DS(C) nº 5/1 del 8/11/1983

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ):

Señor Consejero, señoras y señores Procuradores. Va a tener lugar la Comisión informativa de Presidencia en la que, en primer lugar, les tengo que advertir que hay dos sustituciones: una por el Grupo Popular, de Don Fernando Gil Nieto, a quien sustituye Don Manuel Fuentes Hernández; y por el Grupo Socialista, a Don Jesús Bravo Solana le sustituye Don Laurentino Fernández Merino.

En una primera parte de esta Comisión que se efectuará por la mañana, el señor Consejero de Presidencia responderá lo que estime oportuno en relación con su Consejería; después haremos un descanso para el almuerzo y depende de la hora a que se termine, concretaremos hora para empezar por la tarde.

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Muchas gracias. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores:

Quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia en esta sesión y mi satisfacción por poder estar hoy aquí exponiendo cuáles van a ser los principios fundamentales y las líneas maestras de la política que el departamento que dirijo va a llevar a cabo.

Es una ocasión realmente única, dado el general desconocimiento de las funciones que la Consejería de Presidencia tiene como propias y que hace que este Departamento, al igual que su homólogo, el último nacido de la Administración Central española, tengan a menudo un perfil un tanto borroso.

La moderna concepción de los Departamentos de Presidencia reserva a éstos el no muy brillante, pero sin duda indispensable, papel de constituir la infraestructura burocrática necesaria para el buen funcionamiento del Gobierno en su conjunto. Es pues, al igual que los Departamentos de Economía y Hacienda, un órgano más volcado hacia el funcionamiento interior de la propia Administración que hacia el contacto con el exterior, a pesar de las indudables repercusiones que su buen o mal funcionamiento tienen para el ciudadano.

Así, junto a actividades de tipo relacional, como es el hecho de ser el órgano de comunicación entre la Junta y las propias Cortes, la Consejería de Presidencia asume como propias dos tareas fundamentales: la organización y supervisión de la Administración Regional y, consiguientemente, del régimen y tareas de sus servidores, los funcionarios; y la información, tanto en su faceta de fomentar la transparencia, como en la de apoyar y constituir la infraestructura necesaria para el despliegue de la libertad de expresión a través de los diferentes medios de comunicación social.

Y de la política general de mi Consejería en estos dos grandes temas es de lo que hoy voy a hablar a todos ustedes.

Dentro de la construcción del Estado de las Autonomías, la Junta de Castilla y León tiene como objetivo de actuación prioritaria, en el ámbito de su competencia exclusiva de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno, la reforma de la Administración Pública, y, consecuentemente, la reordenación de la estructura de la función pública como sustrato personal y soporte básico de la primera.

Este objetivo debe incardinarse armónicamente en la reforma proyectada de toda la Administración Pública, a fin de que siguiendo el mandato constitucional, sirva con objetividad los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho establecidos en el artículo 103 de nuestra Carta Magna.

La exposición de lo que habrán de ser las líneas de actuación de esta Consejería en el futuro inmediato pasa necesariamente por la clara delimitación de varios aspectos.

En primer lugar, es necesario señalar claramente los límites estatutarios y constitucionales que recaen sobre la capacidad de organización de las instituciones de autogobierno.

En segundo lugar, hay que tener presentes las competencias de desarrollo normativo y de ejecución que corresponden a la Administración autónoma a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de nuestro Estatuto de Autonomía.

Los principios a los que la Administración Regional está sometida son estatutariamente los mismos que rigen para la Administración del Estado, es decir, los ya citados de eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación. La actuación de esta Consejería en el desarrollo de la capacidad autoorganizativa de la Comunidad ha de estar enmarcada necesariamente (y no sólo ya por imperativo legal, sino por voluntad política), dentro de estos principios.

En cuanto al segundo de los aspectos señalados, conviene hacer una referencia específica al artículo 27.1.7 de nuestro Estatuto de Autonomía, en el que se fija como competencia de desarrollo normativo y de ejecución, la regulación de los procedimientos administrativos que se deriven de las particularidades de la organización propia de la Comunidad.

Este es un segundo paso a dar tras la definitiva configuración de las instituciones de autogobierno.

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La necesidad de que sobre este aspecto exista una regulación normativa uniforme en la generalidad de las Comunidades Autónomas, asegurando un orden de intereses generales superiores a los de las propias Autonomías, y la existencia de un -como señala el Tribunal Constitucional-, "común denominador normativo", funda el hecho de la necesidad de ajustarse en su desarrollo a unas bases comunes establecidas por el Estado.

Es conveniente aquí el hacer ciertas consideraciones previas: en primer lugar, el concepto de base al que se refiere la Constitución no es un concepto formal, sino material; no es necesaria la existencia previa de una base concreta establecida por el Estado, sino que pueden deducirse de la regulación contenida en cada momento en las normas vigentes.

Partiendo de este principio, podría pensarse en la iniciación inmediata de la regulación concreta de la generalidad de las instituciones administrativas propias de nuestra Comunidad. Nosotros no podemos admitir estos planteamientos. Esta situación generaría múltiples inconvenientes: primero, que sería la propia Comunidad Autónoma, y no el Estado, quien deduciría las bases a desarrollar, con lo cual la uniformidad en la regulación en aras a los intereses generales quedaría conculcada.

Por otra parte, en un momento de reforma profunda de la Administración, en que se trata de adecuar su regulación a la nueva situación creada por la Constitución, no hemos considerado conveniente el entrar a regular de forma inmediata estos aspectos.

Quiero concretar esta afirmación en algunos puntos específicos.

La Ley de la Función Pública ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Hasta su definitiva aprobación por las Cortes Generales, el entrar a regular esa materia podría suponer el entrar en una dinámica de continuas reformas.

Nuestra actuación inmediata en este aspecto consistirá en la adopción de una serie de medidas urgentes, cuya pervivencia se condiciona a la Ley de la Función Pública de Castilla y León, que precisen determinadas cuestiones puntuales en materia de Función Pública, por la especial situación creada no sólo en nuestra Comunidad Autónoma, sino en la generalidad de Nacionalidades y Regiones.

Otro punto al que quiero hacer referencia en este mismo sentido es la necesidad de ajustarnos a las bases que deberán ser aprobadas por las Cortes Generales en materia de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Hasta la aprobación de estas bases, se procederá a la regulación de los aspectos más importantes en cuanto a la necesidad de adaptación de la legislación estatal a las peculiaridades administrativas de nuestra Comunidad.

A pesar de estas limitaciones competenciales y temporales, es de una claridad meridiana que resulta indispensable la ordenación de la Función Pública sobre unas nuevas bases que la sustraigan definitivamente de sus vicios y defectos tradicionales, dando lugar a la nueva configuración territorial del Estado; y en esta tarea va a poner todo su empeño esta Consejería. Desgraciadamente esta nueva configuración territorial ha nacido sobre bases administrativas caducas, heredando en principio los defectos de disfuncionalidad, ineficacia e inadecuación de las estructuras burocráticas a los problemas colectivos que trata de resolver.

Así, la Junta de Castilla y León cuenta en la actualidad, en sus servicios periféricos, con funcionarios transferidos, contratados administrativos y con personal laboral.

Por su parte, los servicios centrales cuentan con funcionarios en comisión de servicios, trasladados y contratados administrativos.

En suma, no se trata simplemente de reformar la Administración Autonómica -ya que ésta apenas ha comenzado a dar sus primeros pasos-, sino de crear unas nuevas bases que hagan frente al reto histórico de configurar una nueva Administración, superando el modelo centralista que ha conllevado el crecimiento de un aparato burocrático de forma descontrolada y autónoma respecto de las necesidades colectivas, y ha creado en el administrado un espíritu pasivo de beneficiario.

Así, nos encontramos con una Administración Pública que cuenta en la actualidad con, aproximadamente, doscientos noventa cuerpos y mil trescientas escalas, multiplicándose en multitud de órganos administrativos con idénticos contenidos burocráticos.

Se trata pues, de poner los medios necesarios para evitar la repetición de los viejos errores, estableciendo el modelo de Administración en nuestra Autonomía.

Este nuevo modelo debe responder a los siguientes principios: Imparcialidad: para conseguirla es necesario exigir y garantizar la profesionalidad e imparcialidad política de los funcionarios públicos, siendo preciso aplicar un sistema riguroso de incompatibilidades, debiendo revisarse todas las compatibilidades que comprometan la credibilidad de la Administración, la imparcialidad de los funcionarios o el funcionamiento eficaz de los servicios.

Asimismo, la imparcialidad va estrechamente ligada al establecimiento de una verdadera carrera administrativa en la que la promoción se realice

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mediante concurso público de méritos, valorándose la dedicación eficaz al servicio, la capacidad y la antigüedad, sin depender de la libre designación.

Objetividad: la actuación administrativa ha de estar presidida por la claridad y la transparencia, haciéndola accesible a los ciudadanos y a las asociaciones que los representan, mediante la información y la participación en ella.

Eficacia: la acción administrativa, además de estar sometida al imperio de la Ley de un Estado de Derecho como el nuestro, para adquirir su legitimidad, ha de ser ante todo eficaz; y ello se consigue mediante la clarificación necesaria que establezca los fines asignados a cada organismo, los programas de actuación a corto, medio y largo plazo elaborados por cada organismo, los recursos personales y financieros de que se disponen, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados que se vayan obteniendo.

A fin de dar cumplimiento a lo expuesto anteriormente, esta Consejería elaborará un Plan de Informatización de la Administración, cuyo contenido se desarrollará posteriormente.

Democratización y participación: estos objetivos se lograrán mediante la creación de un nuevo marco de relaciones jurídico-administrativas, a fin de facilitar la integración social de forma solidaria, acercando la Administración a los ciudadanos.

En aplicación de estos principios, la Junta propuso a las Cortes la Organización Básica del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, aprobada por la Ley 1/1983 de 29 de Julio que establecía la creación y los órganos fundamentales de las Consejerías. A través del Decreto 18/1983 de 30 de Julio, se dotaba a la Consejería de Presidencia de una estructura que le permite ejercer eficazmente las atribuciones conferidas, entre las que se encuentran: la elaboración de las directrices en materia de personal y de organización y métodos de la Administración Autonómica.

Siguiendo el criterio de buscar la modernización y eficacia de la nueva Administración, la Junta de Castilla y León ha considerado conveniente no trasvasar miméticamente los órganos de Gobierno de la Administración Central, creando la figura del Secretario General, en la que se refunden las funciones de Viceconsejero, Secretario General Técnico y Director General de Servicios, y suprimiendo, asimismo, el cargo de Subdirector General, cuyas funciones quedan asumidas por los Directores Generales.

Por otra parte, se ha procedido a la constitución de la Dirección General de la Función Pública dentro de la estructura de la Consejería de Presidencia, la cual tiene encomendadas las siguientes misiones: elaboración de las directrices en materia política de personal; programación de efectivos de la Función Pública, así como creación del Registro de Personal, en el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la Comunidad, anotándose además los actos que afecten a la vida administrativa del mismo; régimen Jurídico, retribuciones, asuntos sindicales y sociales y, en general, la gestión del personal; elaboración de las directrices tendentes al incremento de la eficacia de la Administración a través de la mejora de organización, métodos y formación de personal.

Una vez constituida la estructura orgánica de la Consejería, la Junta de Castilla y León ha aprobado el organigrama de la misma, que se completará con la clasificación y articulación de categorías, características esenciales de los puestos, así como sus retribuciones complementarias y requisitos para su desempeño.

La labor prioritaria de la Dirección General antes aludida, dentro del Proyecto de Reforma de la Administración y una vez aprobada la Ley de medidas de Reforma de la Administración Pública, será la elaboración de una Ley de la Función Pública de Castilla y León, la cual, una vez aprobada en las Cortes, establecerá los siguientes objetivos: La racionalización de la fragmentación actual en cuerpos y escalas, reduciendo los existentes y posibilitando aquéllos que tengan funciones reales.

Implantación de una verdadera carrera administrativa siguiendo el modelo que establezca la Administración Central mediante Ley, instituyendo el cuadro general de categorías, la clasificación de puestos de trabajo y el establecimiento de la debida relación entre las categorías y los cuerpos y escalas. Los puestos de trabajo se proveerán por concurso, sin más excepción que los declarados de libre designación, los cuales no serán otros que los cargos políticos y los de auxilio y asesoramiento de éstos.

Racionalización del acceso a la Función Pública. El acceso responderá siempre a criterios de publicidad, mérito y capacidad, y se realizará mediante la elaboración de un plan de Oferta de Empleo Público.

Ordenación del sistema de retribuciones, de acuerdo con los criterios siguientes: el sistema de retribuciones será unitario, responderá a los principios de publicidad, transparencia y negociación; se simplificará a base de integrarlo sólo por la suma de sueldo, antigüedad y complementos al puesto de trabajo. La política de retribuciones se ajustará a las pautas de la política salarial general.

Exigencia de la ejecución leal y eficiente de los programas, las directrices y las órdenes de los superiores

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jerárquicos, así como el debido cumplimiento de los horarios disponiéndose de instrumentos eficaces de sanción disciplinaria.

Establecimiento de un régimen riguroso de incompatibilidades, mediante la modificación urgente, prevista por el Gobierno, de la normativa actual.

Se asegurará la formación permanente de los funcionarios a los efectos tanto de su promoción, como de la mejora de sus servicios.

Dentro de esta futura Ley, fundamental para dotar de definitiva estabilidad jurídica a la Función Pública de nuestra Región y para clarificar la situación al asendereado y sufrido colectivo de funcionarios que en la mayoría de los casos se han enterado por el Boletín Oficial del Estado que habían sido transferidos, quisiera resaltar varios puntos: El primero es la futura forma de selección del personal. Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, esta Consejería establecerá la oferta anual de empleo público, la cual será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, y contendrá necesariamente todas las plazas dotadas presupuestariamente y que se hallen vacantes, procediéndose, dentro del primer trimestre de cada año, a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso a dichas plazas.

Hasta tanto se pongan en vigor estas normas, la Junta de Castilla y León seleccionará su personal mediante concurso publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y, dependiendo de las características de las plazas, la realización de las pruebas que se indiquen en la convocatoria, así como la participación en un concurso, perdón, en un curso de formación. A aquel personal que supere las pruebas se le extenderá un contrato administrativo válido hasta la celebración de las primeras pruebas selectivas.

Otro punto capital para la buena marcha de la Administración es disponer de personal capacitado que pueda desempeñar eficazmente las funciones asignadas. Por ello, los cursos de perfeccionamiento hay que considerarlos como parte fundamental en la ejecución de los fines públicos a fin de introducir progresivamente las técnicas de gestión más indicadas para cada servicio público, agilizar los trámites administrativos utilizando medios y métodos adecuados, evitando así molestias y perjuicios al administrado.

Estos cursos, que formarán parte de un programa de perfeccionamiento continuo de los funcionarios de Castilla y León, serán uno de los criterios que se establezcan para el ascenso del personal, sobre todo considerando que alguno de los cursos, por su extensión y temáticas, pueden tener perfectamente la consideración de cursos de especialización, constituyendo un requisito indispensable su realización para alcanzar niveles retributivos superiores.

Los cursos de perfeccionamiento se distinguirán en dos tipos: cursos de Administración específica, en los que se incluyen todos aquellos que sean necesarios para actuar sobre áreas específicas de la Función Pública: educación, finanzas, sanidad, etcétera; cursos de Administración General, incluyendo en los mismos a aquellos que afectan a todas las áreas de Función Pública: personal, racionalización de material, procesos de trabajo, informática, etcétera.

Para el desarrollo y ejecución de este programa de perfeccionamiento se creará la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, como Organismo Autónomo adscrito a la Dirección General de la Función Pública y Reforma Administrativa.

La Escuela tendrá los siguientes fines: la formación, perfeccionamiento, especialización y reciclaje de los funcionarios en materia de Administración Pública. El establecimiento de intercambios y convenios de colaboración con otras entidades análogas del Estado Español o extranjero en relación con la Función Pública.

Un último punto que quisiera resaltar es que se fomentará la promoción interna consistente en el acceso de cuerpos o escalas de grupo inferior a otros correspondientes al grupo superior, mediante la posesión de la titulación exigida y la superación de las pruebas y cursos que se establezcan, lográndose así la vieja aspiración funcionarial de la carrera administrativa.

Con este conjunto de medidas aquí apenas esbozado y que se plasmarán en la Ley de la Función Pública de Castilla y León aspiramos a lograr un funcionariado preparado, profesionalmente satisfecho y consciente de la importancia de su misión que no es de privilegio, sino de servicio a la Comunidad.

Con estas bases humanas será posible abordar la reforma o, por mejor decir, el establecimiento de una nueva Administración.

La modernización de la Administración es un objetivo fundamental. En nuestro país se pretende conseguir, articulando a través del modelo autonómico, una racionalidad burocrática que sea compatible con los requerimientos que las nuevas tecnologías demandan.

Esta racionalidad burocrática implica introducir en la práctica administrativa métodos creados y aplicados de forma eficaz en la empresa privada, especialmente las nuevas técnicas de planificación estratégica y dirección por objetivos.

Estas técnicas de dirección son especialmente adecuadas para administraciones de tamaño medio

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donde el proceso de "Feed-Back", entre acciones ejecutivas y reacciones del medio, es más rápido y, por ende, el control de los distintos programas es más fácil de realizar.

Se trata en suma de buscar también en la Administración una optimización del rendimiento, entendido éste como consecución simultánea de diversos objetivos, todos deseables y parcialmente contradictorios, tales como el logro de las expectativas de los ciudadanos, satisfacción de los funcionarios, contención del gasto público, etcétera.

La puesta en práctica de estas nuevas técnicas de toma de decisiones requieren una preparación especial y una continua puesta al día de todos los funcionarios, a la que ya antes se ha hecho alusión, y la aplicación de la informática de forma coherente y generalizada, que permita realizar las simulaciones previas a la programación, así como evaluar continuamente el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Por ello, la Junta de Castilla y León, por medio de su Consejería de Presidencia, elaborará un plan informático que articule, de modo ágil e independiente, la infraestructura de los servicios informáticos, imprescindibles en una Administración moderna, cuyo objetivo sea la máxima eficacia y productividad de la gestión autonómica.

El ámbito de aplicación del plan informático comprenderá todos los servicios actuales y previstos dependientes de la Junta de Castilla y León, incluidos los propios y los traspasados del Estado, y deberá contemplar asimismo su relación con otros organismos de la Administración.

El plan abarcará los trabajos siguientes: estudio exhaustivo de la estructura organizativa de la Junta, funcionamiento, funciones y mejoras en base a la información de las Consejerías; estudio general de las áreas de informatización, situación en toda la Región de todas las actividades informáticas que se realizan por los distintos organismos dependientes de la Junta; análisis y diseño general de los diferentes sistemas de información; estudio de actuación para abordar la problemática de informatización por fases.

Conjunto de medidas de actuación más urgentes:

Para el eficaz cumplimiento del plan informático, se ha creado el servicio de informática con la finalidad de planificar, supervisar y coordinar las necesidades de tratamiento de información de la Administración de la Comunidad, así como prestar asesoramiento, orientación e información a las Consejerías y organismos dependientes de la Junta, en materia de sistemas de información, con el fin de hacer posible una coordinación global.

Asimismo, se creará una Comisión Técnica Informática que supervise, controle y coordine las posibles alternativas de solución en las áreas de gestión unitarias o globales, necesidades de organización, mecanización y medios informáticos necesarios de cada Consejería.

Los objetivos que debe desarrollar el servicio de informática son los siguientes: integrar las necesidades y previsiones informáticas de la Comunidad; optimizar la capacidad actual de tratamiento de la información; diseñar la política de desarrollo informático de la Comunidad; desarrollar proyectos informáticos coordinados; propiciar la Constitución de servicios informáticos comunes a las distintas Provincias.

En un primer avance, no sería arriesgado aventurar que, en los distintos centros oficiales que dependen de la Junta, existen equipos informáticos con un bajo rendimiento.

Por lo tanto, se asume la responsabilidad de conocer de un modo puntual el parque informático, con sus correspondientes posibilidades de potenciación.

Dado que hasta el momento actual los procesos de informatización se han producido de forma espontánea, según iniciativas individuales independientemente de los grandes centros de decisión, es necesario un cambio de actuación. Para ello es preciso orientar el proceso de informatización mediante las siguientes actuaciones: definir áreas a informatizar, prioridades y estrategias; planificar los recursos humanos afectados por la informatización; planificar la adquisición o contratación de equipos y sistemas informáticos; normalizar la representación de la información para su tratamiento informático; asegurar la correcta utilización de los recursos implicados en el proceso de información mediante la racionalización y normalización de la captura de datos y el uso de los recursos informáticos; la racionalización de la utilización de los servicios de comunicaciones; garantizar que desde la realidad actual, se realicen los procesos de información de los sistemas de informatización, en aspectos como la gestión de personal, seguimiento de los presupuestos, contabilidad de ingresos y gastos, etcétera.

El reto de modernizar la Administración Autonómica es grande y esta Consejería, al tiempo que asume la responsabilidad, es consciente de que el desarrollo informático cabalga paralelamente, y que iniciar una política informática, errónea conduciría a un retroceso en aspectos de gestión. Por ello, y en virtud del desarrollo técnico de la informática, considera que el camino más viable es implantar un proceso de descentralización mediante informática distribuida, evitando duplicidad de programas y archivos de información; duplicidad de "Software" y prioridades aleatorias.

Los factores que aconsejan esta decisión que

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nos permite realizar las tareas de gestión a corto y medio plazo son los siguientes: utilización de los actuales recursos informáticos hasta su total aprovechamiento; incrementación escalonada que permita la culminación de las distintas tareas a realizar; mejor control de entrada de información y de operación, así como obtención de resultados; prioridad absoluta a determinadas tareas que lo requieran; evitar el riesgo que conlleva el arranque y puesta en marcha de un gran ordenador central con sus correspondientes riesgos de caída de sistema, dejando sin servicio a todos los organismos que dependen funcionalmente del mismo.

Dado que el plan informático está orientado con medidas de medio y largo plazo, esta Consejería tiene prevista una actuación inmediata, consistente en la ampliación máxima del actual equipo para la implantación inmediata de las aplicaciones que en estos momentos son más urgentes y que contemplan los procesos de nóminas, contabilidad, Presupuestos, gestión de tasas y tributos, nómina del F.O.N.A.S., etcétera.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León es miembro integrante del convenio interinstitucional para el establecimiento y desarrollo de bancos de datos regionales, el cual está desarrollando básicamente dos proyectos: análisis de la problemática de la informatización, aplicación informática que realice el tratamiento informático de los datos a procesar, pretendiendo efectuar dicho tratamiento mediante teleproceso, conectados a un ordenador central, el cual se habrá cargado de información de las distintas Comunidades Autónomas, o bien implantar dicha aplicación de un ordenador de la Junta.

Es un proyecto ampliamente ambicioso el cual, en gran medida, depende de la información a cargar, tanto en su nivel de desagregación como en la calidad de la información a procesar.

Esta Consejería es consciente de los distintos problemas que poseen los grandes sistemas de información como son: información pensada para el Estado y por el Estado; falta de concepción territorial de la información; dificultad técnica para el desarrollo de sistemas complejos; concepción patrimonial de la información y su explotación; desaprovechamiento del carácter polivalente de la información.

Conscientes de la necesidad y dificultad de incrementar de forma inmediata y autónoma bancos de datos regionales, se estudiarán las posibilidades y medios de que mediante teleproceso, y ascendiendo a los distintos bancos de datos que actualmente existen en el mercado español, se pueda dar un servicio público a los distintos usuarios castellano-leoneses que así lo requieran.

Quisiera señalar, por último, que a pesar de la indudable importancia de la reforma de la Administración, concretada en el doble aspecto de perfeccionamiento del funcionariado y de los medios y métodos utilizados, éste no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar unos objetivos que se concretan en la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos.

Es, por tanto, fundamental que la Administración sea transparente, abierta realmente al administrado.

Con este objetivo se va a poner en marcha un servicio de atención directa y telefónica a los ciudadanos, dependiente de la Dirección General de Información, que facilite y mejore las relaciones de éstos con la Administración y permita el flujo de información por ambas partes.

Igualmente, se impulsarán campañas de información a los ciudadanos sobre sus derechos así como sobre los servicios públicos y sus procedimientos, cara a una mejor utilización de los mismos.

El otro aspecto en que se centrará la actuación de esta Consejería, es el referente a los medios de comunicación social.

El artículo 149.1.27 de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

La regulación que de esta materia contempla nuestro Estatuto de Autonomía tiene dos aspectos: por una parte, las competencias en materia de prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social son competencias a asumir, bien por los mecanismos previstos en el artículo 148.2 de la Constitución, transcurridos cinco años, previo acuerdo de las Cortes de Castilla y León adoptado por mayoría absoluta, y posterior Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales; o bien mediante Leyes Orgánicas de delegación y transferencia, según el procedimiento previsto en el artículo 150.1 y 2 de la Constitución.

Por otra parte, la Disposición Transitoria Sexta de Nuestro Estatuto de Autonomía da un plazo de un año para que T.V.E, previo acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, proponga las medidas para la concesión a la Comunidad de un tercer canal de Televisión.

Las competencias que nuestra Comunidad tiene, estatutariamente, en materia de medios de Comunicación social son claramente inferiores a las que poseen las Comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución. Así, nuestra Comunidad carece de la potestad de desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado en materia de medios de comunicación social.

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El hecho de no poseer competencia legislativa en materia de prensa, radio y televisión, como hemos señalado anteriormente, no condiciona sin embargo la posibilidad de creación del Consejo Asesor de R.T.V.E. Esta figura aparece en el artículo 14.1 de la Ley 4/1980 de 10 de Enero, Ley reguladora del Estatuto de Radiodifusión y Televisión y la creación de este Consejo deberá ser realizada por Ley Territorial.

En esta Ley, únicamente se crearía un órgano propio de la Comunidad, previsto en una Ley del Estado, cuyas funciones son de mero asesoramiento. No estamos, pues, en contradicción con el artículo 29.1.6, al no entrar a regular la forma o contenido de los medios de comunicación social.

Por otra parte es propósito de esta Consejería ejercer la iniciativa oportuna de cara a la concesión del tercer canal de Televisión. El motivo es claro: Si esperamos a que la iniciativa, como se desprende del Estatuto de Autonomía, se ejerza desde R.T.V.E. el proceso de concesión del tercer canal sufriría sin duda retrasos.

Estarán, de este modo, sentadas las bases para proceder (tras proponer la promulgación de una Ley Orgánica en la que se faculte a nuestra Comunidad para dictar las normas oportunas, dentro de los límites que establezca la legislación del Estado), a la elaboración, por parte de nuestras instituciones de autogobierno, de las normas precisas para la regulación de esta materia en el ámbito de Castilla y León.

Una vez establecidos los límites competenciales podemos pasar a establecer cuáles son los objetivos que tiene la Junta en este terreno.

Uno de los aspectos que más nos preocupa a los hombres a quienes nos corresponde por decisión popular, gobernar la Región, es el conseguir una mayor conciencia entre los castellanos y leoneses de lo que para nuestra Comunidad supone en el momento actual y, en un inmediato futuro, nuestra propia identificación como tales.

Somos miembros de un colectivo que, sin pretender abdicar de esa voluntad universalista tan mal entendida en ocasiones por otros pueblos y que siempre nos ha caracterizado, debe mirar hacia dentro y encontrar en sus propias raíces razones suficientes para reafirmar nuestro orgullo castellano y leonés. Un orgullo bien entendido, creador, capaz de asimilar el reto que significa una más activa participación en la sociedad en que estamos inmersos, en la tarea en suma de construcción del nuevo Estado.

Debemos pues, para ello, abordar una política de información en el contexto regional que progresivamente alcance una mayor preocupación e inquietud por todas las cuestiones que afecten a nuestra Comunidad y sus Instituciones, y ello solo puede lograrse en el contexto de una política de información eficaz, que procure una potenciación cultural y por lo tanto liberadora del castellano-leonés. Una política de información eficaz en el propio seno de los medios de comunicación social existentes y de futura creación, sin que ello suponga ningún tipo de manifestación de dirigismo o intromisión en los deberes y obligaciones de quienes tienen en sus manos la tarea diaria de informar.

La presencia en estos medios de información emanada de las Instituciones Regionales, sin desechar la importancia intrínseca de las críticas constructivas hacia las mismas, debe contemplarse como una de las formas mediante las cuales va a ir incrementándose ese interés y acentuación de la incipiente vocación regional de nuestro pueblo.

La necesidad general y ampliamente compartida de fortalecer nuestras instituciones autonómicas y la propia conciencia regional de Castilla y León, punto de mira de nuestra política informativa, no debe, en ningún caso, cerrar el ámbito de su actividad a los estrictos límites de la Región. Muy al contrario, y conscientes del sentir universalista de los hombres de esta tierra, nuestra obligación como castellano-leoneses y como españoles es la de conseguir una máxima proyección de nuestro sentir y buen hacer en todo el ámbito del Estado.

Se ha de cuidar, por tanto, que la realidad castellano-leonesa en sus diversos aspectos: económicos, sociales, culturales, disponga de un proyector que traslade a todos los medios de comunicación de carácter nacional sus logros y sus éxitos, colaborado estrechamente con el resto de las Comunidades Autónomas en el eficaz intercambio de información que, con respecto a las singularidades de cada Comunidad, permita un mayor acercamiento entre las mismas y una afirmación del moderno Estado de las Autonomías.

Esta dinámica de intercambios, a nivel informativo, ha de contribuir a un mejor conocimiento de la realidad de cada pueblo y a la eliminación de posibles residuos de viejos recelos que deben disiparse definitivamente.

Todos los periódicos, revistas y publicaciones que se hacen en la Región y que dirigen a ella su voluntad de comunicación deben ser atendidos y escuchados cuando sus problemas puedan tener acogida en el seno de las instituciones de la Región.

No debemos olvidar que el cierre de un periódico por las razones que fueren, supone un insalvable obstáculo para la progresión de la libertad, y la creación de conciencias independientes. Y, precisamente, Castilla y León va a sufrir de inmediato la posible desaparición de más de un periódico.

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El castellano-leonés es un hombre que sabe escuchar. No ha de extrañarnos, pues, que en los últimos años se hayan multiplicado los medios de comunicación radiofónicos. No se trata de pecar de ingenuos al relacionar un hecho con otro, pero sí es cierto que el castellano-leonés escucha y extrae sus conclusiones de lo que se le dice y, a través de las ondas, se puede y se debe informar ampliamente de todos aquellos aspectos que contribuyan a alcanzar los objetivos que pretendemos.

Disponemos igualmente de un programa de Televisión de ámbito regional que de una forma limitada, dada la hora de emisión del mismo y la terrible falta de medios del centro regional, está contribuyendo a dar una imagen más concreta de lo que supone el hecho regional.

Todas estas variantes de la información serán examinadas pormenorizadamente a continuación.

En el terreno de la prensa escrita es indudable la ausencia de un periódico de ámbito regional, que podría ser un elemento aglutinable fundamental de la conciencia regional.

Hasta el momento, las altas cargas financieras que suponen la disponibilidad de créditos para iniciar esta empresa y el hecho incuestionable de las dificultades que encierra la aventura editorial periodística en una Región como la nuestra, que exigiría una fuerte inversión inicial, han desanimado a los posibles inversores.

Pero, a pesar de esta constatación, es incuestionable igualmente que la Junta no puede ni debe asumir la responsabilidad de la creación de un Diario Regional, hecho que plantearía, de alguna forma, la conculcación del espíritu de libertad que debe presidir la política informativa.

Ahora bien, lo que sí puede hacer la Junta es potenciar aquellas iniciativas que permitan la apertura de nuevas vías que requieran y completen el Estado de opinión de nuestro pueblo, como elemento imprescindible para alcanzar con plenitud los objetivos de nuestra política informativa, buscando las fórmulas adecuadas de ayuda a los proyectos que puedan presentarse, siempre y cuando éstos ofrezcan una línea clara y decidida de defensa de los intereses generales de la Región.

El segundo medio de comunicación, por historia y eficacia, la Radio, ha vivido en los últimos años un período de eclosión que ha puesto de manifiesto la gran capacidad de sus profesionales y la respuesta lógica que cabía esperar por parte de este medio ante el avance incontenible en principio de la nueva cultura de la imagen a la que comenzamos a estar sometidos.

Es, en consecuencia, objetivo de la Junta, el conocer en profundidad las posibilidades reales de difusión de las emisoras, con análisis de audiencia para que, complementada esta acción por los medios de comunicación impresos, se mantengan equilibrados los propósitos de nuestra política informativa.

Contamos con programas de ámbito regional tanto en las cadenas privadas (COPE), como en las estatales (Radio Cadena) y en ambas se han abierto totalmente las puertas para las Instituciones Autonómicas. Es necesario, pues, que nuestro contacto con los medios radiofónicos no sufran ningún tipo de discriminación.

En este terreno, y como antes señalamos, para asumir las competencias de desarrollo y ejecución que permite el artículo 149.1.27 de nuestra Constitución, sería precisa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de nuestro Estatuto, una Ley Orgánica.

Por último, hemos de insistir en que en el campo de la radiodifusión y no sólo por cuestiones de racionalidad económica, la política informativa de la Junta estará dirigida a la potenciación de los programas informativos y culturales que, de forma regional, establezcan tanto las emisoras privadas como las que están en manos de la Administración central, colaborando institucionalmente con estas últimas para que la indudable eficacia de su labor alcance todos los rincones de nuestra geografía, de forma que se alcancen los objetivos de potenciación de la conciencia Castellano-Leonesa y de difusión de la realidad regional en sus aspectos materiales e institucionales.

En el siempre apasionante terreno de la televisión hay que hacer constar que el ente público Televisión Española, atendiendo al desarrollo del nuevo estado de las Autonomías, ha propiciado desde hace meses la descentralización de una serie de servicios y programas que, en lo que a nuestra Región se refiere, viene cumpliendo un importante cometido.

Sin embargo, el esfuerzo notable de los equipos integrados en el Centro Regional de Televisión se ve grandemente limitado por la falta de medios esenciales para que la información de toda la Región sea cubierta con la misma intensidad.

Esta situación ha de ser superada de forma que el Centro Regional de Televisión tenga una mejor dotación que le permita una mayor entidad y por ende, una mayor autonomía.

Precisamente, y con vistas a lograr esa mayor capacidad de producción, realización y autonomía por parte del centro regional de Televisión, la Junta elaborará un Proyecto de Ley que una vez aprobado por las Cortes establezca un Consejo Asesor de Radio-Televisión en el que participen todos los Grupos Parlamentarios que integran estas Cortes.

Las funciones que deberá asumir este Consejo

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Asesor entendemos deben ser, entre otras, las siguientes: asesorar sobre la propuesta de programación específica y de horario de Radio una vez descentralizadas Radio Cadena y Radio Nacional de España y de Televisión en el ámbito de Castilla y León, que presente el Delegado Territorial de R.T.V.E. para que sea elevada al Director General de R.T.V.E. Estudiar y formular las recomendaciones sobre las necesidades y capacidad de Castilla y León para alcanzar una descentralización más adecuada de los servicios de Televisión y Radio. Conocer con antelación suficiente los planes anuales de trabajo, los anteproyectos de presupuestos y las memorias anuales de R.T.V.E. en Castilla y León y de sus sociedades así como también informar de ella. Dar parecer al Director General respecto al nombramiento del Delegado Territorial de R.T.V.E. en Castilla y León. Asesorar y asistir directamente al Delegado Territorial de R.T.V.E. en todas aquellas cuestiones que afecten a la recepción y al cubrimiento en todo el ámbito territorial de Castilla y León, de los programas que se emitan, de la financiación de éstos y, en general, en todas las demás cuestiones relativas a las competencias y funciones inherentes a su cargo. Elevar al Consejo de Administración de R.T.V.E. a través del Delegado Territorial en Castilla y León, las recomendaciones que estime oportunas. Informar al Delegado Territorial del cumplimiento en la programación de los principios establecidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión.

Hay un tema de gran importancia que no se puede obviar y en el que se está trabajando activamente; nos referimos al tercer canal de Televisión.

No podemos ignorar la ventaja que otras Comunidades obtuvieron en su momento en el Estatuto de Autonomía, con esa misma ventaja iniciaron sus estudios por la consecución de ese tercer canal, de forma que, pese a que el Proyecto de Ley Reguladora del mismo aún se encuentra en estudio en las Cortes Generales, estas Comunidades tienen no sólo diseñado su Proyecto sino que ya han iniciado su primera fase, correspondiente a pruebas de producción y realización.

Según el Proyecto de Ley antes aludido, corresponde a Radiotelevisión Española el proporcionar a la Comunidad la infraestructura técnica de una red para la difusión de este tercer canal, y será nuestra Comunidad la responsable de crear el organismo de gestión correspondiente para el desarrollo y materialización del proyecto. Esta gestión se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Radio y la Televisión, en la Ley reguladora del tercer canal y en la propia Ley de la Comunidad.

Por todo ello y como antes señalamos, la Junta a través de esta Consejería va a ejercer la iniciativa oportuna para obtener la concesión del tercer canal de T.V.E.

Un paso para este logro será la presentación ante estas Cortes de un Proyecto de Ley que ordene y regule la creación de un ente público que asuma las competencias inherentes a esta concesión. Dicho ente será un organismo que deberá estar dotado de personalidad jurídica propia y que en sus relaciones jurídicas externas, adquisiciones patrimoniales y contratación, deberá estar sujeto, al margen de las excepciones que prevenga la citada Ley, al derecho mercantil y civil.

Los principios generales por los que se regirá el ente público serán la defensa de la libertad de expresión, el derecho a comunicar y recibir libremente información.

En su aplicación, las emisiones del tercer canal de Televisión se basarán en la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones; el respeto al principio de igualdad, al pluralismo político, religioso, social y cultural; la defensa y promoción de los valores cívicos o de convivencia reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía; el respeto al honor, la fama de las personas y en particular, al derecho a la intimidad y a la propia imagen; la promoción de la cultura.

En este último aspecto la Televisión Regional puede ser un excelente mecanismo para colaborar en la realización de los programas de promoción cultural de la Junta en campos tales como la cinematografía y los medios audiovisuales.

El estudio de la financiación, con sus formas, métodos e incidencias; la previsión y formación de los cuadros técnicos y administrativos necesarios para la puesta en marcha de la plantilla adecuada; la racionalización de la política de instalaciones y dotaciones tanto centrales como auxiliares o de unidades informativas; el análisis y potenciación de los colectivos de consumidores del medio, cuya labor crítica o participativa es de vital importancia para la buena marcha de este tercer canal son cuestiones que vamos a abordar de forma inmediata, dada la trascendencia que ello puede tener para la consecución de los fines últimos que nos mueven a todos: un pueblo castellano-leonés más culto, más civilizado, más universalista y que conserve y fomente, al tiempo, sus rasgos singulares. El incrementar nuevas formas de comunicación y participación en libertad debe ser una constante en la construcción de una entidad autonómica fuerte y consolidada. Tarea a la cual todos los castellanos y leoneses, cualquiera que sea nuestra posición, debemos todos nuestros esfuerzos.

Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Se aplaza la sesión hasta las cinco de la tarde.

(Se reanuda la Sesión a las 17,00 horas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Durante un tiempo máximo de diez minutos puede intervenir cada uno de los tres Grupos representados. En este momento tiene la palabra el señor De Fernando, portavoz del Grupo Mixto.

EL SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR DE FERNANDO):

Buenas tardes, señor Consejero, señor Presidente y señores Procuradores. Yo quisiera pedirle al señor Consejero que ponga la misma buena intención que yo he puesto para entenderle, que la ponga para comprenderme, porque la verdad es que después de varios días viniendo a Comisiones estamos todos llegando (por lo menos yo y parecer ser que la prensa y los demás Procuradores asistentes a las Comisiones) a la misma conclusión: si estas rondas de intervención de los Consejeros en las Comisiones están sirviendo para algo o no están sirviendo absolutamente para nada; más bien parece que han sido una distracción de lo que debía ser el papel de estas Cortes y estamos asistiendo, día tras día, a unas declaraciones de buenas intenciones por parte de los Consejeros que, como ya he dicho otros días, habrá que valorarlas año tras año y después de estar aquí, pero que hoy no tenemos ningún elemento de juicio para poder valorar. Tengo la mala suerte de que hoy, al no haber temas puntuales de los que viven continuamente los ciudadanos de Castilla y León, hoy sea cuando me toca diez minutos mientras los demás días me ha tocado tres minutos y al final; pero en fin, trataremos de hacerlo lo más ameno posible. Yo tengo que decir que ha sido una Comisión más, pero también la que menos me ha convencido, quizá era más ardua desde el punto de vista del Consejero por lo mismo que le decía: no había temas puntuales que interesen a todo el público, pero además por los anuncios cambados que nos han hecho. Hemos estado hablando de los proyectos a medio y largo plazo; no ha concretado fecha de nada. Nos habla de Leyes de la Función Pública que, lógicamente, van supeditadas al Estatuto de la Función Pública que han aprobado las Cortes; por tanto es no hablarnos de nada todavía, habrá que saber aquello. Y por tanto, yo me voy a limitar a hacer una serie de preguntas que se me han quedado con bastante duda.

Empezaremos por el orden más o menos de su intervención.

Ha estado hablando del modelo centralista ... que pretende llevar. Hemos oído ya más de un día, en boca de los portavoces del PSOE, que el modelo centralista no significa por dónde se ubiquen, cómo se ubiquen, sino por cómo se va a llevar adelante y de eso no nos ha dicho nada, ha sido cuál va a ser el modelo no centralista que va a tener esta Junta. Nos ha hablado de la imparcialidad política de los funcionarios, de incompatibilidades; ya lo veremos más adelante, se lo dije al Presidente el día de su toma de posesión de la carrera administrativa, si esa carrera administrativa va a ser sólo para los funcionarios de Castilla-León o va a ser una carrera administrativa pero no nos ha dicho hasta qué cargo piensa llevar la carrera administrativa, que es una cuestión que les preocupa a todos los funcionarios, para todas las Autonomías. Claridad y transparencia en la información, yo aquí tengo que decirle que creo en su buena voluntad al decirlo. Me preguntaría si la calidad y transparencia va a ser como con el Fondo de Compensación, y no se preocupe el señor Consejero que hoy no voy a preguntar por él, porque ya gracias a Dios me he hecho con él, y sé lo que ha asumido la Comunidad Autónoma y sé lo que del Estado y también puedo asegurar que el otro día fui optimista cuando dije en la Comisión de Agricultura que pensaba que el Fondo serían doce mil millones, creo que no llegaron ni a nueve mil, es la realidad inversora que estamos viendo.

Y nos ha hablado como le decía antes, de la Ley de la Función Pública que lógicamente esperamos a ver lo que dice el Estatuto de la Función Pública presentado en las Cortes Generales y a partir de ahí cómo se aplica aquí.

Del curso de perfeccionamiento y especialización qué le preguntaría ¿a todos los funcionarios o, sólo a parte de ellos? De la Escuela de Formación permanente del Personal, del reciclaje, yo le preguntaría si no era más fácil, ahora que se quiere dejar al Instituto de Administración Local como la entidad de acercamiento entre las administraciones locales y la Administración Local como la entidad de acercamiento entre las administraciones locales y la Administración Central, el diálogo permanente; si no sería mejor aprovechar ese Instituto con esa nueva orientación, que me parece muy correcta, para que también fuese escuela permanente de los funcionarios autonómicos, puesto que Administración Local, funcionarios del Estado y funcionarios autonómicos, van a ser todos funcionarios del Estado y el roce que pueda existir no va a existir sólo entre Administración Local y Estado Central sino Administración Local o de Autonomías y entidades centrales.

De la modernización administrativa y de la informática, yo, señor Consejero, tengo que decirle que más me parecía estar en una clase de Instituto oyendo al profesor sobre informática que oyendo una pura realidad de lo buena que debe ser la informática a todos los niveles y concretamente al central de la Junta.

Pasemos al medio de comunicación social. Nos

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ha hablado del segundo canal y del tercer canal; y yo le preguntaría: ¿tienen hecho el estudio de cuántas zonas de nuestra Región no ven el segundo canal?, y le digo ¿tiene hecho el estudio?, porque si se fían de la Televisión Española le digo que es absolutamente falso. Nos habla de un tercer canal, ¿dónde se podrá ver ese tercer canal?, ¿No será preferible que las partes de nuestra Región donde no están viendo el segundo canal y con dificultad el primero, les tengamos informados a través del primero y segundo canal antes de lanzar el programa del tercer canal?

Nos ha hablado de la Región, yo no sé en qué situación se encuentra Radio Nacional, parece que se quería instalar en Burgos como entidad regional, la cabecera en Burgos, ¿dónde se oye ese programa regional?, ¿dónde deben saber los castellano-leoneses que deben oírle y, a dónde llega?, ¿tienen hecho el estudio de si no llega a un tercio de la Región? Igualmente con Radio Cadena, creo que se instaló en León la Dirección Regional de Radio Cadena y siendo quizá, de los medios de comunicación del Estado, lo que más llega a los ciudadanos al estar provincializadas, tengo que decir que hay provincias donde más del cincuenta por ciento de los ciudadanos no oyen ni Radio Cadena, ni Radio Nacional Regional, ni ven la segunda cadena de televisión; difícilmente podemos hacer Región si por los medios públicos no les podemos tener informados.

Finalmente, le quería preguntar qué solución se va a dar al problema de los contratados que terminan su contrato me parece que el treinta de Noviembre, y llevan varios años trabajando para el Consejo General; qué legislación se le va a aplicar, si de los funcionarios que tienen transferidos tienen hecho el estudio a nivel regional de si una plantilla es suficiente a nivel regional y están bien distribuidas a nivel provincial, si se va a hacer plantilla orgánica regional o se va a hacer plantillas orgánicas provinciales, con todo lo que eso puede plantear en determinados organismos que pueden tener mucho trabajo durante dos años y no tenerlo después, como ha venido ocurriendo con el modelo centralista.

Y, finalmente, si en la revisión de todos los traspasos que ha habido, con toda la problemática y la picaresca mal empleada por el Estado central cuando nos la aplicó en las transferencias sin funcionarios, si en la revisión de esas transferencias se ha compensado la falta de funcionarios que a ella vinieron, no solamente la falta de funcionarios sino la falta de vacantes para poderles pagar de alguna manera.

Y nada más, Señor Presidente, después de oír sus respuestas si tengo algo que preguntarle, usaré el tiempo que me diga. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (RICARDO SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, señor Santiago López Valdivielso.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Señor Presidente, señor Consejero, señores Procuradores.

Señor Consejero, no voy a decirle que estamos defraudados por el contenido de su exposición, porque realmente tampoco esperábamos mucho más.

Hemos estado asistiendo a las distintas reuniones de las Consejerías de las Comisiones y, más o menos, sabíamos por qué derroteros iba a discurrir la de hoy; aunque realmente tengo que decir que estamos especialmente decepcionados. Parecería, al escucharle, al escuchar su exposición, que acaba usted de tomar posesión de sus cargos; yo quiero recordarle que hoy precisamente hace seis meses que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas y que la Junta lleva, creo recordar, cinco meses constituida y funcionando (funcionando entre comillas). Después de todo este tiempo que ha transcurrido seguimos, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, seguimos leyendo declaraciones de intenciones, seguimos oyendo grandes planes y, como se ha dicho también en esta sala en otra de las sesiones informativas, ya nos suena a todos la música a ver si empiezan a poner letra.

Le agradecemos el guión que nos ha enviado (nos lo ha enviado a la Secretaría de las Cortes), en el que refleja los puntos más importantes que iba a abordar en la reunión de hoy; pero esto consideramos que sigue siendo total y absolutamente insuficiente. Es un guión muy esquemático en el que dice simplemente los cuatro puntos que se iban a tocar y yo creo que estas comparecencias, como también se ha dicho aquí, no están siendo todo lo positivas que podían ser. Yo creo que serían mucho más productivas y mucho más eficaces si viniésemos aquí ya con una idea un poco más clara de qué temas se iban a tocar, con la posibilidad de haber tenido más tiempo para estudiarla y analizarla. Realmente, tal y como están estructuradas estas comparecencias, digo, tienen un valor muy relativo por cuanto desde mi punto de vista son meramente informativas. Yo creo que las Cortes de Castilla y León, aunque ustedes no lo crean, o no lo quieran creer, están para algo más que para ser meramente informadas; yo diría meramente mal informadas.

A efectos de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo quiero recordarle que en las relaciones que han tenido, en las reuniones que han tenido, el señor Madrid y el portavoz de nuestro Grupo, señor Bosque Hita, se dijo que esas reuniones

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o contactos se iban a hacer extensivos a todas las Consejerías y se mantendrían reuniones también periódicas entre el Consejero y los portavoces de las distintas Comisiones para esto mismo, para hacer un seguimiento de los asuntos y de las situaciones de cada una de las Consejerías. Esto no se ha llevado a cabo en cinco meses y mucho nos tememos que no se lleve a cabo nunca.

Nosotros sabemos que "las cosas de Palacio van despacio", eso es un "dicho", que llaman ustedes en castellano. Quizá aquí, como es un Castillo en vez de un Palacio, pues todavía vamos más despacio. Si hiciésemos eso que está tan de moda, los balances, balances de un año, balance de un año de Gobierno, balance de cien días de Gobierno, etcétera, si aquí hiciésemos balance de seis meses (o de cinco, es lo mismo, pues me temo que en seis meses no habrán lo que no han sido capaces en cinco), si hiciésemos un balance tanto de la actividad de la Junta como de la actividad de las Cortes, tendríamos que llegar a la triste conclusión de que todavía, por desgracia, no se ha empezado a hacer nada por esta Comunidad y reconozco que al menos su Consejería ha llevado una Ley a las Cortes.

Hay muchos temas importantes de los que nos gustaría haberle oído hablar y no hemos oído hablar de ellos. Creo que su Consejería es la responsable de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la Junta y las Cortes, y una primera pregunta que se me ocurre es si tienen ustedes calendario legislativo, porque, y tengo que insistir sobre el mismo tema, llevamos seis meses y estas Cortes se han reunido dos veces, tres si contamos la sesión de investidura del Presidente señor Madrid, y además, como me apuntan por aquí, nos hemos reunido en sábado y domingo como si fuese algo poco importante; bueno a ratos libres, vamos a ver si legislamos algo. Es vergonzosa la falta de actividad de estas Cortes, señor Consejero, es vergonzoso que aquí no hayan venido más que dos proyectos de Ley, y además le quiero recordar, o le quiero decir, que están ustedes incumpliendo el Estatuto en el artículo 40.2 que dice por ejemplo, que el Proyecto de Presupuestos debe de estar en las Cortes antes del tercer trimestre; ya estamos antes del tercer trimestre y el Proyecto de Presupuestos, la Ley de Presupuestos todavía no ha llegado a la Mesa de las Cortes. Yo recuerdo que, cuando debatimos la Ley de Gobierno y Administración, el Señor Nalda, Vicepresidente Señor Nalda, nos dicho que con la máxima urgencia se enviaría a las Cortes del Proyecto de Ley que iba a desarrollar el artículo 20 del Estatuto; luego, hemos leído en un medio de Prensa que eso iba a estar listo a finales de mes. Yo digo que si esto es máxima urgencia no sé lo que va a pasar con las que no corran prisa. Pero eso sí, hemos creado una superestructura que está aquí recogida en un folleto que ha editado precisamente la Consejería de Presidencia; una superestructura que afortunadamente (bueno, ese afortunadamente por desgracia) sólo llega hasta nivel de Director General. Añadan después los gabinetes de cada Consejería, nos podemos imaginar lo que vendrá después de todo esto. Y si a esto aplicamos la inexorable Ley de Parkinson que, en su segundo teorema, dice que cada funcionario genera ocupación para otros dos y que entre los tres se genera trabajo mutuamente, pues podemos imaginarnos lo que va a venir detrás de todo esto. Yo creo que esta estructura no responde a los criterios que figuraban en la exposición de motivos de la Ley de Gobierno y de la Administración; creo que decía: "austeridad y mínimo gasto". Desde luego, no responde en absoluto. Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, se ha hecho una estructura desproporcionada a las competencias que en estos momentos tiene la Comunidad.

Le hago también otra pregunta concreta y es que: ¿cuánto personal se ha contratado por parte de la Junta?, porque solamente el Consejero de Obras Públicas nos ha informado de este extremo. Usted ha adelantado también que iba a hacer una Ley que regulase todo esto; también le digo: ¿cuándo va a ser esta Ley?, porque se están haciendo contrataciones provisionales, y a lo mejor esta Ley sale cuando ya se hayan hecho todas las contrataciones, cuando se hayan cubierto todos los puestos.

También en la Ley de Gobierno y de Administración hablaban ustedes de unas Delegaciones Territoriales. Después de cinco meses, seguimos sin saber cuántas Delegaciones Territoriales hay, dónde van a estar, cómo van a funcionar, etcétera. Una vez creada esta superestructura, se dan cuenta de que no hay competencias y entonces la Junta se dirige al Gobierno para decirle que a ver si acelera el proceso de transferencia; por cierto, ¿ha habido contestación a esta pregunta de la Junta?, y si es así, ¿en qué términos?

En resumen, una vez más se está empezando la casa por el tejado, se crea la estructura, se crean los puestos, y una vez montado todo esto, veremos a ver en qué ocupamos a la gente que está ocupando esos puestos.

También me gustaría saber qué hace el Ministerio, el Consejo de la Presidencia, cuál ha sido la actividad desarrollada por nuestro Presidente, además de su presencia en actos feriales, folklóricos y algún desliz jurídico en algunas manifestaciones a la prensa.

La Junta tratará un tema tan importante como es el "Día de la Región", y parece que quiere usted que sea en Villalar. Yo no voy a entrar en si Villalar

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es el lugar más adecuado o no. Lo que yo creo es que esto debe ser, si ustedes quieren que sea el día de todos los castellanos y leoneses, una Ley que debe debatir en Cortes, porque aquí no tienen ustedes ni diez millones de votos, ni doscientos dos Diputados; en Castilla-León las fuerzas están mucho más igualadas, mucho más repartidas e, insisto, si la fiesta de la Región ha de ser una fiesta de todos los castellanos, deben ser las Cortes quienes la fijen y no el Ejecutivo.

De su exposición, no quiero repetir lo que han dicho antes en cuanto al tema de la Función Pública, relaciones con administrados, etcétera; pero sí en relación con la informática. Yo creo es un tema que no es de las Cortes; la informática es un medio, no es un fin. Entonces, monten ustedes el sistema de informática que consideren conveniente para cubrir las necesidades, y los conceptos que se quieran y la... necesaria, eso lo pueden hacer ustedes como quieran (yo no soy experto en temas informáticos, me parece que usted tampoco), pero creo haberle entendido que hablaba de una informática con una información centralizada, bueno eso, insisto en que no soy experto, creo que ha pasado a la historia, estamos en la época de los micros y no de los macros.

Hay un tema muy importante: el de la información. Antes de entrar en él, nos gustaría que nos especificase cuáles son las funciones del recientemente nombrado, Director General de Información; y en cuanto a los medios en sí, Radio Televisión Regional, Radio Cadena y Radio Nacional de España, nosotros sabemos que hay grandes profesionales en estos tres medios, por eso no entramos en ese tema; porque estamos seguros de que desarrollarán perfectamente todas sus funciones y todas sus misiones, pero nos tememos que quizá el peso de la Junta pueda hacer poner algún "pero" en este sentido y sobre esto hay datos muy claros y dado que hay poco tiempo, tampoco quiero entrar mucho en el tema, pero un estudio hecho sobre todo un mes de Informativo Regional, tenemos por ejemplo, aunque las fechas un poco alteradas: diecinueve de Septiembre, Dionisio Llamazares en la Feria de Muestras, Gregorio Peces Barba en la Feria de Muestras, Crónica sobre la Nueva ejecutiva del P.S.O.E. en León, Tierno Galván con desplazamiento de Cámara y declaraciones; total de estas informaciones: doce minutos. Sí, sí, aparece Manuel Fraga por treinta segundos: se llenó la reunión de doscientos; y del Grupo Parlamentario Popular: se llenó la rueda de prensa del portavoz, Bosque Hita. Veinte de Septiembre, declaraciones de Demetrio Madrid, etcétera. Veintidós de Septiembre, Demetrio Madrid con Peces Barba, un minuto; U.G.T., pleno Regional, treinta segundos. Información del veintiuno de Septiembre en que aparece el Grupo Popular, nueve segundos. Día Regional de la Feria de Muestras, veintiséis de Septiembre, Demetrio Madrid diez minutos. Enrique Barón minuto y medio; declaración de Matías Llorente, de Unión Campesina Leonesa, treinta segundos, etcétera. No quiero seguir, pero sí en lo que nosotros consideramos que es el resumen de la información de Televisión, falta de objetividad en algunas informaciones. De hecho, las fuerzas liberales-conservadoras están ausentes en los informativos; la presencia de personas en temas de izquierda es insistente y positivamente subrayada; se destacan demasiados aspectos folklóricos de la Región y se olvidan temas de auténtica actualidad económico-social, etcétera. Podríamos profundizar un poco más en el tema informativo regional de Televisión, por eso nosotros pedimos que, además de este Consejo de Asesoramiento del que nos ha hablado y que se va a constituir, esta Comisión funcione como Comisión de control de los medios de prensa de la Región y nosotros solicitamos ya, formalmente la comparecencia mensual para dar cuenta de la política informativa en la Región, bien el propio Consejero o de la persona en la que él delegue, siendo preferible para nosotros que fuesen los Directores de los propios medios. En cuanto a este tema de información también ha hablado de una campaña de formación e información para hacer despertar el orgullo regional y eso me parece muy bien, y no digo que no se haga, pero realmente para que los castellanos y leoneses estemos orgullosos de serlo, lo que hay que hacer es empezar a trabajar por la Región y que los Castellano-leoneses se empiecen a dar cuenta de que aquí hay un Gobierno y aquí hay unas Cortes y de que se está trabajando. En definitiva, señor Consejero, ya es hora de que empiecen a trabajar, de que empecemos todos a trabajar (enseguida acabo), y para eficaz hay que ser más realista y menos ambicioso. Los grandes objetivos se consiguen a base de pequeñas realizaciones.

Está muy bien todo lo que nos ha dicho pero yo creo que de ahí no se va a sacar ningún resultado positivo y reconozco que en esta Consejería se ha mandado una Ley a las Cortes, se ha hecho un folleto con la estructura, se ha contratado personal, y usted, personalmente, ha comparecido ante la Prensa y después en las ruedas de prensa, incluso le ha echado un capote al Presidente cuando ha sido necesario; pero con la mano en el corazón (y aunque sé que usted no lo va a reconocer, señor Consejero), con la mano en el corazón, estoy seguro de que está de acuerdo conmigo en que esto va más lento que el caballo "del malo".

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el Señor Quijano.

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EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señores Consejeros, señoras y señores Procuradores. Yo voy a hacer una intervención breve en la que creo que debo de comenzar resaltando y brindando el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes de Castilla y León a éste como a todos los Consejeros que han venido desfilando por estas Comisiones, que no son inútiles ni mucho menos, sino todo lo contrario. Me parece que han sido una buena forma de empezar. Hay ciertos temas que se plantean, a mi forma de ver, con excesiva alegría en estas Comisiones; preguntas que ni deben ni pueden hacerse aquí. Pero yo en este tema ni debo ni puedo entrar tampoco, porque no me corresponde a mí responder a preguntas, aunque a algunas de ellas ya me gustaría.

Quiero destacar, porque así lo entiendo, y quiero reconocerlo con toda sinceridad, que ese apoyo que el Grupo Parlamentario Socialista brinda a los Consejeros en cuanto a que son la expresión de una victoria electoral y de la realización de un programa que legítimamente tenemos que llevar a cabo en esta Región, quiero resaltar que comprendo perfectamente las dificultades que acechan a la labor de todas las Consejerías pero muy particularmente a esta Consejería.

No se me oculta que en este momento tener criterios claros en materia de Función Pública o adelantarse, cuando no hay que adelantarse, en un tema tan vidrioso, donde están latentes tantos derechos adquiridos, como el de la Función Pública, me parece que sería arduamente peligroso; yo diría más todavía, diría incluso que si en cinco meses se pudieran ofrecer logros en materia de Función Pública, para mí sería un indicio en principio negativo, porque éste es un tema en el que hay que ir con "pies de plomo", como vulgarmente se dice, precisamente por esa razón, tengo que alabar un sentido elemental de prudencia que he creído observar en la intervención del Consejero en este tema, con un contenido y una finalidad muy concreta. No hay que olvidar que las bases de la función Pública son materia de exclusiva competencia del Estado y, por tanto, instigar a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas a que se pronuncien de forma definitiva sobre este tema no es una buena línea de trabajo; a la larga, podría llegar, incluso, a socavar una de las bases de las que se asienta cada Estado moderno, que es una Función Pública unitaria, con peculiaridades territoriales, evidentemente; pero, desde luego, respondiendo a unos principios idénticos en el acceso, en su estructura interna, en su funcionamiento, en sus objetivos, en su relación con el administrado, en su procedimiento administrativo, etcétera. Por tanto, me parece que es un aspecto muy positivo en que ese criterio de prudencia haya sido reiteradamente manifestado, en cuanto que la reforma de la Administración Pública regional es una temática subordinada -nos guste o no nos guste-, porque es ese el mandato constitucional y debe de haber una primacía absoluta y constantemente afirmada de la legislación del Estado. Por tanto, manifiesto expresamente mi satisfacción porque la intervención del Consejero haya asumido ese principio que si bien para otros (y también lo entiendo aunque no lo comparto), es un principio secundario y que sólo se debe mantener como principio residual y primero está la competencia de la Comunidad Autónoma y luego lo demás, me parece que por ser prudentes en ese tema no pasa nada, todo lo contrario.

En segundo lugar, me parece que esa prudencia ha sido compatibilizada con unas manifestaciones que yo tengo que calificar de valientes, porque reconozco la dificultad que está implícita en el tema. Esa voluntad que se ha manifestado de forma expresa y que, evidentemente, no se puede consolidar en un período de cinco años, (ojalá se consolidara en un período de cinco años, porque sé las dificultades que ese tema ofrece), de no limitarse a recibir los funcionarios tal y como vienen, por vía de transferencia, y alojarlos sin más en una serie de compartimentos dentro de la Comunidad Autónoma, sino aprovechar la transferencia justamente para proceder a una reordenación y a voluntad y una práctica realmente saludable; me parece que si no, de otra forma, no hay, queramos o no, reforma administrativa. Si las Comunidades Autónomas se van a limitar a recibir funcionarios que van a seguir realizando su tarea de la misma forma y en el mismo lugar y con los mismos vicios adquiridos por el funcionamiento secular de una administración determinada orientada desde el poder central (porque ese ha sido el modelo de Estado que hemos recibido), me parece que eso no es una reforma administrativa. Por tanto, en esta materia, conjugar esos dos principios de prudencia por un lado (en cuanto a comprender cuál es el papel exacto de la Comunidad Autónoma en materia de Función Pública) y de voluntad valiente, y por otro, de reordenar con riesgo en algunos casos de equivocarse o de tener que rectificar (ontológicamente eso debe de ser en las menos ocasiones posibles), para efectuar, con motivo de la transferencia, una verdadera reforma administrativa, me parece que son dos criterios que han quedado palmariamente expuestos y que yo creo que deben de seguir orientando la actuación de la Junta y de esta Consejería en concreto.

En el otro tema que ha sido globalmente considerado, que es el de la Política informativa, tango que destacar una cuestión que me parece fundamental. Hay que calificar la política informativa que aquí se ha diseñado de ambiciosa; una política informativa

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que ha tenido como frontispicio el que la Comunidad Autónoma renuncie (lo cual me parece muy saludable que se diga en algunas ocasiones) a crear medios de información propios, porque así se ha señalado o al menos así yo lo he entendido, y sin embargo esté dispuesta a generar mecanismos de control democrático como es el Consejo Asesor de Radio Televisión u otros organismos de los que aquí se han señalado. Para que realmente exista un control público por una sociedad que es plural, y va a seguir siendo plural, me parece que es francamente saludable oír estas cosas como primicias de una política informativa.

En esta política informativa la Junta como tal no puede hacer logros particulares y por eso, cuando en ciertas intervenciones se hacen valoraciones sobre el contenido de los Telediarios, yo diría si es que se parte de la base de que esos Telediarios dependen de la Junta y que por eso controla su contenido. Por eso, la forma en que se ha expuesto el tema, con esos criterios, esa voluntad de poner en marcha esos mecanismos de control democrático, me parece que es el principio clave que en una política informativa moderna, responsable y pluralista debe de asumir en todo momento.

Yo quisiera hacer algunas preguntas concretas para que se nos ampliaran en la medida en que se puedan ampliar en este momento, determinadas cuestiones (dos en concreto) que aquí se han mencionado y que entiendo que son cuestiones que a corto y medio plazo van a tener una importancia fundamental. No quiero que se me ofrezca valoraciones de fondo por el criterio de prudencia que antes señalaba sobre cuál puede ser el diseño final de la reforma de la Administración Pública Regional, porque sé que ahí, mientras no haya una legislación de bases estatal, la Comunidad Autónoma está muy limitada; pero sí quisiera que se nos ofreciera una matización lo más precisa posible sobre esas otras medidas urgentes que entiendo que son sustitutivas de lo que en un momento determinado será una completa y auténtica Ley de la Función Pública Regional, porque me parece que el planteamiento es que, mientras no se pueda desarrollar una legislación básica del Estado, que aún no existe, habrá unas medidas provisionales o urgentes que estarán en vigor hasta el momento en que se desarrolle la legislación estatal. Y quisiera saber cuál es (en el sentido en que se pueda, porque reconozco que en este momento la complejidad, diversidad, etcétera, de plantillas y demás, dificulta mucho el planteamiento de esas medidas urgentes, cuanto más el desarrollo de unas medidas definitivas), pero en la medida en que sea posible, me gustaría saber cuál es el sentido o la orientación de esas medidas urgentes.

Y luego hay una cuestión concreta que me parece de particular importancia para un futuro inmediato en la región, y que quiero valorar en toda su extensión, que es ese anuncio de creación de una Escuela de Administración Pública Regional; de ahí quisiera saber en particular si el planteamiento que existe es la creación de Escuelas de Administración Pública, o Regionales, en este caso de Castilla y León, autónomas, autoorganizadas, etcétera, o se preferiría el planteamiento de Delegaciones de la Escuela Central de Administración Local, precisamente para ser coherente con ese principio de unidad que en la temática de la Función Pública de homogeneidad, en la temática de la Función Pública a mi entender y porque así la Constitución lo establece, debe de regir en todo el territorio nacional. Esas dos preguntas concretas, y reiterar la voluntad de apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, no exento de la crítica (que en cualquier momento deba de ser, pueda ser conveniente utilizar) a la labor de este Consejero y de todos los Consejeros en conjunto, en cuanto a lo que representan.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el Señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Muchas gracias señor Presidente. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a todos los participantes, a los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios por sus intervenciones, no sólo por cortesía sino que creo realmente que es cierto que una práctica democrática fundamental es la crítica, es el someter a examen las actuaciones del Gobierno y, frente a lo que se ha dicho en algún momento, el que los Consejeros comparezcamos aquí tiene ese sentido fundamental de control que es también la función básica de las Cortes. Por supuesto, aunque efectivamente es cierto eso, y el Consejero es responsable de decírselo a las Cortes, no soy yo quien debe diseñar la actuación, cuál es el papel, cuál es la función de las Cortes en la Autonomía. Sí quisiera decir que, dada la marcha que tienen las Comunidades Autónomas, es indudable que la función básica del Poder Legislativo debe ser justamente la de controlar, la de hacer el seguimiento del Gobierno. Es evidente que lo que hace falta en nuestro país no son leyes, muchas leyes y muchos Decretos, sino básicamente los que se hagan que se apliquen; y esa es la concepción básica que preside la política del Gobierno Regional de la Junta de Castilla y León. Ese es el sentido fundamental y a él nos dedicamos, quizá, somos más prácticos que teóricos, porque estamos aquí, ante la Comisión correspondiente y nos sometemos al "fuego graneado", sin duda muy agradable, de todos los Procuradores que realmente así se cumple

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una de las funciones básicas de las Cortes, que es la de controlar al Poder Ejecutivo.

Yo quisiera decir, una vez dado este turno de gracias, que se ha dicho por algunos Grupos Parlamentarios que ha habido fundamentalmente buenas intenciones, que había declaraciones de buenas intenciones; yo me alegro de que estas buenas intenciones sean compartidas por los Grupos Parlamentarios, porque realmente no ha habido ningún... respecto al diseño, respecto a las directrices básicas de lo que he expuesto, que he expuesto en varios Proyectos, de Función Pública, de Televisión, etcétera, y observo realmente complacido que al parecer estamos de acuerdo en las líneas maestras en cuanto que no había puesto en cuestión estos principios directivos de estos proyectos que aquí se han avanzado. Una vez expresado esto, lo más correcto es el responder a las preguntas puntuales que se me han hecho (ojalá el señor De Fernando no tuviese muchas preparadas porque si no estaría toda la tarde para responderlas). De manera que, con permiso de los Señores Procuradores, empezaré por el primer Procurador, el primer Grupo Parlamentario que ha hecho sus preguntas, sus planteamientos ante esta Comisión.

Imparcialidad, modelo centralista, carrera administrativa. Por supuesto la imparcialidad, ya hemos hecho antes un valor de toda Administración, que realmente procurase que los funcionarios cumplan con su imparcialidad y unos mecanismos básicos para conseguir esa imparcialidad son precisamente las Leyes de incompatibilidad. Es un principio en el cual tampoco me he extendido excesivamente por la razón simple que ya he expuesto anteriormente, de que existen ya unas normas básicas de la Administración del Estado y que existe otro proyecto de Ley precisamente normas de incompatibilidad para personal al servicio de la Administración Pública; es decir, se trata de hacer una visión racional y posiblemente tratando de evitar duplicaciones. No tiene ningún sentido que nos lancemos aquí a hacer leyes y decretos cuando realmente las instituciones básicas tienen que proceder de la Administración Central. Hay más o menos en marcha, según mis informes, un nuevo Proyecto de Ley sobre, repito, incompatibilidades del personal de la Administración Pública y en todo caso, si hay algún fleco suelto, si hay algún aspecto concreto que sea de aplicación a la Comunidad Autónoma y que por las razones que sean no hayan sido previstas por el legislador estatal, es precisamente el momento, es precisamente el mecanismo de que la Comunidad Autónoma perfeccione y complete esos mismos principios de incompatibilidad; pero como digo en principio ya hay en marcha unas normas más resistentes ya y además hay otro proyecto más complejo y que en su momento se pondrá en vigor. Lo que sí va a hacer la Administración Autónoma, estamos empeñados, es que las normas que hay ahora mismo se cumplan, y que se cumplan con rigor. Estos principios son los que nos permiten garantizar la imparcialidad de los funcionarios.

En cuanto a la carrera administrativa, es un tema muy complejo, es una vieja aspiración de los funcionarios. Yo..., le puedo decir, como funcionario que soy en mi vida civil, que esto es así, que efectivamente los funcionarios, pese a la leyenda que hay en muchos sitios, en muchos grupos sociales frente a nosotros, que han sido unos colectivos que han sufrido en muchos casos en su carne la propia incompresión de su Patrón teórico que es el Estado y que ésta es una vieja aspiración que debe llevarse a cabo, yo entiendo que esa Ley de Reforma de la Función Pública que en estos momentos está aprobada por el Gobierno Central va a sentar las bases para que esta aspiración se lleve a la práctica y la elaboración de esas normas se aplicarán también en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ha hecho una alusión tangencial el señor De Fernando, y es un tema éste interesante a lo que es una preocupación de muchos funcionarios y es que existe la preocupación de que el mecanismo autonómico divida el Estado en compartimentos estancos y esto impida la movilidad funcional, estos son los temas a los que se refería el señor De Fernando, me parece, cuando hablaba de si iba a ser solamente para una Comunidad o para todo el Estado; pero justamente que lo que trató de prever la extinta L.O.A.P.A. hoy día convertida en L.P.A. (o "Loapilla") y lo que intentó también prever la Ley de Reforma de la Función Pública es justamente esto: evitar esos compartimentos estancos, permitir la movilidad de los funcionarios.

Como usted recordará, la L.P.A. recoge artículos no declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, establece cómo los funcionarios se adaptan más, tendrán empleo de tiempo, creo que son dos años en que hayan estado al servicio de la Comunidad Autónoma correspondiente y al cabo de dos años podrán participar en concurso de traslado de todas las Comunidades. Aparte de eso, la línea que hay es que, dado que la Ley de Función Pública que (bueno si ustedes la conocen, pero en fin, como es un tema importante puedo adelantarles que esta Ley de Función Pública declara, aunque no es una Ley de Bases tal como establece la Constitución, sí que alguno de los artículos de esta Ley se declaran Bases y esto es lo que puede permitirnos, como antes decía, el ir adelantando), como decía en esta Ley que establece bases, que es la Ley de Reforma de la Función Pública, existe la preocupación por parte del Gobierno central de que, si bien se permite a las Comunidades Autónomas a que creen sus propios

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cuerpos, se verán los mecanismos por los cuales van a ser homologados; es decir, una Comunidad Autónoma puede crear un cuerpo propio en su Comunidad, pero en función de los mecanismos de acceso a ese cuerpo, de la titulación requerida en las pruebas realizadas, este cuerpo creado por la Comunidad, puede ser homologado por el Estado y permita que el personal de este cuerpo autonómico pueda acceder, pueda trasladarse, pueda ostentar una movilidad espacial en las Comunidades. Y es un problema efectivamente que puede preocupar a todos los funcionarios, no sólo de esta Comunidad, sino de otras varias, y que creo realmente que, por lo que yo tengo conocimiento, está en la mente de la Administración Central el conseguir las fórmulas... En este sentido, la máxima preocupación (es algo que ustedes saben muy bien), es la de homogeneizar, la de establecer relaciones racionales con todas las Comunidades, no diferenciarlo como clase diferencial, así como hay que mantener los caracteres de diferenciación; son medidas propias de la Comunidad. Creemos realmente que es inútil el exacerbar estas características y el establecer barreras que creo absurdas y hoy día no funcionales.

Respecto a los Fondos de Compensación Interterritorial, no soy la persona más indicada para hablar de ello. El señor De Fernando sabe muy bien también que la propia Junta no ha tenido lista definitiva del Fondo hasta que esto ha sido asumido por los Presupuestos Generales del Estado. Usted sabe muy bien también que hay una serie de proyectos que han ido bailando en sus distintas fases; y, bueno, eso el señor Consejero de Economía, Hacienda y Comercio se lo va a explicar mucho mejor que yo, con mucho más conocimiento que yo, al señor De Fernando.

El tema de los cursos de perfeccionamiento y el tema de la Escuela de Administración Pública, los temas indudablemente más bonitos, más atractivos de la, sin duda, árida exposición que esta mañana han tenido ustedes la gentileza de soportar. Aquí, el señor De Fernando hace referencia al Instituto de Administración Local; hacer constar que, a nivel central, existen dos entidades distintas que son el I.E.A.L y el I.N.A.P. El I.E.A.L. solamente prepara, usted bien lo sabe, los funcionarios de Administración Local: Secretarios, Interventores, Depositarios, etcétera; y el I.N.A.P., Instituto Nacional de Administración Pública (antigua E.N.A.P. que recordarán era un organismo creado por la Ley de Funcionarios del año sesenta y cuatro) se dedica a los funcionarios de la propia Administración Central; entonces, la otra se dedica a los Funcionarios de la Administración Local. Entonces, esta dualidad que tiene su sentido indudablemente, se complica desde el punto de vista de que a las dos Administraciones: Central y Local, antes existentes, se suma la Administración Autonómica, no como compartimento estanco, pero sí como Administración diferenciada. Entonces, y en este sentido recojo la pregunta que hacía el representante del Grupo Socialista, la intención de la Comunidad Autónoma es la de crear una Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Ahora bien, tengo que contar a ustedes que hasta el momento solamente hay tres Comunidades que han puesto en marcha esta Escuela: una es Cataluña, otra el País Vasco y otra Asturias. Según mis informes, y esto no quiero que se entendiera como ninguna crítica a otras Autonomías, la labor principal de estas Escuelas en el País Vasco y en Cataluña es fundamentalmente la de enseñar a los funcionarios Euskera y Catalán. Aquí, realmente ésta no puede ser su función en cuanto que el castellano lo sabemos todos; se ha entendido siempre. Creo que esto es mucho más serio, el crear esta Escuela no tiene un sentido ni mucho menos separado, sino que, una vez creada esta Escuela, o en el marco de creación de esta Escuela, se pueden entablar convenios con el I.N.A.P., es decir con el Instituto Nacional de Administración Pública que es autónomo y posiblemente puede firmar convenios. Entonces, el sentido, el interés y la línea de esta Comunidad es la de firmar un convenio en plazo breve entre el I.N.A.P. y esta Escuela de Administración Pública, entre el I.N.A.P. y la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, por la cual esa experiencia que te da el INAP, esa experiencia personal, de profesorado, de medios, de estudios de trabajo, puede ser transferida también, pueda ser trasvasada y probablemente no partamos de cero. Por eso digo que aquí estamos siempre en línea de aprovechar al máximo los duros del Estado y no desperdiciar, no duplicar tareas. Hay una experiencia como la del I.N.A.P. de Madrid, en la antigua Escuela de Alcalá de Henares, hoy día con servicios en Madrid, y que creo por supuesto que esta experiencia pueda ser asumida por la Comunidad; de ahí esta dualidad, decía antes, I.E.A.L.-I.N.A.P. La Escuela Pública de Castilla y León será una Escuela de entidad autónoma pero que tendrá el apoyo de la experiencia del I.N.A.P. de Madrid. Ya contamos con experiencia de funcionarios de este centro que son justamente los que están diseñando nuestra Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Sí quisiera señalar una cosa importante (y también es una pregunta, creo que ha sido del portavoz del Grupo Popular), si esta formación iba a ser para todos o solamente para algunos. Es curioso, repasando la legislación, uno se da cuenta de que eso que se habla tanto de la formación permanente, del reciclaje, ya estaba previsto, existía ya; la vieja ley del año sesenta y cuatro preveía en su artículo 33 que la formación del funcionario

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es obligatoria y debe ser continua en los plazos que marque precisamente la Ley; lo que pasa es que nunca se ha debido de hacer el Decreto, la Ley que desarrolle este punto, este artículo 33 de la Ley de Funcionarios; el hecho es que la cosa se ha quedado al arbitrio de los órganos dirigentes superiores. El objetivo de esto es que, efectivamente, enriquece... Todos sabemos que las ciencias adelanta que es una barbaridad y las técnicas de trabajo, las técnicas de dirección evolucionan a un ritmo realmente endiablado, como es el caso de la Informática. Consiguientemente una formación académica puede quedarse obsoleta en un plazo relativamente breve; entonces son importantes las técnicas de reciclaje y por eso pretendemos que por esta Escuela pase todo el personal funcionario. Como decía esta mañana, hay dos tipos de funcionarios: los cuerpos generales y los cuerpos especiales; es indudable que la problemática del reciclaje de un sanitario local o de un enseñante, no es la problemática de un administrativo o de un técnico de gestión. Esta Escuela de Gestión Pública exigía fundamentalmente a los cuerpos generales, el cuerpo general Auxiliar Administrativo, de gestión civil (es un cuerpo nuevo -ustedes saben que está previsto su creación en una nueva Ley de la Función Pública- solamente dirigido a la gente con titulación de Diplomado), y el propio cuerpo General técnico. Entonces, esos serían los cuerpos que fundamentalmente estén atendidos por esta Escuela de Administración Pública, en el sentido de dependientes de la Comunidad Autónoma, dependiente de la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio de que las distintas Consejerías elaborasen, como he dicho (en la práctica se está llevando a cabo) sus primeros planes de reciclaje, de perfeccionamiento de su personal. Ustedes saben bien que ha comparecido el Consejero de Bienestar Social, que en esa Consejería se ha llevado a la práctica un plan de reciclaje, de perfeccionamiento del funcionariado. Y esto ya digo que es un tema fundamental, porque cualquier técnica que se aprendiese hoy, cualquier máquina que se aprenda hoy, tan simple como una máquina de escribir, cualquier mecanógrafo podía saberlo, el hecho es que dentro de un año el nuevo modelo ya no es igual, ya hay de nuevo que aprender y practicar.

Respecto al tema de los M.C.S. y las Radios, el portavoz del Grupo Socialista sabe realmente cuál es la situación. La Junta... por la libertad de información, por la pluralidad informativa, pero es indudable que la Junta no tiene medios en este momento, ni tampoco es su intención tenerlos. Consiguientemente, la Junta no tiene una responsabilidad en la programación de ninguna de las emisoras ni privadas, ni públicas, ni del Centro de Televisión Española, ni por supuesto de ningún periódico de la Región. Estos son órganos que tienen su propia autonomía, bien sea por pertenecer a empresas privadas, bien por pertenecer a empresas públicas con un Estatuto, como el Estatuto de Televisión; y, consiguientemente, ahí no podemos decir nada, sólo vemos la cosa como los demás. Hay problemas de recepción, tanto de primera cadena como de segunda cadena; hay zonas que conozco muy bien, las zonas precisamente limitantes a esas Comunidades, la zona sur de la provincia de Avila, precisamente la zona norte de la provincia de Burgos, lindante con el País Vasco. Algo de esto ocurre también con los sistemas de Radio; la cobertura de Radio Nacional es muy limitada, las antenas solamente cubren un diámetro reducido a partir de los centros emisores y, según nuestros informes precisamente hay proyectos de establecer nuevos centros emisores y de Radio Nacional y Radio Cadena. Yo no voy a leerles un informe técnico sobre el tema; hemos tenido contactos con los directores de estos medios cara al perfeccionamiento de la emisión, conocemos que hay planes de apertura de nuevos centros emisores por parte de las dos cadenas de Radio nacionales, hemos insistido ante los órganos correspondientes en que la cobertura televisiva se incremente, incluso usted sabe que en la primera versión del Fondo pedimos que se incluyese la construcción de algunos centros reemisores de televisión justamente para obviar este problema. Ahora bien, en cuanto a la opinión expresada respecto a que parece un lujo inútil que se ponga en marcha el tercer canal de televisión cuando todavía no se ve el primero y el segundo, precisamente el Proyecto de Ley del tercer canal en unos artículos habla de que esta puesta en marcha del tercer canal, en este sentido, está condicionada a la completa cobertura con primera y segunda cadena; es decir, que el Proyecto de Ley, como digo, que hoy día está aprobado por el Congreso me parece recordar, hace... el tercer canal, ya prevé, no solamente los supuestos (lo que dice la Ley, el papel, otra cosa es la práctica), ya prevé que hasta que no se cubra completamente, hasta que la cobertura del primer y segundo canal no sea completa, no tiene mucho sentido el tercer canal. De todas maneras, ya digo que el tercer canal, como creo que quedó claro esta mañana, no lleva una infraestructura propia, no tiene red propia; eso solamente supondría además una cantidad astronómica, básicamente absurda; se duplica algo que ya existe. El tercer canal va a apoyarse en la infraestructura de red ya existente; es decir, que en el momento que la cobertura de primer y segundo canal sea perfecta eso nos permite, nos da la base para que el tercer canal se vea igualmente.

En cuanto al tema de las plantillas es evidente que estamos todavía en un inmerso proceso de transferencias. Como usted bien sabe, la transferencia

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no ha concluido, y, consiguientemente, lo que está intentando la Junta es ir negociando lo que cree que no es conveniente para la Comunidad Autónoma e ir evaluando al tiempo también qué es lo que va recibiendo. Es evidente que, hasta que este proceso de transferencias no se cierre, no puede hacerse un estudio serio, realmente profundo sobre la adecuación de la plantilla a las funciones a realizar. No tiene mucho sentido en estos momentos hacer este estudio en tanto en cuanto, ya digo, que dentro de tres meses las competencias van a ser otras y la plantilla también va a ser otra; ahora, es indudable por supuesto que, tan pronto concluya el proceso (por lo menos la primera fase), el proceso de transferencias, hay que hacer un estudio diríamos de productividad. Sí, hay una palabra y un concepto que he empleado en la intervención de esta mañana, es que también en la Administración hay que hacer estudios de beneficios; hay que analizar el coste y el beneficio, la productividad, el rendimiento, que no se medirá en términos meramente materiales ¿no?, en algún caso sí; pero que realmente hay que desechar esa idea de que la Administración es una hucha sin fondo donde se mete dinero para que desaparezca; hay que usar bien la rentabilidad de la Administración, hay que racionalizar las plantillas, hay que racionalizar el gasto.

Hay un tema más que ha planteado el señor De Fernando (creo que con esto completo todos), que es el tema de qué ocurre con el personal contratado. Es un problema realmente espinoso; absolutamente, claramente espinoso, porque es un problema también heredado, pero que hay que aceptar como tal. Ustedes saben que el contrato administrativo es una figura laboralmente atípica, es un privilegio de la Administración que concedía esto en unas condiciones leoninas en la contratación. Concebido como una cosa realmente temporal y excepcional en la Ley de la Función Pública del ochenta y cuatro, el hecho es que la propia expansión de la Administración coetánea al desarrollismo, llegó a una expansión incontrolada de este mecanismo que llevó a la Administración a encontrarse con más de cincuenta mil contratados el años setenta y siete y posiblemente la cifra sea baja, posiblemente me quede corto ¿Cómo se solventó esto? Fundamentalmente dando una serie de opciones en pruebas restringidas, etcétera, opción de la L.P.A., prohibe taxativamente. Ustedes conocen muy bien que la L.P.A. prohibe que se utilice el mecanismo de pruebas restringidas para el personal contratado en las Comunidades Autónomas. Por último, nos encontramos con que la Administración Central en Octubre del año pasado, en uno de los últimos Consejos de Ministros del extinto Gobierno justamente aprobó la continuidad de todo el personal en contratación administrativa hasta que apareciese la Ley de Bases, o el Estatuto de bases de la Función Pública, y el asunto es de tal complejidad que la propia Administración socialista en Mayo de este año ha creado una Comisión precisamente para estudiar qué se puede hacer en este tema. Creo que es un tema excesivamente complejo. Desde luego, usted sabe muy bien, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no tiene intención de despedir masivamente esta gente; ni mucho menos. Creo realmente que hay una vía, que es la vía de la prórroga, hasta la aparición de la Ley de Bases de la Función Pública, que, curiosamente, y, posiblemente, porque el problema era similar, ante las Comunidades Autónomas, ha sido el caso así de Cataluña, donde, tras la etapa de Tarradellas, se aplicó este mecanismo; precisamente la Ley de medidas urgentes de la Función Pública de Cataluña, en régimen adicional, hace exactamente referencia a este mecanismo: la estabilidad de los contratados hasta que hubiese Función Pública. Y nos ha ocurrido en otras Comunidades como Rioja, etcétera.

Realmente es un problema a corto plazo; es un problema que éste, que el año pasado quedó resuelto. El contrato administrativo es un mecanismo de contratación a extinguir; la Ley de Reforma de la Función Pública así lo establece, el contrato administrativo tendrá su último año de vigencia, si esta Ley se aprueba, el año ochenta y cuatro, y, a partir del año ochenta y cinco, no habrá en la Administración más que funcionarios y contratados laborales. El problema es qué va a pasar este año, creo que en el mismo espíritu de generosidad que ha tenido el Estado frente a otras Comunidades, este personal contratado tendrá una opción, una opción como el resto del personal que provenga de Administraciones Públicas para, a través de esas pruebas selectivas, convertirse en funcionario de la Comunidad. Lo que sí tengo que decir es que la L.P.A. está ahí y que, desde luego, no va a haber oposiciones restringidas, porque desde luego es contraria a una Ley del Estado, y creo además que efectivamente las oposiciones restringidas son un mecanismo realmente irregular, realmente discriminador. Lo que también es cierto -y esto viene enlazando otra cosa-, es que la contratación que se va a hacer de aquí hasta la aparición de la Ley de la Función Pública de Castilla y León... Antes preguntaba por el calendario legislativo, ustedes se dan cuenta de que el tema concreto de nuestra Consejería, nuestras competencias son limitadas, son competencia de desarrollo, son... de desarrollo cuando lo pidamos; entonces, si tenemos que desarrollar hay que esperar a que esté aprobado lo que tenemos que desarrollar. Evidentemente, esto es, a la expectativa del Ministro de Presidencia y Función Pública, que la Ley de Función Pública es aprobada en dos o tres meses, Febrero

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o Marzo, y esto nos permitiría (éste es un compromiso formal) que entrase en esta Comisión; si esto fuera así, esto permitiría que la Ley de Función Pública de Castilla y León entrase en esta Comisión, entrase en las Cortes, en este período de sesiones y desde el punto de vista de que, como digo, ya hay ahí una serie de bases en esta Ley que permitirían establecer nuestro propio mecanismo. ¿Qué ocurre por tanto hasta que la Ley de la Función Pública de Castilla y León se apruebe? Hay que contratar personal e indudablemente, los criterios que están establecidos, por mera urgencia (ha habido que contratar personal; efectivamente, se ha agotado el personal, para unos servicios concretos; también puedo decirlo, se ha contratado personal para servicios que no existían, caso de la centralista o para actividades como conducción de coches o se ha contratado personal para labores de esos puestos que dice en la propia Ley de especial confianza, etcétera, diríamos caso de los Secretarios particulares pero esto realmente es una situación realmente llevada por la urgencia), indudablemente el criterio, como esta mañana he expuesto a ustedes, va a ser el de que esta contratación, incluso al ser contratación administrativa, pues se haga mediante los mecanismos que se exigen en general para la Función Pública, principios de publicidad, idoneidad, etcétera; es decir, la gente que entre y que tenga un contrato administrativo de aquí hasta la Ley de Función Pública de Castilla y León, tiene que superar unas pruebas para demostrar su capacidad, su idoneidad para el puesto. Puedo decírselo a ustedes, creo que antes de que acabe este año se sacarán a público concurso las plazas presupuestadas en nuestros servicios centrales y que igualmente las plazas que estén presupuestadas en el Presupuesto del año ochenta y cuatro para contratación administrativa, también sacarán públicamente, también se cubrirán mediante pruebas públicas.

Paso a contestar las preguntas concretas del portavoz del Grupo Popular. Algunas han sido ya aludidas o contestadas en la respuesta al portavoz del Grupo Mixto. Entiendo la decepción del señor López Valdivielso. Parece lógico que el Grupo Popular que ejerce de forma responsable, como es su papel, el papel de oposición, se entienda decepcionado por la Política del Gobierno. Bien, realmente es lógico y es lo que distingue a la oposición del Gobierno; si no, tendríamos dos grupos que nos apoyasen, lo cual me parece excesivo lujo para un Gobierno. De todas maneras, agradecer por supuesto la crítica del Grupo Popular. ¿Una declaración de intenciones? Evidentemente, dado el estado de las competencias de esta Consejería, es indudable que, en una prudencia mínima, no se vaya como digo a comprometer más allá de lo que realmente podemos comprometer, hasta lo que realmente es factible, a riesgo, como digo, de ser imprudente, lo que, desde luego no queremos.

Respecto al tema del Proyecto de Presupuestos es indudable que, como antes decía al señor De Fernando, quien puede responder a esto mejor es el Consejero de Economía, Hacienda y Comercio; es el responsable del tema obviamente. Ahora bien; dado que, como portavoz de la Junta, yo he intervenido ante la Junta de Portavoces y expuse lo que era la intención de la Junta, efectivamente el Estatuto se ha incumplido en el sentido digamos material, formal del tema. Efectivamente, el Estatuto... todavía no hay presupuesto en la Comunidad; entonces es clara intención de la Junta, así lo expuse en la Junta de Portavoces al presentarlo. ¿Por qué no hay presupuestos en la Comunidad? La razón es evidente: porque todavía no hay presupuestos del Estado; es evidente que la Ley de Presupuestos del Estado es un proyecto de Ley que puede sufrir todavía modificaciones y, consiguientemente, teniendo en cuenta que todavía nuestra Comunidad no tiene ingresos propios, pues es evidente que las fuentes de los ingresos proceden de los distintos capítulos, exactamente capítulo tres, dos, del Presupuesto General del Estado. Consiguientemente, si la Comunidad todavía no conoce, de forma fija, cuáles van a ser sus ingresos, malamente puede elaborar y presentar ante las Cortes un Presupuesto que sea mínimamente serio.

Ese es un compromiso que, desde luego y por supuesto, yo no tengo que asumir, sino que es cuestión del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio; realmente él podrá explicarles mucho mejor todo esto, como es su obligación.

Respecto al proyecto de Ley de Coordinación de Diputaciones y descentralización de servicios, que el Consejero Señor Nalda se ha comprometido ante esta misma Comisión hace meses, el Señor Consejero comparecerá ante la Comisión correspondiente y explicará lo que deba explicar. Yo también les puedo decir a ustedes que, eso sí, que el Proyecto de Ley está bastante avanzado y posiblemente el Señor Consejero pueda comunicar a ustedes la presentación de este Proyecto de Ley en breve plazo.

Otro tema que se ha abordado aquí es una crítica a la excesiva superestructura. Me alegro que el Señor Valdivielso conozca perfectamente el tríptico editado por la Consejería de Presidencia que va a publicarse y va a extenderse todavía más a todos los órganos administrativos de la Región. Creo que es una postura un tanto optimista; el número de altos cargos de la Región no supera el número de cuarenta y cinco. Creo recordar en estos momentos, incluso contando toda la Administración Central de la Comunidad, todos los Secretarios de la Junta en estos momentos,

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alcanza la cifra de doscientas veintiuna personas, según el último listado que obra en mi poder, incluyendo estos cuarenta y cinco altos cargos, Consejeros, etcétera. Tengo que tener en cuenta que el número de funcionarios contratados, en este momento, según los listados, es de siete mil ciento cuarenta y uno. Con cuarenta y cinco personas dirigiendo a estas siete mil ciento cuarenta y una, no es precisamente macrocefalia; es una variedad de microcefalia. Realmente, y puedo decírselo con suficiente conocimiento de causa (creo realmente que mi Consejería, como decía esta mañana, es la mayor burócrata sin duda de la Junta), la burocracia central de la Comunidad Autónoma es absolutamente insuficiente. Ya digo que les podía dictar ejemplos puntuales a ustedes de que tenemos que estar todavía sacando trabajo de meses anteriores, ¿por qué?; pues, porque, realmente, el simple hecho de que el personal vaya de vacaciones, produce una semi-paralización de la actividad de la Junta; ¿por qué?, porque el personal va de vacaciones, simplemente. Así, si de algo peca, es más bien de microcefalia que de macrocefalia y lo digo realmente muy compungido, porque precisamente mi función también es la de controlar el gasto y la de incrementar el rendimiento. El hecho realmente es que el personal de la Junta tiene que estar constantemente trabajando no solamente nueve horas diarias sino también los días festivos; tengo que decir realmente que es insuficiente para cumplir las funciones que le son propias. Es realmente ineludible la ampliación de los servicios centrales de la Junta; de ahí que creo que no se puede hablar de austeridad; creo que el concepto de rentabilidad, el concepto de austeridad no es que se gaste poco o mucho, sino que se gaste bien; creo realmente que lo que estamos gastando lo estamos gastando bien, desde luego no hay ningún tipo de dispendios.

En cuanto a que la Junta se ha dado cuenta que no hay competencias, es evidente que sí tenemos competencias; lo que ocurre es que las competencias en muchos terrenos son insuficientes, o por los trámites parlamentarios que ha habido, hay ciertas disfunciones, ciertas diferencias con las diversas Comunidades (el proceso de elaboración del Estatuto es un proceso en el cual cada Comunidad elabora su Estatuto y, consiguientemente, respetando por supuesto la propia voluntad de autogobierno, esto ha llevado a que haya diferencias a veces realmente extrañas, no solamente a nivel competencial de Comunidades de la misma vía de Autonomía, dentro de las de Estatuto por el artículo 143 hay diferencias entre el nivel competencial de Aragón, Valencia o Castilla y León y no en general, sino en asuntos concretos; hay cuestiones que en nuestro Estatuto aparecen como desarrollo de ejecuciones, desarrollo legislativo, etcétera) trae ciertas disfunciones que no tienen sentido. En esta línea nuestra, de la Junta, de homogeneizar, igualar en lo posible los techos competenciales de todas las Comunidades, es por eso que vamos a iniciar, vamos a pedir que se igualen los techos por arriba, dentro, por supuesto, de los límites marcados por el Estatuto de Autonomía. De ahí, como le decía esta mañana, que al asumir una serie de reivindicaciones, una serie de competencias, por ejemplo en el tema de los medios de Comunicación, requerirá una petición de Ley Orgánica.

Lo que hizo la Junta en su momento fue una declaración política de que se iba a pedir esa serie de niveles; lo que la Junta va a ir estableciendo paulatinamente son los mecanismos por los cuales se va a pedir ese nivel de competencias. Saben que hay distintos mecanismos, los que establece el artículo 150 de la Constitución, y estos mecanismos se van a utilizar según los casos, en unos casos se recurrirá a que sean las Cortes de Castilla y León las que pidan una Ley Orgánica al Gobierno; las propias Cortes, a petición de la Junta, considerarán que es su competencia elaborar esta misma Proposición de Ley y presentarla ante la mesa del Congreso. Realmente la forma de cumplir estos acuerdos variará según los casos concretos.

Respecto al tema del Día de la Región, quiero decir al señor López Valdivielso que esto es un Proyecto de Ley, un Proyecto de Ley que se ha remitido a las Cortes, que ha tenido su entrada en las Cortes y que no sé si se ha publicado en el Boletín de las Cortes, pero que la idea es que se tramite como Proyecto de Ley; así ha sido remitido; imagino que constará en los archivos de las Cortes. Yo, como Consejero de Presidencia, tengo mi fotocopia registrada, o está en las Cortes un Proyecto de Ley estableciendo el Día de la Región. No se trata de un Decreto, ni mucho menos, sino de un Proyecto de Ley. Tal como decía el Señor López Valdivielso, y estoy totalmente de acuerdo con él, entendemos que una cosa es el día de la Región, es una fiesta querer unir a los Castellanos y Leoneses por encima de diferencias circunstanciales de tipo ideológico, y que es un Proyecto de Ley, y que esperamos que pueda ser asumido por todos los Grupos Parlamentarios. Un proyecto de Ley presentado por la Consejería de Gobierno Interior y Administración Territorial, con lo cual ustedes también podrán preguntar al Consejero correspondiente en su Comisión sobre el contenido y alcance de ese proyecto de Ley.

Respecto al tema de la informática, yo, a nivel profesional, conozco mucho menos que el Señor López Valdivielso el tema informático; sí quisiera matizar, quizá porque la exposición ha sido un tanto premiosa, que no he dicho sino todo lo contrario a lo de informática descentralizada, sino

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informática distribuida; precisamente, el Señor Valdivielso conocerá, imagino, precisamente lo opuesto a centralización. Solamente decía en uno de los párrafos de mi intervención que el gran peligro de un gran ordenador central (aparte de que es absurdo plantear esto porque todavía no sabemos cuál es el modelo final competencial, el modelo final de necesidades), es primero que no conocemos ese nivel y segundo el peligro de la centralización de un monstruo, con el peligro de que si el monstruo central falla, dejaríamos totalmente desconectado, totalmente sin servicio, al resto de la red; por eso decimos que efectivamente la línea actual de la informática es la informática distribuida... además, la autonomía de los distintos servicios, bien sean centrales o periféricos de la Junta. Ese es el modelo, creemos que no ambicioso en primer plano, pero sí realista, que en principio la Junta se ha marcado.

Partiendo de los medios que tenemos, ir por sucesivas ampliaciones, controlando además lo que sí sabemos que existe distribuido en los distintos servicios transferidos. Ustedes saben bien que en los Decretos de Transferencia este tipo de material no figura; no sabemos cuántas máquinas de escribir tenemos en la región ni cuántos medios informáticos tenemos en este momento; hay que ser así de sinceros. Realmente no lo sabemos. Entonces habrá que hacer una inspección unidad por unidad, a ver con qué nos encontramos. Puede ocurrir, es muy probable que encontremos todo tipo de aparatos, todo tipo de sistemas, que no sean incompatibles. Como decía antes ha habido un total voluntarismo, una total anarquía en el Consejo de Dirección; por eso decíamos que este tema tan importante hay que reconducirlo, hay que organizarlo y hay que darle una voluntad unificadora; de ahí esta propuesta no menos importante de creación de una comisión de Informática que no solamente sirva para organizar y seguir el establecimiento de la Informática en las instalaciones, sino también para coordinar sus intereses. No olvidemos que la Informática es una Industria, no ya decir con futuro, sino con un presente arrollador y que creemos que si los otros van a ser uno de los grandes mercados, quizá el más grande mercado informático de este País en los próximos años (una vez descartado uno de los temas, mercado... también, el mercado de las centrales Nucleares), un tema realmente que si así va a ser, pues también quien demanda, tendrá algo que decir en el propio tema de la realización de este instrumental.

¿Cuáles son las funciones del Director General de Información? Pues, efectivamente, eso está publicado dentro del Decreto 19-3-83 de la Consejería de Presidencia y publicado en el Boletín número siete de la Junta de Castilla y León. Ahí habla del Director General de Información y ya dice cuáles son sus funciones, que son, ni más ni menos, que aplicar las competencias que el Estatuto de Radio y Televisión reconoce a las Comunidades Autónomas. Competencias que tendremos que asumir y al tiempo coordinar la política informativa de la Junta.

Igual que decía el Señor De Fernando, nos parece muy bien que se haya hecho este seguimiento; me parece interesante. La verdad es que estos medios son medios totalmente autónomos y, consiguientemente, aquí la Junta es un espectador más, un usuario más, un consumidor más de la información; de aquí la urgencia y la importancia de la creación de este Consejo Asesor cuyas funciones están delimitadas en el Estatuto de Radio Televisión, la Ley 4/1980, en la cual dice, como vimos ya esta mañana, que las funciones de este Consejo Asesor serán las de estudiar las necesidades, capacidad de la Comunidad Autónoma, la descentralización y, en cualquier caso, enviar recomendaciones al Consejo de Administración de R.T.V.E. Indudablemente, esa Comisión tiene una función más bien asesora, más que de control. Hay que tener en cuenta que, aunque se llame Comisión de control, éste es el Consejo de Administración de R.T.V.E. Realmente, dado que tiene personalidad jurídica propia, un Consejo Asesor en la Comunidad no es un mecanismo o un Consejo de Control. Este Consejo Asesor, se dice en el Artículo 14, párrafo 2 de la Ley 4/1980, puede emitir sin labor de seguimiento; si se ve que no hay un cumplimiento de las funciones propias, puede emitir informes y elevarlos, a través del Delegado Territorial, al Consejo de Administración de R.T.V.E. En este sentido, puede este Consejo Asesor, cumplir unas funciones de control de la programación de Radio y Televisión en la región.

Solamente me queda por señalar alguna cosa global. Había una queja de la lentitud de la Administración. Yo quisiera hacer una observación final y con esto creo que puedo cerrar un poco el sentido de mi intervención y al tiempo matizar la comprensión de la decepción del Señor López Valdivielso. El problema con que se ha encontrado la Junta de Castilla y León es un problema paralelo o similar al que se ha encontrado el Gobierno Central. El Gobierno Central ha tenido que hacer la política que no se había hecho por los Gobiernos anteriores; ha tenido que asumir labores que un Gobierno anterior, un Gobierno de Centro o Centro-derecha debería en simple lógica reformista, haber llevado a cabo. La Junta de Castilla y León ha tenido que llevar a cabo, se ha tenido que llevar a cabo lo que decía esta mañana en conversación privada a un Procurador, se ha tenido que llevar a cabo una labor preautonómica. En estos cinco meses, hemos tenido que montar lo que no se ha hecho en la etapa preautonómica anterior;

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y es triste decirlo, pero realmente es así; no es hacer ninguna crítica ni utilizar en ningún caso lo de la herencia recibida, pero creo que lo que se está haciendo es poner en marcha algo que no existía. El tener que desmontar primero una administración irracional, aquello de los departamentos, áreas, sectores y unidades; empezar a poner las bases de una administración comparable con la Administración del Estado; nombrar los primeros cargos y desarrollar los organigramas; esto es una tarea muy poco lucida, muy poco brillante, así lo reconocemos, pero absolutamente indispensable. Desde luego es una tarea que había que hacer, que está haciéndose y que indudablemente está llegando a su final. Esta labor que debería haberse hecho en la etapa preautonómica es lo que está haciendo ahora y, a partir de este momento, en el cual el período de este proceso de institucionalización central llega a su fin, será posible que la política de la Junta pueda centrarse más en actividades más prácticas, más puntuales, mucho más claras al ciudadano; pero las tareas del régimen de interior por poco brillantes que sean, son sin duda necesarias. En ese sentido hemos preferido ser serios, ser prudentes, ser constantes, a ser espectaculares, a ser brillantes pero no sólidos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (RICARDO SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Segidamente pueden hacer uso de la palabra aquellos Procuradores de la Comisión que lo deseen. ¡Ah!, réplica, un minuto. Tres. Tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO:

Señor Consejero, después de oír las contestaciones que nos ha dado, aún me voy con más tristeza que esta mañana después de oírle. Porque la verdad, yo comprendo que usted se metió en los terrenos informativos, que es lógico, quizá no lo debiera haber hecho; ese exceso de buena voluntad de hablarnos de la Ley de la Función Pública, que usted nos ha hablado de lo que piensan hacer aquí, y usted nos ha dicho que iba a ser basada en la imparcialidad, en la carrera administrativa, en la claridad, en la eficacia, esa es la impresión que me da a mí. Yo sabía de antemano que usted no puede hacer nada de esto mientras no salga el Estatuto de la Función Pública, luego esa voluntad que usted tuvo ha servido para que las preguntas que yo le hacía eran sobre el Proyecto de Ley que usted tienen pensado hacer, no que me vuelva a remitir a ver qué dice el Estatuto de la Función Pública. Si usted tiene pensado (yo le he hecho dos preguntas concretas), hasta qué cargo pensaba la carrera administrativa. Lo otro sí me lo ha contestado, lo de si sólo para los funcionarios de Castilla y León.

Me ha hablado de que no iban a tener un modelo centralista y yo he preguntado en qué se iban a basar esas estructuras, para que supiésemos en qué terreno, de que no iba a ser un modelo centralista.

En el tema de la Escuela, yo vuelvo a decirle que creo que es mejor pensarse de antemano si en España nos podemos permitir ciertos lujos. Usted mismo reconoce que los funcionarios generales son todos prácticamente iguales, no hay misiones específicas; si en cada Comunidad Autónoma queremos crear nuestra propia Escuela, difícilmente vamos a ahorrar el dinero que necesitamos.

Cuanto yo le he apuntado lo del I.E.A.L. ha sido porque he leído hace unos días la nueva orientación (que falta le hacía), que la Federación de Municipios, de acuerdo con el Estado Central, quiere dar al Instituto, junto con el INAP y no sé si sería más barato para todos hacer delegaciones de estos organismos en las Comunidades Autónomas para que además así a los servicios generales de los funcionarios se les prepare igual a los de la Comunidad Castellana que a los de Extremadura o de Andalucía. Si cada uno andamos con nuestra propia Escuela difícilmente vamos a lograr que la mentalidad del funcionario en todo el Estado.

En el tema de Radio y Televisión, vuelvo a decir lo mismo; pero me ha apenado más oírle decir que aquí la Junta es un mero espectador. No entiendo que pueda ser la Junta un mero espectador; será en cuanto a las atribuciones que tiene pero no en cuanto a lo que yo le he preguntado, a hacer sus propios estudios. Yo le he dicho antes y le aseguro, porque tengo pruebas, que cuando ustedes dialoguen con Televisión Española no van a conseguir nada si se hacen caso de sus estudios. Tenemos la experiencia que, con motivo del Mundial, Televisión Española quiso que las Diputaciones de Castilla y León financiásemos todo lo que ellos no habían financiado nunca. Yo le puedo asegurar que los porcentajes dichos allí son absolutamente falsos, y en aquellos que son verdad utilizan un porcentaje de habitantes y cuando quieren decir que el noventa y seis por ciento de los ciudadanos de Castilla y León ven la Televisión, no le están diciendo si hay trescientos cuarenta núcleos de población que no ven ni la primera cadena y eso es a lo que yo me refería. Si ustedes han hecho estudios para poder decir a Televisión lo que deben hacer en esta Región, para poder decir a la Televisión que del Mundial para acá no ha gastado cinco céntimos en inversión en esta Región. De la misma manera, igual en Radio Nacional o en Radio Cadena. Yo creo que aunque ustedes no tengan atribuciones sobre ellos, sí podrán tener sus propios estudios, porque si no yo

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no sé quién va a mentalizar a Televisión de que nuestros ciudadanos necesitan oír el Diario Regional, la Televisión Regional, la Radio Regional y demás. Son ustedes, como Junta, y no ellos. Me ha dicho en la contestación de las plantillas que como tienen transferencias... Hay transferencias que las tienen ustedes completas ya. A esas son a las que yo me refiero. Hay plantillas completas, y Consejerías que los tienen, con veinticinco funcionarios en Salamanca y tres en Avila, o treinta y dos en León y dos en Soria. A eso me refería, y a si se hace una plantilla orgánica regional o se va a hacer un mínimo provincial y luego a partir de ahí. Tampoco me ha contestado si se ha hecho la revisión, no lo sé, de aquellas transferencias mal hechas (hay que pronunciarlo, mal hechas), que se hicieron de funciones y sin funciones y sin dotación presupuestaria.

Si esta revisión se ha hecho o han venido funcionarios o han venido en la dotación presupuestaria.

Sí me alegra haberle oído por la tranquilidad que les puede dar a funcionarios a quienes se les cumple el contrato el día treinta y yo sé que tenían gran inquietud sin saber qué iba a ser de su problema. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Señor Consejero. En principio yo... que, en fin, si... al Señor Consejero o al portavoz del Grupo Socialista porque al principio parecía que me iba a contestar más a mí que al Señor Consejero. En cuanto a la decepción yo lo que tengo que decir es que desgraciadamente no me siento decepcionado solamente como político sino también como castellano, y eso es mucho más grave.

Señor Consejero, sabemos perfectamente cuál es el papel de las Cortes, no le hemos preguntado a usted cuál era el papel de las Cortes; lo que le decíamos es que aquí tendrá que haber un calendario legislativo. Yo no sé si será el Consejero de Presidencia el que tendrá que dárnoslo o no, pero todo Gobierno ha de tener un calendario legislativo y el portavoz de la Junta, al menos, debería saber cuál era ese calendario legislativo. Estamos de acuerdo en que es mala la inflación de Leyes, pero precisamente en esta Comunidad en la que está todo por hacer, yo creo que hay mucho que legislar. Ahí tenemos el Estatuto en el que en multitud de sus artículos se refiere a una normativa, a una legislación que ha de desarrollarse después. Entonces, creemos que la función número uno de cualquier Parlamento es precisamente legislar. Estamos de acuerdo con que las leyes tienen que existir; no será bueno ni que sobren ni que falten, pero creemos que en estos momentos faltan leyes y, vuelvo a repetir, es el Estatuto quien dice que faltan leyes. En cuanto a las plantillas, en cuanto a personal que se ha contratado, creo que ha dicho que eran doscientas veinte personas incluidos altos cargos. Por eso, en relación con lo de la estructura, ha hablado usted de doscientas veinte personas contratadas y siete mil funcionarios, bueno, pues yo no sé, a mí, personalmente, me sigue pareciendo demasiado, porque la proporción es aproximadamente un contratado por cada treinta y cinco funcionarios. A mí me parecen muchos contratados.

Le había entendido mal en el tema informático, en el que no había coincidido con usted. En todo caso es un tema no político, es un tema técnico, y, vuelvo a decir que se haga la informática que sea necesaria para cubrir las necesidades que la Junta tiene planteadas.

Con relación al control de Televisión, efectivamente porque el Consejo Asesor es solamente asesor, es por lo que pedimos que esta Junta haga las funciones de control de los medios de difusión de Televisión, Radio Cadena y Radio Nacional. Y en cuanto a la lentitud, me alegro que por lo menos lo reconozca; aunque luego, muy veladamente, echa un poco la culpa a la situación heredada. Yo creo que esto ya lo sabían antes de presentarse a las elecciones; si se presentaron, asumen el estado de la situación, y por eso no hay que referirse a ello ni veladamente siquiera. Y por último, aunque es algo distinto a lo que se ha planteado hasta ahora, volviendo otra vez a esa relación o a esa responsabilidad de la Junta con respecto a las Cortes, etcétera, ¿cómo nos podremos explicar que estas Cortes no hayan recibido el dinero necesario para su funcionamiento desde el mes de junio? Yo creo que las Cortes tienen una misión importante que cumplir y no han recibido los fondos que tendrían que hacer posible su funcionamiento. ¿Que va a hacer en relación con esto la Junta para defender los intereses del legislativo? Y poco más que no fuese repetir lo que hasta ahora hemos dicho. Muchas gracias.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

En cuanto al tema del calendario legislativo, por contestar primero en esto al señor López Valdivielso, creo que el calendario legislativo que esbozó, que presentó la Junta fue presentado ya a una Junta de Portavoces hace ya algún tiempo en el sentido de las Leyes que era previsible la Junta enviase a las Cortes en este período de sesiones; es decir, en este sentido, existía. Creo realmente que un momento, en el cual dependemos profundamente del Estado, es imprudente avanzar todas las Leyes que se van a enviar en estos cuatro años. De todas maneras, las Leyes, Proyectos de Ley que van a ser enviados a las Cortes este mes de sesiones fueron ya avanzados, fueron ya esbozados, en

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una reunión de Junta de Portavoces, y consiguientemente, deben figurar en las Actas de dicha Junta, donde el portavoz del Grupo Popular, podrá consultarlas, y ahí figura, como digo, este avance de calendario legislativo que, como digo, el Consejero de Presidencia en cuanto a portavoz de la Junta, presentó hace ya más de un mes.

Por supuesto el tema de si hay mucha o poca gente es materia opinable. Desde la visión interior del asunto puedo decir que hay una microcefalia. Me refiero a lo antes dicho, y en buena medida las dificultades que puede estar encontrando la Junta para su labor derivan precisamente de la insuficiencia del personal a su servicio en los servicios centrales. Es un hecho, ya digo que hay que estar sobre el terreno y desde luego entendemos es preciso incrementar la plantilla, eso sí, recurriendo por supuesto a utilizar personal funcionarial. De hecho se está utilizando, se ha utilizado, bastante personal en comisión de servicios; hay treinta funcionarios prestando servicios en la Junta o incluso personal transferido que está en servicios periféricos y se ha solicitado que pase a trabajar a los servicios centrales.

Agradecemos al Grupo Popular la confianza que tiene en la Junta hasta el punto de atribuirle las labores de control de los órganos de Radio y Televisión. No es eso; creo que el control de un órgano de opinión es una labor del Poder Legislativo, no del Ejecutivo; si no, llegaríamos a la censura y eso es una cosa que no es ni mucho menos la intención de la Junta. Tampoco creo que fuera la intención del Portavoz del Grupo Popular el atribuirnos esta función, espero.

En cuanto al tema de si las personas han recibido o no han recibido sus asignaciones, es un tema que en esta Comisión es más bien un tanto tangencial. El señor Consejero de Economía y Hacienda y Comercio es el destinatario correcto de esta pregunta; yo nada más acuso la diana.

En cuanto al señor De Fernando, por supuesto no, en este turno de réplica, no habla nuestro Proyecto del Estatuto de la Función Pública de las Cortes de Castilla y León, sino del que está en marcha, en preparación ante las Cortes Generales. Del nuestro ya ha hablado esta mañana con bastante prolijidad y he querido hacer gracia de nuevo aquí a sus Señorías; aparte como digo de que en cuanto esta Ley de Función Pública es un desarrollo de una Ley del Estado, no tienen ningún sentido, no se puede llegar a un texto articulado cuando desconocemos el texto al cual va a desarrollar. Creo que es también de lógica y se puede entender fácilmente.

En cuanto la carrera Administrativa, efectivamente es un tema importante y hay que decir, por supuesto, hasta qué nivel va a ser la carrera administrativa.

Ustedes saben que, ahora mismo, en la Administración del Estado llega hasta nivel de Subdirector General, y en cierto sentido era el proyecto, era la intención del Gobierno llevarlo a nivel de Director General; a saber cómo queda finalmente el proyecto central. En la Administración autonómica el equivalente, no por retribuciones sino por funciones, del Subdirector General es el nivel de Jefe de Servicios. Naturalmente puedo decir que hasta este nivel tiene que llegar la promoción de la Carrera Administrativa. El que implique o no al nivel de Director General, en este tema yo rogaría a ustedes que esperásemos hasta ver cuáles son las normas que establece la legislación del Estado; no se puede establecer una auto-limitación en la Comunidad en este terreno. En la Comunidad los Delegados Territoriales van a tener un ámbito provincial, eso también puedo decirlo desde ahora; de hecho han sido nombrados ya en las Consejerías Delegados Territoriales y lo que puedo decir es que la propia articulación de las Delegaciones Territoriales, de los puestos de las Delegaciones Territoriales, es un proceso sometido a revisión. Tengan ustedes en cuenta que hasta este momento hemos estado poniendo en marcha los Servicios Centrales de la Junta y es ahora cuando, cumplidos una serie de trámites que Ustedes recuerdan perfectamente (de asentamiento y consolidación de la propia Junta, un mismo paquete legislativo, unas estructuras orgánicas, un mínimo personal, un asentamiento en una, en un lugar que nos permita trabajar), es cuando podemos afrontar este reto de organizar de forma eficaz los servicios periféricos de la Junta. Lo que sí puedo decirle es que no es intención de la Junta el repetir a ultranza el modelo centralista, quiero decir que no está previsto por ahora que la Junta nombre Gobernadores Civiles en las Provincias; o sea, que no está previsto nombrar pro-cónsules de la Junta en las Provincias, ni mucho menos.

En cuanto a la Escuela de la Administración Pública, efectivamente se trata de que puedan crear las instalaciones del IEAL. El sentido es distinto, es decir, el IEAL ha optado por establecer delegaciones en las Comunidades Autónomas y es intención de la Consejería de Gobierno Interior y Administración Territorial el que se quede la delegación en Castilla y León del IEAL. En la Comisión correspondiente podrán ustedes preguntarle sobre este tema, pero ya digo que son dos entidades distintas con unos objetivos diferenciados y creo que no se trata de incrementar el gasto público sino todo lo contrario. Ustedes dense cuenta que el problema del INAP es que estaba en Alcalá antes y hoy día en Madrid, lo cual supone que el funcionario hay que llevarle a Madrid a que se recicle. Nosotros entendemos es al revés; no llevar al funcionario a la Escuela, sino llevar

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la Escuela al funcionario. Lo que quiero plantear a ustedes es que la organización de esta Escuela no es colocar un edificio en un lugar de la Región y ahí llevar a los funcionarios, sino al contrario: llevar la Escuela a los Funcionarios. Y esto realmente es primero un ahorro porque, a fin de cuentas, la mayor parte del presupuesto de una organización de este tipo serán las dietas que habría que abonar a los funcionarios y por otra parte es también una ventaja en cuanto garantiza de forma más fácil que el reciclaje llegue a todos los funcionarios. Es indudable que sacar a los funcionarios durante un tiempo de su lugar habitual de trabajo, trasladarles a otro sitio, etcétera, es molestia, un incordio y realmente eso hacía, como es lógico, que mucha de esta gente no se sintiese motivada para hacer esta cuestión. El criterio de la Escuela debe ser el contrario: el que allá donde esté el funcionario, allá se den los cursillos, allí esté la Escuela; es un concepto que descentraliza la Escuela, renovador y desde luego bastante más económico.

En cuanto al papel de la Junta como espectador, por supuesto me refería al espectador de los programas, al espectador de los contenidos; no así por supuesto en cuanto a los problemas y dificultades, que efectivamente conocemos, de los medios de comunicación. La Junta efectivamente, conoce, tiene los estudios sobre visión, sobre el alcance de Televisión, sobre el alcance de ciertos medios de comunicación, como antes le decía. Hemos mantenido reuniones repetidas con el antiguo director de Radio Cadena a nivel nacional, actual director de Televisión; con los Directores de los distintos centros regionales de Radio, Radio Cadena y Radio Nacional; con el Director del Centro Regional de Televisión. Esto nos da un conocimiento bastante directo de la situación en estos medios. Lo que ocurre, como decía antes, es que nuestra competencia en este tema se limita a proponer, a pedir, a hacer gestiones, para que el Ente Autónomo Televisión, el Ente Autónomo de Radio Cadena, supla estas deficiencias; es decir, ahí tenemos una función meramente subsidiaria a fin de cuentas. Conocemos los planes, ambiciosos sin duda, de relanzamiento de estos centros; quiero decir que hemos seguido hasta el proceso de convocatoria de oposiciones para cubrir las plazas de funcionarios en los Servicios centrales nacionales en Burgos: en fin, sabemos cuánta gente hace falta. Precisamente son cuestiones de detalle que no es el caso plantearlas aquí. Estas deficiencias las conocemos ojalá que la Junta tuviese los medios para hacer el seguimiento puntual y directo de esas deficiencias, pero son, como digo, cuestiones que en estos momentos no estaban previstas que la Junta hiciese. Hay que crear, y precisamente en esa línea estamos, vamos a crear también la Dirección General de Información para ir cubriendo estas necesidades. Lo que hace falta es dotar a esta Dirección General, y a las demás Direcciones Generales, de los medios para cumplir estos cometidos de control de difusión, y poder efectivamente exigir esta visión por parte de todos los Castellanos y Leoneses.

En cuanto a la cuestión de las transferencias mal hechas, es una cuestión que debe dirigirse a cada una de las Consejerías; precisamente la Consejería de Presidencia es la única Consejería que no tiene ningún tipo de transferencias, porque incluso la Consejería de Hacienda y Comercio tiene transferencias en el tema de comercio, pero da la casualidad de que Presidencia no tiene ni una sola transferencia, ni bien, ni mal hecha; consiguientemente mal puedo informar a ustedes de cómo se ha hecho este tema. Creo que el mecanismo de Control y revisión es que en cada una de las Comisiones se pregunte a los señores Consejeros sobre la cuestión en sus Consejerías. Creo, y aquí vuelvo a decirle lo que dije anteriormente, la labor de inspección es fundamental y por eso ya digo que, en contra de las opiniones del portavoz del Grupo Popular, los medios de la Junta son hasta ahora insuficientes para cumplir los cometidos que se exigen de ella, que son como digo el seguimiento de la labor de los órganos periféricos. Yo no tengo más que decir que agradecer a todos ustedes su participación, su crítica, desear que estos encuentros no sean muy aislados. Esta es una comparecencia a petición propia; pero es indudable que la Comisión tiene la potestad de llamar a declarar al Consejero cuando así lo considera conveniente. Por supuesto, estoy a su entera disposición y de hecho estaré encantado, en un plazo que ustedes estimen oportuno, de volverles a visitar de nuevo. Gracias.

EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO:

Una brevísima aclaración. Yo no he dicho que el control lo ejerza la Junta. Entonces estaríamos como hasta ahora; o sea esta Comisión y por lo menos de aquí para allá no tenemos nada que ver con la Junta, ¿eh?, la Comisión.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (FRANCISCO JAVIER VELA SANTAMARIA):

Está bien, perfecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (RICARDO SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Bien, seguidamente cualquier Procurador que quiera hacer uso de la palabra, que sea de la Comisión. Muy bien.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señores Consejeros, señores Procuradores. De la intervención del Señor Consejero en su frase (que me alegra

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que no se pudiera en cuestión presentar el guión), nuestra oposición es total, oposición total, y se discrepa en la forma y en el fondo. La habilidad de la respuesta con la suficiente oscuridad, oscuridad en pensar que estamos de acuerdo en lo esencial, estamos en la forma y en el fondo absolutamente discrepantes.

La fina intervención del portavoz del PSOE, ilustre profesor Señor Quijano, ha cubierto perfectamente la línea de desacuerdo formal que el Señor Consejero, sin embargo, no ha aclarado. La clave en este momento, como conocen todos muy bien, está en el planteamiento de las medidas urgentes; está, no en una actuación prudente, sino lo que está siendo peor, que es una actuación mimética; es decir, se está copiando la Administración Central actual, que en frases acertadas, el Señor Consejero dice que es disfuncional, recibida, etcétera; pero es que este guión, este organigrama, como se dice pomposamente, es una copia literal de la Administración Central, no resuelve a corto y a medio plazo algo que en una dinámica (utilizando también los "slogans" de campaña), de cambio, debería haber sido ya de salida lo que es situación autonómica y no le libra ni muchísimo menos al Señor Consejero hacer alusión a la situación preautonómica porque era una situación absolutamente diferente. En ese sentido, creemos que es una repetición mimética; y me gustaría que profundizara, si es posible, el Señor Consejero en lo que van a ser esas medidas urgentes; si entre ellas, como me imagino, a lo mejor hay que cambiar este folleto por cierto tan pobremente editado.

No sé si también entra en esa faceta de medidas urgentes esa dispersión enorme de despachos por toda la ciudad y que da una impresión poco eficaz de puesta en marcha de un órgano en el que se han puesto tantas ilusiones.

En el tema de las transferencias de información, lo mismo; no hay medidas a corto ni a medio plazo, y no hemos oído nada sobre cómo piensa cubrir bien las Provincias y cómo se compensa, como se complementa esto con esas palabras suyas de terrible falta de medios. ¿A quién va a pedir medios? ¿Cómo va a cubrir las Provincias como una primera etapa esencial para que los buenos profesionales, que me consta que existen en la Televisión, puedan hacer lo que es absolutamente preciso en una etapa a corto y a medio plazo? Debería usted de profundizar, señor Consejero, en lo que ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Mixto; es decir, en ese plan de repetidores inicialmente estudiado, si lo tiene estudiado, por favor nos dé su impresión concreta, no nos hable de posibles gestiones ante próximas visitas y ante futuras expectativas. Y también ha hecho algo en la visión general que no ha concretado, y es que ha hablado como muy suave y muy bajo, y ciertamente es ese lenguaje que dice de su Consejería, con perfiles borrosos, sobre cierre de periódicos y me gustaría que si usted lo sabe lo diga, yo sé también sobre cierre de emisoras o traslado de emisoras, me da la impresión que el sonido va por Radio Cadena, cuáles son esos previstos cierres o traslados. Y algo también extraordinariamente inconcreto y no sé si nos puede aclarar, yo creo que sí, dice: La Junta puede potenciar nuevas vías a los proyectos de expresión regional que se presenten (no sé si estas nuevas vías van también en el hecho de contemplar el apoyo a proyectos nuevos que llegarán hasta la Televisión). Bueno, nada más porque creo que me consumo el tiempo y me gustaría, concretamente, si es posible, alguna precisión a estos tres perfiles, que yo creo que van un poco en línea con lo expuesto por el portavoz del PSOE, es decir, esas medidas a medio y corto plazo en todos estos campos que es lo que está esperando toda Castilla y León, de con qué lenguaje se van a hacer llegar a los destinatarios y, a ser posible, que no sea el directo de un teléfono al que llamar, sino a los sitios institucionales, a los medios de comunicación establecidos y a lo que es el habitual canal de comunicación con el público para el que dirigimos nuestra gestión.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene usted la palabra, señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Por una alusión tan directa como es la que se hace cuando se cita nombre y apellido. Gracias por atribuirme un título que todavía no poseo como el Ilustre profesor que es un título que me envejece ante todo y no es mi intención. Pero simplemente decirle que si quiere hacer preguntas al Consejero hágaselas; no utilice los argumentos que yo hago para apoyar una determinada gestión, dándoles la vuelta para hacer preguntas. Cada uno hace las preguntas que quiere y utiliza los argumentos que desea. En el contexto de un desarrollo de preguntas es absolutamente normal el sistema que yo he utilizado.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Me llama la atención, por supuesto la intención, señor Procurador, es la alusión al proyecto anteriormente editado. Creo que se empieza a ver la austeridad tan reclamada por el Grupo Popular; era nada

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más una primera versión que posiblemente se perfeccionará.

¿Cómo va a cubrir las provincias la Televisión? Creo que no se entiende que Televisión es un centro o una entidad autónoma en la cual la Junta no tiene ninguna capacidad de decisión; y esto que quede bastante claro. Lo que no se entiende es que la Junta no manda ni en Radio Cadena, ni en Radio Nacional de España, ni en Televisión, ni en la Sociedad de la red que es, a fin de cuentas, quien establece realmente si ponen los repetidores que utilizan luego en su momento: Radio Cadena, Radio Nacional de España y Televisión Española; es decir, estas cuatro sociedades autónomas sometidas al derecho, tienen sus organismos de control, sus órganos de administración y, consiguientemente, como digo, la Junta no puede decir dónde se va a poner, dónde vamos a poner un repetidor. Lo que puede hacer la Junta es hacer gestiones, y eso estamos haciendo, para que la información se cubra adecuadamente; es hacer peticiones y hacer gestiones para que el centro de esta Televisión tenga una unidad móvil que permita cubrir la Región con más facilidad y para que no sea esto, como ya se ha acusado, la Televisión de Valladolid. Este no es el deseo de los profesionales de Televisión, ni por supuesto, ni mucho menos de ningún interés de la Junta. Quede claro que es una entidad autónoma en la cual la Junta no tiene más capacidad que la de hacer gestiones ante los órganos superiores en la medida de lo posible y, como digo, de apoyar su labor en la medida en que creamos que eso beneficia a la Región. Indudablemente como digo hay que conocer también la medida de cada uno y desde luego, nadie nos puede pedir lo que no podemos hacer que es poner repetidores nosotros, cuando existe ya una sociedad para esto, me parece.

En cuanto al tema de la actuación mimética, ya digo que aquí hay dos posibles lecturas. Esta mañana he dicho claramente que hay actuaciones que no han sido miméticas, sino innovadoras, en el tema del organigrama (me refiero a la figura del Secretario General y a la eliminación de Subdirectores Generales); ahí creo que hemos sido innovadores. Otro tema es confundir el nivel de mimetización con el nivel de homogeneidad. Creo realmente que una cosa es la mimetización, el mimetismo. Entonces realmente llegamos a la misma homogeneidad con la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas en general. Eso es el asunto fundamental y yo creo que porque haya una estructura basada en servicios, secciones y negociados, no se nos puede acusar de mimetismo, y porque a los altos cargos llamemos Directores Generales creo que no se nos puede acusar de mimetismo, y sí buscar un afán de homogenización con lo que es la Administración en general en este país.

En cuanto a medidas urgentes para la reforma, ya he avanzado algunas, quizá la más fundamental y es en la medida que tenemos capacidad. Ya digo que quizá lo que no han entendido o quizá no han querido dar por entendido los señores Procuradores, algunos señores Procuradores, es la limitación competencial que tiene esta Consejería para asumir la labor de auto-organización de la Comunidad. Esta tarea de auto-organización está profundamente limitada por la legislación del Estado que tiene carácter de básica y lo que no podemos hacer aquí es inventar cosas que ya están inventadas, o crear algo que se va a tener que deshacer al poco tiempo. Lo que sí vamos a establecer es en un campo que no está establecido que no está legislado, como es el campo en fase de extinción de la contratación administrativa, establecer los criterios para poder acceder a ella. Es un poco el sentido que tiene esta serie de reformas, de medidas urgentes que hacer el que, como decía ya esta mañana en mi comunicación y que lo he vuelto a decir ahora, esta cuestión que su único criterio hasta ahora ha sido la discrecionalidad (eso hay que dejarlo muy claro: el único criterio que se ha seguido hasta el presente para la contratación administrativa ha sido la discrecionalidad), que este criterio desaparezca en función de criterios racionales, en función de criterios de publicidad, mérito y capacidad. Son los criterios que se establecen para los funcionarios en general. Estas medidas se van a basar: primero, en establecer los mecanismos de acceso a los puestos funcionariales; es decir, si es una estructura de servicios, secciones y negociados, si hay un personal con categorías administrativas, hay que establecer cómo se accede a estos puestos mientras se pone en marcha la Ley de la Función Pública. Y por otra parte, dar una solución también provisional al tema del personal que existe ahora. Estas son las medidas urgentes que se van a establecer y ustedes recordarán, si han utilizado la legislación comparada que imagino que sí, que es este ámbito el único en el cual han legislado, y digo legislado porque en Cataluña se hizo por Ley, como saben ustedes fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno y fue esta Ley declarada en gran parte constitucional por el Tribunal Constitucional, pues como digo, es en este único terreno en el cual se ha legislado por las Comunidades Autónomas, porque, como decía antes, de legislar a otro nivel entraríamos de pleno en la inconstitucionalidad en tanto en cuanto las bases generales del régimen administrativo y funcionarial están, por la Constitución, reservadas a la Administración Central, al Estado Central. El hacer otra cosa sería caer en inconstitucionalidad, de manera que podemos regular únicamente materias que no estén todavía

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reguladas, como son éstas. Y en ese sentido va la línea de lo que plantea esta Consejería.

En cuanto a la información de cara al público, me parece un tema realmente importante. El señor Procurador no valoraba la posibilidad de un servicio directo al administrado; yo creo, por el contrario que lo que falta en buena parte de los administrados, de los ciudadanos, por emplear el término más correcto, es precisamente conciencia, conocimiento de cuáles son las funciones y características de las Administraciones. Existe el problema, que ustedes conocerán, de que la gente no tiene claro en absoluto cuáles son las funciones de la Autonomía, y debo decirlo también por que es un tema que absorbe parte del tiempo de la Junta, que en muchos casos nuestras oficinas más bien parecen las del Señor Defensor del Pueblo en donde la gente que tiene que divorciarse o tiene algún litigio va a ver si la Junta y el Presidente en primer lugar puede resolverle su problema. Y esto es así, y así de triste. Le iba a decir que en absoluto está de más una campaña de información, para que la gente sepa cuáles son los niveles competenciales de las oficinas públicas y que la gente sepa cuál es la función de la Administración autonómica. De ahí que la puesta en marcha de un servicio de información al ciudadano sea un factor fundamental en la actividad en la puesta en marcha, en la eficacia de la Autonomía.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Tiene la palabra el señor Antonio Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Señor Presidente, señores Procuradores, señor Consejero. El señor Vela me ha sorprendido en muchas declaraciones que ha realizado, como pueden ser las recientes, que ha realizado interpretando al artículo 144 de la Constitución, pero comprendía que esa interpretación del artículo 144 de la Constitución era para corregir en realidad un error que no había cometido él sino que lo había cometido aquél que lo había puesto y por tanto era un "mandao" cuando hacía esas declaraciones. Sin embargo hoy, benévolamente, tengo que decir que el señor Vela me ha sorprendido aún mucho más y me ha sorprendido por tanto parto imaginativo que ha tenido aquí ante esta Comisión. Y tengo que decir que de esta Comisión me marcho de la forma contraria a como creía que debería de venir, es decir, confuso y desinformado. Sin embargo, y sin entrar por supuesto en el comentario general al discurso que esta mañana nos ha hecho y a las preguntas que ha contestado durante esta sesión de tarde, puesto que ya lo han hecho otros compañeros míos, tengo que hacerle unas preguntas puntuales, en tono jocoso, como nos ha ilustrado el señor Vela durante toda la mañana a esta Comisión. Nos alegramos mucho de que no vaya esta Junta a poner Gobernadores Civiles en todas las provincias de Castilla y León, ¡menuda barbaridad! Nos alegramos mucho: nos preocupaba el que lo hubiera podido hacer. Pero me gustaría preguntarle, aunque seguramente me va a contestar (como ha contestado a todos), que no es competencia suya, me gustaría preguntarle, por aquello de que de usted depende el personal de la Junta, si tiene programado o ya ha contratado dentro de esas siete mil personal que hay entre funcionarios y personal contratado los funcionarios que desempeñarían los cargos de esa Policía Autónoma que nos ha anunciado el señor Nalda.

Me gustaría también preguntarle, porque nos ha anunciado aquí que va a haber una Ley del Consejo Asesor de Radio-Televisión en Castilla y León, me gustaría saber cuándo va a entrar esta Ley en las Cortes de Castilla y León. También me sorprende muchísimo el que habla de la Televisión de Castilla y León y dice que es un medio autónomo y que la Junta es un mero espectador, supongo que aburrido por poca calidad de la programación; pero aparte de todo, a mí me gustaría preguntarle ¿cómo puede decir que es un mero espectador, cuando esta mañana en su discurso, nos decía que la Junta tenía unos objetivos informativos dentro de la Televisión, cual era exaltar el orgullo Castellano-Leonés, potenciación de informativos y programas culturales? No entiendo esa disparidad de criterios de esta mañana a esta tarde, será que ha comido con alguien que le ha sugerido cuestiones diferentes.

Yo empiezo a pensar que no entiendo nada cuando veo que usted nos dice que no puede haber control sobre Radio-Televisión en Castilla-León. Entonces, si exclusivamente podemos tener (porque ustedes se han obcecado, al menos no ustedes pero sí sus correligionarios en el Parlamento Nacional) una Televisión y no garantizan el que puedan existir diversas Televisiones, qué medio puede tener este Parlamento para controlar el que al menos esa Televisión sea puntual y sea por tanto democrática. Y, por tanto, qué va a hacer la Junta para garantizar que existe Democracia dentro de los informativos; porque lo que nuestro Portavoz ha dicho es que no existe precisamente Democracia dentro de esos informativos, y eso es lo que usted no ha querido contestar. Muchas gracias.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

La primera respuesta no queda más remedio que remitirla a otra Comisión. Lo siento mucho, pero la Policía Autónoma no depende de la Comisión de Presidencia; está claro y procede hacerla en otra Comisión. Yo

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lo siento, pero, en fin, si se hacen preguntas que estimo que no proceden, pues debo aconsejar que se remitan al Consejero correspondiente.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Le hablo del personal, ¿eh?

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Sí. Respecto al tema de Televisión que es el tema fundamental que ha planteado el Señor Martín Beaumont, no sé si el término control es un tanto etéreo, un tanto ambiguo. Indudablemente que ese Consejo Asesor, que precisamente es un órgano parlamentario (el Consejo Asesor está compuesto en todas las Comunidades que así lo tienen, el caso de Cataluña, Cantabria, Asturias, etcétera, por citar Comunidades vecinas o que pueden sernos ejemplo de primacía en la regulación de estos terrenos) el Consejo Asesor tiene una composición realmente conforme a la primera composición del Parlamento autónomo; y es evidente que tiene una función de control estricto en tanto en cuanto ese control estricto corresponde en el organigrama del Ente Autónomo Radio-Televisión española al Consejo de Administración. Lo que sí he dicho esta mañana y he tenido que afirmar ahora, y vuelvo a leerlo, es que la Administración tiene unas funciones de control, de seguimiento, de esa labor. Precisamente acabo de leer, y leo de nuevo ahora, que, a través del Delegado Territorial, formulará las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de Administración de RTVE. Si este Consejo Asesor de Radio y Televisión en Castilla y León, cuando se constituya, compuesto conforme a la composición parlamentaria, estima que la información que se da en esta Región es sesgada, lo que se puede hacer, lo que se debe hacer es transmitir esa argumentación, trasmitir esas pruebas, si así se considera al órgano que tiene capacidad de controlar, que es el Consejo de Administración de RTVE. Es decir, existe una capacidad digamos de control quizá en segundo grado, no control inmediato, en cuanto como digo este Centro Regional no es un centro autónomo sino un centro dependiente de un órgano que se llama Radio y Televisión Española. Entonces, ya digo que es que hay que distinguir tres niveles. No se puede pedir a la Comunidad Autónoma que cumpla funciones que están previstas, al nivel correspondiente, es el nivel central. En lo que sí ha habido una confusión es en los plazos. Se dice que no se entiende la anotación que hay entre que yo haya afirmado ser un espectador más, oyente en su caso de Radio-Televisión con las declaraciones de objetivos. No hay ninguna contradicción. En el momento actual, a preguntas de los señores Procuradores, el Consejero de Presidencia es un espectador más, (poco, porque el horario de la Junta no me permite, no me permite ver mucha televisión). Esto, con lo que son los objetivos de la actividad de esta Junta en un futuro y es más, añado, si siempre estamos hablando de que se pretende conseguir un tercer canal de Televisión, es evidente que estos objetivos informativos, estos objetivos se deben aplicar en ese canal cuya gestión -ésta sí- está ya en manos de la Comunidad. Entonces, aquí se han confundido los niveles. En este momento hay un ente autónomo al cual la Junta y la Comunidad tienen una capacidad limitada de seguimiento y control; eso sí, esa capacidad limitada pero reconocida (queda un Consejo Asesor) es la que precisamente pretendemos que se ponga en marcha. ¿Con qué limitaciones? Pues, como he dicho esta mañana, unas limitaciones competenciales. Debido a la redacción de ese estatuto, hace falta hacer una serie de iniciativas antes de poder poner en marcha este tema. Pero lo que sí puedo proponer por supuesto es que tan pronto como sea legalmente posible, y en la forma más inmediata posible, y por supuesto espero que en este período de sesiones, se presente ante estas Cortes el Proyecto de Ley del Consejo Asesor de RTVE en Castilla y León. Esto es un compromiso firme, no sé si esto satisfará las necesidades de este calendario legislativo del Señor Procurador Martín Beaumont. Esta Ley entrará tan pronto sea posible y creo realmente que otra cosa es que preparemos todo para la puesta en marcha de ese tercer canal de Televisión que creo este examen ha sido muy prudente en las afirmaciones respecto a él. Es un tema muy serio, es un tema muy importante, es un tema que hay que estudiar muy seriamente su financiación, su aplicación, etcétera; hay que estudiar las experiencias de otras Comunidades, ustedes saben que en el caso de Cataluña se ha encargado a un "consulting" la puesta en marcha de los estudios previos a poner este tercer canal. Nosotros también tenemos contactos con este "consulting" en cuestión. No se pueden echar las campanas al vuelo, hay que estudiar las cosas seriamente, y lo que sí es evidente es que, si es posible, si las prioridades de la Región nos permiten poner en marcha -que yo espero que sí- en esta legislatura por lo menos, los inicios de este tercer canal, lo que sí hay que ir haciendo es poner poco a poco los pasos iniciales, y los objetivos a cubrir sean esos: el buscar, el conseguir, el incrementar la conciencia regional, el incrementar el orgullo de sentirse castellano y leonés.

Creo que no había más preguntas.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION (SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO):

Si no hay más preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias.