones, ¿han venido a incrementar el Presupuesto inicial? y la de Bienestar Social: si ha incrementado el Presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, y en cuánto, con la aportación del Fondo. La de Urbanismo: si ha incrementado, y en qué cantidad, por los convenios que ha tenido. Nada más. Muchas gracias.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias. Permítame Su Señoría contestar a algunas cuestiones que me ha planteado muy precisas. Y le voy a dar contestación también muy precisa. Estaba buscando una serie de explicaciones que le podían interesar a Su Señoría. Unicamente decirle que hay algunas de las materias que me ha presentado, que me ha planteado, que no son estrictamente de mi competencia, ni siquiera de competencia de esta Consejería. Y me explicaré a continuación. He de empezar por la cuestión última, cuestión muy precisa, que es por lo que estaba buscando estos datos concretos, porque no se los quería dar aproximados. Si les he dado la cantidad por capítulos destinados a inversiones. Y todo como consecuencia de incorporaciones de créditos posteriores. El capítulo de Gastos, así como de Ingresos, ascendía, efectivamente, como usted recordará, a tres mil cincuenta y cinco millones quinientas setenta y tres mil veintitrés pesetas. Durante el ejercicio del ochenta y tres se ha procedido a hacer las incorporaciones pertinentes. Por parte del Fondo de Compensación Interterritorial, doscientos treinta y cinco millones de pesetas. Ya ha sido distribuido en cinco Consejerías con las cantidades siguientes: Agricultura, que no estaba contemplada en la partida presupuestaria, que no estaba contemplada, cinco millones de pesetas. Bienestar Social, treinta millones. Cultura, ciento veintisiete con cinco millones de pesetas (bibliotecas, etcétera...). Obras Públicas, diecisiete con cinco millones de pesetas. En total, ciento ochenta millones de pesetas. Quedando aún un remanente por determinar de cincuenta y cinco millones de pesetas. Digo por determinar, por llegar a la conclusión, hace unos días, de las Consejerías para las que está destinada ya en el Fondo esa cantidad y se puede distribuir. A la vez, se han asignado como consecuencia de remanentes, cuarenta millones setecientas mil pesetas. Y a la Junta y a las Cortes de Castilla y León, como consecuencia de una negociación personal de esta Consejería con el Ministerio de Hacienda y Economía, en la que se manifestó reiteradas veces la escasez de medios para gastos de primera instalación, no solamente a la Junta, sino también a las Cortes, aun cuando existe un compromiso, pero aún no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado (así que no puede ser público en ese sentido), pero el compromiso existe, se incrementarán cincuenta y dos millones de pesetas, de los que corresponden catorce con ocho a la Junta, no, a las Cortes de Castilla y León para gastos de mantenimiento, y treinta y siete con cinco millones a la Junta. Repito, que no se han incorporado todavía. Sí reservar que de un remanente existente para gastos de primera instalación y funcionamiento para las Comunidades Autónomas, ese remanente sólo iba a ser asignado a alguna Comunidad. Después de múltiples negociaciones, idas y venidas, únicamente esta Comunidad ha sido atendida con cincuenta y dos millones de pesetas, como producto de la gestión de esta Consejería. En total, son doscientos veintiocho millones de pesetas por diferentes conceptos. No han llegado, esa incorporación de créditos...

(Se producen deficiencias en la megafonía).


SODICAL.

Bien; que yo sepa, y usted también lo sabe, SODICAL, esta empresa, esta Sociedad de Desarrollo Industrial del Consejo de la Preautonomía...

(Se producen deficiencias de megafonía).

...Sí, y ésta es mi intención firme y solemne. He de decirles que pensamos: primero, potenciar SODICAL. Rehacer, en la medida de lo posible. ¿Cómo? Participando en SODICAL. ¿Cómo? Con

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fecha diecisiete de Octubre del ochenta y tres, se envía una notificación sobre la posibilidad de ampliar el capital de SODICAL y la posibilidad que propuso la Junta a partir de la adquisición de acciones liberadas por la Caja de Ahorros. El importe de la ampliación sería de diez con treinta y cinco millones de pesetas correspondientes a...

En cumplimiento de los Estatutos de SODICAL, la Junta hubiera tenido prioridad a la hora de acordar la citada adquisición, y ello, a pesar de los intereses de la Junta, no ha podido ser factible, ya que, a pesar del plazo incorporado en mi carta -quince días-, la remisión de la misma (está aquí la carta, certificada, como documento a presentar si es necesario), la remisión de la misma tiene fecha de tres de Noviembre, posterior, por lo tanto, en más de quince días a la fecha del diecisiete de Octubre en que se nos comunica.

Sin embargo, quiero decir, simplemente, es un mero ejemplo... No sé lo que funciona en este país. Nuestra intención era ésa, no obstante. En primer lugar, nosotros, por lo tanto, no hemos decaído en nuestro derecho, ni tampoco (y esto quiero que sea público) hemos renunciado a esta prioridad de firmar esa participación para iniciar la participación, lo que no es obstáculo, sin embargo, para apreciarlo positivamente, y así ha sido dicho políticamente por nuestra parte; si no, hubiéramos actuado en consecuencia para comprobar la incorporación a SODICAL por esa vía de la Caja de Ahorros a la que antes he aludido.

(Deficiente megafonía).

La Junta va a participar, va a participar y va a tener sentido en este país...

(Deficiente megafonía).

Me habla también de los Presupuestos de Agricultura. Me habla también de los Presupuestos Generales del Estado, y, desde luego, no son de mi competencia, en absoluto, los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual yo poco le puedo decir. Personalmente y técnicamente puedo hacer análisis de todo tipo de presupuestos, como profesional, incluso; pero no políticamente y como Consejero, claro.

El tema de los Tributos... y de las Diputaciones y Ayuntamientos. La Región recaudará menos; por lo tanto, el desglose será mayor. También los Ayuntamientos participarán menos; por tanto, va a ser también mayor. En definitiva, lo que me está planteando con diversas argumentaciones es una serie de observaciones, de observaciones sobre la inversión pública en Castilla y León, y le voy a decir que sobre la inversión y no sobre el Fondo, porque el Fondo entiendo que queda muy claro como lo he explicado; no voy a entrar. Hay diecinueve mil millones para el Fondo... Han estado de acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado. Esa metodología se aplica...

(Deficiente megafonía).

...que el cuarenta por ciento de la inversión nueva programada para este año corresponde al fondo y se va a distribuir interterritorialmente con cuatro modelos.

(Deficiente megafonía).

...se ha destinado a proyectos de inversión nueva de la Región. Ahora bien, unos los ejecutará y los decidirá la Comunidad y otros los ejecutará y determinará la Administración Central de acuerdo con... ¿En qué porcentaje? El cálculo de inversiones nuevas previstas en el caso de que, o en función -perdón- de las transferencias ya asumidas. Es decir, que si tenemos un diez por ciento de las previstas, gestionaremos... En estos momentos, la cifra que le voy a dar, de diez millones y pico, corresponde a proyectos a determinar, a determinar por la Comunidad y a gestionar por la Comunidad. El resto, a proyectos a determinar por el Estado, a gestionar por el Estado, pero, eso sí, de materias que sean en su momento transferibles. Hemos quitado ya, eso sí que lo negociamos duramente, las materias no transferibles, porque podían hipotecar el futuro de nuestra Comunidad para toda la vida; bueno, toda la vida, no, cuatro o cinco años, y después ya veríamos... Si no exigían de nuevo inversiones de reposición... Hasta ahí he explicado. Evidentemente, las críticas que yo hice al Fondo en términos genéricos, si quiere las repito; pero una vez dicho esto, yo lo que puedo decir es que para mil novecientos ochenta y cuatro (y no es mi misión; tal vez la misión sería también de los Procuradores y Senadores en nuestra Región, en las Cortes Regionales, pero nos hemos preocupado de estudiar, como decía, partida por partida -haciendo la salvedad de que son partidas provisionales, que muchas de ellas van a desaparecer, que están en negociación en estos momentos, y que van a estar después en negociación en el Senado-, quiero decir, en un estudio preliminar previo, provisional).

Para mil novecientos ochenta y cuatro, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, la inversión pública contenida en el capítulo seis, tanto por parte de la Administración Central como por parte de la Comunidad Autónoma, a través de la Sección treinta y tres, Fondo, será para la Región de 46.319,5 millones de pesetas, cuyo desglose es el siguiente: (yo, incluso , si tengo la ficha se la voy a pasar, porque son estudios que tiene la Consejería y que no tiene por qué ocultarlos). Algunos de ellos, como son provisionales, tampoco queremos levantarlos, porque, evidentemente, hemos de ser prudentes, no adelantar los acontecimientos y después tener que rectificar. El desglose es: Inversión competencia de la Comunidad Autónoma con cargo al Fondo,

pag. 427

10.943 millones de pesetas. Inversión competencia de la Administración Central, 35.445,6 millones de pesetas, y ya dentro de ésta, inversión competencia de la Administración Central, hay que distinguir entre inversión nueva e inversión de reposición. Y dentro de la inversión nueva competencia del Estado, entre la inversión con cargo al Fondo, que es nueva, e inversión fuera del Fondo.

Inversión nueva con cargo al Fondo, 8.172,3 millones de pesetas.

Inversión nueva fuera de Fondo, 13.320 millones de pesetas. En total, 21.493,1 millones de pesetas., la inversión nueva total del Estado.

La inversión de reposición, 13.952,5 millones de pesetas, con lo cual, la pública total son los cuarenta y seis millones de que hablábamos. En base a estos datos, la inversión nueva total es, si se da cuenta, de 32.437 millones, que acumula la del Fondo, más la nueva, con la del Fondo de la Administración Central, siendo la totalidad del Fondo, como les decía, 19.000.

Se puede llegar a conclusiones de muchos tipos, se pueden hacer muchas lecturas de estas cifras, evidentemente, e incluso les hacemos la lectura de que ha habido, considerada la inversión global pública, nueva y de reposición, discriminación en relación con nuestra Región. Pero no discriminación en el Fondo, entiendo yo; el Fondo podrá ser atacado o no, quiero decir, podríamos tener, o podríamos determinar otras variables, pero en sí mismo la aplicación del Fondo es matemática; es una cuestión matemática y ahí nos tocan nueve coma equis por ciento. Ahí no. Otra cosa es, otra cosa es si realmente el Fondo supone esos 19.116 millones coma dos; el 40%, creo que es 40,4% de la inversión nueva del Estado; y, sin embargo, el Fondo para nosotros supone el 58,9 de la inversión nueva proyectada para la Región. Esta es la cifra que hay que analizar de la inversión nueva, tanto de nuestro Fondo, como la nueva fuera del Fondo del Estado. Esta es. Y otro dato que también hay que analizar es que la inversión de reposición represente en Castilla y León el 30,1% del total de la inversión total, frente al 23 contemplado en el conjunto del Estado; con lo cual, da la impresión de que las inversiones se dirigen más en otras zonas al mantenimiento de los servicios que al necesario incremento del capital público, pero, pero convendrá Su Señoría conmigo que esto es una lectura, que había que tener más elementos de juicio; y segundo, que esta lectura la han de hacer nuestros Procuradores y Senadores no de las Cortes de Castilla y León, ésta u otra, esta interpelación, sino en las Cortes Generales del Estado. Bastante hacemos que, incluso, adelantamos algunos de los datos, independientemente de que le digo que esto es una lectura, porque estos datos, en sí mismos, no sirven si no se hacen en comparación con las necesidades, etcétera, de otras regiones.

Lo que a mí sí que me preocupa, ya es responsabilidad nuestra, y ahí sí que podemos atacar, es cómo distribuimos sectorial y espacialmente nuestro Fondo; pero teniendo en cuenta no sólo los criterios a que aducía, sino también teniendo en cuenta la distribución de esta inversión de reposición del Estado y de esta inversión nueva del Estado, y de los Planes Provinciales y de los Planes Especiales, y parte del canon energético. Todo con todos los factores. Habría luego que ponderar cada una de estas variables, pero pienso que es un mecanismo más racional.

Y no sé si, no sé si queda... o alguna cuestión en el aire...


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Bien. Recuerdo a los señores Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios que las preguntas que han de formularse por escrito de los demás Procuradores miembros de la Comisión, deberán hacerse llegar mañana al Secretario de esta Comisión, señor Tomillo, quien las trasladará al señor Consejero para que les conteste en la sesión continuación de ésta, el día 28, lunes, a las 5 de la tarde. A esta sesión, por la premura del tiempo, los señores pertenecientes a la Comisión no recibirán ya convocatoria por escrito, debiendo de darse por citados. Unicamente ruego al Portavoz Socialista se lo comunique al señor Maíso González, que es el único miembro que está ausente en este momento.

Y antes de levantar la sesión, como se ha hecho en otras sesiones, yo rogaría al señor Consejero, puesto que está aquí presente su equipo directivo, que nos lo presentase públicamente a la Comisión.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí. El Secretario General de la Consejería es Manuel Mitadiel. El Director General, por orden de nombramiento y aparición en el Boletín Oficial de la Comunidad, Director General de Tributos y Política Financiera es D. Pablo Gayugo. La Directora General de Presupuestos y Patrimonio, Da. Josefa Gómez Blanco; el Director General de Comercio, D. Zenón Jiménez Ridruejo Ayuso. El señor Interventor General de la Administración, D. Pedro Martín, y el señor Tesorero, D. Rodolfo Araus. Creo que no queda nadie por citar. Perdón, y el señor (es que no le veía), y el señor Director de Economía y Planificación, D. Isidro Hernández Perdines.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias a ellos y a usted, señor Consejero, y a todos los asistentes. Se levanta la sesión.


DS(C) nº 10/1 del 22/11/1983

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Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
I Legislatura
Comisión de Economía, Hacienda y Comercio
DS(C) nº 10/1 del 22/11/1983
CVE: DSCOM-01-000010

DS(C) nº 10/1 del 22/11/1983. Comisión de Economía, Hacienda y Comercio
Sesión Celebrada el día 22 de noviembre de 1983, en FUENSALDAÑA
Bajo la Presidencia de: Manuel Estella Hoyos
Pags. 371-428

ORDEN DEL DÍA:

1. Comparecencia del Excmo. Sr. Paniagua Iñiguez, Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, para informar a la Comisión.

SUMARIO:

 **  El Sr. Presidente abre la Sesión y comunica el orden de intervenciones.

 **  Intervención del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Comercio informando a la Comisión.

 **  Se suspende la Sesión hasta las diecisiete horas.

 **  El Sr. Presidente reanuda la Sesión.

 **  En turno de Portavoces, interviene el Sr. Montoya Ramos, Portavoz del Grupo Mixto.

Réplica del Sr. Consejero.

 **  Contrarréplica del Portavoz del Grupo Mixto.

 **  Contestación del Sr. Consejero.

 **  El Sr. Carbajo Otero, Portavoz del Grupo Popular, toma la palabra.

Réplica del Sr. Consejero.

 **  Contrarréplica del Portavoz del Grupo Popular.

 **  Contestación del Consejero al Sr. Carbajo Otero.

 **  Siguiendo el turno de Portavoces, hace uso de la palabra el Sr. Castro Rabadán, del Grupo Socialista.

 **  Réplica del Consejero al Sr. Castro.

 **  El Sr. Presidente abre el turno de preguntas.

 **  Hacen uso de la palabra los vocales de la Comisión, Sres. Carbajo Otero y Caballero Montoya.

 **  El Sr. Presidente suspende la Sesión durante cinco minutos, para que se reúnan los Portavoces con la Mesa.

Se reanuda la Sesión.

 **  Intervención del Procurador, no miembro de la Comisión, Sr. de Fernando Alonso.

 **  Contestación del Sr. Consejero a las preguntas formuladas.

 **  El Sr. Presidente agradece la presencia del Excmo. Sr. Consejero y de los Sres. Procuradores y levanta la Sesión.

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TEXTO:


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Consejero, señores Procuradores. Va a dar comienzo la sesión informativa de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio, que desarrollaremos conforme al siguiente orden: ahora, durante la mañana, el señor Consejero hará exposición de su informe. Después, tras un breve descanso para el almuerzo, continuará la sesión por la tarde, en que se abrirá el debate con un turno de Portavoces. Los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios dispondrán de un turno de diez minutos para hacer las precisiones o puntualizaciones que crean oportunas, a las cuales el señor Consejero, si a bien lo tiene, replicará y los Portavoces dispondrán a su vez de tres minutos más para contrarréplica o dúplica. Acabado el turno de Portavoces, se concederá la palabra a los señores Comisionados que quieran hacer puntualizaciones o preguntas, para lo cual dispondrán también de tres minutos. A las preguntas de los Comisionados, el Consejero podrá contestar individual o globalmente, como él prefiera. Y, finalmente, terminada la intervención de los Comisionados, se abrirá también un turno de preguntas para los señores Procuradores que no siendo miembros de esta Comisión asisten como público y que pueden también intervenir durante un plazo de tres minutos cada uno. Así es que, sin más preámbulos, se abre la sesión informativa y tiene la palabra el señor Consejero de Economía, Hacienda y Comercio.


EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Deseo manifestar nuestra satisfacción por estar ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes de la Comunidad Castellano-Leonesa, y exponer a Sus Señorías cuáles han sido los objetivos, programas y logros de nuestra Consejería, al mismo tiempo que agradecerles de antemano todas las aportaciones que desde esta Comisión puedan hacérseme.

No creo necesario manifestar, pues resulta obvio, que no hemos llegado a la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio sin un previo análisis de la realidad castellano-leonesa en materia propia de nuestras funciones. Ello nos ha permitido establecer unos objetivos globales y concretos, con programas de actuación a corto y medio plazo y una estructura organizativa de acuerdo con nuestros fines.

Antes de empezar a hacer balance de nuestra gestión, desde que tomé posesión de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, el tres de Junio del presente año, permítanme, Señorías, que haga un breve análisis de la situación de nuestra Región y exponer cuál va a ser la filosofía de nuestras actuaciones.

Cuando en el año sesenta y seis se abre el proceso político de las autonomías, la Comunidad Castellano-Leonesa se incorpora a esta nueva dinámica de la Historia del Estado Español con una serie de defectos estructurales que hacen de esta Región una de las más desfavorecidas por el crecimiento económico que se origina en España de los años sesenta.

Partamos del principio de que sin población no hay nada, por aquello de que se hizo la economía para el hombre y no al contrario; aunque la política económica de la teoría de la época desarrollista del régimen anterior aplicó esa otra política de llevar el hombre a la fábrica y no viceversa.

Cerrada por causa de la crisis económica mundial la tradicional espita emigratoria de nuestra Región, los movimientos migratorios sufrieron un parón, si bien hay que hacer notar que ha sido relativo por cuanto, pese a todo, el mundo rural ha seguido despoblándose, aunque a un ritmo menor. Pero en vez de irse en su mayoría a otras regiones, han buscado cobijo en sus capitales de provincias o en los núcleos más desarrollados de las mismas, y de todas formas, en el período que va de mil novecientos setenta a mil novecientos ochenta y uno (último año del que se dispone en estadísticas fiables), Castilla y León, con una población aproximada de dos millones seiscientos diez mil cuatrocientos sesenta y nueve habitantes, ha perdido más del tres por ciento de la misma por emigración en este período considerado, mientras que el resto de España crecía a una media del 10,7 por ciento.

A comienzos del siglo, la Región Castellano-Leonesa contaba con dos coma tres millones de habitantes, prácticamente los mismos que tiene ahora -dos coma seis-, lo que arroja un crecimiento anual de apenas cuatro mil habitantes para el conjunto de las nueve provincias que la integran. Si la población hubiera crecido de acuerdo con la tasa media, Castilla y León tendría que tener ahora cuatro coma dos millones de habitantes, por lo que puede decirse que en el siglo veinte ha perdido más de un tercio de sus recursos humanos.

Permítanme, Señorías, que hagamos un análisis retrospectivo de cuál fue la política económica que impulsó nuestro desarrollo económico en los años sesenta. Tendríamos que admitir, con una perspectiva actual, que fue altamente desequilibrada, no sólo territorialmente, sino también sectorialmente, ya que lo que interesaba desde una óptica política era un rápido crecimiento del PIB.

Entre las muchas consecuencias que la dinámica de los años sesenta tiene para nuestra Región podemos citar las siguientes: Primera, una rápida despoblación del medio rural, al tiempo

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que un estancamiento de los núcleos medianos de la población, como consecuencia de una emigración que, en el curso del período sesenta-senta y cinco, arroja fuera de nuestra Región más de seiscientas mil personas, dejando detrás de sí una realidad de envejecimiento poblacional, bajas tasas de natalidad y, en última instancia, una desertización de la Región.

Segunda. La agricultura, si bien demuestra, a pesar de todo, una cierta capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, ésta no deja de ser lenta, y, por otra parte, no puede dejar de sufrir las consecuencias de un continuo empeoramiento de sus relaciones de intercambio con el mundo urbano, que es cada vez más imperante, lo que hace que esa población campesina, que alcanza aún hoy día porcentajes en torno al cuarenta por ciento en algunas provincias de nuestra Región, disponga de un nivel de renta muy inferior al del resto de los cupos de población.

Tercera. Por su parte, el sector industrial no va a resultar beneficiado, en la medida en que ocurre en el resto del país, de la industrialización de los años sesenta, sino que presenta un desarrollo muy escaso que hace que estos sectores no actúen como dinamizadores efectivos del conjunto de la economía regional.

Cuarta. Un considerable desaprevochamiento de los recursos regionales, incluidos los financieros, pues, constituye ya un tópico demostrado por diversos estudios el hecho de que a través del sistema de bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, intermediarios financieros en general, Castilla y León transfiere una gran cantidad (en torno al cincuenta por ciento) de su volumen de ahorro, a otras regiones.

Todo lo anterior nos hace manifestar que Castilla y León no se ha incorporado de forma plena al proceso de desarrollo y crecimiento de la economía española. Pero, sin embargo, la nueva realidad política que configura a España como un Estado Regional, el Estado de las Autonomías, la España de las Autonomías, puede y debe ser el marco ideal dentro del cual nuestra Región puede cambiar sus tendencias actuales, de forma que a medio plazo pueda equilibrar su desarrollo con el de otras regiones españolas, que hasta el momento se encuentran en clara superioridad comparativa.

En los momentos actuales, dentro del conjunto de la economía mundial, pero con características diferenciales y específicas propias, la economía castellano-leonesa se encuentra sumida en una grave crisis, con alarmantes manifestaciones en términos de inflación y desempleo.

Para nosotros, estos dos problemas, lacerantes desde el punto de vista social, deben ser analizados en sus componentes estructurales, especialmente el segundo: el desempleo; y, en consecuencia, su tratamiento debe ser contemplado en una óptica de medio y largo plazo.

Es para todos evidente, después de diez años de crisis económica, que el problema del desempleo se aleja de las connotaciones coyunturales que tradicionalmente se han considerado. No queremos indicar con ello que las actuaciones de política coyuntural no influyan, sino que su resolución pasa por la superación de los graves problemas estructurales. Esta información cobra mayor validez para Castilla y León. Región de tradición emigratoria y destructora de puestos de trabajo, incluso en las épocas de mayores tasas de crecimiento económico.

En consecuencia, el problema del desempleo es la manifestación social de las disfunciones y anomalías estructurales inherentes a la economía castellano-leonesa, con sus componentes globales, sectoriales y territoriales, tanto económicos, como culturales, políticos y técnicos.

Otro tanto cabría apuntar en relación a la renta regional, tanto global como personal, y, en parte, en conexión con ello, al nivel de bienestar social de la población castellano-leonesa.

Dependencia económica, desarticulación sectorial y espacial del aparato productivo, son las dos características definitorias, a nivel estático, de la economía castellano-leonesa. Crecimiento desequilibrado, espacialmente polarizado, concentrado en productos con mercado saturado o de reducida expansión de demanda y poco creador de puestos de trabajo son sus rasgos dinámicos.

El envejecimiento y abandono de la población rural, el sistema de tenencia de la tierra, la pérdida de la relación real de intercambio, el nefasto estado de la sanidad animal y vegetal, la infrautilización de recursos hidráulicos y forestales, los diferentes sistemas de mecanización y de interrelación con sectores industriales y de servicios, son todos ellos causas estructurales que, junto con la sequía y el endeudamiento, conforman también la grave crisis agraria que padece Castilla y León.

La polarización espacial, la reducida gama de productos, el poco peso de la industria en general y manufacturas en particular, el atraso tecnológico, la carencia de diseño e innovación autóctona, la dimensión de los establecimientos, la ausencia de servicios de apoyo, las deficiencias informativas y formativas, su poca proyección exterior, la inadecuación a nuevos precios relativos, la reducida interconexión espacial y subsectorial, son los problemas más específicos que plantea la industria regional, pese a que en los últimos años ha presentado una dinamicidad envidiable para otras regiones españolas.

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Para nosotros, desde un punto de vista de estrategia de desarrollo, estos dos sectores, aunque individualmente no son los mayoritarios en el PIB regional, son los que deben concentrar las actuaciones claves de la política económica regional. Como repetidamente se ha manifestado por diversas instancias de la Junta de Castilla y León, la reestructuración del sector agrario, el impulso en el sector industrial y la imbricación de ambos, son las medidas claves, condiciones necesarias para iniciar un proceso de crecimiento económico espacialmente disperso, generalizado, autosostenido en el tiempo, capaz de integrar internamente la economía regional; actuar de motor de toda la economía y, en definitiva, conseguir un desarrollo equilibrado.

Señorías, nosotros mantenemos la opinión de que cualquier otra estrategia de desarrollo que aparezca descompensatoria o minimizadora del papel de dichos sectores conducirá al fracaso. Fuera de esta estrategia, pueden contemplarse, eso sí, otras dos alternativas.

La primera (mediante el señuelo de la rápida generación de empleo), consistiría en la expansión generalizada del sector servicios, tanto públicos como privados. Con ello, efectivamente, podrían alcanzarse mayores niveles de empleo a corto plazo; pero, al ser subsectores de carácter endógeno, no actuarían como motor de arrastre y de crecimiento en un contexto de crisis de oferta, generarían tensiones inflaccionistas y fiscales y conducirían, en definitiva, más a niveles de subempleo que a la generación de empleos substantivamente fundamentados. Este es uno de los argumentos que avala nuestra elección de política de consecución de objetivos más a medio y largo plazo, que a corto.

La segunda alternativa pasaría por la concesión de prioridad exclusivamente a las medidas sobre el sector primario, basándonos en el carácter fundamentalmente agrario de nuestra estructura productiva, tanto en términos del PIB, como, y sobre todo, de población y espacio regional. Tal alternativa comportaría el mantenimiento de una especialización regional en productos secularmente regresivos, con permanentes pérdidas en la relación real de intercambio, generador interno de amplias economías de escalas y, en consecuencia, permanente expulsor de mano de obra y con reducida capacidad intrínseca de generación de valor añadido y de renta regional. Esta estrategia específica de desarrollo implicaría el ahondamiento de las causas de nuestra situación de subdesarrollo económico, y también el conformarnos con una Región en la que la emigración y el desarrollo son constantes permanentes.

Ahora bien, una estrategia única y eminentemente industrial, pese a gozar del muchas veces tópico argumento que confunda industrialización con desarrollo, no sería igualmente recomendable en Castilla y León, donde las ventajas comparativas de los productos industriales, drenadas por problemas de comunicación, se encuentran asociadas fundamentalmente a la posesión de ciertos recursos naturales (especialmente agrarios), a la vez que, dado el peso poblacional de éste, su potencial de demanda tanto de productos finales como intermedios, no es desdeñable.

La alternativa, pues, de actuación equilibrada, por la que nosotros mostramos elección, permite colocar a nuestra Región en posiciones estructuralmente más adecuadas, que generan mayores niveles de renta y de puestos de trabajo permanente y, en definitiva, socialmente más justos.

Pero, esta estrategia de desarrollo sectorial es, como decíamos anteriormente, condición necesaria pero no es suficiente.

La economía castellano-leonesa se ha mantenido secularmente, quizá por su situación geográfica, en una postura autárquica.

Es evidente, Señorías, que este carácter no puede mantenerse, so pena de alejarnos dramáticamente de las corrientes de crecimiento y desarrollo económico. La experiencia del desarrollo español de los años sesenta y principios del setenta, generado en gran parte por la apertura exterior, y que sólo indirectamente englobó a Castilla y León, es bastante ejemplarizadora en este sentido.

Pese a la existencia de excepciones minoritarias, la Región manifiesta una carencia de iniciativas empresariales tanto privadas, como, y sobre todo, públicas. Este problema, que nosotros consideramos crucial, no sólo se manifiesta cuantitativamente, sino, lo que puede parecer mucho más grave, cualitativamente, siendo agudizado por la escasa presencia de servicios de apoyo eficaces. Si a ello añadimos la carencia absoluta de investigación y desarrollo, nos encontraremos con un círculo vicioso en la organización del sistema productivo que se muestra, de esta forma, incapaz de ordenar adecuadamente los recursos autóctonos.

Las deficiencias de la comunicación interna, la desorganización del territorio, las carencias de servicios asistenciales mínimos en amplias comarcas, crea una situación de aislamiento, de dependencia externa e impide una adecuada articulación espacial y sectorial de la economía regional, en detrimento de la plena utilización de los recursos propios, de la acumulación de riqueza interna, de unos mínimos niveles de vida y, en definitiva, de la conformación de Castilla y León como Comunidad Autónoma.

Las deficientes comunicaciones hacia el exterior, salvo excepciones, han dado lugar a un relativo aislamiento que nos aleja de los centros de gravedad económica, tanto española como europea. pag. 375

El reto de la futura incorporación española a la Comunidad Económica Europea, que implica una profunda alteración de la división del trabajo, presenta un arma de doble filo: si nos adaptamos y la utilizamos correctamente en función de las ventajas comparativas que tenemos, puede suponer un gran paso adelante; en caso contrario, podemos sumirnos en un proceso de subdesarrollo irreversible.

La inadecuación dimensional, la gama de productos, la estructura de costos poco adaptada a los nuevos precios relativos, la inadecuación energética con la falta de aprovechamiento de las disponibilidades existentes de energías alternativas, son también problemas colaterales, eso sí, importantes.

Los avances en la resolución de estos problemas son las condiciones suficientes de la estrategia de desarrollo que hemos perfilado. Permitiría una apertura de los mercados exteriores a los productos castellano-leoneses, así como una mejor y mayor utilización de los recursos disponibles por la Comunidad, que en la actualidad están ociosos, mal utilizados, o lo están en beneficio de una acumulación ajena a la mayoría de los castellano-leoneses.

Hemos de tener en cuenta que el poder de compra, de demanda de la economía castellano-leonesa es, hoy por hoy, poco adecuada para introducirla como variable motriz en el proceso de crecimiento. Sólo la demanda externa puede actuar de tirón inicial, y ello nos obliga a cuidar sobremanera las ventajas de oferta y aprovecharlas convenientemente.

La estrategia de desarrollo que planteamos para Castilla-León supone, por lo tanto, conceder prioridad absoluta a aquellas medidas que impliquen: primero, la imbricación de los sectores industrial y agrario; segundo, la salida a los Mercados exteriores; tercero, el aumento de nuestras ventajas de oferta, y cuarto, el aprovechamiento efectivo, por iniciativas castellano-leonesas, propias e internas, de dichas ventajas.

Señorías, Castilla y León no es una Región extraordinariamente dotada de recursos económicos, pero nosotros no estamos de acuerdo con la postura fatalista que niega la existencia de posibilidades de desarrollo. La disponibilidad de los recursos es suficiente como para permitir un nivel de desarrollo apreciablemente superior al existente. Evidentemente, la tarea a realizar es considerable, y sería un tanto ingenuo pensar en soluciones inmediatas. Sin embargo, la Región presenta una serie de elementos sobre los que montar una clara estrategia que permita remontar la situación actual; a saber: primero, unos pocos núcleos industriales relativamente modernos que pueden servir de base para desarrollos complementarios y como tirón para industria más competitiva cercana a las producciones de la tercera era industrial. Segundo, una oferta de mano de obra con un nivel de cualificación general destacable y fácilmente susceptible de perfeccionamiento técnico. Tercero, una oferta de materias primas, minerales, energéticas y agrarias suficientes como para fundamentar un crecimiento económico superior al actual. Y cuarto, unos recursos financieros, actualmente excedentarios, que son exportados a otras regiones y utilizados en sectores productivos distintos de los predominantes en nuestra Región.

Y ahora ya, permítanme Sus Señorías que en esta breve introducción de mi parlamento ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes de la Comunidad de Castilla y León, exponga, en este segundo momento, las premisas teóricas que van a regir las actuaciones de nuestra política en el futuro, y regir también e inspirar nuestra estrategia de actuación que acabo de pergeñar.

De las teorías existentes, dos son las principales, a mi juicio, para describir el desarrollo regional: la neoclásica, que postula el equilibrio por movimientos de los factores productivos, y la de causación acumulativa, que predice el desequilibrio por concentración creciente de actividades en las regiones más desarrolladas. La política económica que se ha seguido en España desde mil novecientos sesenta, casi diría desde mil novecientos cincuenta y siete-cincuenta y nueve, para ser más precisos, hasta la subida al poder del Gobierno Socialista, ha sido la de adaptar las ideas del Informe del Banco Mundial (mil novecientos sesenta y dos) de que la industria debiera concentrarse en las regiones desarrolladas. Este informe aceptaba la discutible hipótesis de Williamson de que al aumentar el desarrollo económico, las rentas regionales tienden automáticamente a igualarse y que el PNB debe aumentarse de tamaño antes de que pueda ser redistribuido espacialmente.

Las consecuencias de esta política polarizadora han sido una reducción de las diferencias urbanas, eso sí; incrementándose, sin embargo, las urbano-rurales, de tal modo que en las regiones pobres, como es la nuestra, lo que se ha desarrollado son las ciudades mayores.

Con nuestro Estatuto de Autonomía y con el primer Gobierno Regional elegido democráticamente, tenemos la necesidad y la posibilidad de elaborar una política regional diferenciada; es decir, con la promulgación de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, la institucionalización política de las regiones y el traspaso de competencias a las Autonomías, se abre una etapa en la que los intereses y problemas específicos de la Región Castellano-Leonesa pueden ser explícitamente resueltos, ya que a partir de ahora podremos

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autónomamente fijar unos objetivos y disponer de instrumentos de política económica que nos permitan salir de esta situación de subdesarrollo en la cual estamos inmersos.

Nuestra elección teórica da lugar a la definición de una política económica regional específica, concreta e internamente coherente, que paso a exponer en sus objetivos. En primer lugar, principios, en segundo lugar, medidas e instrumentos.

Nuestro objetivo global, de acuerdo con lo ya manifestado en nuestro programa electoral, es la consecución de un desarrollo autocentrado de la economía de Castilla-León. Para ello es necesario: primero, la consecución de un desarrollo equilibrado. Segundo, pleno empleo de todos los recursos, no sólo humanos, sino también los de tipo financiero, físico, etcétera, mediante un crecimiento económico sectorial y espacialmente articulado. Y tercero, la redistribución de la renta.

A corto plazo, nuestra actuación va dirigida a la racionalización estructural de nuestra capacidad productiva con el fin de colocarnos en óptima posición para recibir, en las mejores condiciones posibles, los aires de expansión económica. Por lo tanto, a corto plazo, las medidas van encaminadas a conseguir: primero, la articulación de la Región en sus dos sentidos: productivo y espacial, que implica, entre otros muchos aspectos, la modernización de las estructuras productivas y la mejora de las comunicaciones internas. Segundo, la consecución de una tasa de crecimiento regional que evite la destrucción de puestos de trabajo y promueva nuevos empleos. Tercero, la mejora de la calidad de vida, expresada en una mejor dotación de servicios incidiendo especialmente en la dotación de servicios a las zonas rurales. Cuarto, detener el proceso de desacumulación manifestado, tanto en lo referente a la emigración como a la exportación de recursos financieros; es decir, en términos de capital humano y de capital financiero.

Dos son los grandes ejes sobre los cuales se está articulando nuestra política económica, de acuerdo con el programa de Gobierno que reiteradamente se ha expuesto. Y paso con ello a exponer principios y ejes: primero, la regionalización descentralizada. Segundo, la programación y planificación de nuestra economía. Repito, programación junto a planificación.

La regionalización descentralizada supone, por una parte, la coordinación inmediata a nivel regional de cuantos organismos e instituciones son de utilidad pública, tienen como ámbito de actuación nuestra Región y puedan contribuir, de esta forma, más eficaz y solidariamente a la consecución de los objetivos económico-sociales de un desarrollo equilibrado y autosostenido. Supone, por otra parte, la regionalización descentralizada, el control económico y financiero por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y, en cualquier caso, la participación y colaboración en su gestión de ésta y de los sectores y organizaciones sociales directamente interesados e implicados, así como la descentralización comarcal y local de aquellos servicios que puedan gestionarse más eficaz y racionalmente a este nivel por parte de sus habitantes.

La programación y planificación de la economía de nuestra Región se nos presenta como ineludible si pretendemos sentar las bases de un desarrollo armónico y homogéneo (sectorial y espacialmente ) y alcanzar los objetivos básicos que, tanto a medio como a largo plazo, ello implica.

Sobre la misma volveré después.

En pos de los objetivos y en base a los dos ejes enunciados, a los principios, paso a referirme a los principales instrumentos que pensamos utilizar. Permítanme antes explicarles el marco organizativo que hemos diseñado en la Consejería para poder utilizar adecuadamente los instrumentos económicos que pensamos articular.

En el momento de hacer cualquier valoración de la actividad realizada por la Consejería hasta el presente, es necesario no olvidar la peculiar situación de partida, que, en este caso concreto, se caracteriza por el hecho de que la Consejería no ha existido como tal hasta el uno de Junio del presente año, que los primeros nombramientos del equipo directivo se produjeron el uno de agosto, siendo sus únicos antecedentes la Intervención General y la Tesorería y un conjunto de unidades diseminadas por las diversas instancias y organismos; ello convirtió en imprescindible que la primera actividad a desarrollar por parte del Consejero fuese la de crear la estructura de la Consejería y dotarla de la infraestructura necesaria, tarea que acabamos de culminar en su primera fase.

La estructura diseñada lo ha sido con los criterios, tantas veces enunciados, de eficacia, racionalidad y economía del gasto. Es por ello que el campo abarcado es muy amplio y cada Dirección General tiene numerosas responsabilidades.

Como dispone el Decreto treinta... perdón, de treinta de Julio del ochenta y tres, sobre Estructura Orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, compete promover, proyectar, dirigir y ejecutar la política económica general, la programación y la planificación de la actividad económica, la gestión de la Hacienda Pública, la política comercial y la política financiera y crediticia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; atribuyéndole las competencias, funciones y servicios transferidos en materia de comercio interior, intervención de precios, ferias interiores y reforma de las estructuras comerciales y cuantas otras correspondan a

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la Comunidad en materia de organización económica general, hacienda y comercio, en el marco -eso sí- de la Constitución y de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.

Como Sus Señorías ya conocen, los órganos fundamentales de nuestra Consejería son: la Secretaría General, la Dirección General de Tributos y Política Financiera, la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, la Dirección General de Economía y Planificación, la Dirección General de Comercio, la Intervención General, la Tesorería General, el Gabinete de la Consejería y, en su momento -aún no, todavía-, las Delegaciones Territoriales.

Para mejor conocimiento de las actividades de esta Consejería, voy a referirme brevemente a las funciones de algunos de estos centros.

La Dirección General de Tributos tiene a us cargo las siguientes funciones: la gestión, liquidación, inspección y revisión de los tributos propios y la de aquéllos cuyo rendimiento haya sido cedido por el Estado, de acuerdo con lo que disponga la Ley de Cesión de Tributos. Las relaciones con la Administración del Estado en materias referentes a la fijación de porcentajes de participación en impuestos no cedidos. El estudio, propuesta y, en su caso, gestión de los recargos que procedan establecerse. Las que correspondan a la Consejería en relación con los intereses financieros de los Entes Locales de su Territorio, con las instituciones públicas y privadas de crédito, ahorro, mercado de capitales y Deuda Pública.

La Dirección General de Presupuestos y Patrimonio tiene a su cargo las siguientes funciones: el estudio y formación del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; la tramitación de los expedientes de crédito presupuestario y de las incidencias que surjan en la ejecución del Presupuesto; la gestión administrativa del Patrimonio de la Comunidad; la representación extrajudicial de ésta en los asuntos patrimoniales, así como el ejercicio en relación con los bienes de la Comunidad; la formación y conservación del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Castilla-León. Y, finalmente, la ordenación general de pagos, por delegación de este Consejero.

La Dirección General de Comercio ejerce sus competencias en las siguientes materias: intervención de precios, horarios comerciales, régimen de competencias y consumo, sin perjuicio de las competencias asumidas en esta materia por la Consejería de Bienestar Social, reforma de las estructuras comerciales, ferias y mercados interiores, y, asimismo, serán de su competencia las que en el futuro se asuman en materias correspondientes a comercio interior.

La Dirección General de Economía y Planificación tiene a su cargo las funciones de la formulación de las líneas fundamentales de la política económica regional. Igualmente, la elaboración y el seguimiento de los programas y planes económicos de Castilla y León. La negociación de la participación de la Comunidad Autónoma, así como el estudio sobre la ordenación de los proyectos de inversión pública en el ámbito regional.

Con este esquema organizativo estamos, pienso, en condiciones de abordar las medidas necesarias y el diseño y aplicaciones de los instrumentos de la política económica correspondientes a las funciones encomendadas a esta Consejería, y que ahora paso a diseñar.

Tal y como contemplan primeramente el programa electoral, y posteriormente las distintas intervenciones del Presidente de la Junta de Castilla-León, nuestra política económica se ceñirá a un Plan Regional en cuanto instrumento claramente definido que permita sentar las bases de un desarrollo armónico y homogéneo, a la vez que alcanzar los objetivos económicos, sociales y territoriales tanto a medio como a largo plazo.

Metodológicamente, el Plan Económico Regional se ajusta a los establecidos en la Comunidad Económica Europea, que informan también los realizados o en vías de realización en otras Comunidades Autónomas. Esta metodología, que permite ajustarnos a unas normativas de ayuda internacional que en el futuro, con la integración en la CEE, podemos recibir, desarrolla el Plan en cinco capítulos.

El primero, ya concluido, se centra en un diagnóstico de la situación económica y social de Castilla y León, concretando los problemas centrales, cuya superación, por permitir el desarrollo económico, serán objeto de una actuación prioritaria concentrando sobre ellos la mayor parte y los más potentes instrumentos en la medida de nuestras competencias.

El Plan Económico Regional, que parte del diagnóstico y la estrategia definida anteriormente -diagnóstico ya elaborado, estrategia definida-, incorporará unos capítulos referentes a las medidas, las inversiones públicas a realizar y los medios financieros disponibles.

Buena parte de las medidas contempladas se han ido poniendo en marcha por la Junta en virtud de las competencias ya asumidas. Otro tanto cabría decir de los programas de inversiones públicas a ejecutar por la Junta, cuyo diseño y coordinación ha sido encomendado al ya creado por nuestra Consejería y aprobado por la Junta, Comité de Inversiones Públicas, a propuesta, como digo, de la Consejería de Economía.

Dado que la determinación de la cuantía de las

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inversiones públicas, la financiación de las mismas y el seguimiento de su ejecución, son actividades de suma transcendencia dentro de las tareas de planificación, y que es propósito de la Junta de Castilla y León que las actuaciones en dichas materias se lleven a cabo con la máxima coherencia y coordinación posible, se creó, por ello, el Comité de Inversiones Públicas, adscrito a la Dirección General de Economía y Planificación, como órgano de carácter informativo, consultivo y de seguimiento en materia de inversiones públicas.

Aunque de reciente constitución, su labor, sin embargo, ha sido muy intensa.

Uno de sus primeros trabajos ha consistido en la discusión de una serie de criterios que actúen como guía en la necesaria determinación de los proyectos de inversión a realizar por la Junta.

En base a los objetivos y estrategia definidos en el Plan Económico Regional, el Comité ha considerado los siguientes criterios de asignación de la inversión por sectores (inversión pública).

Un primer nivel, o nivel macroeconómico, en el que se consideran las prioridades sectoriales definidas en el Plan Económico y el grado de compromiso de la Junta en cada sector, dado el nivel de competencias y la inversión de otras Administración Públicas.

Un segundo nivel o microeconómico, en el plano microeconómico, en el que se atiende a la generación de empleo tanto permanente como durante la ejecución del proyecto, a los efectos inducidos sobre otros sectores y a la rentabilidad financiera de la inversión, tanto interna como inducida.

Con estos criterios, y en base a los dos primeros capítulos del Plan Económico Regional antes aludidos (diagnóstico, objetivos y estrategia), el Comité, teniendo en cuenta el nivel de transferencias y el ritmo en la asunción de las restantes, se encuentra ahora trabajando en la confección de un programa cuatrienal de inversiones a ejecutar por la Junta, de carácter deslizante y abierto, que junto al Programa de Inversiones de la Administración Central para Castilla y León, compongan un marco definido, coherente y eficaz de la inversión pública regional dentro del Plan Económico Regional (hasta ahora ni siquiera previsto como necesidad para nuestra Región).

Finalmente, el Comité, utilizando los criterios anteriores, está concretando los proyectos de inversión, repito, está concretando los proyectos de inversión incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial para mil novecientos ochenta y cuatro, y que corresponden a nuestra Comunidad, ya que parte importante corresponde a la Administración Central su determinación.

La labor a desarrollar a corto plazo por el Comité, además de la confección del Programa de Inversiones Públicas y Regional aludido anteriormente, y de concretar para cada año los proyectos a incluir en el Fondo de Compensación Interterritorial y en el Fondo de Compensación Regional, se concentrará, se centrará en el seguimiento y coordinación del conjunto de la inversión pública en la Región, tanto de la Administración Central, como de las Diputaciones, y como, sobre todo, de la Junta. Esta labor de seguimiento entendemos que es fundamental para la propia eficacia de la actuación pública, y aparece como una exigencia en el caso de los dos Fondos aludidos, de Compensación Interterritorial y regional.

Como he indicado anteriormente, una de las primeras realizaciones del Comité de Inversiones Públicas ha consistido en la elaboración del programa de inversiones a financiar con cargo al Fondo del próximo ejercicio, a aprobar con posibilidad por la Junta.

El Fondo de Compensación Interterritorial, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado recientemente por el Senado, y ha pasado ahora o va a pasar uno de estos días al Congreso, como primer mecanismo alternativo para lo normal, constituye el instrumento básico de la financiación de las inversiones a realizar en las Comunidades Autónomas, yo diría, subdesarrolladas.

Para mil novecientos ochenta y cuatro, de un total de inversión nueva a nivel de Estado de quinientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesetas, el cuarenta coma cuatro por ciento (es decir, doscientos nueve mil millones), constituye el Fondo. Con los criterios de reparto regional recogido en el Proyecto de Ley que ha presentado el Senado, diecinueve mil ciento dieciséis coma dos millones corresponden a Castilla y León, representando esta cifra el nueve coma cinco del total del Fondo.

En base al artículo 16.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en adelante, el Estado y las Comunidades Autónomas determinan, en el seno del Comité de Inversiones Públicas nacional, de "común acuerdo" (entre comillas el "común acuerdo"), y según la distribución de competencias, los proyectos en que se materializan las inversiones realizadas con cargo al Fondo.

Dado el proceso de asunción de competencias, a nuestra Comunidad le corresponden diez mil novecientos cuarenta y tres coma nueve millones de pesetas en proyectos propios, a ejecutar por ella, de determinar por ella; siendo el resto dedicado a financiar proyectos de competencia aún todavía estatal, aunque asumibles en un futuro.

En las negociaciones realizadas en el seno del Comité de Inversiones Públicas Nacional, con el fin de alcanzar el "común acuerdo", (entre comillas), pag. 379

por primera vez se ha logrado introducir prioridades netamente regionales y, con ello, el Fondo de Compensación Interterritorial del ochenta y cuatro responderá a la estrategia de desarrollo definida en el Plan y a los Criterios de priorización expuestos anteriormente.

Pese a que la filosofía del Fondo y los proyectos en él incluidos para el ochenta y cuatro responden en gran parte a las prioridades económicas regionales, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio no se puede declarar totalmente satisfecha con lo realizado, y ello fundamentalmente por los problemas colaterales a esta primera etapa del proceso autonómico, dominada por la transitoriedad de las transferencias.

En efecto, el "común acuerdo", entre comillas, al que antes aludíamos, se encuentra muy mediatizado, en primer lugar por el nivel de competencias asumidas y en segundo lugar, por la subrogación que realiza la Comunidad de todos aquellos proyectos programados y en vías de realización por organismos de reciente asunción. Este mecanismo resta de hecho, de hecho, autonomía a la Comunidad en la programación de sus inversiones, impidiendo en algunos casos la aplicación efectiva de sus prioridades.

Otro de los instrumentos básicos de los precitados es -y por primera vez me voy a referir a él- el Fondo de Compensación Regional, Intrarregional.

Como Sus Señorías conocen, nuestra Comunidad Autónoma no presenta niveles de vida homogénea en toda su extensión geográfica. Más bien, las disparidades de renta y de riqueza son dramáticamente considerables. Su reducción es un objetivo de primera entidad, no solamente por un elemental principio de solidaridad, sino también por un deseo de aumentar la cohesión interna de las tierras castellano-leonesas cuya unidad no sería posible sin la solidaridad.

Por ello, nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.1 nos obliga a implantar un Fondo de Compensación Regional que consagre dicho principio de solidaridad entre los territorios castellano-leoneses.

Es un objetivo de la Junta, repetidamente definido, el de informar todas sus acciones en el principio de acción discriminada en favor de los medios menos desfavorecidos, perdón, menos favorecidos. Otro objetivo, igualmente pregonado con tanta o mayor intensidad, es el de actuar eficazmente sobre las causas del subdesarrollo y la pobreza. El Proyecto de Ley del Fondo de Compensación Regional que estamos en vía de elaboración, por parte de esta Consejería, y que será presentado a estas Cortes para su discusión y aprobación (y esto es un compromiso formal), antes de terminar esta legislatura, este período, para su aplicación durante el ejercicio del ochenta y cinco, se fundamenta en dichos objetivos y principios. Pretendemos que, en base al objetivo de equidad y el principio de solidaridad, una parte importante de las inversiones de la Comunidad sean asignadas territorialmente, buscando dentro de ellas aquellas inversiones en infraestructura que mayores niveles de renta y de riqueza puedan generar; combatiendo, con el principio de eficacia, las causas del subdesarrollo en cada zona del conjunto regional; no actuando sólo, repito, sobre el principio de solidaridad intrarregional, sino sobre principio también de eficacia y rentabilidad, sobre, en definitiva, las causas que originan el subdesarrollo y las discrepancias del desarrollo dentro de la Región.

No pretendemos en absoluto traspasar miméticamente los criterios de distribución y el resto de la normativa considerada en el Fondo de Compensación Interterritorial del Estado. Por ello se están realizando diversos estudios que nos permitan definir una serie de indicadores aproximativos de la realidad de las desigualdades intrarregionales, considerando también características específicas enunciadas en nuestro Estatuto, como son las zonas de montaña y las comarcas extraordinariamente deprimidas que merecen un trato especial.

Como ya he señalado, la política económica a desarrollar en nuestra Región debe tomar como marco de referencia la futura incorporación española a la Comunidad Económica Europea. Castilla y León, al igual que el conjunto de otras regiones y nacionalidades de España, se juega mucho con dicha decisión y, en consecuencia, la Junta, como el resto de las instituciones y organismos con responsabilidades públicas o semipúblicas, no puede en absoluto marginar el tema, por mucho que los últimos avatares políticos generen problemas y aplazamientos en las negociaciones de adhesión.

La incorporación de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea, en adelante, presenta indudables ventajas e inconvenientes a nuestra estructura productiva que deben ser abordadas rápidamente. La generalidad del sector industrial (la industria estandarizada, obsoleta en la gama de productos, minifundista, volcada al mercado interior, etcétera) puede sufrir un duro impacto con el incremento de la competencia derivado del desarme arancelario. El sector agrario parte de previsiones más optimistas, pero no por ello deja de presentar problemas capitales para el desarrollo de la Región; producciones animales y vegetales tan importantes como leche de vaca y remolacha se prevén perjudicadas, afectando con ello una de las más importantes vías de acumulación agraria y económica que ha presentado la

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Región en las últimas décadas. Por el lado positivo (ya hemos visto las posibles desventajas), la integración supone ventajas no desdeñables para la generalidad de productos agrarios, para pocos industriales, especialmente los mineros, y el acceso a instituciones comunitarias como el Banco Europeo de Inversiones, la CECA, el Fondo Social, el FEOGA y el FEDER que pueden aportar instrumentos potencialmente muy utilizables, y utilizados ya por otras regiones e interesantes para esta Comunidad. La propia integración portuguesa es otro elemento favorable que potenciaría a Castilla-León como zona de paso proporcionándole ventajas locacionales.

La integración en la CEE debemos observarla como un dato al que finalmente tendremos que atenernos, como una variable que está ahí, exógena diríamos. Esto no significa que los castellano-leoneses tengamos que permanecer impasibles en el proceso negociador; es conveniente que nuestra voz y problemas sean conocidos y considerados por los negociadores españoles. Pero también es cierto que el acervo comunitario no es negociable y, producida la integración, tendremos que adaptarnos a él.

El proceso de adaptación hay que empezarlo, pues, cuanto antes, y esto influye sobre la estrategia de desarrollo que preconizamos, pues debe actuarse sobre la estructura de productos y poner rápidamente en marcha una serie de medidas encaminadas a la mejora y racionalización del, y sobre todo, aparato productivo.

En otro nivel, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio ha empezado a tomar medidas que inciden en dicha dirección, primeras y tenues medidas, eso sí, embrionarias diría yo, y recientemente se ha firmado un convenio con la Universidad de Valladolid y con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo (CIHEAM), el cual, desarrollado mediante una serie de programas previstos (el primero ya se ha firmado), pretende contribuir a la formación de especialistas castellano-leoneses en la normativa comunitaria. El primer programa, comprometido en la misma firma del Convenio, tiene por finalidad la formación de un grupo de funcionarios de la Junta en temas de la CEE, e incluso con estancias en organismos comunitarios, al objeto de que su formación alcance el aprendizaje imprescindible de los procedimientos administrativos. Con ello damos un primer paso en el imprescindible reciclaje que la Administración Autonómica, yo diría aprendizaje, debe sufrir con la integración. Por otra parte, el Convenio puede resultar potencialmente muy útil para iniciar otros contactos con autoridades comunitarias antes de la misma adhesión y, a la vez, para otra serie de programas que están en previsión.

En la misma línea, la Consejería tiene prevista la conclusión de un acuerdo con las Cámaras de Comercio e Industria en la misma línea de acercamiento o de previsión de acercamiento al Mercado Común; repito, la Consejería tiene prevista la conclusión de un acuerdo con las Cámaras de Comercio e Industria de la Región y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valladolid, mediante el cual se facilitará a las empresas castellano-leonesas toda la información relevante sobre normativa y mercados existentes en la CEE con el fin de que éstas puedan adaptar sus procesos de producción.

Este convenio no interesa solamente para facilitar la adaptación a las nuevas complejidades que implicaría la incorporación, sino que, adaptadas antes de ella, permitiría incrementar la exportación salvando las barreras del nuevo proteccionismo que constantemente está imponiendo la CEE a los miembros no integrados, evidentemente.

Por último, en el marco del Consejo Económico que, ya anuncio, pretendemos crear y del que hablaré posteriormente, se fomentará el estudio de propuestas entre todas las fuerzas económicas y sociales de la Región que permita no sólo definir las peticiones a los negociadores españoles encargados de la incorporación, sino también diseñar mecanismos e instrumentos que contribuyan a una mejor adaptación de la economía castellano-leonesa; razón por la cual el Consejo Económico no se creará solamente en función de la necesidad que generará el plano económico que prevemos, sino incluso con anterioridad, por las necesidades que crea este proceso de integración.

No deseo concluir este apartado sin señalar que, tal como preveíamos en nuestro programa, está en un avanzado grado de gestación la creación del Instituto de Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León como organismo con personalidad jurídica propia, cuyas misiones serán la confección de los estudios necesarios para la elaboración de los Planes Económicos, la realización y promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad económica y social de nuestra Región, tanto para la Junta como para otras instancias sociales y económicas de la Región, el seguimiento de la coyuntura económica, la recopilación y ordenación de datos, la confección de series estadísticas de naturaleza económica y, en general, el fomento de la investigación económica sobre Castilla y León, así como su difusión.

Pretendemos crear un Instituto meramente y fundamentalmente técnico y científico, que abarque todos aquellos temas imbricados en el desarrollo económico y que, utilizando y coordinando los recursos investigadores regionales, sea capaz de elaborar todos aquellos estudios que permitan

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un mejor conocimiento de la realidad y, en consecuencia, suponga una ayuda en la toma de decisiones de todos los agentes de la Comunidad.

El Instituto de Desarrollo y Planificación, que viene a sustituir al Instituto de Economía de Castilla-León, tendrá su sede social donde se ubique la sede del Gobierno Regional. Y ésta es nuestra propuesta, sede social, repito. Y se estructurará en secciones temáticas a localizar, a ubicar en diversas ciudades castellano-leonesas, atendiendo únicamente a criterios de racionalidad y eficacia investigadora.

Señorías, la política económica de la Junta de Castilla y León debe encaminarse a conseguir, entre otros objetivos, la reactivación general de todos los sectores económicos, la reestructuración de algunos sectores y una distribución más justa y racional de las rentas derivadas del proceso económico. Pero cualquier política que no esté en contacto continuo con todas las fuerzas económicas y sociales afectadas, no sería democrática e iría en perjuicio de su propia efectividad como tal política.

Estimamos, por ello, pues, conveniente la creación, como antes anunciaba, de un Consejo Económico Social que sirva como foro de estudio y discusión de la Política Económica Regional a corto, perdón, a medio y largo plazo, a fin de lograr la pronta superación de la crisis, el reparto de las cargas que de ella se derivan y la superación de los males estructurales que aquejan a nuestra economía Regional. El CES será, pues, el organismo consultivo a través del cual los sectores regionales interesados participarán, de hecho, con el Gobierno Regional, en el estudio y deliberación de la política económica regional. No solamente en el plan económico, como se puede considerar a nivel estatal. Estará compuesto por representantes de los distintos sectores económicos (sindicatos, organizaciones de agricultores y ganaderos, organizaciones empresariales, asociaciones de usuarios y consumidores, entidades de crédito, corporaciones de derecho público, Universidades, etcétera).

Paso ahora, después de haber hecho un discurso sobre el análisis, estrategia, principios, objetivos e instrumentos centrales de la política económica que prevé esta Consejería, en el marco de la Junta de Castilla-León, a considerar ante Sus Señorías otros planes derivados de las funciones y competencias asumidas por la Consejería y de la estructura orgánica ya diseñada. En definitiva, paso a considerar ante Sus Señorías la Hacienda regional en sus vertientes tributaria, financiera y presupuestaria; los objetivos, trabajos y empeños en que se encuentra embarcada nuestra Consejería, y sus centros directivos.

Nuestra Autonomía, que jurídicamente nace con la Ley Orgánica número 4/1983, de veinticinco de Febrero, por la que se aprueba el Estatuto, se debe construir día a día por la Junta, por las Cortes, por las demás instituciones y, desde luego, por el pueblo de Castilla y León. Pero una autonomía política determinada por las competencias que el Estatuto atribuye a nuestra Comunidad (siempre se ha dicho, pero no por ello es tópico), difícilmente será posible y completa si no va acompañada de una verdadera autonomía económica. ¿Va a contar la Comunidad Autónoma de Castilla y León con la necesaria autonomía económico-financiera? Señorías, la Constitución Española garantiza esta autonomía para todas las Comunidades al establecer, en su artículo 156, que "las Comunidades Autónomas gozarán de Autonomía Financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

El régimen general de financiación de las Comunidades Autónomas se recoge en el artículo ciento cincuenta y siete, que dispone: "Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

A) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

B) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

C) Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

D) Rendimientos procedentes de sus patrimonios e ingresos de derecho privado. Y

E) El producto de las operaciones de crédito."

Este precepto constitucional ha sido desarrollado por medio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de veintidós de Septiembre de mil novecientos ochenta (LOFCA).

A través del sistema establecido por la LOFCA, se garantiza efectivamente a las Comunidades Autónomas la cobertura del coste de los servicios públicos asumidos. Esquemáticamente, se pueden distinguir dentro de dicho sistema tres bloques financieros:

Un conjunto de medios de cobertura del coste de los servicios transferidos.

El Estado, que prestaba una serie de servicios públicos ahora transferidos, o en vía de serlo, a las Comunidades Autónomas, incurriría en unos costes. A través de este bloque financiero, previsto por la LOFCA, se pretende cubrir exactamente dichos costes de los servicios que cubría el Estado.

Los mecanismos disponibles son dos. Por una parte, la cesión a las Comunidades Autónomas de ciertos tributos en proceso ya. Y por otra parte, la

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participación de las Comunidades Autónomas en los rendimientos de los tributos estatales no cedidos, a determinar ese porcentaje de participación, previa decisión del método por la Comisión Mixta, como después diré, de nuestra Comunidad.

En segundo lugar, un segundo bloque, formado por los mecanismos de redistribución, para lograr materializar el principio de solidaridad interterritorial. Los recursos previstos, dentro de la LOFCA en este segundo bloque, son los ya citados del Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones presupuestarias del Estado, que permiten garantizar a la Comunidad un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos.

Y en tercer lugar, por último, en la LOFCA se prevé un tercer bloque de financiación autónoma, cuyo establecimiento vendría justificado por una mejora en el nivel de prestación de los servicios, dado que su prestación a los niveles actuales está garantizada por las otras vías ya citadas. Los instrumentos financieros serán la creación de tributos propios o el establecimiento de recargos sobre determinadas figuras tributarias del Estado.

Nuestro Estatuto de Autonomía recoge todos estos recursos financieros en su artículo treinta y cinco, clasificándoles, sin embargo, de modo algo diferente.

Dado que la Comunidad Autónoma está viviendo en estos momentos un proceso, repito, un proceso, una situación transitoria de negociación con la Administración del Estado, cuyo resultado es la transferencia de diversas funciones y servicios que implican unos costes, es lógico que, en paralelo, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio avance por la vía de consolidar los mecanismos de financiación previstos en la LOFCA. La actividad de la Consejería, a través de la Dirección General de Tributos y Política Financiera (y paso ya a realizaciones concretas en relación con el bloque financiero) se ha materializado principalmente en la preparación y negociación de la cesión de tributos. Respecto a la participación de la Comunidad Autónoma en los impuestos estatales no susceptibles de cesión, segundo lugar del otro gran bloque, quedará dicha participación, dicho porcentaje de participación, determinado antes del uno de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro, según el compromiso asumido por el Estado en el artículo diecisiete coma uno, perdón, diecisiete punto uno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, aún hoy debatiéndose, para mil novecientos ochenta y cuatro, de ahí que la fecha aún pueda variar.

Nuestro Estatuto de Autonomía dispone, en la Disposición Transitoria Cuarta, que la Comisión Mixta, a este respecto, integrada paritariamente por representantes de nuestra Comunidad, y de la Administración del Estado, adoptará un método, (el método lo adopta, repito, la Comisión Mixta), encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto, teniendo en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios (y aquí está el problema de la determinación del porcentaje), así como los gastos de inversión que correspondan. Pues bien, es propósito de la Comisión Mixta, aunque no me corresponda a mí enunciarlo, pero sí lo conozco por ser miembro de la misma, cumplir rápidamente este mandato estatutario.

Por parte de la Consejería, y en relación con el mismo, se están ya efectuando los cálculos precisos para la cuantificación de dicho porcentaje de participación.

He indicado a Sus Señorías que la Dirección General de Tributos y Política Financiera de mi Consejería ha empleado hasta la fecha sus mayores esfuerzos en el estudio y negociación con la Administración del Estado de las transferencias de servicios que llevará consigo la cesión de tributos. Y esto ha sido así porque en dicho campo se van a asumir rápidamente responsabilidades de gestión y el adecuado funcionamiento de la Comunidad, (y esta afirmación, diría, casi tendría que ser hecha con tono solemne), el adecuado funcionamiento de la Comunidad dependerá en buena medida de cómo se lleve a cabo aquella gestión y de cómo se haya llevado a cabo dicha negociación con la Administración Central.

Quiero resaltar a Sus Señorías la importancia que la cesión de tributos va a tener para la Comunidad. Enmarcar las condiciones en que la misma se va a producir y las implicaciones que va a suponer para nuestra joven Administración, para que desde esta perspectiva puedan ya juzgar lo adecuado de nuestras actuaciones o lo inadecuado, y nuestras previsiones de acción a corto y medio plazo en este campo.

Dentro de la unidad del sistema fiscal del Estado y permaneciendo éste como titular de las figuras tributarias que lo forman, va a delegar el mismo en nuestra Comunidad Autónoma, lo mismo que en las demás Comunidades, el ejercicio de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de varias de aquellas figuras tributarias. Los tributos en trámite de cesión son: el impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas (en un próximo futuro, impuesto sobre el Patrimonio Neto). El impuesto General de Sucesiones. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (sin embargo, no en todos sus hechos imponibles). El impuesto sobre el Lujo, en la modalidad de devengo en destino. Y las tasas y demás exacciones sobre el Juego.

Prevemos, por el ritmo de las negociaciones y de los trabajos, que la cesión efectiva de tributos pag. 383

se va a producir durante el primer trimestre de mil novecientos ochenta y cuatro. Posiblemente no el día uno de enero, como se proyectaba inicialmente, pero sí desde el momento en que se cumplan las condiciones normativas establecidas ya, o por establecer, en curso. En cuanto a las primeras, las Cortes Generales deben aprobar una Ley del Estado en la que se especifique el alcance y las condiciones de la referida cesión con carácter general para todas las Comunidades Autónomas (está en proceso ya, y en Comisión de las Cortes Generales, del Congreso), y además una Ley específica de cesión de tributos a nuestra Comunidad Autónoma.

En cuanto a las segundas, se tiende a considerar condición necesaria (y es una condición de hecho también) para la cesión, el hecho de que el coste efectivo de todos los servicios transferidos a la Comunidad Autónoma supere el rendimiento esperado y previsto de los tributos cedidos. Y podemos estimar, después de diversos estudios, que estos requisitos se van a cumplir en el transcurso de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que desde ahora nos estamos organizando para poder gestionar con éxito todo este campo tributario; es decir, los cinco, las cinco figuras que en él se contemplan. Si fallamos en nuestra gestión tributaria, como antes decía, difícilmente se podrán lograr los objetivos fijados por la Junta de Gobierno en nuestra Comunidad, ya que faltarán, como antes decía y repito porque el tema... preocupa hondamente a esta Consejería, faltarán los medios para conseguirlos.

Para poder llevar a cabo la gestión de los tributos cedidos se precisa contar con los servicios adecuados. Estos van a ser transferidos por la Administración del Estado. Si a las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León se están presentando importantes dificultades en la negociación de las transferencias por bloque, debido a la indefinición y no contabilización, hasta el presente, por la Administración del Estado, de los costes efectivos de cada servicio, y sobre todo los costes indirectos, y esto cuando dichos servicios se transfieren en su totalidad a nuestra Comunidad Autónoma, consideren Sus Señorías cuán ardua es la cuantificación y la puesta en común acuerdo, en este campo tributario, ya que la transferencia es parcial y a veces indivisible. El Estado, con sus servicios centrales y periféricos, constituidos éstos por las Delegaciones y las Administraciones de Hacienda, va a seguir gestionando los restantes tributos del sistema fiscal: Impuestos de la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades; impuesto General sobre el Tráfico de Empresas; impuestos especiales, etcétera.

Los servicios estatales van a seguir funcionando, independientemente de que ahora, con motivo de la cesión de tributos de las Comunidades Autónomas, deban dividirse y en parte transferirse a éstas. ¿Cómo determinar en estas condiciones los costes directos e indirectos periféricos y, más aún, y sobre todo (éste es el problema central), los costes directos e indirectos centrales, para fijar el total de los factores humanos y materiales que deben pasar a nuestra Comunidad? La Administración del Estado ha hecho una propuesta de transferencia de funcionarios de cada una de las nuevas Delegaciones de Hacienda existentes en nuestra Comunidad. Según los criterios seguidos, y después de una ardua negociación, deben pasar a la Comunidad por estar directamente afectados los funcionarios que actualmente realizan las funciones de gestión-liquidación de los tributos cedidos, y, por vía indirecta, otros funcionarios para realizar las restantes fases del proceso tributario: fiscalización, valoración, inspección y recaudación y revisión. Nuestra Consejería ha analizado las propuestas y, no estando de acuerdo con las primitivas y con los criterios de la Administración Central, las ha negociado arduamente, delegación por delegación, estudiando "in situ" la adecuación de la transferencia de funcionarios a las necesidades de gestión de las nuevas unidades tributarias. De este modo se ha logrado mejorar, cuantitativa y cualitativamente, los efectivos humanos que se nos ofrecían y con que vamos a contar en un futuro inmediato y que van a tener la responsabilidad de la gestión tributaria en cada una de las provincias.

El proceso, en cuanto afecta a las negociaciones sobre la transferencia de los servicios periféricos, está cerrado, habiéndose firmado ya un acta de conformidad entre nuestra Consejería y las Delegaciones de Hacienda el viernes dieciocho de Noviembre pasado. Conviene que en esta importante ocasión, en que comparezco ante los representantes de nuestro pueblo castellano-leonés, manifieste a Sus Señorías la satisfacción personal que tengo por el espíritu de colaboración y de cooperación que ha existido entre nuestra Administración y la Administración del Estado, en este tema, espíritu éste que va a reinar en nuestras futuras relaciones dada la especificidad del campo tributario, y que nos ha llevado a sentirnos orgullosos de construir y de estar construyendo de esta forma nuestra Autonomía, en el convencimiento de que simultáneamente hacemos Estado.

También quiero exponer a Sus Señorías, aunque el hecho pueda ser juzgado de secundario, que en nuestras visitas a cada una de las Delegaciones de Hacienda (y yo no lo considero secundario) hemos tenido contacto personal con los funcionarios que van a pasar a nuestra Comunidad y les hemos transmitido la gran esperanza que tenemos depositada en ellos y la confianza en el éxito

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de nuestra gestión conjunta. Es un objetivo básico para nosotros formar un óptimo equipo humano, porque tenemos el convencimiento de que, apoyados en él, lograremos cubrir los ambiciosos objetivos políticos que nuestra Comunidad Autónoma espera de su Junta de Gobierno.

Es interesante resaltar, además, que las unidades a transferir a la Comunidad Autónoma van a empezar a funcionar, desde ahora, de forma totalmente separada de las Delegaciones, aunque dependiendo de la Administración del Estado todavía. Este período de rodaje, negociado y acordado, nos dará mayores garantías de que al asumir las transferencias no nos lancemos hacia lo desconocido y arriesguemos con ello el funcionamiento general de la Comunidad.

Debo reconocer que, junto al optimismo por la organización de nuestros servicios tributarios periféricos, siento sin embargo, también, una honda preocupación por cómo quedarán organizados los correspondientes servicios centrales. Y esto va en relación con las dificultades de negociación de la valoración de los costes indirectos, sobre todo de los servicios centrales a que antes hacía referencia. Nuestra previsión, en cuanto a estructura de apoyo a las nueve Delegaciones Provinciales, es sobria, mínima diría, insuficiente totalmente, figurando en el organigrama previsto, tres servicios: de gestión, de inspección y de coordinación, y varias secciones. Lógicamente, nuestros servicios centrales deberían ser cubiertos por las transferencias de los servicios centrales del Estado, pero aquí se asiste a una marcada indivisibilidad de los factores. Confiamos, sin embargo, poder cubrir los puestos básicos a partir de las negociaciones que en estos próximos días (están ya apalabradas para la semana que viene), vamos a llevar a cabo con la Administración del Estado a su más alto nivel en esta área, e intentaremos dotar el resto de las necesidades a través de la oferta pública de empleo. El punto, no obstante, es de una especial delicadeza e importancia de cara a un futuro.

Y quiero concluir este apartado relativo a la próxima cesión de tributos estatales señalando a Sus Señorías, para que enmarquen mejor la importancia que el tema reviste para la Comunidad, la potencia recaudatoria de dichos tributos.

Por años, en las nueve provincias de nuestra Comunidad, se han recaudado: en mil novecientos setenta y nueve, ocho mil ciento veintiséis millones de pesetas.

En el ochenta, nueve mil doscientos once.

En el ochenta y dos, doce mil setecientos dieciocho.

Y hasta el treinta y uno de Octubre del presente año, trece mil ciento cuarenta y cinco millones de pesetas. Les ahorro el desglose porcentual, pero sí quiero decir que prevemos alrededor de quince mil millones de pesetas para final de año en la recaudación (o por encima de esta cifra), y que incluso crecerá más que proporcionalmente durante el ochenta y cuatro. Y esto lo hago para que destaquen la importancia, no solamente de este paquete de tributos que se nos va a ceder, sino la importancia de la adecuada valoración de los costes de la transferencia y, por lo tanto, de una posible adecuada gestión.

En el ámbito también de nuestra actividad tributaria, quiero comunicar a Sus Señorías los proyectos que a corto plazo tiene mi Consejería respecto a las tasas; tema arduo, difícil, yo diría que casi escabroso.

Estos tributos se fundamentan en el "Principio del Beneficio", aunque sin olvidar el de capacidad de pago y, como señala el artículo 35.1.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, son la contraprestación a recibir por nuestra Hacienda Autonómica, por la utilización del dominio público, por la prestación de la Comunidad de un servicio público o la realización de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.

Según dispone el artículo 7.2 de la LOFCA, "cuando el Estado transfiera a las Comunidades Autónomas bienes de dominio público para cuya utilización estuvieran establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas, se considerarán como tributos propios de las respectivas Comunidades".

Tenemos, pues, un campo tributario que ya es propio, que debo reconocer, reviste especial complejidad, dadas las dificultades de regulación y de gestión que presentan estas figuras tributarias.

Inmediatamente y en nuestro propósito se va a elevar a estas Cortes de Castilla-León un Proyecto de Ley para la actualización de los tipos de tasas de cuantía fija; de forma que adecúen a los incrementos de costes, originados por la inflación, en que la Administración Autónoma incurre al prestar sus servicios; esta modificación tributaria, que la adecúe, que según la normativa vigente exige reserva de Ley, por motivos de economía y eficacia, tal vez, tal vez, les anuncio, puede ser incluida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de mil novecientos ochenta y cuatro.

También a corto plazo vamos a racionalizar los procesos de gestión de las tasas, teniendo en cuenta que las mismas se liquidan en los puntos en que se prestan los servicios, es decir, de forma totalmente descentralizada. Pero a veces de forma excesivamente descoordinada.

Y, a un plazo medio, realizaremos un estudio

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pormenorizado de los costes de los servicios prestados, para fundamentar una modificación más radical de estos tributos.

Y ahora ya para concluir con esta exposición del área tributaria, quiero indicar a Sus Señorías que no tenemos previsto a corto plazo crear ningún nuevo tributo. Nuestro trabajo se centra en gestionar eficazmente, y ése será nuestro objetivo, las figuras tributarias cedidas o propias que les he señalado, actuando en todo momento con el rigor que exige el fenómeno fiscal. Este es un propósito a corto plazo, en esta legislatura.

Vamos a dedicar especial atención, eso sí, ya desde ahora, desde el momento en que se me transfieran los tributos cedidos, dedicar, digo, especial atención a combatir el fraude fiscal, por todas las implicaciones distorsionadoras y de injusticia social que conlleva.

En España, y con relación a todos los impuestos, se calcula que hoy este fraude supera el billón de pesetas. No podemos estimar por el momento a cuánto puede ascender en nuestra Comunidad Autónoma en relación a los tributos cedidos, pero debe llegar a un montante importante, dado que se trata de impuestos y tasas que han estado casi olvidados por la Inspección. Y éste es un dato real de nuestra Comunidad.

También tenemos como objetivo el que nuestro sistema tributario esté perfectamente articulado y colabore con las haciendas estatales y locales.

Los recursos tributarios señalados van a constituir, junto con el Fondo, la dotación principal del Presupuesto de la Comunidad Autónoma del ochenta y cuatro. A corto plazo, no proyectamos (a corto plazo, repito) emitir Deuda Pública. Por otro lado, la política de endeudamiento global de la Comunidad, de la Junta, perdón, se enmarcará dentro de la política financiera más amplia de la Junta.

En nuestra Región existe un estrangulamiento financiero, que actúa con otras variables, como restricción fundamental en la consecución del objetivo de desarrollo regional. El funcionamiento del sistema financiero lleva a la transferencia espacial del ahorro, ya lo cité antes, desde nuestra Región hacia otras más industrializadas. Es, pues, necesario, para atajar o para anclarnos con este fenómeno de transferencias de recursos propios financieros, articular un sistema financiero regional, canalizar progresivamente el ahorro regional en la financiación y hacia la financiación de inversiones regionales públicas y privadas, y generar unas vías de financiación preferentes, de créditos a largo plazo, para los sectores claves impulsores del desarrollo del empleo en nuestra Región.

La consecución de estos objetivos, mediante la utilización de los instrumentos y la implantación de las medidas adecuadas, está condicionada por las limitaciones jurídico-políticas-institucionales que establece la Constitución al atribuir competencias exclusivas al Estado en materia de política financiera. Nuestra Comunidad, sin embargo, puede asumir las competencias sobre Ordenación del Crédito, Banca y Seguros, pero recurriendo (y éste será nuestro propósito a medio plazo) al procedimiento previsto en el artículo 150.2 de la Constitución; es decir, delegación mediante Ley Orgánica.

Pero sí tenemos competencia, si no tenemos competencias en este campo de tipo exclusivo, sin embargo sí que tenemos competencias de desarrollo y ejecución, y este dato es ciertamente básico, de la legislación básica del Estado (habría que dilucidar qué se entiende por delegación, perdón, por la legislación básica muy detenidamente) en materia de organización, régimen y funcionamiento interno de las instituciones de crédito cooperativo, público y territorial, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

Nuestra actividad hasta el momento, en este campo financiero, ha consistido en un sondeo, en frecuentes reuniones con diversas Cajas (no con todas las Cajas de Ahorro todavía) de la Región (pienso que sea con todas de forma inmediata).

Y he anunciado ya a estas Instituciones, con las que he tenido contacto, un primer contacto, con las más próximas en el espacio, nuestros proyectos inmediatos de regular mediante Decreto las competencias señaladas por el artículo 27.1 del Estatuto, y nuestro deseo de que dicha normativa reglamentaria nazca tras un proceso de análisis conjunto de la problemática, eso sí, de un análisis conjunto. Y por lo tanto, son competencia regular mediante Decretos en materia de organización, régimen y funcionamiento interno: las instituciones de crédito cooperativo público y territorial, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales (incluida la inspección). Las instituciones con las que hemos mantenido contacto han mostrado hasta el momento un buen espíritu de colaboración.

Hemos tenido también contactos con algunos Bancos que actúan en nuestra Región y se está negociando con alguno de ellos la financiación de proyectos concretos de Inversión Regional, en particular orientados hacia la pequeña y mediana empresa, y que más tarde explicitaré al hablar del área de comercio; de algunos de ellos, acuerdos algunos de ellos, ya cerrados.

Pensando también en la financiación de las PYMES, hemos potenciado nuestra presencia en esta área de política financiera, en las Sociedades de Garantía Recíproca existentes en nuestra Región,

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además de actualizar nuestra participación en el capital de las mismas; hemos intervenido más activamente en sus Consejos de Administración con presencia puntual, y proyectamos apoyar su funcionamiento creando o participando, junto con el Estado en Sociedades de Segundo Aval. Es decir, intentamos articular un aval institucional, un segundo aval institucional por parte de la Junta.

Como apuntábamos, y ahora paso al área más estrictamente presupuestaria, en la memoria de Presupuestos del ejercicio en curso, la necesidad y urgencia de la Ley que los regula venía motivada por la difícil situación presupuestaria entonces existente, como consecuencia de la prórroga de unos presupuestos -los del ochenta y dos- que no se correspondían con las actividades, con las actuales, de entonces, necesidades.

No obstante, en su artículo cuarto se advertía, en aquella Ley, que las cifras en él consignadas se incrementarían (como de hecho está ocurriendo a lo largo del período previsto), por expedientes de incorporación, como consecuencia de la progresiva asunción de competencias, funciones y servicios transferidos por el Estado, con la consiguiente variación, no sólo en su volumen, en el volumen entonces presupuestado, sino en su estructura porcentual. Así, al día de hoy, y de ello quiero darles cuenta, se han incorporado o están en trámite de incorporación inmediata trescientos veintiocho millones, de los que doscientos treinta y cinco millones proceden del Fondo de Compensación Interterritorial del ochenta y tres, cuarenta y uno del Instituto Nacional de Asistencia Social, y cincuenta y dos vienen destinados para gastos de funcionamiento de estas Cortes y de la Junta. De ello, de todas estas modificaciones, se ha dado y se dará cuenta a las Cortes por el conducto y mecanismo legal previsto.

Por lo mismo, nos encontramos con que la proporción en que figuraban las operaciones corrientes y las de capital respecto del total han variado en siete por ciento a favor de estas últimas de capital, pasando del setenta y uno coma siete y veintiocho coma tres por ciento correspondientes, al sesenta y cuatro coma ocho y treinta y cinco coma dos por ciento, respectivamente. Y concretamente, y puesto que se trata de un punto de análisis preferente, la cifra destinada a inversiones ha pasado en este tiempo del veintisiete coma seis al treinta y cuatro coma cinco del Presupuesto. Donde se ve la tendencia de nuestra política en relación al Presupuesto.

Las anteriores cifras son las de hoy, las del último informe que obra en mi poder, de la Consejería, y es probable que si esta información que les estoy ofreciendo se produjera dentro de quince días, ya no fueran las mismas.

De esa situación de provisionalidad de los créditos consignados en los Presupuestos, se desprende la enorme importancia que adquiere la política de transferencias, ya contemplada en nuestro programa electoral, y que pone de manifiesto:

Primero, la existencia de una infraestructura administrativa mínima para la asunción de competencias realizadas en épocas anteriores.

Segunda, la enorme importancia de valorar adecuadamente y justamente los costes efectivos de los servicios transferidos, y sobre todo de los costes centrales indirectos.

Tercero, la necesidad de una racionalización adecuada a estos servicios.

En cuanto al primer punto, se ha hecho un gran, grandes esfuerzos por parte de la Junta de Castilla y León y se puede afirmar que en este momento es un problema en vías de superación. El segundo punto será expuesto con mayor claridad cuando hablemos de objetivos a corto plazo, y el tercer punto se refiere a un proceso de reestructuración y racionalización conducente a un mejoramiento de los servicios y a un mayor control del gasto público dentro del marco de la economía.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad, desde que se aprobó el régimen preautonómico para Castilla y León en Junio del setenta y ocho, hasta hoy, han sufrido grandes cambios. Así vemos cómo de un volumen presupuestario de sesenta y seis millones, hemos pasado a tres mil trescientos ochenta y tres millones en el momento actual. No obstante, estas cifras no son aún hoy lo suficientemente significativas como para poder realizar los objetivos básicos de una política presupuestaria propia. No podemos aún hablar de una política presupuestaria propia de un gobierno progresista, de ningún gobierno, diría yo. A saber: creación de un Sector Público potente, capaz de convertirse en coordinador e impulsor del crecimiento y desarrollo económico, aumento de la calidad de la vida, y que actúe eficazmente como mecanismo redistribuidor de la renta.

En base a esto, la Hacienda Regional debe encontrarse permanentemente saneada, conservando amplios márgenes de maniobra financiera, y, simultáneamente, la potencia de la Hacienda Regional, como garantía última de dicho proceso, debe mantenerse constantemente; ello implica que la actuación de la Hacienda Regional debe ser capaz de generar su propio crecimiento.

No hay que olvidar que el desencadenamiento y mantenimiento de un proceso de desarrollo endógeno y autosostenido, como preconizamos en nuestro programa electoral, exige la formulación de una Hacienda beligerante en la asignación de recursos, en el nivel de empleo, en el asentamiento pag. 387

regional de los recursos regionales y, en especial, de los financieros. Pero, a su vez, hemos de ser conscientes de que la actuación de la Hacienda Regional se encuentra con limitaciones en la consecución de los anteriores objetivos, como son los provenientes del Estatuto, limitaciones provenientes del Estatuto y de la LOFCA y las restricciones impuestas temporalmente en la capacidad de maniobra por la asunción de competencias, y por el período provisional en que nos encontramos.

Toda la Política Presupuestaria, diseñada anteriormente, comenzará, entiendo, a tener sentido a partir de los Presupuestos del ochenta y cuatro y se concretará en los ejercicios siguientes. Si comparamos, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, los Presupuestos del ochenta y tres con los que previsiblemente serán los del ochenta y cuatro, podemos señalar: primero, su volumen económico puede llegar a ser diez veces superior, debido al proceso intenso de transferencias, debido al ritmo creciente en la asunción de las mismas y el importe cada vez mayor de las mismas, gestionando por la Comunidad Autónoma correspondiente, además, a la parte, e incrementándose con la parte creciente del Fondo de Compensación Interterritorial, anteriormente no incluido en los presupuestos y que será incluido en aquella parte que corresponde gestionar, únicamente en la parte que corresponde gestionar y ejecutar a la propia Comunidad.

Y en segundo lugar, podemos también señalar un mayor margen de maniobra en la gestión de los ingresos y gastos que se pondrán de manifiesto en la política de subvenciones, fomentos a la inversión, planes sectoriales, etcétera, imperando los principios de eficacia, racionalización, coordinación y economía del gasto; lo que llevará implícita la descentralización administrativa que supone la gestión de ingresos y gastos allí donde se originan, sin olvidar el principio de caja única que establece la Ley General Presupuestaria, permitiendo una mayor agilidad y transparencia administrativa. Estas consideraciones no deben ser interpretadas como un acomodarse ante una situación de impotencia, ni mucho menos como una negación de la política presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno del Estado a escala nacional. Estamos viviendo, simplemente, el período de consolidación del proceso autonómico y somos conscientes de la transcendencia de los próximos Presupuestos. De ahí la cautela máxima, responsabilidad, rigor y seriedad que debemos dar y con que debemos dotar la elaboración del Presupuesto para mil novecientos ochenta y cuatro.

En su estructura, tendremos presente la de los Presupuestos Generales del Estado para permitir su consolidación, y utilizaremos, por lo mismo, las clasificaciones orgánica y económica. En cuanto a su estructuración por programas, novedad este año en el Estado, novedad relativa (una cosa es la forma y otra cosa es el fondo), no resulta aconsejable ni posible por esta vez, no sólo porque la asunción de competencias precisa un mínimo asentamiento, sino por la limitación actual de los medios, cuya modernización se está proyectando. Es imprescindible disponer de medios informáticos adecuados para el tratamiento de datos cruzados que es operatoria característica del sistema. Y, alcanzada esta estructura, se podría pasar al establecimiento de los objetivos, definición de los programas en razón de estos objetivos, determinación de los medios materiales y humanos a utilizar, y fijación (y es un punto muy delicado, que incluso en países más avanzados en estas técnicas presupuestarias ha sido prácticamente imposible) y fijación de los índices de evaluación de los grados de eficacia y eficiencia de los programas en su realización.

No obstante, es nuestro propósito elaborar, sin embargo, ya este año, una memoria explicativa que acompañará al Proyecto, donde se darán los primeros pasos en el esbozo de los programas. No hacemos programas, técnicamente es inviable, pero sí algo sustitutivo y más realista que los programas en este momento: una memoria explicativa.

Asimismo, nos comprometemos a unir un informe económico-financiero que estudie la estructura económica regional, situación actual y perspectivas e incidencia sobre ella de una política presupuestaria, y también un anexo que recogerá la distribución territorial de los gastos referentes a los servicios periféricos transferidos.

El objetivo fundamental, a corto plazo, y en este sentido ya se ha ahondado suficientemente, es la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Y dicho objetivo se puede plantar como un proceso cuyas fases se concretan en:

Primero, cuestiones precisas: valoración definitiva y adecuada de las transferencias. Segundo, dificultades detectadas. Tercero, metodología a utilizar. Y cuarto, elaboración del anteproyecto.

Voy a referirme a cada una de estas fases del proyecto, por separado.

Primero. Valoración adecuada de las transferencias asumidas:

Se pretende reflejar, en todo momento, el coste efectivo, el coste efectivo de los servicios transferidos, tal y como se reconoce en la LOFCA, Estatuto de Autonomía y demás Disposiciones Legales; por tanto, es éste uno de los puntos más importantes que van a condicionar la formación de nuestro Presupuesto, juntamente con la participación en los impuestos no cedidos por el Estado y la gestión directa de la cesión de tributos.

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En la Sección treinta y dos del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el ochenta y cuatro se recogen todas las consignaciones presupuestarias para la financiación de los servicios transferidos a esta Comunidad. Las partidas que contiene dicha Sección están siendo en este momento, sin embargo, cotejadas, con el fin de subsanar los errores y omisiones existentes y amplios, de carácter técnico, que se han detectado, y debidas, sin duda, al carácter dinámico y de realidad viva que configura el proceso de transferencias y la puesta en práctica por parte del Estado del método de Presupuesto por programas.

Ha de tenerse presente, además, que el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado fue elaborado a mediados de año y que desde entonces hasta hoy se han producido nuevas e importantísimas transferencias de servicios y competencias, así como valoraciones definitivas de transferencias anteriores, con lo cual no constan en la Sección treinta y dos. No solamente hay errores en la evaluación, en la valoración, sino también en la ubicación.

Estas circunstancias entrañan obstáculos importantes que a continuación se puntualizan, y que por esta Consejería se está intentando subsanar en negociaciones y en conversaciones con la Administración del Estado, y sin cuya resunción justa, sería imposible acercarnos a unos Presupuestos adecuados de nuestra Comunidad. Hay que tener en cuenta que, en la etapa transitoria, los Presupuestos de las Comunidades que se rigen, y más tarde lo remarcaré, por el artículo 143, son Presupuestos supeditados a los Presupuestos del Estado.

Me refiero ahora a las dificultades detectadas. Las dificultades actuales y que han impedido el cumplimiento del plazo estatutario de presentación del Proyecto de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, son aplicables y propias, repito, ya lo he dicho, y lo repito, no me cansaré, de todas las Comunidades Autónomas, esencialmente las que han conseguido su determinación por el artículo 143, aunque también participan de ese tipo de dificultades las del 51 (véase caso de Cataluña que determina, la Generalitat, el Parlamento, no realizar el presupuesto del ochenta y cuatro mientras no esté definido el porcentaje de participación en los impuestos no cedidos por parte de la Generalitat, participación recibida por parte de la Generalitat en los impuestos no cedidos del Estado).

En primer lugar, no se conocen las cifras finales de la Sección treinta y dos de los Presupuestos Generales del Estado, en lo que afecta a las consignaciones presupuestarias de los servicios transferidos.

Y en segundo lugar, se requieren acuerdos previos cuya negociación no se ha iniciado entre todas las Comunidades Autónomas entre sí, y entre ellas y el Estado, para, en primer lugar, la distribución de los créditos consignados en los diferentes Ministerios y Organismos Autónomos de los Presupuestos Generales del Estado, en inversiones de reposición de los servicios transferidos, que no constan en la Sección treinta y dos de los Presupuestos Generales del Estado y que están genéricamente aplicados en otros capítulos, pero no distribuidos Comunidad por Comunidad. Y en segundo lugar, la cuantía de los costes indirectos periféricos e interdepartamentales que no han sido incluidos tampoco en la Sección treinta y dos y tampoco definidos departamento por departamento, ni Comunidad por Comunidad, allí donde están ubicados. Está pendiente de fijar por la Comisión Mixta de Transferencias el porcentaje de participación de nuestra Comunidad en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos.

Es propósito de esta Consejería abordar los siguientes planes a medio plazo en este término.

Establecer las bases para la mecanización de la contabilidad en su más amplio sentido. Es decir, que, sin merma del objetivo tradicional de control, se cumplan los fines que las modernas doctrinas hacendísticas le atribuyen; esto es, proporcionar una información adecuada y sistemática del acontecer económico y financiero de nuestra administración pública regional.

Esta información ha de adecuarse en contenido y periodicidad a las exigencias de sus receptores: directivos y responsables de la gestión pública, órganos de control externo (por ejemplo, las Cortes, Tribunal de Cuentas), y sector privado, tanto empresas como ciudadanos en general, dada la incidencia que la actuación pública tiene sobre todos estos sectores.

Técnicamente, estos objetivos sólo pueden alcanzarse, a mi juicio, cambiando radicalmente el método contable en vigor en el sector público desde mediados del pasado siglo, por el que ya es de aplicación común en el ámbito privado, es decir, pasando de la partida simple a la partida doble.

Esto está resuelto teóricamente por el Estado desde mil novecientos ochenta y uno, teóricamente digo, en que se publicó el Plan General de Contabilidad Pública y que es el que, con las aportaciones necesarias, nos proponemos implantar en la Comunidad.

Su establecimiento requiere imprescindiblemente la utilización de medios informáticos y, a tal fin, se ha constituido ya como primer paso y en orden a este objetivo que acabo de anunciar, se ha constituido recientemente por esta Consejería una Comisión de Planificación y Coordinación Informática dentro de la misma.

Y continuando con un orden de prioridades,

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en relación al tema de Presupuestos y Patrimonio, esta Consejería considera necesario establecer, con el soporte jurídico adecuado, aún no disponible, un servicio de patrimonio para dar cumplimiento al artículo 34 del Estatuto.

Teniendo presente que la variada legislación estatal en vigor está claramente necesitada de una revisión, revisión (lo cual es previo por lo tanto) y que su aplicación práctica tampoco es un ejemplo de eficacia, pensamos que habría que abordar el tema en profundidad requiriendo ya desde aquí (si vale la tribuna, me lo permitirán), yo solicito la colaboración de instituciones e instancias públicas y políticas.

Y por último, voy ahora a desgranar cuantos objetivos, instrumentos y actuaciones concretas ha desarrollado la Consejería en el área específica del Comercio. Las funciones de la Consejería que hemos venido desgranando en esta intervención se corresponden apreciablemente, como habrán podido apreciar Sus Señorías, con un conjunto de servicios de naturaleza horizontal, más orientados hacia la satisfacción de necesidades genéricas de la Región y de la propia Administración Autónoma que en una dirección finalista vertical de servicio directo a un sector económico o social concreto.

Sin embargo, la Consejería tiene en el área de la distribución y comercialización de los productos un campo específico de actuación finalista, vertical, directa, en contacto y al servicio de los administrados. En efecto, el área de comercio, que se ocupa de las competencias transferidas a la Junta en materia de Ferias Interiores, Intervención General de Precios, Reforma de Estructuras Comerciales y Comerico Interior (ya transferidas) ha planteado el desarrollo de sus funciones en dos grandes líneas de actuación, directos y verticales, finalistas. Por una parte, en el intento de racionalizar y ordenar la oferta, se ha desarrollado una serie de programas de ordenación comercial coherentes con la política comercial diseñada y cuyos objetivos últimos serían el de conseguir una completa, moderna, integrada y eficiente estructura de equipamientos comerciales, en un intento de aumentar la competencia y reducir los costos de la distribución comercial, y acortar la intermediación, objetivo clave en los canales de comercialización. Esto, por el lado de la oferta.

Y en segundo término, en cumplimiento de la normativa señalada sobre precios, tarifas, asesoramiento e información en materias referentes al grado de competencia en el mercado interior, márgenes y normas comerciales, orientaciones de la demanda, canales de distribución e intermediación, horarios comerciales, disciplina del mercado, etcétera, se ha diseñado un segundo conjunto de programas de actuación en un intento de concertar la política de demanda con la ordenación de la oferta, buscando la eficacia y la operatividad de los mercados a nivel regional.

Específicamente, como Sus Señorías seguramente saben, la legislación vigente en este ámbito y las previsiones efectuadas en los Presupuestos Generales para el ochenta y tres, han permitido a la Consejería, en esta área, desarrollar ya una ingente tarea de colaboración tanto con el sector privado como con el sector público.

La ordenación y racionalización de los criterios seguidos en el ámbito de la distribución comercial se ha plasmado en una serie de programas de actuación que abarcan desde el crédito subvencionado al comercio individual, cooperativo y asociado hasta los convenios para la subvención de las inversiones de los Ayuntamientos en materia de mercados y urbanismo comercial; desde la promoción de la actividad comercial, tanto interna como externa, al diseño de una política ferial, el desarrollo de un programa de cursos de formación y asistencia técnica o la disposición de una serie de estudios sobre las estructuras y necesidades comerciales de la Región.

Perfilar a Sus Señorías la situación del Instituto para la Reforma de las Estructuras Comerciales, en adelante IRESCO, en el momento en que la nueva Junta se responsabiliza del tema, no busca, no busca la crítica gratuita sino la definición específica de la herencia que en esta área se recibió de administraciones precedentes. Dificultades, al parecer, de orden financiero primero, y limitaciones operativas asociadas al proceso de transferencias después, implicaron la presencia conjunta de dos centenares de expedientes atrasados y no resueltos, y la notable carencia de los recursos humanos necesarios para su tramitación. La administración regional socialista recibió en Julio del presente año expedientes fechados algunos de ellos incluso en mil novecientos setenta y nueve y ochenta.

La situación hoy, tras tres meses de la organización del Servicio, está absolutamente normalizada, habiéndose evaluado, tramitado y resuelto ciento cuarenta y seis expedientes, mediante la renovación tácita de los convenios del IRESCO Central con las Cajas y Bancos de la Región; y los dieciséis restantes, en colaboración con el Banco Hipotecario de España. De los primeros ciento cuarenta y seis expedientes de crédito subvencionado al pequeño y mediano comercio, sesenta y nueve se han resuelto positivamente, aplicando provisionalmente los criterios evaluadores de la Administración, provisionalmente digo, de la Administración Central. El volumen del crédito subvencionable concedido y generado ha sido de trescientos diecinueve millones de pesetas y las subvenciones directas han ascendido al día de

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hoy, a cuarenta y un millones de pesetas. A ellos hay que añadir la eventual resolución de cincuenta y tres expedientes, pendientes aún por carencia de algún trámite procedimental, por un importe crediticio previsto de doscientos cuarenta y seis millones de pesetas, y una subvención presumible de treinta millones de pesetas. Y las previsiones (esto sería lo comprometido, ejecutado o comprometido hasta hoy, a falta de algún trámite), las previsiones en relación con el resto del período presupuestario señalan la recepción potencial de veinticinco nuevos expedientes por un importe crediticio de cerca de cien millones de pesetas y una subvención potencial de doce millones.

En conjunto, pues, Señorías, el programa de crédito al comercio para la reforma de las estructuras comerciales ha supuesto, o va a suponer, un volumen de transferencias de ochenta y tres millones de pesetas en ciento cuarenta y siete expedientes; lo que determinará al final del período, un efecto multiplicador directo de seiscientos sesenta y cinco millones de pesetas en inversiones dentro de la pequeña y mediana empresa comercial en la Región. Además, hay que contabilizar la tramitación y resolución, previa cualificación comercial, de otros expedientes de inversión por un importe global de doscientos seis millones de pesetas a través de la línea que prevé el acuerdo de esta Consejería con el Banco Hipotecario de España, y que pretendemos ampliar a otra serie de instituciones, al que habría que añadir otros veinticinco millones de pesetas que, por el mismo concepto, están aún pendientes de resolución en dicho banco, por carencias formales en el trámite.

El crédito total aprobado correspondiente al programa de ordenación comercial ascendería, pues, a los ochocientos noventa y seis millones de pesetas al final del año.

La tramitación de expedientes está absolutamente hoy ya normalizada y puesta al día, sin perjuicio de las alteraciones procedimentales previstas para el próximo ejercicio, con el propósito de simplificar y agilizar la gestión (el tiempo medio, podemos decir, de tramitación de un expediente hoy, de ordenación comercial, es de veinte días actualmente).

Como Sus Señorías seguramente conocen, este programa de subvención al pequeño y mediano empresario comercial, que trata de reducir los tipos de interés de los préstamos afectos a determinadas inversiones, está siendo complementado por la creación de una línea de crédito de carácter intersectorial para la pequeña y mediana empresa, en la cual participa igualmente el IRESCO en su tramitación y subvención. En tal sentido, se ha dado comienzo a una colaboración estrecha con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que, a través de varias instituciones financieras, permite simultáneamente la cualificación técnica y comercial de la Junta de Castilla y León con carácter vinculante. Otro tanto está previsto para los préstamos tramitados a través del Banco de Crédito Industrial, aun cuando no medie subvención alguna de la Consejería, generando, por lo tanto, de forma indirecta, créditos sin subvención.

Además, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, en colaboración con los Ayuntamientos y las Diputaciones, ha diseñado dos programas de equipamientos comerciales cuyo objetivo sería el obtener una distribución y comercialización más eficiente, competitiva y barata, a través de la subvención de inversiones en equipamientos colectivos de carácter social, en este caso.

La actuación de la Consejería en estos programas se orienta prioritariamente al estudio, diseño, proyección y construcción o reforma de mercados de abastecimiento, centros comerciales de barrios, mercados sectoriales o de productos, áreas colectivas, ordenación urbanística de la venta ambulante, zonas peatonales y, en fin, habilitación comercial de centros históricos. Todo ello en el área de lo que podríamos denominar equipamientos de mercado en destino.

Otro tanto se contempla en los equipamientos comerciales en origen, programa que intenta responder a las necesidades de la promoción de canales y centros de contratación y distribución de productos en sus centros de producción. En general, es objetivo de este programa el sentar las bases de una mejora en la intermediación, objetivo central en esta área de la Consejería, y también mejora en la contratación, acercando a los productores a los canales de distribución y acortando los mecanismos de distribución comercial.

Específicamente, se contempla en este programa la subvención y crédito en inversiones en el ámbito de los mercados de origen, centros de contratación y distribución hortifrutícolas, o redes de frío, centros de almacenamiento y regulación, servicios a la distribución de productos, etcétera.

Los compromisos ya adquiridos, en firme, por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio en estos campos son los siguientes: subvenciones para la reforma y mejora de los mercados de abastos de Soria capital, Ponferrada, Salamanca (mercado de frutas y legumbres), Hoyo de Pinares (Avila), por un importe total de trece coma cinco millones de pesetas, con cargo a los presupuestos del ochenta y tres, del presente ejercicio. En el mismo ámbito, están en estudio, en negociación, actuaciones en el mercado de abastos de Toro (Zamora), La Palma (Salamanca), Medina del Campo (Valladolid) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Además de tales actuaciones directas, esta

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Consejería ha concertado hoy, esta mañana, mejor dicho, un acuerdo-convenio de actuaciones con la empresa nacional MERCASA que va a permitir a la Junta de Castilla y León ordenar, dirigir y gestionar conjuntamente los proyectos de actuación de esta empresa nacional en el territorio de nuestra Comunidad.

El resumen de actuaciones previsibles en el período legislativo, y en términos del concierto con MERCASA que acabamos de firmar esta mañana, y que cuya importancia yo entiendo relevante, aparte de ser una de las únicas y primeras que se han firmado a nivel estatal con comunidades globales; el resumen de actuación, repito, previsibles en los términos de concierto con MERCASA sería (también con Ayuntamientos, mediante Ayuntamientos y Diputaciones), en cuanto a mercados mayoristas: se proyectarán, se proyectan construir mercados de este tipo en Avila, León, Ponferrada, Palencia, Segovia y Zamora, con una inversión estimada de novecientos treinta millones de pesetas.

En cuanto a mercados minoristas, igualmente existen ya contactos y proyectos para la construcción de este tipo de mercados en Burgos, Salamanca, tres; Valladolid, cuatro, y Zamora, con una inversión estimada de novecientos setenta millones de pesetas en los próximos tres años.

Y en cuanto a mercados de origen, o rurales, los proyectos previstos en esta área se sitúan en Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Vitigudino. Esto deriva de que se ha tenido ya un contacto a fondo y una relación a fondo con la Diputación de Salamanca, contacto y negociación que seguiremos teniendo con otras Diputaciones de las nueve provincias, con las nueve Diputaciones de las nueve provincias de la Región, y que ya están en marcha. Y su construcción está asociada a los contactos, como aquí digo, que en este sentido se han mantenido con dicha Diputación. El importe total de los proyectos en esta área se sitúa en el orden de los noventa millones de pesetas.

Las cifras estimativas de la inversión previsible, en el marco del acuerdo hoy firmado con MERCASA, serían de dos mil trescientos diez millones de pesetas para el próximo trienio, las cuales serán subvencionadas por la Junta de Castilla y León hasta un máximo de un treinta por ciento de la inversión total, o mediante actuaciones de coparticipación en la inversión directa.

Igualmente, en este ámbito, la Dirección General de Comercio de mi Consejería va a subvencionar un conjunto de proyectos de urbanismo comercial en varias capitales de nuestra Región, por un importe superior a los quince millones de pesetas a fin del ejercicio, y por lo cual se han iniciado negociaciones con los Ayuntamientos de distintas capitales de provincias y distintas ciudades importantes de nuestra Región.

Otro de los programas que esta Consejería somete para el conocimiento de Sus Señorías es el Programa de Promoción Comercial, que presenta líneas de actuación: por una parte, el acuerdo-convenio ya citado con la Empresa MERCASA, que permitirá poner a la disposición de los Ayuntamientos de la Región, especialmente en los pequeños municipios, los medios técnicos y las ayudas financieras a la construcción de equipamientos comerciales colectivos.

El acuerdo, como una cuestión previa, incorpora una cláusula que comporta el compromiso mutuo de colaboración en la realización del estudio de las necesidades de la Región en materia de oferta, infraestructura y equipamientos, el análisis de la situación de la demanda, hábitos de consumo, etcétera, en un intento de disponer, por parte de todos los agentes, productores y consumidores de la Región, de un balance de necesidades riguroso y solvente. El acuerdo, repito, está firmado.

Un segundo proyecto de acción institucional y participación económica en la actividad de promoción comercial por parte de la Junta implica la creación y potenciación de una Sociedad de Promoción de Exportación de Castilla y León, que permita generar las ventajas en una acción coordinada y colectiva en los mercados externos, no solamente extranjeros; así como el que permita también el desarrollo y prestaciones con carácter genérico de los servicios y tramitaciones necesarias a la actividad exportadora de las empresas de la Región: análisis de mercados, agrupación de la oferta, como punto clave, e información y estudio de canales de comercialización.

La iniciativa de creación de esta Empresa, inicialmente impulsada por nuestra Consejería, ha sido ampliamente aceptada por los medios económicos interesados. Así, y éstos son compromisos ya, SODICAL ha comprometido su participación hasta un cuarenta y cinco por ciento del capital social y se cuenta con el compromiso previo del IMPI, el Banco Exterior de España, las Cámaras de Comercio de la Región (a partir de su última reunión celebrada en León, por unanimidad), y las Cajas de Ahorros. En conjunto, la participación prevista de la Junta de Castilla y León sería en todo caso minoritaria, estando cifrada en un principio en un diez por ciento del capital social.

Es interés de esta Consejería que la estructura de esta Sociedad Anónima, no pública, con fines lucrativos se formalice, en todo caso, antes de finales del presente año. El compromiso financiero de participación, por parte del área de Comercio, a través del epígrafe "Participación en Sociedades" de la sección siete de nuestros Presupuestos,

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no superaría los diez millones de pesetas, sin perjuicio, eso sí, de la eventual operación de recompra posterior de las acciones suscritas por SODICAL, si es que el Instituto Nacional de Industria está algún día dispuesto a vendernos SODICAL, o a transferirnos SODICAL a nuestra Comunidad.

Pero un programa de promoción genérica de la actividad comercial quedaría incompleto si, además de los condicionantes convencionales, no contemplase los condicionantes financieros de la actividad comercial. En este sentido, la Junta de Castilla y León, que ha recibido de la anterior Administración Autónoma un compromiso de suscripción y desembolso de una participación importante en el capital social de las Sociedades de Garantía Recíproca, se ha comprometido con éstas, en las últimas fechas, directamente en esta Consejería, a regularizar y poner al día los desembolsos según el acuerdo aludido; lo que supone que, con cargo a los fondos presupuestarios de este año, la Consejería ha comprometido desembolsos por un montante total de veintidós coma cinco millones de pesetas; ello, además de regularizar la situación de la Junta en estas Sociedades, permite contemplar nuevas fórmulas de colaboración y de integración de las Sociedades de Garantía Recíproca en la política financiera y comercial de la Consejería, estableciéndose un movimiento biunívoco de participación.

En el ámbito de la formación y capacidad, y capacitación, perdón, comercial, y a reserva de los planes previstos a los que hacemos posterior referencia, la Dirección General de Comercio de mi Consejería ha asumido el compromiso de financiación de toda una serie de cursos y programas, compromiso ya firme, impartidos por diversas entidades colaboradoras. En concreto, los compromisos adquiridos al día de hoy, en firme, de cara al presupuesto del ochenta y tres, ejercicio actual, asciende en este campo a los doce coma cinco millones de pesetas, y el importe comprometido (sin la correspondiente reserva presupuestaria, pero es comprometido), ascendería a siete millones de pesetas. Esta financiación soporta setenta y siete cursos de distinta naturaleza impartidos por las diferentes organizaciones en todas las nueve provincias de la Región.

Los proyectos en este contexto, en principio y por razones de elemental pedagogía, prevén distinguir entre cursos de comercialización urbana, perdón rural, y también de comercialización urbana. Ambos tipos de actuación van a integrarse a nivel organizativo en unas Jornadas socio-profesionales y económicas en cada provincia que no es tal vez el momento de desglosar en todos sus elementos. Y hago gracia a Sus Señorías de la organización concreta de los mismos y el detalle.

En el área ya de Estudios y Asistencia Técnica, podemos hablar de dos líneas netamente diferenciadas: el área de estudios, que intenta poner a disposición de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio el máximo de información sobre la realidad de la actividad comercial en la Región; es decir: censos de oferta en establecimientos comerciales, hábitos de consumo, áreas de influencia, etcétera; así como las necesidades de información que, a nivel tanto regional como provincial y comarcal, puede derivarse del exacto diseño de los criterios de ordenación e inversión en equipamientos comerciales. Y las actuaciones que se han comprometido para la financiación y realización de dichos estudios son para Valladolid, en colaboración con AVADECO; para Avila y Burgos, con las Cámaras de Comercio, y se tiene previsto desarrollar, en este sentido, los trámites y comprometer los créditos presupuestarios para la realización de tales trabajos en Zamora y León antes de finalizar el ejercicio. En conjunto, las cantidades comprometidas por estos conceptos para el Presupuesto del ochenta y tres ascienden a siete millones setecientas veinte mil setencientas cincuenta pesetas, y las previsiblemente incorporadas antes del final de año llegarán a los once coma cinco millones de pesetas.

En cuanto al ámbito de la actuación de la Junta de Castilla y León es, en el dominio de la asistencia técnica, específico, y, sin perjuicio de los derechos existentes en el presente que han sido rigurosamente respetados, este programa trata de revisar a fondo -y esto sí es importante resaltarlo-, revisar la filosofía y líneas de actuación de los Gabinetes Técnicos actuales de IRESCO, subvencionados hoy por la Junta de Castilla y León y a disposición de los particulares en oficinas de Cámaras de Comercio, Federaciones y Asociaciones de Empresarios, etcétera.

La Dirección General de Comercio quiere, en este tema, a instancias de la Consejería, agotar el procedimiento actual de subvenciones hasta ahora vigente, respetando los contratos en vigor, repito, pero sin renovaciones ulteriores. El objetivo último consistiría en situar tales Gabinetes de Asesoría Comercial en las propias oficinas de los Servicios de Ordenación Comercial que la Junta tiene transferidos en cada provincia, sin obstáculo a que la organización y gestión de los mismos sean coordinados con las organizaciones interesadas en el tema. Ello permite, además, un acercamiento del Gabinete a las necesidades del usuario en la confección de los expedientes, un mejor control de los servivios y los recursos a ellos destinados, y, en todo caso, una puesta a disposición, más amplia y eficaz, al servicio de la propia Administración Autónoma.

La Consejería es consciente de la importancia

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que la formación del personal afecto a la misma, tanto en los servicios centrales como periféricos, supone respecto a la eficacia y calidad de dichos servicios. En este sentido, la Consejería tiene previsto, con cargo a sus Presupuestos, financiar los costes que se deriven del acuerdo ya firmado de participación en los programas del CIHEAM, que, a título orientativo, podría ascender a tres millones de pesetas.

Finalmente, como un servicio específico dentro del área de la ordenación comercial, figuran tanto la política de Ferias y Certámenes como las relaciones con los Organismos e Instituciones Comerciales. Conforme a lo previsto en los Decretos de transferencia, la Junta es competente en la definición de la política ferial a nivel interior, es decir, a la Comunidad. Al margen del alcance de estas competencias, el programa de acción en esta materia plantea la necesidad de diseñar una política de ordenación e intervención ferial, en conexión con los organismos y entes feriales interesados. A tal efecto, se ha diseñado un Comité Consultivo de Ferias sobre el que descansará la ordenación y regulación de las mismas. Dicho Comité tendrá una sección interna que se preocupará de coordinar las acciones que en el tema de ferias se derivan de la presencia institucional de la Junta de Castilla y León, así como de los acuerdos de participación mutua con otras Comunidades Autónomas en Certámenes de interés. La sección general del Comité Consultivo de Ferias tendrá como objetivo la definición de un calendario de Ferias para la Región, así como evaluar el carácter de los Certámenes y resolver en casos de conflicto.

La Junta de Castilla y León tiene también como objetivo contruir un Pabellón fijo en la Feria Internacional de Valladolid, considerable como regional, que al tiempo sirva de soporte y exposición del material de las distintas Consejerías, destacable, a los diferentes certámenes feriales.

Una vez constituido el Comité Consultivo de Ferias, ahora anunciado por vez primera, se procederá al nombramiento de un Comisario de Ferias de la Región sobre el que recaerá la responsabilidad ferial propia de un comisario de ferias.

En conjunto, la presencia ferial de la Junta de Castilla y León se ha concretado, al día de hoy, en la participación de un Pabellón Institucional de la Feria de EXPOBIERZO-83, dos participaciones en la onceava Edición de la Feria de Muestras de Valladolid (una de carácter institucional y otra de carácter artesanal), y también una subvención al primer "salón de la bici-moto", sin participación directa, efectivamente.

En cuanto a las perspectivas de actuación en el tema de ferias externas a la Comunidad, y en esto ya hemos avanzado pasos concretos en negociaciones directas, la Junta tiene prevista una participación institucional y comercial en FITUR (prevista y comprometida), FITUR-84, en la ALIMENTARIA-84, y se han dado los pasos, previas consultas y negociaciones, para participar de forma digna (y no tanto la Junta como la Comunidad) en la próxima Feria Internacional de Muestras de Barcelona. Igualmente, la Junta, a través de la colaboración entre las Consejerías de Agricultura y Economía, Hacienda y Comercio, prevé la organización de la tercera Feria del Vino, manteniendo así un certamen de naturaleza itinerante y regional.

Los interlocutores fundamentales de la Consejería en ésta como en otras áreas de la actividad comercial han sido las Cámaras de Comercio y las Organizaciones patronales y sindicales del propio Sector.

La Junta, bien por medio de mi persona o de mis Directores Generales, ha estado presente en las Asambleas Regionales de Cámaras estimulando su actuación; y, conforme a lo señalado por la legislación vigente, ha concertado y coordinado sus medidas de política comercial con la práctica totalidad de Cámaras de la Región, incorporándolas a sus proyectos y solicitando su colaboración.

La segunda de las grandes áreas de Comercio (me he referido a la primera, y, en concreto a la que hace referencia a la oferta y sus distintos ocho programas en que se halla estructurada la acción de la Consejería; me voy a referir ahora a la segunda) se concreta en los servicios de demanda y mercado. Este servicio tiene a su cargo todas las competencias relativas a precios y tarifas, márgenes y normas comerciales, asesoramiento e información en materias referentes al grado de competencia en el mercado, horarios comerciales, orientación de demanda, hábitos de consumo, disciplina de mercado, etcétera.

La asunción de competencias en el área de precios y tarifas exigió la creación de un órgano decisorio en la materia, cual fue la Comisión Regional de Precios creada sólo un mes después de comenzado mi mandato, y ya ha alterado profundamente las formas y los procedimientos en esta materia. Primero, se han incorporado en su estructura con voz y voto, a representaciones cualificadas de la demanda y de la oferta, de los usuarios, y de la propia Administración Autonómica; y segundo, se ha comenzado a perfilar su funcionamiento a partir de una perspectiva regional de precios, de una política regional de precios y tarifas. Un buen ejemplo de la eficacia de ambos planteamientos ha sido la norma unificadora de los formatos, pesos y precios del pan común en toda la Región, por primera vez en nuestro país,

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en toda España; así como la definitiva regulación del pan especial de Burgos mediante un convenio con la Federación Castellano-Leonesa de Panaderos. Las tres sesiones ya celebradas de esta Comisión han permitido, además, la resolución de sesenta y seis expedientes, muchos de ellos retrasados en diferentes temas de su competencia.

Por otra parte, la Comisión Regional de Precios ha tomado a su cargo la responsabilidad de recabar, recibir, procesar y divulgar, y repetimos divulgar, las estadísticas sobre la evolución de los índices de precios al consumo obtenidos periódicamente por los Servicios Periféricos de la Consejería. Y en nuestro ánimo está establecer mecanismos automáticos de divulgación.

Finalmente, el área de Comercio tiene también a su cargo la responsabilidad de dos temas de singular trascendencia. Por una parte, la orientación de la demanda y, por otra, las actuaciones de disciplina del mercado en materia estrictamente no sanitarias. En relación con la primera de las materias, de disciplina, orientación de la demanda, y en estrecha colaboración con el área de ordenación comercial y de estudios, se han diseñado cuatro programas de actuación en relación con las competencias a ella asignadas: el primero de ellos (análisis de la demanda) trata de perfilar las condiciones del consumo y el abastecimiento, las áreas de influencia comercial, los hábitos de compra, el grado de cobertura del mercado y, en fin, la segmentación y sectorialización de la demanda. El segundo (orientación) se dirige hacia ya orientación y ordenación de la demanda, busca la información del consumidor, el desarrollo de cursos de orientación, la incentivación de determinados consumos, la modificación de los hábitos de compra, etcétera. Los otros dos programas, de carácter meramente instrumental, tratan de estructurar las relaciones con los entes locales -Ayuntamientos y Diputaciones- y con las Organizaciones de Consumidores.

En las áreas de disciplina de mercado, y en estrecha colaboración con los servicios del INDIME, las Jefaturas Provinciales de Comercio Interior vienen funcionando con especial dedicación en lo relativo al control del cumplimiento de los precios y tarifas sometidas al régimen de intervención: horarios comerciales y defensa de la competencia, con especial independencia en la problemática suscitada en torno a la venta ambulante.

Estas son, entre otras, y a la espera de la ordenación del comercio interior, antes citada, por la Administración Central, las actividades de ejecución emprendidas por la Consejería en esta tercera o cuarta área de Comercio y que hemos sometido, señores, Señorías, a su consideración.

Para finalizar, y a modo de breve síntesis, quiero entresacar ante Sus Señorías algunas de las actuaciones que considero, subjetivamente tal vez, más destacadas, siempre con la referencia de cuál fue nuestra situación de partida y que la creación de la Consejería se produce el uno de Julio del presente año, mi toma de posesión el tres, y los nombramientos primeros de mi equipo el dos de agosto (etapa vacacional, sin embargo ocupada con el trabajo). Gracias a los esfuerzos de estas Cortes y al ingente trabajo desarrollado por nuestra Consejería y por toda la Junta en general, somos una de las primeras Comunidades Autónomas -es el primer detalle que destaco- que contamos con los Presupuestos para el ochenta y tres, aun a pesar de que hubiéramos querido unos Presupuestos no solamente de gestión y técnicos; pero si estos Presupuestos en aquel momento los tenían las Comunidades que se regían por el artículo ciento cuarenta y tres. Y aún hoy, hoy, hay diversas Comunidades que tampoco tienen los Presupuestos del ochenta y tres; están todavía en tramitación.

Además, hemos desarrollado en este período la estructura orgánica de la Consejería, labor profunda y sobre todo delicada, sentando las bases de una Administración que, a pesar de sus escasas dotaciones, funciona (trabajando también los domingos); pero que yo quiero, y la Consejería quiere, que sea una Administración dotada no solamente para quien hoy ocupa el poder, tiene el poder, sino para cualquier otra alternativa del poder si lo hubiera; en definitiva, una Administración, una estructura orgánica responsable y permanente que pueda dotar, que no sea necesario desguazar en cualquier momento (ésta es la orientación que me guía en la estructura básica). En tercer lugar, en dos meses se han tramitado los expedientes de subvención del IRESCO que, en algunos casos como los decía, databan de los años setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno y ochenta y dos, y se han puesto al día con mecanismos de actuación que posibilitan resoluciones en veinte días. También, y es un elemento clave a mi juicio, se ha constituido y puesto en funcionamiento la Comisión Regional de Precios, que en su corta vida ya ha conseguido la homogeneización de los precios y calidades del pan de nuestra Región.

Hemos, igualmente, creado el Comité de Inversiones Públicas para coordinar de una vez y racionalizar la inversión pública en nuestra Región; pero no solamente en nuestra inversión pública, sino la nuestra con la del Estado en nuestra Región, toda la inversión pública de la Región. No puede definirse como racional nuestra inversión pública propia sin tener en cuenta las cantidades y líneas de actuación, objetivos de la inversión pública del Estado en inversión nueva y de inversión de reposición. Hemos también constituido la Comisión de pag. 395

Planificación y Coordinación Informática dentro, como órgano coordinador, dentro de la Consejería.

Igualmente, hemos preparado la infraestructura administrativa y el personal humano necesario para gestionar los Tributos del Estado que van a ser cedidos a nuestra Comunidad, merced al acuerdo con todos los Delegados de Hacienda, pasado, firmado, como les dije, en el acta del pasado viernes dieciocho. Entre nuestras realizaciones, y por su importancia y transcendencia, no quiero dejar de señalar, aunque sea en esta breve y apretada síntesis, la celebración del Primer Encuentro de Países Arabes-Comunidad Castellano-Leonesa, que va a permitir, me permito afirmar, puertas abiertas a los productos de nuestra Región en veinte países árabes; han sido negociaciones al más alto nivel y el proceso está en marcha de cara a llegar a acuerdos concretos con veinte países. En el momento oportuno se dará cuenta a las instituciones económico-sociales-políticas de la Región, y se las llamará para participar en dichos acuerdos y, evidentemente, se les ofrecerá lo allí conseguido en este proceso de negociaciones con, repito, veinte países árabes, el primero establecido con los mismos, a nivel oficial, por parte de ninguna Comunidad Autónoma española. Y a la vez, también es de destacar el acuerdo con CIHEAM (con el Instituto de Altos Estudios del Mediterráneo) entre nuestro país y el mismo, así como el firmado esta mañana con MERCASA, que pienso puede tener eficacia real para nuestras estructuras comerciales importantes.

Creo que estos ejemplos de la labor que viene, en pequeño espacio de tiempo y con pocas posibilidades, desarrollando mi Consejería, no hace sino reflejar el cumplimiento de lo prometido en el programa electoral y el mandato recibido de nuestro pueblo. Un insigne poeta decía en uno de sus más conocidos versos: "por la terrible estepa Castellana, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga". Nos gustaría que en la estepa, hoy castellano-leonesa, aquel Cid encontrara una Región de floreciente economía y de convivencia en progreso, paz y libertad. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. Y con su permiso, se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde, en que se reanudará el debate. Procuren ser puntuales. Gracias.

(Se interrumpió la sesión y se reanudó a las 17,20 horas).


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Buenas tardes. Con disculpas por este pequeño retraso, vamos a reanudar la sesión y se abre el debate, como estaba previsto, con el turno de Portavoces. Saben los señores Procuradores de los distintos Grupos Parlamentarios que disponen de diez minutos cada uno para hacer su exposición, y, tras la réplica del señor Consejero, de tres minutos más para posible contrarréplica o dúplica. Así pues, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto, señor Montoya.


EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Señor Presidente, señor Consejero, señores Procuradores. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al señor Consejero lo que me ha parecido todo un detalle, un detalle importante, que nos haya dado previamente escrito el desarrollo de su amplia disertación, aunque al mismo tiempo querría pedirle disculpas porque, en tan corto espacio de tiempo en que media entre que hemos tenido para escucharle, y poder completar lo que nos ha dado escrito, juntamente con todos estos datos que no hemos tenido ocasión de mirar (a lo cual yo no podré hacer alusión, porque no sé lo que contiene todavía esta carpeta), pues, probablemente, mi intervención va a ser un poco desbaratada. Después de agradecerle este detalle, yo sí que querría decirle que yo me encuentro un poco desorientado con todos estos datos y toda esta información que se nos ha facilitado. Yo venía, debo confesarlo, hoy, dispuesto a que dentro de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, fundamentalmente, íbamos a estar manejando una serie de datos que, probablemente, la iban a hacer agobiante esta sesión; y, sin embargo, pues, me he encontrado con la agradable sorpresa para mí de que, bueno, son muy pocos datos, sino más bien es una filosofía política de actuación la que nos ha expuesto, y yo diría que dentro de los pocos datos con que está ilustrada esta exposición, pues, está simplemente la escala de los impuestos, que, bueno, desde algún punto de vista crece satisfactoriamente; desde algún otro punto de vista mejor, en el resto del conjunto de la nación o de la Región, hay una cierta preocupación por esta subida de los impuestos, que no habrá que basar en ella simplemente la base del desarrollo de nuestra Comunidad.

Este trabajo, esta relación que se nos ha hecho, empieza con un desarrollo, con un diagnóstico de la Región; pero un diagnóstico, desde mi punto de vista, incompleto. Se nos dice que la Región está enferma, y la Región adolece de una serie de males, pero yo diría que ese desarrollo geográfico, humano de la Región no se complementa con el remedio a esos males que en la misma conocemos, que todos conocemos, y que aquí se reproducen, y que yo creo que se reproducen bien, pero se reproducen repitiendo lo que es casi todo sabido, es casi todo ello sabido por los señores Procuradores. Y no se dan los remedios, porque se habla de actuar en

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favor de los menos favorecidos, pero no se dice cómo; se dice que se trata de actuar sobre las causas del subdesarrollo y de la pobreza, pero no se dice cómo. Y claro, se nos dice que la solución, se nos dicen las soluciones alternativas, las que no son soluciones; dice: claro, no sería una solución la rápida generación de empleo. Ciertamente; si esa rápida generación de empleo viniera acompañada de una pérdida a continuación de ese empleo generado, indudablemente no sería una solución. Se habla también de la concentración creciente, en las regiones más desarrolladas, de riqueza. Bueno, indudablemente, tampoco sería una solución. Esta es la solución que ya preconizaba el señor López Rodó en los años de los planes de desarrollo, que decía que había que desertizar la meseta y desarrollarla zona de litorial, o sea, la zona más rica; pues, indudablemente, esto sigue siendo una solución. Pero como contrapartida se nos dice lo que no es, pero yo creo que no se nos dice claramente, adónde, hacia dónde tenemos que caminar, porque se nos habla de un desarrollo endógeno y autosostenido, y yo ahí me empiezo preguntando si es tan malo el mal de no tener una conciencia regional, como el pensar que todo se resuelve pensando interiormente y hacia la Región, aislando todo lo del exterior. Porque se nos habla del Mercado Común, más adelante, por ejemplo, como horizonte de nuestros problemas, se señalan algunos problemas, se dicen los problemas que van a tener la leche de vaca y la remolacha, por ejemplo; pero a mí me parece una exposición muy incompleta de eso. Pero lo que sí que es cierto es que se habla del Mercado Común como horizontes, y parece que, en cierta manera, pues, la solución de nuestros problemas tiene que ir por ahí. Y yo creo que nos estamos olvidando de que sí que tenemos que desarrollar una conciencia regional, sí que tenemos que tener un desarrollo endógeno y autosostenido, pero, al mismo tiempo, tenemos que somos una Región dentro de un conjunto nacional (y no solamente desde el punto de vista patriótico, no me estoy refiriendo a él, sino me estoy refiriendo desde el punto de vista comercial) y qué duda cabe que nuestro mercado, nuestras relaciones, en definitiva, nuestra interrelación va a ser con, más todavía que con el Mercado Común, con las regiones que componen el resto de la Nación Española, aunque todas estas relaciones sí que tengan que venir enmarcadas dentro de un esquema que, indudablemente, en un horizonte que no puede ser otro que el del Mercado Común.

Y se habla también, por ejemplo, de una solución en el caso de la descentralización. Se pone mucho énfasis en la descentralización, y a mí me parece bien, pero luego no se dice cómo se descentraliza y hasta yo me asustaba un poco porque creo que en algunos detalles se puede ver más bien que vamos hacia una brutal centralización, nos vamos hacia una centralización. Se habla de crear una serie de organismos y no se dice dónde se crean, pero yo me estoy imaginando dónde se crean; y sí que se dice que se hacen convenios con universidades, pero con la Universidad de Valladolid; y sí que se dice que, en cambio, que el Instituto de Planificación Económica, me parece, de Desarrollo y Planificiaón Económica que ahora estaba en otro punto, fuera de Valladolid, también se trae a Valladolid. Hombre, yo creo que se nos habla de descentralización, pero se nos expone al mismo tiempo un programa centralista. Yo, esto sí que me alarma, y me alarma mucho, porque yo creo ver buenas intenciones en la exposición del programa, en esa descentralización, pero, sin embargo, luego veo el programa, lo analizo en sus diferentes detalles y, desde luego, pecamos y caemos siempre en el centralismo. Y resulta que vamos a centralizar y vamos a centralizar hasta las tasas, como se nos decía esta mañana, el que se señalaba como una condición, como una deficiencia de las tasas que ahora son cobradas en los sitios donde se generan los servicios. Y que yo comprendo que hace falta un control, que el control indudablemente sí que tiene que ser central, pero parece que vamos hasta la centralización, hasta, quizá, del cobro de las tasas. Entonces, a mí me parece que existen una serie de contradicciones importantes entre lo que se quiere decir, lo que indudablemente se dice y que está matizado, a mí me parece, de buenas intenciones, y luego una serie de conceptos que, por el contrario, cuando ya se concretan más, parece que se va a realizar lo contrario de lo que se dice. Y yo creo que no se dan soluciones, porque luego se pasa a decir que en el año mil novecientos ochenta y cuatro se van a crear una serie de cosas que son fundamentales, que va a ser fundamentalmente el año mil novecientos ochenta y cuatro un año de iniciación de estudios. Yo creo que, bueno, es una buena circunstancia el considerar que hay muchas cosas que no se conocen, y que convendría profundizar en el conocimiento de las mismas; pero yo creo que, al mismo tiempo, habría que señalar ya soluciones y habría que adelantar, concretando un poco más, los problemas, e iniciar algunas actuaciones más concretas; porque, luego, dentro de este plan de estudios, veo que son muchos los comités, los planes, los programas, los centros, etcétera. Yo he apuntado aquí el Plan Económico Regional, el Comité de Inversiones Públicas, el Programa Cuatrienal de Inversiones (que ahora ya sería trienal), el Consejo Económico, el Instituto de Desarrollo y Planificación Económica, la Sociedad de Promoción de Exportaciones, etcétera. Es decir, parece que ahora estamos programándonos para hacer una serie de organismos de estudio de lo que se va a hacer. Hombre, yo creo que tendría, a mí me hubiera gustado que hubiéramos

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estado en condiciones de avanzar un poco más, de poder señalar un poco más de lo que tiene que ser la programación económica, el desarrollo económico de nuestra Región, aunque luego haga falta la creación de todos estos comités, el estudio de todos estos planes, la creación de todos estos institutos, etcétera, que considero que puede ser y que debe ser interesante. Pero, indudablemente, quedan esas lagunas.

Luego también se habla de, por ejemplo, algún punto importante. Se habla del desarrollo del sector público y sector privado, se ha dicho que las inversiones son pocas en ambos sectores en nuestra Región. Se habla de que el ahorro regional se va al exterior de nuestra Región, cuando ese ahorro regional podría generar riqueza interna. Y efectivamente, pero también aquí no se nos ha dado ninguna solución, no se nos dice en qué porcentaje o cómo se va a estimular ese sector público o cómo se va a incentivar ese sector privado, cómo se va a suplir esa falta de iniciativa empresarial, que es uno de nuestros grandes problemas, etcétera.

Yo creo que quedan demasiadas imprecisiones que, bueno, después de una exposición tan larga, podrían haberse dado algunas más. Del fondo de compensación interterritorial, sin embargo, se nos da una precisión que hasta ahora no se nos había dado, porque estamos preguntando, muchos de los Procuradores aquí presentes y otros que no están aquí, hemos preguntado muchas veces por el Fondo de Compensación Interterritorial, cómo se iban a invertir esos diecinueve mil millones. Bueno, hoy ya se nos ha dicho algo, se nos ha dicho que se ha llegado a un común acuerdo, entre comillas (indudablemente se nos ha dicho por el señor Consejero, lo que quiere decir que ese común acuerdo a él tampoco le satisface, pero que ha habido que aceptarlo, y nosotros lo tenemos que aceptar también), en el cual la inversión en proyectos propios no es más que de diez mil novecientos millones de pesetas. Bueno, yo creo que ya es una concreción, pero quizá desde la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, hoy se nos debía haber dado una precisión un poco mayor sobre cómo se van a invertir esos diez mil novecientos millones, que son dos veces y pico, me parece, el Presupuesto de toda la Comunidad Autónoma, cómo se van a invertir, en qué sectores, en qué proyectos y en qué medida puede servir este Fondo de Compensación Interterritorial también para animar esa inversión, tanto pública como privada, que es necesaria y que tanta falta hace en nuestra Región. Y cuando se habla de Comercio, cuando se habla de Comercio y cuando se habla de una actuación vertical, de una actuación concreta de la Consejería, en un sector ya determinado, pues, yo tenía un poco la esperanza de que esa falta de concreción que se hacía en los otros apartados, en el caso de la Ordenación Comercial, en el caso del Comercio, pues, podíamos llegar a una concreción mayor.


EL SEÑOR PRESIDENTE:

Señor Montoya, le ruego abrevie, que se le ha agotado el tiempo.


EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sí, ya termino. Entonces, bueno, aquí se nos dice que sí, que se ha actuado con mucha mayor eficacia en la resolución de los expedientes, pero también se nos habla de la necesidad de concentrar la oferta, de regular los mercados, etcétera, de la asistencia a ferias, ha hablado de SODICAL, de la Comercialización, se nos ha hablado hasta del pan especial de Burgos (por menos que esto me han acusado a mí de provincialista), y bueno se habla de, efectivamente, de muchas cosas. Pero yo diría que de todas ellas se habla de una forma epidérmica. Son actuaciones, se detallan, se describen las actuaciones a desarrollar por la Consejería, pero falta, en cambio, la orientación que hay que dar a toda la actuación comercial. No se dice esa concentración de oferta cómo se desarrolla; por ejemplo se ha hablado de la concentración de oferta y no se habla de los MERCOS, no se habla de los MERCOS, que es la concentración de oferta, que a través de este organismo puede hacerse la concentración de oferta más clara en toda la actuación agrícola. Bueno, y con esto termino, solamente quería decir que el Presupuesto, pues, bueno, yo, se ha reconocido, yo en este caso me encuentro un poco justificado a aquella enmienda que tuve que poner a la totalidad, de que los desfases que se van haciendo y que va habiendo en el Presupuesto, desfases originados, como yo señalaba entonces, porque no se tenía una idea concreta de la transferencia asumida. Quizá ese Presupuesto que nosotros nos hemos adelantado a hacer, que otras Comunidades Autónomas no han hecho, pues, quizá sí con estas palabras del señor Consejero se demuestra que era muy difícil hacerlo, que el Presupuesto había que hacerlo (si había que hacerlo), había que hacerlo mal, como se hizo, y que, bueno, estos desfases se van a producir y que justifica que el Presupuesto era incompleto, en tanto en cuanto no se hacía una inclusión de los servicios transferidos y de los no transferidos. Nada más y muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Montoya. Señor Consejero, tiene la palabra.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias, Señorías. Señor Montoya, sobre todo por la preocupación que me ha mostrado por la serie múltiple de temas que han

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sido abordados. Y aunque ha hecho un recorrido rapidísimo, insinuante, pero no analítico, entiendo yo, punto por unto, de la exposición de esta mañana, le voy a disculpar por lo siguiente: porque el procedimiento parlamentario, entiendo, que limita la intervención a diez minutos, reconozco que no le da tiempo no solamente ya a profundizar en un material que he tenido a bien entregarles para que puedan disponer y estudiarlo detenidamente, sino incluso para sacar impresiones precisas ni del discurso, ni del mismo material; con lo que reconozco perfectamente, pero éste es el procedimiento parlamentario, las limitaciones que en su intervención pueden haber existido, es decir, la ambigüedad o generalidad. No obstante, le quiero ya adelantar, y quiero hacerlo extensible a todos los miembros de la Comisión, que si les he comunicado, les he ofrecido el discurso y este material como ya en su momento hice en una comparecencia, no era comparecencia, en una Comisión, dándoles, ofreciéndoles las valoraciones entonces provisionales y los decretos de transferencias y de valoraciones de todas las Consejerías, cosa que a mí no me correspondía, quiero con esto decirle, que si lo he hecho es porque la disposición de mi Consejería y de este Consejero es que tengan este material, y no agoten, porque entiendo que no se puede agotar ni en extensión, ni en intensidad, los temas ahora; y cuando lo deseen, o por vía procedimental, interpelación o pregunta (y por eso se los doy los datos), o por vía incluso de pedir otros datos a la Consejería, esta Consejería está dispuesta no solamente a contestar en cualquier momento en profundidad, sino también a ofrecer cuantos datos sean de la utilidad de los representantes de estas Cortes para, precisamente, en el ánimo que subyacía en mi intervención (véase, por ejemplo, el Consejo Económico Social y qué ideas quería yo allí manifestar), en ese ánimo y en esa línea puedan participar Sus Señorías, y no solamente Sus Señorías, sino otras instancias sociales, no solamente en las proposiciones, sino en el debate extraparlamentario, también parlamentario, es decir, en definitiva, en la maduración de las decisiones de esta Consejería. Hecha esta introducción, que considero clave y extensible a todos, a todas Sus Señorías, se me hace difícil entrar (precisamente por lo que he señalado que adolece su intervención en cada uno de los puntos que me ha presentado), pero claro, si las preguntas se hubieran concretado, también a veces es muy difícil entrar en las concreciones y responder a concreciones, por cuestiones no solamente de diálogo, sino incluso de posibilidad de contestar, pero realmente se me hace difícil porque ha hecho un repaso muy rápido prácticamente de toda la exposición, aunque sea muy genérico. Voy, no obstante, a intentar recoger algunas de las observaciones que me hace.

Bien. Diagnóstico incompleto. Mi misión no es (ni la misión de esta Consejería) ofrecerles en el discurso un diagnóstico exhaustivo. Entiendo que ese diagnóstico lo han de ofrecer todas las Consejerías; yo he querido, sí, darles un pequeño resumen a partir del cual, entendía, se podían articular principios, objetivos, instrumentos, etcétera. No obstante, y ya les anuncio que está a su disposición la Consejería y yo mismo también, en mis trabajos, reiteradamente, hemos establecido el que les he anunciado, diagnóstico de la economía de la Región, que ha sido elevado con fecha veintinueve de Julio a la Administración Central para que lo tuviera en cuenta a la hora de elaborar ese no nato plan cuatrienal económico. Quiero decir que, efectivamente, en las pocas páginas a las que aquí me refiero a diagnóstico, ha sido resumido y sin contrastación empírica, aunque algunos de los datos de población, por ejemplo, sí que me he referido y que podemos, si Su Señoría lo considera conveniente, entrar en esa exposición detallada. En cuanto a la estrategia o remedios alternativos frente a este diagnóstico, yo pienso ahí, sí que pienso que he sido muy claro (evidentemente, dentro de los límites y de las limitaciones de una intervención). He explicado, en principio, las posibles estrategias que a mi juicio, en torno a lo que se denomina desarrollo regional, existen en la actualidad, y sobre todo me he referido, aunque de forma indirecta, a la estrategia de desarrollo equilibrado y a la estrategia de desarrollo desequilibrado o polarizado, utilizada a mi juicio, fundamentalmente, en los años sesenta. Y me he decantado, explícitamente (evidentemente, esta decantación no solamente es propia de mi Consejería, es propia de un programa de gobierno de la Junta) y me he decantado por una estrategia de desarrollo (página dieciocho y siguientes del discurso) claramente equilibrada, de signo equilibrado y autosostenido, donde entiendo que es básico no centrarse, no polarizar la estrategia ni espacialmente ni sectorialmente. Es decir, generar una estrategia que posibilite la imbricación del sector industrial y agrario dejando al margen (a pesar de su cuantía en términos de "Pi") al sector servicios, por las razones que di en el discurso y que no voy a repetir. En segundo lugar, estrategia ligada a los mercados exteriores, es decir, una estrategia que busque promocionar, profundizar en la demanda exterior fundamentalmente, extranjera o no extranjera, como motor de arranque, impulsivo, centrada en el aumento de las ventajas comparativas (aunque no se diga comparativas) de nuestra oferta propia y en el aprovechamiento efectivo de las iniciativas castellano-leonesas de dichas ventajas; es decir, en el aprovechamiento de nuestros recursos humanos, físicos y financieros. Pienso que no vamos ahora a entrar a dilucidar si es una estrategia equivocada o no, es una

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estrategia de desarrollo propuesta en nuestro programa, profundizada, y que yo entiendo personalmente que es una estrategia adecuada para nuestra Región, porque el anterior modelo ha empobrecido (en términos de recursos humanos, claramente con los datos que he dado, de recursos financieros, con los datos que he dado) a nuestra Región, y nuestros recursos físicos van a ser transformados fuera de nuestra Región; es decir, no generan la capacidad, la potencialidad de valor añadido que tienen. Entiendo, por lo tanto, que ante la estrategia de los años sesenta, ofrecemos otras salidas.

No es que piense que no está genéricamente expuesto, a pesar de la limitación del tiempo, sino perfectamente definido, incluso con el riesgo de la definición, porque muchas veces es mejor la ambigüedad y la ambigüedad se puede llegar a ella a través de formulaciones incluso delicadas y preciosísimas, se cae en un riesgo en la definición de estrategia, pero asumo y asumimos ese riesgo.

Tema de la descentralización, es decir, pasando de los objetivos a los principios. En los principios o ejes vertebradores de la actuación, y yo diría que no sólo de la Consejería, sino que es algo permanente y principio permanente, inspirador de la actuación de toda la Junta, señalo dos: el primero, la regionalización descentralizada. Efectivamente, me acepta el principio; pone en duda, sin embargo, si esta descentralización se va a llevar a cabo, o es posible (pienso que lo interpreto bien). Yo le aseguro, y por eso decía que es el principio, que es un principio que trasciende la actuación de esta Consejería, pienso que es un principio que está ya germinando la actuación de la Junta en otras Consejerías también. y aunque no sea competencia de mi Consejería, sí le puedo poner el ejemplo de la Consejería de Interior, que está ya en estos momentos -y lo ha comunicado ante Sus Señorías- negociando, discutiendo y perfilando los Proyectos de Ley que podríamos llamar de desconcentración, es decir, Proyecto Ley de transferencias de competencias a las Diputaciones y de coordinación de esas competencias. Es un ejemplo. Quiero decir que no es un principio propio solamente de mi Consejería, sino que entiendo ese principio está ya iluminando la acción de toda la Junta; por lo tanto, lo recojo como tal, no como principio exclusivo. Ahora bien, se me dice, o me argumenta, entendemos o entiendo que no lo parece que se esté ahora, en estos momentos, bien. A mí me gustaría, señor Montoya, Señoría, que me concretara, en nuestra Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, cómo este principio de regionalización descentralizada no está teniendo lugar, en concreto. Yo le puedo decir que no es que me preocupe o no; me preocupa mucho. Es un principio que le acepto; más aún, le voy a decir, y le voy a adelantar: dentro de mi participación modesta en la elaboración y redacción del programa electoral del PSOE a nivel regional, tuve parte esencial en la redacción de este principio, o responsabilidad especial. No es que me preocupe solamente, es que creo que es imprescindible para hacer una Región articulada, para hacer una Región verdaderamente autónoma y una Región diferenciada. De ahí que, si me equivoco o no pongo en práctica este principio, le aseguro que yo estaré actuando en contra de mis convencimientos. En concreto, en la medida que en la Consejería ha sido posible, la Consejería se ha dirigido a todas las Diputaciones, a todas las Diputaciones que ha podido de la Región (de las nueve provincias), a todos los Ayuntamientos (y usted es testigo presencial de que nos dirigimos al Ayuntamiento, no digo al Alcalde, de Burgos, por ejemplo) para ofrecerles absolutamente todas las posibles propuestas, convenios, etcétera, que la Consejería, en materia, en concreto, de actuación vertical (es decir, en la materia de comercio) podía ofrecer. Lo hemos hecho en León, con el Ayuntamiento de León; lo hemos hecho en Soria, lo hemos hecho en Avila, lo hemos hecho en Burgos (frustrado), lo hemos hecho en Salamanca, etcétera. En materia, en concreto, de comercio, a nivel de tributos, evidentemente, no solamente hemos recorrido las nueve provincias, Delegación por Delegación, sino que era imprescindible, evidentemente, por eso lo dejo al margen. Quiero decir, en aquella faceta que nosotros tenemos competencias verticales finalistas, hemos intentado llegar, no esperar (podía haber sido nuestro método de actuación), con lo cual pienso que a ese nivel hemos profundizado. Y más aún le voy a decir, mis dos, mis cuatro -mejor dicho- viajes oficiales en función de las competencias de la Consejería, preocupado especialmente por los llamados flecos de la Región, oficiales, han sido: a Béjar: reunión de Cámaras de Comercio y problemas especiales de Béjar. A Ponferrada: Expo-Bierzo y reunión con Asociaciones de Cooperativistas. A León, y a Burgos.

Quiero decir, evidentemente, dentro de mi tiempo limitado de los dos o tres meses que llevo, espero que al final del año habré podido asistir y reunirme con sectores sociales, económicos, etcétera, de toda la Región. Evidentemente, también he participado en la reunión, y directamente con el Presidente de la Junta, de la CECALE, representativa de los intereses empresariales de toda la Región, con Sindicatos (Comisiones, USO, UGT) de toda la Región, etcétera. Es decir, entiendo que mal haríamos, desde luego, desde esta Consejería si no tuviéramos una visión global de los problemas y pusiéramos en marcha ese principio de regionalización descentralizada. Ahora bien, que un instituto u otro se ubique en un sitio o en otro...; la

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sede social la tiene que tener en un sitio, es indivisible, y ya he dicho muy claramente, muy claramente para que no se generen posibles malentendidos, allí donde esté la Sede de las Instituciones, y ahora es provisional, estará la Sede Social de tal Instituto: si la Sede de las Instituciones definitivas está en Burgos, la Sede social de Instituto, estará en Burgos. Ahora bien, ese Instituto, como también he dicho, tendrá secciones (secciones en función de unos criterios, de racionalidad y eficiencia) allí donde haya necesidades específicas y donde haya posibilidades específicas de resolver aquellos problemas. Quiero decir, o con esto quiero contestar a esa objeción que no es al principio, que lo acepta, sino tal vez a la actuación de la Consejería.

El tema de la CEE. Bien, mire, yo estoy preocupado especialmente por dos cosas, y puedo estar equivocado o no. Esta preocupación me ha hecho dar los primeros pasos, (en ninguna de las Consejerías de esta Comunidad), en relación con el tema de la CEE. El convenio en la CIHEAM, fue firmado por esta Consejería, como un vehículo de aproximación a la CEE. Es la primera Región o Comunidad Autónoma, fuera de la CEE, que firma, en todo el mundo (la acción depende de la UCD) un convenio con la CIHEAM y era fundamentalmente, ¿para qué?, para que en el ámbito que me corresponde, la formación de investigadores y la formación de los funcionarios de la Junta, fueran preparándose, reciclándose, yo dije, incluso preparándose administrativamente para conocer a fondo, para poder trabajar a fondo, y con conocimiento de causa, en el momento de nuestra integración. La integración está ahí, decía, y hay dos cosas que yo le digo y que en las reuniones que hemos tenido a nivel ministerial, yo he planteado muy claramente:

Primero. Que no queremos ser meros auditores, receptores de lo que está haciendo la Administración Central; que queremos participar de alguna forma directa en estas negociaciones. Punto uno, y es posición oficial de mi Consejería.

Y segundo punto. (Y es el que más me preocupa, pero no me atañe a mí sólo, y fundamentalmente, no me atañe a mí). Y es que hay sectores, hay productos, hay métodos de producción que, si queremos entrar con garantías en la CEE, hay que modificar en la Región. Es decir, hemos de buscar, y lo decía en el discurso, unos productos, una oferta receptiva por parte de la CEE, a precios competitivos, y generar, sobre todo, la producción en aquellas instancias donde tengamos ventajas comparativas.

Esto es un proceso lento, lo reconozco; y además lento y que no depende sólo del Boletín Oficial, que exige campañas de otro tipo, que exige concienciación. En eso estamos. Pero, ahora bien, en el sector fundamentalmente agrícola y en el sector industrial, permítame que le diga que yo puedo opinar, no tengo responsabilidad de ejecución política, (en cuanto a miembro de la Ejecución Regional, sí, de gobierno; no en cuanto Consejería); yo lo que puedo hacer, en estos momentos, es acciones en cuanto a formación y acciones en relación al comercio. Y también, permítame, y aquí sí que le revelo algo de las conversaciones, que yo manifesté al Secretario General de la CIHEAM mi preocupación porque se extendieran (y eso está en el Acta de la reunión), los convenios entre el CIHEAM y la Universidad de Valladolid (no entre el CIHEAM y nosotros, porque no existe; es un acuerdo posterior), al resto de Universidades de la Región. Me puede creer o no, evidentemente. Porque no estoy en absoluto mirando a una provincia, y lejos de mí ese provincialismo que no puedo tener, incluso, porque no me siento vinculado personalmente a una provincia, sino a la Región.

Toca sí, aparte de esas observaciones de tipo tal vez genérico, una serie de puntos ya más concretos. Aunque también los toca, me los ha planteado Su Señoría, tal vez muy rápidamente por la premura de tiempo. Yo que reconozco que es un condicionante que nos puede llevar a dos cosas, o a hacer las preguntas tipo telegráfico, con lo cual no acabaríamos nunca, tampoco; o sin embargo, a una especie de diálogo-profundización que lleva consigo el riesgo de tocar los temas telegráficamente; perdón, apuntándolos sólo, no telegráficamente.

Me habla del Fondo, me habla del tema del comercio, y me habla del tema de los Presupuestos, como tres temas concretos que me ha señalado. Bien, yo, si Sus Señorías están de acuerdo en el tema, empiezo por el de comercio. Yo pienso que he sido suficientemente explícito en la exposición y concreción de los ocho programas que planteaba por el lado de la oferta, y los cuatro por el lado de la demanda. Podíamos, yo no lo dudo, entrar en precisiones concretas sobre algunos de los programas, e incluso sobre temas que se han tocado y que, tal vez, sea importante desarrollar, como puede ser la situación dentro del área de comercio, de la parte referente a presupuestación, situación actual de los Presupuestos, etcétera. Yo le aseguro que siendo la única Dirección General de mi Consejería que tiene funciones finalistas, verticales, es donde yo mejor me podría explayar, porque es donde las acciones se ven; son hacia fuera, no hacia dentro. No tengo ningún inconveniente en que esa información que ha denominado epidérmica la pueda desglosar, si así usted lo desea, Señoría, en concreto en un informe sobre las transferencias de comercio al día de hoy; en un programa y en la explicación del programa sobre

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Ordenación Comercial, agregado, Ordenación Comercial por provincias; el programa de Equipamientos Comerciales MERCASA, el programa de Equipamientos comerciales y actuaciones del Consejero, la actuación en relación a las S.G.R., los cursos de primación previstos, con instrucción por instrucción, presupuestación por presupuestación, partida por partida; el Programa de Estudios de Asistencia Técnica; la actuación de la Comisión Regional de Precios durante las tres sesiones formales que ha tenido; los compromisos, en definitiva, presupuestarios de la misma. Yo no tengo inconveniente de pasar punto por punto a desglosar el mismo, me es igual; podemos estar aquí quince horas. Quiero decir, si de algún punto concreto Su Señoría desea preguntar o ser informado, yo, le repito, tanto en cuanto a lo comprometido al día de hoy, como en las previsiones que hacen que nuestro Presupuesto pueda ser, en este sentido, consolidado al 31 de diciembre; en este área concreto, que es donde realmente tenemos transferencias y valoraciones ya definitivas, le puedo dar información cumplida, punto por punto. Pero me gustaría en todo caso, que me hiciera una pregunta sobre qué tema en concreto. Porque, le repito, es tal la cantidad, no ya de documentación, sino de temática y puntos sobre los cuales, y algunos realmente muy interesantes, como puede ser la Empresa, (hasta se lo sugiero, porque quiero que me haga la pregunta) la Empresa de Promoción de Comercio Exterior; las valoraciones actualmente; los Presupuestos, cómo están; los compromisos presupuestarios al día de hoy; las actuaciones de la Comisión Regional de Precios; los expedientes tramitados y distribución de los mismos por provincias en la Comisión Regional de Precios; los Estudios de Asistencia Técnica distribuidos, comprometidos y en estudio; los Cursos de Formación con la Reserva de Crédito (esos ya comprometidos), etcétera. Quiero decir que de esto le puedo dar cumplida cuenta, y no solamente a usted, Señoría, sino que lo hago extensible, porque pienso que muchas veces algunos de estos temas han sido conocidos indirectamente, a través de la prensa, pero me gustaría, me gustaría también, evidentemente, que solicitaran (así de claro lo digo) información, a veces, de la Consejería, y yo estaría encantado de ofrecérsela. Es algo que yo jamás, y miembros de esta Comisión saben mi talante en este sentido o conocen mi talante, jamás voy a poner obstáculo. O sea, que si hay alguna precisión que hacer, se me puede hacer, que con mucho gusto se la intentaré responder (puedo no responderla).

En cuanto al tema del Fondo, el Fondo, Señoría, ha sido una gravísima preocupación de mi Consejería desde que me hice cargo de la misma. Y le voy a decir por qué, y voy a ir incluso a hacer la historia, que puede explicar después otras cuestiones. El día siete de junio, habiendo tomado posesión el día tres de junio del ochenta y tres, se recibieron en la Sede de la Junta, en Burgos, las fichas para la confección de los proyectos de competencias asumidas y no asumidas que debería de presentar la Comunidad Autónoma, la Junta en este caso (siete de junio) el seis de junio. (Después podremos decir o hablar sobre cómo ocurrió esto o no ocurrió). Primero cuestión: negociación con la Administración Central para que se ampliara el plazo, evidentemente. Segunda cuestión: había que determinar proyectos en relación con las competencias asumidas. Como sabe Su Señoría, estábamos en un proceso en que la Administración Central socialista había intentado acelerar, y había hecho un compromiso político formal, de acelerar y de concluir prácticamente las transferencias en el noventa por ciento de las materias transferibles durante el año ochenta y tres-ochenta y cuatro. ¿Qué quiero decir? Primero, negociar el poder presentar los proyectos después de haber cerrado el plazo. (Ahora no echo, ni explico, ni echo culpas, etcétera). En segundo lugar, determinar exactamente la cuantía de las transferencias que nos correspondían de las competencias asumidas, en función de las cuales nos correspondía la determinación de un montante de proyectos de los diecinueve mil millones que correspondían a la Región. Evidentemente, esto pudimos hacerlo, después de bastante esfuerzo, y sin contar (y luego, después le diré por qué) con los proyectos designados, perdón, elegidos por parte de la Administración Central para ejecutar por parte de la misma, lo pudimos hacer el veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y tres, cuando ya estaban, teóricamente, cerradas las negociaciones. En dicha reunión, los diecinueve mil ciento dieciséis millones que correspondían a Castilla y León, se dividieron en dos partidas: diecisiete mil setecientos setenta y ocho coma ocho millones para incluir en proyectos de la Administración Central, por falta, en aquel momento de competencias asumidas; y solamente mil trescientos treinta y siete millones coma ocho en proyectos de la Junta de Castilla y León, correspondientes a servicios ya transferidos (capacidad de maniobra, mínima). Sin embargo, posteriormente, y a medida que se tramitaban los Presupuestos Generales del Estado, se produjo, inmediatamente después del veintiséis de julio, el acuerdo de Valoración, en materia de carreteras, obras hidráulicas, vivienda y medio ambiente (entiéndase, el MOPU y lo que supone el MOPU). Con lo cual, y a continuación, se modifican los importes de las dos partidas anteriores, en los siguientes términos: corresponden, a ocho de septiembre, ocho mil ciento setenta y dos millones en proyectos de la Administración Central, y ya diez mil novecientos cuarenta y tres millones en proyectos de competencia de la Junta

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de Castilla y León. Piénsese que esto es, ni más ni menos, producto de una negociación acelerada de asunción de transferencias que tiene efectos en la mecánica de funcionamiento del Fondo. En esos momentos, de estos diez mil novecientos ochenta y tres millones de pesetas, ocho mil ciento noventa y una correspondían a las competencias de reciente asunción, cuyos proyectos fueron determinados por el MOPU (quiero decir, nosotros no los habíamos negociado, el MOPU los había incluido); en tanto que dos mil setecientos cincuenta y dos coma cinco millones restantes corresponden a proyectos designados por la Junta de Castilla y León. Quiere decirse que la Junta ha sido autónoma (o es todavía, todavía tiene tiempo, y después le diré por qué), es autónoma para decidir en los mil trescientos treinta y siete millones que ya el veintiséis de julio había decidido, más estos dos mil setecientos cincuenta y dos millones. Pero, ¿por qué?, (y no voy a desvelar ningún secreto, porque los Presupuestos Generales del Estado son públicos, por lo menos los Procuradores los tienen para su consulta), porque estos dos mil setecientos cincuenta y dos millones de pesetas aparecen duplicados en los Presupuestos Generales del Estado, y aparecen en el Fondo y en el MOPU; y la Consejería, a través de una ardua negociación, consigue del MOPU y del Comité de Inversiones Públicas Estatal, que aquellos proyectos se mantenga en el MOPU, y nos permitan que la Comunidad pueda disponer de proyectos propios por esta cuantía. Quiero decir, es un proceso largo de explicar, pero me parece que para eso están ustedes y también para eso estoy, Señorías, para eso estoy yo, para explicarlo en estos momentos.

Dicho esto, podíamos hablar de otra serie de cuestiones. Por ejemplo, de cómo la Junta, ya no la Consejería, (y ahí transciendo mi responsabilidad), ha elaborado, ha detectado, ha determinado, ha definido una serie de criterios, a propuesta del Comité de Inversiones Públicas, (los decide la Junta, los aprueba la Junta), para distribuir este montante total de proyectos a determinar por la Junta y que va a ir incluidos en nuestros Presupuestos del ochenta y cuatro. Pero, claro, en primer lugar, sí que le voy a dar algún criterio (no ocurre nada), la determinación de proyectos por estas dos cantidades que le he citado, que los tiene que presentar la Junta, a través de mi Consejería, en los Proyectos de Presupuestos del ochenta y cuatro, en total, tiene que venir determinado, según unos criterios,. Serán aprobados (primera cuestión), serán aprobados, proyecto por proyecto, o no, en estas Cortes; quiere decirse que de momento no podemos hablar de ellos porque irán incluidos dentro, dentro de los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro. Y criterios, le voy a decir, no solamente hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar las propuestas de los criterios, no de determinar todavía, los criterios que tiene actualmente, que contempla actualmente el Fondo de Compensación Interterritorial, sino que también queremos tener en cuenta los siguientes criterios: cuáles son, o cuál es el resto de la inversión nueva del Estado en la Región, y su distribución. Ya sabe que, teóricamente, el Fondo corresponde a una parte de la inversión nueva, al cuarenta por ciento a nivel estatal; no es así a nivel regional.

Cuál es la inversión de reposición estatal en la Región, y su distribución. Y esto por una sencilla razón, porque es que podemos, podemos coincidir, confluir y reproducir inversiones si no conocemos las del Estado; y, evidentemente, perder eficacia. Pero, claro, las del Estado no están determinadas todavía, falta su aprobación, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Senado, que aunque sea por trámite de urgencia, a finales de diciembre nos vamos.

Pero también dos elementos más, o tres, mejor dicho: la asignación de planes provinciales y su distribución a través y a lo largo de la Región, de planes especiales y de canon energético. Queremos tener en cuenta absolutamente toda la inversión que llega a la Región, nueva y de reposición, y provincia por provincia, para determinar, sectores en primer lugar, y provincias en segundo lugar, e incluso zonas y bolsas de pobreza de nuestra provincia. Pero tenemos que tener los datos. Dar ahora los proyectos sin tener esos datos, nos puede llevar a ineficacia. Entiéndame por lo tanto, cuál ha sido el proceso por el cual hemos generado mayor número de proyectos, en primer lugar, para nuestra Comunidad, a gestionar y a decidir por nuestra Comunidad, a proponer por la Junta a las Cortes (porque irán en los Presupuestos y serán las Cortes las que tendrán que decir la última palabra); y en segundo lugar, cómo hemos llegado o qué criterios han pesado a la hora de determinar aquellas posibles propuestas que nosotros, que la Junta vaya a hacer. Entiendo (podía entrar en más detalles, en más cifras) que doy cumplida cuenta a la pregunta del Fondo. También quisiera decir que es un tema espinoso. También quisiera decir que es un tema en el cual (yo lo dije) nosotros, en aquel común acuerdo, entre comillas, (en el texto no estaba entre comillas, si se ha fijado), me gustaría, nos gustaría, y en eso estamos, en que los principios de coordinación de las inversiones públicas a nivel estatal se replanteen, y en eso vamos a ser firmes; punto primero. Y punto segundo, que cuando llegue la determinación de los proyectos del Fondo, la Comunidad pueda conocer los proyectos de inversión, previstos por el Estado, dentro de la Comunidad. Porque si no, podemos llegar, repito, a duplicidades, y ya se prevé en el Proyecto de Ley de Compensación del uno

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de mayo, etcétera. No sé si es posible o no; pero lo que sí que no puede haber es descoordinación entre las inversiones de la Comunidad y del Estado, mucho menos entre las de la Comunidad; de ahí la creación, entre paréntesis, del Comité de Inversiones Públicas Regional, de cara a nosotros mismos.

Y no sé si queda alguna cuestión más en relación con el tema de los Presupuestos. Pero discúlpeme, Su Señoría, si no le he tomado correcta nota de la pregunta. Sé que me ha hecho una observación en relación a los Presupuestos. Si, más que una observación, casi me ha venido a decir que qué razón tenía, Su Señoría, en el momento de la crítica a los Presupuestos en aquel momento. Le voy a decir una cosa, vamos a distinguir, y lo he dicho, dos tipos de Presupuestos: los Presupuestos de entonces, y los Presupuestos que estamos preparando ahora. Mire, y con esto convenga, Su Señoría, en que si en aquel momento no hacemos unos Presupuestos de mera gestión y, casi diría, administrativos, coyunturales, sin introducir una serie de partidas de inversión, que están ahí, y son inversión real, (por ejemplo, la del Fondo), difícilmente hubiéramos podido echar a andar. Así de claro. Más aún, le voy a decir, ni yo hubiera podido nombrar Directores Generales, ni tener una plantilla mínima, ni empezar a hacer gestiones en el área de comercio. Es decir, eran imprescindibles, imprescindibles para echar a andar la Junta, pero también las Cortes. Hubiéramos andado con anticipos de tesorería, que Su Señoría sabe, mi Consejería ha sido, (no sé cómo calificarlo, que se califique a otras instancias) muy pronta en resolver cuantas peticiones a la Consejería se han hecho en relación a anticipos de tesorería; pero no hubiéramos tenido anticipos de tesorería para las Cortes y para su funcionamiento, si no hubiera habido esos Presupuestos; es decir, fueron puramente, y así lo testifiqué, unos Presupuestos coyunturales para echar a andar, para sentar la infraestructura. Evidentemente se han acabado, se han acabado. La infraestructura está, mala o buena, pequeña; todavía se desarrollará más. Y, evidentemente, es por lo que he explicado qué pretenden, qué método van a seguir estos Presupuestos, y qué dificultades actuales, concretas, existen, no solamente para nuestros Presupuestos, sino para los de cualquier Comunidad, que se rija por el artículo ciento cuarenta y tres de la Constitución, que se haya constituido (o incluso, por el ciento cincuenta y uno como es la de Cataluña, y habrá tenido lugar de ver en la prensa) y las dificultades gravísimas, gravísimas, que existen en estos momentos para confeccionar unos Presupuestos mínimamente presentables. Y le voy a decir más: hemos tenido que hacer un estudio de partida por partida de los Presupuestos Generales del Estado, para incluso decirles, a la Administración Central: éstos son los errores que existen en estos Presupuestos; ante lo cual, evidentemente, nos han dado las gracias, no más.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Portavoz del Grupo Mixto tiene la palabra durante tres minutos.


PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Señor Presidente, señores Procuradores. Muchas gracias, señor Consejero, por el detalle con que ha contestado a mis preguntas o a mis insinuaciones. Yo, simplemente, voy a puntualizar un poquitín más algunas cosas que en mi intervención quedaron confusas.

Sí. La estrategia de desarrollo, evidentemente, se dice aquí, en la página dieciocho y siguientes. Yo quizá, lo que he querido decir es que (explicando esta estrategia de desarrollo, lo que se nos decía eran las otras estrategias que podían haberse seguido y que, evidentemente, eran malas), que quizá se podía haber profundizado un poco en cómo desarrollar esta estrategia de desarrollo.

En cuanto a la descentralización, pues sí, yo indudablemente recojo lo que me ha dicho el señor Consejero, de cómo podía hacer yo la descentralización. Yo no la podría hacer, porque yo creo que todos, y por lo menos si no todos, yo sí que me incluyo en ellos, tenemos un cierto espíritu centralizador e, indudablemente, conseguir hacer una descentralización es muy difícil. Y yo lo que quería era, simplemente, advertir de que, bueno, que no caigamos una vez más en este centralismo que, por algunos detalles como era el traslado del Instituto de Economía o del Instituto de Desarrollo y Planificación Económica, como se llama ahora, de Salamanca a Valladolid, pues podía ser, sí, un poco asustante.

Con relación a la relación con las Diputaciones y los Ayuntamientos que el señor Consejero decía que ha venido, evidentemente yo lo conozco, lo conozco por la prensa, conozco el mal recibimiento de que fue objeto en el Ayuntamiento de Burgos, que yo lamento como burgalés, pero que no puedo hacer nada. Yo creo que, de todas formas, no era exactamente el sentido en el que iba mi pregunta. Mi pregunta iba en el sentido de decir; bueno, si para hacer ese desarrollo comercial no nos hemos puesto en contacto solamente con las Diputaciones y los Ayuntamientos, sino con, digamos, con los sectores comerciales, con aquellos sectores económicos, con aquellos que en definitiva tienen que dinamizar el comercio y el desarrollo de la Región. Porque, hombre, las Diputaciones, yo creo que, comercialmente, no son muchas las actuaciones que pueden llevar a cabo, y los Ayuntamientos sí que pueden llevar a cabo muchas en el sector, pag. 404

sobre todo del consumo, pero no en otros sectores. Yo creo que la conveniencia de ese contacto con otros sectores comerciales de la Región, y esa integración y ese saber dinamizar ese proceso comercial de la Región, yo creo que sería bueno. Yo no sé cómo se puede hablar.

Con relación a que la Sede está en el mismo sitio donde esté la capitalidad, el Consejero ha citado Burgos. Yo no quería aquí hacer hoy, tampoco, ningún provincialismo. Yo quería decir, simplemente, que esto se encajaba dentro del criterio de la descentralización, que habrá que esforzarse, y cuando la capital está en un sitio habrá que buscar otros sitios en los cuales se puedan hacer organismos, se puedan establecer esos comités, o esos institutos, etcétera; que sería bueno tener en cuenta a toda la Región. Y con un criterio, evidentemente, no sólo descentralizador, sino eficaz; pero no entiendo solamente la eficacia como teniendo el organismo al otro lado de la calle, porque en los tiempos modernos, la eficacia tampoco nos llega a ser extrema.

Con relación a la Comunidad Económica Europea, hombre, sí, a mí me parece bien que se piense en la Comunidad Económica Europea como horizonte. Yo, lo que quería decir (que me parece bien que se piense hasta en el convenio con los árabes, y que traigamos petrodólares y todas esas cosas), pero yo quería decir que, yo, como mi deformación profesional me lleva a poner un ejemplo que en la agricultura digo muchas veces, que hemos pasado de los trillos con vacas, a las cosechadoras de cinco metros que no caben por los caminos; decir que, indudablemente, el desarrollo nos lleva a las cosechadoras de cinco metros, y entonces tenemos que pasar por la trilladora, por la gavilladora, y por todas esas cosas. Pero, indudablemente, que aquí no pensemos solamente en la Comunidad Económica Europea, que a lo mejor no sepamos cómo proyectarnos a la Comunidad Económica Europea, y nos olvidemos también del comercio interior.

Bueno, en cuanto a comercio, yo lo que he querido decir, sí, efectivamente, aquí se habla del múltiple programa que se desarrolla dentro de la Consejería, dentro del sector Comercio. Pero yo echaba en falta, y lo sigo echando en falta, un diagnóstico del sector; es decir, así como se nos hace un diagnóstico de la Región, con todos los defectos que queramos señalar en el mismo, que yo he señalado algunos antes, sin embargo, no se hace un diagnóstico preciso del sector, de cómo se encuentra el Comercio en nuestra Región, y cómo se puede llevar un programa de actuación. Luego, sí, se nos entra en programas concretos de feria, la regulación de los precios, etcétera. Pero yo echo en falta, desde mi punto de vista falta un planteamiento global del sector comercial.

Bueno, con relación al Fondo, yo daba las gracias por tener esta precisión de los diez mil novecientos millones, que yo antes no la tenía; y daba las gracias de verdad, y daba las gracias de verdad en tener esta información previa, que es un detalle que yo le he agradecido sinceramente. Y daba las gracias de verdad, o sea que no era ninguna curiosidad. Yo, lo que sí que quería era manifestar una preocupación que ha sido constante, sobre cómo se iba a repartir el Fondo, que yo veo que el señor Consejero la ha tenido mucho más profunda que yo, y que también he comprendido que ahí se ha llegado hasta donde se ha podido llegar, y no se ha podido aguantar más.

En fin (termino, señor Presidente, enseguida termino).


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Yo le ruego que finalice.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Sí, sí, enseguida, enseguida termino.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Esta Presidencia lamenta también la brevedad de los turnos, pero para mayor agilidad...


EL PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Sí.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Aunque hay cierta flexibilidad, le ruego que termine su intervención.


EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR MONTOYA RAMOS):

Bueno, con esto, con esto ya termino. Y, simplemente, del Fondo lo único que me ha preocupado en la intervención es cuando se ha hablado del canon energético, como queriendo entender también el canon energético uno de los ingresos incluidos dentro del Fondo. Hombre, yo creo que el canon energético, habría que defender siempre, que es un ingreso finalista (que sea de las Diputaciones o no, que sea Regional o Provincial su reparto, esto sería otra cosa); pero que este canon energético no se incluya también, como un capítulo más, dentro del Fondo de Compensación Interterritorial.

Nada más. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Montoya. Señor Consejero, ¿quiere puntualizar?


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí, muchas gracias. Muy rápidamente.

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Estrategia de desarrollo: una cuestión teórica, de definición ideológica-política en definitiva, exige un mayor desarrollo. De acuerdo, existe, exige un mayor desarrollo en un estudio, no en una mera intervención. De acuerdo.

Descentralización: como preocupación me manifiesta, sobre todo me manifiesta la preocupación. Tomo nota de la advertencia, a pesar de que le he dicho, Señoría, cuáles han sido actuaciones de la Consejería en relación a la Región, sobre todo porque es imprescindible para una buena marcha (no de la Consejería) de la Junta, del Gobierno, y en definitiva del pueblo castellano-leonés.

Tema Diputaciones. Es imprescindible un mayor contacto, además, con Ayuntamientos y con Cámaras. De acuerdo. Cada vez que vamos a una ciudad, como decía, intentamos ponernos en contacto con los Ayuntamientos y con las Cámaras de Comercio, sobre todo.

Visitas a Cámaras de Comercio de la Consejería: Béjar, Salamanca, Avila, Segovia, Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid. Prevista, que es la única que queda, el viernes, en Zamora. (no voy a decir que son treinta mil kilómetros en tres meses, porque es lo de menos). Son visitas reales, institucionales; quiero decir, queda atendida, preatendida a la llamada y al ruego.

En Programas de Equipamientos Comerciales, por ejemplo, hablando ya de Comercio, echa en falta tal vez el diagnóstico. Nosotros hemos intentado realizar primero el diagnóstico, para lo cual nuestros servicios no son suficientes y, a la vez, aunque nosotros desde la Consejería lo quisiéramos hacer, lo haríamos mal. Entendemos que esos estudios del Comercio Interior de la Región, se han de hacer en colaboración de la Consejería, con organizaciones empresariales, sindicales incluso, y comerciales. De ahí que, en concreto, en relación con Estudios y Asistencia Técnica, tenemos previstos, o ésta es la situación de los estudios correspondientes a las estructuras de distribución comercial de las diversas y diferentes capitales de provincia, de momento, ya hecho o comprometido: realizados y presentados, el de Soria y el de Palencia. Realizados y no presentados, el de Segovia, el de Salamanca, y el de Cuéllar (no capital de provincia). Comprometidos y presupuestados por parte nuestra, directamente, el de Avila, con la Cámara de Comercio, por valor de tres millones setecientas veinte mil setecientas cincuenta pesetas; el de Valladolid, con AVADECO, por valor de cuatro millones de pesetas. Y comprometidos, el de Burgos, con la Cámara de Comercio, por valor de cuatro millones de pesetas; el de León, con la Cámara de Comercio, por valor de cuatro millones de pesetas; y el de Zamora, Cámara de Comercio, por valor de tres millones y medio de pesetas.

Pienso que, dentro del pequeñísimo espacio de tiempo que hemos tenido, suficiente respuesta hemos dado a la necesidad real de conocer la estructura de la distribución comercial de nuestra Región. No sé si es poco o mucho. La historia, diría, nos juzgará. Pero ahí está.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Tiene la palabra, el señor Carbajo Otero, portavoz del Grupo Popular.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR CARBAJO OTERO):

La verdad, es que, como nos ha dicho el Consejero, va a ser, es difícil (ya lo comprende él) extractar en diez minutos las opiniones que el portavoz de cada Grupo pueda sacar, y más a la vista de un informe tan amplio como el que se nos ha dado esta mañana, y se nos ha leído, y por cuya entrega (quiero decir lo que el portavoz del Grupo Mixto) debemos manifestar el reconocimiento al señor Consejero de Economía; si bien, nos hubiera agradado que, como en otra sesión informativa de las Cortes, en otra Comisión, se les entregó previamente, por otro Consejero, un esquema en el que resumía un poco su posterior intervención.

Deben hacerse cargo, el Consejero y los señores Procuradores, que un informe tan denso, tan teórico y tan extenso, es muy difícil tratar de estudiarlo, de combatirlo o de apoyarlo teniendo nada más un par de horas después de la lectura para almorzar y exponer los criterios de cada uno. Así que me voy a limitar a hacer algunas observaciones con relación a lo que se nos ha leído, y voy a ir detallando cosas más o menos concretas; unas serán críticas, otras serán preguntas, y otras serán observaciones.

El informe, repito, muy extenso, es un informe teórico (no en vano, nuestro Consejero es Profesor de Economía), es muy bonito como informe. Me temo que una cosa es realizar una maqueta de un edificio, y otra cosa es, después, construir el edificio.

Viene separado en distintas partes. Primero hace una historia del desarrollo de nuestra Comunidad, en la época del desarrollismo de los años sesenta. Después nos hace un análisis de la situación. Posteriormente nos habla de la estructura orgánica de la Consejería en plan exhaustivo. Luego, nos desarrolla un Plan Económico, nos diseña la Hacienda, la Hacienda Regional. Y por último hay un informe bastante amplio del sector Comercio, que es una de las tres parcelas que tiene como competencia esta Consejería.

Se habla de la historia del desarrollo y se critica la misma, en Castilla y León, por los desequilibrios regionales.

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Y ahora no voy a hacer un análisis de esa historia, sino simplemente a decir que parece que se nota aquí un poco el mismo lenguaje, que también se nota a otras instancias, por expertos económicos del partido que aquí nos gobierna, en el sentido de hablar de la herencia recibida. Ciertamente, el desarrollo tuvo sus inconvenientes, pero lo cierto es que, en aquella época (a pesar de que crecieron desigualdades en determinadas regiones de la Región) Castilla se desarrolló, y, comparativamente, la Región mejoró. Ahora estamos en unos momentos muy difíciles. Castilla no es ajena a la crisis de España, ni España es ajena a la crisis del mundo occidental. Comprendemos que la Autonomía, como tal Autonomía desde que se aprobó el Estatuto y se celebraron las elecciones, lleva poco tiempo. No podemos pedirle grandes logros al Consejero de Economía, pero sí vamos a analizar (como decía antes), un poco, su programa.

Habla de reestructuración del sector agrario-industrial. En eso estamos todos de acuerdo. Pero yo veo una omisión bastante frecuente al sector privado y, más concretamente, a las medianas y pequeñas empresas. Y sin embargo, se hace, se pone especial énfasis en la potenciación de la empresa pública, y si no recuerdo mal, en algún sitio del informe se dice que el despegue, el desarrollo de Castilla y León pasa por la potenciación de la empresa pública.

Yo creo que esta filosofía no es la que nosotros predicamos, no creemos que sea esa la adecuada para la situación de la Región, ni de España; y es más, me temo que tampoco va muy en concordancia con la política del Gobierno de la Nación, en la que parece que ya todo el mundo se ha empezado a convencer que la creación de riqueza, y la creación de puestos de trabajo, pasa por el reforzamiento de la empresa privada, y, fundamentalmente, de la pequeña y mediana empresa que, parece que todo el mundo lo dice, es el auténtico motor del desarrollo del empleo y de la economía.

Se habla de carencia de iniciativas, se habla de fatalismo. No somos fatalistas. Creemos que la empresa privada de Castilla y León no está carente de iniciativas. Lo que pasa es que se está desenvolviendo en un ambiente económico hostil. Lo que ocurre es que la demanda, la demanda se ha frenado. Lo que ocurre es que hay una gran crisis económica: las empresas no generan beneficios, no pueden con los costes crecientes, no pueden con la inflación. Pero creemos que el posible desarrollo o la corrección de desigualdades dentro de la Región, desde luego pasa total, absoluta y necesariamente por el fortalecimiento de la empresa privada.

Se habla, en la página veintidós de los, del Plan Económico y de los objetivos, instrumentos y medidas. Muy bien. Se hace un estudio económico profundo, pero creo que nos movemos en el campo de las teorías y no aterrizamos en el campo de la práctica. Yo recuerdo, creo que todos hemos pasado por el Servicio Militar, que cuando nos hablaban de tácticas y estrategias, nos hablaban de a dónde, por dónde, cómo y cuándo. Yo creo que echo de menos aquí todos estos conceptos. Sí se dice a dónde se quiere ir, pero no por dónde, ni cómo, ni cuándo; aunque sí se habla de proyectos a medio y a largo plazo.

En el diseño que se nos hace, que es un perfil de todo, muy rápido, en el diseño que se nos hace del aparato administrativo, o mejor dicho de la Hacienda Regional, se habla, en la Dirección General de Tributos, en la página treinta de, entre otras facultades, las que le corresponden a la Consejería en relación con los intereses financieros de los entes locales de su territorio. A mi esto me suena un poco a olvidarse de ese principio constitucional. ¿Perdón?

-Es que no le he oído.


EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Bien, que en cuanto a las facultades, o las competencias de la Dirección General de Tributos, en la página treinta, al final, se habla, entre otras, de las que corresponden a la Consejería en relación con los intereses financieros de los entes locales de su territorio. Está bien la política de coordinación, yo creo que la responsabilidad de la política económica en la Región, efectivamente, pasa por ésta, por la Junta y por la Consejería, y también por las Cortes, pero hay un principio constitucional de Autonomía en los Entes Locales que parece que aquí, de alguna manera, no se sigue.

Se habla del Plan Económico en la página treinta y tres. Se habla de un Plan Regional claramente definido que permita sentar las bases en desarrollo armónico y homogéneo, a la vez que alcanzar objetivos económicos, sociales y territoriales, tanto a medio, como a corto plazo. Repito lo mismo: como declaración es muy bonita, pero vuelvo a repetir la frase de a dónde, por dónde, cómo y cuándo.

Se habla de la creación, (lo ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra), de un Comité de Inversiones Públicas, mejor dicho, sí, (he tocado ya lo del Plan Económico Regional) de un Comité de Inversiones Públicas, y se habla de una serie de proyectos, pero tampoco se dice nada de cuáles son.

Se habla del Fondo de Compensación Interterritorial en la página treinta y nueve. También comprendo, porque ya lo ha explicado el Consejero en la frase que entrecomilló verbalmente, del común acuerdo. Hago omisión de ella, porque ya nos lo explicó.

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Se habla de un Fondo de Desarrollo Regional en la página cuarenta y uno. Habla de disparidades de renta, de riqueza, gramáticamente considerables. Pero estamos en lo mismo: no tiene un contenido concreto, no dice qué provincias, qué comarcas va a ser donde la Consejería de Economía, o la Junta, va a hacer algún

plan especial.

En la página cuarenta y siete, se nos habla de Convenios con las Cámaras-Centro de Documentación Europea. Esperemos que este convenio funcione. Se dice que quien tiene la información tiene el poder, pero lo cierto es que en las Cámaras, que yo sepa, no se sabe nada de este Concierto.

Se habla de un Instituto para el Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León diciendo que está en un avanzado grado de gestación. Me gustaría saber en qué mes de gestación se encuentra, para calcular, más o menos, cuándo será el alumbramiento.

Le he oído decir reiteradamente al Consejero y, efectivamente, no sólo lo dice sino que lo está practicando, que la Consejería tiene unos contactos permanentes con la Cámara de Comercio. Tengo que advertir que, efectivamente, la Consejería, y otros departamentos de la Junta, están apoyándose de una manera clara, pidiendo opinión, recabando información, y pidiendo criterios a las Cámaras de Comercio. Esto es bueno, pero parece que es un poco de, tiene algo de contrasentido con la idea general que antes apuntaba con relación al Plan Económico para Castilla y León, en el que hablaba de la potenciación de la Empresa Pública. Yo no sé si lo que se querrá aquí será otro INI. Me parece que la Empresa Pública, (ya han demostrado los acontecimientos que aunque haya sectores donde la Empresa Pública, porque no tiene capacidad de iniciativa privada, capacidad financiera, capacidad de gestión, o alguna otra capacidad, deba entrar en el sector público), parece que no tiene mucha coherencia que por un lado, cosa que desde nuestro punto de vista es muy positiva, se esté en un contacto permanente con las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales, por la Consejería, y sin embargo se hable de que el desarrollo económico de Castilla y León pasa por la potenciación de las empresas públicas.

Se habla del Consejo Económico Social. Nos parece bien. En la Constitución se habla también de un Consejo Económico Nacional que no se ha creado. Nos parece oportuno que se haga en Castilla y León. Le felicitamos al Consejero por esta iniciativa. Esperamos que se haga pronto y también esperamos, porque aquí creo que no se dice, que todos estos organismos, de los que hemos estado hablando, estén adecuadamente representados.

También hay otra cosa de que me felicito, por la opinión de esta Consejería, que es que nos ha dicho claramente, y así lo pone en el informe, que no se van a crear nuevos tributos por esta Consejería o por la Junta de Castilla y León. Efectivamente, todo el mundo sabe, (yo antes lo decía y creo que está en el ánimo de todos), el momento económico es muy difícil. el torniquete fiscal, tanto de la Administración Central como de la Administración de los Ayuntamientos, de la Administración Municipal, y las (bueno no, indirectamente podía ser también incluso las Diputaciones), pero sí de los Ayuntamientos, están, cada vez atornillando más a la empresa, la están restando liquidez, están restando poder adquisitivo al contribuyente; recursos que van a generar no nueva inversión, porque los Presupuestos Generales del Estado (y perdóneme que me refiera a ellos) este año, en pesetas corrientes, tienen menos cantidad destinada a inversión que el año anterior, y si...


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ruego a Su Señoría que abrevie y que resuma el resto de su intervención.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR CARBAJO OTERO):

Vamos a ver si podemos acabar.

Insisto, se habla de un sector público potente; parece un contrasentido con lo que decía antes. El Presupuesto, el señor Consejero nos dice que no lo ha podido presentar porque no están confeccionados los Presupuestos Generales del Estado. Yo creo que aquí tenemos un mandato, en nuestro Estatuto, que dice que debe estar presentado antes del último cuatrimestre del año, y que se podía haber hecho un Presupuesto, sin perjuicio de que luego se le hicieran los añadidos que fueran precisos en función de cómo se desarrollen los Presupuestos Generales del Estado.

Nos ha hablado, (porque la verdad es que hay que reconocer que el Consejero se ha molestado y se ha preocupado de ver cuáles son todas las cosas que se le podían plantear aquí, por eso hay que felicitarle), de que no se ha hecho una Ley de Patrimonio; pero creemos que también se podía haber diseñado un poco de cuáles podían ser los criterios para esta Ley, porque hoy, lo que no estamos pidiendo es un inventario patrimonial, sino una Ley que regule el Patrimonio de la, de la Autonomía, que, aunque hoy sea pequeño, el día de mañana puede ser importante. Y nada estorba, para que ya conozcamos los principios que lo van a regular.

Se habla de Préstamos a las PIMES, Mercados Mayoristas. Yo le diría, con relación a este asunto, que se está hablando de logros por esta Consejería que ya estaban realizados con anterioridad; porque concretamente, con relación al MERCA de Zamora, el Convenio ya estaba firmado por el pag. 408

Ayuntamiento hace más de un año. Lo mismo ha pasado con lo que nos ha informado con relación a los estudios de las Estructuras Comerciales. Yo le pediría al señor Consejero, que es un hombre que nadie duda de su competencia, ya sé que él no lo hace personalmente, pero, por la gestión de la Junta de Gobierno, que no se apunte tantos que ya estaban realizados con anterioridad. El Estudio de las Estructuras Comerciales de Zamora también es algo que corresponde a la etapa anterior al Gobierno de esta Junta.

No me quiero extender más. Ya me han pedido que acabe. Sólo voy a decir que se ha hablado como un logro de la Centralización de los Precios determinados, de la unificación de precios de determinados productos, se ha hablado del precio del pan. Y yo creo que eso es volver a la centralización y no a la descentralización. Antes estas cosas se resolvían en las provincias, y parece más lógico que el precio de pan esté un poco adecuado a la capacidad económica de cada provincia, porque hay provincias con diferente nivel de Renta, y no hacerlo de una manera general; aunque comprendo también que por razones de rapidez, o de cierta comodidad, pueda ser mejor hacerlo de esta manera. Pero yo estimo lo contrario.

Y por último, decir ya, de la última frase del informe en la que nos dice, que con ello toda esta labor que viene desarrollando mi Consejería no hace sino cumplir con lo prometido en el Programa Electoral y el mandato recibido de nuestro pueblo, que bien, que él lo estima así, que yo sé que es un hombre que tiene esas creencias y así nos lo hace saber como hombre sincero; pero que me parece bien como manifestación de un programa de partido, o en un congreso de partido; pero creo que este programa aquí, en estas Cortes y en esta Comisión, dista mucho de ser lo que por lo menos, modestamente, otro grupo político entendemos que debe ser el verdadero programa de desarrollo para nuestra querida Región.

Nada más. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. El señor consejero tiene la palabra.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Quiero empezar dando las gracias encarecidas al portavoz hoy del Grupo Popular, y, sin embargo, mi buen amigo, señor Carbajo.

Y quiero hacerle dos observaciones sin ánimo, no voy a decir de crítica, sin ánimo de ofensa ninguna. En primer lugar (empiezo por el final), efectivamente, yo respondo de mi gestión, aunque el Gobierno en el que me hallo, es un Gobierno para todos. Es un principio básico. Sin embargo, se presenta a unas elecciones con un programa y, evidentemente, por coherencia política, ha de responder a ese programa porque considera que ese programa, respetando el resto de los programas, éste es el que responde mejor a las necesidades del pueblo y de la Región. A mí me agrada esa observación; no me hubiera gustado que me hubiera dicho que no soy coherente con ese programa (apreciación que últimamente se viene oyendo en otras instancias).

Y una segunda observación, y no me lo tome a mal Su Señoría, a veces da la impresión de que ha estado comparando esta exposición, esta intervención, en definitiva este programa, estos fines, estas actuaciones, más que con el Programa del Grupo Popular al que representa, con el Programa de una Cámara de Comercio. Lo digo sin ánimo de ofensa. Y quiero decir que me ha puesto como contraposición sistemática, reiteradas veces, los posibles fallos de este programa, o de esta intervención, con las necesidades o exigencias del sector privado y, en concreto, con el desconocimiento, por ejemplo, de algunos casos, de las Cámaras de Comercio de algunas de nuestras actuaciones. Es por situar -discúlpeme de todas formas esta observación-, pero es por situar un poco mi intervención.

Y, desde luego, y reitero lo dicho antes, estoy completamente de acuerdo de que, falto de tiempo, aún habiendo el Presidente sido magnánimo en la aplicación del cronómetro, impiden que pueda sino apuntar algunas cuestiones; y al apuntarlas, ocurre como antes, ocurre que el receptor tal vez las entiende incluso mal, porque no están suficientemente explicitadas, y contesta otra cosa. Y nos vamos al diálogo de Darendorf, y no me gustaría caer en ese diálogo. Con lo cual, reitero una propuesta, una aclaración que antes hice, y es que no quiero, y no me gustaría que este diálogo institucional que hoy tiene lugar aquí, se cerrara aquí. Quiero decir, que es imprescindible, por la eficacia del diálogo, aparte de los marcos institucionales aquí establecidos, el marco institucional que establece y que marca las pautas del diálogo, de ese diálogo, esa confrontación imprescindible, ese enriquecimiento mutuo, evidentemente tenga lugar también aquí otros días y fuera de aquí; es decir, sea permanente, no sea puntual o coyuntural. Es una observación que, repito, es imprescindible, porque si no, difícilmente nos entenderemos; quiero decir, difícilmente captaremos lo que quiere decir el interlocutor.

Voy ahora, hechas estas observaciones preliminares, a contestar en la medida de lo posible, porque repito que algunas cuestiones se me han quedado oscuras por el sincretismo de la presentación, a algunas observaciones, a algunos interrogantes que me ha planteado Su Señoría.

Sobre las características del informe, es un informe

pag. 409

que se adecua a un discurso, no se adecua a una investigación, o, tal vez, va más allá del discurso. En todo caso, una investigación es quien mejor plantea una investigación, un informe escrito es quien mejor plantea lo que puede ser una mera intervención. De ahí que se hagan observaciones precisas en el informe, pero tal vez poco ejemplarizadas, propias de una investigación. Y de ahí: que, a la vez, se pueda contraargumentar que Castilla se desarrolló en los años sesenta. Entraríamos en una polémica no ya metodológica, sino de investigación, evidentemente, que transcendería la situación actual, el mundo actual. La idea central que he querido exponer es que, a mi juicio, los problemas estructurales de Castilla, evidentemente, vienen de muy atrás. Nos podemos remontar, por ejemplo, como última etapa, al siglo pasado, a la época del proteccionismo triguero. No voy a entrar en ese proceso histórico. He hablado explícitamente de la década de los sesenta y entiendo que es una década donde, bajo la apariencia de un crecimiento genérico en toda España, se está cimentando, se están profundizando las causas de los problemas estructurales de la Región castellano-leonesa, precisamente por ser un modelo de crecimiento polarizado el que se implanta; cincuenta y siete-cincuenta y nueve-sesenta y tres, y sobre todo con los planes del sesenta y cuatro, pero que viene ya generado, en el cincuenta y nueve, de hechos, y en el sesenta y dos. Y así de claro lo manifiesta el informe del Banco Mundial cuando habla de desarrollo regional, claramente lo dice, (siento no tener aquí el informe), que se ha de tender a un desarrollo regional desequilibrado. Evidentemente, yo lo que he querido es detectar dónde están las causas estructurales de la situación actual.

Y en concreto, podíamos hacer un repaso de la evolución de la población, desde mil novecientos cincuenta, por ejemplo; antes dije desde mil novecientos sesenta, voy más atrás. Castilla y León pierden alrededor de un millón de habitantes desde mil novecientos cincuenta, y, en concreto, en mil novecientos sesenta, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de veintiséis coma siete habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los setenta y cuatro coma seis de España, de mil novecientos sesenta al ochenta y uno; mientras que en el mil novecientos sesenta, esto es en el mil novecientos ochenta y uno, la densidad en Castilla, era de treinta coma veinticinco, no de veintiséis coma siete, y en España, era de sesenta coma treinta. Eso es producto, ni más ni menos, que de un modelo de desarrollo desequilibrado, polarizado. Eso es a lo que me refiero, es una descripción; se puede interpretar de una u otra forma, pero hay un factor, hay un proceso, hay una dinámica. En el empleo: vamos a ver desde mil novecientos sesenta lo que ocurre en Castilla hasta el ochenta y uno (y téngase en cuenta que la crisis tiene especial importancia en Castilla, a partir del setenta y siete-setenta y ocho, en la segunda fase de la crisis; no tiene incidencia especial en el setenta y tres, es una crisis fundamentalmente de sectores industriales), pierde desde el sesenta, Castilla, en que había un millón ciento ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis empleados, hasta mil novecientos ochenta y uno, el veintisiete por ciento de empleos: hay cuatrocientos veintiocho mil ciento cincuenta y siete trabajadores menos. Y aunque la tasa de paro, hoy, entre el once coma seis o el doce, según las estimaciones, es menor que la media de España, sin embargo, desde el setenta y siete (segunda etapa de la crisis), curiosamente, crece a un ritmo más intenso en Castilla que en España.

Podíamos hablar también de la Renta -rellenar de cifras el coloquio-, del PIB, y de una serie de cifras que podrían... De todas formas, por ejemplo, (es que es un dato concretísimo), la participación del PIB en España, en Castilla, en el cincuenta y cinco, es del ocho coma cuarenta y tres, y en el setenta y nueve, es del seis coma dieciséis. Banco de Bilbao; quiere decir que hay también un descenso. En definitiva, son datos que me manifiestan una serie de factores de empobrecimiento relativo (perdón, siempre digo la palabra relativo) de Castilla con respecto al resto de España, y curiosamente, son datos que se agudizan en la época del llamado crecimiento. Evidentemente, aquí caben las hipótesis, el porqué hay un decrecimiento relativo (no digo que no haya un crecimiento, hay un decrecimiento relativo) con el resto de España en la época de los sesenta, es de lo que hablo. Habría, evidentemente, que establecer hipótesis y llegar a conclusiones. Ni hipótesis, ni conclusiones, ni modelo, en definitiva, de análisis es ése. Pero en fin, sería una bonita discusión que transcendería (teórica tal vez, o analítica), que trascendería, esta sesión, y que únicamente hago a título de justificar por qué avanzo esas hipótesis.

La cuestión del énfasis en las PYMES. Yo, señor Carbajo, querido amigo, Señoría, entiendo, y aquí sí vale decir, que si bien en nuestro programa ponemos énfasis en la empresa pública (y diré por qué), sin embargo, en nuestra actuación de los dos últimos meses, en la actuación, a lo mejor en contradicción con el programa, hemos puesto énfasis sobre todo en aquellas competencias, que decía, finalistas, verticales, en el área de Comercio, en la relación con las PYMES. Es decir, si se analizan los ocho y cuatro, doce programas, de comercio, el programa número uno. Ordenación Comercial, Reforma de Estructuras Comerciales, desde luego no se dirige a la empresa pública, a la pequeña y mediana empresa. Se podía hacer un análisis desagregado de la Ordenación Comercial

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por provincias, con expedientes, etcétera, y es toda la actuación de este Programa con relación a la pequeña y mediana empresa. Evidentemente, yo no voy a ir a la industria agrícola, o la producción agrícola, ni la producción; simplemente hablo del área de la distribución del Comercio, que es el que me compete.

Igualmente si nos referimos a los programas números dos y tres, de Equipamientos Comerciales, exactamente igual: no tocamos ni una empresa pública.

Igualmente al Programa de Promoción Comercial y los desembolsos cuando nos dirigimos fundamentalmente a las sociedades de Garantía Recíproca, y a SODICAL; y cuando firmamos el Convenio con MERCASA, empresa pública, sí, pero, ¿con qué finalidad el Convenio con MERCASA?: de cara fundamentalmente a un tipo de comercio, mayorista o minorista, privado. De ahí que tal vez lo que me está planteando es, sin un interrogante de contradicción, sí de duda, de si no hay esa contradicción entre el programa y nuestra actuación de estos dos últimos meses.

La empresa pública nos interesa; pero fíjese, que en mi intervención hago una grave crítica, en un momento dado, a la ineficacia de la empresa pública en la Región, a la inexistencia, casi, y a la ineficacia. Y sin embargo entiendo, y creo en la empresa pública regional. ¿Por qué? No solamente por el principio de la subsidiaridad, es decir, de llegar a aquellos sectores que no puede llegar la empresa privada (hay algunos en que no puede llegar), sino también porque en un momento dado, puede garantizar que sea una empresa social, ya no pública en ese sentido, y que elimine confrontaciones de intereses privados en beneficio de la Región (es una cuestión de filosofía, lo reconozco, pero es una visión), dando todo el papel y todo el énfasis necesario a la actuación sobre la empresa privada, y si no, no estarían aquí estos productos y estos compromisos con la empresa privada, con la empresa de Comercio, evidentemente, que es la que nos corresponde.

La cuestión de Política Tributaria, Coordinación, etcétera. Yo me voy a permitir recordar, y pido disculpas a Sus Señorías, el artículo cuarenta y uno de nuestro Estatuto: "Corresponde a la Comunidad velar por los intereses financieros de los Entes Locales", y la Comunidad no es un ente abstracto, y velar le corresponde a las Cortes, pero fundamentalmente, como acción ejecutiva de Gobierno, a la Junta... por los intereses financieros de los Entes Locales de su territorio, respetando la Autonomía (que a los mismos reconocen los artículos ciento cuarenta y cuarenta y dos de la Constitución). "Sin perjuicio de la competencia de dichos Entes Locales, la Comunidad podrá establecer fórmulas de colaboración, (es a lo que yo me refería cuando indicaba el Programa Legislativo que preveo) en la gestión, liquidación, recaudación o inspección de los Tributos de aquellos; igualmente se podrán arbitrar fórmulas de colaboración en la percepción de otros ingresos de los Entes Locales". No iba más allá, ni pretendo ir más allá.

Comité de Inversiones Públicas. Mire, le voy a decir, el Comité de Inversiones Públicas Estatal, que es un Ente a mi juicio central de la política de inversiones públicas del Estado no tiene norma jurídica reglamentaria ninguna publicada en ningún sitio; se deriva de un mero acuerdo del Consejo de Ministros (acuerdo reservado), y, sin embargo, todos sabemos la importancia que está teniendo en estos momentos. Frente a esa posibilidad que la Comunidad tenía, que la Junta tenía, mi Consejería -y en eso soy responsable absoluto- ha querido, primero, constituir un Comité de Inversiones Públicas Regional, públicas; en segundo lugar, que sea conocido en sus funciones, que sea aprobado por Decreto, que nadie pueda decir y ampararse en el desconocimiento de sus funciones (en contra de lo hecho a nivel del Estado); y en tercer lugar, entendemos, por lo que antes le decía, que no se puede determinar ningún programa de inversiones públicas propias, sin dos condiciones. Primera, sin coordinar nuestra inversión pública en la Región, propia de la Comunidad, con la inversión de la Administración Central dentro de la Comunidad, es decir, estableceremos una línea de interconexión con el Comité de Inversiones Públicas Estatal, punto primero. Y punto segundo: no se puede determinar Consejería por Consejería, Organismo Autónomo por Organismo Autónomo sin más, sus inversiones, sin estar dentro de un plan coordinado de inversiones públicas como mínimo cuatrienal (o trienal, me es igual) buscando sobre todo aquel período de tiempo de maduración de las inversiones, que es el que justifica el que sea de tres o cuatro o cinco años, un plan. No se puede caer en las anarquías, en las duplicidades. Pero es que, además, las tenemos que coordinar con las inversiones de los Entes Locales, garantizando su autonomía, pero sabiendo lo que hacen; tal vez recomendando, pero no imponiendo; y también con las Diputaciones, etcétera. Quiero decir que no podemos caer en las duplicidades, que no podemos caer en la ineficacia; en definitiva, que tenemos que coordinar, que racionalizar el proceso de las inversiones, que es competencia de la Junta; por eso lo hacemos. Y dentro de la Junta, dentro del Gobierno, donde como se puede suponer, Su Señoría, hay también a veces distintos planes de actuación, si no se conocen y se coordinan, pueden ser contradictorios, pueden ser ineficaces. Este es el único documento objetivo del Comité de Inversiones Públicas, interno. Primeros pasos: le puedo asegurar

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que, gracias al Comité, se han logrado esos criterios homogéneos de distribución de los proyectos de Inversión del Fondo, que caen bajo la competencia de la Junta, primer paso. Segundo paso: llegaremos más allá, pero también le puedo decir que ese Comité va a estar en conexión directa con la Comisión Económico-Social, que la aprueba, con lo cual recogerá también, y ese Comité es solamente deliberante, y hace propuestas, no es decisorio, ni ejecutivo, es un mero instrumento de racionalización, que es lo que intenta la Consejería introducir dentro del mecanismo de actuación de la Comunidad.

Desarrollo Regional, Fondo de Desarrollo Regional. Me decía es Fondo de Compensación; no es un lapsus, ya sé que es Fondo de Compensación Regional. He dicho que estaba en proyecto, que es una de las previsiones legislativas. No tengo ningún inconveniente en hacer una relación detallada, tanto de las previsiones legislativas de esta Consejería, para el corto plazo, es decir, para este periodo legislativo (y son previsiones, no son compromisos, evidentemente), como de las previsiones legislativas en el próximo periodo legislativo, es decir, a medio plazo. Dentro de las previsiones legislativas en el próximo periodo legislativo, a medio plazo, incluimos el proyecto del Plan de Desarrollo Regional, y también otra serie de Proyectos de Leyes, entre otros el Proyecto de Ley de Coordinación de las Haciendas Locales, en función del artículo cuarenta y uno del Estatuto; es decir, siempre basándonos en el Estatuto (el primero, es en función del artículo veintiuno del Estatuto y otros); y, en concreto, el Proyecto de Ley de Fondo de Compensación Regional, basándonos en el artículo 32.2 del Estatuto, quiere la Consejería traerle a las Cortes de Castilla y León en este periodo legislativo. Es una previsión; no hago compromisos, no me gusta hacer compromisos de fecha, y vacíos tal vez; es una mera previsión de la Consejería, pero en la que está empeñada. ¿Por qué? Porque, si bien el Fondo de Compensación Interterritorial resuelve parcialmente el problema de los desequilibrios entre las regiones, y genera parcialmente la solidaridad entre las regiones, y le digo parcialmente porque, si bien a nivel de Estado el Fondo supone el cuarenta por ciento de la Inversión Pública nueva, a nivel regional no responde a eso, es muy superior. Las cifras, podemos también hacer un repaso de las cifras, es aproximadamente el sesenta por ciento de la inversión nueva, con lo cual, si no le ponemos en relación con el resto de inversión nueva, y con la inversión de reposición, ese Fondo le tendremos un día a lo mejor que poner entre paréntesis. Si bien ese Fondo de Compensación Interterritorial responde a esos objetivos de la España de las Autonomías, entendemos que, dentro de la Región, no hay homogeneidad en el desarrollo, que hay polaridad también; que ha sido también debido a la política de polos, de polígonos, e incluso a unos movimientos naturales de concentración, pero que han derivado en bolsas de pobreza, en desequilibrios graves, o en la descentralización de provincias como Soria que tienen nueve habitantes por kilómetro cuadrado de densidad, con una gran potencialidad en riqueza. Nosotros entendemos que tienen que haber un mecanismo complementario a este mecanismo a nivel Estatal, y ese mecanismo complementario a nivel Regional debe ser un Fondo de Compensación Interregional, propio nuestro, que delineemos nosotros. ¿En función de qué? En función de un estudio de la realidad comarcal. No es mi competencia. Vamos a intentar hacer ese estudio. Pero sí conocerá Su Señoría que la Consejería de Gobierno Interior ha encargado y se ha comprometido ya, en un trabajo de comarcalización con una empresa, un consorcio. Evidentemente, habrá que contrastar ese trabajo. ¿Para qué? Para dar un primer paso de conocimiento de desigualdades en términos reales. Hay muchos trabajos, pero nos tenemos que poner de acuerdo, y nos tenemos que poner de acuerdo también, no solamente las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y representativas de cada comarca. Hecho el estudio, es necesario, y lo que sí que es evidente, la disparidad de niveles de renta, de niveles de crecimiento, etcétera, que necesitamos un mecanismo complementario al del Estado. Y dentro de ese mecanismo, en principio, dentro de los estudios que estamos haciendo, ya le he dicho la previsión legislativa, aquello que quería oírme fundamentalmente, repito que junto al estudio de la comarcalización, necesitamos elaborar una serie de criterios que permitan distribuir, determinar en principio, la cantidad a distribuir entre las distintas comarcas o provincias (a lo mejor el criterio de provincia es mejor que el de comarcas; no lo adelanto) de la Región, y a la vez, no solamente la cantidad, sino los criterios para la distribución de esta cantidad, sea renta per cápita, población, paro, extensión, y también la inversión nueva que venga del Estado y la inversión de reposición, los planes especiales, los planes provinciales, y también parte del canon, parte.

Sobre el tema de CIHEAM, y es que creo que me planteó que no lo conocían; si no me equivoco, Señorías, me planteó que no era conocido, ¿no?, el convenio. Bien, es lo que me sugirió aquello de la representación de las Cámaras. Evidentemente, es un convenio entre la Universidad de Valladolid y el CIHEAM, y nosotros lo que hacemos, una vez establecido el convenio (porque nosotros no podemos establecer convenios en materia exterior, no tenemos competencia), es firmar un programa para la potenciación de ese convenio, y queda, por lo tanto, en el ámbito de esas dos instituciones, y se da a conocer vía prensa, vía..., etcétera, los pag. 412

mecanismos normales. No se preocupe, porque dentro de los programas que tiene el CIHEAM, está el de potenciar el conocimiento de la realidad de la CEE, y también, también potenciar estudios de desarrollo regional. Es una cuestión en que, evidentemente, las partes firmantes del convenio serán las que tengan que ponerse de acuerdo con otras instituciones, por lo menos para difundir los resultados de esos estudios y de esos programas.

Instituto de Desarrollo Económico. El cuándo. Es una de las previsiones legislativas también a corto, medio plazo, a corto plazo; más aún, le diría que es idea de la Consejería que este instituto esté constituido antes de fin de año, antes de las vacaciones legislativas de este primer periodo de la legislatura actual. No depende, eso sí (y podíamos después si lo desea hacer alguna observación más sobre este instituto), la constitución del mismo, de una mera voluntad, no depende de un acto voluntarista; depende de una serie de estudios previos, depende del análisis pormenorizado de la situación actual del Instituto de Economía de Castilla-León, de su posible reconversión o de su eliminación o no; es decir, en definitiva, de una serie de estudios jurídicos técnicos, (ya están muchos de ellos en mis manos) e, incluso, de una auditoría, así de claro, que he ordenado hace tres días o cuatro sobre ese Instituto, y cuyo resultado será conocido en su momento; y depende, además, de las posibilidades jurídicas que tengamos que hacer, o incluso de la determinación, de la determinación, si lo entendemos como Organismo Autónomo y por lo tanto será por Ley y tendremos que presentarlo a las Cortes, o entendemos que es un mero Instituto ligado a la Consejería, etcétera.

Estas cuestiones, evidentemente, se maduran en un tiempo, exigen maduración. Y yo lo que sí quiero decir es que mi intención es que esté antes de fin de año en marcha; y lo que sí que me ha interesado recalcar, por observaciones o por temores infundados que en algún momento han aparecido, incluso en la prensa, es que la Sede Social estará donde esté la Sede de las Instituciones, sea aquí, en Burgos o en León; y que después, sin embargo, tal vez los mecanismos de trabajo y de actuación no estén donde está la Sede: subsecciones, sea sección minera, sección agropecuaria, sección energética, etcétera. Tal como digo, estará donde haya potencialidad de generar eficacia en la investigación, o una demanda por parte de la zona.

Lo del estudio de las estructuras comerciales, no voy a hacer un repaso de todas. Efectivamente, he dicho en el discurso, y lo digo, que algunas ya estaban iniciadas; efectivamente, cómo no van a estar iniciadas. Pero también he dicho que nuestra filosofía va a modificarse en relación a una serie de instancias. Lo que hemos hecho es poner al día y profundizar, (y no siempre en todas las provincias es la misma situación), profundizar en las estructuras comerciales y en los mecanismos de actuación, en relación con las mismas, a nivel regional. No obstante, yo tengo la idea de que al finalizar la etapa de esta legislatura, hacer una memoria, en concreto, de todo lo libresco, y todo el tema de estructuras comerciales. No me podrá negar, Señoría, de que los datos, que son fehacientes y comprobables, de la evacuación de expedientes paralizados desde el setenta y nueve hasta el ochenta y dos, de IRESCO, están resueltos todos, y con un periodo de resolución de veinte días. Yo no sé si demuestra eficacia o no en la gestión, porque nos podemos equivocar en la resolución, también la eficacia sería doble; pero éste es un dato, que está ahí, y no tendría inconveniente ninguno en remitirme a los estudios de las Estructuras Comerciales, cual están, cómo están, en estos momentos; porque hay una serie de ellos hechos, y hay otra serie de ellos que están por hacer, y también evidentemente, hay alguno de ellos, en concreto de Zamora, que ni por su metodología (es una opinión propia), ni por su desarrollo, responden, a mi juicio, a las necesidades del Programa de Ordenación Comercial. Pienso que hay que, en concreto en este caso, plantear un estudio con mayo profundidad, y se va a negociar, como le decía y le anunciaba, el próximo viernes. Si valiera, no lo hacíamos; era tiempo perdido, si valiera lo anterior; comprenderán, no íbamos a subvencionar algo que ya está hecho. Es porque entendemos esto, y está ya proyectado ese estudio para ofrecerle a la Cámara el próximo viernes.

Y finalmente, la última cuestión (no sé si me queda alguna en el tintero, pero, evidentemente, el recordatorio ha sido amplio y largo), el tema de los precios, sobre si es un logro o no. Yo le voy a decir una cosa: evidentemente, el tema de la homogeneización de los precios y de las tarifas no es un tema baladí; estoy de acuerdo, puede ser que haya tal desliz, igual que el tema de la homogeneización del incremento de los salarios, a nivel de Estado, de las masas salariales. No es lo mismo el coste de la vida, en términos reales, en Barcelona, que en Valladolid o que en Zamora. Pero tiene que haber un marco; nosotros lo que hemos intentado es que, además del marco del Estado, exista ya un marco nuestro, primero. Segundo: habrá una homogeneización allí donde sea posible. Y tercero, lo que sí que le voy a decir es lo siguiente (y conocerá por la prensa esto, o, si no, por los contactos con Cataluña): cuando el tema del precio del pan se resuelve en Cataluña, en agosto exactamente, se crean conflictos graves entre los habitantes de la provincia de Gerona y los de Barcelona porque había disparidades de ocho pesetas por kilo en pan, de pueblos a dos

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kilómetros; y disparidades que generaron conflictos graves, incluso de tipo público. Conozco casos concretos; hay pros, hay contras. Nosotros hemos entendido que, aunque hay diferencias que hicieran pensar que en algún momento tiene que haber alguna disparidad, sin embargo, los elementos positivos pesan más que esos elementos negativos que existen. Y hemos querido, además, establecer, y en segundo lugar y esto es lo que nos ha motivado, un mecanismo que nos permita, de ahora en adelante, actuar con muchas más facilidades, pero no solamente desde un punto de vista técnico y político, sino desde un punto de vista social; es decir, generar mecanismos más simples de operación aquí. No se trata de centralizar. Si fuera necesario, se hacían y se establecían disparidades y, si evidentemente, juzgáramos que incluso socialmente o, que sobre todo socialmente, habría que establecer disparidades. Esta ha sido nuestra intención. Veremos y, evidentemente, aquí sí que yo diría que aquí sí que la historia juzgará el proceso; y, si hay que echar marcha atrás, no tenemos ningún inconveniente. La experiencia nos dirá si hemos acertado o no.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, durante tres minutos, para posible puntualización a la réplica.


EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR CARBAJO OTERO):

Voy a procurar cumplir la indicación del plazo temporal.

En primer lugar agradezco esa invocación a la amistad, que él sabe que es compartida por mí. Pero con relación al fondo de la filosofía que subyace en el Programa, quiero otra vez manifestar mi cordial discrepancia.

Omití antes, por razones de cortedad de tiempo, una referencia a la Sociedad de Mercado Exterior. Es una iniciativa por la que hay que felicitar a esta Consejería. Efectivamente, se han sabido mover. Esta inquietud no era sólo de ellos, era también de las Cámaras de Comercio, de las que se ha hablado aquí ampliamente; pero, como hay que decir las cosas como son, hay que reconocer que el Consejero ha tenido una especial sensibilidad con este tema.

Ahora bien; le voy a decir una cosa. Nos dice en el Programa que este tipo de sociedad que se va a crear, va a ser una S.A. con ánimo de lucro. Me refiero a la Sociedad de Exportación, va a ser una S.A. con ánimo de lucro. Estamos en la filosofía que yo vengo practicando desde el principio. Cuando se quiere eficacia, cuando se quiere agresividad en un sector tan competido y tal difícil como el Mercado Exterior, se piensa en la Sociedad Anónima, se piensa en la Empresa Privada. Estoy completamente de acuerdo con el Consejero, y agradezco esa invitación que hace al diálogo permanente; creo que eso es constructivo y es importante, y yo también soy un hombre dialogante, nuestro Grupo lo es, no quiere destruir, quiere construir, y estamos convencidos de que el desarrollo de Castilla y León pasará por un amplio contraste de las opiniones de uno y otro Grupo, para mejorar en las cosas que, a nuestro juicio, está cojo el Programa, o puede fallar, con la mejor voluntad por las dos partes.

Hay una cosa en la que brevemente le quiero hacer una pequeña puntualización, no puntualización, sino indicación al señor Consejero, y es que como Consejero responsable de la Economía y Hacienda de esta Región, debe meditar y valorar muy serenamente, ponderar y advertir a quien corresponda, a la Junta, al Presidente o a quien sea, la gran importancia que va empezando a tener el aparato administrativo que está montando la Junta. Estamos convencidos de que van a sobrar funcionarios con las transferencias, hay organismos del Estado a los que hoy les sobran funcionarios, porque no tienen exceso de función, y tenemos conocimientos de que se está contratando bastante personal. Sería una pena muy lamentable que en la actual situación económica se contrataran personas, sabiendo que al transferirse los servicios y las competencias va a haber una afluencia grande de funcionarios que se podrían ubicar en otras dependencias; y es, sería muy lamentable, repito, que esto no se tuviera muy en cuenta.

Estamos hablando de descentralizar, estamos hablando de Autonomías Regionales, estamos hablando de hacer más económica la Administración del Estado, y yo me temo, y se teme nuestro Grupo, que estamos embarcados en un camino, que se está creando un aparato administrativo que puede que haga, a lo mejor, hasta más eficaz la gestión, y, desde luego, mucho más cara para el administrado.

Estoy de acuerdo en que, en fin, hace falta un Plan de Desarrollo Regional, hace falta un Plan (perdón, me corrigió antes el Consejero, no sé dónde lo tengo apuntado), un Fondo de Compensación Intraterritorial o Regional; y estoy de acuerdo con que se necesita tomar medidas estructurales a corto y a medio plazo, a medio y a largo plazo. Pero yo creo, que hoy por hoy, la economía de Castilla y León y la Empresa Privada, (y que me perdone el señor Consejero que insista tanto en las pequeñas y medianas empresas, porque soy un hombre de empresa, entre otras cosas, y porque creo en la empresa y en la libre iniciativa, como sé que él también cree, y también sabe las ventajas que tiene la empresa

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privada, y los inconvenientes que tiene la empresa pública), creo que hace falta un plan de emergencia en Castilla y León, pero a cortísimo plazo, buscando las ayudas crediticias precisas, estableciendo un Fondo de nuestros Presupuestos que financien intereses diferenciales, haciendo un concierto con las Cajas y con los Bancos y Cajas de Ahorros para financiar inversiones y capital circulante de la pequeña y mediana empresa. Creemos que aquí, el Consejero y la Junta se deben volcar porque es fundamental, y, repito, creo que sería un Plan de Emergencia para la sanidad de nuestras empresas.

Del IRESCO, efectivamente, se va con más agilidad. Pero yo creo (le felicito porque, efectivamente, aquí se ha notado una mejoría), que las cifras que mueve el IRESCO para reforma de las estructuras comerciales o para mejora, todavía, a nivel regional; son muy pequeñas. Se nos han dado las cifras pero, dada la importancia que tiene Castilla y León, la extensión de su territorio y la cantidad de capitales y poblaciones importantes que tiene, yo creo que no son cifras lo suficientemente importantes para nuestra Región.

Habla de la Empresa Pública. El Consejero, desde luego hay que reconocerlo así, es un gran, un buen teorizante, pero en la práctica, como economista, conoce muy bien sus inconvenientes.

Me permito también hacerle una recomendación al Consejero, que creo que a través de la Junta, y está muy preocupado el ciudadano medio, porque esto no afecta sólo al empresario, sino al ciudadano medio de la Región, por esa Ley de financiación de las entidades locales (que no sé si antes con la premura de tiempo le hice referencia), en el sentido, de que si va a haber libertad por los Ayuntamientos para que pongan los recargos en la Contribución Urbana, y sobre todo en el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, que ellos estimen conveniente, sin limitación alguna. Creemos que esto puede distorsionar la política económica de cualquier territorio de la Región, y se debía hacer una indicación institucional por la Junta a los Ayuntamientos de la Región, en el sentido de que estos recargos, si es que se establecen, sean lo más moderado posibles e, incluso se le ponga un tope porcentual, que yo me atrevería a decir que fuera del cinco por ciento.

Le felicito, y estoy de acuerdo, y creo que estamos todos los Grupos Parlamentarios aquí presentes, con la idea de la Coordinación. Efectivamente, es archinecesario, es fundamental en la Administración Pública, que haya Coordinación en todas las inversiones, a través de todos los Organismos Públicos. Tenemos tres, cuatro años hasta que se acabe esta legislatura. Espero y así lo haré porque me daría satisfacción, porque sería bueno para la Región, poder felicitar dentro de tres o cuatro años al señor Consejero de Economía y Hacienda, porque, efectivamente, esta coordinación haya funcionado en la práctica.

Yo acabo, que no discutimos lo del Fondo de Compensación Regional que efectivamente es necesario, que veremos después su concreción presupuestaria y que ya lo discutiremos.

Y en cuanto a lo de los Precios, y ya termino con esto, pues sí, efectivamente, todo tiene sus pros y sus contras, pero estimo que quizá fuera mejor establecer unos máximos y mínimos para toda la Región, y que se dejara un poco al criterio de las provincias, que ya lo decidirán.

Nada más, y muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Carbajo. Señor Consejero, ¿desea hacer puntualizaciones?


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí, casi diría alguna puntualización, no diría marginal, sino para ampliar, no porque la argumentación quede pobre, sino que muchas veces habría que apoyarla en muchos más datos para que, por lo menos, aparezca digna. No se trata de convencer, pero sí de por lo menos apoyar las ideas que cada cual sostiene. De ahí que casi, porque sería extensa alguna de las observaciones que querría hacer, casi me voy a limitar a, no versallescamente, a agradecer de nuevo la introducción que hace Su Señoría.

Evidentemente, hay discrepancias en la filosofía; y yo diría, menos mal, menos mal porque si no, o yo estaría en su Grupo Político o usted en el mío, evidentemente; y porque, además, si no existe discrepancia en la sociedad, malos los uniformismos, habría uniformismos. Esto como punto central incluso, de toda la intervención.

Me hace una recomendación de transmisión al Presidente, en segundo lugar, sobre el aparato administrativo, o a quien sea, me dice. Bien, yo le voy a decir una cosa, yo sólo puedo juzgar a fondo mi Consejería; y en segundo lugar, (y luego le diré qué juzgo, ya he dicho algo en la exposición), está pendiente, estamos pendientes de la Ley de la Función Pública a nivel estatal, de la Ley de la Función Pública propia nuestra, y también de la Oferta Pública de Empleo, cuyo Real Decreto del veintiséis de junio está ahí. Ha de hacer esa Oferta Pública de Empleo, valorada por la Administración Central, la Comunidad. Esos son tres mecanismos que están ahí, que no dependen, evidentemente, como comprenderá, de mi Consejería; sí le indico cuáles, de momento, se prevén, y van a acondicionar o no. ¿Qué otro elemento, que sí que conozco, desde dentro condiciona la estructura

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administrativa?, los servicios, sean horizontales o sean verticales, finalistas, transferidos, de cada una de las Consejerías. Yo, no lastimeramente, le invito a que pase por la Consejería de Economía y Hacienda, y le aseguro la penuria que podría encontrar de recursos humanos. Y no es que yo en estos momentos, y voy a aprovechar, esté hablando de la penuria en calidad, y voy a aprovechar para hacer, me lo va a permitir, para dar públicamente, ante esta Comisión, las gracias al equipo que tengo en estos momentos trabajando día y noche, sábados y domingos, (lo siento decirlo, me da vergüenza), pero no por el bien de la Consejería, tienen la idea de Castilla y León metida hasta dentro, y gracias a esa dedicación salen cosas en la Consejería, y fuera también de la Consejería, de las cuales no tengo por qué hablar. Mire, es una penuria que se deriva simplemente de unos Presupuestos superajustados, de unas transferencias mal calculadas, pero de otra incomprensión, y es que cuando una Consejería, o un departamento tiene servicios horizontales y no tiene por lo tanto transferencias para los mismos, todo son lanzas a la hora de dotar adecuadamente esa Consejería, son obstáculos.

Pero, y ésta sí que es una responsabilidad histórica, y ahí estoy dispuesto a pedir auxilio a quien sea, y hacer lo que sea posible, he explicado en el discurso que estamos negociando la transferencia de Tributos cedidos, que la hemos negociado, frente a la circular sesenta y dos del Ministerio de Economía y Comercio, a brazo partido, y las normas que establecía esa circular; que hemos conseguido veintisiete sobre los ciento cincuenta o cuarenta y cinco funcionarios que se nos transferían, más; pero que, y aquí viene el problema, y aquí viene el problema, que no se transfiere ni un funcionario a los servicios centrales. Explíqueseme, primero, la responsabilidad de que los servicios centrales, de apoyo y de estudios globales, no tengan funcionario ninguno transferido. Y cuál va a ser mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, la de toda la Comunidad. De ahí que le anunciaba, y lo hacía en el discurso, la negociación inmediata con el Ministerio, a los más altos niveles, para solucionar este tema. Porque, evidentemente, aunque la gestión de los servicios periféricos sea muy buena, si no hay servicios de apoyos comunes indivisibles, son unidades de servicio indivisibles, que no se nos transfieren, ¿qué vamos a hacer?, tendré que contratarlas, tendré que sacar plazas a concurso público, lo que sea, pero tendremos que crear una partida de gasto en el capítulo uno y dos; y si no la responsabilidad última va a caer sobre la espalda de la Comunidad. Los dieciséis, diecisiete, dieciocho, hasta veinte mil posibles millones de pesetas que se recaudaron, le aseguro que van a caer en picado si no hay una coordinación y un buen funcionamiento a niveles de servicios centrales, y sobre todo, la cuestión y el tema de los costes indirectos, no evaluados todavía, y que han de llegar a acuerdo las Comunidades para evaluarlos; y, después, detectarlos los Ministerios, cómo se llaman, cuáles son los costes interdepartamentales; o sea, le pongo sólo este ejemplo, y le aseguro que hay casos donde yo podría decir sobran o no sobran. Sí que hay un problema que yo le planteo, de cara a nuestra Consejería, y grave, y de alta responsabilidad; de ahí que yo, incluso, esté frenando el proceso de transferencia de esos Tributos, hasta que no tenga la garantía de que vamos a poderlos estrenar bien y adecuadamente. Así de claro; es otro de los factores que me está haciendo actuar en un sentido o en otro. Y ésta es una explicación que, pienso, y ha sido tal vez sobrada, pero que la debía de dar, no por la interpelación que me haya hecho a mí personalmente, Su Señoría, pero muchas veces, muchas veces se desconocen a fondo las realidades concretas y las responsabilidades concretas que se contraen, y entonces se pueden, al desconocerlas pues, incluso, distorsionar los juicios; yo lo digo por mi Consejería, y ya sé que a ella no se refería.

La cuestión, ya hemos hablado de lo de las PYMES, del Plan de Emergencias, del que me interesaría, en todo caso, etcétera. El Plan de las PYMES, yo pienso que no solamente se puede, o le puedo apuntar que tengo una gran preocupación con el tema de las PYMES en mi materia concreta, sino que ahí están, repito, como he señalado, y podía hacer referencia, detallar, a los acuerdos a que ha llegado la Consejería, en concreto, con las Sociedades de Garantía Recíproca de la Región. Y también del segundo aval institucional que estamos dispuestos a poner en marcha; es decir, no solamente estamos atendiendo al factor financiación de nuestro sector, sino garantía de seguridad, y segundo aval. Queremos cubrir todo, y la última parte, o en conexión con el Estado o nosotros solos si podemos, y haremos todo lo posible por poder. Y entiendo que lo que hemos hecho en estos momentos en relación (y la situación actual, a veintiuno de octubre, son los datos últimos que tengo), en relación con las Sociedades de Garantía Recíproca, no me voy a extender, está a su disposición, pienso que agota prácticamente todas las posibilidades y compromete la de años futuros que tiene la Junta en este sentido. Ahora bien, sin embargo nosotros, las cifras de nuestro presupuesto no podemos estirarlas sin más. ¿Por qué? Porque o las sacaríamos del presupuesto de otra Consejería, o son cifras que de momento vienen transferidas a través de una valoración, son créditos transferidos de la sección treinta y dos (mientras exista la sección treinta y dos, tendremos esta limitación), transferencias de créditos que nos vienen de la sección treinta y dos para tal objetivo, pag. 416

y limitadas, además, limitadas. Entonces, si yo quiero ampliar el objetivo de trabajo en IRESCO, en los distintos programas, en S.G.R., etcétera, tendré que tener autonomía financiera, que es a la que antes, al principio de mi discurso, me refería; es decir, poder disponer de la gestión de mis tributos, donde ya sé que podré reasignar los diversos ingresos en función de unos objetivos, de unos programas; y ahí sí que tal vez podremos ya empezar a hablar de Presupuestos por programas, inorgánicos, como en este momento ocurre prácticamente, los márgenes de maniobra son pequeñísimos. Es decir, que estoy de acuerdo, pero miremos o veamos el tempus, y veamos cómo eso será posible en cuanto que desaparezca la sección treinta y dos, es decir, se acabe el proyecto de transferencias o al menos se apruebe la Ley de Cesión de Tributos, la Ley específica de Castilla-León, de la Cesión de Tributos, y entonces ya sustituyamos con esos ingresos, a la sección treinta y dos.

Y, evidentemente, me parece que el tema de la Ley de Régimen Local, perdón, el tema que me planteaban en relación a los Ayuntamientos, y el tema de los posibles incrementos en las tasas, en los impuestos, etcétera, de los Ayuntamientos. Bien, yo sobre esto le voy a decir una cosa: cuando le he hablado de la posible Ley que pensamos instrumentar, de acuerdo con el artículo que le he citado de la Constitución, me estoy refiriendo también a eso, "dentro de la Autonomía propia de", y dentro y en el marco de la Constitución. Ahora bien, aquí hay mínimos y máximos, y, además, sobre todo, hay una cosa que está en la mesa en estos momentos, que es el Proyecto de Ley de Régimen Local, y que no nos compete a nosotros entrar en ello. Yo estoy convencido que de como salga de las Cortes Generales del Estado, la Ley de Régimen Local, se podrá actuar en uno o en otro sentido. Que sin embargo, por lo que a nosotros compete, vamos a poner únicamente en el marco estricto de nuestras competencias, en marcha, y es lo que queremos, el artículo 41; y que hasta allí donde podamos llegar, vamos a llegar; pero no más, para respetar la Autonomía, para coordinar a su vez, y evidentemente para (y aquí sí que estaría en relación con su pregunta), para eliminar ciertos flecos anárquicos en la elaboración de Presupuestos sin contenidos o metodologías homogéneas; pero no puedo decir más, porque depende, repito, fundamentalmente de hasta dónde llegue la Ley tan controvertida hoy incluso en los ambientes de los mismos grupos políticos y entre los mismos grupos políticos, la Ley de Régimen Local.

Y con eso, he intentado dar respuesta a sus precisiones.

Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero. Tiene ahora la palabra el señor Castro Rabadán, Portavoz del Grupo Socialista, igualmente por diez minutos de mi reloj.


EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA (SEÑOR CASTRO RABADAN): A

A la altura ya de la información, hay muchas cuestiones que han quedado respondidas; pero sería injusto, por parte de este Grupo Socialista, ya que los demás Grupos han felicitado al señor Consejero por la información dada y por la cantidad de datos, informes y documentación que ha aportado a esta Comisión, no felicitarlo.

A nosotros nos parece que en el informe hay una precisión analítica que no por sabida deja de ser necesaria, en cuanto al análisis de los problemas que afectan a las infraestructuras y estructuras de la Región; que se plantean una serie de alternativas claras y programáticas; que hay una estrategia también muy definida, e, incluso, que hay una posibilidad de relanzar esta Región desde el desarrollo de las distintas fuerzas productivas básicas en la Región, tanto la agrícola y la industrial, de una forma interrelacionada, como se explica en el informe; no de una forma alternativa, sino de una forma interrelacionada entre ambas.

Yo creo que los principios, los objetivos, los medios y los instrumentos, pueden conseguir los fines propuestos que se imanan de la filosofía del informe y del programa; que hay una claridad y una precisión en las competencias, y que, por otra parte, hay unas previsiones de futuro, que van mucho más allá del problema geográfico de la Región, y que engarzan con la problemática nacional y española de la integración en esferas regionales o suprarregionales a nivel europeo.

Todo lo que se especifica sobre la integración en el Mercado Común, en la Comunidad Económica Europea, es absolutamente interesante, y es que si no queremos perder el salto, no se trata sólo de buscar el equilibrio interregional e intrarregional; eso no sirve de nada si no tenemos una perspectiva de futuro más allá de nuestras propias esferas geográficas, no regionales, sino incluso nacionales. Es decir, somos parte de Europa y debemos integrarnos en Europa, y las crisis que surgen en el movimiento europeo son crisis de crecimiento, y el que piense que el Mercado Común va a menos, ese está llamado a engaño. Históricamente, ese es un paso cualitativo en la formación de nuevas esferas económicas, sociales, estratégicas, económicas, políticas, a altos vuelos, y eso acabará, históricamente, en una nueva formación de nuevas estructuras políticas y económicas. Y yo creo que es donde nosotros tenemos que empezar a dar pasos en serio y con previsión de futuro;

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y esta Consejería se lo ha planteado ya de entrada, como ha planteado el Portavoz de la Coalición Popular, felicitándole por este tema. Es algo intuitivo y algo que tiene futuro, y que nos puede ser básico en nuestro propio desarrollo, pero con vistas mucho más allá de donde tenemos que dar. No tenemos que hacer una política económica provinciana, ni regional, ni de campanarios, sino seguir más allá de nuestras esferas, y todo lo que se haga en ese término, yo creo que es fundamental; es política de Gobierno, y es política de Estado, mucho más allá de la esfera local.

Por otra parte, se están quitando pasos efectivos y concretos en la creación de nuevos organismos, de nuevas instituciones; se están acelerando nuevos convenios, que están ahí, están firmados, nadie se puede llamar a engaño. Y por otra parte, vemos que esta Consejería se ha organizado con un equipo coherente, muy coordinado, en la que han trabajado de firme (ahí vemos el informe y todas las cuestiones, toda la documentación) y que, como dice el Consejero, está orgulloso de ellos. Yo creo que las Cortes debemos también congratularnos de que hay equipos coherentes, coordinados y con una visión regional y de futuro, a todos los niveles.

Los principios de politización, solidaridad y eficacia. Yo creo que nadie puede llamarse a sentirse agraviado por ellos, porque son los principios que deben, que están en nuestra Constitución, que están y que son absolutamente necesarios para una Región como ésta, en un nivel de subdesarrollo bastante pronunciado, y necesarios para ser motor del cambio y salir hacia adelante. Todo va en relación a una racionalización económico-comercial y financiera, que yo creo que es necesaria, y que está ahí, y que podemos partir de ellos.

Por otra parte, yo quería la información, no dejarla a niveles teóricos, y concretar en preguntas muy concretas, que aunque se han hecho una serie de preguntas, se han quedado un poco, parece, en la superestructura, y que yo quería bajar a la arena, y se contestase claramente una serie de preguntas que están en el ambiente, y que se han, más o menos, pergeñado, pero que no se han concretado por parte de los distintos portavoces. Y las preguntas que voy a realizar, las voy a enumerar de una en una. Son cinco o seis, algunas las he eliminado porque están, más o menos, contestadas, y aunque no lo hayan estado, pero muy perfiladas, porque no se han preguntado; pero vamos, sería redundar y una pérdida de tiempo, ya que estamos a unas alturas del debate bastante acentuada.

Yo quisiera saber, (no yo, sino el Grupo Socialista), que se nos aclarase perfectamente la situación presupuestaria en la que nos encontramos en el área de Comercio, tanto a niveles de transferencias de capital a empresas, como de distintas adquisiciones de acciones, que se han dicho que se van a realizar a niveles de sociedades; ésa es una. Otra pregunta: quería, se ha hablado ya del convenio con MERCASA que se ha firmado esta mañana, que se especificase qué es lo que supone a nivel del Comercio tanto mayorista como minorista de Castilla y León, y la transcendencia que puede tener en un futuro, no sólo para las provincias que ya tienen contratadas una serie de inversiones, sino al resto. Por otra parte, en la página setenta y cuatro se habla del tema, las competencias que la Consejería tiene, o puede ejercer sobre los distintos organismos financieros de la Región (esto de cara al control de crédito, con relación al crédito) tanto sobre Cajas Rurales, como Cajas de Ahorro.

Y también se ha planteado el tema, y se habla de un informe, de la precariedad, (en el informe se menciona varias veces), en el momento de hacerse cargo de la Consejería, en que se ha encontrado el Consejero; ¿qué es esa precariedad? Y ya que se planteó que no se puede hablar de la herencia adquirida; yo creo que sí hay que hablar, porque en este país somos hereditarios de la historia, y somos hereditarios de muchos temas, y la herencia hay que cambiarla. Yo creo que es necesario saber esas precariedades en qué se basan y que se especifiquen.

Y por último, algo que ha estado latiendo en el debate, en la información, y que ningún Grupo ha querido preguntar, y a mí me toca como Procurador. Ya después de las distintas noticias de prensa que hay, conozco ya por la información qué es lo que se piensa hacer, pero quería que se explicitase muy bien en qué situación se encuentra el Instituto de Economía de Castilla y León en estos momentos; si esa situación es la que lleva a hacer posible otra serie de alternativas, y esas alternativas cómo se van a realizar de una forma descentralizada en las distintas provincias de esta Región.

Y por último, que no lo tenía apuntado porque no lo conocía, el señor Consejero habló de una Auditoría; yo tengo aquí mi intervención, y digo que ¿por qué?, y que se nos especifique, si es posible, claro, si está adelantada y se conocen datos; pero si no se conocen los datos todavía porque está en marcha, el porqué de esa Auditoría y con qué datos o conocimientos la Consejería ha llegado a ello, porque algún motivo tiene que haber, si no, no se hubiese hecho. Me parece que esta Comisión de Cortes es informativa, y debemos estar informados absolutamente de todo. No nos duelen prensas de que las cosas estén claras, y que no se achaque luego a que las empresas públicas o menos públicas no marchen o no funcionan, y que la economía privada es la panacea universal;

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yo creo que cada cosa en su sitio, y que cuando las empresas no marchan, sean públicas o privadas, habrá que ponerlas al día, y entonces conseguiremos que en Castilla y León las cosas funcionen, tanto a niveles privados como a niveles públicos. Porque si no, vamos a estar en un tejado con muchos agujeros y pocas tejas, poniendo de un lado a otro, y queriendo resolver problemas cuando todos conocemos cuál es su solución. Que se aclaren las cuestiones, y que cada palo aguante su vela.

Entonces estas preguntas que he enumerado, (no creo que me quede ninguna), que se contesten lo más concretamente posible, y bueno, que el señor Consejero se ajuste al tiempo lo más posible porque creo que a las nueve tenemos que salir todos para nuestras distintas provincias.

Nada más.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Castro Rabadán. Señor Consejero, tiene la palabra.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Me va a permitir responder a la felicitación con las gracias, con unas gracias relativas, porque las preguntas que acaba de hacer mi compañero de Grupo, también Parlamentario, señor Castro Rabadán, son para hacer sudar a cualquiera. Yo no sé si se le han pasado (lo digo de broma) a los compañeros del Grupo Mixto o Popular; pero, desde luego, voy a intentar hacer un esfuerzo de concentración y voy a intentar en la medida de lo posible, evidentemente, contestar algunas de ellas, que casi, casi, diría, transcienden el marco de esta Comisión. Y me va a permitir, evidentemente, porque son tantas y tan precisas, que sobre alguna de ellas tenga que remitirme a alguna de las fichas que uno tiene preparadas; y, evidentemente, le voy a asegurar que va a ser, en algún momento, difícil contestar -y lo digo así-, algunas de las que me ha planteado.

Situación presupuestaria del área de Comercio. Entiendo que Sus Señorías conocen la Ley de Presupuestos para mil novecientos ochenta y tres, aprobada por las Cortes y no tengo que reiterar la distribución por conceptos, por artículos y por capítulos de las asignaciones presupuestarias del área de Comercio allí establecidas, sino que se refiere, Su Señoría, a la situación al día de hoy; al día de hoy y no, también, al estado de previsión de los Presupuestos para el ochenta y cuatro, bastante avanzados en materia de comercio, que también tengo aquí presentes, ya que las valoraciones -excepto alguna transferencia que falta (me he referido a la de Comercio Interior)-, las valoraciones de todas las transferencias hechas son ya definitivas, están por lo tanto en el Boletín Oficial, y mientras no tengamos más capacidad de autogestión nos tendremos, más o menos, que adecuar, por lo menos a las cantidades globales que se prevén para mil novecientos ochenta y cuatro.

Voy por lo tanto, y sin ánimo de ser exhaustivo, sino muy sintético, pero tendría que ir Programa por Programa, viendo partida por partida, y haría interminable la sesión, a hacer un pequeño resumen de los compromisos presupuestarios de la Dirección General de Comercio, en concreto, del Area de Comercio, y de su situación a veintidós de Noviembre del ochenta y tres; refiriéndome al total de cifras presupuestadas, en primer lugar, y se pueden después, evidentemente, comparar con las presupuestadas aprobadas en la Ley de Presupuestos. Los compromisos a veintidós de Noviembre son (por Programas, y también me referiré, entre paréntesis, al concepto), los siguientes:

Programa de Ordenación Comercial, comprometido: ochenta y tres millones. (Concepto 771).

Programa de Equipamientos Comerciales, comprometido: veinte coma cinco millones. (Concepto 781).

Programa de Promoción Comercial: veintidós como cinco millones. (Correspondiente éste ya al concepto 847).

Programa a incrementar las cifras, con siete coma cinco millones, comprometidos previamente por el Consejo, por el entonces Consejo de Castilla-León, con las S.G.R.

Programa de Formación, comprometido también: veinte coma tres millones de pesetas. (Concepto 781.)

(Todos los siguientes programas son del mismo concepto 781. No reitero).

Programa de Estudios y Asistencia Técnica, comprometido también, incrementándose las cifras en un millón, comprometido previamente por el Consejo: veinte coma cinco millones de pesetas.

Y Programas de Ferias y Certámenes, comprometido: un millón de pesetas.

En total, comprometidos, ciento sesenta y siete coma ocho millones de pesetas al día de hoy.

Y previsiones, las siguientes:

Previsiones en Programas de Equipamientos Comerciales: veinticinco coma cinco millones. (Que tiene que ver con los programas antes indicados, los proyectos, los acuerdos con MERCASA, etcétera.)

Y Previsión en Programas de Formación: cinco millones.

En total, previsiones que faltan por comprometer: treinta y uno coma cinco millones de pesetas.

Y por tratarse de partidas todas ellas, asignadas

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dentro del capítulo siete, excepto una, no se plantean, evidentemente, problemas de reasignación, incluso de este remanente de previsiones. Dicha reasignación, en algún caso se ha previsto, se va a efectuar mediante la oportuna orden de transferencia de crédito, siempre que sea dentro del capítulo siete, que es donde las vamos a detectar, perdón, a ejercitar las transferencias.

Y en definitiva, y ahora ya por conceptos, por capítulos en resumen, si el Presupuesto (y le voy a dar los datos) que avanzo de las resignaciones en transferencias empresa, preveía ciento cincuenta y ocho doscientas sesenta y nueve mil pesetas, la reasignación va a ser de ochenta y tres millones de pesetas; y las transferencias a instituciones sin fines de lucro, de dieciocho coma cinco millones de pesetas, van a ser de noventa y tres siete seis nueve millones de pesetas, noventa y tres setecientos sesenta y nueve mil millones de pesetas. Y las asignaciones en acciones en empresas (847, que es a lo que antes me refería), lo presupuestado va a coincidir con la legislación: veintidós millones y medio, veintidós millones y medio. En total hace la suma, tanto de los compromisos con las previsiones, con las reasignaciones: ciento noventa y nueve doscientos sesenta y nueve mil pesetas, ciento noventa y nueve millones de pesetas doscientas sesenta y nueve mil; es decir, lo presupuestado, con previsión de llegar, al final del ejercicio, a una situación de equilibrio total.

MERCASA, ¿qué va a suponer? Esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Empresa Nacional MERCASA. Y en segundo lugar, y derivado de este convenio, donde ya se prevé, un estudio para la determinación del marco de la colaboración. Lo han firmado el Presidente de la Empresa Nacional MERCASA, yo mismo. En el mismo se exponen, por una parte, las competencias que una y otra instancia tienen para firmar el Convenio, se especifican en la primera y segunda cláusula; y en la tercera, se determinan los objetivos coincidentes entre la Consejería y MERCASA. En concreto: creación, renovación y modernización de infraestructuras para la comercialización en origen y en destino. Segundo, actuación encaminada a la mejora del comercio detallista, como parte integrante del sistema comercial en su conjunto. Y tercero, potenciación de la oferta en origen y de la integración comercial impulsando la asociación de productores, buscando un acortamiento en los circuitos de comercialización; en definitiva, buscando una desinternacionalización, que es objetivo central de la Consejería desde sus inicios. Cuarto, resumo, estableciendo un sistema objetivo integrado de información sobre preciso, volúmenes de comercialización, etcétera, que llegue de forma inmediata al productor y al consumidor (incluso pensamos sistemas de telemática). Cuarto, fomento de la industria agroalimentaria, a través del Comercio, evidentemente, nosotros de forma directa no podemos llegar a ello; perdón, quinto. Y sexto, cualquier otra actuación que mejore las estructuras productivas comerciales e industriales actuales de nuestra Región.

La cláusula cuarta se establece en función de todo lo anterior y los objetivos coincidentes; se acuerda la mutua colaboración para la construcción de los objetivos, y, en prueba de ello, se establecen, (después de los considerados, perdón), una serie de cláusulas. Para coordinar las actuaciones en razón de los objetivos se crea un grupo permanente de trabajo, se establece la composición, el funcionamiento, los acuerdos cómo deben ser y qué funciones tendrá a cargo dicho grupo, definición de las necesidades y propuestas de esta actuación, establecimientos de programas comunes, propuestas de dotaciones en recursos técnicos y financieros, sensibilización y formación y orientación a las Corporaciones Locales para que puedan acceder a las ayudas, etcétera, y asignación, a cada parte, del papel a asumir en los campos jurídico, técnico y financiero.

Se establecen, también, mecanismos de urgencia, los mecanismos para colaborar con Ayuntamientos y Diputaciones, distribución de costes, dirección de los proyectos, seguimiento y control de los mismos mecanismos; y, a la vez, de la cláusula quinta, donde se determinan que atendrán su cargo a lo antes dicho. Es especialmente importante la cláusula undécima, donde se determina que se va y se acuerda un estudio de base que aporta información suficiente para el conocimiento detallado de la realidad del sector agroalimentario y comercial de la Región, y permita definir las carencias y necesidades. Precisamente, éste es el estudio que se ha firmado hoy también; el acuerdo de base al que antes, de forma indirecta me refería, perdón, el estudio de base, estudios sin los cuales no podemos actuar. En el estudio se establecen los objetivos, los medios, el índice metodológico del estudio, el balance de las necesidades, el desarrollo de un Programa de Información, balance de recursos y prioridades, y el concurso de ofertas para la elaboración de dicho trabajo y qué cláusulas debe llevar este concurso de ofertas. Pienso que esto es el resumen del acuerdo, del Convenio y del acuerdo, y que en definitiva, es el primer paso organizado y coherente para tener un conocimiento cabal y global de la estructura comercial de precios, de oferta y de demanda, en definitiva, del proceso de distribución en la Región; estudio en colaboración también con Ayuntamientos, Diputaciones, etcétera, que saldrá a concurso público, y que en pag. 420

una primera etapa se concreta en el mismo, pero que en una segunda etapa los mecanismos de confluencia de ayuda mutua, etcétera, van a servir para que, en definitiva, MERCASA y la Junta (la Dirección General de Comercio, y la Consejería de Hacienda, Economía y Comercio) estén a disposición coordinada de la Región, y no, y rompamos, perdón, de una vez, las actuaciones puntuales y no organizadas de MERCASA en la Región; incluso, yendo más allá, intentando que en su momento se pueda establecer convenio entre los MERCAS y los MERCOS. Ese sería el mecanismo ideal previsto. Este es un primer paso. Veremos si podemos llegar a acuerdos de profundización de cara a esta reducción de la intermediación, como lo tenemos ya prácticamente previsto para la provincia de Salamanca, perdón, para la ciudad de Salamanca. Este sería el ideal, en este momento, de esta primera etapa.

Competencias sobre las Cajas. La pregunta es compleja. ¿Por qué es compleja? ¿Qué competencias tenemos? Es fácil en sí, relatarlas; pero hasta donde lleguen, deben de llegar. ¿Cómo se deben, mejor dicho, de articular estas competencias? Yo le puedo decir a Su Señoría, que los distintos Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas discrepan en cuanto a la ubicación de las competencias en relación con las Cajas de las Comunidades. Así, por ejemplo, curiosamente, el Estatuto de Aragón la sitúa como competencia exclusiva, mientras que nuestro Estatuto la sitúa en el artículo veintisiete, como competencias de desarrollo normativo y de ejecución. Esta disparidad de ubicaciones, de competencias, en Comunidades que se rigen por el mismo artículo ciento cuarenta y tres, llama la atención. Pero no nos llama la atención sólo a nosotros. Esto, en definitiva, ha sido producto de un proceso histórico por todos conocido, al cual no voy a referirme. ¿Cómo fue gestionada la LOAPA?; y después, ¿qué ocurrió con la LOAPA?, y, ¿qué artículos estaban en Comisión en el momento de la negociación de la LOAPA?, y ¿qué Estatutos se fueron antes, previamente, diseñados? Así de claro. Evidentemente, en un futuro -primera actuación nuestra-. es reclamar competencias exclusivas en relación a las Cajas, al nivel que la tienen otras Comunidades que se rigen por el artículo ciento cuarenta y tres, y en las que el problema de la fijación del ahorro regional dentro de la Región, es fundamental, como antes explicitaba. En segundo lugar, esto puede ser a medio plazo, no sé cuando; lo que sí que nosotros vamos a hacer ya, y eso es una de las previsiones legislativas a medio plazo, es a establecer un decreto de regulación de las Cajas de Ahorro y Rurales en relación con el artículo veintiséis, veintisiete, perdón, de nuestro Estatuto, y con las competencias, (y, ahora ya contesto más explícitamente, con esto, en este sentido), que nos distribuye este Estatuto. Es un anuncio que hasta ahora había comunicado alguna institución financiera de este tipo, y que ahora en estos momentos, mi Consejería quiere hacer público y solemne. Nuestra política no solamente se va a dirigir a intentar, primero: que el ahorro, genéricamente, de la Región se fije en la Región y revierta a la Región; ya veremos los mecanismos. En segundo lugar, generar un sistema financiero de la Región racional, promoviendo, por lo tanto, no digo la fusión generalizada, pero sí la fusión, al menos, de aquellas entidades de ahorro con un pasivo realmente muy irreversibles, con unos propósitos a la vista, hoy ridículos, hipotecados por unos costes fijos altísimos. No cabe hoy una Caja de Ahorros funcionando con depósitos de cinco a diez mil millones de pesetas. Eso no quiere decir que este principio de fusión le vayamos a potenciar globalmente, sino simplemente para eliminar estas irracionalidades. En tercer lugar, pensamos coordinar todas las Cajas de la Región a través de una Federación Regional de Cajas; impulsar la misma -no podemos obligarla-, pero vamos a impulsarla; y operar conjuntamente con todas las Cajas en nuestra política financiera. Estas son las ideas genéricas y las ideas-objetivos de los que parto, de los que parte la Consejería. Y en concreto, me refería a que uno de los mecanismos va a ser el que se pueda articular, contemplando nuestras competencias, artículo 27.4 y artículo 27 (perdón, 1.4), y artículo 27.2, que dice en concreto: "Competencias de desarrollo normativo de ejecución: Organización (organización, entiéndase bien, y vamos a regular esto por Decreto), régimen y funcionamiento interno de las Instituciones de Crédito Cooperativo, Público y Territorial, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales". Vamos a encarar primero el tema de las Cajas de Ahorro y después, por cuestiones de procedimiento las Cajas Rurales. Y dice el artículo 27.2: "En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la Comunidad (fíjese bien), la potestad Reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la inspección. Todo esto, favorable al... la capacidad que el Estado se reserva...

(En estos momentos se producen en la Sala de Comisiones deficiencias de megafonía).

Y aún así... dicha competencia, exclusiva del Estado, me... en estos momentos, para que en las Comisiones de inversión obligatoria de las Cajas, puedan acordarse inversiones que tengan destino directo, inversión productiva barata; ésta es nuestra idea y éste es nuestro propósito a corto plazo.

Sobre la cuestión procedimental de mi Consejería, por lo tanto, yo le puedo decir que la Consejería... Primero, ... existen documentos... en una etapa en que los Presupuestos eran sesenta y seis millones de pesetas, creo...

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En la etapa pre-autonómica última, no... porque existía una llamada Consejería, los Departamentos de Agricultura, Comercio y Fomento, y una serie de competencias disueltas entre distintos organismos. Por ejemplo: lo que hace referencia o hacía referencia a la determinación de la política económica del ente pre-autonómico, o la confección de los PER, del programa... en definitiva, económico regional, a la determinación de los Proyectos de inversión del Fondo. Esto era materia y competencia real del Instituto de Economía de Castilla y León, más aún, participaba en la confección de algunos de estos documentos claves, definitorios de la política económica del Ente preautonómico un llamado, creo, Centros de Estudios e Investigación, adscrito a la... Quiero decir que no había mecanismos adecuados para dirigir la política económica, financiera, fiscal y comercial del Ente Preautonómico, de forma continuada. Yo me encontré los cajones vacíos, un pasillo intransitable, y dos bloques de funcionarios muy dignos y cualificados que, aislados del resto, de las Comisiones económicas, y de los proyectos... del Ente Preautonómico, se ubicaban en... y en la Intervención y Contabilidad, aislados completamente, pero que seguían la marcha diaria normal de la Consejería, con funciones globalizadas y coordinadas. Yo puedo decir que, evidentemente, tuve que hacer, siento decirlo, los primeros días y en el pasillo de Consejero y de Conserje.

Y quinto: situación del Instituto de Economía de Castilla y León. Para mí es un tema, o es una cuestión, no sé si difícil, enojosa, o que me alegro de que se me haya planteado, (lo digo en serio), es una referencia al Instituto de Economía de Castilla y León. Es un tema vidrioso, ¿por qué no decirlo así de claro?, y delicado. Y también es un tema que está en estos momentos en estudio, también hay que indicarlo, y que mientras no esté terminado, terminados los estudios, los informes y la Auditoría ordenada, no puedo ni debo, enjuiciar algunos de los puntos de la situación de la historia y trayectoria del Instituto. Entiéndase que es no una... Sin embargo, evidentemente, cuando un tema que a mí me hubiera gustado que hubiera tal vez trascendido, digo tal vez... así lo veo... Porque esto estaba en el programa electoral del PSOE, y hoy lo hemos reiterado, que la idea de la Consejería es reconvertir el Instituto, pero con todas las garantías de que se van a dar pasos adecuados. Ubicar, crear, (perdón), previamente, el Instituto de Desarrollo Económico Regional, cuya sede... residirá, con secciones, que dependerá su ubicación de las posibilidades y necesidades. Esta es la posición que mantiene la Consejería. Es decir, esta Consejería y en eso sí que quiero ser rotundo, no va a ... Sedes Provinciales, tiene una visión regional del Instituto y de cualquier instancia. Puede ser que por necesidades de la Comunidad, una institución, porque no dé para más, generaría costes múltiples, solamente tiene que estar, en algún sitio tiene que estar, pero aquellas instituciones que puedan y sean necesarias que decidan los aspectos, y que, a ser posible, puedan residir en distintas Comunidades, estarán llegando a hacer... de cerca a las posibilidades, y en función... de las posibilidades.

No se trata de salvar la Provincia, se trata de salvar la Región.

En cuanto al tema que se me plantea, yo quiero, ... evidentemente aportar amplia documentación sobre la situación actual y sobre una serie de informes que, repito, tanto informes técnicos, como de la Asesoría Jurídica de la Junta, como incluso un primer informe reservado de la Auditoría, pero que entiendo que no sería justo llegar a conclusiones sin tener todos los estudios en profundidad, en cuanto a la situación. No obstante, sí me voy a referir a algún tema. He hecho una introducción en su momento, (evidentemente estos documentos, si así lo solicitan Sus Señorías, siempre que no hubiere algún tipo de secreto, serán entregados con mucho gusto), he hecho una introducción, y me voy a referir a algunos aspectos para conocimiento del Instituto de Economía de Castilla y León. He de aprobar, y aún a expensas de ser algo extenso en ese tema, pero, y por lo delicado, y porque no quiero dar algunos datos que digo que es de justicia no adelantarlos, también quiero dar otros.

El Instituto de Economía de Castilla y León, y resumo mucho los datos, se crea por acuerdo del Pleno del Consejo de Castilla en general, de Castilla y León, del 19 de Octubre del 79. No entro en quién forman partes. Los Estatutos, publicados, y como tal vigentes en el Boletín Oficial del Consejo General, son de fecha 1 de Diciembre del 79, punto 1. El día 3 de Mayo, del 82, el Patronato aprueba una reforma de los Estatutos, que no han sido publicados, por lo que, a mi juicio carecen de validez jurídica (a mi juicio), pero no han sido publicados. ¿Quiere decir esto que los actos que dimanan de esos Estatutos modificados y no publicados tienen validez, o no? Pregunta que dejo en el aire, para responder en su momento con los informes pertinentes, incluidos si son precisos los del Consejo de Estado.

Sobre los datos económicos, podría decir algo; puedo decir que tienen unos ingresos aproximados de siete millones y medio anuales. Hay una participación de 500.000 pesetas por parte de cada Diputación y de cuatro millones por parte del Consejo, compromisos, pero a la vez cada trabajo realizado era cobrado aparte por el Organismo. Puntualícese esto y téngase en cuenta. ¿Cuáles son los trabajos realizados? Libro blanco. La parte relativa a estructura económica Regional

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del estudio de reconocimiento territorial adjudicado por el MOPU a la empresa AISSE (esta subcontrata supone al Instituto unos ingresos de diez millones de pesetas). El primer capítulo, no el segundo del Plan Económico Regional, (y luego podemos hablar de este primer capítulo), del Plan Económico Regional, diagnóstico porque se cobran cinco millones de pesetas; estudio sobre la navegabilidad del Duero, encargado por la Cámara de Comercio Industrial de Salamanca al coste de un millón de pesetas. Posteriormente, la Cámara no firma el contrato, pretendiendo que sea financiado por el Consejo Regional, la Diputación de Salamanca, el Instituto de ellos mismos. La Cámara de Comercio abona el 83, doscientas cincuenta mil pesetas por este concepto. Estos son datos que sí que puedo dar. No violo ante Sus Señorías ningún secreto; más aún, es mi obligación responder por lo menos en estas cuestiones que no están... evidentemente. Pero, aparte, de acuerdo con los informes que obran en mi poder, parte de los pagos por los trabajos realizados no han sido abonados todavía. En definitiva, en tres años de trabajo efectivo, el Instituto ha realizado tres estudios y ha sido financiado con cincuenta y cuatro millones de pesetas. Grado de cumplimiento de las funciones. Informe también en gran parte como consecuencia de la carencia del Departamento de Economía y Hacienda como antes expliqué, asume misiones de carácter político del Instituto... Es decir, la determinación de un Plan Económico Regional, es una misión política la elaboración del Plan, de eso van a sacar consecuencias políticas, y en definitiva es un análisis político que se le pide al Consejo de entonces. En concreto, miembros del Instituto representando -y consta- a Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano máximo a este nivel, a nivel de Estado, en todas las negociaciones relacionadas con el Fondo de Compensación Interterritorial, lo cual pone de manifiesto, podría decir casi la palabra indicada, dejación de responsabilidades y desvío de funciones, de carácter meramente técnico, a funciones de carácter político. El grado de cumplimiento... situaciones muy diferenciadas. Hay algún incumplimiento, que pudo haber tenido consecuencias imprevisibles para la Comunidad en concreto; el primero de ellos se refiere a la negociación del fondo para este año. Yo les expliqué que las fichas y documentación de los proyectos de inversión por parte de la Comunidad, competencias asumidas y no asumidas, llegará a la Comunidad cerrado el plazo, y llegaron de manos del Presidente del Instituto. A él habían sido comunicadas. En segundo lugar, y en relación también con las relaciones Administración Central-Comunidad Autónoma, para la realización del Plan Económico Nacional que se preveía, se le encargó la elaboración del diagnóstico presentado para el Plan del 84, ... el estudio al Instituto. Es más, a primero de Mayo, la Dirección General de Coordinación del Plan, (la coordinación existe evidentemente), solicitó que se remitiese antes del 20 de Mayo un documento, solicitó al Instituto, (en lo cual también vemos que la misma Administración Central no sigue los cauces lógicos de conexión con la Administración Autonómica), un documento sobre la situación económica de problemas centrales de Castilla y León, con el fin de considerarlo en el Plan Económico Nacional. Tal encargo no solamente no fue cumplimentado, sino que tampoco fue comunicado, y esto es lo más grave a la nueva Administración Regional, que toma posesión el 3 de Julio. Viéndose ésta sorprendida, con la reiteración de petición por parte de la misma Dirección General por carta de 9 de Julio, habiendo dado lugar a... para su cumplimiento, y elaborando deprisa y corriendo, sin equipo ninguno, esta Consejería dicho diagnóstico para elevarlo a Madrid el 29 de Julio. Hay un tema que en su momento es suficientemente (yo diría no delicado, complicado), con más posibilidad, y es el tema de los convenios con... (si ha lugar, en su momento repito, se podrá aclarar el tema; es complicado, también delicado) entre el Instituto y el MOPU. Sobre el personal del Instituto, existía el Vicepresidente ejecutivo, D. Antonio Gómez Rodolfo que presentó la dimisión al Presidente de la Junta de Castilla y León, y le fue aceptada por Decreto del 61/83 del 12 de Agosto; un Director, Don José Tomás Raga Gil, nombrado Director por Acuerdo del Patronato en sesión 4 de Marzo del 80 cuando era profesor agregado de la Universidad de Salamanca, poco después fue catedrático de la Universidad de Murcia, y en la actualidad lo es de la Universidad de Madrid, fue cesado por Decreto 60 del 83 del 12 de Agosto. Y un Secretario General, Don Rafael García Verdugo, regidor que presentó su renuncia antes de que este Gobierno Socialista llegara al Poder Regional. A la vez un tesorero-contador, Don Luis Sagredo de Miguel que continuaba, y un Secretario contratado laboralmente que no solamente no ha sido cesado, sino que se le ha comunicado por escrito, y así consta, que continúa al servicio de la Administración periférica. El Patronato, en su sesión del 21 de Mayo del 82, acogiéndose a los Estatutos reformados, pero no publicados, nombró a propuesta del Presidente, a las citadas personas, en los cargos señalados acordándose que a los efectos de las condiciones de trabajo y remuneración quedan asimilados los cargos de Secretario General del Instituto, Director del mismo y Tesorero-Contador al del Director del Departamento en el Consejo General de Castilla-León, tres millones ciento cincuenta y cuatro pesetas anuales, y el de Vicepresidente Ejecutivo al de Secretario General del Consejo, tres millones ciento ochenta y

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tres mil, ciento ocho pesetas anuales. Situación financiera actual y con esto termino. En estos momentos, no se ha aprobado la liquidación definitiva del ejercicio 82, en cuyo año, el Estado de Gastos asciende a dieciocho millones novecientas diecinueve mil pesetas. No existe presupuesto del 83, en lo que va de año 83, y según una comunicación del Tesorero-Contador, se ha producido un ingreso de ocho millones de pesetas, unos gastos de diez millones seiscientas setenta y cuatro mil pesetas, teniendo unas deudas acumuladas de siete millones veintiuna mil trescientas sesenta pesetas, cifras referidas al 30 de Septiembre. En cuanto a los ingresos por cobrar, la situación era la siguiente: sólo tres Diputaciones han realizado la aportación correspondiente, el Consejo desembolsa sólo un 25%, es decir, un millón, a la Junta que está en paralización de tramitación; no se ha cobrado. Tres millones por parte del... habría que referirse por tanto al porqué no se ha cobrado el acuerdo con, el acuerdo... éste es el resumen.

Y se debe también a... un millón. Por ello, por toda esta situación anómala, a mi juicio, por los desfases en las atribuciones o no comunicación de las competencias que a nivel político habían asumido, y por el peligro que constituía para la Comunidad que permaneciera esa situación anómala, esta Consejería ordenó, con fecha 4 de Noviembre, a la intervención General de la Comunidad, de la Administración de la Comunidad Autónoma, que efectuara la auditoría pertinente que está realizándose en la actualidad. Evidentemente, los datos previos de dicha auditoría, permítanme me los reserve, hasta que no sean definitivos y dé lugar a la información pertinente. El funcionamiento actual, se resume, es que la última sesión del Patronato es del 11 de Noviembre y en la realidad el Instituto no realiza ninguna tarea, no ha realizado mejor dicho, desde finales de 1982. Este es el resumen de los datos y del gran dossier que aquí en mis manos se encuentra, y que por prudencia, por prudencia, hasta ahora en ningún medio de comunicación, ni en ninguna instancia había mencionado para nada asunto tan vidrioso, pero que, ante las insistentes puntualizaciones u observaciones en torno a presuntos intereses por parte de la ciudad de Valladolid, y no sé de qué más instancias de que este Instituto se compartía o se reconvertía o no se reconvertía, etcétera, etcétera, y ante la necesidad real de reconvertir por una parte, y ante la pregunta de Su Señoría, y mi obligación de dar cumplida respuesta a la misma, me he visto en la obligación penosa para mí, de tener que dar un pequeño diseño, bosquejo de la situación actual del Instituto de Castilla y León. Muchas gracias.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Castro, tres minutos para precisiones.


EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Agradecer las respuestas dadas a distintas preguntas, y de momento nada más que decir. Esperar, porque este tema era un tema interesante.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Pues bien. Una vez finalizado el turno de Portavoces, ahora los señores Comisionados disponen también, cada uno de los que quieran intervenir, previa petición de palabra a la Mesa, de tres minutos. Señor Carbajo Otero.


... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

...


EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Dada la complejidad de los asuntos que estamos tratando hoy, la inmensidad de las materias y la gran cantidad de tiempo que se ha consumido; tengo referencia de que esto a las 9 debe acabarse (esa información nos habían dado); es que si no fuera así, estamos hasta cuando fuera preciso. Si es así, por algún aspecto me permito pedir a la Presidencia y al Consejero, en nombre del Grupo, que se pospusiera esta reunión, o se diera por celebrada hoy, y que tuviéramos otro día que fijara la Presidencia, una tarde por ejemplo, para que todos los representantes de las diferentes opciones políticas puedan hacer sus preguntas concretas, y que el Consejero las pueda contestar con la prodigidad de detalles que pueda necesitar. No obstante, si cabe que esto se prolongue indefinidamente pues no tendría ningún inconveniente en seguir.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Esta Presidencia no tiene comunicación ninguna de que la sesión haya de terminar necesariamente a las nueve; ha sido una indicación. Por nuestra parte, por parte de la Mesa no hay ningún límite de tiempo...


EL SEÑOR...

Decidan Sus Señorías, pero que tengan en cuenta, eso sí, las limitaciones biológicas puramente.


EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Nosotros abundábamos en la teoría que ha expuesto nuestro Portavoz por la sencilla razón, muy esencial entre otras que tenemos, de la evidente fatiga que tiene que tener el señor Consejero, que ha estado toda la tarde haciendo un esfuerzo físico y mental para atender nuestras demandas, y vaya a posibilitar el que en las muchas preguntas que nos faltan por hacerle se precipite en su respuesta, cuando encontramos esa amplia acogida que nos está, diríamos, entusiasmando y que queríamos seguir recibiendo en todos los temas que nos quedan por plantearle. Por este preferíamos el formalizar pag. 424

de alguna forma la clausura de esta sesión a título provisional, y tener una segunda sesión, a continuación, para que los Portavoces que quedamos por intervenir podamos hacerlo tranquilamente y dándole al señor Consejero la posibilidad de contestarnos con la misma amplitud con que lo ha estado haciendo durante toda la tarde de hoy. Por ello, abundamos en la teoría de que la Sesión debía de aplazarse.


EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Puede ser la próxima semana, una tarde por ejemplo, para que no tengamos que estar aquí todo el día, una tarde de cinco a ocho, por ejemplo.


EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Yo quiero decir que para los Procuradores que no pertenecemos a la Comisión y llevamos todo el día esperando... mejor ¿no? Si tenemos tres minutos, nos produciría un trastorno aún mayor volver otro día. Luego si los demás miembros de la Comisión quieren que sea otro día, pero yo creo que se debía seguir hoy, aunque fuese por intervenir los Procuradores que no pertenecemos a la Comisión.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por supuesto que si la sesión se reanuda, los Procuradores del público que asisten y no forman parte de esta Comisión tendrían la misma oportunidad que los comisionados para hacer preguntas, y continuaríamos hasta la hora que sea, y si se suspende...


EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Yo lo que digo es si se va a suspender; porque los Procuradores que no pertenecemos a la Comisión no tenemos oportunidad de intervenir, a no ser que nos dejen hacerlo hoy.

(Se producen en la sala deficiencias megafónicas).

(Se suspende la sesión durante cinco minutos para que se reúnan los Portavoces con la Mesa).


EL SEÑOR DANIEL DE FERNANDO ALONSO: ..

.Es el Fondo de Compensación. Así es más fácil que entienda que si usted, siendo del partido del Gobierno, no está satisfecho, yo estoy plenamente decepcionado. Porque, claro, de los diecinueve mil millones del Fondo, que supone un nueve y pico por cien de la cantidad del Fondo, no es decir nada, si no se habla de la cantidad total de inversiones. Es decir, el Fondo debe de ser una cantidad, además de la que invierta el Estado, para aminorar el desequilibrio de las regiones. El Fondo supone un 9%, pero, según los datos que el señor Consejero nos ha dado, el Estado va a invertir el cinco por cien. Es decir, si de quinientos dieciséis mil millones de pesetas que usted nos ha dado, quitamos los doscientos nueve del Fondo, quedan trescientos siete mil millones a invertir en toda España. Aquí, a invertir, dieciséis mil, según los Presupuestos del Estado, quiere decir que va a invertir el cinco por ciento. Es decir, si sumamos la cantidad a invertir por el Fondo y la cantidad que invierte el Estado, tenemos aproximadamente un seis coma siete por ciento de las inversiones totales del Estado. Y mi pregunta es: ¿cree el señor Consejero que invirtiendo el Estado el 6,7% de inversiones totales en esta Región, podemos llegar a equilibrarnos con otras más desarrolladas? Pero es que, además, este 6,7%, señor Consejero, era ateniéndonos a las cifras que se ven en los Presupuestos del Estado. Pero si además vemos otras partidas de ingresos que va a tener la Comunidad, que pueden ser en parte inversoras, ahí le podemos decir porcentajes; por ejemplo, la regulación de la tasa del juego, creo yo que será menor en esta Región los ingresos que en otras (aquí no tenemos ningún Casino). La regionalización, perdón he dicho la regulación, la regionalización de la tasa del juego quiere decir que va a ingresar en nuestra Región, creo que menos de la media nacional. La recaudación de impuestos creo que va a ser menor -y, si no, apañados estamos- que la media nacional; la aportación que el Estado hace a los Municipios, si vemos que va en proporción inversa al número de habitantes (que en nuestra Región la inmensa mayoría son pequeños Municipios), si esas tres partidas se suman a los quinientos dieciséis mil millones, no estaremos en el 6,7% de inversión, sino, probablemente, en un cinco y medio o menos. Por tanto, mi decepción es grande. Comprendo que ustedes no han tenido tiempo de hacer proyectos para el caso, pero sí han tenido tiempo (o podían haber tenido tiempo) de procurar que las inversiones del Estado fuesen más que esos dieciséis mil millones. Es decir, que las inversiones totales que aparecen en los Presupuestos del Estado no se limiten a treinta y cinco mil millones.

Dice el informe que han procurado (dentro de que no tenían tiempo para hacer los proyectos) la prioridad de Castilla y León. Bueno, yo, si me atengo al informe del Consejero de Agricultura, le diré, es inviable el programa del Consejero de Agricultura, porque con la cantidad destinada en los Presupuestos del Estado a la repoblación forestal no se llegará ni al 50% que los del Consejero de Agricultura nos dijo aquí. Prioridades no sé si serán para ustedes el regadío en nuestra Región, y regadíos en algunas de las zonas donde jamás se ha hecho una inversión por el Estado, y en proyectos ya terminados por el Estado. Sin embargo, no aparecen en el año 84, ni en el Fondo de Compensación, ni en la inversión del Estado. Creo que esa política de agrarios con proyectos terminados sí es de las prioridades de nuestra Región. Me impresionó, preguntarle también sobre SODICAL, tres preguntas concretas. ¿Qué actuaciones

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ha tenido hasta ahora? Me han extrañado los pocos estudios que se han hecho... ¿Cuáles eran, qué actuaciones ha tenido SODICAL hasta ahora? ¿Cuáles a partir del futuro, aparte de la creación de estas sociedades que nos nombra?, y tercero, no sé si será de su competencia y podrá decírmelo, ¿dónde tiene depositado SODICAL los fondos que aportaron para su creación las distintas Entidades de la Región? Creo que hay quejas de algunas Cajas de Ahorros, que no saben dónde han ido, y, desde luego, no se han depositado en algunas de ellas; no lo sé.

Y finalmente, porque no da tiempo a más en tres minutos, decirle que nos hubiese gustado que, indudablemente, cuando usted hizo los Presupuestos, nosotros le votamos que sí porque entendíamos lo que usted aclara hoy, era un punto de arranque, y, en virtud de eso, le dábamos nuestro apoyo; pero también le dijimos, y a través de las enmiendas que pusimos, que no eran unos Presupuestos reales, porque ahí había unas cantidades que no figuraban, cantidades que, a lo largo del año, convenios de deporte con las Diputaciones, convenios de urbanismo con las Diputaciones, Fondos de Asistencia Entidad Social, nos hubiera gustado más que en vez de decirlo aquí sólo, que doscientos treinta y cinco millones que proceden del Fondo de Compensación, nos hubiesen dicho a qué Consejerías, o qué Consejerías han tenido incremento del Presupuesto, qué Consejerías. Es decir, la de Cultura: a través de los convenios de Deportes que tenía firmados con las Diputaciones, ¿han venido a incrementar el Presupuesto inicial? y la de Bienestar Social: si ha incrementado el Presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, y en cuánto, con la aportación del Fondo. La de Urbanismo: si ha incrementado, y en qué cantidad, por los convenios que ha tenido. Nada más. Muchas gracias.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias. Permítame Su Señoría contestar a algunas cuestiones que me ha planteado muy precisas. Y le voy a dar contestación también muy precisa. Estaba buscando una serie de explicaciones que le podían interesar a Su Señoría. Unicamente decirle que hay algunas de las materias que me ha presentado, que me ha planteado, que no son estrictamente de mi competencia, ni siquiera de competencia de esta Consejería. Y me explicaré a continuación. He de empezar por la cuestión última, cuestión muy precisa, que es por lo que estaba buscando estos datos concretos, porque no se los quería dar aproximados. Si les he dado la cantidad por capítulos destinados a inversiones. Y todo como consecuencia de incorporaciones de créditos posteriores. El capítulo de Gastos, así como de Ingresos, ascendía, efectivamente, como usted recordará, a tres mil cincuenta y cinco millones quinientas setenta y tres mil veintitrés pesetas. Durante el ejercicio del ochenta y tres se ha procedido a hacer las incorporaciones pertinentes. Por parte del Fondo de Compensación Interterritorial, doscientos treinta y cinco millones de pesetas. Ya ha sido distribuido en cinco Consejerías con las cantidades siguientes: Agricultura, que no estaba contemplada en la partida presupuestaria, que no estaba contemplada, cinco millones de pesetas. Bienestar Social, treinta millones. Cultura, ciento veintisiete con cinco millones de pesetas (bibliotecas, etcétera...). Obras Públicas, diecisiete con cinco millones de pesetas. En total, ciento ochenta millones de pesetas. Quedando aún un remanente por determinar de cincuenta y cinco millones de pesetas. Digo por determinar, por llegar a la conclusión, hace unos días, de las Consejerías para las que está destinada ya en el Fondo esa cantidad y se puede distribuir. A la vez, se han asignado como consecuencia de remanentes, cuarenta millones setecientas mil pesetas. Y a la Junta y a las Cortes de Castilla y León, como consecuencia de una negociación personal de esta Consejería con el Ministerio de Hacienda y Economía, en la que se manifestó reiteradas veces la escasez de medios para gastos de primera instalación, no solamente a la Junta, sino también a las Cortes, aun cuando existe un compromiso, pero aún no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado (así que no puede ser público en ese sentido), pero el compromiso existe, se incrementarán cincuenta y dos millones de pesetas, de los que corresponden catorce con ocho a la Junta, no, a las Cortes de Castilla y León para gastos de mantenimiento, y treinta y siete con cinco millones a la Junta. Repito, que no se han incorporado todavía. Sí reservar que de un remanente existente para gastos de primera instalación y funcionamiento para las Comunidades Autónomas, ese remanente sólo iba a ser asignado a alguna Comunidad. Después de múltiples negociaciones, idas y venidas, únicamente esta Comunidad ha sido atendida con cincuenta y dos millones de pesetas, como producto de la gestión de esta Consejería. En total, son doscientos veintiocho millones de pesetas por diferentes conceptos. No han llegado, esa incorporación de créditos...

(Se producen deficiencias en la megafonía).


SODICAL.

Bien; que yo sepa, y usted también lo sabe, SODICAL, esta empresa, esta Sociedad de Desarrollo Industrial del Consejo de la Preautonomía...

(Se producen deficiencias de megafonía).

...Sí, y ésta es mi intención firme y solemne. He de decirles que pensamos: primero, potenciar SODICAL. Rehacer, en la medida de lo posible. ¿Cómo? Participando en SODICAL. ¿Cómo? Con

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fecha diecisiete de Octubre del ochenta y tres, se envía una notificación sobre la posibilidad de ampliar el capital de SODICAL y la posibilidad que propuso la Junta a partir de la adquisición de acciones liberadas por la Caja de Ahorros. El importe de la ampliación sería de diez con treinta y cinco millones de pesetas correspondientes a...

En cumplimiento de los Estatutos de SODICAL, la Junta hubiera tenido prioridad a la hora de acordar la citada adquisición, y ello, a pesar de los intereses de la Junta, no ha podido ser factible, ya que, a pesar del plazo incorporado en mi carta -quince días-, la remisión de la misma (está aquí la carta, certificada, como documento a presentar si es necesario), la remisión de la misma tiene fecha de tres de Noviembre, posterior, por lo tanto, en más de quince días a la fecha del diecisiete de Octubre en que se nos comunica.

Sin embargo, quiero decir, simplemente, es un mero ejemplo... No sé lo que funciona en este país. Nuestra intención era ésa, no obstante. En primer lugar, nosotros, por lo tanto, no hemos decaído en nuestro derecho, ni tampoco (y esto quiero que sea público) hemos renunciado a esta prioridad de firmar esa participación para iniciar la participación, lo que no es obstáculo, sin embargo, para apreciarlo positivamente, y así ha sido dicho políticamente por nuestra parte; si no, hubiéramos actuado en consecuencia para comprobar la incorporación a SODICAL por esa vía de la Caja de Ahorros a la que antes he aludido.

(Deficiente megafonía).

La Junta va a participar, va a participar y va a tener sentido en este país...

(Deficiente megafonía).

Me habla también de los Presupuestos de Agricultura. Me habla también de los Presupuestos Generales del Estado, y, desde luego, no son de mi competencia, en absoluto, los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual yo poco le puedo decir. Personalmente y técnicamente puedo hacer análisis de todo tipo de presupuestos, como profesional, incluso; pero no políticamente y como Consejero, claro.

El tema de los Tributos... y de las Diputaciones y Ayuntamientos. La Región recaudará menos; por lo tanto, el desglose será mayor. También los Ayuntamientos participarán menos; por tanto, va a ser también mayor. En definitiva, lo que me está planteando con diversas argumentaciones es una serie de observaciones, de observaciones sobre la inversión pública en Castilla y León, y le voy a decir que sobre la inversión y no sobre el Fondo, porque el Fondo entiendo que queda muy claro como lo he explicado; no voy a entrar. Hay diecinueve mil millones para el Fondo... Han estado de acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado. Esa metodología se aplica...

(Deficiente megafonía).

...que el cuarenta por ciento de la inversión nueva programada para este año corresponde al fondo y se va a distribuir interterritorialmente con cuatro modelos.

(Deficiente megafonía).

...se ha destinado a proyectos de inversión nueva de la Región. Ahora bien, unos los ejecutará y los decidirá la Comunidad y otros los ejecutará y determinará la Administración Central de acuerdo con... ¿En qué porcentaje? El cálculo de inversiones nuevas previstas en el caso de que, o en función -perdón- de las transferencias ya asumidas. Es decir, que si tenemos un diez por ciento de las previstas, gestionaremos... En estos momentos, la cifra que le voy a dar, de diez millones y pico, corresponde a proyectos a determinar, a determinar por la Comunidad y a gestionar por la Comunidad. El resto, a proyectos a determinar por el Estado, a gestionar por el Estado, pero, eso sí, de materias que sean en su momento transferibles. Hemos quitado ya, eso sí que lo negociamos duramente, las materias no transferibles, porque podían hipotecar el futuro de nuestra Comunidad para toda la vida; bueno, toda la vida, no, cuatro o cinco años, y después ya veríamos... Si no exigían de nuevo inversiones de reposición... Hasta ahí he explicado. Evidentemente, las críticas que yo hice al Fondo en términos genéricos, si quiere las repito; pero una vez dicho esto, yo lo que puedo decir es que para mil novecientos ochenta y cuatro (y no es mi misión; tal vez la misión sería también de los Procuradores y Senadores en nuestra Región, en las Cortes Regionales, pero nos hemos preocupado de estudiar, como decía, partida por partida -haciendo la salvedad de que son partidas provisionales, que muchas de ellas van a desaparecer, que están en negociación en estos momentos, y que van a estar después en negociación en el Senado-, quiero decir, en un estudio preliminar previo, provisional).

Para mil novecientos ochenta y cuatro, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, la inversión pública contenida en el capítulo seis, tanto por parte de la Administración Central como por parte de la Comunidad Autónoma, a través de la Sección treinta y tres, Fondo, será para la Región de 46.319,5 millones de pesetas, cuyo desglose es el siguiente: (yo, incluso , si tengo la ficha se la voy a pasar, porque son estudios que tiene la Consejería y que no tiene por qué ocultarlos). Algunos de ellos, como son provisionales, tampoco queremos levantarlos, porque, evidentemente, hemos de ser prudentes, no adelantar los acontecimientos y después tener que rectificar. El desglose es: Inversión competencia de la Comunidad Autónoma con cargo al Fondo,

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10.943 millones de pesetas. Inversión competencia de la Administración Central, 35.445,6 millones de pesetas, y ya dentro de ésta, inversión competencia de la Administración Central, hay que distinguir entre inversión nueva e inversión de reposición. Y dentro de la inversión nueva competencia del Estado, entre la inversión con cargo al Fondo, que es nueva, e inversión fuera del Fondo.

Inversión nueva con cargo al Fondo, 8.172,3 millones de pesetas.

Inversión nueva fuera de Fondo, 13.320 millones de pesetas. En total, 21.493,1 millones de pesetas., la inversión nueva total del Estado.

La inversión de reposición, 13.952,5 millones de pesetas, con lo cual, la pública total son los cuarenta y seis millones de que hablábamos. En base a estos datos, la inversión nueva total es, si se da cuenta, de 32.437 millones, que acumula la del Fondo, más la nueva, con la del Fondo de la Administración Central, siendo la totalidad del Fondo, como les decía, 19.000.

Se puede llegar a conclusiones de muchos tipos, se pueden hacer muchas lecturas de estas cifras, evidentemente, e incluso les hacemos la lectura de que ha habido, considerada la inversión global pública, nueva y de reposición, discriminación en relación con nuestra Región. Pero no discriminación en el Fondo, entiendo yo; el Fondo podrá ser atacado o no, quiero decir, podríamos tener, o podríamos determinar otras variables, pero en sí mismo la aplicación del Fondo es matemática; es una cuestión matemática y ahí nos tocan nueve coma equis por ciento. Ahí no. Otra cosa es, otra cosa es si realmente el Fondo supone esos 19.116 millones coma dos; el 40%, creo que es 40,4% de la inversión nueva del Estado; y, sin embargo, el Fondo para nosotros supone el 58,9 de la inversión nueva proyectada para la Región. Esta es la cifra que hay que analizar de la inversión nueva, tanto de nuestro Fondo, como la nueva fuera del Fondo del Estado. Esta es. Y otro dato que también hay que analizar es que la inversión de reposición represente en Castilla y León el 30,1% del total de la inversión total, frente al 23 contemplado en el conjunto del Estado; con lo cual, da la impresión de que las inversiones se dirigen más en otras zonas al mantenimiento de los servicios que al necesario incremento del capital público, pero, pero convendrá Su Señoría conmigo que esto es una lectura, que había que tener más elementos de juicio; y segundo, que esta lectura la han de hacer nuestros Procuradores y Senadores no de las Cortes de Castilla y León, ésta u otra, esta interpelación, sino en las Cortes Generales del Estado. Bastante hacemos que, incluso, adelantamos algunos de los datos, independientemente de que le digo que esto es una lectura, porque estos datos, en sí mismos, no sirven si no se hacen en comparación con las necesidades, etcétera, de otras regiones.

Lo que a mí sí que me preocupa, ya es responsabilidad nuestra, y ahí sí que podemos atacar, es cómo distribuimos sectorial y espacialmente nuestro Fondo; pero teniendo en cuenta no sólo los criterios a que aducía, sino también teniendo en cuenta la distribución de esta inversión de reposición del Estado y de esta inversión nueva del Estado, y de los Planes Provinciales y de los Planes Especiales, y parte del canon energético. Todo con todos los factores. Habría luego que ponderar cada una de estas variables, pero pienso que es un mecanismo más racional.

Y no sé si, no sé si queda... o alguna cuestión en el aire...


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Bien. Recuerdo a los señores Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios que las preguntas que han de formularse por escrito de los demás Procuradores miembros de la Comisión, deberán hacerse llegar mañana al Secretario de esta Comisión, señor Tomillo, quien las trasladará al señor Consejero para que les conteste en la sesión continuación de ésta, el día 28, lunes, a las 5 de la tarde. A esta sesión, por la premura del tiempo, los señores pertenecientes a la Comisión no recibirán ya convocatoria por escrito, debiendo de darse por citados. Unicamente ruego al Portavoz Socialista se lo comunique al señor Maíso González, que es el único miembro que está ausente en este momento.

Y antes de levantar la sesión, como se ha hecho en otras sesiones, yo rogaría al señor Consejero, puesto que está aquí presente su equipo directivo, que nos lo presentase públicamente a la Comisión.


EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí. El Secretario General de la Consejería es Manuel Mitadiel. El Director General, por orden de nombramiento y aparición en el Boletín Oficial de la Comunidad, Director General de Tributos y Política Financiera es D. Pablo Gayugo. La Directora General de Presupuestos y Patrimonio, Da. Josefa Gómez Blanco; el Director General de Comercio, D. Zenón Jiménez Ridruejo Ayuso. El señor Interventor General de la Administración, D. Pedro Martín, y el señor Tesorero, D. Rodolfo Araus. Creo que no queda nadie por citar. Perdón, y el señor (es que no le veía), y el señor Director de Economía y Planificación, D. Isidro Hernández Perdines.


EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias a ellos y a usted, señor Consejero, y a todos los asistentes. Se levanta la sesión.


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