DS(P) nº 13/1 del 13/4/1984

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Siéntense, por favor. Se abre la sesión.

En memoria de las nuevas víctimas provocadas esta mañana por el terrorismo en Pamplona, esta Presidencia propone a Sus Señorías el comenzar este Pleno con un minuto de silencio.

(Los Procuradores, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para dar lectura al primer punto del Orden del Día, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta oral ante el Pleno: Primera pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador Don Marcelo Morchón González, relativa a incidencia de la integración en la C.E.E. para la remolacha de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Morchón González.

Quiero, antes de que tome la palabra el señor Morchón González, hacer un recordatorio: y es que el tiempo que el Reglamento establece para la sustanciación de cada pregunta es única y exclusivamente de cinco minutos y, por recomendación de la Junta de Portavoces, esta Presidencia va a ser inflexible en la exigencia del cumplimiento de ese tiempo; ya que, de lo contrario, una pregunta se transforma en otra cosa. Tiene la palabra el señor Morchón González.

EL SEÑOR MORCHON GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. A la vista de las negociaciones que se mantienen para la integración de España en el Mercado Común y teniendo nuestra Región grandes intereses económicos por lo que a la Agricultura y Ganadería se refiere, ya que tenemos algunos productos de gran incidencia en nuestra Comunidad como es la remolacha, de la que somos productores en la actualidad de más del cincuenta y cinco por ciento de la producción nacional, suponemos que este gobierno tendrá un estudio exhaustivo con respecto al asunto.

En base a esta consideración y acogiéndome al artículo 185 del Estatuto, desearía me aclarara el señor Consejero de Agricultura, o en quien delegue esa Junta, lo siguiente: ¿cómo va a repercutir o qué incidencias va a tener para la remolacha de Castilla y León la integración de España en el Mercado Común? ¿Supondrá esta integración una limitación al cultivo remolachero en nuestra Comunidad? El recorte que hemos sufrido en el objetivo de producción para la próxima campaña, ¿está ya encaminada a esta limitación? Gracias señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura. Puede contestar desde el escaño, si lo estima más cómodo.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Realmente, quiero leer la pregunta, puesto que está escrita, que el Procurador Don Marcelo Morchón formula a la Junta: ¿podría la Junta de Castilla y León concretar cuál va a ser la incidencia, concretar, repito, la incidencia, de la integración en la Comunidad Económica Europea para la remolacha de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?

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Bueno, mi contestación tiene que ser breve. Realmente, estamos en una fase de iniciación de unas negociaciones, hay una postura inicial de la Comunidad, hay una postura inicial de los negociadores españoles y, realmente, concretar, que es lo que me pregunta el señor Procurador, en estos momentos cuál va a ser exactamente la incidencia es muy difícil.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Morchón González.

EL SEÑOR MORCHON GONZALEZ:

Señor Presidente. Me ha quedado sorprendido el señor Consejero de Agricultura con su respuesta. Voy a aclararle un poco más, si puedo, el asunto.

Si se sigue el criterio que imperó para la entrada de Grecia en la Comunidad, considerando como cuota máxima el azúcar producido en un periodo de referencia inmediatamente al ingreso, periodo más o menos amplio, consideramos necesario e imprescindible que la cuota de producción del azúcar no descienda en el periodo inmediatamente anterior a nuestro ingreso, para así alcanzar la media máxima en la cuota asignada. Esto está sucediendo a la inversa en España. El Gobierno quiere descender nuestros objetivos de producción (no sabemos por qué), mientras que los agricultores y la industria, con muy buen criterio, quieren aumentarlo; así, a la hora de la negociación, alcanzaríamos una cuota alta en el reparto. Esto de cara al exterior, por supuesto. Pero es que dentro del reparto de los cupos nacionales también nuestra zona, nuestra Comunidad, hoy está muy discriminada, nos parece a nosotros; y esto creo que nos perjudica. Así, en la presente campaña, nuestro objetivo de producción en remolacha nos lo ha recortado en doscientas treinta y nueve mil toneladas con respecto al año anterior. Esto en teoría. En la práctica, la realidad es que nuestra Región ha producido más de cinco millones y medio de toneladas. Quiere decir que si nos atenemos al objetivo de producción marcado, vamos a...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señoría, se le ha agotado su tiempo.

EL SEÑOR MORCHON GONZALEZ:

: ¿Perdón, señor Presidente?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Que se le ha agotado su tiempo.

EL SEÑOR MORCHON GONZALEZ:

Quiero decir con esto al señor Consejero y a esta Comunidad que, en fin, no puedo exponer ya mi pregunta. Por lo tanto, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Desea replicar el señor Consejero? Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Yo quiero recordar al señor Morchón que, en el caso de Grecia, se utilizó como media, efectivamente, un periodo de tiempo anterior a su ingreso y que sólo se consideró una parte de esa media remolacha tipo A, que es, no cabe duda, la que nos interesa; y una parte importante de esa media de producción se consideró remolacha tipo B, solamente con un precio garantizado del setenta por ciento de su precio, con lo cual, realmente, aquí sería de difícil venta. De todas la maneras, presuponer que el caso de Grecia se va a repetir en el caso España es mucho presuponer. Lo que no cabe duda es que dependerá, estrictamente, de la postura de fuerza que adopten los negociadores españoles ante el Mercado Común y lo que no cabe duda es que habrá que exigirles a los negociadores españoles que su postura sea de fuerza y habrá que decirles que -y yo creo que lo defenderán y está entre sus posturas y está escrito-, que, puesto que España no produce y no ha colaborado a los excedentes de la Comunidad Económica Europea, lo que se pretenderá, de cualquier manera, es que no exista una reducción en el cultivo español. En cuanto a la distribución entre comunidades, en estos momentos, o entre zonas remolacheras -que no entre Comunidades-, yo creo que cae fuera del objeto estricto de la pregunta. En estos momentos nosotros tenemos un cincuenta y dos por ciento del objetivo de campaña a nivel estatal, lo sabe muy bien el señor Procurador; ese objetivo de campaña es el mismo durante los últimos años y, realmente, hablar de una reducción importante y sustancial con respecto a la campaña anterior, cuando muy bien sabe el señor Procurador que, en la campaña anterior, ha habido unos excedentes que están pesando, en estos momentos, sobre la economía nacional y no sólo sobre la economía nacional sino sobre la economía de los agricultores, puesto que, realmente, parte de ese excedente han tenido que pagarlo ellos, es evidente. En realidad, lo que hay que decir es que la postura negociadora de los españoles tiene que ser una postura de exigencia, de no reducción de la producción de remolacha en nuestra Comunidad, puesto que no somos responsables, en absoluto, de los excedentes que existan en ella en estos momentos, y esa postura está claramente definida...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se le ha agotado su tiempo a Su Señoría.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Pelayo para formular su pregunta.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Señor Presidente, Señorías. Con la mayor brevedad posible, quisiera traducir lo que quiero decir con esa pregunta al señor Consejero de Agricultura.

En primer lugar, sabemos que existe y que se está negociando ya la liberalización del trigo, y, al mismo tiempo, tenemos en esta Región una producción de cereales pienso que, aproximadamente, -y no quiero entrar en cifras-, podía ser el cuarenta por ciento. Y la pregunta es la siguiente: primero, ¿se está contando con la industria harinera, transformadora del trigo, y de las organizaciones agrarias para estos fines? Primera pregunta. Segundo, ¿se está contando con qué trigo son los que conviene sembrar a los labradores de Castilla y de León? Tercero, ¿se está pensando en comercializar tanto la cebada como el trigo y se ha pensado en el almacenamiento y financiación, o su posible financiación, para esa reconversión dentro de la Región? Eso, a grandes rasgos, en cuanto a los cereales; pero como la pregunta habla de cereales y (que la "y" nos la hemos comido), ganado ovino, quisiera recordarle al Consejero que en ganado ovino parece ser que existen unas buenas posibilidades dentro de la negociación con la Comunidad Económica Europea. Pero, ¿qué está haciendo la Consejería a este respecto, cuando sabemos que el ganado ovino, mejor dicho, los ganaderos de ovejas en esta región se están arruinando y, que yo sepa, no se están tomando las medidas necesarias para ese nuevo cambio de estructuras o reestructuración del sector de ganado ovino, tanto para su industrialización como para consumir los cereales que producimos en esta Región? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Me vuelve a sorprender don Modesto Alonso Pelayo con sus preguntas. Yo vuelvo a leer la pregunta que él formula al Consejero de Agricultura y es: "¿Podría la Junta de Castilla y León concretar cuál va a ser la incidencia de la integración con la Comunidad Económica Europea de los cereales "guión" ovino de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?". Yo entendía que era cereales y ganado ovino, por supuesto. Y vuelvo a decir lo mismo: estamos en la fase inicial de una negociación; esa negociación tiene que perfeccionarse, y lo único de lo que se podría hablar en estos momentos será de posturas de partida, pero no, desde luego, contestar a la pregunta que me formula el Procurador don Modesto Alonso Pelayo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Pelayo. Un minuto tan sólo.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Señor Presidente. Muy breve, para decirle que, como político, no me extraña la contestación: ya la esperaba; pero sí como labrador de estas tierras Castellano-Leonesas: me sorprende y un tanto me decepciona. Yo entendía que la reconversión industrial, ésa de que tanto se habla en este país, empezaría en nuestra Región por la Agricultura y Ganadería con su transformación de los productos agrarios en nuestra Región. Pero ése es un tema que es de su entera responsabilidad, del Gobierno de esta Región, de la Junta entera y de su Gobierno Central. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Realmente, la Junta de Castilla y León tiene su parte o su cuota de responsabilidad en las negociaciones con el Mercado Común, pero, desde luego, no toda la responsabilidad en esas negociaciones. Lo que sí le voy a concretar al señor Procurador es cuál es la postura negociadora de los españoles en estos momentos.

Primero: la no existencia de dificultades reales para una aplicación inmediata en España de las organizaciones comunes de mercado, complementando dicha aplicación con medidas adaptadas a los problemas de cada sector.

Segundo: rechazo a cualquier fórmula que implique la aplicación en España de mecanismos incompatibles con la condición de Estado de Pleno Derecho.

Tercero: en el caso del ganado ovino sabe de sobra el señor Procurador que las expectativas pueden ser favorables, y eso por las siguientes razones: en primer lugar, porque existe un déficit de consumo, en el Mercado Común, de ganado ovino, de canales de ovino, que asciende a doscientas mil toneladas; sólo tiene una cobertura del sesenta y cinco por ciento. Lo que no cabe duda es que, en estos momentos, ese treinta y cinco por ciento restante que importa el Mercado Común de Australia o de otros países, realmente, podría ser importado de un país miembro, en

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el caso de que España fuera país miembro. Ese ovino, exclusivamente deberíamos abandonar la costumbre de que fuera lechal y transformar ese ganado en ganado pascual. Realmente, es el ganado que se consume de una manera habitual en el Mercado Común. Sabe el señor Procurador, igualmente, que en trigo blando el Mercado Común es excedentario, y, por lo tanto, las expectativas, no vía precios pero sí vía producción, pueden ser menos favorables; pero, en cambio, en trigos duros su grado de cobertura es, igualmente, el sesenta por ciento, y no cabe duda que la aplicación inmediata en España de las medidas de protección de la siembra de trigo duro haría que, posiblemente, se regenerara en este país el cultivo del trigo duro que últimamente está francamente abandonado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Redondo Berdugo.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, el señor Redondo Berdugo, por razones familiares, no puede estar presente en este Pleno; entonces, va a decaer esta pregunta, por lo tanto. Se reiterará después para una nueva consideración en el Pleno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo. Tiene la palabra el señor Olea Losa par formular su pregunta.

EL SEÑOR OLEA LOSA:

Señor Presidente, Señorías. Voy a formular la pregunta leyéndola íntegramente, para que no pueda haber duda acerca de cómo se ha realizado:

"A la vista de la negociación a la integración de España en la C.E.E. es de suponer que este Gobierno Autónomo tendrá un estudio pormenorizado de la incidencia de esta integración en los diferentes sectores de la Comunidad Autónoma. En base a esta consideración, formulo a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta: ¿Podría la Junta de Castilla y León contestar cuál va a ser la incidencia de la integración en la C.E.E para las producciones lácteas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Y teniendo en cuenta, precisamente, que estamos en una democracia parlamentaria y participativa, en la cual el administrado a quien, aquél a quien afectan directamente todos los asuntos relacionados con el Estado, ha de conocerlos, ha de estar integrado en los mismos, yo pregunto también, dentro de esta misma integración o de esta incidencia, ¿la participación de nuestra Comunidad de Castilla y León cuál ha sido en estas negociaciones?, ¿cuál ha sido su actuación?, ¿qué contactos ha mantenido con los afectados o con sus organizaciones de todo tipo?, en definitiva, ¿cuál es la incidencia de la entrada en el Mercado Común para las producciones lácteas?".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Tengo que volver a decir que al final de la pregunta no dice "contestar" sino "concretar", y, repito, que concretar en una postura negociadora de cierta dureza, en la cual hay dos posturas si no enfrentadas por lo menos antagónicas, y que, realmente, es casi imposible, a seis meses vista del final de las negociaciones, saber cuáles son esas concreciones. De todas las maneras, hay una cosa que sí puedo concretar -y lo insisto por si acaso el señor Procurador tiene interés en saberlo-, y es cuál es , de partida, la postura negociadora de los españoles. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Olea Losa.

EL SEÑOR OLEA LOSA:

Señor Presidente, Señorías. No me ha sorprendido la contestación a esta pregunta, puesto que es repetitiva. Ha sido, con anterioridad, contestada de la misma manera a mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Creo que, precisamente, este punto que nosotros hemos preguntado a la Junta de Castilla y León y al señor Consejero es uno de los puntos más importantes y que puede afectar a la Comunidad de Castilla y León. Nos están hablando continuamente de que Francia, Alemania, Holanda, nos van a inundar con sus productos lácteos. Castilla y León es eminentemente agrícola. Todas Sus Señorías lo conocen, porque han tenido que patear, recorrer, toda la Comunidad de Castilla y León hablando con nuestros ganaderos y con nuestros agricultores. Y, precisamente, lo más importante de esta Comunidad de Castilla y León ha de ser tratado con una singularidad y con una primacía. Y yo rogaría a la Junta de Castilla y León, al señor Consejero, que en esta negociación que se está entablando, en esta negociación que se está llevando a efecto, tomara contacto con estos ganaderos, con estos representantes de los ganaderos y de las organizaciones o industrias lácteas, para que esta repercusión fuera lo mejor posible, sobre todo en nosotros. Y como, en definitiva, son Sus Señorías, somos nosotros los que, en definitiva, vamos a aprobar los Presupuestos, querría que, antes de aprobar estos Presupuestos, apoyáramos también al señor Consejero para que estos Presupuestos fueran, por lo menos, doblados en su cuantía para tratar todos los problemas de los productos lácteos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Yo creo que no cabe duda que todos compartimos la idea de que el sector lácteo es un sector importante en Castilla y León y no cabe duda, también, que las posturas de salida de negociación de los españoles frente a la Comunidad Económica Europea, es dura y se concreta en:

Por razones varias que soporta la cabaña nacional, se autorizará la venta de leche entera normalizada de aquélla con un contenido de materia grasa de tres coma dos por ciento.

Adaptación en tiempo útil del sistema de comercialización de leche pasteurizada al normal funcionamiento de la vaca.

Que entre los quesos objetos de intervención, previstos en la reglamentación comunitaria, se incluyan los quesos tradicionales de fácil conservación que se elaboran en zonas excedentarias de leche. Que se recoja, entre los tipos de quesos que se benefician del régimen de ayudas de almacenamiento privado, los quesos de mezcla de ovina y vacuno.

Aproximación de precios mediante intervalos idénticos. El cambio del comercio de Estado por la aplicación inmediata de la libre circulación crearía problemas, por lo que se plantea la inclusión de un régimen de vigilancia durante el periodo de transición, que durará no menos de diez años, que incluiría la contingentación de las importaciones de productos de la Comunidad.

Se está de acuerdo con el documento comunitario, en cambio, en la desaparición progresiva de las ayudas incompatibles durante el periodo transitorio; y, así mismo durante el desarrollo del periodo transitorio, de un programa de modernización del sector, que debería contemplar la plena aplicación de las acciones comunitarias de política socio-estructural en condiciones especialmente favorables, como ya está previsto para ciertas regiones de esa Comunidad.

Esta es la postura-resumen de los negociadores españoles frente al Mercado Común.

No cabe duda que la Junta de Castilla y León está preocupada por ese tema, que se reúne...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Consejero, se le ha acabado el tiempo.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Gracias señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Saborit-Martínez Polanco para formular su pregunta.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

Señor Presidente, Señores Procuradores...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio, por favor.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

El motivo de esta pregunta es una orden ministerial del de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha uno de Septiembre, que define el ámbito de aplicación: "las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios..., etcétera, en relación con el seguro integral de cereales de invierno comprendido en el plan anual de seguros agrarios".

Al definir las condiciones técnicas mínimas de cultivo señala las labores: abonados, tratamientos fitosanitarios, eliminación de malas hierbas, según el uso y costumbre del buen agricultor; obligando, no obstante, al asegurado al cumplimiento de unas normas dimanantes del Ministerio o de las Comunidades Autónomas, que dice que precisarían dichas condiciones técnicas.

La pregunta es la siguiente: Señor Consejero, si se han dictado algunas normas que precisen tan ambiguas condiciones técnicas, habida cuenta que el plazo de contratación finaliza (esta pregunta estaba hecha el veinticuatro de Febrero), finalizó el treinta y uno de Febrero; que ya se han producido siniestros; así como el tipo de subsiguientes intenciones, que tiene previsto la Consejería tener en el desarrollo de la campaña del presente año, en un asunto tan trascendental.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Voy a contestar muy brevemente a la pregunta. No se han dictado normas complementarias ni por esta Consejería ni por ninguna de ninguna Comunidad ni por el M.A.P.A., que precisen las condiciones técnicas a que se refiere Su Señoría; lo que indica que hay una rara unanimidad en no considerar éstas imprecisas. Las subsiguientes intervenciones que esta Consejería tiene previstas son: seguir colaborando a través de sus Servicios Territoriales con la Comisión Provincial e, igualmente, asesorar a la misma en los aspectos técnicos que por ella se planteen.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Saborit-Martínez.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

Señor Presidente, señores Procuradores. En primer lugar, me interesa resaltar que la Agricultura contrata el seguro sin conocer que sobre él, sobre ese contrato, sobrevuelan unas normas que dice que no se van a dictar, pero se podían haber dictado y que todavía podrían dictarse, que no sabe cuáles son y que le tiene intranquilo. Dejarlo todo en manos de ese ambiguo uso y costumbre del buen agricultor es, al menos, temerario, porque, por citar un ejemplo, un uso y costumbre ha sido siempre el secano, digo el secano, perdón, el barbecho, el barbecho semillado y todos sabemos que ahora se están sembrando tierras continuamente todos los años.

Por el lado contrario, la aplicación de herbicidas, tratamiento de plagas y enfermedades, pues está dentro de unos umbrales de tratamiento, según el umbral económico, y son técnicas recientes de implantación. O sea, que por esa parte el uso y costumbre falla.

Yo pienso que la Consejería se ha visto en una disyuntiva: hacerlas o no hacerlas. Optó por lo más cómodo y lo menos comprometido aparentemente, pero esta actitud nos puede llevar a situaciones conflictivas a la hora de reclamaciones de daños, su valoración y posterior indemnización, si cabe. Al empresario agrícola, que ustedes llaman campesino y que es una acepción superada en las sociedades avanzadas, digo, a esa nube de agricultores que valientemente contratan el seguro, no se le puede dejar indefenso ante ese tasador que puede achacar la baja de producción a causas no indemnizables, porque no hay que olvidar que se tasan daños.

Otro ejemplo: si una helada, posible en nuestra Región hasta finales de Mayo, produjera daños importantes, estos daños se valorarían sobre la cosecha real existente, y a ver quién es el que tasa, a ver quién es el que les dibuja qué daños son fruto del uso y costumbre y cuáles no.

De pensar hacer las normas a las que nos venimos refiriendo, ha habido tiempo, desde luego, desde finales de Septiembre hasta Febrero y, desde luego, no voy a ser yo quien haga indicación alguna al señor Consejero sobre el contenido de las mismas, porque tiene un equipo fabuloso de colaboradores.

Efectivamente, se crean unas Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios presididos por Directores Provinciales de Agricultura o Territoriales, si cabe o en su caso. Yo no sé qué función hace el Territorial. Uno de los dos tendrá que presidir. Por el momento, creo que el Territorial no ejercita su labor. Y vuelvo a indicar en estas Comisiones, teníamos en esto unas funciones claramente definidas: estudio de las condiciones técnicas mínimas de cultivo, informar en relación a posibles incumplimientos de las condiciones mínimas de cultivo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se le ha agotado el tiempo Señoría.

EL SEÑOR SABORIT-MARTINEZ POLANCO:

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. La actividad de seguros agrarios, desde luego, no está transferida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En la pregunta que formula Su Señoría dice textualmente: "Al definir las condiciones técnicas mínimas de cultivo, apunta las labores, abonados, tratamientos fito-sanitarios, eliminación de malas hierbas, establecidas en cada comarca, según el uso y costumbre del buen agricultor, obligando, no obstante, al asegurado el cumplimiento de las normas dimanantes del Ministerio de Agricultura o los Organismos competentes agrarios, que precisaran dichas condiciones técnicas". Desde luego, en ningún momento el Decreto a que se refiere Su Señoría obliga a dictar esas normas, sino que dice que es posible que se dicten esas normas y es casualidad que ninguna Comunidad, ni siquiera el Ministerio de Agricultura, haya dictado normas para regular eso.

Yo creo sinceramente que no es impreciso, en absoluto, el hablar del criterio de la tradición y "el buen quehacer", "el buen quehacer", que no uso y costumbre, dice el Decreto "el buen quehacer" del agricultor. Los usos y costumbres y los quehaceres no son unas cuestiones inmutables. No cabe duda que varían con el tiempo y, en cada momento, hay unos usos y costumbres que son plenamente conocidos por todos los agricultores de una comarca o campesinos y asumidos por los mismos. Tienen la ventaja de que todos los conocen y que, al conocerlos todos, nadie se puede llamar a engaño. Y suponer que una Comisión Provincial que preside el Director Provincial del Ministerio de Agricultura y donde están representadas las Comunidades Autónomas, las O.P.A.S., E.N.E.S.A., etcétera, etcétera, etcétera, no puede discernir (que es una de sus funciones, no cabe duda, de esa Comisión Provincial), discernir cuando hay un litigio entre agricultores y consorcio asegurador, discernir, repito, cuando hay un litigio entre agricultores y consorcio.

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asegurador, es mucho suponer. Yo creo que una Comisión, formada por tan relevantes personalidades y presidida, repito para que no haya dudas, por el Director Provincial, no cabe duda que puede discernir en caso de existencia de controversia.

No cabe duda que dictar normas complementarias de abonado, tratamientos fito-sanitarios, labores, etcétera, de cada cultivo y para cada comarca, sería prácticamente imposible y posiblemente injusto, además; puesto que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Consejero, se le ha agotado el tiempo.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Interpelación a la Junta de Castilla y León formulada por el procurador D. Pablo F. Caballero Montoya, relativa a ayudas a empresas en crisis de la Región, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número diecisiete, de doce de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Parlamentarios. Con esta precipitación a la que nos obligan las circunstancias, abordo mi tema de defensa de las ayudas al equipo empresarial de Castilla-León, al conjunto de los empresarios de nuestra Región, por parte de la Junta.

Por mi parte, hay un tema que debo plantear con auténtica responsabilidad y es el de que con esta reiteración mía por defender los temas empresariales desde este estrado, yo lo que estoy intentando es crear un nivel de concienciación en Sus Señorías; porque interpreto que lo que se pretende, únicamente, cuando pedimos ayuda para nuestros empresarios, es promover un clima de defensa de los intereses generales de Castilla, porque tengo el convencimiento de que sólo desde la defensa del mundo empresarial vamos a poder prosperar en la, en los planteamientos que la, del reajuste económico que Castilla y León tienen que originar para salir del estado en que se encuentran.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Caballero Montoya, yo no sé si he entendido o he interpretado mal lo que Su Señoría ha dicho al principio. Lo que usted está defendiendo es una Interpelación. Por lo tanto, de lo que dispone es de diez minutos, no de cinco. De diez minutos.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Eso no me lo había aclarado Su Señoría. Muchas gracias señor Presidente. Entonces, paso a exponer las cosas con un poco más de tranquilidad y celebro que haya sido una Interpelación. Desde ahora haremos Interpelaciones.

Yo les decía a Sus Señorías que para mí, un tema del máximo interés era el ganarme la confianza de esta Cámara y el hacer llevar al convencimiento de todos los señores Procuradores de la Cámara, sin ningún tipo de distinciones, la necesidad evidente que tenemos de apoyar, de buscar una firme apoyatura para el desarrollo regional y esa apoyatura la vamos a tener única y exclusivamente si encontramos una forma de potenciar el mundo empresarial; porque tenemos el convencimiento de que sólo así, ayudando a nuestros empresarios agricultores, a nuestros empresarios industriales y a nuestros hombres del comercio, podremos realizar una labor que sea positiva y que a la vez nos pueda servir de auténtica base para esta creación del progreso, del cual nosotros queremos ser los artífices responsables.

Tenemos que lamentar la poca atención que desde la Junta de Castilla y León se ha prestado a los temas empresariales, ya que, efectivamente, con una única excepción de alguna actuación muy reciente en una de nuestras provincias, no tenemos ningún otro antecedente que sea válido para poder servirnos como referencia y poder hacer uso de él en un comparativo, que es obligado, respecto a las actuaciones que en otras Autonomías han sido originadas y de las cuales debemos hacer una obligada mención, porque lo consideramos auténticamente importante.

Me dirijo, por tanto, de una forma muy expresa a Sus Señorías, porque interpreto que debemos tener, todos, el convencimiento de que el desarrollo económico sólo será duradero y positivo si tiene este buen asentamiento, que yo estoy defendiendo, desde el potenciamiento de nuestras empresas. Deberíamos hacer lo que estuviera de nuestra mano, todo lo que estuviera de nuestra mano, para impedir que una nueva empresa Castellano-Leonesa cerrara sus puertas, porque, además, tenemos la seguridad -y esto no necesita explicaciones-, que, cada vez que esto sucede, el paro obrero se incrementa en nuestra Región. Y creo que una de nuestras obligaciones fundamentales, de las que somos responsablemente muy conscientes, es la de que este primer mal de nuestra Tierra debe ser combatido, precisamente, fundamentalmente, desde esta

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Cámara, desde nuestras actuaciones y desde nuestras exigencias. Estas exigencias, huelga decirlo, se remiten muy directamente a los señores componentes de la Junta de Castilla y León.

Esta mención, a la que yo hago una cita muy expresa, de cómo se ha actuado en otras Comunidades Autónomas tiene dos partes y, evidentemente, una de ellas, que considero sustancial, es la de los beneficios que han sido otorgados a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, desde las ayudas a sus fondos de defensa, a sus fondos económicos de defensa de su financiación, a sus fondos de inversión; y esto tiene antecedentes en cinco Comunidades, esencialmente, que son: la Comunidad de Murcia, la del País Vasco, la Comunidad Cántabra, la de Galicia y alguna otra, entre las cuales también se puede citar al País Catalán. En Murcia, los inversionistas son primados hasta seis puntos por el Gobierno Autonómico en sus préstamos para inversions y préstamos para circulante. En el País Vasco, se están obteniendo ayudas que alcanzan hasta los ocho puntos y cuando es para circulante siete puntos. En Cantabria, hay inversiones que alcanzan los siete puntos y si es para circulante los seis. Y en Galicia, las inversiones tienen una prima que oscila desde los cuatro hasta los cinco puntos. Eso creo que debería tener el valor de servirnos como un antecedente muy válido, para que tuviera, sirviera como ejemplo y tuviera alguna reiteración en lo actuado desde nuestra Comunidad Autonómica.

Con independencia de ello, hay otras actuaciones de potenciamiento del mundo empresarial en otras diversas Autonomías, de las que también es necesario hacer una mención definida; y así, por ejemplo, me permito citar el caso de Andalucía, donde hay creados dos órganos que están sirviendo fabulosamente para la creación de este desarrollo. Que todas las Autonomías se esfuerzan, unas más que otras, esto es evidente (y yo diría que, en nuestro caso, lamentable, porque no estamos en la cabeza), para interpretar de qué forma pueden potenciarse estas, estos empujes, estas ayudas hacia el progreso. Y así, decíamos que en Andalucía están creados el Instituto de Promoción Empresarial de Andalucía o la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica Andaluza. En Cantabria también, de la misma manera, está creado el Centro de Información y Desarrollo Empresarial, dedicado especialmente para la promoción y ayuda de las pequeñas empresas. En Valencia se está potenciando con un segundo aval a las, los préstamos de las Sociedades de Garantía Recíproca y, con ello, se está potenciando una defensa muy activa de las empresas que se encuentran en una difícil situación y que, posiblemente, de no recibir esta ayuda, estarían ya cerrando sus puertas. En el País Vasco, con independencia de las líneas de financiación a las P.Y.M.E.S., existe un concierto del Gobierno con las Organizaciones Empresariales para la defensa de los intereses del mundo empresarial vasco y para la reconstrucción de muchas empresas que han ido cayendo y que ahora, tardíamente, se considera que es necesario rehabilitar. En Murcia recibimos un ejemplo extraordinario, figura a la cabeza la, de la Corporación de Murcia, figura a la cabeza de las ayudas al mundo empresarial y hay, por ejemplo, subvenciones estatales, perdón, subvenciones Autonómicas del setenta y cinco por ciento de los salarios para la contratación de titulares en práctica; existen también ayudas para equipamientos e infraestructura en el medio rural, con lo cual los empresarios agrícolas pasan a tener, también, la consideración que merecen dentro del mundo empresarial y pueden colocar sus tierras en situación de mejor defensa para las futuras siembras y los futuros productos. Existe, también, de forma muy interesante, un pacto para el progreso entre la Comunidad Murciana y los empresarios de Murcia, en el cual se contempla, de forma muy detallada y detenida, todas las posibilidades que esto puede generar y que, evidentemente, crea un mundo de posibilidades para los empresarios de la Región Murciana.

Yo lo que quiero hacer aquí es dejar una constancia de todos estos ejemplos con el intento, con la sana intención, de que en Castilla se siga este, este modelaje al que yo hago referencia y que, desde luego, tengo que aclarar que no es exhaustivo, porque hago referencia exclusivamente a lo que yo he podido obtener en las breves fechas que he podido dedicar al asunto de obtención de estos antecedentes. Espero que, en contestación a las preguntas que tengo formuladas y que todos ustedes conocen, el señor Consejero nos dé la buena impresión de que alguna de estas cosas va a ser muy pronto realidad en Castilla, cosa que celebraría mucho. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria y Energía.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (SEÑOR MARTIN JIMENEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo estoy en esta tribuna para utilizar esta nueva ocasión que nos brinda la Mesa, al haber sido generosa, creo yo, y benévola, calificando como Interpelación una sucesión de preguntas, que son las que se han reflejado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría se abstenga de hacer juicios de valor sobre la calificación realizada por la Mesa.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (SEÑOR MARTIN JIMENEZ):

Lo que yo entiendo y que prácticamente ha sido confirmado

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con la primera parte de la intervención del señor Procurador, en la que se ha confundido.

Efectivamente, la segunda parte, digamos la parte más importante de la intervención del señor Caballero, yo tengo que decir, en principio, que es incongruente con lo que, en principio, ha dado lugar a la presentación de la Interpelación, por cuanto, si Sus Señorías tienen la amabilidad de leer en la página doscientas cincuenta y tres del número diecisiete del Boletín, la primera pregunta, después de una brevísima, por otra parte, introducción de exposición de motivos, se dice que si "¿tiene la Junta de Castilla y León efectuado algún estudio o planteamiento de apoyo y ayuda a empresas de la Región, que se hallen en situación de pérdida mantenida o en circunstancia crítica insoslayable?". Yo entiendo que, después, las restantes preguntas están en correlación con la primera y, entonces, yo entiendo que quizá lo que ha querido decir el señor Procurador Interpelante justamente era qué es lo que piensa hacer la Junta de Castilla y León, desde el punto de vista de las empresas que se encuentran en una difícil situación, en una situación de crisis que, efectivamente, nadie lo niega que existe. Pero, desde luego, yo no entiendo que se pueda realizar una pregunta, que yo me atrevo a calificar de insólita, en los términos en que ha sido planteada. ¿Es que quiere darnos a entender el señor Procurador que existen muchas empresas privadas, con o sin apoyo, incluso de carácter público, que se mantengan en pérdida constante o en circunstancia crítica insoslayable, como él dice; o es que desea el Interpelante que así, sin más, nos constituyamos en una clínica -no un hospital porque no tenemos tamaño siquiera-, para el tratamiento de enfermos desahuciados? O, ¿entiende también, el señor Procurador, que este tratamiento sistemático y generalizado a las empresas en dicha situación es, incluso, conveniente para la economía general? ¿No supondría, tal forma de proceder, una mala utilización de los escasos recursos técnicos, que usted conoce perfectamente que tenemos a disposición?

Yo creo, créanme, que no estaría justificado, en ningún caso, el empleo de recursos financieros, ciertamente escasos, ni siquiera para el mantenimiento de los puestos de trabajo en la situación en que ha sido planteada la Interpelación, pues, desde luego, resultaría artificial y engañoso de todo punto, a corto plazo y a medio plazo.

El planteamiento, por tanto, que hace el señor Procurador, no es realista. Y rápidamente señalo para que lo anteriormente expresado no se interprete indebidamente, que esto no significa que no se reconozca, por parte de la Junta de Castilla y León y del Consejero que habla, la dura situación por la que atraviesan muchas empresas y que, por consiguiente, los poderes públicos han de considerar y tratar convenientemente. Ahora bien, ha de hacerse de una manera rigurosa, seria y no, permítamelo señor Caballero, de una manera superficial, ligera y dramáticamente expuesta en Interpelación.

Desde luego, si alguna empresa en la situación que usted plantea, se encontrase en esa situación, sería preferible que desapareciese; porque, si no, incluso los fondos que se podrían utilizar podrían haber sido aprovechados para utilización en, con otros fines mucho más positivos.

Desde ese punto de vista y desde esa visión realista con que yo planto la cuestión, a mi juicio, han de hacerse las siguientes consideraciones:

El problema que se aborda, que no -ya repito-, aunque no es otro que el del tratamiento de aquellas empresas que, efectivamente, se encuentren en situación de crisis, ¿qué tratamiento pretende hacer la Junta de Castilla y León? Repito. El problema abordado, como es notorio, no tiene carácter regional, tiene carácter nacional, incluso mundial, y esto nos obliga a que el tratamiento que se les deba de dar es, cuando menos, conveniente que se enmarque dentro del tratamiento que, a estos efectos, se lleva a cabo dentro de los programas de actuación del Gobierno Central. Yo creo que resulta bastante obvio y no es preciso, cuando menos por dos motivos: por el mantenimiento de la unidad de tratamiento, desde el punto de vista económico, a las empresas; y, desde luego, desde un punto muy importante desde la escasez de recursos, que Su Señoría sabe perfectamente de todo punto disponible por la Comunidad Autónoma.

Y el principal remedio que el Gobierno Central está aplicando para estos casos, tanto y sobre el que están de acuerdo prácticamente todos los Partidos Políticos, y Organizaciones Empresariales, incluso las Sindicales, es, como usted sabe, la Política de Reconversión y de Reindustrialización Industrial. Y que, por si no lo recuerdan los señores Procuradores y, en concreto, el señor Interpelante, en la Ley-Decreto que ha sido ya corroborado y resuelta por el Congreso de los Diputados, la participación de las Comunidades Autónomas es escasa o nula, lo cual ha supuesto entre otros casos, incluso me parece que un recurso o incluso una denuncia por parte de alguna de ellas.

Existen, además, otras medidas de carácter general; es decir, aquélla de carácter nacional, a las cuales se pueden acoger cualquier tipo de empresa, y, precisamente, van en la línea de algunas de las cosas que usted ha apuntado, que se refieren, en concreto, a la política de P.Y.M.E.S. y a la política de Desarrollo Tecnológico, que tienden a promover un esfuerzo audaz de adaptación tecnológica o empresarial y de Inversión en nuevas actividades. La política de P.Y.M.E.S., en términos generales, aborda, pues, una serie de programas parciales como son la subvención

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de Intereses, los Créditos Preferentes, las Acciones Colectivas, el apoyo a las Sociedades de Garantía Recíproca, la Promoción de Exportaciones y otras de otro carácter.

La política de Desarrollo Tecnológico, a través de las nuevas Instituciones, de los nuevos Organismos e Instituciones que se están creando, prevé incrementar la capacidad de generación de tecnología propia y de diseños propios y, sobre todo, está buscando la competitividad de las empresas.

En consecuencia, las empresas de la Comunidad Castellano-Leonesa que se encuentren afectadas, o bien por los planes de Reconversión Industrial o que pretendan acogerse a estas líneas de apoyo de la pequeña y mediana empresa, incluso de las de carácter tecnológico, tienen la ocasión de hacerlo ya, de momento, dentro del marco nacional.

Ocurre, no obstante, que hay ciertas empresas que, ubicadas en el territorio de Castilla y León, efectivamente, no están o pueden no estar contempladas en las medidas de carácter general, de carácter nacional. Pues bien, a ellas es, yo creo a las que preferentemente se debería de haber orientado la pregunta y a la que yo dirijo la respuesta. Son aquéllas a las que prestaremos una especial y particular atención y ayuda; pero siempre cuando se reúnan unos mínimos requisitos, y los requisitos son los siguientes:

Que su recuperación se considere de interés general. Está claro que hay determinadas empresas que producen fabricados y productos que están fuera, incluso, de la demanda del mercado. Yo creo que es obvio resaltar que ese tipo de empresas no merecen, siquiera, la ayuda por parte de los fondos, de los poderes públicos.

Segundo: que el oportuno estudio, debidamente contrastado, demuestre la viabilidad de las mismas.

Que la empresa se comprometa a realizar siempre inversiones. Es decir, entendemos que las ayudas y apoyos que podamos hacer, en ningún caso o en excepcionales casos, puede ir dirigida al saneamiento puramente financiero y que los eventuales esfuerzos y sacrificios que haya que realizar, se repartan entre todas las partes: empresarios, acreedores, trabajadores y Administración.

Por último, yo creo que hay que hacer una consideración que hay que introducir y es la cortedad de las posibilidades financieras propias de la Comunidad para estos fines. Los señores Procuradores conocen, y el señor Interpelante también, las limitaciones financieras de la Junta, las que ha habido en los Presupuestos del año ochenta y tres, que, como usted sabe, fue un Presupuesto realizado para cuatro o cinco meses, que usted tuvo oportunidad de examinar y de aprobar y en la que, claramente, no existen esos programas de actuaciones y, por consiguiente, si les hubiésemos hecho ese tipo de ayudas en el breve...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan dos minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (SEÑOR MARTIN JIMENEZ):

(Gracias)... en el breve plazo de tiempo que llevamos en el Gobierno, precisamente, se nos hubiera achacado justo que ¿con qué recursos se habría utilizado? En base a esto, nuestra actuación se inclina por la promoción de nuevas empresas que, a ser posible articuladas con las existentes, ayuden a éstas; a la ayuda y apoyo de aquéllas, en difícil situación, que cumplan los requisitos antes expresados.

Este planteamiento, a nuestro entender, realista de la situación; el reconocimiento de la condición de empresario, entendiendo por tal el que emprende una tarea, arriesga capital y esfuerzo, que cree en la función social de su actuación y no el mero especulador o el que pretende, ante todo, aprovecharse de las ayudas públicas; el convencimiento de que lo que se precisan son muchos y buenos empresarios en Castilla y León, con imaginación e iniciativas claras, teniendo presente los factores externos, con los que hay que contar y sobre los que muchas veces no podemos actuar; todo esto, combinado con los factores propios, es decir: con ideas, empresarios, Administración y la colaboración de las fuerzas sociales, es la única forma de superar la difícil situación en que nos encontramos. Por su superación estamos siempre dispuestos a trabajar. Gracias señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya. Dispone, para un turno de réplica, de cinco minutos.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Procuradores. Estoy confuso, estoy confuso por la sencilla razón de que no acabo de entender a qué se nos saca aquí, ahora, a colación el Presupuesto de mil novecientos ochenta y tres, de cuyo cierre lo ignoramos todo, de cuyo desarrollo lo ignoramos todo y del que sí que conocíamos el contenido escaso, no por la limitación de medios, sino porque tuvimos la condescendencia de que la distribución de esos medios fuera, decididamente inclinada (porque se trataba de la puesta en marcha de nuestra Autonomía), a favor del montaje de la Junta de Castilla y León y de las Cortes de Castilla y León, con preferencia a ninguna otra cosa. Nosotros pensábamos que desde ese apoyo económico que nosotros ayudamos a establecer, que nosotros brindamos y que nosotros conformamos, sabíamos lo que iba a suceder; sabemos

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lo que ha sucedido, sólo por referencias, y lamentamos no tener un detalle puntual que nos permita hacer otros, otras disquisiciones; desde luego que prometo que las haremos en el momento oportuno.

Tampoco entiendo a qué nos hace referencia el señor Consejero en el tema de la Ley 8/83 de Reestructuración y de Reconversión; por la sencilla razón de que no entiendo por qué las Autonomías -salvo la Junta de Galicia que ha demostrado un suficiente nivel de dignidad saliendo con un Recurso Inconstitucional en contra de esta Ley de Reconversión-, ninguna de las demás Autonomías ha dicho nada, cuando algún derecho (que a las Autonomías les había sido conferido desde la propia Ley Constitucional), les ha sido vetado, convirtiéndolas, par el tratamiento de la Ley de Reconversión, en entidades de segundo o de tercer orden. No sé a qué nos sacan esto, cuando pienso que más podía servir de bochorno para la Junta, que se ha callado en este tema, que no para venir aquí a alardear de ello y hablarme a mí, ahora, de este asunto que ni va ni viene con el tema que yo había propuesto.

Veo que, además, tenemos un criterio completamente distinto, respecto de la eficacia, el señor Consejero y yo. Lo que a mí me tranquiliza es el pensar que mi criterio de la eficacia está contrastado por los criterios de otras varias Autonomías, a las que ya he hecho mención y de las que tengo todos los textos completos en la mano, en este momento, respecto de sus ayudas; y eso es la eficacia, tal como yo la entiendo, y es la eficacia tal como la han entendido los elementos rectores de esas Autonomías, que han sabido, de verdad, saber distinguir lo que es una ayuda empresarial oportuna y, por ello, la han establecido, sin pensar que aquello era convertir las Autonomías poco más o menos que en una U.V.I. de repuesto para sacar del atolladero a algunos empresarios que, como desgraciadamente acabamos de oír, mejor es que hubieran cerrado sus negocios.

Al señor Consejero no se le ha ocurrido pensar que, sin esos negocios, es muy posible que, por mucho lucimiento que tengan sus disposiciones no va a poder fomentarse el desarrollo de Castilla y León; porque insisto en lo que ya he dicho antes, y es en decir que, precisamente, el desarrollo de Castilla y León se va a tener que fundamentar en el mundo empresarial, salvo que tengan alguna encerrona preparada para estatalizar todos nuestros negocios y todas nuestras empresas, en cuyo caso sobramos todos los empresarios de la Región.

Yo no acabo de entender estas disquisiciones, estos enfoques, estos puntos de vista, que, desde luego, sorprenden en cualquier persona a quien pueda oírsele y mucho más en la persona destinada a ser la cabeza rectora del mundo industrial de Castilla y León. Tengo que lamentar que sus puntos de vista sean éstos; porque tengo que decir, después de muchos años de conocimiento del mundo empresarial, de algún conocimiento de lo que es la Economía, que con eso no vamos a ir a ninguna parte y eso es como una revisión catastrófica para el futuro de Castilla y León y buena nos espera si de verdad las cosas van a ir por el camino que acaba de anunciársenos.

Yo tengo que lamentar todo esto y, sobre todo, el que no se haya sabido entender la correlación que había entre el texto escrito de mi Interpelación y las aclaraciones un tanto precipitadas, por las circunstancias que todos ustedes han vivido, que he tenido que dar a mi intervención inicial. Ven ustedes que cuando se razona y se sopesan las cosas con un poco más de detenimiento, hay más luz, hay más discernimiento y hay más claridad en las ideas. Efectivamente, estos textos que yo he leído y releído de las actuaciones de todas las Comunidades Autónomas a que he hecho mención y a las que vuelvo a referirme, exponen sus criterios de actuación en base a unos razonamientos que también constan...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda a Su Señoría un minuto.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA: ..

..en las introducciones que han sido objeto de estudio para tomar sus determinaciones y que, desde luego, son razonadas, son sopesadas, son fundamentos basados en una economía que puede aplaudirse y desde la cual se puede proyectar futuro para cualquier Autonomía, menos para la nuestra, por lo visto, porque nosotros aquí pensamos de forma muy diferente a como lo hacen estas seis Autonomías. Lo lamento.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria y Energía.

Ruego a quienes no formen parte de la Cámara que se abstengan de hacer manifestaciones ni de asentimiento ni de lo contrario; porque, de lo contrario, esta Presidencia desaloja la Sala. Nos quedamos aquí solamente los que somos miembros de esta Cámara. Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (SEÑOR MARTIN JIMENEZ):

Señor Presidente. Respecto de la autonomía, entendida como parece ser la ha entendido el señor Procurador, en cuanto se refiere a la materia objeto de examen, yo le podría remitir a muchas y variadas intervenciones de colegas suyos en otras tantas Asambleas Regionales de otras Comunidades, y van justamente en la línea en que yo he apuntado y no en la que Su Señoría parece que defiende.

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En relación con las posibilidades del Presupuesto ochenta y tres, yo, forzosamente, tengo que hacer una breve referencia. Nosotros nos encontramos con un Presupuesto prorrogado, respecto del Consejo General de Castilla y León, que no contemplaba, en absoluto, ni un mínimo apoyo de este tipo y que estaba previsto tan sólo en, de aplicación, para tres o cuatro meses, como he repetido anteriormente. Por consiguiente, tengo que salir brevemente, aunque sea, en defensa de la escasa política industrial empresarial que se haya llevado en relación con este asunto. Pero, para que tenga una idea de lo que pretendemos hacer y que ya está previsto en los Presupuestos, en el Anteproyecto de Presupuestos que todavía no ha sido presentado aquí, voy a tratar de relacionar cuando menos -porque, si no, sería excesivamente exhaustivo y llevaría demasiado tiempo-, cuando menos los programas de actuación que, por otra parte, no quiero cuantificar, porque no sería, por otra parte, oportuno ni ético que yo los anunciase previamente a la presentación por parte del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio. Y va justamente en la línea que Su Señoría ha señalado y quizá con algún programa, incluso, especifico que no está contemplado en otras Comunidades.

En primer lugar: subvención de intereses, en relación con la línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Subvención de intereses en Créditos, con destino a la financiación de activos y repito lo de la financiación de activos; en acciones colectivas, tratando de fomentar el asociacionismo empresarial y la mejora de las estructuras productivas; también hay una línea, que Sus Señorías van a tener ocasión de analizar al momento del examen de los Presupuestos, en la promoción de la investigación, explotación y aprovechamiento de los yacimientos mineros y recursos minerales, tan importantes dentro de nuestra Comunidad.

En cuanto al fomento del empleo, uno de los programas de mayor importancia y, sobre todo, en lo que tiene de preferente el tratamiento del empleo juvenil y en la fijación de población en núcleos de preferente localización.

En el fomento del Cooperativismo, por cuanto se refiere a la subvención de intereses en Créditos de apoyo a este movimiento asociativo, la participación en programas y proyectos de Desarrollo Tecnológico o de Diseño Industrial, con el cual vamos a colaborar y hemos participado ya, a través de SODICAL, en la formación de una empresa que nos va a ayudar en este tipo de acciones. En el fomento a la Industrialización para contribuir a una estructura espacial más equilibrada, es decir, en la política de apoyo a los Polígonos que sean de preferente localización industrial. En la formación ocupacional. En la Promoción del ahorro y en la diversificación energética y en todas otras cuantas acciones conduzcan a establecer, justamente, lo que es preciso: la reforma de las estructuras productivas en línea a conseguir un, la competitividad de las empresas. Ese es el reto que nosotros planteamos, a los que todos tenemos que dar respuesta. Y la nuestra, en definitiva, va a ir por la línea de programas, simplemente enumerados, que yo acabo de exponer. Esperamos que la respuesta de los empresarios colabore y sea suficiente para que con la acción, como he dicho antes, de empresarios, trabajadores, ideas, imaginación y Administración, se pueda conseguir este objetivo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones el Grupo Mixto y el Grupo Socialista, por este orden, disponen, cada uno de ellos, de cinco minutos. El señor Hernández tiene la palabra, por el Grupo Mixto.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. A mí el tema de la brevedad no me preocupa porque ya estoy acostumbrado a ella. Entonces, lo que tengo que decir es que, en principio, estoy absolutamente de acuerdo en el espíritu de la Interpelación hecha por el señor Caballero Montoya. Yo creo que, efectivamente, hay que tratar de evitar el derrumbamiento de muchas empresas de nuestra Región. Yo creo que el señor Consejero, quizá haya valorado negativamente las palabras o este espíritu, pero, repito, que me solidarizo, desde esta tribuna, con la inquietud que creo que sienten muchas empresas de nuestra Región. Pero también quiero decir, y quiero recordarle al señor Consejero y a la Junta entera, que, en primer lugar, se debe tener en cuenta, en una Región como la nuestra, el concepto de empresa y que la empresa no es sólo el empresario, sino que en la empresa existen muchas personas implicadas. Que el dinero público lo es para generar beneficio social y que si el previsible resultado no va a tener un carácter social, la Junta no está mandatada para mal utilizar los recursos públicos. Que el parcheo antieconómico no genera sino perjuicios para la Región y, en ese sentido, la programación ha de ser inexcusable, así como la exigencia de esfuerzo, de modernización y de sacrificio como contrapartidas por parte del empresario. Que allí donde se pueda ayudar hay que marcar condiciones y obtener contrapartidas y que la conservación de puestos de trabajo y la creación de estos ha de ser la principal de todas estas contrapartidas.

Por último, yo he de decir respecto al último punto, también, de las condiciones marcadas por el señor Consejero, que creo que éste se ha olvidado de una palabra y es de la palabra "proporcionalmente"; pues usted, si usted mantiene que el trabajador se devalúe en el mismo grado que el capital, nuestra Comunidad, pues, yo creo que para eso casi sería mejor que la

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gestión la llevara la derecha que conseguiría lo mismo y, a lo mejor, con más experiencia. Desde luego, yo espero que no sea así, señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo voy a intervenir brevemente, simplemente para manifestar mi decepción por esta Interpelación o por la Interpelación a la que estamos asistiendo. Yo sé que, yo he visto que esta, esta Interpelación o esta serie de preguntas que hace el señor Caballero Montoya, quizá, tiene un pesimismo en su planteamiento tal que, efectivamente, para cuando las empresas estén en pérdida mantenida o en situación crítica insoslayable, nada se pueda hacer por ellas. Pero yo creo que lo que quieren es, fundamentalmente, reflejar un estado de pesimismo de la situación económica de la Región. Y en este sentido, sí que me decepciona profundamente la contestación del señor Consejero que no ha dejado, no ha dado ningún atisbo de esperanza. Yo creo que es importante, que es conveniente, que es necesario y que pienso que, además, debería o deberá estarse haciendo algo por tratar de sacar a nuestra economía de la atonía en que se encuentra. Y de la intervención del señor Consejero, pues, verdaderamente, no hemos hecho más que aumentar el pesimismo que se trasluce de la Interpelación del señor Caballero Montoya; es decir, a las empresas que están en crisis, que no tienen solución, pues qué vamos a hacer. Esto no va a ser una clínica y no las podemos salvar. La contestación parece lógica, pero no lo es si profundizamos más y yo creo que vamos al tema del, al fondo del asunto, que es el que aquí se ha querido plantear: decir ¿qué podemos hacer para mejorar las crisis de estas empresas de nuestra Región? Y yo creo que aquí no procede hacer un debate sobre si las empresas se quiere quedar el Estado con ellas; yo pienso que no es éste el tema de fondo que se ha querido plantear aquí, sino si, simplemente, si la Junta tiene alguna medida para sacar, para activar, para sacar de la crisis a estas empresas, para acelerar al empresario y a la inversión, para lo cual hay muchos recursos, porque estos recursos los están haciendo en otras empresas, en otras Comunidades Autónomas y no podemos decir que no tenemos dinero, que no tenemos recursos. Yo creo que aquí sirven los recursos hasta humanos, hasta, digamos, las palabras de esperanza. En otras Comunidades Autónomas, verdaderamente, están movilizando algunos recursos. Nosotros tenemos también un recurso, que es el Gran Area de Expansión Industrial de Castilla y León; un arma que yo creo que debemos emplear en toda su efectividad y que, probablemente, no la estamos empleando en todo lo que de importante tiene, que no estamos movilizando todos los recursos que a través del mismo se debían, se debían movilizar. Que aquí hemos hablado o parece que vamos a hablar, porque hay alguna Interpelación, alguna pregunta hecha sobre la Caja de Ahorros; bueno, habrá algún sistema para tratar de canalizar esa inversión en temas, en problemas de la Región. Yo creo que si el Consejo General de Castilla y León en su Presupuesto no tenía previsión de inversiones para estos fines, sería el momento de hacerlos o el momento que ya los hubiera hecho la Junta en el pasado Presupuesto, en este Presupuesto de este año que supongo que algún día se presentará en estas Cortes, o movilizando otros recursos; porque yo quiero saber que había, por ejemplo, algunas Diputaciones de la Región -y aquí es donde tiene que entrar la colaboración entre Comunidad Autónoma y Diputaciones-, que estaban llevando a cabo ayudas para activar la inversión y que estas ayudas, en muchos casos, se han suspendido o este año ya no tienen lugar.

Yo creo que lo que hay que hacer, por parte de la Junta, lo que debería tomar nota, entiendo yo, el señor Consejero, la Consejería, en definitiva, de ver qué recursos podemos movilizar, que lleven consigo, que terminen en una política económica, en una política en la cual yo creo que coincidimos -al menos así lo espero-, todos en defensa del empresario, no como...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se le ha agotado el tiempo, señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS: ..

..no como un simple generador de beneficio, sino también como un recurso social, como el verdadero alma para la creación de esos puestos de trabajo que todos deseamos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Aquí hay una dificultad fundamental y es sobre qué cuestión manifestamos nuestra posición, si sobre lo que la Interpelación escrita y publicada en el Boletín dice, o sobre lo que el propio interpelante y algunos de los que me han precedido intentan decir; es decir, sobre eso que dice del espíritu de la Interpelación, eso que yo, desde luego, no acabo de ver. Yo creo que el señor Consejero, con muy buen criterio -y este Grupo suscribe plenamente sus palabras-, ha contestado taxativamente a lo que la Interpelación manifiesta y es a ¿qué tipo de ayudas, dice claramente, se van a arbitrar para las empresas en situación de pérdida mantenida o en circunstancia crítica insoslayable? Y, desde luego, como bien

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ha dicho el señor Consejero, nosotros no estamos por favorecer ese tipo de política económica, que no conduciría absolutamente a nada. Es decir, a nosotros, además, nos sorprende enormemente (porque nos parece absolutamente contradictorio con la concepción económica de la derecha, que suele hacer bandera de la libertad de empresa, de la economía de mercado), que se plantee este tipo de intervenciones por parte del Gobierno Regional; es decir, a nosotros, por supuesto, no nos alegra que se cierre ninguna empresa de nuestra Región, pero eso no nos puede llevar a una política de subvenciones indiscriminadas, que sería, de alguna manera, no otra cosa que el despilfarro de los escasos recursos con los que va a contar esta Comunidad.

Apoyar o ayudar a este tipo de empresas no parece recomendable para nuestra Región, en cuanto sería aplicar recursos a situaciones en las que la no rentabilidad está prácticamente asegurada y la propia definición que hace el interpelante ya define estas empresas como prácticamente insalvables; es decir, cuando se dice una situación de pérdida mantenida o una situación de crisis insoslayable, yo creo que se está diciendo, a la vez, que es algo en lo que difícilmente tiene remedio. Es decir, por otra parte, me pregunto si sería bueno para el sistema de mercado y para la libre competencia, que ustedes tanto defienden, que destináramos recursos a este tipo de empresas en perjuicio de otras inversiones o iniciativas imprescindibles para nuestra Región. Por otra parte, ¿lo considerarían bueno esos otros empresarios, que con su buena gestión, su acierto a la hora de plantear su riesgo en definitiva, con una buena política empresarial han conseguido tener una empresa saneada, que el Gobierno Regional destinara fines o fondos a subvencionar las pérdidas (porque, de alguna manera, eso es lo que significa), de aquellas empresas que, tal vez, en parte por la coyuntura, pero también puede ser por su mala gestión tienen una situación difícil? Es decir, yo creo que el Gobierno Regional no puede, en absoluto, caer en la tentación de intentar resucitar industrias o de mantener empresas que no pueden ser rentables. Lo que el Gobierno Regional puede hacer, y así lo manifiesta el Consejero en la segunda parte, es decir la segunda intervención del señor Consejero, realmente, es la respuesta esperanzadora a ese planteamiento o al espíritu de la Interpelación (no a la Interpelación en sí, porque así no se dice en la Interpelación), sino a aquellas iniciativas empresariales que intenten, bien dentro del marco de las prioridades que marca la Junta, o bien en sectores claves y prioritarios con nuestra Región, intenten invertir, o agrupar, o fomentar la modernización de esas empresas. Eso, como bien decía el señor Consejero, sí estará previsto, en su momento, en los Presupuestos; sí tendrá las ayudas correspondientes de nuestro Gobierno Regional en la medida, evidentemente, que nuestros recursos lo permitan; pero no lo que la Interpelación dice claramente -y, desde luego, cualquiera que lo lea no deduce otra cosa-, salvo el espíritu, eso que yo, desde luego, no veo. Es decir, que sería primar empresas que, por las condiciones que sean -y no entro a analizar-, están en una situación difícil; prácticamente, por lo que aquí se deduce, traducido en otras palabras, prácticamente de quiebra. Por otra parte, el programa de la Consejería ha manifestado en su día, en la comparecencia del señor Consejero manifestaba claramente cuáles eran los objetivos de su Consejería respecto a la política industrial, que, además, también se reflejaban de otra manera (evidentemente, más extensa, porque en aquel momento tenía menos tiempo), en nuestro programa, en nuestro programa electoral, y no era otro que el apoyo claro y decidido a cualquier actividad, es decir, a cualquier inversión o iniciativa que signifique invertir o potenciar sectores de los que consideramos prioritarios para nuestra Región. Y además, hacía claramente en nuestro programa una especificación clara de cuáles eran los sectores que nosotros considerábamos prioritarios e importantes para nuestra Región. Se decía, por ejemplo, fundamentalmente las actividades transformadoras de recursos primarios, entre los que se incluía el sector minero, el sector de la madera y el agroalimentario; aquellas actividades que contribuyeran a la activación productiva de la Región, y, por último, a los sectores de tecnología avanzada.

Este tipo de inversiones, es decir, aquellas empresas que o bien destinen nuevas inversiones, o intenten ponerse al día o modernizarse para conseguir estos fines en estas actividades prioritarias, sí deben de merecer el esfuerzo unánime de esta Cámara, y, por supuesto, del Gobierno Regional. Pero, desde luego, creo que no conduciría a nada que los escasos recursos de que dispone esta Región se destinaran a aquello que la Interpelación, repito, dice, la Interpelación dice; no lo que luego el interpelante ha manifestado en sus palabras. En algunos casos yo creo que dando totalmente la vuelta a lo que se manifestaba y tratando de manifestar una contradicción con lo que decía el señor Consejero.

Por último, yo creo que debemos de estar tranquilos; es decir, tener la misma paciencia que supone esperar a que lleguen los Presupuestos. Y allí veremos si el Presupuesto contempla o no ayudas a este tipo de empresas o a este tipo de inversiones a que estoy refiriéndome; y no querer, de alguna manera, forzar a que el señor Consejero -como de alguna manera se intenta-, manifiesta algo que, en principio, no corresponde en este momento.

En definitiva, no estamos, el Grupo Socialista, por abandonar la empresa o ir en contra de la empresa de nuestra Región, precisamente por un criterio de política económica racional; estamos por fomentar aquello

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que sea rentable, aquello que tenga viabilidad y aquello que realmente produzca efectos inducidos en otras empresas, es decir, con efectos multiplicadores, que redunden en beneficio social y, por lo tanto, económico a nuestra Región; no a tirar el dinero subfinanciando, de alguna manera, las pérdidas de algunas empresas que, ineludiblemente y tal como se define en la Interpelación, no tienen salvación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al punto siguiente del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Tercer punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, como consecuencia de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador Don José Nieto Noya, sobre asunción de competencias educativas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número diecinueve, de cinco de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Nieto Noya. Dispone de diez minutos.

EL SEÑOR NIETO NOYA:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Como muy bien saben Sus Señorías, la Enseñanza no aparece entre las materias sobre las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias, al amparo del artículo 148.1 de la Constitución. Tampoco figura entre las materias en las que el Estado tiene competencias exclusivas, según el artículo 149.1, salvo lo que establece su apartado trigésimo, sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de Títulos Académicos y Profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

La Enseñanza se encuentra, pues, entre las materias que, por no estar expresamente atribuidas al Estado en la Constitución, pueden corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus propios Estatutos, según el artículo 149.3.

Esta es la base constitucional para la inclusión de la Enseñanza entre las materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias, en virtud de sus Estatutos. Con unas u otras fórmulas, todas las Comunidades Autónomas han incluido la Enseñanza en sus Estatutos, como competencia propia.

La vía para acceder a estas competencias es doble: transcurridos cinco años del acceso a la Autonomía, conforme al artículo 148.2 de la Constitución: o mediante leyes Orgánicas de Transferencias o de Delegación, conforme al artículo 150.2. En cualquier caso, han quedado fuera de esta doble vía alternativa las Comunidades Autónomas que accedieron al amparo del artículo 151 de la Constitución.

Los supuestos de los que venimos hablando se dan en nuestra Comunidad Autónoma, igual que en todas las demás. El artículo 29.1 del Estatuto, en su número decimocuarto, incluye entre las competencias de la Comunidad, la Enseñanza en todos sus niveles y Formación Profesional, Centros Universitarios y Planificación Educativa. Y el 29.2, señala con toda precisión los dos procedimientos por los que se puede llegar a la asunción de competencias relativas a las materias enunciadas en el apartado uno y añade otras que pueden estar recogidas en el Estatuto y, a la vez, pertenecer al ámbito de las competencias Estatales del artículo 149.1 de la Constitución sobre las que también se pueden atribuir a las Comunidades Autónomas facultades para dictar para sí mismas normas legislativas, según el artículo 150.1 de la Constitución. Según el apartado b de este artículo 29.2, la iniciativa para la tramitación de las Leyes Orgánicas de Delegación y de Transferencias corresponde, indistintamente, a estas Cortes de Castilla y León, al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados o al Senado.

Es éste, justamente, el marco en el que se sitúa nuestra Moción, sin entrar ahora en ningún otro tipo de consideraciones sobre el procedimiento y limitándonos a reproducir literalmente el texto del Estatuto.

En concreto, pretendemos que estas Cortes se pronuncien hoy sobre el ejercicio de esa iniciativa que le atribuye el Estatuto; iniciativa que no significa, por sí misma, que se vaya a disponer de competencias por esta vía, pero sí debe ser expresión fiel de la voluntad política de estas Cortes. Al pronunciarse sobre la Moción que mi Grupo Parlamentario ha presentado, los demás Grupos de esta Cámara definirán con actitudes y no con palabras, con hechos y no con argumentos, cuál es su verdadera postura ante el desarrollo del proceso Autonómico.

Si la Cámara aprueba nuestra Moción, estaremos iniciando un camino que, de diferente manera y con distinto ritmo de avance, han recorrido ya otras Comunidades Autónomas: unas al amparo del artículo 151 de la Constitución; otras, como la Comunidad Valenciana y Canarias, mediante las Leyes Orgánicas 11 y 12/1982, de diez de Agosto; otras, en fin, como la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante la adopción de un acuerdo similar al que nosotros proponemos.

Y si, en vez del número de Comunidades, tomamos como punto de referencia el número de ciudadanos

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españoles que ya están disfrutando del grado de Autonomía hacia el que nosotros pretendemos caminar, nos encontraremos con que nos llevan la delantera bastante más de la mitad de los españoles.

Nuestra Moción se refiere únicamente a competencias educativas. No significa ello que pretendamos que la habilitación de la Comunidad Autónoma para recibir competencias quede restringida a las materias del apartado decimocuarto del artículo 29.1 y que no se incluyan las materias a que se refieren los otros diecisiete apartados. De hecho, en los dos casos antes mencionados, de la Comunidad Autónoma Valenciana y de Canarias, las correspondientes Leyes Orgánicas contienen una habilitación general para todas las competencias de titularidad Estatal, comprendidas en los respectivos Estatutos y que exceden de las competencias configuradas en el artículo 148 de la Constitución.

La aprobación de nuestra Moción en sus propios términos no impediría a la Cámara presentar un Proyecto de Ley Orgánica más amplio. Al mencionar sólo las competencias educativas, queremos mantenernos dentro del marco de la Interpelación que ha dado origen a esta Moción, por un principio de congruencia que, además, es requisito reglamentario para la admisión de la Moción, pero también queremos señalar con ello que nuestra Comunidad puede, y en nuestra opinión debe, asumir las competencias educativas en un plazo corto de tiempo; lo que no estamos en condiciones de afirmar con el mismo énfasis en todos los demás casos, en relación con todas las demás materias en las que la Comunidad Autónoma puede ser competente en el momento en que así lo decida.

No se trata, por nuestra parte, de suscitar ante esta Cámara un debate sobre un problema que está preocupando a la opinión pública, a lo largo de los últimos meses y aún de los últimos días: la existencia o no de una política autonómica clara y definida por parte del Gobierno de la Nación y del Partido en el poder; sobre la existencia o no de un propósito de imprimir un ritmo más lento a la tramitación de las transferencias y al desarrollo del Título VIII de la Constitución en su conjunto; sobre la existencia o no de un propósito de modificar el Titulo VIII. Aunque es evidente que estos problemas están en el fondo de nuestra Moción y de la actitud de la Junta de Castilla y León respecto de las competencias educativas, tal como nos la daba a conocer, en su nombre, el señor Consejero de Educación y Cultura en el último Pleno. ¿Por qué, si no, la fecha del primero de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, que, en el mes de Noviembre, el mismo Consejero señalaba como posible y dejaba entender que como probable para la asunción de competencias educativas, ha sido borrada del calendario sin ninguna explicación, y menos justificación quedando el problema aplazado "ad calendas graecas", esto es, indefinidamente? ¿Por qué, si no, se está hablando de negociaciones entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación y Ciencia para establecer convenios para la gestión de determinadas actividades en materia de Educación, que forman parte integrante del paquete de competencias que la Comunidad Autónoma debe asumir como un derecho propio? Aunque no es objeto de este debate, me parece inexcusable denunciar ante esta Cámara que tales convenios, caso de llevarse a término, equivaldrían a una forma verganzante de negociar competencias, absolutamente extraña a las vías constitucionales y estatutarias de asunción de competencias por la Comunidad; que equivaldrían a una burla del Estatuto y de la Constitución, en lugar de ser un caso particular de su aplicación; equivaldrían a una administración de sedantes para callar una mala conciencia autonómica; nos introducirían abiertamente en un autonomismo raquítico de orden ínfimo y sin futuro.

¿Por qué, señor Presidente, señores Procuradores, pedimos nosotros ya las competencias educativas para nuestra Comunidad? Intentaré explicarlo muy brevemente.

En primer lugar, porque el proceso de Transferencias Educativas afecta ya a más de la mitad de la población española. Es un proceso que ya no tiene marcha atrás donde se ha aplicado y que no puede detenerse en el resto del territorio nacional, si se quieren respetar los principios constitucionales de igualdad y de justicia.

En segundo lugar, porque son un factor de primer orden para contribuir a la difusión y a la consolidación de la conciencia autonómica.

En tercer lugar, porque sólo acelerando y completando este proceso se puede hacer posible la transformación de la Administración Educativa Central del Estado, que dispone de los mismos o más efectivos personales, todavía, que antes de iniciarse las transferencias, cuando ejerce menos de la mitad de las funciones y de las competencias de gestión.

La asunción de competencias por la Comunidad Autónoma es posible. Se trata, fundamentalmente, de competencias...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría dos minutos.

EL SEÑOR NIETO NOYA:

(Muchas gracias señor Presidente)... de competencias de gestión que están siendo realizadas por las unidades periféricas de la Administración Educativa del Estado, que van a ser íntegramente traspasadas a la Comunidad Autónoma, en el momento en que asuma las competencias. El mayor costo corresponderá, únicamente, al que representen los órganos de la Administración Educativa Central de

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la Comunidad Autónoma, que se compensa o se puede compensar con la correspondiente baja en el costo de los Servicios de la Administración Educativa Central del Estado.

La fecha propuesta es, a nuestro juicio, la más indicada para la asunción de Competencias Educativas. Permite tener resuelta, sin agobios, toda la tramitación previa, tanto en la vía legislativa como en la ejecutiva; posibilita un traspaso sin traumas, estando plenamente organizado y encarrilado el curso escolar y disponiendo de tiempo para programar y organizar el curso siguiente, el primero bajo la responsabilidad plena de la Comunidad Autónoma, con la misma falta de agobio.

En suma, desde diferentes puntos de vista encontramos razones, poderosas razones, que avalan nuestra propuesta. En la dirección contraria no conocemos ninguna razón que desaconseje un aplazamiento de la asunción de Competencias Educativas, ni desde la perspectiva de los intereses de la Comunidad Autónoma ni desde la perspectiva de los intereses generales de España.

A mayor abundamiento, creemos que estamos ante un problema respecto del que no hay, o al menos no debieran existir, posturas enfrentadas entre los diferentes Grupos que componen esta Cámara. Creemos que no asoma aquí ningún debate ideológico que dificulte la manifestación de una voluntad coincidente. Creemos que argumentos contrarios, o al menos extraños, a los intereses de la Comunidad no deben impedir una decisión unánime de apoyo a lo que consideremos legítimos intereses comunitarios.

Por todo ello, Señorías, proponemos, pedimos y esperamos el apoyo de estas Cortes a nuestra Moción. Muchas gracias señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Hernández.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo, en primer lugar, tengo que decir que siento la no aceptación, por parte de la Mesa -no aceptación que, por otra parte, no entro a calificar, simplemente digo que siento el que no se haya aceptado-, de una Enmienda que yo había elaborado a esta Moción del Grupo Popular. En esta Enmienda, yo trataba, respetando el fondo de la Moción, de posponer la fecha, que está recogida en ella, de asunción de competencias; pues que, lo que ocurre es que yo estoy absolutamente de acuerdo con la toma de iniciativas por parte de esta Cámara, que aceleren las asunciones en todos los temas que están recogidos en nuestro Estatuto. En este sentido, yo también querría recordar a ambos Grupos, al Grupo Popular y al Grupo Socialista, su actuación en la Mesa con el tema de INSALUD, en relación con una Proposición elevada a esta Mesa por la Comisión de Bienestar Social, a iniciativa de este Procurador. Yo pienso, no obstante, que estas iniciativas han de ser razonadas y razonables. Los pugilatos políticos no deben, en ningún caso, como también ha dicho el señor Nieto, resultar en perjuicios irreparables para el ciudadano Castellano-Leonés. Y, con estos planteamientos previos, digo lo que ya he dicho: que estoy de acuerdo con el deseo de tomar iniciativas en estas Cortes para acelerar la asunción de competencias en el tema de Educación; pero pienso que la fecha que debía haber figurado en esta enmienda es la que estaba recogida, perdón, en esta Moción, es la que estaba recogida en mi Enmienda, es decir, el primero de Octubre del año ochenta y cinco. Recoger, como fecha de iniciativa para esta asunción, el primero de Enero, bueno, pues, me parece que es harto inoportuno. El primero de Octubre del año ochenta y cinco coincide con un comienzo de curso, marca un tiempo razonable para la asunción de la infraestructura por parte de la Consejería y, aunque el fondo estamos compartiéndolo, repito señor Nieto, no la forma.

Yo creo que el tema de la Enseñanza, el tema de la Educación, no lo podemos abordar con ligereza y si la Consejería no se ha preparado en infraestructura, como el señor Consejero nos prometió en su comparecencia en la Comisión informativa (me parece recordar que habló del verano del ochenta y cuatro), si la Consejería no se ha preparado, digo, pues, podremos desde esta Cámara criticarle su poca actividad o tomar las medidas parlamentarias que sean oportunas, pero no "castigarle", entre comillas, con una asunción acelerada que sólo perjudicaría a los estudiantes de Castilla y león. Yo, desde luego, tengo que decirle al Grupo Popular que pueden contar conmigo en todas iniciativas, posibles iniciativas posteriores, que sean razonadas y en las que no subyazca, como a mí me parece que puede subyacer (aunque después de las palabras del señor Nieto, pues, hay que presumir que no es así), ningún pugilato político. Y no me diga el señor Nieto que la postura de este Procurador depende de su voto, como ha dicho antes, y no de los razonamientos que se están dando, puesto que yo voy a votar no, y, sin embargo, tengo tanto interés como usted -y se lo puedo asegurar-, en que la Educación en Castilla y León se gestione desde Castilla y León cuanto antes, pero, repito, con fundamentos y con infraestructura. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor de Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Estando totalmente de acuerdo con el señor Noya, voy a abstenerme en

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esta votación de la Moción, porque, si bien estoy deseando que se dé esa iniciativa y que vengan las competencias de educación, estoy también convencido de que, dada la incapacidad para gestionarla, iba a ser un desastre para la Educación. Vamos a ver si la Junta es capaz de digerir las transferencias que tiene y, cuando sea capaz de digerir las que tiene, podamos exigirle más. Estoy convencido de que, en estos momentos, traer nuevas competencias sería un grave perjuicio para la Región. Por tanto, siendo mi intención totalmente de acuerdo con la Moción presentada, tengo que abstenerme porque no puedo votar en contra, pero tampoco puedo votar a favor, porque comprendo que sería un desastre para los estudiantes de la Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo quiero comenzar diciendo que nuestro Grupo sí está en contra de la Moción. Y voy a tratar de hacer una intervención razonada, porque a nadie se nos oculta cuál es el contexto en el que esta Moción se produce y qué es, probablemente, lo que hay detrás de ella. Yo creo que no hay que ser excesivamente hábil, quizá ni siquiera excesivamente lúcido, para tratar de hacer una disección propiamente política de los que hay detrás. ¿Cuál es, concretamente, el sentido que tiene la Moción?; Porque yo creo que de ahí hay que partir. Evidentemente, en un tema de éstos, lo que no se puede es pedir el acuerdo sobre el objetivo a largo plazo, porque, probablemente, todos estaríamos de acuerdo en un objetivo al estilo de una sociedad justa, razonable, etcétera, etcétera; y, sin embargo, evidentemente, ése no es el problema. El problema es el del procedimiento, el de los medios, el de las formas, el de los momentos, etcétera.

¿Cuál es, por tanto, el sentido que, a nuestro juicio, tiene esta Moción presentada? Evidentemente, la letra de la Moción es muy clara. Se trata de anticipar unas transferencias, o las transferencias de unas competencias en una materia muy concreta ( y eso tampoco hay que ocultarlo), como es la competencia de educación, en materia de Educación, probablemente (y digo probablemente porque no quiero hacer juicios de valor sobre estos temas) forzando el sentido del Estatuto, el sentido intrínseco del Estatuto, no quizá desde el punto de vista jurídico, que ya sé que, efectivamente, la posibilidad está amparada, pero sí desde otros puntos de vista y muy concretamente desde el punto de vista político. Y, ¿por qué parto de esta afirmación? Pues muy sencillo, porque yo creo que detrás de la Moción hay unos efectos añadidos que, a mi entender, se producen objetivamente. Y vuelvo a decir que no quiero con ello señalar que ésa sea la intención del Grupo Popular al presentarla -quizá no lo sea o quizá no han advertido que esos efectos se producen-, y repito que no quiero hacer juicios de valor en ese sentido. Me limito a señalar lo que considero que son efectos añadidos objetivamente a una Moción de este tipo y en este momento, porque, si estoy en lo cierto, y creo que es así, esta iniciativa es una iniciativa que, respecto de esta materia y de otras materias, se está reiterando con sospechosa frecuencia, diría yo, al menos en otras Comunidades Autónomas, y esto, evidentemente, suena a estrategia política, porque no cabe, desde luego, hacer otra valoración del tema.

Yo creo que hay, fundamentalmente, en eso que yo llamo los objetivos añadidos o los efectos añadidos objetivamente, como se quiera, dos, concretamente, que hay que señalar con mucha claridad. A mí me parece claro que detrás de este tipo de iniciativas adoptadas en este momento (vuelvo a decir que esa es una cuestión esencial), está la intención y lo digo, si es posible, con solemnidad y, desde luego, con toda la claridad posible de producir, por decirlo con delicadeza, algún tipo de tensión entre ciertas Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación. Y me parece que eso tiene un razonamiento claro: no se elige cualquier materia; se elige una materia tan delicada, como saben Sus Señorías, como es la de Educación de la que, evidentemente, depende la estabilidad de una comunidad, no digo de una Comunidad Autónoma, de una comunidad ciudadana. Es, sin duda, uno de los temas claves en ese sentido. Y se elige un momento, además, en que esa materia, tan delicada, está sometida a un cambio profundo desde el punto de vista sustancial, porque lo que está en marcha es, o será en su día, el proceso de aplicación de la L.O.D.E., una vez que salga del Tribunal Constitucional; y me parece que eso es algo que no es casual, desde mi punto de vista, porque, probablemente, la intención objetiva oculta o, al menos, subliminal de la Moción no fuera otra (y digo que es una sospecha y, desde luego, tengo que tener la libertad de sospechar) que hacer coincidir en el tiempo el proceso de aplicación de la L.O.D.E. con el proceso de distribución de la competencia, en materia de Educación, entre las Comunidades Autónomas; de tal manera que, mal sobre mal, desde el punto de vista de Sus Señorías de la oposición, mejor para la oposición, porque ésa es una reflexión fácil y una reflexión que, evidentemente, desde el punto de vista de la oposición se puede hacer legítimamente. Me parece que hay otro aspecto que también conviene aclarar y que es otro de esos efectos añadidos o intenciones subliminales en la Moción y que sería, concretamente, el de someter, en un proceso que todos hemos convenido tantas y tantas veces que es un proceso de consolidación de las Comunidades Autónomas, el someter a las Instituciones Autonómicas, cuando ese proceso aún no está consolidado por razones de las que, probablemente,

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Sus Señorías son más responsables que nosotros, justamente durante ese proceso de consolidación, de tal manera que en ese proceso, someter a la Comunidad a un ritmo excesivo en la recepción de competencias, indudablemente, produce unos determinados efectos políticos; para qué nos vamos a engañar si las cosas están suficientemente claras. Yo creo que todos sabemos, a poco que reflexionemos sobre la Historía, que a las Instituciones se les causa, probablemente, igual daño por defecto que por exceso; probablemente más por exceso que por defecto. Quiero decir que hay formas muy distintas de poner en cuestión, no quiero siquiera decir de desestabilizar a una Institución; por la vía de la pasividad, haciendo de la Institución algo inútil, la vía del ritmo exagerado en las demandas sobre su funcionamiento, sobre todo cuando ese ritmo es falto de prudencia y armonía, como me temo que ustedes, en más de una ocasión, desearían; porque, desde luego, yo no puedo entender, aplicando la mínima racionalidad, que ustedes pues desplieguen con eficacia, y en su legítima labor de oposición, una argumentación de ineficacia de las Instituciones Autonómicas y, a la vez, quieran que esas Instituciones se llenen todavía más de competencias. Vamos a ver en qué, en qué quedamos, porque me parece que, entre ese planteamiento y la premisa de la que ustedes habitualmente parten, entiendo que, objetivamente, existe una cierta contradicción.

Y hecho el planteamiento que yo creo que es el planteamiento correcto del tema, por lo menos el planteamiento político -y estamos, evidentemente, en un debate político sobre los temas-, me parece que quedaría por hacer alguna reflexión sobre el sentido que no sólo en la Constitución, sino en los Estatutos de Autonomía y concretamente en el nuestro, muy concretamente en el nuestro, tienen los procesos de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas. Y hay que decir, con toda claridad, que estamos ante un Estatuto del artículo 143 de la Constitución, nos guste o no nos guste, y que en esos Estatutos está diseñado un tránsito paulatino del Estado Central al Estado Autonómico, que todos sabemos (porque lo comprobamos: nosotros, desde una posición, y ustedes, desde otra; pero lo comprobamos igualmente), que tiene dificultades, dificultades organizativas, porque la organización administrativa se resiste, en ese sentido, a introducir las reformas que efectivamente hace necesario ese tránsito; y ello exige, sin lugar a dudas, un determinado ritmo que hay que respetar con racionalidad. Me parece que ese ritmo exige una ponderación en el proceso, y ustedes lo saben tan bien como nosotros, porque las Instituciones necesitan plazos razonables de consolidación y eso, evidentemente, no se puede ocultar.

Nosotros, desde luego, desde la posición política en que estamos, queremos compatibilizar -y lo vamos a seguir haciendo cuantas veces sea necesario-, la responsabilidad política que hemos asumido en muy diversos niveles y simultáneamente, en este, en este país en concreto, en este momento. Y eso exige combinar la firmeza, en unos casos, con la prudencia, en otros; huir del autonomismo irreflexivo en que, desde luego, es muy fácil caer; y buscar el término medio entre la rapidez, evitando la precipitación, etcétera, sobre todo cuando estos elementos se utilizan como estrategia, con una finalidad determinada.

Por eso, a veces, ciertas iniciativas que aparentemente tienen un fin benéfico, como la que ustedes, probablemente, proponen, pueden estar llenas de frivolidad si no se miden (y entiendan bien la palabra: de frivolidad) si no se miden sus consecuencias en un momento y en un lugar determinado. Desde luego, no nos pidan que estimemos o que les reconozcamos el carácter de pioneros de la Autonomía porque realizan este tipo de iniciativas, ¡hasta ahí podíamos llegar! Todos sabemos lo que nos traemos entre manos y todos conocemos las posturas de unos y de otros; porque esto, desde luego, no se trata de una carrera en la que hay que ver quién llega antes, que es algo que parece que ustedes, pues, utilizan en apoyo de esta Moción en concreto. Se trata de ver cómo se llega a las cosas, con qué proceso, en qué momento, etcétera, etcétera. Por tanto, entiendan que cumplimos papeles distintos en estos momentos; que a nosotros nos ha tocado, por mandato popular, la responsabilidad de gobernar y que eso comporta un ejercicio de responsabilidad, de ponderación y de prudencia que quizá también debiera de ser exigible a quienes les ha tocado estar en la oposición, probablemente de forma transitoria, pero ya veremos cuáles son sus actitudes en su día.

Quiero, finalmente, dejar bien clara cuál va a ser nuestra posición en este tema y en otros que sospechamos que van a venir por el mismo camino, porque, ya digo, los datos que tengo me permiten afirmar que estamos ante una auténtica estrategia bien pensada en este sentido. Nosotros estamos por llenar la Comunidad Autónoma, ésta y las demás en que tenemos la obligación de hacerlo, de competencias. Estamos por asumir de forma gradual, ponderada, segura y responsable, las competencias que los Estatutos de Autonomía contemplan, en los momentos en que las contemplan, y, por tanto, estamos, desde luego, por que esa situación se haga realidad dentro de esos plazos. En este tema, en concreto, estamos y lo practicamos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan dos minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

(Gracias)... y esperamos seguir practicándolo; estamos por ir asumiendo gradualmente competencias, y hay procedimientos, como son los convenios con la Administración

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correspondiente competente en la materia, la asunción por bloques, compartiendo determinadas competencias y decisiones en un momento determinado, etcétera. Eso se está haciendo en materia de Educación y se va a seguir haciendo, porque entendemos que eso es lo lógico en este momento del proceso.

Por ello, para esta Moción que han presentado en este momento y par el futuro, en el caso de que la iniciativa se reitere, ya saben que no vamos a ir por este camino y ya saben que estamos por un desarrollo armónico del Estatuto de Autonomía en todos los temas, por cubrir los periodos de rodaje que las Instituciones necesitan, con prudencia y con sentido de Estado, que quizá es algo que ustedes debieran de aprender y, cuanto antes lo hagan, mejor. No estamos por adelantar momentos ni por precipitar el proceso. Cada cosa a su tiempo, que se dice por aquí, o "no por mucho madrugar amanece más temprano", que quizá viene muy a cuento. No estamos, desde luego, por echar pulso con nadie sobre temas tan serios y, concretamente, en éste de la Educación, no estamos por hacer comparaciones con nadie, como creo que Su Señoría ha hecho, utilizándolo como principal argumento y, desde luego, tampoco por emplear el agravio comparativo, sistemáticamente, como método para construir nuestra propia Autonomía. Entiendan justamente estas palabras. Y conocen, por tanto, cuál va a ser nuestra actitud en este tema y en otros, que me temo que van a venir en este mismo sentido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se va a proceder a someter a votación la Moción que acaba de ser debatida. Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al texto de la Moción que se va a someter a votación.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

La Moción que se somete a la Cámara es la siguiente:

"Las Cortes de Castilla y León acuerdan ejercitar la iniciativa a que se refiere el artículo 9.2 b) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a fin de que la Comunidad Autónoma pueda asumir y ejercer las Competencias a que se refiere el artículo 29.1,14 del mismo Estatuto (enseñanza en todos sus niveles y Formación Profesional, Centros Universitarios y Planificación Educativa) desde primero de Enero de mil novecientos ochenta y cinco".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Votos favorables a la Moción; pónganse en pie, por favor. Siéntense, por favor. Votos negativos, votos en contra. Siéntense, por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación: votos emitidos: setenta y dos. Votos favorables: treinta. Votos en contra: cuarenta. Abstenciones: dos. Queda, por lo tanto, rechazada la Moción.

Al haber retirado el Grupo Popular la Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley Reguladora del Consejo Asesor de Televisión Española en Castilla y León, queda sin contenido el último punto del Orden del Día. En consecuencia, se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos).