DS(C) nº 165/1 del 23/7/1986

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Buenos días, señores Procuradores; señoras y señores. Vamos a dar comienzo a esta Comisión Extraordinaria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Como siempre seguiremos el procedimiento normal y comenzamos con la lectura del Orden del Día. El señor Vicepresidente... ¿quiere hacer el favor de leer el orden del día?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FUENTES HERNANDEZ):

Punto primero y único: "Comparecencia del Excelentísimo Señor Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León para informar a la Comisión sobre: a) Estructura actual y organización de los servicios de la Consejería en administración hidráulica, así como valoración de las transferencias recibidas de la Administración Central en esta materia.

b) Grado de cumplimiento en mil novecientos ochenta y cinco del Plan de Rehabilitación de Viviendas así como perspectivas para mil novecientos ochenta y seis.

c) Situación actual de los convenios sobre urbanismo firmados por la Junta de Castilla y León en Corporaciones Locales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes). Y d) Actuaciones llevadas a cabo dentro del Plan Regional de Restauración de Teatros".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, muchas gracias; señor Vicepresidente. Después de la intervención del señor Consejero habrá un receso de diez minutos y acto seguido continuará la Comisión normalmente.

Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, la comparecencia de esta mañana ante la Comisión de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León es como consecuencia de la solicitud de un grupo de Procuradores del Grupo Popular para tratar diversos temas relacionados con la actividad de cuatro áreas de la Consejería. Así pues, voy a tratar en mi exposición temas referentes a la administración hidráulica, según se dice en la convocatoria, rehabilitación de viviendas, convenios de urbanismo y actuaciones en materia de rehabilitación de teatros.

Por este mismo orden voy a intentar informar a Sus Señorías de lo solicitado; de todas maneras en las intervenciones posteriores ampliaremos en su caso las dudas o profundizaremos en los aspectos que se estime conveniente. Empezaremos por lo relativo a lo que en el orden del día se define como temas referentes a administración hidráulica.

En el momento actual —y esto es importante señalarlo— para empezar, las únicas transferencias de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma, adscritas a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en este tema, son las ayudas a corporaciones locales en materia de abastecimiento de agua y

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saneamiento así como encauzamiento y defensa de márgenes en áreas urbanas, de acuerdo con el Real Decreto 1.022/84 de once de abril (Real Decreto de Transferencias de funciones y servicios).

La organización administrativa que tiene por objeto el desarrollo de esta actividad es el Servicio de Recursos Hidráulicos, dependientes de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura, todo ello de acuerdo con los diversos decretos que reglamentan la estructura orgánica de la Consejería, que fue en el Decreto 25/83 de treinta de julio y 64/85 de veintisiete de junio y la Orden de veintisiete de junio del ochenta y cinco que desarrolla dicha estructura orgánica.

En esa Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura y dependiendo de la Jefatura de Servicio correspondiente existen en este momento tres secciones llamadas de planes y programas, de proyectos y obras y de calidad de agua, dependiendo de cada sección dos negociados.

En las Delegaciones Territoriales, en las nueve Delegaciones Territoriales de la Consejería, tanto la sección primera de Obras Públicas e Infraestructura como la tercera asumen funciones en relación con los recursos hidráulicos.

En la Dirección General están cubiertas las plazas de jefe de servicio, dos de las secciones, la tercera está cubierta pero su titular está en situación de servicios especiales en otra Comunidad Autónoma, dos negociados y dos auxiliares también cubiertos. Y en las Delegaciones Territoriales existen, de las nueve delegaciones hay en cinco que la sección tercera de Obras Públicas e Infraestructura, que se dedicaría más explícitamente al tema de recursos hidráulicos, están cubiertas cinco de las nueve. Como las transferencias recibidas de acuerdo con el decreto de transferencias fueron nueve personas, de acuerdo con el decreto la situación actual es básicamente equivalente, en lo que se refiere a los servicios centrales, a la resultante del proceso de transferencia. Esto en cuanto se refiere a la organización actual.

Valorar estas transferencias es, según lo que se solicita que se informe, susceptible, lógicamente, de múltiples enfoques. No sabemos muy bien si es valorarlas económicamente, valorarlas técnicamente, valorarlas administrativamente o valorarlas políticamente. Para no aprovecharme de esa ambigüedad y centrar en uno solo de los aspectos la valoración solicitada voy a recorrer de una manera rápida todas las posibles alternativas de las cuatro que defendí; probablemente se podrían ocurrir más.

La valoración económica debe enfocarse yo creo no sólo en lo relativo a gastos corrientes, que era una transferencia del Capítulo I de siete personas y un Capítulo II relativo a ello escasos, sino en lo que se refiere a la inversión que a partir de esa transferencia gestiona o depende de la Comunidad Autónoma. La Comunidad gestiona, a partir de ese momento, unos recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial; desde el primer momento una cifra de..., en torno a los 1.600.000.000 de pesetas, (luego ya variará, variará cada año), que ha posibilitado ejecutar obras que, en otro caso, no se garantizaría se situaran en nuestro territorio. Yo creo que ésta es la primera valoración, desde el punto de vista económico; no importante en cuanto a los gastos corrientes, pero sí en cuanto a la capacidad de gastos de inversión que se han fijado a partir de este momento en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Desde el punto de vista técnico, la Comunidad dispone de un embrión de infraestructura que la permite no sólo gestionar esa capacidad de inversión, como se está demostrando, sino también responder a múltiples demandas que en materia de aguas se le plantean, sean o no de nuestra competencia. Y éste es un aspecto importante que, dentro de nuestras posibilidades, creo que debemos atender, que tenemos la obligación de atender y que es un esfuerzo que estamos haciendo. Constantemente nos pueden llegar de múltiples municipios, de particulares de otras administraciones, solicitudes de informes, necesidad de comparecer en organismos o en instituciones que, si no dispusiéramos de este embrión de infraestructura técnica, no tendríamos capacidad de acometer.

Desde un punto de vista administrativo la valoración puede ser parecida a la que he hecho anteriormente desde un punto de vista técnico. Debe considerarse además que los servicios de la Consejería no son lógicamente entes aislados y herméticos entre ellos sino que se apoyan y complementan en el resto de la propia estructura orgánica; por tanto, el Servicio de Recursos Hidráulicos se apoya además en el Servicio de Gestión y Apoyo de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura que hace labores horizontales dentro de la Dirección General, en la Secretaría General de la Consejería en todo lo referente a asesorías jurídicas, intervenciones delegadas y demás, o en otras Consejerías que tienen funciones horizontales también lógicamente, funciones de asesoría jurídica y cosas por el estilo.

Desde el punto de vista político, que yo creo que será lo más importante, voy a hacer también unas reflexiones, empezando —y esto ya ha quedado dicho antes—, por considerar la situación como transitoria en lo que se refiere al cumplimiento del artículo 26 del Estatuto de Autonomía; porque, bueno, del artículo 29, que también se refiere a tema de aguas, lógicamente no se han dado todavía ninguno de los supuestos contemplados en el propio Estatuto para su entrada en vigor.

Las transferencias en este momento que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León son semejantes a la mayoría de las Comunidades Autónomas. Yo podría afirmar que sólo Cataluña tiene en este momento dentro del Estado una situación más desarrollada que la nuestra, por lo que no se da, con carácter general, ningún posible agravio comparativo de nuestra Comunidad Autónoma con respecto a todas las demás.

Como considero que el tema está en cuanto a las competencias definidas por el Estatuto en una situación transitoria, por eso tuvimos especial interés en que en el Acta de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en mayo de mil novecientos ochenta y cinco, quedará reflejada la observación de la Comunidad de no quedar finalizadas las transferencias de funciones y servicios

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relativas a competencias reconocidas en el artículo 26 del Estatuto y así se reconoció en aquel Acta de Transferencias por la propia Administración Central.

La aprobación de la nueva Ley de Aguas por el Congreso de los Diputados con fecha veintitrés de julio del ochenta y cinco, hace exactamente hoy un año, y su entrada en vigor el uno de enero del ochenta y seis, así como el primer Reglamento que la desarrolla, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849 de mil novecientos ochenta y seis de once de abril, publicado el treinta de abril de este mismo año, son parte del nuevo marco de referencia al respecto.

El siguiente Reglamento en preparación que se refiere a la representación de los órganos de cuenca, acabará de fijar los marcos globales a los que ajustarse en este aspecto. Pero, desde el punto de vista político, yo creo que no podemos dejar, y creo que es importante no sólo desde el punto de vista económico, administrativo, técnico, como me he referido antes, dejar de paso la propia gestión de la inversión y su repercusión en la mejora de las condiciones de vida de los castellano-leoneses. Y esa gestión es a la que me voy a referir ahora, dado lo que entiendo es su importancia política. Estas inversiones que está gestionando y gestiona la Junta desde el momento de la transferencia, se encajan dentro del Plan Director de abastecimientos, saneamientos y encauzamientos en zonas urbanas que, con carácter indicativo, estamos elaborando y que nos pone en situación de conocer los déficits existentes y las demandas a medio plazo.

Los importantes recursos deben completarse con el canon de vertido. Esta es una nueva figura creada por la Ley de Aguas cuyo objetivo único de esos fondos son las medidas de depuración. Aunque en este momento no se conoce su cuantía, la cuantía de lo que representará el canon de vertido en ninguna de las cuencas que afectan a la Comunidad Autónoma ya que está relacionado con los estudios necesarios para la redacción de los planes hidrológicos, planes en cuya redacción estamos participando, se estima que representará una aportación cuantitativamente importante y que esto modificará también a corto plazo la propia capacidad de inversión de la Comunidad Autónoma.

Voy a hacer un breve resumen de lo que han representado las inversiones de la Comunidad Autónoma en esta materia en estos últimos años. En el año ochenta y cuatro, los recursos transferidos se gestionaron, bien por obras transferidas de la Administración Central cuya relación aparece en los anexos del Real Decreto y que todavía quedaban obras por certificar o sus liquidaciones o sus revisiones de precios, y con unos convenios con las diputaciones que firmamos en un Plan que se llamó de la Emergencia por sequía. Aquel año se dispuso en un crédito de 1.450.000.000 de pesetas, de los que se certificaron 859 y quedaron como creadores 547.000.000 de pesetas.

En el año ochenta y cinco, ya se modificó el procedimiento; ya no se fue a un convenio de este tipo, sino que se hizo una convocatoria pública de solicitudes de ayudas, de acuerdo con el Decreto 118 de la Junta que fija el modo de entrar en relación de subvenciones o aportaciones a obras de administraciones locales en dos programas que fijamos de más y menos de veinte mil habitantes, precisamente para dejar abierto el camino a posibles actuaciones con las diputaciones. Se gestionó una inversión de 1.325.000.000 de pesetas con una ejecución presupuestaria del 72%.

Yo quiero señalar en este tema de la ejecución presupuestaria del año ochenta y cinco un programa importante y de sensibilidad social, que fue el suministro e instalación de cloradores en trescientos municipios de la Comunidad Autónoma en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. En mil novecientos ochenta y seis, el crédito inicial de que disponemos es de 1.750.000.000 de pesetas, con unas incorporaciones de 536, las cuales se distribuyen según el programa aprobado por la Junta el pasado veintidós de mayo y que en este momento está en proceso de contratación, debiéndose señalar que ya se han publicado los anuncios para las contrataciones de las plantas potabilizadoras de las ciudades de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Avila y Palencia.

Para finalizar este apartado que se refiere a los recursos hidráulicos voy a hacer una cuantificación de los programas previstos en los ejercicios ochenta y seis, ochenta y siete y, en algún caso, hasta el ochenta y ocho. En municipios de población inferior a veinte mil habitantes tenemos previsto contratar obra en los ejercicios ochenta y seis y ochenta y siete por valor de 2.183.000.000 de pesetas, y en los municipios de más de veinte mil habitantes y para el período ochenta y seis, ochenta y siete y ochenta y ocho una obra por valor de 5.580.000.000 de pesetas, lo cual nos da una cifra global superior a 7.700.000.000, durante este período, en inversiones en materia de obras hidráulicas.

Hechas estas valoraciones de, como se pedía en el orden del día, en cuanto a las transferencias recibidas en este momento de la Administración Central en esta materia, voy a pasar al segundo apartado, que se refiere al cumplimiento del Plan de Rehabilitación de Viviendas en el año ochenta y cinco y la situación en el ochenta y seis. Yo supongo que es a lo que se refiere, que la pregunta viene referida al Plan cuatrienal de la Vivienda, explícitamente en lo relativo a la rehabilitación que fijaba para todo el Estado español en número de veinte mil viviendas rehabilitadas por año.

En la Comunidad de Castilla y León estimamos que proporcionalmente corresponderían, y siempre utilizaremos unas cifras de este orden, una rehabilitación de unas mil cuatrocientas viviendas por año. En el ochenta y cinco, y de los datos que nosotros disponemos, se calificaron viviendas para rehabilitar del orden de unas novecientas viviendas, lo cual representaría que, si la cifra que utilizamos es la cifra de viviendas calificadas, el programa se habría alcanzado en cuanto al objetivo en un 64%. Debo hacer hincapié en que esto son programas que funcionan a la demanda, o sea, que no se rehabilitaría ninguna vivienda si ningún propietario particular, éstas son ayudas a la iniciativa privada, si ningún

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propietario particular pidiera una ayuda de este tipo. Por tanto, en el año ochenta y cinco, en cuanto a enmiendas calificadas, se llegó hasta un 64% del programa; iniciadas, ochocientas noventa viviendas, y, terminadas, cuatrocientas ochenta y una.

En préstamos concedidos, ya que este tipo de ayuda es a base de subvencionar intereses de créditos, en Castilla y León se concedieron créditos para setecientas veintinueve viviendas; en todo el Estado español, para doce mil cuatrocientas; y, en millones, en Castilla y León, 606.000.000 de pesetas, y en todo el Estado español 10.000.000.000 de pesetas.

Por provincias, que yo creo que puede ser indicativo de lo que está ocurriendo, en Avila —y esto es en viviendas iniciadas—, en Avila se iniciaron dieciséis; en Burgos, ciento treinta y seis; en León, ciento treinta y cinco; en Palencia, ciento cuarenta y cinco; en Salamanca, setenta y dos; en Segovia, sesenta y una; en Soria, cuarenta y tres; en Valladolid, doscientas setenta y una y en Zamora, veintiuna. Esto quiere decir que muchas veces actuaciones de este tipo están influidas también por los propios procedimientos de tramitaciones administrativas internas de la Administración de la propia Comunidad Autónoma, como por licencias obtenidas de ayuntamientos, o facilidad que en cada provincia las instituciones financieras que operan en ella dan a los solicitantes. Es significativo que, por ejemplo, en la provincia que más demanda hubo y que, por lo tanto, más particulares se inclinaron para la rehabilitación, fuera Valladolid, con doscientas sesenta y una viviendas; sin embargo, en Avila sólo fueron dieciséis las que fueran capaces de iniciar esas obras.

Tengo también datos del seguimiento del Plan cuatrienal en relación con otras Comunidades Autónomas pero bueno, yo creo que serían unos listados excesivamente complejos y que tampoco merecerían tanto la pena, aunque, luego, si hiciera falta, se podría comentar. Sí que puede tener interés en lo que se refiere a los créditos concedidos por las distintas instituciones financieras que firmaron el convenio con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Economía para financiar el Plan cuatrienal. Así pues, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila concedió créditos para veintiocho viviendas por valor de 34.000.000 de pesetas; la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, para ciento dieciocho viviendas, por valor de 47.000.000; la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, para sesenta y cinco viviendas y 69.000.000; la Caja de Ahorros Municipal de León, 128.000.000 para ciento quince viviendas; la Caja de Salamanca, 138.000.000, ciento tres viviendas; la Caja de Segovia, 65.000.000, de sesenta y cinco viviendas 60.000.000; la Caja de Soria, quince viviendas y 15.000.000; la Caja Popular de Valladolid, ciento dos viviendas, 26.000.000; o la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, setenta y tres viviendas, 38.000.000, y la Caja de Zamora, quince viviendas, 11.000.000. Lógicamente en estos datos no figura y yo no he... no dispongo de los datos de los posibles créditos dados por otras instituciones financieras como puede ser la Banca privada, el Banco Hipotecario, etcétera.

Para el año ochenta y cinco y con datos al treinta y uno, al treinta y uno de mayo en toda... para el año ochenta y seis, perdón, para el año ochenta y seis, y con datos al treinta y uno de mayo, en la Comunidad Autónoma se han solicitado quinientas sesenta calificaciones para rehabilitar viviendas, de las cuales ya tienen concedida la calificación cuatrocientas siete; se han iniciado ciento noventa y una y se han terminado doscientas ochenta y ocho. Lógicamente doscientas ochenta y ocho terminadas quiere decir que se han arrastrado viviendas acabadas que se habían calificado el año anterior. Otra vez la provincia que más ha solicitado este tipo de actuaciones es Valladolid, con ciento cincuenta y ocho actuaciones solicitadas; también es donde más se han calificado, ciento once; no es donde más se han iniciado, ya que donde más se han iniciado ha sido en Salamanca, cincuenta y cuatro, y donde más se han terminado vuelve a ser Valladolid con sesenta y ocho. Sin embargo, para ir al otro, al otro extremo, en Palencia exclusivamente se han pedido cinco calificaciones, vamos cinco..., se han presentado cinco solicitudes; en la provincia en la que menos se ha calificado profesionalmente sería en Avila, con nueve; en la que menos se ha iniciado vuelve a ser Avila, con dos, y en la que menos se han terminado es Soria, con siete.

A nivel del Estado, que yo creo que aquí sí que es importante tener algún tipo de datos, las solicitudes presentadas en todo el Estado son seis mil setecientas sesenta y tres; las iniciadas, ocho mil novecientas quince, y las terminadas, tres mil doscientas cuarenta y cuatro. Por lo tanto, las perspectivas del año es que, a nivel del Estado, la rehabilitación de viviendas de iniciativa privada en este momento se va cumpliendo el 27% del programa, y, en Castilla y León, el 24%; lo cual quiere decir que en la Comunidad Autónoma hay un ligero atraso o un ligero menor cumplimiento de los programas de rehabilitación en cuanto a lo que en este momento del año se está haciendo en el Estado español.

En cuanto a préstamos, y también esto es con datos al treinta y uno de mayo del ochenta y seis, exactamente son los mismos datos, se han concedido ya préstamos para trescientas quince viviendas en la Comunidad Autónoma y se han concedido 285.000.000 de pesetas. Y también puede tener interés, digamos, el comportamiento de las distintas instituciones financieras que operan en la Comunidad Autónoma con datos también del principio del año ochenta y seis. Hasta este momento la Caja de Ahorros de Avila ha concedido créditos para once viviendas por valor de 12.000.000 de pesetas; la Caja de Ahorros Municipal, no perdón, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y del Círculo Católico de Obreros de Burgos, para ochenta y seis viviendas, 23.000.000; la Municipal de Burgos, para veintidós viviendas, 30.000.000; la Municipal de León, para cincuenta y seis viviendas, 69.000.000; la de Salamanca, para cuarenta y cuatro viviendas, 61.000.000; la de Segovia, para diecisiete viviendas, 22.000.000; la de Soria, para tres viviendas, 4.000.000; la Popular de Valladolid, para catorce viviendas, 4.000.000; la Provincial de Valladolid, para veintisiete viviendas, 29.000.000; la Provincial de Zamora,

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para veintitrés viviendas, 14.000.000; la Provincial de Palencia, para cuatro viviendas, 6.000.000, y la de Soria, para dos viviendas, 2.000.000 de pesetas. Por tanto, de las instituciones financieras de las Cajas le Ahorros de la Región se han concedido en este momento, para trescientas nueve viviendas, 276.000.000; las cifras pueden no coincidir con las otras precisamente por los créditos concedidos por la banca privada o el Banco Hipotecario. No quisiera pasar por el tema genérico de la rehabilitación de viviendas sin tocar dos aspectos que inciden de manera importante en esta actividad, aunque como tales no están incluidos estrictamente en la rehabilitación, entendida dentro del plan cuatrienal. Uno sería las ayudas para la vivienda rural, que, en el año ochenta y cinco se dedicaron exclusivamente a rehabilitación ya que la orden de convocatoria que hizo la Junta fue sólo para rehabilitación, y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario dependiente de la Comunidad Autónoma.

En lo que se refiere a la vivienda rural se concedieron el año pasado ayudas en las nueve provincias de la Comunidad, —tengo también los datos provincializados pero podría ser un poco prolijo relatarlos—, a dos mil ciento cincuenta y nueve viviendas por un importe aproximado de 700.000.000 de pesetas. Como ustedes saben, hasta este año las ayudas máximas que se concedían por vivienda eran de 350.000 pesetas y nosotros lo limitamos sólo para rehabilitación. Este año la Junta ha aprobado un Decreto, a propuesta de la Consejería, por la que subimos las posibles ayudas en materia de vivienda rural hasta 700.000 pesetas y, en algunos casos particulares, hasta 1.000.000 o algo más, y ya no sólo lo circunscribimos a rehabilitación de viviendas sino también para algunos supuestos poder acometer obra nueva de vivienda en el mundo rural con algunas condiciones. O sea, que este año hemos modificado un poco la política que se había mantenido de apoyo a la vivienda rural.

En lo que se refiere a inversiones en el patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autónoma, el año pasado se actuó en un número de viviendas, aproximadamente de unas cinco mil seiscientas, con una inversión total de 350.000.000 de pesetas.

Vamos a pasar ahora a la situación, como se pedía en el orden del día, de convenios suscritos con corporaciones locales en materia de urbanismo. Esta suscripción de convenios en materia de urbanismo fue una práctica habitual en la época del antiguo Consejo General de Castilla y León, entonces también en colaboración con la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas que ha ido desapareciendo a lo largo de esta legislatura.

En el año ochenta y tres se firmaron convenios, ya una vez constituida la Comunidad Autónoma y su primer Gobierno, con cuatro Diputaciones de la Comunidad. Nosotros lo que hicimos fue, en aquel momento, desarrollar prácticamente el trabajo que se había ido haciendo hasta aquel mes de junio, que fueron las provincias de Avila, Burgos, Soria y Valladolid.

En el año ochenta y cuatro, los convenios se firmaron con todas las Diputaciones de las provincias.

En el año ochenta y cinco y con la entrada en vigor del Decreto 118/84 al que ya me he referido antes, que regulaba el procedimiento de conceder ayudas desde la Comunidad Autónoma a las Corporaciones Locales, las posibles firmas del convenio quedaron supeditadas a que las Diputaciones lo solicitaran, de acuerdo con las órdenes públicas de ayudas a planeamiento. Unicamente las Diputaciones de Burgos, León, Palencia y Valladolid, se acogieron a esta fórmula y, por tanto, fue con las únicas Diputaciones con las que firmamos convenio en el año ochenta y cinco.

Los convenios, como tales, implican que la gestión de las figuras de planeamiento y por lo tanto su contratación y el pago de la contratación de los equipos que hacen los trabajos y el pago posterior de estos trabajos es asumida por las Diputaciones con un seguimiento por parte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería y por parte, lógicamente también, de la propia Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente. Las aportaciones económicas durante este período de tiempo por parte de la Junta y las Diputaciones han sido, —y voy a dar los datos totales, para no despiezarlo demasiado—, en Avila en convenios tanto entre la Junta como la Diputación casi 33.000.000 de pesetas; en Burgos, 76.500.000; en León 100; en Palencia, 74; en Salamanca, 55; en Segovia, 10; en Soria, 28; en Valladolid, 88 y en Zamora, 33; por tanto la cifra total es aproximadamente, dedicada a planeamiento mediante convenios con Diputaciones, de unos 500.000.000 de pesetas. Todo este esfuerzo económico ha implicado actuar en trescientos ochenta y tres municipios de la Comunidad a través de este procedimiento; exclusivamente me estoy refiriendo a los convenios con Diputaciones de los cuales sólo ciento veintitrés de estos trescientos ochenta y tres trabajos se han sometido en este momento a alguna tramitación del planeamiento redactado, bien sea la aprobación de un avance, una aprobación inicial con información pública, etcétera. Esto quiere decir que realmente muchas veces este esfuerzo de dotar de planeamiento, bueno podría dar los datos un poco provincializados de, en cada provincia lo que se ha aprobado inicialmente, lo que se ha aprobado definitivamente en su caso, cómo están las tramitaciones en cada sitio dónde hay trabajos derivados de convenio, que yo creo que podía ser un poco excesivamente largo. Esta línea de actuación de dotar —decía— de planeamiento a pequeños municipios nosotros entendemos que tiene que sufrir una importante modificación. En el Consejo de Provincias que se ha constituido el otro día, recientemente, es una de las líneas que nosotros hemos presentado como objeto de posible delegación a las diputaciones provinciales, dado que precisamente tiene una relación absolutamente directa con las funciones de apoyo, de colaboración y municipio, de apoyo y colaboración a municipios que carecen de infraestructura técnica y jurídica mínima, en muchos casos, para sacar adelante estos temas. Yo creo que es precisamente por esta carencia por lo que en muchas ocasiones, incluso redactado el planeamiento vía convenio por la propia Diputación y presentado en el ayuntamiento, hay muchos ayuntamientos que a pesar

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de esto no lo someten a ningún tipo de tramitación o, incluso, si lo someten a algún tipo de tramitación se atranca en un momento determinado.

Tanto esta línea de ayudas a planeamientos, que he dicho se ha presentado como una de las ofertas desde la Comunidad a las diputaciones en el Consejo de Provincias, como la línea que he indicado anteriormente de colaboración con corporaciones locales en abastecimiento y saneamiento para municipios de menos de veinte mil habitantes, que es otra de las líneas que desde la Comunidad se ha ofertado para poder en su caso hacer esa delegación de competencias en las diputaciones provinciales, de acuerdo con la Ley que regula la relación de la Comunidad Autónoma con las corporaciones locales, aprobada también recientemente por estas Cortes.

En lo que respecta a ayuntamientos de más de veinte mil habitantes y convenios, sólo se ha firmado con el de Salamanca, y dos de ellos. Son dos convenios que estaban en relación con la operación piloto que se está gestionando en Salamanca de rehabilitación; uno de ellos, firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, es un estudio de detalle y proyecto de urbanización y compensación y reparcelación de la unidad de actuación en el barrio de San Vicente en el que la Consejería aportó en el año ochenta y cuatro 1.800.000 y en el ochenta y cinco 1.500.000. Y otro convenio, esta vez entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca, en desarrollo de la operación piloto también de actuación, rehabilitación en Salamanca, sí que era el plan especial de protección de las riberas del río Tormes. La Consejería aportaba 1.000.000 de pesetas en el año ochenta y cuatro y 1,75 en el año ochenta y cinco; porque con el resto de ayuntamientos, bien sean de capitales de provincias, o incluso los municipios de aquellas provincias cuyas diputaciones no pidieron la firma del convenio, de acuerdo con el Decreto 118 lo que se ha ido es a una gestión distinta, a una gestión directa de subvenciones, y eso es un tema distinto que no está hoy, que no está hoy sobre la Mesa; pero eso ha sido el otro modo de actuación de la Comunidad Autónoma en materia de ayuda a planeamiento a corporaciones locales que ya no es vía convenio.

El siguiente apartado del orden del día se refiere a la restauración de teatros. Como ustedes saben, y ya hemos comentado anteriormente en esta Comisión, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo inició en el año ochenta y tres, con anterioridad al propio proceso de las transferencias (la transferencia en esta materia es de junio del ochenta y cuatro), un programa nacional de recuperación de teatros, con el encargo entonces de unos estudios previos que valoraran la operación, hicieran posible los primeros compromisos sobre los que ésta se apoyaba, ya que no sólo era una operación del Ministerio de Obras Públicas, sino también del Ministerio de Cultura, de las Comunidades Autónomas que ya estuvieran constituidas en su día y de las corporaciones locales en su caso. Este programa de rehabilitación, que, por lo tanto, estaba confeccionado antes de que el Gobierno Autónomo hubiera asumido transferencias en la materia, comprendía en principio en la Comunidad de Castilla y León el Teatro Principal de Burgos, el Juan Bravo de Segovia, el de Zamora y el de Medina de Rioseco en Valladolid. Posteriormente el programa fue ampliado a los teatros de Ciudad Rodrigo, Benavente, Toro y al Teatro Principal de Palencia. En diciembre del ochenta y cuatro, esto ya después de las transferencias, nosotros nos pusimos en contacto con el Director General de entonces, de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo señalando, que nos señaló la intención de iniciar las obras ya en el año ochenta y cinco, para lo cual, si bien mayoritariamente la inversión procedía de los Presupuestos Generales del Estado, precisaba pues la colaboración y la aportación de la Comunidad Autónoma. A raíz de aquello llegamos a un compromiso con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con el objetivo de eliminar dificultades administrativas en expedientes de contratación entre tres, cuatro o más administraciones, que entendíamos que para lograr el mismo objetivo podíamos simplificarlo mucho desde un punto de vista administrativo. A este compromiso se llegó entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla y León y digo el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto la Consejería de Obras Públicas quedamos encargados de asumir íntegramente dos de las operaciones, una que sería la ejecución material y control técnico de las obras de rehabilitación del teatro municipal de Medina de Rioseco y el Teatro La Torre de Zamora. Y a cargo de los restantes organismos, cada uno en su caso, tanto del MOPU, del Ministerio de Cultura, de la Consejería de Educación y Cultura y de las Corporaciones Locales, los teatros de Burgos, Segovia, Palencia, Benavente, Zamora y Ciudad Rodrigo. Estado actual de cada una de las operaciones de rehabilitación es el siguiente: en lo que respecta a la Consejería de Obras Públicas, el teatro municipal de Medina de Rioseco, la obra está adjudicada a la empresa de Dragados y Construcciones, empezaron las obras en enero de este año con un plazo de ejecución de dieciocho meses. Y el siguiente teatro, que es el teatro La Torre de Toro, en este momento tenemos el proyecto, que tiene un presupuesto de 109.000.000 de pesetas y está en este momento en fase de aprobación económica y previsto contratar y adjudicar y, si se puede, empezar las obras durante este mismo año. Por lo tanto yo entiendo que la actuación de la Consejería en esta materia ha cubierto su parte, la parte que le tocaba en la operación de rehabilitación de teatros.

Los otros teatros, yo creo que les podemos dar un repaso breve. En Burgos, que era una operación entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Cultura, la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Burgos, es una operación suspendida, entiendo que de manera definitiva, por la oposición municipal a esta actuación.

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En Segovia y Zamora, según nuestra información, tienen las obras en marcha un ritmo normal, con presupuestos, en Segovia, de 240.000.000 y en Zamora, de 104. Benavente y Palencia están pendientes de contratar, con un presupuesto aproximado en Benavente, de 100.000.000 y Palencia, 120.000.000. Y en Ciudad Rodrigo está en fase de elaboración el proyecto, previéndose su aprobación en octubre y su contratación ya para el año ochenta y siete, con un presupuesto aproximado de 90.000.000 de pesetas.

Por último y al margen estricto del programa de rehabilitación de teatros que se inició como he dicho antes por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, entonces estamos haciendo una actuación también de rehabilitación de teatro dentro de las inversiones normales de la Consejería, es el teatro Villafranquín en Villafranca del Bierzo, en León, con un presupuesto de adjudicación de 37.000.000 de pesetas, que se adjudicó la obra en diciembre del año ochenta y cinco con un plazo de ejecución de once meses.

Bueno, con esto yo entiendo que hemos dado un repaso suficiente a los aspectos que se solicitaban por Sus Señorías, dentro de lo que son normalmente las comisiones de seguimiento, del Legislativo sobre el Ejecutivo, en estas Cortes; que yo entiendo que es una Comisión, por tanto, ordinaria, en el sentido reglamentario de la palabra, pues aunque ese mismo Reglamento nos haya obligado a definirla como extraordinaria, yo creo que exclusivamente por el tema de las fechas. Por mi parte nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, Gracias señor Consejero. Se suspende la sesión por diez minutos.

(Se suspendió la sesión a las doce horas treinta minutos y se reanuda a las doce horas cincuenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Se reanuda la sesión con la intervención, en primer lugar, de los diferentes portavoces de los Grupos y tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto, señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Muchas gracias, señor Presidente; señor Consejero, señores Procuradores. Cuando esta comparecencia se produce a petición de un Grupo, a mí, actuar en primer lugar, siempre me resulta un tanto difícil, porque supongo que las comparecencias se piden, se solicitan, porque se va tratando de incidir en algún tema determinado que yo en estos momentos desconozco y, como lo desconozco, voy a tratar de ceñirme simplemente a lo que ha sido la información del señor Consejero y en este sentido, pues voy a procurar, siguiendo el consejo del señor Presidente, no salirme del tema.

Dentro del primer punto de la estructura actual en la organización de los servicios de la Consejería, pues yo no tengo nada que decir porque la organización, el organigrama de las diferentes Consejerías nos ha sido dado repetidamente y están en todas las publicaciones, y bueno pues yo nada voy a añadir. Sin embargo, al entrar en la valoración de las transferencias recibidas aquí, ya me empiezan a surgir algunas dudas. El señor Consejero ha hecho una valoración desde el punto de vista económico, administrativo, político, técnico, etcétera y ha hecho una valoración yo diría que, bueno, meramente informativa, sin entrar en juicios de valor; entonces, probablemente, aquí sí que tendríamos que hacer algún juicio de valor más, desde mi punto de vista. Por ejemplo, a mí me sorprende, al pasar del artículo 26 del Estatuto al Decreto de transferencias de competencias en materia hidráulica, a mí me parece que hay un salto, hay un salto sustantivo y muy importante porque el artículo 26 en su punto séptimo habla de las competencias exclusivas de la Comunidad en materia de proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad. El tema es bastante ambicioso; habla del aprovechamiento hidráulico, canales y regadíos, etcétera cuando las aguas discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad. Claro está que aquí ya cabría una primera duda de cuáles son las aguas que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad; si no tenemos ninguna costa ni tenemos ningún mar interior, son pocas las aguas que podrá entenderse en un sentido muy estricto que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad. Pero, sin embargo, sí que se habla de aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos, etcétera, y en el Decreto de transferencias por el contrario se dice que la Administración del Estado se reserva las funciones que legalmente tiene atribuidas en materia de obras hidráulicas, a excepción de las que en relación con abastecimiento de aguas, saneamiento, encauzamiento y defensa de márgenes en áreas urbanas son objeto del presente acuerdo; es decir que lo único que se transfiere son los abastecimientos de aguas, saneamiento, encauzamiento de defensa de márgenes en el agua en áreas urbanas. No sé; a mi me parece que aquí hay un pequeño salto cualitativo entre lo ambicioso que es el Estatuto y lo restrictivo que es el Decreto de transferencia. Esta es una valoración que yo hago; a lo mejor no tengo razón, porque el señor Consejero pues, por el contrario, no ha hecho ninguna crítica a esta transferencia y supongo que esto significa pues que le parece suficiente y que la transferencia ha hecho justamente de lo que se podía, se ha hecho justamente de lo que se podía hacer. A mí esto sí que me sorprende un poco.

Y, luego, hay otra segunda cosa que a mí me gustaría pedirle al señor Consejero si es posible precisara un poco más, aunque él ha hablado, luego, cuando ha hablado del urbanismo y lo ha relacionado con el Consejo en relación con las provincias, de la posible delegación de competencias en las diputaciones y yo, la pregunta mía es si en este caso está previsto lo que se va a hacer con las diputaciones; si simplemente delegaciones —que es lo que yo he querido entender—, o si no es posible en esta materia hacer transferencias porque para abastecimiento

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de aguas, saneamiento, encauzamiento y defensa de márgenes en áreas urbanas probablemente son de las cosas más claras que, desde mi punto de vista, podrían transferirse a las diputaciones, porque son materias que casi han sido de atención preferente y predominante de las diputaciones hasta que ha tenido lugar la nueva estructura autonómica perfilada en la Constitución. En este sentido, yo querría preguntar si no hay previsiones de transferencia en esta materia, teniendo en cuenta lo reducida que es, o lo limitada que es, la transferencia que se ha recibido del Estado.

Con relación a la rehabilitación de viviendas, yo solamente me he fijado en un dato que yo creo que no dice gran cosa: que en el Estado se lleva cumplido el 27% del programa: en nuestra Comunidad Autónoma, el 24%. Bueno, esto para mí quiere decir que estamos en línea del cumplimiento de los programas nacionales. Pero sí que me surge una duda que quisiera que el señor Consejero me la pudiera aclarar: ¿Cuál es o cuál ha sido el comportamiento de las entidades financieras en nuestra Comunidad Autónoma, de las que actúan en nuestra Comunidad Autónoma, con relación a lo que es el funcionamiento general de las entidades financieras? porque, muchas veces, en la facilidad de los créditos está no solamente el tipo de interés que se da a los mismos, sino los avales que se piden, etcétera. Yo quisiera saber un poco si el señor Consejero nos pudiera decir, hacer una valoración de cómo están actuando las entidades financieras e incluso si hay algunas entidades financieras que tienen una actuación diferente en uno u otro sentido, favorable o desfavorable con relación a las líneas generales.

El punto tercero del punto C, con relación a los convenios de urbanismo con las Diputaciones es otra de las cosas que aquí sí que cuando ha hablado de delegación de competencias yo también me estaba preguntando si no eran posibles las transferencias; porque, bueno, si yo no estoy muy confundido, —y espero que no—, toda la línea de actuación sobre materia urbanística está perfectamente definida, está perfectamente delimitada a las competencias de los ayuntamientos, la competencia de la Comunidad Autónoma también, de las comisiones provinciales de urbanismo, etcétera y, en cambio, los convenios son más bien convenios (yo me atrevo a llamarles de asistencia técnica), es decir, son convenios en los cuales la Comunidad Autónoma —como antes el Ministerio de Obras Públicas— da unas cantidades para financiar una serie de trabajos técnicos que se hacen a terceras partes entre Comunidad Autónoma, (supongo que se conservan las terceras partes, que es como antes se hacía) entre Comunidad Autónoma, diputaciones y ayuntamientos; es decir, una mera ayuda económica para hacer un trabajo técnico, cuyo trabajo técnico luego y a su vez tiene que seguir el cauce normal y legal y sujetarse a las aprobaciones que correspondan. En este sentido a mí me parece que esto —y era simplemente la disponibilidad del dinero que hoy da la Junta— podría ser objeto, desde mi punto de vista, objeto de transferencia; querría yo preguntar la opinión de la Consejería, del señor Consejero en particular sobre esta materia, ver si él entiende que esto puede ser una materia transferible o por el contrario simplemente delegable en las Diputaciones.

Y finalmente y con respecto, con relación a la restauración de teatros poco tengo que preguntar. Yo sé los problemas que se han suscitado con la restauración del Teatro Principal de Burgos, que es del que tengo un conocimiento mayor, y solamente pues quería que me precisara el señor Consejero el dinero que estaba previsto para esta restauración por parte de la Junta; si, como él ha dicho, este es un tema que se considera ya cerrado y, en ese caso, si está previsto algún tipo de transferencia de ese dinero que estaba destinado para el Teatro Principal de Burgos o si eso simplemente se va a dedicar a reforzar dentro del mismo programa las consignaciones, las posibles consignaciones que había para los otros temas. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Montoya. Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, voy a entrar directamente en las que yo creo que son dudas, o afirmaciones, en las que no estoy muy de acuerdo sobre lo que ha dicho el señor Procurador.

Yo creo que sí que he hecho juicios de valor sobre las transferencias en obras, en obras hidráulicas. Yo creo que he dicho que lo que he valorado fundamentalmente es la capacidad de inversión que esa transferencia en concreto ha dado a la Comunidad Autónoma y yo creo que también lo he dicho; y además lo he dicho muchas más veces, y lo he dicho antes, que ese decreto de abastecimiento, —y además tuvimos particular interés en que se llamara de materia de ayuda a las corporaciones locales, de abastecimiento, saneamiento y encauzamiento en áreas urbanas—, no agota ni muchísimo menos lo que dice el artículo 26 del Estatuto ni el artículo 29 y por eso precisamente, —y también lo he dicho antes—, hicimos esa reserva expresa del Acta de la Comisión Mixta de Transferencias que se... que consta en el Acta de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se celebró hace un año. Por lo tanto, nosotros creemos que dentro de las dudas de qué son las aguas que discurren únicamente por el territorio de la Comunidad (y si a eso se pueden plantear muchas dudas, lo que creo que no cabe ninguna duda es que si el Estatuto dice que existen, deberían de existir o, si no, habría algún artículo del Estatuto vacío de contenido) eso lo consideramos un tema, un tema pendiente, que no ha agotado el Decreto concreto de transferencias lo contenido en el artículo 26 del Estatuto.

Lo que he hecho también antes especial hincapié es que esa situación, en este momento, está en todas las Comunidades Autónomas con estatutos muy parecidos, incluso con relaciones de artículos prácticamente similares, excepto en Cataluña que es en la única Comunidad que se ha avanzado más.

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En cuanto a las delegaciones en diputaciones precisamente yo me he referido a esos dos temas —lo que pasa es que he hablado de las obras hidráulicas cuando estaba hablando de urbanismo—, que estas son dos de las posibles líneas que la Comunidad Autónoma ha ofrecido en el Consejo de las Provincias como posibilidad de delegar la gestión de estas líneas, ya que son precisamente todas ellas en colaboración con municipios. Transferir o delegar, nosotros entendemos que lo que no puede renunciar la Comunidad es a esa programación general de lo que debería ser ese plan director de abastecimientos y saneamientos en el territorio de la Comunidad; que, por tanto, esa delegación debía ser para la gestión directa de obras que estuvieran relacionadas con ese plan director general de la Comunidad, ya que si también hay algo que no se puede romper genéricamente son precisamente los temas que tienen que ver con el agua. Igual en lo de urbanismo (ya es para no repetir luego) en cuanto a que lo que nosotros defenderíamos ahora sería delegar la gestión de estos programas concretos de inversión, delegar la gestión en las diputaciones.

Con lo que no estoy de acuerdo es que antes de las transferencias esto lo hicieron exclusivamente las diputaciones y no lo hiciera nadie más, porque, precisamente, los recursos que nosotros hemos tenido transferidos eran los recursos que destinaban para ello las confederaciones hidrográficas o la Dirección General de Obras Hidráulicas a través de las confederaciones hidrográficas. Lo que pasa es que, antes de las transferencias, nosotros entendemos que eso se hacía sin ningún criterio de territorialidad y había provincias en las que no se hacía ninguna inversión de ésas, que todas las hacían las Diputaciones, o había provincias en las que se hacían muchísimas inversiones muchísimas inversiones de éstas, paralelas a las de las Diputaciones y sin ninguna y sin ninguna coordinación. Por tanto, esto no es algo que los recursos que nosotros dedicamos a éstos, digamos, que no serían, que han aparecido distintos de los que había antes sino que los estamos gestionando de una manera yo creo que con mucha más coordinación y con mejores criterios de territorialización.

Evidentemente, uno de los problemas de que los comportamientos provinciales en la demanda de rehabilitaciones sean tan dispares y que haya provincias en las que funcione más o menos satisfactoriamente, por decirlo de alguna manera, y algunas que se encuentren bajo mínimos puede responder a muchísimas causas. Una causa puede ser el problema de licencias con ayuntamientos, problemas de situaciones de planes generales, problemas, incluso, de difusión interna dentro de la propia provincia; yo creo que habría incluso problemas culturales y uno de ellos es el funcionamiento de las propias instituciones financieras que pueden, como ha dicho el señor Procurador, ser más rígidas o más rigurosas en cuanto a demanda de avales, en cuanto a dificultades para conceder un crédito, etcétera, etcétera, pero yo, en este momento, no le puedo hacer una relación de institución financiera por institución financiera, porque yo tampoco lo conozco. En principio, cuando se puso en marcha el Plan, sí que hubo una genérica, y por eso el plan costó bastante arrancarle en su momento, pero esas genéricas —que no se presentaron tampoco digamos exclusivamente en la Comunidad Autónoma ni sólo con las Cajas de Ahorros sino también con las instituciones financieras privadas—, se resolvieron hace mucho tiempo y ahora sólo quedarían casos particulares en ese sentido que yo no le puedo explicar en este momento.

Y para acabar y en lo que se refiere al problema del Teatro Principal de Burgos, nosotros entendemos, yo entiendo, —aunque la Consejería quiera actuar en esa actuación concreta no iba a ser la de Obras Públicas sino iba a ser la de Educación y Cultura—, yo entiendo que la operación está, digamos cerrada por la propia posición del propietario que es el Ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Burgos. Y supongo que la Consejería de Educación y Cultura los recursos que iba a dedicar a esa operación no los va a dejar sin utilización y los utilizará dentro de los programas normales de la Consejería; pero pienso que ya no en materia de teatros, ya que el Teatro Principal de Burgos era precisamente al que iba a estar dedicada la actuación de la Consejería de Educación y Cultura.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra durante tres minutos el señor Caballero, para réplica.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sí, muchas gracias, señor Consejero. Y yo lamento haber entendido mal...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Señor Montoya, por favor, me he equivocado; he dicho Caballero y es Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Como dijo una vez el señor Caballero: tenemos la desgracia de llamarnos casi igual.

Sí, yo quería decir al señor Consejero que, bueno, que parece que le he entendido mal en lo que a juicio de valor se refiere. Me ha parecido que él no había entrado en hacer una valoración sobre las transferencias recibidas y él me ha aclarado, y yo se lo agradezco, que él entiende que las transferencias son insatisfactorias porque se ha hecho una reserva en el Acta de Transferencias, que yo no conocía y así lo he querido entender, y que verdaderamente pues en esta materia todavía queda algo, por lo menos, por hacer de transferencia.

Yo sí que creo, de todas formas, que cuando se habla en el Estatuto de aguas que discurren íntegramente por la Comunidad Autónoma y se entiende por tanto que existen estas aguas que discurren íntegramente por la Comunidad Autónoma yo sí quisiera pedir al señor Consejero, a la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, bueno, pues que en la medida de lo posible y lo más rápido que fuera posible se pudiera hacer un inventario de las aguas que transcurren íntegramente por la Comunidad Autónoma; porque yo creo que eso sería

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empezar a clarificar en aquellos temas en los que tenemos competencias y en aquéllos en los cuales pues no tenemos estas competencias de que nos habla el Estatuto.

Sobre el tema de delegar, yo lo que quería pedirle aclaración —o quizá ya me la ha dado, porque la palabra es delegar, me ha hablado de delegar la gestión—, pero yo lo que preguntaba es si no había materia en la que era posible transferir, porque se trata de transferir la gestión, es decir, se trata no de transferir la legislación, que no puede transferirse, yo creo que sería intransferible; es decir, hay una política de aguas que evidentemente tiene que llevar a cabo la Comunidad Autónoma y en cambio hay una gestión en lo que se refiere a las obras hidráulicas en abastecimientos, saneamientos, encauzamiento, etcétera, que es a lo que yo me refería además, que han hecho siempre las Diputaciones. El señor Consejero me dice que no en su totalidad, y tiene razón; pero en su casi totalidad. Y la verdad es que cuando se producía alguna actuación a través de las confederaciones hidrográficas realmente se cubrían actuaciones que él ha definido de paralelas a las Diputaciones, y se daban casos curiosísimos, cómo un ayuntamiento con mayores posibilidades y porque allí intervenía la Confederación le hacía íntegramente en su totalidad la traída de aguas y la depuración, y, en cambio, otro ayuntamiento cercano, con menores posibilidades, a través de la Diputación se lo hacía financiando nada más una parte. Evidentemente ahí se producían una serie de anormalidades que, bueno, esto yo creo que sería bueno que evidentemente se corrigieran. Pero yo lo que quería decir es si toda esta gestión, todas estas atenciones que da este Decreto de transferencias no se podían transferir a las Diputaciones, evidentemente sujetas siempre a la Ley General de Aguas y evidentemente al cumplimiento de la legislación, tanto en materia de abastecimiento como de saneamiento, sobre todo de depuración que es un tema evidentemente muy importante.

Bueno, también me ha dicho que sobre las cantidades financieras no conoce cómo están actuando. Yo quería... mi interés era saber nada más las facilidades que estaban dando para colaborar o no con este programa de la Consejería; pero vamos yo acepto que esto pues no haya advertido ninguna irregularidad, supongo que entonces pues están actuando normalmente.

Y sobre el Teatro Principal de Burgos yo quiero entender, por lo que me ha dicho el señor Consejero, que no había ninguna cantidad prevista por parte de la Consejería de Obras Públicas, sino que la financiación que iba a hacer la Junta a esta obra iba a ser a través de la Consejería de Educación y Cultura. No sé si he entendido mal. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Montoya. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Sí; brevemente decir que lo de transferir la gestión es en este momento la oferta que nosotros hemos hecho en el Consejo de las Provincias; lógicamente lo que se ha iniciado ahora es la oferta inicial en el día de la constitución, etcétera. Lo que se inicia es un proceso, que además tiene que estar pactado entre las partes, etcétera, etcétera, que en este momento no podemos controlar en absoluto en lo que puede acabar, pero que, en principio, la postura que defiende la Consejería sería delegar este tema en cuanto se ponga de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley; aunque yo reconozco lógicamente que se puede pensar desde otra postura, que se puede transferir también, lógicamente.

Y sobre el Teatro Principal de Burgos, efectivamente, no es un tema, precisamente en ese reparto a que me he referido antes de las actuaciones entre las distintas Consejerías y Ministerios, que correspondiera a la Consejería de Obras Públicas, y, por tanto, la Consejería de Obras Públicas no haría nada en concreto para el Teatro Principal de Burgos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Posada.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Muchas gracias, señor Presidente y gracias también al señor Consejero por su intervención. Nosotros, el Grupo Popular había pedido esta comparecencia hace ya, bueno, algunos meses y por vicisitudes no achacables e imputables a nadie el hecho es que tenemos la reunión hoy, el veintitrés de julio. Quiero decir con esto que la Sesión nosotros la consideramos extraordinaria única y exclusivamente por el período en el que se produce y que ha exigido pues la firma de dieciocho Procuradores, etcétera, etcétera; pero, el enfoque de nuestras intervenciones va a ser el enfoque ordinario y normal de pasar revista a una serie de problemas que afectan o son competencia de la Consejería y de, digamos, de las diferentes Direcciones Generales o Secretaría General de la Comisión. Entonces, si el Presidente lo permite, yo intervendré en el punto "a", don Manuel Fuentes desarrollará los puntos "b" y "d" y don Ricardo Saborit el punto "c".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Sí, no hay ningún inconveniente por esta Presidencia para que la intervención sea como usted dice.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Muchas gracias.

Entonces, centrándome ya en el punto "a", lo que se deriva de la situación actual y de la exposición que ha hecho el Consejero es que se está por parte de la Consejería o del Servicio de Recursos Hidráulicos gestionando, por una parte, una cantidad muy importante de inversión y sobre todo gestionándose de cara a unas actuaciones muy diluidas, porque afectan a diputaciones y ayuntamientos, y muy en contacto con el público; entonces, como él decía, la transferencia que se produce en su momento es de nueve personas que vienen a cubrir lo que son servicios centrales de esta actividad. Yo quiero recordar que, además, el nivel de los puestos

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transferidos, no sólo de las personas sino el nivel de los puestos, era muy o bastante inferior al que actualmente tienen los servicios centrales de la Consejería, lo cual quiere decir que ya ahí, aparte de que son las mismas personas, pero los puestos son de más categoría y produce un incremento de gasto. Lógicamente hay ya cubiertas cinco secciones de las nueve delegaciones y, por la propia dinámica de los acontecimientos y de las necesidades y de la función que realizan y la importancia que tienen para los ciudadanos de esta Comunidad, esto irá a más y se cubrirán todas las plazas, incluso en algún caso habrá más de una persona que la apruebe. Con ello en lo que entramos es en que una, —por eso decíamos valoración de transferencias—, una transferencia no adecuada, desde nuestro punto de vista, del personal y de los gastos anejos a ese personal incide y lleva a que la propia Comunidad Autónoma tenga que dotar de sus recursos una, digamos, un número de personas y de Capítulo II, Capítulo I y Capítulo II, superior, bastante superior al que ha recibido. Entonces, yo aquí lo que quiero insistir es que, independientemente de que nosotros no sólo estamos de acuerdo con el Consejero sino que vamos más allá en que no podemos considerar en absoluto cerrado el capítulo de transferencias en materia hidráulica puesto que hay una diferencia palpable entre lo que dice el Estatuto y lo hasta ahora transferido, independientemente de ello y de que por lo tanto consideramos que ese proceso tiene que seguir, el hecho es que, sin entrar ya en si tiene razón la Comunidad Autónoma, —en este caso todos los Grupos—, o tiene razón más bien la posición de la Administración Central, traducida a través de la Ley de Aguas y desarrollo de la Ley de Aguas, de retener prácticamente todas las competencias en materia hidráulica en el seno de la Administración Central, el hecho es que ante los ciudadanos que están hoy día preocupados, inmensamente preocupados por uno de los mayores problemas que es el incremento del déficit público, se produce lo que nunca se debe producir en el proceso de desarrollo autonómico y es que claramente se ve que se han transferido funciones muy importantes, de mucha gestión administrativa, no suficientemente dotadas, con lo cual lo que queda claro es que en la Confederación o en las Comisarías los que desempeñaban de verdad estas funciones, los que tenían este trabajo han quedado, digamos, descargados de trabajo. Todos conocemos cómo es la burocracia y la capacidad que tiene para inmediatamente generar nuevas tareas aparentes —y estoy seguro que los que desempeñaron estas tareas ahora estarán haciendo otras—, pero el hecho es que estamos produciendo una distorsión, y se está produciendo una duplicación del gasto. Y esto, y lo digo aquí, no afecta sólo a nuestra Comunidad, Castilla y León, sino es una cosa general de la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas; quizá únicamente la exclusión de Cataluña pues que se explica por el proceso que llevó de transferencias y también por la postura que, digamos, Minoría Catalana tuvo al desarrollar la Ley de Aguas en unos pactos políticos, que fueron públicos, de apoyo a la Ley con ciertas contrapartidas de organización de las Confederaciones de Cataluña y de transferencias allí que no se hacían en otro sitio. Pero el hecho, y es en el que quiero incidir porque creo que es algo que debe tener presente en todas las negociaciones la Consejería, en las negociaciones futuras, para redondear y para recibir de verdad las transferencias en materia hidráulica, es que no podemos aceptar el que se produzcan duplicaciones de gasto, e, indudablemente, en este tema hay una duplicación, nacida de que estos funcionarios de las Confederaciones y las Comisarías, descargados de una parte importantísima por lo menos desde el punto de vista administrativo y de gestión y de ocupación de tiempo, de unas tareas, sin embargo siguen estando en la Confederación, siguen estando en la Comisaría con una carga de trabajo mucho menor mientras que necesariamente la Comunidad Autónoma tiene que destinar recursos para buscar unas personas que desempeñen esa tarea. Si me permite el Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Sí, sí; tiene la palabra el señor Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Si me permite el Presidente actúo y voy a hacer mi exposición uniendo para mayor rapidez el punto "b" y "d" en mi exposición. Con lo que se decía del grado de cumplimiento del Plan de Rehabilitación de Viviendas, nuestra opinión, y lamento no haber dispuesto previamente de los datos, norma que en esta Consejería viene siendo habitual y en esta comparecencia, a pesar de ser extraordinaria u ordinaria y pasar tanto tiempo, en este momento ninguno de los que formábamos parte de la Comisión disponemos de la opinión del Señor Consejero; yo esto lo lamento porque no era la línea habitual que esta Consejería venía manteniendo. Yo creo que en el tema de rehabilitación la impresión que yo he sacado, rápidamente de las notas que he tomado, es una impresión absolutamente desalentadora y que pone de manifiesto, bueno, las carencias de la legislación y una excesiva burocratización del papeleo y, como aquí ha apuntado incluso el señor Montoya y el Consejero lo ha soslayado, la escasa, escasa atracción que para las instituciones financieras tiene la actual articulación de los temas de rehabilitación. La impresión es que en una Comunidad Autónoma con una serie de conjuntos histórico-artísticos, que se acercan a cerca de cuatrocientos, y un patrimonio rural impresionante, las acciones que nos ha descrito, insisto, sobre los datos que he tomado rápidamente, son acciones puntuales y él tiene que reconocer conmigo que es de escasísima entidad en la cantidad y en la intensidad, porque por los datos que ha aportado económicos, exclusivamente se pueden hacer pequeñas mejoras en materias de servicios absolutamente esenciales o por no decir mínimos. Se pone de manifiesto nuevamente lo que él dijo ya en su primera intervención, el señor Consejero, que se ha abandonado la idea de aquellos planes integrales de rehabilitación, y, como consecuencia, se está actuando sólo en

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una línea y esa línea hace pensar que es un fracaso al llegar a ese porcentaje del 24%.

Yo creo que si hacemos además una disección de pueblos de más de veinte mil habitantes y menos de veinte mil habitantes y las formas de rehabilitación que contempla la propia Ley, la experiencia de rehabilitación que estamos analizando nos puede dar la impresión que yo me atrevo a calificar de penosa. El resultado final, por tanto, entiendo que es malo, y esa es nuestra valoración, y yo creo que el propio Consejero al dar la cifra del 24%, bueno, pues ha dado un dato técnico lo suficientemente frío que hace, que avala las palabras que pudieran parecer extraordinariamente críticas de mi intervención.

Todo esto viene al hilo de que yo entiendo que hace falta, y es necesario después de cuatro años de experiencia, hacer un plan prioritario más coordinado en esta materia, hacer un trabajo más serio, no anular vías que estaban a punto de ensayarse y que deben de ensayarse y que incluso hay ayuntamientos, y parece que el propio Consejero lo ha dicho, que por su propia vía no han tenido más remedio que iniciar algo parecido, como parece ser que es la idea de la zona de Salamanca. Yo creo que la propia Ley de Arrendamientos está condicionando seriamente una política de rehabilitación y la propia confusión de la Administración en su actuación diversa con Cultura en algunos campos pudiera estar dando esa sensación. Y yo me refiero concretamente a un dato bastante significativo: recientemente, en un programa regional de televisión en directo, las preguntas de alcaldes, de alcaldes de ciudades histórico-artísticas que preguntaban por cosas que ellos mismos, y me consta que son diligentes y preocupados, no sabían si las estaba haciendo la Dirección General de Arquitectura o la propia Dirección General de Bellas Artes. Esta confusión en materia de rehabilitación-restauración sigue siendo un problema grave, no resuelto, y que el vicio de cuatro años puede estar asentando. Probablemente habrá visiones técnicas que no les guste mi intervención, pero mi intervención es neta y claramente política en una materia que ha sido programa prioritario del Partido Socialista y que entiendo que en estos momentos los datos son, insisto en mis matizaciones, desalentador, penoso y como resultado final, malo.

En el tema de teatros, decir lo mismo: que la confusión es grande, por el sistema de gestión que se ha impuesto. Como el señor Consejero sabe tan bien como yo, mejor que yo, este era un plan preparado en un lugar determinado, la Dirección General de Arquitectura, y la capacidad de gestión en aquel momento era única y exclusivamente de esta Dirección General, y de esta Consejería en este momento, y en aquel momento, antes de las transferencias, exclusivamente de un Ministerio; eso le daba una unidad de gestión que se pone de manifiesto que lo que se está desarrollando en Castilla y León es igual, confuso y extraordinariamente variopinto. Y lo digo porque puede estar dando pie a que a la Comunidad se la dé una imagen en el tema de la rehabilitación de teatros que a lo mejor no es la que da Obras Públicas, pero que sí pudieran darla otra serie de acciones de estos organismos y, por tanto, establecerse en la línea de rehabilitación de teatros dinámicas que pueden ser en algún momento causa de serios o de pequeños conflictos que a este Plan, tan bien concebido y tan ilusionadamente preparado, le podía estar degradando un poco. Yo, me gustaría saber quien gestiona —y que no nos lo ha podido decir el señor Consejero— los teatros que no gestiona la Dirección General de Arquitectura, y, por lo tanto, ahí se vería también de forma patente esa situación de confusión.

Y me sorprende que en ninguna de las relaciones de teatros aparezca —y en esto voy a tener que ser Procurador por Valladolid—, el teatro Calderón de Valladolid, que, en sus primeros inicios, en el trabajo previo antes de las transferencias, en la provincia de Valladolid aparecían el teatro de Medina de Rioseco y el Teatro Calderón y que, por razones que desconozco, sigue sin aparecer; aunque sé que había un problema pendiente que parece que recientemente estaba en vías de solución. Nada más y espero no haber agotado el tiempo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Fuentes. Interviene ahora el señor Saborit. Sea breve porque le queda poco tiempo.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

Muy breve.

En relación con los convenios sobre urbanismo con las entidades locales, las Diputaciones han pretendido lograr la máxima información sobre el nivel de planeamiento urbanístico aprobado y las intenciones que tienen los municipios sobre esta materia. Se ha comprobado que muy pocos tienen un tipo de planeamiento aprobado y únicamente hay algunas limitaciones de suelo, pero muy escasas. Parece ser que esto es lo que más se parece a la realidad en cuanto a las necesidades de los municipios.

Normas subsidiarias hay muy pocas. Pero parece que el problema principal se centra en el procedimiento de tramitación; porque las comisiones provinciales de urbanismo hace modificaciones, modificaciones que son impuestas a los técnicos encargados, hasta llegar el momento que los acosan de tal forma que renuncian y tiene que abandonar los planes.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Muy bien, muchas gracias. A continuación dará respuesta a los tres intervinientes el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien, para tratar primero, bueno, el tema de lo extraordinario o no extraordinario yo lo he dicho al final de mi intervención que yo entendía que era extraordinario no sólo también por las fechas sino por ninguna circunstancia distinta, aunque la Comisión se ha ido atrasando mucho tiempo, la verdad

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es que por causas que tampoco serían imputables a ninguno de los que aquí nos sentamos.

Como el tema de los recursos hidráulicos yo creo que está perfectamente claro cuál es el objetivo final que nosotros defendemos en cuanto a lo que debería ser el modelo en lo que se refiere a la cuenca del Duero, que es la única que podríamos asimilar a aguas que discurren por el territorio de la Comunidad, yo creo que estamos básicamente de acuerdo y no voy a explayarme mucho más y por lo tanto entendemos todos que no está, que no está cerrado el tema, y además nosotros esto lo decimos e insistimos siempre que tenemos cualquier oportunidad, tenemos cualquier contacto con la Administración Central. La transferencia pues tuvo, no estuvo suficientemente dotada desde ese punto de vista estrictamente administrativo. Yo tengo que decir que —y eso tampoco sería en descargo aunque creo que puede serlo— es prácticamente un decreto igual que en todas las Comunidades Autónomas y todas las Comunidades Autónomas se hicieron esa valoración genérica de que era más importante disponer de esa primera infraestructura, disponer de esa capacidad de inversión, que no estar discutiendo una o dos personas más de Capítulo II. Porque yo creo que no sea de Capítulo I o de Capítulo II. Porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros —y es lo que están haciendo otras Comunidades Autónomas— es, con esos recursos transferidos, (probablemente incrementados, pero incrementados de una manera muy escasa, porque aunque se hubieran llegado a duplicar en sí mismos sería una cifra, pues, un decimal mínimo de los presupuestos de la Comunidad), llevando adelante esta gestión. Sí que es cierto, y yo creo que esto no hay ningún pudor en decirlo aquí, que sin embargo los funcionarios que ejercían estas funciones dentro de las Confederaciones lógicamente han dejado básicamente de hacerlo, porque tampoco es muy fácil esa colaboración con las Diputaciones en esta materia, y que por lo tanto nosotros nos vemos obligados a contratar proyectos y direcciones de obra muy importantes que antes se hacían o se podían hacer directamente en las Confederaciones. Sin embargo, nosotros creemos que eso es bueno en este momento, que estamos logrando un nivel de eficacia superior frente a ciertos procedimientos y sistemas que las Confederaciones utilizaban históricamente y que creo que todavía no han sido capaces de romper esa inercia.

Pasando al tema de la rehabilitación y en general sobre lo que ha sido esta comparecencia, que no ha habido ninguna petición de datos de ningún tipo, por eso no se han facilitado. Y yo no me recuerdo que haya sido habitual dar las intervenciones antes de estar sentados aquí.

No puedo creer que el tema de la rehabilitación sea absolutamente desalentador, con finales malos o cosas de este tipo. Yo creo que en España y en Castilla y León nunca se rehabilitaba nada, no hubo nunca una política de rehabilitación, y que ésta es la política que se inicia con el Plan Cuatrienal y el Decreto de Rehabilitación, la primera que se hace seriamente y que se pone en marcha. Aquí no voy a hacer yo, no voy a intentar hacer ningún canto triunfalista ante cumplimientos por encima del cien por cien o cosas por el estilo; pero sí que había un salto infinito, de la nada, de la nada absoluta en materia de rehabilitación a lo que se está haciendo en este momento. Pero, además, haciéndose en este momento, yo creo que es lo importante, llevando la demanda de rehabilitación a los particulares, a los particulares que son los que tienen que entrar en algo que es yo creo una nueva cultura, no de destrucción del patrimonio histórico, no de crecimiento de la ciudad, no de la nueva vivienda, sino de rehabilitar, arreglar, conservar, cuidar las viviendas, las viviendas que existen. Yo creo que ésa es la auténtica política de rehabilitación, que no tiene nada que ver con esas yo lo calificaría de historias frustradas y que además nosotros nos hemos negado a entrar en mecanismos de este tipo, de los planes integrales de rehabilitación. Yo creo que esos eran los caminos que sí que creaban burocracia, sí que desalentaban a las Administraciones, a los particulares y a todo el mundo, mucho más cuando, Presidente, se ha dicho que aquí hay cuatrocientos conjuntos histórico-artísticos. ¿Alguien se podría pensar hacer cuatrocientos expedientes de rehabilitaciones integrales en cuatrocientos municipios de la Comunidad Autónoma? Yo creo que eso sería lo que bloquearía, yo creo que eso sería lo que burocratizaría; que esto otro, un procedimiento de rehabilitación, de ayuda al particular exactamente igual que para la vivienda nueva, eso es lo que sabe hacer y siempre ha hecho la Administración bastante bien, eso es lo que saben hacer los particulares relativamente bien, eso es lo que saben hacer los promotores profesionales y eso es lo que precisamente ha permitido que de la nada hayamos pasado en este tiempo a unos resultados por lo menos yo entiendo que ni desastrosos ni absolutamente malos. Decir que en este momento del año va el 24%, bueno, ese es, ese es un dato, lo cual quiere decir que no es cero, ni puede ser cien en el primer cuatrimestre y supongo que a finales del año podremos dar, vamos, estaremos en condiciones de dar el dato exacto y que, extrapolándolo, parece que no quedaría excesivamente mal. Yo creo que cuando se hizo el programa de rehabilitación de teatros, evidentemente se hacía un programa de rehabilitación de teatros desde la antigua estructura central del Estado y por eso era absolutamente coherente y absolutamente sin fisura; pero es que la fisura yo creo que apareció después cuando esa Administración Central perdió esa capacidad de hacer ese tipo de cosas y por eso tuvo que entrar en conversación con las Comunidades Autónomas y dentro de las Comunidades Autónomas con planteamientos distintos. Yo quiero decir que lo que gestiona esta Consejería es, dentro de ese Plan de Teatros, lo que se está cumpliendo creo que con absoluto rigor; que los problemas, como he dicho antes, pueden surgir precisamente por sitios absolutamente distintos, como pueden ser algunos ayuntamientos que se oponen a hacer la operación. Y que en esa unidad de gestión sin fisuras, evidentemente, no había conflictos; pero yo me preguntaría ahora, si aquello hubiera seguido adelante, si se hubieran hecho o no se hubieran hecho los teatros, los teatros como nosotros los estamos haciendo,

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y la prueba es que todos aquéllos que permanecieron en la Administración Central, —ya me he referido antes—, siguen a lo mejor procesos más tardíos. Yo creo que ése que he dicho, todo el resto de ellos, quién los gestiona y en qué situación están de tramitación, —si no, lo podemos volver a buscar—, y en Burgos hemos dicho suspendida la operación; o sea, aquéllos que no dependen de la Consejería, y en Burgos era en el único en el que entraba la Consejería de Educación y Cultura. Segovia y Zamora son operaciones sólo de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda; en Segovia sé que es con la Diputación y yo creo que en Zamora es con el, con el Ayuntamiento... el Estado, el Estado. Sí, de la Dirección General de Arquitectura de la Comunidad Autónoma son Rioseco y Toro. Benavente y Palencia están sin contratar y el otro que nos faltaba que era Ciudad Rodrigo todavía no existe el proyecto o no está, o no está acabado el proyecto. Hay otro tema que yo creo que es... que era básico en toda esta operación, que era teatros municipales. El Teatro Calderón de Valladolid todavía no es un teatro municipal y por eso nunca se consideró su inclusión dentro del Programa. Yo creo que se ha firmado últimamente el convenio con la Caja de Ahorros Provincial, antiguo propietario, para procederse a la venta, o el Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo oportuno; pero todavía no, yo creo que todavía no es, en este momento, un teatro municipal, no está inscrito a nombre del Ayuntamiento.

Sobre, por fin, para acabar el tema de los convenios con las diputaciones ya he dicho que los comportamientos de las diputaciones son absolutamente distintos: hay diputaciones que hemos firmado convenios, hay diputaciones que no hemos firmado convenios, hay diputaciones que acuden a las convocatorias de ayudas para urbanismo en corporaciones locales, hay diputaciones que no acuden, y entiendo que el problema, por los datos que he dado, no puede estar en las comisiones provinciales de urbanismo en absoluto. Voy a hablar de memoria. Si se han contratado por este procedimiento trescientos "y pico", trabajos en trescientos municipios y se han empezado a tramitar, eso quiere decir que se ha hecho una aprobación inicial por ejemplo en ciento "y pico", quiero decir que doscientos "y pico" nunca les han visto a las comisiones provinciales de urbanismo, porque las comisiones provinciales de urbanismo son el último escalón; luego ese problema con los técnicos puede ser un problema del ayuntamiento, puede ser un problema de un determinado ayuntamiento que ni siquiera lo aprueba inicialmente, puede ser un problema contractual porque en todos estos convenios, Presidente, quien ha contratado a los técnicos son las Diputaciones, puede ser un problema de la Diputación con los técnicos contratados, pero yo creo que se cae absolutamente por su base el decir que el problema es de las comisiones provinciales de urbanismo. Si el tema fuera de trescientos aprobados, digo de trescientos contratados, doscientos ochenta habiendo llegado a las comisiones provinciales de urbanismo y veinticinco aprobados por las comisiones provinciales de urbanismo, estaría absolutamente de acuerdo; pero si los datos que he dado yo son trescientos contratados y que sólo ciento treinta han iniciado una primera tramitación municipal, me parece excesivamente arriesgado decir que el problema de la situación está en las comisiones provinciales de urbanismo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tienen cinco minutos los tres para responder. Tiene la palabra el señor Posada.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Muchas gracias. Muy brevemente, el punto A. El Consejero, digamos, me da la razón en la exposición de que, en efecto aquí, muy probablemente y yo lo creo, la Consejería de Obras Públicas, la Junta General ha actuado yo creo que correctamente; quizá yo pienso que debería haber sido más enérgica pero ha actuado correctamente. Pero el hecho, y eso es lo que quiero resaltar, el hecho es que ante los ciudadanos de Castilla y León y de toda España, porque en efecto esta situación es general, lo que aparece es que por un mal entendimiento de la Administración Central con las Comunidades Autónomas se produce un despilfarro de recursos: hay que contratar proyectos, hay que contratar personal, justificadamente, porque en efecto son muchos los millones que se manejan en obras; además, en muchos casos muy pequeñas, lo cual indudablemente supone un gasto administrativo de horas muy superior a ese mismo volumen llevado a cabo en una sola obra o en dos obras. Pero, al mismo tiempo, esos funcionarios y esos gastos ordinarios que rodeaban a esos funcionarios que antes hacían esa labor siguen en los mismos sitios, cobrando lo mismo pero sin hacer ese trabajo. Entonces, insisto en que esto es lo que me preocupa, lo que nos preocupa como parlamentarios autonómicos; la mala impresión de que el proceso autonómico es más caro... es decir, recayendo ya en algunas críticas que unas veces con mala intención y otras veces sin mala intención se hacen al proceso autonómico. Eso es preocupante y hay que cortarlo cuanto antes para dar al ciudadano la impresión de que el proceso autonómico en ningún momento tiene que ser o no de ser mas caro y, si en algún caso es mas caro, es por motivos justificados, no por mal entendimiento de la Administración Central y Comunidades Autónomas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

El señor Fuentes, ¿desea intervenir?

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Sí, nada más, muy breve. El señor Consejero sabe que, cuando yo hablo de planes de rehabilitación integral, estoy hablando de fórmulas abiertas que complementen las acciones individuales que él tan sugerentemente ha descrito. Lo que quiero decir, —y creo que a eso, hasta ahora que yo sepa, la Consejería no ha iniciado nada—, que hay que incentivar en el Plan de Rehabilitación, dada la cantidad de municipios histórico-artísticos que hay en nuestra Comunidad, otras fórmulas que, bien identificándose con criterios anteriores o no, puedan afrontar

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acciones conjuntas que supongan vías nuevas en materia de rehabilitación, que compensarían los escasos resultados en este momento. Como él sabe mejor que yo que esas vías existen, y he puesto el ejemplo de Salamanca al que no sé si no ha podido hacer alusión o simplemente lo ha eludido, pues esos casos y multitud de ellos más habría que incentivar, habría que movilizar a las corporaciones para que se hicieran posibles estas vías desde la Dirección General de Arquitectura, que tanto contenido debería tener en esta Comunidad en esta materia.

Y en lo que se refiere a otros problemas, que él ha hablado de teatros, bueno, pues yo creo que la cuestión ha sido clara al decir de ello que el sistema de gestión que está llevándose es de lo más variado y que en todo caso tampoco es —no sé si yo quizá es que me he explicado mal, que de mis palabras pudiera deducirse que yo estaba hablando de un plan único dirigido por la Dirección General de Arquitectura del Estado; en absoluto, es decir, yo soy un defensor del tema autonómico, por eso estoy aquí sentado, si no a lo mejor podría estar en otro lugar o en casa— y, en todo caso, lo que quiero decir es que al producirse las transferencias de ese programa y de esas competencias el sistema de gestión es confuso; el protagonismo debería haberse centrado en una Dirección General sólo y el aguante y la vela del resultado final de este trabajo: se podría haber hecho una mejor gestión. Me va a decir que la Junta es responsable, pero para mí en este momento sería insuficiente esa contestación. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Fuentes. ¿No desea intervenir el señor Saborit?

Bien, de acuerdo, entonces pasamos a la intervención... ¡Ah!, perdón, sí, responda usted señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Contestar, contestar brevemente.

Yo creo que sí evidentemente se puede dar la imagen del despilfarro, de la duplicación y de todas esas cosas, pero creo que este tema es muy... es tan absolutamente limitado en cuanto a lo que ha hecho la Comunidad Autónoma ésta y todas las demás (porque los decretos además son similares en las Comunidades Autónomas gobernadas además por cualquier, por cualquier Grupo Político) es tan poco significativo, por decirlo de alguna manera, que tampoco creo que eso pudiera tener o pudiera extrapolarse algo de duplicación de despilfarro de recursos y todas estas cosas; aunque, mirando con microscopio y analizando al final las últimas partidas de los presupuestos de las Comunidades, alguien pudiera sacar esa, esa conclusión.

Yo siento... creía que cuando se hablaba de los planes de rehabilitación integrada se estaba refiriendo a unas operaciones, reglamentadas como tales, que existieron y que incluso se empezaron a poner en marcha en bastantes municipios de la Comunidad Autónoma cuando nosotros llegamos, y que creemos que precisamente son ese tipo de operaciones distintas, yo creo que abiertas a la iniciativa privada con colaboración con los ayuntamientos. No he querido eludir la cita a Salamanca, no la he eludido, no he entrado en ello no por, no por eludirla cuando precisamente me parece que es magnífico que el ayuntamiento de Salamanca como el ayuntamiento de Madrid u otros ayuntamientos hayan abierto sus propias líneas, pero no sus propias líneas de financiación, que eso es importante, sino las propias líneas de que el propio ayuntamiento entienda lo que es la rehabilitación, facilite las licencias, asesore a los particulares, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo: que son las líneas de ese tipo y no las reglamentarias antiguas en las que habría que seguir adelante.

Y por fin sobre lo de los teatros, pues probablemente se ha roto... Es curioso porque, roto el protagonismo único, a lo mejor resulta que se adjudica protagonismos quien no los tiene, y eso podría ser contraproducente; entonces, habrá que explicar siempre lo que es de cada uno y las responsabilidades que cada uno está asumiendo en este caso. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Buiza, portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Bien, gracias señor Presidente señor Consejero, señores Procuradores. Voy a ser breve, porque después de todo lo que se ha dicho y de la exposición del señor Consejero, que globalmente valoramos como positiva, pues no me queda mucho que decir. Y esto sin reconocer lógicamente los defectos que pueda haber en algunas cuestiones, como se ha hablado aquí, del Decreto de Transferencias en materia de obras hidráulicas. Mi Grupo está también totalmente de acuerdo en llegar al completo desarrollo del artículo 26 y 29 del Estatuto, cosa que esperamos que se haga a corto o medio plazo, pero que, ciertamente, lo importante no es acaparar automáticamente competencias sino hacerlas en el momento oportuno y adecuadamente, porque aquí precisamente se ha hablado de que algunas transferencias se las ha valorado como negativas precisamente por no haber transferido al mismo tiempo que la competencia los medios humanos para ejercerlas. Entonces esto es lo que nosotros deseamos que se haga de la mejor manera y en su caso y en su momento en otras materias de obras hidráulicas.

También quiero decir que ciertamente este debate se planteará, me imagino, en más profundidad en la Comisión de Seguimiento de Transferencias cuya convocatoria, como sabrán, está prevista para el próximo día veintinueve y que es el foro adecuado, digamos, o lugar adecuado para hacer estas valoraciones.

Yo me voy a limitar simplemente a decir que efectivamente en algunos programas —y en esto estoy de acuerdo con el señor Consejero— que no se ha resaltado y hay que resaltar que son líneas nuevas de actuación de la nueva Administración, en el tema por ejemplo de la rehabilitación de viviendas cuyo desarrollo ciertamente,

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cuyo éxito no ha sido muy espectacular, pero que tampoco es imputable a nuestra Comunidad; se habla del veinticuatro por ciento del cumplimiento, cuando la media nacional es del veintiséis por ciento. Ciertamente que aquí me imagino que lo lógico y lo correcto será plantearse un poco las causas que han motivado esta escasa demanda de la iniciativa privada; también hay que señalarlo: que a veces el éxito o el fracaso de un programa no depende sólo de la Administración, —esto también lo ha dicho el señor Consejero, cosa que nosotros compartimos plenamente—, sino del ciudadano que se sienta más o menos motivado.

Y quiero resaltar algo que, no sé si intencionadamente o no, ha pasado desapercibido; incluso el señor Consejero, no sé si por modestia porque no venía específicamente en el orden del día, se ha limitado a decirlo de pasada, pero que nosotros valoramos muy positivamente, y es la nueva línea de ayudas o al menos nueva en cuanto a su configuración, ya que para ayuda a la vivienda rural ciertamente es importante. Ha cambiado no sólo cuantitativamente, —las cantidades que se aportan son mayores—, sino también cualitativamente, —aquí se contemplan nuevas construcciones—, y, a nuestro juicio, esto puede ser importantísimo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque de alguna manera puede ser incluso un complemento de la línea de rehabilitación de viviendas. Ciertamente en las zonas rurales hay multitud de viviendas que podrían acogerse al programa o a la línea de rehabilitación de viviendas, pero que a su vez también pueden acogerse a este nuevo programa de viviendas rurales. Es importante, porque puede permitir la recuperación de nuestros cascos urbanos en pequeños pueblos, en villas de segundo nivel y que en nuestra Comunidad son abundantes como todos sabemos y que atraviesan también por malos momentos. Es penoso recorrer nuestra Comunidad Autónoma y contemplar muchas veces los cascos antiguos y ricos en arquitectura y en tradición y en costumbres, por entenderles abandonados, semiderruidos, etcétera, etcétera. Pensamos que esto puede revitalizar estos cascos urbanos y por eso nosotros queremos resaltarlo como una medida muy positiva que ha puesto en marcha esta Consejería.

Y en cuanto a otras cuestiones, pues bueno, simplemente decir que a nuestro juicio el programa previsto se está llevando adecuadamente, sin perjuicio, ya digo, de entrar a tratar con mayor profundidad la bondad mayor o menor de los decretos de transferencias, tanto en el área de obras públicas y ordenación del territorio como en otras áreas, pero que yo no voy a entrar en ello porque, insisto, a mi juicio esto es más bien específico de la Comisión de Seguimiento de Transferencias cuya convocatoria está prevista o ya se ha hecho para el día veintinueve.

Muchas gracias y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Buiza. Tiene la palabra el señor Consejero.

¿Algún procurador más desea intervenir?

Bien, entonces señor Saborit, señor Junco, señor Pelayo. ¿Nadie más, no?

Tiene la palabra el señor Saborit.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

No, simplemente, yo no sé si he escuchado mal. Me ha parecido entender al señor Consejero decir que no había habido nunca un programa de rehabilitación de viviendas y, simplemente por una información, yo recuerdo que el Ministerio de Agricultura, hace veinte años, pues inició aquel programa de vacaciones en casas de labranza, donde se daba un poquito de dinero a la gente y entonces instalaban sus cuartos de baño, tiraban tabiques y mejoraban la casa: luego no se ha inventado nada nuevo.

Al igual que son restauraciones también recuerdo el castillo de Arévalo, que era Ministro Cabestany de Agricultura, y creó un precioso sitio donde había tenido el gusto de acompañar al Presidente de las Cortes...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Saborit. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, evidentemente ha podido haber programas de rehabilitación públicos incluso desde muchos organismos. Yo me refiero, —incluso programas de rehabilitación específicos para el mundo rural o lo que sea y podríamos decir que estamos de acuerdo—, lo que nunca había habido era un plan de vivienda destinado genéricamente a la iniciativa privada para rehabilitar el patrimonio inmobiliario en cualquier situación, porque sólo hace falta que las viviendas tengan diez años, o sea que tampoco el plan de rehabilitación tiene nada que ver con los monumentos histórico-artísticos ni con nada. O sea un señor que se compró una vivienda en el año sesenta y siete pues puede cambiar la calefacción o poner el ascensor o lo que sea. Pero..., y aunque no se refiere estrictamente pero sí para comentar un poco lo que ha dicho antes el portavoz del Grupo Socialista, que yo creo que se hila sobre el nuevo Decreto que hemos hecho de vivienda rural, que sería para municipios de menos de diez mil habitantes exactamente igual que había antes; hemos hecho, hemos ampliado la posible ayuda de trescientas cincuenta mil pesetas a setecientas mil pesetas, que yo creo que eso ya puede ser una ayuda relativamente importante, y llegando hasta el millón de pesetas en aquellos casos que precisamente sean en conjuntos histórico-artísticos, (que puede ser más costoso hacer cierto tipo de reparaciones) o municipios que estén incluidos en zonas de agricultura de montaña o cosas, o situaciones de éstas que yo creo que no tienen que ser permanentemente coartadas desde la Administración en sus posibilidades sino precisamente también abrirles líneas de este tipo. O sea, que a lo mejor no es el primer programa de rehabilitación general, el primer programa de rehabilitación que se hace en España; yo creo que sí es general y que además puede haber otros específicos

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como el de vivienda rural que pueden ir complementando este tipo de actuación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Junco.

EL SEÑOR JUNCO PETREMENT:

Como el señor Consejero sabe, uno de los problemas más graves que existen en estos momentos no sólo a nivel de España sino a nivel mundial es el de la contaminación de las aguas, contaminación que se hace mucho más acusada pues en zonas como nuestra Comunidad en las que tenemos un régimen irregular hidráulico, como el caso que estamos en este momento de una sequía, de una fuerte sequía. En una palabra, pues, nuestros ríos están cada vez más contaminados desgraciadamente y pues no hace falta recordar los carteles de "prohibido bañarse", etcétera, que de muertes de peces.

En la actualidad existen pocas depuradoras en los núcleos de población de menos de veinte mil habitantes, que son la mayoría de nuestra Comunidad, y las pocas que se construyeron o que se construyen generalmente no funcionan pues o bien debido a los altos costes de mantenimiento o bien por falta de gestión o de conocimientos de los ayuntamientos.

Al comienzo de esta legislatura yo recuerdo que se habló, tanto por la Consejería de Obras Públicas como por la de Agricultura, de realizar un plan de filtros verdes que solucionase parcialmente los problemas de mantenimiento, es decir los altos costes de mantenimiento, y depurase al menos parcialmente las aguas.

La idea que yo tengo es que esto no ha funcionado en absoluto y que se hizo uno no sé donde, pero, vamos, ahí se acabó todo; si bien existen, por supuesto como en todo en esta Legislatura, pues estudios, etcétera.

Mi pregunta concreta es si la Junta tiene algún plan realista, y me refiero realista que se pueda llevar a la práctica, para evitar este actual vertido directo a las aguas, de las aguas fecales de estos núcleos de población que suponen no sólo de los habitantes sino del ganado, etcétera, o bien, que por otra parte, pues no veo solución a esto y, bueno, pues tendremos cada vez nuestro ríos más contaminados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Junco. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Efectivamente, casi todas las depuradoras instaladas anteriormente en municipios de menos de veinte mil habitantes no funcionan o funcionan en un porcentaje prácticamente, prácticamente mínimo por los... yo creo que fundamentalmente por los costos de mantenimiento de energía eléctrica.

Cuando nosotros hablamos de que íbamos a hacer actuaciones en el sentido de depuraciones por tecnologías blandas, etcétera, eso no se ha quedado exclusivamente en palabras como parece que yo le he entendido al señor Junco. Nosotros estamos haciendo una operación piloto de este tipo en cada provincia, y la que tenemos más avanzada en este momento es una operación, experimental además, por lagunaje natural, lagunaje activado y filtros de tuba en Cantimpalos, en Segovia, que es un municipio que tiene además unos problemas muy específicos como consecuencia de las fábricas de embutidos, etcétera, etcétera.

Operaciones piloto de este tipo, bien sea por lagunaje o filtros verdes o lo que sea, están todas previstas ya. Así como empezamos en Segovia, que la obra está contratada, la hemos estado viendo además recientemente; es una obra bastante espectacular que además se está siguiendo con mucho interés, incluso desde la propia Universidad, y se ha presentado el programa en diversos congresos y reuniones de este tipo. Además la queremos dar ese carácter experimental para que luego haya alguien, probablemente relacionado con la Universidad, que siga desde cerca ese tipo de actuación para ver todas estas cosas, siempre son intentos y puede fracasar absolutamente o puede ser un éxito que luego podamos, que luego podamos exportar. Por lo tanto, yo creo que lo que ha sido sensato es no hacer más depuradoras convencionales de las que se cierran, aunque tenemos la idea de iniciar alguna línea de subvención al mantenimiento de esas depuradoras porque, si no, no van a funcionar nunca, y sí a hacer actuaciones de este tipo de las cuales con carácter experimental, o están ya en obras como está la de Segovia o están a punto de contratarse en todas las provincias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Pelayo.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Gracias, señor Presidente, señor Consejero, Señorías. Yo voy a centrarme en la rehabilitación de la vivienda rural y dar un pequeño repaso, porque el señor Consejero ha hablado de 759.000.000 —creo recordar— y de dos mil "y pico" viviendas. Lo que sí está claro, y además ha hablado de otras cantidades, de 350.000 pesetas que estábamos a 700.000 para el próximo año. Lo que sí le puedo decir al señor Consejero es que, incluso con estas medidas, no son lo suficiente para llegar a convertir la vivienda rural en una vivienda digna y adaptable a los tiempos de hoy.

El señor Consejero sabe tan bien como yo que el sector agrario es un sector con unas rentas bajas, un sector que, aun a pesar de todo cuanto se habla de solidaridad, no ha llegado a equipararse en rentas a otros sectores; de ahí que tiene más dificultades también para obtener esa vivienda digna. Yo le diría más, cuando en algunos casos en España se habla de chabolismo, si se da una vuelta por el mundo rural, se encuentran viviendas que son peor que esas chabolas que existen en las afueras de las grandes ciudades; por lo tanto, yo le diría al señor Consejero que además de lo difícil que es el acceso a los créditos, en muchos casos los agricultores

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que viven, y ganaderos, en el medio rural que hay actuaciones —porque sé que me va a contestar, que está ahí, que el presupuesto es ése y que no hay más— que las actuaciones en algunos momentos son necesarias, en otros momentos pueden tener espera y en algunos casos deben de ser prioritarias. Y yo creo que en esta Comunidad de Castilla y León debe de ser prioritaria hacia la vivienda rural por encontrarse en las circunstancias que antes le he descrito al señor Consejero. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Pelayo. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Yo recuerdo algunas intervenciones anteriores del señor Procurador referido a este mismo tema. Nosotros entendemos que la modificación del Decreto de vivienda rural con las 700.000 pesetas como ayuda máxima con carácter general, hasta 1.000.000 de pesetas en zonas histórico-artísticas o de agricultura de montaña o de alguna situación especial, sí que pueden permitir con carácter bastante generalizado actuaciones en viviendas que las doten de, precisamente, los servicios mínimos sanitarios, instalaciones eléctricas, de agua corriente, cosas de ese tipo, o reparaciones de la vivienda en cuanto a su estructura, a la cubierta, las fachadas o lo que sea.

La línea que queremos intentar seguir es cortar un poco actuaciones antiguas que iban más en la línea de créditos: éstos son créditos a diez años y con un 5% de interés, con una tramitación entendemos muy fácil que no tiene nada que ver con la rehabilitación de la otra. La solicitud se presenta en el ayuntamiento, o sea que no hay que desplazarse, incluso, a la capital de provincia ni hacer ninguna cosa de este tipo para que operaciones que podíamos llamar normales de conservación, mantenimiento y dotación de la vivienda se hagan, concentrándolas en aquéllas que sean importantes; no... veinte mil duros a cada uno del pueblo, que luego eso no queda en nada.

Y las actuaciones más importantes hay que conducirlas por otros caminos por los caminos habituales, incluso de la vivienda urbana, del decreto de rehabilitación, protección oficial, etcétera. Porque en algún sitio hay que poner la limitación y nosotros creemos que evidentemente 350.000 pesetas se puede considerar que no era nada ya, pero que 700.000 ó 1.000.000 de pesetas sí que puede hacer que un número importante de viviendas a lo largo del año en la Comunidad Autónoma modifiquen de una manera sustancial sus condiciones de habitabilidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias señor Consejero. Agradeciéndoles a todos su presencia y deseándoles unas felices vacaciones se levanta la Sesión.

(Se levantó la sesión).