DS(C) nº 94/1 del 14/6/1985

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señores Procuradores, Señor Consejero, vamos a comenzar la sesión. Se ha recibido un escrito en el que se dice que en su comparecencia el señor Consejero estará auxiliado por el Director General de Tributos y Política Financiera y otras personas de su departamento, y que...

El señor Secretario tiene la palabra para dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR TOMILLO GUIRAO):

Pregunta oral ante la Comisión formulada por el Procurador don Francisco-José Alonso Rodríguez, relativa a realización de un estudio para conocer la recaudación en la provincia de Soria por todos los conceptos durante mil novecientos ochenta y cinco, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número sesenta y siete, de veintidós de mayo de mi novecientos ochenta y cinco.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR NATAL ALVAREZ):

Tiene la palabra para formular la pregunta durante un espacio de diez minutos.

EL SEÑOR ALONSO ROGRIGUEZ:

Bueno, en primer lugar disculparme por no poder asistir ayer a la Comisión de Ponencia de Ley de Tasas, no pude asistir, así que como mi compañero del Grupo Mixto retiró mi enmienda pues... quedó retirada.

Después, pedir disculpas a todos los Procuradores porque no asistiré hasta el final de esta Comisión, primero porque no soy miembro de la Comisión, sólo vengo a hacer una pregunta, con lo cual una vez realizada la pregunta creo que estatutariamente puedo sentarme, pero esta vez por motivos personales me voy a ausentar, lo mismo que ayer no vine. Y como la pregunta ha sido leída por el Secretario y es escueta, clara y sencilla, pues la vuelvo a leer: ¿qué estudios ha realizado la Consejería de Economía para conocer la recaudación que va a tener la provincia de Soria durante mil novecientos ochenta y cinco? Para saber si lo que recauda la provincia de Soria va a invertirse allí; es

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más, yo desearía que se invirtiera mucho más de lo que se recauda porque es una de las provincias más abandonadas de Castilla y León.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Gracias. Buenas tardes señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

Siento discrepar, aunque sea en la mera lectura que ha formulado el Procurador don Francisco José Alonso Rodríguez, en relación con la pregunta que en su día formuló, porque el texto, literalmente, de la pregunta dice: "¿Piensa su Consejería hacer un estudio durante mil novecientos ochenta y cinco para conocer lo que se recaudará en dicho año en la provincia de Soria por tales conceptos?". Es decir, primero, discrepancia en cuanto a la pregunta y su tenor literal con la pregunta aquí ahora formulada. En segundo lugar, tal como he leído la pregunta que en su día formuló, esa pregunta no tiene sentido. Y en tercer lugar, entendiendo que el sentido que tiene es que si piensa la Consejería hacer un estudio durante mil novecientos ochenta y cinco para conocer lo que se recaudará en tributos cedidos -y en el caso en que esos tributos cedidos fueran transferidos a la Comunidad- en la provincia de Soria, le he de decir que es obvio, evidente y elemental. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Procurador tiene la palabra.

EL SEÑOR ALONSO ROGRIGUEZ:

En primer lugar, no me tiene que dar disculpas el Consejero, aunque cuando me dice que la pregunta no la considera oportuna, porque este Procurador está acostumbrado a que no sólo sus preguntas no se le consideren oportunas, sino sus proyectos de Ley y sus proyectos No de Ley sean rechazados. Pero lo que para uno no es oportuno para este Procurador es oportuno. Entonces, yo, como Procurador, me acojo a todos mis derechos, y los derechos son a formular cualquier tipo de pregunta aunque las respuestas sean las que he oído. Pero desde aquí le libero de cualquier tipo de culpabilidad al decir esa palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Gracias señor Procurador, pero yo no he dicho que su pregunta no fuera oportuna, sino que entendía que no estaba bien planteada; punto uno. Punto dos: que tal como la ha formulado no coincide en absoluto con la formulación en su momento que hizo por escrito. Y punto tres; que en el caso en que se interpretara correctamente, efectivamente, sería oportuna y le digo que es obvio y elemental que la Consejería realice estudios sobre la previsión de ingresos, no solamente en la provincia de Soria; espero que -y ya se lo digo- por otras provincias, que también los va a realizar para la provincia de León, de Zamora, de Salamanca, de Avila, de Valladolid, de Burgos, de Palencia y de Segovia (y así le evito otras preguntas) porque es elemental a la hora de elaborar los Presupuestos.

Más aún, le voy a añadir algo más. Usted, como miembro de la Comisión Mixta, estuvo presente en la sesión que la misma efectuó el veintiséis de septiembre del ochenta y cuatro y tuvo el honor, tuvo el honor de conocer las previsiones que en aquel momento realizaba la Administración Central sobre los ingresos previstos a recaudar por tributos cedidos en la provincia de Soria y en el resto de las provincias.

De la misma forma, si sigue en la Comisión Mixta, tendrá el honor de conocer los estudios de la Administración Central y los estudios de esta Consejería de Economía en torno y en relación al año ochenta y seis para calcular algo que en su momento se tendrá que aprobar, que es el porcentaje de participación de la Comunidad de Castilla y León en los tributos cedidos. Téngase en cuenta que ese porcentaje de participación no se puede calcular si no se hace una previsión de los tributos cedidos, porque una de las variables que se introduce son los tributos cedidos.

Por lo tanto, entonces, lo conoció, lo conocerá en su momento, y no tenga duda que no solamente se están haciendo sino que será conocido por el Procurador como miembro de la Comisión Mixta. Muchas gracia y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero.

El señor Secretario tiene la palabra para dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR TOMILLO GUIRAO):

Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda para informar a la Comisión sobre: a) Política financiera, Sociedades de Garantía Recíproca y Cajas de Ahorro; b) Situación en que se encuentra la cesión de tributos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Consejero ha comunicado a la Mesa de esta Comisión que le acompaña a esta comparecencia el Director General de Tributos y Política Financiera, don Pablo Gayubo.

El sistema o el orden que seguiremos en este segundo punto, como suele ocurrir en las Comisiones informativas, primeramente el señor Consejero hará su exposición oral, después habrá una suspensión durante el tiempo que consideremos oportuno, para que después los señores Procuradores puedan formular las preguntas u observaciones que estimen pertinentes.

El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias, señor Presidente.

He de hacer antes de nada dos observaciones: en

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primer lugar, mi profundo agradecimiento al Grupo Socialista por haber solicitado la comparecencia de este Consejero en relación con temas que sin duda preocupan, ocupan e interesan a todos los miembros de las Cortes de Castilla y León; por lo tanto, mi felicitación, incluso, por el don de la oportunidad que dicho Grupo ha tenido.

Y en segundo lugar, señalar que todos y absolutamente cada uno y todos los temas que se han planteado: Política Financiera, Sociedades de Garantía Recíproca, Cajas de Ahorro, situación en que se encuentra la cesión de tributos, etcétera, etcétera, son temas que incumben fundamental y esencialmente a la Dirección General de Tributos y Política Financiera.

Yo entiendo que para evitarles, incluso, la reiteración de la oída de las ideas y opiniones de este Consejero, por una parte, para procurarles que puedan oír de forma directa al responsable máximo dentro de la Consejería de estos temas, he entendido oportuno no solamente que nos acompañe sino que sea él, de forma -repito- directa, el que asuma de hecho el núcleo de la comparecencia y el que les pueda no solamente exponer sino responder, en su caso, a cuantas preguntas e inquietudes formulen. Con esto, no solamente estoy diciendo que en estos momentos quien mejor puede en esta Comunidad hablar del tema es el Director General de Tributos y Política Financiera, sino que, habiendo sido así estimado por la Presidencia, yo entiendo que debemos ceder la palabra para que lo explique de una forma precisa, concisa y al mayor nivel de rigor y de profundidad. Por lo tanto, señor Presidente, permítame que ceda la palabra al Director General de Tributos y Política Financiera, don Pablo Gayubo.

Muchas gracias.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Bueno, buenas tardes. En fin, en mi comparecencia ante Sus Señorías en esta Comisión de Economía, Hacienda y Comercio, en la primera parte de la materia, sobre Política Financiera, Sociedades de Garantía Recíproca y Cajas, en el tema de Política Financiera, considerando que las otras dos partes, SGR y Cajas, también forman parte de ello, he considerado interesante el tratar temas de Deuda Pública, de avales y de convenios, convenios con instituciones financieras. Entonces, paso a exponer la política de endeudamiento seguida, fundamentalmente con una descripción; es decir, después de una introducción, una descripción sobre la gestión hecha en el año ochenta y cuatro y la gestión hecha en el año ochenta y cinco.

La política de endeudamiento la enmarcamos dentro de un análisis de necesidad en nuestra Comunidad de recurrir a ella, para facilitar la política de desarrollo, para, digamos, aumentar las inversiones públicas y apoyar la inversión privada. Hemos considerado unos elementos para definirla, que fundamentalmente son: este análisis de necesidad de las inversiones; el ver que otros instrumentos de financiación, como es el FCI, no permiten financiar algún tipo de inversión muy concreta, como puede ser, por ejemplo, el fomento de la inversión privada, dado que deben estar destinados exclusivamente a inversiones de tipo real; la capacidad legal de endeudamiento en el techo, en el tope establecido por la LOFCA del 25% que, evidentemente, no se llega ni con mucho, pero no sólo la capacidad legal sino principalmente la capacidad económica, intentando mantener un modelo que permita en el tiempo un margen de maniobra financiera y garantice la solvencia de la Comunidad; y, por otra parte, se ha tenido en cuenta la existencia en la Región de recursos financieros excedentarios que, a través de coeficientes obligatorios, de hecho están siendo desviados hacia otras Regiones.

También se ha considerado en toda esta situación un principio muy importante de coordinación con la política de endeudamiento de toda la Administración Pública en España, en concreto, coordinación con las emisiones públicas del Estado.

Entrando ya en el análisis de las acciones desarrolladas en el año ochenta y cuatro, lo he estructurado en tres apartados: proceso de emisión, las características de la emisión y el seguimiento de la emisión.

El proceso de emisión fue, como conocen Sus Señorías, la aprobación de la Ley por estas Cortes en un montante de 1.468.000.000 de pesetas y luego ya la articulación de esta autorización a través de un acuerdo de Junta que se realizó el cinco de Julio; la solicitud de autorización al Consejo de Ministros, puesto que ésta es una materia que exige autorización, precisamente por ese objetivo de coordinación general financiera, esta autorización se solicitó el once de julio del ochenta y cuatro, se establecieron contactos con las Cajas de Ahorro de la Región también ya desde este mes de junio, el acuerdo autorizando la emisión por parte de..., el acuerdo del Consejo de Ministros lleva fecha de veintinueve de agosto y la Junta aprobó un decreto, el Decreto 99/84 y unas órdenes, la Orden de catorce de septiembre y veintinueve de septiembre, para disponer la emisión fijando las características y las condiciones y normas de ejecución de esta emisión. Como la emisión se hizo enteramente computable para las Cajas de Ahorro, se le señaló un plazo para recibir las solicitudes de suscripción, plazo que terminaba el veintinueve de septiembre, y el día veintinueve de septiembre el Consejero de Economía y Hacienda presente dictó una Orden resolviendo la adjudicación entre las Cajas, que se hizo en proporción a los recursos ajenos captados en la Región. La Deuda se formalizó y se apoyó con una campaña institucional; realmente no era una campaña comercial de colocación sino una campaña que perseguía un doble objetivo: por una parte, el difundir los proyectos de inversión de la Comunidad y, por otra parte, potenciar, apoyar a las instituciones financieras, a las Cajas de Ahorro, por considerar que potenciaban el ahorro y la inversión regionales. El importe de esta campaña, pues, al final ha sido de 6.000.000 de pesetas.

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En cuanto al tercer apartado, las características... Perdón, segundo apartado. Las características de la Deuda, dicho ya el importe de 1.468.000.000, se estableció -y así se pidió la autorización- en un tipo de interés del trece por ciento, pagadero por semestres vencidos; la amortización en ocho años, con cuatro años de carencia, y en los quinto, sexto, séptimo y octavo años amortización por cuartas partes y, por tanto, resultando una vida media de seis años y medio, que era lo recomendado por la Comisión de Coordinación a nivel nacional. Y la Deuda Pública era computable y es computable en el coeficiente de fondos públicos de las Cajas de Ahorro de la Región.

En cuanto al seguimiento que se está haciendo es del devengo de intereses y de abono a las instituciones financieras.

En mil novecientos ochenta y cinco se ha empezado un proceso similar, que hasta estas fechas lo único que lleva es la autorización de Sus Señorías en la Ley de Presupuestos, por un montante de 2.800.000.000 de pesetas, y la Junta de Castilla y León, que adoptó ayer el acuerdo de autorizar al Consejero para emitir la Deuda correspondiente de este año. La previsión es de... la Junta va a solicitar próximamente autorización al Consejo de Ministros, como es preceptivo, pero estableciendo un plazo abierto, dado que al ser Deuda computable no existe la obligatoriedad de fijar unos plazos muy concretos de colocación, como sí existe cuando es de cara al público, entre otras cosas para que no haya solapamiento con otras emisiones, y, por tanto, al solicitar un plazo abierto se pretende conjugar las necesidades de financiación de la Junta de Castilla y León (a medida que las inversiones vayan madurando, que vayan paralelo su financiación) y, por otra parte, las posibilidades -en función de cómo tengan cubiertos los coeficientes-, las posibilidades de suscripción de las Cajas de Ahorro de la Región.

Por último, también en esta materia creo que conviene reseñar que la política de Deuda Pública ha quedado de alguna manera determinada en el Plan de Desarrollo Regional, recordando que era un Plan... que es un Plan abierto y que es deslizante, pero ahí figura en el capítulo IV cuáles son las previsiones de endeudamiento hasta el año ochenta y ocho, en que se figura en el año ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, unos volúmenes de 3.500.000.000 de pesetas cada año. En definitiva, insisto de nuevo en que a través de esta política se mantiene la solvencia y un margen de maniobra financiero en el tiempo y, evidentemente, se respetan los límites legales que, desde luego, se está muy lejos de cubrir.

En una segunda materia, que afecta también a la política financiera, la política de avales, para explicarlo he intentado estructurarlo en cuatro apartados; en primer lugar, la normativa del año mil novecientos ochenta y cuatro, en segundo lugar la tramitación de estos instrumentos por parte de la Junta, en tercer lugar las solicitudes y concesiones en el año ochenta y cuatro y, por último, señalar cuál es la normativa y cuál es la situación y las solicitudes en el año mil novecientos ochenta y cinco en que estamos. En cuanto al año ochenta y cuatro la Ley de Presupuestos de la Comunidad estableció esta línea de la posibilidad de conceder avales a corporaciones locales y a pequeñas y medianas empresas hasta un volumen global de 400.000.000 de pesetas y con un límite individual de 20.000.000 de pesetas; esta Ley, para poder cumplirla, fue desarrollada por la Junta de Castilla y León a través del Decreto 101/84 y la Orden de 25 de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, reguladores ambos de la prestación de este tipo de garantías.

Se han establecido unos trámites para el análisis y, en su caso, concesión de los avales solicitados, que yo no sé si es de interés o no pero que casi voy a señalar porque considero que demuestra el procedimiento serio que se ha pretendido establecer para llegar a utilizar este instrumento de política financiera. En primer lugar, el procedimiento nace a instancias, a solicitud del interesado y, tras comprobación de la documentación por si coincide o no con la normativa señalada, se solicita informe técnico a la Consejería afectada en función de la materia, es decir, a la Consejería de Industria, Consejería de Agricultura, Transportes, etcétera, para que haga un informe técnico y de viabilidad del proyecto de inversión para el que pretende crédito, que, a su vez, exige o requiere el aval o necesita el aval de la Junta; este informe técnico se acompaña de un informe económico-financiero elaborado por la Dirección General de Política Financiera, fundamentalmente entrando en los análisis de rendimiento de la inversión, de viabilidad de la inversión, desde el punto de vista financiero, y no sólo del proyecto sino también de la empresa, porque puede que haya proyectos rentables pero llevados a cabo por empresas que ya de por sí no son viables y por tanto que pueden no resultar; se eleva una propuesta de resolución por la Dirección al Consejero de Economía y Hacienda y el Consejero eleva la propuesta a la Junta de Consejeros, siendo la Junta el órgano competente para la resolución, según establece la ley de presupuestos. La duración de los trámites, aproximadamente, es de dos meses.

Pasando al tercer apartado, las solicitudes y concesiones en el año ochenta y cuatro, conviene señalar que la Orden articulando todo el proceso es de finales de octubre. Y, hecha esta consideración previa, señalo que en el año ochenta y cuatro se solicitaron seis avales, se concedieron tres, uno de ellos ya en el año ochenta y cinco pero antes de aprobarse los presupuestos del ochenta y cinco, y se han denegado otros tres. Los avales concedidos han sido TEGISAL por 20.000.000, Bodega Comarcal Cooperativa "Vinos del Bierzo" por 20.000.000 en León, Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos en Segovia por 20.000.000; y se han denegado Tapicerías "Soto" en León por no considerar financieramente viable el proyecto, Técnicas Decorativas Leonesas en León por no considerar financieramente viable el proyecto y la Sociedad Anónima, perdón, la Sociedad Agraria de

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Transformación "Santa Bárbara" por no ajustarse a lo establecido en el Decreto porque, de alguna manera, pretendía el aval para fondos de circulante.

De los avales se han formalizado dos; uno de ellos, de los concedidos, está sin formalizar, el de la Bodega Comarcal Cooperativa "Vinos del Bierzo", que era para una operación ante la Banca Oficial, ante el Banco de Crédito Agrícola, que posiblemente esté en este momento aún en gestión.

El riesgo vivo de la Comunidad es de 40.000.000 de pesetas en este momento. Y por rematar el tema de la tramitación, una vez concedido el aval se notifica al interesado y se formaliza en dos documentos: el documento de aval que presenta ante la institución financiera y el contrato de aval, que es el que regula las relaciones entre el avalado y la Junta que es el avalista.

Pasando al último apartado, cuarto: normativa y solicitudes de mil novecientos ochenta y cinco, señala a Sus Señorías que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este ejercicio, aprobada el veintiséis de marzo del ochenta y cinco, figura una línea de avales de primer aval por 600.000.000 de pesetas global, con la posibilidad de conceder avales individuales por importe máximo de 30.000.000 de pesetas, destinado a PYMES de todo tipo, cooperativas, etcétera. Esta ley se ha desarrollado por el Decreto 51/85, de nueve de mayo, y la Orden de veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cinco; en función de esta nueva normativa se están tramitando en este momento diecinueve expedientes, sin que hasta la fecha se haya resuelto ninguno.

Respecto al tema de avales, en esta primera parte no tengo, digamos, más extensión, aunque si Sus Señorías lo desean se podrá completar posteriormente.

En un tercer apartado, de política financiera, he considerado interesante el comentar la política desarrollada respecto a convenios firmados con instituciones financieras para el apoyo a PYMES. Se trata de un instrumento con una finalidad clara. Recordemos cuál es el tejido económico de nuestra Comunidad, fundamentalmente constituido por pequeñas y medianas empresas de todo tipo de sectores económicos, y cómo las PYMES tienen un difícil acceso, no sólo en nuestra Comunidad sino en todo el mercado nacional e incluso internacional, cómo estas empresas tienen un difícil acceso al mercado financiero, a los recursos financieros. Se ha pretendido, a través de convenios con instituciones financieras, conseguir créditos en cuantías suficiente en plazo medio o largo -que no es normal que es propio mercado lo facilite- y en tipos de interés; por una parte, tipo de interés preferenciales en cuanto a las instituciones financieras firmantes, pero hay que señalar que no se trata de cauces de financiación preferentes sino de, digamos, operaciones libres, es decir, no estamos hablando de coeficientes de regulación especial o de coeficientes de fondos públicos sino de la parte libre disponible para las instituciones financieras, y la intervención de la Junta, además de lo señalado, es subvencionar intereses o bien, alternativamente, capital, de tal manera que al prestatario le resulte interesante y pueda emprender su proyecto de inversión.

Hecha esta introducción, he estructurado la exposición en tres apartados; en primer lugar, un detalle de los convenios firmados en el año ochenta y cuatro; un segundo apartado el convenio firmado recientemente en el año ochenta y cinco sobre remolacha afectada por las heladas, etcétera, y un tercer apartado que son los proyectos que tenemos en este momento sobre esta materia.

Entonces, en los convenios firmados en el ochenta y cuatro se firmaron bastante tarde, concretamente el cinco de noviembre, y precisamente por este hecho se estableció en sus cláusulas que la duración de los mismos -teniendo en cuenta las previsiones ya presupuestarias y condicionado a ellas-, la duración de los mismos llegaría al treinta y uno de diciembre del año ochenta y cinco para que fueran realmente operativos, porque si no, realmente, no hubieran servido para nada. Han sido tres convenios de características bastante diferentes. Por una parte, el Convenio de Reforma... para la Reforma de las Estructuras Comerciales, y también para la modernización de estas estructuras comerciales, que por referencia, aunque ya el nombre lo indique, es el antiguo IRESCO; el Convenio para Apoyo a PYMES Industriales y el Convenio de anticipo, de ayudas, de subvenciones del Gran Area de Expansión Industrial. Las características principales de estos convenios son: en cuanto al de Reforma de las Estructuras Comerciales, de alguna manera en esta materia la Comunidad Autónoma tiene competencias totales, la Administración Central no desarrolla ninguna política y entonces, realmente, el sector comercio recibe este tipo de apoyo únicamente a través de la Comunidad. Hechas estas observaciones, pues tal vez sea más fácil de ver que el convenio, de alguna manera, es muy parecido al antiguo existente y tal vez tiene una mayor incidencia que los otros convenios. Permite subvencionar operaciones de crédito de hasta 25.000.000 de pesetas (en concreto, sobre la inversión sólo se puede llegar hasta el 70%, pero con ese límite cuantitativo de 25.000.000 de pesetas). El tipo de interés establecido es del 16 y 17%, 16 es en operaciones de crédito hasta tres años y 17 hasta 6 años, y por operatividad, en lugar de fórmulas de subvención de intereses, se ha pasado -como ya existía en el IRESCO antiguamente- a su equivalente financiero en forma de subvención de capital. Se establece una subvención de capital de entre el 6 y el 14% de subvención de capital, que nunca debe suponer una minoración de intereses superior a seis puntos; en definitiva, en la máxima concesión se trataría de créditos resultantes para el prestatario al 11%; esta variable de concesión se establece en función de una política fijada por la Consejería correspondiente, la Dirección General de Comercio, según cuál sea la importancia, la ponderación que se da a la inversión para la que se solicita el apoyo.

El volumen comprometido por las Cajas de Ahorro... en la región todas los suscribieron y el volumen

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total es de 1.600.000.000 de pesetas. Más o menos, no coincide del todo, pero más o menos el reparto se hizo en función de su potencial, es decir, de los recursos, pero también corregido en función de las necesidades provinciales.

En cuanto al convenio de PYMES, su característica es que, de alguna manera, en este sector sí existe otra línea de apoyo por parte de la Administración Central a través de un convenio firmado entre la banca oficial, banca privada, Cajas de Ahorro y subvencionado por el IMPI, por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, convenio a través del cual fondos libres -y por tanto teóricamente a un tipo de interés de mercado del 17 ó 16, 18%- se transforman en fondos, digamos, como si fueran a través de coeficientes, mucho más baratos. El objetivo es llegar a un 13,5%. Bien, señalada esta vía general que existe en toda España, la Comunidad Autónoma contempló una vía complementaria, no sustitutiva, cosa que han hecho algunas Comunidades Autónomas, sin embargo, esta posible vía de crear una vía sustitutiva, un camino sustitutivo, que, incluso se ha solicitado, no ha sido considerada conveniente para la Comunidad Autónoma porque suponía crear unos fondos competitivos con los generales y por tanto de alguna manera, renunciar a ayudas establecidas por el Estado a través del Ministerio de Industria, que no hubieran llegado a la Región y que hubieran ido a través de las ayudas de la Junta. La fórmula buscada es de subvencionar, también, subvencionar capital hasta un diez por ciento de la inversión pero con un máximo de los créditos de 10.000.000; en definitiva, en consideración máxima sería una subvención de 1.000.000 de pesetas para alguien que ha pedido un préstamo de 10.000.000; si los préstamos solicitados son menores pues la subvención sería hasta un diez por ciento.

Las características del convenio hacen que sean compatibles con el convenio del IMPI. Los tipos de interés se establecieron en el 17% precisamente para que se diera esta característica de compatibilidad con el convenio nacional.

En cuanto al convenio del Gran Area de Expansión Industrial, aquí se trata de un convenio muy diferente, son las operaciones que ya están aprobadas por el expediente de Gran Area de Expansión, que se han realizado las inversiones, que por tanto ya ha nacido el derecho a cobrar la subvención, pero que debido a la experiencia temporal se observaba una demora importante entre el nacimiento del derecho al cobro de la subvención total o parcial y el cobro efectivo. Esto provocaba problemas de financiación y de tesorería a los empresarios puesto que de alguna manera habían... contaban ya con esta subvención para poder efectuar su equilibrio entre ingresos y pagos y la fórmula buscada ha sido llegar a un convenio con las Cajas de Ahorro por el cual, automáticamente que se reconoce el derecho a la percepción de la subvención, este derecho se endosa, se traspasa, por así decirlo, a la Caja de Ahorros, Caja de Ahorros que por su parte pone inmediatamente a disposición del empresario el total, el cien por cien de la subvención, sin ningún descuento, y cuando varios meses después cobra la Caja de Ahorros la subvención endosada (la cobra a través del Ministerio de Hacienda, las Delegaciones de Hacienda), se produce, evidentemente, una liquidación financiera de intereses al 13,75% que se ha establecido que paga la Junta de Castilla y León. Creemos que ésta es una política que aunque tiene un coste apreciable ha supuesto un gran avance y una agilización y una ventaja, por tanto, considerable para las inversiones regionales.

Pasando al segundo apartado, en el año ochenta y cinco, bueno, en el año ochenta y cinco se están gestionando realmente estos tres convenios, como he señalado, y además recientemente se ha firmado un convenio -el veinticuatro de Mayo- con las Cajas de Ahorro y Cajas Rurales para subvencionar, para movilizar, en primer lugar, hasta un montante de 2.000.000.000 de crédito destinado a los agricultores dañados por las heladas de esta campaña. Las características de estas operaciones son: los intereses al 12%, porque aquí todas las operaciones se han declarado computables en los coeficientes obligatorios tanto de Cajas como de Cajas Rurales, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales, por tanto ya partimos de un tipo de interés preferente; y además, sobre ese tipo de interés preferente se establece una subvención de intereses equivalente a seis puntos, aproximadamente, porque va a depender de la demanda total, que en este momento ya se está cuantificando, empleando los 120.000.000 de pesetas aprobados por la Junta para esta atención. Según nuestra información, puesto que, el plazo acaba mañana, en este momento el volumen de demanda de crédito es de 1.428.000.000 de pesetas.

En un tercer apartado quería señalar a Sus Señorías cuál es un poco la problemática en este campo y qué estamos intentando hacer. En este campo están incidiendo unas variables -llamémoslas externas- que nos van a obligar a reestudiar todas las acciones emprendidas hasta ahora. En primer lugar, bueno, la integración, la adhesión a la Comunidad Económica Europea que, de alguna manera, señala políticas concretas de apoyo a PYMES que habrá que respetar. Y también está cambiando la normativa en España, el proyecto de Ley de Ayudas Regionales, que incluso va a hacer desaparecer instrumentos tales como el Gran Area de Expansión y demás.

Por otra parte, se considera muy importante el que las diversas acciones de la Junta estén coordinadas, es decir, que en este momento en los presupuestos de la Comunidad existan dotaciones para PYMES industriales, para PYMES de industrias agrarias, para PYMES turísticas por actividades de turismo, y lo que estamos haciendo es buscar una fórmula de coordinación de todas las acciones para, en coordinación con las instituciones financieras (Cajas de Ahorro ya firmantes del anterior convenio) y dando entrada a Banca Privada, generalizar el anterior convenio de PYMES haciéndolo más global y permitiendo que la política fijada este año en los Presupuestos de la Comunidad se pueda articular totalmente.

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En un cuarto apartado quiero señalar a Sus Señorías la política seguida con relación a las Sociedades de Garantía Recíproca, que también hay que enmarcar esta política dentro de la política de apoyo a las PYMES puesto que, en definitiva, a través de este procedimiento indirecto lo que se trata es de facilitar a las empresas el acceso al crédito, en este caso es a través de la posibilidad de que reciban avales que de otra manera tal vez no podrían obtener. En este apartado he considerado conveniente hacer una clasificación, en primer lugar, con un breve comentario sobre las SGR y la participación de la Junta de Castilla y León en ellas; en segundo lugar la política de fusiones y capitalización que estamos siguiendo; en tercer lugar algunos comentarios breves sobre el seguimiento de su gestión, y por último reseñar algunas políticas complementarias de apoyo.

Entrando en el primer apartado, recuerdo brevemente que las Sociedades de Garantía Recíproca nacen en España en mil novecientos setenta y ocho en base a un Real Decreto, el 1.885 del año setenta y ocho, y nacen realmente como una figura jurídica mercantil atípica, yo diría, puesto que se trata de unas sociedades de capital variable, tienen ciertos componentes claros de Sociedad Anónima pero, por otra parte, tienen componentes también de cooperativa, y en definitiva se trata de un hecho que hasta el momento no existía en el ordenamiento jurídico mercantil español. El objeto que buscan estas Sociedades es dar soluciones a los problemas financieros de sus socios puesto que su actividad sólo se concreta de cara a sus socios, y por tanto resalto este carácter mutualista; sus socios únicamente pueden ser pequeños y medianos empresarios y se articula a través de facilitarles, prestarles avales que les permitan acceder a los créditos. En Castilla y León nacen, a través de este impulso realmente oficial y de una necesidad sentida por la sociedad, por los empresarios, nacen cinco Sociedades de Garantía Recíproca, en concreto en las provincias de Avila, Segovia y Valladolid tenemos CENTRAVAL, previamente tuvo el nombre de PIMED, en Zamora nace SOBREZA, en Salamanca la Sociedad de Garantía Recíproca de Salamanca, en Palencia, Burgos y Soria SOGANORCA y en León SOGARLE. En todas ellas participa la Junta de Castilla y León con un compromiso de aportación como socio partícipe, socio protector, perdón, socio protector de 10.000.000 de pesetas por provincia. Tal vez convenga resaltar que en el capital de estas sociedades hay dos tipos de socios, unos socios protectores, fundamentalmente entes públicos, y en concreto los principales son la Junta de Castilla y León, el IMPI y las Diputaciones Provinciales, y luego los socios partícipes que son los propios interesados y los que necesitan los avales.

En este momento está prácticamente desembolsado la totalidad del capital suscrito. Recuerdo a Sus Señorías que en los presupuestos de la Comunidad de este ejercicio figuraba el compromiso del último desembolso además de un compromiso adicional para potenciar las fusiones, hecho éste de las fusiones que ha aparecido y que paso a describir. La política de fusiones ha nacido realmente por una necesidad sentida no solamente en Castilla y León sino en toda España. El nacimiento de las SGR un poco se ha dejado a la iniciativa tanto pública como privada, pero sin contemplar exactamente cuál podría ser la dimensión adecuada y cuál sería el requisito necesario para su consolidación, hizo nacer SGR algunas de ellas con dimensión provincial que no todas han demostrado ser en un futuro..., ser viables en el futuro. Esto ha llevado a un proceso que se está dando simultáneamente en toda España hacia su fusión. Realmente, observamos que en general van a quedar una SGR por Comunidad Autónoma, tal vez debido a la configuración nueva de nuestra Estado de las Autonomías. Pero sí quiero señalar que, sin embargo, hay tres Comunidades Autónomas en que se están definiendo un modelo distinto alternativo de dos Sociedades por Comunidad Autónoma; es debido, fundamentalmente, a problemas de gran extensión de estas Comunidades Autónomas y también tal vez a dificultades de comunicación como puede ser el caso de Galicia; las Comunidades son la nuestra de Castilla y León y la de Andalucía, en el resto realmente el modelo está llevando a una consolidación de una Sociedad de Garantía Recíproca por Comunidad. Aquí conviene resaltar que hay como una, digamos, una fuerza... dos variables que inciden en el sentido contrario. Hay una variable claramente que llevaría hacia una dimensión pequeña de la SGR y, por tanto, tal vez la dimensión provincial fuera la adecuada, y esta variable en concreto es que la SGR, para que sea viable en el futuro, se debe apoyar en la confianza mutua de los empresarios y es ese conocimiento, facilitado por la dimensión provincial, lo que tal vez facilite el lograr este objetivo.

Sin embargo hay otros objetivos, como es el de lograr Sociedades potentes, el lograr sociedades viables, de solvencia, que tengan fuerza para negociar con los intermediarios financieros, los que hacen buscar dimensiones más grandes. De las síntesis de estos dos objetivos es de donde están resultando las nuevas SGR. Pues bien, hecha esta introducción, quiero señalar que la Junta de Castilla y León está siendo me atrevería a decir el principal impulsor del proceso, por considerar que era básico para lograr consolidar este instrumento de apoyo a las PYMES. Respetando los intereses de los empresarios, que en definitiva son los que va a usar este instrumento, se está dibujando un modelo de una SGR que ya está constituida, que ya se ha fusionado, actuando en cinco provincias: Avila, Segovia, Valladolid, Zamora y Salamanca, por fusión de las tres SGR que actuaban antes; esta SGR es SOTECA, cuya escritura de fusión se ha firmado recientemente; y, tal vez, porque el otro proceso está sin consolidar pero se está trabajando en él, otra SGR actuando en León, Palencia, Burgos y Soria. El modelo no descarta el que en un futuro, si se ve importante, estas dos SGR se fusionen en una sola. Y desde luego lo que sí que contemplamos desde ahora es que

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ambas lleguen a una federación que permita facilitar los contactos con la Junta de Castilla y León, con instituciones financieras y que les permita que, a pesar de que sus raíces las tienen en parte sólo de la Comunidad, puedan actuar en toda la Comunidad, es decir, que aunque sólo tengan en cinco o en cuatro provincias sus raíces, a nivel de socios, sin embargo puedan extender, bajo la fórmula de coaval y apoyándose, por tanto, entre ambas mutuamente, su acción a toda la Comunidad.

Creo que he resaltado los intereses de la fusión y por tanto, por no hacer más larga esta exposición, lo voy a dejar sin ampliarlo. Y en cuanto al proceso de fusión, sí que quiero señalar que, además de haber sido impulsores, hemos sido los motores de un proceso paralelo que lo hemos considerado tan o más importante, cual es el proceso de capitalización. Sumar por fusión las fuerzas de las tres SGR que se han fusionado en SOTECA pues tal vez nos hubieran dado una sociedad más fuerte, pero tal vez también hubiéramos sumado problemas respectivos y, en definitiva, el resultado no hubiera sido todo lo que nosotros deseamos; por ello, se ha apoyado un proceso de capitalización en que la Junta ha comprometido -y de hecho ya ha desembolsado el 50% al firmarse la escritura- el doble del capital del que tenía en un principio; el IMPI, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, también ha doblado su aportación y hemos logrado en unas conversaciones y negociaciones con las Diputaciones Provinciales, dos de las cuales no participaban en las Sociedades preexistentes, en las Sociedades de Garantía Recíproca, como eran las Diputaciones de Segovia y Avila, hemos logrado que las Diputaciones pongan cada una 20.000.000 de pesetas; con esto hemos llegado a un modelo de Sociedad que ha más que duplicado su capital público y, por otra parte, está en este momento con el potencial suficiente para hacer la expansión que necesita de cara a los empresarios. El capital por tanto será (en SOTECA me estoy concretando) 100.000.000 de la Junta, 100... 95.000.000, perdón, del IMPI y 100.000.000 de las Diputaciones, además de otros capitales de cámaras de comercio, organizaciones empresariales y ya los propios capitales aportados por los empresarios que solicitan el aval.

Una política paralela es la que se está desarrollando en el caso de SOGARLE de León y SOGANORCA de Palencia, Burgos y Soria, también intentando que del proceso de fusión resulte una sociedad viable en el medio y largo plazo a través de una capitalización.

Paso al tercer apartado, que es resaltar a Sus Señorías brevemente cuál ha sido la gestión realizada ordinaria, por definir de alguna manera. La Dirección de Política Financiera asiste a los Consejos de Administración y Juntas Generales de estas Sociedades de Garantía, lo cual ha supuesto un esfuerzo considerable puesto que nuestra Consejería de momento no tiene Delegaciones Territoriales y son las personas de la Dirección las que se han desplazado a estos Consejos, a León, Zamora, Salamanca y Burgos, y también los que se han realizado en las otras provincias, aunque no esté la sede social. En concreto, en el segundo semestre, a modo de ejemplo, en el segundo semestre del ochenta y cuatro se ha asistido a veintinueve Consejos, y en el primer semestre del ochenta y cinco a catorce, ya menores por el proceso de fusión. También realizamos, además de este trabajo directo, donde se estudian las operaciones de concesión y demás, realizamos un análisis trimestral de la información financiera que nos remiten las SGR, información que es la oficial que, según la Orden de 18 de Julio del ochenta y cuatro, las SGR deben remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, a la Dirección General de Política Financiera en Madrid.

Por último, en un cuarto apartado señalo que estamos desarrollando -en algunos casos ya se ha plasmado en realidades-, estamos desarrollando unas políticas complementarias de apoyo a las SGR y en concreto a cuatro de ellas.

En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha aprobado un Decreto, el Decreto 17/85, de uno de marzo, de avales técnicos, por el cual se aceptan los avales prestados por las SGR de cara a garantizar contratos con la propia Comunidad, fianzas, subastas, etcétera.

También se está estudiando el establecer el segundo aval a las SGR, instrumento éste que está previsto en la Ley de Presupuestos. Ya el año pasado realizamos estudios, hicimos consultas con las propias SGR y no se desarrolló porque en este momento está cambiando la normativa estatal y queremos que nuestro instrumento esté coordinado con la misma. El campo del segundo aval en el Estado está articulado a dos niveles; a través de un instrumento público, que es la Sociedad Mixta del segundo aval del Estado y a través de una institución privada que es SOGASA, Sociedad formada por las propias SGR nacionales. De alguna manera, en este momento se está en un proceso de fusión de ambas sociedades prestadoras del segundo aval y tal vez lo que nosotros estamos contemplando es una política de coordinación y complementación de lo que resulte de esta línea general nacional. Por otra parte, como política complementaria queremos introducir una cláusula en los convenios. En el convenio anterior que he señalado de coordinación de todas las acciones de las consejerías, de apoyo a industria, a industria agraria, a turismo, etcétera, queremos que figura un clausulado que favorezca las SGR en cuanto a que reciban un trato preferencial y, por otra parte, pretendemos con ello no sólo darles un trato preferencial a las SGR sino que las SGR sirvan de difusoras y de impulsoras de estos mismos convenios. Porque sí que conocemos que, además de la labor propia de concesión de avales, están desarrollando otras funciones, como es la de asesoramiento y estudio de operaciones, etcétera, a los pequeños y medianos empresarios que consideramos importantes.

Yo no sé si es interesante resaltar algunos datos de las Sociedades en este momento. Tal vez puedo señalar que los capitales de los socios protectores hasta

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ahora en SOTECA eran de 178.000.000, pasan a 300.000.000; en SOGANORCA son de 107.000.000 e intentaremos que pasen a un volumen parecido, con la diferencia, tal vez, de una provincia menos. Perdón, son de 107.000.000 en SOGANORCA y de 44.000.000 en SOGARLE, es decir, que son casi ciento cincuenta y tantos millones que intentaremos que llegue también a una dimensión de 300.000.000. Y los socios partícipes en SOTECA tienen desembolsados 95.000.000, en SOGANORCA 50.000.000 y en SOGARLE 63.000.000. Nuestro objetivo es lograr dos SGR con unos volúmenes de capital cada uno de, aproximadamente, o superiores a los 400..., de 400 a 500.000.000 de pesetas.

El volumen de operaciones tramitadas por las SGR a la Región es de 6.314.000.000, se han aprobado 3.750.000.000 y se han firmado de ellos 2.290.000.000. Y no sé si... Bueno, en fin, existen más datos pero creo que tal vez sea recargar la exposición en este momento.

Paso a exponer a Sus Señorías la política financiera seguida en relación con las Cajas de Ahorros, que es el último apartado de este primer punto en que estaba... en que se concretaba la comparecencia.

He intentado esquematizar esta materia, que es realmente muy rica, en una introducción, un apartado sobre la asunción de competencias por parte de la Comunidad, un segundo apartado de desarrollo normativo, un tercer apartado de gestión efectuada, un cuarto apartado sobre la nueva normativa de Cajas de Ahorro, que son la Ley de Coeficientes, ya publicada, y la Ley de Organos Rectores que está en fase de proyecto en las Cortes Generales, y tal vez un último apartado con la situación de las Cajas en este momento en cuanto... de las Cajas de la Región en cuanto a recursos, créditos y demás.

Nuestra política respecto a las Cajas de Ahorro estaba concretada -y me voy a permitir señalarla o recordarla-, estaba concretada en el programa electoral del Partido Socialista de Castilla y León-PSOE, porque de alguna manera lo que luego voy a señalar son concreciones de los que figuraba en el programa. Se señalaba en el mismo, en cuanto a política financiera, que se iban a impulsar la federación de Cajas de Ahorro y Cajas Rurales y que se iban a asumir las facultades de coordinación, tutela y supervisión de Cajas de Ahorro, todo ello tendiendo a una regionalización progresiva de las inversiones, buscando una mayor autonomía financiera para la Región, impulsando la regionalización de los coeficientes de inversión y articulando una política crediticia para conseguir créditos a largo plazo y también créditos con reducción de tipos de interés de mercados, subvencionándoles en su caso.

Por otra parte, esta política fue expuesta por el Consejero de Economía y Hacienda en su intervención ante esta Comisión el veintidós de noviembre del ochenta y tres fijando los objetivos, resaltando cuáles eran las limitaciones legales y estatutarias que teníamos, porque sí que conviene tener presente que la política financiera es competencia exclusiva del Estado y que la Comunidad Autónoma tiene en esta materia competencias de desarrollo normativo y de ejecución de la normativa básica del Estado, en concreto sobre organización, régimen y funcionamiento interno de las instituciones de créditos cooperativo de las Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

Con esta introducción, que marca de alguna manera cuáles son los objetivos, paso a exponer a Sus Señorías cuál ha sido el proceso de asunción de competencias. Se ha concretado la asunción de competencias de la Comunidad Autónoma respecto a las Cajas de Ahorro con la aprobación del Decreto 50/84, de cinco de julio, y un Decreto complementario, el número 122/84, de ocho de noviembre. La base competencial está establecida en nuestro Estatuto de Autonomía en los artículos 27.4 y en el 39, y para el desarrollo y la solución de las competencias tuvimos muy en cuenta, de alguna manera, la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia número uno del ochenta y dos en que se establecieron las competencias de la Comunidad Autónoma del país Vasco respecto a Cajas de Ahorro, y es en esta Sentencia donde claramente y ya con carácter general se establece una doctrina de qué es lo que se debe entender por legislación básica y una serie de matices que han sido considerados en nuestro Decreto. Sin embargo, sí que quiero resaltar a Sus Señorías un problema surgido en nuestra asunción de competencias, puesto que el Decreto 50/84 señalado fue, digamos, considerado como que se extralimitaba en las competencias nuestras, de tal manera que se anunció... el Gobierno de la Nación notificó a la Junta de Castilla y León un posible conflicto de competencias si no se corregía. Paso a exponer este tema que, en fin, por señalar que no rehuyo los problemas tal vez más complicados que han surgido, pero que creo que va a quedar muy claro en qué consistía el problema y cuál es la solución que se le ha dado. El problema consistía en que en nuestro articulado, en el articulado del Decreto 50, se establecía un criterio de computabilidad, respecto a los coeficientes de fondos públicos de préstamos de regulación especial, un criterio basado en llamémosle objetivo, no subjetivo, basado en que las Cajas de Ahorro deberían computar en función de los recursos captados en Castilla y León, cualquiera que fuera su sede social. Evidentemente, en nuestra Comunidad Autónoma el problema era más, y es más aún, de "fuero que de huevo", porque realmente no inciden como Cajas propiamente dichas más que las que tienen sede social en nuestra Comunidad. Sin embargo, nuestro soporte legal era el siguiente: el coeficiente de fondos públicos estaba regulado por el Real Decreto 2869 del año ochenta, y en este Real Decreto de fondos públicos se establecía el criterio de computabilidad para recursos captados en la Comunidad pero sólo de Cajas de Ahorro con sede en la Comunidad. Sin embargo, el Real Decreto 360 del año ochenta y cuatro, cuatro años después, que regulaba la computabilidad en el coeficiente de préstamos de regulación especial, establecía

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un criterio contrario, totalmente objetivo, y señalaba que serían computados dentro de este coeficiente por las Comunidades Autónomas en función de los recursos captados en la comunidad, cualquiera que fuera la sede de la Caja de Ahorros. Por otra parte, nosotros conocíamos ya en aquel momento un proyecto de Ley, el proyecto de Ley de Coeficientes, que establecía también este último criterio. Teniendo en cuenta estas tres variables, consideramos que era, digamos, coger el espíritu de la norma, regular en nuestro Decreto sólo con un criterio, no con dos sino sólo con uno, y precisamente con el último fijado en la normativa básica del Estado, que era el de computabilidad en función de los recursos captados. No fue considerado así por el Gobierno de la Nación, se estimó que no se cumplía la normativa básica, que nuestras competencias de desarrollo habían sido superadas y, ante este requerimiento y contemplado el problema como un problema puramente temporal, puesto que el proyecto de Ley de Coeficientes estaba ya muy maduro en las Cortes, la Junta de Castilla y León aprueba un Decreto, el 122/84, en el que deja en suspenso este apartado del Decreto 50 señalando que queda en suspenso hasta que se apruebe la nueva normativa. Quiero señalar a Sus Señorías que la nueva normativa ha sido aprobada por Ley 13/85, de veinticinco de marzo, esta ley es la Ley llamémosla de Coeficientes, el título completo es de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de Intermediarios Financieros, y en la misma, en su artículo 4, se fija el criterio objetivo de computabilidad en función de los recursos captados, sin señalar en absoluto cuál sea la sede social de las instituciones.

Con esta exposición dejo cerrado el apartado de asunción de competencias y paso al apartado de desarrollo normativo. El Decreto, o los dos Decretos, si me permiten Sus Señorías, han sido desarrollados a través de una serie de circulares que en concreto son: una circular 1/84 sobre información previa de las Cajas de Ahorro; una circular 2/84 sobre expansión de Cajas de Ahorro, todo el tema de la apertura de nuevas oficinas, etcétera; una circular 1/85 que regula el registro de altos cargos; la circular 2/85 que regula la publicidad de Cajas de Ahorro con sede en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y la circular 3/85 solicitando información complementaria respecto a los coeficientes de inversión obligatoria de las Cajas de Ahorro.

Este es el desarrollo normativo, que tal vez habría que completar con alguna instrucción o comunicación directa a las propias instituciones y que ha permitido articular, en concreto, el Decreto de asunción de competencias. Sí que quiero señalar, sin embargo, que hay partes del Decreto que no han podido ser desarrolladas fundamentalmente porque la Junta de Castilla y León, la Consejería de Economía y Hacienda, considera que el trabajo es lo suficientemente delicado, que conviene avanzar en dos frentes: en primer lugar, hacerlo de forma coordinada con el Estado, con el Banco de España y, en segundo lugar, formar en este tiempo el personal para poder realizar y asumir con seriedad las competencias. Me estoy refiriendo a las competencias de inspección de Cajas de Ahorro que recoge el Decreto.

Paso al tercer apartado, de la gestión efectuada. Respecto a la gestión efectuada, tal vez, yo creo que conviene resaltar, porque es un hecho importante apoyado desde siempre por la Consejería de Economía y Hacienda, el hecho que quiero resaltar es la fusión de las Cajas de Ahorro de Avila; unos días antes de la publicación del Decreto 50 se culminó otro proceso que también estábamos siguiendo de cerca, otro proceso de fusión, que fue el proceso de fusión de la Caja de Ahorros de Palencia y la Caja de Salamanca; sin embargo, en ese proceso no tuvimos intervención competencial porque no estaba... no habíamos asumido aún las competencias.

En el caso de las Cajas de Ahorro de Avila quiero señalar que hemos seguido el proceso de cerca con gestiones en el Banco de España, en el Ministerio, en la CECA, también con gestiones con ambas instituciones para facilitar la culminación del proceso; que con fecha treinta y uno de diciembre el Consejero dictó la Orden de fusión, que la fusión se ha demorado hasta el treinta y uno de marzo porque en paralelo estaba pendiente una resolución sobre exención fiscal del proceso de fusión, y que en este momento ya no existe más que una Caja de Ahorros en Avila; la Caja General de Avila.

Después de resaltar este apartado, y respecto a gestión, muy rápidamente enumero unos puntos. Se ha creado el registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León, el Registro Oficial de Cajas de Ahorro d Castilla y León; se ha creado el registro de altos cargos de las Cajas de Ahorro de Castilla y León; tenemos también el registro de todas las oficinas abiertas por las Cajas de Ahorro de Castilla y León para poder realizar las competencias sobre control de las nuevas aperturas de oficinas; se están autorizando las campañas publicitarias, bien generales, bien particulares; autorizando los riesgos de las Cajas de Ahorro en operaciones con personas naturales o jurídicas cuando superan el 2,5% de los recursos ajenos o el 30% de los recursos propios; también la autorización de las operaciones de altos cargos de las Cajas de Ahorro; que estamos recibiendo sistemáticamente, con carácter mensual, trimestral, semestral o anual diversa información de las Cajas de Ahorro sobre sus partidas de balance, cuentas de resultado, cumplimientos de coeficientes, etcétera; información confidencial que está teniendo este tratamiento, por tanto, evidentemente, hay un secreto estadístico y que hemos tomado las medidas necesarias para que no haya nadie que pueda acceder a esta información, sí se proporciona la información de lo que son los balances públicos, que por cierto es información muy completa. Se están recibiendo los estados auditados en este momento de las Cajas y también... Bueno, quiero señalar que se han aprobado recientemente resultados del año ochenta y cuatro de ocho Cajas de Ahorros, que han supuesto

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7.082.000.000 de pesetas, de los cuales se han destinado a obra benéfico-social, que también se ha aprobado, 1.827.000.000; el resto se ha destinado a reservas para cumplir los coeficientes de garantía. Y también estamos realizando un seguimiento de los coeficientes de fondos públicos y de préstamos de regulación especial.

No sé si atreverme a señalar que realmente la gestión es importante pero que debería ser mayor y que tenemos una limitación clara, que es una limitación de personal, no porque no exista dotación presupuestaria sino por los problemas de la nueva normativa sobre concursos y demás que nos está demorando bastante el cubrir esta necesidad.

En un cuarto apartado quiero señalar a Sus Señorías que en toda esta materia tenemos ya o vamos a tener muy pronto una nueva normativa general del Estado, es decir, lo que deberíamos considerar legislación básica, que va a exigirnos estudiar nuestros dos Decretos de asunción de competencias para, en su caso, modificarlos acomodándolos a la normativa básica nueva. La normativa básica nueva fundamentalmente se va a contener en dos Leyes: una Ley que ya está publicada, la Ley 13/85, que les he señalado hace un momento, de Coeficientes de Inversión, y el proyecto de Ley de Organos Rectores que está en este momento en el Senado.

En cuanto a la primera, a la Ley 13/85, voy a señalar rápidamente sus características principales y en qué medida nos va a afectar. Creo que tal vez lo más importante es que su orientación es claramente liberalizadora y que en su contenido está buscando que todas las instituciones financieras tengan los mismos, las mismas obligaciones, y por ello vamos a asistir a una liberalización comparativamente superior de las Cajas de Ahorro con respecto a la Banca, precisamente para llegar a que ambas instituciones estén en el mismo nivel de obligación de coeficientes. Esta política de liberalización se concreta en que desaparecen, son derogadas una serie de normativas anteriores que regulaban cuatro coeficientes obligatorios de las Cajas de Ahorro. En este momento ya están derogados. Está derogado el coeficiente de fondos públicos, que era el 25,25%, el coeficiente de préstamos de regulación especial, que era el 10%, el coeficiente de financiación a largo plazo, que era el 10%, y el coeficiente de inversión en títulos de Deuda Pública del Tesoro del Estado, del 11%, y además podemos considerar... Bueno, también está derogado un coeficiente que no era acumulativo a éstos, que era el coeficiente de regionalización. En lugar de todos estos coeficientes se crea un único coeficiente obligatorio para todas las instituciones financieras, Cajas o Bancos, por un máximo... que puede tener un máximo del 35%, que a su vez se subdivide en dos, con máximos en dos coeficientes que también tienen unos máximos, que evidentemente no se pueden dar simultáneamente; por una parte, un 15% máximo a computar en títulos de Deuda a corto plazo o medio plazo emitidos por el Tesoro o el Estado, y un 25% máximo del resto de activos computables. Esta Ley no ha sido desarrrollada aún posteriormente; sin embargo, hay una Orden anterior (está publicada antes que la Ley), una Orden de veinte de febrero que regula los coeficientes públicos antiguos y que establece que son el 11% (este 11% coincide con el anterior de pagarés) y el 16,5%. A su vez, este 16,5% se divide en dos partes: un 8,5% para cédulas de inversiones y un 8% para el resto.

Teniendo en cuenta que la nueva normativa establece que la Comunidad Autónoma va a poder computar el 20% de una serie de recursos, una serie de activos en que se han excluido los Títulos del Tesoro y las Cédulas, pues podemos concretar simplificadamente que las posibilidades de computar la Comunidad Autónoma se reducen al 20% del 8, con lo cual estamos en el 1,6; sin embargo, en este coeficiente antes teníamos una posibilidad de computar del 2,2 y, acumulando con los otros coeficientes, del 4,2. En definitiva si en la Legislación anterior la posibilidad de computar por parte de las Comunidades Autónomas en términos netos era del 4,2; 2,2 en coeficientes de fondos públicos y 2% en préstamos de regulación especial, y la nueva normativa nos lleva a una posibilidad de computar del 1,6, se establece ahí un salto que podía ser traumático y que la normativa, a través de esa Orden que he señalado de veinte de febrero y del desarrollo posterior, lo ha establecido en un plazo de cinco años. En definitiva, se pasa de unos coeficientes de más del 56% al 35%, esta bajada de coeficientes también afecta a la Comunidad Autónoma y el pase de un nivel a otro nivel se va a desarrollar en cinco años con, en fin, un criterio que consiste en lo siguiente: sobre los nuevos incrementos de pasivos la Comunidad Autónoma va a poder computar el 1,6 ya de ahora en adelante; sin embargo, sobre los pasivos computables el treinta y uno de diciembre del ochenta y cuatro hay un decremento temporal, desde febrero del ochenta y cinco a febrero del año noventa, de mil novecientos noventa, que hace pasar el coeficiente del 4,2 al 1,6. En definitiva, por tanto, dentro de cinco años tendremos reducido al 1,6.

Quiero señalar que no está desarrollada aún la Ley de Coeficientes en cuanto a qué vaya a ocurrir con los antiguos préstamos de regulación especial, y esperamos que en esa materia también tendremos una cuota de computabilidad. Sin embargo, sí que creo que de lo expuesto se resalta que la política general de liberalización, que tal vez sea conveniente para lo que es las instituciones financieras a nivel global de toda España, nos preocupa a nivel de la Comunidad de Castilla y León porque nuestra Comunidad se caracteriza, en general, porque en ese sector siempre se han producido unos estrangulamientos financieros y, a través de una serie de mecanismos, nuestra Región tradicionalmente es exportadora de recursos financieros. Había un instrumento -evidentemente no es el único-, un instrumento de asentamiento de estos recursos en la Región que era a través de los coeficientes obligatorios. Mientras la Comunidad Autónoma no ha tenido títulos de Deuda Pública computables o no ha declarado

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computables otros valores, evidentemente, estos valores no teníamos garantías de que se cubrían con títulos de la Región y tradicionalmente podrían estar materializados en títulos del Estado o bien títulos de compañías eléctricas, telefónica, etcétera, pero en este momento claramente teníamos ahí un instrumento que se reduce. Y quiero resaltar que este hecho nos preocupa y que nos está moviendo hacia una actuación paralela de una mayor relación y coordinación con las instituciones de crédito, con las Cajas de Ahorro, para que lo que no vaya por vía de coeficientes obligatorios vaya por vía de empleo libre de recursos en la Región. Porque tenemos muy claro y conviene resaltar que las Cajas de Ahorro son entidades sin ánimo de lucro; nos preocupa que los nuevos fondos libres se canalicen por operaciones tipo Buxeres, etcétera, cuyo fin principal debe ser cumplir su carácter estatutario, que es facilitar el acceso al crédito y el desarrollo económico y social de la zona de su ámbito de actuación, que es nuestra Comunidad Autónoma.

En cuanto al nuevo proyecto de Ley sobre Organos Rectores, yo no me quiero prácticamente ni extender, lo único que señalo es que vamos a tener muchas mayores competencias y mayor responsabilidad. En el proyecto, por ejemplo, figura que la Comunidad Autónoma va a estar representada en la Comisión de Control, vamos a tener que establecer los procedimientos para elección de órganos rectores, de funcionamiento de las asambleas y demás; pero, considerando que este proyecto está aún en las Cortes Generales, pienso que no puedo decir mucho más de él. De todas maneras, si luego se quiere alguna puntualización tengo documentación que podíamos tocar.

Por último, tal vez para resaltar la importancia de esta materia, he establecido cuáles son los datos principales de tipo numérico de las Cajas de Ahorro en la Región al treinta y uno de diciembre del ochenta y cuatro, en que en primer lugar conviene resaltar que tiene un volumen de captación de pasivos de más de 550.000.000.000 de pesetas. De estos, en inversiones crediticias y en cartera de valores tienen materializados 371.000.000.000 de pesetas; haciendo el desglose de ambas inversiones, en inversiones crediticias -en créditos concedidos por tanto- tienen el 64,6% de la cifra anterior, es decir, 239.000.000.000 de pesetas, de los cuales el 95% va al sector privado, con 229.500.000.000 de pesetas, y el 4,3% va al sector público con 10.337.000.000 de pesetas. Esto en cuanto a inversiones crediticias.

En cuanto al otro apartado de materialización de los activos, la cartera de valores con el 35,4% restante suma 131.000.000.000 de pesetas y se desglosa en fondos públicos: 51.000.000.000, en bonos y obligaciones privados: 74.700.000.000 y en acciones y participaciones: 5.406.000.000. Además de estas inversiones en créditos y en cartera de valores, las Cajas de Ahorro de la Región en esta fecha tenían pagarés del Tesoro por un importe de 69.400.000.000 y la suma de inversiones crediticias, cartera de valores y pagarés del Tesoro suma 440.510.000.000. Es decir, en porcentaje tenían empleados de sus recursos un 54,4% en créditos, un 30% en cartera de valores y un 15% en pagarés del Tesoro.

Tal vez convenga desglosar brevemente los créditos que hemos señalado, cómo se distribuyen por actividades productivas. En el sector primario está destinado el 26,8% con 33.000.000.000; el sector industrial el 25% con 31.000.000.000; la construcción recibe el 28% con 34.000.000.000 y el sector servicios, aproximadamente, un 20% con 24.000.000.000. Además se materializan (esto sería en inversiones) créditos a empresas, créditos a actividades productivas, además hay créditos a personas físicas, fundamentalmente a la vivienda, por 87.000.000.000 de pesetas y otros créditos sin clasificar por 18.000.000.000.

Y con esto considero la primera parte, en cuanto a todo lo referente a política financiera, cerrado en esta parte de exposición.

Y brevemente expongo la segunda parte de la comparecencia, que es ya de política distinta: la tributaria. En concreto, la petición del Grupo Parlamentario Socialista señala: "Informar acerca de la situación en que se encuentra la cesión de tributos".

Respecto a la cesión de tributos voy a esquematizar la exposición en una introducción y cuatro apartados; la introducción, fundamentalmente, es enmarcar la cesión de tributos como instrumento dentro de la financiación de la Comunidad; en un primer apartado una referencia a la normativa de la cesión; un segundo apartado sobre el proceso de la transferencia de servicios; un tercer apartado que es la situación actual de la cesión de tributos, y por último un breve apartado sobre prospectiva.

Creo que conviene, al empezar a hablar de la cesión de tributos, enmarcar la materia dentro del tema de la financiación de las Comunidades Autónomas, financiación que está regulada por la Constitución española, por la LOFCA y por los Estatutos de Autonomía y que de alguna manera, simplificadamente, podríamos señalar que establece tres tramos de financiación: un tramo de suficiencia, un tramo de solidaridad y un tramo de autonomía. De alguna manera, el tramo de suficiencia permitiría prestar los servicios al mismo nivel que los prestaba la Administración Central del Estado; el tramo de solidaridad permitiría, debe permitir corregir los desequilibrios existentes tanto en servicios como en dotaciones de capital, y el tramo de autonomía establecería las nuevas políticas para satisfacer nuevas necesidades sentidas por los ciudadanos.

Bien, dicho esto, tan sólo resaltar que los tributos cedidos constituyen uno de los pilares básicos del tramo de suficiencia, tal vez junto con el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, aunque ya desde ahora quiero resaltar que los instrumentos, tal como los define la LOFCA, no son claramente..., no están claramente destinados a conseguir un solo objetivo.

Entrando ya en concreto en la materia de la cesión de tributos, brevemente hago una referencia a la normativa.

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La cesión de tributos, que debemos ver que se trata de tributos de titularidad estatal, que van a seguir siendo de titularidad estatal y que se transfiere la gestión, la recaudación, a la Comunidad Autónoma, por tanto, hecho este repaso de toda la normativa, lo que nos podemos preguntar es qué falta en este momento para el tema de la adhesión de tributos. Bien, para la adhesión de tributos no falta nada; sin embargo, para la transferencia de servicios que gestionen los tributos cedidos sí falta aún algo, que es la publicación del Real Decreto de Transferencias.

Paso, precisamente, a entrar en este tema de las transferencias en un segundo apartado en que detallo el proceso de la transferencia de servicios.

Respecto a las transferencias de servicios, tal vez conviene señalar cuál ha sido la metodología a seguir, porque se trata de una metodología muy especial. Mientras que en general en otras competencias asumidas por la Comunidad Autónoma y por otras Comunidades, las transferencias de servicios se han hecho en bloque, porque servicios enteros a nivel periféricos han pasado totalmente a la Comunidad Autónoma, en la materia de Economía y Hacienda hemos asistido a un caso muy especial, y es el siguiente: que la Hacienda estatal sigue estando... no se ha transferido a la Comunidad Autónoma; el sistema fiscal, las figuras principales que contiene, como es el impuesto de renta, como es el impuesto de sociedades, como es el impuesto del ITE, etcétera, los especiales, siguen gestionados por la Administración Central. Y, en definitiva, aquí ha sido necesario una partición de la Hacienda Estatal, pero una participación en una proporción del orden del diez al quince por ciento para que de esa partición nazcan unos servicios de gestión de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas y en concreto a la nuestra.

Esto explica que la negociación haya sido lenta y laboriosa, porque, de alguna manera, la Comunidad, la Consejería de Economía y Hacienda hemos cuestionado la metodología. Se partía de una premisa discutible. Esta premisa era que de un conjunto que presumimos funcional, cual es una Delegación de Hacienda cualquiera, organizado, estructurado, jerarquizado y con funciones, trabajos y elementos humanos, etcétera, racionales, por división se tiene que si sacamos un subconjunto del quince por ciento se reproducen exactamente todas las funciones que existen en el conjunto grande, cosa que nosotros hemos discutido. Y, en concreto, hemos visto que existen fundamentalmente las funciones directivas que no son divisibles; evidentemente, pues no pasa a ningún Delegado de Hacienda y no pasa, en fin, que hay una serie... no pasa al interventor. Y esto tal vez explique la metodología seguida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a las Comunidades Autónomas y qué es -en aplicación a esta metodología- la propuesta que nos han hecho a nuestra Comunidad? Pues bien, en primer lugar, hay que distinguir dos casos: funcionarios, que gestionaban directamente los tributos cedidos, fundamentalmente en el campo del a gestión liquidación. Los funcionarios que gestionaban estos tributos pasan al cien por cien a la Comunidad Autónoma, es decir, que el señor que estaba liquidando destino, pasa a la Comunidad Autónoma, y el señor que liquidaba trasmisiones patrimoniales, pasa a la Comunidad Autónoma, etcétera. Sin embargo en una Delegación de Hacienda, hay muchas funciones que son de tipo horizontal y también había funcionarios que realizaban trabajos, tanto como para los tributos cedidos como para los no cedidos, pensemos por ejemplo en un Inspector de Hacienda o en valoración, o revisión de expedientes, o notificaciones, etcétera. En este segundo caso, la metodología establecida por el Ministerio, es una metodología un poco extraña, si se me permite, yo he utilizado cuando he estado en las Delegaciones negociando con los Delegados incluso con los funcionarios, pero en el buen sentido, yo creo que es un poco, una metodología a lo "Frankenstein" porque consistía en calcular cantidades equivalentes de personal, y se trataba de ver qué carga de trabajo suponía la cesión de tributos, ir acumulando porcentajes, y al final veíamos si salía, pues un interventor y medio, ocho auxiliares medios, etcétera.

Creo que es importante resaltar esto para que se vea la complejidad de esta transferencia de servicios.

Hecha esta exposición de la metodología, brevemente las gestiones realizadas. Cuando asumimos la responsabilidad, en, ya existen los cálculos previos hechos por ambas Delegaciones de Hacienda, cálculos que se los, que se habían remitido al Consejo General de Castilla y León y que la Junta, al tomar posesión se encuentra allí. Como es señalado la Junta en primer lugar se cuestiona, en parte el método y en parte los cálculos porque también y permítanme que les señale, y no es innovación de nuestra Comunidad, sino de otras Comunidades, hay Comunidades y nosotros compartimos la idea que señalan que aquí se han dado algunos efectos perversidad, a la hora de calcular las cargas de trabajo, el funcionario que él mismo tenía que decir qué carga de trabajo le afectaba cuando la adhesión de tributos y no le afectaba, pues también, había un elemento, llamémosle subjetivo, que influía. Se ha visto en algunos cuerpos, en especial, bueno -no es momento de detenerse en el tema-, el criterio, el criterio de la Junta de Castilla y León ha sido replantearse este método, replantearse la negociación y en definitiva, ¿qué se ha pretendido? se ha pretendido conseguir unas Delegaciones de Hacienda en pequeño, porque hay que decir, hay que decirlo, son Delegaciones de Hacienda, no se trata de un, de una partición vertical de una Delegación de Hacienda en que se sacan los señores que llevaban esos tributos, sino que se trata de generar una nueva administración, que sea capaz de realizar los trabajos de gestión-liquidación, fiscalización, valoración, inspección, recaudación, revisión y en general todas las funciones -sí que es verdad que limitadas a unas figuras tributarias menores en número y menores en cantidad- pero a todas funciones que se realizan en las Delegaciones de Hacienda.

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Las negociaciones principales se desarrollaron los meses de Septiembre y Octubre del ochenta y tres y el dieciocho de Noviembre del ochenta y tres se firmó un acta, con los anexos correspondientes de una conformidad previa, entre todos los Delegados de Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda, sobre cuáles iban a ser los funcionarios de, de las nueve provincias que iban a pasar, quedaban en aquel momento, pendientes de negociar los costes de los Servicios Centrales, los Costes Interdepartamentales.

¿Por qué se corrió tanto? se corrió tanto porque en aquel momento, todos los indicadores señalaban que la cesión de tributos para Castilla y León se podía producir el día uno de Enero del año ochenta y cuatro, y quiero resaltar que nuestra Comunidad, estaba preparada para asumir los Servicios en dicha fecha porque habíamos hecho todas las negociaciones a un ritmo incluso superior al ritmo realizado por otras Comunidades, que sí tuvieron la adhesión y aún han esperado un año a subir los Servicios porque no hicieron este proceso. Sin embargo nosotros a pesar de tener hecho el trabajo, no pudimos tener la transferencia de Servicios, porque no se cumplió el requisito objetivo de la adhesión de tributos, este requisito era que el coste efectivo de los servicios transferidos con valoración definitiva superara la recaudación de los tributos cedidos a la Comunidad en el año anterior, este requisito no se cumplió el uno de Enero del ochenta y cuatro, por tanto la adhesión a pesar de estar preparada no se realizó.

Esto ha supuesto unas ventajas y unos inconvenientes, la ventaja principal es que durante un año más estas unidades funcionales han trabajado dependiendo de las Delegaciones de Hacienda y por tanto han demostrado si son o no son capaces de realizar la gestión tributaria de estos tributos, en cuanto a inconvenientes, sí quiero señalar que se han producido ciertos desalientos que en parte hemos intentado contrarrestar con relaciones personales, desalientos de los funcionarios, porque de alguna manera han quedado en una situación extraña en tierra de nadie, no han sido funcionarios durante este año ochenta, durante el año ochenta y cuatro de la Comunidad Autónoma y de alguna manera ya en la Administración del Estado, les veían ya casi como unos funcionarios que ya se estaban alejando del puerto.

También se ha producido en el año ochenta y cuatro variaciones inevitables debidas a concursos, jubilaciones, traslados, que han obligado a un replanteamiento y una reactualización de todos los anexos.

Y por último quiero señalar que en el año ochenta y cinco hasta estas fechas se han cerrado las negociaciones fundamentalmente de los funcionarios de costes centrales e interdepartamentales, donde han resultado cuarenta y cuatro funcionarios; además se ha conseguido también personal de grabación informática para cada una de las unidades provinciales, y luego también se ha completado la negociación en cuanto inmuebles, que, como saben Sus Señorías, todos ellos vienen transferidos en arrendamientos, excepto el caso atípico de Soria que viene en propiedad.

En este momento (paso ya al tercer apartado) la situación actual de la cesión es: en primer lugar, insisto en que la cesión de tributos ya es efectiva desde el uno de Enero del ochenta y cinco, según establece el Real Decreto citado; sin embargo, la transferencia de servicios aún no se ha producido. Pero en esta materia la Comisión Mixta de Transferencias ha adoptado el acuerdo necesario el día veintidós de Mayo del ochenta y cinco, es decir, que en este momento ya está todo hecho: están determinados los anexos tanto de personal como de elementos materiales, inmuebles, etcétera. En definitiva, y no es... por no cansar, con respecto a las relaciones iniciales que existían en Agosto del ochenta y tres y las que hay ahora se ha pasado de ciento cuarenta y seis funcionarios a doscientos veinte funcionarios -sí es verdad que aquí se computan los centrales- y en este momento no queda más que la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros -que es requisito que el acuerdo de la Comisión Mixta revista la forma de Real Decreto- y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Nuestras previsiones es que, por tanto, deberemos aún esperar de uno a dos meses a que jurídicamente todos estos servicios pasen transferidos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Por último, en esta materia quiero hacer una pequeña prospectiva, resaltando cuatro puntos que juzgo de interés.

En primer lugar, la importancia de los tributos cedidos en la financiación de nuestra Comunidad Autónoma. Los tributos cedidos han tenido una recaudación en los años anteriores de los siguientes montantes: en el año ochenta y dos de 13.000.000.000 (redondeo); en el año ochenta y tres de 15.900.000.000, y en el año ochenta y cuatro de 17.300.000.000. El desglose, y aprovecho para resaltar cuáles son las cinco figuras tributarias a transferir, o cedidas, el desglose es el siguiente: el impuesto de sucesiones, 2.000.000.000; el impuesto extraordinario de patrimonio, 810.000.000; el impuesto de transmisiones patrimoniales, 3.900.000.000; el impuesto sobre lujo en destino, 5.600.000.000, y la tasa de juego 4.900.000.000. Aproximadamente, y obviando los redondeos que he hecho, 17.300.000.000 en el año ochenta y cuatro.

El desglose por provincias también lo tengo, pero casi voy a pasar sobre él. Y en el año mil novecientos ochenta y cinco Sus Señorías han aprobado el Presupuesto de la Comunidad y en él figura la consignación en el Estado de Ingresos de los tributos cedidos por un montante total de 21.600.000.000 de pesetas. Este montante lo consideramos de alguna manera un reto. Ya en la memoria y en el Informe Económico-Financiero de los Presupuestos se señaló que era inferior a las previsiones que hacía la Administración Central, pero consideramos que pasar de 17.400.000.000 a 21.000.000.000 es un salto muy importante y que, en todo caso, estas cifras resaltan la importancia que tiene la cesión de tributos, porque suponen aproximadamente un 40% de la financiación total de la Comunidad,

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un 70% del coste efectivo de los servicios transferidos asumidos. Es decir, si excluimos el Fondo de Compensación, la Deuda Pública, etcétera, pues bien, sobre el resto de gastos -llamémoslo gasto ordinario- los tributos cedidos son el instrumento de financiar el 70% de todo ese tipo de gastos.

Segundo apartado a resaltar: la incidencia de la implantación del IVA. Como saben Sus Señorías, la adhesión a la CEE, entre otras implicaciones, tiene el que España deberá armonizar su sistema fiscal con el de la Comunidad, que, si bien es cierto que no está demasiado armonizado, sí en el caso de la imposición indirecta ya desde hace años la Comunidad ha establecido que no puede existir más que el Impuesto del Valor Añadido, desapareciendo cualquier otro impuesto de cualquier otra naturaleza que grave las cifras de ventas o el consumo. Esto va a suponer, en concreto para nuestra Comunidad, que el impuesto de lujo en destino que se cede va a desaparecer posiblemente el día uno de Enero del año ochenta y seis, y también parte de los hechos imponibles actualmente grabados en el impuesto de trasmisiones patrimoniales. Nuestra estimación es que aproximadamente va a desaparecer por esta vía el 39% de los ingresos de los tributos cedidos. Evidentemente este hecho nos plantea una pregunta, un interrogante, es si esto va a suponer un perjuicio para la financiación de la Comunidad. Debemos afirmar que no, en principio que no, y es debido a que el sistema de financiación de la Comunidad ya en esta etapa transitoria -y mucho más esperamos en la definitiva-, de alguna manera está articulado a través de unos sistemas complementarios, y en definitiva lo que va a pasar es que la no recaudación por tributos cedidos -al perder el lujo de destino y partes de trasmisiones- va a venir a la Comunidad a través de una mayor participación en los ingresos del Estado no cedibles, vía porcentaje de participación. Esto de forma inmediata parece ser que es la solución y, desde luego, parece que es la única que encaja con la normativa. En cuanto al medio plazo, como prevén los Estatutos y la LOFCA, podrá ser cedida a la Comunidad la recaudación del IVA en la fase minorista, aunque sí que quiero señalar los problemas que plantea, fundamentalmente de gestión; en su día esta cesión del IVA en la fase minorista supondrá un proceso inverso de estos vasos comunicantes, es decir, que supondrá una minoración en el porcentaje de participación. Las estimaciones que tenemos son (sí que es verdad que más bien son un deseo, pero que creo que tienen profundas raíces), son optimistas. En definitiva, como los tributos cedidos son más rígidos que los no cedidos, el perder parte de la recaudación de los cedidos nos va a suponer incluso, posiblemente, una prima en cuanto a los ingresos.

Tercer problema a resaltar o tercer aspecto a resaltar en este pequeño apartado de prospectiva es que en la etapa previa se han planteado algunos problemas en los tributos cedidos que deben corregirse cuando se articule el modelo definitivo de financiación de las Comunidades Autónomas.

Voy a resaltar sólo dos problemas, uno de ellos, además, explicitado por primera vez por nuestra Consejería y el otro que, digamos, todo el mundo era consciente desde un principio de él; y el segundo ha sido provocado por la metodología seguida por la Administración Central al determinar el porcentaje de participación.

El primer problema es que los tributos cedidos tienen un potencial recaudatorio más rígido que los no cedidos. Y aceptada esta hipótesis como cierta, si formulamos una segunda, que es que la financiación de las Comunidades Autónomas a través de estos dos instrumentos -tributos cedidos y porcentaje de participación- no tiene la misma proporción en todas las Comunidades Autónomas, sino que una recibe más porcentaje, más ingresos por vía de tributos y otras menos, la consecuencia que se saca es que en un análisis dinámico se producen distorsiones financieras y se generan desigualdades inaceptables. La Comunidad... la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, delegó en su día a estudio las fórmulas para solucionar este problema.

El segundo problema que se ha planteado y que debe solucionarse en la etapa definitiva es que al determinar el porcentaje de participación a través de una fórmula en la cual entra como variable la recaudación de tributos cedidos del año anterior, es decir, para determinar el porcentaje de participación del año ochenta y seis entra en la fórmula con proporción negativa, restando la recaudación de tributos del año ochenta y cinco, a través de este hecho se estaba produciendo y se han producido unos efectos disuasorios hacia la gestión y de hecho se estaba alentando la falta de responsabilidad. Porque, en efecto, el resultado final era el siguiente: cuanta mejor gestión llevaba a cabo una Comunidad Autónoma menos porcentaje de participación recibía al año siguiente; por tanto se le castigaba a través del método en el período transitorio de financiación. Evidentemente, esto no es sostenible en el período definitivo y todas las Comunidades Autónomas de la Administración Central son conscientes de que hay que desligar, por lo menos en un plazo largo como dice la LOFCA, de cinco años por lo menos, lo que es la recaudación de tributos de lo que es el porcentaje de participación, para que por este sistema de nivelación los resultados positivos de un instrumento no queden compensados con resultados negativos en el otro y a la inversa.

Por último, en este apartado prospectiva insistir una vez más en que la gestión de los tributos cedidos va a suponer para nuestra Comunidad, y en concreto para nuestra Consejería, un reto, dado que depende en gran medida la financiación de ellos y que, como es resaltable el proceso de transferencias, recibimos unos equipos de funcionarios que hay que, bueno, hablar todo a favor de ellos, pero que de alguna manera se les está pidiendo una reconversión en su trabajo, porque van a tener de alguna manera que cambiar la dimensión de su trabajo; ahora van a tener que hacer más trabajos, más variados, si se quiere con menor cantidad de carga

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de trabajo en cada uno de ellos, con lo cual cada uno va a tener que atender varias fases del proceso tributario. Nuestro objetivo desde un primer momento, e impulsado por el Consejero de Economía y Hacienda, ha sido el tener contactos permanentes con estos funcionarios para motivarles en esta empresa, porque estamos convencidos de que el éxito o fracaso al final va a depender de las cualidades del equipo humano que formemos.

Nada más, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias señor Director General de Tributos y Política Financiera.

Suspendemos la sesión durante quince minutos.

(Se reanuda la sesión a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos).

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Muchas gracias señor Presidente. Señor Consejero, señores y señoras Procuradores. Yo estaba pensando que aquí había un pequeño error de procedimiento, pero al parecer el Reglamento nos lo sigue marcando así. Yo pensé que había que buscar en este tema una analogía con las Interpelaciones, y, como la comparecencia había sido pedida por el Grupo Socialista, que la intervención tuviera lugar primero por el Grupo Socialista para que entendiéramos, sobre todo, la justificación de la comparecencia. Bueno, yo supongo que los motivos de desacuerdo con la Junta será fundamentalmente lo que motive la comparecencia, pero el señor Letrado me ha informado que estaba yo equivocado y entonces tengo que aceptar este privilegio de hablar en primer lugar.

Cuando yo estaba al frente de una Diputación que el señor Gayubo conoce muy bien había un interventor que cuando me explicaba algunas cosas y yo lograba entendérselas el hombre siempre me echaba un piropo y me decía que yo podía haber sido interventor. Yo esta tarde, en cambio, que confundo el activo con el pasivo y yo veía la disertación que nos ha dado el señor Gayubo, yo he llegado a la conclusión de que nunca podré ser, en cambio, Director General.

Pero yo me he llevado esta tarde una decepción, porque yo, al ver el Orden del Día, en que se hablaba de política financiera, Sociedades de Garantía Recíproca y Cajas de Ahorros, yo pensé que íbamos a entrar esta tarde en un debate en profundidad y que se iba a definir una política de fondo sobre lo que es la política financiera, los criterios de política financiera, y sobre todo el tema de las Cajas de Ahorros como instrumento de esta política financiera, para ver cómo se podía llevar el desarrollo de nuestra Comunidad, para aumentar estos índices de renta per cápita que están en la segunda parte de la tabla dentro del Estado Español, con Valladolid a la cabeza (estos datos son del año ochenta y uno, no sé si ha podido subir) con el puesto dieciocho, pero con puestos en la cola en provincias como Soria, incluso Zamora o Avila. Entonces, yo pensé que hoy de verdad íbamos a profundizar en aquello que ha sido el Plan de Desarrollo Regional, que yo para mí ya lo critiqué en su día y me pareció nada más una declaración de buenos principios, y de verdad íbamos a diseñar una política financiera que terminara con esos tópicos que hemos manejado siempre de que el dinero de nuestra Región se va para otras Regiones, crea riqueza en otras Regiones y que ese billón y pico, billón y pico de depósitos en la Caja de Ahorros y en los Bancos de verdad estábamos o íbamos a encontrar la fórmula para canalizarlos y para crear riqueza en nuestra Región.

Yo he visto que en lugar de hablar de eso, en lugar de hablar de esa macroeconomía, pues bueno, se ha diseñado unas líneas de actuación de política económica seguida por la Junta llegando en muchos casos hasta aspectos puramente burocráticos, se ha llegado a señalar hasta el descontento de los funcionarios transferidos (que no son sólo los de Hacienda), y pasando por muchos otros temas puntuales. En este sentido, yo manifiesto mi decepción en haber entrado en temas demasiado puntuales sin haber descrito ese marco general de actuación que yo quería... que yo esperaba esta tarde. Yo en este sentido, y ya recogiendo algunos puntos de esta intervención y concretándome en aquellos puntos que en la misma han sido expuestos, quería hacer algunas preguntas ya muy puntuales, señalando tres o cuatro cosas que desde mi punto de vista podría clarificarse un poco más. Yo he visto, por ejemplo, hablar de las ayudas a empresas. Yo no sé si era el señor Consejero de Economía y Hacienda -me parece que sí, pero no podría asegurarlo-, con el que yo hablaba un día y le preguntaba si le parecía que las ayudas de las empresas que estaban clarificadas, y él me decía que era una verdadera maraña, y me parece que llegó a decirlo públicamente. Pero que no puedo asegurar en estos momentos (siento que mi memoria sea tan mala) si fue el señor Consejero de Economía y Hacienda. Y si no fue, pues que me perdone, pero que evidentemente fue otro Consejero el que dijo que era una verdadera maraña lo de las ayudas a empresas. Yo lo señalaba como sorprendido porque yo veo cómo están apareciendo todavía en el Boletín Oficial del Estado... hace pocos día leía que, por ejemplo, en Cantabria, que es una Región que está incluida dentro del Gran Area Industrial... de Expansión Industrial de Castilla y León, cómo ahora se declaraba Zona de Preferente Localización Industrial Agraria, cuyos beneficios yo pensé que estaban subsumidos dentro de lo que son los del Gran Area de Expansión Industrial. Y yo he visto, cuando el señor Director General nos ha hecho una exposición tan detallada de todos estos apoyos a las pequeñas y medianas empresas, el IRESCO, etcétera, los convenios suscritos por las PYMES, cómo esta maraña se va complicando cada vez más, yo creo que siempre con buena intención, con intención de, efectivamente, ayudar a pequeñas y medianas empresas, pero sin diseñar un marco conjunto de actuación en que verdaderamente supieran todos los empresarios de qué forma y hasta qué punto y a qué

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empresas se ayuda, sin necesidad de entrar en una problemática muy complicada y que al mismo tiempo genera una desconfianza. Porque yo estoy seguro que hay muchas líneas de ayuda que no se siguen por muchos empresarios que pudieran seguirlas y, sin embargo, a lo mejor se aprovechan otros que no debieran aprovecharse de las mismas. Y que me perdonen estos segundos. Lo mismo que los avales. Yo, por ejemplo me hubiera gustado saber cuáles son los criterios que se siguen para generar esos avales. Porque ya hemos hablado de informes técnicos, informes económico-financieros, etcétera, pero yo siempre me quedo con una duda última: quiénes son las empresas que acuden a suprimir los avales de la Junta, aquellas empresas que utilizan tecnología punta o que la crean, aquellas que tienen mayor efecto de arrastre, aquellas que crean más puestos de trabajo, o simplemente las que no tienen solvencia ante ningún otro organismo. Yo me temería que fuera éste el último caso que si de verdad y en este último caso se sabe ver que hay una iniciativa empresarial que puede llegar a buen fin y que no han sabido ver otras entidades a las cuales hayan podido acudir, pues bienvenido sean estas empresas que acuden a otros avales, pero que si no fuera así a lo mejor sería destinar esos 600.000.000 de pesetas no a unos avales para generar riqueza sino a lo mejor a fondo perdido para quienes pudieran no generar riqueza. Pero esto, repito, no es más que una duda que yo planteo sobre la mesa y que yo desearía estar equivocado. Otro punto que a mí me gustaría también conocer es cómo está prevista la sustitución de las ayudas... sobre todo de la desaparición del Gran Area de Expansión Industrial, ante la entrada de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que ahí se va a producir un efecto... un parón en un momento determinado, y ahí habría que buscar un efecto de solape quizá también y clarificando todo tipo de ayudas e integrándolas y dándoles una sistemática que fuera más sencilla que la que ahora existe.

Bueno, yo también querría un poco saber qué política va a hacerse, dentro de las posibilidades que tiene la Junta de hacer política. Ya sabemos que la política monetaria no es transferible, la política monetaria la hace la Administración Central, pero, de todas formas, bueno, qué política piensa hacerse con relación a las Cajas de Ahorros para que las Cajas de Ahorros, repito, sean los verdaderos motores de la economía, las verdaderas Entidades que sean capaz de movilizar los recursos y no sean, como está sucediendo o parece que está sucediendo en muchos casos, como unos cauces que llevan fuera nuestros recursos.

Otra pregunta que yo quería hacer también es... Bueno, los efectos que nos ha señalado el señor Director General de la Ley 13/85, que tiene la ventaja de ser una Ley liberalizadora, como él ha dicho, y todo lo que liberalice es bueno, pero que, sin embargo, lo que hace también es bajar los coeficientes imputables de las Comunidades Autónomas del 4,4 al 1,6 de los recursos o del pasivo de las Cajas de Ahorros.

Y finalmente, y con esto termino (me parece que hoy no voy a agotar los diez minutos, señor Presidente) pues quería preguntar, con relación al IVA, si no podíamos tener una información mayor y más puntual sobre los efectos que va a tener el IVA. No me estoy refiriendo a los efectos sobre la economía en general, que esto parece que está claro que van a ser unos efectos inflacionistas y que vamos a estar sujetos por esto y por otras razones a una situación inflacionista difícil de corregir según dicen los expertos, yo no hago más que reproducir, sino lo que va a suponer el impuesto del IVA, cómo está previsto el reparto del impuesto del IVA. Es un tema que afecta no sólo a la Comunidad Autónoma, sino también y sobre todo a otras administraciones públicas, sobre todo a las Diputaciones Provinciales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias a usted señor Montoya. ¿Desea contestar el señor Director General uno por uno a los Procuradores? Quizá sea mejor, por lo menos en el primer turno ahora de Portavoces, que conteste usted directamente. Tiene la palabra el señor Director General.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Bueno, en primer lugar quiero señalar a Su Señoría que, respecto a la observación general de sus esperanzas de que la información de hoy abriera un debate en profundidad sobre lo que es la política financiera, y en concreto respecto a las Cajas de Ahorro para que sirvan para canalizar los fondos de la Región en la Región, y que se ha orientado hacia temas demasiado puntuales, pues, en primer lugar, quiero reconocerle que tal vez tiene usted, vamos, Su Señoría tiene razón, pero también quiero señalar -ya lo he dicho en la exposición- cómo esta materia de política financiera, en primer lugar, es una materia en que de alguna manera la Comunidad tiene competencias bastante limitadas. Usted mismo ha señalado el caso de la política monetaria, pero es que incluso en otros campos, como es de ordenación de crédito, etcétera, las competencias también son muy limitadas, limitadas por la Constitución y limitadas por el Estatuto. Realmente, hasta que no transcurra el primer período de los cinco años o bien a través de Ley Orgánica, como establece el artículo 150 de la Constitución, no se pueden asumir ciertas competencias con respecto a... de política financiera en este tema. Y por otra parte y, en fin, no es, vamos, tal vez no soy yo la persona más adecuada para abrir ahora el tema a ese nivel global. Pero, cuando menos, sí me causa una pequeña sorpresa el que, de alguna manera, la carga de profundidad que se haga contra mi explicación sea precisamente, bueno, en concreto el que la Junta no interviene lo suficiente; dicho por parte del Portavoz de un Grupo Político como es el partido que usted representa pues es extraño. Yo creo que la Junta está asumiendo las competencias que le permite su Estatuto y respetando la Constitución, que creo que está

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clara en este campo que abre... es decir, fija, respecto a la economía, un marco de economía privada pero de economía social del mercado, pero claramente no totalmente intervencionista; es decir, el poder que tiene la Junta legal sobre las Cajas de Ahorros está limitado por la Legislación Básica del Estado, y ese poder ha sido... esas competencias sí han sido asumidas y sí han sido ejercidas. El pretender competencias superiores, bueno, tal vez sí deseamos competencias, pero no están en el ordenamiento jurídico.

Me voy a concretar más en las preguntas puntuales, esperando ver si logro aportar alguna luz. En la primera, sobre que las ayudas a las empresas constituyen una maraña, debo de decirle a Su Señoría que estoy de acuerdo con usted, porque creo que están coincidiendo simultáneamente una serie de ayudas de ámbito llamémosle nacional, otra serie de ayudas de ámbito de Comunidad Autónoma, unos efectos contagio y competitivo entre Comunidades Autónomas que yo me atrevería a decir "a ver quién da más". Y sobre todo yo no es que esté en contra de las ayudas, porque creo que la actividad del sector público debe apoyar al sector privado. Tal vez sí que se deba aceptar algo que ha señalado Su Señoría, y es la oscuridad de ese tipo de ayudas, el que no hay realmente una oficina única que señala al empresario cuáles son los caminos al que debe llegar. Rechazo esa carrera competitiva que se ha establecido entre Comunidades Autónomas e incluso entre Comunidades Autónomas y la Administración Central porque pienso que se está distorsionando a veces, o se puede extorsionar a veces profundamente el mercado y puede ser peligroso. Y se lo señalo desde mi área de responsabilidad en un Gobierno Socialista.

Sin embargo, en la exposición que yo he intentado hacer me he concretado a un solo campo de estas ayudas, que son las financieras, porque hay otras ayudas sociales, de creación de empleo, etcétera; y yo creo que este panorama se va a clarificar mucho a partir de ahora precisamente con la entrada en el Mercado Común, porque no van a desaparecer las ayudas; a pesar de que el Mercado Común tiene desde su fundación en el cincuenta y siete una filosofía predominantemente liberal, sin embargo la realidad de los hechos y la profundización de la crisis económica ha hecho articular a la Comunidad Económica Europea una serie de ayudas a PYMES clarísimas. Y lo que sí que está claro es que yo espero, y creo que así lo confieso desde mi ignorancia o por lo menos desde mi conocimiento parcial, que al entrar en el Mercado Común se van a definir por Regiones unos ciertos topes de ayudas que por todos los conceptos pueden recibir las empresas, precisamente para garantizar creo que es el artículo 92 del tratado de Roma, que habla de la libre competencia y demás. En definitiva, la ayuda a PYMES y todo tipo de ayudas de tipo económico y social, subvención de intereses, sí existen en el Mercado Común, lo que pasa es que van a estar reguladas y todas esas políticas van a estar coordinadas ya no sólo a nivel de Comunidad Autónoma dentro de cada Comunidad Autónoma y de Comunidad Autónoma con el Estado, sino que van a tener que recibir de alguna manera la conformidad de la Comisión Económica Europea, la Comisión... perdón, la Comisión de las Comunidades en Bruselas. Pienso que por ahí, por este camino vamos a avanzar mucho hacia una clarificación y una racionalización y que se llegue realmente a que los instrumentos se utilicen donde se necesitan, no como ahora está pasando -y lo confieso, y en eso estamos de acuerdo desde un principio-, que ciertos instrumentos que se han pensado para ayudas a zonas más atrasadas, al final se han generalizado realmente en todo el territorio de España y se daba, bueno, no sé si... este tipo de ayudas de Gran Area y demás al final estaban prácticamente en todas las regiones menos en muy pocas provincias.

En cuanto a los avales, los criterios que se exigen para conceder avales, quiero señalar a Su Señoría que vienen establecidos en el Decreto y en la Orden. Por otra parte, en la misma Ley se establecen. Evidentemente, yo creo que en la norma queda claramente establecida cuál es la orientación que debe tener esta política. En concreto -y voy a centrarme ya en el Decreto del año ochenta y cinco y tal vez convenga, incluso, citar la Ley de Presupuestos-, están claramente establecidos cuáles son los criterios a seguir. Es decir, en el artículo 20, apartado 3, señala: "Los criterios avalados deberán tener como finalidad la financiación de inversiones efectuadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad. Tales inversiones habrán de estar destinadas a financiar activos materiales fijos orientados, prioritariamente, a mejorar las condiciones de producción, incluida la eliminación de efectos negativos sobre el medio ambiente, a mejorar los niveles de empleo, a operaciones viables de reconversión y reestructuración, a racionalizar la utilización de recursos energéticos o el fomento de mercados exteriores"; y una serie de condiciones ya de gestión que no entro en ellas. Pero la finalidad, que es la pregunta tal como yo la he interpretado o la he entendido, sobre los criterios, creo que están fijados por Ley, por las Cortes en la Ley de Presupuestos. Y el Decreto vuelve a repetir estos mismos criterios. Detallándolo, el Decreto 51/85, de nueve de Mayo, en su artículo 4, de nuevo señala: "financiar los nuevos gastos...". "Los créditos garantizados habrán de responder a alguno de los siguientes objetivos: (es decir, que hacen una enumeración y excluyen por lo tanto lo que no entra aquí) financiar los nuevos gastos de inversión que supongan una mejora de las condiciones de producción o de los niveles de empleo; financiar operaciones de reconversión, reestructuración de empresas o grupos de empresas que, mediante un plan económico-financiero, pongan de manifiesto su futura viabilidad; financiar el fomento de mercados exteriores. Y, en todo caso, tendrán preferencia aquellas inversiones de innovación tecnológica en racionalización de la utilización de recursos energéticos que impliquen utilización de materias primas regionales o que generen empleo en zonas desfavorecidas o en zonas que soporten mayores niveles de desempleo". Este mismo criterio viene recogido

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en el PDR; evidentemente, los criterios no digo que sean difíciles de seguir, porque los estamos siguiendo, tal vez sí se podría... sí tenemos una duda, y que la voy a hacer explícita, y es: en la medida en que este instrumento está creado pero no es generalmente conocido, si realmente acuden a él un suficiente número de posibles beneficiarios como para poder apreciar estos criterios, o bien si sólo podemos apreciarlos en la medida de las entidades que lo solicitan, que puede ser una minoría. Este sí que es un tema que me preocupa y que incluso creo que, puesto que existe el instrumento, instrumento que por otra parte estamos en estudio de si tal vez no convendría articular de otra manera, posiblemente en colaboración con las SGR, pero puesto que existe el instrumento, si tal vez la forma de que cumpla con todo su potencial no es dar más publicidad y que realmente la Junta de Castilla y León tenga un abanico más completo de necesidades y pueda aplicar con más... en mayor profundidad los criterios.

En la tercera pregunta yo creo que señalaba Su Señoría si está prevista la sustitución de las ayudas del GAEI. Pienso que esta materia es el contenido de la nueva Ley de Ayudas Regionales y, por tanto, creo que sí que va a ser sustituido con los nuevos instrumentos de la CEE.

Respecto a la pregunta de la política en relación a las Cajas, yo insisto de nuevo en que creo que debemos ser absolutamente respetuosos con la normativa básica del Estado y la vamos a cumplir. Eso no impide... En definitiva, concreto esto a que en la parte obligatoria, evidentemente, vamos a obligar a que se cumpla. El problema es, digamos, en todos los fondos libres, que en este momento van a ser mayores, y ahí, a través de las nuevas competencias que va a asumir la Comunidad, la Junta de Castilla y León, en el tema de órganos rectores y de funcionamiento interno, vamos a vigilar desde dentro, en la Comisión de Control, que se cumplen realmente los Estatutos de las Cajas que hablan de ese término general de su destino. No veo fácil otro tipo de intervención que sea respetuoso con las normas generales.

Respecto a los efectos de la Ley 13 va un poco en esta línea; es decir, es que durante un período transitorio las posibilidades de los coeficientes de fondos públicos la Comunidad los va a tener de alguna manera mermados. De todas maneras, en este tema concreto de fondos públicos, dado que la parte que se ha cubierto y que se prevé cubrir con Deuda Pública no es de cifras excesivamente elevadas, creemos que entra dentro de estos coeficientes. En parte, con este motivo es por lo que se ha dictado la circular 3/85, precisamente para llevar un control y un seguimiento permanente de la evolución de estos coeficientes.

Respecto a la pregunta de los efectos del IVA, no efectos macroeconómicos, tal vez, de tipo inflacionario, como ha señalado Su Señoría, sino -si le he entendido bien- sobre los efectos que va a tener sobre la financiación de otros entes públicos, pienso que se refería a, por ejemplo, las Diputaciones Provinciales, que al desaparecer el ITE, desaparecer el arbitrio provincial y al desaparecer el canon energético (puesto que son tributos incompatibles con la figura del IVA desaparecen esas fuentes) pues, bueno, yo aquí puedo dar una contestación no directa en la medida de que no participamos a través de la FEM, o de la Mancomunidad de Diputaciones, en cómo se está llevando esta problemática; sin embargo, en la medida en que ha surgido el problema en las diversas reuniones de financiación de las Comunidades Autónomas, en que sí que hay Comunidades Autónomas uniprovinciales afectadas por el tema, yo le puedo señalar cuál parece ser la solución. La solución parece ser una asignación a estos entes públicos, a estas Corporaciones, en la recaudación del IVA, lo mismo que va a tener la Comunidad Autónoma en la parte que le disminuye el lujo. Pienso, de todas las maneras, que el modelo no está definitivamente diseñado. Pero, evidentemente, la Constitución, en la medida que garantiza la autonomía de los entes, también incluye la autonomía financiera.

Y creo no haber dejado...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para réplica, dispone de tres minutos, señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Muchas gracias señor Presidente. Bueno, yo quería tranquilizar en primer lugar al señor Gayubo que yo no quería mandarle ninguna carga de profundidad. La solemnidad que da la celebración de estas sesiones, bueno, a veces nos impide manifestar viejos sentimientos de amistad, que, bueno, parece que pueden quebrantarse pero que no es así; por debajo de esta aparente carga de profundidad hay un fondo de cordialidad que me gustaría mantener por encima de discrepancias evidentes de política. No, no había carga de profundidad. Y si la había, la había en todo caso sobre el Gobierno Socialista o sobre el Gobierno de la Junta, por entender que muchas veces nos estamos moviendo más en el terreno teórico que en el terreno práctico; más en el terreno de la pura especulación económica que en el terreno de dar una respuesta al reto que supone crear riqueza en nuestra Región, en la cual no siempre acertamos. Entonces, si había algo de carga de profundizar, evidentemente, la había en este sentido. Y en este sentido me gustaría más bien que no la recogiera el señor Gayubo, sino yo entonces, en ese caso, se la mandaría en todo caso al señor Consejero, y que me perdone.

Pero yo no he dicho tampoco que la Junta no interviene lo suficiente. A mí siempre me pillan con esto del liberalismo: me dice que yo soy un liberal, que no soy bastante liberal y siempre me acusan de ser demasiado poco liberal. Y bueno, me gustaría explicar un poco... yo creo que la Junta tiene la obligación de definir una línea de actuación política, los carriles por los cuales van a circular los trenes de nuestra economía, no intervenir; porque luego resulta que no fijamos esas líneas maestras, no definimos perfectamente

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el marco de actuación y luego nos perdemos en una maraña incluso burocrática. Porque yo oí al señor Gayubo hablar de los Registros que se piden a las Cajas de Ahorros, el registro de las Cajas de Ahorros, el registro de altos cargos, el registro de las Oficinas Abiertas, el registro... la autorización de las campañas publicitarias, etcétera; parece que luego la maraña de intervencionismo y de burocracia desde luego es terrible. Y probablemente lo es porque no tenemos -o si lo tenemos no le hemos dicho, no lo hemos explicado, o no me lo sé y por eso preguntaba- ese marco de actuación de política general macroeconómica.

Me alegro que el señor Gayubo también coincida conmigo en la maraña que suponen las ayudas a las empresas que, evidentemente, todos coincidimos en que... Y yo en ese sentido se lo agradezco, porque creo que la Junta trata de hacer un esfuerzo por encima también de su espíritu, de su espíritu de atención más al sector público que al privado, trata de hacer un esfuerzo liberalizador de ayuda a las pequeñas y medianas empresas y luego pues a lo mejor también las pequeñas y medianas empresas, como el señor Gayubo parece que me reconoce también, no utilizan todos esos recursos porque hemos complicado demasiado el sistema. Y probablemente hay que simplificar, no quitando recursos, no minorando recursos, pero probablemente hay que simplificar el sistema de actuación.

Sin embargo, en cuanto al tema de los avales, no me terminan de convencer. Aunque en la Ley de Presupuestos, aunque en la Ley 51/85, o en el Decreto 51/85 se vuelva a repetir, aunque en el PDR... Perdón. Sí, en el PDR, es que siempre me confundo; yo creo que esto lo vamos a tener que cambiar de nombre, porque, ¿qué es antes un Partido Político o un Plan de Desarrollo en la Comunidad Autónoma? Yo creo que aquí podíamos entrar en una discusión y esto es un tema muy complicado y aquí vamos a confundir siempre mucho. Yo creo que por ejemplo, además, hay palabras como el PER, etcétera, que se utilizaron en algún momento y que podríamos volver a ellas. Pero, en fin, no es éste el momento.

Yo lo que sí que quiero decir es que tanto en la Ley de Presupuestos como en este Decreto, como en el Plan de Desarrollo, estos objetivos o estos criterios para la concesión de avales no son suficientes. Porque decir que mejorar las condiciones de producción, decir que no tiene que producir agresiones al medio ambiente, que tiene que procurar un aprovechamiento de los recursos naturales, un fomento de los mercados exteriores, no es suficiente. A mí me parece que no es suficiente, que con estos criterios no podemos... si tuviéramos que discernir entre muchos vales que nos pidieran muchas empresas sería muy difícil discernir. Porque creo que hay otra razón... que dentro de todo esto hay unas razones sociales, hay otras razones de rentabilidad, etcétera, que parece que es más complicado y que haría falta definir mejor estos objetivos que simplemente con este enunciado de unos principios generales. Pero que es un criterio que si a la Junta la parece suficiente... Yo ahí mantengo, desde luego, mi reserva de que sean suficientes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ruego a Su Señoría vaya finalizando su intervención.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS: ..

..sí sí, yo ahora mismo termino. Bueno, ya termino. Finalmente, quería decir que a mí me preocupa también la desaparición del canon energético. La desaparición del canon energético tuvo una filosofía que eran, bueno, generar una cierta, sustituir o mejorar una deficiencia de servicios en aquellas Regiones que no tenían riqueza suficiente para crearlos por otros medios, pero que, sin embargo, eran generadores de una riqueza añadida en otras Regiones, y que parecía injusto que la energía eléctrica costara lo mismo en los sitios consumidores, sea en Bilbao, sea en Barcelona o sea Málaga, que en Zamora, donde se produce, o en León. Bueno, parece que de alguna forma había que estimular esa creación de empresas o de riqueza en sitios más cercanos a la producción de energía, porque, si no, la producción de energía es algo que no tiene ningún aliciente. En ese sentido, el campo energético me parece que era una medida correctora que era buena y que yo entiendo que tendríamos que esforzarnos en buscar algún otro tipo de medidas correctoras, que están cobrando el transporte de la energía, no lo sé, pero quizá haciendo algo que permitiera que la creación de energía o la disponibilidad de energía en una Comunidad Autónoma fuera algún medio generador de riqueza. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señor Director General, para dúplica, si desea hacer uso de ese turno.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Bueno, tal vez una puntualización en cuanto a esa aclaración del intervencionismo o mi intervencionismo. Y ya en los casos concretos que ha señalado de Registros de caja, Registros de altos cargos, etcétera, que parece que le preocupan, quiero señalar que son los registros oficiales establecidos por la normativa básica; incluso el Registro de Cajas es un requisito básico para el nacimiento de la Caja.

En cuanto a algunas actividades, gestiones que en este momento desarrolla la Junta y que tal vez yo en mi exposición primera he llamado autorización, quiero señalar que algunas de ellas no son tales autorizaciones puesto que la actividad, digamos, es libre; lo único que sí la Junta tiene es una responsabilidad de velar porque se cumpla la normativa e, incluso, de hacer recomendaciones, en su caso, si peligran otros índices. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la apertura de oficinas y demás, que no es que precisen la autorización de la Junta pero sí tenemos la responsabilidad de velar porque se cumplan los límites legales y porque esa política de apertura por ejemplo de oficinas no

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haga peligrar los coeficientes de garantía y solvencia de las Instituciones.

En cuanto al tema de avales, yo lo que sí quiero reconocerle es que una posible mejora en los objetivos, concretar más los criterios de concesión, sería una aportación positiva y pienso que bien recibida y que se podría incluir en próximas Leyes, porque sí se trata de una Política tal vez a articular, con todos los matices necesarios.

Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular? Señor Carbajo, tiene la palabra.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Señor Presidente, Señorías. Yo simplemente quería hacer unas preguntas bastante concretas y que son las siguientes.

En cuanto a avales, me ha llamado la atención, de la prolija exposición que nos ha hecho el señor Director General, que simplemente en el año pasado creo que había concedido los avales de la Junta de una petición total de seis, y que, si no he anotado mal, en el año ochenta y cinco pues se están tramitando veinte expedientes. Yo quería conocer cuáles son sus criterios de por qué es tan pobre el número de avales que se concedió el año pasado, y por qué todavía en el año ochenta y cinco se han atendido mal o no se han concedido.

También esta es una pregunta muy concreta: quería saber a cuánto asciende el montante total de subvenciones en el ochenta y cuatro de créditos para mejora de las estructuras comerciales, de los antiguos créditos de IRESCO que nos ha citado.

En cuanto a las PYMES, querría también conocer, si es que el señor Director General dispone del dato, el total de créditos puente, en millones de pesetas, que se han concedido en el año ochenta y cuatro a las PYMES, que, como él nos ha explicado perfectamente, lo solicitan de las Cajas de Ahorros en tanto reciben la cuantificación económica o los propios dineros, por hablar en castellano claro, del crédito oficial del Banco de Crédito Industrial.

Hay otra cosa que quería comentarle también al señor Director General; a ver en qué basan en la Consejería esa previsión de incrementos en el año ochenta y cinco, en cuanto a la recaudación de los tributos cedidos, en 4.300.000.000 de pesetas, que es una cifra muy alta porcentualmente con lo recaudado en el año ochenta y cuatro, porque, si no hago mal las cuentas, diecisiete... es un treinta y tantos por ciento seguramente de incremento de recaudación. A ver si, concretamente, esto incide en algún impuesto más que en otros, si me lo puede también explicar.

Y en lo que sí quería hacer un poco más de hincapié es concretamente en el tema de las Cajas de Ahorros.

En primer lugar, aunque ya de alguna manera se ha contestado, sobre todo en la segunda intervención del señor Director General con motivo de las preguntas que le ha hecho quien me ha antecedido en el uso de la palabra, era saber por qué el señor Director General considera insuficiente la gestión de la Consejería acerca de las Cajas de Ahorros. Porque aquí hemos visto, aunque luego ya nos ha aclarado que algunas de las actuaciones de la Consejería con relación a las Cajas no son una competencia específica, sino más bien un querer- hasta cierto punto en algunos casos puede ser lógico en otros no tanto- intervenir un poco o seguir de cerca la propia Consejería a las Cajas de Ahorros que tanta importancia tienen en el mundo económico de la Región y de toda España. ¿Por qué considera que es insuficiente? Si no cree que ya tienen suficientes funciones.

Y segundo, y esto para mí es más importante, si podía decir, aunque sea brevemente, porque creo que es una Ley de mucha trascendencia porque puede cambiar totalmente la política de inversiones de las Cajas, cuáles serían los... cuáles son los datos más importantes (que sin duda algunos ya conocemos a través de la prensa, pero seguro que el señor Director General los conoce mejor) sobre la nueva Ley de Organos Rectores que, según nos ha informado está en trámite parlamentario; si no recuerdo mal está en el Senado, luego ya las líneas generales de la Ley, aunque haya alguna modificación en el Senado, pues hay que pensar que no van a variar mucho, y si variaran pues, bueno, ya nos remitiríamos al dato cuando se publicara. Pero yo creo que sería interesante conocer cuál va a ser, en líneas generales, la nueva Ley de los Organos Rectores. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias señor Carbajo. Señor Director General, tiene la palabra.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Voy a intentar ser conciso, como ha sido Su Señoría conciso con sus preguntas. Respecto a la primera, sobre avales, el fondo de su pregunta es por qué tan pocos en el ochenta y cuatro y por qué tan pocos en el ochenta y cinco. Respecto al ochenta y cuatro, quiero señalar como explicación que realmente la Orden que lo desarrolla es de finales de Octubre y pienso que falló la suficiente publicidad para conocer este instrumento. Una prueba está en que este año y en este momento ya hay muchas más solicitudes y, en este momento, la media... digamos que no hay día en que una o varias personas interesadas no hagan consulta o no pasen personalmente por la Dirección General para conocer este campo. Por otra parte, el por qué en este momento no se ha concedido ninguno, fundamentalmente debo de reconocer dos motivos: uno, porque la orden fijando condiciones, requisitos, etcétera, es de veintidós de Mayo; y otro principal: porque estamos siguiendo... tal vez se nos pueda acusar de excesivamente burocráticos, pero un trabajo muy serio de todo ese procedimiento, intentando que se cumplan esos criterios establecidos por la Ley y demás. En concreto, en este momento ya hay de

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esas dieciocho operaciones unas seis que prácticamente están para llevar a la Junta de Consejeros a la resolución correspondiente. Incluso quiero señalar, tal vez sea muy anecdótico o no interese, pero que recurrimos a informaciones de empresas comerciales de información, etcétera, porque se trata de una materia tremendamente delicada y evidentemente no somos el instrumento más adecuado para hacer un análisis de la documentación que manda la empresa. Evidentemente, para tener total garantía deberíamos pedir que los balances, cuentas de resultados, etcétera, que establece el Decreto y la Orden, vinieran auditados y demás; pero si ponemos tantos requisitos al final tampoco lográbamos nada. Es decir, que éste es un tema tremendamente complejo y en el que estamos siguiendo todos los pasos del procedimiento porque consideramos que son adecuados; incluso estamos pensando que se deberían hacer algunas gestiones más.

Respecto al montante total de subvenciones del IRESCO, creo que sí tengo el dato, aunque, si me permite Su Señoría, yo preferiría tal vez no cerrarlo a finales de Diciembre, también en parte porque el convenio se firmó el cinco de Noviembre y, bueno, eso explica cierta demora en su movimiento, como las mismas Cajas de Ahorros nos señalaron, pero los datos... realmente sólo puedo señalar datos a finales de Febrero: se habían resuelto veintitrés expedientes, el volumen de préstamos concedidos era de 124.000.000 de pesetas y la subvención concedida de trece. Sí que insisto en que en todos estos convenios la aceleración que se está produciendo en el tiempo es cada vez mayor. Recientemente, en comentarios con el Director de Comercio, el problema que se prevé en este momento es que las dotaciones presupuestarias pueden resultar insuficientes por la gran cantidad de expedientes que hay en estudio y en resolución.

En cuanto al instrumento de PYMES, de Gran Area de Expansión Industrial, aquí sí que puedo dar... Traigo... Siento en el otro no tener datos al día de hoy. En el convenio de Gran Area de Expansión Industrial los datos están actualizados al día de hoy: se han formalizado setenta y nueve operaciones con un volumen de créditos anticipados de 575.000.000 de pesetas y una ejecución del convenio -aunque esto de ejecución es un poco discutible porque se trata de un Convenio de entrada y salida en la medida en que los créditos vencen y de nuevo recuperamos el techo máximo del convenio-, una ejecución del convenio del 27,4% del convenio. Es bastante desigual el nivel por provincias. Eso, si Su Señoría tiene interés en conocerlo... pero, vamos, están a su disposición, incluso, las relaciones de expedientes por Cajas de Ahorros y por provincias.

Respecto a las previsiones de recaudación por tributos cedidos, tiene una explicación. la explicación... luego intentaré concretárselo con datos numéricos, pero la explicación es la siguiente: en los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y cuatro se establecían unas previsiones de recaudación de todos los tributos, y en concreto de los tributos cedidos, bastante elevadas, y esas previsiones, en las reuniones que se desarrollaron durante varios meses en el año ochenta y cuatro para fijar el otro instrumento de financiación, que era el porcentaje de participación, a las Comunidades Autónomas se les entregó por Comunidad Autónoma cuál era la previsión de tributos cedidos. Ese dato, esa previsión de recaudación de tributos cedidos, suponía de hecho, afectaba al porcentaje del año ochenta y cinco. Se discutió si las cifras presupuestarias del Estado eran o no normativas y en qué medida se deberían así señalar. En concreto, señalo que en el año ochenta y cuatro lo que figuraba en los presupuestos de Estado daba una recaudación en Castilla y León del orden de... superando los 20.000.000.000 de pesetas. Ya en este proceso de estudio de ese otro instrumento de financiación, y tras correcciones en función de cómo iba la recaudación a nivel nacional, las estimaciones del Estado fueron de 18.000.000.000 de pesetas.

Y ahora sí que creo que voy a poder entrar en datos concretos (creo, espero, porque con tanto papel...). Definitivamente, la recaudación efectuada no han sido ni los 20.000 ni los 18.000, han sido 17.337. Pero quiero señalar que esta cifra real, que yo ya la he dado como real aquí porque estamos en el mes de Junio, cuando se elaboraron los presupuestos de la Comunidad Autónoma no figuraba. En la memoria y en el informe económico-financiero de los presupuestos se señaló una estimación de recaudación en el año ochenta y cuatro de 18.764.000.000. Era una estimación nuestra, de la Consejería de Economía y Hacienda, que ya se indicaba allí que era inferior a la que estimaba el Estado y que, independientemente de lo que dijera el Estado, por prudencia considerábamos esta cifra como más real. Sobre esta cifra de los 18.000.000.000 e pesetas -que, insisto, luego no se ha conseguido- es sobre la que se estableció la subida estimada por el Estado para las Comunidades Autónomas que tenían los tributos cedidos en el año ochenta y cinco. Es decir, en definitiva: niveles establecidos por el Estado, una recaudación de 20.000 y una subida del 15%; esa era la estimación de la Administración Central. La Comunidad Autónoma en la fase presupuestaria fuimos a cifras más realistas, teníamos los datos de recaudación hasta Agosto del ochenta y cuatro, y en función de eso y con unas proyecciones establecimos una cifra posible de 18.764.000.000. Sobre esta cifra del 18.764.000.000 es sobre la que aplicamos el crecimiento estimado a los Presupuestos Generales del Estado del 15%, y pienso que... vamos, no encuentro en este momento el dato, pero pienso que, si Su Señoría practica ese cálculo, sobre esos 18.764, que figura todo este detalle en la memoria de Presupuestos del ochenta y cinco, si aplica el 15 estimado en la Ley de Presupuestos del Estado, da esa cifra de 21.000.000.000. Que en mi primera exposición me he atrevido a señalar que era un reto, porque también está influyendo otro factor, que es el factor de que en el Presupuesto General del Estado se actúa con medias

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nacionales, y tal vez el potencial recaudatorio de Castilla y León sea inferior a la media. Entonces, ésta es la explicación de por qué figuró esta consignación en los presupuestos de la Comunidad para el año ochenta y cinco. En concreto figura en la página noventa y una de la memoria del Presupuesto del ochenta y cinco. Y hay una explicación del tema y, realmente, vamos, me parece que es la explicación que le puedo aportar. En esta misma memoria figura el otro dato (en este momento concreto no lo localizo), cuál era la estimación del Estado.

Respecto al tema de Cajas, a si consideramos o no consideramos insuficiente nuestra actuación y si no pensamos que ya tienen suficientes intervenciones, el tema es complicado. Pienso que cuando yo he señalado que nuestra intervención era insuficiente, tal vez no he querido expresar lo que quería expresar, pero ahora sí que lo comprendo. Es con respecto a las competencias que tenemos asumidas y que están en la normativa que estimamos que tal vez no llegamos a poder cubrir todas esas competencias que están ahí, y creemos que tenemos la responsabilidad de, si existe la norma y tenemos que desarrollar esas competencias, tenemos que hacerlo. Y he señalado, en concreto, el tema de la inspección. Nuestro objetivo de cara a las Cajas de Ahorro, y con eso ya entro en el tema segundo de las posibles suficientes e insuficientes intervenciones, es un objetivo de doble enfoque: por una parte, como ente público regional, tenemos la grave responsabilidad y la gran responsabilidad de que estas instituciones financieras funcionen como tienen que funcionar con respecto a la normativa, porque en el modelo Estado de las Autonomías, las Autonomías, las Comunidades Autónomas tienen algunas responsabilidades que antes dependían de la Dirección General de Política Financiera del Ministerio de Economía, y su brazo gestor era el Banco de España, y han pasado a depender de las Comunidades Autónomas. Creo que es una responsabilidad que hay que llegar a cumplir con todas esas competencias que han pasado a las Comunidades Autónomas en este nuevo modelo de Estado. Pero es que también hay que tener en cuenta que tenemos la responsabilidad de que estas instituciones cumplan con la finalidad para la que están; es decir, nuestra función es doble: por una parte, respecto a sus pasivos, que realmente lleven a cabo una política que aliente el ahorro regional, y por tanto debemos vigilar la solvencia, la garantía de estas instituciones. Y es desde este enfoque como hay que contemplar, por ejemplo, ciertas competencias que tenemos sobre aprobación de operaciones de altos cargos sobre aprobación de operaciones de riesgo, que no están pensadas por curiosidad para ver lo que hacen, sino que están pensadas -porque tenemos la responsabilidad de la garantía del gran número de pequeños ahorradores- que es necesario que estas instituciones mantengan ese comportamiento de solvencia y de garantía.

Y por otra parte, también tenemos la obligación -y lo hemos definido en la Política respecto a Cajas- de hacer que esos recursos captados se inviertan en la Región, pero, evidentemente, se tienen que invertir en un ambiente o un marco de rentabilidad y de solvencia. Es decir, tampoco es obligar a las Cajas de Ahorros, a través de una política intervencionista, a que lo destinen a operaciones fallidas, etcétera. En fin, tenemos la doble responsabilidad, y es una responsabilidad contradictoria, pero que tenemos que buscar el equilibrio para el bien tanto del ahorro como de la inversión. Y, evidentemente, nuestro criterio no es vigilar la cuenta de resultados de la institución sino cómo se han obtenido esos resultados; tampoco es vigilar la obra benéfico-social como que fuera tal obra benéfico-social el fin primordial de estas instituciones, porque consideramos que no lo es, sino verificar que sus activos están colocados donde realmente deben estar. Y no olvidamos, y lo hemos señalado, que al no tratarse de instituciones privadas no deben contemplar únicamente criterios de rentabilidad, que les podría llevar a operaciones especulativas puras de corto plazo, sino operaciones económicas de rentabilidad económico-social, y por tanto, que tal vez con unos resultados menores sea mucho mejor para la Región, incluso para ellas mismas, puesto que aquí el objetivo claramente no es logro de... perdón, el logro del máximo lucro. Yo creo que en estas coordenadas es como hay que definir la actuación de la Comunidad Autónoma.

Por último, respecto a los datos más importantes sobre Organos Rectores, evidentemente cambia profundamente el tema con respecto a las competencias actuales. Tal vez, puedo señalar varias de las nuevas competencias o de cómo quedan. Las podríamos agrupar en materia de desarrollo legislativo o normativo y en materia de ejecución. En materia de desarrollo legislativo, el Proyecto de Ley de Organos Rectores atribuye a la Comunidad Autónoma, en primer lugar "desarrollar el procedimiento para elegir y designar a los miembros de la Asamblea General y el Consejo de Administración, así como su renovación, reelección y provisión de vacantes, procediendo a la selección... al procedimiento de elección de las Corporaciones Municipales y procedimiento electoral de los representantes de los impositores". En los nuevos Organos, como Su Señoría sabe, porque ha aparecido en la Prensa, la Asamblea General estará formada por un número de Consejeros que en principio estará entre sesenta y ciento sesenta, y los Grupos, las Instituciones que lo formarán son las Corporaciones Municipales hasta el 40%..., perdón, el 40%, los impositores el 44%, los empleados el 5% y los fundadores el 11%".

Dentro del desarrollo normativo, también es competencia de la Comunidad "determinar el número de componentes de la Comisión de control, dentro de los límites que señala la Ley", que señala unos máximos y unos mínimos; "fijar las condiciones de convocatoria y funcionamiento de las asambleas generales, regular la Constitución y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva como órgano delegado del Consejo de Administración, dar las normas de disciplina, inspección y sanción respecto a las competencias asumidas por cada

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Comunidad Autónoma, en el marco de la Legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, así como la realización de convenios con el Banco de España para la gestión de dichas materias". Es decir, esto es una competencia lógica en la medida en que la Comunidad autónoma tendrá competencias también de disciplina, de inspección y de sanción si no se cumple la parte que le afecta a la Comunidad; lo que se prevé es un convenio con el Banco de España para armonizar y coordinar la actuación de las administraciones.

Otra actuación a establecer los criterios que inspirarán la redacción de los Reglamentos en los relativos al procedimiento regulador de los sistemas de designaciones de los miembros de los órganos de Gobierno e incluso, con carácter general, cualesquiera otros que estimen necesarios dentro del marco que les corresponda de acuerdo con la legislación vigente". En cuanto a las competencias de ejecución -ahora ya pasaríamos a muchas o parte cambiadas de las que están recogidas en el Decreto 50 del año ochenta y cuatro de la Junta-, en primer lugar "autorizar operaciones en que intervengan o tengan comprometidas su firma los altos cargos de las Cajas de Ahorros o personas físicas o jurídicas a ellos vinculadas; conocer los nombramientos, ceses y reelección de vocales del Consejo de Administración; nombramiento de un representante de la Comunidad Autónoma en la Comisión de Control, (en un borrador primitivo, incluso, la Comunidad Autónoma presidía la Comisión de control); recibir los análisis de la gestión económica y financiera de la Caja a través de la Comisión de Control; recibir informe, a través de la Comisión de Control, de los casos de nombramiento y cese de Director General (desaparece una de las competencias actuales que de hecho nunca se ha ejercido, que era la competencia de veto, que se podía vetar al Director General); resolución de propuestas de la Comisión de Control de suspensión de la eficacia de los acuerdos del Consejo de Administración; recibir informe de cuestiones o situaciones concretas de la Comisión de Control a petición de la Comunidad Autónoma; vigilar, a través del representante de la Comunidad Autónoma en la Comisión de Control, el proceso de elección y designación de los Organos de Gobierno como certificante público; el Presidente de la Comisión de Control informará a la Comunidad Autónoma sobre el proceso de elección y designación de los Organos de Gobierno; instruir expedientes disciplinarios al Director General; las Federaciones Regionales deberán colaborar con los poderes públicos territoriales del ámbito que abarquen aquéllas, y que la Federación Regional de Cajas de Ahorros será el instrumento para coordinar las Cajas con la Comunidad Autónoma; habrá dos representantes de la Comunidad Autónoma en el Consejo General de la Federación Regional; competencias en la disciplina, inspección y sanciones a las Cajas de Ahorros, dentro del ámbito de las respectivas competencias; realizar convenios con el Banco de España en mateira de disciplina y de inspección; aprobación de Estatutos y Reglamentos; remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se recabe sobre la actividad que desarrolle en el ejercicio de sus competencias para posibilitar la realización de la política monetaria y financiera del Estado, y velar por la observancia de las normas básicas del Estado".

Esto es el resumen principal, aunque no recojo, en fin, que tal vez no interese todo el tema de los Organos, cuántos miembros hay, etcétera. Evidentemente, creo que esta normativa supone también un cambio del desarrollo normativo que tiene hasta este momento la Comunidad, y estamos en el estudio y esperando que salga la normativa básica del Estado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Carbajo, para réplica dispone usted de tres minutos.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Bueno, no hay nada que replicar porque yo lo único que me he limitado es a pedir información. Simplemente quiero agradecerle al señor Director General el gesto noble que ha tenido en reconocer ciertos retrasos de tipo administrativo o burocrático en la concesión de los avales, de las subvenciones, de alguna serie de cosas. Esperemos que en una próxima comparecencia, cuando se nos informe de estas materias, efectivamente veamos y nos convenzamos todos de que están sirviendo para algo y de que se están agilizando los trámites lo más posible. Y simplemente, porque antes se me olvidó, si quiere me la explica muy brevemente y si no pues es igual, ya nos enteraremos en otra ocasión, a ver cuáles son los tipos de motivaciones que se están haciendo a los funcionarios de las futuras Delegaciones Regionales de Hacienda, que ha hablado de unas motivaciones para que funcionen bien; a ver qué tipo de motivaciones son las que están... Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Director General tiene la palabra.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Contesto a esta última pregunta, realmente, con humildad porque tal vez no hayamos logrado el objetivo perseguido; pero sí que quiero indicarle que desde el primer momento, en la primera semana, al tomar posesión del cargo en la Dirección y encontrarme con unos cuantiosos documentos que sumaban, superaban esta altura, con todos los cálculos previos en las Delegaciones de Hacienda, etcétera, la primera reacción fue escribir una carta personal a cada uno de los señores que figuraban en las listas en cuestión, que iban a ser transferidos a la Comunidad Autónoma. Evidentemente, el proceso entonces parecía que iba a culminar el uno de Enero del ochenta y cuatro y eso tal vez explique pasos que se han dado. Pero esta carta fue tal, digamos, el efectos que produjo porque la mayor parte de los funcionarios no sabían que estaban en esas listas. Los señores Delegados

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de Hacienda no consideraban importante para ellos el que ellos supieran que iban a ser transferidos a la Comunidad Autónoma. Creo que este primer punto ya fue un primer cambio de forma de hacer con respecto a la actuación de la otra Administración que, tal vez por tener más consolidadas las estructuras, no considere importante este factor. Además de esto, en tres ocasiones, depende ya las provincias, en unas tres, en otras cuatro, en otras dos sólo, hemos visitado las unidades interesándonos por los problemas de gestión y también por los problemas humanos que tenían y ha habido problemas, realmente, pues que se han solucionado, de posibles cambios, permutas, etcétera, en que en todos los casos hemos dado por nuestra parte la conformidad, que no siempre ha dado buen resultado porque era imposible con los objetivos en concreto del Estado. Y sí quiero señalar -y vuelvo a resaltar que puede que estemos confundidos- que tenemos casos concretos de personas que han sufrido una gran desgaste en este año y medio en estas unidades porque insisto en que han estado en tierra de nadie, habían salido del puerto de Hacienda y no habían llegado al puerto de la Comunidad Autónoma, y que, sin embargo, han considerado que en la Comunidad Autónoma se tiene en consideración a las personas. Desde luego, tal vez no lo logremos, la Comunidad Autónoma tiene muchos problemas de organización y en el apartado de personal que nos supera a nuestra Consejería, evidentemente, los problemas no son fáciles.

En cuanto a los problemas que me ha planteado la cesión de tributos, son si se quiere aún más complicados, debido a que son un número tan reducido de funcionarios, cada uno de un cuerpo diferente, incluso hay funcionarios, hay contratados, hay interinos, y los problemas que se pueden plantear son graves y grandes; pero estamos convencidos -y no lo hemos dicho sólo por decirlo- que si logramos formar equipos de personas, no muchas, porque somos escasos y el que conoce la experiencia de lo que es una Delegación de Hacienda puede juzgar si con trece, quince, diecisiete, veinte personas, se va a poder llevar a cabo toda la gestión tributaria, pues, a pesar de eso, creo que estamos en el camino de conseguir resultados muy positivos debido a esta labor, que insisto una vez más que tal vez haya que ponerla muy en sordina, o muy a poco nivel, y que tal vez no hemos podido realizar más a fondo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias señor Director General. Por el Grupo Socialista, señor Fernández Merino, tiene la palabra.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO (DON LAURENTINO):

Sí, aparte de felicitar en primer lugar la exposición del Director General, que creo que ha sido prolija, dentro de la aridez que estos temas tienen para aquellos que tenemos que escuchar fundamentalmente, me gustaría también explicarle al señor Montoya que, efectivamente, esta Comisión ha sido, o esta comparecencia ha sido a petición del Grupo Socialista, aunque no lo diga el Orden del Día, y fundamentalmente porque entendíamos que, aparte de la labor Legislativa de estas Cortes y estas Comisiones, tienen también la función del control y seguimiento de la labor del Gobierno. Y no, por supuesto, porque hubiera tenido una discrepancia con la actuación de esta Consejería, sino tal vez ejerciendo una labor de oposición que otros Grupos no hacen y tratando de seguir no solamente temas puntuales, o pintorescos, o que tienen mucha atracción de cara a la opinión pública, sino programas fundamentales que desarrollan estas Consejerías y que creo que vale la pena escuchar y aguantar a veces con polaridad el tema, de cara, entre otras cosas, a que cuando se produzca ese debate del PDR que ustedes han solicitado como Grupo Mixto y que nosotros hemos accedido a ello en el Pleno, pues, sin ninguna duda, usted, a través de esta información de hoy, tendrá algún dato más en su información para poder trabajar con ella en ese debate. Y, en este sentido, el Grupo Socialista lo que pretendía era aumentar el grado de control y de seguimiento de la labor del Gobierno. En ese sentido lo hemos hecho en otras Comisiones que ya han pasado y seguiremos haciéndolo en otras, salvo que la iniciativa de otro Grupo se nos adelante.

Y para terminar, dos preguntas puntuales al Director General que me gustaría conocer, que es el coste del aval que facilita la Junta a una Sociedad o a un empresario, me refiero al coste en cuanto a lo que recibe el aval. Y cuál es la situación de la aparente guerra que existía de algunas Cajas de Ahorros importantes de nuestro país para conseguir implantar sus sucursales en otras Regiones, y fundamentalmente la incidencia que en nuestra Región podría tener la presencia de Cajas tan importantes como pudieran ser la de Madrid, la Caixa u otras Cajas de otras Regiones, que, evidentemente, su interés supondríamos no sería tanto la de potenciar el desarrollo de nuestra Región, sino la de captar recursos de esta Región para el desarrollo de otras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. El señor Director General tiene la palabra.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Bueno, respecto a la primera pregunta del coste del aval, no viene establecido en la normativa que he señalado anteriormente de Ley-Decreto. Bueno, se señala que en cada operación concreta la Junta de Castilla y León establecerá cuál es el coste del aval; en las operaciones concedidas no se ha fijado, vamos, se ha fijado coste cero. El estudio que tenemos es de fijar un coste de aval del 1% sobre riesgo vivo. Creemos que aquí hay un tema a contemplar, que desde luego nosotros estamos estudiando, y es el que no generemos un instrumento que sea competencia llamémosla desleal con otros instrumentos que

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asisten en el mercado y que, evidentemente, por vía de precios podría generar esta competencia. Sí que es verdad que el aval de la Junta tiene algunos matices que lo hacen diferentes a los avales prestados, por ejemplo, por el tema de SGR y demás, en cuanto a que la Junta no renuncia al beneficio de exclusión y otros puntos.

Respecto a la segunda pregunta, sobre la situación de las tiendas de dinero... Bueno, perdón, no ha sido ése el término concreto que se ha planteado, sino sobre la posibilidad de apertura en nuestra Región de sucursales de Cajas de Ahorros. Aquí realmente el tema lo hemos estado siguiendo de cerca, preocupados. Conocemos que ya están abiertas algunas oficinas de este tipo, y desde luego en Valladolid están abiertas. En una reunión que hicimos, que convocamos aquí la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León de todas las Comunidades Autónomas, que se celebró en el Castillo de la Mota, estudiamos el problema. Hay diversidad de criterios, tal vez, entre Comunidades, pero la Comunidad nuestra vemos que este nuevo fenómeno de aparición de unas nuevas sucursales, que de hecho no son Cajas pero que se apoyan en el logotipo y en el nombre y en el capital inmaterial que tienen las Cajas, son un instrumento muy delicado. En primer lugar, incluso, nos planteamos que no sean una especie de fraude de Ley. En definitiva, a través de esas fórmulas algunas instituciones financieras muy grandes tal vez necesiten romper el corsé actual y, buscan, por este camino, extenderse fuera de sus zonas de implantación y de la normativa que existe en este momento en cuanto a la libertad de abrir sucursales en otras zonas, que hasta este momento sólo se puede hacer en la zona de origen donde es la sede social, y luego sólo hay muy pocas plazas con libertad, como puede ser Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera; por este camino, parece que es una forma de burlar esta normativa. Y, por otra parte, a nosotros también nos preocupa el que no sea un instrumento también para salirse de la vía de coeficientes. En definitiva, estudiando los Estatutos, por ejemplo estudiando los Estatutos de la que está implantada aquí en Valladolid, de la Caixa, de una tienda de dinero, da la sensación de que vienen a la Región a emplear recursos, no a captar recursos; sin embargo, nosotros tenemos la duda de que el resultado final sea ése. Esta especie de tiendas de dinero han surgido tal vez porque han nacido nuevos activos financieros, pagarés, etcétera, que exigen una movilidad mejor. Tal vez el Ministerio de Economía y Hacienda, en un momento determinado, ante el volumen tan cuantioso de estos nuevos activos y tal vez con un miedo a la posibilidad de colocarlos, ha previsto o ha hecho... se ha olvidado de la Legislación existente sobre Cajas de Ahorros y ha dejado que se extiendan. De todas las maneras, el problema, independientemente de nuestra preocupación, se ha planteado, por una lucha entre Cajas de Ahorro. Porque, de alguna manera, se ha llegado a ver que, aunque están todas en la CECA, los intereses no son todos los mismos y, ante la batalla planteada de la libertad total, en la CECA -lo hemos estado también siguiendo de cerca- ha habido planteamientos alternativos, incluso una propuesta de síntesis por parte de la CECA de hacer que me parece que eran diecinueve localidades tuvieran libertad de establecimiento (creo que son las poblaciones que superan doscientos mil habitantes) y en cambio en el resto no, seguiría con la normativa actual.

Pero en esta materia se está en un compás de espera porque las grandes cajas -Caixa, la Caja Madrid, Caja de Bilbao y alguna Caja- no están de acuerdo con esta solución y se están produciendo movimientos muy rápidos, e incluso se está llegando a acuerdos entre Cajas de Ahorros que, por desgracia, y esto es un análisis desde nuestra óptica de Gobierno Regional, no están cubriendo el campo de la propia Región. Es decir, que en un momento determinado se contempló el que las once Cajas de Castilla y León generaran, por vía de unirse, unos instrumentos parecidos a la Caixa; se está llegando a acuerdos parecidos pero entre cajas de diversas Regiones, y, de alguna manera, eso también nos preocupa porque puede ser una fórmula más de romper, bueno, pues la definición clara de las Cajas, que está muy orientada y debe estar orientada hacia el Territorio en que nace y al desarrollo de las potencialidades de este territorio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. ¿Algún Procurador desea hacer...? Señor Caballero, tiene la palabra.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Sí. Muchas gracias señor Presidente. La verdad es que yo había pensado empezar esta intervención, que no va a ser larga, con una queja, cosa que no creo que preocupe al señor Director, al señor Consejero, porque él sabe que incluso mis quejas son constructivas. Pero, con su permiso, yo voy a decir unas palabras antes de empezar lo que había pensado decir, manifestando algo que pienso que le va a ser muy interesante de conocer a alguien que ha intervenido antes que yo y que ha confundido los términos de la actuación del Grupo de la Oposición con una especie de uso del botafumeiro, en el que me parece que se ha excedido en cuanto a sus actuaciones. Desde la ignorancia de que, por ejemplo, el Grupo Popular tiene en este momento hecha una petición con carácter general a todos los Consejeros y Directores Generales de la Junta de Castilla y León para tratar temas esencialísimos, importantísimos y de la máxima actualidad y que precisamente son de esta Consejería. O sea que a mí me parece muy bien que todos tengamos inquietudes, pero cuando las tenemos eso no quiere decir que necesariamente tenga que ir en demérito de las que tengan los demás, porque las inquietudes las tenemos todos. Y para una primera manifestación que se ha originado por parte del Grupo del Gobierno dentro de esta Comisión de Hacienda, me parece que lo que podemos hacer es invitarles a que la repitan, que nosotros ya estábamos en esa línea hace mucho tiempo.

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En cuanto a lo de la queja, es que el señor Consejero nos acostumbró mal en la primera reunión de la Comisión de Hacienda cuando, en vista de lo voluminoso del contenido de su intervención, nos plantó delante de nuestro escaño, de nuestra mesa, un amplio volumen en el que se contenía todo lo que nos iba a decir y algo más, que lógicamente en la exposición fue acortando por la sencilla razón de que ya teníamos los datos completos que él había tenido la gentileza de exponernos en su totalidad.

Desde ese punto de vista, desde ese recuerdo, sucede que la exposición de esta tarde de aquí, de aquí esta tarde, si ha sido decepcionante por algo ha sido porque ha habido una cierta precipitación, que yo reconozco con el señor Director General que era necesaria porque la abundancia de los temas y la profundidad de los datos que él manejaba no permitía una disertación tranquila, pacífica y sosegada porque habríamos podido estar aquí tres días escuchándole, cosa que habríamos hecho con mucho gusto, que habría sido muy instructiva, pero que, lógicamente, por razones que son obvias no ha podido ser.

Entonces, yo quería recordarle al señor Consejero aquellas buenas costumbres con las que empezó e invitarle a que no las perdiera. Y puesto que los temas que se nos han sometido en la tarde de hoy a los Procuradores de la Comisión de Hacienda son sumamente interesantes, yo quería rogar que todo aquello que el señor Gayubo no ha tenido tiempo ni posibilidad material de exponernos, nos fuera facilitado con la entrega a los miembros de la Comisión, o a los que lo solicitemos de la Consejería, de la intervención que podía haber sido... la intervención de lo que podía haber sido la intervención completa del señor Director General, que consideramos interesantísima y en la que hay datos de los que desde luego no queremos carecer.

En cuanto a otros temas que se han venido tocando, yo pienso que ya se ha hecho aquí una mención a la desaparición consumada del IRESCO, a la posible desaparición consumada, probable pero por consumar del GAEI, y sobre todo a un tema que a mí me preocupa profundamente, que es el de la ayuda a las PYMES. Si el tema es farragoso y estamos todos de acuerdo en que el tema es farragoso, pienso que tenía una solución que yo le brindo al señor Consejero, y es la de que abrieran una ventanilla informativa que podría resolver muchas de las dudas, muchos de los problemas y agilizar extraordinariamente los trámites de esta gente que va a pedir y que no va a pedir por capricho sino por necesidad, con lo cual quiere decirse que va a pedir en circunstancias de urgencia.

Independientemente de ello y entrando ya, señor Director General, en alguna pregunta concreta, que es muy rápida y muy breve, yo tengo una extrañeza, después de lo que ya conocía del tema de las Sociedades de Garantía Recíproca, que era bastante puesto que he sido consejero de una de ellas, y después de escucharle esta tarde la ampliación que nos ha dado sobre lo que es la política de ayudas de la Junta hacia las PYMES, que todas las ayudas a las PYMES me parecen pocas, noto, observo que existe, realmente está ahí una dicotomía en las actuaciones de la Junta, que por un lado crean las SGR o potencian las SGR o ayudan o multiplican o unifican las SGR para hacerlas más eficaces, y por otro lado prestan ellos directamente una serie de avales, en lo que parece ser que se produce una política de contradicción de si por un lado están ayudando a las PYMES, por qué por otro lado se les está haciendo la competencia. Y quiero insistir muy mucho en que todas las ayudas a las PYMES me parecen pocas, pero posiblemente fuera necesario considerar que habría que establecer, de alguna forma, no sé cómo, ustedes tendrán que estudiarlo, yo les ruego que lo hagan así, una forma de coordinar estas actuaciones o por lo menos de meditar y decirnos si van a seguir en esa doble de actuación, que no está muy justificada por cuanto que una de ellas contradice a la otra, o si van a dar una solución distinta, lo cual nos gustaría conocer tan pronto como sea prudente.

Y en cuanto a otro tema, que también afecta a las Sociedades de Garantía Recíproca, yo quería pregunta algo sobre el reaval, porque se nos ha dicho qué es lo que pasa para que el reaval que estaba en el presupuesto del ochenta y cinco, que está en el presupuesto del ochenta y cinco de nuestra Comunidad como un hecho inmediato, pues no aparezca, no acabe de aparecer. Se nos ha dicho por el señor Director General algo de lo que sucede, no se nos ha contado todo -pienso yo-, y también nos sería muy interesante conocer en toda su profundidad este tema. Y además de desarrollar ese tema, yo me permitiría incluso hacer una pregunta al señor Director General, y es el de si cuando se organice la forma de potenciar estos avales de las SGR con ese segundo aval, interesantísimo y que creo que potenciaría de una manera extraordinaria las actuaciones de nuestras Sociedades de Garantía Recíproca, se va a tener la atención de consultar a las partes interesadas y de qué forma se pensaría hacer. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Director General, sí, tiene la palabra.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Sí, vamos a ver. Yo voy a intentar contestar a las dos preguntas concretas sobre SGR. Bueno, la extrañeza en cuanto a que se trata de políticas competitivas, de alguna manera, y que es una doble actuación de la Junta que no está justificada, yo también quiero señalarle que esa duda me la tengo planteada. Porque estamos apoyando con mucha claridad y muy fuerte las Sociedades de Garantías Recíproca y, bueno, tenemos ahí ese otro instrumento que son los avales directo, primer aval. Sin embargo, hay una posibilidad de solución, una fórmula de coordinación que nadie aún la ha establecido, porque quiero señalar a Su Señoría que la línea de primeros avales la tiene establecida todas las Comunidades Autónomas en sus presupuestos respectivos, y también la política de apoyo a

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las Sociedades de Garantía Recíproca. De la fórmula que estamos estudiando sólo puedo señalar un poco las grandes líneas: iría por la línea de reconocer que en ciertos casos algunas operaciones determinadas deberían ser tal vez rechazadas por las SGR con un funcionamiento puramente... desde un enfoque económico puro. Y, en cambio, tal vez por intereses más de ámbito económico-social, o tal vez de mayor riesgo... Porque vamos a ver si esto lo dejamos claro, no es que no tenga interés económico, tal vez si nos metemos en tecnología punta o en capital riesgo, etcétera, una SGR no se atreve a meter y en cambio es muy necesario para la Región, para que afloren nuevas iniciativas y nuevos proyectos de inversión; y es en estos campos, no tanto de sostén o de eutanasia social cuanto de creación en riesgo, donde tal vez las SGR, que no se atreven a meter porque en el fondo, bueno, los recursos son más escasos y demás, donde se podría buscar una fórmula de colaboración y tal vez ir hacia las fórmulas de coaval en proporciones diferentes según cómo se estableciera esta importancia de los casos. Repito que sólo son líneas maestras que no están maduradas pero que tal vez habría que trabajar ahí, en esta materia.

Por otra parte, y ya pasando a la segunda pregunta pero que en parte contesta también a esta primera, respecto al reaval quiero señalar que sí que estamos en contacto permanente y en consulta con los propios interesados. El año mil novecientos ochenta y cuatro enviamos un proyecto de Decreto de segundo aval a las Sociedades de Garantía Recíproca de Castilla y León solicitando a su Dirección y a sus órganos de Consejo, etcétera, que nos hicieran llegar sus observaciones al mismo. Sí que nos han llegado sus observaciones, pero en general había una observación maestra, y era... y es por esta observación maestra por lo que no se ha desarrollado la vía del segundo aval, digamos, porque la oferta no coincidía con la demanda. El segundo aval de la Comunidad Autónoma está de alguna manera, hasta el momento, definido como el segundo aval del Estado; se trata de un segundo aval subsidiario, un segundo aval que entraría a funcionar cuando realmente la Sociedad de Garantía Recíproca hubiera hecho no quiebra pero prácticamente estuviera hundida. Y entonces ¿para qué sirve un segundo aval así? Evidentemente, un segundo aval así, el del Estado que ya existe, el de la Sociedad Mixta del Segundo Aval y el de la Comunidad Autónoma si se articula de esa manera como aval subsidiario, evidentemente, sí sirve para algo: sirve para dar a estas sociedades de Garantía Recíproca mayor solvencia frente a instituciones financieras, y por tanto deberían servir como instrumento para conseguir mejores condiciones, líneas de crédito, mayores plazos, menores tipos de interés, etcétera, cosa que no creo... no sé si se está logrando realmente. Es decir, que, en definitiva, muchas de estas instituciones, como los mercados no son perfectos, en definitiva lo único que sirve es para sanear las cuentas de resultados de algunas instituciones, que es lo que yo pienso que está pasando en parte en este campo, que las SGR están corriendo con riesgo pero no ha logrado funcionar el mercado como teóricamente funcionan los libros y, en definitiva, para lo único que están sirviendo es para disminuir el riesgo que corren bancos y cajas, y sanear por esa vía la cuenta de resultados de estas instituciones, cuando un mercado perfecto lo que haría sería bajar los precios y tendríamos un encaje más racional de este intermediario financiero.

¿Que pasa con el reaval? Pues pienso que, en efecto, mientras no sea un aval solidario o parcialmente solidario, tal vez a las SGR no les interese demasiado, y así nos lo confesaron: lo que querían era un aval solidario. Pero es que, entonces, un aval solidario puro tampoco puede ser, porque entonces sustituimos a las SGR y en definitiva quien da el aval es la Junta, y las SGR lo que están dando es avales pero con dinero de la Junta. Ese es un campo también peligroso. Habría que buscar fórmulas que no están solucionadas ni en nuestra Comunidad ni a nivel del Estado, porque la Sociedad Mixta del Segundo Aval, repito, no ha servido para nada. Yo cuando veo los Presupuestos Generales del Estado y ahí se habla de 16.000.000.000 en mis pobres cálculos lo que me digo es lo siguiente: si algún día tiene que intervenir la Sociedad Mixta del Segundo Aval es que se ha hundido todo el sistema de SGR de España, porque como sólo interviene cuando están realmente las Sociedades al borde de cerrar, pues, realmente es más bien una cosa que figura ahí y nada más. Sin embargo, sí conozco -no en profundidad- que se están produciendo movimientos hacia la fusión de la Sociedad Mixta del Segundo Aval del Estado y SOGASA. SOGASA, Sociedad que teóricamente sí que avala solidariamente a las Sociedades de Garantía Recíproca, que son sus socios, únicos socios, que avala hasta un cierto porcentaje, está en una situación económicamente precaria y de difícil futuro, y se está buscando una fórmula de integración que de alguna manera culminaría, daría el cierre a este sistema de SGR a través de un modelo que yo veo de la siguiente manera: un modelo de responsabilidad pública por vía de la Sociedad Mixta del Segundo Aval y fondos públicos presupuestarios, pero un modelo también de responsabilidad de las SGR vía participación en esta Sociedad y articulando un modelo en que sólo hasta cierto porcentaje sería solidario; o, en definitiva, cubriría cierto porcentaje, no se reavalarían las operaciones al cien por cien sino sólo hasta una cierta proporción. Y es en esta vía en la que tal vez vayamos a avanzar. Conocemos algunos convenios... Antes he señalado tal vez que no había ningún desarrollo en ninguna comunidad; la Comunidad Autónoma de Aragón tiene un convenio de reaval, lo que pasa que pienso... lo conozco, lo hemos estudiado y pienso que no aporta nada nuevo; lo que ha hecho es el modelo de reaval de la Sociedad Mixta de Segundo Aval del Estado, que llegaba hasta el 75% del principal de la SGR, lo que ha hecho la Comunidad Autónoma de Aragón es poner el 25% restante, y, en definitiva, el resultado es

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que ahora las SGR... la SGR de Aragón, puesto que ya no queda más que una, va a tener reaval subsidiario, es decir, que cuando se hunda la SGR de Aragón intervendrá el 75% del Estado y el 25%, la Comunidad Autónoma. A la propia SGR y a los empresarios que están en ella como socios no les satisface mucho, sólo les puede valer en la medida que capitalicen ese factor para conseguir mejores líneas en las instituciones financieras. No sé si contesto a su pregunta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Pues sí, contesta usted a mi pregunta con mucha amplitud y tengo que agradecérselo. Creo que parte de las dudas que yo tenía quedan así resueltas.

Pero lo que sí quiero es aprovechar la ocasión, ya que tenemos aquí a nuestro Consejero, para decirle si me lo permite, cambiando de tercio, que andamos toda la Comisión pendiente de que se nos complete el cuarto tomo del PDR, y puesto que nos consta que está todo resuelto, puesto que las peticiones han seguido el curso que deberían seguir, eso implica que todo está acabado y que debíamos tener conocimiento de ello, lo que espero que se produzca a plazo corto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. El señor Montoya ya había pedido la palabra.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sí. Yo voy a aprovechar para contestar a las alusiones que me ha hecho el señor Fernández Merino, que debe tener razón, yo supongo que tiene razón en que los Grupos de Oposición probablemente no estamos haciendo una Oposición como debiéramos de hacerlo; a lo mejor hemos derivado a temas pintorescos, esto ya me parece que a lo mejor se ha excedido un poco. Pero sería importante entender por qué los Grupos de la Oposición a lo mejor no estamos haciendo Oposición. ¿No será que hay un cierto cansancio en la sordera del Grupo Socialista en escuchar estas voces de la Oposición? Y yo le querría advertir al señor Fernández Merino que a lo mejor, pues bueno, hay un exceso de atribuciones, de inferirse demasiadas atribuciones, querer ser juez y parte, ser gobierno y control del Gobierno, probablemente porque se trata de ahogar una Oposición que, bueno, a fuerza de ahogarla probablemente deja de ser oposición. Aquí ya no sabemos dónde termina el Gobierno, donde termina la Oposición, dentro del mismo Grupo del gobierno, no sabemos quiénes están a favor de la liberalización dentro del Gobierno o quiénes del intervencionismo, quiénes del recorte de las pensiones y quiénes no. Bueno, y ahora pues parece que esta enfermedad se ha extendido también a las Cortes de Castilla y León y dentro del mismo Grupo Socialista pues hay Gobierno y hay otro Grupo que va a hacer a partir de ahora el control del Gobierno. Bueno...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Yo rogaría a Su Señoría que se limitase a hacer las preguntas u observaciones al Director General y en relación con el tema que nos ocupa, que es el turno que estamos. Creí que no había usted pedido la palabra... Su Señoría no había pedido la palabra por turno de alusiones sino para hacer alguna pregunta y le ruego que la formule.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Bueno, como yo había aprovechado para contestar a esa alusión, con esto termino.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Efectivamente, ahora no tengo más remedio que conceder la palabra al señor Merino por alusiones.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO (DON LAURENTINO):

Brevemente. Simplemente para indicarle que la petición está firmada por el Portavoz del Grupo Socialista, y la pedía el Grupo Socialista entero; el que apoya al Gobierno y el que controla la labor del Gobierno, los dos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para hacer preguntas concretas sobre el tema. Había pedido la palabra el señor Ares me parece.

EL SEÑOR ARES MARTIN:

Señor Presidente, Señorías. Yo quería hacer unas preguntas efectivamente concretas. La primera de ellas sería que, como nos ha dicho el señor Director General, en la emisión de la Deuda Pública, efectivamente, en el año mil novecientos ochenta y cuatro fueron 1.468.000.000 y en el año mil novecientos ochenta y cinco 2.800.000.000, y como nos ha dicho que esta Deuda Pública había sido emitida para financiación de las PYMES -eso le he entendido a usted, para financiación de las PYMES-, me gustaría: ¿qué cantidades presupuestadas en el año ochenta y cuatro y ochenta y cinco, precisamente, son financiadas para las PYMES? Primera pregunta.

Segunda pregunta: Tributos cedidos. Bueno, yo aquí, según los datos que usted me ha dado, no sé si coinciden exactamente con los que yo... Usted nos ha dado leyéndolos y yo los tengo que sacar de memoria. Me parece que en el año ochenta y cinco, efectivamente, en la memoria venían no 21.600 sino 21.200.000.000 de pesetas de los que eran presupuestados por el Estado, y que me parece que la Comunidad Autónoma, no sé, esto parece ser que fue la observación que hizo el señor Consejero, había considerado que no se recaudarían más de 19.600.0000.000 de pesetas, me parece que es la cantidad que se presupuestó. Entonces yo le pregunto, mi pregunta sería ¿cómo va la recaudación del año ochenta y cinco?, ¿a usted le parece que se va a llegar a esta cantidad de 19.600.000.000? Y si no se va a llegar, ¿cómo se va a

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compensar ese déficit, con el superávit de año ochenta y cuatro o se va...? Bueno, realmente, cómo se puede compensar ese déficit es mi pregunta.

Tercera pregunta. Esta es cuestión de avales. En el año mil novecientos ochenta y cuatro, efectivamente, había 400.000.000 pesetas presupuestadas para avales, de los cuales me parece que se han gastado 40 y se pueden gastar 20 más, según tengo entendido, se han gastado 40 y se pueden gastar 20 más. Lo presupuestado el año ochenta y cinco son 600.000.000 y nada más nos ha dicho usted que son diecinueve expedientes los que hay, no nos ha hablado de cantidad. Mi pregunta sería qué cantidad aproximada y si usted cree que se van a cubrir esos 600.000.000 de pesetas o si no se van a cubrir. Y también le preguntaría si hay algún moroso ya de las cantidades que se han aportado como avales.

Y mi cuarta pregunta sería de ayuda a PYMES. Me parece que hay una cantidad de 1.600.000.000 presupuestados este año, con un convenio... Mejor dicho, hay un convenio de 1.600.000.000 de pesetas me parece que con las Cajas de Ahorros, en las cuales la Comunidad Autónoma financiaba seis puntos, me parece que era la cantidad exacta; el total eran 96.000.000 de pesetas pero nada más había presupuestado 50. Yo le preguntaría: ¿a usted le parece que se van a cubrir estos 1.600.000.000 pesetas? En caso de que se vayan a cubrir, ¿de dónde se financiarían los otros 45 que nosotros proponíamos que se hubieran cubierto de una forma determinada? Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Director General tiene la palabra.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Vamos a ver. Voy a intentar contestar a Su Señoría. Y tal vez a medida que yo voy mezclando los papeles los tengo más mezclados, pero en fin, lo intentaré. Respecto a la primera pregunta sobre la Deuda Pública, si me ha entendido en mi primera intervención que iba destinada íntegramente a apoyo a PYMES no ha sido así. Lo que sí que quiero señalar y recalcar es que entre los elementos considerados para emitir Deuda Pública se ha tenido en cuenta ése. Y ¿por qué? Porque la metodología del Fondo de Compensación Interterritorial impide meter dentro de... o financiar con este instrumento algunos programas de gasto que figuran en los presupuestos. Por ejemplo, la misma política de acudir a las ampliaciones de capital de las Sociedades de Garantía Recíproca, Capítulo VIII del Presupuesto de la Comunidad, no encaja dentro de este programa. Por ejemplo, la política de subvención de intereses o de subvención de capital de PYMES no encaja dentro del FCI sino que sólo encajan inversiones reales del Capítulo IV del Presupuesto, no así del Capítulo VII o capítulo VI o capítulo VIII. Es por esto que, entre los elementos considerados para poder llevar a cabo esas políticas, recurríamos a nuevas fuentes. Esto es lo que yo he querido señalar. Evidentemente, no... y si lo he dicho ahora lo aclaro, no toda la Deuda Pública va únicamente a esa finalidad. Y respecto a qué programas concretos, si desea, bueno, respecto al ochenta y cuatro figuraba específicamente qué programas concretos se financiaban con Deuda, y figuran así en la memoria de presupuesto o en el informe económico-financiero, creo recordar. En el ochenta y cinco no es que no figuren, tal vez conviene aclarar que la forma en que se ha calculado, se ha estimado por el Comité de Inversiones Públicas que, una vez -se se quiere- dentro de lo que es el bloque global de inversiones de la Comunidad y una vez hecho un subconjunto con lo del Fondo de Compensación, que sí son proyectos que se han concretado en coordinación con la Administración Central del Estado, hay luego otro gran bloque de inversiones que se financia con los fondos de inversiones de reposición, con Deuda Pública, etcétera. Y se ha estimado por el Comité de inversiones públicas que preside el Consejero de Economía y en que están todas las Consejerías que era tal vez no conveniente asignar recursos concretos a fines concretos, sino que todo el volumen, repito, de inversiones debería financiarse con estos recursos: recursos ordinarios que vienen vía inversiones de reposición a través del porcentaje de participación y recurso de Deuda Pública. El porqué de esto: pues fundamentalmente para no usar la Deuda Pública más que si se necesita. Es decir, para emitir la Deuda Pública en la medida en que se vayan realizando las inversiones. Evidentemente, como el objetivo es cumplir el programa de inversiones, por eso ya hemos emprendido los pasos para la emisión de Deuda Pública.

Bueno, vamos a ver, paso a la segunda pregunta: cómo va la recaudación del año ochenta y cinco. Yo creo que lo tengo, tengo información sobre la pregunta que formula Su Señoría, sin embargo tenemos información... Bueno, y quiero señalar que, como realmente no tenemos los servicios, la información la estamos recibiendo por unos sistemas un poco atípicos. Evidentemente, a partir ya del mes en que salga el real Decreto, la información la tendremos directamente porque seremos nosotros los gestores. Sin embargo, en este momento nuestros cauces de información son dos: uno a través de la Inspección General del Estado, perdón, la Inspección General del Ministerio de Hacienda que envía la publicación sobre la recaudación en toda España; esto viene con periodicidad mensual, con una cierta demora, y la Dirección General, y en concreto el servicio tributario, hace un informe mensual al Consejero y, vamos, a todo el Consejo de Dirección de la Consejería para informar de cómo está el tema. Ya pasando a la contestación concreta, le puedo decir que en Castilla y León los últimos datos conocidos son de enero a abril del ochenta y cinco y que con respecto a... ni siquiera con respecto a las previsiones sino con respecto a la recaudación del año ochenta y cuatro, es decir, enero-abril ochenta y cuatro, enero-abril ochenta y cinco, esa comparación, Castilla y León

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lleva un crecimiento negativo de seis coma cero cuatro puntos. Señalo que en el resto de España las Comunidades Autónomas en esas mismas fechas están: la Comunidad Autónoma de Aragón lleva una baja del treinta y cuatro coma quince por ciento; la Comunidad Autónoma de Canarias lleva una baja del once coma setenta y uno por ciento; la Comunidad Autónoma de Castilla y León lo he señalado; la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha lleva una baja del doce coma noventa y seis por ciento; Cataluña lleva una baja del tres coma noventa por ciento; Extremadura un alza del uno coma veinticinco por ciento; Galica un alza del once coma diez por ciento, y Valencia una baja del once coma trece por ciento. El conjunto de Comunidades da una baja del cuatro coma cuarenta y uno. El resto del Estado, es decir, en las zonas que gestiona el Estado y que no han sido cedidas a las Comunidades, entre las cuales deberíamos incluir la nuestra, que no tenemos aún la responsabilidad de gestión, la baja es del seis coma ochenta y uno y el total general la baja es del cinco coma treinta. Evidentemente, el resto de impuestos que han quedado en el sistema general han subido en esos mismos períodos el doce cuarenta y dos y, computando las tasas, el doce setenta y seis. Evidentemente este hecho nos preocupa; el Consejero, en fin, lo puede señalar porque mensualmente lo comentamos, y prueba de hecho algo que creo que debemos reconocer aquí y que la Comunidad de Castilla y León lo señaló desde el principio: que los tributos cedidos, de hecho, son más rígidos que los no cedidos; punto primero. Punto segundo, y va en parte a contestar la pregunta que ha formulado complementaria de ésta Su Señoría: cómo se va a cubrir este déficit. Punto segundo, pero aún sin contestar a esa pregunta.

En el caso de los tributos cedidos, y yo como responsable más directo soy el que más preocupación tiene, además incide otro factor, y es que se trata de tributos de titularidad estatal y que por la ley de presupuestos de cada año va a poder establecer el Estado cuáles son los hechos imponibles, se van a poder declarar exenciones, bonificaciones, etcétera. Y eso, evidentemente, es hacer política fiscal con instrumentos que ya no los tiene el Estado, con lo cual las Comunidades Autónomas y la nuestra tenemos muy claro que tenemos que vigilar esta política fiscal hecha a costa nuestra y tenemos que plantear reclamación a la Administración Central. Y en este año concreto por lo menos tenemos un hecho claro, y es, por ejemplo, en la exención, en la trasmisión de los vehículos usados que ahora no tributan y que esa recaudación que sí figuraba en el ochenta y cuatro la vamos a perder. El problema es que la contabilidad no es lo suficiente fina como para demostrar exactamente a cuánto asciende esa pérdida, estamos haciendo estimaciones para plantearlo en la revisión de la financiación de este año. Porque tampoco olvidemos que estamos en el período transitorio de financiación que establece la LOFCA y que establece el Estatuto de Autonomía, durante los seis años, o bien la alternativa: hasta completar las competencias estatutarias (todo hay que decirlo), y hay una garantía de la financiación. Esta merma de recursos yo creo que se ve, y máxime cuando no tenemos la gestión nosotros directa, que es un poco el sistema el que ha generado esta merma. Y en gran medida se produce por un hecho que también, no sé si es profundizar mucho en el tema o no, pero de alguna manera en el año ochenta y cuatro en algunos impuestos había componentes atípicos, y concretamente las tasas de juego, las máquinas recreativas el año ochenta y cuatro dieron un nivel de recaudación atípico, que no correspondía sólo a la recaudación del año ochenta y cuatro sino que tenía parte del ochenta y tres porque se logró unos aplazamientos debido a que es el año ochenta y tres cuando subió la cuota. Esto ha falseado un poco los resultados del ochenta y cuatro y, a partir de ahí, todas las estimaciones para el ochenta y cinco. Esto se ve claro en el caso de Aragón. Bueno, en el caso de Aragón, perdón, tiene otro ejemplo; ahí fue una operación atípica por la instalación de la General Motors y por tanto cierro ese tema.

En cuanto a cómo cubrir el déficit, en parte va a venir por la vía de exigir a la Administración Central del Estado que la política fiscal que figura en los presupuestos generales del Estado y que incide sobre los recursos de la Comunidad Autónoma, evidentemente, habrá que cuantificarla y tendrá que venir por vía de subvenciones. Y respecto al resto yo no veo más posibilidad que, evidentemente, hacer ahorro en gasto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Tomillo había pedido la palabra.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Perdón, había alguna pregunta más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Perdón, no ha terminado su intervención...

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Sí. La tercera pregunta sobre avales, que era las cantidades que se habían dispuesto. En general observamos -y no es un buen indicador- que los solicitantes solicitan las cuantías máximas establecidas en la ley; no es un buen indicador. Lo lógico es que la solicitud vaya en función del proyecto inversión que tiene, no en función de lo máximo que pueda dar la Junta.

Por otra parte se me plantea si hay morosos. No tenemos reclamación, digamos, por procedimiento legal, pero sí conocemos que uno de los avales la situación... repito, no tengo por escrito la información, pero la situación puede haber entrado en el proceso de exigibilidad para la Comunidad Autónoma. Repito: no tenemos... no se ha exigido ni se está siguiendo en este momento el procedimiento jurídico para hacer frente a esto, pero nuestras informaciones van por ahí en uno de los casos.

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En cuanto al convenio de comercio de los 1.600.000.000 y si no existía consignación suficiente, mi información -que evidentemente habría que contrastarlo con la de la propia Consejería y la intervención general- es, por una parte, que los fondos no usados en el año pasado, puesto que el convenio se articuló tarde, han quedado como retención de crédito, y, por otra parte, que si el convenio llega a cubrirse totalmente sí habría una insuficiencia; pero aquí señalo a Su Señoría que, bueno, que la técnica presupuestaria prevé instrumentos para la aprobación de gastos extraordinarios, pienso, es una posible fórmula. Desde luego, la voluntad que se tiene es de cumplir el convenio, porque lo que se quiere es llegar al máximo nivel de prestación de ayudas a PYMES comerciales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Ares, sea breve en su réplica.

EL SEÑOR ARES MARTIN:

No, no, no es ninguna réplica, es una serie de algunas cosas que han quedado en el aire y yo nada más quería a ver si me hace el favor. Es que, como efectivamente ha hablado, se ha puesto de moda yo creo hoy la palabra maraña, efectivamente, yo que soy un hombre que me sé un poquito de los presupuestos, tengo una maraña bastante grande en qué cantidades -y es la primera pregunta que yo le hice, que usted a lo mejor no me la cogió bien- es qué cantidades se han presupuestado en el año mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos ochenta y cinco para PYMES. A lo mejor no me la puede contestar. A mí me gustaría que si usted me la pudiera contestar me la contestara.

Y en cuanto a la tercera, la tercera pregunta que yo le hacía hablaba de diecinueve expedientes, usted habló de diecinueve expedientes. Yo digo que supongo que serán de 20.000.000, por lo que acaba de decir, pero, dado el caso de que normalmente sólo conceden el cincuenta por ciento de los que piden, como el año pasado de seis tres, este año diecinueve, que serían nueve aproximadamente, son 180.000.000 ya, que le quedan aquí casi 1.000.000.000 para poder subvencionar esa otra parte que está sin subvencionar.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Bueno. Respecto a la primera pregunta, siento decir a Su Señoría que no tengo datos para contestar de cuáles son en los programas de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León los que van destinados a PYMES, pero pienso que en los presupuestos, en los anexos vienen detallados, en el programa, puesto que este año el presupuesto por programas debe permitir este tipo de análisis. Y por otra parte, en cuanto a la cuantía y que no se va a llegar. Bueno, en primer lugar, lo que está en este momento en vigor no son 1.000.000.000 de avales, es decir, que no se acumula la línea del año pasado a la de este año, y, en segundo lugar, y aquí tal vez doy una opinión muy personal mía, a mí no me preocupa demasiado el que no se agote esta vía. Doy una opinión muy personal mía.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señor Tomillo, tiene la palabra.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Sí, gracias. En la extensa y brillante intervención del Director General, se ha referido en su correspondiente apartado al efecto financiero. ¿Nos puede concretar lo expuesto en relación a la neutralidad o no neutralidad del llamado efecto financiero?

Y una segunda pregunta, que no está relacionada directamente con el tema de la intervención general que ha tenido el Director, pero sí su incidencia va a estar relacionada muy directamente con la evolución de la gestión en política financiera; la pregunta, en definitiva, es la siguiente: qué efectivos cuenta, -efectivos de elementos personales- cuenta en la actualidad la Dirección General de Política Financiera, así como los efectivos o los órganos de inspección que tiene dicha Dirección General sobre los tributos propios de la Comunidad. Gracias.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Bueno. Creo que el tema del posible efecto financiero se ha planteado al hablar de los problemas que plantea la cesión de tributos que, de alguna manera, al estar en este momento coordinados los dos instrumentos básicos del tramo suficiencia entre tributos cedidos y porcentaje de participación, pues la Administración Central ha intentado evitar el llamado efecto financiero. En nuestro estudio, presentado a todas las Comunidades Autónomas y a la Administración Central, la Consejería de Economía demostraba que el llamado efecto financiero... Vamos a definirlo primero para luego saber de qué hablamos, porque además ahí está muy discutido el concepto. El efecto financiero viene a ser como una holgura financiera que nace del teórico distinto ritmo de crecimiento de los recursos de las Comunidades Autónomas y del crecimiento de los costes de los servicios asumidos por ellas en las transferencias; es decir, digo teórico adrede porque, en principio, la participación en los ingresos del Estado y los tributos cedidos, según el Estado, crecen más deprisa (y hago el pequeño paréntesis para cómo va la recaudación de tributos cedidos este año), crece más deprisa que el coste efectivo de los servicios transferidos. Cuando se hizo el modelo de financiación, el modelo de la etapa transitoria, analizando los estudios yo pienso que tal vez no se contempla la dinámica, y en un modelo estático el modelo era equilibrado. Porque, en efecto, se trataba... Por una parte, en la balanza teníamos la suma de todos los costes efectivos de todos los servicios transferidos, y por la otra parte teníamos la forma de financiarlos, que eran los tributos cedidos más la participación

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vía porcentaje en los no cedidos. Sin embargo, la dinámica, dado que se trata de variables que cada una tiene un ritmo de crecimiento, ha originado, teóricamente, desde luego sí por la vía del porcentaje de participación, que los ingresos puedan crecer y crezcan más deprisa que los costes normales, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo VI, reposición; automáticamente se generaba una holgura y este hecho, observado "a posteriori", ha producido una serie de actuaciones por parte de todas las administraciones. Por parte de la Administración Central lo que ha hecho ha sido, a mi modo de ver -y estoy dando un análisis, por lo menos es el análisis de la Consejería de Economía y Hacienda- en primer lugar, un endurecimiento de las negociaciones de todas las transferencias que estaban por negociar y, por otra parte, una especie de precio implícito o de prima implícita por asumir competencias. No sé si luego explicarlo. ¿Por qué? Pues porque, como se decía, ustedes ya reciben una prima por la vía de financiación, no discutan ahora tanto cuánto cuesta esto, ya lo cubrirán con el famoso efecto. Y nuestra Comunidad, como desde un principio lo planteamos, hemos sido muy reacios a avanzar en esa vía, y por eso que tal vez se ha ido en un proceso más lento de asunción de competencias; pero ha habido Comunidades Autónomas que han corrido y el efecto financiero luego no ha existido. Segundo: el efecto financiero si se dejaba de un año para otro se multiplicaba, había un factor "K" de multiplicación que hacía que en un momento de crisis global de la Hacienda Pública, con un déficit que se quiere contener, el modelo era un modelo tal vez de irresponsabilidad involuntaria. Y la solución -a mi modo de ver mala- que se arbitró fue intentar quitar el efecto financiero año a año para evitar ese efecto multiplicador. ¿Cómo? Pues año a año lo que ya estaba negociado, lo que ya figuraba en los Reales Decretos de Transferencias con coste efectivo se actualizaba en función de unos índices teóricos de actualización de costes, el IPC para el Capítulo II, lo que figuraba en el presupuesto del Estado para el capítulo I, etcétera; con lo cual una parte de la igualdad estaba creciendo a costes, digamos, deseados y contenidos, de gasto corriente frenado, y por la otra parte lo que se hacía era quitar el plus del año anterior, puesto que se actualizaba año a año. Evidentemente, esto es difícil de explicar verbalmente porque hay que recurrir a una fórmula, que es sencilla, pero que es la que explica de dónde nace el porcentaje de participación. Entonces, lo que ha pasado -y la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha resaltado- que este instrumento, además de mermado ya por la Administración Central, genera efectos diferentes para las Comunidades Autónomas según cuál sea la proporción en que financia con porcentaje y cuál sea la que se financia por tributos cedidos, por lo que he señalado antes de que crecen a ritmo diferente. Y entonces este año pasado, aunque no tenemos completado el cálculo porque hasta recientemente no hemos tenido los datos totales de recaudación del año ochenta y cuatro de las Comunidades Autónomas y de toda España, es casi seguro que hay Comunidades Autónomas que han tenido primas positivas y hay Comunidades Autónomas -y estoy pensando en la Comunidad Autónoma Valenciana- que han tenido primas negativas; es decir, que el efecto financiero también está actuando en negativo, porque el efecto financiero también se puede producir vía tributos cedidos, y la Comunidad Autónoma de Valencia, que el año ochenta y cuatro resulta que se financiaba en el noventa y tantos por ciento por tributos cedidos, pues resulta que el efecto financiero fue negativo. Entonces, el tema del efecto financiero lo que hay que evitar es, en primer lugar, que se produzca y en segundo lugar que genere desequilibrios injustos entre Comunidades Autónomas. Las propuestas que está elaborando la Consejería de Economía y Hacienda respecto al nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que se está estudiando por todas las Comunidades Autónomas en este momento y por el Estado, es si introducir una variable de holgura... es absolutamente fundamental que exista una variable de holgura que posibilite que todo lo previsto en la LOFCA nazca, porque en este momento sólo han nacido algunos instrumentos. Por ejemplo no ha nacido el instrumento previsto en el artículo 15 de liberación de servicios mínimos; por ejemplo no ha nacido aún el modelo definitivo de porcentaje de participación, que ya no se basa en esta fórmula surrealista que he citado antes sino que se basa en una serie de variables como puede ser la renta, la población, etcétera, etcétera, y entonces, que buscando una solución conjunta de todos los instrumentos el resultado sea cubrir los servicios transferidos. Y la Comunidad de Castilla y León, vamos, la Consejería de Economía y Hacienda considera que se debe de establecer un margen de maniobra, un margen de holgura que posibilite también la responsabilidad. No sé si conviene profundizar más en este tema, la verdad es que es un tema que es complejo y, bueno, por mi parte lo dejo, si se quiere alguna aclaración más la realizo posteriormente.

En cuanto al segundo apartado, y ahí tal vez debo reconocer un defecto mío, tal vez porque provengo de la Administración, porque soy funcionario, y porque me he creído la construcción del Estado de las Autonomías y me he creído el que deberíamos formar una Administración fundamentalmente con funcionarios, pues en la Dirección en concreto mía fuimos muy parcos en recurrir a la vía de contratación porque esperábamos que por vía de comisión de servicios, por vía de transferencias de funcionarios nos iban a llegar esos elementos humanos necesarios. Evidentemente, la cesión de tributos, que iba a ser la gran fuente para cubrir estos elementos, se demoró un año; por otra parte, en este momento, y no lo he señalado en mi primera exposición, la cesión de tributos en lo que atañe a servicios centrales va a venir fundamentalmente vacantes, es decir, que nos vienen medios financieros pero no nos vienen funcionarios. Y el porqué, pues porque realmente -y lo entendemos, aunque la verdad las consecuencias son graves para nosotros-

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en este momento el Estado está también reorganizando sus servicios de Hacienda, está abriendo las Administraciones de Hacienda, está implantando o quiere implantar el IVA y no tiene funcionarios disponibles para completar el proceso. Y por tanto ahí, bueno, sí vienen algunos en la lista de servicios centrales, que tengo aquí el anexo, pero vienen muchas vacantes, y evidentemente por esa vía generamos recursos a la Comunidad, generamos financiación, pero no generamos el funcionario formado que necesitamos. Y en política financiera, además de este componente, bueno, pues ha sido también pensar que deberíamos ser muy selectivos a la hora de seleccionar el personal, por tratarse de un tema muy específico que no había funcionarios en general en el Estado que se dedicaran a esas materias porque hasta el momento las funciones las lleva el Banco de España; y en este momento, aunque está en vías de solución, puesto que ya está la Oferta Pública en marcha de convocarse las plazas presupuestarias que se aprobaron en los últimos presupuestos, pero en este momento la dotación de elementos -y concluyo la contestación a la pregunta- con que cuenta la Dirección General es: en Política Financiera hay tres personas técnicas (un jefe de sección y dos personas a nivel de jefes de negociado, por así decirlo) y dos auxiliares administrativos; y en Tributos hay una persona técnica en comisión de servicio y dos auxiliares administrativos. Evidentemente, es donde tal vez había que marcar aquí, tal vez es donde había que marcar aquí varias cosas: en primer lugar, la contestación antes a una pregunta si considerábamos insuficiente el cumplimiento de las competencias, es por este enfoque donde consideramos insuficiente, y en segundo lugar que es una gran responsabilidad que las competencias asumidas hay que desarrollarlas, que, por tanto, el establecer dificultades para poder conseguir funcionarios señalando machaconamente tal vez el que se está creando una inflación de puestos de trabajo, pues desde luego desde mi punto de vista no la comparto en absoluto. Porque, repito, vengo de otra Administración, conozco los medios con los que se cuenta, y desde luego lo que sí que nos mantiene es, evidentemente, un espíritu de pioneros que todos tenemos, también en las Cortes de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señor Tomillo.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Con permiso. Creo que la segunda pregunta en su última parte se refería a los órganos de inspección, sí. Gracias.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y POLITICA FINANCIERA (SEÑOR GAYUBO PEREZ):

Perdón, sí, había una parte de la segunda pregunta sobre órganos de inspección de tributos propios. En este momento no existen más que en el organigrama. De hecho, la idea es no generar nuevos órganos sino usar los órganos de inspección que va a transferir el Estado. ¿Qué transfiere en esta materia el Estado? El Estado en esta materia nos transfiere para los tributos cedidos (y evidentemente también harán funciones para los tributos propios), transfiere cuatro inspectores financieros y tributarios a nivel de, digamos, punto geográfico ya concreto, es decir, uno en Burgos, uno en Valladolid, uno en León y otro en Salamanca; transfiere para servicios centrales tres plazas, y luego tenemos subinspectores: nueve cubiertas, uno por provincia, cuatro más para las provincias de mayor nivel de carga de trabajo, que vienen vacantes, dos cubiertas para servicios centrales y dos vacantes más para servicios centrales. Pensamos que, dada la formación de ese tipo de funcionarios, pues se podrán realizar estas funciones respecto a los tributos propios. Por otra parte, los tributos propios fundamentalmente son las tasas (bueno, únicamente en este momento), y la inspección, más que una inspección tributaria pura, es más bien una inspección de servicios interna, de gestión, que realizan no solamente los órganos de esta Dirección sino también otros órganos de la Consejería, como es la Intervención General y todos los servicios de intervención y tesorería, de seguimiento de...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

: ¿Aclarado queda, señor Tomillo? Para finalizar, tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Sí. Debido a la hora y debido a la extensa y rica exposición del Director General, yo no quiero cansarles más, no quiero, porque ése era mi propósito, ése era mi propósito; no hacer exposición alguna. Simplemente, agradecerles la paciencia que tienen siempre con la Consejería de Economía tanto cuando habla el Consejero como cuando les damos algunos mamotretos. Y aceptar la sugerencia que Su Señoría el señor Caballero ha formulado, pero ya adelanto dos restricciones a esa sugerencia: una primera, la del secreto estadístico que debemos guardar y la del secreto político, por ejemplo, con datos como los de las Cajas de Ahorros. Y una segunda restricción es la del tiempo. Permítame que les prepare y le preparemos bien este tema, porque en estos momentos les aseguro que tenemos ya prácticamente ocupado el tiempo hasta el veinte de julio día a día, teniendo en cuenta que estamos en el proceso de elaboración de presupuestos, que estamos en el proceso de elaboración de leyes, como las de finanzas, que está muy avanzada, que estamos en el proceso de negociación de los porcentajes de participación con la Administración Central y también en el proceso de negociación (y aprovecho para decir que esto es una de las fuentes que van a cubrir el déficit), en el proceso de renegociación del porcentaje del año pasado, teniendo en cuenta que las cifras han sido diferentes a las que se previeron y se aprobaron por la Comisión Mixta en su momento, datos que tenía el señor Carbajo, que no se han cumplido y que en estos momentos hay que revisar. Hay un déficit de transferencias del Estado a la

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Comunidad del año ochenta y cuatro que hay que renegociar. Todos estos procesos no aparecen... nosotros no hacemos canales ni puertos, ni obras de ningún tipo, pero nuestra labor de fontanero es permanente, es la de estar al día en cada uno de estos temas, porque si no ponemos o pondremos en peligro a la Comunidad. Somos, de hecho, no tenemos vocación de fontaneros pero a veces tenemos que hacerlo a todos los niveles. Esas son las dos únicas limitaciones. Sin embargo, el compromiso es que -y lo adquiero yo en nombre de la Dirección General, e incluso con otra serie de datos que podremos añadir en su momento- que en cuanto que tengamos incluso todos estos datos bien establecidos les podemos hacer una pequeña publicación que por lo menos tendrán los miembros de la Comisión de Economía y Hacienda.

En segundo lugar, tema PDR. No me voy a referir a otra serie de cuestiones que han salido porque, repito, simplemente a las sugerencias que se me han hecho, no a los temas que han salido en la exposición, porque ha sido mi intención y así ha sido manifestada el no participar en la misma porque entiendo que ha sido suficiente la participación y la exposición del Director General, y quiero que la corresponsabilidad que los Directores Generales tienen la expongan y la manifiesten, no solamente la corresponsabilidad política con el Consejero a nivel de trabajo técnico y de gestión, sino también a nivel político. Y, repito, en relación con el tema de la sugerencia de PDR, he de decir lo siguiente, y es algo que me preocupa incluso para una posible comparecencia en las Cortes de cara y en relación con el PDR; dos cosas, me preocupan dos cosas. Primera, en relación con la posible comparecencia que propone el Grupo Mixto, y es que el Consejero de Economía no puede defender el PDR, el PDR lo debe defender en todo caso un Gobierno regional. El Consejero de Economía podrá exponer las líneas del PDR fundamentalmente en relación al primer Capítulo, al segundo Capítulo y al cuarto Capítulo, pero no en relación al tercer Capítulo; no hago ninguna sugerencia, pero sí establezco el nivel de responsabilidad que en relación al PDR tiene el Gobierno de la Región, la Junta de Consejeros, en definitiva, no el Consejero de Economía: primera observación.

Y segunda observación: tema cuarto tomo. Mire, cuando a veces decíamos que era abierto el PDR se trata de lo siguiente: estamos recabando la información que se me ha prometido esta mañana por parte de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía, la información -que estará el lunes, según se me ha prometido- de la regionalización de las inversiones por parte de la Administración Central. ¿Para qué? Para introducirlas, teóricamente -si las tenemos- el lunes; para introducirlas y además para poder negociar el Fondo de Compensación, etcétera, etcétera, y para saber exactamente en qué terreno nos podemos mover. Segundo punto que queremos recabar: la información de los planes provinciales de las Diputaciones. Vamos a tener reuniones, vamos a intentar incluso que hagan planes trienales, por lo menos de previsiones, aunque los planes provinciales se aprueban cada año, para introducirlo también, para que tenga todo... para que exista toda la panorámica de inversiones de la Comunidad. Y, en tercer lugar, las negociaciones pendientes con la Comunidad Económica Europea. Mire, van a ser negociaciones pendientes en relación con el FEDER, con el FEOGA y con el Fondo Social, fundamentalmente. Luego está el tema de las subvenciones a zonas de alta montaña, etcétera, pero que lo lleva directamente el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque no es de una sola Comunidad, se extiende a competencias de varias Comunidades, etcétera. También es una información que la queremos para introducirla en todo caso, en lo que afecta a la Comunidad, dentro del PDR. Entonces, nosotros quisiéramos publicar el PDR cuando se presente a las Cortes el Presupuesto. ¿Por qué? Porque de hecho el presupuesto y el proceso del presupuesto va a implicar la aprobación real de un año del PDR, es decir, lo que siempre se ha denominado planes operativos anuales; es donde realmente tienen el papel, de momento, mientras no haya ley del plan, el papel las Cortes: el control del PDR vía presupuesto anual. Entonces, ahí sí que queremos que se tenga esta información, pero entonces necesitaríamos como mínimo la información de las ayudas comunitarias a España, primer punto que tiene que negociar la Administración Central con el Estado español, que hemos empezado la negociación. Es decir, la participación, por ejemplo, en la horquilla del FEDER; cada país negocia esto bianualmente o anualmente en el caso de que entre. No se ha negociado todavía. Esto es clave, no es lo mismo que sean 60.000.000.000 por ejemplo, para toda España, que 80.000.000.000, que 40. La conclusión de ayudas... Evidentemente, también la participación en CEOGA y en Fondo Social, pero por lo menos ésta, la del FEDER, es la que más nos preocupa de momento, porque es lo que ya hemos introducido. Segundo: negociada a horquilla, y de mutuo acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Estado español, la decisión última sobre cuáles son las áreas beneficiarias de tipo "A" y de tipo "B". Esto ya no solamente, pienso yo, aunque lo va a negociar el Gobierno español con la Comunidad Económica, que es competencia del Gobierno español, sino también de las Comunidades que enfoquemos en otro sentido. En otros momentos ya han aparecido en la prensa las ordenaciones de las regiones europeas según el índice sintético que ha utilizado, por ejemplo, el Banco de Bilbao. Esta Comunidad está situada en veintinueve lugar; en alguna otra información que tengo, de tipo confidencial de momento, aparece la Comunidad en treinta y dos lugar, por debajo incluso de Euskadi en todas las listas, aplicando el índice sintético que utiliza la Comunidad, que no puede negociar la Administración Central con la Comunidad porque el índice sintético es como el acervo: cuando entras en la Comunidad asumes todo el acervo ya comunitario. Lo que quiere decir que vamos a tener nuestros más y nuestros menos en relación con todas las comunidades. Y luego hay otra cosa:

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si se aplica a las regiones como tales o a zonas solamente de las regiones; es un tercer tema. Todo esto está por negociar. Cuando se negocie esto, entonces nuestros proyectos de solicitud de subvenciones -que están presentados en Madrid- para el FEDER, entonces es cuando se empiezan a negociar entre el Estado español y la Comunidad Económica Europea uno por uno, en el caso en que el Estado español también los asuma, porque antes los tiene que negociar con nosotros, porque puede ser que dé prioridad a proyectos del mismo Estado en el FEDER, de la misma Administración. Es decir, el sistema es de tal complejidad que hace que realmente el tomo cuarto esté abierto por estas razones. En el caso en que... Bueno, luego hay una razón, digamos, que se puede cerrar con nuestra propuesta simplemente, sin esperar a los procesos de negociación, pero si introdujéramos ahora nuestras propuestas, aunque yo les puedo dar un listado global de proyectos ya, nos adelantaríamos a algo que no es normalmente conveniente en una negociación: a enseñar las cartas a aquella persona con la que has de negociar; evidentemente, si hacemos públicos en estos momentos los proyectos los conocerá la Administración Central, los conocerán otras administraciones sobre todo Autonómicas, y se conocerá en la Comunidad Económica Europea. Entonces, más vale ir lentamente. Porque les puedo decir una cosa: en estos momentos cerrando ya el tema, la única comunidad -y es oficial el dato- que ha elevado estos proyectos cumpliendo todos los plazos en estos momentos a la Administración Central ha sido la Comunidad Económica de Castilla y León y en concreto la Consejería de Economía, en relación con el FEDER, la única Comunidad de las diecisiete Comunidades de toda España. Evidentemente, el período está abierto, el proceso está abierto, el proceso de negociaciones, y podemos cerrar -no me cabe duda- el tomo cuarto poniéndole música, por así decirles, es decir, rellenando un poco de carne ese esqueleto de cifras y de escenarios presupuestarios, poniendo un poco de literatura; es lógico para que se pueda comprender no solamente por los miembros de las Cortes sino incluso por cualquier ciudadano si se publica después. Eso por una parte. Y a la vez, tal vez, cerrarlo si en septiembre no hay más remedio que cerrarlo, porque no vamos a esperar a enero cuando tengamos que conocer los otros datos, sino cerrarlo en septiembre para que tengan esa información de cara a la discusión de los presupuestos. Yo, no obstante, cualquier elemento que no sea secreto ya, en estos momentos, porque esté sometido a negociación, o porque pueda crear falsas expectativas, que es lo que más me temo, todos los elementos que no sean secretos por una de estas dos razones se los puedo facilitar como mínimo a la Comisión de Economía y Hacienda. Hemos de estudiar, en todo caso, cuáles son los que evaluamos como secretos en estos momentos de estos últimos datos para cerrar el cuarto tomo. Repito, es un tema muy delicado sobre todo cuando ya estamos operando a nivel internacional.

Simplemente decir esto. Muchas gracias, repito, a todos ustedes; muchas gracias permítanme que le dé también al Director General de Tributos y Política Financiera, mi felicitación, y hasta otro día y hasta que ustedes quieran, en definitiva.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Nuestro agradecimiento también al Director General y al Consejero. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión siendo las veintidós horas cinco minutos).