DS(C) nº 27/1 del 4/5/1984

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señores Procuradores, señor Consejero. Se abre la Sesión informativa que esperamos sea aclaratoria para todas nuestras dudas. Tiene la palabra el señor Presidente, el señor Consejero, al que agradecemos su presencia.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Muchas gracias. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La contratación en régimen de Derecho Administrativo constituye uno de los problemas más complejos con los que se han encontrado todas las Comunidades Autónomas. Se ha dicho al respecto que el confusionismo reinante en la materia de la Administración del Estado ha sido también objeto de transferencia. Por nuestra parte añadiríamos que la gravedad del problema de las Comunidades Autónomas es mucho mayor que la acción del Estado y, ello, fundamentalmente, por dos tipos de razones: En primer lugar, la Administración del Estado todavía no ha transferido funcionarios para Servicios Centrales, salvo en el caso de alguna Comunidad Autónoma que estos mismos meses ha visto resuelta su oferta pública de empleo, y las Asociaciones Regionales han tenido que organizar, partiendo de cero, una burocracia capaz de ejercer las competencias asumidas. Desde sus constitución, la Junta de Castilla y León ha mantenido el criterio básico de organizar sus Servicios Centrales con funcionarios. En esta tarea, ha sido preciso ir venciendo progresivamente las reticencias de los funcionarios del Estado, para su incorporación voluntaria a los Servicios Centrales de la Administración de Castilla y León. La Junta ha puesto en ello particular empeño, haciendo uso de los escasos instrumentos que ofrece la Legislación Estatal vigente: fundamentalmente, las comisiones de servicio y la oferta pública de empleo a que se refiere el Real Decreto 1.778/1983 de veintidós de Junio. Se trata, en suma, de lograr que la organización de la Administración de Castilla y León se efectúe con el menor incremento posible de gasto público, evitando duplicaciones innecesarias. Otro de los instrumentos, cuya utilización se planteó la Junta, es el de la convocatoria directa de concursos para cubrir las vacantes con funcionarios. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre la LOAPA, ha afirmado que durante el proceso de transferencias, el principio básico de utilización racional del funcionariado exige que los concursos se convoquen por la Administración del Estado y no por las Comunidades Autónomas. Esta afirmación podría interpretarse, limitadas las plazas transferidas, de modo que han podido convocarse concursos para cubrir plazas creadas por la Junta en Servicios Centrales con funcionarios transferidos a Servicios Periféricos. Sin embargo, la Junta ha considerado que ello supondría aplicar un criterio centralizador, dotando a los Servicios Centrales a costa de desorganizar los Periféricos, que son los que tienen una relación más inmediata con los administrados. Además, a medio plazo, la transferencia de funcionarios del Estado a los Servicios Centrales, a través de la oferta pública de empleo, hubiese podido determinar disfunciones cuando no una sobredotación de los mismos. Por estas razones ha parecido oportuno post-poner la convocatoria de concursos. Restaban, pues, las comisiones de servicio y la oferta pública de empleo. En

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cuanto a las comisiones de servicio, el fruto de esta tarea ha sido que el acceso de funcionarios del Estado en comisión de servicio a la Administración de Castilla y León se ha acentuado notabilísimamente desde que se constituyó la Junta de Castilla y León. Si en aquel momento eran tan sólo ocho los funcionarios del Estado que estaban prestando servicios en comisión en la Administración de Castilla y León, desde entonces se han incorporado por esta vía hasta un total de setenta funcionarios, procedentes de distintas Administraciones Públicas.

En cuanto a la oferta pública de empleo, regulada por el Real Decreto 1.778/1983 constituye un primer paso en la transferencia de funcionarios para dotar los Servicios Centrales de las Comunidades Autónomas. La transferencia se efectúa sobre la base de una valoración provisional del coste efectivo de los servicios traspasados. La Junta de Castilla y León ha hecho uso de esta vía tan pronto como ha sido posible, solicitando al Ministerio de la Presidencia la convocatoria del oportuno concurso de traslado para cubrir plazas en nuestros Servicios Centrales. El Ministerio ha convocado el concurso por orden de diecisiete de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres, ampliada por otra de ocho de Febrero del ochenta y cuatro, y en la actualidad se encuentra muy avanzado el expediente para la solución del concurso, con lo que esperamos poder disponer en breve de un número importante de funcionarios en los Servicios Centrales de la Junta. Concretamente, el número total de plazas ofertadas por distintas Consejerías ha sido de trescientas siete.

El segundo tipo de razones que determina la especial gravedad del problema de la contratación administrativa en las Comunidades Autónomas, hace referencia a la insuficiencia normativa de que adolece esta materia.

La Junta de Castilla y León, en su empeño de organización de la Administración de Castilla y León, se ha encontrado con una legislación Estatal escasa, defectuosa y, en aspectos importantes, sistemáticamente incumplida por la propia Administración del Estado, lo que ha originado hábitos administrativos difíciles de erradicar. Una legislación, por otro lado, pensada, en gran medida, para circunstancias muy distintas a las que concurren en las nuevas Administraciones Autonómicas, porque si la contratación administrativa, convertida más tarde en vía normal de acceso a la Administración, se reguló en principio, en la legislación del Estado, para supuestos excepcionales, las dificultades para la incorporación de funcionarios en las Comunidades Autónomas han originado que éstas hayan tenido que recurrir a la contratación administrativa como el procedimiento ordinario para dotar de personal sus Servicios Centrales.

En efecto, en esta materia apenas disponemos del Decreto 1.742/1976 de treinta de Junio, dictada en desarrollo del artículo 6º de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y modificado por la Disposición Adicional segunda, apartado primero, del Real Decreto-Ley 22/77 de treinta de marzo.

Entre otras deficiencias que no son del caso, estas normas omiten cualquier referencia al procedimiento previo de selección e introducen los principios de temporalidad (no superior a un año), improrrogabilidad e irrenovabilidad, de modo tan rígido que nunca tuvo una aplicación en la Administración del Estado hasta que el propio Consejo de Ministros por acuerdo de quince de Octubre de mil novecientos ochenta y dos, (de dudosa legalidad, entre paréntesis), autorizó la prórroga de los contratos hasta la aprobación de las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas. En este marco normativo se ha desarrollado la actividad de la Junta en cuanto a contratación de personal se refiere.

La progresiva transferencia de competencias, y la construcción de las instituciones creadas por el Estatuto de Autonomía exigió ampliar la infraestructura de personal que era del Consejo General de Castilla y León. Se trataba, por un lado, de mejorar la gestión de las competencias asumidas por el ente pre-autonómico, que estaba atendiendo eficientemente, y por otro, hacer posible la asunción de nuevas competencias de la trascendencia de las que han sido o están a punto de ser transferidas a la Comunidad Autónoma: INIA, IRYDA, ICONA, Obras Públicas, Carreteras, etcétera..., y de las funciones que se han asumido como la efectiva gestión del personal en los Servicios Centrales podrían asumirse, responsablemente y sin improvisaciones, nuevas funciones y servicios y las Cortes de Castilla y León, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el ochenta y tres, autorizaron un importante incremento en los créditos de personal.

Como antes he señalado, ha sido criterio básico de la Junta de Castilla y León que las nuevas plazas se cubrieran, en lo posible, mediante la incorporación de funcionarios del Estado. Sin embargo, el proceso de incorporación de funcionarios es lento; es preciso buscar al funcionario, vencer sus reticencias y conseguir del Ministerio correspondiente que prescinda de él y le destine en comisión de servicios a la Comunidad Autónoma.

En cuanto a la oferta pública de empleo, aunque el expediente está muy avanzado, se encuentra todavía pendiente de resolver. El recurso a funcionarios del Estado exige, por tanto, tiempo y la debida atención de los servicios, muchas veces, no admitía demora alguna. Era necesario hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de

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Procedimiento Administrativo que establece que "la actuación administrativa se desarrollará con arreglo a las normas de economía, celeridad y eficacia", con mayor motivo, incluso, que en la propia Administración del Estado, pues, en definitiva, será la eficacia en la prestación de los servicios la que legitime a las Instituciones Autonómicas ante el pueblo Castellano-Leonés. En consecuencia, la Junta ha debido recurrir para dotar mínimamente sus Servicios Centrales de forma que la atención a los administrados no sufriese, a la contratación administrativa como vía rápida y excepcional. Y en la contratación administrativa la Junta ha cumplido escrupulosamente la legalidad vigente en la materia. De no haber sido así, hubiesen funcionado, para impedirlo, los propios órganos de fiscalización y autocontrol de la Junta. Por el contrario, podemos afirmar que todos los contratos han sido intervenidos de conformidad por la Intervención. Lo que ocurre es que la normativa vigente no regulaba un procedimiento público de unificada selección; digamos más, ni siquiera exigía que se exigiese ninguno. Por encima de cualquier otra consideración, el legislador estatal había tenido presente la urgencia de la necesidad que se trataba de atender, en la convicción de que si había tiempo para seleccionar con ciertas garantías a un contratado, lo habría también para cubrir la plaza con un funcionario, con lo que la contratación sería innecesaria. La contratación administrativa se introdujo, precisamente, para los casos en que la urgencia impedía la selección. Esta carencia normativa ha determinado que las Consejerías hayan seguido diferentes procedimientos de selección, en razón de la mayor o menor urgencia de la necesidad que se pretendía satisfacer. Cuando la situación lo permitía se han convocado pruebas públicas de selección, por ejemplo: la Resolución de veinticinco de Noviembre del ochenta y tres de la Consejería de Presidencia, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de once plazas de conductores, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número dieciocho de cinco de Diciembre. Cuando la urgencia no permitía la realización de estas pruebas se ha recurrido a expedientes académicos, "curriculum vitae", situaciones personales, etcétera, procedimientos estos que, quizá con menos garantías, han estado siempre presididos por la idea de atender urgente y eficazmente las necesidades de los servicios. Debe quedar muy claro que en todos los casos la Junta ha cumplido escrupulosamente la legalidad vigente, con sometimiento pleno a las normas y al Derecho y ésa es la principal característica de un Estado de Derecho.

Por otra parte, no podemos dejar de poner de manifiesto que a los problemas relativos a la selección del personal contratado, se añaden otros, no menos graves, referentes al futuro de quienes se han incorporado a la Administración Regional por contratos en régimen de Derecho Administrativo. Los contratados en régimen de Derecho Administrativo se encuentras unidos a la Administración de Castilla y León por contratos temporales que, en cualquier momento, pueden ser resueltos por la Administración, por conveniencias del servicio libremente apreciadas, (Artículo 16.1 del Decreto 1.642/66). En ningún momento se trata, por tanto, de posiciones consolidadas. Por el contrario, su situación es la siguiente: en primer lugar, al término del plazo contractual la prórroga o renovación del contrato va a depender de las necesidades del servicio y de la eficacia con la que el puesto de trabajo ha sido desempeñado. Y en este tema, sí conviene dejar constancia de que la Junta, desde el momento de su constitución, ha aplicado criterios de estricta profesionalidad y cuando se planteó el problema de la renovación de los contratos suscritos por el extinguido o extinto Consejo General, la Junta, por un principio de continuidad en la Administración y de igualdad de trato con los contratados prestados que se habían transferido, entendió que su responsabilidad era marginar cualquier consideración que no fuese la búsqueda de la eficacia y la imparcialidad.

En segundo lugar, el artículo 27.2 de la Ley del Proceso Autonómico prohibe el reconocimiento, a dicho personal, de un derecho preferente para ingreso en los cuerpos que creen las Comunidades Autónomas, mediante la celebración de pruebas restringidas o por cualquier otro procedimiento.

Por último, el Proyecto de Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública, en trámite de discusión en las Cortes Generales, establece, en su Disposición Transitoria Sexta, un régimen de acceso de los contratados administrativos a la función pública, mediante la necesaria superación de unas pruebas selectivas de acceso, convocadas con aplicación de los principios de mérito y capacidad. Es previsible, por tanto, que la Ley de la Función Pública de Castilla y León adopte un sistema similar.

En definitiva, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que los contratados en régimen de Derecho Administrativo están sujetos a un sistema de control particularmente intenso y que su estabilidad, mediante el acceso a la función pública, ha de pasar, necesariamente, por la superación de unas pruebas selectivas, no restringidas, en las que se apliquen los principios constitucionales de mérito y capacidad. De todas las maneras, aún cumpliendo estrictamente la legalidad, la Junta ha sido consciente de que la actual coyuntura socio-económica, caracterizada por un alto porcentaje de paro y las serias dificultades de la obtención de un puesto de trabajo, exigía la máxima transparencia y objetividad posible en todas las actuaciones referentes al empleo, incluso, aunque ello significara

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una cierta demora en la actuación administrativa, con detrimento de su eficacia en la satisfacción de las necesidades públicas. Para ello, era preciso completar la normativa Estatal vigente en la materia, exigiendo que la redacción tanto en régimen de Derecho Administrativo para la contratación temporal como en régimen de Derecho Laboral, se realizase previo un procedimiento unificado de selección, que comprendiese una convocatoria pública y la realización de pruebas selectivas. Se trataba de extender, a este tipo de contratos, los principios de publicidad, mérito y capacidad, que el artículo 103.3 de la Constitución exige para el acceso a la función pública y de conseguir la homogeneidad en los criterios de selección, a través de la unificación y centralización del procedimiento. Estos han sido los principios inspiradores del Decreto 15/1984 de primero de Marzo de la Junta de Castilla y León, escrupulosamente aplicado a partir de su entrada en vigor. Parece oportuno poner de manifiesto los rasgos más sobresalientes de este Decreto. En primer lugar, es de aplicación a toda la contratación de personal al servicio de la Administración de Castilla y León, comprendiendo tanto los contratos en régimen de Derecho Administrativo de colaboración temporal, como los contratos en régimen laboral y tanto para las contrataciones para Servicios Centrales como para Servicios Periféricos. En segundo lugar, se exigen, en todo caso, convocatoria pública y pruebas selectivas. La convocatoria se efectuará a través del Boletín Oficial de Castilla y León y de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo. Las pruebas selectivas serán las que, en cada caso, señalen las bases respectivas, que se publicarán, asimismo, en el Boletín Oficial de Castilla y León e incluirá la composición de la Comisión calificadora. En tercer lugar, el procedimiento se centraliza en la Consejería de Presidencia, concretamente en la Dirección General de la Función Pública, la cual elevará, a la Consejería correspondiente, el expediente de selección con la oportuna propuesta de contratación. Se pretende con ello, como ha quedado expuesto, lograr la homogeneidad en los criterios de selección. En cuarto lugar, se ha aprovechado la disposición para desarrollar y complementar la normativa del Estado en lo referente al régimen retributivo del personal contratado en régimen de Derecho Administrativo, de contratación temporal, acordando la aplicación de los índices de proporcionalidad correspondiente a la titulación requerida y el nivel del puesto de trabajo al que se le adscriba, con el límite de las retribuciones correspondientes a funcionarios de carera a que sean asimilados.

Por último, y por vía de excepción, se contemplan ciertas vías de incorporación que son merecedoras de un tratamiento diferencial. Unas, pues, están sometidas a normas reguladoras de procedimientos especiales de selección, en los que se aplican principios de mérito y capacidad, como ocurre con los funcionarios especiales que pueden estar regulados por convenios colectivos y con las titulaciones de funcionarios pertenecientes a Sanidad Local; otras, porque, respetando también estrechos principios, tienen un especial interés social, como son los contratos para los llamados trabajos temporales de colaboración social, realizados por beneficiarios de Administración de Desempleo y los convenios con el Instituto Nacional de Empleo, que pueden establecer procedimientos específicos de selección. A este respecto, podemos decir que, por esta vía de convenios con el Instituto Nacional de Empleo y previa superación de las pruebas públicas y objetivas, han pasado ya diez personas a prestar servicios en las Consejerías de Presidencia e Industria y Energía. Los principios inspiradores de este Decreto son, en suma, los mismos que fueron recogidos en la posterior resolución de estas Cortes de Castilla y León, de fecha nueve de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que motiva esta comparecencia, y por la que se insta a la Junta a que valore, básicamente, los principios de capacidad y mérito, recogidos en el artículo 103 de la Constitución, en las contrataciones de personal. Con la estricta aplicación y cumplimiento de este Decreto, la Junta de Castilla y León, y este Consejero en su nombre, entiende que está realizando plenamente, a efecto, lo acordado por el Pleno de esta Cámara Legislativa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Bien, pues, como ya va siendo normal, pues, siempre nos sorprende la comparecencia de cualquier tipo de Consejero, porque no sabemos nunca a los que venimos ¿no?; no sabemos qué nos a va a pasar, y, claro, pues, esta serie de cosas que nos ha contado, pues, parece de momento bien. Yo creo que deberíamos recapacitar diez minutos o un cuarto de hora, para poder luego si establecemos un turno de Portavoces. Se levanta de momento la Sesión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Daniel de Fernando, por el Grupo Mixto.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señor Consejero. Como ya va siendo habitual, cada vez que venimos a alguna reunión de Comisión, todas las preguntas que tenemos que hacer es sobre lo que no ha dicho el Consejero, porque la verdad es que si hoy nos limitásemos a preguntar sobre el informe que nos ha leído, nos podíamos marchar ya; no hace falta preguntar

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absolutamente nada. Cuando hicimos la resolución en el Pleno, todos pensábamos que la postura del Consejero iba a ser más clarificadora desde el principio y no reservarse para el final lo que podría habernos adelantado, ya. Pero, en fin, voy a ir al grano y dejemos las demás cosas a ver cómo nos lo aclara después. La preocupación que mostramos en el Pleno era por el número de personas contratadas y no a partir del Decreto del uno de Marzo del ochenta y cuatro, sino anterior al Decreto de Marzo del uno del ochenta y cuatro; porque se oían muchos rumores, no solamente nosotros, fue su propio partido, en el Congreso Regional, el que les..., antes la prensa dijo la forma de contratar y demás que estaban haciendo, y ante esa denuncia pública de los miembros de su partido, lógicamente, nosotros teníamos que preguntar. Y mis preguntas son muy concretas: ¿cuántas personas se han contratado, administrativamente, antes del uno de Marzo del ochenta y cuatro?; ¿cuántas personas se han contratado en régimen laboral hasta la misma fecha?; ¿cuántas personas cobran, actualmente, en los puestos de libre designación de los Consejeros y, por tanto, no son ni contratos administrativos ni contratos laborales? Me gustaría saber también el "curriculum" profesional, no el político, de todos los contratados y, sobre todo los que ocupan cargos de responsabilidad. Si cada Consejería tiene planificada la organización, tanto central como periférica, y, después de tener hecho el organigrama de funcionamiento, contrata a las personas, porque me da la impresión (por algunos casos que conozco), que primero se contrata a la persona y después se le asigna a la función de no sabemos qué, o a función múltiple dentro de la propia Delegación. Y en esto le quisiera recordar, también, la resolución nº 12, que el mismo Pleno (creo que fue del nueve de Marzo), donde se pensase en la organización periférica, antes de seguir nombrando personas (que se siguen nombrando), y vuelvo a decir que para puestos de no sabemos qué, que ningún organigrama de ninguna Delegación existe por ninguna parte, pero como hay un Proyecto de Ley de crear el Consejo de la Juventud, ya se está preparando nombramientos de Coordinador de los Consejos de la Juventud, por ejemplo, y ya, yo no sé, incluso, si ya están cobrando o no están cobrando; ésta es una pregunta que quiero aclaración, porque no la sé. Antes, para nombrar un Delegado de un Ministerio era preciso ser funcionario del Estado, si actualmente para ser Delegado de la Comunidad Autónoma se exigen los mismos condicionantes, o sirven, también, los funcionarios de la Administración Local que anteriormente no eran válidos.

De los Presupuestos del año mil novecientos ochenta y tres, cada Consejería tenía un Presupuesto para la contratación de personal. Quisiera saber si todas las Consejerías la han agotado, si alguna lo ha pasado o no lo ha pasado, etcétera. Y de momento, de momento, como son todas las dudas que yo tengo, y en el informe del señor Consejero no había nada de todo ello, esperaré a que me conteste para poderle replicar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Muchas gracias. Bien. Entendido que el señor De Fernando discrepe de la..., del mecanismo que ha empleado el Consejero, pero, por supuesto, realmente, creo que es un buen funcionamiento parlamentario el que el Consejero ceda parte de su protagonismo a la..., a los Procuradores, no va a ser solamente a la oposición; la función de la oposición, aunque el señor De Fernando es miembro del Grupo Mixto, en fin, lo cual no es estrictamente oposición, por lo menos de forma habitual, pues, bien, hay que... evidentemente, es misión del Consejero, digo, responder a las preguntas, a las dudas que ahora el señor De Fernando ha hecho en este caso concreto. Voy a responder, en fin, por el mismo orden que él me ha preguntado y espero que queden claras las cuestiones. En cuanto al número de contratados antes del uno de Marzo del ochenta y cuatro. Bien, por supuesto, en fin, este Consejero no tiene la relación mes a mes de contratados, pero sí tengo, y se lo leo al señor De Fernando, la relación del personal de la Junta de Castilla y León en estos momentos en sus Servicios Centrales. Y como que en otra cuestión me pregunta los Periféricos, pues, voy a contárselo también.

La Junta de Castilla y León, en sus Servicios Centrales, tiene en estos momentos doscientos quince contratados administrativos, de los cuales ciento diecisiete procedían del antiguo Consejo General de Castilla y León. Estos doscientos quince, es decir, los datos que se han dado en este momento, son a fecha treinta de abril, y, por tanto, realmente, se incluye el personal contratado con posterioridad al Decreto del uno de Marzo. Cito, por tanto, doscientos quince contratados, doscientos siete, como digo, provienen del antiguo Consejo General de Castilla y León. Aparte de esto, como he dicho en el texto del discurso, hay otras diez personas provenientes de una relación con el INEM, que..., esto es un contrato de "colaboración social" que está previsto, como una vía de contratación, en el Decreto de uno de Marzo, -al que antes he aludido-, y que supone que este personal, que está recibiendo sus prestaciones de desempleo, percibe por la Junta, por el órgano contratante, la diferencia entre ese desempleo y la base reguladora; consiguientemente, digamos, no es un personal que cobre totalmente de la Junta, presta servicios en

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la Junta en horario normal, pero, digo, de acuerdo con estos..., con el mecanismo, (un Decreto existente es, también, entregado a los señores Procuradores con la documentación que se les ha acompañado), este personal, como digo, está en colaboración social y, consiguientemente, sin perder derechos a su prestación de desempleo, percibe esta cantidad. Por tanto, hay, como digo, doscientas quince personas contratadas, ciento siete del Consejo y diez del INEM, más (como ya hice alusión antes), setenta funcionarios que provienen, por Comisión de Servicios, de la Administración Local, de la Administración del Estado, o bien adscritos de los servicios transferidos. Aparte de esto, el señor De Fernando preguntaba, también, por el personal de libre designación; entiendo se refiere a personal..., a funcionarios eventuales, que es el nombre técnico: funcionarios eventuales, que es el personal de los Gabinetes. Concretamente, en los Servicios Centrales de la Junta, hay dieciocho personas en Gabinetes. Son el único personal que hay de Gabinete, los únicos funcionarios eventuales que hay en la Junta. En suma, y digo ya la cifra total, pues, el personal de los Servicios Centrales de la Junta está constituido, a fecha treinta de Abril (reitero), por trescientas sesenta y seis personas. Esto incluye: altos cargos, Consejeros, Secretarios Generales, Directores Generales, Jefes de Gabinete; dieciocho del Gabinete, setenta funcionarios, doscientos contratados administrativos, diez personas del INEM, (que es un contrato por cinco meses, si no recuerdo mal). En total trescientas sesenta y seis personas.

En cuanto a los Servicios Periféricos, en estos momentos, y, repito, la fecha es treinta de Abril, lo cual quiere decir que solamente las cifras, pues, dentro de un mes, habrá cambiado ya en función del proceso de transferencias; las cifras son las siguientes: la Junta, en estos momentos, cuenta con dos mil doscientos setenta y cinco funcionarios transferidos, ciento cuarenta y tres contratados administrativos, mil trescientos ochenta y cinco contratados laborales. Y hago constar al señor De Fernando que son los únicos contratados laborales que hay en la Junta, porque, si recuerda el señor De Fernando, en los Presupuestos del año ochenta y tres, la Junta no se abrió la partida correspondiente a personal laboral en Servicios Centrales; consiguientemente, la Junta no ha tenido capacidad en el año ochenta y tres ni en mil novecientos ochenta y cuatro (por estar los Presupuestos prorrogados), para contratar personal laboral en los Servicios Centrales. Es decir, todo el personal con contrato laboral que tiene la Junta es en Servicios Periféricos y ha sido transferido por el Estado. En resumen, incluyendo los Delegados Territoriales nombrados, que son treinta y cinco hasta el momento, y, perdón, me olvidaba de una cifra que es la del número de los sanitarios locales, que les coloco aparte en cuanto es un personal que, como el señor De Fernando sabe, tiene status un tanto especial, que son tres mil ochocientas sesenta y ocho personas. Resumiendo, por tanto, la Junta tiene en estos momentos, (y digo que éste es el personal que ha cobrado por la Junta a fecha treinta de Abril), siete mil setecientas seis personas en sus Servicios Periféricos. Haciendo la suma, para ahorrarles la molestia, en fin, a los señores Procuradores y al resto del personal que lo escucha, el personal que tiene una relación contractual, laboral, funcionarial o dirigente con la Junta de Castilla y León, son, en estos momentos, ocho mil setenta y dos personas, la cifra, como digo, a treinta de Abril. Creo que con esto, en fin, disipo algunas de las dudas que tenía el señor De Fernando. Ocho mil setenta y dos, como digo, incluyendo altos cargos, en fin, todas las cifras que antes he explicado de forma individualizada. Bueno, en cuanto al "curriculum" de todos los contratados yo diría al señor De Fernando que, evidentemente, es algo difícil, desde luego, realmente, que yo conozca y, por supuesto, que examinemos aquí el "curriculum" de todos los contratados. Por supuesto realmente, yo creo que ésta es una pregunta que, a lo mejor, puede tener cierto..., cierta posibilidad o cierto sentido en la cuestión de Castilla y León, en tanto en cuanto, pues, la cifra de ocho mil personas parece como abarcable. Yo entiendo, además, esto es, bueno, en un contexto, desde luego, me parece difícil que el señor Ministro de la Presidencia puedo responder el "curriculum" del medio millón y medio de funcionarios transferidos. Yo creo que, vamos, hay que obrar por analogía y creo que no es, en fin, procedente pedir todo el "curriculum" de todo el personal. Realmente, expedientes de personal existen; debo decir también que, dado el proceso de transferencias, parte del expediente personal de los funcionarios transferidos no han sido remitidos todavía por los órganos competentes, pero, digo, se están completando.

En cuanto a si cada Consejería tiene planificado su personal. En cuanto a los Servicios Centrales, cada Consejería ha realizado su estructura orgánica; esa estructura orgánica está publicada, en sus líneas generales, en el Boletín de Castilla y León; en su estructura, digamos, más íntima está elaborada y, además, el señor Procurador y todas sus Señorías podrán conocer esto, bueno a partir de hoy, puesto que hoy mismo ha sido presentada, en estas Cortes, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ochenta y cuatro, que incluye, entre, en la documentación, un anexo de personal, con lo cual, ya digo, que los señores Procuradores podrán examinar a su gusto, en fin, la plantilla presupuestaria de la Junta de Castilla y León para el año ochenta y cuatro, con lo cual, digo, realmente

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que, en fin, esa respuesta puedo decir, de forma absoluta, puedo decir claramente que sí, que realmente, hay planificación que, como digo, se contempla, puesto que la Junta ha hecho el esfuerzo de presentar la plantilla presupuestaria individuo por individuo, sin nombres y apellidos, claro, eso sí. En fin, creo que no será preciso para el año ochenta y cuatro.

En cuanto a la pregunta de los Delegados Territoriales. Efectivamente, el señor De Fernando ha hecho una, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, había un cierto vacío legal. La Junta, bueno, la Junta no, sino estas las Cortes, puesto que es una Ley, aprobaron la figura del Delegado Territorial y figura en el Proyecto de Ley..., perdón, Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León, aprobado por estas Cortes el veintinueve de Julio del año pasado, si no recuerdo mal; entonces, ...estaba sin regular, el señor De Fernando conoce muy bien que el antiguo Director Provincial (primer Delegado Provincial, luego Director Provincial), del Ministerio tenía unas normas de selección que implicaban la exigencia de que fuera un funcionario cuyo índice de cuerpo originario fuese diez, es decir, titulado superior, si no recuerdo mal. Entonces, bien, la Junta entendía realmente que eso era un criterio restrictivo, efectivamente, y, entonces, la Junta ha regulado la situación de los Delegados Territoriales por un Decreto (que le voy a decir a su Señoría), es el Decreto 10/1984, del nueve de Febrero, por el que se regulan las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. En este Decreto, que tiene el señor Procurador, en la página noventa y tres de su..., del documento que les he acompañado, pues, encontrarán el artículo 3º, que dice que "al frente de cada Delegación Territorial existirá un Delegado Territorial que será nombrado y separado libremente por orden de la Consejería, entre personal al servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social. Es decir, esto tiene una explicación, es un tema éste importante y que me alegro que el señor De Fernando haya suscitado, porque, por un parte, implica dentro de la línea de contención del gasto público, es decir, de procurar, en la medida de lo posible, recurrir a personal de la Administración y no duplicar el gasto, y supone recurrir a personal que existía ya al servicio de las Administraciones Públicas y, por otra parte, no se limita ni a la Administración de origen, es decir, puede ser personal que estuviera al servicio de la Administración del Estado, de la Administración Local o, incluso, de la propia Administración Autonómica. Y tampoco se limita, como era el texto de la actuación anterior a exigir un funcionario y con índice diez. Puede ser un funcionario o puede ser un contratado administrativo o laboral que puede ser de un cuerpo que tenga coeficiente diez, o bien de otro cuerpo cualquiera. Es decir, por otro lado, realmente, se ha flexibilizado estas cantidades tan rígidas que antes tenía el cargo de Director Provincial, de forma, digo, que cualquier persona que pertenezca a las Administraciones Públicas pueda tener acceso. Creo, realmente, que esto es una vía importante de promoción del funcionario. Siempre se ha dicho muchas veces que la carrera administrativa y que la promoción del funcionario, esto realmente, por supuesto, dentro del carácter que tiene este órgano que es solamente, digo, de enlace entre la Consejería y los Servicios Periféricos, es un órgano, digo, de carácter mixto, político y funcionarial; consiguientemente, se..., vamos a exigir, como digo, unas condiciones de pertenencia a la Administración para, como digo, no duplicar el gasto público.

Y por último, referente a la pregunta de que en el año ochenta y tres habría un Presupuesto para contratación, y que se ha gastado entero, puedo decir que el Capítulo I de los Presupuestos de mil novecientos ochenta y tres no se ha gastado en su totalidad, hay un remanente, pero, en este momento no tengo los datos, no se las puedo dar al señor Procurador, que es que, igual que decía anteriormente, puede consultar este dato, puesto que hoy mismo, al presentar los Presupuestos del año ochenta y cuatro, se ha presentado con ellos una..., la liquidación definitiva del Presupuesto del ochenta y dos y el avance de liquidación del ochenta y tres, con lo cual ahí podrá comprobar de forma global y Consejería a Consejería, cómo se ha gastado el Capítulo I de cada Consejería. Puedo decir, efectivamente, ya digo, y esto no se..., en este momento no recuerdo las cifras exactas, que, desde luego, ha habido un remanente, en el Capítulo I, ha habido una cantidad importante que sobra, en el Capítulo I. Estas cifras concretas las podrá encontrar el señor Procurador en este anexo, en esta documentación que acompaña al Proyecto de Presupuestos presentado hoy en las Cortes y que está a la consulta, por supuesto, de su Señoría. Si he respondido a su...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Para réplica, tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias señor Consejero. Sí me ha contestado, en general, a todas las preguntas, menos a la del meollo de la cuestión. Es decir, no se puede salir por la tangente diciendo que el "curriculum" de ocho mil funcionarios... Yo no le he pedido el "curriculum" de ocho mil funcionarios. Le he pedido, simplemente, el de ciento ocho, dieciocho, ciento cuarenta y tres y treinta y cinco. Nada más, porque todos los que vienen transferidos yo no le he pedido nada en absoluto. O sea, que simplemente con que

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me diese el "curriculum" de los ciento ocho contratados, de los dieciocho de libre designación, de los ciento cuarenta y tres en la Administración Periférica y de los treinta y cinco Delegados Territoriales, son bastante menos que los ocho mil. Yo creo, señor Consejero, que es preferible, hubiese sido preferible, que eso nos lo facilitase aquí, porque siempre nos queda el camino de la pregunta oral o la interpelación en el Pleno y creo que no debe ser asunto del Pleno, ni llevar todo esto a un Pleno. Pero si usted no nos facilita el "curriculum", vamos a llamarlo, como le he dicho antes, profesional, nos obligará a ir por ese conducto, porque citar una Comisión para decirnos que hay dos mil trescientos treinta y cinco transferidos, ciento cuarenta y tres, nos lo había mandado por carta a nuestra casa y nos habíamos quedado sin hacer el gasto en la Comunidad.

En cuanto a los Delegados Territoriales, yo sí le digo, bueno, me parece bien que se promocione a todos los funcionarios, pero no me utilice lo de duplicar el gasto público, porque sí se duplica. Si me traigo de Delegado a un Secretario de Ayuntamiento, hay que contratar otro en el Ayuntamiento y pagarlo. No es lo mismo coger de entre los funcionarios de la Junta de Castilla y León, así sí que no se duplica el gasto, y promocionar uno a Delegado. Me parece muy bien lo de quitar el coeficiente diez y todo lo demás, pero no me utilice lo de la duplicidad del gasto, porque los Secretarios de Ayuntamiento que usted está nombrando Delegados, hay que pagar otro Secretario, el Secretario Local que se nombra Delegado, hay que pagar otro Secretario, luego se está duplicando el gasto. Utilice el otro argumento de promocionar a todos los funcionarios de las Administraciones Públicas, sea cualquiera, pero no el de duplicidad del gasto.

Y en cuanto a lo de que cada Consejería tiene su organigrama de Organización Periférica, yo sí que había y se lo preguntaré a algunos Consejeros en el Pleno, porque usted no lo da; porque, le vuelvo a repetir, que se están haciendo y se han hecho y se van a volver a hacer nombramientos sin ningún cargo y sin saber para qué, donde no hace falta, donde los funcionarios de ciertas Delegaciones no le conocen como el Jefe de los Servicios tal y como el encargado de tal, sino simplemente le conocen como el Comisario de toda la casa, porque es un super-delegado que atiende a todas las funciones, aunque se le contrata de una forma que nadie sabe cómo ni para qué. Y eso es a lo que me refería de ver la Organización Periférica de cada Consejería, dónde están los puestos y a qué personas se contrata. Vuelvo a insistirle que si no nos da los "curriculum", los contratos específicos para qué se han hecho, no aclaramos nada, y dándonoslo se verá claramente para qué se ha contratado a ciertas personas, cuyas Consejerías, por supuesto, no voy a decir, ni las Delegaciones Provinciales tampoco, pero que yo, que conozco los de Avila, puede que en León, no sé si ocurrirá o no en Valladolid, en Avila desde luego sí que ocurre señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Bien, quería, empezando por el final, decirle al señor De Fernando que, en los Servicios Periféricos, esta Consejería, que es responsable de la función pública, tenga constancia, no ha habido ningún contrato, quiero decir, una contratación que no sea de acuerdo con lo que antes he dicho; es decir, bien sea en caso de las sustituciones de los Secretarios Locales, que están reguladas ya por un Decreto existente en la Administración del Estado, bien sea el caso del personal laboral que, como digo, existía en función de unos convenios laborales específicos. Ahora bien, contratación específica de la Junta para Servicios Periféricos, digo que esta Consejería no tiene constancia de ningún caso. Lo que sí ha habido es nombramientos de Delegados Territoriales, hasta un número que he explicado de treinta y cinco personas.

En cuanto a la no duplicidad del gasto, bueno, el señor De Fernando conoce perfectamente la existencia de funcionarios interinos que están, precisamente, para cubrir estas vacantes de funcionarios; consiguientemente, los funcionarios interinos son, diríamos, correturnos, para entendernos, con lo cual, realmente, tampoco es imperativo, y aún en el caso de ser utilizados funcionarios procedentes del Estado o de las Administraciones Locales para cubrir los puestos de Delegados Territoriales, que hubiese duplicidad de gasto público, pues, como digo, la figura del funcionario interino está ya existente en la Administración del Estado y lleva muchos años existiendo, precisamente, para cubrir estos huecos, y, por otra parte, hay un principio también, que creo que es importante, que no existía hasta ahora, pero que se recoge en el Proyecto de Ley de "Medidas urgentes de Reforma de la Función Pública", que es la fluidez, la ósmosis entre las distintas Administraciones. Este principio no existía hasta ahora; bien, había antiguos compartimentos-estancos, que conoce el señor De Fernando, entre la Administración Local, del Estado: Central, Institucional y la Administración Periférica y Administración Autonómica; por su parte, y creo, realmente, que estamos, en este sentido, dando un paso importante en la idea de fluidificar, de homogeneizar, de establecer cauces de comunicación entre las distintas Administraciones.

En cuanto al organigrama de los Servicios Periféricos sí sabrá el señor De Fernando, que he dicho realmente que esa plantilla presupuestaria está recogida, como digo, en los Presupuestos, en el Proyecto de Presupuestos para el año ochenta

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y cuatro. Lo que no he dicho es que el organigrama, es decir, hay que distinguir como sabe el señor De Fernando, entre plantilla Presupuestaria y plantilla orgánica. He hablado de plantilla presupuestaria, que es lo que la Junta ha remitido acompañando al Proyecto de Presupuestos. Lo que no he dicho es que no haya plantilla orgánica. Plantilla orgánica, efectivamente, no existe en estos momentos. Realmente, hay que decir, creo que es una, en fin, una obligación de justicia al tiempo... de decir, realmente, que en estos momentos, con un proceso de transferencias en marcha, con apenas un año de trabajo de la Junta, es prematuro, era prematuro, hasta ahora, (y el señor De Fernando ha planteado este problema en otras ocasiones), el establecer la plantilla orgánica de la Junta, sobre todo, como digo, en sus Servicios Periféricos. En este aspecto es importante decir y señalar que la Junta ha tenido conocimiento exacto del personal existente en los Servicios Periféricos, no a partir del tres de Junio que tomó posesión, sino a partir del uno de Enero en que la Junta de Castilla y León, por decisión de la Administración del Estado, tuvo que asumir la obligación de pagar a sus funcionarios. Hasta esta fecha, la Junta ha carecido de instrumentos para, realmente, calibrar, conocer exactamente cuál era el personal transferido. Hasta este momento no hemos tenido más mecanismos de conocimiento que los ya obsoletos boletines con los Decretos de transferencia. Realmente, digo, realmente, que en un período de tiempo de cuatro meses la Junta tomó conocimiento exacto y perfecto, a través, como digo, del conocimiento de la transferencia de las fichas de los funcionarios y, por otra parte, del nombramiento, precisamente, de estos Delegados Territoriales, llegó a conocer la situación exacta en las Delegaciones Territoriales y, consiguientemente, a partir de ahora, que tiene un conocimiento de cuántos son los funcionarios, a qué se dedican, cuánto ganan y que, además, hay una persona, en fin, no un comisario político, sino solamente responsable de organizar la Administración Periférica, que son los Delegados Territoriales, la Junta, cada Consejería, podrá realmente establecer si la estructura orgánica heredada, a fin de cuentas transmitida del Estado, es adecuada o no para asumir las funciones que se le han encomendado. Y, efectivamente, en la estructura orgánica que se elabore, la materia que se elabore, pues, habrá que introducir modificaciones, sobre la situación existente. Habrá que adecuar la situación existente en cada caso, y cito un ejemplo que el señor De Fernando conoce, que es el caso del Ministerio de Agricultura, en el cual esta Consejería, en fin, ha heredado una serie de organismos autónomos: el Servicio de Extensión Agraria, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que está a punto de transferirse el YRIDA y el ICONA, es evidente que estos organismos autónomos transferidos en bloque, tendrán que ser homogeneizados, es decir, una estructura coherente, homogénea y concorde con la redacción en Direcciones Generales de la Consejería.

Por supuesto, el proceso de la situación orgánica de los Servicios Periféricos de la Comunidad está en marcha y que yo puedo afirmar desde aquí, y es un compromiso que deseo adquirir, que en el curso de este año habrá, quiero que haya, una primera plantilla orgánica de la Junta de Castilla y León, que será un esbozo, sin duda, imperfecto, hay que ser muy realistas y no, en fin, aunque hay que pedir lo imposible, siendo realistas, según todos recordamos, pero creo, realmente, que va a ser un primer avance de la estructura orgánica, de una plantilla orgánica adecuada a las necesidades de la Comunidad de Castilla y León.

Por último, el señor De Fernando ha hecho referencia a la petición del "curriculum" del personal contratado; imagino que se referirá a los contratados de los Servicios Centrales, porque, como ya digo, los contratos administrativos o laborales de los Servicios Periféricos nos han sido transferidos por el Estado con su dinero bajo el brazo y sin ningún papel más. Yo, realmente, le digo, y lo digo desde ahora mismo, que yo no sé por qué la Administración del Estado contrató a ciento cuarenta y tres señores con contrato administrativo y a mil ochenta y cinco con contrato laboral. No lo sé. A mí, realmente, en unos Decretos de transferencias me han venido estos señores, me han venido sus retribuciones y esos señores tienen un contratos administrativo-laboral que debo respetar y les pago. No sé por qué sí, ni por qué no. En cuanto a los de la Administración Central de Castilla y León, pues, yo, realmente, que, partiendo de la base de que el personal de Gabinete, es personal, digamos, eventual, que sabe el señor De Fernando es nombrado y cesado por el Consejero, libremente y que, por supuesto, en última instancia su nombramiento se agota cuando cesa el órgano que lo nombró, como establecen todas las normas de funcionarios, creo, realmente, creo que ahí está claro que no hay más criterio para la selección que la libre voluntad del órgano que lo nombra y lo crea.

En cuanto a la contratación administrativa procedente del Consejo General de Castilla y León, pues, yo, realmente, que, en fin, que cada palo aguante su vela. Realmente, que el Consejo de Castilla y León fue un órgano que tenía un Pleno, al cual tenía que responder teóricamente e imagino que, en su momento, respondería de lo que hizo. Y como alguno de Sus Señorías estarían presentes en aquel órgano, imagino, pues, que pedirían cuentas a quien procediese.

Y en cuanto al personal de nueva contratación, pues, creo, realmente, que los procedimientos han

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sido diversos, ya lo he dicho aquí mismo. Ha habido casos en los cuales se ha podido, porque era un tema menos importante, recurrir a publicación en el Boletín, pruebas selectivas, etcétera, etcétera...; por supuesto, realmente, eso, hay una documentación que es pública, puesto, como digo, ha aparecido en los Boletines: concursos, nombramientos, listas provisionales, definitivas y resolución, incluso, del concurso con lista de aprobados. Caso, ya digo, de los aprobados del INEM, ahí ha habido unas pruebas, unas convocatorias públicas dentro de los tablones de anuncios del INEM y después ha habido una propuesta que nos ha hecho el INEM con unos baremos que ellos mismos han hecho y que, en fin, ellos, ya digo, ahora mismo que... el INEM.

Y en cuanto al resto, digo, realmente, que ha habido distintas fórmulas de contratación y, en cualquier caso, creo que el documento esencial, que ese Procurador podía tener interés en conocer, es el contrato. Y lo digo por una razón: cómo creo que he dejado claro en toda mi intervención el problema que ha habido es que no hay ningún mecanismo legal establecido que diga cómo, qué requisitos debe de tener una persona para ser contratada, administrativamente o laboralmente. Lo único que se pide es que tenga una titulación adecuada al puesto de trabajo, es decir, que si un puesto de trabajo requiere estar calificado con un índice de diez, tenga titulación de grado superior; si es índice ocho, grado medio, etcétera, y que existan consignaciones presupuestarias o que exista crédito suficiente; son los únicos requisitos que establece la Ley para contratar administrativamente en un caso, o laboralmente en otro, a una persona. Esos dos requisitos se han cumplido, indudablemente, que lo he dicho en mi intervención, que es la existencia de una intervención de conformidad en el contrato del, en fin, de cada individuo. Eso existe y, bueno, efectivamente, el señor De Fernando puede pedirlo. Yo creo, realmente, que eso es motivo no de pregunta, sino, en todo caso, de una documentación. Debo decir aquí que, efectivamente, esta Consejería ha recibido del Grupo Popular, si no recuerdo mal, una pregunta calificada como pregunta por escrito, pidiendo relación nominal de todo el personal de la Junta. Yo entiendo, realmente, que ésta es una cuestión que no es motivo de pregunta por escrito; yo, desde luego, me pregunto si esa pregunta se la hiciese a mi colega Moscoso, el publicar en el Boletín Oficial del Estado millón y medio de funcionarios, relación nominal, bueno, iba a consumir bastantes meses, me parece, de Boletín. Me parece una idea ligeramente descabellada, por no decirse incluso ilegal. En este momento no sé, realmente, en fin, yo aparte realmente de que el expediente de cada funcionario sería discutible si es un documento político, efectivamente, es un documento que hace referencia a la actividad de cada funcionario y el derecho a la actividad está también protegido por la Constitución. Entonces, sería un criterio, como digo, a tener en cuenta. De todas maneras digo que pienso, realmente, que el mecanismo no es, indudablemente, yo entiendo que no es, que no es serio; vamos, el señor De Fernando, con todo respeto, por supuesto, que bien conoce, no me parece que sea serio que esto se convierta en una trinca y acercarse aquí con los expedientes, los trescientos señores; en fin, viendo uno a uno. Creo, realmente, que esto es una Comisión Parlamentaria y no, vamos, otra cosa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor López Valdivielso.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Señor Presidente, señor Consejero, señores Procuradores. Realmente como consecuencia de las respuestas a las preguntas que ha formulado el señor De Fernando, del Grupo Mixto, pues, hemos entrado algo en materia, pero yo, al principio, realmente, no sabía si es que nosotros no sabíamos a qué habíamos venido aquí esta tarde o no lo sabía usted o, simplemente, lo que pretendía era tomarnos el pelo. La verdad es que se podía haber ahorrado el informe y haber empezado por las preguntas para que, a nuestra iniciativa, nos dijese algo, porque por no decirnos, no nos había dicho ni cuánto era el personal que estaba en estos momentos trabajando en nuestra Comunidad.

Ha expuesto usted una situación absolutamente impecable. Lo que pasa es que no nos creemos ni media palabra de lo que ha dicho. Quiero explicarme. Ha expuesto usted el deber ser, pero no el ser, y no nos lo creemos, nosotros no creemos que estos hayan sido los criterios que ha utilizado la Junta para contratar; ni nos lo creemos nosotros, ni se lo creen muchos Castellano-Leoneses, ni se lo creen muchos miembros, algunos destacados, del partido que le ha puesto a usted en ese sillón. La Resolución que se aprobó en el Pleno, y del que surge la reunión de esa Comisión, dice textualmente que "la Junta valore básicamente los principios de capacidad y mérito recogidos en el artículo 103 de la Constitución en la contratación de personal y que de ello se dé cuenta en conferencia del Consejero la Comisión para que ésta eleve Dictamen". Yo creo que la información que usted nos ha dado no es suficiente, en absoluto, para que podamos dictaminar, para que esta Comisión pueda dictaminar, si la Junta ha valorado estos principios al que se refiere la Resolución aprobada, o no. La explicación ha sido absolutamente..., absolutamente insuficiente y yo, en este sentido, pues, coincido plenamente con lo que dice el señor De Fernando. Nosotros queremos que se analice

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una por una, y aunque a usted le escandalice, una por una las contrataciones llevadas a cabo por la Junta, y quiero que lo entienda bien: cuando digo una por una no me refiero, como le ha dicho el señor De Fernando, a los doscientos setenta y cinco funcionarios, no; me refiero a los ciento ocho contratados administrativos y a las dieciocho personas contratadas, bueno, eso como mínimo, tanto en la Administración Central como en la Periférica. Y sabemos que los componentes de los distintos Gabinetes son personas de confianza, pero nosotros sabemos, queremos saber, porque creemos que tenemos derecho a ello, cuántos y quiénes son, qué funciones tienen asignadas, sus méritos profesionales y las retribuciones que tienen asignadas, porque pensamos que, a pesar de que sean personas de su confianza, son servidores de la Comunidad y, por tanto, los Procuradores, las Cortes, tienen derecho a saber quiénes son y qué es lo que están haciendo.

Y del resto del personal contratado, los laborales, los administrativos, los de para tareas específicas, insisto, como mínimo las ciento ocho personas que han contratado ustedes, más las dieciocho personas que creo son de libre designación y eventuales. Y vuelvo a decir: y sabemos que estas dieciocho personas de libre designación cesan en el momento que cese la autoridad que los nombró, pero aun así, -insisto-, son servidores de la Comunidad, están trabajando por Castilla y León y, por tanto, tenemos el derecho y el deber de saber quiénes son y qué hacen. Y, bueno, no vale poner el ejemplo de que si el señor Moscoso tuviese que hacer lo mismo, entre otras cosas, porque el señor Moscoso no sabe cuántos tiene contratados y lo ha reconocido hace muy poco tiempo. Vuelvo a decir: queremos analizar uno por uno los expedientes y saber cómo se ha contratado a estas personas y lo queremos saber para poder elevar ese Dictamen y aunque con ello tengamos que agotar el plazo de dos meses, creo recordar, que establece el Reglamento, para que se ventile el asunto que lleva consigo la convocatoria de una Comisión. Y nos parece un tema de la suficiente importancia como para que esta reunión, esta Comisión se reúna cuantas veces sea necesario, dentro de ese plazo Reglamentario, digo, y que, efectivamente, podamos saber, puede saber el pueblo castellano-leonés, qué criterios ha seguido la Junta para contratar, porque después de su explicación y a pesar de las respuestas, que digo que han esclarecido un poco más, que ha dado a las preguntas del señor De Fernando, pues, seguimos casi, casi, como al principio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Gracias. Bueno, de entrada, agradecer al señor López Valdivielso que reconozca que nuestra acción de la Consejería de Presidencia es mejor que la del señor Moscoso. Realmente es un honor, realmente creo, en fin, poder decir que una Comunidad Autónoma está mejor informada que la Administración del Estado y me alegro que se valore el hecho de que esta Comunidad, en tres meses, haya hecho lo que no ha hecho el Estado en ciento ochenta años, o sea, a saber a cuánta gente estaba pagando; yo puedo decir que sé a cuanta gente estaba pagando; yo puedo decir que sé a cuánta gente estoy pagando y por qué. Bien, aparte de esto, el señor Procurador dice que hace referencia a la Resolución de las Cortes. La Resolución de las Cortes dice literalmente que "la Junta valore básicamente los principios de capacidad y mérito recogidos en el artículo 103 de la Constitución para las contrataciones de personal". Eso es lo que dice exactamente, su estricta literalidad, la Resolución, y yo no quiero, en fin, recordar aquí el ejemplo éste de, en fin, del judío Shylock de la letra y la sangre ¿no?, pero, precisamente, el texto es esto y la Junta va a valorar, y repito que esta Resolución de las Cortes es de fecha nueve de Marzo, la Junta tiene un Decreto de uno de Marzo en el cual se recogen exactamente estos principios y, consiguientemente, la Junta, desde ya, desde diez días antes de la Resolución de las Cortes, está valorando, está aplicando los principios de mérito y capacidad en su contratación y esto me parece que es un hecho indubitable. Yo, realmente, que el señor Procurador no se crea lo que digo, pues, es cuestión de fe; evidentemente, en cuestiones de fe, pues, en fin, hay libertad de expresión y de conciencia en este país de acuerdo con la Constitución, pero, evidentemente, en fin, estimo que se me..., que se me debe conceder, por lo menos, el deseo de no engañar a esta, a esta Cámara, puesto que, aunque no estoy bajo juramento, es obligación de todo servidor del Estado, le recuerdo al señor Valdivielso, ser verídico y más ante la representación popular.

Yo, desde luego, realmente referente a las..., a los méritos y retribuciones de este personal; las retribuciones de este personal estaban recogidas, (me refiero a personal de Gabinete y al personal contratado), estaban recogidas en la Ley de Presupuestos del ochenta y tres, -de forma globalizada, eso sí- y, como le repito, en el Proyecto de Ley de Presupuestos del ochenta y cuatro está recogido de forma individual. Quiero decir que en cada, en la plantilla de personal, aparece en cada Gabinete el personal correspondiente con la titulación, perdón, con el índice y nivel que están asimiladas esas retribuciones. Es decir, creo, realmente, que mayor transparencia no puede darse. Si el señor Procurador quiere conocer este dato no tiene más que ir, en fin, no sé en qué lugar de

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estas Cortes estará depositado el Proyecto de Presupuestos, pedir el anexo correspondiente a la plantilla presupuestaria e ir, en fin, hoja por hoja viendo todas las retribuciones de todo el personal de la Junta, tanto el que está en activo como el, como digo, se piensa contratar este año. Está figurado con los meses que se piensa contratar y tal. Lo que ya me parece, de verdad, sinceramente, redundante es pedir nombres y apellidos. Realmente, repito que esto es una Comisión Parlamentaria y no es, y no se lo tome el señor Procurador a mal, no es el "¡Hola!" donde se trata, realmente, de ver la vida y milagros de cada individuo. Entonces, ya digo que estos temas están, como digo, claramente expuestos, están recogidos en la plantilla presupuestaria. Ahí podrá el señor Procurador, como digo, recoger todos los datos referentes a este personal, salvo, repito, nombres y apellidos.

En cuanto a méritos y capacidad, no sé si estoy reiterando, pero, desde luego, creo realmente que los méritos son los que se han considerado; quiero decir: el mérito es tener básicamente la titulación requerida por el puesto de trabajo, es decir, si para un puesto de trabajo se necesita un licenciado, el mérito fundamental es ser licenciado, eso está clarísimo. Y ese mérito lo reúnen todos los contratados: Reúnen el mérito de ser licenciados, si requería un licenciado para ese puesto; el de ser..., tener un título de grado medio, si requería esa titulación, o el de tener el Certificado de Estudios Primarios, si solamente se les requería para ser subalternos.

Lo que también quería señalar, referente a la pretensión del señor Procurador de examinar uno por uno todos los casos, -y, repito, que de los ciento diecisiete del Consejo de Castilla y León yo, realmente, por supuesto, no me hago responsable de cómo fueron contratados, sí por supuesto de su mantenimiento según los criterios que he expuesto en mi intervención-, creo realmente que se están cambiando las cuestiones. Esto, repito, no es una Comisión de Investigación. La Comisión de Investigación fue propuesta en el Pleno de las Cortes y no fue aceptada. En su lugar, se aprobó esta Resolución que aquí figura y que establece una comparecencia del Consejero para dar cuenta de que la Junta cumple estas condiciones; pero en absoluto repito, en absoluto repito, se creó una Comisión de Investigación; es más, esta Comisión fue, realmente, rechazada por las Cortes y sustituida por esta Comisión. Consiguientemente, a mí me parece que no ha lugar a esta pretensión de que aparezcamos aquí con los expedientes bajo el brazo y creo que, en cualquier caso, el documento fundamental y que existe en todos los casos, es el contrato con la firma de conformidad del Interventor, que indica dos cosas: una, que esa contratación se ha hecho conforme a los principios legales, es decir, que existe la titulación requerida; y dos: que existen los créditos suficientes para contratarle, que son, reitero, los únicos criterios, los únicos medios reconocidos en la Legislación y, por supuesto, lo que sí puedo decir realmente es que a la gente no se la ha contratado a tontas y a locas, que, por supuesto, existía una necesidad y yo quiero hacer constar que, no sé si los señores Procuradores se han dado cuenta, de que la Junta para organizar, dirigir y coordinar a siete mil setecientas seis personas, no cuenta, en sus Servicios Centrales, más que con trescientas treinta y seis, es decir, un porcentaje escaso del cinco por ciento y es más allá todavía: y es que, realmente, este porcentaje está distribuido de forma desigual según Consejerías. Yo creo que ustedes entenderán fácilmente que la Consejería de Bienestar Social, que en estos momentos cuenta, exactamente, con treinta y dos personas en sus Servicios Centrales, debe tener graves problemas para coordinar, dirigir, inspeccionar, supervisar, a los más de cuatro mil, cerca de cinco mil personas que tienen transferidas. Quiero decir, realmente, que no se puede hablar de contratación a tontas y a locas, no se puede hablar, como se ha dicho algunas veces aquí, de macrocefalia, sino realmente, como digo, de un control del gasto público, de un estudio muy serio de las necesidades y de una política auténtica de austeridad. Realmente, el personal, en estos momentos, es realmente insuficiente, y hay que decirlo así de claro, para las necesidades de coordinación de la Junta y, personalmente, en el Presupuesto del ochenta y cuatro se plantea un incremento en la plantilla que, a pesar de todo, será insuficiente, pero en virtud de la idea de austeridad y del control del gasto público, de evitar un crecimiento excesivo del capítulo I, va a ser realmente reducido. Yo digo realmente, que quede claro que creo que no es procedente, que creo, realmente, que se ha confundido, y no me parece por el Consejero, la finalidad de esta Comisión y que no se ha leído exactamente lo que decía la Resolución. La Junta va a valorar, está valorando, antes de que se lo dijeran en las Cortes, estos principios en virtud del mecanismo de selección que ha establecido.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Usted lo acaba de aclarar ahora mismo, al final de su intervención; pero, al principio yo creía, y de lo que ha dicho y leyendo también el texto de la Resolución, que antes del nueve de Marzo no habían ustedes observado esos criterios o principios recogidos en el artículo 103, porque ha dicho "a partir de aquí lo estamos haciendo". Ahora al final, efectivamente, ha aclarado que antes lo habían venido haciendo también, pero a nosotros no nos consta y es por lo que nosotros pedimos la Comisión Investigadora

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y ustedes no quisieron que se crease esa Comisión Investigadora; por algo será. Entonces, lo que sí que queremos es aprovechar esta Comisión de las Cortes de Castilla y León para poder tener toda la información, que, efectivamente, no será tan completa como la que hubiésemos podido recabar de la Comisión Investigadora, pero insisto, ustedes no quisieron que se formase esa Comisión Investigadora. Y, claro, esto, sobre los temas de fe a los que se refiere, efectivamente, hay mucho que decir ¿no? Bueno, pues, efectivamente, nosotros, si no nos da más información, no podemos creer que la Junta ha estado utilizando los principios de capacidad y méritos recogidos en el artículo 103 a los que se refiere la Resolución. Y tenemos que dar un Dictamen y para dar Dictamen necesitamos más información y por eso nosotros nos ratificamos en que a esta Comisión se traigan todos los expedientes y se analicen. Veremos si analizamos uno por uno o hacemos un muestreo, pero queremos que el Consejero comparezca con los expedientes.

Y en cuanto al ejemplo periodístico, pues, esto, efectivamente, no es el "¡Hola!". Por desgracia a veces, por su culpa, se parece a "La Codorniz".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Bueno, no quiero entrar en la polémica ya antigua, en fin, -me temo- para pena del señor Valdivielso, que "La Codorniz" falleció hace ya tiempo y yo creo que el sentido del humor es algo más moderno que el de "La Codorniz", con todo el respeto, en fin, al ya fallecido don Alvaro de la Iglesia. Si quería decir, referente a esto, que la Administración del Estado -que por algo tiene doscientos años, a pesar de sus achaques y de sus errores-, tiene mecanismos de control interno: uno de ellos es la Intervención General y la Intervención General tiene unas funciones establecidas claramente en la Ley General Presupuestaria, justamente la de "control de la legalidad del gasto público", con lo cual, ya digo, y, vamos, no es totalmente falta de fe en el señor Consejero sino falta de fe en las propias Instituciones que el Estado ha creado para su propio autocontrol. La Intervención General del Estado, y eso no creo que lo ejerza la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tiene una función establecida por Ley, además, de estas Cortes, donde se... realmente, que dependerá orgánica, pero no funcionalmente, de la Consejería de Economía, precisamente, para velar por la legalidad, para velar por la exactitud, para velar por el control, en suma, del Gasto Público. Y quiero decir, en suma, realmente, que es dudar, primero, de la eficacia de las funciones del Estado; y segundo, en fin, de la capacidad de la Intervención General de la Comunidad en que haya accedido, en que haya fiscalizado, que ha aceptado contratos que no reúnen las condiciones legales. Y, por otra parte, hay otro mecanismo también, que recordará el señor Procurador, y es la existencia del Tribunal de Cuentas. Las Comunidades Autónomas están obligadas a ser inspeccionadas por el Tribunal de Cuentas. De hecho, una serie de miembros de este Tribunal estuvieron, recientemente, en la Junta, examinando documentación referente a años anteriores. El año ochenta y cuatro, el año ochenta y cinco, estos señores volverán a examinar la documentación de la Junta de Castilla y León. Quiero decir que no es , realmente, que seamos un órgano incontrolado. La Administración, que, como digo, tiene años de experiencia, tiene órganos de control interno y ya digo que la Comunidad de Castilla y León tiene que rendir cuentas, tiene que ser inspeccionada por el Tribunal de Cuentas y estos señores, como digo, han estado mirando, han estado comprobando la documentación de la Junta y, sobre todo, realmente, la de años anteriores. Y ya digo, realmente, que hasta la fecha, que nosotros sepamos, no han emitido ningún Dictamen desfavorable, cosa que ha ocurrido con otras Administraciones, otros Organismos Autónomos de más rancia tradición. Quiero decir, realmente, como digo, que el señor Procurador puede tener sus dudas, pero, realmente, que si puede dudar de este Consejero, -a fin de cuentas, en fin, estamos en bancos separados-, creo que no debería dudar de la eficacia y de la independencia de los órganos de autocontrol que la Legislación del Estado ha previsto que, como digo, repito, son la Intervención General, en este caso, y el Tribunal de Cuentas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí, señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo voy a intervenir, brevemente, tratando de glosar algunos aspectos que me parece, desde el punto de vista de mi Grupo, que son los fundamentales en torno al contenido que esta Comisión debe de tener en esta ocasión en concreto. Y, ante todo, me permito volver a recordar, aunque me parece que la cuestión ya ha sido, en algunos momentos, hecha explícita a lo largo de la sesión, que el punto de partida de esta convocatoria de la Comisión de Presidencia es una Resolución, la Resolución número once, publicada en el Boletín del cinco de Abril, por la cual estrictamente, y yo creo que, además, con bastante claridad, se establece cuál es el alcance y el cometido de esta Comisión, en esta reunión en concreto; y quiero recordar, en

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este sentido, que esta Resolución fue aprobada, si mal no recuerdo, de forma unánime, porque es el resultado de un acuerdo entre los distintos Grupos Parlamentarios que en aquel momento apoyaron o apoyamos esta Resolución. Me parece que de la lectura estricta del contenido de la Resolución, es claro que quedó excluida, además por votación expresa en el Pleno de las Cortes, la posibilidad de que esta Comisión se convirtiera, a estos efectos, en Comisión de Investigación. Estamos ante una Comisión Informativa, en el sentido más estricto del término, que tiene que elevar un Dictamen y no otra cosa. Eso es, repito, lo que apoyamos de forma unánime en el Pleno y está publicado en el Pleno y está publicado en el Boletín como resolución número once.

En segundo lugar, quiero referirme también, brevemente, a un dato puramente objetivo en el que creo que existirá una coincidencia generalizada. Me parece, y el dossier que el Consejero ha puesto a nuestra disposición y que yo agradezco lo demuestra de una forma palpable, existe en este momento, y todos los que algo tenemos que ver con el asunto, pues, creo que estaremos de acuerdo en ello, una falta bastante grande de seguridad en la Legislación en materia de Función Pública, no sólo a nivel del Estado, donde existe un proceso abierto de reforma de la Función Pública, con unas directrices que más o menos conocemos, sino, y sobre todo, en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Yo pediría a los Procuradores que repasen, como yo he hecho, el dossier de Legislación Autonómica en materia de Función Pública que también se nos ha entregado. Probablemente llegaríamos, con la mano en el corazón, a la conclusión de que la Junta de Castilla y León en este tema, pues, ha sido una especie de "coro de ángeles", comparado con lo que ha ocurrido en algunas otras Comunidades Autónomas en el tema, que yo no oculto que revisten una cierta lógica, porque me parece que estamos en un período provisional en cuanto a este tema de la reglamentación jurídica de la Función Pública. Se ha producido una situación de hecho que yo creo que todos conocemos, se ha producido, sin duda, una utilización que yo llamaría quizá dulcemente "benigna", "tradicionalmente benigna", en el manejo de los mecanismos de contratación y prueba de ello, -y yo personalmente pues la he experimentado-, es que determinadas instituciones que no hubieran utilizado benignamente los mecanismos de contratación administrativa, como es el caso concreto de la Universidad, probablemente tendrían que haber cerrado sus puertas hace tiempo por falta de personal necesario para atender los servicios. Quiero decir simplemente con ello, y es un ejemplo, que conozco de forma concreta y perfecta, porque le he experimentado, que, evidentemente, hay en este tema una falta de seguridad legal grande; estamos viviendo con una Ley de casi treinta años de antigüedad, como es la Ley de Función Pública que está también incluida en el dossier. Me parece que ese es un dato, por tanto, objetivo que hay que detectar y que hay que valorar en su debida medida.

En segundo lugar, me parece que hay otra constatación que yo también quiero hacer y que supongo que también será reconocida como algo estrictamente objetivo por el conjunto de la Comisión. Yo creo que la Junta de Castilla y León, sin estar legalmente obligada a ello, (y compárese también aquí lo que ha ocurrido en otras Comunidades), se ha adelantado con ese Decreto de uno de Marzo del ochenta y cuatro, que para nosotros supone un paso auténticamente positivo y que, desde luego, nos proporciona una considerable tranquilidad en cuanto a cómo deben de discurrir las cosas. Yo diría algo más todavía: ¡Ojalá muchas Administraciones Públicas de todos los niveles, no sólo Autonómicas, también Locales, hubieran utilizado hace tiempo, porque tampoco se puede decir que estuvieran estrictamente obligadas a hacerlo, pero el caso es y el hecho es que no lo han hecho así, hubieran utilizado o utilicen en el futuro un sistema de contratación, como en ese Decreto de uno de Marzo del ochenta y cuatro se establece para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y en cuarto lugar, una última cuestión que quiero constatar y que me parece que es, sin duda, desde el punto de vista de la temática que estamos considerando, la de mayor importancia y la de mayor trascendencia, es: ¿cuál es la perspectiva de futuro de esta tema? Yo he creído detectar, en la exposición del Consejero, algunas líneas directrices básicas que me parecen fundamentales. Partiendo de la base de que el período, desde el punto de vista Legislativo, es un período provisional, que hay una falta de seguridad en la Legislación, lo que me preocupa, fundamentalmente, y preocupa a mi Grupo es cuál es el futuro de esta situación, cuáles son los mecanismos por los cuales en algún momento esta situación se tiene que regularizar. Y yo he creído apreciar, y parece que así ha sido dicho en la intervención del Consejero, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el día en que por la Ley que tendrá que hacer de Función Pública de la Comunidad Autónoma dentro del marco legal general, que en este momento es la Ley del Proceso Autonómico, de un lado, y, de otro lado, la que en su día sea lo que hoy es Proyecto de Reforma de la Función Pública, hay unas directrices establecidas. Esas directrices establecidas me llevan a entender que existe un compromiso de regularización de las situaciones contractuales, sin tomar, porque yo creo que eso es lo que está evitado legalmente,

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en este momento, en la Ley del Proceso Autonómico, sin tomar las situaciones actuales como inamovibles o como consolidadas en absoluto. Me parece que eso es lo fundamental y, teniendo en cuenta esos cuatro aspectos que he señalado, yo entiendo que el cometido de esta Comisión, pues, debe de atenerse estrictamente a ese objetivo inicial que señalaba y teniendo en cuenta estas circunstancias que he tratado de sintetizar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Sí. Agradecer al representante del Grupo Socialista su intervención y simplemente matizar, aunque ya es un compromiso anteriormente adquirido, que es intención de esta Consejería, como representante, como miembro de la Junta de Castilla y León, el presentar, tan pronto como sea posible, una ley de la Función Pública, que, como los señores Procuradores ya conocen puesto que asistieron, me imagino, a la comparecencia que tuvo lugar hace unos meses, en que expuse las líneas maestras de la política de esta Consejería, es nuestra función, es nuestro deseo, tan pronto sea posible y esperamos y deseamos que la falta de acuerdos, en este momento, en la Administración del Estado no retrase más allá del preciso la posibilidad de puesta en marcha de este proyecto, esperamos, como digo, tan pronto sea posible, el poder presentar ante esta Cámara el Proyecto de la Función Pública, que digo no quisiéramos ver frustrado por posibles recursos sintomáticos al Tribunal Constitucional y los señores Procuradores saben a qué me refiero. Si eso ocurriera realmente, desde luego no sería esta Consejería ni esta Junta la responsable de la continuidad del vacío legal existente. Partiendo de esa, de esa base, es voluntad, ya digo, de esta Consejería, una vez establecida esa Ley de la Función Pública, establecer, de acuerdo con los principios contenidos en la Ley de Bases de la Reforma de la Función Pública, los mecanismos de acceso a la Administración de Castilla y León y, en aplicación de lo que hoy en día es el artículo 27.2 de la L.P.A., y de lo que, previsiblemente, va a ser la Ley de Reforma de la Función Pública, establecería, ya digo, un mecanismo, que es el mecanismo de pruebas selectivas con publicidad, etcétera, y, como digo, sin ninguna existencia de mecanismos privilegiados de acceso. Esa es, por lo menos en estos momentos, la perspectiva legal existente y, por supuesto, la Junta de Castilla y León se atendrá a esta perspectiva legal. Sí que debe constar, como digo, que a nadie interesa, y más que a nadie a esta Junta, este prolongado periodo transitorio, este vacío legal, que, como digo, realmente, es realmente molesto y que si esta Consejería ha aportado esa documentación que los señores Procuradores tienen es, primero, para señalar cuál es el marco legal del Estado en el que nos hemos movido, es decir: un vacío casi absoluto; y de otra parte, cuál han sido las soluciones que han adoptado otras Comunidades Autónomas, que han sido, a medida que han tenido posibilidades de autogobierno, medidas de corte similar a las que esta Administración ha ido tomando, puesto que, ya digo, realmente, no había otra posibilidad. Y lo que sí que les digo es que, efectivamente, que este Consejero no ha querido recurrir a fáciles comparaciones con otras Administraciones Autonómicas que han usado e incluso abusado, porque yo no tengo la relación nominal, pero sí que tengo cifras de cuántos son los contratos administrativos de otras Comunidades Autónomas, regidas por distintos Grupos Políticos, no todos ellos socialistas, que han sido, realmente, elevados y sí quisiera hacer constar, ya digo, que este mismo criterio de limpieza, de mérito y capacidad, sería también exigible a otras Administraciones existentes en esta Comunidad, (se ha citado aquí la Administración Municipal; podría citarse la Administración Provincial, no en manos tampoco del partido que apoya al Gobierno), que también podría aplicar, como digo, de "motu propio", este tipo de criterios. La prueba, realmente, y puesto que se ha aludido a actuaciones del Grupo Político que sustenta al Gobierno, creo que es oportuno recordar que este mismo Grupo Político que apoya al Gobierno en instancias de otros organismos de esta Comunidad, me refiero, concretamente, de un Ayuntamiento, de una Diputación de esta Comunidad, ha pedido que se apliquen estos principios, prueba de que no son tan malos. Yo creo, realmente, que los señores Procuradores deben estar, y han demostrado su interés, por la limpieza en la contratación; creo, realmente, que esta, esta Junta, ha tenido el máximo cuidado, el máximo cuidado en la contratación; que la ha usado con cuentagotas dentro, además, repito, de los créditos de personal autorizados por la Ley de Presupuestos de estas Cortes; que el propio incremento de personal que puede introducirse este año será fijado, será aprobado, en su momento, por estas Cortes, y, consiguientemente, creo, realmente, que la política de personal de la Junta, aún siendo criterio de la Junta, tiene un refrendo, ha tenido un refrendo en la actuación de estas Cortes.

Y, por último, señalar, como digo, que es importante que, -y se ha señalado por el Grupo Socialista-, cuál era la función de esta Comisión, que era una comparecencia una información del Consejero, de que los principios legales establecidos en la Constitución pero todavía no encarnados de forma estrictamente legal, han sido recogidos,

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han sido seguidos por la Comunidad Autónoma. Yo, por supuesto, entiendo que la duda es libre, que el agnosticismo, en fin, es una actitud muy razonable, que yo puedo compartir en otros terrenos y que, desde luego, realmente, que la Administración de la Comunidad Autónoma tiene mecanismos, como he dicho antes: Intervención General, Tribunal de Cuentas, para garantizar su limpieza. Y, en fin, agradecer a los Procuradores su presencia y, por supuesto, sigo a su disposición para cuando gusten.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Se abre un turno de preguntas para los Procuradores asistentes, pertenezcan o no a la Comisión. Tiene la palabra el señor Elorza.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El señor Consejero, en el primer párrafo, -creo que es el primer párrafo de su primera intervención-, ha dicho que en la Legislación General había mucho confusionismo sobre el tema de las contrataciones y que también ese confusionismo ha sido transferido. Con todo respeto, señor Consejero, me parece que le ha sido transferido a usted y que usted ha convertido el confusionismo en un barullo y así no nos vamos a entender. Porque, claro, yo tendría muchas cosas que decir; pero es que no hablamos el mismo idioma, porque usted, desde el puesto que ocupa, confunde casi todo. Y le voy a empezar a citar frases textuales suyas: insistiendo por segunda vez, o sea, que no es a voz de pronto que le ha surgido así, a una intervención de don Daniel de Fernando habla de las funciones eventuales e insiste y matiza que es el nombre técnico. Pues, no, señor Consejero, no hay funcionarios eventuales, es personal eventual y estamos siempre confundiendo, y lo dije en mi intervención en el Pleno de las Cortes, las categorías y cualificaciones de las personas que prestan servicios. Y usted léase el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León nº 6 de veintinueve de Julio y verá que en el título 5º habla del personal eventual, para nada de los funcionarios eventuales.

Usted ha hablado de las comisiones de servicios con el personal transferido, los que están viniendo. Pues no, señor Consejero, el personal transferido no está en comisión de servicio; la Comisión de Servicio es una figura jurídica totalmente distinta. El personal transferido es pura y simplemente personal transferido y el personal en comisión de servicio es otra cosa, que, además, comporta una serie de situaciones personales incluso, de las que después hablaremos, incluso aumento en la retribución. Usted confunde el mérito con el requisito y, además, lo dice insistentemente. Y dice: "porque para ocupar un puesto de nivel diez, de coeficiente diez, perdón, donde se requiere el título superior..." No, no, no, ese no es el mérito; ese es el requisito. El mérito será que además de ser Licenciado sea Doctor y además, Doctor por la Sorbona y, además, Doctor por la Universidad de Yale, esos son los méritos, lo otro son los requisitos. Y ya, para colmo, usted cree que unos documentos públicos, como son los expedientes personales-profesionales de los funcionarios, resulta que no son públicos. ¡Pues vamos!, esto es gravísimo para nosotros. Son tan públicos, señor Consejero, que hasta, hasta, los ejercicios de una oposición, durante el año natural posterior a la finalización de esa oposición, tiene que estar a disposición de cualquier persona que los quiera ver, son tan público como eso. Yo me lo explico muy bien que usted haya cometido estos errores, digamos, porque, si no me equivoco, usted no es funcionario y, claro, de esto sabe bastante poco. Por otra parte, nos ha dicho también al comienzo de la exposición que parten de cero, esa ha sido su frase, en materia de Legislación sobre contratación, etcétera, etcétera. Y después ya he perdido la cuenta de los Decretos, Leyes, normas que usted ha citado. No, no se parte de cero. Usted cita, para apoyar sus actuaciones, se apoya en una normativa legal que está en vigor. Lo que me extraña es..., y eso sí lo ha dicho el representante del Grupo Socialista, ha hablado de la Ley articulada de funcionarios y no sé si la conocerán ustedes todos, es un mamotreto así... No hay tal vacío y está en vigor. Que estará en vías de ser revisada, de ser anulada, todo lo que quiera, pero todavía es la legislación que está en vigor y a la que no he visto aludir absolutamente para nada. Como funcionario lamento, lamento, que se hable, y además desde ese lugar que usted ocupa, de las reticencias de los funcionarios a ser transferidos. Me parece que si hay reticencias será por algo y si no las hay es una afirmación gratuita y ofensiva para los que somos funcionarios. Y usted ha hablado también, a lo largo de su intervención, de que en muchos casos ha tenido que recurrir a las urgencias, a la urgencia de realizar una función, como argumento para, en fin, que la selección sea muy convencional, hablando de los..., que se ha recurrido en muchos casos a los "curriculum vitae". Yo el otro día oía por la radio, -ya lo había oído en otras ocasiones, pero oía por la radio-, que cuando a Machado le exigieron su "curriculum vitae" dijo que, un papel de fumar escrito a doble espacio era más que suficiente para escribir su "curriculum" y, realmente, el de Machado era bastante abundante. Algunos "curriculum" que han salido en la prensa realmente, en fin, producen rubor. Y es a lo que íbamos. Estamos asistiendo casi diariamente, yo no sé si hay una campaña orquestada y por quién, pero la realidad es que está en los medios de comunicación, pues, unas contrataciones no del todo claras, un

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nepotismo, que en alguna región española le llaman de otro nombre muy parecido... Y es lo que yo digo: ¿no les causa a ustedes rubor, y a nosotros nos debe de causar? ¿Por qué no acabamos de una vez con todas, por todas, con estas insidias y con nombres y apellidos, puesto que estoy de acuerdo con usted que no tienen que avergonzarse de haber hecho ninguna contratación irregular, pero por qué no se dice con nombres y apellidos? ¿Por qué, como Institución que somos, las Cortes de Castilla y León tenemos que soportar que, en periódicos de amplia difusión nacional y firmados por periodistas de gran audiencia, se estén diciendo cosas que tal vez no sean ciertas y ustedes no las desmienten? ¿Por qué tenemos que leer a doña Pilar Urbano, o a quien sea, hablar de que después del nepotismo en Sevilla o en Andalucía, de los de Murcia, ahora viene la saga de los de Madrid? ¿Por qué tenemos que aguantarlo? Entonces, señor Consejero, si usted está tan seguro de la corrección con que se han producido todas las contrataciones y nosotros quisiéramos estarlo con usted y, además, somos solidarios con usted en eso, ¡acabemos de una vez por todas!; díganse los nombres, condición, situación, procedimiento con que se ha contratado a estas personas y disiparemos todas las dudas y todas las insidias que desde distintos puntos, y aquí se han dicho y no solamente desde el flanco del Grupo Popular, desde distintos puntos se están achacando contra la Junta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Ante todo, agradecer al Procurador señor Elorza su intervención, que ha sido muy ajustada como propia de un funcionario. Y empezando por lo más personal y, por tanto, carente de importancia: el señor Elorza creo que debía saber que este Consejero y Procurador sí es funcionario, es verdad que de una Administración muy peculiar, como es la Administración Educativa, pero, en fin, el señor Procurador cuenta también con algunos trienios, y exactamente siete años de servicio a la Administración del Estado, por lo cual, en fin, algún conocimiento directo de los desbarajustes de la contratación tiene su propia persona, aunque yo creo que éste no es el lugar más adecuado para airearlo.

Me alegro que el señor Procurador califique de insidias las informaciones aparecidas en algunos medios. Yo la verdad es que no leo a Pilar Urbano, yo, realmente, no sé lo que dice, me temo que no me pierdo nada; en fin, y todo esto con todo el respeto por supuesto, a su condición de, en fin, profesional, pero, desde luego, realmente, si habla de estas cuestiones, creo, realmente, que, no tiene ningún motivo. Es fácil hablar y más difícil, desde luego, el demostrar cosas. Yo sí puedo decir que estas acusaciones de confusionismo o barullo, etcétera, son, realmente, juicios de valor, muy respetables por supuesto, pero, realmente, no compartidos. Simplemente, empezando por lo más simple, el señor Elorza cita, por supuesto, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que, efectivamente, es un mamotreto, en fin, cuyo texto articulado, aprobado por Decreto, se ha entregado también a los señores Procuradores junto con la documentación comparada. Y, bien, efectivamente, esto que el señor Procurador ha citado que no hay funcionarios eventuales. Evidentemente, la Ley del Gobierno y la Administración de Castilla y León habla de personal eventual. Ahora, todos conocemos, efectivamente, que es terreno concreto, es legislación supletoria e incluso básica, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que en su artículo 3º, párrafo... dice: "Los funcionarios que se rigen por la presente Ley pueden ser de carrera o de empleo". Y en su apartado tres dice: "Los funcionarios de empleo pueden ser eventuales o interinos". Así que yo no sé si no leo bien, en fin, soy algo miope, pero creo que esto está correctamente fotocopiado, según el artículo 3 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado... legislación supletoria, incluso básica, los funcionarios de empleo pueden ser eventuales o interinos. Consiguientemente, hay funcionarios eventuales y funcionarios interinos. Ahí lamento..., yo creo que es el señor Elorza el que no ha acertado con la calificación. De todas maneras, creo que debe de ser disculpado, porque, realmente, y este Consejero lo reconoce sin rubor, la Administración del Estado y su Legislación es una selva, que gusta calificar de virgen, pero me temo que no es así. Entonces es fácil, muy fácil perderse, por supuesto para este Consejero, y es también normal y explicable que esto ocurra al señor Procurador, que en la vida privada es funcionario de a pie como este Consejero.

Yo desde luego creo realmente que hay dos cuestiones que no han quedado claras. Quizá mi explicación no ha sido suficientemente nítida, quizá realmente no me expreso con fluidez; sí quiero dejar claro que, por ejemplo, cuando él habla de reticencias de funcionarios a ser transferidos, perdón, a ser trasladados, no me refería a ser transferidos, que ha dicho el señor Procurador, sino a ocupar puestos en servicios centrales. Efectivamente ha existido hasta fecha muy reciente en los órganos preautonómicos una real resistencia del funcionario a ser transferido. Y es normal y es explicable, porque existía una situación ya digo de auténtico vacío, de auténtica falta de información de qué era aquello de las autonomías, con lo cual realmente, y el señor Procurador

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es funcionario, (hay algún Procurador más en esta Comisión que es funcionario transferido), creo que podría contar alguna experiencia propia de esta situación... ya digo, de un cierto enfrentamiento ante lo desconocido, ante la posibilidad de ser transferido. Ahora bien, a lo que me refería es a la dificultad que existió en el periodo preautonómico para invitar a funcionarios del Estado a ocupar cargos, a ocupar puestos en los servicios centrales de la Administración preautonómica, a pesar de existir Decretos que favorecían esta situación. La prueba realmente, como antes he dicho, en el contexto de mi intervención, es que no hubo más que ocho funcionarios que aceptasen el trabajar para el Consejo General de Castilla y León. Efectivamente esta cifra, como hemos visto antes, ha aumentado, lo que quiere decir que, efectivamente, que a medida que el panorama autonómico se ha ido aclarando, estas reticencias de los funcionarios han ido desapareciendo. Creo realmente (y no es por hacer ninguna apología de la labor de la Junta, de la Consejería), creo realmente que una duda que podía caber realmente a los funcionarios, y yo, si hubiera estado en ese funcionario transferido en el momento de ser transferido, también mi duda era si el día treinta y uno de Enero me habría pagado la Administración Autonómica. En eso, realmente, la Administración Autonómica ha pagado religiosamente el treinta y uno de Enero, el veintiocho de Febrero y los meses de Marzo y Abril. Quiero decir, realmente, que las posibles dudas que haya de cada funcionario respecto a la eficacia del órgano del que dependía han quedado disipadas, y creo, por tanto, que éste, esta frase que ha utilizado se refería estrictamente a la actuación existente del órgano preautonómico, y, repito, solamente a servicios generales. Ni mucho menos, repito, esta actuación es aplicable hoy en día, pienso, a funcionarios transferidos, ni en general al funcionariado, que creo que ha asumido con muy buen espíritu esta tarea de las Comunidades Autónomas, de los organismos e instituciones autonómicas.

Desde luego, realmente, en cuanto a la Legislación, por supuesto realmente he hecho una cita abundante de Legislación; hay además aquí una documentación abundante; pero yo quisiera que citase el señor Procurador, en qué párrafo, en qué parágrafo, en qué artículo del cualquier Ley, Decreto, Orden, se dice estrictamente qué mecanismos de selección del personal hay para contratos administrativos y laborales. Esto hay que decirlo: no hay ninguno. Efectivamente, la titulación es un requisito, pero realmente un requisito. Otro requisito realmente es la existencia de crédito. Y dentro de estas cuestiones (como establece el artículo 6 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y el Decreto, que antes he citado, de mil novecientos sesenta y seis, 1642, de treinta de junio), dentro de eso hay que contar, pero en ninguno, ni en Ley Articulada de Funcionarios, ni en este Decreto, ni en el Real-Decreto de mil novecientos setenta y siete de retribuciones, ni en ningún texto legal más, se dice qué mecanismos. Unicamente en la Orden de cinco de Septiembre del ochenta y tres se habla genéricamente de los principios de publicidad, mérito y capacidad, que, desde luego, realmente la Junta ha seguido en su aprobación del Decreto de uno de Marzo al que antes he hecho referencia. Por supuesto, en ese servicio, es evidente que el personal transferido (yo no he dicho, señor Elorza, que el personal transferido esté en comisión de servicio, ni mucho menos), la situación del personal transferido es realmente, en estos momentos, es realmente atípica. El personal transferido y lo dice la LPA, es una situación de supernumerarios, por su cuerpo de origen efectivamente bastante complicada; lo que he hablado es de que en las dependencias de la Junta hay funcionarios transferidos de diversas Administraciones Públicas, concretamente (perdón, transferidos, en comisión de servicios de distintas Administraciones Públicas), concretamente de la Administración Local y de la Administración Central... comisión de servicios que, como el señor Procurador sabe, supone, suponía en principio, el pago por la administración de origen de las retribuciones básicas, y por la receptora de las complementarias, -aunque eso también en trance de desaparecer en virtud de una Orden reciente-, pero de momento, como buena parte de la Administración del Estado actúa en este campo, se aplica el célebre adagio de "obedece, pero no se cumple".

Por supuesto que existe personal transferido que está también en servicios centrales de la Comunidad, no por comisión de servicios, sino simplemente adscrito. Eso sí, y quiero que quede claro.

En cuanto a que los ejercicios de una oposición son públicos, es evidente. Yo también he asistido a oposiciones, he hecho una, y por eso, en fin, en los tablones de anuncios aparecen, en fin, las calificaciones y toda esta historia. Eso también ha ocurrido, como digo, en las pruebas que ha hecho el INEM, o en las convocatorias que hemos hecho la Junta para pruebas de puestos de trabajo. El objeto de la selección es un criterio evidente; precisamente el propio artículo 6 de la Ley de Funcionarios y el Real-Decreto 1642/66, precisamente establece como criterio, como justificación de la contratación administrativa, la urgencia. Ese es el criterio básico, porque si no, efectivamente, queda la vía, que es la vía normal prevista por la Administración Pública, de la Oposición, que es la vía normal, y bueno, por así decir, deseable. Pero en la práctica, como usted bien sabe, en esos momentos la Comunidad Autónoma no puede realizar,

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pues en estos momentos no tenemos posibilidad de convocar oposiciones. ¡Qué más quisiera este Consejero que hubiese entrado ya una Legislación del Estado ya aprobada, y que desde el día siguiente se hubieran podido convocar oposiciones! Hubiera sido la forma más fácil, más elegante y más indiscutible de cubrir los puestos de la organización central de la Comunidad. Pero realmente ese "desiderata", que es un "desiderata" digo, no ha podido ser, y no por culpa de esta Comunidad Autónoma ni de este Consejero. Yo, realmente espero y deseo el día que en que realmente eso sea posible, o sea, cuando tengamos una Ley de la Función Pública.

Y me alegro también de que el señor Procurador minimice, (más que minimice, valore en su justo valor) estos "curriculum" (o "curricula", en plural latino), en fin, citando a Machado, un poeta tan grato a este Consejero e, imagino, a todos los miembros de esta Cámara. Por supuesto realmente que el "curriculum" es un criterio entre otros, y desde luego realmente, por supuesto, en fin, ni Machado ni mucha otra gente necesita "curriculum" ni carta de presentación. Está claro.

Acusaciones de nepotismo. Bueno, se pueden hacer acusaciones de nepotismo siempre. Realmente, yo lo siento mucho, pero no hay datos. Se piden nombres y apellidos, yo de verdad, reitero, esto no es el "Hola". Los nombres y apellidos, las historias éstas pues eso, están muy bien pues en la prensa del corazón, tienen todos mis respetos, pero tienen un límite de aplicación. Yo, la verdad, la relación de nombres y apellidos, hay un mecanismo, hay un mecanismo que los señores Procuradores conocen, que es la petición de documentación.

Entonces, yo había anunciado desde aquí, que a esa pregunta, (que se había remitido por escrito), tendré que contestar diciendo realmente que no es el mecanismo adecuado de una pregunta por escrito para esta petición de documentación y que hay otros mecanismos previstos en el Reglamento de la Cámara, que es la petición de documentación. Entonces, es un mecanismo legal que existe, que es el Reglamento de la Cámara, y en uso de ese Reglamento los señores Procuradores pueden solicitar efectivamente la remisión de la lista de personal. Desde luego, lo que sí, si los señores Procuradores se deciden a hacer uso de este Reglamento, este Reglamento, pues les deseo paciencia y mucha suerte, pues luego, enfrentarse con lista de ordenador va a ser ligeramente arduo. Y desde luego, realmente espero que no se aburran, ni se mareen, porque en fin, es un poco pesadillo el atreverse con toda esta serie de nombres y apellidos, que yo realmente, sinceramente creo que no es el caso, y que realmente hay que ser más serios, no ir realmente a estas cuestiones puntuales, sino realmente ir al asunto clave que es: ¿ha habido claridad, ha habido legalidad en la contratación? Ha habido. Creo que este Consejero ha dado a demostrar que sí que ha habido y que hay mecanismos de la Administración, tanto Autonómica como Central, que garantizan la claridad, que garantizan la legalidad de las contrataciones. Y si eso es así, pues creo realmente que entrar en querellas de si fulanito o menganito, de los nombres y apellidos, puede tener un interés para los genealogistas, o un interés para, repito, pues gente ociosa. Creo que no es el caso de los miembros de esta Cámara; son gente preocupada por su Comunidad, y creo realmente que entenderán que las cuestiones no son de recibo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

En turno de réplica, tiene la palabra el señor Elorza.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Señor Presidente, Señor Consejero. Muchas gracias por sus respuestas a mis preguntas. Usted me ha dicho que tal vez me pierda en la selva de la Legislación General, procelosa por cierto. No; es que no voy a la General, que está casi obsoleta; he citado un Boletín de las Cortes de Castilla y León, el año primero, veintinueve de Julio, número seis, página sesenta y seis, título quinto: "Del personal al servicio de la Administración", Artículo cincuenta y cuatro: "El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma estará integrado por: a) Los funcionarios públicos. b) El personal contratado. c) El personal eventual". Y al personal eventual, artículo cincuenta y siete, dice: "El personal eventual será nombrado", etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente, precisamente la, las Comunidades Autónomas han tenido un magnífico criterio en disipar el equívoco que en la Legislación General existía entre funcionarios de carrera y funcionarios de empleo eventual, que no han sido funcionarios, ni Dios que lo ha fundado, nunca. Entonces, personal de empleo eventual es el que las Cortes, este Boletín dice muy claramente. Eso para aclarar el primer tema.

Después claro, yo he venido aquí en inferioridad de condiciones, por lo que veo, porque el señor Portavoz del grupo Socialista ha dicho que: con la mano en el corazón, los que hemos leído (y él se lo ha leído) estos magníficos informes... No sé cuando, porque en el entreacto de esas dos sesiones ha estado conmigo, o al menos uno de los momentos; por tanto, se lo ha leído antes. Yo lo que le ruego, señor Consejero, (a usted, como a los otros Consejeros), es que la documentación sea café para todos, porque esta documentación se ha repartido aquí, y al Procurador que está en el uso de la palabra le ha sido negada y la que tengo a mi disposición me ha sido facilitada por el señor De Fernando. Por tanto, en lo sucesivo, que esto

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no se produzca. Porque realmente pues, insisto, venimos en inferioridad de condiciones; la documentación conviene que la tengamos todos leída.

Y al final volvamos a lo que usted ha dicho con mucha razón, y es que dejémonos de anécdotas y vayamos a lo sólido. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Qué ustedes están muy tranquilos con cómo han hecho las contrataciones? ¡Pues bendito sea Dios! Nos agrada muchísimo. Pero den una respuesta pública, corten de una vez con las insidias, como le decía antes, y sigan en esto el consejo del señor Presidente del Gobierno el día uno de Mayo en Bilbao, que dijo muy claramente: acabemos con la picaresca. Pues acabemos de una vez, pero todos y seriamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Sí; referente a la disputa terminológica, o cuestión nominalista, que dirían los escolásticos, (por supuesto no voy a entrar), que el anterior Procurador cita la propia Ley del Gobierno presentada precisamente por esta Consejería, y me alegro que, en fin, que reconozca que es un avance en la legislación terminológica, respecto a la Ley de Funcionarios del Estado; pero sí le recuerdo efectivamente, que, a pesar de todo, esta Ley tiene rango inferior a la Ley de Funcionarios del Estado, con lo cual ésta sigue en vigor. En cualquier caso, sí que está claro, efectivamente, en su artículo 57, que recoge artículos de redacción similar de Leyes del Estado, el hecho de que este personal (llámese como se le llame) no tiene una oposición, no tiene una situación establecida, estable, sino que es nombrado y cesado libremente por el órgano competente y que, en último extremo, en última instancia, su cese sucede automáticamente al cesar el órgano que lo nombró. Es decir, esta gente no genera unos derechos, cuando realmente su situación no es estabilizada. La vía normal, y que debería ser única, única prácticamente, a partir de la Ley de la Función Pública, va a ser la vía de la oposición, la vía de funcionariado, y el resto de los puestos de la Administración se cubrirán, como es criterio de la Administración Central del Gobierno de la Nación, y de este Gobierno, mediante contrato laboral. Dos regímenes claramente establecidos en la tradición, y que clarifiquen de una vez y eliminen esta figura, surgida como una excepción y que se ha convertido en regla, del contrato administrativo.

En cuanto a la documentación, pues el señor Procurador es testigo (no sé si es testigo, porque no sé si ha estado al principio de la sesión), de que esta documentación se ha repartido al mismo tiempo a todos los Procuradores miembros de la Comisión, que es a los que creo que estoy obligado, a los cuales , en fin, debo la cortesía de entregar esta documentación. Por supuesto, si el señor Procurador lo desea, (pues los originales obran en mi poder), puedo remitirle una copia, en fin, a su domicilio o, en última instancia, los servicios de reprografía de las Cortes sé que no tendrán ningún problema en hacer copias, si es preciso a todos los Procuradores de estas Cortes, puesto que realmente sería bueno que todo el mundo se leyese estas cuestiones y no se hablase muchas veces sin conocer realmente cuál es la base legal que hay detrás, que repito, a ver si el señor Procurador me da la razón, que es una selva, no virgen desgraciadamente.

En cuanto a esto, imagino, y con esto concluyo, que en cuanto al elogio que creo que el señor Procurador ha oído de la documentación que ha hecho instantes antes el Grupo Socialista, imagino que el señor Procurador del Grupo Socialista podrá... o no, se habrá leído el índice, en fin, que es una cosa fácil de leer, se lee en dos minutos, y habrá deducido la calidad, espero, de la recopilación. En fin, sin más comentarios.

Y en cuanto a oferta pública, las insidias, bueno, realmente, yo digo realmente que no quería, no sé si es procedente citar a un político de un régimen anterior, de anterior régimen democrático al que vivimos, que era el Presidente de la República, y creo que dijo una frase, (y no quiero, en fin, espero no parecer muy amigo de citar frases, que es un vicio muy caracterizado de cierto político de la Nación), de que: "Ladran, luego cabalgamos", creo que lo dijo Manuel Azaña, o por lo menos se le atribuye, me parece; en algún álbum de citas figurará. Yo lo que sí quiero decir al Señor Procurador, que yo sí que estuve en Bilbao el uno de Mayo, oyendo personalmente al Presidente de la Nación, en fin, estaba a diez metros de él, quizá algo menos; que por supuesto asumo en su totalidad el discurso. Creo que fue realmente un discurso de absoluta limpieza, creo realmente que es el programa, por supuesto, con el que fue elegido el Gobierno de la Nación, y digo realmente, es el programa apto para sacar a este país de su atraso y modernizarlo. Y creo realmente que la recomendación de eliminar la picaresca es una recomendación muy importante, que esta Administración está regulada por ello, y se ha producido una cuestión realmente, y es que a pesar de las limitaciones con que ha contado esta Administración, sí ha habido una cierta tarea de limpieza. Y no querría despedirme de esta Comisión sin decir que, bueno, que dentro de las posibilidades de esta Junta, ya ha empezado a haber una cierta movilidad del personal. Concretamente, ha habido una serie de bajas voluntarias entre personal contratado en la Junta, a las cuales, efectivamente

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voluntarias, éstas han sido digamos incentivadas, por decirlo suavemente. Y tampoco querría marcharme sin decir que, en otros casos, esta Junta, concretamente la Consejería de Economía, ha abierto expedientes a algunos funcionarios, (no sé si es procedente, puesto que realmente hemos dicho no citar nombres y apellidos, no voy a decirlo por tanto), pero en fin, se han incoado expedientes disciplinarios a dos funcionarios de la (funcionarios además), de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, no voy a dar datos; y también en los servicios centrales de la Junta se han incoado varios expedientes disciplinarios a personal por actos no acordes con sus funciones. Quiero decir, realmente, que esta labor de inspección, de control, de limpieza, de la eficacia de la Administración se está haciendo ya, ya digo realmente que no voy a caer tampoco en decir lo que hemos hecho y dar nombres y apellidos. Hay que ser... buscando, vigilando, porque esa picaresca que ha habido... en la Administración, fundamentalmente tolerada, no asumida ni deseada por los funcionarios, sino tolerada por los órganos políticos de la Administración, estamos también poniéndola coto. Y estamos realmente vigilando que el personal rinda. Y si hay unas normas (se ha hecho una Orden para cumplimiento de horarios), se está tratando de que se cumpla. Y si hay unas normas de rendimiento, estamos logrando que cumplan. Y realmente esperamos que la Administración Autonómica de Castilla y León quede libre de esa picaresca, quede libre de esas máculas, de esos atavismos transferidos, transferidos de la Administración del Estado, y que cumpla con eficacia sus funciones al servicio de la Comunidad y del pueblo de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

: `Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí, señor Presidente, estrictamente para contestar a la alusión directa que antes se me hizo. Yo quiero indicarle al señor Procurador autor de la alusión que, por el procedimiento de simple ojeo, se puede llegar a la conclusión de que todas las normas recopiladas en el dossier que se nos ha entregado son normas que previamente se han publicado en los Boletines Oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas, que, como su nombre indica, son públicas. Y el Procurador que habla tiene la curiosidad, y en cierto modo el tiempo, y por ello le dedica algunas horas, pues a estar enterado de lo que se hace en otras Comunidades Autónomas. Razón por la cual le puedo asegurar que conocía esos textos, no ya antes de que se haya reunido la Comisión, sino antes de que el dossier estuviera elaborado. Práctica que, por otro lado, pues estimo entra dentro de mis funciones y creo también forma parte de mi responsabilidad. Práctica que, por otro lado, pus me atrevería también a recomendar a los miembros del Grupo Popular, porque quizá así, pues no presentarían algunas enmiendas a la totalidad, que, sin duda por desconocimiento de normas previas en otras Comunidades Autónomas, luego tienen que ser retiradas en el último momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Ya que al señor Consejero le desagrada mucho el hacer frases como otros líderes políticos españoles (por otra parte, desde luego comprendo el que él no haga frases), y voy a empezar, para desagradarle, con una frase, y es la frase, vamos, es la anécdota del señor Churchill, cuando venía de Yalta (Inglaterra), después de haber ganado la II Guerra Mundial, y le comunicaron en el avión que había perdido las elecciones en su país, y su mujer, para consolarle, le dijo: "Bueno, tranquilo porque puede ser un bien oculto de Dios", y el señor Churchill contestó: "Bien, pero si es un bien oculto, Dios lo tiene demasiado oculto". Pues la fe de la que usted nos decía, desde luego a mí, que no soy agnóstico como se ha declarado el señor Consejero, Dios la debe de tener muy oculta, porque hasta el momento no me ha permitido el que pueda tener fe en usted. Y tampoco tienen fe en usted los propios socialistas, porque leo una frase del señor Colino, que , si no me equivoco, es el Secretario General de su partido en la Provincia de Valladolid, en la que dice que: "en la Junta hay una alarmante inflación de cargos de confianza y de gente que ha entrado por amiguismo o por tener un carnet socialista". Y es una frase, son palabras textuales. Y nosotros, por supuesto, tenemos datos, y datos muy serios, sobre amiguismo, clientelismo, o personas que han entrado por tener el carnet del P.S.O.E. en la Junta. Ahora bien, desde luego lo que nosotros no creemos es que sea el procedimiento adecuado el hacer un continuo y sangrante chorreo de preguntas ante el Pleno de las Cortes, en las que tengamos que preguntar por situaciones de todos conocidas, como puede ser la del señor Santamaría, o como puede ser la de la esposa del señor Sancho, o como pueden ser etcétera, etcétera, que, si en su momento ustedes nos ponen en el disparadero, no tengan duda de que lo vamos a hacer.

Y nos preocupa, claro que nos preocupa, el cómo están ustedes haciendo las contrataciones, y cómo ustedes están utilizando el nepotismo en sus contrataciones. Y nos preocupa porque es que

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el paro aumentó en nuestra Región el diez por ciento el año anterior, y Dios sabe cuánto ha aumentado en estos meses que lleva ya de este año; como le preocupa a la inmensa mayoría del pueblo de Castilla y León, como le preocupa a su propio partido, nos preocupa a nosotros. Porque no sé si usted habrá sabido, -como al parecer tampoco lee a la señora Urbano- (a lo mejor es que tampoco lee otros periódicos), hay una denuncia constante sobre las contrataciones de la Junta. Y no sé si usted también se habrá enterado que hay una denuncia constante sobre el aumento del gasto público, ya no sólo en esta Comunidad Autónoma, sino en cualquier otra. Y, por tanto, como es una preocupación muy seria, nosotros desde luego estamos preocupados y queremos llegar hasta la última de las conclusiones para poder elevar el dictamen que sea pertinente ante el Pleno de las Cortes.

Y nos preocupa el crédito que pueda tener esta Comunidad, y el desprestigio en que, por actuaciones como las que están siguiendo en el tema de contrataciones y otras, está cayendo y recayendo sobre esta Autonomía por culpa suya. Y por eso es por lo que hemos pedido esta Comisión, y se ha venido a esta Comisión. Y por eso es por lo que pedimos firmemente, y si no es por este procedimiento, utilizaremos cuantos procedimientos tengamos a nuestro alcance, y si no nos lo permiten, porque ustedes, utilizando una falsa democracia, no lo permiten hacer, nosotros solicitamos aquí, en estos momentos, que nos digan en primer lugar: quiénes son los 108 contratados administrativos que tiene, que nos digan su "curriculum" y que nos digan las funciones que están desempeñando. Quiénes son las dieciocho personas de libre designación. Quiénes son los treinta y cinco Delegados Territoriales y quiénes son, -porque existen, aunque usted lo niegue-, quiénes son los otros contratados que existen en la Administración Autonómica periférica. Y mientras que usted no nos aclare estas cuestiones, usted está haciendo juegos florales, y para juegos florales no le paga esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Bueno, agradezco al señor Martín Beaumont su amabilidad al citar los juegos florales; la verdad es que no es mi intención el ser poético en mis expresiones. Qué le vamos a hacer. El origen literario de uno, igual es posible que se transparente. Por supuesto no, en fin, la frase de Churchill me parece muy bien, en fin, es muy ilustrativa; no sé cuál era su aplicación, en cualquier caso. En fin, tomo nota y la guardaré en mi libro de citas. Por supuesto, en fin, no se me oculta que el señor Procurador no tiene fe en mí; si tuviera fe en mí, me imagino que habría votado a nuestro Grupo y a este Gobierno. Es evidente que, en fin, no ha sido así. Consiguientemente, no es preciso que el señor Procurador declare que no confía en este Gobierno. Eso lo demuestra en todas las reuniones del Pleno con su voto.

Bien, en cuanto a los datos concretos que afirman, de amiguismo, clientelismo, yo ya digo realmente que no tengo por qué conocer, (y además la verdad es que no es mi obligación, ni mi competencia), cuál es la situación personal (personal, reitero, no profesional ni funcionarial) de todos los contratados de esta Junta. Consiguientemente, digo, no tengo por qué saber, la verdad es que no lo sé, en fin, exactamente, cuáles son o quiénes son algunos de esos señores. Y yo realmente, es que también me llama la atención que se hable siempre del... no sé quién y no sé cuál. Bueno, señores míos, si ustedes están en desacuerdo con estas cuestiones, pues, en fin, díganmelas y dejen de amenazar. Yo digo realmente que yo, nosotros no amenazamos, nosotros también tenemos datos, tenemos documentos, tenemos pruebas de cosas, y no andamos por ahí amenazando a la gente. No se puede andar recurriendo, en fin, a decir: "tenemos datos, tenemos datos". Señores míos, si hay datos se ponen encima de la mesa, en esta Comisión o en otro sitio. Pero creo realmente que no es el caso andar diciendo unas cosas, en fin, públicamente, y luego andar diciendo o andar escribiendo otras cosas en otro contexto. Creo que hay que ser coherentes y, si se pide transparencia, si se pide, en fin, ética, si se pide que todo sea público y tal, pues estos principios hay que aplicarles tanto en la vida pública como en la vida privada. Y no utilizar mecanismos que no procede, ni otras vías que, por respeto a esta Cámara, y realmente también por respeto a mí mismo, pues no voy a citar tampoco, ni voy a utilizar. Pero que realmente deberían de reflexionar más algunos Procuradores del Grupo Popular antes de lanzar invectivas y de amenazar con datos concretos que no se acaban de concretar. Entonces, yo realmente esa denuncia constante de las contrataciones de la Junta no la he leído, no la conozco. Es cierto que ha habido una, un momento, hace ya meses, frente a este tema, un movimiento típico, todos sabemos que hay serpientes de verano, y por supuesto hay serpientes de invierno; es una situación normal en los medios de comunicación. Y bueno, pues esa serpiente de invierno, como unas vacaciones de invierno, y que, como tal, ha muerto cuando se acabó el invierno. Y lo siento mucho pero, en fin, yo leo la prensa, a lo mejor pues algún día al señor Urbano, o señorita, y, en fin, pues no tengo constancia que ese tema haya vuelto

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a reproducirse. Yo entonces no entiendo a qué viene esta preocupación por el desprestigio y las insidias.

En cuanto a los nombres y apellidos de toda esta gente, sí que hay otra cuestión, y es que, concretamente, los nombres y apellidos de los treinta y cinco Delegados Territoriales nombrados están publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León. Entonces el señor Procurador ha podido consultarlos y encontrarlos, pues están allí todos, con su orden de nombramiento, y ahí están. Y en cuanto a sus retribuciones, le digo que el señor Procurador tiene los Presupuestos del año ochenta y tres, donde figuran las retribuciones, y en los Presupuestos del ochenta y cuatro figuran también las retribuciones de los señores Delegados Territoriales. Esto realmente no sé a qué viene pedir esa documentación que está ya publicada.

En cuanto al resto de las peticiones, bueno, pues ya digo que hay un mecanismo, que sugiero al señor Procurador, y es, ya digo, la petición de documentación. Entonces, igual que de las Cortes Generales a veces se piden documentaciones particulares (incluso, en fin, me ha llegado alguna petición de documentación del Grupo Popular de las Cortes Generales, a través del Presidente del Congreso de los Diputados), igualmente se puede pedir. Yo les deseo, si el señor Procurador quiere este tema, suerte, francamente, cuando se meta a descifrar nombres y apellidos. Yo ya digo realmente que no entiendo esta preocupación; que lo del amiguismo y nepotismo es una frase muy fácil, muy fácil, que se usa siempre; porque, como decía en mi intervención, hay un caldo de cultivo en estos momentos, que es la situación angustiosa de paro, que este Gobierno no ha creado, que este Gobierno ha heredado, que está intentando controlar, situación de paro que hacer, realmente, bueno pues que el personal esté realmente preocupado y que, sea cual sea, esto hay que decirlo muy claro, el mecanismo de acceso a la Administración, siempre va a ver críticas. Señor Beaumont, yo soy funcionario y llevo siete años, como digo, y vamos a ser claros: las oposiciones son quizá el método más limpio, transparente, etcétera, de acceso a la Administración, pero usted y yo sabemos (usted..., no sé si los sabrá), que también las oposiciones es un mecanismo que se presta a amiguismos y clientismos, y siento en este momento, en fin, que el señor justamente del Grupo Socialista no esté, porque como miembro de la Universidad, podría contar mucho, mucho, mucho, de cómo son las oposiciones en la Universidad; como digo un ejemplo más de esta forma de acceso aparentemente tan límpida y clara a la Administración.

Entonces ya digo, realmente, que cualquiera que sea el mecanismo elegido va a ser criticado. Ha sido así con las oposiciones, han sido criticadas las contrataciones, pues le digo a usted que cuando hemos hecho una contratación (el caso concreto que citaba antes de la publicación de la petición de conductores), ha sido criticada. ¿Por qué? Pues porque realmente, vamos a ser claros, cuando hay dos puestos de trabajo y hay dos mil personas por él, es evidente que mil novecientos noventa y ocho van a entender que es una injusticia. Y desde luego, puedo decirle a usted que para esos once puestos de trabajo convocados de conductores, hubo cuatrocientas cincuenta y tres solicitudes. Entonces, fíjese bien, hubo que seleccionar entre cuatrocientas cincuenta y tres solicitudes para once plazas. Y por supuesto, seguro que los cuatrocientos cuarenta y dos señores que fueron rechazados estarían convencidos, en su fuero interno, que hubo nepotismo, amiguismo, injusticia, desviación de poder, y no sé cuántas cosas más. Y no hay nadie que pueda conocer racionalmente de que eso es así. Y lo siento mucho, es un fenómeno psicológico o socio-psicológico que es inaplazable. Y yo puedo decirles que la legalidad está clara, que ustedes son muy dueños, por supuesto, de no aceptar esta legalidad, de desconfiar de los órganos legales de control, le digo, realmente, que ni yo puedo convencer a usted racionalmente de que esto es así, ni yo tampoco puedo convencer nunca, como digo, a ninguna persona en paro que no haya sido seleccionada para un puesto de trabajo, que su selección, o no selección, se haya hecho de forma efectiva, de forma clara y con unos criterios de valoración, y no realmente por un enchufe. Es una práctica tan enraizada en nuestra Administración, en nuestra vida cotidiana, la del enchufe y la recomendación, que realmente, bien, pues nadie puede dudar de que esa práctica sigue en vigor. Yo, desde luego, espero que esa práctica sea erradicada y puedo asegurarles que así va a ser.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Sí, señor Presidente. Yo, para proponer (y ya que en reiteradas ocasiones el Consejero de Presidencia nos ha dicho que hay un mecanismo) para proponer precisamente que, en su momento, cuando crea el Presidente, se vota pues que una petición precisamente de esta Comisión, pidiéndole esta documentación, y que creo que en vez de hacerlo como Grupo Popular, nosotros lo haríamos como la Comisión, esta Comisión que está ahora mismo reunida, y que tuvieran la oportunidad de sumarse todos los Grupos aquí representados, y que si alguno, desde luego, no se suma, allá él con sus consecuencias, y que diría: "La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León elevan

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ante el Presidente de las Cortes la siguiente petición de documentación: Que el Consejero de Presidencia traiga ante esta Comisión de Presidencia, para ser examinado por ella, relación nominal, adjuntando "curriculum" y funciones que desempeñan las siguientes personas contratadas por la Junta de Castilla y León. Primero: ciento ocho contratados administrativos. Segundo: dieciocho personas de libre designación. Tercero: treinta y cinco Delegados Territoriales. Cuarto: cuantos otros contratados existan en la Administración Autonómica. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí. Yo simplemente para recordar, y no prejuzgo ni mi posición personal ni del Grupo al respecto, que el orden del día para el que esta sesión de la Comisión de Presidencia ha sido convocada dice, firmado por el señor PRESIDENTE: Punto primero: Informes y aclaraciones del señor Consejero. Punto segundo: Ruegos y Preguntas. No estimo que de ese orden del día se deduzca la posibilidad de someter a votación ninguna propuesta de resolución.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Sólo el mismo tema. Lo que veo difícil es que se pueda cumplir la resolución del Pleno de las Cortes de elevación de dictamen. Es decir, se haya leído reiteradamente la primera parte de la Resolución, pero la segunda parte el señor Consejero no la ha leído cuando contestaba: "y que esta Comisión eleve un dictamen para el Pleno de las Cortes". ¿Qué dictamen vamos a elaborar sin ningún dato? Si difícil es, o una de dos, o hacemos lo que propone el señor Martín Beaumont en esta Comisión, de traer los datos, o difícilmente lo puede cumplir esta Comisión; yo no sé si el portavoz del Grupo Socialista tendrá datos, con lo que hemos oído aquí para elaborar un dictamen. Si elaboramos un dictamen será que le elabore el señor Consejero de Presidencia; para nosotros poder elaborar un dictamen al Pleno de las Cortes, que es a lo que obliga la Resolución, necesitaremos datos. Porque, si no, tendremos que decir en el dictamen: Según nos aclara el señor Consejero de Presidencia, todo se ha hecho legalmente. Claro que se ha hecho legalmente, y ninguno dudamos de la ilegalidad; pero, claro, eso no es un Dictamen. Hay dos partes en la Resolución, que yo querría que se viesen detenidamente: que se haga tal cosa por la Junta, y que esta Comisión eleve un dictamen. Bueno, pues empiecen ustedes a decirme cómo elaboramos el dictamen.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Valdivielso.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO: Y

Y en todo caso que el Letrado nos informe sobre la procedencia de nuestra propuesta.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR MATIA PORTILLA):

En primer lugar, las Comisiones pueden pedir, pueden recabar la información y documentación que precisen de las Administraciones Públicas, en virtud del artículo 44.1.º del Reglamento del Congreso de los Diputados, que es el Reglamento provisional de estas Cortes. El problema de si esa petición es inclusive o no en el término de ruegos y preguntas, que me parece que era la segunda parte de la convocatoria de la Comisión, es lo que ofrece más dificultades, sobre todo haciéndolo así. Lo que sí es indudable es que la Comisión lo pueda recabar, eso es indudable. Entonces, el tema sería más bien formal, de si se podría hacer ahora, o podría hacerlo a continuación del punto del orden del día. Yo no sé si ese tema merece la pena, en fin, de llevarlo a hacer un dictamen más preciso. Para eso, le rogaría al Presidente que parara la sesión durante diez minutos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Yo propondría que los portavoces de los Grupos demostraran un poco su interés, o no, porque esto se debería hacer por la cuestión de forma; creo que sería independientemente del tema, si hubiera esa voluntad o no hubiera esa voluntad de tener esa información. Y si es ese el caso de tener información, ¿por qué no podría incluirse? Porque, por lo visto, según el Letrado pues no hay ningún inconveniente.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

La cuestión de forma, ante todo, no es, sobre todo en el funcionamiento parlamentario, no es tan indiferente. Por eso, yo creo correcta la petición que el propio Letrado hace; parece que lo solicita para poder emitir fundadamente una opinión, y me parece que es de delicadeza parlamentaria el que demos los diez minutos de receso, ante todo.

(Se suspendió la sesión durante diez minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Yo pediría a los Grupos que se manifestasen sobre la utilidad o necesidad de la información a la que nos estamos refiriendo,

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con vistas a poder emitir ese dictamen que es mandato del Pleno de las Cortes.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Si yo interpreto, tal y como está, la Resolución, si esta Comisión debe elaborar un dictamen, el dictamen se elabora sobre algo. Serían imprescindibles los datos que reiteradamente se han pedido por todos o casi todos los Procuradores que han intervenido, para poder elaborar un dictamen; si no, difícilmente lo podemos elevar.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Sin ánimo de ser reiterativo, si tenemos que elaborar un dictamen, ese dictamen ha de ser sobre si la Junta ha valorado básicamente los principios recogidos en el artículo 103. Como no tenemos información suficiente para valorar si esto ha sido así o no, entonces insistimos en nuestra petición de que se nos dé más información.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Yo, mi posición, ha sido, de forma pues más o menos aventurada, expuesta en pasillos, es que yo entiendo con absoluto desapasionamiento que la redacción de la propuesta de resolución, o la resolución, mejor dicho, número once, ofrece dudas en torno a entender cuál es el contenido, la naturaleza de ese dictamen, que por otro lado es claro que no está previsto en el Reglamento como un dictamen propio, porque el Reglamento contempla los dictámenes habituales de la Comisión en los procedimientos legislativos exclusivamente. Entonces, mi pregunta, y en ese sentido es donde yo necesitaría tener una opinión técnica para poderme pronunciar al respecto es si ese dictamen es algo diferente a los dictámenes habituales de las Comisiones, o es algo más; porque mi preocupación formal (por eso antes decía que las formas pues tienen su, tienen su importancia en estas cuestiones) es que el Pleno aprobó, por voto unánime, una propuesta de resolución determinada y no otra que se presentó como alternativa, que era una Comisión de Investigación. Y yo entiendo que, en la práctica, en función de cuál fuera el ámbito, la naturaleza, etcétera, de ese dictamen, o de la actuación de esta Comisión, en este caso, que ha sido convocada como sesión informativa, pues podría invadir las competencias de una Comisión de Investigación. Esa es mi preocupación, que manifiesto públicamente, y en ese sentido pues estimo que sería necesaria alguna aportación técnica y, en función de eso... Y quiero volver a incidir que con esto no prejuzgo en absoluto nuestra posición en torno a la conveniencia o no de que se proporcione esa información, y yo, desde luego, a pedir información no me niego en absoluto; el problema yo lo veo previamente. Quiero que eso quede muy claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Bien, yo lo que veo que estamos en un punto muerto ¿no?, porque sigo insistiendo que si hay una predisposición a que esa información se tenga en esta Comisión, creo que esta Comisión es la que decide cómo ha de emitirse ese dictamen y la amplitud de ese dictamen. O sea lo que yo pienso, y sigo insistiendo, es en el fondo del asunto: si los tres Grupos aquí representados son conformes a que se pida o no se pida esa información. Como no desconoce ninguna de Sus Señorías, también hay otro procedimiento, que es a través del Presidente de las Cortes, y que el Presidente de las Cortes la reclame; pero para eso habría que haber entonces un acuerdo de esta Comisión para que yo me dirigiera al Presidente de las Cortes, y que él recabará esa información de la Junta.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR MATIA PORTILLA):

Con la venia del señor Presidente. Yo, dado que se me había solicitado un dictamen, yo entiendo que ahora se está planteando un tema distinto, que es un tema que ya preocupaba a los servicios jurídicos de la casa, de la Cámara, en el sentido de que la naturaleza de esta Comisión realmente es una naturaleza extraña, ambigua, y el acuerdo realmente es un acuerdo técnicamente complicado. Pero yo creo que el tema del que se me pidió dictamen antes de la suspensión de la sesión, no tiene mucho que ver con el asunto de si el dictamen va a ser un dictamen de Investigación, o es un dictamen puramente de la comparecencia, etcétera... porque, independientemente de la naturaleza investigadora o no de esta Comisión, que en fondo subyacería en ese problema, el tema es que cualquier Comisión, sea investigadora o no, puede recabar información a través del Presidente del Congreso.

Entiende este Letrado que para que la Comisión pueda recabar información a través del Presidente de las Cortes de Castilla y León es necesario, cuando es la Comisión quien la recaba, un acuerdo de la Comisión. Y el problema se plantea estrictamente en los términos de si es posible o no, por el orden del día previsto, el que se incluyera una votación sobre esta cuestión. Claro, de alguna manera está conectado con el problema anterior, porque, si la Comisión fuera de investigación, evidentemente podría, puesto que se dice expresamente en el Reglamento que la Comisión de Investigación fija su método de trabajo. Aquí la ambigüedad del acuerdo se ha transmitido a la ambigüedad de la propia Comisión. Yo creo que, realmente no sabía, (sí sabía, porque sabía de qué

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iba a tratar la Comisión), pero no sabía por la propia convocatoria, si estábamos dentro del artículo 202 ó 203, -que son diferentes-, del Reglamento; si era una Comisión Informativa genérica, o era una Comisión Informativa explícita para una cuestión concreta. Lo cierto es que el Reglamento del Congreso no permite votaciones en las Comisiones Informativas para puntos concretos. Ahora bien, lo que sí es claro que podría desbloquear la situación son dos mecanismos perfectamente Reglamentarios ambos. El primero es la alteración del propio orden del día (artículo 68.2 del Reglamento), que con una votación de esta misma Comisión, modifica el orden del día y entra en la cuestión de si va a solicitar o no esa información. El segundo sistema, -naturalmente, siempre sometido a la mejor información y parecer de la Comisión-, sería si se ofreciera esa información, en cuyo caso la votación quedaría eliminada, dentro de las potestades, de entender que el asunto está debatido, que tiene el Presidente de la Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Entonces, tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Señor Presidente, señores Procuradores. La duda, o, en fin, el dilema que se le plantea al señor Letrado, en fin, también ha embargado a este Consejero y en buena parte a esta Cámara, y era realmente cuál era la función de esta Comisión. Que realmente, como he reiterado en mi intervención, y se ha dicho aquí después, no se trata de una Comisión Investigadora. Consiguientemente, en fin, tenía una finalidad que era la que se ha dicho repetidas veces.

Yo creo realmente si, en fin, he dado una información verbal, y no, digamos, no me he negado a entrar en cuestión de nombres, porque, primero, efectivamente me parecía que no era éste el objetivo de esta Comisión, que no era éste el lugar y que además, repito, no me parece seria esa petición. De todas maneras, de todas maneras, por supuesto, esto no quiere decir que este Consejero y la Junta de la cual forme parte, se nieguen a dar información, ni mucho menos, a los representantes del pueblo Castellano-Leonés, que, a fin de cuentas, son los miembros de esta Cámara, que son las que encarnan no la soberanía, porque creo que ésta es indivisible según la Constitución, pero sí, repito, la representación del pueblo Castellano-Leonés. Y, por supuesto, realmente hay unos mecanismos, que recoge el Reglamento de las Cortes, el Reglamento provisional de las Cortes, el Reglamento del Congreso de los Diputados, que el Letrado ha señalado. Y, a fin de cuentas, ya digo que, a nivel práctico, este Consejero no tiene ningún problema, ningún problema en dar esa documentación. De hecho, este Consejero, cuando decía lo de que los señores Procuradores tengan paciencia, en fin, el señor Consejero tiene, como está a la vista, en fin, el listado de todo el personal de la Junta, con sus provincias, asignaciones, Consejerías a que están adscritos, etcétera, etcétera, y Dirección General a la cuál están adscritos. Quiero decir que realmente se puede ampliar. Quiero decir, realmente, que si los señores Procuradores encuentran algún día la paciencia de leerse los ocho mil nombres del listado, puede estar a su disposición, y que yo ofrezco más que lo que los Procuradores me piden, en fin, o sea que, ya digo realmente que lo ofrezco todo. Yo digo que realmente la voluntad de esta Junta, repito, no es ocultar información, sino realmente plantearla en sus puntos concretos. Y repito que lo de leer, en fin, no sé si algún nombre, pero, en fin, una lista de nombres, pues de verdad no sé que satisfacción puede deportarles a los miembros de esta Cámara, ni siquiera qué conocimiento real de la situación. Ahora bien, por supuesto es un derecho que está en el Reglamento, un derecho que Sus Señorías pueden ejercer, que a mí me parece muy bien que ejerzan, y que por supuesto, si ejercen, naturalmente este Consejero, en delegación de la Junta, atenderá debidamente.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Bueno pues, por lo que se ve, no hay ofrecimiento expreso de la Consejería para facilitarnos esa información. bueno, entonces yo le digo al señor Letrado que habrá que utilizar el primero. De todas formas...

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Este Consejero no puede saber exactamente cuál es la petición.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Pues se lo vamos a explicar otra vez. Un momento... se lo vamos a explicar otra vez. No, expresamente, no es que nos lea usted el listado, expresamente...

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

No, es que no pensaba leerlo. ¡Dios mío!

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

No, pero se ha ofrecido a leérnoslo. Qué pasa ahora si ahora decimos que nos lo lea, que empiece ahora mismo. No, no; nosotros queremos que dé a esta Comisión relación nominal, que nos la dé, no que nos la lea, adjuntando "curriculum" y funciones que desempeñan las siguientes personas: 108 contratados, 18 de libre designación y 35 Delegados Territoriales, y cuantas otras existan en la Dirección Periférica. Que no queremos que nos lea el listado; queremos esto.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Si he entendido bien es: nombre, "curriculum" y puesto de trabajo.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO: Y

Y el sueldo.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

: ¿Y el sueldo? Retribuciones.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO: A

A lo mejor cuando tengamos los Presupuestos del ochenta y cuatro no nos hace falta, pero como no los tenemos...

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Están, están. Los Presupuestos del ochenta y cuatro están presentados, ya digo.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Sí, si.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Muy bien. De todas maneras, ya digo que, en fin, si es de los señores Procuradores, es el deseo de la Comisión, creo que no hay ningún problema. Me imagino que se referirán a los ciento ocho, a los contratados de nueva contratación, me imagino, por la Junta, ¿no? Esto realmente, bueno, pues lo que sí quiero que quede bien claro lo que se pide por ésta, por los señores Procuradores. O sea: nombre, "curriculum", puesto de trabajo y retribuciones. ¿Retribuciones también?

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO: A

A poder ser.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Pues sí, hombre; por supuesto, faltaría más.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Sin ánimo de, perdón, sin ánimo de ser exigentes, nos gustaría que nos dijese el plazo en el cual podríamos tener esta información, para saber también...

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Eso del plazo ya depende del correo ¿no?

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Un plazo máximo.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

No sé qué plazo máximo.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

No vamos a ser exigentes en esto. No se lo exigimos.

(Grabación deficiente.)

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO: ..

..el señor Consejero, el tiempo que va a tardar en hacer eso.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Pues, realmente, no mucho. Pero en fin, cuando, cuando, lo que quieran los señores Procuradores. No sé; puede ser un mes, si les parece a los señores Procuradores. Lo digo, porque estamos además muy ocupados con los temas éstos de la, en fin, de los Presupuestos, que todos ustedes conocen. Entonces, ¿están de acuerdo en lo del mes?

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

De acuerdo. Además, como tiene mucho personal, pues pueden perfectamente hacerlo.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Claro, claro, claro. Además, no hay ningún problema. Un mes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

: ¿Alguna actuación más? ¿Quiere intervenir?

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Yo, la verdad es que sigo sorprendido, quizás cada vez más. Ahora por una doble razón. Yo no sé si la petición estrictamente, si es que se quería hacer una petición de información, me parece que, en cualquier caso, no puede suponer, porque yo creo que hay razones legales expresas que lo impiden, el entregar documentación. Me parece que eso, en cualquier caso, será exhibir determinados, determinada documentación. Yo creo que la Administración Pública, entregar el expediente de un determinado funcionario, incluso a un Procurador, creo que tiene sus pegas. Me parece que nos estamos precipitando bastante en el final de la Comisión. Yo no sé si habría que cortar por lo sano e ir al planteamiento que yo antes hacía; tenemos dudas sobre si podemos tomar el acuerdo o no, sobre el tipo de acuerdo, sobre el tipo de dictamen a elaborar, sobre la documentación a solicitar, sobre la finalidad de esa documentación y sobre el proceso final o el destino final que ese dictamen tenga. Yo, personalmente, sigo teniendo dudas respecto de todos esos puntos. Yo no sé si así, tan precipitadamente, pues nos podemos lanzar a este tipo de peticiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Yo preguntaría al señor Quijano, si ve usted algún inconveniente en tener

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esta información. Si es que usted se opone, parece, a que tengamos esta información en la Comisión.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Repito, no me opongo por principio a pedir ninguna información. Y rogaría al señor Presidente no haga juicios de valor sobre mis intervenciones, entre otras cosas porque no es la función de un Presidente. Repito que mis dudas versan sobre cuál es el sentido último y cuál es la finalidad concreta de esta convocatoria, de ese dictamen que establece la Resolución, etcétera, etcétera. No me niego a pedir una información. Puedo ser el primero en votarlo y en proponerlo en su momento; pero quiero saber de antemano, cuando pido una información, cuál es el destino que tiene. ¿O es que es mandar a un determinado periódico un determinado expediente?, pregunto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Bien, yo creo que cuando el Letrado ha dicho que había dos caminos: o pedirlos por esta Comisión a través del Presidente de las Cortes, o el ofrecimiento del Consejero, la pregunta no es que se haga por votación. Esa pregunta la hice yo en la primera intervención, y la hizo el Portavoz del Grupo Popular en su intervención. Es decir, no ha sido como consecuencia de una votación, sino que en las intervenciones hemos pedido eso mismo. Y según ha informado el Letrado, había los dos caminos: la oferta del Consejero, que la ha hecho. Bueno, me parece bien lo que dice el señor Quijano: ¿cuál va a ser la finalidad? Elevar el oportuno dictamen. Una vez que lo tengamos, reunirnos y elevar el dictamen. Y nada más. Si luego otros hacen usos para otros caminos, eso siempre será inevitable, pero no hemos pedido el expediente de cada funcionario, sino simplemente: nombres, apellidos, cargos que ocupan y "curriculum". Nada más. No hemos pedido el expediente.

(Risas.)

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

En cuanto a la finalidad: para uso exclusivo de los Procuradores de esta Comisión; por supuesto, sin que se pueda pensar que vamos a dar publicidad, fuera de esta Cámara, de la información que aquí podamos dar. Y por otra parte, yo no entiendo como el portavoz del Grupo Socialista (aunque sea del Grupo Socialista) se permite enmendar la plana al señor Consejero, cuando el señor Consejero ya ha accedido a dar a esta Comisión la información.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Por favor, yo no enmiendo la plana a ningún Consejero. El Consejero se ha brindado a dar una información que yo me sumo a pedir. Por favor, no se me vuelva a interpretar en ese sentido, porque no es verdad. Yo quiero, antes de pedirla (y, repito, seré el primero en pedirla, y me comprometo formalmente a ello), quiero tener claro cuál es el sentido de esta Comisión. Y eso todavía no se me ha dejado claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor López Valdivielso.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Saber si la Junta ha valorado básicamente en sus contrataciones los principios de capacidad y mérito recogidos en el artículo 103 de la Constitución.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Letrado.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR MATIA PORTILLA):

Sí, yo, con la venia del señor Presidente. Aquí es que yo creo que hay dos temas que se mezclan indebidamente. Una cuestión es (que habrá que determinar en el futuro), cuál es el alcance del dictamen de esta Comisión, que es una interpretación jurídica difícil, porque el acuerdo, en mi opinión, no es bueno técnicamente. Y por lo tanto, como el acuerdo del Pleno no es bueno técnicamente, va a ser difícil conciliar la doble intención de la Comisión, que evidentemente no es Investigadora, porque hay razones de interpretación auténtica de los acuerdos, en cuanto que hubo posibilidades que fueron desechadas, de que no se quería eso por el Pleno de la Cámara, y sin embargo se exija un dictamen; y eso va a ser difícil de conciliar. El tema es independiente. Esta Comisión tiene, entre sus competencias, clarísimas, todo lo que se refiere a la Consejería de Presidencia. La Consejería de Presidencia es encargada o está encargada de la Función Pública. Y, por lo tanto, esta Comisión, sea investigadora o no lo sea, siempre puede pedir documentación a la Junta.

El problema que se plantea no está, en absoluto, en si luego va a haber un dictamen, sino en si entra o no entra en el orden del día. Porque si en el orden del día estuviera previsto eso, evidentemente puede; eso para mí no tiene ninguna duda legal. Entonces, aquí se plantea otro tema distinto, que yo creo que es de futuro, que es si la documentación que se solicita, por otros motivos legales, puede, o no, ser denegada, una vez que se pide, por la Junta. Bueno, yo ahí no quiero prejuzgar, porque preferimos, como es lógico, los Letrados de la casa tener más tiempo para estudiar los

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asuntos. Evidentemente, el Reglamento prevé, en el artículo 7.2, que la Administración diga por qué no la traslada, con las razones fundadas en Derecho que lo impidan. Y, naturalmente, si es posible, efectivamente posible si se entrara en temas que afectaran, no a "curriculum vitae" tal vez, sino a los propios, al propio expediente personal, eso probablemente podría tener pegas. En cualquier caso, es un problema de la Junta interpretarlo y justificarlo ante la Cámara, si a la Cámara le satisface esa explicación. Pero lo que sí parece claro es que lo otro no entra en el Estatuto, no entra en él, no es el expediente personal con cargos, retribuciones públicas etcétera. Por lo tanto, yo creo que el problema se desenfoca cuando se quiere ya entrar en el tema del dictamen, que habrá que entrar. Yo creo que el tema en sí, en estos momentos, con este orden del día, se puede o no se puede adoptar ese acuerdo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT: A

A mí me parece que la discusión en este sentido está agotada desde el momento en que, en el transcurso de su intervención, el Consejero, generosamente, con una generosidad que le honra, nos ha ofrecido en esta Comisión, en el plazo de un mes, traer toda esa documentación. Por tanto, esta Comisión, desde luego, no parece negarse al ofrecimiento del señor Consejero, sobre todo de unas pruebas y unos datos que son necesarios para la labor que está desempeñando esta Comisión. Y, por tanto, no veo razón de que estemos todavía discutiendo este tema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Sí. Yo quería matizar quizá mi intervención. Evidentemente he ofrecido esta documentación en la vía que, evidentemente, en que sea legalmente posible. Es decir, eso creo que está también suficientemente claro, me parece, eso está claro realmente. Lo que he dicho en mi intervención es que yo no me niego, no pretendo ocultar ninguna documentación a los representantes del pueblo Castellano-Leonés, al menos que alguna razón legal (que en estos momentos se me escapa), evidentemente, en fin, que lo impida. Razones de procedimiento que pueden ocurrir en ésta, en función de esta Comisión, que se ha señalado una posible cuestión por el señor Letrado, y posible, digo posible, -en este momento no puedo decirlo-, si algún tipo de documento que esta Comisión me pide pudiera efectivamente afectar a la intimidad, ya digo, no sé, al honor y buen nombre de nuestra Institución, del personal contratado. Yo realmente, por supuesto, en principio digo que no tengo ningún problema en dar una documentación que se me pide. No hay ningún problema por supuesto. Yo, realmente, esta documentación y toda la documentación que sea legalmente posible, está a disposición por supuesto de esta Comisión y de las Cortes en general. Y lo que sí que he supuesto, creo que también queda muy claro, es que esa documentación, evidentemente, es para consulta de los miembros de la Comisión. Quiero decir que, evidentemente, esta Junta puede dar esta documentación en la seguridad de que sea exclusivamente utilizada a efectos de su uso por esta Comisión. Evidentemente, otro uso, en fin, argumentaría, daría argumentos a posteriores decisiones de la Junta, lo cual pues creo que, en fin, tampoco es deseable por ninguno de los miembros de esta Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Sí, vamos, nosotros aceptamos el ofrecimiento del señor Consejero, e indudablemente tampoco exigimos que si algo es ilegal nos lo aporte. Ese día que se reúna la Comisión para elaborar el dictamen, y será cuando se planteen los problemas que dice el portavoz del Grupo Socialista, en esa Comisión segunda, una vez tenidos los documentos, se podrán plantear, (y si algo es ilegal, no nos lo envíe), se podrá consultar aquí; pero después, en la Comisión, se planteará lo del dictamen o no.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Yo creo que ahora empiezan a estar las cosas más claras. Nos sumamos a la petición; que venga la documentación que legalmente sea posible y quede claro que sigue estando oscuro todo lo que sigue a continuación. De acuerdo.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Solamente decir que está muy claro lo que el señor Consejero ha matizado, entre otras cosas porque suponemos que no hay nada por ningún cargo que tenga contratado la Junta, que no pueda ser dicho ante el órgano soberano de Castilla y León. Y, en todo caso, de que el señor Consejero nos diera razones suficientes como para no podernos traer esta documentación, entonces sí que sería cuando deberíamos plantear una Comisión Investigadora, que fue lo que planteamos en su día el Grupo Popular.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

No; es que veo que se vuelven a hacer interpretaciones a mi

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entender torcidas, con todos los respetos, otra vez. No es lo que no se pueda decir, es que es lo que no se deba decir. Es lo que no se deba decir. Y léase el señor Procurador la legislación existente desde en nivel Constitucional hasta la Ley de Defensa de la Intimidad de las personas, y saque sus conclusiones, por favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Yo creo que ya está el tema suficientemente debatido, y sería el momento de levantar la sesión. Muchas gracias.

(Se levantó la sesión siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos.)