DS(C) nº 200/1 del 27/2/1987

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Comienza la Sesión. El primer punto del Orden del Día es la elección del Vicepresidente de la Comisión, por la renuncia que había presentado el señor Aparicio. Los Grupos Parlamentarios presenten candidatos a esta Mesa... Sí, los Grupos que hagan la propuesta a la Mesa, aunque sea verbalmente.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Por el Grupo Popular se propone para el cargo de Vicepresidente de esta Comisión al Procurador don Santiago Cordero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Si no hay más candidatos comenzamos la votación. Escriban en sus papeletas el nombre del candidato que pretendan sea votado como Vicepresidente. Vayan pasando y entregando sus papeletas.

...blanca, Santiago Cordero de la Cruz, Santiago Cordero, Santiago Cordero, Santiago Cordero, Santiago Cordero, Santiago Cordero, blanca, y blanca. Votos a emitidos: diez. En blanco: cuatro. Y a favor del señor don Santiago Cordero de la Cruz: seis. Por lo tanto, don Santiago Cordero de la Cruz es elegido Vicepresidente de la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial. Pase a ocupar su sitio en la Mesa.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

: ¿Señor Presidente? Antes de empezar la Comisión, porque como no veo ruegos y preguntas, yo quisiera hacer una, una aclaración. Hace dos años que tengo presentada una Proposición No de Ley en esta Comisión...

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

En las Comisiones ni en los Plenos hay ruegos y preguntas. Ni en los Plenos ni en las Comisiones existe el punto de ruegos y preguntas.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Es que hace dos años ya que llevo una Proposición No de Ley y no...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Eso tiene que mirar usted el Reglamento y mirar la fórmula que tiene para reclamar a la Mesa de las Cortes, o al Presidente de las Cortes, pero no a esta Mesa ni a esta Comisión.

El segundo punto del Orden del Día es la pregunta oral ante la Comisión, número 294, formulada por el Procurador don Manuel Fuentes Hernández, relativa al momento en que se encuentra la resolución final en la demarcación judicial de nuestra Región. Señor Hernández.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, muchas gracias. En razón a que en esta misma comparecencia del señor Consejero aparece un punto cuarto, en el cual él va a informar sobre la propuesta de demarcación judicial elaborada por la Junta de Castilla y León, me parece más oportuno que mi pregunta espere a la información del señor Consejero y, en todo momento, en relación con mi Grupo, tomaremos la decisión que sea más conveniente para el desarrollo de esta Sesión. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Hernández. El tercer punto del Orden del Día es pregunta oral, derivada de una pregunta escrita, del señor Letona Barredo, relativa a la organización del Plan de Protección Civil en la provincia de Burgos y en Miranda de Ebro. El señor Letona tiene la palabra.

EL SEÑOR LETONA BARREDO:

Señor Presidente, señores Procuradores, señor Consejero. Con fecha uno de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis formulé esta pregunta, que no me fue contestada en tiempo y forma, y ahora se ha vuelto a reiterar para realizarla en Comisión oralmente. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo está actualmente organizado el Plan de Protección Civil en la provincia de Burgos? ¿Cómo está concebido el Plan de Protección Civil en concreto en la ciudad de Miranda de Ebro? ¿Con qué medios se cuenta tanto personales como materiales? ¿Hay concebidos planes de emergencia en caso de siniestros? ¿Se ha aprobado la norma básica de Protección Civil, según la Ley 285 de veintiuno de Enero? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias. Contesto a la pregunta formulada por el señor Procurador, empezando por el último punto, puesto que creo que es clave, para informar con precisión en relación con los demás extremos de la pregunta. La norma básica de Protección Civil a que alude la Ley de Protección Civil de veintiuno de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, aún no ha sido aprobado. Me consta que se está elaborando en el Ministerio del Interior y que en la Comisión Nacional de Protección Civil, recientemente constituida, se ha indicado que próximamente se someterá a su informe, pero, repito, la norma básica aún no ha sido aprobada. El hecho de no haberse aprobado esa norma básica determina una importante dificultad para aprobar los planes territoriales y especiales a que la propia Ley de Protección Civil se refiere, puesto que estos planes han de ser homologados en función del contenido de norma básica.

Esto, sin embargo, no debe llevar a pensar que hay una total desprotección mientras no se apruebe la norma básica. A estos fines, o para cubrir, digamos, esta situación, el propio Ministerio del Interior propuso la aprobación al Consejo de Ministros de un Real Decreto sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública; es el Decreto 1378 de mil novecientos ochenta y cinco, de uno de Agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado de diez de Agosto. En este Real Decreto se dice precisamente que hasta tanto se apruebe la norma básica, hasta tanto se apruebe la norma básica, las actuaciones de prevención y control de emergencias se llevarán a cabo en función de los planes de protección confeccionados con anterioridad por Ayuntamientos y Gobiernos Civiles, o de acuerdo con las disposiciones que en cada caso adopten los órganos o autoridades competentes. Quiero señalar que la competencia de Protección Civil está residenciada fundamentalmente en la Administración del Estado, en los Alcaldes, Gobiernos Civiles, Delegados del Gobierno, Ministerio del Interior. Ello supone, por tanto, que, en caso de emergencia, si hay confeccionado un plan de protección civil a él habrá de atenerse para determinar las medidas de prevención que deben llevarse a efecto. Si no lo hubiera, la autoridad competente debe decidir en cada caso qué medidas son las procedentes para solucionar el siniestro o calamidad de que se trate. El propio Real Decreto al que me estoy refiriendo señala la necesidad y la previsión de utilización de cuantos medios públicos y, en su caso, privados que la circunstancia requiera, pueden ser utilizados en cada caso.

Dicho esto, tengo que indicar que hay confeccionado un Plan de Protección Civil en la provincia de Burgos, por los datos que consta en esta Consejería, y que también está redactado, está confeccionado, un Plan de Protección Civil en la ciudad de Miranda de Ebro. Pero insisto, que con independencia de estos planes, tiene que acomodarse, en caso de siniestro, a las medidas que en cada caso disponga la autoridad competente para solucionar o enfrentarse con el siniestro o calamidad de que se trate. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. El señor Barredo tiene la palabra.

EL SEÑOR LETONA BARREDO:

Sí. Solamente agradecer la información y esperar que la norma básica se apruebe cuanto antes. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Pasamos al cuarto punto del Orden del Día, que se refiere a la comparecencia del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a petición de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular, para informar sobre la propuesta de demarcación judicial elaborada por la Junta de Castilla y León. Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias, señor Presidente. Mi informe viene, en primer lugar, al hilo de la pregunta formulada por el señor Procurador don Manuel Fuentes, sobre la situación en que se encuentra la propuesta de demarcación judicial elaborada en su día por la Junta de Castilla y León. Como Sus Señorías saben, la demarcación judicial se determina por ley, la demarcación judicial se determina por ley de las Cortes Generales, es decir, es al Estado a quien compete establecer la demarcación judicial española. Pero en la elaboración o en la tramitación de ese específico proyecto de ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla una participación de las Comunidades Autónomas, del Consejo del Poder Judicial y, por supuesto, del propio Ministerio de Justicia.

La Junta de Castilla y León, en su día, a la vista de la propuesta elaborada por el Ministerio de Justicia y por el Consejo del Poder Judicial, estableció una serie de propuestas de modificación, que consistía básicamente en la ampliación del número de demarcaciones judiciales. Esta propuesta, que consta en esta Cámara, puesto que fue remitida en función o en contestación a una Interpelación que se suscitó en esta Cámara, esta propuesta, como digo, que consta en esta Cámara, fue remitida al Ministerio de Justicia y, en consecuencia, se está a la espera de que el Ministerio de Justicia remita el correspondiente proyecto de Ley, el correspondiente proyecto de Ley, a las Cortes Generales para su tramitación y en su caso aprobarla.

La propuesta de la Junta de Castilla y León no era muy discordante con la propuesta del Ministerio. Aumentaba, sin embargo, como he dicho, las demarcaciones judiciales. En concreto, aumentaba demarcaciones judiciales en Valladolid proponiendo una demarcación en Tordesillas, en Soria proponiendo una demarcación en Agreda, en Segovia proponiendo una demarcación en tierra de Coca, en Burgos proponiendo una demarcación en Bureba-Montes de Oca, en León proponiendo una demarcación en Sahagún de Campos. Esta fue una propuesta inicial que después se amplió con nuevas propuestas de juzgado de primera instancia e instrucción en Saldaña, Peñafiel y Villalpando. Esta es la propuesta, como digo, remitida al Ministerio de Justicia, remitida también a estas Cortes, que consta a Sus Señorías, y, como antes he dicho, estamos a la espera de que ya el propio Ministerio de Justicia elabore el correspondiente proyecto de Ley, el Gobierno lo apruebe y se remita a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Hernández.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Gracias, señor Presidente. De la información del señor Consejero no se añade nada, en absoluto, a la documentación que desde el catorce de Marzo del ochenta y seis se dispone en nuestro poder y que ha sido suficiente y ampliamente estudiada. Sin embargo, en la forma de elaborar esta propuesta, y en la gente que ha podido tener conocimiento de ella y consultarla, la sistematización del trabajo presentado presenta algún tipo de confusión y que aunque el señor Consejero, expresamente, aquí lo ha puesto de manifiesto, a mí me gustaría en esta Comisión ponerlo de forma más patente, en razón a que uno de los documentos que se incorpora como punto tres, que es informe y propuesta, ha sido difundido ampliamente como un informe en propuesta complementario y que se argumenta en esa exposición en razón a las audiencias en distintos puntos celebradas, y, bueno, un poco ante el clamor popular que esto había supuesto en algunas de esas zonas, pero no parece muy expresamente, al menos no se incorpora nada más que una propuesta de acuerdo en la parte anterior, no en la parte que se refiere a las anexiones estas, en el cual la Junta asume exactamente estas nuevas incorporaciones. Al tiempo, hay una zona que aquí incluso en la exposición final del Consejero, que parece que da por cerrado este asunto, no se ha contestado o no se ha puesto de manifiesto cuál ha sido la decisión final de manera suficientemente clara, que era, creo, la zona de Roa en lo que se refiere a la provincia de Burgos.

Después, en la exposición y la interpelación que yo tuve la oportunidad de hacer en el Pleno se utilizaba una expresión, por parte de la Junta, que incluso en palabras del entonces señor Consejero, hoy Presidente de la Junta, parece que él valoraba esta aportación de Castilla y León como extraordinariamente positiva en el..., "sumamente acertado", eran las palabras, y correctas, por el Ministerio de Justicia, cuando él hablaba de la posibilidad de crear una serie de secciones que parece ser que en ningún punto de la ley básica esa posibilidad se contempla, sólo se contemplaba en función de las audiencias provinciales. Sin embargo, en uno de los acuerdos, precisamente en los de modificación que efectúa la Junta -y tengo a la vista la referencia de la Junta de dieciséis de Enero del ochenta y seis-, incorpora sorprendentemente una nueva nominación, que son núcleos judiciales, dice aquí: ... da la posibilidad de creación

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de otros núcleos judiciales y que en lo que son, bueno, personas que estudian este trabajo no es una nominación esté ni al uso en los aspectos jurídicos, ni como demarcación, y sólo al incorporarse nuevamente con otro nombre que sustituye, parece ser, al que entonces se utilizaba en la comparecencia, insisto, bueno, pues, provoca una nueva sorpresa. Y como yo no sé si esto obedece a una terminología propia que la Junta está simplemente utilizando, en orden a lo que pueden ser sus aspiraciones, y se desconoce si, por otra parte, este contraste último, desde que esta documentación se envía, insisto, que es en Marzo del ochenta y seis, se tiene algún conocimiento de que esta terminología se haya podido aceptar, o incluso lo que esta terminología conlleva, que es la posibilidad de una especie de juzgados en los que la presencia del juez sólo sería necesaria cuando el número de asuntos fuera de interés..., bueno, pues, también es uno de los aspectos que con la primera intervención del señor Consejero no aparecen claros.

Y últimamente, recientemente, parece coincidir, en razón a lo que, insisto, pueden ser las opiniones de la gente que ha estudiado con más profundidad este tema, que en orden a la gran..., no sé, trascendencia económica que una ley de estas características puede tener, se ha empezado a hablar en los medios jurídicos de un concepto nuevo y es la posibilidad de que se vaya a una demarcación de carácter regional, que incluso pudiera ser posible, desde esa nueva óptica, el hecho de que la ubicación del juzgado no tuviera..., vamos a decir incluso la posibilidad de ese juzgado de ver asuntos y de tratar de ver toda serie de los problemas que en el juzgado se pueden plantear, con una proyección que se diera el ámbito provincial. Me explico: si en el ámbito de una comarca la presencia de un juzgado se le pudieran acumular pueblos que no son de la misma provincia, sino en una configuración territorial más amplia.

Todas estas son una serie de, bueno, de hipótesis que se están desarrollando al pairo de estas situaciones y a mí me gustaría saber si el señor Consejero tiene alguna noticia sobre esto o incluso si se espera que, aunque sea un aspecto de las Cortes Generales, en razón al interés que para la Comunidad tiene esto y al mandato, incluso, que las Cortes tiene efectuada la Junta de que cualquier aspecto que afecta a la Comunidad ella debe de estar enterada, a mí me gustaría saber si se tienen noticias de cuando puede salir esta nueva ley de demarcación judicial y si los aspectos de mi exposición, que he puesto de manifiesto, el señor Consejero tenía algún tipo de noticia o puede ampliar a la Cámara otra información que la en primer lugar facilitada. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Fuentes Hernández. ¿Algún otro Grupo Parlamentario desea hacer uso de la palabra? ¿Grupo Mixto? Señor Bravo.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Bueno. Unicamente..., la verdad es que no sé si estoy un poco despistado y si el turno que se establece -es una pregunta que hago a la Presidencia-, es ya con la comparecencia del Consejero para informar sobre el tema, a petición de los Grupos, o estamos en este momento exclusivamente con la pregunta del señor Hernández. Porque si es así, si estamos con la pregunta del señor Hernández yo no tendría nada que decir, sino esperaría lógicamente al turno de intervención del Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

El Consejero ya intervino. El señor Hernández había retirado su pregunta para subsumirla dentro de este punto.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Pues, entonces, la aportación, si antes no..., el Grupo Popular, parece que pedía, vamos, por si hay que seguir el orden.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

El señor Estella tiene la palabra.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, señor Presidente, Señorías. Yo también quería precisar, efectivamente, que pensé que la contestación del señor Consejero era a la pregunta formulada por el señor Fuentes. Dando por sentado de que ha sido ya su intervención terminada, y en nombre del Grupo Popular, yo tendría que comenzar mi intervención lamentándome por el tiempo excesivo que ha transcurrido desde que estos trabajos se realizaron por la Junta hasta que hoy llegan a esta Cámara. Hay que tener en cuenta que hace más de un año, concretamente fue el veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y seis, cuando se remitieron a esta comisión las propuestas de demarcación judicial de la Junta de Castilla y León por el anterior Consejero y hoy Presidente de la Junta, señor Nalda. Pero es que además estos trabajos se iniciaron en Agosto de mil novecientos ochenta y cinco, que fue cuando el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial formuló su propuesta, allá por agosto del año ochenta y cinco. De manera que han pasado dieciséis meses hasta que por fin esta Cámara tiene conocimiento de estos trabajos.

Después de la propuesta hecha por el Ministerio y por el Consejo del Poder Judicial, la Junta de Castilla y León hizo también la suya, una propuesta de delimitación judicial, y finalmente aprobó un informe el día veintiséis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. En este informe, aparte de exponerse los antecedentes a los que yo acabo de referirme, se señala las características más importantes de la propuesta que hace la Junta en orden a la demarcación judicial y a la que ha hecho alusión el señor Consejero. Efectivamente, se aumentan en cinco el número de demarcaciones judiciales propuestas por el Ministerio de Justicia, de cuarenta y dos que proponían pasan a ser cuarenta y siete; se establece también, o se señala también, como una característica fundamental que la denominación de los partidos judiciales se va a hacer por la comarca y no por el municipio cabecera; y después se hace referencia

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al período de información y a las informaciones recibidas. Yo quería comentar algo al señor Consejero a este respecto. Entre los escritos recibidos se dice, se recibieron los de veintidós Ayuntamientos, que, efectivamente, no son muchos teniendo en cuenta lo que cuenta nuestra Comunidad; se recibió un escrito de una Audiencia Territorial, no sé cuál sería de ellas, puesto que en nuestra Comunidad existen dos, la de Burgos y la de Valladolid. Se habla de un informe o de unos escritos recibidos de diez colegios de abogados, cosa que me sorprende porque somos nueve provincias y supongo que colegios de abogados existirá uno por provincia; no sé cuál será el décimo que haya informado. Las diputaciones solamente dos contestaron a este período de información; no parecen, por lo tanto, estar muy interesadas en el tema. Y después se habla también de otra información recogida por Delegaciones Territoriales. Se echa en falta, sin embargo, y lo quiero poner de manifiesto al señor Consejero, el informe o una memoria de las respectivas fiscalías, que entiendo son las más interesadas y las que mejor conocen el volumen de trabajo de cada uno de los juzgados. Pero es que además, y sin entrar a valorar la demarcación judicial provincia por provincia, porque no es el momento y además yo tengo que reconocer que no conozco cuál es al problemática de cada una de ellas..., sí podría hablar de Salamanca que es el tema que conozco y que pudiera servir de ejemplo, porque en relación con la demarcación judicial de Salamanca no se ha recibido ni se ha tenido en cuenta el informe del colegio provincial de abogados, tampoco como digo de la fiscalía puesto que no se le ha pedido ni se ha recibido. Pero sí que, a modo de ejemplo, mire, señor Consejero, en la actualidad existen en Salamanca cuatro juzgados de primera instancia e instrucción y tres juzgados de distrito en la capital, otros cuatro juzgados de primera instancia e instrucción más cinco de distrito en los pueblos. Total, ocho juzgados de primera instancia e instrucción, ocho juzgados de distrito. Dieciséis. El Ministerio de Justicia propone, y la Junta de Castilla y León asume esta propuesta, que se creen cuatro de primera instancia y siete de instrucción en la capital, más uno de registro civil o de familia, y que en los pueblos se queden reducidos a cinco de primera instancia e instrucción. En definitiva, vuelven a ser dieciséis las demarcaciones judiciales que se crean. Entiendo que para este viaje no hubiéramos necesitado alforjas. Pero es que además la propuesta que se hace creo que va en contra de cualquier criterio lógico si analizamos el volumen de trabajo de cada uno de los juzgados, porque la propuesta del Ministerio, que coincide con la propuesta de la Junta, propone que para la capital se establezcan siete juzgados de instrucción y cuatro de primera instancia, cuando mi juicio, que es el del Colegio de Abogados y el de los funcionarios que administran la justicia, es el orden civil el que está más necesitado que el orden penal en cuanto al número de juzgados, y que el número de juzgados debe de ser a la inversa: debe de haber más juzgados de primera instancia que de instrucción. Esa es la propuesta que hacía el Consejo General de la Abogacía, que proponía seis de primera instancia, cinco de instrucción.

Supongo que este mismo problema se planteará en las demás provincias, pero, ya digo, sirva éste de ejemplo porque no voy a entrar en los demás.

Pero sí quería, en relación con la demarcación judicial, hacer referencia a otros temas. El artículo 24 de nuestro Estatuto establece que la Comunidad Autónoma participará, como usted ha dicho, señor Consejero, en la fijación de las demarcaciones judiciales, pero también dice que lo hará en las correspondientes a las notarías y registros de la propiedad y mercantiles, radicados en la provincia. Pregunto al señor Consejero: ¿se ha hecho algo, aparte de la demarcación judicial, respecto a estas demarcaciones de notarías y registro de la propiedad y mercantiles de nuestro territorio?

Y al hilo de todo ello otro comentario, en relación con el Tribunal Superior de Justicia. Nuestro Estatuto, en el Artículo 21 y siguientes, se refiere a este Tribunal Superior de Justicia como órgano supremo de la Administración de Justicia dentro de nuestra Comunidad, que deberá ajustar su organización, composición y competencias a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues, bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de uno de Julio de mil novecientos ochenta y cinco, publicada el siguiente día dos en que entró en vigor, es decir, ya ha pasado mucho más de un año, establece, en su Disposición Transitoria Segunda, el plazo de un año para que las Comunidades Autónomas constituyan los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Es evidente que en Castilla y León no está constituido el Tribunal Superior de Justicia y pregunto al señor Consejero por qué, si ha pasado ya el plazo de un año que establece la Disposición Transitoria en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se ha procedido a la constitución de este Tribunal de Justicia. Porque así como en las demarcaciones judiciales habremos de estar a la espera de que el Ministerio proponga a las Cortes Generales la aprobación de la correspondiente Ley de Demarcación Judicial, o Ley de Planta, en relación con el Tribunal Superior de Justicia la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que será una Ley de la propia Comunidad, en la Disposición Adicional Segunda lo dice, una Ley de la propia Comunidad la que establezca la sede del Tribunal Superior de Justicia. Y en nuestro caso, al existir dos Audiencias Territoriales, se plantea una problemática también distinta, porque habrá que determinar si la sede va a estar en la de Valladolid o en la de Burgos. Es otra pregunta, otra incógnita, que dejo al señor Consejero si me la puede contestar.

Y para finalizar yo haría también otros comentarios que creo pueden interesar. Estamos hablando de la demarcación judicial en el orden civil y en el orden penal, pero, ¿qué va a ocurrir con el orden social y con el orden contencioso-administrativo? ¿Qué va a ocurrir con las Magistraturas de Trabajo, cuyo volumen de asuntos está incrementándose alarmantemente y que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, está previsto pasen a constituir juzgados ordinarios de lo social? En el orden contencioso, me parece que el señor Fuentes

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lo anunciaba, parece que existe la teoría o la posibilidad de que las actuales salas de lo contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales pasen a ser provinciales, bien mediante tribunales o bien mediante órganos unipersonales, pero de ámbito provincial. Esto puede tener también una transcendencia a la hora de señalar la demarcación judicial en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, y además puede ir incluso en contra de un criterio que se ha seguido ya en esta Comunidad en relación con los tribunales económico-administrativos. En la Ley de Hacienda, que recientemente hemos aprobado en estas Cámaras, se prevé la constitución de una sala de reclamaciones para conocer de las reclamaciones de tipo económico-administrativo, de manera que lo que en el orden económico-administrativo nosotros tendemos a una regionalización, por el contrario, en el orden contencioso-administrativo se tiende, parece ser que se tiende a un ámbito provincial. Todos estos temas, si el señor Consejero me los puede contestar o aclarar, se lo agradezco. Y nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Estella. ¿Algún otro Grupo Parlamentario? Señor Bravo.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Bien. Yo la verdad es que he seguido con atención la intervención del señor Estella, porque, bueno, como profesional del derecho nos ha ilustrado un poco sobre determinados problemas muy específicos del ámbito jurídico. Pero la verdad es que la comparecencia que se solicitó conjuntamente, y es por fijar un poco nuestro criterio y nuestra posición, fue por debatir exclusivamente el documento, digamos, base que la Junta tenía elaborado, para ver las demarcaciones judiciales que se establecían, puesto que nosotros no tenemos ningún otro tipo de competencias y que únicamente nos corresponderá, como Cortes en su día, el fijar la capitalidad de los partidos judiciales, pero no tenemos ningún otro tipo de competencia.

Nos parecía en aquel momento que limitar en aquella interpelación que el señor Fuentes hacía en aquel momento, pues, tratar de evitar o fijar allí los criterios nos parecía que no era momento adecuado y de ahí que, precisamente a sugerencia nuestra, se planteara la comparecencia en esta Comisión. Pero a mí me parece que, evidentemente, lo único que podemos hacer es discutir sobre esa cuestión, puesto que los otros temas, si bien son absolutamente interesantes y necesarios en muchos casos, yo creo que aquí se carece, o por lo menos en mi Grupo se carece, de la documentación o de los conocimientos que sobre esa materia pudiéramos necesitar para fijar un criterio.

Nosotros, el conocimiento que tenemos de la elaboración de estas demarcaciones judiciales es que, y ya lo manifestábamos en el Pleno, ha atendido fundamentalmente a tres razones: una, el número de asuntos que se tramitan; otra, la población; y el tercero, las comunicaciones de ese juzgado, de esa demarcación judicial. A nosotros nos parece que esos datos, y siguiendo el informe que la propia Junta nos remitió en su día, pues, parece que los contactos, sobre todo con los ciudadanos y sobre todo con las instituciones más directamente implicadas en este tema, parece que esos informes se han recibido y que se ajustan todos ellos a la demarcación que se efectuó, y creo recordar que la primera fue al revés de lo que se plantea de que fuera la propia Comunidad, fue por el Consejo del Poder Judicial, el primero que hizo el estudio, y parece ser que se ajusta bastante a esa situación. En algunos casos la única situación legítima, pero que ha dado una voz disconforme con la demarcación, suele ser algún ayuntamiento que tenía tradicional e históricamente, pues, el juzgado en su localidad y que con la nueva situación, y por desgracia el criterio de despoblación seguramente que será el más importante que más ha afectado, le ha perdido. Por lo tanto, nos parece que la propuesta, en principio, que se ha remitido es válida. Nosotros ya lo manifestamos, y lo manifestamos también ahora, de que al establecer por ley las Cortes Generales todas las demarcaciones, también hay posibilidad, por otra parte de todos nuestros grupos, de efectuar las correcciones si es que fueran necesarias y existieran.

Nosotros no tenemos que hacer ninguna aportación a este tema de las demarcaciones judiciales y simplemente, pues, en principio, aun sabiendo de que hay algunos problemas, pero insisto que yo creo que obedecen más al sentimiento legítimo de muchos Ayuntamientos de mantener el juzgado en su Municipio, pero, evidentemente, tenemos que comprender que existieran algunas razones para eso, en principio estamos de acuerdo con el informe y no tenemos nada que aportar al mismo como corrección de él.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Bravo. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias. Respondo a las intervenciones anteriores indicando lo siguiente. En relación con una formulación general que se ha indicado, que se ha suscitado aquí, de cuándo llega el informe de la Junta a estas Cortes, tengo que indicar que no es de ahora, no es de ahora la remisión de ese informe que, con registro de salida del veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y seis, es decir, hace más de un año, se remitió por parte de la Junta a estas Cortes la propuesta de la Junta de Castilla y León.

En él se contienen, efectivamente, todas las intervenciones, incluso con remisión y de forma específica, qué Ayuntamientos han contestado, qué Colegios de Abogados han contestado, qué Diputaciones han informado, etcétera. No es, por tanto, yo creo que no es procedente decir que no se conoce, digamos, quiénes son los que han informado, puesto que en el escrito que remite la Junta ahí se detallan cuáles son esos Ayuntamientos, esas Audiencias, etcétera, sin perjuicio de que

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pueda haber algún error mecanográfico, puesto que Audiencias Territoriales no han informado una, sino las dos.

En relación con la pregunta del señor Fuentes, sobre la situación de Roa, tengo que indicar que está aclarado en la página diez del informe. En la página diez del informe se dice: "la inclusión el partido judicial de la Ribera y el núcleo de demarcación judicial de Roa de Duero.

¿Por qué se utilizan estos términos de demarcación judicial? Porque no se quiere prejuzgar el tema de la capitalidad de los partidos judiciales que corresponde a estas Cortes. Ahora estamos, diríamos, en el trámite de informe que hace la Comunidad en relación con la propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Creo que decir ya de antemano donde están los juzgados creo que es prejuzgar la posible postura futura de las Cortes de Castilla y León, que debe fijarlo por ley. Por eso se hacen delimitaciones de zona, de la zona que abarcaría la demarcación judicial, sin perjuicio después que la capitalidad de los mismos se determine, como digo, por ley de estas Cortes.

¿En qué situación está ahora mismo este proyecto de ley? Pues, reitero lo que he dicho antes: la competencia de la remisión del proyecto de ley corresponde al Ministerio de Justicia, perdón, corresponde al Gobierno de la Nación, a propuesta del Ministerio de Justicia, y el Ministerio tiene los datos de esta Comunidad Autónoma, yo no sé si tiene ya los datos de todas las Comunidades Autónomas, los informes respectivos, para la remisión en un plazo breve o en un plazo más largo, cuando el propio Gobierno de la Nación yo entiendo que estime pertinente, puesto que es su competencia la de la remisión del proyecto de ley correspondiente a las Cortes Generales. Es a las Cortes Generales a quien corresponde la aprobación definitiva de la demarcación judicial.

En relación con las observaciones señaladas por el señor Estella he de indicar, y contestando hasta el último punto, empezando por el último tema, la referencia del Tribunal Económico-Administrativo creo que no es procedente. El Tribunal Económico-Administrativo, como muy bien conoce el señor Estella, no es un órgano judicial, es un órgano administrativo. En consecuencia, aquí estamos hablando de demarcaciones judiciales y yo creo que es obvio que esa referencia aludiendo a una actuación totalmente distinta, órganos administrativos, creo que no es procedente.

En relación con el Colegio de Abogados, efectivamente, el de Salamanca remitió esa propuesta de un mayor número de juzgados de primera instancia que de instrucción. Sin embargo, la Audiencia Territorial de Valladolid no lo hizo así. La Audiencia Territorial de Valladolid se acerca mucho más a la propuesta remitida por el Consejo del Poder Judicial y que, en ese sentido, no varía la de la Junta. Yo creo que en las propuestas no hay que atenerse solamente a lo que uno de los órganos informantes realicen, sino que teniendo en cuenta todos los datos que obran en poder de la Junta, pues, puede elaborar su informe en relación con la propuesta del Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial elabora su propuesta en base a la población, número de asuntos, etcétera, el Colegio de abogados hace una propuesta concreta, alterándola, la Diputación y la Audiencia Territorial de Valladolid hace una distinta mucho más cercana a la del Consejo del Poder Judicial, y la Junta ha mantenido en ese criterio la del Consejo del Poder Judicial.

En el tema del Tribunal Superior de Justicia. Efectivamente, la Ley del Poder Judicial establece que la fijación de la sede del Tribunal Superior de Justicia corresponde a las Cortes..., en este caso a las Cortes de Castilla y León su fijación por ley. Por tanto, yo creo que es a las Cortes y creo que sería bueno que en este tema, como en otros temas cuando se habla de las sedes, hubiera acuerdos por parte de los Grupos Parlamentarios para que la propuesta que se eleve tenga un carácter de aprobación definitiva por parte de la Cámara. En ese sentido, yo creo que sería bueno que el proyecto de ley o la proposición de ley que, en su caso, se elabore cuente de antemano con el consenso de la Cámara.

En relación con el orden contencioso-administrativo-magistratura de trabajo, es un tema que escapa a la actuación de la Junta, en el sentido de que es, obviamente, una actuación directamente jurisdiccional y la intervención de la Junta hasta la fecha se ha remitido en relación con la propuesta del Consejo del Poder Judicial respecto a la demarcación afectando a juzgados de primera instancia y de instrucción, puesto que es lo que se ha remitido. El tema del orden contencioso-administrativo, como muy bien sabe el señor Estella, la propia ley establece una alteración importante con creación, incluso, de jueces uniprovinciales, unipersonales de ámbito provincial, y, bueno, será el propio Ministerio de Justicia a quien corresponde el desarrollo de esa previsión legal.

En relación con las demarcaciones notariales y registrales fue, en su día, remitido al Ministerio de Justicia también un informe respecto de la propuesta que en día elaboró el propio Ministerio de Justicia. Básicamente, me parece que en ese informe se aumentaban el número de notarías y registros en la Comunidad. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Fuentes Hernández.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Sí. Gracias. No sé si porque no le ha parecido oportuno o porque no tiene nada que decir no me ha aclarado nada con relación al cambio de terminología del primer informe que hablaba de excepciones y del último en el cual se habla de núcleos judiciales, y, bueno, sencillamente, lo pongo de manifiesto en esta segunda y última intervención por mi parte.

Interpreto, de la contestación del señor Consejero, que en el orden parecido a lo que se ha manifestado

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sobre el previsible juzgado de Roa, o de la zona del Duero, está afectado todo lo que se refiere al Bierzo el posible juzgado de Villafranca del Bierzo, porque los criterios en esa zona son diferentes a los que en principio aquí, de alguna manera, se establecen, es decir, se pone un número de juzgados en Ponferrada y, sin embargo, parece que la zona del Bierzo, de Villafranca, se maneja con otros esquemas, y cree en otros esquemas, y tiene la seguridad de que ese asunto también puede quedar resuelto. Y, por otra parte, hay otra zona, que es la de Fuentesaúco, que interpreto, de la última intervención del señor Consejero, que este asunto por parte de la Junta ha quedado zanjado y, por tanto, las aspiraciones de esa zona definitivamente quedan desestimadas, por decirle una palabra lo más suave posible.

Y nada más. Tampoco me ha dicho nada sobre esa información última que está circulando, en el sentido de la posibilidad..., me imagino que sería la propia ley de la Comunidad, que establecería las demarcaciones judiciales si fuera necesario rebasando los ámbitos provinciales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. Señor Estella, tiene la palabra.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente. Solamente para decirle al señor Consejero que cuando yo lamentaba el retraso sé, efectivamente, que el informe se remitió por la Junta a estas Cortes el veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y seis, pero hoy estamos a finales de Febrero del ochenta y siete; ha pasado más de un año, por lo tanto, para que tratemos este tema en la Comisión.

En cuanto a la información recibida, acepto, si es cierto, de que han existido errores mecanográficos, pero me sorprendía a mí que solamente hubiese informado una Audiencia y diez colegios provinciales de abogados. En todo caso, en relación con Salamanca, pues, será otro error mecanográfico, pero en relación con Salamanca aquí se alude a la información recibida y se habla del Ayuntamiento de Béjar, Ayuntamiento de Alba de Tormes, Consejo General de la Abogacía Española y Audiencia Territorial de Valladolid. Yo no veo por ningún sitio el informe del Colegio Provincial de abogados de Salamanca, que coincide con el del Consejo General de la Abogacía, cuya propuesta es precisamente la que no se tiene en cuenta; es donde se dice que deben de ser seis juzgados de primera instancia y cinco de instrucción y, sin embargo, la propuesta que se hace es al contrario, cuatro de primera instancia, siete de instrucción.

En cuanto a la referencia a los tribunales económico-administrativo, bien sé que son de orden administrativo y yo solamente lo ponía vía de ejemplo. Que si en el orden económico-administrativo se tiende a regionalizar las salas de reclamaciones de lo económico-administrativo, en cambio, en los otros órdenes jurisdiccionales se tiende a la provincialización; por eso la referencia al tribunal económico, ya sé que aquí no viene a cuento, sino simplemente en cuanto al criterio de que por un lado se va a regionalizar y, en cambio, en los demás conceptos se va a provincializar.

Por lo que respecta a que se ha tenido en cuenta, en relación con Salamanca, el informe de la Audiencia Territorial de Valladolid, pienso que mejor que la Audiencia Territorial de Valladolid, conocerá sus problemas los órganos que participan en la administración de justicia en la propia provincia de Salamanca; el colegio provincial, la fiscalía, etcétera, etcétera.

Por lo que respecta a la sede del Tribunal de Justicia, evidentemente, sería aconsejable y bueno que existiese acuerdo de la Cámara, pero aquí no es el mismo problema que se plantea en relación con la sede de las demás instituciones. Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja opción, porque la sede del Tribunal Superior de Justicia tiene que estar en una de las Audiencias Territoriales, de manera que poca opción cabe, en nuestra Región; como hay dos: o Valladolid o Burgos.

y, finalmente, me alegra saber que se han hecho algunos estudios o propuestas en orden a la demarcación de notarías o registros. Lo que sí le pediría al Consejero es si nos puede hacer llegar alguno de estos proyectos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Estella. El Partido Socialista renuncia a su turno. El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias. Contesto brevemente a las observaciones formuladas, indicando, en relación con lo señalado por el señor Fuentes que la demarcación judicial..., sí afecta, puede afectar o no a varias provincias es un tema competencia del Estado, es la Ley de las Cortes Generales la que aprobará la demarcación judicial correspondiente. A la Comunidad Autónoma le corresponde únicamente en la fase de informar, la fase, digamos, de informar, de emitir un informe, en relación con la propuesta recibida.

En relación con el tema del Bierzo, lo que se sugiere en la propuesta de la Junta es que el Bierzo debe tener una unidad y que..., sin prejuzgar por eso dónde va a estar la capitalidad del partido judicial, se establece la posibilidad de núcleos, por eso se utiliza esos términos, núcleos judiciales en Villafranca, Bembibre y Ponferrada; las Cortes de Castilla y León determinarán en su día la capitalidad de ese partido judicial, si es que por las Cortes Generales queda delimitado el Bierzo como un único partido judicial.

En relación con las observaciones del señor Estella, correcto. El Colegio de Abogados puede omitir su informe, está en su pleno derecho, puede observar perfectamente que deberían aumentarse o incrementarse el número de juzgados de primera instancia. El propio Ministerio de Justicia con los datos que tiene, en principio, ya no lo estimó así, el Consejo General del Poder Judicial tampoco lo estimó así, la Audiencia Territorial de Valladolid tampoco lo estimó así. Bien, yo creo

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que hay ahí opiniones contrastadas en cuál de las posturas debe mantenerse, pues, yo creo que ahí también hay órganos capaces para emitir informes, repito, el Ministerio de Justicia, Consejo del Poder Judicial, propia Audiencia, bueno, pues, para poder optar de que el número de juzgados de primera instancia puede ser suficiente con la propuesta que se formula.

En relación con el tema de la sede, efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia tiene que estar en uno de los dos sitios donde están las Audiencias Territoriales, pero como ha de ser por la ley la fijación definitiva, yo insisto en la conveniencia del amplio consenso en esta materia por parte de los Grupos.

Y en relación con los informes remitidos sobre las demarcaciones notariales y de registro, se harán llegar a la Cámara los informes remitidos al respecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias, señor Consejero. Pasamos al quinto punto del Orden del Día, que es la "comparecencia del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a petición propia y del Grupo Parlamentario Popular, para informar a la Comisión sobre su gestión". Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias, señor Presidente. Comparezco ante esta Comisión para explicar las actuaciones realizadas por la Consejería y para avanzar también los proyectos o propuestas que se quieren llevar a cabo en los próximos meses, y adelanto ya la aceptación de las aportaciones que puedan realizarse por parte de la Comisión.

Voy a referirme en mi intervención distinguiendo en materia de administración territorial y en materia que podemos llamar de interior; al fin y al cabo esta misma Comisión recoge ambas denominaciones.

En materia de administración territorial, creo que es punto obligado hacer referencia a la ley que aprueba las relaciones de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales. La Ley 6 de mil novecientos ochenta y seis, de seis de Junio, que regula estas relaciones, creo que es un paso importante, es un hito importante en la búsqueda de una compenetración en las relaciones de las Entidades Locales con la Comunidad Autónoma. En esta Ley se contienen los mecanismos posibles de transferencia y delegación en desarrollo de las previsiones estatutarias, se establece los mecanismos de coordinación de las actuaciones de las Entidades Locales en su caso, y se contiene un amplio régimen de colaboración con las Entidades Locales. No se pretende, o se pretende, por tanto, a través de esta Ley desarrollar las previsiones estatutarias que se enmarcan, yo entiendo, en una palabra: la colaboración, la cooperación, con las Entidades Locales que comprende esta Comunidad Autónoma.

Creo que sería insuficiente hacer mención únicamente a la aprobación de la Ley. La Ley requiere una serie de precisiones, una serie de desarrollos normativos, que quiero destacar aquí, en el sentido de que han sido llevados a efecto. En primer lugar, la Ley establece como órgano de colaboración el Consejo de Provincias, el Consejo de Cooperación de la Administración de la Comunidad Autónoma con las provincias de Castilla y León, y este Consejo se constituyó dentro del plazo establecido y aprobó..., elaboró la propuesta, por unanimidad, de una norma de reglamento interno del propio Consejo. Además han sido aprobadas también las normas de funcionamiento de las Comisiones de Cooperación, que pueden constituirse entre la Comunidad de Castilla y León con los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, para el desarrollo de las previsiones de transferencia y delegación que en la propia Ley se contiene.

Un tema especialmente importante es la aprobación, por decreto reciente de la Junta, del desarrollo del Fondo de Cooperación Local, que está aprobado por vez primera en la Ley de Presupuestos de nuestra Comunidad. Creo que este fondo marca también un hito de cara a la estrecha colaboración en proyectos de inversión que afectan a materias competencia de tanto las Entidades Locales como la propia Comunidad. En el Fondo de Cooperación Local se establece, se estableció así, una formulación, por parte del Consejo de Provincias, por unanimidad, de una distribución territorializada por provincias en base a unas determinadas cuantías. Este Fondo de Cooperación aparece como anexo en la Ley de Presupuestos y ya ha dado, diríamos, sus primeros frutos en cuanto que aparecen asignadas nominativamente unas cantidades, en favor de las distintas provincias que comprende la Comunidad Autónoma, para desarrollar los programas que en el mismo fondo se hace referencia.

En relación con los Ayuntamientos, sin embargo, no aparece una asignación nominativa y, en consecuencia, ha habido necesidad de sacar la correspondiente convocatoria pública, puesto que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, las subvenciones que no tienen asignación nominativa deben ser sujetas a convocatoria pública. Estos dos temas ya se han hecho, y además se ha dado un paso importante en cuanto que permite, al amparo precisamente de la nueva regulación de la Ley de Hacienda, unos anticipos en favor de las Entidades Locales cuando desarrollen ya proyectos concretos de inversión; es un planteamiento que agiliza los trámites administrativos de pago de subvenciones para la realización de las inversiones previstas, que creo que merece la pena ser destacado.

En algún momento se ha insinuado que la Ley de Relaciones es una Ley que tiene una buena textura jurídica, pero que, sin embargo, era difícil llevar a cabo, en concreto sobre el tema de las transferencias y delegaciones. Pues bien, tengo que indicar que, en cumplimiento de lo establecido en la propia Ley, se elaboró y se aprobó por la Junta el estudio correspondiente de materias que consideraba susceptibles de transferencia y delegación en favor de Diputaciones Provinciales y de Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, como la propia Ley dice. En el Consejo de Cooperación de Provincias se entregó esa relación y se concedió un

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plazo, al efecto, para que las Diputaciones hicieran las observaciones pertinentes sobre estas materias. Se ha recibido ya alguna observación, en sentido positivo, de alguna Diputación Provincial. Se han recibido también observaciones de carácter positivo también de algún Ayuntamiento de esta Comunidad. Quiero decir con esto que el deseo de la transferencia y delegación es un deseo real y que, en consecuencia, a través del marco de la Ley, que requiere el diálogo necesario para que la materia que antes era competencia de la Comunidad Autónoma pueda pasar a ser competencia o ejercitada por una entidad local, se lleve a cabo de forma que beneficie del mayor modo posible a los ciudadanos.

Las materias, a las que se refiere ese estudio, susceptibles de transferencia o delegación hacen alusión a materias de régimen local, en concreto materia de aprobación de escudos heráldicos, autorización y control en materias de bienes, a materias de infraestructuras urbanas, urbanismo y vivienda, se prevé la delegación en favor de Diputaciones Provinciales de la contratación de obras de abastecimiento de agua y saneamiento, la contratación en materia de residuos sólidos. En materia de urbanismo se prevé también una delegación de incoación de expedientes sancionadores en materia urbanística. Se pretende la unificación de la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación. Se prevé también la cesión de las ayudas en materia de vivienda rural. En materia de promoción sociocultural, juventud y deportes, se prevé la transferencia de una serie de centros de animación sociocultural, de casas de juventud, en favor de Diputaciones y de Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes. En materia de servicios sociales, puesto que la transferencia ha de hacerse por ley, mientras que la delegación puede realizarse por decreto de la Junta, se prevé o se contempla que, en la Ley de Servicios Sociales que al respecto se apruebe, debe establecerse ya ahí las competencias propias que deben ser de las Diputaciones o de los Ayuntamientos, con lo cual se operaría directamente a través de esa ley la transferencia o, en su caso, delegación que en esta materia sea susceptible. En materia de fomento se prevé también una delegación de inspección y aprobación de funcionamiento de instalaciones interiores de suministro de agua y la comprobación de instrumento de pesas y medidas. Y en materia de hacienda se prevé el encomendar a las Diputaciones Provinciales la recaudación en vía ejecutiva de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.

En el Consejo de Cooperación con las Provincias ya se indicó por este Consejero que con ello no se cerraba el posible techo de lo que son materias susceptibles de transferencia de delegación; que esto es un primer paso para ir avanzando en una idea importante que es la descentralización, el acercamiento de la Administración al ciudadano, la búsqueda, en definitiva, de la Administración idónea para el ejercicio de la competencia de que se trate. No hay que olvidar que las competencias que tiene hoy día la Comunidad Autónoma eran competencias de la Administración del Estado, eran competencias que se ejecutaban por órganos estatales. Ahora se ejecutan por la Comunidad Autónoma. Determinar ahora que estas competencias que antes eran del Estado, que ahora son de la Comunidad Autónoma, deben pasar a los Ayuntamientos o a las Diputaciones requiere, como digo, un proceso de diálogo, de búsqueda de encuentro, de fijar que esa competencia concreta se presta mejor en favor de los ciudadanos desde una Diputación, o desde un Ayuntamiento. Esto requiere, como digo, el diálogo, que es el diálogo abierto a través de las Comisiones de Cooperación que la propia ley prevé o crea.

Las relaciones con las Diputaciones y con los Ayuntamientos no se cierran, por tanto, en ese tema, aunque éste es un tema novedoso, novedoso incluso en relación con las actuaciones de otras Comunidades Autónomas. No es fácil encontrar supuestos concretos ya en que se pretenda una transferencia o una delegación en favor de Diputaciones y Ayuntamientos de competencias recibidas por la Comunidad Autónoma, en ese sentido se puede decir casi que esta Comunidad es pionera en esa actuación, y, como digo, no se cierra con esto todas las actuaciones en relación con las Entidades Locales. La Consejería ha mantenido las ayudas previstas en años anteriores, los programas previstos en años anteriores, de construcción, mejora, acondicionamiento de Casas Consistoriales, en materia también de protección civil y de extinción de incendios, y en materia, y esto es importante -creo que merece la pena destacarse-, en materia de fomento de Mancomunidades Municipales. Hoy día ya se puede ver el fruto de un programa iniciado, de los programas iniciados con anterioridad, y se puede observar que la labor realizada en el arreglo y construcción de Casas Consistoriales ha tenido sus frutos después de haber continuado este programa con la colaboración, repito, de Diputaciones y de Ayuntamientos.

Igualmente, se debe señalar, en materia de extinción de incendios, con la colocación en numerosos municipios de los... contra incendios, de la adquisición de los camiones necesarios para la protección en esta materia, etcétera.

Merece mención especial, entiendo, el fomento de Mancomunidades Municipales, puesto que en esta Comunidad, con más de dos mil trescientos Municipios, muchos de ellos pequeños Municipios, la mayor parte pequeños Municipios que no pueden por sí solos prestar los servicios que los ciudadanos requieren, era preciso fomentar que voluntariamente esos Ayuntamientos quisieran cooperar unos con otros para la prestación de esos servicios. De seis Mancomunidades Municipales que había con anterioridad a mil novecientos ochenta y tres existen ahora, existen ahora, un total de cuarenta y una Mancomunidad Municipal, es decir, que en el año ochenta y tres hasta esta fecha se han constituido treinta y cinco Mancomunidades Municipales y es previsible que de aquí a final de Mayo se puedan constituir otras ocho o diez Mancomunidades Municipales.

Un tema también importante, que aquí debe destacarse, es la labor realizada, en ejercicio de la competencia que tiene la Comunidad, de agrupaciones de

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municipios para el sostenimiento de secretario común. Creo que aquí también se ha hecho una labor importante en cuanto que son aproximadamente cien las agrupaciones realizadas por la propia Comunidad.

En esta idea de contar siempre con las Entidades Locales, de colaborar con las Entidades Locales, en definitiva, en favor de los ciudadanos y de los pequeños Municipios que, como digo, son la mayor parte de lo que constituyen o que componen esta Comunidad, se han desarrollado con las Diputaciones Provinciales oficinas de asesoramiento y asistencia a los Municipios, que pretenden, de esta forma, desconcentrar la propia actuación de la Diputación Provincial acercando también su actividad, su actuación, a los Municipios. En concreto, se han desarrollado, se han suscrito, convenios con la Diputación de Avila para la creación de dos oficinas de asesoramiento y asistencia a Municipios, una constituida en Avila capital y otra constituida en Barco de Avila. También se ha suscrito convenio con la Diputación de Burgos y existen dos oficinas, una en Burgos capital y otra en Villarcayo. Se ha suscrito también, convenio con la Diputación de León y existe una oficina de este tipo en Ponferrada. En Salamanca, en virtud del convenio suscrito con la Diputación de Salamanca, existen dos oficinas de asesoramiento, una en Ciudad Rodrigo y otra en Béjar. En Segovia se han suscrito dos convenios también y próximamente se pondrá en funcionamiento la oficina de asesoramiento en Cuéllar y también la de la capital. En Soria se han suscrito los convenios para poner en funcionamiento la oficina de asesoramiento en Soria capital y otra en Burgo de Osma; sin embargo, hasta la fecha no se han puesto en marcha. En Valladolid, en virtud de los convenios suscritos, existe una oficina de asesoramiento en Peñafiel y otra en Valladolid capital. Creo que esto es también importante, porque refleja lo que tantas veces se ha dicho: la búsqueda de la cooperación con las Entidades Locales de la Comunidad para favorecer, en definitiva, a los núcleos de población, pequeños municipios, que constituyen la mayor parte de la Comunidad y también, en definitiva, favorecer a los ciudadanos con la prestación de esos servicios.

Si esto es lo que se ha hecho, lo que se pretende hacer, en definitiva, no es más que continuar con el mismo programa. Creo que si se ha avanzado en estas relaciones con las Entidades Locales a través sobre todo de la Ley de Relaciones creo que es importante continuar en la línea de lo hecho y constituir las comisiones con los Municipios, Ayuntamientos, capitales de provincia, o de más de veinte mil habitantes, que deseen la creación de esas comisiones de cooperación que la Ley prevé, para llevar a cabo la transferencia o delegación que en su caso requiera.

Continuar con los programas de ayudas de Casas Consistoriales, extinción de incendios, de fomento de mancomunidades, y elaborar, -que es una actuación que se está llevando a cabo-, elaborar un anteproyecto de ley para recoger lo que serían las estructuras municipales y, en concreto, regular las relaciones entre las Entidades Locales Menores y los Municipios, puesto que si son numerosos los pequeños Municipios, que hay dentro de la Comunidad, también son numerosas, sobre todo en algunas provinciales, las juntas vecinales, Entidades Locales Menores que existen en ellas. Regular las relaciones entre ese Municipio y la Entidad local Menor creo que es un tema esperado en esta Comunidad y es lo que se pretende llevar a cabo a través de la correspondiente norma legal.

En relación con materia de Interior, quiero destacar los cursos que en materia de protección civil, en materia de colaboración con los Ayuntamientos para el perfeccionamiento de los funcionarios que componen los cuerpos de policía local, se han realizado, mediante la realización de los correspondientes cursos. Próximamente, se pretende la creación de la comisión de la protección civil, puesto que, si bien es cierto que aún no está aprobada, como antes he dicho, la norma básica que es necesaria para la aprobación de los planes territoriales y especiales a que la ley se refiere y que en su caso homologará esta comisión de protección civil, creo que un paso importante en la Comunidad también se dará con esta creación de la comisión de protección civil, de ámbito de la Comunidad, que puede ir actuando en la elaboración del catálogo de riesgos potenciales en la propia Comunidad, etcétera, antes incluso de llevar a cabo su competencia específica, que es la homologación de los planes de protección civil que le corresponde.

Y un tema importante que quiero también destacar es en relación con la elaboración del Proyecto de Ley Electoral por la propia Consejería, en base al consenso alcanzado por los Grupos Parlamentarios en los temas más importantes que contiene esta Ley Electoral. La Ley Electoral, como dije en su momento, de la Comunidad no es una Ley Electoral ex-novo, puesto que muchos de los temas de esta materia están regulados ya en el propio Estatuto de Autonomía, como son la circunscripción electoral, como es el sistema electoral y sistema proporcional. Otros temas están previstos en la Ley Orgánica Reguladora de Régimen Local General y, en consecuencia, digamos, los temas de la Ley Electoral de la Comunidad de Castilla y León son temas de detalle, pero temas de detalle que tienen una especial significación e importancia jurídica, puesto que da seguridad jurídica a las elecciones que a estas Cortes deben celebrarse.

Los temas, como antes he dicho, más importantes se suscitaron por parte del Presidente de la Junta, que remitió un escrito a los distintos Grupos Parlamentarios, en relación con las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, propaganda electoral, subvenciones por actos electorales, límite de actos electorales. Y en relación con las posturas habidas por los Grupos Parlamentarios, prácticamente unánimes, se ha podido elaborar el Proyecto de Ley Electoral que ha sido presentado ya en estas Cortes para su aprobación. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ): ..

..la Sesión para que se cambien

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impresiones entre los partidos. ¿Media hora les parece bien? ¿Podemos ampliar? ¿Cuarto de hora? Pues, se suspende la Sesión durante un cuarto de hora.

(Se suspende la Sesión a las once horas cincuenta minutos, siendo reanudada a las doce horas treinta minutos).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

Se reanuda la Sesión. Para formulación de preguntas y observaciones, tienen la palabra los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Como el Grupo Mixto está ausente, tiene la palabra el Grupo Popular.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, señor Presidente, Señorías. Señor Consejero, como vamos a tener ocasión de exponer a continuación, no han sido muchas las oportunidades que ha tenido esta Comisión para reunirse con el Consejero y quizá sea ésta la última que se nos brinda para poder tratar de la gestión realizada. Permítame, por lo tanto, que antes de entrar a examinar los temas puntuales a los que se acaba de referir en su intervención el señor Consejero, y estando ya a punto de finalizar la legislatura, aproveche esta ocasión, como digo, para en nombre del Grupo Popular hacer un balance de la gestión de su Consejería. Balance que anuncio de antemano no puede decirse que haya sido muy positivo, porque la actividad de su Consejería, en relación con esta Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial, ciertamente ha sido muy escasa. Desde Mayo de mil novecientos ochenta y tres, en que se constituyeron las Cortes y esta Comisión, solamente en aquel año ochenta y tres tuvimos una sesión informativa con el anterior Consejero, y hoy Presidente de la Junta, donde nos expuso su programa de actuaciones y los objetivos a alcanzar.

En el año mil novecientos ochenta y cuatro, aparte de la comparecencia del señor Consejero para explicar los presupuestos de su Consejería, tuvo lugar otra Comisión informativa, otra sesión informativa, donde el señor Consejero nos hizo saber los proyectos, entonces proyectos, relativos a la divulgación de símbolos, a la fiesta regional, estudios realizados para la ley de diputaciones, Instituto de Administración Pública, Estatuto de Mancomunidades, convenios de protección civil y de policía local, todo proyectos, entonces, nada más.

En Septiembre del ochenta y cuatro se refunde la Consejería con la de Presidencia y, como consecuencia de ello, tiene lugar otra sesión informativa, en el mes de Noviembre del año mil novecientos ochenta y cuatro, donde el Consejero nos dio cuenta de sus realizaciones.

En mil novecientos ochenta y cinco fue un año en blanco, nulo de actividades por parte de esta Comisión; no hubo ni una sola reunión de esta comisión, salvo la comparecencia del Consejero ante la Comisión de Hacienda para explicar de nuevo los presupuestos de su Consejería relativos a aquel ejercicio. Sí se publicaron algunas disposiciones, tales como el catálogo de riesgos, un convenio marco de Febrero del ochenta y cinco.

Y fue en mil novecientos ochenta y seis cuando, sin haber existido tampoco reuniones informativas con el Consejero, se publicaron las disposiciones más importantes relativas a esta Consejería. Pero, realmente, si pasamos a analizarlas solamente fueron tres los proyectos, hoy leyes, que se tramitaron en esta Comisión y posteriormente fueron aprobados por el Pleno. Proyectos que, ciertamente, no fueron muy importantes, porque el relativo al Instituto de Estudios de Administración Pública de Castilla y León fue un tema consensuado por los Grupos; el relativo a la fiesta regional de la Comunidad, el veintitrés de Abril, no es preciso recordar aquí que es un proyecto que fue enmendado por nosotros, luego fue retirado, se presentó de nuevo un nuevo proyecto y se tramitó por la vía de urgencia, y en el que el Grupo Popular no estaba de acuerdo y se retiró del debate. Ciertamente, el único proyecto, hoy ley, ha sido el de Relaciones de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales, la Ley de Diputaciones, que el señor Consejero en su intervención se ha referido como un paso importante y yo diría que el único y con el que además, precisamente, nuestro Grupo está en total desacuerdo. Esta Ley de Diputaciones ha sido desarrollada posteriormente, por cierto, con incumplimiento de los plazos que en la propia Ley de Diputaciones se preveían; permita recordarle al señor Consejero que en las Disposiciones Adicionales se establecía un plazo de tres meses para que se publicase el Reglamento del Consejo de Cooperación, un plazo de seis meses para publicar el Reglamento de funcionamiento de las Comisiones, que ha sido publicado después por Decreto 2, de fecha de ocho de enero del ochenta y siete, y como digo se ha ido después desarrollando por una serie de decretos fuera de plazo.

Si pasamos revista a los objetivos que en su primera intervención, del señor Consejero entonces, nos hizo saber a esta Comisión veremos que, ya a punto de finalizar la legislatura, muchos de estos objetivos han quedado incumplidos o no han sido alcanzados. Tenemos el tema de las sedes de las instituciones y forzoso es reconocer que Castilla y León es la única Comunidad del Estado, Comunidad Autónoma, cuyas sedes tienen todavía carácter provisional. Recientemente, y por una agencia, la agencia EFE, por unas noticias publicadas en todos los periódicos de la Región..., no lo decimos nosotros, lo han dicho ustedes mismos, los altos cargos de las instituciones autonómicas, se reconoce la apatía generalizada que existe entre los ciudadanos castellano-leoneses, porque ni la Junta ni las Cortes han sabido conectar con el pueblo; está publicado, no lo decimos nosotros. Y es que Castilla y León, efectivamente, no ha logrado articularse internamente, porque las diferencias provinciales entre las nueve circunscripciones que la componen han obstaculizado la formación de esa identidad regional que era uno de los objetivos a alcanzar y, como digo, ha quedado incumplido, y ustedes mismos lo reconocen. No se ha logrado cambiar el sentimiento popular, que se comporta aún con criterios

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preautonómicos pese a las competencias recibidas, y esa falta de solidez se pone de manifiesto también en la celebración de la fiesta regional, el día veintitrés de Abril, proyecto éste o acontecimiento que nosotros consideramos de tipo partidista y en el que está ausente la gran mayoría de los ciudadanos castellano-leoneses por nosotros representados.

Pero no es solamente en relación con la conciencia regional y con el problema de las sedes. Otro de los objetivos a alcanzar que, a nuestro juicio, ha quedado incumplido ha sido también el relativo a la asistencia y ayuda a Corporaciones Locales. Ciertamente que algo se ha hecho, y usted se ha referido concretamente al tema del fomento de Mancomunidades, agrupaciones de municipios, oficinas de asesoramiento. Se ha referido también a las Casas Consistoriales y yo podría recordarle, aunque ya se ha hecho a otros niveles, creo que ante el Pleno, los criterios partidistas para la concesión de ayudas y subvenciones para la mejora de Casas Consistoriales. Aquí tengo, si usted lo necesita, un resumen de todos los presupuestos considerados y las subvenciones concedidas, provincia por provincia, y permítame recordarle simplemente el resumen. En relación con las Casas Consistoriales y de un total de 246.000.000 y medio, pues, los Ayuntamientos que están gestionados por nuestro Partido, Alianza Popular, ha recibido tan sólo 61.000.000, los del PSOE 130.000.000 y medio, y otros 54.000.000 y medio. En porcentajes, AP 24,80%, PSOE 53%, y otros Ayuntamientos 22,20%; no es ésta la proporción que supone los que estamos representados en esta Cámara.

En relación con los temas de estructura o estructuración administrativa de carácter territorial, tercer objetivo a alcanzar por la Consejería, los estudios de comarcalización, que sabemos fueron iniciados, han quedado estancados. Ya anunciamos que iba a crear problemas este tema y me alegro de que se haya desarrollado, pero es un tema en el que la colaboración ofrecida por nosotros y por el propio señor Consejero que le precedió en el cargo no la hemos visto por ningún sitio, nunca hemos colaborado en estos estudios de comarcalización; seguimos siendo ignorados.

El tema de demarcaciones judiciales es un tema en el que no voy a entrar porque acabamos de tratarlo.

Y por lo que respecta a protección civil y a policía local, pues, creo que lo que ha habido es insuficiente a todas luces. Y, precisamente, en relación con el decreto de coordinación de policías locales recuerde el Consejero que fue recurrido ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Territorial y desconocemos en este momento cuál ha sido la resolución final, si es que la ha habido, lo cual no sería de extrañar, porque parece que es norma habitual el que las resoluciones jurisdiccionales se cumplan después de que ya han sido, en algunos casos, hasta anulada la propia orden. Me estoy refiriendo a una reciente sentencia de la Audiencia Territorial que declara nula la orden de convocatoria para las pruebas selectivas de ingreso en los cuerpos de grado medio en la escala sanitaria; es una sentencia de cinco de Febrero y yo he visto, precisamente, hace unos días publicada en el Boletín del día trece de Febrero, es decir, posterior, una resolución firmada por usted, como Consejero de la Presidencia, donde se declaraba en suspenso la orden, suspensión que había acordado la Audiencia el día nueve de Enero, se publica el trece de Febrero cuando ya ha habido sentencia.

Señor Consejero, y permítame para terminar otros temas, la Ley de las Diputaciones. Usted, como digo, se ha referido a ella como paso importante y que yo le decía que era el único. Creo que es un Ley..., no voy a entrar en mayor debate puesto que ya fue objeto en su día, que aparte del incumplimiento de los trazos para su desarrollo, coarta y estrecha aún más las relaciones entre las Diputaciones y las competencias de las propias Entidades Locales.

Me gustaría saber también, con más detalle, ese proyecto de Ley de Relaciones de Entidades Locales y Municipios pequeños al que ha aludido de pasada el señor Consejero y que, ciertamente, nosotros, pues, en estos momentos todavía lo desconocemos.

En relación con el seguimiento presupuestario de su Consejería, yo me gustaría decirle unas cuantas cosas. Tenemos, por un lado, en el ejercicio de mil novecientos ochenta y seis, que han existido en esta Consejería me parece que han sido veintiséis transferencias de crédito, no todas que afectan a esta Comisión, porque, realmente, la mayoría de ellas se refieren a la de Presidencia, pero sí en cambio ha habido una incorporación de crédito que me gustaría que el señor Consejero nos aclarara. Una incorporación de crédito por importe de 296.000.000 y medio, importe éste que va destinado, o distribuido, de la siguiente forma: a servicios mínimos y fomento de mancomunidades 150.000.000. Pues bien, este concepto inicialmente estaba dotado con 66.870.000 pesetas, se hizo después una transferencia de crédito, la número 68 del ochenta y seis, por otros 70.000.000 de pesetas, y ahora una incorporación de crédito de 150.000.000 de pesetas. Total: casi 290.000.000 para este concepto, servicios mínimos y fomento de mancomunidades. Cuando en el debate presupuestario nuestro Grupo ya hizo hincapié sobre la insuficiencia de esto y no nos fue aceptada.

Segundo concepto al que va destinado esta incorporación de crédito: mecanización, ayuntamientos, padrones municipales, concepto nuevo que me gustaría nos explicase, y al que se dota con 26.000.000 y medio. Y tercer concepto: equipos para procesos de información, informática, que estaba dotado inicialmente con 40.000.000 y ahora, como consecuencia de la incorporación de crédito, se le añaden 120.000.000. Creo que es un grave error el gastarse 500.000.000 de pesetas por la Junta para la informatización en los Servicios Centrales y que ahora esta Consejería se añada, a la dotación inicial de 40.000.000, esta incorporación de 120.000.000 más para servicios informáticos, teniendo en cuenta que cada una de las Consejerías tiene sus propias aplicaciones informáticas. Podría existir, lo admitimos, una pequeña dotación, a nuestro juicio de un 10%, podría ser de unos 4 ó 5.000.000, simplemente, para mantenimiento, pero de esos 40.0000.0000 iniciales

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más otros 120 en esta Consejería para servicios informáticos dígame, señor Consejero, para qué si existe ya en los Servicios Centrales. Y nada más, muchas gracias, señor Consejero.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

El señor Consejero tiene la palabra... Perdón. Tiene la palabra, entonces, el Portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Gracias. Bueno, la verdad es que al principio de la Comisión, cuando daba la enhorabuena a nuestro Presidente en estos momentos, al ser elegido Vicepresidente, le comentaba yo un poco, en tono cariñoso, que casi no le había dado tiempo a tomar posesión previendo de que, evidentemente, podía ser ésta la última reunión de esta Comisión, porque, por otra parte, pues, por el tiempo yo creo que es lógico que pudiéramos pensarlo así. Sin embargo, la intervención del señor Estella la verdad es que me ha sugerido una cierta idea que voy a manifestar al final de la intervención, porque, realmente, más que contestar o hacer una valoración de la exposición del Consejero me ha parecido entender un poco que se trataba de llevar un cierto mensaje a los castellanos y leoneses de, bueno, no se ha hecho absolutamente nada, esto ha sido un fracaso, y, por lo tanto, pues, bueno, hay otra opción. Lo que pasa es que yo creo que eso es legítimo, cuando se trata de presentar esa otra opción yo creo que hay que darle un cierto carácter alegre, porque si todo ha sido tan negativo y tan negro, pues, evidentemente, luego si en el tono de voz de quien tiene que dar la alegría es así de triste, me da la impresión de que, entonces, no vamos a lograr esa conexión con los castellano-leoneses, que yo creo que sí que se ha logrado. Lo que pasa que hay ópticas diferentes, respetables y legítimas siempre, y, bueno, son formas de enfocar las cosas.

Yo creo que, efectivamente, no ha habido demasiadas reuniones, en eso podemos coincidir, ha habido una más de las que ha relatado usted, en el año ochenta y cuatro, pero también la verdad es que el área que abarca esta Comisión yo creo que es de contenidos importantes pero, evidentemente, tampoco da demasiado de sí para tener reuniones con temas puntuales. De todas maneras, y en eso yo comparto la responsabilidad que a mi Grupo le pueda tocar, siempre a través de la vía de reglamento, tenemos la posibilidad de pedir las comparecencias; por lo tanto, yo creo que si nos repasamos los boletines y nos repasamos, por tanto, las peticiones, me parece que es la primera vez que sucede que un Grupo pide la comparecencia del Consejero. Todas las demás ha sido siempre con carácter de petición del propio Consejero.

Yo creo que la valoración..., y la verdad es que el esquema no es que se me haya fundido, pero sí me lo ha cambiado un poco la intervención del Grupo Popular, porque creo que habrá que ver en su momento, tener un debate realmente sobre lo que ha dado de sí toda la labor de esta Consejería en esta área. Yo creo que es una labor positiva. A mí me parece que lo que hoy, salvo el Proyecto de Ley que, lógicamente, ya no tendrá tiempo de entrar en estas Cortes, sobre los pequeños municipios, yo creo que lo demás ha cerrado perfectamente todo el desarrollo dentro de las posibilidades, porque yo creo que el tema de las sedes no es un tema que se pueda achacar a la Junta, y en la valoración que hago de la Junta, y además me parece positivo el que también el Grupo Popular lo haya aceptado así, de que es una continuidad en la política, lo único que han cambiado son las personas, yo creo que no puede achacarse el que este tema por parte de la Junta, por parte del Grupo Socialista, no haya tratado de tomarse en un determinado sentido. Yo quiero recordar que, si la memoria no me falla me parece que fue el treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres, donde, por cierto, en un Pleno que se celebró en mi ciudad, en Segovia, tuvimos la oportunidad de tratar este tema, el tema de la sede. Tema que por las dificultades que encierra y por todos los problemas que conlleva, evidentemente, no ha tenido una salida. Entonces, yo creo que en eso tenemos todos una gran parte de culpa, o por lo menos desde mi óptica así me lo parece.

Yo creo que las leyes que se han desarrollado, pues, tienen la legitimidad que tienen en función de la mayoría que las vota. Por lo tanto, yo, me ha dolido un poco el que cuando se plantea el tema de la ley de la fiesta se diga que es una situación partidista y que pudiera ser, pues, una referencia equivocada. En cualquier caso, a este tema yo no quiero recordar, porque creo que al final de toda una legislatura tampoco es bueno enredarse en estas cosas, pero, en fin, las fechas alternativas que se propusieron en un momento, aparte de nunca estar clara cuál era la fecha, yo creo que tampoco tenía demasiado respaldo desde el punto de vista estrictamente autonómico. Pero lo que sí que es cierto es que esa Ley ha sido votada por la mayoría, y está representada en lo que está representada, y participa el pueblo en una fiesta en la medida en que cree que tiene que participar. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión que se pueda plantear como partidista, tiene la legitimidad que tiene, y me parece que no es procedente hacer esa valoración.

Yo creo que el tema importante, puesto que la ley del instituto, efectivamente, fue un tema largo también de discusión, duró..., pocas reuniones pero muchos meses, pero fue consensuado al final y yo creo que con satisfacción para todos, por lo menos para nosotros lo fue, yo tengo que decir que el tema más importante, por las repercusiones que tenía el desarrollo estatutario, por una parte, y por otra ir haciendo un determinado entramado a la Comunidad, era la Ley de la Coordinación.

A mí me parece que, al margen de las dificultades que pueda tener para el cumplimiento de los plazos..., yo tengo que decir que me gustaría que el Consejero hiciera una valoración, aunque lleva poco tiempo de vigencia, del desarrollo de la misma. Me refiero a qué participación o qué grado de participación hay en las diferentes Comisiones que la ley regulaba, me refiero

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a participación de los Ayuntamientos, me refiero a la participación de las propias Diputaciones. Porque creo que eso dará también una idea del nivel de aceptación y de también..., a lo mejor, descubrimos que al final todavía subyace un diferente planteamiento en cuanto a la concepción autonómica, y a lo mejor también eso, pues, es bueno tenerlo.

Yo creo que la valoración que aquí se hace, por parte del Consejero, en cuanto a temas puntuales, y que nosotros respaldamos porque creemos que ha sido positiva, quizá pudiera ser mejor comprendida si tuviéramos los datos un poco más especificados. Me refiero, por ejemplo, a que creo que ha sido positivo el tema de las Mancomunidades, pero aunque todas ellas se publican, puesto que sus estatutos tienen que publicarse en el Boletín y, por lo tanto, hemos tenido acceso, quizá a lo mejor convenía que los miembros de la Comisión tuviéramos un informe de cuántas Mancomunidades y qué pueblos componen cada una de ellas en la forma en que quiera, por provincias, o simplemente con el detalle de las mancomunidades. Como también me parecería importante tener el informe de cuántas oficinas de asesoramiento hay y sobre todo, un poco, conocer su puesta en marcha. Porque yo tengo alguna sensación, al menos en lo que uno conoce más inmediato, de que mientras que uno se apunta al proyecto, pues, a lo mejor el concepto con el que se apunta, pues, es diferente. Me refiero a que a pesar de que el convenio con mi provincia está firmado desde hace muchísimo tiempo, más de un año, sin embargo, no ha sido puesto en funcionamiento y a mí esto me preocupa, porque al final no sea que vaya a haber alguna concepción de que en lugar de ser una oficina de asesoramiento comarcal, por lo tanto, a los municipios, que es para lo que se instala, y quiero recordar que es un tema que nunca las Diputaciones lo han desarrollado, sino que ha sido la iniciativa propia de la Junta, al final da la impresión de que va a ser un órgano de apoyo más al Ayuntamiento donde se instala. Yo no creo que esto sea con carácter general y ojalá, incluso, estuviera equivocado en la apreciación que yo he hecho de lo que pisa uno todos los días, que es lo más inmediato. Y, por lo tanto, en ese sentido, yo creo que también habría que imprimir en los convenios una determinada fecha para su puesta en marcha y de esta forma que cumpla, realmente, el fin para el que ha sido adoptada.

A mí me parece que en el tema del patrimonio, en cuanto a la ayuda de los Municipios, yo creo que la sensación que tiene mi Grupo es de que no se ha podido solucionar el problema por la magnitud del problema, no porque el esfuerzo no se haya hecho, que se ha hecho, y es positivo. Y la verdad es que los criterios partidistas que es creo que la segunda o la tercera ocasión que se ha sacado este tema, porque creo que las otras veces lo he oído en la Comisión de Economía, en la comparecencia del Consejero, bueno, quizá a lo mejor haya algunos datos que puedan aportarse en una determinada provincia, pero vuelvo a insistir que muchas veces, a lo mejor, no surge el tema tanto en cuanto en la distribución partidista que rechazamos, sino en la agilidad que tengan algunos para la gestión, que a lo mejor es que hay personas mucho más ágiles o más preocupadas que otras en esas cuestiones y que, en todo caso, siempre se ha echado por la vía de las Diputaciones esa colaboración, y en las Diputaciones estamos todos, y jamás he oído una discusión, en los plenos de las Diputaciones, en el sentido de que se diera esa circunstancia de premiar a determinados colores, por lo menos; la verdad es que nunca ha salido esta noticia más que en los datos que se han podido dar, insisto, en estas Comisiones.

A mí me parece positivo, también, toda la situación que se ha tratado de ir coordinando en los temas de protección civil, que yo creo que ha sido una inquietud por parte de esta Consejería, de tratar de solucionar y sobre todo coordinar ese tema, y creo que en estos momentos de una sola Diputación, que si mal no recuerdo es la de Burgos, era la única que tenía un plan sobre este tema provincializado, me parece que en estos momentos, y por la incidencia que haya podido..., la preocupación que haya podido tener la Consejería en este tema, pues, ha pasado a que quizá esté en el orden de seis o siete Diputaciones que ya tienen elaborado ese plan. Plan absolutamente necesario, porque además hay que recordar que no es una situación uniforme la que se da en las provincias, y que mientras que en una, posiblemente en la mayoría, la cuestión de protección civil en cuanto a incendios, es decir, los parques de bomberos, están en manos de las Diputaciones hay otras situaciones que están diversificadas o incluso están en la propia mano del Ayuntamiento de la capital, con lo cual quizá, pues, cumpla un fin importante por la concentración de población, pero tampoco puede ayudar demasiado por las distancias en las situaciones que se pueda dar en la periferia. Por lo tanto, estos planes bienvenidos sean, ¡ojalá! que su coordinación dé los resultados de ver, con el esfuerzo de todas las instituciones que están implicadas, la comarcalización tan necesaria para este tema, sobre todo por lo que nos hemos quejado todos, por ser una realidad, de los numerosos incendios forestales y la masa forestal que tenemos en nuestra Comunidad.

Se ha hablado también de la Ley Electoral. Yo agradezco la información que el Consejero nos ha dado al respecto, pero me gustaría también que, dado de que no ha tenido demasiada vida esta Comisión, y si es de su Consejería de donde ha partido el proyecto, pudiera verse la posibilidad de que se tramitara a través de esta Comisión.

Y también, y finalmente, otras dos peticiones. Primero, de que también creo que sería importante que conociéramos, los miembros de esta Comisión, el informe que se ha remitido a las Diputaciones, sobre las posibles relaciones de transferencias a ellas, al objeto de tener esa información y poder hacer también hacer una valoración al respecto.

Y, finalmente, pues, un poco lo que al inicio de la intervención hacía y era que, con la intervención del señor Estella, me había sugerido de que ésta no fuera la última Comisión, y es hacerle la petición al Consejero

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de que en el momento en que pudiera tener un dossier elaborado de lo que han sido las realizaciones de esta Consejería cuantificadas pudiera comparecer antes de que estas Cortes se disuelvan, para, entonces sí, con los datos en la mano, los datos reales, poder establecer realmente lo que ha sido la Consejería. Porque yo creo que, por una parte, la queja la comparto, las pocas comparecencias que ha habido y, por otra parte, quizá, pues, los números de un Boletín a otro no los recordemos, sea importante tener todo ese dossier para ver realmente la importancia de la Consejería y sobre todo la actuación importante que el Consejero y sus Direcciones Generales ha llevado a efecto. En ese sentido yo creo que, bueno podríamos verlo y podríamos ver las dificultades tan enormes que también tiene esta Comunidad para conjugar la legítima petición de los ciudadanos en cuanto a elevación de calidad de vida, en poblaciones que a veces no superan ni los cincuenta habitantes y de los cuales tenemos una enorme cantidad de municipios, y donde, evidentemente, quizá, con la discusión de ese proyecto de Ley que ya no vamos a poder efectuar, en cuanto a los pequeños municipios, hubiéramos podido también establecer un debate de qué hacer en el futuro con esta situación, de conjugar la legítima aspiración que tienen los ciudadanos de Castilla y León en cuanto a una determinada calidad de vida, y la dispersión que hay en habitantes y en territorio imposible de conjugar, muchas veces, con la rapidez que se requeriría esta situación. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

Alfonso Prieto.

EL SEÑOR PRIETO PRIETO:

Muy brevemente, señor Consejero. Una pregunta y una petición. Y creo que pregunta y petición coinciden... La pregunta es manifestar un poco mi extrañeza, en línea con alguna preocupación concreta del Portavoz Socialista, de que al crearse unas oficinas de asesoramiento, que van dirigidas a los pequeños Municipios, resulta curioso que se haya creado una o dos, en alguna forma excéntricas, pero lo que ha llevado siempre es crear una justamente en la capital, Avila y el Barco, Burgos-Villarcayo; León, León Ponferrada; Salamanca, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Béjar; Segovia, Segovia y Cuéllar. Ya sé que es muy difícil el problema que tenemos entre manos, pero yo esto no lo acabo de comprender, la creación de una oficina de asesoramiento, porque incluso, aunque esté pensada para los pequeños municipios suburbicarios, que están bajo la urbe, hombre, yo creo que esos Municipios si tienen ahí la Diputación, que es un poco Ayuntamiento de Ayuntamientos, pequeños, pues hubiera sido interesante la dispersión. No acabo de entender a qué obedecen estas oficinas en el centro.

Y a la petición sumarme, a la petición del Portavoz Socialista, de un informe, a ser posible por escrito, de cuál ha sido de verdad el trabajo realizado por la Consejería. Y digo esto por una razón muy sencilla, porque en la primera sesión del anterior Consejero, por escrito, se nos dio su plan de actuación, y, entonces, sería realmente muy interesante el comparar un escrito, escrito de programa, con escrito de realizaciones. Nada más.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias. Respondo a las formulaciones señaladas y, en primer lugar, tengo que indicar, obviamente, que no estoy de acuerdo con las palabras del señor Estella de entender que el balance no es positivo, no le quito obviamente su derecho a que él entienda que el balance, efectuado por la Consejería en relación con las materias que afectan a esta Comisión, no sea positivo, pero creo que objetivamente puede señalarse lo contrario, incluso partiendo de sus mismas palabras. El ha señalado que en la primera o en las primeras comparecencias se indicó la realización de una serie de proyectos referidos a mancomunidades, ley de Diputaciones, fiesta regional, etcétera. Pues bien, si se hiciera esa comparación, que el Procurador señor Prieto también señala, para ver el balance, contrastar lo que inicialmente se dice que se iba a hacer con lo realizado, veríamos que los temas más importantes referidos a aquellas primeras comparecencias sí que se han realizado. En consecuencia, concluiríamos que el balance es esencialmente positivo.

Tres puntos. La ley de la fiesta regional, cuyo proyecto se anunció en su día, hoy día hay una ley aprobada por las Cortes. Segundo tema, la ley de Diputaciones, que inicialmente se desglosaba en dos proyectos de ley, se refundió en único proyecto de ley, y este tema fue también resuelto mediante la Ley de Relaciones con las Corporaciones Locales que, repito, es una, además de las primeras leyes que se hace en relación con esta materia por parte de otras Comunidades Autónomas. Segundo tema, por tanto, o segundo objetivo, por tanto, totalmente cumplido. Otra cosa es que no sea de satisfacción de los representantes del Grupo Popular, pero objetivamente yo creo que sí que puede manifestarse que el dato está cumplido, y luego podríamos valorar cómo está funcionando, digamos, cómo está funcionando, cómo está desarrollándose la ley, e incluso está previsto el informe de la propia Junta trimestralmente, que indique cómo se ha cumplido las previsiones de la Ley de Relaciones. Tercer tema, se hablaba de mancomunidades. Yo creo que si en este tema no se quiere ver que el balance es esencialmente positivo, es que obviamente , digamos, habrá alguna razón para no querer verlo. Si partimos de que en Castilla y León hay un número importante de pequeños municipios que por sí solos no pueden atender las necesidades que hoy día reconoce o exige el ciudadano, pretender fomentar voluntariamente que los municipios se asocien para que se presten a estos servicios con ayuda de la Junta creemos que ha de hacerse el balance positivo, si es que esas mancomunidades se han constituido. Pues bien, como antes he señalado, de seis mancomunidades municipales que existían hasta mil novecientos ochenta y tres, que hoy día haya cuarenta y una mancomunidades municipales, repito, el balance no puede ser más que positivo.

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Se ha aludido también a la Ley del Instituto de Administración Pública, obviamente, es una ley que se pactó, no voy a recordar palabras que se han señalado en otros momentos, que no obstante pactada en su momento fue, no obstante, enmendada también por el Grupo Popular, pero afortunadamente la ley está en vigor. Con el tema de oficinas de asesoramiento y ya respondo a la pregunta formulada por el señor Prieto. Las oficinas de asesoramiento no las implanta la Junta, esto es una idea, digamos, que se maneja en un momento dado, las oficinas de asesoramiento a los pequeños municipios, los pequeños municipios que necesitan..., puesto que no tienen técnicos suficientes para asesorarse en el ejercicio o para ejercicio correcto de sus competencias, cabían dos fórmulas: una, que la propia Junta instalara esas oficinas; otra, que las instalaran las Diputaciones y la Junta promoviera la instalación de esas oficinas. Se optó por esta segunda vía, entre otras cosas, por el reconocimiento de la competencia de las Diputaciones Provinciales de asesorar a los municipios. A tal efecto se publicó en el Boletín la correspondiente norma, abriendo la posibilidad de que las Diputaciones solicitaran la ayuda correspondiente de la Junta para la creación de esas oficinas que, en definitiva, responden a la idea de desconcentración, de desconcentración, de los servicios de la propia Diputación, en beneficio siempre, repito, de la idea de los pequeños municipios. Pues bien, son las Diputaciones las que piden que se instalen, puesto que tienen que atender o asesorar a todos los municipios de la provincia, que se instale una en la capital y otra en otro Municipio alejado, para la de la capital abarcar el asesoramiento de un conjunto de municipios, y la otra oficina abarcar al resto de los municipios de la propia provincia. Es decir, no es una instalación, repito, de la Junta, es de la propia Diputación que cuenta a esos fines con la ayuda de la propia Comunidad.

Obviamente, tengo que rechazar la idea de que hay criterios partidistas para el otorgamiento de subvenciones por parte de la Comunidad en materia de Casas Consistoriales, extinción de incendios, etcétera, por dos razones. Primero, las convocatorias son públicas, públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León. Esto es una política que siguió a iniciativa propia de la Junta, publicar siempre los créditos existentes cuando la asignación no sea nominativa, publicar la convocatoria respectiva en el Boletín, y que la concesión no fuera oculta, sino que la concesión también apareciera publicada en el Boletín, pero las ayudas que da la Comunidad en esta materia no son ayudas, digamos, del cien por cien, son ayudas en porcentaje, en porcentaje con los Ayuntamientos y con las Diputaciones. Por tanto, habrá que examinar que si una Diputación no pide, obviamente, no puede recibir. ¿Por qué? Porque la ayuda va en función del porcentaje que ella misma aporta y si ella no quiere aportar nada, obviamente, no puede recibir nada. Pero no se puede después acusar de discriminación por no haber aportado ayuda a esa Diputación, a lo mejor porque no lo ha pedido, e igual se puede decir respecto de Municipios.

En relación con un tema que, obviamente, no es de esta Comisión, pero que ha aludido el señor Estella, de su sorpresa de por qué ve en el Boletín una resolución de esta Consejería diciendo que se suspende un auto, bueno, pues, la razón es porque la resolución de la audiencia indicando que ese auto estaba suspendido, la comunicación a la autoridad administrativa, no digo al Letrado, a la autoridad administrativa, como yo entiendo que prevé la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, no se había producido. Y diría más: ni hasta la fecha se ha producido. Ha sido esta Consejería la que ha estado preocupada de ver cuándo llegaba, cuándo podía llegar esa resolución de la propia audiencia, y al no llegar, y para que no hubiera, digamos, ningún tipo de problema, la propia Consejería acuerda la suspensión. Con una rapidez yo creo que correcta se ordenó también la ejecución de la sentencia que anuló la convocatoria a que ha hecho referencia el señor Estella.

En relación con el proyecto de Ley Municipal, tengo que indicar que hoy día no es un proyecto de ley, obviamente, es un estudio de la Consejería, será, si es que lo es, proyecto de ley si lo aprueba la Junta como tal, de momento se está en estudios por parte de la Consejería, elaborando un anteproyecto de ley municipal en desarrollo de las previsiones de la legislación de Régimen Local, del Estado, para tratar especialmente temas específicos de esta Comunidad, en concreto dos, o fundamentalmente dos: la potenciación, insisto una vez más, en el asociacionismo municipal, puesto que, insisto, en esta Comunidad donde existen tantos pequeños municipios es preciso la potenciación de que los municipios, sin que tengan por qué desaparecer, puedan voluntariamente agruparse, voluntariamente asociarse para la prestación de los servicios que los ciudadanos demandan. Y, en segundo lugar, regular las relaciones entre el municipio cabecera y las entidades locales menores que hay numerosas en muchas provincias de la Comunidad. Se refiere, por tanto, esencialmente, esos estudios que están elaborando a temas organizativos.

Creo que es fácil comprender que en una Comunidad como ésta de tantos pequeños municipios, donde todos los servicios mínimos que la ley recoge que deben prestar los municipios no están atendidos, hablar de cantidades a las que se han hecho referencia en todo caso, a pesar de esa incorporación de créditos, siempre se consideran insuficientes. La cantidad inicial, obviamente, era insuficiente, la cantidad incluso que resulta de la incorporación es también insuficiente, los créditos en esta materia, lo hemos dicho siempre, son insuficientes, pero, obviamente, hay que atenerse a lo que hay.

En relación con el tema de la incorporación para padrones municipales se hizo para ayudar a los municipios para la elaboración y la informatización de los padrones municipales; ésa es la finalidad de esa incorporación. Y la incorporación para equipos informáticos es para la adquisición de los equipos informáticos que se consideraron necesarios para una buena informatización en las oficinas de la Junta.

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Agradezco las palabras del representante del Grupo Socialista y me comprometo a la remisión del informe que fue emitido al Consejo de Provincias sobre las materias que la Junta consideraba susceptibles de ser objeto de transferencia y delegación.

Tengo que indicar que ese Consejo de Provincias, que la ley establece que debe constituirse en un determinado plazo -no recuerdo ahora mismo si se incumplió o no el plazo, tengo idea de que raramente se han incumplido estos plazos previstos en la ley-, en todo caso, tengo que indicar que el Consejo de Provincias ha actuado por unanimidad, con representantes de las Direcciones Provinciales y de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, para la elaboración de su reglamento de régimen interior y en un tema especialmente importante para las previsiones del Fondo de Cooperación Local. Creo que lograr la unanimidad en estas materias, creo que lograr un Consejo de Cooperación de las Provincias, creo que hacer presentes a las Entidades Locales en la organización que prevé la Junta en su relación con ellas, creo que son datos importantes en la articulación de esta Comunidad. Siempre se ha dicho que ésta es una Comunidad muy extensa, se habla de la más extensa de Europa, con nueve provincias, más que ninguna otra de las Comunidades Autónomas que existen en España, con un número de municipios el mayor, el más extenso también de España, creo que intentar vertebrar la articulación con las provincias, con las Entidades Locales, creo que son pasos importantes en la vertebración; ésa es la línea que ha seguido la Consejería y en esa línea está le ley de relaciones, y en esa línea está el Consejo de Cooperación, y en esa línea se ha avanzado cuando los acuerdos del Consejo de Cooperación encima se toman por unanimidad en esas materias, no tiene por qué ser siempre por unanimidad, pero sí, repito, que en esas materias que son importantes se han tomado de esa forma.

Respondiendo también a la sugerencia del representante del Grupo Socialista, tengo que señalar que hasta la fecha, en relación con ese proyecto de estudios que se remitió al Consejo de Provincias y también se remitió después a todos los Ayuntamientos capitales de provincia y de más de veinte mil habitantes, hasta la fecha han solicitado ya la constitución de Comisiones de Cooperación previstas en la ley, los Ayuntamientos de Valladolid, de Salamanca, de Ponferrada y de Miranda. Hasta la fecha también se ha recibido una valoración positiva en la materia, sin perjuicio de que después se entre en los detalles concretos, puesto, que esto, repito, debe ser fruto al final del diálogo entre la Administración que hoy día tiene la competencia, la Comunidad Autónoma, y la que en su día puede recibir la competencia, Diputación o Ayuntamiento, se ha recibido también una propuesta favorable de la Diputación de León indicando que es un criterio elaborado con la Diputación también de Valladolid y de Salamanca.

En relación con la solicitud de informe sobre mancomunidades municipales, me comprometo a su remisión a esta Cámara, así como en relación con las oficinas de asesoramiento. Hay un tema, es verdad, que supone el determinar en qué momento se pone en función esas oficinas de asesoramiento. La idea parece válida, la idea no es solamente, repito, de la Junta, se hace en colaboración con las Diputaciones, las oficinas las instalan ellos, la Junta ayuda a ello. Pero, obviamente, a la Junta le preocupa el momento en que se pone en funcionamiento esas oficinas y se está estableciendo en los convenios que se están firmando la previsión de un plazo máximo, como regla general, de dos meses desde que el convenio se firma a la puesta en marcha de la oficina de asesoramiento. Hasta la fecha yo sé que la oficina de Cuéllar no se ha puesto en marcha, pero tengo noticias de que en breve plazo sí va a ser puesta en marcha, puesto que en esa línea hay un compromiso del propio Presidente de la Diputación de Segovia.

No creo que..., vamos, no es competencia mía determinar a qué órgano o qué comisión, a qué comisión dentro de esta Cámara debe tramitarse la Ley Electoral, la propia Cámara, a través de los órganos competentes, debe resolverlo, pero me parece que incluso el tema ya está resuelto y se ha designado ya a qué Comisión debe corresponder. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

El señor Estella, tiene la palabra.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente. Voy a consumir este turno de réplica y, realmente, no sé si tengo que contestar solamente al señor Consejero o debo hacerlo también al Portavoz del Grupo Socialista quien, a mi juicio, asumiendo un papel que no le correspondía me contestó a mi primera intervención; aprovecho para hacerlo a los dos conjuntamente evidentemente.

Me decía el señor Portavoz del Grupo Socialista, reconociendo que han sido escasas las reuniones que ha tenido esta Comisión, que por qué no habíamos solicitado más. Pues, mire usted, en alguna ocasión hemos solicitado otras reuniones; recuerdo una en la que vino el anterior Consejero y nos despachó con cinco minutos diciendo que él no entraba en el tema porque nuestras preguntas no estaban formuladas reglamentariamente. Recuerdo también otra Sesión, convocada para el día veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, que se suspendió porque en aquellas fechas la actividad de las Cortes se vio paralizada como consecuencia de la dimisión del anterior Presidente don Demetrio Madrid; o sea, que hemos solicitado más reuniones pero no las ha habido por unos motivos o por otros y no siempre por nuestra culpa, desde luego.

En relación con las sedes, yo no culpo a la Junta. Usted reconoce que, efectivamente, no ha existido acuerdo, pero todos hemos de reconocerlo y es un hecho que ahí está: que no existe sede definitiva de nuestras instituciones, que es lo único que yo he puesto de manifiesto sobre esta mesa en esta Comisión. De todas maneras, si no ha existido acuerdo para fijar definitivamente las sedes, yo me pregunto por qué se trasladaron las sedes de Burgos, del antiguo Consejo de Castilla y León a

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la ciudad de Valladolid. Recientemente, creo que conocerán la sentencia del Tribunal Supremo en este asunto, en la que el Tribunal Supremo decide y le dice a la Audiencia Territorial de Burgos que entre a conocer de este asunto, porque la Audiencia Territorial de Burgos decía que era un asunto político y que los temas de político en asuntos actos de gobierno quedan excluidos al margen de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa; y el Supremo dice no, eso no es un acto administrativo, perdón, no es un acto político, todavía no ha existido voluntad política, ustedes no se han puesto de acuerdo a fijar las sedes, eso es un acto administrativo y, por lo tanto, entra a conocer si procedía o no el traslado de la sede del antiguo Consejo de Castilla y León de Burgos a la ciudad de Valladolid.

En relación con la fiesta creo que quedó clarísimo cuál era nuestra propuesta alternativa. Presentamos una enmienda a la totalidad, con un proyecto alternativo, en el que señalábamos como fecha para la fiesta regional el día doce de Octubre. De manera que está clarísima cuál era nuestra postura en relación con la fiesta regional.

Tema de Casas Consistoriales. Lo hemos dicho muchas veces, pero como me hurgan tengo que insistir, y en este caso aprovecho para contestar al señor Consejero y al Portavoz del Grupo Socialista. No me diga que existen mejores gestores, o que hay Ayuntamientos menos habilidosos, o más indiferentes ante la hora de solicitar estas subvenciones, porque en el caso concreto de Salamanca yo lo puede decir que, aprobados por la Diputación Provincial de Salamanca en sesión plenaria, venían a la Junta quince expedientes de Ayuntamientos de AP propuestos para que se le concediera las subvenciones y, mire por cuanto, en la Junta esos quince expedientes que venían para AP ninguno es subvencionado y, a cambio, se introducen trece expedientes nuevos que no habían solicitado, y se le conceden ayudas o subvenciones para Casas Consistoriales a trece Ayuntamientos del PSOE y dos de independientes.

En cuanto a la Ley Electoral, asumo la petición del Portavoz del Grupo Socialista, aunque ya veo, por parte del señor Consejero, que no vamos a tener ocasión de tramitar esa Ley ante esta Comisión. Lo siento porque también me hubiera gustado ello.

Y en relación con lo que me ha indicado el señor Consejero, me dice que el balance de esta gestión de su Consejería en relación con esta Comisión ha sido positivo; acepto, no lo comparto, creo que subjetivamente es un criterio subjetivo, y que a nuestro juicio ese balance no puede calificarse de positivo. Porque, dígame usted: ha habido a lo largo de toda la legislatura tres sesiones informativas, tres reuniones de esta Comisión; actividad escasa. Iniciativa legislativa: tres proyectos han llegado a ser ley, uno consensuado, vale, los otros dos no hemos sido oídos, ni en le de la fiesta regional ni en el de las Diputaciones. Nuestras enmiendas parciales para la ley de Diputaciones nos fueron rechazadas. En la ley de fiesta regional hubimos de ausentarnos del Pleno por el mismo motivo; se tramitó por lectura única. En ambos proyectos nuestro Grupo no fue oído. ¿Dónde está ese deseo de colaboración, dónde está la iniciativa legislativa de esta Consejería? Me alegro y me sumo también a la petición del Portavoz del Grupo Socialista de que no sea ésta la última reunión y que se nos haga un balance cierto de cuál ha sido la gestión realizada por la Junta, pero, ya digo, que lo hecho hecho está y puede ser positivo o negativo según la óptica desde la que se mire. Porque algo se ha hecho, yo lo reconozco, pero en el tema de fomento de Mancomunidades ha habido 70.000.000 anuales en la Ley de Presupuestos para este concepto, y en el año ochenta y seis, como dije antes, con esa incorporación de crédito se eleva a 290.000.000 el concepto presupuestario para fomento de Mancomunidades. A lo largo de los cuatro años unos 500.000.000 de pesetas para fomento de Mancomunidades. Con 500.0000.000 de pesetas se han creado treinta y cinco Mancomunidades nos ha dicho el Consejero, de seis han pasado a cuarenta y uno. Si eso es una gestión positiva con 500.000.000 fomentar, o crear, o constituir, treinta y cinco Mancomunidades de municipios, pues, es un hecho que ahí está, cada uno que lo valore. El Consejero dice que es positivo, a nuestro juicio no es ningún dato positivo.

En relación con las oficinas de asesoramiento, seguimos diciendo que son innecesarias, que estos servicios que prestan las oficinas de asesoramiento se pueden prestar a través de las Delegaciones Territoriales que para eso están.

Y en relación con la suspensión del auto de la audiencia es una simple matización, porque me dice usted que se le notificó al letrado; lógico. El letrado es el que actúa en nombre y representación de la Comunidad y es al que se le tiene que notificar la sentencia o el auto, en este caso, de suspensión; ¿por qué ha de esperar la Junta a que se le notifique personal o particularmente? Se notifica al letrado que actúa en su nombre y representación, y desde esa fecha comienzan a contar los plazos en casos de recursos; de manera que la diligencia de la Junta, en este caso, de la Consejería no está por ningún sitio. Le recuerdo que el auto de suspensión de la orden es de nueve de Enero de mil novecientos ochenta y siete; el Consejero firma la orden de suspensión el nueve de Febrero, un mes después, que se publica en el Boletín Oficial del trece de Febrero, y resulta que el cinco de Febrero ya se había dictado la sentencia, ¿dónde está la diligencia?

Y, repito, que ¡ojalá! no sea ésta la última reunión y tengamos ocasión de seguir charlando sobre la gestión realizada por la Consejería. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

Portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Bueno. Yo, en primer lugar, decirle al señor Estella que si ha creído ver en mi intervención alguna situación que, bueno, terrea en alguna forma lo que es el hábito parlamentario, pues, yo creo que en todo caso, si hay alguna cosa que lo siente

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profundamente, pues, no hay ningún inconveniente en pedirle disculpas; yo creo que no ha sido ése el tema. Pero también le rogaría que, evidentemente, pensara que su intervención ha sido una intervención más política de fondo, que, realmente, en analizar la situación de la Consejería y que lo entiendo, sobre todo, pues, porque la idea que todos traíamos, en principio, es que hoy era un poco la despedida. De todas maneras, yo creo que en alguna de las cosas que usted ha hecho, pues, ha metido criterios partidistas y entonces, lógicamente, también me corresponde tocar esos temas. Y de todas maneras nuestro Grupo es el que respalda a la Junta, en estas comparecencias a lo mejor se me va un poco la mano y el corazón, pero, obviamente, tengo que respaldar al Consejero, evidentemente.

De todas las maneras yo, en lo que usted ha manifestado, no voy a entrar ya en el tema, que ya digo que solamente lo he oído en Salamanca, porque habría que tener los datos, posiblemente usted tenga unos, yo, desde luego, no tengo ninguno y, por lo tanto, no puedo establecer esa discusión con usted.

Pero sí quiero tocar dos temas. En la Ley de Coordinación no hubo acuerdo pese a que sí que hubo esfuerzos. Lo que pasa que seguramente al final, -y yo creo que eso es el debate que ha quedado pendiente, porque en el Pleno no le tuvimos, ustedes se marcharon-, al final yo creo que lo que ha quedado por ver es realmente qué modelo para esta Comunidad, en relación con esa descentralización con las Diputaciones y los Ayuntamientos, qué modelo tiene el Grupo Popular. Yo creo que es un debate que no hemos podido asistir a él y que es una cuestión que queda pendiente. Yo, en aquel proyecto había cosas enormemente curiosas, porque, si mal no recuerdo, incluso en la introducción se hablaba de algo de las islas, y hurgando por ahí en los proyectos y en las cosas llegué a ver cierto parecido en la introducción con el estatuto, perdón, con la ley que se había hecho en Baleares. Y, hombre, aquí sí que hay alguna idea de hacer el Duero navegable, pero, vamos, llegar a tener islas parece realmente difícil. Por lo tanto, yo creo que eso no es una acusación que se pueda verter contra nosotros, sino que no hubo posibilidad por los esfuerzos y porque cada uno tiene su concepción muy respetable y, en definitiva, había que sacarlo.

Pero los hechos, curiosamente, están demostrando una realidad distinta. En el informe que nos daba el Consejero en cuanto a valoración parece ser que todas las Diputaciones Provinciales están ahí, que están colaborando, que han visto la necesidad de esa coordinación y me imagino que también tendrán, pues, su reticencia y su situación de que les hubiera gustado otra cosa. En definitiva, los hechos, parece ser que al desarrollar la ley viene a dar la razón de que era necesario y que se está dispuesto a dinamizar ese texto. Entonces, a mí me parece que eso es positivo.

Yo aplazo el debate a tener los datos. A mí me parece que el tema de las Mancomunidades, analizándolo y viendo cuántos pueblos hay metidos en cada una de ellas, la importancia presupuestaria que pueda tener esos pueblos, el dinero y el esfuerzo que ha hecho la Junta en cada uno de ellos, yo es lo que creo que va a dar vivacidad a ese debate, por tanto, con unos datos que podamos creer o no creer, pero en cualquier caso a través de los Boletines con el informe previo, pues, vamos a poder contrastar si es real o no. Por lo tanto, hasta entonces esperaremos.

Y únicamente decir que, bueno, no entro en la consideración de las sedes. Yo creo que ése es un tema que no hemos podido resolver, no sé si en la próxima legislatura habrá posibilidad de resolverlo; alguna obligación yo creo que sí que tenemos. Pero, en cualquier caso, reconocerá conmigo Su Señoría que, independientemente de que el traslado se haya hecho no se haya hecho, los datos apuntan de que en el sitio físico en que estaban entonces era imposible. Por lo tanto, algún sitio había que buscar. Si la oportunidad fue más inteligente, por parte de los vallisoletanos, pues, ésa es la que hubo; en cualquier caso, la situación es provisional y simplemente manifestar mi deseo, que creo que es el de todo mi Grupo y sobre todo el de muchos castellano-leoneses, de que un tema de este tipo se solucione, porque la verdad es que nos tiene, o por lo menos yo siento alguna vergüenza, de que después de cuatro años no hayamos sido capaces de determinar cuál es la capitalidad de esta Comunidad, y yo creo que es algo en lo que todos tenemos culpa y tenemos que hacer un serio esfuerzo por liquidar esta situación, y sobre todo por no dar la sensación de guerras permanentes entre provincias que nada beneficia al conjunto de la Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

El señor Consejero tiene la palabra para contestar a las intervenciones.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias. Muy brevemente para insistir, puesto que la réplica habida, obviamente, no me ha convencido, insistir en el balance positivo de la actuación de la Consejería en las materias que se refiere a esta Comisión. Indicar que en las leyes en que no ha habido consenso, pues, obviamente, no se puede echar la culpa a la Junta, puesto que habría que examinar también, habría que hacer una especie de autocrítica si es que ese consenso no se consigue por la propia postura que uno mismo adopta.

No es que haya 500.000.000 para fomento de Mancomunidades. El programa se llama fomento de Mancomunidades y servicios mínimos, y servicios mínimos. Eso significa que se han destinado cantidades a servicios mínimos que no van directamente a través de Mancomunidades y otras a través de las Mancomunidades municipales. Es decir, no se debe englobar la misma cantidad para una única finalidad.

En relación..., y reitero, obviamente, el deseo de que la fijación definitiva de las sedes se haga con el amplio consenso de los Grupos representados en la Cámara. Unicamente decir que, en relación con la fijación por parte de la Junta en Valladolid, me parece que esa

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sentencia a la que alude, o el auto al que alude el señor Estella, me parece que no se refiere a ese tema, puesto que, que yo sepa, hay una sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos precisamente declarando válido el traslado de la sede de la Junta de Burgos a Valladolid. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

Alguno... Estella, quiere... ¿Alguno de los Procuradores presentes quiere intervenir?, no pertenecientes a la Comisión. Señor Letona tiene la palabra.

EL SEÑOR LETONA BARREDO:

Yo solamente quisiera preguntar al señor Consejero si la Consejería de Gobierno Interior y Administración Territorial tiene intención de pedir a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad que elaboren un inventario sobre los riesgos, posibles riesgos potenciales, que pueda haber en ésa y que pueda afectar a la ciudad, para una vez conocidos esos riesgos y aprobada la norma básica de protección civil se puedan elaborar los planes de emergencia pertinentes. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias. Efectivamente, el tema de protección civil es un tema que hay que abordarle dentro del marco de la ley. La norma básica es, digamos, el punto eje para el desarrollo de los planes territoriales y especiales a que la propia ley alude. Mientras no exista la norma básica no se puede homologar, como dice la propia ley, esos planes especiales y territoriales. Es propósito de la Consejería la constitución de la Comisión Regional, la Comisión de Protección Civil de Castilla y León, donde yo entiendo deben de estar representados los municipios y provincias de la Comunidad. A partir, digamos, de ese momento, y en desarrollo de las previsiones legales, yo creo que más que desde la propia Comunidad insistí a los municipios que ellos elaboren los riesgos potenciales, en manos de la Comunidad está ayudar, y eso sí que es propósito de la Comunidad, ayudar a la elaboración de los planes que la propia ley exige para después, precisamente, facilitar su homologación a través de la Comisión Regional de Protección Civil que se cree. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

Señor Letona.

EL SEÑOR LETONA BARREDO:

Muchas gracias por la contestación.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR CORDERO DE LA CRUZ):

: ¿Alguien mas? Se levanta la Sesión.

(Se levantó la Sesión siendo las trece horas treinta minutos).