DS(C) nº 136/1 del 21/3/1986

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Se abre la sesión. Seguidamente, el Secretario dará lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR CABEZAS ESTEBAN:

Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

: ¿Si?

EL SEÑOR CABEZAS ESTEBAN:

Con la venia de su ilustrísima Señoría, quisiera plantear, en nombre del Grupo Mixto, una cuestión previa, y sería que, a tenor del artículo 72.2 del Reglamento, se incluya en el Orden del Día la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Mixto y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes del catorce de mayo, del catorce de marzo, perdón. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Letrado.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR DE MARIA PEÑA):

Bien, el artículo que cita Su Señoría, efectivamente, se refiere a la alteración del Orden del Día por los miembros de la Comisión. En este sentido, puede ser a propuesta del Presidente o a petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los Procuradores miembros de la misma. Para adoptar el siguiente acuerdo haría falta mayoría simple, de acuerdo con el artículo 83. No obstante, el artículo que se refiere a las Proposiciones No de Ley dice que, el punto dos, que: "Publicada la Proposición No de Ley, podrán presentarse Enmiendas por los Grupos Parlamentarios hasta seis horas antes de la sesión en que haya de debatirse".

A bote pronto, entiendo que no podría incluirse esta Proposición No de Ley en el Orden del Día de la presente sesión puesto que se impediría la capacidad de enmienda de los restantes Grupos Parlamentarios y Grupo... y parlamentarios de aquí de la Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Entendemos entonces que no ha lugar a modificar el Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Primer punto: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial para informar a la Comisión sobre la normativa de desarrollo de la Ley de la Función Pública de la Comunidad y proceso de la aplicación".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Nalda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, comparezco, en razón de la petición que ustedes hacen, para dar cuenta de cuál es el desarrollo hasta el momento y previsiones, diríamos, en el plazo prudente que podría ser este año, de lo que el desarrollo de la Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León.

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Yo voy a ir haciendo una relación, diría, reflexionando en orden de mayor importancia, o por lo menos de mayor transcendencia o que puede afectar más, tanto a los ciudadanos como a cualquier otra persona, los temas que puedan irse desarrollando de esta Ley. Y lo hago así porque ese es el criterio que hemos adoptado también dentro de la Consejería, es decir, ir desarrollando, prioritariamente, aquellos aspectos que sean de mayor trascendencia y en sucesivas etapas, para, según iremos viendo, ir cumplimentando el resto de los aspectos que promueve la Ley de Ordenación de la Función Pública.

En ese sentido, yo empezaría hablando de los temas de personal, es decir, lo que significa todos los aspectos ligados con la política de personal de la Junta de Castilla y León y de los diversos mandatos, o por lo menos aquellos artículos en los cuales se establecen determinados plazos en la Ley de Ordenación de la Función Pública.

En primer lugar, la oferta de empleo público, que se regula en los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, ha sido ya aprobada ayer por la Junta de Castilla y León y publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León. Esa oferta de empleo público recoge todas... Se las ha dado, creo, a Sus Señorías una copia del Decreto que se presentó ayer, hoy lo tienen en el Boletín; una copia del Decreto que se presentó ayer a la Junta de Castilla y León donde se establecen las condiciones generales para poder acudir a esta oferta de empleo público. Se recogen en ella todas las vacantes presupuestadas y que, por lo tanto, están formando parte en la relación de los presupuestos, aprobado por la Ley de Presupuestos de este año.

El conjunto de plazas creo recordar que son mil trescientas dieciséis, de las cuales setecientas setenta y ocho son plazas de personas funcionario en los diversos cuerpos o escalas de la Administración y quinientas treinta y ocho son plazas de personal laboral también en las diversas categorías. Como tienen ustedes un desarrollo en los anexos de ese Decreto de las que se corresponden con cada cuerpo y escala, entonces les hago gracia de no leerlas.

Les haría, simplemente, una matización. Yo creo que es importante también que se conozca cuál es la disposición o la actitud en otras Comunidades Autónomas o cuál es la situación en la que está el resto de España. Quiero decirles que en este momento sólo se ha aprobado la oferta pública de la Comunidad... del Estado y la oferta pública de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero en este caso sólo para los cuerpos de Administración General, sólo para el bloque de la Administración General. El resto de las Comunidades Autónomas no ha preparado o aprobado, en lo que nosotros conocemos hasta el presente, ninguna oferta de empleo público. Por lo tanto, a mí me parece que, con la amplitud que recoge esta oferta, donde además de todo el personal laboral se incluyen también todas las vacantes de todos los cuerpos a los que las diversas Consejerías han querido que accediera ya personal de nuevo ingreso, tanto de Cuerpos de Administración General como de cuerpos facultativos, creo que es, salvo la del Estado, la única Comunidad Autónoma que en el momento presente va a realizar esta oferta.

La oferta de empleo público ha sido realizada, primero, a través de los informes de las diversas Consejerías; segundo, coordinados estos informes, han sido presentados en la Comisión Técnica de Personal en la cual están representadas todas las Consejerías de la Junta; y posteriormente ha sido elevada al Consejo de la Función Pública, que la dictaminó favorablemente en su reunión del pasado día diecisiete (y luego diré unas palabras sobre el tema del Consejo).

La clasificación, que es otro de los apartados, la clasificación del personal contratado administrativo, vamos, más que personal, porque no se clasifica personal y la Ley no dice que se clasifique personal, la clasificación de los puestos de trabajo desempeñados por personal contratado administrativo e interino con fecha de vigencia de sus contratos o de sus relaciones anterior al veinticuatro de agosto del ochenta y cuatro, saben ustedes que vence el plazo, de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Función Pública, para que esté aprobada el día veinte de abril. Se habla, se dice claramente: "A los tres meses de la entrada en vigor de la Ley, por la Junta se clasificarán los puestos de trabajo desempeñados"; con lo cual, la entrada en vigor fue el veinte de enero, el día veinte de abril vence el plazo.

¿Cuál es su situación en este momento? En este momento, la clasificación ha sido ya realizada por todas las Consejerías, ha sido coordinada también por la Función Pública, se ha presentado al Consejo de la Función Pública del pasado día diecisiete y se ha dado audiencia ya ayer a las centrales sindicales que fueron firmantes del convenio a través del cual se va a regular y fue el convenio que se recogió, como ustedes se acordarán, en la Disposición Adicional o Transitoria, no me acuerdo si es una adicional o una transitoria de la Ley.

En esa clasificación les puedo dar grandes números; ahora, hoy mismo acabo de firmar la instrucción para que se hagan públicas esas relaciones en todas las dependencias de la Consejería de Presidencia, tanto en provincias, en las Delegaciones Territoriales de cada provincia, como en la Función Pública y en la Secretaría General de la Consejería, que se hagan públicas estas relaciones a fin de que los interesados, en un plazo que expira el día dos de abril, desde hoy hasta el día dos de abril puedan hacer a esas relaciones las alegaciones que estimen oportunas.

Este fue el procedimiento. Por otra parte, no sé si Su Señorías se acordarán, se les dio una copia del convenio en su momento; el convenio firmado con las tres centrales sindicales recogía... el procedimiento era: se elaboraban, se clasificaban los puestos por la Administración de la comunidad, se daba audiencia a las centrales sindicales y posteriormente se hacían públicas, para general conocimiento de los interesados, en los tablones,

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por un plazo de diez días. Este es el proceso y, por lo tanto, en este momento ya están, me imagino que ya estarán, por lo menos en la Secretaría General y en la Dirección de la Función Pública ya se encuentran las relaciones colgadas en los tablones de anuncios; en las Direcciones Provinciales se hará posiblemente a partir del martes próximo, por cuestiones de correo, y de todas las formas van a tener más de diez días porque el plazo va a expirar, como mínimo, el día dos, y siempre tendrán diez días. De manera que si en una Delegación Provincial la lista se expusiera pongamos el día treinta y uno de marzo, pues tendrían diez días, hasta el día diez o doce del mes de abril. No creo que se produzca esto, es decir, alrededor del día dos, tres, cuatro de abril se habrá finalizado el plazo, se habrán recibido las sugerencias y en ese momento lo elevaremos ya, una vez recibidas las sugerencias, se corregirá en la medida en que sea necesario, si es que las sugerencias así lo admiten, y entonces ya se aprobará por la Junta de Castilla y león esa clasificación. Por lo tanto, cumpliremos también en plazo apropiado esas relaciones.

En el momento presente, se han clasificado, en el momento en que están, tal y como están expuestas las listas, se han clasificado como de personal funcionario, de las cuatrocientas treinta y una plazas, cuatrocientas treinta y una plazas que hay de contratación administrativa, de las cuales la mitad aproximadamente de esas plazas son de contratados administrativos transferidos en los Decretos de Transferencias del Estado, bueno, pues de todo ello se han clasificado como de funcionarios setenta y seis plazas del Cuerpo Superior, nueve plazas del Cuerpo de Gestión, cincuenta y tres plazas del Cuerpo Administrativo y noventa y cinco del Cuerpo Auxiliar. El resto, salvo algunas de Cuerpos Facultativos, que en este momento no tengo la relación pero que son muy pocas, de algún arquitecto o de algún inspector, etcétera, el resto son todas de clasificación laboral.

Quiero decir que en la audiencia dada ayer a las tres centrales sindicales, Comisiones, U.G.T y CSIF, las tres estuvieron de conformidad y así consta en el Acta que se firmará, vamos, que se levantará de la reunión de ayer, de conformidad con la clasificación que se les había presentado y con los criterios también con los cuales se había hecho dicha clasificación.

El tercer aspecto importante es el tema de las relaciones de puestos de trabajo y la clasificación de los mismos, así como su adecuación para que puedan ponerse en vigor, que pueda entrar en vigor el nuevo sistema retributivo que la Ley de Ordenación de la Función Pública contempla. En eso saben ustedes que nosotros íbamos trabajando ya, que hubo un Decreto -creo que es el del mes de febrero o marzo del año ochenta y cinco- por el cual se preveían y se daban instrucciones para que las Consejerías fueran elaborando las relaciones de puestos de trabajo. En ese sentido, existen ya cinco Consejerías que ese trabajo lo tienen prácticamente ultimado; lo que ocurre es que en este intervalo de tiempo se han producido dos hechos importantes: uno, la propia entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Función Pública, que se quiera o no ha modificado algunos aspectos, pocos pero algunos aspectos de los que en aquel Decreto se contemplaban, y una cuestión que es todavía más importante, si se quiere, desde el punto de vista de las matizaciones, es la entrada en vigor del Real Decreto del nueve de diciembre del ochenta y cinco, por el cual se dan instrucciones, que con carácter subsidiario nos son de obligado cumplimiento también a las Comunidades Autónomas, pero se dan instrucciones para la confección de las relaciones de puestos de trabajo por los diversos departamentos ministeriales. Entonces, esas dos cuestiones, tanto la entrada en vigor de la Ley como la entrada del Decreto, hacen que tengamos que posiblemente promulgar o establecer alguna disposición o alguna instrucción aclaratoria o complementaria de aquélla que se publicó -les decía- en el mes de febrero o marzo del ochenta y cinco.

En ese sentido, la situación en este momento, y así también cogido el compromiso en el Consejo de la Función Pública del pasado día diecisiete, la situación estaría de la siguiente forma: se va a volver a revisar todas las relaciones, incluso de aquellas Consejerías que en principio entendíamos que estaban terminadas, incluso en esas Consejerías se va a volver a revisar todas las relaciones de puestos de trabajo, se va a hacer la instrucción complementaria que sea precisa para que las otras Consejerías que lo tenían a medio camino ultimen sus relaciones; y, complementario con esto, se ha adjudicado ayer mismo a una empresa, con todos los controles y garantías que tendremos desde la propia Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de la Función Pública, un estudio para la clasificación de los puestos de trabajo, en función de las complejidades de los mismos, del volumen de actividad que tengan, y un análisis o una prospectiva, podríamos decir, de las posibles retribuciones que se corresponderían con esos puestos de trabajo una vez clasificados y de acuerdo con el nuevo diseño de retribuciones que prevé nuestra Ley, la Ley 7, de Ordenación de la Función Pública.

Esa es la situación en cuanto al tema de relaciones de puestos de trabajo, así fue explicado en el Consejo de la Función Pública, y el compromiso cogido por la Administración, y al que dieron su conformidad también las centrales sindicales, fue que las relaciones de puestos de trabajo se iba a procurar que estuvieran ultimadas, para ser informadas por el Consejo de la Función Pública, como muy tarde a principios del mes de octubre. En esas relaciones no solamente será la relación de los puestos de trabajo sino que cada puesto de trabajo llevará diseñado cuál es su dedicación, a qué se va a emplear ese puesto de trabajo, es decir, qué funciones va a desarrollar ese puesto de trabajo, y por lo tanto va a tener ya una clasificación de los mismos, e incluso también el sistema retributivo al que va a tener derecho ese puesto de trabajo; otra cuestión será que después ese sistema retributivo se pueda aplicar de una vez por todas para toda la Administración de la Comunidad Autónoma o tengamos que establecer medidas transitorias en función de que, bueno,

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los propios recursos presupuestarios no permitan la homologación o la adecuación de los diversos puestos de trabajo de toda la Administración, tanto la periférica como la de servicios centrales.

De esa manera, nosotros pretendemos que, por lo tanto, también antes de cumplir el año de la entrada en vigor de la Ley, incluso ni siquiera el año natural, las relaciones de puestos de trabajo sean una realidad, de manera que los Presupuestos del año ochenta y siete incluyan, como un anexo, una vez aprobado por la Junta, incluyan como un anexo las relaciones de puestos de trabajo de la Comunidad con su clasificación complementaria.

Otro aspecto importante, que sobre todo, no es que preocupe ni que establezca ningún grado de intranquilidad en el personal, pero que sí que a los funcionarios, a los empleados de la Administración de la Comunidad Autónoma les interesa conocer, y me imagino que también a Sus Señorías, es el tema de la integración en Cuerpos y Escalas. Ustedes saben que la Disposición Adicional Tercera establecía un procedimiento de integración. Había un apartado uno por el cual aquellas personas que estaban en determinados Cuerpos que llamábamos "vivos", entrecomillado, es decir, que tenían vigencia en el momento de entrada en vigor de la Ley, quedaban integrados automáticamente y aquellas otras personas que estaban desempeñando funciones pero que no tenían esa clasificación en su momento inicial tenían que solicitarlo individualmente y entonces había un proceso de... se integrarán a través de un procedimiento que la propia Ley establecía.

Entonces, qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho ha sido, inicialmente, evidentemente, establecer todo un sistema de fichas -me parece que tengo aquí una muestra-, de fichas que se van a repartir, con esta ficha y una ficha complementaria, se van a repartir a todas y cada una de las personas al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, de manera que no queremos que se produzca una situación, digamos, de baile, por el cual primero entran unos y luego otros, sino que al mismo tiempo y en esa ficha, claro, se van a recoger todas las incidencias de cada una de las personas. Entonces, unos de ellos tendrán ya la calidad suficiente o cualidad suficiente para ser integrados automáticamente y otros tendrán que aportar documentación complementaria si es preciso, y si no es preciso, a través de la propia ficha tendremos los datos suficientes para ver si están acogidos al párrafo segundo de toda la Disposición Adicional Tercera. Entonces, en ese momento, nosotros, a través de un proceso simple de ordenador, les daremos la integración en los Cuerpos y se les comunicará los números de registro, etcétera, que les corresponden.

Esa es la situación que yo creo que todas Sus Señorías tienen que ser conscientes que hay que hacerla con sumo cuidado, para evitar, lo primero, incomodidades del personal; es decir, que nosotros lo que estamos pretendiendo es que simplemente, cuando reciban la ficha, con el relleno de esa cifra el funcionario se olvide ya del tema, y al cabo de un cierto tiempo recibirá en su casa o en su domicilio o en su puesto de trabajo una instrucción, una ficha, una carta, un saludo o lo que sea, por el cual se le diga: don Fulano de tal, pertenece usted, a partir de tal fecha -por supuesto la fecha que contempla la Ley de entrada en vigor de los Cuerpos, etcétera-, a los Cuerpos... al Cuerpo A, B o C de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y tiene usted el número de Registro... cataplás, el número que sea.

Esto es lo que nosotros pretendemos, pero, evidentemente, dada la penuria con la que estamos en la Dirección General de la Función Pública de personal, tenemos que ir dando prioridades, y las prioridades que hemos establecido ha sido, primero, ir cerrando estos temas que tenemos ahí atrasados que conducen a incomodidades muchas veces, incluso este Consejero pues tiene que venir a comparecer pues porque hay determinados aspectos que nunca se han ido pudiendo poner, ni siquiera hemos podido poner una cierta clarificación. Yo creo que esos dos aspectos, el tema de la contratación administrativa, cerrar de una vez la clasificación, y el tema de la oferta de empleo eran los prioritarios, y ahora vamos a ir entrando en las siguientes fases de la Ley.

Ligado a todo esto, ya lo he dicho antes, está todo el nuevo sistema de retribuciones, con lo cual esto ya lo he hablado.

Esto es, diríamos, lo que nosotros pretendemos hacer en temas de ordenación de personal, de la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo y del personal, de aquí a finales de año y con los plazos que ya les he establecido. Es decir, el tema de oferta y el tema de clasificación estarán cerrados antes de finalizar abril; el tema de relaciones de puestos de trabajo y clasificación estará cerrado en los primeros días de octubre; y el tema de integración es un tema que yo no puedo establecer fecha, evidentemente, porque, bueno, va a depender de mucho, va a depender del envío de fichas (son del orden de trece mil y pico fichas que luego hay que procesar), sí que espero que eso pudiera estar cerrado también antes de finalizar el año.

Una de las cuestiones en que, evidentemente, nos hemos puestos enseguida a trabajar era en la convocatoria y constitución, por lo tanto, del Consejo de la Función Pública. Quiero decir a Sus Señorías que somos la única Comunidad Autónoma que ha puesto en marcha el Consejo de la Función Pública. Evidentemente, saben que el Estado todavía, en razón de que no existe en la Ley 30 ninguna Disposición Transitoria que contemple el periodo hasta que se celebre las elecciones sindicales, no lo ha podido poner en marcha el Consejo de la Función Pública. En otras Comunidades Autónomas yo no sé si habían previsto o no la existencia de Disposición Transitoria. Yo creo, de todas maneras, que la labor de Sus Señorías al aceptar la existencia en la Ley 30 de esta Disposición Transitoria nos ha permitido que pongamos en marcha un procedimiento de colaboración y cooperación

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de la Administración con los representantes de sus empleados, a través de las centrales sindicales, que creo que es lo importante.

El Consejo de la Función Pública... es decir, se pidió, nos dirigimos por carta a las tres centrales sindicales pidiendo que nombraran tres representantes por cada una de ellas -recuerden que primero eran seis y luego se cambió, por una enmienda transaccional, a nueve-; entonces, se pidió a todas las centrales sindicales que nombraran sus representantes, las centrales sindicales así lo hicieron y el día diecisiete, este último día, el pasado diecisiete se constituyó el Consejo de la Función Pública, con la presencia de tres representantes de CSIF, tres representantes de U.G.T. y dos representantes (tienen nombrados los tres pero sólo acudieron dos) de Comisiones Obreras, y el resto de los miembros que tiene establecido, por parte de la Administración, la Ley, salvo dos, que son el Inspector General de Servicios, que no está nombrado porque todavía no está estructurada la Inspección General, y el Director del Instituto, que aunque la Ley la terminamos de aprobar en esta Cámara todavía no ha entrado en vigor y por lo tanto tampoco está nombrado el Director; salvo esa dos personas, el resto, por parte de la Administración, estuvieron todos presentes.

En esa reunión del Consejo de constituyó el Consejo y, bueno, se informó favorablemente, como les he ido diciendo, la oferta de empleo público. Se les consultó al Consejo, aunque no es una de sus misiones, ustedes lo ven en la Ley, no es competencia del Consejo, sin embargo este Consejero ha entendido que, de alguna manera, y sobre todo en estas etapas primeras que pueden marcar una dirección ya en el futuro, los diversos tipos de ejercicio y programas a través de los cuales se van a realizar los concursos-oposición, las oposiciones, nos ha parecido prudente consultarlo, también, bien con el Consejo de la Función Pública en pleno o bien por algún procedimiento, pero siempre consultarlo tanto con el resto de los miembros de la Administración como con las centrales sindicales. También hemos hecho una cosa a mayores, y es ponernos en contacto con el Instituto Nacional de la Función Pública en Madrid para homologar nuestros programas con aquellos que ha presentado o piensa presentar el Estado. Yo creo que todo lo que signifique homologación, aproximación en cuanto a temas de ejercicios y programas de lo que haga el Estado es bueno, y es bueno para todos los funcionarios porque de esa manera siempre no solamente serán funcionarios de nuestra Comunidad Autónoma sino que podrán, en uso de su libertad o de sus deseos de mejora, pasar o concursar a plazas que se convoquen en otras Administraciones o incluso en la Administración del Estado. Y en ese sentido también, se estudiaron allí y se vieron los tipos de pruebas, de las cuales les anuncio ya que la primera convocatoria va a ser la convocatoria de Auxiliares, que acabo de firmar la orden pero que solamente por cuestiones de que no cabe en los Boletines anteriores, en el Boletín del lunes, saldrá en el Boletín del miércoles veinticinco; en el Boletín del miércoles veinticinco saldrá la convocatoria de Auxiliares, y en esa convocatoria saldrá tanto el tipo de los ejercicios que se van a hacer, la forma de ejercicios, etcétera, como también el programa. Y en el Boletín del día treinta y uno, también les anuncio, saldrá la convocatoria al Cuerpo Administrativo.

¿Por qué salen esas las primeras? Pues salen las primeras porque también nuestra pretensión es que esos sean los primeros que hagan los ejercicios. Las del Cuerpo Auxiliar nosotros pretendemos que se hagan los ejercicios en el mes de junio o primeros días de julio, entre junio y julio, y las del Cuerpo Administrativo durante el mes de septiembre, mientras que las de los otros dos Cuerpos, que van a tener una mayor complejidad, tanto en el tipo de pruebas como también en el programa, como son las del Cuerpo de Gestión y los del Cuerpo Superior y sus escalas, no empezarán los ejercicios antes de la primera quincena de octubre, por eso su convocatoria saldrá en los próximos Boletines, posiblemente en los Boletines de los primeros días de abril, hacia el día quince, del uno al quince de abril en esos Boletines es posible que salgan las convocatorias, o por lo menos los programas, si la convocatoria no si los programas, para que la gente pueda irlos preparando, de los Cuerpos de Gestión y del Cuerpo Superior de Administración.

Al mismo tiempo, se van a ir produciendo aquellas convocatorias de las plazas laborales aprobadas el otro día, ayer, y hoy publicadas en el Boletín, de la oferta de empleo de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Se vio también en la Comisión, en el Consejo de la Función Pública, los criterios utilizados en la clasificación de las funciones desempeñadas por el personal contratado administrativo, aunque ayer, en una reunión monográfica con las tres centrales, vieron toda la clasificación. El otro día lo que se hizo fue un planteamiento genérico. Y luego se hicieron dos temas, se acordaron dos cuestiones que yo creo que son importantes. Una es -y ya ha aparecido en los medios informativos y además lo han resaltado, con lo cual eso quiero decir que a efectos de opinión pública parece que eso es importante-, se acordó crear una Mesa Negociadora para el convenio único de la Administración, vamos, de la parte laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Saben ustedes que ese tema del convenio, lo hemos hablado otras veces ya en mis comparecencias, que cuando nosotros nos hicimos cargo de la Consejería, en los primeros meses, diríamos, a los primeros días del año ochenta y cinco en nuestra Comunidad existían veintiséis convenios laborales diferentes; que a lo largo del ochenta y cinco los hemos reducido esos veintiséis a siete convenios laborales. Entonces, en este momento, y yo lo confieso ante ustedes, lo que proponíamos en el Consejo de la Función Pública era, no ir a un convenio único, los que están en este mundo conocen lo que quiere decir, no ir a un convenio único sino ir a un acuerdo marco del cual se

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fueran, diríamos, colgando o integrando los siete convenios, para, en un plazo prudente de tiempo, poder llegar al convenio único.

Sin embargo, la petición de las centrales sindicales, de las tres centrales sindicales, es -y yo creo que a lo mejor con mayor, o mejor juicio que el que por parte del propio Consejero se tenía en aquel momento, puesto que son los que están más directamente implicados en la negociación-, entendían que las dificultades de homologación entre los diversos convenios no tienen ya solución sólo a través de un acuerdo marco, sino que se precisaba, evidentemente, para superar esas dificultades, el ir a una negociación, aunque fuese algo más tediosa o algo más difícil, de convenio único, previendo la posibilidad de que pudieran existir dos o tres tablas salariales inicialmente. Es decir, tener el convenio único desde el punto de vista formal, jurídico, de las relaciones entre trabajadores y empresa, pero, para facilitar la homologación de los diversos convenios, poder establecer durante unos periodos transitorios una serie de tablas salariales diferentes que fueran homologándose a lo largo de uno o dos años.

A la vista de que esto era la petición de las centrales sindicales, y pronunciaba la parte de la Administración -el resto de las Consejerías- favorablemente hacia ello, el Consejo de la Función Pública acordó crear, es decir, convocar una Mesa Negociadora para un convenio único de la Administración de Castilla y León, que estará formada por veinticuatro miembros esa Mesa. Esos veinticuatro miembros serán doce por parte de las centrales sindicales y doce por parte de la Administración. Los doce miembros repartidos en la misma forma que está en este momento en la representación, es decir, iguales entre las tres, a cuatro representantes por cada una de las tres centrales.

Y otro tema que se abordó y que se aprobó también en una Comisión, que está formada por siete miembros, en este caso tres de las centrales sindicales, uno por cada una de ellas, y cuatro, un miembro de Función Pública... (además quiero decir que esta Comisión es interna del propio Consejo y para los dos temas que les voy a decir a continuación), y están formadas, por parte de la Administración, por el Director de la Función Pública, la Directora de Presupuestos y dos Secretarios Generales, que ayer fueron nombrados en la Comisión de Secretarios, y que van a ser el Secretario General de Agricultura y el Secretario General de Obras Públicas, en razón de que son dos de las Consejerías con mayor número de personal laboral, y sobre todo con una mayor variedad, diríamos, en cuanto tanto al aspecto funcionarial como al aspecto laboral. Entonces, esas cuatro personas por la Administración y tres por parte de las centrales sindicales se van a reunir, como una Ponencia del Consejo de la Función Pública, para elaborar un Reglamento del Consejo, para elaborar el Reglamento del Consejo; En ese Reglamento contemplen aquello que contempla la Ley de la Comisión Permanente del Consejo, y, por lo tanto, en el Reglamento tienen que ver qué funciones se encomiendan a esa Comisión Permanente y qué funciones quedan para el Consejo común plenario, y esto lo van a hacer, o nos lo va a proponer al Consejo de la Función Pública esta Ponencia.

Y además un tema sobre el que queremos ya avanzar algo a pesar de que, diríamos, el ámbito legal no esté todavía cerrado, y es -yo lo establecería en un nombre con mucha prudencia, porque no queremos en ningún modo que esto signifique que estamos intentando avanzar respecto de la legalidad, sino creemos que es bueno ir haciendo o tomando alguna medida de carácter pragmático que nos pueda asesorar o aconsejar cuando llegue el momento de aplicar la Ley-, y es tema de establecer algunas normas o alguna instrucción mínima que permita regular las relaciones sindicales con la empresa. Es decir, en este momento los trabajadores están yendo al Consejo de la Función Pública, están participando... las centrales sindicales me estoy refiriendo; las centrales sindicales están participando llamándoselas para determinar cuestiones de asesoramiento, de pedida de información de que vean la relación de no sé qué... Esto tiene que estar regulado, porque esas personas al final tienen que pedir autorización a su Secretario General porque a lo mejor alguno es de Burgos o el otro es de Soria y tiene que venir a Valladolid; entonces, esto tiene que estar regulado, aunque sea mínimamente, ese tema.

Otro tema importante es, pues, bueno, todo el tema de la acción sindical, es decir, dónde colocan -una cosa tan trivial-, dónde colocan las centrales sindicales sus propagandas, o sus llamadas a sus afiliados, o sus convocatorias de reunión, cómo se hacen esas convocatorias, dónde se reúnen, a qué horas, ¿a la hora del trabajo?, ¿a la hora antes del trabajo?, ¿a la salida del trabajo? Este es un tema que, como ven, es muy de andar por casa pero que creo que ya es importante empezar a reestructurar. Entonces, también esta Ponencia va a estudiar un pequeño borrador de una instrucción, que será una instrucción de carácter interno, por el cual todos nos obliguemos a determinadas cuestiones, tanto por la parte sindical como por la parte de la Administración.

Y esos fueron todos los aspectos que trató el Consejo de la Función Pública el pasado día diecisiete.

Esto es lo realizado y en vías de realización, pero ya muy inmediata; puesto ya en marcha.

Ahora yo les propongo dos actividades que estamos empezando a preparar. Por un lado, el Decreto de Competencias. Ustedes saben que el artículo 13 de la Ley 7, de Ordenación de la Función Pública, mandata a la Junta que por Decreto regule el sistema de competencias de los Consejeros, de Secretarios Generales, del Director de la Función Pública y de aquellos otros órganos que se estime pertinente. Pues ese borrador de Decreto lo tenemos ya en un estado muy avanzado y creemos que, muy probablemente en el mes de abril o primeros días de mayo, pueda ser pormulgado. También, evidentemente, este Decreto, antes de que sea elevado a la Junta, la Consejería pretende llevarlo al Consejo de la Función Pública para que lo conozca y lo informe. Me parece que

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es un tema importante, es un tema que puede afectar después a las relaciones de los trabajadores.

Otra cuestión sobre la que estamos trabajando es la creación, para lo cual hay seis meses, les aviso, la Ley nos marca un plazo de seis meses, para la Disposición Adicional Segunda -si ustedes recuerdan-, para la Inspección General de Servicios. Estamos trabajando en ella, estamos poniéndonos en contacto y ya se ha tenido algún contacto con otras Comunidades Autónomas y con el Estado para en este tema no dar ningún paso precipitado o ningún paso que pueda significar una innovación tal que nos ponga en contradicción con otras inspecciones. Yo creo que en esto es un tema también en el que, como en otros muchos de funcionarios, debe de existir la mayor coordinación y homologación posible entre todas las Inspecciones de Servicios de las diversas Comunidades Autónomas.

El Decreto tenemos también el borrador prácticamente terminado y es posible que este borrador, incluso, se le vea ya en el Consejo de dirección de la Consejería en un próximo Consejo; vamos a tener uno el lunes pero lo vamos a dejar todavía para las semanas después de vacaciones. En el próximo Consejo será visto éste y también, pues, será informado y se llevarán posiblemente los dos puntos, tanto el de competencias como el de la Inspección de Servicios, al Consejo de la Función Pública.

Yo quiero advertirles, evidentemente, de una cuestión en este tema. La Inspección General de Servicios, el Decreto, podemos crearla y podemos crear por Decreto una Inspección de Servicios maravillosa, pero les advierto que en este momento la dotación de medios con que cuenta, de medios personales, porque una Inspección de Servicios la hacen personas, de medios personales con que cuenta la Consejería, y en particular la Dirección General de la Función Pública, hace inviable su aplicación, con un mínimo de rigor y de seriedad, al ámbito global de la Comunidad Autónoma. Esta es una situación real y, como tal, yo creo que todas Sus Señorías tienen que conocerla. No obstante como a mí no me gusta y no suelo hacer nunca lloros sobre este tema, nosotros hemos cogido ese compromiso e intentaremos abordarlo y ponerlo en marcha en la mejor manera que podamos, pero quiero advertirles que esa mejor manera nunca será ni siquiera el óptimo ni el medio bueno de lo que tanto el Consejero como la Dirección General estiman que debería de ser; será la puesta en marcha y será, posiblemente, un ensayo, y yo no pasaría de llamarlo, con los medios que tenemos actualmente, de llamarlo más que un ensayo de Inspección General de Servicios. De todas formas, veremos de aquí, por lo tanto, al Presupuesto del año ochenta y siete, y de cara al ochenta y siete, bueno, pues cómo podemos reestructurar y dotar convenientemente si queremos que esa Inspección General de Servicios sea una realidad eficaz.

La Ley ustedes saben que es uno de los temas en los cuales hemos abundado y hemos hablado todos, para garantizar la promoción del personal; es decir, hay que facilitar a la gente que se forme, que se prepare y que trabaje. Se les ha facilitado también la documentación que hemos podido aportarles las copias de la Orden de Convocatoria de cursos de perfeccionamiento que ya se están produciendo en este momento. Hay cursos para auxiliares, hay cursos para administrativos, hay cursos de organización y métodos, etcétera, y todos ellos constan en la documentación que se le ha aportado a Sus Señorías.

Los grupos de personas más numerosos, como pueden ser los de auxiliares y administrativos, pensamos realizarlos en un proceso descentralizado, de manera que se realizarán cursos... Perdón, descentralizado no. Vamos a realizar cursos para facilitar... (es que tengo aquí puesta una nota de descentralización y entonces... ahora les digo cuál es lo de la descentralización), en régimen de internado; y estas personas vendrán de las diversas provincias, tendrán sus dietas correspondientes y entonces realizarán los cursos en régimen de internado. Entre otras cosas porque no tenemos posibilidad de dotación de material y medios para poder enviar profesores a todas las provincias donde esto se requiera, y entonces es preferible hacerlo de esta manera, porque de esa forma también las personas de cualquier provincia pueden acudir a estos cursos de perfeccionamiento.

El tema de descentralización que tenía yo ahí apuntado es respecto de las convocatorias. Las convocatorias que van a salir, las pruebas que se realicen en estas plazas, que van a ser muy numerosas, de administrativo y de auxiliar, van a ser descentralizadas y se van a poner... y va a haber tribunales en Burgos, León, Salamanca y Valladolid; va a haber cuatro tribunales para las pruebas más numerosas, éstas que les he hablado antes, las pruebas de acceso de auxiliares y de administrativos, que esperamos que haya una gran afluencia. Entonces, va a haber cuatro tribunales. En Valladolid puede haber más, o en cada ciudad puede haber más, es decir, hay cuatro bloques, diríamos, de tribunales, el de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Y finalmente, decirles que -y creo que el otro día a una pregunta de un Procurador contesté sobre unos temas-, decirles que en este momento estamos preparando tres publicaciones. Una, la publicación de la Ley, que ya está dada la orden, que hemos hecho la Ley acompañada de un índice analítico y un índice también por materias, de manera que diversas voces uno las recoge y las remite a las diversas páginas de la Ley; hemos hecho una labor positiva, al menos de rastreo y de facilitar luego su lectura, y la Ley de la Función Pública está a punto ya, está mandada a prensa y saldrá en breve plazo.

Y luego dos temas, que son: un Manual de Procedimiento Administrativo, más dirigido hacia el interior de la propia Administración, para que todos los funcionarios, etcétera, lo conozca, y una Guía del Ciudadano, por supuesto, por lo tanto, más dirigida hacia los ciudadanos para que conozcan cuáles son los procedimientos, modelos de instancia, etcétera, por los cuales se dirige uno a la Administración de la Comunidad Autónoma.

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Estas son las tres publicaciones, también, que en este ánimo desde Función Pública de ir ordenando la función pública, no solamente ordenando el personal que está al servicio de la función pública, se está haciendo.

Yo creo que esto no tendría más cosas que añadir y quedaría a disposición de Sus Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Muchas gracias. Con el fin de que los diferentes Grupos Políticos puedan preparar el orden de preguntas, pues podemos tomarnos un descanso de un cuarto de hora, ¿no? Muchas gracias.

(Se suspendió la sesión a las doce horas diez minutos, reanudándose a las doce horas cincuenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO): .....

Entonces, en el que tiene la palabra el señor Cabezas

EL SEÑOR CABEZAS ESTEBAN:

Señor Presidente, señor Consejero, Señorías. Yo he seguido con mucho interés las manifestaciones del señor Consejero sobre el desarrollo de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Castilla y León y le felicito por el trabajo desplegado a ese respecto.

Me interesa mucho, en fin, plantear dos cuestiones, aunque sean marginales. Una de ellas es relativa al procedimiento de integración en Cuerpos y Escalas, en la que el señor Consejero, bueno, estoy seguro que ni lo he malinterpretado ni él ha querido decirlo de una manera, quizá, tan, en fin, tan breve y sencilla, diciendo que, bueno, pues se les comunicaría a los funcionarios por carta o por un saluda. Yo estoy convencido de que la Administración que dirige, el número de registro de personal y la integración en el Cuerpo correspondiente a cada funcionario ha de hacérsele mediante un documento, puesto que el número de registro de personal, el cuerpo, en fin, es un documento, en todo caso, además, exhibible y recurrible y, por lo tanto, pues, en fin, creo que eso, ni yo quiero forzar la nota, y espero que es en el lenguaje coloquial en el que ha hecho su manifestación, y creo que no merece ni siquiera respuesta puesto que supongo que es así como debe de ser.

Y sí la segunda parte, aun cuando sea marginal, pueden estar implícita en sus manifestaciones finales, cuando habla de otros muchos proyectos, y es relativo a la creación del Instituto de la Función Pública de Castilla y León. Quisiera saber si está realmente dentro de esos proyectos de futuro y su ubicación. Nada más señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Muchas gracias. Señor Nalda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias, señor Presidente. Primero, darle las gracias al señor Procurador. Creo que me ha entendido perfectamente, es decir, que -me agrada que lo haya sacado- yo lo he querido decir en un aspecto, en un lenguaje totalmente coloquial, he querido dar la simplificación máxima que significa; es decir, yo lo que quería decir es que vamos a procurar no molestar al funcionario nada más que aquello que sea preciso para tener los datos oportunos a fin de su integración. Posteriormente, evidentemente, lo que yo quiero decirles es que se le comunicará, con la forma reglamentaria que sea preciso, bien, pues, mediante título o el documento apropiado correspondiente, su integración, su número de registro, etcétera. Pero he querido, simplemente, dar a entender que procuraríamos hacerlo con la mayor simplificación posible desde el punto de vista burocrático.

La segunda de las preguntas o sugerencias del Procurador es importante. Sí, evidentemente, Sus Señorías, saben que la acabamos de aprobar, la Ley del Instituto se aprobó la semana pasada, creo que hoy hace una semana y por estas horas estábamos debatiéndola, todavía no se ha publicado por la Cámara, y posteriormente se tiene que publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León. A mí sí que me gustaría que, al menos algunos, el Consejo Rector, por ejemplo, lo tuviéramos constituido -en esta línea estamos trabajando-, constituido el Consejo Rector del Instituto antes de verano; a ser posible, en el próximo mes de mayo, finales de abril primeros de mayo, constituir el Consejo Rector, para posteriormente, de forma inmediata, pues, proponer al Consejo Rector el nombramiento del Director del Instituto (ustedes saben que el nombramiento del Director se hace previa audiencia, o comunicación, conocimiento del Consejo Rector) con vistas a que el Director, pues, diríamos, se tome -yo creo que es importante reflexionar sobre él-, se tome el tiempo de casi de vacaciones para que, empezando a poner alguna cosa en marcha, entre otras cosas lo que vaya haciendo es reflexionar sobre las diversas orientaciones que pretenda dar al Instituto. Porque sí que quiero decir a Sus Señorías que mi forma de hacer y de trabajar es dejar bastante autonomía a los responsables que encomiendo de las diversas áreas de gestión de la propia Consejería. Evidentemente, en ese sentido, yo pretendo dar a la persona que esté al frente del Instituto, más como organismo autónomo, una capacidad de autoorganización, de proposición, etcétera, importante. Por lo tanto, a mí me parece que debemos de sí prever el Consejo Rector y los órganos, así como el Director, que estén antes del verano, pero yo no me precipitaría tampoco en este tema dejaría una reflexión importante para ver cómo se pone en marcha el Instituto.

Claro por otra parte, yo diría, estoy también presionado porque en este momento, desde Función Pública estamos cubriendo áreas que van a ser del Instituto, o desde Policías, desde Interior, la Dirección General, también se están cubriendo áreas que van a ser del Instituto, o desde las de Administración Territorial, y sí que es bueno, pues, que todo eso se vaya ya transformando, a lo largo de este año, para que en el año ochenta y

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siete el Instituto tenga ya su plena capacidad de respuesta y los cursos, tanto de Función Pública como de Administración Local o de Policías Municipales, los organice sin ninguna mediatización, con la colaboración necesaria desde las Direcciones Generales correspondientes, pero desde el Instituto.

El tema de la ubicación es algo que yo no he pensado todavía, lo digo con sinceridad, pero que a lo mejor Sus Señorías me pueden ayudar en ello y que, como una mera sugerencia, yo creo que este Instituto tiene tres escuelas, que realmente lo importante del Instituto: la Escuela de Función Pública, la Escuela de Policía y la Escuela de la Administración Local, que sí que podrían -ésta s la opinión del Consejero, vuelvo a decir, y estoy abierto a las sugerencias de Sus Señorías-, sí que entiendo podrían estar descentralizadas en determinados puntos de nuestra Comunidad; determinados puntos que, hombre, a nadie se le escapa que, por ejemplo, Valladolid cuenta con unas instalaciones idóneas para el tema de la policía municipal, por ejemplo, cuando tiene un nuevo cuartel con galerías de tiro, etcétera, me parecía tonto duplicar esfuerzos y que deberíamos, y ésta es también mi opinión, aprovechar al máximo los recursos existentes, y, bueno, pues ahí hay un cierto recurso. También es lógico, y ha salido en la prensa, que haya intentos o que existan determinadas intenciones en algunos otros sitios, como pudiera ser la ciudad de Burgos, para albergar en su día los temas de Administración Local; a mí me parece que también sería bueno el estudiar el tema de la posibilidad de Burgos para ubicar una de estas cosas. O de otras ciudades; no tengo ningún inconveniente, por ejemplo, tampoco, en decir que, dada la estructura que tenemos en la Delegación Territorial de Salamanca, por ejemplo, pues es una Delegación Territorial con bastante fuerza, que podría colaborar muy bien, siempre que allí se estimara oportuno que podría ponerse alguna cosa. Bueno, yo, de verdad, se lo digo con sinceridad, es una reflexión al hilo de la pregunta que me hace Su Señoría, yo creo que debería de..., diríamos, conclusión: la opinión es que deberíamos descentralizar, primera opinión; segunda, que deberemos de utilizar al máximo los recursos existentes, tanto en otros organismos -veáse Ayuntamientos, véase Diputaciones, véase la propia Comunidad Autónoma-, utilizar al máximo, aprovecharnos al máximo de recursos existentes, porque eso, en definitiva, lo que va a hacer es simplificar y disminuir el coste global del Instituto. Esos son los dos criterios que yo podría decir que en estos momentos puede tener el Consejo en mente, pero que, de verdad, quedo abierto a las sugerencias de Sus Señorías al respecto. No creo que sea un tema muy importante ya para empezar ahora, creo que a lo mejor esto se puede plantear de cara ya al ochenta y siete, pero que a lo largo del ochenta y seis nos queda todavía esta etapa inicial, primera, de puesta en marcha, de ordenación, etcétera, que creo que, bueno, que con la propia estructura y lo que dice la Ley es suficiente para ponernos en marcha. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Gracias. Por el Grupo Popular, señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Señor Presidente, señoras Procuradoras y señores Procuradores. En primer lugar, decir que hemos seguido con interés la exposición del señor Consejero y que, bien, ha hecho una buena exposición, que por supuesto, anotamos las fechas comprometidas por el señor Consejero y los trabajos que se han emprendido y que van a emprender, y que nos consta, desde luego, la buena fe personal de este Consejero.

Ahora bien, tenemos que decir que la política de personal de Castilla y León no la hace el señor Consejero de Presidencia, sino que la hace la Junta de Castilla y León, y de todos es sabido la notoriedad que han tenido, tanto pública y en estas propias Cortes, las diversas irregularidades, las muchas irregularidades que en esta materia ha habido en esta Comunidad Autónoma. Por no irme por las ramas y sólo mencionarle una importante, vemos cómo una cierta Consejería ha quitado personal del nivel 24 y lo ha pasado a personal del nivel 11. Bien, esto es una argucia legal que me puede contestar este Consejero que se hizo antes del veinte de enero, pero, desde luego, es una argucia legal que está recurrida y que, por consiguiente, legalmente no voy a entrar, serán los Tribunales quien deban decidir, pero sí voy a entrar en la cuestión política de este hecho. Claramente se ve cómo un Consejero de la Junta de Castilla y León se pone en contra y no respeta el espíritu de la Ley de la Función Pública que promulgaron estas Cortes de Castilla y León, y esto se ve claramente en la forma, incluso, en que se hizo, prácticamente con nocturnidad y con alevosía, y esto exige una cuestión clara, y es que don Demetrio Madrid, Presidente de la Junta de Castilla y León, manifieste públicamente cuál es su opinión sobre esta actitud de este Consejero, y tiene dos tipos de actitud: estar de acuerdo con la actitud mantenida por el Consejero, que lo diga públicamente, o estar en contra de la actitud mantenida por el Consejero, y entonces a mí me parece que la solución sería, o bien, por supuesto, reponer a los funcionarios en sus cargos, o bien dimitir al Consejero, o ambas cosas a la vez, que sería lo más coherente.

En cuanto a la exposición del Consejero ya, sólo entrar en dos cuestiones, porque después habrá otros miembros de mi propio Grupo que intervendrán en cuestiones más parciales, pero que son las que verdaderamente el Grupo Popular quiere resaltar en esta intervención del Portavoz.

La oferta pública de empleo, que el Consejero nos ha hablado en su exposición. El Consejero sabe perfectamente que antes de hacer la oferta pública de empleo hay que hacer una relación de los puestos vacantes entre los funcionarios, una oferta a los funcionarios y esto no se ha hecho, y esto lo marca el artículo 30 y 31 de nuestra Ley de la Función Pública; artículo 30 que dice textualmente: "Las convocatorias para la provisión entre funcionarios de los puestos de trabajo vacantes se publicará, al menos, una vez al año, previamente a la oferta de empleo público, y, en caso necesario, después de la misma". Artículo 31: "Anualmente, las plazas vacantes que, incluidas

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en las relaciones de puestos de trabajo y dotadas presupuestariamente, no se hayan cubierto por los procedimientos señalados en los artículos anteriores, constituirán la oferta de empleo público de la Administración Autónoma de Castilla y León". Por consiguiente, creo que este procedimiento no se ha seguido y me gustaría saber por qué.

En cuanto al tema estatutario, que es el segundo tema que quiero tocar aquí, el Grupo Popular ya se sabe la opinión que mantuvo en Comisión y en Pleno de que este tema se incluyese dentro de la Ley de la Función Pública; sin embargo, fue rechazado y, por consiguiente, nosotros tenemos que aceptar como aplicación directa todo lo que en esta materia publique el Boletín Oficial del Estado. Y yo sólo quiero hacer dos preguntas muy concretas al señor Consejero, por consiguiente, sobre este tema: Cuál es la opinión del Consejero sobre el Real Decreto 598/85, de tres de abril, del Boletín Oficial del Estado del cuatro de mayo, y cuál es la opinión del Consejero sobre el Real Decreto 33/86, del diez de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado del diecisiete de enero del ochenta y seis. El primero habla sobre las incompatibilidades y el segundo sobre el régimen disciplinario. Muchas gracias, señor Presidente. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

: ¿Prefiere contestar?...

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Sí, sí, porque así ya...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Consejero

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias, señor Presidente. Yo no quisiera tampoco haber pecado de excesivamente voluntarista en las fechas, lo cual quiere decir que no usemos las fechas como armas arrojadizas y dardos de que "usted dijo y ya no cumple". Lo hemos establecido en el ánimo del buen servicio a la colectividad y no para que desde ningún Cuerpo Político nos lancemos dardos arrojadizos, y menos desde la Cámara hacia el Gobierno, porque entonces no merece la pena el que vengamos a informar de lo que son nuestras previsiones si después esas previsiones ustedes nos las vuelven en contra para sus propias utilidades particulares. Yo creo que este no es el ámbito. Yo, de verdad, quisiera en este tema de las fechas que la utilizaran con la máxima prudencia, teniendo en cuenta un margen de flexibilidad suficiente.

Del resto de su primera intervención yo creo que le contesté en una Interpelación o Pregunta que había concreta de un Procurador que en este momento está aquí; me remito a aquélla y, por lo tanto, no tengo en este momento más que decir.

En cuanto al tema de la oferta de la oferta pública que esto entramos ya en el asunto, evidentemente, si ustedes leen la Ley hay una secuencia de artículos, secuencia de artículos que se tiene que cumplir cuando todo se pueda producir de manera normal; pero entrando la Ley en vigor el día treinta de enero... Lo que marca la Ley es que en el primer trimestre de cada año tiene que haber una oferta pública. Esto sí que lo marca la Ley. No dice, sin embargo, cuándo tienen que estar las relaciones, y ustedes saben -lo saben perfectamente- que la Ley 30 establece que se hacían relaciones y que están saliendo ahora las instrucciones para hacer las relaciones. Pero eso en ninguna administración, ni ahora ni en el futuro les va a decir que ustedes se colapsen a sí mismo en la Administración, porque, evidentemente, ¿qué es lo que han pedido estas Cámaras continuamente? Claridad en todos los temas de contratación. El punto de arranque de esa claridad, aparte de lo que hayamos podido hacer ya en medidas fraccionadas, es el que establece la ley que en los tres, en el primer trimestre de cada año tiene que salir la oferta.

Entonces, nosotros hemos estimado que no se puede, por un lado, paralizar; segundo, que el interés general de la colectividad, y en particular el interés demostrado en esta Cámara, estaba en favor de que hubiera una única oferta de empleo público de la Comunidad, de acuerdo con lo que se establecen en los artículos siguientes, sin que hayamos hecho mucha cuestión si es previo o no el tener la relación de puestos de trabajo, que en nuestra opinión no es previo el tener la relación de puestos de trabajo nada más que una vez que, diríamos, la máquina esté en funcionamiento; pero que en el umbral, en el instante inicial de cuál es primero, el huevo o la gallina, no nos hemos planteado eso y hemos dicho: lo primero es servir a la colectividad, lo primero es cumplir con objetividad, con limpieza, con eficacia, los criterios que establece esta Ley, y por eso hemos dado prioridad a la relación de puestos de trabajo.

Quiero asegurarle, porque además esto se me ha olvidado al hacer la exposición anterior, que en el Consejo de la Función Pública se acordó también que antes de que salgan las plazas que puedan cubrir las personas que ingresen de nuevo a la Administración de la Comunidad Autónoma, va a haber un concurso general de vacantes, es decir, de todas estas plazas, ofrecidas -plazas de funcionarios-, ofrecidas al personal de la Comunidad Autónoma: y en esto se quedó en el Consejo de la Función Pública el otro día, por lo tanto, si me perdonan, que no lo haya dicho. Yo la daba por descontado. Pero tengo que hacerles ver, de todas las maneras, que en ese artículo, y creo que ese artículo por unanimidad de esta Cámara fue aprobado, por unanimidad de esta Cámara fue aprobado, dice: "y, en caso necesario, después de la misma", con lo cual está previendo que, en caso de necesidad, puede hacerse primero la oferta y luego el concurso. Por lo tanto, nosotros hemos entendido que, por estas razones, era bueno que saliera la oferta pública, que nos diéramos un tiempo para madurar todavía las relaciones de puestos de trabajo y unirlas con la clasificación de los mismos y, en tercer lugar, y esto sí que les pido perdón porque les

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he podido conducir a error, que va a haber un concurso previo al concurso propio, diríamos, luego, de la ocupación de las plazas del personal de nuevo ingreso.

Por aclaración para todos ustedes, no significa absolutamente nada pero por aclaración, en el Consejo de la Función Pública a este tema no hubo ningún voto en contra de la central sindical, nadie se opuso. Es decir, vieron... También nos hicieron la pregunta que Su Señorías nos hace y vieron las razones, las entendieron y acordaron, por unanimidad, el que se hiciera por este procedimiento.

La última pregunta, realmente, que me dice qué opina... Pues mire usted, yo lo primero, en este momento, como no los tengo los dos Decretos aquí delante, yo no sé que es lo que usted dice o quiere que yo le diga que opine. Las cuestiones..., yo soy de las personas que digo que las Leyes no son para opinar sino para cumplir, y, por lo tanto, si esos Decretos y esas Leyes de incompatibilidades y las normas de desarrollo nos afectan, esta Consejería las hará cumplir, le gusten o no le gusten al señor Consejero. No es un problema de gustos, es un problema de aplicación de la legalidad. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, nosotros, el Real Decreto, por ejemplo, en particular, el 33/86 estamos estudiando la posibilidad de hacer un Decreto que acomode ese Decreto a la realidad de Castilla y León, pero eso no quiere decir que no sea ya de aplicación, ese Decreto es ya de aplicación para los funcionarios y el personal de nuestra Comunidad, independientemente de que luego hagamos uno de adecuación, también en cumplimento, si ustedes recuerdan, creo que es de una Disposición también Adicional, me parece que se introdujo de forma pactada en la Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León, por la cual se le decía o se le mandataba a la Junta a que acomodara a la legislación del Estado en materia estatutaria y disciplinaria a la propia acción de la Comunidad. Desde esa perspectiva, por lo tanto, nosotros también cumpliremos ese mandato. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Sí. Señor Presidente. Sólo para decir, en el tema que habla el señor Consejero de que nosotros vayamos a utilizar las fechas como armas arrojadizas, sabe perfectamente el señor Consejero que nosotros no vamos a utilizar -y por propia experiencia- las fechas como arma arrojadiza. Esta Comisión ha esperado largamente y durante largos años muchas cosas comprometidas por esta Consejería y no han llegado en su justo tiempo, y, sin embargo, pues el Grupo Popular ha hecho una oposición leal en este sentido y prudente, como lo viene haciendo normalmente en la política que realiza dentro de estas Cortes y allá donde se encuentra.

En cuanto al tema de personal, que se remite a la contestación que dio, es que lo que nosotros pedimos no es que usted dé esa contestación. Lo que nosotros pedimos es que, públicamente, el Presidente de la Junta de Castilla y León diga si está de acuerdo con la actitud de ese Consejero que va en contra del espíritu de la Ley de la Función Pública de Castilla y León o si está a favor, y que tome las medidas adecuadas en un sentido o en otro; si está a favor de la actitud del Consejero diciendo que no se respeta la Ley de Castilla y León, y si está en contra de la actitud del consejero que se reponga en sus puestos a estos funcionarios y que dimita ese Consejero por haber tomado esa actitud en contra de la Ley. Usted ha dicho, en sus propias palabras, "las leyes no se interpretan, las leyes se cumplen". Señor Consejero, ¿que ha ocurrido con la actitud de este Consejero en este tema?

En cuanto a la respuesta que me ha dado al tema de la oferta pública de empleo, peca de subjetivismo, lógicamente. La Ley se cumple y, por consiguiente, ustedes deberían haber cumplido esa Ley. El caso es que, por ello, muchos funcionarios no han conocido estas vacantes anteriormente, aunque después con una argucia dialéctica interesante, nos ha dado un dato que no había dado a la Comisión, a su conocimiento, anteriormente.

Y el espíritu de la Ley de la Función Pública cuando habla de que en caso necesario se publicará después, no es por lo que usted estaba diciendo, sino que eran, en todo caso, por si no se cubrían esas plazas. Por tanto, no vale esa argumentación que usted nos estaba dando. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Bueno, esto último, evidentemente, ésa es una interpretación que hace usted, es decir, bueno, yo de espíritus no hablo, nunca les conozco, no me relaciono con ellos, no me suelo relacionar. Es decir, está ahí el texto y no puedo interpretar, cosa que no he dicho antes. Yo no he dicho interpretar las leyes, interpretar siempre se puede hacer por los que sean competentes para ello, en este caso nosotros hemos interpretado los artículos 30 a 33 de una determinada manera, porque somos competentes para ello; en su día, interpretarán ustedes de otra manera, y serán competentes para ello. Lo que he dicho es que las leyes no son de gusto particular, es decir, que yo no iba a opinar de mi gusto o de no mi gusto, que ese no es el ámbito de este foro, no es preguntar sobre el gusto, es preguntar si usted las va a cumplir, y yo le he dicho: "Se harán cumplir", tanto el Decreto de Disciplina como el Decreto de Incompatibilidades.

Y hoy no traigo aquí los datos; les vamos a facilitar el cumplimiento del Decreto y de la Ley de Incompatibilidades que se está haciendo en esta Comunidad. Les daremos todos los datos estadísticos, evidentemente nunca el caso individualizado de las personas sometidas, pero sí los datos estadísticos. Van a recibir ustedes una notable sorpresa, favorable, me imagino, porque la estamos

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cumpliendo con total rigor y me imagino, por lo tanto, que favorable.

Y en el tema de lo que ha vuelto usted a plantear, desde luego, se está equivocando, yo no sé si decir desgraciadamente o por suerte. Yo no soy el Presidente de la Junta, por lo tanto, no me pregunte usted, éste no es el ámbito donde usted tiene que preguntar esas cosas ¿Yo qué le puedo decir? ¿Yo qué le puedo decir de lo que opina el señor Presidente? Hombre, yo me imagino que el señor Presidente opinará -me imagino, digo- lo mismo que opiné el otro día en la Comisión: que, en uso de sus atribuciones, hay un Consejero que está actuando. ¿Que podrá haberse equivocado? Pues lo dirán los tribunales en su día. No intentemos juzgar ni intentemos, a lo mejor, decir: no, es que, bueno, esto es una..., que dimita, que se le caiga, que... Mire usted, equivocaciones las podemos cometer todos. Se ha equivocado, no se va a volver a equivocar porque no lo va a volver a hacer, y sobre ese tema, está "sub iudice", pues vamos a esperar lo que digan los tribunales. Yo me imagino que esa sería la opinión del señor Presidente. Y no dramatizar más en la línea que usted plantea... Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Gracias, señor Consejero. Señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí. Yo me voy a limitar, por un lado, a agradecer al Consejero la información que aquí nos ha proporcionado. Me parece que en el momento, y dado el plazo transcurrido desde la aprobación y la entrada en vigor de la Ley, creo que la labor ya realizada es importante y, por nuestra parte, pues, simplemente alentamos a la Consejería a seguir con esa tarea.

Una única pregunta, por nuestra parte, en relación con una cuestión que, efectivamente, está prevista, como era de suponer, en el Decreto que hoy se nos ha entregado, de convocatoria de la oferta pública. Concretamente, el artículo tres, recordando lo que dice el artículo 51 de la propia Ley, señala la posibilidad de reservar hasta un cincuenta por ciento las vacantes convocadas para promoción interna. Yo le pediría al señor Consejero si está en este momento en condiciones, porque eso es algo que hay que hacer en la respectiva convocatoria, si está en este momento en condiciones de dar alguna información sobre qué topes en concreto, hasta ese límite del cincuenta por ciento, se prevén en las distintas convocatorias, pues le agradecería esa información.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias, señor Presidente. También, como en el primer caso, agradecer al Procurador en nombre... el Portavoz del Grupo Socialista el apoyo a la tarea. Sí, creo que podremos dárselo porque éste es un tema que también lo tratamos en el Consejo de la Función Pública. Y, como ve, no es un tema dialéctico ni que yo me haya ocultado las cosas, es que en una exposición a veces se le olvida a uno aunque no quiera. Es un tema muy importante, y les digo esto porque, evidentemente, aquí se planteaba un poco, pues, la cuadratura del círculo, y se lo explico sinceramente. Es decir, se saca un número de plazas, en ese número de plazas hay que dar posibilidad a que las personas puedan, de acuerdo con el convenio firmado con las centrales sindicales, puedan estabilizar su situación en la Comunidad -y la Disposición Transitoria Primera o la que sea, o la Segunda-, y al mismo tiempo también hemos previsto una reserva que preveía la Ley para atender las posibilidades de demanda de hasta un dos por ciento del personal con deficiencias psíquicas o motoras, etcétera, y, claro, el número de plazas es limitado. Entonces, si hay que hacer una previsión posible de que determinadas personas que tienen una actividad ya al servicio de la Comunidad, acogiéndose a la Disposición Transitoria, puedan participar y puedan aprobar; si, por otra parte, hay que hacer una reserva para los disminuidos, y por otra parte también, y yo creo que necesariamente, hay que dejar un margen para que personas libres, de la calle, puedan acceder por primera vez al empleo en la función de la Comunidad Autónoma, había que buscar, un límite para la promoción interna. Estas razones nosotros también las ofrecimos el otro día en el Consejo de la Función Pública y lo que se acordó fue lo siguiente, y les doy los datos. En el Cuerpo Superior, se va a reservar a promoción interna un diez por ciento, que significa nueve plazas, o sea, nueve plazas van a salir a promoción interna. En el Cuerpo de Gestión se ha reservado un treinta por ciento, y supone dieciséis plazas. Del Cuerpo Administrativo se han reservado un treinta por ciento, y supone cuarenta plazas. En el Cuerpo Auxiliar se ha reservado un diez por ciento, y suponen veinticinco plazas. Y en los Cuerpos Facultativos, en la función del número de plazas, porque, claro, podía haber una fracción, para que salgan enteros, entre un diez y un quince por ciento, pero como son pocas ahí pueden ser una o dos plazas, en los Cuerpos Facultativos.

La razón de estas diferencias quien conoce esto lo sabe perfectamente. Primero, para el Cuerpo Superior tienes que ser del Cuerpo de Gestión; Cuerpo de Gestión no ha habido, por lo tanto hay dificultades para que puedan hacer ese salto, y además, bueno, también hay una limitación: es el Cuerpo menos numeroso de las plazas que salen y por eso es lo del nueve por cien. Sin embargo, pasar del Cuerpo Administrativo al de Gestión, donde en el Cuerpo Administrativo en las últimas hornadas, sobre todo, han entrado muchas personas que tienen titulación adecuada, sí que pueden dar ese salto, y por tanto eso se ha puesto el del treinta por ciento, mucho más alto que en el caso anterior, teniendo en cuenta también que les he dicho antes que el número de plazas del Cuerpo de Gestión son cincuenta y cuatro, de cincuenta y cuatro dieciséis reservamos para promoción interna; entonces, luego hay todavía personas que tienen titulación y que están contratados administrativos; es decir, a la calle, públicas,

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en este caso saldrían unas veintinueve. Del Cuerpo Administrativo también reservamos el treinta por ciento, que son cuarenta plazas. ¿Por qué? Por la misma razón: porque de auxiliares a administrativos es fácil, incluso tienen las titulaciones, e incluso hay personas que están desempeñando tareas de administrativo siendo o estando en el Cuerpo Auxiliar. Finalmente, en el Cuerpo Auxiliar hemos hecho una cantidad reducida porque, primero en nuestra Ley no hay Cuerpo E y transferidos del grupo E tenemos muy pocos, tanto que en una prospección hecha incluso creemos que van a sobrar, de esas va a haber sobrantes, pero tampoco... parecía oportuno, y pareció oportuno al Consejo de la Función Pública hacer esa reserva.

Esta es la explicación del señor Procurador, a su pregunta. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Se abre el turno de preguntas para los señores Procuradores de la Comisión.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

La pregunta que yo formulo al señor Consejero pretende que, si es posible, amplíe desde el Proyecto de Ley de relaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Entidades Locales y la Ley de la Función Pública que se ha aprobado, como las dos salen del mismo taller... yo, al escuchar, por supuesto desde la calle, desde el conocimiento que tengo en este momento desde esa posición, esta oferta pública de empleo da la sensación y según se desprende de la intervención del Consejero a mí me parece que -no sé si por la rapidez de la exposición o no-, que no hay un grado de estudios suficiente, en este momento, para saber la influencia que esta Ley pueda tener en esa concepción que parece, aunque muy cerrada de momento, es decir, una concepción de descentralización en las Diputaciones de determinadas funciones y servicios, incluso con la posibilidad de transferencia de personal. Qué grado de... Esta acción que ahora se va a de oferta pública de empleo, parece que incide -da la impresión- en una burocratización de la Junta desde su actual concepción, es decir, no está teniéndose en cuenta esa posibilidad, insisto, de descentralización; de ahorro de personal yo creo que no más bien de formular otras iniciativas en la modalidad de gestión que pudiera imponer esta Ley o que parece que intenta poner esta Ley. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría conocer la opinión del señor Consejero, qué grado de acentuación tiene esa contratación, este anuncio de oferta pública, y si esto va a formularse desde conceptos de una excesiva carga de personal en lo que es la Junta y si esto, estas acciones, que por otra parte puedan responder a una determinada Ley, no están incidiendo en la otra y pueda estarse condicionando gravemente las actuaciones, insisto, que puedan derivarse de la aprobación de la Ley de Relaciones de la Comunidad Autónoma con las Corporaciones Locales. Esta es la pregunta que a mí me gustaría, si el señor Consejero lo considera, que se pudiera aclarar a esta Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Gracias, señor Fuentes. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias, señor Presidente. Sí, bueno, la reflexión que hace el señor Procurador es una reflexión muy atinada, creo que importante, que la hemos hecho también nosotros. Evidentemente, dice "salen del mismo taller", pero yo le corregiría, sobre todo porque es una empresa con varios talleres; sí que sería, en tal caso, si quiere, la misma empresa, pero los talleres han sido diferentes, y esto habría que también, aunque sólo sea por los propios funcionarios o el personal que ha intervenido, habría que reconocerse. Ahora es evidente que, al ser desde la misma empresa, la marca del producto, diríamos viene a ser la misma, y, sobre todo, lo que sí que ha habido es una reflexión sobre qué es lo que puede ocurrir en este caso. Y esa reflexión ha llevado a que, si ustedes recuerdan, también nosotros hemos sido la primera Comunidad Autónoma que hemos incluido en nuestra Ley algo que está todavía..., no sé si al final, me parece que sí, que al final ya se promulgó el Decreto, pero no lo sé todavía si esto está promulgado, y es la relación que se establecía en la calidad del funcionario en servicio en otras Administraciones Públicas. Pero que es nuestra Ley, la Ley de organización de la Función Pública de Castilla y León, la primera que introduce como cuerpo legal el reconocimiento de que funcionarios de la Comunidad, sin dejar de ser funcionarios de la Comunidad, puedan estar prestando servicios en otras Administraciones Públicas, y establece los mecanismos del reconocimiento de sus derechos y obligaciones y sus dependencias, funcionales, orgánicas, etcétera. Eso se hizo así porque nosotros ya estábamos viendo dónde estaba la otra Ley, porque precisamente también estaba en aquel momento en las máquinas y, por lo tanto, se iban a ir encajando ambas cosas.

Lo mismo, en la propia Ley de Relaciones también hay un artículo que engancha con éste de la Función Pública para los efectos de conexión. Y yo querría que, salvo esto, yo creo que los dos son dos mecanismos independientes.

¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora? Lo que nosotros hacemos ahora con la oferta pública es dotar de aquellas plazas, del personal necesario para que la maquinaria, los servicios que se tiene que prestar a los ciudadanos puedan realizarse con garantías suficientes. Eso es lo que nosotros hacemos en este momento.

Su Señoría también conoce que las propias Diputaciones Provinciales no es que tengan la dotación de personal suficiente en este momento como para sumir sin ningún personal cualquier competencia que pudiera delegársele, transferírsele o encomendársele.

Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es dotar los servicios que son necesarios y, en su momento, sin prejuzgar

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nada, pero previendo ya que pueda estar ese personal en otras Administraciones, se les realizará la correspondiente transferencia, la correspondiente encomienda, diríamos, de la dependencia funcionario desde la Diputación A o desde el Ayuntamiento B, cuando esa competencia sea transferida, delegada o se acuerde de común, de consenso entre la Administración Local receptora y la Comunidad Autónoma que proceda.

Por lo tanto, yo sí que quisiera llevarles a su ánimo que en ningún modo esta oferta, por lo menos en lo que nosotros entendemos de la mayor parte de las Consejerías, que las hemos estudiado en detalle, signifique ningún incremento de burocratización. Lo único que significa es cubrir las necesidades mínimas, que hemos estado todos clamando por ellas, porque hemos estado pidiendo que se pida a Madrid... Pero, diríamos, el tema de pedir a Madrid los Decretos 336, o incluso los concursos públicos, no han cubierto. Yo les he dado ya en otra comparecencia el dato del último concurso público, que se ha publicado en el mismo día que se publicaba esta Ley en el Boletín de Castilla y León, el día treinta y uno de diciembre, el mismo día; de las quinientas y pico -no me acuerdo del pico- plazas que se pidieron en concurso público, que convocó el Ministro de la Presidencia, solamente doscientas alguna son las que se han cubierto, y de esas doscientas alguna más de la mitad es de movilidad interna de la propia Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, yo creo que estábamos clamando todos por una necesidad de que determinados puestos se cubran con el personal idóneo. Entonces, la convocatoria viene a cubrir esos puestos. En su momento, y sin que esto prejuzgue absolutamente nada, y quiero también llevar al convencimiento y al ánimo de Su Señoría, porque sé que es una persona preocupada de este tema, que esto no significa en absoluto que ese personal tenga ya que permanecer siempre en la Comunidad Autónoma, porque ya se prevé, tanto en la Ley de la Función Pública como en la propia Ley de Relaciones, que ese personal, en su día pasará al servicio en otras Administraciones si es que, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Relaciones, se llegue al acuerdo de la delegación o de la transferencia que proceda.

Por lo tanto, en ese sentido, es por lo que yo decía que eran mecanismos independientes, aunque, evidentemente, hay puentes que permiten conducir de uno hacia otro. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Ares.

EL SEÑOR ARES MARTIN:

Señor Presidente, señor Consejero, señores Procuradoras y Procuradores. Quería referirme, en primer lugar, a una pregunta, a ver si hace el favor el señor Consejero de contestarnos. En el Anexo I que usted nos ha dado, en la página diez, viene el personal funcionario por Consejerías, perdón, viene con relación a los Cuerpos y Escalas de Administración General, pero no viene por Consejerías. Yo le agradecería, igual que el personal laboral lo ha dado por Consejerías, a ver si hace el favor también de darnos por Consejerías el personal funcionario.

En segundo lugar, y es una de las cosas que más me preocupa, estamos, hemos escuchado a una serie de señores aquí en el cual se dice que los plazos se están cumpliendo, y yo me pregunto, porque llevamos este Grupo Popular, y yo personalmente, creo que desde el primer día luchando porque se legalicen muchos puntos que no están demasiado legalizados de personal, y usted lo sabe, señor Consejero, y yo me pregunto, vuelvo a repetirle, cómo hay tanta prisa ahora. Y yo me haría una consideración. Digo: bueno, ¿es que corre tanta prisa porque hay que legalizar alguna cosa que no está legal? ¿Corre tanta prisa porque hay que cubrir mil trescientas plazas porque hay que acabar con tres mil millones de pesetas que están a disposición de la Junta para -como no sé, no lo sigue las Cortes-, para invertir donde mejor o peor convenga, o vamos a meter tanta prisa porque, como sabemos que vamos a perder las próximas elecciones el partido socialista, vamos a meter más gente suya en la Administración? Porque hay cosas que no puedo entender, señor Consejero.

Si con un Presupuesto, y es el cual no se prevén más transferencias con el mismo personal, se quieren meter ahora mil trescientas personas mal en la Administración, ¿para qué queremos mil trescientas personas más? Si se han cubierto los Presupuestos con la misma cantidad de personas que había hasta ahora, ¿para qué necesitamos mil trescientas personas más ahora corriendo, que hay que cubrir esas plazas? Después, es que tanta prisa, señor Consejero, a mí me maravilla. El nueve de marzo del ochenta y cuatro las Cortes dieron autorización a esta Comisión de Presidencia para, relativo a la contratación de personal administrativo, hacer una resolución; el quince del once del ochenta y cinco dictó un Dictamen esta Comisión y ese Dictamen todavía, una parte de él, la parte tercera dice: "No obstante, la Comisión pide de los letrados de la Junta que emitan un Informe sobre la Legislación aplicada o que hubiera sido de aplicación en cada caso", y dicho Dictamen tampoco se ha dado. O sea, ¿hay mucha prisa para algunas cosas y para otros no, señor Consejero?

Y, por último, usted nos acaba de decir muy bien, dentro de los datos que nos ha dado, que de las cuatrocientas treinta y una plazas de contratados administrativos que iban a pasar a funcionarios, dentro de la Ley de la Función Pública, nos ha especificado unas setenta y seis eran para titulados superiores, nueve para Cuerpos de Gestión, cincuenta y tres para Administrativos y noventa y cinco para Auxiliares, lo cual quiere decir que las sesenta o setenta plazas también que están recurridas por el Estado, judicialmente, también están aquí metidas. Y yo pregunto, ¿y si la Resolución fuera que esa contratación fue ilegal, qué pasaría con eso? Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO:

Gracias. Señor Nalda.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Hay veces que, cuando no se tienen los mismos lenguajes, es muy difícil de entender, sobre todo cuando uno va a Alemania y no sabe alemán, pues, normalmente, entiende cualquier cosa: de "Kartoffel" puede entender filete ruso, o de cualquier... Este es el problema. Mire, señor Procurador, yo no tengo prisas, las prisas me las ha marcado la Ley. Ojalá pudiéramos ir con más lentitud en este proceso. Hay veces que desde Función Pública y toda la Consejería está pensando que estamos trabajando excesivamente a tope, que vamos muy rápidos en el tema, que podemos equivocarnos en el camino por ir tan rápido, porque, evidentemente, el tiempo de reflexión es cada vez menor, a veces uno tiene que reflexionar en cualquier momento o circunstancia, porque no tiene otra, y nosotros, de verdad, yo también desearía tener mucho más tiempo. Pero yo creo que la que no tiene tiempo es la Comunidad Autónoma, y la Comunidad Autónoma son también ustedes, Sus Señorías, que nos han convocado aquí varias veces, que nos han pedido que tengamos una diligencia, que han hecho una Ley con unos plazos, una Ley que dice que en el primer trimestre tiene que salir no sé qué y que antes de tres meses de la entrada en vigor de la Ley se tiene que aprobar la clasificación de no sé cuál, y que en seis meses tiene que estar la Inspección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo único que hace esta Consejería, señor Ares, es cumplir también ese mandato que ustedes nos han hecho de la Ley.

Yo sí que le tendría que decir a esas valoraciones que ha hecho, solamente una, y posiblemente sea testigo, creo que tendré todavía vida suficiente para verlo, solamente una: Ojalá cuando ustedes o su Grupo dirija un tema de personal o unas oposiciones o un concurso-oposición exista la misma limpieza, la misma transparencia, la misma seguridad para todos los ciudadanos, la misma apertura a todos los credos religiosos y políticos que se van a dar en esta y que se han dado mientras este Consejo está al frente de esta Consejería. Yo solamente le digo eso a todas sus valoraciones, y creo que tendré vida suficiente, creo que tendré vida suficiente para verlo, tendré vida suficiente para verlo, o espero tener vida para verlo.

En cuanto al tema de las cuatrocientas treinta y una plazas, es el lenguaje que yo le decía. Es que, de verdad, y se lo digo con cordialidad, se lo digo con cordialidad, porque antes de que hubiera dicho eso, que ha quedado reflejado aquí y que ahora yo tengo necesidad de contestarle, me podía haber preguntado y le habría aclarado que había dicho que en estas mil trescientas no hay ninguna de las plazas de contratado administrativo, ninguna. Otra cosa es que estos señores, que tienen unos derechos porque se firmó un convenio con las centrales sindicales y porque la Ley lo reconoció, puedan concurrir a esas plazas, puedan concurrir a esas plazas, pero concurrirán en libertad y con los mismos... es decir, y a las mismas pruebas que van a concurrir todos los demás, tendrán que hacer los mismos ejercicios, y si sacan un cero, porque éstas eran las cláusulas del convenio, los puntos no se les aplican.

Por lo tanto, señor Procurador, es por lo que yo le he dicho que podía haberme preguntado, porque se había evitado el tener, que yo le hubiera contestado que, evidentemente, aunque falle quien falle sobre esas contrataciones, no pasa nada, porque ninguna de esas plazas está aquí, ninguna de esas plazas está aquí. Por lo tanto, señor Procurador, no tenga usted ninguna preocupación porque no va a ocurrir absolutamente nada. Tranquilidad a aquellas personas que tengan capacidad, la demuestren, sea quien sea, y proceda de donde proceda entrará a servir a la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y le puedo asegurar, independientemente de las dudas que le puedan quedar en su cerebro, que, independientemente también de las perspectivas ideológicas o de partidos que existen y que tienen derecho libre los ciudadanos, todos ellos, por lo menos hasta ahora, lo que sí que están haciendo es sirviendo dignamente a la Comunidad en las tareas que se les están encomendando, independientemente de dónde hayan procedido o de cuáles sean sus simpatías, y yo le podría dar relación también nominal, y no lo voy a hacer porque estaría afectando a la intimidad de las personas, de personas al servicio de la Comunidad Autónoma que proceden, que han entrado, que han recibido en los concursos de traslado plazas de mayor nivel y que son de su propio partido, o que son de otros partidos, de todo el espectro político. Señor Procurador, de verdad, lo que hay que hacer desde la Administración es empezar a separar lo que es la arena política de la que es la administración responsable. Este Consejero está en la administración responsable, pero pide a Su Señoría, y eso es lo que espero ver, que cuando usted también esté al frente o tenga a su cargo tareas de este estilo esté con la misma actitud responsable.

Finalmente, la última pregunta que me hizo, sobre la clasificación por Consejerías, lo primero es contestarle por qué no está así: porque esto ya son oposiciones a Cuerpos, independientemente de la Consejería, no tiene nada que ver; una persona puede entrar en el Cuerpo Superior de la Administración y luego irse a la... qué le diría yo, a una plaza en Soria de la Delegación de no sé qué, o puede estar en los servicios centrales o puede estar donde sea. Estas son plazas a Cuerpos, no plazas a Consejerías, y por eso es la diferencia. Mientras que las plazas laborales la competencia la tiene cada Consejería, y los diversos convenios colectivos han sido de cada Consejería mientras no haya un convenio único, y en ese convenio único se verá si hay que cambiar o no; por ahora, las plazas laborales están adscritas a cada Consejería, cada Consejero es competente sobre ellas, las plazas laborales, y por eso vienen desglosadas por Consejerías, mientras que las de funcionarios vienen por Cuerpos.

De todas las maneras, y para su curiosidad, lo que pasa es que yo no puedo... Si el señor Procurador me escucha un momentín... Lo que yo no puedo es garantizarle que esta relación que le voy a leer corresponda exactamente con estos números, y se lo aclaro, porque esto que yo tengo aquí son de los estudios previos que se me envió por Función Pública cuando desde cada Consejería nos mandaron la estadística; después ha habido

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correcciones, pequeñas correcciones, y por lo tanto habrá números que estén bailados, pero aproximadamente y número arriba número abajo, yo le puedo decir lo siguiente: de Presidencia y Administración Territorial salen veintiocho vacantes... Estoy hablando sólo, siempre de funcionarios, de las de los Cuerpos. De Presidencia y Administración Territorial habrá veintiocho vacantes, las cuales primero se cubrirán por concurso... Claro, es que fíjese el problema. Me está diciendo, y le agradeceré que luego también se lo explique porque seguro que a mí no me cree. Claro, si hay un concurso, como he dicho, previo, esta cifra que yo le doy de veintiocho puede, a lo mejor, convertirse en cero. ¿Por qué? Porque se hayan venido de otros sitios todos a esta Consejería, a estas vacantes, y luego entonces serán cero. Pero ahora, inicialmente, de Presidencia y Administración serían veintiocho; de Economía y Hacienda serían noventa y seis; de Agricultura, Ganadería y Montes serían doscientas creo que es cincuenta y ocho, pero no lo sé seguro; de Educación y Cultura cincuenta y nueve; de Bienestar Social ochenta y dos; de Industria, Energía y Trabajo cuarenta; de Obras Públicas y Ordenación del Territorio noventa y nueve, y de Transportes, Turismo y Comercio cuarenta y cuatro. Le ruego no me las sume porque seguro que no va a coincidir con los setecientos setenta... Me dice el Director General que sí que coinciden, pero por si acaso, por si acaso, puede haber algún baile de algún número, porque, vuelvo a decir, estos son a partir de los estudios previos y esto es ya una vez pulido, después de todos los informes habidos y por haber. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

: ¿Le queda alguna duda en su cerebro y quiere...?

EL SEÑOR ARES MARTIN:

Pues mi cerebro tiene muchas dudas, señor Presidente. Es que me refería, que no me ha contestado el señor Consejero, se conoce que se le ha pasado; es que cuando le dije que esta Comisión había recibido orden del nueve de marzo del ochenta y cuatro del Pleno para el Dictamen correspondiente y que todavía no se había hecho, y decía yo que el día quince del once del ochenta y cinco una de las partes aprobadas era: "No obstante la Comisión pide de los letrados de la Junta que emitan un informe sobre legislación aplicada o que hubiera sido de aplicación en cada caso" y que esto todavía no estaba hecho, a ver en qué plazo le parece... O sea, si esto es del ochenta y cuatro, hace dos años que está la Resolución está, suponemos que para el año que viene ya a lo mejor está aprobada, a ver qué le parece a usted señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Sí. Mire, lo único que me parece es que ése es uno de esos casos que ahora se han terminado ya. Se ha hecho borrón y cuenta nueva. Estamos andando después de una Ley de Ordenación de la Función Pública, en la cual ustedes, Sus Señorías, han tenido mucho que intervenir, mucho que hacer y mucho que trabajar; que nos hemos puesto todos a caminar y que, desde ese momento, es cuando vamos a intentar aclarar y solucionar temas que -lo he dicho en mi exposición- han sido a veces excesivamente vidriosos. Yo creo que seguir mirando hacia atrás y dándonos vuelta continuamente a flagelarnos con las cuestiones pasadas no me parece oportuno, no me parece ni siquiera, yo diría, que propenda al progresismo, porque eso es estar siempre de espaldas a la realidad. La realidad se crea hacia adelante, la realidad va delante de nosotros y hay veces que estos problemas... Yo, de verdad, no le puedo decir si eso se ha cumplido o no, porque, en este momento, la pregunta que usted me hace, yo no sé si la Cámara ha pedido y ha hecho el escrito correspondiente y se ha pedido. No lo sé y no lo voy a juzgar. Ni sé todavía si la asesoría jurídica nuestra, porque además no lo tengo aquí al Jefe de la Asesoría Jurídica, ha mandado o no el informe. De verdad, uno, en sus limitaciones, tiene una: que no es un vademécum de fechas y que no es un vademécum tampoco de todos los expedientes que entran y salen. Más o menos se lo prepara, porque no se crean que esto sale así de bien, o uno explica así las cosas de bien porque viene aquí de novicio, sino porque uno se lo prepara; pero, claro, se prepara lo que, evidentemente, tiene uno que contestar y responder. Yo esa pregunta, señor Procurador, de verdad, desconozco cuál es en este momento el proceso, en qué etapa se encuentra, no le puedo contestar si me parece bueno o malo. Yo le diría: todas las cosas que se alarguen mucho me parecen malas, pero hay a veces algunas que conviene meterlas en el refrigerador porque de esa manera muchos expedientes se calman y muchas, diríamos, vehemencias también se tranquilizan. Yo creo que eso es bueno a veces, es bueno, sobre todo, en los temas de personal, porque afectan a personas concretas, con nombres y apellidos, y siempre es muy doloroso el tomar cualquier decisión cuando hay un nombre detrás de cualquier toma de decisión en estos temas. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Posada.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, señor Consejero. Voy a hacer una, digamos, batería de preguntas breves, basadas, indudablemente, pues en el trabajo que se está realizando de desarrollo de la Ley de Función Pública.

La primera pregunta es relativa a un mandato de la Ley que, indudablemente, no tiene fecha pero que es muy interesante. El artículo 5.3 dice: "La Junta determinará el número de puestos de personal eventual, con sus características y retribuciones, dentro de los criterios aprobados al efecto de los Presupuestos en ellos establecidos". La Ley de Presupuestos está aprobada. Indudablemente, este mandato no tiene fecha, yo lo saco porque es un mandato fácil de cumplir desde el punto de vista técnico, me temo que más difícil de cumplir desde el punto de vista político; pero creo que es muy interesante y sería interesante para todos el establecer ese criterio de cuáles son los puestos y de qué tipo, cuántos, que puede nombrar cada Consejero y el Presidente de la Junta. Si esto es un tema políticamente difícil, pero técnicamente sencillo.

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El Artículo 7.4 habla de algo -y estoy hablando ya de la relación de puestos de trabajo- que quizá yo interpreto como previo a esa relación de puestos de trabajo y que tiene una enorme importancia, que es la clasificación de puestos de funcionarios y personal laboral, porque luego añadíamos, en el 7.5 y 7.6, que ningún puesto de funcionarios puede desempeñarse por personal laboral. Creo que esto, aunque ni se señala fecha, es de suma urgencia, puesto que es la primera visión de cómo se clasifican los puestos.

Paso luego a la relación de puestos de trabajo, a lo que nos ha dicho el Consejero que se está trabajando en ello, que en cinco Consejerías estaba casi ultimado, se va a revisar. Ahí existe un Decreto, que sin duda el Consejero, por supuesto, conoce, de la Administración Central; ese Decreto es supletorio para nosotros. Hay ahí dos puntos que yo quiero destacar porque me gustaría conocer la opinión del Consejero. Uno primero es que no se separan adecuadamente los puestos de concurso y de libre designación, y esa omisión ha sido señalada por el propio Consejo de Estado. Por otro lado, en los méritos aducidos, y ahí es una vieja polémica que sostuvimos con el Grupo Socialista sobre el peso de la antigüedad, etcétera, creo que el Decreto de nueve de diciembre es un Decreto terriblemente contrario, digamos, a las tesis que mantenía el Grupo Popular, puesto que la antigüedad sólo se valora en cero coma diez puntos por año, con un máximo de dos puntos. Querría saber si en el Decreto que prepara la Junta, pues, eso se ha...

En tercer lugar, he tomado nota de que hay una empresa a la que se va a contratar que tiene experiencia en este tema. A mí me gustaría conocer, si es posible, el nombre de esta empresa, si se ha hecho ya la contratación, qué experiencia tiene, porque -lo digo con absoluta imparcialidad- la experiencia conocida en la Administración Central de HAI Ibérica ha sido una experiencia bastante desastrosa. Y ha sido bastante desastrosa, y se ha opinado así no desde un punto de vista partidista sino general por funcionarios de la Administración, muy fundamentalmente porque HAI Ibérica, que tenía una gran experiencia en empresa privada, no la tenía en empresa pública; entonces, su valoración para complementos específicos ha sido tan defectuosa que por la propia Comisión creada en el Ministerio de la Presidencia se ha cambiado sustancialmente esos criterios, que no respondían a la realidad de la Administración Pública.

Otro tema que quería señalar es en que se está haciendo dice, el Consejero, y me parece muy oportuno, unas normas provisionales de funcionamiento sindical. Bien, nosotros que defendimos y estuvimos de acuerdo, incluso pedimos ese aumento de seis a nueve representantes en el Consejo de la Función Pública, en que estuvieran los tres sindicatos que están reconocidos por la Presidencia del Gobierno, aquí querríamos hacer un llamamiento a que -esta es la situación, obviamente, provisional, habrá unas elecciones sindicales-, pediríamos y pediría que en esas normas se tuvieran en cuenta, aunque eso tenga sus dificultades, que existen otros sindicatos u otras organizaciones sindicales que, ciertamente, no han podido demostrar su representatividad porque hace mucho que no ha habido elecciones sindicales, pero que desarrollan una actividad en la Administración. De alguna forma, una cosa es que ciertos sindicatos estén representados -Comisiones, U.G.T. y CSIF- en el Consejo Sindical de la Función Pública y otra cosa es que en esas normas de acción sindical provisionales no se tenga en cuenta que otros sindicatos puedan actuar en el seno de la Administración. Le podía dar nombres pero están en la mente de todos.

Y finalmente, en el tema de que hay seis meses para hacer la Inspección General de Servicios, me parece razonable que se pretenda hacer una Inspección similar a la que existe en la Administración Central y otras Comunidades Autónomas, pero creo que es un punto clave en que no -es una opinión personal-, no se debe ir a una Inspección de Servicios que únicamente se ocupe de horarios, incumplimientos, expedientes en un momento determinado a un funcionario que ha delinquido, sino que debería ser algo mucho más amplio. Ciertamente, habrá pocos medios personales; yo, con la reserva propia de que hago gala, y por supuesto no puedo ni diría nombres, tengo información -puede o no creerse- que los medios personales ahora disponibles en esa Inspección no se están utilizando quizá tanto como podrían utilizarse; es decir, que existen medios, no suficientes, indudablemente pero susceptibles de una mejor utilización. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a ir por el orden en que ha hecho las preguntas.

No hemos tomado la decisión, realmente, en el tema de lo de los puestos de personal eventual porque entendíamos que, una vez aprobado el Presupuesto -y que no era urgente en este momento-, que aprobado el Presupuesto estaba fijado allí la dotación global de eventuales de cada una de las Consejerías y, por lo tanto, trabajo teníamos con meternos en este otro berenjenal de las relaciones y de la oferta pública para abrir todos los frentes al mismo tiempo, porque no, tenemos una limitación personal. Lo que sí que creemos, y a mí me parece que esto deberá de estar, que esto va a estar antes de los próximos Presupuestos, porque, realmente, como los Presupuestos son los que tienen que fijar la dotación global, evidentemente, antes, incluso a lo mejor en esas memorias o anexos que añade la Consejería de Economía, vendrá, si vienen las relaciones de puestos de trabajo, vendrá una "addenda" especial también con la de los puestos de trabajo eventuales. A mí me parece que con eso cubrimos perfectamente el mandato de la Ley.

En cuanto al tema de, claro, de lo que me ha dicho, primero habría que tomar cuál es clasificación de puestos de funcionarios y cuál es la clasificación de laboral.

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Yo creo que comprende Su Señoría que éste es un tema que con lo que tenemos ahora en las manos hay que irlo haciendo un poco con la práctica y con el conocimiento real de qué es lo que hace cada uno, qué es lo que se está haciendo. La única cuestión que hemos hecho, a nivel interno, cuando se han dado criterios, es decir: mire usted, yo creo que hemos configurado o lo que se está configurando en España es una Administración mezcla de laboral y de funcionario, es decir, régimen laboral y régimen estatutario. Nosotros mantenemos eso, como tal, y así está en la Ley, y decimos lo siguiente: todos aquellos puestos que tengan -y este es un criterio, por ejemplo, que hemos empleado en la clasificación, por lo tanto, de los puestos de contratado administrativo, eso puede servir ya porque ese es el criterio que vamos a utilizar-, todos aquellos puestos de trabajo que tengan algo que ver con una realización administrativa de lo que se llama la autoridad administrativa, que tengan actos de autoridad o cooperen a esos actos de autoridad, deben de ser funcionarios, como deben de serlo también todos aquellos que sean tareas de índole administrativa de carácter general horizontal, que sirva por igual en todas las Consejerías, esos también deben de ser funcionarios; sin embargo, aquellos otros que son más de personal de oficio, de personal típicamente laboral, de personal cuya especialización por la movilidad -caso de los de informática, por ejemplo, o algún otro caso que puede estar en Bienestar Social, diría yo, o de Cultura-, que son realmente difíciles, porque tampoco tienen ejercicio de autoridad, lo que hace es... su profesión la realizan, trabajan y hay una movilidad en ese mercado, entonces hemos dicho que esos sean laborales. Y estos serían los dos grandes criterios que se han utilizado en las relaciones de puestos de trabajo y que les ha parecido correcto a las centrales sindicales. Y con esos criterios estamos haciendo las relaciones. Entonces, yo creo que ahí, como la relación de los puestos de trabajo, por mandato de la propia Ley y además por tal y como hemos nosotros confeccionado, en aquella norma que nos dimos, en aquel Decreto, va el puesto con el tipo que va a ser, si es laboral su clasificación o es funcionario, si es funcionario de qué grupo, si es después de qué Cuerpo pertenece, a qué se dedica, yo creo que cuando tengamos la relación de puestos de trabajo, que además van a ser públicas, ahí perfectamente vamos a tener completamente determinados todo el bloque de funcionarios, de laborales, etcétera.

Yo reconozco que, evidentemente, en algunos de estos -y por eso he dicho que hay que adecuarlos- en alguno de estos Decretos, pues, hay algunas confusiones, o se han minusvalorado algunas valoraciones. Nosotros -lo he dicho sinceramente- vamos a intentar adecuar eso a la realidad de nuestra Comunidad. Yo ahora, si me permite Su Señoría, no me atrevería a dar el valor de eso, y lo que también sí que le puedo asegurar es que, por ejemplo, la diferencia entre concurso y libre designación va a quedar perfectamente clara, porque tan clara está en nuestra Ley. Y ya está clara en un Decreto anterior. Es decir: ¿qué es libre designación? Jefe de Servicio o asimilado, pero nada más. No me venga usted ahora con historias de que un Sección es próximo pariente de un Servicio; bueno, es Jefe de Servicio y como tal tiene que estar en la relación de puestos de trabajo. ¿Que a la mejor pudiera abrirse en alguna circunstancia? Puede ser necesario, pero entonces quedará perfectamente determinado también en la relación de puestos de trabajo. Es decir, pongamos el caso de una sección que, por las razones que sean, tenga un cierto grado, a lo mejor de confianza, a lo mejor se puede clasificar como de libre designación, pero entonces irá en la relación de puestos de trabajo, será público y será conocido por todos los ciudadanos.

Lo siento pero le tengo que decir... Es que me reía cuando me lo estaba planteando, pues yo también conozco el problema de la empresa en el Estado. Conozco a mis compañeros, he hablado con ellos, etcétera, pero de todas las que se nos han presentado -y les puedo enseñar el expediente, si usted quiere puede acercarse por Función Pública y les ve los expedientes, o por la Secretaría General-, la empresa que ha hecho la oferta mejor ha sido HAI Ibérica. Y por eso es por lo que me reía. La empresa que ha hecho la oferta mejor, que ha demostrado que tiene... Porque es que esto, y usted lo sabe también, contamos con los dedos de una mano y nos sobran dedos en este país a aquellos que conocen un poco de organización y de personal y de gestión, etcétera, hay muy poca gente que se haya especializado en esas tareas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es corregir el defecto que tuvieron nuestros compañeros de Ministerios, que la dejaron excesivamente libre en su actuación y entonces, claro, lo que presentó adolecía de estos defectos que ha señalado. Nosotros, en el pliego de condiciones, la hemos atado y va a estar continuamente supervisada, controlada desde la Dirección de la Función Pública, con unas personas dedicadas a ella y siguiendo todo lo que van haciendo y los pasos que van dando. Y luego les hemos exigido también algo que creo que es importante, que es su apoyo después en el proceso informático que tiene que llevar a cabo. Es decir, por una parte, nosotros le hemos metido un mayor control en todo lo que es la preparación y por otra parte, también les hemos pedido que luego colaboren con nosotros en poner eso en marcha, no nos dejen el tocho de papel allí y luego tengamos tres años hasta que desbrozar aquello. No, no, ustedes también cooperan con nosotros en poner todo eso en marcha. Yo creo que con esas cláusulas, y por eso le digo que le ofrezco la posibilidad de ver el pliego, etcétera, creo que podemos superar algunos de esos defectos que ha tenido esta empresa.

Lo que me dice de las centrales sindicales es verdad, pero es muy difícil. Y yo, aunque sólo sea como una cuestión anecdótica, el otro día, cuando se constituyó el Consejo de la Función Pública y cuando se fue a debatir cómo se formaba la mesa negociadora del convenio, hubo problemas entre dos centrales sindicales allí presentes. Si ustedes, es su discreción, no me lo piden, yo no se lo digo, no digo quiénes son porque no quiero que esto pueda luego afectar al buen funcionamiento o a la buena credibilidad de las propias centrales. Hubo problemas entre dos centrales y tuvo que ser la Consejería, a través mío, quien, recordándoles la Ley y el precedente

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que sentábamos ya en la Ley al decir las tres centrales paritarias, no sé que, no sé cual, la que estábamos, en cierto modo, forzando a cómo serían el resto de los órganos, a través de la Ley, agarrándome a eso. Por eso yo les digo que, realmente, eso en este momento, mientras no se produzcan las elecciones y solamente sigamos basándonos en que en aquellas elecciones en MUFACE, que esa es la base, hubo tres que tuvieron una cierta representación y el resto no... Me refiero en el Estado español; en particular, en esta Comunidad, el resto aquí, claro, ni Ela S. T. V. ni ninguno de los otros tuvo aquí ninguna importancia. Entonces, claro, en este momento y mientras esto no se cambie, yo lo veo muy difícil; muy difícil no por nosotros, que evidentemente estaríamos abiertos, no tengo ningún inconveniente, pero muy difícil por las propias... el propio mecanismo de las centrales sindicales.

En cuanto a la Inspección General, yo creo que el Director General también en una comparecencia lo dijo, nosotros estamos intentando, y la propia Ley lo trasluce, la Inspección General no va a ser una Inspección disciplinaria; la Inspección General de la Función Pública va a ser una Inspección cooperadora y colaboradora a la mejor gestión, ayudando a los funcionarios a mejorar los expedientes, a que si un expediente tarda porque el papel no es el idóneo, pues que se diga y se hace un papel nuevo. Colaborar con los funcionarios yo creo que es la tarea más importante de una Inspección, y no vigilar tanto si llega o no llega cinco minutos, o ver los partes, etcétera... que tendrá que hacerlo también, evidentemente, que eso es también una parte de su función, pero la función fundamental es que el servicio público se dé bien; a eso es a lo que se tiene que dedicar fundamentalmente la Inspección y ahí es a lo que nosotros vamos a incidir.

De verdad, la situación que tenemos, en este momento hay cuatro inspectores, cuatro, transferidos como tales, cuatro, numerados. Esos cuatro están haciendo de todo, aquello es un cajón de sastre donde hacen hasta de levantar las Actas del Consejo de la Función Pública uno de ellos, hasta... bueno, de todo. Yo creo, de verdad, que en este momento y con esos mimbres podemos hacer poco más que ese ensayo que yo les decía. De todas las maneras, yo cojo el compromiso ante ustedes, porque creo que es mi obligación y la obligación de la Dirección General, con los medios que tengamos, sacarles la máxima utilidad para que esa Inspección pueda ser lo que nosotros queremos y usted mismo, y yo estoy de acuerdo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

: ¿Alguno otro de los Procuradores quiere intervenir?... Se levanta la sesión, se levanta la sesión.

EL SEÑOR...

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Bueno, es que en esto de... El asunto Ruegos y Preguntas se puso ahí, pues, un poco al margen, porque, en definitiva, casi siempre lo usual, se ha hecho ejercicio del derecho de los Procuradores. A no ser que hubiera algún Procurador fuera de la Comisión que quisiera intervenir... Como no existen, podemos dar por terminada la sesión.

(Se levantó la sesión siendo las catorce horas quince minutos).