DS(C) nº 23/1 del 26/3/1984

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Obras Públicas, de acuerdo con el Orden del Día previsto. Antes, hacer constar la presencia aquí del Consejero de Obras Públicas y del señor Secretario Técnico de la Consejería, Secretario General y de los Directores Generales. También en el Grupo Socialista ha sido sustituida la persona de Ignacio de Blas, por Laurentino Fernández. El Procedimiento va a ser el normal; de entrada, una vez que lea el Orden del Día, va a intervenir el señor Consejero por tiempo ilimitado, después procederemos a la suspensión de la sesión durante un período de quince minutos, e inmediatamente se reanudará con la intervención de los portavoces y, acto seguido, la de los Procuradores. En el caso de la sustitución por el Grupo Socialista, es la de Ignacio de Blas a quien ha sustituido Laurentino Fernández.

El Orden del Día es el siguiente: Informe de transferencias como primer punto. Segundo punto: Informe gestión última etapa. Y tercer punto: Ruegos y preguntas.

Sin más, damos paso a la intervención del señor Consejero de Obras Públicas y Urbanismo. Señor Consejero, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Buenas tardes. En esta comparecencia, la segunda vez que se reúne la comisión de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León, nosotros hemos querido y queremos que sea en su desarrollo, de alguna manera, un poco distinta a la primera comparecencia; de tal manera que yo voy, de acuerdo con el Orden del Día, a hacer una introducción -espero que breve- sobre ambos temas, para luego poder utilizar la parte más importante de la tarde, que yo entiendo, en un diálogo, en un coloquio a base de preguntas y respuestas, en las que yo entiendo que no habrá ningún problema, que al mismo tiempo que contesto yo puedan contestar el resto del equipo de la Consejería. Yo creo que eso puede, digamos, dar más juego a la tarde y que podríamos aprovechar, por tanto, más todos. Hemos entregado unas carpetas de Transferencias que forman un poco la parte final de transferencias, que..., en el actual momento, para la Comunidad Autónoma son: el Decreto de Carreteras; este Decreto prácticamente ya no tiene ningún problema en su redacción, entendemos que es el Decreto definitivo, y que, por tanto, está simplemente pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros. Ya en la anterior comparecencia recuerdo que entregamos el mapa de la red que va a permanecer en titularidad del Estado, y yo creo que ampliaciones sobre este tema, lo que representa la transferencia de carreteras, como supongo que recordarán, es algo así como el setenta y cinco por ciento de la red de titularidad del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, con lo que a la Comunidad Autónoma se le transfieren del orden de once mil kilómetros (luego hablaremos del proyecto de Plan de Carreteras), y, vamos, es un Decreto que al final yo creo que, bueno, es el mismo Decreto por supuesto que el resto de Comunidades Autónomas, y que no plantea mayores problemas.

El Decreto, luego, de Transferencias en Obras Hidráulicas; éste sí que ha sido un Decreto que ha sido muy, bastante debatido, como ya comenté en mi anterior intervención. Bueno, ninguna Comunidad Autónoma tiene, en estos momentos, transferidas competencias en Obras Hidráulicas; sólo Rioja, con un texto de Decreto que está totalmente en revisión, ya que el resto de las Comunidades Autónomas entendíamos que adelantaba alguna serie de temas que están muy lejos de haber sido negociadas, ni tan siquiera puestas encima de la mesa. En el momento actual se refiere estrictamente a abastecimiento y saneamiento de poblaciones y a encauzamientos y protecciones de márgenes en áreas urbanas, lo cual es fundamentalmente la antigua colaboración del Estado con las Corporaciones Locales en este tema, y que, para la Comunidad Autónoma, pues aparte de poder (igual que con el de carreteras), digamos, gestionar directamente partes muy importantes del Fondo de Compensación Interterritorial, representa también un primer inicio de presencia en las Confederaciones Hidrográficas, ya que, a través de este Decreto, la Comunidad Autónoma dispondrá de cuatro representantes en la Junta de Gobierno (me parece que es el órgano la Junta de Gobierno) de la Confederación Hidrográfica del Duero, y, al mismo tiempo tendrá un representante en la Confederación del Norte, en la del Ebro y en la del Tajo. Luego hablaremos de "la Ley de Aguas" que es un poco, en este momento, digamos, el caballo de batalla a través del cual se va, posteriormente, a seguir negociando el resto de competencias en Obras Hidráulicas que reconoce el Estatuto y los Estatutos de Autonomía.

Por último, hemos facilitado el Decreto de Transferencias en Vivienda, el Decreto que recogería las transferencias de las Direcciones Generales de Arquitectura, de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y de los Organismos Autónomos del Instituto para la Promoción Pública

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de Vivienda y del Instituto Nacional para la calidad de la edificación. Este Decreto (el texto que entregamos) es el texto que vio la Comisión Mixta; faltan en él de precisar, de acuerdo con el acta de la Comisión Mixta, algunos temas sobre los compromisos que adquiere el, que mantiene el Estado sobre deudas, expropiaciones y temas de este tipo, que ya hay un texto, ya hay un texto redactado, y, al mismo tiempo, falta también matizar conceptos terminológicos para ajustarlo a los artículos del Estatuto, ya que en principio se estaba hablando de competencias sobre patrimonio arquitectónico, etcétera, que son conceptos que no figuran en el Estatuto de Autonomía y que, por tanto, se van a sustituir por conceptos tales como "patrimonio monumental".

Bien, yo creo que los textos están ahí, yo creo que a lo largo del debate podríamos explicar bastantes cosas, yo creo, fundamentalmente, el mayor interés que tienen estas tres transferencias es que, a través de ellas, será cuando realmente se transfieran a la Comunidad Autónoma del orden de unos dos mil trescientos funcionarios (concretamente el paquete más fuerte es en carreteras), y permitirá a la Comunidad Autónoma, digamos, gestionar directamente una cifra del Fondo de Compensación Interterritorial del orden de los ocho mil (lo voy a decir un poco de memoria), del orden de ocho mil quinientos millones de pesetas, además de inversión de reposición por una cifra también del orden de dos mil quinientos millones de pesetas, tanto en carreteras como en el IPPV, y en Agricultura y Vivienda.

Voy a pasar ahora, también brevemente, a hacer una serie de referencias a las gestiones efectuadas por la Consejería durante todo este tiempo. Bueno, con anterioridad, desde la intervención en esta Comisión el mes de noviembre, fue el cuatro de noviembre, hasta el momento actual, se han publicado dos Decretos de Transferencias: ha sido el Decreto sobre el CEOTMA (Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) y las competencias de la antigua Dirección General del Medio Ambiente, con lo que en este momento, así como entonces yo hablaba de que teníamos transferidos del orden de veinticuatro funcionarios, hoy en día ya los funcionarios transferidos son un número de sesenta y seis; pero, por tanto, todavía muy lejos de las expectativas a las que me he referido antes. Ha habido una actuación que yo considero que es importante, y que es un tema que está en este momento en el ambiente, que es el problema que se está creando (luego probablemente podremos hablar más de él) con la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, en relación con las partidas incluidas en la sección treinta y tres, que no podía gestionar la Administración del Estado, ni tampoco podían gestionar las Comunidades Autónomas (también podremos referirnos con más amplitud). Antes, nosotros, la resolución que hemos tomado, a propuesta del MOPU, es aceptar por supuesto una modificación presupuestaria en base a la cual los ingresos, un cuarto del Presupuesto -o sea, lo que se refiere al primer trimestre- pudiera ser gestionado por la Administración del Estado, y, en este sentido, nos hemos movido constantemente en esta línea, para que las certificaciones del primer trimestre las págue la Administración del Estado y nosotros empecemos a gestionarlas efectivamente desde el mismo momento en que se produzca la transferencia, sobre todo por ser obras ejecutadas, contratadas y en marcha.

Sobre el Plan Regional de Carreteras, bueno, yo, en la intervención anterior, también hablamos de que estamos empezando a trabajar sobre el Plan Regional de Carreteras. Efectivamente, nosotros ya hemos sacado a concurso (salió en el Boletín Oficial de Castilla y León, número siete, de trece de febrero) el concurso para la primera, la primera etapa del Plan de Carreteras; se presentaron tres, tres empresas; la propuesta de adjudicación es para el Consulting de EISER, y tenemos previsto la firma del contrato el próximo treinta de marzo, con lo que yo creo que podremos empezar ya a avanzar cosas concretas sobre cuál va a ser la política en la red de carreteras a transferir, incluso, como están viendo, antes de que se produzca la transferencia. Me he referido antes también, y yo creo que es una gestión que tiene importancia, al tema de las Confederaciones, por lo que tiene en relación con la Ley de Aguas. Nosotros hemos informado, a petición del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el primer borrador de anteproyecto de Ley de Aguas al que hemos tenido acceso; lo hemos valorado positivamente las partes del mismo, que entendemos que son progresistas y que va a servir para mejorar la gestión del agua en España, ya que es un bien escaso. Entendemos que es un tema difícil, dada la complejidad que para algunas cuencas hidrográficas tiene la distribución del Estado de las Autonomías (siempre hemos comentado aquellas Confederaciones o aquellas antiguas Confederaciones que están distribuidas a lo largo de siete u ocho Comunidades Autónomas); pero, sin embargo, hemos pedido que se contemple de una manera más clara y más exacta, de acuerdo con los Estatutos de Autonomía, aquella posibilidad. Nosotros entendemos que en Castilla y León es muy importante tener competencias exclusivas

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sobre parte de los cursos de agua que afectan a la Comunidad.

En estas relaciones con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, hemos informado, al mismo tiempo, el Plan General de Carreteras. Yo, en la intervención anterior, dije que no conocíamos el Plan de Carreteras nada más que por la información de la prensa, o sea que no teníamos más información que la de cualquier ciudadano; con posterioridad, hemos tenido ya los dos documentos: primero, el documento que el Ministro presentó en la Comisión de las Cortes, y, con posterioridad, la documentación total del Plan de Carreteras. Nosotros hemos valorado positivamente, entendemos, los dos, dos de los programas del Plan General de Carreteras: el que se refiere a refuerzos y a conservación, me parece; y hemos sugerido una colaboración más fuerte, por parte de las Comunidades Autónomas, sobre lo que se refiere a travesías urbanas, ya que entendemos que había problemas y faltas de, incluso, de conocimiento de cuál era lo que estaban haciendo los Ayuntamientos, cuáles eran las propuestas urbanísticas, y lo que en el Plan se recogía, y hemos, y en esto estamos esperando una respuesta del MOPU sobre el programa de autovías, que es el que, entendemos, en el que la Comunidad Autónoma tenía un trato más desfavorecido y que por lo tanto consideramos que había que renegociar el programa de autovías.

Sobre abastecimientos y saneamientos como he dicho antes, el Decreto de transferencias está próximo a ser aprobado por el Consejo de Ministros. Ya no tenemos problemas en cuanto al texto del Decreto; sí surgen todavía algunas dudas sobre la valoración. Y, sin embargo, como entendemos que es un tema importante que vamos a tener que gestionar, digamos, de una manera coordinada con todos aquellos organismos que hacen inversiones, en este capítulo, hemos tenido unas reuniones, tanto con las nueve Diputaciones de la Comunidad Autónoma, como con los Ayuntamientos de ciudades de más de veinte mil habitantes; porque, evidentemente, esta es una política directamente relacionada con los Municipios, bien sea a través de la Diputación, bien sea a través de los municipios grandes, y, además, que es una política en la que se está invirtiendo dinero por parte de muchos Organismos y Diputaciones, a través de Planes Provinciales de nuestra antigua Dirección General de Obras Hidráulicas, en el futuro Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en el que a veces se están haciendo inversiones duplicadas o no estrictamente jerarquizadas. Tuvimos esta reunión con las Diputaciones para hacer un auténtico inventario, y repartimos una especie de formulario, que esperamos que todos los municipios contesten, para empezar a hacer una planificación que nos permita dar prioridades en una materia que entendemos que hasta ahora estaba bastante sometida a una cierta arbitrariedad, y que, en muchos casos, dependía de la capacidad de gestión de cada Ayuntamiento o de cada Diputación. Queremos este año concentrarnos fundamentalmente en los problemas de alerta roja, intentar hacer la totalidad de la inversión en los municipios pequeños, en aquellos temas de falta de abastecimiento y, al mismo tiempo, en los Ayuntamientos importantes empezar a invertir de acuerdo con los programas de los Planes Generales de Urbanismo; ya que entendemos que, siendo las competencias de la Consejería, tanto las que se refieren a Obras Públicas como a Urbanismo, tenemos que romper un poco aquella dinámica anterior de la Administración Central, de ir haciendo estas cosas independientemente y, por lo tanto, en los grandes Ayuntamientos, en los que todos tienen Plan (lo tengan en proceso de revisión, o lo tenga ya aprobado definitivamente en la revisión, o en la situación que sea), invertir siempre de acuerdo con el Plan; y luego (otra cosa muy importante), firmando un convenio de mejora de gestión del agua, de tal manera que al mismo tiempo que la Comunidad Autónoma invierta en estas materias, adquieran los Ayuntamientos el compromiso de mejorar toda la política de tarifas para empezar a utilizar el agua como un bien escaso que en parte importante hay que ahorrar.

Una transferencia de las ejecutadas también con posterioridad a la anterior intervención en las Cortes, fue, ante la Comisión de las Cortes, fue la del Patronato de la Vivienda Rural. El Patronato de la Vivienda Rural anteriormente dependía de los Gobiernos Civiles, y, como sin duda saben, se nutre de dos caminos distintos: por un lado, su propio patrimonio, que está formado por la acumulación de subvenciones recibidas a lo largo del tiempo, así como por las devoluciones de los préstamos y los intereses de ese patrimonio; y, por otro lado, por las subvenciones que anualmente establece el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. El Decreto en la asunción de competencias que se adjudicaron a la, no se adjudicaron, se asignaron a la Consejería por la Junta, simplemente modificamos la Presidencia del Patronato: antiguamente eran los Gobernadores Civiles y nosotros lo hemos sustituido en todas las provincias por el Director General de Arquitectura y Vivienda; y el Secretario del Patronato, ya que antes eran los Secretarios Generales de los Gobiernos Civiles, y nosotros lo hemos sustituido

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por el único funcionario cualificado, digamos, que en este momento tenemos en cada servicio provincial, que es el Secretario de la Comisión Provincial de Urbanismo. En este sentido, se hicieron la división de, esto fue a final de año, las reuniones de los Patronatos se fueron haciendo a lo largo de diciembre, se aprobaron las asignaciones de acuerdo con los, básicamente de acuerdo con los listados y las propuestas que ya tenían los Gobiernos Civiles, y, al mismo tiempo, estamos en este momento de acuerdo con la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la Tesorería y la Asesoría Jurídica, unificando todas las cuentas (siempre vamos a unificar todas las cuentas, que existían en cada Provincia, en todas las Provincias, en alguna Caja de Ahorros) para poder, a partir de ese momento, empezar a dar, efectivamente, las subvenciones del año. Tenemos en preparación (lo que pasa que todavía no muy maduro) un Decreto por el que se modifique la composición del órgano del Patronato que distribuye las ayudas, que entendemos que podrá empezar a funcionar con más agilidad cuando la Consejería disponga no sólo de las transferencias de Vivienda en cada Provincia, siendo cuando se proceda al nombramiento de los Delegados Territoriales.

Otro tema importante en el que hemos trabajado y han trabajado todas las Comunidades Autónomas en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, es el Plan Cuatrienal de Viviendas de Protección Oficial. A finales del año pasado también salió el Decreto por el que se pone en marcha el Plan Cuatrienal de Viviendas, plan en el que, digamos, el IPPV subvenciona intereses a los préstamos aquellos que hayan concedido en cada caso las Cajas de Ahorro, la Banca privada, la Caja Postal o el Banco Hipotecario. El planteamiento, tal y como está en este momento, es que el dinero para subvencionar estos intereses permanece -y todas las Comunidades Autónomas lo han aceptado y lo han entendido como tal- en manos de la Administración Central, de tal manera que, en principio, al principio del año (y luego me extenderé un poco más sobre el tema), se regionaliza en principio, de manera que se estudian y distribuyen los cupos que corresponderían a cada Comunidad Autónoma; pero que, evidentemente, siendo este Plan, siendo su base real la iniciativa privada, la capacidad de promoción de los promotores privados en un momento del año, evidentemente, si en esa primera, en ese primer cupo por Comunidad Autónoma hay Comunidades Autónomas que no son capaces de agotarlo, y hay Comunidades Autónomas en que efectivamente la promoción privada está funcionando en ellas pues, en un momento del año, ese dinero, antes de que digamos se pierda y no se invierta, se modificará su composición regional. La propuesta que el Ministerio hacía para la Comunidad Autónoma (vamos, para todas las Comunidades Autónomas), estaba en la extrapolación de las viviendas de protección oficial que se habían construido en cada Comunidad Autónoma en los últimos años; y el número que correspondía a Castilla y León era del orden de unas nueve mil viviendas, cifra que coincidía exactamente con la propuesta que a mí me habían hecho los empresarios de la construcción, que entendían que esa cifra de nueve mil viviendas era, exactamente (es más, no conocían ni uno ni otro estos datos, cuando por ambos lados yo los he conocido) como la capacidad que ellos tenían para promover, y como la capacidad del mercado también para comprar viviendas. Evidentemente, este Plan que, si los promotores, yo entiendo que lo consideran como positivo si se logra poner en marcha, tiene su punto más importante en la capacidad de financiación por parte, fundamentalmente, de las Cajas de Ahorros. El porcentaje de lo que tenían que invertir las Cajas de Ahorros de la Región, vamos, que tenían que suscribir el convenio con el Ministerio o con la Confederación de Cajas de Ahorros, que era la que había firmado el convenio, en este momento, en Castilla y León, las Cajas de Ahorros ya han firmado sobre el noventa por ciento de la cifra total que tenían que hacer y faltaba, según mis últimos datos, faltaban dos Cajas para firmar el convenio, que eran la Caja Provincial de Valladolid y la Caja de Avila, que eran las dos únicas que no lo habían, que no lo habían firmado; y tanto por parte de la Administración Central, como por parte de nosotros, como por parte de los propios promotores que son los más interesados, se estaban haciendo las gestiones para que se firmara, se cubriera hasta el cien por cien la capacidad de financiación y parte de las Cajas de Ahorros. La Comunidad Autónoma, como consecuencia del Decreto de Transferencias de Viviendas, será la que entienda de las calificaciones provisionales y definitivas de los expedientes.

Por último, el último tema importante es el de las viviendas de promoción pública. La financiación de estas viviendas, como ya es conocido, va a ser con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, figurando en los Presupuestos Generales del Estado una partida de cuatro mil setecientos millones de pesetas para inversión en vivienda en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, lo cual, conociendo los compromisos por obras, obras contratadas, con horarios pendientes, etcétera, daría una capacidad de iniciar este año del orden de unas setecientas viviendas.

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Nosotros estamos ahora haciendo, y a partir desde hace muy poco tiempo tenemos la mínima infraestructura, para poder hacer esto, en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, el análisis exacto de la situación de todas las promociones para poder, en el momento que se haga la transferencia, conocer exactamente cuál es nuestra capacidad de inversión. De todas maneras, la línea que nos estamos marcando es que, sabiendo (porque ese dato sí que lo hemos sacado) que hay del orden de unas dos mil viviendas paradas, en obras paradas en la Comunidad Autónoma, bien sea por suspensiones de págos, por pendientes de aprobación de proyectos reformados o adicionales y que, por tanto, la empresa tiene parada la obra tanto en cuanto se aprueba el modificado, la línea prioritaria absolutamente nuestra, va a ser el acabar estas viviendas según se vayan rescindiendo los contratos, que es un proceso en el que estamos instando al IPPV para que vaya rescindiendo contratos con todas estas empresas. Y, por tanto, más importante, entendemos, que empezar viviendas nuevas, es acabar toda esa herencia pesada que asume la Comunidad Autónoma de obras paradas y que en algunos casos están pendientes de unas inversiones realmente muy pequeñas para que puedan ser ocupadas.

En cuanto a Urbanismo, bueno, prácticamente, en este momento, de toda capacidad de inversión que teníamos el año ochenta y tres, que consistía tanto en ocho millones de pesetas que incluimos en los Presupuestos de la Comunidad, más diecisiete millones y medio que procedían del Fondo de Compensación, más la transferencia de la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, transferencia que llegó a finales de diciembre y que no se pudo incorporar en los Presupuestos ya hasta este año, hemos cubierto el programa de inversiones, a través, bien de convenio con Diputaciones, o vía directa de subvención a Ayuntamientos que en aquellos casos en los que a través de la Diputación Provincial entendíamos que no se habían gestionado correctamente los anteriores convenios. Como ya dije entonces, se han firmado los convenios con la Diputación de Avila, Burgos, Valladolid, y se va a firmar en Soria, que es el último; y, en el resto de las Provincias, se ha subvencionado directamente a Ayuntamientos, ya que no hubo posibilidad de que las Diputaciones justificaran una correcta (Palencia también en parte, en parte de Diputación y en parte de Ayuntamiento) una correcta gestión de anterior convenio. La manera de distribuir el dinero que hemos utilizado el año pasado (luego podríamos entrar con más precisión) era una asignación fija por Provincia y, luego, unos coeficientes en función de la población, la superficie de la Provincia, el número de municipios de más de cinco mil habitantes, y creo que había un cuarto criterio.

Hemos constituido la Comisión de Urbanismo de Castilla y León; en mi anterior comparecencia yo entonces lo anuncié; ya se había aprobado el Decreto, pero no lo había publicado todavía el Boletín Oficial de Castilla y León. La Comisión Regional se ha reunido ya en dos ocasiones: el 12 de diciembre y el 19 de diciembre, para tratar los temas de los Planes Generales de Salamanca, Avila, Valladolid y unas modificaciones puntuales del Plan de Ponferrada, y, como consecuencia de estas reuniones de la Comisión, de la Comisión de Castilla y León, se ha procedido a la aprobación de los Planes Generales de Valladolid y Salamanca, de una modificación puntual del Plan General de Ponferrada, y se ha devuelto el Plan General de Avila. En aquella comparecencia también hablé del Decreto de Modificación de las Comisiones Provinciales de Urbanismo; entonces, si mal no recuerdo, estábamos pendientes del dictamen del Consejo de Estado. Se recibió el dictamen del Consejo de Estado, con tres puntualizaciones pequeñas: una, conceptual, del significado de una palabra, y las otras dos se referían al sistema de nombramiento por parte de los representantes de la Administración Central, y otra era sobre la representación de Corporaciones, Organismos, etcétera. Modificamos el Decreto en esos tres aspectos, y el Decreto se aprobó por la Junta y se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León del día treinta de enero. En la Transitoria dijimos que, bueno, seguían funcionando las mismas Comisiones hasta que no se constituyeran; y, en este momento, se están constituyendo las nueve Comisiones Provinciales de Urbanismo, ya con representación de la Comunidad Autónoma, a través de los Delegados Territoriales, y también cambiando los representantes de la Administración Local, que si bien el Decreto dice que serán nombrados en su día por la Federación Castellano-Leonesa de Municipios y Provincias, como ésta no existe, la misma Disposición Transitoria fija que sea la Junta la que nombre, a propuesta de la Consejería de Gobierno Interior y Administración Territorial, la que proceda a los nombramientos de los Alcaldes, lo cual se ha hecho recientemente, y luego, si hay alguna pregunta en concreto, nos referiremos a ello.

Por fin estamos, en este momento, trabajando en un Decreto de Coordinación en materia urbanística, que entendemos que es un tema importante y que además puede ser fácil, muy fácil

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de hacer, ya que, digamos, entraría todo en competencias transferidas a la Comunidad Autónoma, pero que hasta este momento realmente en la Administración del Estado carecía de una mínima coordinación. Sería la coordinación con la Consejería de Industria a los efectos de autorizaciones para abastecimiento de energía eléctrica; en este momento, y hasta hace muy poco, se detectaba que se, se autorizaban abastecimientos de energía eléctrica a operaciones urbanísticas de dudosa legalidad, si no de ilegalidad absoluta: En materia de Agricultura, con el tema de las parcelas mínimas de cultivo y la capacidad de conversión de secanos en regadío, con efectos urbanísticos. Y, por último, con la Administración Local, ya que también hemos detectado que, en algunos momentos, se autorizaban ventas y segregaciones a Municipios, con efectos urbanísticos, cuando realmente estaban en contra de los propios Planes de Urbanismo del mismo Ayuntamiento.

Bien; sólo yo querría acabar haciendo referencia a otra de las cosas que tenemos entre manos, que ya han anunciado en su día. Firmamos un convenio con el Instituto Geográfico Nacional para la edición de un mapa de la Comunidad Autónoma, ya que, bueno, hasta este momento carecemos de un instrumento tan elemental de trabajo y de divulgación; o entendimos que era a través del Instituto Geográfico Nacional, el que nos garantizaba una operación de calidad (yo creo que hasta este momento sólo existe por ahí un mapa editado en un momento, de muy dudosa calidad, incluso de valor estético); y, bien, por una serie de circunstancias, se nos ha ido retrasando la ejecución real de ese plano, pero yo creo que en este momento ya tenemos la garantía de que a finales del mes de mayo podremos tener el mapa de la Comunidad Autónoma, del cual pensamos, en principio, hacer una edición de unos diez mil ejemplares.

Bueno, un poco en el espíritu éste de que sea más a través de las posteriores intervenciones en lo que podamos aclarar temas, yo daría, por mi parte, por finalizada la intervención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, de acuerdo. Entonces, después de la intervención del señor Consejero, procedemos a suspender la sesión durante ¿diez minutos? ¿Un cuarto de hora? Bien, vale, de acuerdo. De acuerdo, vale. Pues procedemos a suspender la sesión durante veinte minutos y luego será reanudada.

(Se suspendió la sesión.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bueno; se reanuda la sesión, dando paso a la intervención de los señores Portavoces de cada Grupo. Les recuerdo a los señores portavoces que su período de intervención será de diez minutos, y que tienen después derecho, después de la intervención, de la contestación del señor Consejero, a un turno de réplica de cinco minutos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Consejero, señor Presidente, señores Procuradores. Bueno, yo quería empezar agradeciendo al señor Consejero la brevedad de la exposición, y este esfuerzo de síntesis que ha tratado de hacer en ella, si bien, como todas las cosas, pues tiene su contrapartida. La verdad es que el esfuerzo de síntesis ha sido tan grande que, bueno, al final ha sido pasar sobre una serie de temas, los cuales los ha enunciado, prácticamente, y ha dejado sobre la mesa el contenido profundo de los diferentes temas esbozados, y yo supongo que, a partir de esta intervención, se podrán complementar. Primero, nos ha dado aquí tres proyectos de Reales-Decretos: uno, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de carreteras; otro, en materia de abastecimiento, saneamientos, emplazamientos y defensa de márgenes de ríos, y otro de la vivienda. Bueno, refiriéndome a los dos primeros, claro, estos proyectos de Decreto son prácticamente los cascarones. Yo creo que lo importante son estos puntos en blanco, estas cosas que no están escritas aquí; es decir, qué carreteras se traspasan a la Comunidad Autónoma, y, sobre todo, la valoración de esos servicios, de esas carreteras que se traspasan a la Comunidad Autónoma; porque yo creo que, y lo he dicho muchas veces, que lo importante no son las transferencias, sino lo importante son el cómo se hayan hecho las transferencias. Yo creo que lo importante sería saber, pues, no sólo los kilómetros de carretera que se traspasan, ni las carreteras que se transfieren, sino saber, fundamentalmente, cómo están calculados los costos, qué gastos de funcionamiento se han estimado y qué dinero vamos a tener para invertir en los próximos años en carreteras, en relación con lo que se estaba invirtiendo estos años. A mí me gustaría, de verdad, que pudiéramos ser tan, tan inteligentes en esto de las transferencias como en el tema de carreteras fueron los catalanes, por ejemplo, que yo oí alguna vez hablar al Director General de Carreteras, el señor Diamante (no sé si es el mismo Director General o ha cambiado) en que hablaba, pues, cómo en las transferencias a Cataluña verdaderamente que les habían engañado, en una palabra, al Estado,

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y les habían dado dinero de lo que le correspondería para la conservación y para la ejecución de las nuevas carreteras. Bueno, yo, por tanto, creo que esto que se nos ha dado aquí en carreteras pues, claro, es muy poco; sería necesario complementarlo y sería necesario rellenarlo, e incluso, más que la información que se nos pudiera dar, por lo menos, por lo que a mí respecta, es en que se sepan hacer esas transferencias de tal forma que, verdaderamente, y a través del momento en que las carreteras estén transferidas, las carreteras sean mejores..., y podamos hacer más kilómetros de carreteras nuevas. Una cosa que no se ha dicho aquí y que yo creo que sería importante también decir en el tema de carreteras, es cómo se va a arbitrar la ejecución y la conservación de carreteras en relación con, o sea, cómo se van a arbitrar las relaciones con las Diputaciones, para saber si se van a ceder algunos kilómetros de estas carreteras transferidas a las Diputaciones o, por el contrario, algunas carreteras provinciales van a ser carreteras regionales; en definitiva, cómo se va a hacer esa relación con las Diputaciones, que yo creo que es un tema que es importante coordinarlo.

Lo mismo que he dicho de carreteras, pues se podría decir en relación con el tema de abastecimiento, saneamiento, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos. Yo creo que aquí, como en lo de las carreteras, lo importante (yo creo que en estas cosas se inventa un poco), y lo importante sería que se dispusiera de más medios de los que ahora se están arbitrando por el Estado, y, para ello, lo básico, lo fundamental sería pues que estos, estos huecos que existen aquí, pues estén, se puedan llenar lo mejor posible para que la aportación, la financiación sea, sea mejor.

Y ya cuando entramos en el tema de viviendas, que ya sí que viene relleno con estos números, bueno, pues tampoco estos números nos dicen gran cosa; porque, cuando se trata de tener quinientos noventa y un millón de pesetas para inversiones, parecen muy poco cuando se hablan de planes de nueve mil viviendas (he entendido que serían anuales) por ejemplo, aunque se hagan a través de la Caja de Ahorros. Yo supongo que las Cajas de Ahorros, aunque lleven a cabo la financiación, recibirán alguna ayuda, algún aporte económico por parte de la Comunidad para hacer eso; en fin, no sé cómo se lleva a cabo, pero esto tampoco se nos ha aclarado.

Sí que se nos ha dicho que la vivienda de promoción pública correrá a cargo del Fondo de Compensación Interterritorial; pero yo creo que sería necesario concretar un poco más qué viviendas van a ir a cargo del Fondo, y cuál va a ser la aportación del Fondo.

Sobre el Plan Regional de Carreteras, pues tampoco se nos ha adelantado más que se va a firmar con la empresa EISER el treinta de marzo. Yo supongo que lo que se va a firmar es un estudio para llevar a cabo la calificación o la clasificación de las carreteras regionales. He querido entender que se trataba de esto.

Sobre la Ley de Aguas, igualmente, pues se nos ha dicho que se han informado positivamente, o se han valorado positivamente las partes progresistas de las mismas. Yo creo que, claro, hubiéramos necesitado también ser un poco más explícitos y ver de qué forma esta Ley de Aguas va a incidir en Castilla y León, y qué forma va a tener, van a contemplar, en la misma, los diferentes intereses públicos y privados.

También se nos ha dicho, se nos ha informado del Plan General de Carreteras. Bueno, yo creo que este Plan General de Carreteras es éste que desde alguna Provincia (Burgos era una de ellas) tanta polvareda armó, porque se dejó de contemplar la ejecución de la autovía Burgos-Madrid, por ejemplo, la Nacional-1. Yo no sé si esto, en esta información se han podido aportar datos suficientes para que algunas cosas como esta puedan corregirse, o no.

También se ha hablado de los convenios con los Ayuntamientos y las Diputaciones en materia de urbanismo. Yo he querido entender que existen unos criterios, como superficie, como población, como núcleos mayores de cinco mil habitantes, etcétera, en cada Provincia. Y, bueno, yo creo que habría que contemplar, o se estará contemplando también otro, que es muy importante, que es el interés de las diferentes Provincias para hacer los diferentes convenios; porque lo que debería llegarse es a un punto de equilibrio, en el cual existiera interés por parte de las Provincias para hacer estos convenios, valorándolo de tal forma, que prácticamente se llegara a un punto de equilibrio y que no hubiera que acudir a ningún índice, sino que las necesidades de la Provincia y el interés de la Provincia (porque tienen que hacer una aportación también Diputaciones y Ayuntamientos), pues estén prácticamente equilibrados con el dinero que se pueda disponer por parte de la Junta.

Sobre las Comisiones Provinciales de Urbanismo, se nos ha hablado de que los componentes de la misma no se hace por la Federación Castellano-Leonesa de Municipios y Provincias

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por una razón: porque no existen; pero yo no sé cómo se están llevando a cabo las Comisiones Provinciales de Urbanismo, la composición de las mismas. Yo sí que querría aquí dejar patente una propuesta en el sentido de que se están teniendo en cuenta nada más a los dos partidos mayoritarios para la composición de las mismas; no hay ni una sola Provincia, ni una sola Comisión de Urbanismo en la que a los partidos minoritarios, como el P.D.L., se le haya invitado a participar, si bien con alguna representación modesta, en las mismas. Y se me podrá decir que, bueno, la representación normalmente es, a escala municipal, del P.D.L., es muy reducida; pero yo diría que no tanto, porque en algunas Provincias, como Burgos, tiene cuarenta y cinco Alcaldes y doscientos cuarenta Concejales: es una representación por lo menos bastante, aunque modesta, bastante importante para que pudiéramos tener un representante en la Comisión Provincial de Urbanismo y no se nos ha invitado a ello.

Y, finalmente, yo quería hacer dos preguntas en relación con dos organismos, que no se nos ha hablado de ellos, pero que también creo que convendría decir algo. Yo he estado oyendo decir hace un cierto tiempo, que se va a transferir el Gran Area de Expansión de Castilla y León. Yo, cuando he oído hablar de esto, no sé si lo que se transfiere es simplemente el servicio con el personal, y por lo tanto con el coste del personal, o lo que se transfieren también son las ayudas que se están dando a las empresas; no se transferirán, como es natural, los créditos que son de los Bancos, del Banco de Crédito Agrícola, del Banco de Crédito Industrial; pero sí que en cierta manera puede ser transferible -yo, por lo menos, querría saber si es transferible-, las subvenciones. Y éste es un tema muy importante, porque éste sí que es, el estudio, el buen estudio de la transferencia que se haga, con una disponibilidad de medios suficientes, sería el factor determinante para la industrialización de Castilla y León que tanta falta está haciendo. Y aquí sí que sería interesante, sería muy interesante la transferencia, porque el Gran Area de Expansión de Castilla y León no está cumpliendo el fin para el cual fue creado; y lo digo con, con entero convencimiento de lo que digo, porque yo participé activamente en las negociaciones que llevaron a cabo con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con los Presidentes de la Diputación de Castilla y León en aquellos tiempos, y la verdad es que el funcionamiento del Gran Area de Expansión de Castilla y León está haciéndose, después, con una falta de agilidad y con una falta de extensión, de publicidad, de divulgación, que existen muchas industrias, muchas pequeñas industrias de todas las Provincias de la Región que no se acogen a los beneficios, por una de dos razones: o porque no han conocido, no han tenido suficiente información de estos beneficios que existen, o porque han hablado con otros industriales y han entendido que la tramitación era tan larga, los beneficios les han venido no después de días, semanas o meses, sino a veces de años, a veces tardan más de dos años; entonces yo creo que esta, que esta tardanza les ha quitado todo interés en solicitar estos beneficios. Yo creo que aquí sí que sería importante, transferido o no transferido -yo ya no lo sé-, porque lo de transferir o no transferir, la ventaja de lo mismo sería que se transfiriera con más medios de los que se disponen; pero, de una forma o de otra, se debería hacer que el Gran Area de Expansión Industrial de Castilla y León actuara con mucha más agilidad de lo que hoy está actuando.

Y, finalmente, me quería referir también a otro tipo de urbanismo, que son las GESTUR. Yo entiendo que las GESTUR no están transferidas y que siguen dependiendo de la Administración Central. Sin embargo, yo quiero ver también un cierto desinterés por parte de la Comunidad Autónoma, por parte de la Junta, en las GESTUR. Yo creo que no se les está prestando mucha atención. Las GESTUR son unos organismos que verdaderamente pueden agilizar y pueden llevar a cabo una gestión del suelo muy importante. Yo he conocido el nacimiento de una GESTUR, he conocido el nacimiento de una GESTUR, que he colaborado a crear, y, bueno, yo estoy asistiendo, en estos momentos, a una vida lánguida de esa misma GESTUR por un cierto abandonismo; a pesar de ser el Estado mayoritario en el ochenta por ciento, se ha seguido dejando la Presidencia en manos de la Diputación, que es minoritaria, y parece que uno, por ser minoritario, y la Administración Central, pues, habiendo perdido un poco el interés por todo el problema del bipartidismo que se produce en estos casos, la verdad es que estos GESTURES, yo creo que están entrando en un período de vida lánguida y me parece que es una lástima. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Montoya. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Voy a contestar en parte, porque a mí me gustaría luego que se ampliara por parte de alguno de los Directores

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Generales, alguna de las cosas que, que ha expuesto el señor Montoya; entonces, incluso como método, yo no sé si podíamos hacerlo al alimón en algún momento, no creo que haya problema, ¿no?, sobre todo para algunos de los casos puntuales que ha expuesto el señor Montoya.

Entonces, bueno, ha empezado hablando del esfuerzo de síntesis; yo creo que, evidentemente, cuando se hace una intervención así -lo hemos estado comentando antes de empezar-, es porque yo creo que sería a través de, en este momento, donde se podían preguntar cosas muy concretas y a las que creo que podremos contestar en una gran parte. Yo creo que todo lo que he preguntado sobre el proyecto de Decreto, fundamentalmente de carreteras, sobre el tema de valoración, metodología de transferencias y tal, yo voy a pasar, al final de mi intervención, la palabra a Pedro Escudero, Director General de Obras Públicas, que creo que podrá exponer precisamente cuáles han sido los criterios de la negociación Comunidades Autónomas (porque han sido Comunidades Autónomas en bloque, a través de las Comisiones de valoraciones) - Administración Central, el reparto de los funcionarios, inversión de reposición, etcétera, etcétera, etcétera; o sea que aparco un momentín esa pregunta. Sobre la relación con las Diputaciones, que esto es el tema, viene relacionado con lo que ha expuesto después sobre el Plan Regional de Carreteras. Nosotros -y eso yo lo dije también en mi intervención anterior ante esta Comisión-, la idea que teníamos era que el Plan de Carreteras, que encargamos ahora como documento técnico, pueda ser al final una Ley que se presente en las Cortes, una Ley que tenga dos objetivos: primero, digamos, fijar a ese nivel el compromiso de inversiones, fijar desde las Cortes cuál va a ser la prelación, el rango de las inversiones que vamos a hacer, en qué carreteras vamos a invertir, con qué prioridades; y, luego, muy importante, cuál va a ser, digamos, la modificación que así, "a priori", podemos apuntar como notable, de carreteras que sean competencia de la Comunidad Autónoma, o carreteras que sean competencia de las Diputaciones. Nosotros entendemos que, a través de unas conversaciones con las Diputaciones, y a través de esta Ley aprobada por las Cortes, lo racional sería, al final, que una parte importante de la red de carreteras que se transfiere pudiera pasar a dependencia de las Diputaciones, ya que puedan tener fundamentalmente un carácter Local; y que, sin embargo, carreteras que en este momento dependan de las Diputaciones, pero que entendemos que pueden tener un carácter Regional y que en algún caso son las menos, las menos, en las que menos se invierte, precisamente, por problemas a lo mejor de entre Provincias, que esas carreteras deberían de pasar a competencia de la Comunidad Autónoma.

Sobre obras hidráulicas, precisamente nosotros lo primero que hemos hecho, incluso antes de asumir las competencias, ha sido el iniciar el contacto con las Diputaciones, para a los efectos de programar este tipo de inversión, inversión que, evidentemente, en abastecimientos y saneamientos, al sitio donde va es a los Municipios; son problemas de abastecimientos y saneamientos de Municipios. Por lo tanto, hemos propuesto, a través de las Diputaciones, en colaboración con las Diputaciones, hacer unos programas que podrían acabar siendo unos convenios para, con aportación tanto de los fondos de la Comunidad Autónoma, como de los fondos de los Planes Provinciales, poder racionalizar la inversión en obras hidráulicas, en abastecimientos y saneamientos, que, en este momento, de los datos que tenemos de la inversión del Estado, realmente carecen de cualquier tipo de criterio de territorialización: nos encontramos con Provincias en las que se invierten del orden de trescientos millones de pesetas, hasta aquellas en la que se invierte tres o incluso aquella en que se invierte cero, ¿no? Yo creo que es a través de esta relación como podemos programar la inversión en abastecimientos y saneamientos de poblaciones.

Sobre vivienda, cuando se habla de los quinientos millones de pesetas, eso se entiende que en los Decretos de Transferencias lo que se transfieren son los que afectan al capítulo 1 y 2 y al capítulo 6, pero inversión de reposición; luego esos quinientos millones de pesetas, igual que los dos mil doscientos de carreteras (dos mil doscientos me parece que es la cifra, poco más o menos) son la inversión de reposición, luego es la inversión de mantenimiento. Esto no tiene nada que ver con las viviendas de promoción oficial, de promoción privada, el plan Cuatrienal de viviendas; cuando he hablado del orden de nueve mil viviendas para la Comunidad Autónoma, no tiene nada que ver con este dinero. La promoción privada, digamos, promueve mediante créditos de instituciones financieras (Cajas de Ahorros, Caja Postal, etcétera), con subvenciones de créditos, con subvenciones de intereses, tres puntos hasta seis puntos, me parece que puede ser en algún supuesto, con un dinero que se mantiene en los Presupuestos Generales del Estado, en el IPPV, que, como he explicado antes, se territorializa a principio de año, pero que luego, en función de la propia iniciativa, que es la que lógicamente hace este tipo de vivienda, en un momento del año podrá desplazarse

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esa inversión hacia las, hacia otras Comunidades Autónomas, porque, evidentemente, aquello que depende de la iniciativa privada es muy difícil que se territorialice, ¿no?; y la promoción pública en vivienda directa, eso es lo que se invierte con cargo al Fondo, esos son los cuatro mil trescientos o cuatro mil setecientos millones de pesetas que figuran en el Fondo de Compensación Interterritorial de este año. Luego son cosas, digamos, distintas: una cosa es el mantenimiento, otra cosa es la inversión de obra nueva y otra cosa es las subvenciones de créditos a la promoción privada, la promoción privada con protección oficial.

Bueno, vuelvo a lo del Plan de Carreteras, que ya me he referido antes; lo que hacemos en este momento es empezar a producir los documentos técnicos, los documentos técnicos para empezar a conocer qué es lo que vamos a tener, que en este momento no es nada más que un mapa lleno de carreteras y con una información muy deficiente. Bueno, prácticamente todas las Comunidades Autónomas, o algunas, han empezado a hacer sus propios planes de carreteras; tienen que racionalizar cuál es la red que reciben, cuáles van a ser las relaciones con las Diputaciones, o, incluso, con organismos que en la Comunidad tienen unas redes muy extensas de comunicaciones, como puede ser IRYDA (tiene miles de kilómetros de vías) o puede ser el ICONA, o incluso los propios, los propios Ayuntamientos. Esta primera fase, con el resto de las fases del Plan de Carreteras, nosotros lo que pretendemos al final es, precisamente, hacer una Ley, la Ley del Plan de Carreteras, que presentaríamos a las Cortes para, a partir de este momento, digamos, romper un poco la mecánica esta de cada año hacer un programa en función de presiones o amistades no sé qué, sino saber, saber a cuatro años, o tres años vista, qué son, cuáles son las carreteras que vamos a hacer.

La Ley de Aguas, cuando yo he dicho que hemos hecho una crítica al anteproyecto, al borrador que se nos presentó por parte del MOPU, yo entiendo que, bueno, se ve que la Ley de Aguas puede tener cosas progresistas, que igual que a finales del siglo pasado, en la época de la restauración, se convirtieron en aguas públicas todas las aguas superficiales, o prácticamente todas las aguas superficiales del territorio nacional, la Ley de Aguas, evidentemente ahora, cuando entra en el tema de las aguas subterráneas, entendemos que eso, con matizaciones normalmente, es un avance progresista; sobre todo ahora cuando, digamos, la tecnología actual permite ir a unas profundidades en las que se están agotando los acuíferos subterráneos, las aguas fósiles, y se está llevando a partes muy importantes del territorio nacional, y en la Comunidad hay sitios muy significativos en los que enormes inversiones hechas por los agricultores, por ejemplo para regadíos, al cabo de dos o tres años están inutilizadas porque los niveles freáticos han descendido hasta tal nivel que se han agotado; mucho más se agrava en estos momentos, en años más o menos de sequía y sobre todo de sequías en algunas zonas. Ha habido otras partes que no nos han parecido progresistas; o sea, realmente -y es lo que hemos dicho-, que el papel secundario de las Comunidades Autónomas, que se pretendía dar en la Ley de Aguas, no se puede considerar aceptable cuando hay Estatutos que reconocen -y el nuestro es uno de ellos-, que las Comunidades Autónomas pueden tener competencias exclusivas sobre una serie de cauces de agua. Hablemos de cuáles son esos. Hay otras cosas en las que, evidentemente, las Comunidades Autónomas no pueden tener competencias exclusivas; pero, de esos que pueden tener, hablemos lo que haga falta sobre ellos, y, al final, logremos un sistema de funcionamiento.

Sobre el Plan General de Carreteras, bueno, yo he hablado antes un poco en general, y podemos ir al tema de la N-1 en concreto. Nosotros, cuando hemos informado la documentación que nos entregó el Ministerio, hemos dicho que entendemos que la N-1 debe convertirse en autovía, al menos que debe empezarse en la N-1 como autovía, que se debe empezar a invertir en la N-1 como autovía; nosotros no sabemos ahora, porque estamos en un proceso de negociación, qué parte, pero sí que pensamos que, bueno, que en primer lugar el Plan General es un Plan a ocho años y que, evidentemente, el Plan yo creo que tiene que ser más a lo largo: a ocho años tiene que ser, digamos, la inversión, pero no el diseño definitivo de cuál es la red de carreteras, de carreteras del Estado. Yo creo que nosotros ahora podemos ser relativamente optimistas sobre este tema; creemos que ya en el Ministerio se está pensando empezar a acometer tramos de la N-1 como autopista, y yo creo que con esto ya tenemos una negociación importante que llevar a cabo para que cuando el Plan aparezca en las Cortes (ya que ahora sólo estamos hablando de un avance), cuando el Plan llegue a las Cortes, realmente el tratamiento de la N-1 sea satisfactorio para la Comunidad, para la Comunidad Autónoma, ¿no? Eso no quiere decir que en los ocho años se haga la autovía en la totalidad, pero sí que se empiece a hacer autovía la N-1.

Sobre los convenios de urbanismo, bien, yo creo que los criterios de territorialización, nosotros entendemos que, en todo caso, deben, deben

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plantearse. Igual que hemos, que en obras hidráulicas, cuando al final se nos transfieren las obras comprometidas, vemos que hay una diferencia de una Provincia a otra de trescientos a uno, por ejemplo, entendemos que todos los créditos que nosotros manejemos tienen que tener, en principio, un criterio de territorialiación en función de una serie de criterios objetivos; y habrá que seguir mejorando esa objetivización de los criterios, en función de las auténticas necesidades urbanísticas de cada Provincia. Ahora, en principio, yo creo que todas tienen. Y, evidentemente, aquellas que presenten interés, en realidad lo que están haciendo es, a través de los propios fondos de las Diputaciones o de los Ayuntamientos, multiplicando la inversión en planeamiento.

Sobre las Comisiones Provinciales de Urbanismo, bueno pues, evidentemente, mientras no exista la Federación Castellano-Leonesa de Municipios y Provincias, antes los representantes de los Municipios se designaban por la Comisión Provincial de Gobierno, y ésos son con los que hemos estado funcionando, manteniendo los mismos Ayuntamientos, aun cuando hubiera cambiado, incluso, el color político de ellos, hasta este momento, en el que ha sido, a propuesta de la Consejería, de acuerdo con el Decreto, y a propuesta de la Consejería de Gobierno Interior y Administración Territorial, cuando se han modificado los Ayuntamientos, para Ayuntamientos de más de tres mil y de menos de tres mil habitantes en cada Provincia. No es cierto que no haya entrado ningún partido minoritario, en Avila, por ejemplo, ha entrado un alcalde del C.D.S.; siento que del Partido Demócrata Liberal no haya entrado ninguno. Normalmente, prácticamente, en todas las Provincias es uno de Alianza Popular y uno del Partido Socialista, excepto en Avila que es un alcalde del Centro Democrático y Social.

Sobre el Gran Area de Expansión Industrial, me voy a referir muy brevemente, porque evidentemente se ha transferido a la Comunidad Autónoma la gestión del Gran Area de Expansión Industrial, aunque se ha adscrito a la Consejería de Industria. Lo que se transfiere, realmente, es la gestión del Gran Area, ya que, digamos, las subvenciones siguen en manos del Consejo de Ministros. Las Comunidades Autónomas que tienen Gran Area, claro, porque esto, digamos, no se puede transferir el dinero, en tanto en cuanto que es política territorial estatal. Hay Comunidades que tienen Gran Area; hay Comunidades que no tienen Gran Area. Lo que hacen las Comunidades Autónomas es sustituir la transferencia del cien por cien de los servicios periféricos (a Castilla y León se le transfiere toda la gente del Gran Area que trabajaba en Castilla y León) y las funciones que tenía la Comisión Provincial de Gobierno, que era la que calificaba los expedientes; entonces, hay un Decreto de la Junta en el que se sustituyen las Comisiones Provinciales de Gobierno por un Comité, que creo que se llama el Comité de Política Industrial, en cada Provincia, que es el que va a ver los expedientes directamente, esos expedientes van de cada Provincia al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para mantener el mismo procedimiento anterior de que iban directamente de la Provincia al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y la Comunidad Autónoma está representada en la Comisión Interministerial que estudia los expedientes previamente al paso del Consejo, a la aprobación por parte del Consejo de Ministros. Evidentemente, un punto fundamental sobre el Gran Area es la agilidad de los expedientes; el empresario, si ve que tarda dos años en conseguir la subvención, evidentemente se cansa o sus propias expectativas desaparecen por razones, por razones coyunturales. Nosotros entendemos que ese Comité Provincial de Política Industrial es prácticamente permanente, puede estar constantemente estudiando expedientes y remitiéndolos al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Ahora, evidentemente, la periodicidad de reuniones en el Ministerio ya es algo que excede de las competencias de la Comunidad Autónoma, aunque, por primera vez, la Comunidad Autónoma está representada en ésa, todas las Comunidades Autónomas que tienen Gran Area están representadas a nivel del Ministerio. Yo creo que una de las razones que han llevado a la Junta a adscribirla a la Consejería de Industria es que, evidentemente, la Consejería de Industria es una Consejería con competencias limitadas y que evidentemente puede convertir el Gran Area en su política principal, o sea, puede tener una Dirección General dedicada prácticamente a la promoción, divulgación, conocimiento de que existe este tipo de ayudas, que existen en Castilla y León y no existen en otras Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, tenemos de todas las maneras que utilizar al máximo este mecanismo.

Y por último, sobre el tema de las GESTURES; bien, la Sociedad Estatal de Promoción de Equipamiento y Suelo, el SEPES, es algo a lo que yo ya me referí en mi anterior intervención, que creo que será uno de los temas que se vaya discutiendo este año: la transferencia o no transferencia de este organismo (las Comunidades Autónomas entendemos que sí que se debería transferir). Y es el SEPES, en colaboración con las Diputaciones y con las Cajas de Ahorro, quienes

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aportan el capital a las GESTURES; por tanto, la Comunidad Autónoma lo que ha, lo que ha supuesto es que para entrar en la política de las GESTURES, no puede entrar como se le ha ofrecido en un momento, y la mayoría de las Comunidades Autónomas lo han rechazado (una serie de puestos en el Consejo de Administración) si no es titular del capital; si no es titular del capital puede ser, digamos, un convidado de piedra, puede tener una representación formal, pero carece de la fuerza. Por lo tanto, nuestra postura en este momento es que se transfiera (si es el SEPES, vamos a decir, es un problema a discutir más o menos complicado); lo que sí que se puede hacer perfectamente es dar a la Comunidad Autónoma la titularidad de las acciones en cada una de las GESTURES (que normalmente eran el sesenta o el setenta por ciento), y, en ese caso, nosotros entendemos que entonces entraríamos en los Consejos de Administración de las GESTURES, pero como titulares del capital, no como convidados de piedra. Por lo tanto, que la Comunidad Autónoma ahora no esté sentada ahí, eso no quiere decir que las GESTURES funcionen o no funcionen; nosotros no podemos ser los responsables de lo que somos y de lo que no somos queremos estar, pero como titulares del capital.

Yo creo que por parte de Pedro Escudero se puede hacer una exposición un poco detallada de las valoraciones de carreteras, bueno, y también del resto de las materias que se han transferido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

De acuerdo. Entonces tiene la palabra el Director General de Carreteras.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS (SEÑOR ESCUDERO BERNAT):

Muchas gracias. Para mí es un honor dirigirme a ustedes por primera vez. Y paso a desarrollar lo señalado por el señor Montoya. En primer lugar, le digo que he asistido durante el último año, primero como funcionario transferido al ente preautonómico y luego con las responsabilidades de Director, a las Comisiones que se han celebrado, siguiendo la metodología prevista para las valoraciones definitivas. Esta metodología les recuerdo a ustedes que está aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y dos y publicada en el Boletín Oficial del Estado de dos de junio del mismo año, para evitar todos esos problemas a que he hecho referencia, en el que yo estuve presente en aquella reunión de Córdoba en que el señor Amat hizo referencia a la distribución de recursos de reposición a Cataluña y a otras Comunidades. Bueno, indudablemente el tema ha sido muy complicado. Nos hemos reunido tres tipos de Comisiones: las Comisiones Sectoriales, que era Ministerio de Obras Públicas-Comunidades Autónomas; los Grupos de Valoraciones, que presidía el Ministerio de Hacienda; y luego la Comisión Mixta, a la que he asistido últimamente como asesor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El tema es muy complicado y, como resultado de todo lo que dice la LOFCA y de lo que dice la Ley del Proceso Autonómico, que como saben ustedes entró en vigor el día quince de marzo, pues había que hacer unos anexos muy complicados que quizá no les hemos dado a ustedes porque esto significa el anexo de carreteras. Lo que sí les recuerdo de memoria es que sí les entregamos, en el mes de noviembre, la red de interés general que se quedaba el Estado en nuestra Comunidad. Pero les paso a ampliar los datos: en cuanto a red en kilómetros, en Avila, la red actual del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo es de mil trescientos ochenta y un kilómetros y nos transfieren mil siete, el setenta y dos coma nueve por ciento. En Burgos: dos mil quinientos cuarenta y nueve kilómetros; nos transfieren mil ochocientos cincuenta y nueve, el setenta y dos coma nueve por ciento. En León: dos mil doscientos setenta y dos kilómetros, la red actual; nos transfieren mil seiscientos setenta y cuatro, setenta y tres coma siete por ciento. Palencia: mil ochocientos dieciséis kilómetros; nos transfieren mil quinientos treinta y cinco, el ochenta y cuatro coma cinco por ciento. Salamanca: mil quinientos setenta kilómetros; nos transfieren mil doscientos sesenta y tres, el ochenta coma cuatro por ciento. Segovia: mil ochenta y dos kilómetros; nos transfieren setecientos noventa y cuatro, el setenta y tres coma cuatro por ciento. Soria: mil trescientos treinta y dos kilómetros; nos transfieren ochocientos setenta y nueve, el sesenta y seis por ciento. Valladolid: mil quinientos cincuenta y nueve kilómetros; nos transfieren mil ciento quince, el setenta y uno coma cinco por ciento. Zamora: mil seiscientos treinta y dos kilómetros; nos transfieren mil ciento noventa y seis, el setenta y tres coma tres por ciento. Los totales que tenía el Estado en nuestra Comunidad antes de las transferencias son quince mil ciento noventa y tres kilómetros, de los que nos transfieren once mil trescientos veintidós, es decir, el setenta y cuatro coma cinco por ciento, que es la media de lo que se transfiere a las Comunidades Autónomas. El Estado español, la Administración Central tenía una competencia sobre una red de ochenta mil kilómetros y después del

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proceso va a pasar a veinte mil, es decir, al veinticinco por ciento.

Respecto a los datos y las valoraciones, pues indudablemente cuando se transfieren mil setecientas personas, pues ya hemos tenido tres defunciones desde que el día, a mediados de enero llegamos a un acuerdo sobre las personas que se transfieren; bueno, pues ha habido un lamentable accidente en Soria, otro en Zamora y una muerte natural en Palencia; pues es que, indudablemente, eso altera las valoraciones porque las vacantes se valoran de una forma distinta a las personas; pero no obstante, le doy los datos referidos a mil novecientos ochenta y tres, porque es donde tenemos el Presupuesto liquidado. Entonces, Capítulo I: Personal, la transferencia supone dos mil cincuenta y tres coma seiscientos ochenta y tres millones de pesetas; Capítulo II..., perdón, Capítulo I, el total del Capítulo I, perdón, es: dos mil doscientos cincuenta y seis millones de pesetas, referidas al año ochenta y tres, dos mil doscientos cincuenta y seis millones referidos al año ochenta y tres. Capítulo II: doscientos un millones, también del año ochenta y tres. Capítulo VI: dos mil ciento veintiséis millones, referido al año ochenta y tres. Esto totaliza cuatro mil quinientos ochenta y tres millones. De esto nos tienen que restar las tasas, las recaudaciones que se nos transfieren a la Junta, que esto supone ciento veintinueve millones. Luego, realmente el coste efectivo de esta transferencia va a ser del orden de cuatro mil trescientos millones de pesetas. Esto ya sabe usted que es lo que interviene para el porcentaje de impuestos, la participación de la Comunidad Autónoma en el porcentaje de impuestos no cedidos.

Estos son los números que se refieren a carreteras. En el porcentaje con respecto a otras Comunidades Autónomas, indudablemente hubo un desacuerdo absoluto entre Administración Central y Comunidades Autónomas en el grupo de valoraciones, y el tema se llevó a Comisión Delegada de Política Autonómica, que resolvió. Entonces, en cuanto a recursos de reposición, que son los que la metodología habla que son para mejora y sustitución y conservación (y luego están los de obra nueva, que son los que vienen del Fondo), ésos se repartieron -ya le digo que yendo a Comisión Delegada de Política Autonómica porque no había acuerdo entre nosotros-: sesenta por ciento para la Administración Central, cuarenta por ciento para las Comunidades Autónomas. Entones, en la distribución que se hizo para Comunidades Autónomas, se tuvo en cuenta una fórmula polinómica en la que intervenían distintos factores, como eran los kilómetros de red transferidos, el tráfico pesado, la pluviometría, la densidad de tráfico, el efecto en las calzadas múltiples. Y, con esto, nos correspondió a Castilla y León el catorce coma treinta y cuatro por ciento de lo que se transfería a las Comunidades Autónomas. Como porcentaje, yo creo que es muy aceptable, ya que nosotros somos el veinte por ciento del territorio peninsular aproximadamente, y somos el seis por ciento de la población; entones, siempre que nos movamos por esos porcentajes, yo creo que la negociación es muy positiva para nosotros, y ahí hemos sido el catorce coma treinta y cuatro.

En cuanto al tema que he dicho de Cataluña, pues bueno, con la Ley de porcentaje el tema ha quedado resuelto y a Cataluña se le han hecho unos descuentos, y Cataluña, pues, indudablemente, va a recibir menos dinero en carreteras, va a recibir más en otras cosas que en los años anteriores. Yo creo que con esto contesto al tema.

En cuanto a las relaciones con las Diputaciones, el Consejero se ha extendido y yo creo que no tengo más que añadir que en la intervención del otro día a la que asistieron todas las Diputaciones, excepto León, que se disculpó por la situación política, bueno, pues estamos en una línea de máxima colaboración, y habrá carreteras -y ése es el trabajo que nosotros tenemos encargado ahora en esta primera fase del Plan-, carreteras provinciales que, aun manteniendo la titularidad de las Diputaciones, o permutándola, pues, indudablemente, tendrán una continuidad en los itinerarios, que pasarían a ser carreteras de interés regional o de primer nivel. Pero yo creo que se puede cambiar la titularidad; pero, sin cambiar la titularidad, si cuando, mediante la Ley llevemos a estas Cortes, se apruebe que ese itinerario tiene que tener unas características geométricas, unas características, ya firmado, que sean las de seis metros de plataforma y nueve del total de la plataforma, o seis de calzada y nueve de plataforma, etcétera, bueno, pues, indudablemente, no haría falta ni cambiar la titularidad. A todas las Diputaciones las vimos el otro día con entusiasmo en este tema de los itinerarios regionales de su Región; o sea, que se incorporarían, bien con titularidad de las Diputaciones, o, sin cambio de titularidad, cambiando las características funcionales de esa Región. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Director General. Y para réplica tiene, si lo desea, el señor Montoya, cinco minutos.

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EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Yo le agradezco al señor Consejero, y a don Pedro Escudero, todo el detalle con que han contestado a mis preguntas. Yo no, no pretendía tampoco que se me dieran todos los números de kilómetros transferidos, de lo que importan los diferentes capítulos, pero sí una valoración, una valoración del conjunto de la transferencia. Parece que la valoración es positiva, o al menos satisfactoria y, además, pues ajustada a unos módulos (que yo pido perdón porque no lo conocía), porque esas manifestaciones a las que yo me he referido antes, por el Director General de Carreteras, no sólo se las oí en aquellas jornadas de la Asociación de Carreteras celebrada en Córdoba, sino se las he oído en el mismo despacho del Ministro de Administración Territorial, cuando lo era el señor Arias Salgado, y dichas por el señor Diamante. Entonces, por eso aquellas manifestaciones, a partir de aquel momento, me preocuparon, y yo todo lo que deseaba es que, pues que pudiéramos ponernos en línea con lo que habían hecho otras Comunidades Autónomas, no porque yo deseara que se perjudicara a ninguna otra Comunidad Autónoma, sino por entender que, bueno, si hay un buen reparto de los recursos, es lo que nos podría favorecer.

Sobre el tema del contacto con la Comunidad, con las Diputaciones, bueno, yo he querido entender también que se va a llevar ese tema con la máxima prudencia; porque yo entiendo que ahí lo que procede (no sé si estoy eqivocado) es una reclasificación de las carreteras provinciales y locales y regionales, que en algunos casos habrá carreteras regionales que tendrán que pasar a las provinciales y, en otros casos, pues será a la inversa. No sé tampoco si están hechos todos los Planes Provinciales, si están aprobados todos los Planes Provinciales de Carreteras. Sí que puedo decir que en mi Provincia sí que está hecho y aprobado. Y yo lo que también sugiero es que el conocimiento de esos Planes Provinciales de carreteras sería un dato más para aportar a ese Plan Regional, probablemente para ir diseñando ese modelo de concierto que habrá que hacer con las Diputaciones, o ese estudio, o el estudio de los diferentes módulos para hacer esa reclasificación que yo quería decir.

Bueno y yo sobre el, también ha contestado el señor Consejero, sobre el tema de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos y defensa de márgenes de ríos, en el sentido de que se va a hacer una distribución más equitativa por Provincias, yo creo que eso es bueno, porque conocemos lo que ha sucedido en tiempos no demasiado lejanos, en los cuales pues la Provincia de Valladolid (yo creo que tenemos que ponerla nombre) se estaba llevando, en la Provincia de Valladolid se estaban llevando a cabo la mayor parte de las acciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, y yo creo que la relación de trescientos millones (me parece que era la cifra), a cero que se invertía en otras Provincias, creo que estaba más o menos relacionado con que esa Provincia más favorecida durante muchos años era Valladolid, y se han estado haciendo muchas obras de la Confederación Hidrográfica del Duero, mientras en otras Provincias, y yo conozco el caso de Segovia, en que algunos años no se invirtió absolutamente nada, y había un claro descontento. Yo me alegro que esto pues, con el tiempo, se pueda...

Bueno, y sobre el funcionamiento de GESTUR, que yo le he señalado, no, yo me he querido referir al mal funcionamiento de GESTUR en un sentido: antes, cuando en algunas provincias, como la mía, se crearon esas Sociedades de Desarrollo, estas Sociedades de Gestión Urbanística, perdón, pues el capital mayoritario era del Estado, era del SEPES, y el capital minoritario era de la Provincia. Bueno, digamos, que en estas Provincias pues no había muchos problemas, muchos problemas de partido; el partido gobernante era el mismo que gobernaba en la Provincia. Normalmente, por parte del SEPES, se cedía la titularidad de la presidencia a la Provincia. Hoy, sin embargo, se sigue cediendo esa titularidad cuando el capital mayoritario es, sigue siendo del SEPES, y esto pues está dando algunos problemas, desde mi punto de vista, de descoordinación; porque hoy aquel acuerdo del cual se partió y que existía en aquellos momentos, en estos momentos no está existiendo y yo creo que sería conveniente pues hacer una, una reconversión a un estudio de una nueva forma de llevar y de constituir los Consejos de Administración de estas Sociedades de Gestión Urbanística. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Montoya. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Era para precisar una cosa. Yo creo que la falta de programación y planificación (bueno, planificación a lo mejor es una palabra que es demasiado y a lo mejor tampoco vamos a ser capaces de llegar), pero sí de programación un poco, a dos o tres años vista, de territorialización de las inversiones, eso es algo que hace falta; porque yo le quería decir que la Provincia que tenía cero en los listados que vamos a recibir es Valladolid. Entonces,

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a veces funcionamos con informaciones más o menos deformadas, y que, sin embargo, a lo mejor eso que, en una serie de años, pudo provincializarse todo en una Provincia y nada en la otra; al cabo de dos o tres años ha dado la vuelta a la situación.

El listado que nosotros recibimos ahora de obras transferidas, en marcha, es por valor del orden de unos ochocientos millones de pesetas; es decir, que hay Provincias sobre trescientos y pico millones (me parece que es Segovia, que es la que más tiene), luego las demás siguen teniendo unas inversiones más o menos, vamos a llamar en línea, y luego al final está Salamanca con tres con seis, y Valladolid con cero. Yo lo que quiero..., vamos esos son datos del MOPU, contratistas hoy en día funcionando en la Comunidad Autónoma. Yo creo que el resultado de nuestro trabajo, si es que somos capaces de hacerlo, es que, a partir de algún momento, esta inversión se haga con unos criterios más racionales porque, evidentemente, yo creo que eso salta de ojo que no está funcionando bien.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Yo he visto el listado...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Señor Montoya, yo creo que luego si tiene algo, si tiene que hacer alguna observación, que la haga después en el turno que le corresponde como Procurador, para no romper el normal desenvolvimiento de la Comisión. Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Posada.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Muchas gracias. Señor Presidente, señor Consejero, señores Procuradores. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del Consejero y de los Directores Generales de su Consejería, y agradecer también al Presidente de la Comisión la diligencia en convocar esta Comisión, y animarle a que continúe en esta actitud, porque creo que estas reuniones de Comisión son muy interesantes y necesarias para el trabajo de la Consejería.

Como punto primero, y de carácter general, quiero señalar, diferenciar lo que para nosotros, como Grupo Popular, es el Pleno de las Comisiones. Y entonces manifestar que, digamos, nuestra discrepancia -que era muy grande y muy general con la política de la Junta, como dijimos en el Pleno del seis y del siete de marzo-, obviamente se mantiene en cuanto al carácter general que tienen las actuaciones de cada Consejería, pero que no lo trasladaremos a Comisión, obviamos esos temas; pero temas (por ejemplo, la no existencia del Presupuesto, la no existencia de un Plan de desarrollo, el anteproyecto de organización provincial de la Junta, etcétera), que eso se mantiene, pero que, por supuesto, los obviamos porque no son temas de esta reunión de Comisión.

Yo quería, en primer lugar, señalar un punto que no se ha tratado, y que no compete directamente a la Consejería, pero creo que es importante tener alguna información sobre él -si el Consejero la tiene-, porque influirá en toda la actuación de Obras Públicas, que es qué porcentaje de la participación de esta Comunidad Autónoma en los ingresos, en la Ley de Ingresos del Estado; este porcentaje que se está ahora discutiendo y que indudablemente, a medio y largo plazo, va a ser fundamental para la actuación de esta Consejería.

A continuación yo querría preguntar, porque creo que eso no se ha tocado en la exposición, cómo va el Fondo de Compensación Interterritorial. Las obras del Fondo de Compensación, ¿se han contratado? ¿Se ha iniciado alguna? ¿Qué porcentaje va ya de contratadas? ¿Qué porcentaje se espera tener acabado a final de año? Es decir, ¿cómo va, en estos tres meses, el desarrollo del Fondo de Compensación del año ochenta y cuatro? Y unido a ello, ¿cómo van los trabajos de preparación del Fondo de Compensación Interterritorial para el año ochenta y cinco? Puesto que es ahora, en estos meses precisamente, cuando debe hacerse esa labor, para que luego no nos coja el toro como, lógicamente, nos cogió el año pasado.

A continuación, y entrando ya en la exposición que ha hecho el señor Consejero, yo entraría, hablaría en primer lugar del tema de Aguas. Indudablemente, ha especificado ya, en su contestación al señor Montoya, qué aspecto es el que menos le gusta del anteproyecto de Ley de Aguas. Indudablemente, si el anteproyecto de Ley de Aguas sigue adelante tal como está concebido en su borrador, y como yo por lo menos lo conozco, la situación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el tema de, vamos, de la cuenca del Duero, quedaría absolutamente fuera de lo que contempla el Estatuto. En Confederaciones como la del Ebro, o la del Tajo, quizá, quizá pueda ser aceptable el tratamiento que da el anteproyecto; en el tema de la Confederación del Duero, de ninguna forma, puesto que nuestra posición quedaría allí absolutamente desleída. Y, unido a ese tema, del anteproyecto de Ley de Aguas, a mí me preocupa que por parte del Ministerio de Obras Públicas se esté llevando

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una política de no transferencia de funcionarios, a la espera de esa Ley de Aguas y de esos organismos de cuenca, en donde quedarían todos los funcionarios que actualmente están en la Confederación y en la Comisaría. Indudablemente, en todo caso, el abastecimiento y el saneamiento, el encauzamiento , regadíos, todos esos temas, son temas que van a la Comunidad Autónoma y que se transfieren a la Comunidad Autónoma; por lo tanto, debe dárseles una dotación adecuada de funcionarios, por difícil que sea el establecer qué funcionario es el adscrito a cada trabajo. Pero un porcentaje de funcionarios se ha dedicado, tradicionalmente, en Confederación y Comisaría, a esos trabajos. Y esos funcionarios deben de ser transferidos. Si no se hace en un plazo relativamente rápido, se corre el riesgo de esperar al proyecto de Ley de Aguas que puede tardar, puede tardar años; porque yo recuerdo que en el año setenta y nueve, siendo yo Vicesecretario General Técnico de Obras Públicas, y coincidiendo con el centenario de la Ley de Aguas, ya hicimos un simposio en Valencia, en el cual se cambiaba ya inmediatamente la Ley de Aguas; Ley de Aguas, por otro lado, centenaria.

Paso luego al tema de carreteras. El tema de carreteras, creo, insisto en la importancia que tiene la autovía Madrid-Burgos en cuanto a Plan Nacional de Carreteras. Y en el Plan Regional de Carreteras, quiero llamar la atención al Consejero y al Director General, de la importancia que tiene esta Comisión de Obras Públicas. Indudablemente, es lógico que se tengan contactos y relaciones con las Diputaciones, con Ayuntamientos importantes, pero creo que esta Comisión debe de ser puntualmente informada, informada la primera, de cómo va gestándose ese Plan de carreteras regional; es decir, no se debe esperar a que esté ya elaborado el anteproyecto de Ley para traerlo a esta Comisión, sino que, de una forma periódica, esta Comisión debe conocer cómo se está elaborando y qué problemas surgen, porque indudablemente surgirán. A mí me preocupa (y creo que es una preocupación que deben tener todas las Comunidades Autónomas o muchas de ellas) que con el sistema de valoraciones que se ha hecho y que hay un sesenta por ciento a la Administración Central, y un cuarenta por ciento a la Autonómica, se corre un grave riesgo de que en los próximos años, dos, tres años, la red de carreteras del Estado, la que ahora se mantiene como red de carreteras del Estado -que, en general, está en muy buenas condiciones, o en buenas condiciones de circulación-, pues con una inversión relativamente pequeña (y con esos fondos pueden hacerla) realmente adopte unas características francamente buenas; y, al mismo tiempo, la red autonómica, sin embargo, precisamente porque las dotaciones son insuficientes, padezca una degradación muy importante, y de ahí haya una extrapolación política de que lo que se gestiona desde Madrid resulta bien, y lo que se gestiona desde aquí resulta mal; eso es un peligro grave en el que tenemos que estar todos encima para que no se, no se produzca. Unido al tema -aunque se sale de la Consejería de Obras Públicas, pero creo que es importante tratarlo-, está el tema de la red ferroviaria. Creo que hay un representante de la Consejería en esa Comisión que se ha formado para tratar con RENFE, pues todo el Plan de RENFE: y considero fundamental conocer cuáles son sus criterios, sobre todo en el tema del levantamiento de vías en la Comunidad Castellano-Leonesa. Creo que se quedó claro en el Pleno la coincidencia de absolutamente todos los Grupos, se aprobó unánimemente, en defender con uñas y dientes esas líneas, y que esas líneas no se levanten. A mí me gustaría conocer la opinión del representante en esa Comisión.

Querría también, había otro punto, entrando ya en el tema de vivienda; el tema concreto de la vivienda rural. Ahí se ha producido una transferencia a las Comunidades Autónomas. Indudablemente, el Patronato de la Vivienda Rural, bueno, adolece de una serie de defectos en la concesión de los créditos, en cómo se hacía el págo de esos créditos en insuficiencias; pero yo quiero centrarme en una pregunta: ¿Cuál ha sido la dotación de este año para las Comunidades Autónomas y para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de ese Patronato de la Vivienda Rural, comparado con años anteriores? Porque parece que ha sufrido un fuerte descenso, por lo menos a nivel general. Querría que se nos aclarara ese tema.

En cuanto al tema, más amplio ya, de la vivienda, creo que es importante saber qué planes tiene la Consejería para las Cámaras Oficiales de Propiedad Urbana, para los Colegios Profesionales; es decir, para una serie de instituciones relacionadas con ese tema, y que la política que sigan, indudablemente, va a tener una influencia importante en todo el panorama de la vivienda. Y entrando ya más directamente en lo transferido en vivienda, a mí me preocupa cómo se están llevando a cabo las transferencias en el tema de viviendas de promoción privada. Parece ser, por lo que he entendido al Consejero, que así como, que la gestión administrativa, diríamos, de esas viviendas pasa a la Consejería, pero una parte importante de la gestión financiera queda todavía en Madrid; eso es tremendamente

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peligroso, desde el momento que supone que para el promotor privado no se le facilita la labor, no se le facilitan los trámites, sino que tiene que simultáneamente actuar en Valladolid y actuar en Madrid, y que lo que le conceden administrativamente en un sitio, luego tiene que traducirse en dinero -que es al final, claro, lo que él está promoviendo- en Madrid. Eso puede dar una impresión negativa con respecto a lo que sucedía antes, que en un solo viaje, en dos despachos cercanos de Madrid, resolvía los dos temas. Si ahora tiene que hacer dos viajes, y sobre todo con funcionarios no coordinados directamente, el tema puede empeorar.

Y otro asunto, que creo que es peligroso también, es el tema, que ha señalado el Consejero un poco de pasada, de que los se han gestionado por la Administración del Estado los tres primeros meses del Capítulo treinta y tres del Presupuesto. Eso es lógico desde el momento que no tenemos las competencias; pero supongo que el Consejero será consciente del peligroso precedente que supone que algo que está en el Presupuesto del Estado, en el Capítulo, digamos, de Comunidades Autónomas, siga siendo gestionado por la Administración del Estado. Eso es algo que hay que cortar, pues el mismo primero de abril, porque, de lo contrario, realmente la imagen que se está dando es una imagen de pobreza administrativa y de gestión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Le quedan dos minutos.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Muy bien. Pues para terminar, un último tema que a nosotros, como manifestamos en el Pleno, nos preocupa mucho, que es el tema de la contratación y el tema del personal. Es un tema que ha vuelto a salir en la prensa, sale incesantemente, y creemos que todo lo que sea dejarlo claro y transparente favorece la gestión de la Junta. Indudablemente, en la Comisión de Presidencia, como se acordó en el Pleno, se llevarán todos los casos, pero queremos incidir especialmente en el tema de la Consejería, en, yo señalaría dos puntos: uno de carácter general -y que me gustaría saber cuál es la opinión del Consejero-, sobre una parte muy importante del personal de la Consejería que son los camineros del Estado. Ahí, éste es un cuerpo de una gran tradición en Obras Públicas, y que parece ser que hay un proyecto de Decreto, que ahora está parado en el Ministerio de Obras Públicas, para transformarlo, para transformar a los camineros en personal laboral. Me consta la oposición mayoritaria del cuerpo de camineros a esa actuación. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del Consejero y si ha hecho alguna actuación en ese campo. Y, finalmente, querría saber si dentro de la Consejería -la otra vez se nos dijo que sólo había un contratado-, bueno, si esa tónica se mantiene; yo voy a citar un ejemplo, por una pregunta que un Procurador de nuestro Grupo ha promovido y que está en la Mesa de las Cortes, que es el caso de un señor que se llama Tejero, que es concejal socialista del Ayuntamiento de Burgos y que trabaja en la Consejería, y que parece -digo parece porque ésa es la pregunta- que ocupa un puesto de funcionario sin serlo. Bueno, yo no sé, pregunto por ese caso; pero pregunto, sobre todo, por casos conexos que pueda haber con él. Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Muy bien, gracias, señor Posada. Tiene la palabra el señor Consejero, aunque entiendo que una de las alusiones que ha hecho con respecto al tema de la red ferroviaria tiene su sitio en la correspondiente Comisión de Comunicaciones y Transportes.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Estoy de acuerdo con el Presidente. Yo lo decía porque es que hay un Director General de la Consejería que forma parte de esa Comisión, y como está aquí presente, pues quería decirlo; pero, vamos, admito que es un tema que se sale del ámbito de la Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bueno, de todas formas, con brevedad nos puede informar con respecto a la alusión que hacía. Tiene la palabra el señor De Meer.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien, yo creo que el planteamiento general que ha hecho el Portavoz del Grupo Popular de que, evidentemente, dentro de las diferencias políticas generales, evidentemente, a una Comisión como ésta la podemos dar un carácter más de información, más de trabajo conjunto y de, sobre todo, irnos un poco haciendo todos con estos temas; yo creo que esto es un poco la dinámica en la que hemos intentado que sea hoy esta reunión y, por lo tanto, yo creo que es en esta dinámica, en la que con el espíritu que él hace sus preguntas y con el espíritu que yo voy a intentar responder.

Sobre el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, yo creo que éste es un tema

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que ha tratado la Comisión Mixta en la reunión que ha tenido, voy a decir hace dos o tres días. Yo no tengo la información exacta de lo que ha hablado la Comisión Mixta. Hay un representante del Grupo Popular en esa Comisión. Creo que se ha llegado a un acuerdo, ésa es la noticia que yo tengo, y creo que no puedo profundizar más, porque no tengo más información al respecto.

Sobre el Fondo de Compensación y la contratación a lo largo de este año. Bueno, yo creo que éste es un tema muy importante. Yo me he referido un poco a él antes; luego, cuando he hablado de la sección 33; al final, creo que puedo volver a hablar. Nosotros tenemos (vamos a ver), la Administración del Estado no podía contratar con cargo al Fondo de Compensación, evidentemente, porque estaba situado en la sección 33, y, por lo tanto, con cargo a la titularidad de las Comunidades Autónomas. Nosotros esto lo detectamos antes de que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado y prueba de ello es que, por parte de un Senador miembro de la Junta, se presentó una Enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que es una Disposición Adicional (si mal no recuerdo); bueno, es una Disposición Transitoria, previendo el problema; porque, evidentemente, si las transferencias se hacían, nos hacían el uno de enero, ese dinero no iba a poderse gestionar. La Disposición Transitoria se introdujo en la Ley de Presupuestos y, sin embargo, el funcionamiento posterior de las intervenciones ha hecho que no se considerara como suficiente la Enmienda a la Ley de Presupuestos para que, por parte de la Administración del Estado, se contratara con cargo al Fondo. Entonces, puntualmente, el Ministerio se ha ido dirigiendo a nosotros para solicitar autorización para contratar cosas con cargo al Fondo de Compensación y nosotros hemos autorizado, en cada caso, aquéllas que entendíamos que eran realmente de urgencia. Nosotros en ese momento y todavía en este momento, digamos, mientras el aparato de la Administración no dependa de la Comunidad Autónoma, tenemos dificultades para saber la capacidad de contratación en algunas áreas, fundamentalmente, en viviendas; no tanto en carreteras, en el que tradicionalmente las Jefaturas Provinciales tenían unas bibliotecas de proyectos importantes y, por tanto, nosotros en este momento ya tenemos perfecto conocimiento en carreteras de cuáles son las bibliotecas, la cantidad de proyectos que podemos contratar (están hechos y están redactados), y, simplemente cuando nosotros tengamos la competencia podremos empezar a contratar, y creo que tendríamos garantizada la inversión de una anualidad. Pero voy a volver (ya que hemos hablado de este tema), voy a volver a lo de antes. Vamos al tema de la sección 33 y su situación del Fondo en la sección 33 y no en la sección 17, como hubiera sido, yo entiendo, lógico. Bueno, yo creo que es un tema de criterios; o sea: qué es más importante; yo me plantearía incluso qué es más importante: que formalmente el tema dependa de la Comunidad Autónoma, o que los contratistas cobren. Nosotros, en cuanto hemos tenido noticia de que se planteaban este tipo de problemas, inmediatamente hemos contestado al Ministerio que hiciera las modificaciones presupuestarias que hiciera falta para que, hasta en tanto no se produjera la transferencia, el Ministerio ejecutara la parte de Presupuesto que estaba en la sección 33; porque, evidentemente, yo creo que es más importante que todas esas obras se sigan haciendo, que los contratistas cobren en tiempo, que no produzcamos problemas a las empresas, que el prurito de quién es el que en un momento pága o no pága; hasta el extremo que nosotros hemos dicho claramente que pretendemos que todas aquellas certificaciones que correspondieran al primer trimestre, las págue la Administración del Estado. Que suficiente (vamos a decir) problema administrativo y desde el primer momento nosotros vamos a tener para poder salir airosamente del tema, como para encima tener un tapón de cosas que no se han hecho. Bueno, eso ha sido muy claro. Puede ser criticable desde un punto de vista u otro, pero yo creo que nosotros hemos entendido que eso es lo que la Comunidad Autónoma debía hacer en este momento y sobre ese problema.

Sobre el Fondo del ochenta y cinco, bueno, existe un calendario de acuerdo con el Comité de Política, el Comité de Inversiones Públicas de la Administración del Estado, que nosotros estamos cumpliendo. La Comunidad Autónoma, por lo tanto, ha mandado en tiempo sus propuestas de inversión. Yo no tengo ahora, aquí, exactamente, los datos. Para la Consejería, creo que se produce, se mantiene la inversión global, con unos aumentos tanto en carreteras, como en obras hidráulicas, como en vivienda. Y ése es un tema que, evidentemente, tiene que estar pactado entre las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado, previamente a que los Presupuestos Generales del Estado del año ochenta y cinco se presenten a las Cortes Generales, siendo el Fondo parte de los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre el tema de Ley de Aguas, las últimas noticias que nosotros hemos tenido han sido una conversación reciente con el Comisario Central de Aguas; es que se está trabajando en otro borrador o en otro Anteproyecto del Decreto de

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Ley de Aguas. Yo creo que, prácticamente, desde todas las Comunidades Autónomas y, es más, desde otra serie de Organismos como las Asociaciones de Regantes, etcétera, etcétera, ha habido una serie de críticas a la Ley de Aguas. La idea que el Comisario Central de Aguas nos transmitió es que se estaba retomando todo, todo el tema y que, por lo tanto, se estaba trabajando en un documento, en un documento nuevo. Yo creo que la Ley de Aguas, el documento que nosotros hemos informado en su día no va a ser la Ley de Aguas que aparezca en las Cortes, evidentemente. Espero que tengamos la capacidad de conocer ese nuevo documento y que, por lo tanto, podamos volver a incidir sobre el asunto.

Evidentemente, la crítica que nosotros hemos hecho, sobre la capacidad de intervención de la Comunidad Autónoma en la Confederación Hidrográfica del Duero, pues va, absolutamente, en la línea que cualquier persona que contrastara el Estatuto y Anteproyecto de Ley haría, ¿no? No es, yo creo que eso no es ni méritos de unos ni méritos de otros. Yo creo que es un dato absolutamente objetivo. Sin embargo, nosotros entendemos que es un tema suficientemente complejo como para admitir que no se transfieran en este momento funcionarios de las Confederaciones, mientras, o los grandes grupos de funcionarios de las Confederaciones, mientras el tema no se aclare definitivamente. Por eso, en el Decreto de Obras Hidráulicas lo que aparece es que la Comunidad Autónoma puede utilizar a la Confederación como un organismo técnico al servicio también de la Comunidad Autónoma, a los efectos de redactar proyectos, dirigir obras, etcétera, etcétera.

Bien; yo creo que sobre el tema de la Nacional-I hemos hablado. Yo creo que es un tema que esperamos una respuesta del Ministerio, lo que será una respuesta a la que habrá que seguir negociando. No, yo creo, siempre hemos dicho que somos moderadamente optimistas. Yo creo que no, esto no va a ser un tema de inmediata solución. Tiene sus dificultades. Hay planteamientos contradictorios; pero yo creo que sí, que la respuesta del Ministerio, que yo espero va a entrar más en la línea de la consolidación de la N-I como autovía, y yo creo que, al final, en el plan, vamos a intentar, evidentemente, que sea de la forma más favorable posible para los intereses de la Comunidad.

En cuanto a la preocupación de las inversiones, yo creo que es sí, es cierto que, evidentemente, la red que permanece en manos del Estado es una red normalmente en buenas condiciones; no toda, porque tiene tramos francamente malos. Desde los que estamos comentando antes, por ejemplo, el tema de la N-120, el Camino de Santiago, evidentemente, es una carretera que está muy mal, pero que el Estado es posible que en un plazo de tiempo razonable, probablemente sea en el plazo del Plan de Carreteras, consiga que haya una red estatal que con muy buenas o con bastante buenas condiciones y que, sin embargo, las redes de las Comunidades Autónomas yo creo que no van, que no van a empeorar. Yo creo que, evidentemente, la posibilidad de la gestión, la garantía de que hay unos recursos que se van a destinar exclusivamente en esas carreteras, cuando antes, a lo mejor, no se estaba dedicando ningún recurso, va a hacer que la red transferida mejore; yo creo que tiene que mejorar porque realmente en ella no se estaba invirtiendo prácticamente nada, ¿no?

Sobre la red ferroviaria, bueno, yo creo que la Junta, las Cortes, se han manifestado; luego, todos estamos en este momento, bien sea por propio convencimiento o por imposición racional de los grupos mayoritarios en estas Cortes, en la línea de que el levantamiento de parte importante de la red de ferrocarriles es un tema sobre el que hay que hacer una negociación bastante seria.

Sobre la presencia de nuestra Consejería en la Comisión de las Cortes, yo, al final, creo que puede haber una intervención del Director General de Urbanismo. Nosotros quisimos que fuera el Director General de Urbanismo el que representara a la Consejería, sobre todo por tratar todos estos temas tan delicados, que es la presencia de las redes de ferrocarriles en los tramos urbanos. Yo creo que ése es un tema que desde otros enfoques pueden olvidarse; pensemos que es un tema importante, y, fundamentalmente, la presencia de la Consejería en la Comisión era con esa idea: el tratamiento de las redes de ferrocarriles en los tramos urbanos, ¿no?

Sobre la Vivienda Rural, bueno, yo creo que el señor Portavoz del Grupo Popular está perfectamente informado; lo que me ha preguntado es algo que está en los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier persona que vea los Presupuestos Generales del Estado de este año y los comparara con los del año pasado, sacaría la conclusión de lo que yo le voy a decir; porque él me pregunta que es, exclusivamente, que se han reducido a este año las subvenciones del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, para el Patronato de la Vivienda Rural. Eso es algo hecho en las Cortes Generales del

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Estado y que cualquier persona puede comprobar.

Sobre las Cámaras de Propiedad y Colegios Profesionales, bueno, éstas son de aquellas cosas que en el Estatuto figuran en el artículo 29; por lo tanto, cuya transferencia, de ciertas competencias puede tener la Comunidad Autónoma mediante Ley Orgánica, o cinco años, siempre decimos 5 años, ahora ya son cuatro, ¿no?; y nosotros tenemos, yo he tenido bastantes conversaciones con las Cámaras de Propiedad, incluso nos ha hecho propuestas de gestión del Patrimonio del IPPV, cosa que yo creo que nosotros tendremos que estudiar, que, probablemente, las Cámaras podrían tener ahí un papel importante en cuanto a la Administración de Patrimonio. Yo creo que el tema no está todavía muy, muy maduro. Y en cuanto a los Colegios Profesionales, bueno, pues fundamentalmente en el tema de viviendas aquí hay dos Colegios Profesionales que son los directamente relacionados, que serán el tema de los Colegios de Arquitectos y los Colegios de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos. En este momento, por ejemplo, sobre Colegios de Arquitectos está bastante avanzada la posibilidad de que aquellas provincias de la Comunidad Autónoma que dependían del Colegio de Arquitectos de Madrid pasen a formar parte de un colegio independiente, con lo que en la Comunidad Autónoma habría, digamos, dos colegios profesionales de Arquitectos, y en una situación similar a lo que ocurre en Andalucía; y yo creo que dependería de la propia, de su propia capacidad de Comisión el que al final hubiera un único colegio de Arquitectos en la Comunidad Autónoma. Tampoco tendría por qué ser estrictamente, porque hay Colegios Profesionales como Abogados, etcétera, que tiene niveles provinciales, o incluso, o incluso menores, ¿no?

Sobre la promoción privada de protección oficial, esto ha salido, en realidad ha salido una Orden ya del Ministerio de Obras Públicas, pactada con todas las Comunidades Autónomas en la última reunión que tuvimos todas las Comunidades Autónomas con el Ministro y el Subsecretario, en el que, evidentemente, es la gestión administrativa la que en este momento van a hacer las Comunidades Autónomas, bien porque ya tienen las transferencias, como pueden ser Andalucía y, digo, perdón, sí, Cataluña y Euskadi, de antes; Andalucía que es el único Decreto que ha salido después de estas reuniones, va en la cadena de todos los Decretos, sobre que la Comunidad Autónoma, digamos, concede la calificación provisional, como antes hacían las Direcciones Provinciales del M.O.P.U., el promotor se dirige a la institución financiera para conseguir el crédito y lo único que permanece en manos del Estado es, digamos, la relación institución financiera-IPPV, para ver si todavía en los créditos disponibles para subvencionar créditos, existe o no existe esa capacidad de subvención de créditos. Puede llegar un momento en el que si, realmente, la vivienda tiene un empujón importante, pues que llegará un momento en que dirá: Bueno, a partir de este momento ya no se pueden calificar más viviendas, porque lo que se ha acabado es la capacidad de crédito que reconocen los Presupuestos, los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, esa relación, yo entiendo que es una relación de Caja de Ahorros-Administración Central. Puede ser, en otro momento del proceso, que ni eso permanezca en la Administración Central. Las Comunidades Autónomas, la verdad es que prácticamente todas las Comunidades Autónomas presentes en aquella reunión, lo asumieran en este momento y yo creo que puede ser una manera de arrancar; porque de todas estas cosas que estamos hablando tantas veces lo que hace falta en un momento es arrancar de una manera, porque esto es una Orden Ministerial que en cualquier otro momento, podría al año que viene, con una experiencia distinta, modificarse.

Bueno, sobre el tema de la sección 33, yo ya me he referido antes; sobre si es un precedente peligroso. ¡Hombre!, yo creo que como precedente, en cuanto se produzcan las transferencias, va a desaparecer. A partir del año que viene, si el dinero del Fondo de Compensación figura en la sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado y la competencia es ya de la Comunidad Autónoma, pues es que nadie más va a tener capacidad de utilizar esos fondos. Los propios interventores no lo, nos quitarían la legitimidad de hacerlo. Es demasiado complicado. Está este año siéndolo, incluso, con la Enmienda a la Ley de Presupuestos, como para que en otro supuesto, fuera fácil. Ya repito que la política que nosotros hemos tenido es intentar por todos los medios agilizar que las obras que están en marcha sigan estando en marcha. Que no se produzcan retrasos en el págo de certificaciones, y por tanto que no se coloque a empresas en situaciones deleznables.

Bien, y por fin, vamos a hablar del tema de los peones camineros. Realmente yo carezco de información. Pienso que los peones camineros (por el conocimiento no muy profundo que tengo en este momento del asunto), es un cuerpo digamos peculiar; tiene un régimen muy peculiar en las Direcciones, en las Jefaturas Provinciales de Carreteras. Siempre había planteado

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un montón de problemas el que las cuadrillas, digamos, que salen a la carretera estuvieran formadas por peones camineros y por personal laboral, con lo que tenían problemas de convenios distintos, horarios, regímenes, etcétera. Y yo no tengo noticia, no tenía noticia de que ese Decreto esté por ahí. Le agradezco la información. No sé si el Director General de Obras Públicas tenía noticia, noticia del Decreto y, en su caso, vamos, yo creo que cuando se transfirieran los peones camineros a la Comunidad Autónoma, pues seríamos nosotros los que tendríamos que decidir sobre el asunto. Ya digo que, por ser un cuerpo peculiar, plantea problemas; pero no creo tampoco que sean problemas que no sean solucionables.

Bien; vamos a hablar ahora por fin del tema del personal. Yo me he referido antes al personal que forma ahora parte de la Consejería. El tema, en el momento actual forman parte de la Consejería ciento una personas, de las cuales son funcionarios transferidos sesenta y seis. Tenemos en Comisiones de servicios cuatro funcionarios que figuran en las listas de futuros transferidos y que, por tanto, nosotros hemos querido empezar a utilizar sus servicios antes; ya que, si no, realmente, había Direcciones Generales que eran incapaces de funcionar. Y, por fin, de funcionarios contratados que son en este momento treinta y uno, lo cual son tres funcionarios más de los que la Consejería tenía cuando la Junta se creó en el mes de junio. Yo ya había explicado en la anterior Comisión que, evidentemente, en la época del antiguo Consejo, como las transferencias en Urbanismo se habían hecho con unas valoraciones muy, muy deficientes, había provincias en las que se había transferido un delineante, o en aquellas que se había transferido exclusivamente un auxiliar y un arquitecto técnico sin capacidad de, por lo tanto, ser la mínima infraestructura técnica para las Comisiones Provinciales de Urbanismo, se procedió a contratar del orden de (hemos dicho tres más) de veintiocho personas que son, realmente, los que en este momento: quince en los servicios centrales y dieciséis en la periferia, pues, forman parte de la infraestructura fundamental de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y la propia Dirección General de Urbanismo. Por lo tanto, hay tres funcionarios más que los que nosotros teníamos cuando llegamos a la Consejería. Formalmente son tres, realmente dos más, porque había dos funcionarios contratados que, por razones distintas y absolutamente personales, se fueron, rescindieron el contrato. Por lo tanto, las personas que nosotros hemos contratado en este proceso, han sido cinco: uno, sustituyendo a un arquitecto que se fue; otro, sustituyendo a un administrativo que se fue; una secretaria para la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, que carecía de cualquier capacidad de funcionamiento; un economista contratado, que ya lo comuniqué en la anterior comparecencia; y, por fin, una persona que es un geógrafo, que nosotros entendíamos que podía hacer una labor importante en el tema de la ordenación del territorio, que es el señor Tejero al que usted se ha referido, ¿no? Bien, nosotros entendemos que esta política de contratación de personal ha sido mínima, que ha sido prácticamente lo más imprescindible para funcionar en todo este proceso. La Consejería, por ejemplo, en este momento no ha procedido a nombrar Delegados Territoriales, porque entendemos que, en tanto en cuanto no se produjeran las transferencias de Arquitectura y Carreteras, podíamos funcionar con el esfuerzo de todos pero sin crear más personal al servicio de la Consejería; se nombrarán cuando se hagan las transferencias, porque, evidentemente, sin ello, Delegaciones Provinciales, Delegaciones Territoriales, que tendrán del orden de doscientos funcionarios o cosa por el estilo, van a ser difíciles de organizar. La Consejería en este momento no ha cubierto el Gabinete ni tiene ni una sola persona en ese Gabinete, y, por lo tanto, entendemos que esta política de contratación ha sido razonable, necesaria y que, por supuesto, dentro de la capacidad de decisión de la Consejería.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Tiene la palabra el señor Director de Urbanismo para ampliar, brevemente, el tema de la red ferroviaria.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO (SEÑOR CANDELA PI):

Bien, gracias. Buenas tardes a todos, puesto que también me dirijo por primera vez como Director General de Urbanismo a esta Comisión. Simplemente, para precisar una información que ha requerido el señor Posadas y que ya ha sido, por otra parte, encajada tanto por el Presidente de la Comisión como por el Consejero. Efectivamente, dentro del convenio que se firmó entre RENFE y la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Transportes, Turismo... Transporte, Turismo y Comunicaciones, se creó un grupo permanente formado por ocho personas -cuatro en representación de RENFE y cuatro de la Comunidad Autónoma- que debería reunirse cada cuatro meses y, por lo tanto, intentar una política de coordinación en las actuaciones de RENFE y de la Comunidad Autónoma. La Consejería de Transportes se dirigió a la Consejería de

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Obras Públicas solicitando un representante que nosotros entendimos -como ya ha dicho el Consejero- que debía, sobre todo, digamos, dedicar su presencia al tratamiento de los problemas un tanto abandonados, por otra parte, anteriormente, del encaje de la problemática específica de RENFE, de la red ferroviaria, dentro de la propia problemática urbanística. Efectivamente, ésta es un poco mi labor dentro de esa Comisión y, en concreto, le daré la información de que esta mañana, precisamente esta mañana, se reunía el Grupo Permanente, se ha reunido aquí en Valladolid y yo he asistido un rato a esta sesión, puesto que como tema prioritario tenía el de preparar la reunión de esta tarde. Yo había incluido en el Orden del Día, precisamente, dos puntos referentes, por supuesto, al tratamiento específico de los problemas de las redes ferroviarias en el planeamiento urbanístico. Hemos tratado estos temas; en concreto era: el realizar un inventario de la problemática de las ciudades de más de veinte mil habitantes en la Región y su encaje dentro del planeamiento urbanísitico, así como el tratar tres casos particulares que yo había propuesto, entendiendo que podían abarcar una problemática general; hemos tratado, en concreto, los casos de Miranda de Ebro, Burgos y Valladolid como tres problemáticas distintas. Miranda de Ebro como una solución de nuevo trazado recogida perfectamente en el planeamiento, el plan general definitivamente aprobado; Burgos, como una solución dentro del mismo trazado actual y que, por otra parte, está recogido en el Plan en tramitación; y Valladolid, como una solución de nuevo trazado a largo plazo y un intento de, digamos, de convocar un concurso, tratar el tema del entorno que la línea ferroviaria crea al atravesar una gran ciudad con algunos problemas de segregación social incluso. Yo creo que el ánimo de colaboración es importante y, desde luego, yo enmarcaría la representación de esta Consejería dentro de este encaje de la problemática de RENFE con el planeamiento urbanístico. Dentro de cuatro meses se reunirá de nuevo este Grupo Permanente y en él hemos trazado ya un programa de trabajo. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Director General. Tiene la palabra durante cinco minutos el Portavoz del Grupo Popular.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Muy brevemente para que puedan intervenir todo el resto de los Procuradores. En primer lugar, me parece bien que en la elección entre la eficacia de que los contratistas cobren, de que las cosas se hagan y el prurito administrativo, pues, elija la eficacia; pero lo conveniente sería que cobraran los contratistas y además hiciéramos las cosas adecuadamente desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, a mí me preocupa, y alabo la decisión del Consejero, de las viviendas paralizadas que en estos momentos han sido transferidas a la Comunidad, que se activen. Ha hablado de dos mil viviendas, y creo que eso es prioritario; pero me temo que, como administrativamente se aceptaron probablemente esas viviendas en un precio más bajo del que al final van a costar, esa activación de esas dos mil viviendas se va a hacer, supongo, con el Fondo de Compensación Interterritorial, lo cual supone empezar menos viviendas nuevas. Indudablemente, es mejor acabarlas que dejarlas en esqueleto; pero lo bueno hubiera sido que se hubieran acabado adecuadamente y por su propio cauce financiero.

En cuanto a lo de la Vivienda Rural, naturalmente que el Consejero sabe y yo lo sé y lo sabemos todos, porque va a estar en el Presupuesto, pero me temo que muchos de los que piden Vivienda Rural y piden ayuda que es gente del campo, no suelen leer los Presupuestos y se van a dar una sorpresa cuando vean que este año hay menos dinero que otros años.

Y, finalmente, yo creo que la Consejería, en la contratación de personal, como muy bien se ha explicado, bueno no ha, en número, pues es un número muy aceptable; pero yo insisto en que sería muy conveniente, como política general, diferenciar lo que son puestos de confianza de lo que son puestos de funcionario. Admito que en un momento de transición puede haber una cierta confusión, pero hay una oferta pública de empleo que se resolverá. Entonces, lo que yo insto al Consejero y, en general, a toda la Junta, es que se separe si tiene que haber algún puesto de carácter general, que lo haya en los puestos de asesores que para eso están; pero lo que es puestos de funcionarios, deben ser cubiertos por funcionarios de carrera, transferidos, de la forma adecuada y como se establece en los Decretos pertinentes. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Posada. Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, ya sólo las tres cosas a las que se ha referido el señor Posada. Bueno, sobre el tema este de las prioridades de, sobre el cobro de contratistas, yo, personalmente,

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lo he tenido siempre clarísimo: la Comunidad Autónoma no tenía ni la transferencia ni tiene los medios; por lo tanto, es más, hay que obligar a la Administración del Estado que, mientras no se produzca la transferencia, ella siga manteniendo sus compromisos con el máximo rigor y que esto que decimos que el proceso de transferencias no paralice, no se quede en retórica, sino que de verdad no paralice, ¿no?

Sobre las viviendas paradas, evidentemente, a veces hay que tomar decisiones que pueden ser menos populares o menos populistas. Yo si tengo que decir que vamos a hacer menos viviendas porque vamos a acabar eso; puede sonar menos brillante que vamos a empezar tres mil viviendas, pero yo lo asumo absolutamente, porque me parece mucho m ás costoso socialmente y de una imagen de una Administración mucho más irracional, que existan viviendas paradas y que mientras tanto empecemos viviendas nuevas.

Bueno, lo de la Vivienda Rural, yo creo que estamos a tiempo de verlo en los Presupuestos Generales del Estado. Lo que ha pasado en el ochenta y cuatro, ha pasado en el ochenta y cuatro, y espero que haya que hacer el esfuerzo, por parte de todo el mundo, para que el nivel de inversión se mantenga exactamente igual que se mantenía antes y, por supuesto, desde la Comunidad Autónoma no se va a mantener desde ningún punto de vista otro planteamiento. Y al hablar de la contratación de personal, yo creo que ha hablado de una cosa que yo luego he lamentado, después de mi intervención, no haber hecho referencia, que era lo de la oferta pública de empleo. Evidentemente, bueno, la oferta pública de empleo está ahí. Yo no he hecho referencia un poco a cuáles han sido los criterios que nosotros hemos utilizado a la hora de dividir los puestos. Nosotros nos hemos, por supuesto que la oferta pública de empleo es para funcionarios, para funcionarios de la Administración del Estado, nosotros hemos hecho hincapié en intentar conseguir técnicos, técnicos cualificados que puedan trabajar con nosotros y nos hemos volcado, sobre todo, en la Secretaría General y la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, porque entendemos que son aquellos dos organismos que van a estar peor tratados, como consecuencia del proceso de transferencia y de la propia dinámica traída hasta ahora. La Dirección General de Urbanismo y Medio Ambiente, bien, no es que sea una maravilla, pero como consecuencia de la política del Consejo tenía unos medios; está funcionando ahora y yo creo que está funcionando con un nivel satisfactorio. Y la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, precisamente, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ya tenía, de alguna manera, carácter territorial. Tenían los CEAT, que eran los Centros de Estudio y Apoyo Técnico, que eran las antiguas Jefaturas Regionales de Carreteras, con lo que a nosotros se nos transfiera, bueno, se transfiere a las Comunidades Autónomas el veinticinco por ciento de los CEAT. Nosotros tenemos un CEAT que afecta exclusivamente a la Comunidad Autónoma, que es el CEAT de Valladolid, y la Comunidad Autónoma estaba afectada, además, por el CEAT de Oviedo, el CEAT de Madrid, el CEAT de Zaragoza y el CEAT de Bilbao. Entonces, digamos, la acumulación de todas las transferencias de los CEAT nos va a permitir tener una infraestructura, incluso yo creo que fuerte, a nivel de la Dirección General de Obras Públicas; y otro órgano que estaba territorializado era, precisamente, las Confederaciones Hidrográficas. Antes o después, el personal de las Confederaciones va a depender de la Comunidad Autónoma y, evidentemente, para la Comunidad Autónoma ese personal es lo que debe ser la infraestructura del servicio de Obras Hidráulicas de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Consejero. A continuación vamos a abrir un turno de intervenciones de los señores Procuradores. ¡Ah! Perdón, perdón... Tiene la palabra, perdón. Tiene la palabra el señor, el señor Portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Gracias, señor Presidente. Quiero comenzar agradeciendo, no porque sea obligación, sino porque estoy convencido de su buena disposición, al señor Consejero y a su cargos técnicos esta comparecencia y también decir que no me voy a extender mucho. Pienso que me va a sobrar espacio, porque, como se suele decir vulgarmente, "muchas cosas ya me las han pisado" los que han hablado antes que yo. Ciertamente, y me agrade en nombre de mi Grupo poder decir esto, hemos observado aquí, ya, cosas concretas que en la anterior intervención, en el mes de noviembre, se hicieron con planteamientos generales y que ahora, como he dicho, se han transformado ya en datos concretos, y todo ello, incluso, a pesar de que las transferencias efectivas todavía no son muchas, ya que, prácticamente, solamente se tienen transferidos, efectivamente, Urbanismo y Medio Ambiente y Vivienda Rural. En cambio, a pesar de no haber transferencias, sí se ha trabajado ya -felicito por ello- en el Plan General de Carreteras de ámbito regional, previendo ya las

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futuras transferencias; y me alegra, incluso, comprobar -por una aclaración que posteriormente hizo el señor Consejero- sobre que estas Cortes también van a ser coprotagonistas de este proyecto, de este Plan de Carreteras, toda vez que se ha anunciado aquí se va a tramitar mediante una Ley de Carreteras, con lo cual todos vamos a participar y a responder, también, de la bondad mayor o menor de esa Ley. Es importante también el interés, y quiero resaltarlo, que ha puesto de manifiesto esta Consejería, en relación al Plan General de Carreteras que, aunque sea una competencia estatal, evidentemente, nos importa a ésta, a los miembros de esta Comunidad, y mucho; porque, nos guste o no nos guste, que creo que nos gusta, pues pasa por nuestra Comunidad y aquí, además, se ha visto esa inquietud en preguntas puntuales que se han hecho respecto a ello.

Otro tema, también, que se ha tocado y que, en el buen sentido, es el tema del Patronato de la Vivienda Rural y se ha hablado de verificar un poco las cuentas bancarias, dato interesante, porque todos conocemos, en mayor o menos grado, que, efectivamente, la dispersión de estas cuentas era anacrónica en muchas provincias, que, incluso, hacía pensar en algunas ocasiones que aquello no era lo correcto y que podría, incluso, plantear ciertas irregularidades o confusionismo. Entonces, esa unificación pienso que va a ser importante, que va a ser positiva.

También, otra medida concreta -que fue un planteamiento general y que ahora se ha traducido y por cierto, al parecer, con bastante eficacia- ha sido la creación de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y la Comisión Regional de Urbanismo. Y quiero resaltar aquí, porque se hizo antes alusión en cuanto a su composición que, no porque sea obligación de mi Grupo, sino por lo vemos así, hay que felicitar a la Consejería por su, digamos, imparcialidad a la hora del nombramiento de los representantes en estas Comisiones Provinciales de Urbanismo, sobre todo, en representación de los municipios. Hubo un Portavoz que, de alguna forma, mostró su desacuerdo, pero hay que reconocer, si hemos visto estos componentes publicados en el Boletín de la Comunidad, que, realmente, en cada provincia hay uno del Grupo Popular y otro del Grupo Socialista. Ciertamente, al haber sólo dos, lo normal y objetivo es que sean los dos partidos que tienen una mayor representación. Ha habido una corrección evidente en el caso de Avila, porque allí el C.D.S. es un partido con un peso específico importante.

En cuanto a la Comisión Regional de Urbanismo, ya vemos sus resultados concretos también, con la aprobación de varios Planes Generales. Es importante, también, lo que ahora se anuncia que es el Decreto de Coordinación Urbanística, porque, efectivamente, pensamos que a veces las cosas se hacen mal, porque hay muchas partes o instituciones que participan en una misma función y cada una por su parte. Entonces, esta coordinación puede ser positiva, puede economizar esfuerzos y dar mayor rentabilidad tanto a las inversiones como a las actuaciones.

En cuanto al mapa Regional, que aquí no se ha hecho mención, yo quiero resaltarlo, no solamente por su importancia objetiva, sino, sobre todo, por su importancia simbólica. Es evidente y al mismo tiempo lamentable que nuestros niños, que nuestras escuelas, los ciudadanos de Castilla y León, o, incluso, los miembros de estas Cortes, no tengamos un buen mapa de nuestra Región para conocerla o, al menos, para tenerlo en nuestras casas y poder consultar de vez en cuando todos estos datos. Entonces, a ver si con un poco de suerte, efectivamente, como se nos ha anunciado, en el mes de mayo ya podemos contar con él, con un mapa que realmente nos informe y que realmente permita a nuestros niños conocer su Comunidad.

Finalmente, hay un tema que se ha tocado de pasada (ya un Portavoz hizo mención a él, pero yo quisiera profundizar quizá un poco más) que es en el tema de la Vivienda Rural. En la anterior comparecencia fue un tema que aquí se planteó y con cierta inquietud; porque, realmente, si problemas urbanísticos los hay en todas las partes, en los pequeños núcleos rurales estos problemas son aún evidentes, por la carencia de medios no solamente de las instituciones, sino también, incluso, al tratarse de viviendas unifamiliares, por la carencia a veces de medios económicos de los propios constructores que hacen su vivienda para vivir ellos, no para vender, y que, en cambio, la legislación actual condiciona mucho todas estas cuestiones. Entonces, me gustaría que el señor Consejero o el responsable del área de Vivienda, matizase un poco más respecto a esto: si ha hecho alguna gestión o se tiene pensado alguna actuación respecto a este tema de la Vivienda Rural, en orden a modificar o dar alguna normativa nueva que facilite el cumplimiento de la Ley, de una parte, y de otra, efectivamente, solucionar estos problemas que ahora se plantean y que, seamos sinceros, la mayor parte de los casos se solucionan por vías marginales algunas veces, incluso, a la legislación actual.

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Finalmente, también quiero resaltar el tema del personal contratado, del que aquí se ha hablado y se habla en muchos sitios. Yo creo que a veces se exagera y mi Grupo quiere dejar constancia de esto. Observamos, por la información que se nos ha facilitado, que hay tres personas contratadas; además, personas altamente cualificadas para funciones específicas y técnicas. Esto no puede ser criticable, porque, desde luego, lo que no se puede tampoco es pretender atar de pies y manos a una Consejería y después exigirle una gran eficacia. Todos sabemos que lo correcto, efectivamente, es la oferta pública de empleo, pero a veces estos trámites son prolongados y a veces se trata de hacer o no hacer y, utilizado con prudencia, y yo entiendo que en el caso de la Consejería de Obras Públicas, según los datos, ha habido suma prudencia, una prudencia muy superior, por supuesto, a la del anterior Consejo Regional, por los datos que se nos han dado, que no puede ser tampoco criticable y hacer de una gota de agua un gran lago o un mar.

El Grupo Socialista, efectivamente, quiere que las cosas se hagan con transparencia, que las cosas se hagan con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, porque son empleos públicos y todo ciudadano que reúna esos requisitos tiene el mismo derecho. Ahora bien, vamos también a hacerlo con objetividad y no empecemos tampoco con la caza de brujas; porque a veces hay acusaciones, que salen en la prensa, que no tienen tanta objetividad como aparentemente suele parecer. Entonces, quiero -ya digo- terminar, felicitar al Consejero, a su Consejería, por lo que yo entiendo es una actividad concreta, que va al grano y que esperamos, una vez hechas todas las transferencias, se demuestre que, efectivamente, se están haciendo cosas, no solamente se hacen planes, sino se hacen cosas (ya he dicho que aquí han aparecido unas cuantas); y esperemos que en el futuro podamos decir lo mismo y podamos seguir felicitando e, indudablemente, si alguna vez se hacen las cosas mal, también el Grupo Socialista hará su crítica, porque es función, también, de las Cortes y del Grupo Socialista (aunque su función, entre otras, sea mantener al Gobierno, críticas cuando las cosas no se hagan bien), pero en esta ocasión y satisfactoriamente tenemos que decir que estamos totalmente de acuerdo y que animamos a esta Consejería a seguir este camino. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Buiza. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Sí, bueno. Simplemente para dos cosas, porque yo creo que la mayoría de los temas se habían estado tratando: el proceso de transferencias, la Ley del Plan de Carreteras, las intervenciones en el Plan General de Carreteras. Y sobre el Patronato de la Vivienda Rural, yo ya he dicho que en estos momentos estamos en el proceso aquel de unificación de cuentas, incluso, es más, estamos estudiando cuál sería la manera de que al final -porque en el momento, por el procedimiento antiguo eso o estaba muy claro-, al final, las cuentas del Patronato se sometan a estas Cortes. Yo creo que esto debe de ser un objetivo nuestro por el camino legal que sea en un período de tiempo; cuando seamos capaces y tengamos todas las informaciones jurídicas necesarias cuál sería el procedimiento de que, al final, evidentemente, yo entiendo que estas Cortes puedan pedir, no que puedan pedir, sino que realmente el Presupuesto del Patronato sea algo que pase también por las Cortes de Castilla y León.

Sobre la Vivienda Rural, se ha referido al problema, y yo creo que ya lo tratamos entonces; es una idea que siempre está por ahí, que es el problema de la autoconstrucción y de las dificultades que muchos pequeños propietarios agrícolas, habitantes del medio rural, se encuentran a la hora de hacer su vivienda y los problemas con la actual normativa. En esta línea existe, y a nosotros se nos ha facilitado un borrador de Decreto del Ministerio de Obras Públicas para, incluso, incluir, dentro de la protección oficial, la propia autoconstrucción. Yo creo que es un tema, la verdad, es difícil, es complicado, pero yo creo que habrá que ir a él y con modificaciones legislativas si hace falta y la Comunidad Autónoma tiene facultad para ello. Algunas Comunidades Autónomas ya han hecho modificaciones Legislativas sobre la materia urbanística: Cataluña las está sacando ahora al final de la legislatura. Galicia tiene una modificación de la Ley del Suelo que yo no sé en qué proceso está ahora, dentro de su Asamblea Legislativa. Y nosotros en esta línea estamos preparando, en colaboración con la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo de la Administración Central, unas jornadas en las que pretendemos invitar a todas las Comunidades Autónomas a una mesa de debate; probablemente, las celebremos en Segovia, para plantear cuáles deben ser unas líneas coherentes, si cabe; a lo mejor el resultado es que no, que cada Comunidad Autónoma debe de ir absolutamente independiente; nosotros pensamos que aquí puede haber una

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acumulación de trabajos y de experiencias que no hay por qué dilapidar y estas jornadas, reuniones o como las queramos llamar sobre la legislación urbanística en el medio rural, creo que las vamos a celebrar, ya digo, en colaboración con la Administración Central, invitando a todas las Comunidades Autónomas en Segovia, en un plazo de tiempo relativamente corto. Sobre la composición de las Comisiones Provinciales de Urbanismo, bueno, me voy a extender un poco más, ¿no? O sea, evidentemente, los únicos representantes no son los representantes de los Ayuntamientos. Nosotros, yo a lo que me he referido era, precisamente, a los representantes de los Ayuntamientos en los que yo entiendo que la presencia de los dos Grupos Mayoritarios, bueno, es algo equilibrado y que en un caso un Grupo Minoritario ha entrado, pero porque, realmente, en una provincia determinada tiene una entidad importante; pero es que en esa provincia también el Grupo Popular, bueno, tiene, está representado suficientemente, o al menos, por la Diputación y el Ayuntamiento, porque las Diputaciones y los Ayuntamientos siempre están representados en estas Comisiones, lo cual, a su vez, me sirve para hacer una llamada yo creo que a la asistencia a las Comisiones. Yo creo que, bueno, en este momento nosotros tenemos datos que, por parte de algunos Ayuntamientos, que, bien, no se asiste a las Comisiones, ¿no? Yo creo que si existe un nivel de exigencia de estar representados, etcétera, yo creo que al mismo tiempo tiene que haber un nivel de exigencia de asistir, aunque se sea oposición minoritaria en un sitio y las oposiciones minoritarias en un sitio unas veces son unos y otras veces son otros; pero que, evidentemente, yo creo que la democracia, en el fondo, es exactamente eso: que gobierna el que tiene más, pero que tiene presente (como aquí hoy día tenemos) a la oposición para controlarlo, conocer, tener información y, en su caso, sacar conclusiones que pueden llevar a corregir rumbos, si estos rumbos son equivocados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Señor Portavoz del Grupo Socialista. Bien; entonces pasamos al turno de intervención de los señores Procuradores. Les recuerdo que tienen tres minutos para exponer sus preguntas y el señor Secretario puede tomar nota de quien quiera intervenir. Bien, tiene la palabra el Procurador señor López Rodríguez.

EL SEÑOR LOPEZ RODRIGUEZ:

Señor Presidente. Mi pregunta, aunque ya la ha tocado un poco el tema el señor Consejero, es, ya que atravesamos una época de crisis, si se están págando, con puntualidad, las certificaciones de obra a los contratistas, dada la importancia que esto tiene, ya que, en su inmensa mayoría, son pequeños y medianos empresarios; ya que parecía que había malestar en ese sentido.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien. Bueno, yo creo que nos hemos referido ampliamente al tema. Por parte de la Consejería todas las intervenciones que en esta línea hemos podido tener, la hemos hecho, incluso con independencia de otro tipo de valoraciones que podían haber sido más vistosas a lo mejor, políticamente, ¿no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ): A

A continuación tiene la palabra el señor Alonso Pelayo.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Bueno, yo quería primero hacer una aclaración. ¿Tres minutos por pregunta, o tres minutos en total?

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Tres minutos en total.

(Risas.)

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Gracias, señor Presidente.

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

El señor Procurador ya lo sabe. O sea que no cuela; no cuela.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Yo no he escuchado, de boca de nuestro Consejero, nada en cuanto a reparación de canales y acequias. Sabemos que todas las competencias no están transferidas, pero éste es un tema de suma importancia en nuestra Región; porque no sé si sabe el señor Consejero que en vez de canales y acequias, en algunos casos tenemos una auténtica regadera, donde encharca y empantana nuestras tierras y, además, por si es poco, no se aprovecha el agua y se les multa, a su vez, a aquellos agricultores que aprovechan, en los finales de los canales, el agua sobrante que va a los ríos. Yo no sé si es pregunta o sugerencia, pero sí quisiera que el Consejero hiciera los trámites oportunos en estas dos cuestiones concretas,

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tanto en las multas que se le han puesto a los agricultores, como si algo tiene que decir en las reparaciones de canales y acequias en nuestros regadíos y, también, preguntarle, al mismo tiempo, cuántas hectáreas tiene pensado la Consejería transformar, o las Consejerías, o la Junta, de regadío en nuestra Región, que tampoco se ha hablado nada.

Y en cuanto a la Vivienda Rural, que se ha hablado mucho de ella, sí quisiera saber un poco los criterios que va a seguir la Junta o la Consejería, porque ha dicho criterios objetivos en muchos casos generalizando; si los criterios objetivos son por ejemplo: los coeficientes de población, etcétera, etcétera, desde luego a los pueblos les seguirán haciendo alguna pequeña colmena de esos pisos de dos o tres que, en casos, parecen los de las barriadas que están dejando en Madrid y en nuestras grandes ciudades, y no, y no, desde luego, guardando el entorno de nuestra Región y, sobre todo, de nuestros pueblos. Creemos que no hay ayudas suficientes a la Vivienda Rural, mucho menos créditos a la Vivienda Rural y, desde luego, muchos inconvenientes, incluido el valor de los proyectos que cuesta hacer una vivienda rural que, en muchos casos, no se comprende y no se puede aportar por parte de los agricultores y los ganaderos. Y desde luego como sorpresa, ya para terminar, una sorpresa en cuanto al Portavoz del Grupo Socialista, que dice que en algún momento pueden hacer la crítica a su Gobierno si lo hace mal; que me sorprende mucho que no le haya hecho ya la crítica de antemano, cuando sabe que ha bajado el Presupuesto precisamente en Vivienda Rural y creo que ha sido en el último año. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Alonso. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Sí, sí...

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Por alusiones...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, bueno. Por alusiones; pues bien, le corresponde un turno de tres minutos.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Es medio segundo por la última matización que se me ha dicho. Yo estoy de acuerdo que quizá debería ser más alto el crédito del Patronato de la Vivienda Rural, pero difícilmente puede hacer la crítica el señor Consejero, cuando eso lo han aprobado las Cortes Generales y es una competencia del Estado Central.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Me refiero al Gobierno Central, por supuesto, por supuesto. Es que creí que se había entendido.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Evidentemente, lo lógico es hacer la crítica a quien está presente, y aquí no están los miembros del Gobierno Central para poder contestar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien. Gracias, señor Buiza. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien. La primera parte, en lo que se refiere a reparaciones de canales y acequias, yo lo tomo como sugerencia. Bien; yo creo que es un tema muy importante. Yo, a través de mis contactos con los actuales dirigentes de la Confederación, realmente, que es gente, por ejemplo, la Confederación del Duero, gente que viene de otras muchas Confederaciones, gente que ha estado trabajando en este tema, su gran lamento, realmente, es una política de inversiones tradicional. Yo creo que una política un poco de espejismo, de grandes inversiones, de poner muchas hectáreas en regadío, de hacer grandes obras que a lo mejor esas grandes obras a quien interesa son a las grandes empresas, a las grandes "consulting", etcétera, y, sin embargo, el absoluto abandono de todas las redes de regadío, hasta los extremos de que se pueda estar perdiendo el cuarenta por ciento del agua y cosas por el estilo. Hablamos que el agua es un bien escaso, que hay que hacer pantanos, etcétera, etcétera; e igual que yo antes he dicho que me parece más importante acabar las viviendas que están hechas que empezar nuevas, probablemente sería más importante mantener en unas condiciones óptimas el servicio, las acequias y los pantanos que existen, antes de acometer otras muchas obras, porque a lo mejor hablamos de que vamos a poner no sé cuántas hectáreas en regadío, a través de planes costosos y traumáticos, como consecuencia de expropiaciones, etcétera, etcétera, y lo que ya tenemos es algo que se está en un proceso de degradación absoluto. Yo lo tomo como sugerencia y yo creo que nosotros podremos dirigirnos a las Confederaciones

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que afectan a la Comunidad, en el sentido de que tomen como prioritario -y yo sé que muchos técnicos de ellos lo conocen perfectamente el tema- el tema de las reparaciones frente al tema de las grandes obras, obras nuevas, y esto es una gestión que nosotros haremos.

Y en el mismo caso el tema de las multas, ¿no? A lo mejor resulta que con esos canales funcionando correctamente se podrían regar todas esas hectáreas que los agricultores, pues de, por la noche de una manera ponen el tractor o hacen cosas de éstas y, sin embargo, se les multa en vez de arreglar el tema éste. Yo sí, lo que sí que me gustaría sería una ampliación de cosas, de cosas concretas para poderme referir; no hablar de multas así, porque a lo mejor resulta que, en algún caso, son algunas multas que tenemos que ser solidarios con ellas, o sea, supongo que habrá multas y multas y multas ¿no?

Lo de cuántas hectáreas en regadío nosotros vamos a hacer con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes un plan de estudio de los recursos hidráulicos de la Comunidad y la capacidad de puesta en obra de regadíos. Bueno, nosotros vamos a tener, y es un tema que no ha salido hoy en todas las conversaciones, vamos a tener la semana que viene, me parece, una Comisión específica dedicada al tema de Riaño, la Comisión se seguimiento de Riaño y creo que también se va a tratar el tema de San Pedro de Arlanza; yo creo que en ese momento, ahí, podré profundizar un poco más, con independencia de que yo creo que en este momento vamos a hablar del Plan, igual que hace cuatro meses hablamos del Plan de Carreteras y hoy ya podemos decir que hemos contratado la primera parte del Plan de Carreteras; supongo que en un período de tiempo pues podremos decir que hemos empezado a hacer el Plan de Regadíos.

Bueno, sobre la Vivienda Rural, es que yo creo que se han mezclado ahí bastantes cosas. Cuando hablamos de criterios objetivos de reparto, nosotros estamos hablando de inversiones en general, de las inversiones que proceden vía fondo, vía reposición, etcétera; y el Patronato de la Vivienda Rural tiene dos partes, se nutre de dos fondos distintos: uno que son las propias devoluciones que, por lo tanto, ya están, digamos, provincializadas, porque cada Patronato tiene ya un patrimonio, y luego las subvenciones que proceden de la Administración del Estado, que entiendo que las territorializaremos con el mismo criterio que proceda y que se territorializan por parte de la Administración del Estado, que pensamos que puede ser la manera, digamos, más defendible de hacerlo -porque, evidentemente, territorializar siempre es un tema difícil y susceptible de críticas desde muchos puntos de vista-; esto lo hemos mezclado un poco con lo de las tipologías de la edificación, etcétera. Bien, yo entiendo, lo que se refiere estrictamente a Vivienda Rural, al Patronato, evidentemente eso depende del señor que lo pide y, normalmente, es para mejora de la vivienda, de la vivienda que exista y, por lo tanto, para tipologías normalmente históricas y que, normalmente, las propias, desde los propios pueblos es donde, normalmente, la ampliación y la mejora sigue esos mismos criterios históricos. Cuando hemos roto los modos de vida rurales ha sido cuando hemos llegado los de las ciudades muchas veces, ¿no?; cuando les hemos impuesto el bloque, el bloque de tres plantas en cualquier sitio, etcétera. Evidentemente, nosotros vamos a proponer trabajar fundamentalmente la política de vivienda unifamiliar en el medio rural y yo llegaría hasta en el medio urbano. De hecho, el Decreto que se refiere al Plan Cuatrienal de Viviendas, cuando habla de mejoras de condiciones de financiación (incluso, bueno, el Decreto también admite en algunos casos subvenciones a fondo perdido y tal), una de las condiciones que mejora la financiación es, precisamente, la vivienda, la vivienda unifamiliar; o sea, que yo creo que progresivamente se está produciendo un fenómeno postcultural, ideológico o algo así, en la línea de potenciar unos modos de vida, de vivienda bastante separados de los que han sido el modelo desarrollista de los últimos tiempos y que, además, resulta que esos modos de vida son mucho más ajustados a la crisis, a la crisis económica, porque desaparecen muchos de los costos demenciales que la política del gran bloque, etcétera, a la larga, a la larga trae como, como consecuencia. Y también esto se refiere un poco a lo que yo he estado comentando, en contestación al Portavoz del Grupo Socialista, que es sobre el valor de los proyectos y todas estas cosas. Yo creo que bien sea porque se logra una normativa nacional a través de ese Decreto, que la Dirección General de Arquitectura del MOPU estaba preparando de ayuda a la construcción y tal, o bien porque la Comunidad inicia una política, en esa línea, yo creo que podremos llegar a un momento en el que bien sea desde la Administración Local (o la Administración de la Comunidad Autónoma), podamos tener, digamos, unos calendarios, unos proyectos tipos en los que el particular, digamos, bien sea mediante una tasa al Ayuntamiento o una cosa de este tipo, y la contratación de una dirección de obra, que yo creo que eso sí que es algo que es una mejora, en muchos casos, sobre la situación de la absoluta falta de control técnico, pueda, pueda llegar un momento que este, este obstáculo actual que es,

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para mucha gente, el proyecto que, entonces, como consecuencia de ello no hace proyecto y se, y se funciona en la ilegalidad, se pueda modificar sustancialmente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Consejero. Tiene la palabra la señora Procuradora Peñalva Araujo.

LA SEÑOR PEÑALVA ARAUJO:

Gracias. Solamente es una pregunta y, además, muy concreta...

-No se oye...

LA SEÑORA PEÑALVA ARAUJO:

Es igual, hablaré un poco más alto.

-¿No hay turno de réplica por parte de otro Grupo?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

No, no. Simplemente es la pregunta, la intervención de tres minutos.

LA SEÑORA PEÑALVA ARAUJO:

Alzo un poco la voz. Como ciudadana del medio rural que soy, pues me preocupa bastante todo este problema que está habiendo con las parcelaciones ilegales que conocemos. Entonces, yo le quería preguntar si va a haber una colaboración o ha habido ya algún contacto con la Consejería de Agricultura e Industria, para, de alguna manera, controlar esto o paralizarlo. Simplemente era eso.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, sobre las parcelaciones ilegales, yo también, es una cosa que nosotros hemos empezado a mover una gran cantidad de los expedientes que estaban paralizados en la Consejería durante mucho tiempo. Hemos llegado, incluso, a resolver ya una, unas sanciones, unas sanciones importantes en una parcelación ilegal, con multas que en total ascienden a una cantidad próxima a los veinte millones de pesetas. Pero, evidentemente, yo creo que no es el proceso, digamos, disciplinario el que, al final, tiene que llevar a la disciplina urbanística, sino que tiene que ser otro proceso. Un poco en esa línea van a lo que me he referido antes de las jornadas estas del urbanismo en el medio rural. Yo creo que, como consecuencia de eso, más estudios (la verdad que desinteresadamente, desde muchos sitios, nos están facilitandode unas propuestas de modificación de la Ley del Suelo) se pueda mejorar el tema de la disciplina urbanística; igual yo me he referido antes a la propuesta de Decreto de Coordinación Administrativa a efectos urbanísticos con el resto de las Consejerías, porque, claro, lo curioso es que lo que no podemos caer un poco es en la inercia de la Administración pasada que teniendo las propias competencias de la Administración del Estado, estaba produciendo (y en este momento la Administración de la Comunidad Autónoma) estaba produciendo resoluciones dispares o incluso enfrentadas, ¿no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Hernández Escorial.

EL SEÑOR HERNANDEZ ESCORIAL:

Nos ha dicho el señor Consejero que en el año mil novecientos ochenta y cuatro, la promoción privada en nuestra Comunidad de Castilla y León es sobre setecientas viviendas, digo, perdón, la promoción pública, y la promoción privada de nueve mil en un plan cuatrienal. Yo le preguntaría en la promoción pública de setecientas viviendas, cuál va a ser el criterio distributivo, porque me parece que setecientas viviendas (y no es por dividir por las nueve provincias que forman la Comunidad, pues saldría a ochenta viviendas por cada una de nuestras provincias), pues considero que es muy pequeño.

En el debate del Presidente de la Junta, don Demetrio Madrid, nos habló que nuestra Comunidad de Castilla y León era la tercera Comunidad Autónoma en la promoción el año mil novecientos ochenta y cuatro; claro, me extraña mucho que con setecientas viviendas en el año ochenta y cuatro, de promoción pública. Y también que me explicara qué criterio distributivo, en el Plan Cuatrienal, iban a ser las nueve mil viviendas que se proyectan, porque yo conozco los planes, pues, en Cataluña, País Balear y Madrid, y nos duplican o nos triplican estas viviendas. Cómo es posible que nosotros, nuestra Comunidad, pueda ser la tercera Comunidad Autonoma en número de viviendas, con lo cual se plantea el problema del paro, similares, etcétera. La inversión en vivienda este año, según el Consejero, son cuatro mil setecientos millones de pesetas; si este año nosotros acometemos, en el año ochenta y cuatro, setecientas viviendas, en un precio de promoción pública pueden ser unos ciento cuarenta millones, dos mil viviendas

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paralizadas (lógicamente algunas están en estructura o estarán en alguna fase), me imagino que serán, como mucho, dos mil millones de pesetas, como no sabemos que en este año, en este Plan Cuatrienal, primer año del ochenta y cuatro, cuántas va a haber de promoción privada, me temo que a esta Consejería le va a sobrar dinero; si son cuatro mil setecientos millones de pesetas, pues pueden sobrar sobre mil quinientos millones, con lo cual se crearía ya otro grave problema, tanto porque no nos gastaríamos nuestros dineros y, posiblemente, porque volvemos a incidir en el tema del paro y otros similares.

Y, por último (que es una pregunta que también está un poco ligada), nos preocupa a nuestro Grupo el Decreto del IPPV, sobre la realización de viviendas con los Ayuntamientos. Queremos saber el criterio distributivo, también, de este tema, porque nos tememos que los propietarios de nuestra Comunidad de Castilla y León, que son muchos, que no tienen medios económicos para rehabilitar sus viviendas y, posiblemente, lo que quieran, como no tienen esos medios, es poderlas vender en oferta privada, pues encuentran que, lógicamente, si el Ayuntamiento accede a esta compra, los propietarios tienen cierto miedo, cierto temor, de que si ellos promueven, promueven o venden, lógicamente las Comisiones de Cultura, aunque no sea de esta Consejería, pues, las licencias, el proyecto es muy costoso, las licencias son muy largas de obtener; entonces, se puede crear un malestar pensando que el único sistema para poder vender estas propiedades es a través de los Ayuntamientos con el crédito del IPPV, con lo cual muchos promotores (ya en el caso de Segovia, que ya ha habido ocho viviendas, ocho, promoción de este tipo), los promotores se encuentran con una competencia desleal y tienen miedo de que, posiblemente, la única forma de poder rehabilitar una vivienda sea a través, forzando estos temas de rehabilitación. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Escorial. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Voy a tratar de contestar porque no he sido capaz de apuntar todos los temas. Si se me pasa alguno, yo creo que luego sí podría precisar alguno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

De acuerdo.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Vamos a ver. El, la cifra de setecientas viviendas para promover en la Comunidad Autónoma es el resultado, yo entiendo que provisional, porque nosotros hasta este momento no tenemos los medios para chequear exactamente este dato, de deducir de los cuatro mil setecientos millones de pesetas con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial del año ochenta y cuatro, los compromisos ya adquiridos. Esto quiere decir que, y eso es cierto, digamos, en la Comunidad Autónoma se invertía bastante en vivienda pública; en algunos casos, mucho, hasta extremos de que hay localidades en las que hay construidas cincuenta viviendas que están vacias, porque en ese sitio no hay cincuenta familias que necesiten este tipo de vivienda. Esto quiere decir que de los cuatro mil setecientos millones, vamos a suponer, y ése es nuestro reto como administradores, que lo vamos a gastar todos, porque de ellos la mayor parte, digamos, están ya comprometidos con la empresa contratista funcionando, con anualidades pendientes, etcétera, y que la capacidad de movimiento luego son esas setecientas viviendas que digo que es una cifra provisional.

Yo, en la intervención del Presidente, cuando se habló de las... no se dijo, yo creo que no se dijo que era la tercera Comunidad en promoción pública, sino que era una de las tres Comunidades que, en este momento, estaban en mejor situación para llevar adelante los programas de promoción de vivienda privada de protección oficial, por decirlo de alguna manera. Este es un dato que procede de la Confederación Nacional de la Construcción que, en base a la extrapolación de la construcción en los últimos años, sitúa, después de utilizar una serie importante de baremos y tal, a tres Comunidades Autónomas en una buena situación para este tema, que son exactamente: Andalucía, Baleares y Castilla y León. Eso me refiero que son esas nueve mil viviendas-año de promoción privada de protección oficial, que es el resultado de la extrapolación de los últimos años y que es lo que también los empresarios de la construcción manifiestan, en conversaciones con nosotros, que entienden ellos que es la misma cifra, era la que ellos planteaban que tendría capacidad de acometer la iniciativa privada y que existiría mercado para estas nueve mil viviendas, ¿no?

Creo que la última parte se refiere, no al Decreto sobre la rehabilitación con los Ayuntamientos, sino, más bien, a los convenios IPPV-Ayuntamientos como el que está, ha estado a punto de firmarse con Segovia, con el Ayuntamiento

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de Segovia, y que, porque no es un Decreto específico, es un poco, dentro del Decreto general de rehabilitación, una propuesta de convenio con el Ayuntamiento de Segovia para rehabilitar, digamos, de promoción pública. Nosotros, bueno, hemos intervenido ahí; entendemos que siendo la Comunidad Autónoma la que va a gestionar la promoción publica vía fondo, evidentemente, tenemos mucho que decir ahí, y yo creo que la situación es exactamente, en este momento, que la promoción de viviendas en Segovia, según la política que el Ayuntamiento de Segovia está defendiendo, se va a hacer en rehabilitación, no en vivienda nueva, y eso se puede hacer perfectamente. El tema es poner, digamos, en el mercado viviendas para unas clases sociales desfavorecidas y que, por lo tanto, eso da lo mismo que sea en vivienda nueva o en rehabilitación. Si se hace en rehabilitación, nosotros entendemos que en una ciudad — entiende el Ayuntamiento y entiende también el IPPV— que en una ciudad como Segovia, es mejor hacerlo en rehabilitación que no en vivienda nueva; pero mi idea, y yo se lo he expuesto así al Ayuntamiento de Segovia, es que si un Ayuntamiento, como podría ocurrir en cualquier otro Ayuntamiento, su política es que aquella parte de viviendas que la Comunidad Autónoma promueve en un sitio determinado es en rehabilitación, pues, es igual que si es en vivienda nueva, ¿no? Se hacen cien viviendas nuevas o se rehabilitan cien viviendas, pero eso, digamos, para la iniciativa privada, es, tiene el mismo campo de juego que tenía antes. Hombre, es un campo de juego distinto que si no se promoviera ninguna vivienda de promoción pública, pero eso, también, creo que no es un objetivo, no es un objetivo razonable. Yo es que no sé si he contestado a todo.

EL SEÑOR HERNANDEZ ESCORIAL:

Yo pregunté también sobre el criterio distributivo, referido a la economía dentro de la oferta de promoción privada. Los profesionales de la promoción privada...

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

: ¿Sobre la promociÓn privada? Bueno, yo me he referido antes un poco al tema este. O sea, el dinero de los Presupuestos Generales del Estado para subvencionar los intereses de los créditos, eso a principio de año hemos dicho que se territorializa de acuerdo con estos criterios que hemos hablado que es: la proyección de la promoción en los últimos años, con lo que a Castilla y León le toca unas nueve mil viviendas, etcetera, etcétera. Entonces, eso, en cada provincia, en cada provincia, es más, en cada Comunidad Autónoma, y, entre ellas, depende de la capacidad de arrastre del sector de la construcción Eso no, eso es dinero de todos y que puede ocurrir al final que la iniciativa privada se mueva mucho en una provincia y no se mueva nada en otra; se mueva mucho en una Comunidad Autónoma y no se mueva nada, nada en otra. Por tanto, en un momento del año se supone que eso, que ese dinero de los Presupuestos Generales del Estado, en principio territorializado de acuerdo con esa proyección de la inversión anterior, se puede modificar, y si realmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León construimos tantas viviendas, vengan para aquí recursos o sería triste que fuera al revés. Pero ahí, basado siempre en la capacidad de promoción de la iniciativa privada y de la capacidad de funcionamiento de nuestras instituciones financieras, lógicamente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien; tiene la palabra el señor Quevedo Rojo.

EL SEÑOR QUEVEDO ROJO:

Gracias, señor Presidente. Yo quería referirme, en concreto, a dos preguntas bastante cortas, que ya lo hice en la anterior Comisión, en la anterior comparecencia del señor Consejero, y están en base a las gestiones que ha llevado esta Consejería en el tema que pregunté, sobre el enlace del tramo Gumiel-Burgos, para enlazar el desvio de la ciudad con la autopista Burgos-Málaga, que obliga a un tramo (estoy de acuerdo con el señor Consejero) a pagar peaje a todos los que quieren atravesar Burgos y no tengan intención, a la vez, de pasar por la autopista. Y lo segundo es un tema, la segunda pregunta va en base a otro de los supuestos que han salido aquí y que también lo pregunté, que es el tema de la autovía Madrid-Burgos, la Nacional-I. Yo preguntaria al señor Consejero si tiene ya concretado, aparte de que nos ha dicho que su idea es forzar (creo que lo va a conseguir) que, esta ruta prioritaria para la Región sea hecha autovía en el plazo de ocho años que nos ha explicado, si para resolver esto no ha pensado en dos tramos importantes que entorpecen de momento bastante el paso de esta carretera: uno no pertenece, en parte, a la Comunidad Autónoma, que es el tramo de Buitrago, pero hay otro muy importante que es el tramo de Lerma-Quintanilla de la Mata, que entorpece bastante en las épocas de vacaciones. Gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, sí. En el tema del peaje de la variante de Burgos, nosotros hemos hecho unas gestiones ante la Delegación del Gobierno en las autopistas, porque, realmente, la situación donde se ha colocado ese peaje implica que o bien se siga atravesando la ciudad de Burgos, hasta tanto no se haga la penetración tres, o creo que es algo así, o hay que pagar peaje; en eso, yo tengo que decir que nuestras informaciones son, en principio, muy, muy pesimistas; digamos la recuperación, por parte del Estado, a la concesionaria de ese tramo plantea para el Estado una cantidad de dinero que, según las informaciones que nos han dado a nosotros, no es previsible que esto se pueda hacer a corto plazo. Si la concesionaria entra antes o después en la empresa nacional de autopistas, pues, a lo mejor en ese momento sí que se podría pensar, pero yo creo que en este momento, pues, hemos llegado todo el mundo tarde para intentar que el peaje estuviera colocado no donde se va a colocar en este momento, ¿no?

De la autovía Madrid-Burgos, bueno, yo creo que nunca, yo sería totalmente pesimista, sobre que se pudiera hacer como tal autovía en ocho años, ¿eh? Yo creo, yo lo que estoy diciendo, dentro de este moderado optimismo, es que vamos a intentar que se incluya dentro del plan y que se empiece la autovía; pero yo creo que el pensar que pudiera estar la totalidad de ella en el período de ocho años sería bastante, bastante poco probable.

Bueno, sobre el tema de Buitrago, yo creo que no está dentro de la Comunidad Autónoma; no deberíamos entrar en ello y yo creo que el problema de Lerma habría que enfocarlo distinto si realmente se hace autovía o no se hace autovía, pero, en cualquier caso, es uno de los pasos malos que tiene la carretera en este momento y que, por lo tanto, si no se hace autovía, pues, habría que estudiar en cualquier caso una variante para Lerma, ¿no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Procurador Saborit-Martínez Polanco.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

Yo quería insistir en un aspecto de la Ley de Aguas, concretamente en el aspecto de aguas subterráneas.

Como todos o casi todos sabemos, con esta modalidad de riego se riegan en nuestra Región...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Empieza otra vez, por favor. Es que con esto...

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

Decía que las aguas subterráneas, con esta modalidad de riego, se riegan en nuestra Región decenas de miles de hectáreas y que corresponden a explotaciones familiares.

Son pequeños propietarios, con escasa superficie, los cuales han abierto estas perforaciones, normalmente, con créditos de los que todavía no han salido, con un riesgo de no encontrar el agua y, cuando han corrido con estos riesgos, ahora se les amenaza con una Ley coercitiva, tanto en propiedad como en fiscalidad. Yo pediria un tacto exquisito en el tratamiento de estas cuestiones.

Se ha dicho también que ha habido contactos con las Diputaciones Provinciales en la cuestión de abastecimientos y saneamientos y que, incluso, se ha repartido un formulario y he creído entender que para establecer prioridades y evitar arbitrariedades. Yo creo que las Comunidades son Entidades Locales mayores de edad y que ellas son las que mejor conocen la necesidad de su provincia y son las que deben de aplicar esos Presupuestos; para eso tienen sus Diputados Provinciales, sus técnicos. Yo creo que los técnicos de provincia, pues, son suficientes, ¿eh?, sin llegar a que los de la Junta lo mejoren.

Y también en plan fiscalizar, fiscalizarlo o fiscal, se ha hablado de presionar a los Ayuntamientos para que establezcan unas tarifas. Vuelvo a decir lo mismo: también son Entidades mayores, ¿eh?, y que el Ayuntamiento pueda hacer igual que dedicar, poner tarifas a sus administrados, pues, gastarse el dinero en fiestas, o en cohetes, o en lo que quiera. Yo creo que es ganas de meterse en la vida de los demas.

Y finalmente, pues, no sé, animar al Consejero, a él y a algunos más, a que este dinero

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que se están manejando aquí: cuatro mil, ocho mil, diez mil millones, que de verdad vengan, ¿no?; y si, no se, no es desconfianza, que somos una provincia, una Región que estamos acostumbrados a los palos y no queremos que este dinero, pues, se vaya a ir, que sé yo, pues a la reconversión industrial, al paro de Andalucía o a la reforma agraria. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Saborit. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien, yo creo que el primer tema, el tema de la Ley de Aguas y de las aguas subterráneas, yo creo que, precisamente, es uno de los grandes debates de la propia Ley de Aguas, ¿no? Yo creo que ahí, desde la Administración Central se valoran yo creo que dos cosas: evidentemente la, la..., en este momento hay miles de pequeños agricultores que han hecho perforaciones costosas, que han invertido en sistemas, en sistemas de riegos, en maquinaria —porque, evidentemente, una inversión en regadío es mucho más que el hacer la perforación— y que, en este momento, parece que planea sobre ellos una peligrosidad sobre que aquellos pozos vayan a ser nacionalizados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también ha habido muchos pequeños agricultores que, despues de haber hecho una de estas perforaciones, de haber hecho esta inversión, resulta que al cabo de poco tiempo se han quedado sin agua, porque poco cerca de su explotación, ha habido otra explotación que ha perforado más, que ha ocupado, ha cogido su acuífero y que resulta que, evidentemente, no se lo ha nacionalizado nadie, pero le ha desaparecido su capacidad de riego, tiene que volver a perforar, bajar más, hasta que al final entre todos ellos o han agotado el acuífero o a lo mejor han llegado a aguas salinas, con lo que el sistema es mucho, la solución ha sido peor que la enfermedad. Yo creo que es un sistema, vamos, es un tema difícil. En la Comunidad Autónoma hay zonas, vamos, yo la zona que más conozco es la zona de la Moraña, etcétera, en la que estas cosas se están dando y eso tiene que tener alguna solución. Evidentemente, la solución no puede ser la anarquía actual; yo creo que ahí, de haber, tiene que haber unos procedimientos para que el aprovechamiento de esas aguas subterráneas, que yo creo que con los conceptos del Derecho Romano de que el propietario era desde el cielo hasta el infierno, evidentemente resulta que el agua no está en su propiedad, sino que es el mismo acuífero de la de al lado; pues, hay cosas de esas que yo creo que con la tecnología actual entran en crisis. Evidentemente, la Ley de Aguas no va a depender de nosotros; ahora, yo sí sigo manteniendo que hecho con racionalidad, con prudencia, esa manera de nacionalizar por, digamos de alguna manera, las aguas subterráneas, lo que tiene que acabar es en beneficio de los que las utilizan, de esos pequeños agricultores y no, precisamente, en perjuicio, en perjuicio de ellos.

¡Hombre!, decir que las Diputaciones son ellas las que mejor lo saben, pues, yo no sé si son las que mejor lo saben o las que no lo saben; pero yo creo que lo que sí que haría falta era sentarlas juntas y decir: "Cada uno tenemos unas, unas necesidades, pero resulta que el dinero que va a administrar la Junta es para todas" y que, por lo tanto, todas tienen que saber que el recurso va a ser más o menos escaso (como siempre son los recursos), y que, entre todas ellas, si cada una tiene en este momento un listado absolutamente racional de necesidades, lo que hay que confrontar, al menos, es los listados de unas con los listados de otras para programar las inversiones, las inversiones de la Comunidad. Yo creo que hablar con los Ayuntamientos de que estas inversiones necesitan, digamos, una contraprestación en la mejora de la gestión del agua, yo no creo que sea ninguna presión; yo creo que esto también es un problema de responsabilidad de todos, ¿no?, porque, evidentemente, si un Ayuntamiento alegremente, bueno, no alegremente, se le subvenciona por razones de alerta roja, por ejemplo, el cien por cien de su abastecimiento de agua, es evidente que puede no tener ningún interés en mantener esa obra, como hemos hablado antes de los canales por ejemplo, pues como el agua a los vecinos no les cuesta nada, se puede estar utilizando, como de hecho se utiliza ahora (todavía si es para regar una huerta tiene una racionalidad, si es para llenar piscinas y regar parcelas, ya deja de tener racionalidad), y, por tanto, yo creo que ese dinero que va a llegar a través de la Comunidad Autónoma, que es de todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, y de todos los ciudadanos de España, yo creo que no es ninguna presión decirle que, ese dinero que le llega, lo gestione con mucha más racionalidad y que al cabo de "equis" años, aquella red no se haya degradado absolutamente, o deje de ser suficiente porque el consumo es absolutamente abusivo. A mí me parece que ésas son cosas que son elementales y que yo creo que, en esa línea, todo lo que, todo lo que se avance sería, sería positivo y más que positivo, pues muy positivo.

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Evidentemente, hablamos de unas cantidades de dinero que a algunos nos asustan, ¿no?; pero yo creo que una de las ventajas de esto es que, realmente, al menos, partes importantes de los Presupuestos del Estado, en principio, vienen a la Comunidad. Antes, yo creo, que en los procesos antiguos no pasaba ni eso. Las divisiones del dinero eran hechas con otros criterios. Bien, nosotros ya tenemos garantizado, pues, las inversiones de reposición de no sé qué, etcétera, vía todo el proceso de transferencias. La Ley del Fondo es criticable desde algunos aspectos, es muy positiva, es muy positiva desde otros y fija para la Comunidad Autónoma unos porcentajes. Bien, yo creo que eso, eso está ahí. Evidentemente, si eso no acaba al final en la Comunidad Autónoma, evidentemente, es que hemos hecho una gestión nefasta porque, al menos, yo creo que en este momento tenemos garantizado de que eso, al menos viene. Yo creo que dependerá ya de la propia capacidad de actuación para que, además, se invierta otras cifras importantes y otras cifras importantes de dinero en la Comunidad. Pero yo creo que la primera ventaja del proceso es que, al menos, parte ya se ha territorializado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias señor Consejero. Tiene la palabra el señor Fernández Merino.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO:

Bien. Yo en orden a la brevedad voy a eliminar dos de las tres que tenía porque ya se ha tocado tangencialmente, aunque no exactamente en el mismo sentido; pero bueno, se ha contestado en parte a lo que yo preguntaba. Voy a referirme solamente a algo que, seguramente, el señor Consejero conoce, y es que con motivo de un famoso plan "Tierra de Campos", en algún pueblo de nuestra provincia a determinados agricultores se les plantó una acequia sobre su tierra, o muy próxima para que la utilizara, tierras que no tienen, absolutamente, ninguna posibilidad de ser regadas, porque lo único que podría conseguir es estropear la cosecha que ha de sacar del secano, porque la tierra no es adecuada y, sin embargo, estos hombres que, evidentemente, no utilizan el agua, porque lo único que harían es producirles pérdidas, se les está obligando a pagar el canon correspondiente del uso del agua. Esto que, posiblemente, yo trataré de concretarlo con más datos, es decir, con el nombre exacto (porque sí los tengo, pero, vamos, creo que no es el momento), digo que es una situación que se está creando difícil, en un pueblo concretamente, que al menos conozco, de la provincia de Palencia, en la que yo creo que por ese afán de hacer obras majestuosas, sin pensar en la calidad del terreno donde se quería plantar el regadío (porque no siempre es posible o, por lo menos, a veces no siempre es tan de riego como parece), bueno, pues, hay unos señores a los que se les ha plantado una acequia con la que, obligatoriamente, se dice han de regar o al menos pagarla y que ellos se niegan (yo creo que con razón o, por lo menos, en los análisis que los técnicos hacen les dan la razón), porque si luego lo hicieran, lo único que produciría sería pérdidas en lugar de beneficios. Digo que este es un tema que yo lo planteo; sé que todavía no es de su competencia, pero sí podía ser bueno de cara al estudio desde la Confederación de, al menos, no exigir el pago a estos señores de un agua que no utilizan, yo creo, que con correcto criterio.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Yo esto me lo tomo como lo anterior, como sugerencia, ¿no?; porque, evidentemente, se pueden haber hecho planes en los que bien sea por la calidad de la tierra o, incluso, por la propia estructura de la propiedad, el poner en regadío ciertas áreas sea, realmente, incluso al final hasta, hasta antieconómico, ¿no? Evidentemente, yo creo que nosotros, bueno, pues igual que vamos a hacer unas gestiones con la Confederación sobre los otros temas que hemos tratado antes, creo que podemos hacer perfectamente ésta; pero a lo mejor la enseñanza debería de ser exactamente eso: que el regadío no es poner tantas hectáreas, sino a lo mejor poner las adecuadas, desde el punto de vista de la tierra o desde el punto de vista de la estructura de la propiedad y, por lo tanto, la necesidad que en un sitio hay de regar para obtener unas producciones o no.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Junco Petrement.

EL SEÑOR JUNCO PETREMENT:

Solamente unas preguntas muy concretas. La primera es que, abundando en lo que ha comentado mi compañero Jesús Posada, sobre las aguas, quería saber si la Consejería de Obras Públicas tiene idea de redactar un proyecto de transferencias de la Cuenca del Duero, ya que el Estatuto le reconoce totalmente el que pueda realmente manejarlas en todos los órdenes, fundamentalmente en la cuestión hidráulica y debido a la importancia que tiene dentro de nuestra Comunidad.

Por otra parte, ha hablado el señor Consejero de que se iban a fomentar los abastecimientos

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de aguas, fundamentalmente, en las zonas que tienen alerta roja. Yo quería preguntar al señor Consejero si realmente se va, es decir, estas ayudas se van a hacer con una garantía técnica de ejecución, ya que, como muy bien sabe, unos cuantos por no decir bastantes pueblos que tienen esta alerta roja es debido más que a la sequía, a la deficiente proyección y ejecución de los proyectos (¡bueno!, proyectos cuando los habla, naturalmente) y muchos de ellos pues tienen pérdidas de agua enormes o, incluso, los caudales, no se ha aforado los caudales; naturalmente, están en perenne alerta roja, llueva o no llueva.

Por otra parte, quería preguntarle, también, si pensaba agilizar las actuaciones de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y las Ponencias técnicas, puesto que los plazos, desde que entra el proyecto o petición de informe hasta que se evacúa la información, normalmente, pues, duran a veces barbaridades de tiempo; no quiero decir ya cifras, pero, pero dura mucho tiempo. Y, asimismo, si tal como nos dijo en la reunión anterior, las labores de policía si iban a hacer algo porque se realiasen las labores de policía, en el sentido de las urbanizaciones ilegales, construcciones ilegales, etcétera; porque ya que, vamos, de poco puede servir una Comisión Provincial que diga: "Puedes hacerlo o no hacerlo", cuando muchas veces los edificios están prácticamente hechos. Asimismo, si se iba a apoyar la labor de los Ayuntamientos en el sentido de demoliciones forzosas, porque, claro, un Ayuntamiento cuando le dices: "Bueno, y qué hago con este señor que se ha puesto bruto y ha cogido y ha edificado" (vamos a poner una valla por no poner un ejemplo); pues hombre, pues mira puedes decir que lo demuela, lo demuela el Ayuntamiento y, entonces, es a cargo del señor este. Naturalmente, los Ayuntamientos pequeños no tienen esta capacidad de gestión y, por otra parte, no tienen los medios. Quería preguntar, al señor Consejero, si piensa apoyar de alguna manera, desde la Consejería, el que se puedan llevar a cabo estas realizaciones; puesto que, si no, pues, realmente, pues la cosa va a seguir con la anarquía que hasta ahora llevamos.

Por otra parte, y aunque sea realmente adelantar un poco los acontecimientos, puesto que el señor Consejero tiene una reunión con la Comisión del Pantano de Riaño el próximo día cinco, creo que es que, en la reunión anterior nos dijo que el Pantano, respecto a la necesidad o no, o conveniencia o no más bien, de realizar las obras del Pantano de Retuerta, no tenía un criterio formado, quisiera saber si, al margen de lo que opina esta Comisión formada por el Gobernador de Burgos, Palencia, etcétera, esta Consejería tiene ya un criterio formado, puesto que ya ha pasado suficiente tiempo. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENIE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Junco. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien. En primer lugar, yo quería decir que nosotros no tenemos previsto presentar a las Cortes un proyecto de transferencias en Obras Hidráulicas...

EL SEÑOR JUNCO PETREMENT:

Perdón. Es que decía un proyecto para que nos transfirieran el Gobierno Central.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Sí, no. El que... exactamente, bueno eso... sí, no... El tema, yo el tema creo que hay una capacidad de asumir competencias vía presentación de un proyecto de Ley ante las Cortes, como en alguna Comunidad Autónoma ya se ha hecho. Entonces, yo lo que le digo es que, dentro de la Consejería, nosotros en este momento no estamos trabajando en esa línea. Yo, yo entiendo que estamos, en este momento, igual que el resto de las Comunidades Autónomas, incluso, las primeras, igual que Cataluña y Euskadi y que, por lo tanto, creo que todavía no se ha agotado, ni muchísimo menos, la capacidad de diálogo y de racionalización del tema de las transferencias en Aguas dentro de, dentro del Estado, ¿no? Bien, nosotros hemos dicho que este año vamos a intentar invertir fundamentalmente en los pequeños Municipios, porque vamos a hacer, vamos a invertir, como me he referido antes, vía convenio o colaboración, o, como al final se estructure, con las Diputaciones para los pequeños Municipios, y luego, con los mayores de veinte mil habitantes, de acuerdo con los programas de los Planes de Urbanismo. Pues bien, la parte que se refiere a los pequeños Municipios, este año queremos, fundamentalmente, referirnos a los temas de alerta roja y, evidentemente, yo espero que tengamos la capacidad de dar la garantía técnica, no puedo decir otra cosa como puede comprender el señor Procurador, para que esto, esto no es así; intentaremos que sea así. Y bueno, me gusta lo que ha dicho posteriormente de las deficiencias de obras ejecutadas, etcétera, porque va un poco en la línea que yo decía antes de que, al mismo tiempo que se hace una obra, vamos a intentar que sea

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con garantía técnica; hay que dar la responsabilidad al Ayuntamiento que, por los procedimientos que sean, aquella obra se mantenga, si es que estaba bien hecha, y luego se destruye por falta de conservación, haciendo que el Ayuntamiento, digamos, no sea aquello una infraestructura que se quede aquí mientras dura y luego, al cabo de "equis" tiempo, decir otra vez que se está en una situación de deficiencias de abastecimiento de agua.

Bueno, sobre que las Comisiones Provinciales de Urbanismo, se intentan agilizar; a mí me gustaría que contestara luego el Director General de Urbanismo. Yo pensaría, en principio, que no se están retrasando en este momento los temas; pero, sin embargo, yo creo que una información más completa creo que la podrá dar él ahora, ¿no?

La policía urbanística —entonces hablamos— yo creo que es un tema importante, que sería el de la capacidad de policía, incluso, real que tendremos cuando se produzcan las transferencias de carreteras. Evidentemente, en carreteras, hay, habla unos medios que tanto el Ministerio de la Vivienda y, por lo tanto, la parte de Urbanismo luego, cuando se unió con el MOPU, pues siguió igual, una falta absoluta de medios, de conocer lo que está ocurriendo, con independencia de que se hagan resoluciones muy serias en las Comisiones Provinciales y que todos hagamos una gran parafernalia de la disciplina, cuando luego resulta que cada uno hace lo que quiere en cada sitio, que eso, hay que ser sinceros, eso es lo que está ocurriendo en muchísimos casos, ¿no? Entonces, yo creo que una inspección al menos en parte importante, exactamente igual que se hace en carreteras, que nadie construye a menos de la distancia que fija la Ley de Carreteras; luego, si eso ocurre en un supuesto, creo que tendremos medios para, en partes importantes de las provincias, funcionar igual sobre, con las edificaciones que, en general, afecten o no afecten a las carreteras. Bueno, nosotros proponemos, por supuesto que nos proponemos apoyar a los Ayuntamientos pequeños frente a las infracciones, intentando lo de las demoliciones, etcétera. Nosotros estamos constantemente haciendo expedientes, en este momento, como denuncias, bien sean de particulares o de Ayuntamientos, y buscando caminos que nos permitan, desde un punto de vista legal, hacer resoluciones sin ningún tipo de fisura en cuanto a ordenaciones de paralizaciones de obras, ordenación de demolición; muy recientemente se ha ordenado también una demolición en un pueblo por una infracción urbanística, después de un expediente complejisimo vía Comisión Provincial de Urbanismo y demás, ¿no?

Sobre la Comisión de Retuerta, evidentemente, desde mi intervención anterior ahora, pues han pasado muchas cosas y yo entonces incluso dije que había, que nosotros estábamos esperando un informe de impacto ambiental que habla encargado, en su dia, el CEOTMA y, bueno, ese informe ya lo tenemos; eso no quiere decir que en este momento yo vaya a dar una respuesta concreta, aunque es muy probable que en la reunión de la próxima Comisión centremos bastante más los temas. Ahora, yo lo que sí puedo decir es que el informe de impacto ambiental que da al Pantano de Retuerta es en contra de la ejecución del Pantano de Retuerta en sus actuales, con el proyecto actual.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, puede ampliar el tema, sobre el tema de las Comisiones, el señor Director General de Urbanismo.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO (SEÑOR CANDELA PI):

Sí, gracias. Efectivamente, creo que todos ustedes saben —y si no me refiero a ello— que, como Director General de Urbanismo, he asumido, por un Decreto de la Junta en su momento, la presidencia de las Comisiones Provinciales de Urbanismo de la Región, que estoy ejerciendo desde el mes de septiembre de forma efectiva, de forma que presido las Comisiones Provinciales de Urbanismo de toda la Región. Es cierto que en algún momento —y tengo noticias y datos de ello— las Comisiones Provinciales se venían reuniendo, en algunos casos, con una periodicidad de cinco o seis veces al año.

En este momento las instrucciones, que se están siguiendo al pie de la letra, son de que estas Comisiones se reúnen de forma sistemática una vez al mes, cuando menos, y, en varias provincias, atendiendo a requerimientos en función de los temas a tratar, se reúnen con carácter extraordinario si así fuese necesario. Nos estamos reuniendo, a veces en varias provincias se han reunido dos o tres veces Comisiones Extraordinarias. Las Ponencias Técnicas, por otra parte, se reúnen, también, una o dos veces para cada Comisión Provincial de Urbanismo, de forma que entiendo que, salvo el período del año ochenta y tres que puede ir de mayo a septiembre, efectivamente, se ha producido un lapsus y una importante, digamos, acumulación de expedientes, pero entiendo que, en este momento, estamos funcionando con una agilidad, yo creo que

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bastante importante. No obstante, por supuesto, hay que hacer constar que hay tramitaciones que son, evidentemente, lentas, pero no sólo en la Comisión Provincial de Urbanismo, sino en cuanto a las garantías que un planeamiento, por ejemplo, en su aprobación requiere de: participación pública, etcétera, etcétera; entonces, creo que en este momento estamos capacitados para dar una respuesta suficientemente ágil a los temas del planeamiento en las Comisiones Provinciales y también en las Ponencias Técnicas. En estos momentos están, desde el quince de marzo, se han comenzado a reunir ya las de Avila, Burgos y León; mañana la de Palencia con la nueva composición y siempre con este criterio de cuando menos una vez al mes, más las convocatorias extraordinarias que resultasen necesarias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias, señor Director General. Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Yo había pedido la palabra nada más para unas breves puntualizaciones que quedaron después de mi intervención anterior. Bueno, yo decirle al señor Consejero que me alegro que en el último año, me alegro que, en el último año, se haya invertido la cifra que yo conocía, en lo que a inversión de la Confederación Hidrográfica del Duero se refería a provincias como Valladolid y Segovia; pero yo le pediría, simplemente, que no se deje guiar de ese espejismo y que, por favor, se comprueben las series históricas, porque me parece que las series históricas dicen algo muy diferente, o yo estoy muy equivocado, pero me parece que no, porque yo he sido testigo en las tensiones que se producían, precisamente, dentro de esa Provincia en contra de la otra, de Valladolid.

Bueno, también decirle que cuando se habló de los ferrocarriles, pues, creo que se debió a un lapsus que, bueno, no tiene mayor importancia; pero no sólo fueron los Grupos Mayoritarios aquellos que apoyaron el tema de los ferrocarriles de la Región, también los Grupos Minoritarios, el Grupo minoritario, pusimos algo de nuestra parte. Es decir, creo que ha sido un lapsus y no tiene mayor importancia.

Y, finalmente, en lo de las Comisiones Provinciales de Urbanismo, yo había aceptado, cuando se planteó esta tarde el tema de que, bueno, se imponen las mayorías, indudablemente, y que no podía hacer demasiado hincapié en que tuvieramos, por parte del P.D.L., alguna representación en las Comisiones Provinciales de Urbanismo; pero, bueno, cuando ya se ha querido defender y se ha querido hablar de imparcialidad, entonces, ya empiezo a pensar que el tema no está tan claro tampoco, porque, bueno, la representación del partido en el cual yo milito, el P.D.L., en la Región es muy pequeña, evidentemente, pero hay algunas regiones en que esta, esta representación, o algunas provincias en la cual esta representación no es exclusivamente pequeña tampoco y, bueno, pues, indudablemente, imparcialidad no. O sea, comprendo el tema de que se imponen las mayorías, pero, teniendo en cuenta el número de componentes de esta, de estas Comisiones Provinciales de Urbanismo, que tienen diferentes conductos, diferentes canales: a través de Diputaciones, a traves de Ayuntamientos, etcétera, a través de la Comunidad Autónoma, hubiera sido bueno que, por alguno de estos canales, alguna representación, si bien pequeña, se hubiera podido contemplar, porque creo que buscando esa imparcialidad y hasta buscando esa proporcionalidad, en algunos casos esa representación hubiera sido de justicia. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Gracias, señor Montoya.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, yo voy a hacer, voy a hacer esa investigación sobre las series históricas de inversión en Obras Hidráulicas. Me refiero, o sea, nos referimos exclusivamente en este momento a abastecimientos y saneamientos; puede ser que en otras inversiones tenga absoluta, absoluta razón. Yo creo que lo grave de eso no es que en un momento favorezcan a unos o no favorezcan, sino que pase eso. Yo creo que nuestro esfuerzo debería ser racionalizar eso para que las series históricas fueran series históricas constantes, en función de unos criterios objetivos y que no pareciera que es un poco la presión politica o la capacidad superior de una Provincia sobre otra, de un Ayuntamiento sobre otro, de un Municipio sobre otro.

Bien, evidentemente, era un lapsus lo de.... por supuesto que los Grupos Minoritarios ahí tuvieron tanta presencia como los otros Grupos en el tema de los ferrocarriles, o sea. Y bueno, la imparcialidad en las Comisiones Provinciales de Urbanismo, yo no creo que se puede decir que son imparciales por esto; eso quiere decir, bueno, que un Grupo no está representado, pues por una serie de razones. Yo no creo que por eso "las Comisiones Provinciales de Urbanismo se las pueda achacar de imparcialidad, sino..., pero, vamos, que de todas maneras creo que está muy

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lejos de la irracionalidad, en este caso, como se ha organizado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, tiene la palabra el señor Varillas Asenjo.

EL SEÑOR VARILLAS ASENJO:

En Palencia, Palencia capital, hay un tema que consideramos de gran trascendencia: es el tema del Plan General de Urbanismo. Sabemos que se ha emitido el informe desfavorable de la Comisión Provincial de Urbanismo y ha habido un silencio sospechoso por parte de ciertas instituciones palentinas. Nos suponemos el motivo; pero, de todas formas, querríamos, si es posible que esta Consejería nos informase sobre el tema.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bueno, el Plan General de Palencia, una vez aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, se sometió a informe de la Comisión, digo de la Diputación primero, de acuerdo con la tramitación de la Ley del Suelo, y después de la Comisión Provincial de Urbanismo; entonces la Comisión Provincial de Urbanismo emitió un dictamen que el Ayuntamiento de Palencia ha decidido reconsiderar una serie de temas, pero yo casi preferiría que el Director General de Urbanismo informara al respecto, ya que el tema no ha llegado, digamos, a la Consejería a nivel de servicio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, puede ampliar los datos el señor Director General.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO (SEÑOR CANDELA PI):

Efectivamente, yo informaría aquí, como ha dicho el Consejero, como Presidente de la Comisión de Palencia, puesto que el tema del Plan General de Palencia no ha llegado a la Consejería nuestra. Efectivamente, es cierto; después de la aprobación provisional del Ayuntamiento, se produjo el informe de la Diputación y el posterior informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, como es preceptivo. Esta Comisión se reunió con este asunto como único punto del Orden del Día y, tras un intenso debate en el que se detectaron una serie de deficiencias, estando presente el Ayuntamiento, representado el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación, digamos, se emitió un informe desfavorable por unanimidad, es decir, por unanimidad, incluido el propio Ayuntamiento de Palencia. Las deficiencias que se observaron de orden técnico, entiendo que eran importantes y, si bien hay que ver que este informe no era vinculante, es decir, que el Ayuntamiento de Palencia podía haber, con toda tranquilidad, remitido a continuación el expediente completo a la Consejería para su resolución, creo que el Ayuntamiento de Palencia asumió parte de estas deficiencias, se asumió la importancia que tenían y que, de alguna forma, no estaban suficientemente tratadas en el Plan General, de forma que se ha producido un "impáse", que yo en este momento no conozco, digamos, con exactitud su contenido, y que el Ayuntamiento está reconsiderando (eso sí que, esos datos sí que los tenemos), el Ayuntamiento está reconsiderando, digamos, la viabilidad del Plan General. Me ha visitado hace poco el concejal de Urbanismo y, efectivamente, hemos estado comentando algunos de los temas que salieron en el informe que emitió la Comisión Provincial de Urbanismo y que el Ayuntamiento se está replanteando. Nos ha hecho, a este respecto, dos consultas por escrito, por entender que, digamos, que la opinión, la evacuación de ese informe con la Consejería le era de gran interés, que se han, desde luego, emitido y se han devuelto al Ayuntamiento. Entiendo, pues, que el Ayuntamiento está en este momento replanteándose la viabilidad del plan y proponiendo una serie de modificaciones que, de ser sustanciales, posibilitarían el que el Plan tuviese que volver a información pública, y si no, pues, digamos, una vez introducidas en el Plan, entiendo que lo remitiría a la Consejería para su resolución definitiva. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Fuentes Hernández.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Bueno, yo voy a ser muy rápido, pero tengo bastantes temas y no me quiero marchar sin hacerles, porque entiendo que, primero quizá que la hora no sea buena (es decir, empezar por la tarde), y segundo, yo sigo observando una serie de deficiencias, que tengo que poner de manifiesto, probablemente porque las desconocen, no como critica. Yo personalmente me sorprende, y hago una pregunta que es dirigida por supuesto al señor Consejero, pero que me gustaría que me respondiera la persona que tecnicamente él considere más correcta en esta presencia aquí de sus Directores Generales: ¿cuál es la razón de que los Boletines de, que se nos mandan, aparezca en el detalle ciudadano máximo, es decir, cómo se llaman los señores que se traspasan, etcétera, etcétera, etcétera, incluso lo que cobran y cuántos

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días llevan en la Administración, y sigan sin publicarse, por ninguna Consejería, los expedientes completos de relación de transferencias. Yo quiero saber si es una razón de orden técnico o es una razón de orden político.

Segundo: en esta pregunta, en orden a transferencias, querría saber si la mejora y reparación de grupos antiguos que existían en las Delegaciones y en todas las Provincias, y, bueno, estos fondos que habla destinados a estos programas se han asumido, o se han desechado, o la propia administración no los ha considerado.

Habla un Plan General, también, de la Dirección General de Arquitectura sobre edificios singulares a nivel del Estado y yo no sé si la propia Consejería sobre este tema tiene alguna noticia, o tiene algo que decirnos, ¿no?

Sí que me gustaría, por no incidir más, porque se ha hablado bastante, pero conocer un dato si fuera posible, y es: en esa transferencia de obras comprometidas, realmente, cuánto está comprometido en los tres años que siguen, y cuántos de estos proyectos ya están elaborados y, por tanto, no va la Consejería nada más que a dar su opinión o los va a retirar, o cuál es el criterio; es decir, si hay un porcentaje, si se sabe que estas obras comprometidas el cien por cien son proyectos ya realizados y fuera de la Comunidad, o por otra parte no es así, o se acerca algo a esta idea.

Bueno, yo, todas estas cosas que estoy escuchando, me pregunto, y pregunto en voz alta si todos estos planes de viviendas, de carreteras, del IPPV, de la vivienda rural, con este estudio de comarcalización, cómo se está coordinando, es decir, quién coordina esto. Es decir, cómo se ha contratado un plan de comarcalización, si en el plan estamos ya actuando con hechos concretos; esto cómo se está coordinando. Y me gustaría saber su opinión sobre estas frimas que está haciendo la Administración Central —me estoy refiriendo ahora concretamente a Arquitectura—, en las distintas Provincias, con convenios que incluso se hacen ya para varios años directamente para la Administración; es decir, cuál es su opinión con relación a esto, estas actuaciones. También estos convenios para la restauración de pueblos abandonados; que ha salido por ahí con una visión bastante sugestiva o curiosa entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el MOPU, ¿no? Nuestra, nuestra Consejerçía, nuestra Comunidad Autónoma ha sido llamada a este plan, o ¿qué pasa?

La aprobación de los Planes Generales que la Junta está haciendo me da la impresión de que, de momento, son de las grandes poblaciones y yo por la referencia y el seguimiento que me toca hacer creo que la mayoría de las grandes poblaciones programan sus inversiones en el mismo plan, con la garantía de que las Comunidades Autónomas y el Estado Central, van a efectuar los programas que ellas han definido sobre el Plan. Yo pregunto, es decir, ¿qué grado de compromiso tiene la Junta cuando aprueba un Plan; es decir, no es que el plan técnicamente se ejecute, sino que esas inversiones que se programan, y que esperan de la Administración, qué grado de compromiso asume, porque algunos Portavoces autorizadísimos de las Corporaciones más importantes parecen que lo dan como verdadera seguridad de inversión?

El Patronato de la Vivienda Rural sigo diciendo que es una (es mi opinión personal, ¿eh?) es una política totalmente continuista de la anterior situación, que muchas gentes hemos estado tratando de cambiar desde dentro y no lo hemos conseguido; y, bueno, quizá sea bueno derrochar más imaginación para hacer unos programas que por ahora (y yo comprendo el poco tiempo), aparecen totalmente con esa sensación, o a mí me la da. Y como consecuencia de una lectura de estas, de estas partituras que se nos han dado muy al comienzo de este concierto —y que yo he leído mientras el Consejero hablaba, etcétera, etcétera—, he visto algunas cosas muy de prisa que me preocupan y es, en los puntos tres y cuatro, en lo que se refiere a temas de Comisión Mixta, borrador sobre el Estatuto de la Comunidad Autónoma, me parece que es sobre Arquitectura. Parece que estamos dejando aspectos de legislación, como mucho, a competencias que vamos a hacer en asociación con la Administración del Estado y no sé si esto está, claro (me imagino que sí), suficientemente estudiado o, por otra parte, nosotros es que dejamos esa capacidad de legislar sobre el patrimonio arquitectónico propio sólo en manos de la Administración Central o, por otra parte, creemos que hay el marco legal para, para actuar en el sentido que yo estoy denunciando, vamos, que estoy poniendo de manifiesto.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Dígame en concreto la legislación...

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Sí, aquí... es que como me ha dado el presidente, con mucha razón, el tiempo. Aquí, por ejemplo, se habla

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de que funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma en identificación de los servicios que se traspasan, el punto i), apartado i), del capítulo 1, se dice: "Estudios básicos y estudios de rehabilitación de áreas urbanas y rurales, adopción de medidas de conservación y mejora del parque mobiliario, así como el patrimonio arquitectónico de interés comunitario". Sin embargo, en lo que se refiere a competencias y servicios y funciones que se reserva la Administración del Estado, la lectura, que yo, insisto, he hecho muy apresurada, en el apartado a) del primer punto se dice: "El denunciado y desarrollo de formas, de normas básicas, de medidas jurídicas, técnicas, ¿eh?, de protección del patrimonio arquitectónico"; entonces, a mí me, por la sensibilidad que yo tengo por estos temas, me parece (e insisto que lo he leído mientras el señor Consejero exponía en ésta, porque no he tenido tiempo de conocer este documento antes), que podría haber ahí algún problema, así como en las funciones a concurrir, la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma se deja, no sé por qué, las labores de catalogación de inventario, pues también a actuaciones mixtas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Bien, yo creo que los boletines, cuando publican, el Boletín Oficial del Estado, cuando publica un Decreto de transferencias, publica no sólo el texto del Decreto, el texto del acta de la Comisión Mixta, sino además los anexos, y los anexos llevan la relación específica de todos los expedientes que se transfieren. En el Boletín Oficial del Estado, tengo la absoluta seguridad de que eso se produce. Me deja la duda ahora, el señor Procurador, si no se produce en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y, si realmente no se produce, bien, evidentemente, no es, no está bien, ¿no? Eso no quiere decir que no se haya publicado ya en el Boletín Oficial del Estado; pero yo creo que eso es un tema que habría que comprobar, pero que en cualquier caso, ya sea en uno o en otro, se publican esos expedientes.

En los fondos de mejora de grupos antiguos, bien, eso es, precisamente, lo que son las inversiones de reposición para el IPPV. La Administración, el IPPV, evidentemente, tiene unos, unos compromisos de mantenimiento en todos aquellos grupos que están en las situaciones jurídicas de alquiler, acceso diferido a la propiedad, o algunas otras, correcta amortización, o algunas otras de los sistemas que tenía de adjudicar viviendas. Durante un tiempo largo, el IPPV también ha acometido reparaciones en grupos, en venta, bien fuera, pues, por presiones vecinales o por otro tipo de razones; durante el año pasado, el IPPV rompió esta dinámica, entendiendo que en los grupos que se vendía ya no existía responsabilidades de mantenimiento, lógicamente, porque los grupos estaban vendidos, pero los fondos específicos de reparaciones para grupos en alquiler, acceso diferido a la propiedad o renta-amortización, ésa es la inversión de reposicion en vivienda que se ha cuantificado para las Comunidades Autónomas, se ha distribuido de acuerdo con el paro que existía en cada Comunidad Autónoma de viviendas en estas situaciones.

Sobre la Dirección General de Arquitectura, los Planes son de interés general y luego se vuelve a referir; bien, yo tengo que reconocer que hay Direcciones Generales de Administración del Estado que han (y en este momento todavía) acometen actuaciones que tienen muy poco que ver con la política autonómica; son casos muy puntuales, pero no hay por qué negar, no hay por qué negar que existen y eso se está produciendo, por ejemplo, con cierto tipo de convenios, etcétera. Nosotros hemos seguido el tema y en cualquier caso, de acuerdo con el Decreto de transferencias, todo aquello que en un momento haga la Administración del Estado, en este momento, es algo que pasa la gestión a competencia de la Comunidad Autónoma.

Las obras comprometidas, yo entiendo que las obras comprometidas, por tanto, los dineros comprometidos que se producen con las transferencias son aquellas que están contratadas y, por lo tanto, son las que aparecen en los listados estos que seguro que publica el Boletín Oficial del Estado y pienso que debería publicar el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, si no, tendrá que hacerlo así; aquellos que tienen un contratista y, por tanto, existen unos compromisos económicos que el proceso de transferencias no debe, no debe romper y esas son las obras comprometidas. Puede haber obras que sólo sean intenciones: allí donde se ha encargado un proyecto, allí donde se le ha dicho que se iba a hacer no sé qué; bien, en eso la Comunidad Autónoma va a tener la máxima capacidad para no asumirlo, si considera que no es razonable, no es lógico o está mal planteado el tema, como se puede dar en muchos casos. Es decir, el concepto de obra comprometida yo entiendo que

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es así: figura allí donde haya un contratista que tiene una obra en marcha o contratada.

Evidentemente, el estudio de comarcalización que ha planteado la Junta es una política a largo plazo, que no puede impedir otro tipo de actuaciones que tenemos que hacer desde las distintas Consejerías. Por eso, nosotros tenemos que invertir, tenemos que invertir a, este o no este... Bueno, el estudio de comarcalización puede estar en marcha, en función del grado progresivo de aprobación de ese estudio de comarcalización. Podrá, por ejemplo, llegar a territorializarse las inversiones de acuerdo con las comarcas que se definan; ahora, si eso, digamos, entra en una vía muerta por otro tipo de razones bien sean técnicas, políticas o tal, eso no quiere decir que no vayamos a seguir invirtiendo de acuerdo con otros criterios, aunque yo entiendo que lo correcto al final —y esto es política que están haciendo, por ejemplo, en otras Comunidades Autónomas y que aquí sería un tema de replantearse—, sería tomar ese modelo como modelo de inversión para algunas cosas, porque, evidentemente, tampoco puede ser para todo.

Sobre los Planes Generales —porque lo de Arquitectura, firma de convenios y tal, ya me he referido antes que hay Direcciones Generales con las que no tenemos una coordinación absoluta y no hay por qué negarlo—, en cuanto a los Planes Generales yo entiendo, y lo he defendido siempre, incluso, trabajando en un Ayuntamiento, bueno, primero: aprobamos los de las grandes poblaciones, porque son los únicos que aprueba, se aprueban a nivel de Consejería; los otros están, están en las Comisiones Provinciales de Urbanismo; es para capitales de provincia y ciudades de más de cincuenta mil habitantes allí donde interviene la Consejería, lo cual quiere decir que en la Comunidad Autónoma sólo son las capitales de provincia y Ponferrada.

Yo entiendo, he entendido trabajando en la Administración Local, y defiendo ahora que planeamiento no es planificación y que, por lo tanto, las inversiones que incluye un Plan General no son más que una declaración de intenciones, en las que se entiende que el Ayuntamiento va a forzar la marcha para que sean estas inversiones, pero que no tienen el carácter de planificación económica que, en la Ley del Suelo vigente, sólo tienen ese carácter los Planes Directores Territoriales de Coordinación, que son los únicos que comprometen inversiones del resto de la Administración. Por lo tanto, está claro que los Planes Generales, los Programas de Inversión, no son otra cosa que lo que son, y no hay que extrapolarlos.

Que el Patronato de Vivienda Rural tiene una política continuista, ¡hombre!, evidentemente. En los tres meses que llevamos con el Patronato de la Vivienda Rural estamos haciendo una política continuista. Creo que estamos atacando algunos de los problemas que planteaba y estoy totalmente de acuerdo que, probablemente, no sea la política más adecuada para el tema, pero que también es una política que yo creo que ha tenido, dentro de muchos problemas, bastantes actuaciones que han llegado muy bien a la gente, muy bien a la gente de los pueblos que ve claro esto de que le den trescientas mil pesetas, que se las gastan al hacer no sé qué, sin muchos papeles, etcétera; o sea, que yo no me atrevería ahora a decir si ese continuismo es algo que haya que romper absolutamente.

Bueno, y yo creo que es que luego podríamos entrar un poco en el debate de los textos de los Decretos. Yo no querría hablar de lo que han costado estos textos de los Decretos que han formado, digamos, han tenido reuniones de todas las Comunidades Autónomas, que todavía no tengan producidas las transferencias en múltiples ocasiones, con discusiones complicadísimas, a veces bizantinas y a veces muy reales, con la Administración del Estado. Al final, digamos, que estos son los textos de los Decretos que salen para todas las Comunidades Autónomas, excepto aquellas que ya lo tenían —o sea, Euskadi y Cataluña—, y que, por lo tanto, lo que son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas o competencias compartidas con el Estado, o las competencias que se queda la Administración del Estado, pues han estado sometidas a un debate muy largo, muchos Decretos, contradecretos, negociaciones, y que, bueno, pues eso es lo que entre todos, buenamente, hemos sido, al final, capaces de hacer. Pero yo me gustaría verlo un poco dentro de la poltíica general de todas las Comunidades Autónomas y su relación con la Administración del Estado, que no, digamos, un tema específico tanto de nuestra Comunidad Autónoma. Claro, decir que la Administración del Estado no podría hacer labores de catalogación de monumentos de algún tipo, o sea, negar esa capacidad a la Administración

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del Estado, que podría tener un convenio internacional que le obligara, yo creo que hay cosas de esas que, evidentemente, el autonomismo tampoco tiene unos matices de "aberzalismo"; o sea, el negar al Estado que pueda colaborar con las Comunidades Autónomas en catalogar monumentos, yo creo que son de esos tipos de cosas que nosotros, por lo menos, estamos plenamente dispuestos a asumir, ¿no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAINZ MUÑOZ):

Bien, pues después de la intervención del señor Consejero, no queda más que agradecer su presencia aquí; la del señor Secretario General, señores Directores Generales y señores Procuradores, y nada más. Buenas nohes y buen viaje.

(Se levantó la sesión a las veintiuna horas treinta minutos.)