DS(P) nº 14/1 del 7/6/1984

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se abre la sesión. Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al primer punto del orden del día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Primer punto del orden del día: Informe de la Junta de Castilla y León sobre Expediente de Incorporación de Créditos número 5/1983.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, los tiempos de intervención en relación con este punto del orden del día, de los Grupos Parlamentarios, quedan reducidos de la siguiente forma: cinco minutos en la primera intervención y, en caso de réplica, solamente tres minutos. Se modifica así un acuerdo anterior de la misma Junta de Portavoces. Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En el ánimo de coincidir con la brevedad que nos propone el señor Presidente, voy únicamente a resumir el informe que este Consejero debería de elevar a estas Cortes sobre el Expediente número 5/83 de Incorporación de Créditos, aprobado por la Junta de Consejeros del diecisiete de mayo del ochenta y cuatro, en relación con la propuesta que en su momento realizó el Consejero de Cultura a la Junta de Castilla y León.

Voy a referirme a la procedencia y al destino de este Expediente de Incorporación de Créditos. Tiene lugar como consecuencia de remanentes en el presupuesto del Ministerio de Cultura, presupuesto de mil novecientos ochenta y tres, y se desglosan dicha procedencia y dichos remanentes de la siguiente forma: ochocientas sesenta y una mil trescientas catorce pesetas que provienen de la Dirección General de Bellas Artes y que constituyen una transferencia a la Junta de remanente existente para atender los servicios traspasados en materia de cultura; cuatrocientas noventa y dos mil treinta y tres pesetas, del Ministerio de Cultura, Dirección General de Juventud y Promoción Socio-Cultural, que provienen de una transferencia a la Junta por acuerdo en reunión celebrada entre representantes del Ministerio y de las Comunidades Autónomas. La misma procedencia y el mismo origen, es decir, procedencia del Ministerio de la Cultura, Dirección General de Juventud y Promoción Socio-Cultural, y acuerdo en reunión celebrada entre representantes del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, tienen también los siguientes tres ingresos siguientes: el de doscientas treinta y una mil setecientas cuatro pesetas, el de un millón novecientas veintinueve mil ciento

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diecisiete pesetas y el de un millón setecientas veintidós mil trescientas trece pesetas. Y, por último, hay un sexto ingreso de ochenta y siete mil novecientas pesetas de procedencia del Instituto de Juventud y Promoción Comunitaria, y que llegan a la Junta a través de una transferencia en base a los porcentajes de distribución establecidos y acordados con las Comunidades Autónomas. El total de todas estas cantidades, por lo tanto, que se derivan de simples remanentes y de acuerdos entre la Administración Central y los Consejeros respectivos de Cultura de las distintas Comunidades, se leva, en ingresos, a cinco millones trescientas veinticuatro mil trescientas ochenta y una pesetas.

La Consejería de Cultura tuvo a bien proponer su distribución, su ingreso y distribución, su incorporación y distribución, dentro del capítulo II de la misma, ya que al tratarse de transferencias corrientes su destino eran gastos de funcionamiento de la misma Consejería, por lo que asignaron, se asignaron al Capítulo II de su presupuesto: compra de bienes corrientes y servicios. La Consejería de Economía y Hacienda entendió correcta técnicamente esta asignación y propuso en su momento a la Junta la misma; de forma que, teniendo en cuenta procedencia y visto bueno de tipo técnico por parte de la Consejería, fue aprobado en su día (repito, el diecisiete de mayo del ochenta y cuatro). Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Grupos Parlamentarios que desean intervenir? ¿Grupo Mixto, por favor? ¿Grupo Popular? Tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Señorías, voy a ser muy breve, simplemente para decir que la comunicación de este Expediente a las Cortes tiene el sello de registro de salida del cuatro de Junio, de la Junta de Castilla y León, y que por tanto aquí no podemos entrar en el fondo de la cuestión, porque estos sobres han sido entregados, estas comunicaciones han sido entregadas en nuestro Grupo ayer por la tarde y no podemos entrar a considerar estas cuestiones. Tenemos que decir que no se pueden traer las cosas con esta celeridad porque no hay manera de estudiarlas. Así que rogamos a la Junta que este retraso con que ha traído esta vez este Expediente pues no vuelva a ocurrir.

Y en segundo lugar, simplemente decir que, como siempre, vemos que la asignación de las partidas están dedicadas a atenciones de carácter social y representativo, gastos diversos, reuniones y conferencias y promoción y desarrollo. Como son artículos o, mejor dicho, conceptos del presupuesto que vamos a tratar después en más profundidad en los siguientes debates que haya sobre la Ley del presupuesto, no voy a entrar, sino simplemente decir que vemos que, por desgracia, abundan demasiado estos capítulos en todos los presupuestos de la Junta. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del orden del día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Segundo punto del orden del día: Debate de totalidad de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para mil novecientos ochenta y cuatro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para hacer la presentación a la Cámara de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año mil novecientos ochenta y cuatro, tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La nuestra es una época de incertidumbre y crisis, incertidumbre y crisis en muy variados aspectos de la vida social, y no solamente en la actividad económica; incertidumbre y crisis que se interrelacionan y potencian mutuamente ensombreciendo el panorama mundial hasta niveles desconocidos en pasadas décadas. La crisis económica mundial no es sino un elemento más de una crisis general que venía labrándose desde hace años y cuyo fin, pese a las esperanzas que se vislumbraban, aunque tímida y precariamente, no es posible vaticinar.

La economía mundial en la que estamos inmersos, después de una década de profundo deterioro, muestra, sobre todo en los países tradicionalmente motores de la economía capitalista, indicios que pueden hacer pensar en mayores niveles de crecimiento con reducción de la inflación, recuperación del comercio mundial, aumentos de la inversión y posteriores aumentos del empleo. Sin embargo, ciertos acontecimientos en la esfera internacional, tales como el déficit público norteamericano, la crisis financiera de los países del tercer mundo, el desarrollo de nuevas formas de proteccionismo, o la crisis militar en el Golfo Pérsico, amenazan con cercenar la tímida recuperación de la economía internacional.

La economía española, por motivos asociados a nuestra peculiar historia próxima, padece una crisis aún más profunda, con desequilibrios estructurales graves que han dado lugar a cifras de desempleo que se acercan al 20 por 100 de la población activa. Sin embargo, en el transcurso del presente año se empie-

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zan ya a detectar igualmente síntomas esperanzadores, aunque no suficientes como para debilitar una política económica que trata de atajar de raíz los desequilibrios básicos.

Bajo este contexto mundial internacional y nacional, Castilla y León, como Región no ya conectada por sus intercambios económicos, sino estrechamente dependiente en todo su dramático significado, presenta una situación social y económica grave. No es que la crisis mundial haya supuesto un cambio de tendencia en la economía castellano-leonesa, sino que ha agudizado el proceso de deterioro de nuestra actividad productiva,perceptible ya en los años de bonanza de la economía española. Es más, las tasas de paro que actualmente padecemos en la Región -14 por 100 según las últimas encuestas de la E.P.A.- no son solamente el resultado de la destrucción de empleos, sino también del cierre de la espita emigratoria, que en otros tiempos permitía el retroceso económico interno y, a la vez, aunque paradójicamente, el mantenimiento de la renta per cápita.

La crisis económica actual, por tanto, se muestra en Castilla y León no sólo en el deterioro de su aparato productivo interno, aquejado de deficiencias estructurales graves, sino también, como economía dependiente, en el resultado de una angustiosa situación social, como consecuencia de la negación de la socorrida "sordina" aplicable en épocas pasadas.

El estancamiento de la renta, el aumento del desempleo como contrapartida no sólo de la emigración sino de la incapacidad del sistema para generar inversión productiva, la ampliación de la población marginada social y culturalmente, la crisis del mundo rural, son los resultados más visibles de una crisis estructural más profunda, que nunca podrá ser superada con la miope visión del plazo coyuntural o más inmediato.

Podíamos concretar y desarrollar cada uno de estos puntos de la crisis por la que atraviesa la economía, ligada al contexto nacional e internacional, desbrozando los aspectos más negativos de la misma; pero les ahorro a Sus Señorías este recorrido ya que en múltiples ocasiones hemos tenido ocasión no solamente de conectar con el mismo, sino de ser conscientes todos los Grupos de su gravedad en los distintos aspectos y en las distintas vertientes en que se configura.

Ante ese panorama sombrío que, repito, no entro a analizar parte por parte sistemáticamente, sino del que sólo he dado una pequeña pincelada resumen del mismo, la política económica que Castilla y León precisa, forzosamente tiene que presentar elementos también diferenciales importantes frente a los llevados a cabo en otras áreas geográficas, derivados precisamente de la peculiaridad de los problemas de la Comunidad Castellano-Leonesa. Y no dependerá sólo de la configuración, de la sobreestructura existente en estos momentos a nivel jurídico-institucional en Castilla y León, sino también de la específica estructura socioeconómica, de unas específicas relaciones de producción que tienen lugar en nuestra Región e, inlcuso, de un concreto e histórico grado, también específico, de desarrollo de nuestras fuerzas productivas y de nuestra tecnología.

Frente a la crisis mundial, las políticas económicas puestas en marcha en los países más avanzados, aunque con variada instrumentación, han perseguido prioritariamente y de forma unánime, al menos desde la segunda crisis del petróleo, la corrección de los desequilibrios económicos básicos, es decir: inflación, balanza de pagos, déficit público y desempleo, como pasos todos ellos previos, a corto plazo, antes de iniciar un nuevo proceso de desarrollo, dando lugar a lo que podríamos denominar tercera revolución industrial. De hecho, para muchos analistas, la presente crisis mundial no es más que el proceso de ajuste de demanda y tecnológico previo y típico de una nueva revolución industrial; revolución que dejará en la cuneta a aquellas sociedades incapaces de adaptarse a la misma y a sus exigencias.

Dice el viejo aforismo castellano que elegir es negar, implica negar, y la política económica del Gobierno Socialista ha elegido el sacrificio de hoy a cambio del relanzamiento saneado de la actividad en los próximos años, que es lo que realmente preocupa de forma prioritaria. Nadie puede negar que las decisiones racionales del presente deban estar tan influidas por la historia transcurrida como por el devenir. No existirá proceso en el futuro sin los sacrificios del presente.

Y, en este contexto, ¿cuál es, cuál debe ser el papel de nuestra Comunidad? Para Castilla y León nuestra elección de política económica es meridianamente clara y, con toda crudeza, ha sido reiteradamente expuesta. Figuraba ya en el programa electoral del PSCL-PSOE. En el asentamiento de prioridades, y en pos de la resolución de la crisis castellano-leonesa, los objetivos de política que estamos llevando a cabo, y que se materializan en los presupuestos presentados a debate hoy, son: la creación de empleo mediante el estímulo de la inversión, la dotación de un conjunto de servicios sociales mínimos y la corrección paulatina de los desequilibrios territoriales. El instrumento principal al servicio de esta política económica regional será el Plan Económico Regional que presentaremos antes de concluir el año y del que este Presupuesto constituye un primer y tímido avance.

La adecuación de los objetivos de política económica regional diseñados a las necesidades descritas sigue un esquema dotado no sólo de racionalidad técnica, sino también de racionalidad social. No se ha realiza-

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do una distinción tajante entre objetivos económicos y objetivos sociales, aunque algunas actuaciones, presumiblemente, vayan a estar guiadas más directamente por criterios de eficacia económica y otras lo estén por criterios de redistribución y de equidad. Esta distribución es relativa, sin embargo, puesto que todos los objetivos propuestos tienden a intercalarse, tienden a interrelacionarse y a articularse de forma que no pueda existir una mera defensa de unos sin tener en cuenta también los otros.

Al objetivo global de sacar a la Comunidad del subdesarrollo permanente, de su desequilibrio permanente, de su dependencia permanente, se van a asociar objetivos desglosados que resumiré de la siguiente forma: en primer lugar, se van a concretar, digo, y desglosar en los siguientes subobjetivos, o sea, objetivos secundarios en terminología meramente económica: el del desarrollo equilibrado, el del pleno empleo de los recursos regionales -humanos, materiales y financieros- y el de la mejora de la calidad de vida, objetivo amplio en el que están comprendidas las medidas de redistribución de la renta. Es decir, tres subobjetivos que concretan y resumen el objetivo central de desarrollo económico equilibrado y no dependiente de la economía de Castilla y León.

A nivel inmediato, el objetivo global consiste, sin embargo, y sintetizando todos éstos, en la estructuración, y dogo a nivel inmediato, en la estructuración regionalizada de la capacidad productiva que permita recibir en situación óptima los efectos de la expansión económica general. Y los objetivos específicos, asociados también de forma inmediata a este fin, deberán ser los siguientes (ya no a nivel estructural, como antes me refería, sino, repito, a nivel inmediato y permanente también) serán -desglosando este objetivo-: la consecución de una tasa de crecimiento que evite la destrucción de puestos de trabajo y promueva la creación de empleo, la articulación sectorial y territorial de la economía regional, la mejora de las dotaciones de servicios y la determinación del proceso de desacumulación, la detención.

La aproximación a estos objetivos exige la adopción de una específica estrategia de desarrollo económico en la Región castellano-leonesa. Es decir, nos hemos acercado muy tímidamente a los problemas de la Región, hemos visto, en función de estos problemas, cuáles serían los objetivos a perseguir para eliminar los mismos, y ahora vamos a intentar delinear esa estrategia de política económica, de desarrollo económico, que nos permita impulsar, conseguir esos objetivos y, por ende, eliminar aquellos problemas. Las líneas básicas de esta estrategia de desarrollo económico serían las siguientes: En primer lugar, imbricación mutua de los sectores agraria e industrial. En segundo lugar, la modernización de las estructuras agrarias, reforma de las explotaciones, reordenación de los cultivos, formación y capacitación profesional, etcétera, para ir consiguiendo que este sector deje de ser el lastre de la economía regional. En tercer lugar, la potenciación del sector agro-alimentario, que materializa la imbricación señalada de la agricultura y la industria a la que antes me refería, estímulo a sectores industriales que utilicen recursos regionales propios, básicamente minero-energético, que empleen tecnología avanzada o que favorezcan la articulación del aparato productivo regional. En cuarto lugar, la articulación económica de la Región, tanto sectorial como espacialmente, para lo que es clave la ordenación del territorio regional. En quinto lugar, una estrategia de crecimiento económico basada en la comercialización exterior, dada la debilidad del mercado interno, que no hace aconsejable una estrategia basada en la demanda interior, dando, en consecuencia, prioridad a las ventajas de la especialización en la producción industrial anteriormente señaladas.

Las necesidades de la adecuación económica internacional y, en concreto, las derivadas de la previsible adhesión de España a la C.E.E. están muy presentes en la formulación de los objetivos que antes señalábamos. La racionalización y modernización de las estructuras productivas regionales, agrarias e industriales fundamentalmente, se encaminan también en esa dirección.

Por supuesto, las posibilidades autónomas de la política económica regional para resolver los graves problemas estructurales de la economía regional son reducidas. No debe perderse de vista, tampoco, que el modelo de concertación entre las políticas económicas regionales y la política económica nacional, que se recoge en la Constitución y en otras leyes de transcendental importancia, por ejemplo la LOFCA, la Ley del Fondo, etcétera, tiene como lógico corolario el que sea únicamente a través de la acción coordinada y conjunta de todos los poderes públicos como podamos esperar la adecuada solución de los problemas planteados. La consecución de los objetivos propuestos sólo será posible, por lo tanto, si se cuenta con los medios adecuados para llevarlos a buen término y con una coordinación adecuada entre las distintas estancias de la política local, regional y nacional. En cuanto a la disponibilidad de recursos, la nuestra es una Comunidad que, si bien no está extraordinariamente dotada de recursos básicos, dispone sin embargo de recursos humanos y financieros suficientes que permiten conseguir un nivel de desarrollo apreciablemente superior al hoy existente.

La estrategia económica propuesta en líneas más arriba, en las anteriores palabras, implica la utilización de instrumentos sectoriales y territoriales bien definidos, pero exige, específicamente, de un énfasis singular en la creación de las condiciones que permitan de nuevo la recuperación de la inversión, ya sea

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pública o privada. Me voy, por lo tanto, a referir a estas condiciones anejas y necesarias a esa estrategia, empezando por la de la recuperación de la inversión ya sea pública o privada.

Evidentemente, la profunda crisis económica padecida por nuestra Comunidad obliga a una actuación beligerante en las Administraciones Públicas, concretada especialmente en su actividad inversora. De una parte, es necesario que las Administraciones Públicas concentren sus mejores esfuerzos en esta función, que, en detrimento del gasto corriente, permita tasas crecientes de ahorro público, modificando, en definitiva, la estructura económica del Presupuesto. Pero, por otra, en el caso de Castilla-León, definida como un área subdesarrollada con graves problemas económicos, de ordenación del territorio y de prestación de servicios, las inversiones públicas deben actuar como motor del desarrollo, lo cual implica tanto su potenciación cuantitativa como, y especialmente, su destino con criterios muy selectivos.

Evidentemente, la variable clave de la política de desarrollo y crecimiento económico es la inversión total. Pero ésta depende de varios condicionantes: perspectiva de demanda, tipos de interés, expectativas empresariales, disponibilidades financieras, etcétera, sin cuya resolución los intentos de incrementarla serían fallidos. Por otro lado, las necesidades de infraestructura, la adaptación de los sectores económicos a los nuevos parámetros de competitividad y la lucha contra el desempleo indican que las necesidades de inversión en nuestra Región son considerables. Finalmente, es tradicional el comportamiento de los castellano-leoneses como exportadores netos de ahorro, mediante la transferencia de medios financieros hacia otras regiones en cantidades apreciables.

Pero el Plan Económico Regional (en adelante le señalaré con sus siglas PER) y los Presupuestos deben contemplar prioritariamente el marco económico y social de Castilla y León; es decir, no solamente la variable inversión pública y privada, también el marco institucional. Uno y otros precisamente, marco económico y social, se van a encontrar, a ese marco institucional que supone la construcción del Estado de las Autonomías como un proceso vivo y, como tal, cambiante y transitorio. Es preciso remarcar con reiteración la importancia de dos aspectos claves de la actividad económica de nuestra Comunidad derivados precisamente de un peculiar marco institucional; por una parte, el proceso de transferencias en curso, y los mecanismos, aún provisionales, de financiación. Sobre estos dos elementos se fundamentará la implantación de las Comunidades Autónomas. Y tales son, "de facto", las limitaciones, si así se puede llamar, a la capacidad de respuesta global por parte de las instituciones autonómicas ante los problemas esbozados.

Me referiré a una: transferencia, proceso de transferencias, y a otra: proceso e financiación, mecanismos de financiación, como dos subvariables claves de la variable central a la que antes me refería: marco institucional.

El proceso de transferencias habido durante este primer año de mandato ha sido muy intenso, como demuestra el hecho de que nuestro proyecto de Presupuesto se haya visto multiplicado por doce. En consecuencia, las posibilidades de reasignación, ya de por sí limitadas legalmente (estamos obligados a mantener el nivel de prestación de todos los servicios que se nos transfieren) no pueden alterarse sustantivamente en un lapso de tiempo tan reducido. Por otra parte, el carácter dinámico e inestable del proceso y, a otro nivel, el Estatuto y la propia Constitución, alejan de las instituciones autonómicas amplios márgenes de decisión. La coordinación con la Administración Central y las Corporaciones Locales se convierte, en consecuencia, en un punto básico de actuación.

En esos momentos, el sistema de financiación, segunda subvariable, de las Comunidades Autónomas no está cerrado. Las implicaciones de este hecho son importantes. Por un lado, es obvio que las transferencias aún no asumidas van en detrimento de nuestra capacidad financiera y, en consecuencia, de la potencia de nuestra política económica y social. Por otro, introducen elementos de incertidumbre en las previsiones planificadoras y presupuestarias. Y, por último, obligan a retrasos en la presentación de los Presupuestos.

En efecto, el Estatuto, en su artículo 40.2, indica que los Presupuestos deben entrar en vigor antes del uno de Enero y que es obligación de la Junta presentarlos antes del último trimestre del año anterior. Con ello está considerando las obligaciones normales de formalización presupuestaria de las instituciones públicas. Pero también contempla la posibilidad de prórroga ante situaciones (el mismo Estatuto) ante situaciones excepcionales que impidan el normal cumplimiento de los plazos anteriores.

Pues bien, el proceso de transferencia y los mecanismos de financiación actúan conjuntamente convirtiendo, en esta primera etapa, la norma en excepción y la excepción en norma. Y de ahí precisamente el retraso en la presentación de los Presupuestos, tantas veces argumentado por este Consejero, y que, para no cansar a Sus Señorías, también les ahorro de repetir los argumentos que en otras ocasiones he tenido ocasión de manifestar aquí en esta misma Cámara.

La segunda implicación importante se centra en la necesaria continuidad administrativa y de inversiones, que impide, independientemente de la buena o mala descripción original, una reasignación total y autónoma

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de los recursos traspasados. En materia de personal y gasto corriente, la limitación a la capacidad del Gobierno Autónomo viene impuesta por el mantenimiento en la prestación del servicio transferido. En materia de inversiones y transferencias corrientes, las limitaciones son sin embargo de otro orden.

Por un lado la transferencia del servicio conlleva la responsabilidad en la ejecución de los proyectos de inversión en curso. Este es el caso de una buena parte de las inversiones que programamos. La alternativa de una actuación totalmente autónoma sería e implicaría, en múltiples casos, la paralización de las obras ya iniciadas con el consiguiente derroche recursos.

Por otro lado, la transferencia implica la mera gestión de unas asignaciones constitucional y estatutariamente competencia de la Administración Central en algunos otros casos, lo cual también ensancha el marco de las limitaciones y de la falta real de autonomía para ciertos proyectos por parte de la misma Junta. En estos casos de transferencias corrientes y de capital de carácter finalista, la Comunidad Autónoma, en sus presupuestos, no puede en absoluto modificar la asignación; sus competencias son meramente administrativas.

Teniendo en cuenta estos argumentos, en nuestro Presupuesto, o Proyecto de Presupuesto, que alcanza una cifra cercana a 37.000 millones de pesetas, 11.000 millones se corresponden a la carga asumida en el capítulo I y II, casi 5.000 millones a transferencias corrientes para fines específicos, 3.000 millones a transferencias de capital con carácter finalista, y algo más de 6.000 millones a proyectos de inversión heredados y a con anterioridad, con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial. En definitiva, y éste es el margen de maniobra, sólo 12.000 millones, el 33 por 100, componen el margen de maniobra financiera de la Comunidad Autónoma; margen de maniobra que únicamente puede asignar a sus propias competencias, y margen de maniobra que se habrá de tener en cuenta de forma esencial a la hora de analizar o de criticar el Proyecto de Presupuesto.

Establecido tanto el marco económico y social como el institucional y las limitaciones consecuentes que de los mismos se derivan, el proyecto de Ley que tengo el honor de presentar responde meridianamente a la voluntad de la Junta de optimizar su impacto frente a la crisis económica castellano-leonesa, en el estricto cumplimiento de sus competencias y en el ejercicio de sus reponsabilidades públicas.

Señorías, ya entro directamente al análisis de los presupuestos, aunque he hecho una pequeña incursión sobre las limitaciones o sobre el margen de maniobra que en estos momentos tiene la Junta en sus manos. Los Presupuestos repito, Señorías, de mil novecientos ochenta y tres, masivamente apoyados en su momento por esta Cámara, eran evidentemente unos presupuestos de gestión; así lo dije y así fue asumido por todos nosotros. Su objetivo básico era permitir la nueva andadura política, palabras también recordadas, que recuerdan aquellas frases de aquel momento. Los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro que presento tienen, sin embargo, y a pesar de las limitaciones a que antes me refería, unas características radicalmente distintas. Superando la mera gestión administrativa, que sin duda gravita todavía sobre la Comunidad, el Presupuesto inicia una etapa de Gobierno Autónomo, de toma de decisiones políticas plenamente autónomas capaces de plantear elecciones sociales y, en consecuencia, responder, en la medida de nuestras fuerzas, a los retos de nuestra sociedad y de nuestra Comunidad. Se trata, en último término, de atender, en función de nuestras competencias y margen de maniobra, dos elementos claves a la resolución de los graves problemas de Castilla y León.

En definitiva, los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro son los primeros en los que ha sido posible volcar materialmente la voluntad de consecución de los objetivos económicos y sociales exhaustivamente enumerados en otras ocasiones, sin perjuicio de las restricciones asociadas al proceso de construcción autonómica, que, en algunos casos, han supuesto rémoras a la hora de decidir una asignación presupuestaria más beligerante y acorde con las necesidades castellano-leonesas. Con todo, en estos Presupuestos se evidencia la férrea voluntad de reasignación de recursos en una administración que está naciendo y que tiene la intención de perseverar a medida que las restricciones, junto a la consolidación del sistema de financiación y la terminación del proceso de transferencias, vayan debilitándose.

En definitiva, Señorías, estos Presupuestos constituyen una cristalización temporal del P.E.R. y traslucen los objetivos económicos y sociales enunciados. En ellos se definen los instrumentos básicos de la acción pública, acorde con la estrategia de desarrollo decidida y antes citada, en función de las posibilidades financieras y el margen de maniobra posible, concretándose audazmente las elecciones políticas y prioridades necesarias para la consecución de dichos objetivos: el crecimiento económico, la reforma de las estructuras productivas, la dotación de servicios sociales mínimos y la corrección de los desequilibrios territoriales y sociales. Un esquema presupuestario reflejo, en definitiva, de una clara política de desarrollo económico en Castilla y León para Castilla y para León.

Cuatro son los principios que inspiran nuestra política presupuestaria en el plano técnico: transparencia, suficiencia, austeridad y beligerancia. Y, como también antes decía, este plano técnico implica también un plano socio-político, en el plano, por lo tanto, técnico-político.

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Tal como anuncié ante la Comisión de Hacienda en su momento, en el mes de noviembre, el Presupuesto de mil novecientos ochenta y cuatro, en su estructura y definición, goza hasta tal punto de la característica de transparencia que cualquier neófito en asuntos públicos podría ser capaz de entenderle.

El proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para mil novecientos ochenta y cuatro se ha elaborado a partir de la estructura de los Presupuestos Generales del Estado en las clasificaciones orgánica y económica, a la que se añade la territorial y se esboza, a través de las actividades, la clasificación por programas; de suerte que sea posible, por un lado, su consolidación y, por otro, la total transparencia por la cantidad y calidad de información que contienen. Tal información viene recogida tanto en el cuerpo central de la Ley, como en los anexos que la acompañan, de manera que cada peseta de gasto se justifica simultáneamente por los siguientes extremos: quién la va a gestionar, en qué se va a gastar, para qué se va a gastar (es decir, objetivos que se persiguen definidos en el anexo de actividades) y, en cuarto lugar, dónde se va a gastar, definidos en la clasificación territorial, que abarca aproximadamente el 70% del Presupuesto.

Naturalmente, esta información exhaustiva que se ofrece se estructura de una manera sistemática a través de la codificación de las partidas y el código establecido, como Sus Señorías ya conocerán, consta de nueve caracteres que forman los cinco campos siguientes: el campo primero se compone de dos dígitos y se corresponde con el órgano gestor de primer grado, es decir, las secciones, Consejerías y Cortes. El segundo campo se compone igualmente de dos dígitos y se corresponde con el Centro Directivo. Por tanto, el primer y segundo campo expresan quién es el órgano que ejecuta el gasto.

El campo tercero se compone de tres dígitos y define la naturaleza del gasto, es decir, en qué se gasta.

El campo cuarto se compone de un solo carácter, destinado a diferenciar las actividades de cada centro gestor, en función de las competencias y servicios asumidos de la Administración Central. Este cuarto campo, combinado con los anteriores, general el anexo de distribución del gasto por actividades y objetivos, y en él, por primera vez, se explicitan y definen los objetivos que se pretenden alcanzar y los recursos humanos y materiales con que se cuenta, dando el paso previo, que antes se anunciaba, al llamado Presupuesto por Programas.

El campo quinto contiene un sólo carácter, destinado a señalar la localización del gasto, es decir, dónde se gasta. Este quinto campo ha supuesto un esfuerzo evidente, por la insuficiencia de experiencias anteriores, porque en ocasiones no puede adscribirse a una sola provincia, al afectar a varias, por el carácter general como cobertura de servicios horizontales, así como por la existencia de expectativas de canalización del gasto hacia aquellos puntos que durante el período de ejecución vayan acreditando prioridad. A pesar de todo ello, se ha conseguido provincializar, con estas reservas que he anunciado, un 70 por 100 del total del gasto.

Sus Señorías reconocerán conmigo que el principio de transparencia así como el de calidad en información cobran en este proyecto de Ley todo su contenido. Asimismo es preciso señalar el enorme esfuerzo técnico realizado al presentar los agregados del gasto en cuatro resúmenes bidimensionales y tres resúmenes tridimensionales, por lo que se puede afirmar que pocas Comunidades Autónomas, incluso yo me atrevería a decir, por lo que conozco, que ninguna, han abordado el tema en un solo año de Gobierno con la extensión y profundidad con que lo ha hecho la Comunidad de Castilla y León.

El Presupuesto de mil novecientos ochenta y cuatro -paso a otro principio, al segundo-, es suficiente en cuanto que, tal como apunté anteriormente, garantiza a nuestro juicio, en todos los servicios transferidos, el nivel de prestación, condición legal de obligado cumplimiento, y, además, dota presupuestariamente aquellos más prioritarios, permitiendo la logística y actuación de las Instituciones en función de las necesidades económicas y sociales.

Tercer principio. Austero es el proyecto del Presupuesto que presentamos en cuanto que, sin merma en la prestación de los servicios, reconduce los excedentes hacia el proceso de inversión en aquellas actividades que se estimaron como prioritarias, alterando drásticamente la estructura presupuestaria en detrimento de los gastos corrientes y de funcionamiento. Así, en el nivel de ahorro, es decir, la desviación de ingresos originariamente asignados a gastos corrientes hacia gastos de inversión, ha alcanzado la tasa del 2% de aquellos. Esta tasa de ahorro neto es muy importante si la comparamos con las de otras Administraciones Públicas y si tenemos en cuenta tanto la causa y origen de los ingresos presupuestarios como el hecho de que la propia construcción autonómica ejerce fuertes presiones sobre el gasto corriente. Así, mientras en mil novecientos ochenta y tres los gastos de funcionamiento, capítulo I más capítulo II del estado de gastos, representaban el 63,5 y los de inversión significaban el 27,8 del total, en la Ley que ahora presentamos estos porcentajes pasan a ser del 40,6 y del 47,2 respectivamente. Mientras los gastos de funcionamiento se multiplican por nueve, los de inversión lo hacen por veinte, y, entre éstos, los de inversión, y dentro de ellos los de inversión real, por 42, llegando a representar las mismas el 33% del total de gastos.

En definitiva, me gustaría subrayar este parágrafo, lo que pudiera ser un indicador de austeridad, por el

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ratio gastos totales/gastos de funcionamiento, ha pasado del 1,57 en mil novecientos ochenta y tres a un más que aceptable 2,46 en mil novecientos ochenta y cuatro. En los Presupuestos Generales del Estado dicho ratio fue de 1,97 en mil novecientos ochenta y tres y 2,45 en mil novecientos ochenta y cuatro; compárese...

Pero quizá -y ahora entro en el tercer principio-, una de las características más importantes de este Presupuesto es su beligerancia con la situación de crisis económica y social padecida por Castilla y León. En términos macroeconómicos, esta característica aparece íntimamente engarzada con la austeridad e implica una prioridad absoluta de los gastos de inversión. En términos más desagregados, la beligerancia se observa en la asignación del margen de maniobra financiero a que antes me referí, a las actividades prioritarias y en las materias más eficaces. Beligerancia, en fin, que Sus Señorías pueden constatar en los Programas de inversiones, tanto financiados mediante el Fondo como mediante Deuda Pública, si atienden las cifras que allí se están distribuyendo y cómo se están distribuyendo. Incluso la misma decisión política de emisión de deuda con la que suplementar la financiación de inversiones es otro elemento de beligerancia en una Región con exceso de inversión no satisfecha y excedente de ahorro infrautilizado y a veces incluso inutilizado.

Establecidos estos principios, desarrollados los mismos, principios inspirados de nuestro Proyecto de Presupuestos, paso a indicarles las grandes cifras consignadas en la Ley que tengo el honor de presentar:

El Estado de ingresos supone 36.986.456.000 pesetas, distribuidas por capítulo tres (tienen en su conocimiento todos los datos que se pueden desglosar, no voy a repetirlos, en estos momentos solamente doy la cifra global) capítulo tres, capítulo cuatro y capítulo cinco, siete, ocho y nueve.

Si comparamos este montante global con el de mil novecientos ochenta y tres de, recuerden, 3.055.443.435 pesetas, vemos hasta qué punto se ha producido una modificación cuantitativa. Con todo, lo verdaderamente importante es la variación cualitativa operada, que aproxima definitivamente el presente proyecto de Presupuestos del ochenta y cuatro a la estructura financiera prevista en nuestro Estatuto y en la LOFCA.

¿De qué fuentes se ha nutrido este estado de ingresos? Los instrumentos previstos en el sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas podemos agruparlos en tres tramos, que paso muy rápidamente a esbozar.

Tramo de suficiencia financiera para garantizar la financiación de los servicios transferidos, con una cantidad igual al coste efectivo de las mismas. Los instrumentos de este primer tramo son: los tributos cedidos y la participación en los ingresos del Estado.

Segundo, tramo de solidaridad. Con objeto de contribuir a la corrección de los desequilibrios interregionales, la LOFCA prevé dos instrumentos: el Fondo de Compensación Interterritorial, y uno desarrollado, previsto en el artículo 15 de la LOFCA, cual son las asignaciones presupuestarias para garantizar el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales.

Y, por último, tercer tramo, un tramo de autonomía, compuesto por un conjunto de instrumentos financieros que permitirán crear nuevos servicios y mejorar el nivel de prestación de los existentes. Y este tramo está compuesto por los ingresos patrimoniales, por los impuestos propios y recargos sobre impuestos estatales y por la deuda pública.

Aunque no podemos decir que hemos llegado plenamente a tal estructura financiera con este tipo de tramos, globalmente, lo cierto es que el Proyecto de Presupuesto de mil novecientos ochenta y cuatro supone un avance fundamental cualitativo en tal sentido. Es más, permite contar por primer vez con uno de los instrumentos básicos de financiación previstos en la LOFCA, como es el Porcentaje de Participación. Supone, frente a los pesimistas y frente a los enemigos más o menos velados del Estado de las Autonomías, un avance radical hacia su consolidación y, en concreto, hacia la construcción de nuestra Comunidad.

En mil novecientos ochenta y tres, la financiación de los servicios de la Comunidad Autónoma se efectuó por medio de transferencias de la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, con todo lo que ello implica de inflexibilidad y limitación para la reasignación de recursos y para la reorganización de los servicios, completada con la recaudación de las tasas. Una quinta parte del Presupuesto de mil novecientos ochenta y tres lo constituían transferencias para financiar los servicios centrales de la Comunidad.

En mil novecientos ochenta y cuatro, las transferencias para financiar tales servicios centrales no suponen más que el 4 % del Presupuesto. Las tasas han pasado, en cuanto a su importancia relativa, a una posición ya marginal, de un, en estos momentos, 2,3 del total de ingresos. Y si las transferencias de la Sección 32 aún son significativas, con un 14% del Presupuesto de ingresos, frente al 55% del año anterior, ello e debe a que en el proceso dinámico de asunción de competencias en que nos encontramos figuran diversos servicios asumidos entonces, con valoraciones provisionales a la hora de realizar los presupuestos y de aplicar el nuevo porcentaje hacia esas valoraciones provisionales o hacia esas transferencias que no fueron asumidas dentro de la elaboración del porcentaje de participación.

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El soporte básico de la financiación de los servicios transferidos ha pasado a ser la participación en los ingresos del Estado, con un 25% del total presupuestado vía porcentaje de participación. El otro soporte básico junto a la participación de los ingresos del Estado, derivado de tributos no cedibles, el otro soporte básico del tramo de suficiencia financiera, la cesión de tributos, este año no opera; sin que ello suponga, sin embargo, ningún perjuicio en estos momentos para nuestra Comunidad. Dado que la recaudación de tributos cedidos más la participación en los ingresos del Estado deben igualar al coste efectivo de los servicios transferidos, al no haberse cumplido, siempre que sean transferencias con valoración definitiva, al no haberse cumplido las condiciones necesarias para la implantación de la primera fuente, la financiación se hace enteramente, por este año, con la segunda.

En este Proyecto de Presupuestos para el ochenta y cuatro figura un montante de recursos muy significativo que llega a la Comunidad para que ésta les transfiera a otros agentes sociales y económicos; me refiero a los fondos destinados a financiar el Plan de Electrificación Rural, a las ayudas y pensiones del Fondo de Asistencia Social, etcétera.

También como parte importante de la estructura financiera del proyecto de Presupuestos, y con orientación finalista, exclusiva, hacia las inversiones nuevas que permiten articular una política beligerante de la Junta, tenemos los recursos recibidos a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Dichos recursos, con sus 10.944 millones, representan casi el 30% del presupuesto.

Finalmente, debemos referirnos a la emisión de deuda pública por importe casi de mil quinientos millones de pesetas.

Pese a que por recursos ordinarios es factible la financiación de un programa de inversiones ambicioso para mil novecientos ochenta y cuatro, que para mil novecientos ochenta y cuatro representaría 15.992 millones de pesetas, es decir, el 45% del total de gastos, la decisión de emitir deuda pública viene avalada por las amplias necesidades de inversión requeridas por la sociedad castellano-leonesa, por las posibilidades financieras del tesoro de Castilla y León y por la existencia de un importante excedente de ahorro en nuestra Región; aspectos todos ellos que si es necesario podré profundizar y desglosar en su momento y que ahora ahorro a Sus Señorías para no distraer la atención de otros temas.

En lo que atañe al Estado de Gastos, cuya cuantía se presente equilibrada al de Ingresos evidentemente, se desagrega en diez secciones, que son las de las nueve Consejerías hoy existentes y las Cortes de Castilla y León. Cifras que no detallo ya que, repito, están en estos momentos (y sobre ellos haré alguna consideración) en sus manos en el anteproyecto de Ley editado por las Cortes de Castilla y León.

Por Consejerías, Bienestar Social, Obras Públicas y ordenación del Territorio, Agricultura, Ganadería y Montes y Educación y Cultura, concentran (es decir, cuatro consejerías) más del 80% del gasto, como producto, fundamentalmente, de las competencias recibidas en sus respectivos ámbitos.

La distribución económica por capítulos, que expresa la asignación por destinos finales del presupuesto, sí que la detallaré muy rápidamente a Sus Señorías. Para Capítulo (lo voy a hacer en millones), para Capítulo I: 13.300; para Capítulo II: 2.600; en el Capítulo II, en función de la emisión de la deuda: 15; Capítulo IV:4.500. En conjunto, el total, el total de operaciones corrientes supone 19.500 millones.

En el Capítulo VI se recogen 12.200; al Capítulo VII corresponden 5.000, y finalmente, al Capítulo VIII: 300. Así, el total de operaciones de capital sería de 17.500 millones de pesetas.

Por otra parte, la evolución comparativa de los Presupuestos Generales de mil novecientos ochenta y tres y ochenta y cuatro refleja claramente hasta qué punto ha sido intenso el proceso de transferencias, ya que se ha multiplicado por doce, como decía antes, el gasto total. Se ha producido también una alteración drástica de la estructura presupuestaria, con una reducción -en términos relativos- de los gastos de funcionamiento, que antes ya me referí a lo mismo, que pasan de representar el 63,5% en los Presupuestos del 83, al 40,6 en el Presupuesto o en el proyecto de Presupuesto del ochenta y cuatro; un considerable incremento de las operaciones de capital, especialmente de las inversiones reales, que crecen cuatro veces más que el conjunto de gastos, pasando de representar las mismas del 9,1 en el ochenta y tres al 33 en el total del gasto en el Proyecto del ochenta y cuatro. Me ahorro en estos momentos de detallar por capítulos los gastos, ya que será momento en la discusión en comisión y ponencia de entrar más en profundidad en un análisis de los mismos. Y paso ya a tocar algunos temas que pueden...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría diez minutos.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias. ...algunos temas que pueden interesar a Sus Señorías de forma especial y que pueden interesar también de cara a la clarificación del contenido político y económico de los presupuestos que hemos presentado.

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Como anteriormente apuntábamos, la acción de la Junta de Castilla y León trata de primar tanto la eficacia como la cantidad de inversiones dentro de las posibilidades de autogobierno. La mejora de eficacia no se ciñe sólo a las áreas de coordinación de las inversiones públicas con la Administración Central y Local, sino que tienden a una adecuada distribución de los recursos propios en los programas de inversión, de acuerdo con unas prioridades estrictas y en función de unos determinados objetivos.

En tal sentido, la acción inversora de la junta se fundamenta en los siguientes principios político-económico-sociales.

Primero: impacto sobre la economía e inversión regional, lo cual implica, por un lado, primar aquellos proyectos estratégicos cara al crecimiento y desarrollo económico de Castilla-León (agricultura, industria, infraestructura, turismo, etcétera) frente a sectores con menor nivel de generación de renta; y, por otro utilizar la inversión de la Junta como mecanismo de arrastre de la inversión de otras administraciones públicas, como pueden ser las Corporaciones Locales, y de las empresas privadas, persiguiendo con todo ello efectos multiplicadores importante. A través tanto de las transferencias de capital, de los subvenciones de interés y de la creación y potenciación de empresas mixtas, como SODICAL o en su día EXCAL, como de la propia naturaleza de las inversiones reales, se llevará a cabo todo este proceso de arrastre que genera efectos multiplicadores.

El segundo principio utilizado es la territorialidad de las inversiones. Son sobradamente conocidas las disparidades de renta y de riqueza y de prestación de servicios que se presentan en nuestra Región. Por ello, el esfuerzo de territorialización y selección de inversiones, de acuerdo con las necesidades de cada zona, ha sido importante. La actuación en base a este principio no se centra sólo en la distribución cuantitativa de los recursos de inversión por zonas, en cuyo caso podrían introducirse elementos de ineficiencia por perseguir a toda costa el objetivo de equidad, simplemente, más bien, se ha utilizado un sistema que permite conjugar ambos objetivos sobre la base de priorizar los proyectos más eficaces y asignarlos territorialmente, en una segunda etapa, con el principio de equidad, de distribución correcta, como iluminador de segundo asignación.

Tercer. El tercer principio es lógicamente el nivel competencias existente y el propio proceso de asunción de transferencias que modulan los programas de la Junta.

Sobre el fundamento de los principios enumerados se ha diseñado una serie de criterios de ordenación de proyectos que, con carácter general, atienden a los objetivos económico-sociales de carácter sectorial y territorial ya definidos, al empleo de mano de obra directa e indirecta, al efecto de eslabonamiento y arrastre, tanto de factores como de productores, y, finalmente, a la rentabilidad financiera interna e inducida de la inversión.

Y en el caso de los proyectos financiados, o por financiar, mediante Deuda Pública, y dados los elementos de la política de endeudamiento reseñados anteriormente, los proyectos seleccionados, además de cumplir los criterios generales a que hasta ahora me he referido, debían ser proyectos capaces de, en primer lugar, poseer una elevada potencia sobre la actividad económica regional; en segundo lugar, coadyuvar a paliar situaciones sociales graves; en tercer lugar, generar un retorno financiero a la Comunidad, sea directo (por ejemplo, a través de la reducción de costes, aumento de productividad, etcétera), o indirecto; y en cuarto lugar, implicar un volumen de endeudamiento determinado, más que por las condiciones de los mercados financieros, por la rentabilidad económico-social de los proyectos de inversión.

Una vez cotejados y entrelazados tales criterios, en la asignación por Consejerías destacan las inversiones de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con un 44,9%, y Agricultura, Ganadería y Montes con un 16,8%. La primera presenta un elevado porcentaje por el peso de los programas de viviendas, Obras Hidráulicas y Carreteras, incluidos en el Fondo de Compensación interterritorial; la segunda presenta dicho porcentaje pese a no incluir los mayores organismos inversores, como son, o serían en su momento, IRYDA e ICONA. Es en estas materias, junto con Industria y Energía y Transporte, Turismo y Comunicaciones, donde mayores esfuerzos de reasignación de recursos se han realizado vía Fondo de Compensación y Deuda Pública. Las Consejerías de Educación y Cultura y Bienestar Social presentan lugares intermedios en cuanto a la asignación de inversiones, debido fundamentalmente a los niveles competenciales asumidos y a la alta prioridad concedida a la satisfacción de servicios sociales mínimos, como es el caso de salud o puede ser el caso de la asistencia primaria.

Por otra parte, un análisis detallado revelaría también el enorme potencial de las operaciones de capital de cara a la generación de empleo y al fomento de la inversión de las Corporaciones Locales y empresas privadas. Dentro de las inversiones reales, Capítulo VI, que representan el 70% de las operaciones de capital, con las construcciones de edificios y otras construcciones las que mayor incidencia en la generación y/o mantenimiento de empleo presentan, siendo los artículos presupuestarios más dotados al asignarles el 35,1 y el 23,4 del total de operaciones de capital, respectivamente.

En relación al fomento de la iniciativa privada, hay que destacar que el 14,7 de las operaciones de capital

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de la Junta (2,5 miles de millones de pesetas) se destinan a subvenciones de capital e intereses, en programas de fomento al cooperativismo, pequeña y mediana empresa, sector agrario, etcétera, cuyo potencial inductor -y esto es clave- sobre la inversión privada es muy elevado. A estas cifras hay que añadir los 600 millones en avales consignados en la Ley de Presupuestos para Sociedades de Garantía Recíproca, Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales y Sociedades Agrarias de Transformación, y los 184 millones de pesetas dedicados a aportaciones de capital de la Junta en acciones colectivas en PYMES, SODICAL, Sociedades de Garantía Recíproca, etcétera.

En la misma línea de fomento de empleo y de la inversión regional hay que destacar también los 2,2 miles de millones de pesetas, es decir el 12,6%, de las operaciones de capital en subvenciones a Corporaciones Locales, que ejercen también importantes efectos de arrastre, a la vez que inciden en la resolución de graves deficiencias infraestructurales y de servicios de gran parte de nuestros pequeños municipios, sobre todo de inversión de los pequeños.

En conjunto, por tanto, podemos afirmar que el 87% de las operaciones de capital son capaces de presentar incidencias notables sobre el empleo y que la inversión regional puede convertirse en un instrumento eficaz y real de la lucha contra la crisis y el subdesarrollo económico padecido por Castilla y León. Finalmente el esfuerzo inversor, dentro del gasto total, es elevado para todas las provincias, situándose los niveles más bajos en cifras próximas al 40%; obviamente, este ratio debe aumentar a medida que se vaya realizando el gasto aún no provincializado dado que en esta partida, el peso de las operaciones de capital es muy superior al de las operaciones corrientes, en ésta no provincializada. La distribución territorial de las operaciones de capital muestra, además, el esfuerzo compensador de los Presupuestos, en aras de dirigir las inversiones hacia aquellas provincias más desfavorecidas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría tres minutos.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias. En términos generales la inversión prevista en éstas, tanto en relación al nivel de renta como a la población, supera la media regional.

Evidentemente, Sus Señorías verán que el aumento considerable de la actividad inversora de la Junta ha sido posible también por el propio proceso de asunción de competencias, de forma que la inversión asociada a los servicios transferidos se da de baja en la Administración Central. Pero, en este sentido, como indicador del esfuerzo inversor, es necesario manifestar que la variable esencial, la inversión total en Castilla y León, independientemente de si es competencia de la Administración Central o de la Junta, se ha incrementado considerablemente. Así, mientras que la Administración Central, por el proceso de transferencias, reduce su inversión en Castilla y León en un 8,7%, la acción combinada del Fondo de Compensación y el esfuerzo inversor autónomo de la Junta permite un crecimiento de la inversión total del 23,8% en términos nominales, lo que representa, en términos reales, estimada una inflación del 8%, del 16%, que puede ser calificado, a mi juicio -permítanme-, de muy importante, y que indica hasta qué punto el proceso de consolidación autonómica está, y puede continuar estando, generando ritmos inversores muy densos y ricos, tal como se postula en el PER, y en los objetivos, y se requiere por los objetivos que antes he relatado.

Señorías, con esto termino la exposición detallada, aunque a veces les he ahorrado la profundización en una serie de temas que entiendo en el debate será ocasión y tendremos lugar de clarificar con más precisión, y se lo ahorro sobre todo por no entrar ya desde un principio con un nivel de detalle que tal vez podía incluso hacer que los árboles nos impidieron ver el bosque.

He pretendido desarrollar, muy rápidamente, cuáles son; detectar los problemas que a nuestro juicio existen en el nivel económico-social en nuestra Región; los objetivos que en función de esos problemas ha establecido la Junta de Castilla y León y, en concreto, se han establecido o se establecieron en el programa del PSCL-PSOE en las elecciones regionales; la estrategia de desarrollo que se derivaría y hemos aceptado en función de esos problemas y esos objetivos, las medidas concretas que entendemos0s se deben de incrementar, y, en definitiva, la política económica que consideramos que en estos momentos podemos desarrollar y llevar a cabo, cuyo mejor reflejo en estos momentos, de esa política económica, lo constituye precisamente el proyecto de Ley de Presupuestos que aquí presentamos, síntesis de esta misma política económica. Júzguese ese proyecto de Ley de Presupuestos y se estará juzgando y analizando, aceptando o no, nuestra política económica, la que queremos desarrollar para alcanzar las cotas de desarrollo que nos proponemos.

El Presupuesto no es más ni menos, como hemos dicho múltiples veces, que la expresión cuantitativa de esa política económica y, en definitiva, también la expresión y la sensibilidad, y demuestran la sensibilidad de la misma Junta del Gobierno de Castilla y León en relación con los problemas cruciales de nuestra Comunidad. Hecho esto, he querido también desarrollar alguno de los extremos centrales de esa estra-

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tegia de desarrollo que implican los presupuestos, extendiéndome, fundamentalmente, no solamente a los temas de problemas y de diagnóstico y de presupuesto, sino sobre todo al tema de las operaciones de capital y al tema de las inversiones públicas y privadas, al tema, en definitiva también, junto a esta variable central, del marco institucional, del marco socio-político que, junto con la manipulación de las inversiones, van a determinar que nuestra respuesta a unos problemas sea una u otra, el Presupuesto, en definitiva, sea uno u otro. En todo caso, Señorías, el trabajo de la Junta, los problemas que entiende la Junta que son prioritarios en nuestra Región, las soluciones que entiende el Gobierno Regional que deben aportarse para la solución de esos problemas, aún en el marco de unas determinadas limitaciones y condicionamientos, entendemos, Señorías, que lo expresan perfectamente los Presupuestos que hoy presentamos, y que ojalá sean asumibles por todos ustedes.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se interrumpe la sesión durante quince minutos.

(Se suspendió la sesión a las dieciocho horas y quince minutos, siendo reanudada a las dieciocho horas y cincuenta minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se reanuda la sesión. Yo voy a comenzar con un ruego que deberá ser trasladado a quienes no están en estos momentos en la sala también. Cuando haya que votar (en dos ocasiones en esta sesión) se avisará con el timbre con diez minutos de antelación. De esta manera, quienes en un momento determinado quieran abandonar la sesión no necesariamente tendrán que estar pendientes al lado de esta sala y no nos molestarán a quienes estemos dentro de ella.

Para defender su enmienda a la totalidad de la Ley de Presupuestos de la Comunidad, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Cuando el año pasado se presentaban los Presupuestos a esta Cámara, yo recuerdo que les di mi apoyo basado en que prefería un mal Presupuesto que dar un cheque en blanco a la Junta a través de los créditos continuados. Mi sorpresa al ver los Presupuestos de este año, después de que con la afluencia de todos los Grupos hemos alargado los tiempos para que nos los presentasen en condiciones, tengo que decir que, aparte de felicitar al señor Consejero de Economía por su buena presentación técnica de los Presupuestos, este año no se nos pide un cheque en blanco, sino un talonario en blando.

Basado en esto y en la poca o ninguna consideración, o casi desprecio, a esta Cámara que ha aprobado resoluciones por unanimidad, sólo dos fundamentos en los cuales tendría que basarme para hacer esta enmienda a la totalidad, después de oír al Consejero de Economía me he ratificado, me he ratificado, después de s intervención, en los dos argumentos que yo tenía.

Ha empezado diciendo, el señor Consejero de Economía nos ha hablado de la crisis mundial, de la crisis nacional y, por tanto, de la crisis regional. Yo le diría al señor Consejero que para salir de la crisis, aparte de las medidas que a nivel nacional nos toma el Ministro de Economía para atajar la inflación de estos puntos, a nivel regional le quedan dos puntos por hacer: ahorrar en lo superfluo e invertir en lo que produzca. Ninguna de estas dos cosas se hace a través de estos Presupuestos.

Después nos decía el señor Consejero que marcaban unos objetivos los Presupuestos: creación de empleo, ayudas sociales a los más desvalidos y corrección de los desequilibrios regionales. Como trataré de demostrar más adelante, ninguno de esos tres objetivos se van a cubrir con los Presupuestos que nos presentan.

Al final de su intervención nos hablaba de los principios que inspiraban los Presupuestos: impacto sobre la economía regional, terriorialidad de las inversiones, nivel de competencias, etcétera, etcétera. En ningún momento de su hora y pico de intervención el Consejero de Economía nos ha hablado de austeridad, austeridad que estaban obligados por las resoluciones aquí aprobadas. Yo, en mi enmienda a la totalidad, nombraba incumplimiento de las seis, doce y trece resoluciones que se aprobaron aquí por unanimidad. Esas porque atañían, las tres resoluciones, a los Presupuestos; pero la poca consideración que tiene la Junta con las Cortes actuales viene a que no solamente incumple esas tres, esas tres en la confección de los Presupuestos, pero incumple la cinco, incumple la seis, incumple la siete.

El señor Consejero de Economía nos ha estado aquí hablando de PER, el Plan Económico Regional; pues señores, yo preguntaría a CECALE, a los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras, a los distintos partidos políticos, si han sido llamados para confeccionar el PER. Según la resolución número siete, decía (y se aprobó por unanimidad en el mes de Marzo): "que la Junta inste a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para la elaboración de un Plan conjunto de Desarrollo Regional". Creo que hablarnos hoy el Consejero de economía del PER, bueno, al menos, al menos lo califico como poca consideración a esta Cámara. pág. 368

Voy a centrarme en los argumentos. Incumplen la resolución número seis de esta Cámara, que decía: "que la Junta dedique especial atención a la problemática del medio rural, en orden a conseguir una claridad de vida equiparable al medio urbano", luego nombraba unos temas. Yo he de reconocer que, efectivamente, en Sanidad sí cumplen la resolución estos Presupuestos; la cumplen con reservas, con reservas; veremos a ver los problemas que quedarán en el Plan de Mataderos, porque no queda claro cómo va a estar. Y poco más para el medio rural; poco más aparte de lo que normalmente se venía invirtiendo.

La resolución número doce no solamente no la incumplen, sino que ha pisado el acelerador. Decía la resolución número doce, bueno, que traigan primero una Ley que organice los servicios periféricos y después haga los nombramientos, porque puede hacerlos innecesarios. Observen los señores Procuradores que desde Marzo para acá, que se aprobó esta resolución, y se aprobó por unanimidad, se ha pisado el acelerador a nombrar Delegados Territoriales (todas las Consejerías quieren todos los Delegados Territoriales) y es más, al menos dos de ellas están nombrando Delegados Territoriales que no son del personal transferido, con lo cual el costo es mucho mayor. Primero, primero el espíritu de esta resolución estaba en la austeridad, en que aprovechando a los funcionarios transferidos, y creo que en esas Consejerías que se están nombrando sí hay suficiente capacidad, y yo diría que mucha más capacidad técnica que en algunos casos de los que están nombrando. Yo le decía el día que se hizo aquí el debate sobre la actuación de la Junta que, desgraciadamente, mientras siguiésemos viendo más carnets que currículums en los nombramientos, esta Región no podría ir por buen camino. Pues bien, que de los nombramientos de los Delegados Territoriales hagan un repaso Sus Señorías y vean cómo se están nombrando.

En la resolución número trece se hablaba precisamente de que "en los Presupuestos del ochenta y cuatro se dé prioridad a inversiones que creen empleo", y se nombraban aquí algunas: repoblación forestal, ayuda a la creación de industrias, etcétera, etcétera. Yo supongo que cuando la Junta ha hecho estos Presupuestos los ha hecho coordinados con las inversiones del Estado Central porque había temas, como el ICONA, que no estaban transferidos todavía. Pues señores, hay que ver los Presupuestos del Estado de ICONA de este año en esta Región y veremos que en pesetas son las mismas que el año pasado, lo cual quiere decir que hay mucho menos trabajo. Y voy a avisarle al señor Consejero de Agricultura de un tema que ¡ojalá me equivoque!, debido a la no inversión del ICONA este año en esta Región de las cantidades que lógicamente por incremento de salarios y de costo de material hay este año por primera vez puede venir ascenso en los incendios forestales. Afortunadamente, durante cuatro años somos la única Región de España que habíamos ido en descenso, gracias a una política del Estado Central y la colaboración de las Diputaciones. El primer año que se va a encontrar una Comunidad Autónoma con que debía haber cubierto lo que no cubre el ICONA, no se dedica ni cinco céntimos a ese tema. Mire usted, señor Consejero de Agricultura, aunque no le veo por aquí, el ICONA, para evitar los incendios, aparte de las cuadrillas que apagan incendios, hacía unas cuadrillas de retén que además estaban limpiando; este año no hay ni una sola cuadrilla, ni una sola cuadrilla de retén. Eso va a suponer en esta Región más de cien mil jornales que no se pagan, cien mil jornales en verano que no se pagan, y además el peligro de destrucción que tenemos ahí. Ahí debían haber ido a complementar los Fondos de la Consejería de Agricultura: cuando no puede o no ha querido el Estado Central.

Podíamos nombrar las inversiones que se hacen, y voy a fijarme (porque no voy a consumir yo los treinta minutos, un compañero de mi Grupo va a consumir diez minutos, y, por tanto, rogaría al Presidente cuando lleve dieciséis, diecisiete minutos, me avise), tengo que fijarme en algunas partidas nada más. ¿Cómo vamos a tener desarrollo en esta Región si la cantidad que se dedica a inversión en la Universidad es irrisoria; no sé si llega a ocho millones de pesetas? ¿Cómo vamos a tener, a pesar de los cientos de millones que nos ha dicho el señor Consejero, de ayuda a las PYMES, si a través del IRESCO no se dedican, no se dedican doscientos millones de pesetas para ayuda a las PYMES, cuando el número de pequeñas y medianas empresas agrupadas en CECALE debe superar los treinta mil?

Sin embargo, sin embargo, miremos el contraste: ocho millones para investigación a la Universidad; veinte millones para los Sindicatos.

Hablemos de austeridad. Cuando le dijimos en el debate que nos presentó la Junta, yo le decía al señor Presidente que no era obligatorio que los Presidentes, que los Consejeros, que los altos cargos ganen igual en toda España. Ningún Alcalde gana igual en toda España, ningún Presidente de Diputación gana igual en toda España. No me vengan aquí a decir que equiparamos a Secretarios de Estado, Director General o Directores Generales. Austeridad quiere decir que aquellos sueldos superiores a cuatro o cinco millones de pesetas se hubiesen quedado estabilizados este año; pero resulta que el señor Presidente, Consejero y Secretario General suben un 4,5% en un momento de austeridad, que los Directores Generales, Jefes de Gabinete suben un 6,5%, quiere decir que están en la misma subida porcentual que cualquier trabajador, que este año han fijado y andan todos por el 6,5. Ganaban poco los Directores Generales para que no equiparemos igual. No era

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obligatorio en nuestra Comunidad. Yo no he oído a ningún castellano-leonés presumir, como hay otros de otras Comunidades, que dice: que mi Presidente no gane una peseta más que el Presidente del Estado español. Yo les aseguro a ustedes que los castellano-leoneses se alegrarían mucho que ganasen bastante menos que otros Presidentes de Comunidades que por sus medios económicos pueden pagarlos. Igual va al Presidente, Consejero, que a todos los altos cargos. Austeridad, señores, es que el capítulo 251, atenciones sociales y representativas, se gastó en el año ochenta y tres, se presupuestaba en el año ochenta y tres diez millones setecientas mil pesetas; el año ochenta y cuatro van destinadas 38.721.000 pesetas: se ha multiplicado casi por cuatro. Austeridad es capítulo 254, que, para gastos diversos, para mejora de los servicios, se presupuestaba en el año ochenta y tres 187 millones, casi 188; desde el año ochenta y cuatro 496 millones. Y más sorprendente es que aquellas Consejerías, que aquellas Consejerías que tienen más personal, Obras Públicas se gaste igual que el año pasado, Bienestar Social se gaste igual, Agricultura se gasta menos, y resulta que para otras Consejerías hay que subir de 187 al 496 millones. Austeridad es que el capítulo 281, para reuniones y conferencias, en el año ochenta y tres se presupuestaban 9.940.000 pesetas; en el año ochenta y cuatro -agárrense- 113 millones. Pero volvemos a lo mismo, Obras Públicos, que el año pasado tenía 300.000 pesetas, este año se presupuesta cero; sin embargo, Presidencia pasa de 2 millones a 33.600.000 pesetas; se ha multiplicado por dieciséis, igual que los Presupuestos.

No hay solidaridad intrarregional en estos Presupuestos a pesar de que, como cifras globales, nos lo quiera presentar el Consejero de economía. En aquellas inversiones reales que más necesitan nuestras Provincias, o, dentro de nuestras Provincias, las comarcas más pobres, porque no por ser una provincia rica hay que desatender a una comarca determinada de esa provincia. En agricultura, por ejemplo: Segovia se invierten 21 millones de pesetas, en Avila 48, en Zamora 143, En Bienestar Social: Avila y Soria, que son las más pequeñas, 49 y 54; León 93. En Industria: Avila 44, Soria 43, León 138. En Obras Públicas: desde Zamora que va con 336, pasando por Soria y Avila, 600 y algo, a León 1.548. En el Fondo de Compensación Interterritorial que hoy nos vuelve a demostrar la tesis que hemos mantenido aquí de la falsedad de los 19.000 millones. Señores, hoy nos aclara, hoy nos aclaran, viendo las inversiones, que no son 19.000, son sólo 10.000 de la Junta. ¿O es que antes de haber Fondos de Compensación Interterritorial en Castilla y León no se hacían viviendas? Todas las viviendas que se hacen en Castilla y León son con cargo al Fondo de Compensación. Yo creo que antes no había Fondo y también se invertía en viviendas. Si se ven los Proyectos que van con cargo al Fondo administrado por Madrid, lo que han hecho es quitárnoslo de las inversiones reales del Estado y cargárnoslo al Fondo, pero en fin eso ya lo hemos dicho varias veces. En el Fondo de Compensación Interterritorial, como decía, en la Dirección General de Reforma Agraria: Avila 5 millones, Burgos 50. En la Reforma Agraria: Avila 78, Burgos 159. En ICONA: Avila 21, Salamanca, que normalmente en ICONA tiene bastante menos que Avila, 55.

Díganme donde está la solidaridad intrarregional.

A pesar de que se nos ha dicho que en los Presupuestos se decía cada peseta dónde se iba a gastar, cómo se iba a gastar y en qué se iba a gastar, la verdad es que el SP abunda mucho, probablemente puede decir: vaya a ver, según Proyecto, y verá en qué provincia es; pero la verdad es que quedan cantidades ingentes, ingentes dentro de la proporción real de inversión, que no nos determina ni dónde ni en qué se van a gastar.

Finalmente, en esto de la solidaridad, el capítulo de Bienestar Social, y es uno de los objetivos que nos marcaba el Consejero de Economía, supongo que el dinero a invertir va de acuerdo con la resolución adoptada el 10 de Abril por la Dirección General de Obras Sociales. Así no se atiende a las clases sociales más necesitadas.

Otra vez como el año pasado, y no me voy a extender mucho porque en esto tengo una interpelación puesta al señor Consejero, la única Comunidad Autónoma que ha quitado su ayuda en la enseñanza especial es la Comunidad de Castilla y León. Y, curiosamente, los colegios que tenemos en nuestra Región han recibido, han recibido las becas del País Vasco, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Cantabria, de Rioja, y aquí quedan, expresamente, expresamente anuladas por la resolución de la Dirección General de Obras Sociales. Pero esa misma resolución de la Dirección General de obras Sociales también se quita, se quita la ayuda de aquellos centros de la tercera edad que tengan más de cincuenta ancianos, porque los requisitos que le ponen para la ayuda es decir que no las pidan. Señores de la Junta, señor Consejero de Bienestar Social, ustedes debían estar enterados de la cola, de la cola que en cada Diputación hay, de los jubilados que no tienen quien los atienda en esta Región, para ingresar en un centro de tercera edad. Indudablemente, la política seguida por el Gobierno Central cambió y, en vez de hacer los centros de la tercera edad de la seguridad Social, visto el costo, que debe andar del orden de las 50, 60.000 pesetas mensuales por cada anciano, se siguió una política que era ayudar a aquellos centros que nos lo están haciendo por 10, 12.000 pesetas este año. Pues señores, a aquellos centros, que son casi todos en nuestra Región, que tengan más de cincuenta, se les quitan las ayudas por la

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resolución de la Consejería. Supongo que así no van a ayudar ustedes. Si quitamos a los de Educación Especial, si quitamos a los ancianos, si quitamos los jornales que se podían dar a la gente del paro, díganme ustedes a quién estamos ayudando.

Hay un tema también que, en nuestra Región, en el tema de Bienestar...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan tres minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Muchas gracias. Voy a acabar en ellos. Un tema en nuestra Región, en el capítulo de Bienestar Social: el año pasado dedicamos, de los Presupuestos, 110 millones de pesetas a las campañas sanitarias; este año se destinan 118. Es decir, si vemos la devaluación de la peseta, menos dinero que el año pasado. Y qué se pudo hacer el año pasado, en campaña sanitaria. Desgraciadamente, con 110 millones poco podemos hacer; menos vamos a hacer este año con 119 millones. Pero, además, tenemos casos curiosos. Cuando en nuestra Región tenemos enfermedades (que estamos a nivel tercermundista), en las Consejerías no se enteran de que sin invertir dinero se puede hacer la propaganda, porque el Ministerio de Sanidad y Consumo sí edita esto para los niños, esto, y podían ir gratis a por ello; pues señores, la Consejería no ha ido, han tenido que ir funcionarios, que sí los hay buenos en Sanidad, a por ello, repartirlo por su cuenta en las provincias, hacer campañas sanitarias sobre este tema, pero con una gran diferencia: que el pobre transferido que va no tiene derecho a mil pesetas de dieta y el que le acompaña, que es de los servicios centrales, sí cobra dietas. Así, díganme ustedes qué ánimo van a crear en los funcionarios,d e cariño a la Comunidad Autónoma, si toman la iniciativa por sí solos, por sí solos, para irse a por estos folletos; si toman la iniciativa de hacer una gran campaña instruyendo estos folletos y dando conferencias, y el desánimo les cumple cuando ven que por ello no tiene nada y sin embargo su compañero, que depende de Madrid, sí lo tiene.

Acabo con unas palabras, señor Presidente. Yo pocas veces, pocas veces estoy de acuerdo con el señor Guerra, Don Alfonso Guerra, Vicepresidente del Gobierno; pero el otro día leía unas declaraciones suyas que decía: la dirección de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no va bien. Yo en eso estoy de acuerdo con el señor Guerra, pero le añadiría: la gestión va peor, y la Administración periférica, desastre. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Pocas veces habrá existido mejor predisposición en mí que la tenida al estudiar esta Ley de Presupuestos. Por varias razones: porque yo no quiero ser de estas Cortes el eterno opositor, y ya el año pasado hice una enmienda a la totalidad; por apreciar que este año la Ley de Presupuestos estaba mejor hecha, y porque ya se está alterando bastante todo el funcionamiento de los servicios con el retraso de la misma para que yo ayudara o coadyuvara a incrementar este retraso con mi postura. Afortunadamente, esta última condición yo creo que me puedo sentir liberado de la misma, por entender que mi voto no va a ser decisivo para la devolución de esta Ley.

Mi primera desilusión, sin embargo, al leer la Ley de Presupuestos, se ha producido al estudiarle y al comprobar que los datos del personal no coinciden con los números procesados por el ordenador; es decir, vuelve a presentarse la Ley con errores, como el año pasado, y el error es del orden de 46 millones de pesetas en este concepto. Mal síntoma; aunque, quizá, con buena voluntad esto todavía podría enmendarse por la vía de enmiendas parciales. Pero he seguido con el examen de la Ley a la luz de otros dos criterios: viendo en qué medida este presupuesto, condensación de la política autonómica, evidentemente, daba respuesta a los problemas actuales y en qué medida también se marca en ellos una línea política en sintonía con la expuesta por el señor Presidente en su discurso de investidura, sobre todo en aquellos puntos en los que pudiéramos estar de acuerdo.

De todos son conocidos los graves problemas que en los momentos actuales nos agobian a todos; incluso el Gobierno los admite: el paro crece, se aumentan los impuestos más que la productividad y la iniciativa empresarial está bajo mínimos. Y, cuando existen problemas, éstos se abaten siempre sobre los más débiles, incluso con un Gobierno de izquierdas, y, en este caso, el más débil o uno de los más débiles es nuestra Comunidad Autónoma. Por eso estos problemas son más fuertes en esta Región que en otras más ricas.

Y ¿cómo el Presupuesto diseña una política que dé respuesta a ello? El Presupuesto se nos ha presentado bajo tres bases: un presupuesto transparente, beligerante con la inversión, y austero. El presupuesto trata de ser transparente; al menos es claro, aunque luego haya conceptos tan elevados, envueltos en unas partidas tan imprecisas como esta de gastos diversos en la que se incluyen cientos de millones. Beligerante con la inversión no lo es, porque el capítulo de gastos corrientes y de personal son más del cincuenta por ciento del presupuesto. Y austero. Yo creo que se ha entendido, se ha querido que el Presupuesto

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fuera austero; yo creo que se ha querido sintonizar con lo que se ha llamado corrección del desmadre autonómico y se ha intentado hacer un presupuesto de austeridad, pero de una austeridad no siempre bien entendida. No se tiende a corregir, por ejemplo, el exceso de personal; se frena, aparentemente, el incremento de personal contratado, pero se multiplican los cargos políticos: se crean Delegaciones como la Delegación Territorial de Hacienda que, desde mi punto de vista, no sirven más que para incrementar el gasto o para incrementar la imagen de que la Administración autonómica no es más que una duplicidad de la Administración Central; sí se reduce el gasto de algunos servicios, pero irregularmente. En algunas Consejerías no se podrá funcionar eficazmente con el gasto presupuesta, y, en otras, las partidas son desorbitadas; y, si no, veamos: si comparamos el capítulo segundo con el capítulo primero, personal, con el cual yo creo que admite comparación, observamos que el capítulo segundo en el que se recoge los gastos de funcionamiento de los servicios, es el 22% del primero, pero variando desde el 8% en Bienestar Social, el 14% en Industria o el 15% en Agricultura o el 20% en Transportes, Turismo y Comunicaciones, hasta el 51% en Economía, Hacienda y Comercio, 57% en Educación y 99% en Presidencia. O sea, en Presidencia se igualan los gastos de personal con los de funcionamiento. Y con caso 37.000 millones de pesetas, ¿cómo se fomentará el bienestar de los Castellano-Leoneses o cómo se incrementará la riqueza de la Región? ¿De verdad se piensa que con este presupuesto se puede articular una economía moderna, como decía en Tordesillas el señor Madrid?

No puedo entrar a discutir los gastos de los distintos servicios y secciones por falta de tiempo; pero, a título de ejemplo, lo voy a hacer con una sección: Educación y Cultura, cuyo presupuesto total es de 4.770 millones de pesetas, cifra importante si consideramos que no existen transferencias de educación; es decir, que es sólo de cultura. Claro, que la cultura es importante. pero si entendemos que actividades culturales son también algunas de las realizadas por otras Consejerías, con muchas de las cuales indudablemente estamos de acuerdo, el presupuesto es excesivo. Porque actividades culturales son, por ejemplo, la construcción de radio-enlaces, la ayuda a asociaciones ecologistas, la Formación Profesional Agraria, etcétera, que no están recogidas en la sección cuarta. Pues, a pesar de ello, el presupuesto de Cultura alcanza el 80% del de Agricultura y es más del doble del de Industria y Energía. Puedo estar equivocado, pero ¿qué actividad espera al Director General de Educación y sus once funcionarios contratados? ¿No son excesivos 318 millones para ir en un solo concepto, el 257, que se denomina "de gastos diversos"? Me parece que estos gastos diversos habría que detallarlos cuando la para mí necesaria Dirección General de Educación llega a tener bajo este epígrafe hasta diez mil millones de pesetas; como también me parece preocupante el concepto 285 "promoción y desarrollo", que alcanza la cifra de 123 millones, cuando además existe una Dirección General que se titula "de Promoción Cultural" con un presupuesto específico de 772 millones. Y así podríamos ir haciendo preguntas por secciones o por servicios, eliminando las que ya fueron contestadas favorablemente en la Comisión o en las Comisiones, y nos quedaríamos con una duda más que fundada de que el Presupuesto sea la respuesta que la Junta deba dar a las esperanzas -más bien desesperanzas, sin ser demasiado crítico-, de los Castellano-Leoneses.

¿Esperan los Castellano-Leoneses que os gastemos 207 millones de pesetas en la Dirección General de Información, compuesta por un Director General y veinticinco funcionarios contratados; o 150 millones en la primera fase del plan informático, añadida a partidas, con el mismo fin, como la de 30 millones de las Cortes, o de 40 de Economía, Hacienda y Comercio? ¿Estarán de acuerdo que nos gastemos, en que nos gastemos 80 millones en adquirir terrenos para repoblar, o que por el contrario se inviertan en las repoblaciones en terrenos públicos o privados? ¿Van a estar de acuerdo en que para el perfeccionamiento del personal sanitario se dediquen 50 millones? ¿No le parecerán excesivos 30 millones de subvención a personas (más que a instituciones, que son 12) por parte de la Secretaría General de Educación y Cultura? ¿Aunque eso me parece que lo corrige una de las enmiendas aceptadas por el mismo Grupo Socialista, que por acabar de recibirla nome ha dado tiempo a estudiar todavía y que, desde mi punto de vista, me parece que remodela la Consejería de Educación y Cultura). Pero ¿no les entrarán también dudas sobre los 180 de gastos diversos de la Dirección General de Servicios Sociales? ¿O los 20 millones de pesetas de subvención a entidades sindicales, les va a parecer la respuesta a la crisis industrial, a dar por la Consejería de Industria y Energía? ¿Dónde queda aquella ayuda prometida a la industrialización agraria? ¿Cómo puede explicarse que se destinen 80 millones a ampliación y mejora de edificios de la Junta, cuando lo que están todos esperándose que los dos Grupos mayoritarios se pongan de acuerdo para definir la sede, en lugar de hacer gastos innecesarios?

El tiempo me impide ser más exhaustivo; aunque podría serlo, porque me he tomado la molestia de estudiar los Presupuestos en profundidad, tanto como me ha permitido su complejidad, como me ha permitido el escaso tiempo disponible, como me ha permitido mi limitada capacidad.

Pero con el estudio realizado puedo decir que el Presupuesto, como resumen, es más claro que el año

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pasado, pero que todavía tiene, sin embargo, algunos errores y demasiadas imprecisiones; pero que, sobre todo, carece de una armonía de gasto de las diferentes Consejerías y parece más bien que lo que se han impuesto han sido criterios de actuación diferentes, por lo que parece inevitable una corrección con trasvases inevitables de unas adquisiciones a otras cosas, imposible de hacer, según el Reglamento vigente, por la vía de enmiendas parciales.

Por este motivo y porque entiendo que este presupuesto tiene que tener estas correcciones es por lo que yo apoyo la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos, presentada por mi compañero del Grupo Mixto Don Daniel de Fernando.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para consumir un turno en contra tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Fernández Merino.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Buen; yo consumo un turno en contra de esta enmienda y me voy a ceñir estrictamente, independientemente de las puntualizaciones que hagan los diversos Consejeros que se hayan sentido aludidos, al texto de la enmienda que nos fue presentada a las Cortes por el Grupo Mixto, firmada por el señor De Fernando. Y voy a tratar de explicar, una por una, nuestra opinión contraria a las opiniones que se aportan como sostén de esta enmienda de totalidad por parte del señor De Fernando.

Se dice, en primer lugar, que estos presupuestos incumplen la resolución número seis que fue aprobada en estas Cortes, si no recuerdo mal, el día nueve, no el día dieciséis, como se dice en el escrito -creo que es un error-, y que decía textualmente: "Que la Junta dedique especial atención a la problemática del medio rural en orden a conseguir una calidad de vida equiparable al medio urbano, y que esta dedicación comience por plasmarse en realizaciones concretas en temas como salud pública, centros culturales, mataderos, servicios telefónicos, etcétera".

Nosotros creemos que se cumple plenamente esta resolución en la medida que permiten nuestros recursos y teniendo en cuenta que la gestión, desde luego, no se acaba en este año.

Referente a salud pública, el grueso de las inversiones de la Consejería de Bienestar Social van destinadas a la mejora de la asistencia primaria en el medio rural, ya que las capitales las cubre fundamentalmente el INSALUD. A ello se destinan 756 millones, 357 de gestión directa de la Consejería para la formación de 40 Unidades Básicas de Salud, y 399 para los centros de asistencia primaria en cooperación con entidades locales.

Es posible que al señor De Fernando le parezca poco; pero debe tenerse en cuenta que para estas 40 unidades básicas ha tenido que conseguirse el acuerdo voluntario de los sanitarios locales respectivos, sin lo cual no sería posible en este momento. Si a esto unimos la inversión prevista de 144 millones de instalación y equipamiento de laboratorios de consumo y salud, parece claro que el esfuerzo para incidir en la mejora de la salud pública en el medio rural es un primer paso importante.

Centros culturales. La Consejería de Cultura destina 184,5 millones para Casas de Cultura o centros de Promoción Cultural, con lo que se prevé la creación como mínimo de veinticinco centros comarcales de este tipo. Si este esfuerzo continúa, se puede prever la creación de unos cien centros de este tipo en la Legislatura, lo que creemos que significa un esfuerzo importante en la aproximación de la cultura a los ciudadanos del medio rural; sin olvidar que otras partidas importantes se prevén para prestación de servicios culturales y medios técnicos que permitan revitalizar las actividades culturales en nuestros pueblos. Hemos de destacar, además, que todo ello se hace respetando las peculiaridades de cada una de nuestras comarcas y primando las iniciativas particulares y de Grupo, no cayendo en tentaciones dirigistas.

Mataderos. Como el señor De Fernando podrá comprobar, en el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes se prevén 130 millones para el apoyo al plan de mejora de mataderos, dentro del Plan indicativo de mataderos comarcales.

Servicios telefónicos. 74 millones destina la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes para convenios con telefónica, en orden a conseguir mejorar las comunicaciones de nuestros pueblos. Debe tenerse en cuenta, además, que, en esta tarea, es necesaria la colaboración no sólo de la Junta y la Compañía Telefónica, sino también de las Diputaciones y Ayuntamientos afectados. Si a esto añadimos el esfuerzo que se hace desde la Consejería de Transportes, Turismo y Comunicaciones, destinando 170 millones para conseguir ampliar y mejorar la cobertura de las emisoras y televisión a las zonas de nuestra Región donde no reciben la señal o la reciben con dificultad, se podría concluir también que en este capítulo estos presupuestos cumplen la resolución número seis de las Cortes.

Dice en segundo lugar que incumplen la resolución número doce, que decía textualmente: "Que la Junta acelere, dentro de la legislación básica del estado, la presentación a la Cámara, para su debate en ella, de

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los proyectos de organización territorial de la Comunidad y que tenga en cuenta este futuro organigrama en evitación de nombramientos que pudieran resultar innecesarios". Y, como bien conoce el señor De Fernando, en la última comparecencia del Consejero de Gobierno Interior y Administración Territorial, el Consejero propuso -y todos los Grupos aceptamos la sugerencia-, estudiar en la respectiva Comisión tanto las Leyes pendientes en las Cortes (Fiesta e Instituto) como el borrador de las leyes sobre Diputaciones y en una fecha próxima a fin de año (cuando se prevé que la Ley de Régimen Local esté concluida o muy avanzada en su tramitación); luego, no es cuestión de acelerar, sino de abrir el cauce de diálogo y de negociación, y eso sí se ha cumplido en la comparecencia a la que antes he hecho referencia y en la que el señor De Fernando estaba también presente.

Dice después: se incumple la resolución número trece, que decía textualmente: "Que en los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro para la Comunidad la junta dé prioridad a inversiones que creen empleo, de repoblación forestal, de ayuda a la creación de industrias, etcétera; y en las asignaciones a los cargos de la Junta se tenga un verdadero sentido de austeridad en evitación de inflación burocrática innecesaria". Y los presupuestos que estamos comentando cumplen absolutamente esta recomendación de que las inversiones tiendan a crear empleo, igualmente en las asignaciones a los cargos de la Junta ha habido un buen sentido de austeridad. Y concreto ambas cuestiones. Primero, los presupuestos recogen inversiones en diversos temas y me voy a limitar a detallar algunos para no ser excesivamente extenso. Por ejemplo, se dice: construcción de mercados minoristas, mercados en barriadas y zonas urbanas, 190 millones. Construcción de oficinas comarcales, 30. Centros de recuperación de razas autóctonas, 10. Estación enológica, 25. Plan de mejora de mataderos, 129. Centro de estudio y mejora ganadera, 253. Construcción de instalaciones para la juventud, 39. Construcciones deportivas, 21. Subvenciones a entidades Locales, 347. Casas de cultura, 154. Centros de asistencia primaria en colaboración con entidades locales, 399. No sigo para no cansar. Así una larga enumeración que consta en la memoria, al final de la memoria que nos fue entregada como documentación de los Presupuestos, y donde, desde luego, se puede ver que la mayoría de las inversiones tienen fundamentalmente un interés de crear una rentabilidad social y económica. Y ése es, además, el criterio que preside normalmente las decisiones de la Comisión de Inversiones creada en la Junta.

Las retribuciones del personal de la Administración Autónoma suben (algo que ya está suficientemente claro) para los altos cargos el cuatro y medio, salvo una excepción que posteriormente ha sido enmendada por el Grupo Socialista, y resto de personal, el seis y medio. Y aquí, por supuesto, se puede aplicar toda la austeridad que cada uno quiera.; pero, evidentemente, si a uno le doliera personalmente no estaría tan de acuerdo. Pero, en todo caso, lo que sí se consigue es que la masa salarial no supere el incremento del seis y medio, tal como recomendaba el Ministerio de Hacienda; y, en cualquiera de los casos, la memoria recoge más información que la que yo en este momento intento aportar para no extenderme.

En segundo lugar, de las aportaciones o fundamentos del señor De Fernando, se argumenta que los Presupuestos, tal y como están planteados, no cumplen el principio de solidaridad entre las provincias de la Comunidad. Y, en este caso, es necesario recordar que sólo el 70 por 100 de los Presupuestos están provincializados, lo que no deja de ser un esfuerzo importante, dado que ni siquiera los del Estado lo tienen hasta el momento; pero, además, ha de tenerse en cuenta que dentro de esa provincialización están incluidos todos los capítulos, incluso el uno y el dos, con lo cual el realizar comparaciones entre provincias en base a cifras induce a graves errores, por dos razones fundamentales: primero porque el 30 por 100 no provincializado, por no estar concretado a qué provincias se destinarán, al depender de la demanda o por pertenecer la inversión a varias provincias; segundo, al incluirse la provincialización en el capítulo uno y dos, la comparación es absolutamente errónea, pues evidentemente en estos capítulos tienen dotación las distintas provincias en función de los servicios y funcionarios transferidos en cada una de ellas, y evidentemente las provincias con mayor población tienen, en su mayor parte, mayor dotación de servicios para atender sus necesidades.

Aún así, podemos analizar las cifras y comprobar que las provincias más deprimidas de nuestra Región obtienen proporcionalmente a su población y a su renta per cápita mayores recursos en estos presupuestos. Por ejemplo, digo, dentro de ese 70 por 100 provincializado, en función de su población, Avila recibe 12.798 pesetas por habitante, Burgos 8.114, León 8.650, Palencia 12.496, Salamanca 9.437, Segovia 15.420, Soria 20.431, Valladolid 6.946, Zamora 9.996. En definitiva, el orden en cantidad por habitante es: primero Soria, segundo Segovia, tercero Avila, cuarto Palencia, quinto Zamora, sexto Salamanca, séptimo León, octavo Burgos y noveno Valladolid.

Comparando también con la renta per cápita, si comparamos por ejemplo las operaciones de capital o el tanto por ciento que significan las operaciones de capital destinadas a cada provincia con respecto a la renta provincial, nos encontramos que en Avila suponen el 1,89, en Burgos el 1,06, en León el 1,37, en Palencia el 1,62, en Salamanca el 1,07, en Segovia el 2,23, en Soria el pag. 374

3,44, en Valladolid el 0,75 y en Zamora el 1,52. Si aún así, si seguimos calculando porcentajes simplemente sobre operaciones de capital con respecto a la población, nos encontramos que en Avila supone un 5,28, en Burgos un 8,47, en León un 4,28, en Palencia un 5,12, en Salamanca un 3,22, en Segovia un 6,92, en Soria un 9,98, en Valladolid un 2,79, en Zamora un 3,77. En definitiva, queda suficientemente claro que, dentro de las posibilidades y tratando de atender, por supuesto, las necesidades de todos, sí hay un interés fundamental en primar a aquellas provincias que han tenido o tienen una situación más desfavorecida en el momento actual.

En tercer lugar, el señor De Fernando argumenta que en la mayoría de los proyectos con cargo al Fondo y otros de inversiones no se aclara ni la obra ni la provincia. Con perdón, a mí me da la impresión de que el señor Procurador no se ha percatado de que al final de la memoria se detallan cada una de las inversiones, tanto del Fondo como de la Deuda Pública, con expresión de la cuantía, la finalidad y la provincia, en una gran parte de ellas, cuando no son actividades que se van a hacer en todas. Y a continuación le leo algunos a título de ejemplo. (Me voy a ahorrar leerlas para no alargarme).

Por otra parte, las comparecencias de los Consejeros ante la Comisión de Hacienda detallan algunas de las partidas, con su destino y finalidad, y si alguna no la mencionaron, los Procuradores presentes se encargaron de preguntarlo en el turno de preguntas y obtuvieron amplias respuestas. A título de ejemplo, allí se aclaró dónde se ubicaba, por ejemplo, la Estación Enológica consignada con 25 millones, que va a estar en Rueda; el centro de mejora de la producción animal consignado con 100 millones, que va a estar en Palencia; las participaciones en la construcción de un palacio de congresos y exposiciones dotado con 70 millones por parte de la Junta, que estará en Salamanca. Y no sigo porque, repito, muchas de las cuestiones que en la memoria no están del todo aclaradas sí fueron aclaradas exhaustivamente por los señores Consejeros, en principio a iniciativa suya y en otros casos por preguntas de los señores Procuradores, y por lo menos no parece que quedaran en aquel momento excesivas dudas sobre la finalidad de la mayor parte de las partidas.

En definitiva, todas las aclaraciones puntuales fueron dadas con amplitud por los señores Consejeros en su comparecencia, por lo que no se puede decir que haya ocultación y partidismo en estas inversiones, sino, por el contrario, los criterios que maneja la Comisión de inversiones son de rentabilidad social y económica, como he dicho antes, procurando que tales inversiones se multipliquen al realizarlas en muchos casos con convenios con otras instituciones, y produzcan en todos casos un efecto de arrastre.

Por último, el señor De Fernando alega que estos presupuestos no tienden a solucionar el problema de los más deprimidos: educación especial, tercera edad, parados, etcétera. Yo creo que tal afirmación de que no tiende a solucionar estos problemas no se puede hacer a la vista de estos presupuestos. Se podría decir que no solucionarán totalmente estos problemas; pero eso es algo perfectamente asumible si tenemos en cuenta las dimensiones de estos problemas que, en la mayoría de los casos, sobrepasan, con mucho, la capacidad de actuación y las competencias de la Comunidad, y, sin embargo, está claro que en estos presupuestos se hace un esfuerzo serio en orden a atender esta problemática. Y así, la Consejería de Bienestar Social destina 600 millones a atender estas necesidades, y cuyo concurso correspondiente para asignar estos recursos está ya en marcha. Destina además 100 millones más para convenios con entidades locales, en orden a la formación de centros sociales integrados en los municipios. Y existe, además, en el programa de esta Consejería, la intención de que, tanto las Unidades Básicas de Salud como los centros sociales, sean servicios integrales a través de los cuales aumente la calidad de vida de las gentes de nuestros pueblos, que pueda evitar el desarraigo de nuestros mayores de tal manera que no tengan necesidad de acudir a grandes residencias sino que, al prestar esos servicios en su propio domicilio, es decir, en su propio medio, puedan seguir viviendo en el mismo.

En cuanto a los parados, está claro que con estos presupuestos no vamos a poder solucionar el paro en nuestra Región; pero no es menos cierto que los 12.000 millones de inversiones reales, más gran parte de los 5.000 millones de transferencias de capital, se traducirán en obras, que evidentemente han de realizar las personas y pueden incidir muy favorablemente en la creación de empleo. Si a esto unimos los 100 millones que prevé la Consejería de Industria para primar a las empresas que contraten trabajadores buscadores de un primer empleo, y las diversas partidas que otras Consejerías prevén para subvencionar, en unos casos, para rebajar los tipos de interés en los créditos, en otros, de empresas que se creen en nuestra Región, no nos debe caber ninguna duda que esta cifra de miles de millones ha de tirar por fuerza del empleo de nuestra Región.

En resumen, a nuestro Grupo nos parece que las razones expuestas por el señor De Fernando no se ajustan a la realidad; que de ellas no se puede deducir un rechazo a los presupuestos; que únicamente redundaría en un mayor retraso en su aprobación y la consiguiente imposibilidad de ejecutar las distintas inversiones en lo que resta del año; en definitiva, conseguiríamos justamente lo que intenta evitar el señor De Fernando. Por eso nuestro Grupo se va a oponer a esta enmienda a la totalidad, y espera y confía en que otros miembros, que tienen, evidentemente, un carácter

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progresista y comprenden perfectamente la posibilidad o los inconvenientes que puede producir el rechazo de los Presupuestos, se sumarán con su valioso voto al Grupo Socialista. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Consejeros. Yo no sé si el turno que ha dispuesto el Partido Socialista ha sido en contra o a favor. Yo espero que ahora los señores Consejeros, que él ha dicho que pueden hablar por haberse dado por aludidos, me aclaren algunos conceptos; porque justamente ha incidido en los temas que yo he dicho.

Cuando he dicho la resolución número seis, yo he dicho que sí lo cumplía en Bienestar Social, y usted me pone el ejemplo de salud pública. Ya lo he dicho yo que ahí sí lo cumplía. Sin embargo, he dicho sí con reservas en mataderos, sí con reservas en mataderos. Pocos más ejemplos me ha podido usted poner.

Me ha hablado de Telefónica. Ya le dije aquí el día del debate que, desgraciadamente, y no por culpa de la Junta, sino por culpa del señor Boyer, al recortarse en 50 millones las inversiones de telefónica han sido en el medio rural, no me hable de ciento veintitantos millones cuando podemos contar los cientos de núcleos de población que no tienen teléfono o los que tienen un solo teléfono y la cantidad de pueblos seguidos en unas comarcas turísticas que disponen de un solo teléfono. Con ciento y pico millones la Junta, por muy multiplicadores que sean, con los de las entidades locales y el otro 50 por 100 que puede poner telefónica, difícilmente vamos a resolver la milésima parte del problema telefónico de nuestra Región. Luego no me ponga usted ese ejemplo.

Y cuando yo me he referido que la resolución número seis, yo le diría al portavoz del Grupo Socialista que las inversiones en medio rural no solamente hay que hacerlas en equipamiento; en el medio rural hay que hacer dos series de inversiones para que el hábitat del medio rural sea equiparable al urbano: uno será, una será en equipamientos y otros serán en medios de vida. Y poco me ha podido decir de lo que va en regadíos, en repoblación, en mejora de pastizales, etcétera, que les da trabajo al parado y les crea riqueza para el futuro; porque eso sí es mejorar su calidad de vida.

En la resolución número doce solamente se me ha puesto el ejemplo de Interior, justamente, justamente una de las Consejerías que, por estar yo presente el otro día, dije que nombraba Delegados de los no transferidos; es decir, que hay que pagar a totalidad con cargo a eso. Pero, además, allí hablamos del problema de llegar a un acuerdo con el Consejero de Interior para esos proyectos de Ley. Yo me he referido en general y yo le he dicho que hay Consejerías donde íntegramente se han nombrado Delegados Provinciales que no son funcionarios transferidos; y si son funcionarios transferidos y me los quieren utilizar, por ejemplo, un médico de un medio rural que se hace Delegado, no ahorra nada a la Consejería porque hay que poner otro médico en el pueblo. Utilizar personal transferido es de los que hay en la propia institución, y eso sí que supone poquito gasto para la Junta, puesto que solamente habría que pagarle el suplemento.

En la resolución número trece también me ha hablado de inversiones. Yo he dicho de inversiones las que había, me ha aclarado cuántas había en repoblación forestal. Me habla de plan de mejora ganadera -129 millones de pesetas- ¿Sabe el señor Portavoz del Grupo Socialista los cientos de millones que el Gobierno Central, y ahora la Junta, debe, debe a los ganaderos de la Región? Porque con esto no tiene ni para empezar con lo que debe de atrasos. Porque no sé si sabrá que salió un Decreto donde había unos plazos para pedir la mejora de la raza autóctona de Castilla y León; salió posteriormente otro Decreto que decía: a partir del mes de noviembre del 82 ya no valen las peticiones. Bueno, pues desde Febrero del 82 a noviembre del 82 son 111 millones que están pedidos, que legalmente les corresponde a los ganaderos y nadie se los aclara ni se los da. Y me pone usted que lleva 129 millones para mejora ganadera.

Me habla usted de las inversiones, y poco, poco, ha podido decirme que la austeridad del seis y medio por ciento que recomendaba Hacienda. Hacienda recomendaba que no suba la media del seis y medio por cien. Hombre, si la media de sueldos es del Director General en adelante, díganme por qué ésos se han puesto del seis y medio, si la media ha de ser del seis y medio. Lo lógico es que Consejero, Presidente y altos cargos estuviesen a cero; eso sí sería austeridad. Ponerse el seis y medio de media: sobre ruedas.

Ha hablado de las ayudas que tienen las PYMES para la creación, y resulta que lo del IRESCO como le decía, menos de 200 millones de pesetas, va con cargo a la emisión de deuda pública. Quiere decirse que aprobando los presupuestos, con suerte en el mes de, finales de junio, julio, si se aprueban, las ayudas del IRESCO llegarán en Diciembre del 84. Buen año nos vamos a echar las empresas que tengan que acudir allí. Y usted debe saber que la pequeña y mediana empresa les viene mucho mejor acudir al IRESCO que acudir a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, por la sencilla razón de que son más baratos los intereses.

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Me habla usted de que están todos especificados, que no me lo he leído. Yo también he dicho que un porcentaje alto no estaba especificado, que no buscaba sólo la solidaridad entre las provincias. Si en algunas inversiones en las provincias me aclarase que eran comarcas muy deprimidas de esa provincia, no me importa a mí que León lleve 1.500 millones, como decía, en Obras Públicas, si va a unas comarcas muy deprimidas de León. Me parece muy bien; pero me pone sólo León, y le he dicho las cifras.

Usted me habla de las inversiones peseta/habitante, cuando yo lo que he puesto han sido tres, cuatro ejemplos en aquellas Consejerías que son básicas para el desarrollo de nuestros pueblos, y han sido en Agricultura, en reforma agraria, etcétera, etcétera. Yo no sé si usted sabrá, aunque ahora a los segovianos y a los abulenses les vaya a decir usted mucho que invierten, que en Segovia y Avila todavía no tienen una sola hectárea de regadío puesta por el Estado; que en estas provincias hay proyectos terminados, terminados, metidos en el plan general de obras, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, y que no se ven por ninguna parte. Lo avisé hace bastantes meses por si la Junta lo desconocía. Yo esperaba ver en estos presupuestos por lo menos algo, aunque fuese del Fondo de Compensación, pero resulta que estas provincias siguen sin tener nada en regadío. Y, finalmente, pues me ha dicho usted que algunas se han aclarado en la Comisión de Hacienda, yo tengo que decirle que yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda y se ha citado sólo a la Comisión de Hacienda, si cada Consejero hubiese citado a su Consejería, esos tres o cuatro temas que me ha aclarado... pero tampoco desdice en nada el argumento que yo le he dado. Y finalmente, me decía usted el problema de los más deprimidos. Hombre, ya sé que a través de los Presupuestos es donde se ve. No me hable usted de millones, 600 millones va a dedicar a la Junta. Los que ven, los que ven los chavales de Educación especial y los colegios de nuestra Región, que están en todas las provincias, vuelvo a decirle es que las becas del País Vasco, Madrid, Cantabria, Rioja, y Castilla La Mancha han recibido ya su beca y aquí se les quita expresamente en la orden, en la resolución. Y que no me hable usted de que la política va a ser para que al jubilado en su propio medio le puedan ayudar. Pero ¿ha recorrido usted los pueblos de Castilla y León? ¿Ha visto usted las colas? Váyase usted a la Diputación de Valladolid, váyase usted a la Diputación de Avila, y vea las colas de peticiones que tenemos de los pobres jubilados que en un medio rural de 80 ó 100 habitantes no tienen a nadie, a nadie, y quieren ingresar en una residencia de la tercera edad; residencias que cuestan 10 ó 12 mil pesetas, mientras que las de la Seguridad Social valen 50 a 60 mil. Y en esta resolución del diez de Abril se les quita expresamente. No me diga usted que vamos a ayudarlos con 600 millones, a lo mejor les hacían falta 1.200. Lo que sí es claro, y lo vuelvo a repetir, que ya lo he dicho otra vez, es que ellos ven que cuando el Gobierno Central administraba este dinero los chicos de educación especial tenían beca, los centros de tercera edad tenían ayuda para reforma y para mantenimiento, que tampoco es tanto dar a una residencia que tiene doscientos señores de la tercera edad cinco o seis millones al año, que es lo que venía dando, no es tanta cantidad, bueno, pues este año se le quita porque tienen más de cincuenta, cuando había que darles un premio que entre trece monjitas mantengan y lleven una residencia con 210 jubilados a un precio de diez mil pesetas al año, mensuales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría tres minutos.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Muchas gracias señor Presidente. Acabo. Finalmente ha hecho usted una llamada a los progresistas de esta Cámara. Yo creo que no es llamada o no llamada: Cada uno ha oído y se ha leído los presupuestos. Pero no me diga usted que van destinados al empleo, que ya le he dicho un ejemplo sólo: 100.000 jornales se pagaban en ICONA en el verano, y este año: cero. Si así va a seguir el ejemplo el empleo que hemos creado, sea temporal o sea total. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR SANTOS RODRIGUEZ):

Muchas gracias señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Yo quiero aclarar aquí algunas cosas, algunas cuestiones puntuales, de importancia, a que ha hecho alusión el Procurador que presenta la enmienda.

Nosotros este año, y lo explicamos en la Comisión de Economía y Hacienda, hemos incrementado en transferencias corrientes el 18 por 100 para servicios sociales y en transferencias de capital el 48 por 100, que creemos que es una cantidad importante para ir progresivamente aminorando las necesidades en servicios sociales.

Lo que propone el ponente, el enmendante, es un sistema de mala gestión, entiendo yo, quizá debido a una mala información.

Nosotros excluimos para convocatoria de este año, efectivamente, las actividades de Educación Especial, repito, las actividades de Educación Especial, y esto lo hacen otras Comunidades Autónomas. Y quizá más detalladamente, el día que tenga que contestar la interpelación que parece ser que se ha presentado

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respecto a esto, pueda explicarlo con más detalle; pero ya voy a adelantarlo aquí.

Las actividades de Educación Especial no son competencia de la Consejería de Bienestar Social, no son competencia de la Consejería de Bienestar Social; es decir, el crear aulas de Educación Especial en los colegios no es competencia de esta Consejería. Anteriormente, por mala gestión, se venía dando de esta forma y entendemos que esto no debe ser así y así lo entiende el Ministerio y así lo han entendido otras Comunidades Autónomas que expresamente, y podré demostrarlo el día de la interpelación, excluyen, excluyen de estas subvenciones las actividades de Educación Especial. Si nosotros subvencionáramos las actividades de Educación Especial estaríamos haciendo dos cosas: primero, hacer una cosa a la que ha hecho alusión, respecto al fondo, el enmendante, de que lo que invirtiéramos nosotros en Educación Especial no lo invertiría el Ministerio de Educación que es el que tiene competencias en Educación Especial; pero es que además estaríamos haciendo, estaríamos haciendo una mala gestión y en alguna medida un fraude, un fraude a aquellos que son de nuestra competencia y que son tributarios de nuestras subvenciones. Es decir, en este momento, yo les explico, los minusválidos psíquicos severos y profundos no son susceptibles de Educación Especial; sólo lo son los que son de grado ligero y medio, no los severos y profundos, de tal forma que... y es ahí donde nosotros tenemos que dar fundamentalmente las subvenciones, a aquellos tipos de minusválidos que no tienen posibilidad, por un concepto quizá filosófico y quizá teórico erróneo, porque hoy día los psicólogos consideran que todo minusválido psíquico, hasta el profundo probablemente, es educacionable, pero tal y como está la legislación en estos momentos, los severos y profundos no son educacionables y esos son los que están fuera de la competencia del Ministerio de Educación y es donde la Consejería de Bienestar Social, que recibe la subvención del Estado afectada para asistencia, no puede detraer esas inversiones, no puede detraerlas en becas para Educación Especial. Los minusválidos que están en centros de educación especial, ¿pueden recibir becas nuestras? Sí. Sí, pero no para actividades de Educación Especial. Por ejemplo, si un minusválido que asiste a un aula de Educación Especial tiene que comer en el colegio, eso es una actividad asistencial que a lo mejor no le cubre el Ministerio de Educación y esa sí que es una actividad asistencial que nosotros sí cubrimos; por lo tanto, sí que podemos dar becas en ese sentido, pero no podemos dar becas para actividades de Educación Especial. Nosotros no podemos crear aulas de Educación Especial ni podemos subvencionar, como estaba pasando con las instituciones que piden subvenciones para este tipo ahora, el personal docente de Educación Especial. Esto es como si el enmendante me dice que, efectivamente, la educación obligatoria ahora sólo llega hasta los catorce años y que, entonces, qué pasa con la educación obligatoria, que quién la cubre. Bueno, pues yo quiero que la educación obligatoria llegue hasta los dieciséis años y hasta donde tenga que llegar, pero en este momento esta Consejería no puede subvencionar eso porque no es su competencia. Porque no es bueno que lo haga porque viene afectado, las inversiones y lo que viene del Estado en capítulo cuatro, viene afectado de esa forma, y no debemos detraerlo porque estaríamos detrayéndolo de aquellos minusválidos que no tienen, que están mucho más desamparados, que no tienen posibilidad de acogerse a la Educación Especial. Y además no es competencia, repito, no es competencia de la Consejería las actividades de Educación Especial. Sí las actividades asistenciales, las necesidades asistenciales que se generen como consecuencia de recibir esa Educación Especial. Por lo tanto, esto lo quiero aclarar porque intencionadamente se ha puesto lo de que no es competencia de la Consejería el subvencionar actividades de Educación Especial. El Decreto de ayudas unificadas del Estado así lo establece y establece cuál es la competencia de cada Ministerio, de cada Ministerio, en el tema de las subvenciones. Y las actividades de Educación Especial son competencias de Educación y Ciencia, y la asistencia era del Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Acción Social, que es lo que está transferido a la Consejería de Bienestar Social. Y esto respecto a la Educación Especial.

Respecto a las residencias, no se dice en el Decreto y en la convocatoria no se pretende quitar las subvenciones para mantenimiento a las residencias de doscientos ancianos, lo que se pretende es que aquellas nuevas residencias que se hagan a partir de ahora con carácter de criterio y dependencia de la Consejería, se va a dar prioridad a aquellas que tengan cincuenta ancianos o menos de cincuenta ancianos, por razones conocidas por muchos de los Procuradores que están aquí de que residencias grandes quedan en quiebra, son costosísimas de mantener y además no cumplen muchas veces el fin social para el que debe ser, que es mantener al anciano dentro de su ambiente. O sea que ese sería un criterio, de que las residencias que se hagan a partir de ahora sean pequeñas, que mantengan al anciano en su ambiente. Y, por otra parte, lo que sí pretendemos a través de los cien millones que hay en transferencia de capital a las corporaciones locales es que al anciano también se le pueda asistir a domicilio. Y, por lo tanto, por eso también esta transferencia a corporaciones locales de capital para que se creen unidades básicas y centros de unidades básicas de servicios sociales para atender esa necesidad. Por lo tanto, no es que las residencias actuales que tengan más de cincuenta ancianos no se les vaya a seguir ayudando en el mantenimiento, es que las nuevas decimos como criterio, sin excluir, decimos

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que se va a dar prioridad a aquéllas que tengan estas características: que sean de cincuenta ancianos o menos.

Hay otra pregunta respecto a las campañas sanitarias que también quiero aclarar, y creo que también, bueno, es producto de una mala información, y yo creo que lo que nosotros hemos hecho es introducir un criterio de buena gestión, que es el tema de las campañas sanitarias. Las campañas sanitarias en Sanidad, en las Direcciones de Salud, lo que venía ocurriendo hasta ahora es que con eso se subvencionaba el gasto de mantenimiento de los centros, de los servicios habituales de los centros; es decir, había poquísima cantidad en los gastos de mantenimiento de las Direcciones de Salud, y yo expliqué en la Comisión de Economía y Hacienda que la Dirección General de Salud Pública tiene incrementado en cien por cien, es decir, hemos duplicado el gasto de mantenimiento y lo hemos detraído de las campañas sanitarias. ¿Por qué? Porque con esas campañas sanitarias lo que se estaba haciendo era subvencionando los gastos de mantenimiento para actividades habituales, como es poner vacunas, como es las inspecciones de aguas, todo lo que consideramos que son campañas habituales. Y ya les adelanto que si esta Consejería hace una buena gestión lo que va en campañas sanitarias en años sucesivos debe ser reducido aún más o aumentar los gastos de mantenimiento para saber qué campañas sanitarias son específicas, extraordinarias ese año, que tienen que ser subvencionadas con el capítulo seis, antes el 611 y creo que este año el 671, para que sepamos realmente lo que es el mantenimiento de los servicios habituales de las Direcciones de Salud. Por lo tanto, que no tenga preocupación en este sentido el Procurador enmendante que no se va a disminuir la actividad sanitaria y los servicios sanitarios; lo que se pretende, lo que se ha pretendido este año es que se ha quitado dinero de campañas sanitarias, se ha duplicado en gastos de mantenimiento, porque con estas campañas sanitarias lo que se estaba subvencionando era el gasto de mantenimiento habitual de los servicios, y ésa ha sido la razón.

Respecto a una observación que ha hecho que hay en el capítulo dos, no sé si es en el 282, de gastos diversos, el Procurador señor Montoya (de 180 millones) yo aclaré (efectivamente, tal y como está puesto: "gastos diversos", puede pensarse que ese es un fondo oscuro, y no es así), yo aclaré, mejor dicho yo no lo aclaré en aquel momento, lo aclaró mi Secretario General, que esto es un dinero contante y sonante -que se puede absolutamente demostrar no es ningún fondo oscuro-, para comedores y para las guarderías del INAS. Es decir que esto, si recuerda el señor Procurador, yo lo aclaré allí, lo aclaró el Secretario General de esta Consejería, de que esta cantidad es lo que va, lo que estaba el año pasado y lo que está previsto para los comedores, que saben que en todas las provincias existen, con lo que se atienden, y para los gastos de las guarderías del INAS.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego al señor Consejero vaya terminando para que observemos la proporcionalidad del tiempo utilizado por unos y otros.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR SANTOS RODRIGUEZ):

Yo quería aclarar esto. Perdón si me he excedido. Ya he terminado de aclararlo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. He dudado hasta última hora en intervenir en estos momentos; pero, sopesando bien la explicación a la enmienda presentada por el Procurador don Daniel de Fernando Alonso, entiendo que hay sobre todo un punto, una llamada razón que pretende dar en la línea de flotación de los proyectos político-económicos de la Junta de Castilla y León. Es decir, allí donde dice que el Proyecto de la Ley incumple las resoluciones de las Cortes, de dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, número seis, doce y trece, aprobadas por unanimidad.

Me voy, por lo tanto, a referir detalladamente a cada una de estas tres resoluciones y a intentar desviar ese aparente obús y, en todo caso, desactivarlo. También, y aunque muy someramente, me referiré a la segunda y tercera cuestiones. A la segunda con mucha cautela; a la tercera razón, para hacer una aclaración de tipo técnico-jurídico; y, a la cuarta, pienso que la cuarta está suficientemente contestada en el discurso de presentación. Dice la resolución, y recordémosla, número 6, a la que se refiere el Procurador: "Que la Junta dedique especial atención a la problemática del medio rural en orden a conseguir una calidad de vida equiparable al medio urbano y que esta dedicación comience por plasmarse en dedicaciones concretas en temas como salud pública, centros culturales, mataderos, servicios telefónicos, etcétera".

Bien. Entiendo que el Proyecto de Presupuesto de mil novecientos ochenta y cuatro que hemos presentado, dentro de las limitaciones que ya señalé en el discurso de presentación, dedica una especial atención a la problemática del medio rural, aserto éste al menos con tanta validez como el aserto contrario. Pero, sin embargo, voy a intentar analizar el mismo, voy a intentar apoyarlo. Vamos a analizar fundamentalmente la sección tres, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes y las consiguientes repercusiones pag. 379

que puede tener en el medio rural. Más tarde lo haré muy rápidamente con otras Consejerías.

El Presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes asciende a 5.995 millones de pesetas, con un 16, representando un 16,2 del montante total.

En mil novecientos ochenta y tres, el presupuesto de dicha Consejería era de doscientos ochenta y cinco millones, de los que el 84 por 100 se consumía en gastos corrientes de personal y compra de bienes y servicios, destinando tan sólo 46 millones a inversiones reales.

En el ochenta y cuatro las operaciones de capital, inversiones reales en transferencias, ascienden de 2.938 millones, representando el 49 por 100 de los gastos de esta Consejería. Estas cifras son tanto o más de resaltar cuanto que aún no se incluyen las transferencias de IRYDA e ICONA que tienen un importantísimo componente inversor sobre el medio rural.

Las inversiones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes representan el 27,23 por 100 sobre el total de los proyectos a financiar con deuda pública; y, si consideramos el Fondo de Compensación en su totalidad, 6.836 millones, es decir un 35,6, se dedica a estas inversiones, con una incidencia directa (como se puede ver en los proyectos que están definidos punto por punto, es decir, denominación por denominación del proyecto), incidencia directa, digo, en el medio rural.

Realmente sobre el medio rural, además, inciden también, de modo directo o indirecto, diversos programas de inversión de otras Consejerías. Por ejemplo, se pueden ver en los Presupuestos los destinados a financiación de planes provinciales de obras y servicios, subvenciones a corporaciones locales para la construcción de instalaciones deportivas, el programa de cooperación con entidades locales para la creación de centros de asistencia primaria, los programas de carretera, de abastecimiento de agua, los programas de electrificación rural, etcétera. Y, por ejemplo, estos últimos se incrementan con respecto al ochenta y tres este año en un 23 por 100, y aparece como novedad el plan de abastecimiento de núcleos urbanos en el medio rural, con un incremento por lo tanto de un 100 por 100. Y también incluso, refiriéndonos ahora al gasto corriente, no ya al gasto de inversión de otras Consejerías, incide también este gasto corriente sobre el medio rural; baste señalar el importante gasto que dedica, por ejemplo, la Consejería, como se ha señalado, de Bienestar Social a la Sanidad local para cubrir los servicios de médicos, farmacéuticos, veterinarios, practicantes, etcétera; los cursos rurales de formación cooperativa previstos en la Consejería de Hacienda y Comercio, que tuve en su momento, y pude en su momento, explicar con detalle a la respectiva Comisión. Y refiriéndome ya a la Consejería, en este marco, las subvenciones en la misma le puedo asegurar que tienen una línea continuista con respecto a las inversiones que hasta ahora se venían realizando en IRESCO. Si analiza, y le voy a dar porcentajes (conocen el porcentaje de población rural, entendiendo por población rural o habitantes de población rural aquellos que residen en núcleos de menos de 20.000 habitantes), de los ciento ochenta expedientes presentados, aprobados ciento trece, cuarenta y siete de estos ciento trece han sido aprobados en núcleos rurales, es decir, el 41,59 por 100. Si atendemos ahora el montante de créditos y subvenciones, teniendo en cuenta que la Consejería induce créditos subvencionando parte de los mismos una vez que el expediente está estudiado positivamente por la Consejería (hasta el momento créditos aprobados por la Consejería inducidos de forma indirecta pero que los aprueba la Consejería) llegan a un total de 474 millones de pesetas, con una subvención por parte de la Consejería de 57 millones de pesetas. Pues bien, de éstos, los créditos aprobados en zonas rurales son 160 millones de pesetas, es decir, el 33,9 por ciento, y las subvenciones en las zonas rurales de la Consejería alcanzan la cifra de 19 millones de pesetas, es decir, el 33,76 por 100. No hay abandono, teniendo en cuenta la población de hecho en estos momentos, en el llamado medio rural.

Según los datos, por lo tanto, los datos que se pueden utilizar, se observa que la zona rural ha presentado un total de 63 solicitudes, de las que se han resuelto favorablemente 47, que suponen el 41,59 del total de expedientes de créditos aprobados, aunque, eso sí, la participación en cuanto al volumen de crédito baje al 33,76 por 100.

Y a la vez, como estudiamos los empleos que se generan en cada uno de los expedientes aprobados, le puedo decir que solamente con esta actuación pequeña en el IRESCO en la Consejería de Economía se han generado expedientes que han, perdón, se han aprobado expedientes que han generado 101 nuevos empleos directos en el medio rural. Para concretar, yo pienso que son cifras que aclaran bastante los temas que estamos debatiendo. No voy a seguir, por ejemplo, haciendo un análisis de la repercusión de la línea del Banco Hipotecario de España también sobre la zona rural, en función de los expedientes que ha aprobado también la Consejería. Se lo propongo a Sus Señorías para que, si están interesados, les pueda dar los detalles al respecto.

Vamos a la segunda resolución que se dice se pone en duda. Dice la segunda resolución, y permítanme...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría que agilice su exposición porque, insisto en lo que he dicho

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antes, la proporcionalidad del tiempo entre todos los intervinientes debe de ser una de las obligaciones que debe tomar sobre sí esta Presidencia: que se observe como norma.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Muchas gracias Presidente. Resolución número doce: "Que la Consejería acelere... (supongo que es conocido por sus señorías entonces no la leo, evidentemente). Sabemos todos que la legislación básica del Estado aún no existe en este momento; está en el Congreso el proyecto de Ley de Bases de Régimen Local, y, en la medida que va a definir las competencias y funciones de Ayuntamientos y Diputaciones servirá para enmarcar la organización territorial de la Comunidad; pero, por otra parte, la Junta -y esto es un dato notorio, publicado y explicitado-, está efectuando en estos momentos diversos estudios, por parte de la Consejería de Gobierno Interior, sobre la comarcalización que va a ir en esta línea. De momento, por lo tanto, dejemos dormir no en el sueño de los justos, pero dejemos que las cosas vayan despacio. Ya llegará el momento en que la adecuada comarcalización o la adecuada estructura espacial la podamos definir en el momento oportuno y por lo tanto ajustar también los gastos, las inversiones, a la misma.

Resolución número trece. Bien; se refiere la resolución a que la Junta dará prioridad a las inversiones que generen, creen, empleo, etcétera, etcétera. Ya he explicado en el discurso correspondiente la parte que al respecto se puede tomar del mismo y que pienso contesta suficientemente la objeción de la resolución número trece. De todas formas, sí quiero decir que el monto total de las inversiones programadas por la Junta, recuerdo, representan el 47,2 del total presupuestado y que dichas inversiones suponen una importante fuente de generación de empleo, tanto directo como inducido. No voy a hacer ahora las consideraciones y los cálculos estimados de qué generación de empleo, sí le he dado por ejemplo, o he citado por ejemplo, las subvenciones en IRESCO que han generado 101 puestos de trabajo, etcétera. Por lo menos en lo que se refiere a esta Consejería, supongo que está cumplidamente dada la respuesta y que nos estamos ajustando a esta resolución número trece, igual que el resto de las Consejerías de la Junta de Castilla y León.

Se refiere después, en la resolución número trece, al tema de salarios, incentivos, etcétera, etcétera. Bien; nosotros, le voy a decir (esto sí que es delicado, importante, y ruego al Presidente me permita incidir en este tema, porque nos puede servir para aclarar ciertas cuestiones a todos los aquí presentes) que las retribuciones de los funcionarios y personal contratado son las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a básicas, y en el Real Decreto 84, de uno de Febrero, en cuanto a complementarias, por lo que la subida es del 6,5 que se establece como obligatoria en el artículo segundo de la ya citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ochenta y cuatro, Ley 44. En cuanto al resto de las percepciones de los funcionarios, obligatoriamente se han tenido que estimar los incentivos de productividad aprobados a cada cuerpo por la Administración Estatal, dado que nuestro Estatuto (Disposición Transitoria tres, número cuatro) establece que a los funcionarios se le respetarán todos sus derechos. Como sabrán sin duda sus Señorías, el anexo quinto del Real Decreto 210/84, de uno de febrero, establece unas cuantías, por ejemplo, para los inspectores financieros tributarios: 1.753.000 pesetas, etcétera. Y estas cantidades, sumadas al resto de sus retribuciones da un total que, por ejemplo, para los mismos, para los inspectores financieros recién ingresados en el cuerpo se eleva a 4.068.000 pesetas al año. Compare estas cuantías con las de los no ya funcionarios sino altos cargos de la Administración de la Junta y verá que incluso podemos tener funcionarios transferidos que estén en estos momentos recibiendo retribuciones superiores a los Directores Generales, que teóricamente ejercen una función, y una responsabilidad política también superior a la que está ejercitando un funcionario, sea de la categoría que sea.

Podría hacer un análisis de las retribuciones de los altos cargos. Lo que sí que les quiero decir, y está a su disposición, que comparando con el resto de Comunidades Autónomas solamente la de Extremadura tiene, en cuanto a los Consejeros y Directores Generales, unas retribuciones equiparables, siendo en las restantes Comunidades superiores incluso en cantidades que exceden en un millón de pesetas para iguales cargos. Finalmente -termino con esto- y tendré lugar, y tendré ocasión en su momento de referirme al resto de las observaciones de caen fuera de esto que yo decía línea de flotación, es decir, de las resoluciones que en su momento acordaron por unanimidad estas Cortes. Me referiré en su momento, por lo tanto, a la distribución provincial de los Presupuestos; haré un análisis, demostrando que hay que tener mucha cautela con un análisis de este tipo también, que se puede caer en trampas, pero que sin embargo con las cifras en la mano vamos a ver cuáles son las provincias beneficiadas o no, aunque no podemos caer, repito, en este tipo de trampas, y ya diré después por qué. Y, evidentemente, en relación con el Fondo le voy a decir, y con esto termino, que la LOFCA dice en su artículo 16 que el Fondo se distribuye entre proyectos de las Comunidades Autónomas y Proyectos del Estado, en función de las competencias asumidas. No hemos levantado ahora y sacado de la chistera

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10.000 millones. Los 19.000 millones de pesetas que corresponden a Castilla-León estaban determinados en su momento; punto uno. Segundo punto, la gestión de 10.000 millones de pesetas se ha reiteradas veces expuesto por este Consejero en la Comisión correspondiente, que son las que corresponden en función de la metodología aprobada el 18 de Febrero del año pasado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según esa metodología, de la cual no nos podemos apartar, son cantidades que corresponden a proyectos que puede, en estos momentos, la Junta realizar en función de las competencias asumidas por la misma y, a la vez, por la Comunidad; y , a la vez teniendo y aplicando, teniendo en cuenta y aplicando, esa metodología del Consejo. No nos sacamos nada de la manga; hace mucho tiempo ya se anunció, y ojalá, eso sí, lleguemos a un porcentaje muy superior el año que viene con las transferencias, que espero tengamos -ya tenemos algunas en carreteras- también en ICONA, IRYDA, o donde sea. Quiero decir que no nos sacamos nada de la manga; que todo está al milímetro estudiado, decidido y determinado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, ........ protesta en nombre del Grupo Mixto hace tiempo. ......... Junta de Portavoces fue que el Gobierno interviniera por diez minutos, creo que el tiempo se ha rebasado sobradamente. Pero es que hay otro punto en el cual creo que es más fuerte la protesta nuestra. Si bien es cierto que el Reglamento permite la intervención del Gobierno en cualquier momento, nos parece que el momento que ha elegido el Gobierno para intervenir es improcedente, porque los argumentos que han manejado los señores Consejeros han sido como réplica a los que ha empleado el señor De Fernando en su primera intervención y debió ser allí cuando debieron dar esta aclaración los miembros del Gobierno y no una vez que el debate ha concluido y ya no hay posibilidad de dúplica. Por tanto, señor Presidente, quiero que recoja, respetuosamente, la protesta del Grupo Mixto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Si creo que algo he demostrado desde esta Presidencia ha sido el escrupuloso respeto a los acuerdos de Juntas de Portavoces. Sencillamente, ese acuerdo no ha tenido lugar en ningún momento, entre otras razones porque no podía tener lugar; y no admito, en virtud de la aplicación del artículo 70.5 por un lado, no admito discusión ni debate en relación con el tema. La interpretación reglamentaria, en este momento, le corresponde a esta Presidencia y la aplica rigurosamente. De acuerdo con el artículo 70.5 es evidente que en cualquier momento, y el momento lo escoge el Gobierno, evidentemente, puede intervenir. Y lo único que se le puede pedir a la Presidencia es lo que está haciendo: moderando el tiempo de intervención, con el fin de que no sea desproporcionado con respecto al que utilizan los demás Grupos Políticos. Si ustedes han tenido el reloj en la mano, habrán observado que el turno en contra no se agotó; es decir, duró exactamente catorce minutos. Creo que, por tanto, nadie puede acusar a esta Presidencia de estar siendo, digamos, no moderando bien el reparto de tiempos. Por otra parte, en aplicación del artículo, creo que es el 71, no, el 73.1, si a los representantes del Grupo Mixto les interesa tanto el intervenir, disponen de cinco minutos para intervenir en turno en contra de lo expresado aquí por los representantes del Gobierno.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, señor Presidente. Voy a consumir menos de los cinco minutos.

Indudablemente se ha referido el Consejero de Bienestar Social a las competencias del Ministerio de Educación y a las competencias de Bienestar Social. Mire, el equiparamiento del medio rural y urbano, en el medio urbano el Ministerio de Educación crea aulas dentro de los Grupos escolares para Educación Especial; los del medio rural difícilmente van a tener esas aulas. Entonces, ¿qué ocurre con estos chicos con 5.000 pesetas que les da el Ministerio de Educación y Ciencia? Indudablemente no hay colegio que les pueda dar enseñanza y pensión completa. Ahí es donde usted sabe que el año pasado, el año ochenta y tres, se armó bastante revuelo en estas Cortes porque primero lo querían quitar y al final cedieron y lo dieron, y este año han vuelto a caer en el mismo error y lo suprimen. Ya sabemos que no es competencia de la Consejería de Bienestar Social la Educación Especial; pero vuelvo a insistir en el tema que le dije, y que lo veremos el día de la interpelación, en que al afectado no le importa de quién es la competencia, lo que sí sabía es que cuando venían las becas del Ministerio de Madrid, como ellos dicen, venían una por Educación y Ciencia de 5.000 pesetas y 8.000 por Bienestar Social, con lo cual quedaba solucionado su problema al tener que estar internado. Esa es la equiparación del medio urbano al medio rural, y usted este año la quita. Dice que no es que quiten a las, a las residencias de tercera edad de más de cincuenta; si le exigen unas condiciones que no van a poder cumplir, entre otras que en años anteriores hayan sido subvencionadas con más del 50 por 100, el año pasado hubo algunas que no le dieron nada, pues este año ya están eliminadas también. Yo, me parece muy bien que tengan preferencia las de nueva creación, pero que no eliminen ustedes, así porque así, a las que lo están haciendo por 12.000 pesetas al mes. Bastante sacrificio están haciendo. Por otra parte, le vuelvo a decir, las cantidades que recibían eran del orden de seis millones de pesetas.

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En las campañas sanitarias, vuelvo a decirle que en dos temas donde estamos a nivel tercermundista, como es brucelosis e hidatidosis. Ni se ha hecho nada ni hay nada planificado este año, y que la poca iniciativa que hay es a nivel particular, de los propios funcionarios.

Y finalmente, señor Consejero de Hacienda, yo no me he metido en absoluto en el sueldo de los funcionarios, en el 6,5 por 100; respeto todo el sueldo de los funcionarios que les corresponda. Lo que he dicho es que el 6,5 por 100 en los altos cargos no era ninguna austeridad dentro de esta Región.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijar posiciones, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Estella.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El hecho de que reglamentariamente esté dispuesto, y así lo ha ordenado la Presidencia, que todo debate haya de iniciarse precisamente con la intervención del Grupo Mixto, nos obliga a tener que discutir la enmienda de totalidad presentada por este Grupo antes que la presentada en este sentido por el Grupo Popular.

Nos hubiera sido más fácil si hubiese sido a la inversa, porque con los argumentos que el portavoz de mi Grupo habrá de utilizar, cuando le corresponda consumir su turno, nos valdrían para apoyar, como vamos a hacer, la enmienda que el Grupo Mixto acaba de formular y que ahora nos ocupa.

Para no anticiparme, y para que no sean los mismos argumentos, he de limitarme a comentar la enmienda que el Grupo Mixto acaba de presentar y que a nuestro juicio coincide, si no en la forma, sí al menos en el fondo, sustancialmente, con la nuestra. Su contenido, en efecto, es idéntico en lo fundamental, repito, y viene a abundar en los motivos que a mi Grupo le han inducido para presentar también una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del Proyecto de Presupuestos a la Junta. Cuatro son las razones que han motivado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto, y siguiendo este mismo orden, como lo han hecho también los que han replicado y los que me han precedido en el uso de la palabra, permítanme Sus Señorías que haga el comentario que a mi Grupo corresponde respecto de estos cuatro puntos en los que se apoya. El primero de ellos se refiere al incumplimiento de las resoluciones 6, 12 y 13 aprobadas en estas Cámaras, en esta Cámara el día nueve de Marzo pasado.

La primera de estas resoluciones se refiere, en efecto (voy a ahorrarme su lectura para no abrumar a la Cámara), a la especial atención que la Junta -se pedía- debía de dedicar a la problemática del medio rural en orden a conseguir una calidad de vida equiparable a la del medio urbano. Se citaban actuaciones concretas que han sido suficientemente debatidas. Nosotros, simplemente porque no queremos entrar en temas puntuales, nos basta decir que en los Presupuestos, una vez examinados, faltan efectivamente dotaciones para estos conceptos. En el presupuesto que en principio pensábamos que podía ser claro, resulta que no es tan claro. A lo largo de las intervenciones anteriores resulta que existen matices, cuestiones de criterios y que todo depende del cristal con que se mire. Conceptos que para uno son clarísimos, para otros no lo son tanto.

Por lo que respecta a la otra enmienda, a la número doce, que se refería a la aceleración del Proyecto de Organización Territorial de la Comunidad, que evitase nombramientos innecesarios y que supusiese una minoración también en la burocracia de nuestra Comunidad, pues bien, los Presupuestos parecen haberse inspirado en criterios contrarios. En orden al nombramiento de Delegados Territoriales, abunda este nombramiento en todas las Consejerías, como son también abundantes las dotaciones a este concepto, de retribución de los Delegados Territoriales. Por otro lado, pensamos, se está creando una burocracia excesiva y el centralismo nacional, que en algún momento ha pretendido y ha querido evitarse, parece que se está queriendo trasladar a nivel regional. Por este camino, pensamos, se va hacia una inflación burocrática innecesaria.

Por lo que respecta a la enmienda, a la Resolución número trece, perdón, se pedía allí, y se aprobó, prioridad de la Junta para las inversiones creadoras de empleo. Sin embargo, en los Presupuestos, el Capítulo VI, de Inversiones, sólo supone, si nuestras matemáticas no fallan, el 33,04 por 100 y no el 47,8 que creo haber entendido hace unos momentos al señor Consejero de Economía y Hacienda. Sólo en este sentido pensamos que los Presupuestos pueden calificarse de austeros; austeros sí en las inversiones reales, pero no en otros conceptos. Y no se nos diga que nosotros nos oponemos con esto, perdón, y que no se nos diga que cuando nosotros hemos presentado una enmienda en contra de la emisión de la Deuda Pública nos oponemos con ello a que se realicen inversiones en nuestra Región; todo lo contrario, pensamos que las inversiones son pocas y que deberían de ser más. Lo que sucede es que las inversiones programadas no necesariamente han de financiarse con la emisión de Deuda Pública, porque encontramos, una vez examinados los Presupuestos, muchos conceptos dotados innecesariamente, o por exceso, cuya detracción podría significar o podría permitir la financiación de estos gastos de inversión, sin necesidad de la emisión de Deuda Pública. Basta, por ejemplo, referirnos al concepto, al capítulo primero, de Personal, donde, si los datos que nos ha facilitado la Consejería de Presidencia no fallan, existen unas diferencias notables en la plantilla de la Comunidad, y las dotaciones presupuestadas para estos conceptos serían suficientes,

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porque casi alcanzarían unos 1.000 millones, para realizar las inversiones programadas.

Que no se nos diga que las dotaciones a las PYMES son suficientes y van a fomentar el empleo. Creo que estas dotaciones presupuestarias a las PYMES son escasas: tan sólo 100 millones, que representan el 0,25 por 100 del total presupuestario. Como escasas son también las subvenciones para el Gran Area de Expansión Industrial, a todas luces insuficientes. En esta misma resolución se pedía un verdadero sentido de austeridad para las asignaciones de los altos cargos o de los cargos de la Junta, y es curioso que el 53 por 100 del Presupuesto vaya destinado precisamente a los capítulos I y II, gastos de personal y gasto para compra de bienes y servicios, que son los de carácter consultivo, donde se incluyen las partidas de retribuciones, de gastos reservados, etcétera, etcétera. Las retribuciones creo que aumentan desorbitadamente, a pesar de los propósitos de austeridad, y hay enmiendas del Grupo Socialista, enmiendas parciales, en las que precisamente se propone, además de esa subida del 6,5 por 100 que está fijada en el articulado de la Ley, proponen, digo, unos aumentos de 600.000 pesetas para los Directores Generales y de 200.000 pesetas para los Delegados Territoriales, en concepto de especial responsabilidad

En segundo lugar, la motivación de la enmienda del Grupo Mixto estaba fundamentada en que no se cumplía en los Presupuestos el principio de solidaridad proclamado tanto en la Constitución y recogido también en nuestro Estatuto, en nuestro Estatuto de Autonomía.

En efecto, el 70 por 100 del Presupuesto, se ha dicho, está provincializado; y ahí vemos que existen evidentes agravios comparativos entre unas provincias y otras. Pensamos que, pese a porcentajes y cifras que se nos citen, las provincias más pobres siguen siendo las menos favorecidas y las más desarrolladas siguen siendo también las más beneficiadas en el reparto y distribución de las asignaciones con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial.

No querría citar casos concretos para no dar la oportunidad a los señores Consejeros a intervenir (sin ignorar la facultad que tienen de hacerlo, por supuesto); pero permítanme Sus Señorías algún ejemplo: tanto en el MOPU, en la Consejería de Obras Públicas, perdón, como en el Instituto de Promoción Pública para la Vivienda, existen enormes diferencias entre las dotaciones de unas provincias a otras, diferencias que superan de una a otra provincia los 1.000 millones de pesetas. Si esto es principio de solidaridad...

La tercera razón o motivo de la enmienda del Grupo Mixto a la totalidad es que los Presupuestos pueden ser, o son, partidistas. Y nosotros pensamos lo mismo; naturalmente que lo pueden ser. Si tenemos en cuenta que sólo el 70 % está provincializado y que queda un 30 % sin provincializar, este 30 %, evidentemente, constituye un fondo de maniobra a disposición de los señores Consejeros que pueden repartirlo con arreglo a sus mejores criterios, mejores y peores criterios que, en definitiva, pueden ser partidistas, aunque no lo sean, pero pueden serlo.

Por otra parte, hay partidas entre las Consejerías que dotan conceptos, como son los de gastos reservados, atenciones sociales, relaciones institucionales para promoción (promoción -preguntaría yo ¿de qué?; porque no se nos especifica) y que evidentemente todos estos conceptos pues pueden resultar partidistas, aparte de ser partidas disparadas y disparatadas. Aunque, como digo, no quería entrar en la casuística, permítanme un ejemplo en este sentido: entre la Consejería de Educación y Cultura y la de Industria y Energía, en la primera, en la de Educación y Cultura, una Consejería lógicamente por sus competencias de carácter divulgativo, tiene el 12,89 % del total del Presupuesto; mientras que la otra, la de Industria y Energía, una Consejería realmente inversora, que debía ser de inversión, solamente tiene el 6,18 % de lo presupuestado, es decir, la mitad que lo que se dota a la de Educación y Cultura.

Por otro lado, el articulado de proyecto de Ley de Presupuestos autoriza o faculta a la Junta para autorizar, con carácter general, las transferencias de crédito, sin consultar a las Cortes; y ello supone, a nuestro juicio, el menoscabar las funciones de control financiero que a las Cortes corresponden, con el consiguiente riesgo de esa manipulación, de esa maniobrabilidad que conduce, o puede conducir, al partidismo.

Finalmente, la última razón en que se apoyaba la enmienda del Grupo Mixto es que los Presupuestos no solucionan los problemas de los sectores sociales más deprimidos. Creo que ha sido suficientemente debatido por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Efectivamente, en los Presupuestos no encontramos dotación alguna para comarcas de acción especial; hemos de ser pesimistas, en este sentido, a pesar de las cifras y de los datos que nos han dado. En algunos conceptos, como las guarderías: 180 millones, cuando realmente solamente están transferidas a la Comunidad las guarderías laborales, y precisamente en la de Castilla y León no existe ninguna guardería laboral.

Todos estos errores, estas contradicciones y estas disfuncionalidades de los presupuestos presentados por la Junta a estas Cortes, unido a los argumentos que utilizará el portavoz de mi Grupo al defender la enmienda por nosotros presentada a la totalidad, justifican y explican nuestro veto a los presupuestos presentados por la Junta y justifican nuestro voto, que ha de ser favorable, a la enmienda presentada por el Grupo Mixto; voto favorable porque los propios, el propio portavoz del Grupo Socialista nos lo ha pedido; pag. 384

ha pedido un voto progresista, y si queremos ser progresistas, pensamos que debemos de votar en contra de los Presupuestos de la Junta y a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto; y no por empecinamiento ni por sistema de oponernos, ni por visceralismo, simplemente por un profundo sentimiento de responsabilidad ante los ciudadanos castellano-leoneses, a quienes tenemos la obligación de representar y de defender. Y que no se nos diga, si es que prosperase la enmienda a la totalidad, que la responsabilidad puede ser de estos Grupos que las han presentado, porque si alguna responsabilidad hay que buscar en el retraso en la aprobación de los Presupuestos, yo comenzaría por la Junta.

Si hubiese presentado los Presupuestos en su momento oportuno, antes de haber finalizado el ejercicio, y este debate se hubiese realizado durante el invierno, quizá ahora en la primavera hubiésemos encontrado algún fruto o alguna floración; pero, en este momento en el que ya casi vamos a entrar en el solsticio de verano, me temo que la aprobación de los Presupuestos, cuando tenga lugar, va a tener que sufrir los perniciosos efectos del signo de cáncer cuando se aprueben. Muchas gracias.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se va a proceder a la votación de la Enmienda a la Totalidad de los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para mil novecientos ochenta y cuatro, presentada por el Grupo Mixto. Y vamos a proceder a esa votación utilizando el procedimiento habitual y ordinario.

Pónganse en pie, por favor, quienes voten a favor de la enmienda. Siéntense, por favor. Votos en contra. Abstenciones.

El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor de la enmienda: treinta y ocho. Votos en contra: cuarenta y uno. Abstenciones: una.

En consecuencia, queda rechazada la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Mixto.

Se procede al debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Señor Presidente, señores Consejeros, Señorías. Antes de empezar a leer el parlamento que traigo preparado, tengo que aclarar de que, porque ya llevamos un buen rato de debates con relación al Presupuesto, algunos de los conceptos puede que se repitan aquí, pero no por eso vamos a dejar de decirlo, porque creemos que, efectivamente, cada Grupo debe manifestar sus posturas con el mayor énfasis posible porque estamos en un momento de mucha trascendencia para nuestra Comunidad. No en vano, después de un Presupuesto de transición, nos cumple estudiar y debatir y, en su caso -y ojalá-, devolver al Gobierno los presupuestos Generales de nuestra Comunidad para el año ochenta y cuatro. Y no voy a negar que técnicamente los Presupuestos hayan mejorado; pero, sin ánimo de polemizar, hay que destacar un dato objetivo que no admite discusión: los presupuestos no sólo se han presentado fuera de plazo, sino que, evidentemente, se presentan con excesivo retraso. Y hacemos esta información fundamentalmente por los problemas que este retraso -y esto lo sabe la Junta-, ha ocasionado a la buena marcha de la Administración y al administrado al que todos nosotros representamos aquí. Y con el administrado no valen los argumentos, tantas veces repetidos, de lo complejo de las transferencias, ni que tenga más culpa la Administración Central que la Junta de este evidente retraso; lo que cuenta y debe contar para nosotros y para el pueblo soberano, en definitiva, es el cumplimiento de la norma y la eficacia en la Administración.

Hechas estas consideraciones previas, entremos en el objeto del debate. Resulta lamentable que, a pesar de la ostentación de medios de que a veces hace gala la Junta, nos hayamos encontrado los Procuradores con la necesidad de fotocopiar estos voluminosos presupuestos, con una pérdida de tiempo preciosa. Podría pensarse que, a pesar de la prórroga del plazo de enmiendas, la Junta ha montado su estrategia de cara a la pronta finalización del período de Sesiones, para que los Presupuestos sean aprobados inapelablemente antes de Julio. Cualquier observador imparcial así lo pensaría, a buen seguro.

El estudio y la profundización en el Presupuesto requiere análisis y sobre todo información de todo tipo, que en este plazo, a pesar de la comparecencia de todos los Consejeros, y algunos dando detalles muy concretos de su Presupuesto, es imposible recoger. Por ello, la necesidad que tiene la Región de los Presupuestos no debe ser óbice para que se estudien en profundidad, se discutan y se modifiquen en lo que sea menester.

Y ahora vayamos a la cuestión. Y a este respecto quiero traer una anécdota que me acaban de contar de un conocido profesor de Economía que se hizo economista -dijo- porque un día, leyendo un libro de Economía, se dio cuenta de que, técnicamente, y con palabras rimbombantes, se le explicaban en él los conceptos y datos que su madre necesitaba para administrar su economía doméstica, y perdonen la redundancia. Aquí nos está pasando al revés: se nos están dando palabras rimbombantes y se nos trata de convencer de algo que es completamente diferente a la economía del ama de casa, que yo creo que debe ser la economía que debería regir los Presupuestos: administrar bien unos medios escasos.

Hemos estudiado el Presupuesto, y lamentándolo, con independencia de las enmiendas parciales al articulado

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y a las secciones que presenta nuestro Grupo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio por favor.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO: ...

. y que son setenta y ocho en total, nos hemos visto obligados a presentar Enmienda a la Totalidad. Y no es una maniobra dilatoria, Señorías, sino que cabalmente el Presupuesto no nos permite hacer otra cosa. Veamos por qué (lo decimos en la Enmienda a la Totalidad, que no voy a repetir porque la conocen Sus Señorías): el presupuesto es el instrumento básico de la política económica y social de cualquier Comunidad y, por tanto, de la nuestra. La norma básica que debe inspirar esos principios es el Estatuto, complementado con la LOFCA, la Ley del Fondo, y la Ley de Presupuestos del Estado. Destaquemos los cinco puntos fundamentales que para nuestra Región mandatan estas normas. Primero: consecución del pleno empleo. Segundo: aprovechamiento y potenciación de los recursos. Tercero: aumento de la calidad de vida. Cuatro: solidaridad intrarregional, con atención prioritaria al desarrollo de las provincias y zonas más deprimidas. Cinco: desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la Agricultura y Ganadería.

Los instrumentos para conseguir los objetivos que constituyen los principios enunciados son los siguientes: Fondo de Compensación Regional, Plan de Desarrollo Regional. Esto no lo afirma nuestro Grupo, sino nuestras Leyes, Señorías; y nosotros, precisamente, somos los más obligados a cumplirlas.

Sentados en estos supuestos, demos un rápido repaso al Proyecto de Ley. Comencemos por el estado de ingresos. En el capítulo III: 856 millones; en el capítulo IV (del que destaco la participación en los ingresos del Estado: 9.428 millones), total del capítulo IV: 19.918 millones; capítulo V, ingresos patrimoniales, etcétera: 275 millones. Total operaciones corrientes: 21.049 millones. Capítulo VII, transferencias de capital, en total: 13.987 millones; capítulo VIII, remanente de tesorería: 480 millones; capítulo IX, Deuda Pública: 1.468 millones. Total operaciones de capital: 15.936 millones. Total general de ingresos: 36.986 millones. Perdonen sus Señorías si me permito leer estas cifras, creo que es necesario retenerlas para bien, para darnos cuenta de la trascendencia de este Proyecto de Ley; pues bien, Señorías, en las operaciones corrientes, que ascienden a 21.049 millones, las partidas correspondientes a tasas, funcionamiento de las instituciones, intereses, efecto financiero de la participación en los ingresos del Estado y el exceso favorable a nuestra Comunidad en la valoración de las transferencias, cifras que no tienen su contrapartida en el gasto del servicio, bien podrían significar una reducción en el capítulo de gastos, de más de mil millones de pesetas, que haría innecesario el recurso a la emisión de Deuda Pública.

Pero vayamos ahora a los gastos, y, de éstos, al total de las operaciones corrientes, que ascienden a la cifra de 19.524 millones de pesetas. Señorías, qué gran ocasión perdida. Un Gobierno que se encuentra con una organización administrativa apenas iniciada, lo lógico es que hubiera ido, paso a paso, adaptando a la Administración a las competencias asumidas y, sobre todo, utilizando en todo caso los funcionarios transferidos; pero aquí se actúa al revés: primero se monta el aparato y después se van asumiendo competencias. Señorías, qué falta de sentido de Estado y de Región. Observen que el organigrama de la Junta comprende nueve Consejerías y cincuenta y dos Direcciones Generales y Gabinetes, y todavía estamos en pleno proceso de transferencias. ¿Cómo acabaremos? Por eso no es de extrañar que los gastos de personal asciendan a la muy considerable cifra de 12.868 millones de pesetas, que supone el 33 por 100 del Presupuesto; ni tampoco nos sorprende, vistas así las cosas, que el total de las operaciones corrientes se lleve el 53 por 100 del Presupuesto, mientras que para inversión sólo va el 47 por 100. Porque, Señorías, vayan tomando buena nota de que los funcionarios de la Comunidad, según datos del Presupuesto, son 9.053, es decir 674 más de los facilitados por el señor Consejero de Presidencia en Comisión, referidos a treinta de Abril; lo que supone un exceso presupuestario de más de mil millones de pesetas. He dicho mil millones, Señorías. ¿Con qué datos con quedamos? Como ven, por diferentes caminos hemos llegado a la misma conclusión. Y nos hablan de austeridad. Si las diferentes Consejerías renuncian a la contratación de al menos la mitad de los funcionarios previstos, comenzaríamos a entender el término. Así, con toda sinceridad, no lo entendemos. Por otro lado, la discriminación, la discriminación por el costo y las percepciones en el colectivo a favor de ciertos funcionarios de élite es evidente. Veamos un dato: la media anual de ingresos por funcionario en Presidencia, por ejemplo, es de 2.147.000 pesetas; de 1.924.000 en Interior, frente a 1.100 en Bienestar Social. Nos consta, a la vista de las asignaciones de muchos cargos, que personal contratado por la Junta sin pruebas objetivas de ningún tipo puede, en algunos casos, tener ingresos superiores a las de un catedrático con diez años de servicio, o de un abogado del Estado, o funcionarios de la Administración Central.

Pasemos a examinar la distribución de los recursos totales que gastará la Comunidad en las diferentes provincias. Y aquí nos encontramos con un nuevo dato que merece la pena resaltar: el 30 por 100 del Presupuesto está sin provincializar; ello quiere decir que los gastos de administración de los servicios centrales, más las inversiones, cuya asignación provincial depende de la Junta, ascienden a la respetable cantidad de 10.941 millones. Y no es que seamos desconfiados, señores de la Junta, pero no creemos que sea bueno dejar en manos de los señores Consejeros tanto dinero sin distribuir; porque, claro, no podrán evitar

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sus compromisos en muchos casos o, al menos, les puede costar mucho trabajo evitarlos. Y eso, Señorías, se presta a la discrecionalidad en la distribución. Y cito ejemplos: Agricultura tiene 2.128 millones para inversiones sin provincializar; Industria: 1.428 millones; Obras Públicas: 1.088 millones, y Transportes: 501 millones. Se preguntarán Sus Señorías ¿y qué pasa con lo provincializado? Pues, miren ustedes, aún peor; el agravio comparativo no resiste el más leve análisis en la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. Por ejemplo, en la Consejería de Obras Públicas, en las Direcciones Generales de Obras Públicas e Infraestructura y de la Vivienda, las inversiones son 7.176 millones, asignando para Zamora, que es la última (será por lo del Abecedario, señor Madrid) 332 millones, y para las dos punteras: 1.548 y 914 (evito decir los nombres de las provincias para que ningún Procurador se moleste, pero Sus Señorías pueden comprobarlo fácilmente). La diferencia entre la primera y la última es de 1.215 millones de pesetas. Ahí es nada; pero volvamos al capítulo de gastos, que denota una política funcionarial inadecuada, con excesivo número de altos cargos, con personal contratado sin objetividad en la selección y donde, además, abundan los gastos del promoción y estudio, los gastos reservados, las campañas institucionales, etcétera, etcétera. Citaré tres Consejerías: Educación y Cultura, para estos conceptos, destina 458 millones; Bienestar Social: 237 millones; Presidencia, para transportes y comunicaciones: 90 millones (un día un periódico de difusión nacional habló de la idea de comprarse un helicóptero para la Presidencia ¿tal vez van aquí destinados estos 90 millones?); atenciones sociales, gastos reservados, y diversos: 63 millones; reuniones, conferencias, gastos de promoción: 79 millones; mobiliario: 58 millones. Estas parecen las cuentas del gran capitán, ya saben Sus Señorías: picos, palas y azadones. Sumo todos estos conceptos: 985 millones. ¿Dónde está la austeridad, señores de la Junta, sobre todo en los momentos actuales de aguda crisis económica? ¿Se han molestado en repasar en el Diccionario el significado de esta palabra? Ahora veremos algunas partidas del capítulo IV, transferencias corrientes. Tres ejemplos solamente; la única cantidad transferida a Universidades para estudios es la de seis millones a la de Valladolid, que hace la Consejería de Hacienda (bien por su Consejero); sin embargo, son cuantiosas las asignaciones para estudios, para estudios, etcétera. ¿Para qué queremos las Universidades? Y, por otro lado, ¿qué pasa con Salamanca, León, que también son ciudades universitarias, y no cito otras, que también las hay?

En Presidencia, sin embargo, hay quince millones para Secretaría del Presidente, que no se explica a qué van a ser destinados; y en Industria, Dirección General de Trabajo, se asigna una subvención para Centrales Sindicales representativas -dejo la lectura de esta palabra para ustedes, Señorías- de 20 millones, y omito cualquier comentario.

Los capítulos VI y VII, de inversiones, nos recuerdan la vieja concepción del Estado del Bienestar, que pretende atender todas las necesidades sin satisfacer del todo a ninguna por falta de racionalidad en la asignación del gasto. Hay partidas para todos los gustos y serán objeto de discusión en Ponencia y Comisión, por lo que no entramos a mencionarlas. Y no nos hablen del efecto multiplicador de las inversiones de la Junta; yo no soy economista pero, en definitiva, lo único que tienen es un efecto sumador, porque no multiplica sino simplemente son dineros añadidos a unas inversiones, por ejemplo de planes provinciales, que lo que van a hacer es permitir, exactamente, la suma de la inversión que aporta la Junta, pero nada más. Sin embargo, se observan carencias fundamentales, en especial con relación a la industria y a la agricultura. Aquí está el principio de desarrollo de todos los sectores económicos del que habla el Estatuto; la locomotora que pondría en marcha el tren de la solidaridad, el tren del aprovechamiento de todos los recursos. El señor Presidente de la Junta, en su largo Parlamento del 8 de Marzo ante esta Cámara, hablando de los problemas de nuestra industria, afirmó: nunca como ahora contamos con una Administración volcada a resolverlos, con una perspectiva regional comprometida con el desarrollo de nuestra Comunidad, y, con relación a la Agricultura -cito textualmente sus palabras- mi Gobierno tiende a actuar en cuatro frentes: reducción de costes de producción, incremento de la productividad y calidad de los productos, política de comercialización y transformación de productos agrarios y mejora del ecosistema regional. Y el señor Consejero de Economía, en otra ocasión, afirmó: la reestructuración del sector agrario, el impulso del sector industrial y la imbricación de ambos son las medidas claves para conseguir un desarrollo equilibrado; otra estrategia conduciría al fracaso. Pero, hay más: el mandato de las propias Cortes, en sus resoluciones del ocho de Marzo, aprobadas por unanimidad, y que no repito porque ya han sido citadas aquí.

Esto, en el terreno de las palabras; pero, vayamos a los hechos del Presupuesto, porque "obras son amores". La Consejería de Industria y Energía, de un Presupuesto de 2.287 millones, dedica a empresas artesanas y PYMES un total de 114 millones de pesetas (ya sé que no estará de acuerdo con esta afirmación el señor Consejero de Industria, pero lo cierto es que otras partidas que dedica a inversión van fundamentalmente a empresas cooperativas y otra serie de conceptos donde puede quedar difuminada la auténtica dedicación a las PYMES). ¿Es esto apoyo a la industria? Evidentemente, no; pues la partida no representa ni el 0,30 del Presupuesto. Y ello a pesar de las tantas veces manifestada preocupación ante nuestro futuro ingreso en el Mercado Común.

Hablemos de la agricultura en la Comunidad Económica

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Europea. La CEE lleva una política de rentas a corto plazo, con ayuda financiera directa a los pequeños agricultores, y una política estructural a medio y largo plazo por medio del CEOTMA, del que destacamos, entre otras, la misión de orientación y financiación para operaciones de mejora de las estructuras agrícolas. Pues bien, con objetivos parecidos a los de nuestra Comunidad y los instrumentos mencionados, la productividad de la agricultura de la CEE ha aumentado, del sesenta y uno al setenta y uno, el 8,8 anual; la producción media de cereales supera los cuatro mil kilos hectárea; las rentas agrícolas aumentaron igual que las demás rentas y los precios son estables. ¿Podemos decir lo mismo nosotros este año ante la cosecha que se nos avecina? Y esto se ha conseguido a base de un gran esfuerzo financiero, según unos objetivos claros; pues, como sus Señorías saben, el Presupuesto agrícola se lleva la mayor parte de los fondos comunitarios, mientras que aquí no supone más que el 16 por 100 del total de la Comunidad.

La Consejería de Agricultura ha querido dotar presupuestariamente todos los conceptos referidos a agricultura, al hábitat rural, con un error total de planteamiento. Ya se dijo aquí, aludiendo a otros conceptos: sencillamente, se ha visto el árbol y se ha olvidado el bosque. Ante una agricultura tan potente y desarrollada como la de la CEE, en la que, si son ciertas todas las informaciones de prensa, estaremos dentro de poco más de año y medio, lamentablemente estamos perdiendo el tiempo, si no volcamos todos nuestros esfuerzos en reestructurar la empresa agraria para hacerla viable por su dimensión y productividad, y, para ello, se requiere voluntad política firme y medios económicos; todo lo demás será andar con paños calientes. Aquí sí que podríamos discutir un presupuesto extraordinario, a financiar con Deuda Pública, para ayudar a la pequeña empresa familiar agraria, recursos destinados a facilitar el acceso a la tierra a los agricultores jóvenes, aumento del tamaño de las explotaciones, adquisición de equipo, orientación de cultivos (recuerden Sus Señorías el problema de la remolacha en la cuenca del Duero), etcétera.

Pero, hay más y poderosas razones por las que nuestro Grupo ha presentado enmienda a la totalidad. Las facultades de transferir y modificar los créditos presupuestarios, que se reserva la Junta en el articulado de la Ley, son una clara ilusión de la facultad fiscalizadora de la cámara, de la que no podemos hacer dejación; la autorización a la Junta para elevar las tasas por prestación de servicios es una hábil maniobra para obviar la reserva de Ley precisa. Señor Consejero de Economía, le recuerdo sus palabras en Comisión, por las que prometió elevar un Proyecto de Ley a las Cortes para adecuar las tasas a la inflación. Déjelas en su cuantía en los Presupuestos y preséntenos, antes de los próximos, un Proyecto de Ley.

Hay que señalar, por último, que no se ha puesto en marcha ninguno de los instrumentos que señala el Estatuto y que, además, han sido repetidamente prometidos por la Junta, sin que ni siquiera se vea en los Presupuestos los primeros esbozos de tales instrumentos.

Plan Económico Regional, con los siguientes objetivos: diagnóstico económico, ya concluido (que nos ha dicho el Consejero de Hacienda y que no conocemos aún), Plan Cuatrienal de Inversiones, Fondo de Compensación Interterritorial, Fondo de Compensación Regional, problemas de incorporación a la CEE, Instituto de Desarrollo y Planificación de Castilla y León, del que no hemos vuelto a saber nada, Consejo Económico y Social, del que tampoco hemos vuelto a saber nada. Estos proyectos nos fueron comunicados en Comisión, hace más de seis meses; pero el asunto ha quedado en el baúl de los recuerdos. También nos fue manifestado que no se crearían a corto plazo nuevos tributos, y, efectivamente, no se ha hecho; pero en apariencia, porque ¿qué significa, a la postre, la emisión de Deuda Pública? Pues, lisa y llanamente, más fiscalidad; porque las transferencias están presupuestadas por el Estado y la amortización y pago de los intereses de la Deuda no los vamos a poder subvenir con ahorro de gastos corrientes; ello, lógicamente, obligará a la Comunidad a poner en marcha su propia fiscalidad, y ello es para asustarse, con la carga tan grande que ya suponen los impuestos del Estado y los municipales. Sinceramente creemos, como dirían nuestros paisanos, que no está el horno para bollos. Pues bien, todas estas consideraciones, Señorías, hemos de convenir en lo siguiente: este Presupuesto no postula la consecución del pleno empleo ni el aprovechamiento y potenciación de los recursos, ni el aumento de la calidad de vida en la Región. Un presupuesto en el que 30 por 100 de sus recursos globales no ha sido provincializado es claro que no persigue la solidaridad intrarregional ni presta atención prioritaria al desarrollo de las provincias y zonas más deprimidas, máxime si tenemos en cuenta que los gastos provincializados en las partidas más importantes, tanto de inversión como de gastos de personal y corrientes, se vierten fundamentalmente en las provincias más desarrolladas. Téngase en cuenta que de Zamora (otra vez me veo obligado a hablar de Zamora) a Valladolid, que son la última y primera, respectivamente, del nivel de renta, hay una diferencia de más del 50 por 100 en dicho nivel de renta. Un presupuesto que sólo tímidamente asigna recursos para la pequeña explotación familiar agraria, que necesita de un apoyo decidido, y que prácticamente se olvida de las PYMES, sustrato básico de nuestra economía regional, no cumple en absoluto, en nuestro criterio, con el principio consagrado en el Estatuto del desarrollo de todos los factores económicos y en particular de la agricultura y la ganadería.

No se ha consignado el Fondo de Compensación

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Regional ni se ha elaborado el programa de desarrollo regional, ni, evidentemente, es un Presupuesto austero.

Por último hay que objetar grandes reservas en cuanto a la transparencia del gasto. Créditos en la, perdón... Y en cuanto a su fiscalización por las Cortes, dadas las amplias facultades de transferencias y trasvases de créditos que el articulado de la Ley concede a la Junta. No hace un tratamiento equitativo de las retribuciones de los funcionarios. Y la emisión de Deuda, inoportuna a nuestro juicio, puede y debe evitarse reduciendo los gastos corrientes. Y, por último, y ya acabo Señorías, el Presupuesto -y esto es muy peligroso, se ha dicho aquí ya repetidamente, es muy peligroso para la buena marcha de la Comunidad-, consolida las Delegaciones Territoriales, innecesarias en la mayoría de los casos, vertebrando una organización político-administrativa paralela y no técnica. Esta Administración, la cual, en muchos casos, no prima la profesionalidad, sino la fidelidad a unas siglas, y lo decimos con tristeza. Por eso, señores Procuradores, pedimos su devolución a la Junta. Y como en estos días ha estrenado su primer Gobierno y Junio es un mes de exámenes, señores de la Junta, perdónennos, pero les damos un suspenso. Muchas gracias.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Castro Rabadán, para consumir un turno en contra.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Señor Presidente, Señorías. Quisiera comenzar intentando evitar el perjuicio que se quiere hacer a la presentación de los Presupuestos cuando se dice que se presentan con retraso, cuando todas Sus Señorías saben los motivos, ajenos a la Junta, motivos que vienen dados por una nueva formación del Estado de las Autonomías, por una nueva conformación del Estado, que no se hace por Decreto, sino que tiene unos plazos y unos ritmos. No obstante, si los Presupuestos de Castilla y León se presentan ahora, otras Comunidades mucho más importantes, que eligen sus Presidentes con apoyo de la oposición (por parte, aquí, me refiero al Grupo Popular), ni los han presentado, ni los van a presentar, ni van a intentar aprobarlos; éste es el caso de Cataluña: hace pocos días el Grupo Popular ha votado al señor Pujol y éste no va a presentar Presupuestos, y por eso no se sonrojan.

Quisiera analizar la enmienda 50 de, que presenta el Grupo Popular como enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta. En ella hay una serie de puntos específicos en los que se fijan, como la provincialización, la cuestión sobre la inversión a la pequeña y mediana empresa agrarias o empresas industriales, la austeridad y transparencia, el pleno empleo, el Fondo de Compensación y el PER, y el tema de las retribuciones de los funcionarios.

En cuanto a la provincialización, deberíamos decir que se ha hecho un esfuerzo enorme en llegar a territorializar el 70 por 100 del Presupuesto. Y es cierto que queda un 30. Hay 25 millones destinados específicamente a provincias determinadas, a inversiones determinadas en distintas provincias, y un 30 por 100 pendiente, lo cual no quiere decir que no vaya a estar dirigido a distintas provincias, y eso vamos a ver cómo. Quiero decir que el esfuerzo ha sido grande, porque es curioso que ninguna Comunidad lo ha hecho hasta ahora, y es la primera Comunidad de nuestro Estado de las Autonomías que lo hace; ni incluso el Estado lo ha hecho. El 30 por 100 no provincializado, pues a nadie le debe, debe llamarse a engaño; que es imposible territorializar todo el gasto de esta Comunidad, todas las inversiones, porque hay servicios horizontales que afectan a todas las provincias, y por tanto no podemos dirigir a esta provincia y agotar todo el Presupuesto en provincias cuando hay servicios comunes a las provincias, y cuando hay inversiones que no son de una provincia sólo, que van a ser de varias: carreteras, regadíos, etcétera. Luego, decir que no está hecha la provincialización de los Presupuestos es una falacia, es un engaño para el que quiera dejarse engañar.

Indudablemente, van a surgir otro tipo de inversiones en la marcha y en la gestión de la Junta, y que esas inversiones vendrán dadas, y hoy son desconocidas, por distintas prioridades en distintas provincias. Y todo debido a la rentabilidad económica que puedan suponer distintas inversiones, y también a la necesidad de generar esos principios que el Estatuto reconoce, siempre en base a ellos.

El Estado se ha comprometido, por la Orden del veintitrés de Abril del ochenta y cuatro, Ley de elaboración y estructura de los presupuestos para el ochenta y cinco, en territorializar todos los gastos; y, sin embargo, yo lo dije, Castilla y León ha sido pionera y ha empezado a hacerlo antes que nadie.

En cuanto a cómo se ha ido territorializando el gasto, podemos ver, si hacemos un cuadro con la documentación que nos han entregado, y vemos el efecto que produce el gasto en las distintas provincias, comparándolo con la renta per cápita, vemos que se produce un grado de cierta solidaridad. No quiero decir que sea toda la solidaridad hecha en un..., a través de unos Presupuestos, pero sí es cierto que si la renta per cápita de la Región hay provincias que pasan de la unidad tomando a la unidad como base, y pasa Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid, si están por encima esas provincias en la renta per cápita, si analizamos los gastos vemos -y a través de la territorialización que se ha hecho en ese setenta por ciento-, vemos que por encima de la media en el gasto están: Avila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.

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Y de todos es conocido que no son las provincias más ricas de esta Región. Luego sí se está incidiendo, a través de estos Presupuestos, en un cierto grado de flexibilización hacia la solidaridad, de conseguir un cierto equilibrio. Quedan por debajo: Burgos, León, Salamanca y Valladolid. No... sobran las comparaciones y se ve que las pequeñas provincias y las provincias más atrasadas salen beneficiosas en el total del gasto.

En cuanto a las inversiones en las pequeñas empresas, tanto agrarias, comerciales, como industriales, aquí se ha tratado denostar la posible inversión y la inversión real que va a hacer la Junta. En las empresas agrícolas, por transferencias de capital, vemos que hay una partida de 1.145 millones; 1.145 millones que suponen un 8 por 100 del total, de las que son beneficiarias únicas y directas las empresas agrarias. Que las empresas comerciales e industriales tienen una inversión de 1.150 millones como beneficiarias únicas y directas, es un 6,6 del total. Pero además, tanto unas empresas como otras, las agrícolas, las comerciales y las industriales, van a gozar, y gozan, indirectamente, del resto de las inversiones de las operaciones de capital. Y por otra parte, tenemos que ver que en el texto de la Ley -y aquí se ha obviado y no se ha dicho- la Junta comienza a intentar favorecer el crédito a las PYMES, y hay una partida de avales, de 600 millones, para, dirigidos a las pequeñas y medianas empresas. Y esto aquí no se ha dicho. Y consta en la Ley, consta en los Presupuestos.

Por otra parte, a nadie, nadie puede obviar, nadie puede olvidar que todo lo que la Junta invierte en esta Región no lo hace ninguna empresa pública; lo están haciendo a través, lo está haciendo a través de las pequeñas y medianas empresas que son nuestro motor en el desarrollo de la Región. Si vamos a la partida de Industria y la Consejería de Industria, vemos que va a invertir 2.287 millones, que es un 13,5 de la inversión total, tanto de inversión directa, como de transferencias de capital a instituciones, lo cual supone una inversión de 62,86 en la partida de esa Consejería, con un gasto corriente del 37 por 100. No creo que eso, que éstos sean índices que nos van a llevar al desastre ni a la suspensión de pagos de las empresas pequeñas y medianas, cuando toda esa inversión se va a hacer, y se hace, a través de las PYMES, de manera directa e indirecta, van dirigidas totalmente a éstas, a estas pequeñas empresas, y la creación de infraestructura favorece y van a ser ejecutadas por estas empresas, medianas empresas.

En cuanto a la austeridad y a la transparencia, decir que no hay informes por parte de la Junta, decir que no se conocen los Presupuestos, decir que ha habido que fotocopiarlos, a mí me parece, con perdón, banalidades que no vienen a cuento. A todos se nos han entregado, a todos los Grupos, una documentación suficiente, que son diez tomos, donde hay informes, memorias, presupuestos y anexos, donde hay cuatro agregados del gasto bidimensionales, y tres tridimensionales, y donde se informa claramente qué se va a gastar, qué se va a gestionar, dónde, cómo y para qué.

Por otra parte, yo he asistido a algunas reuniones de la Comisión de Economía y Hacienda con el resto de los Procuradores, tanto de la oposición, como del Grupo Socialista, y se ha informado absolutamente, clara y meridianamente, de todos los conceptos que se le han solicitado a los Consejeros en estos Presupuestos, e incluso han sido felicitados varios de ellos por la claridad y por la buena disposición en la información sobre la presentación de los Presupuestos, cómo iban a ser. Aquí hoy, como estamos en el Pleno, hay que denostarlos y decir todo lo contrario. No me parece serio.

Por otra parte, decir que hay trasvases en las partidas, que puede haber trasvases de crédito, la Ley lo reconoce clara y taxativamente en el artículo 5, y es una forma de flexibilizar la inversión para hacer más racionales las inversiones en los momentos puntuales que puedan surgir.

Y control por parte de las Cortes claro que lo hay, porque el artículo 5, claramente, y en otros, lo dice, hay informes trimestrales, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, de todos los posibles trasvases de créditos. Es un instrumento para poder gestionar mejor y no para dilapidar el dinero sin control ninguno. Podemos ver, en cuanto a austeridad y transparencia, qué ocurre en las Comunidades españolas, en distintas Comunidades. Si hacemos un análisis de doce: Madrid, Canarias, Valencia, Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla-León, Asturias, Extremadura, Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria, podemos ver que, en el ranking de austeridad, Castilla-León hace el puesto octavo, es decir, estamos por encima de la media en austeridad. Menos austeros son los gallegos, gastan más en funcionamiento, y menos austeros son los catalanes, que gastan muchísimo más, son los segundos. Y en cuanto a la inversión, la relación inversión-gastos de funcionamiento, resulta que somos los quintos en inversión. De doce Comunidades somos los quintos en inversión y los séptimos en gastos de funcionamiento. Luego, no están mal ajustados los Presupuestos de esta Región; si somos los quintos en inversión y están por debajo de nosotros Asturias, Canarias, Galicia, Cataluña, pues las cosas no están, no dejan de estar ajustadas en esta Región. Por lo tanto, hablar de que no hay austeridad porque no hay inversión es una falacia y un invento de los que no quieren hacer los números, y yo estoy dispuesto a dejarles los míos.

En cuanto a lo del pleno empleo, decir que en Castilla y León, a través de unos Presupuestos, se va a arreglar el pleno empleo, bueno, pues me parece que es legítimo decirlo por parte de la oposición, pero la

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oposición sabe que el pleno empleo no se arregla con los Presupuestos, porque es un problema nacional, que es un problema grave en este país, y que hay que ir poniendo, dando pequeños pasos para ir arreglándolo, pero no a través de unos Presupuestos. Y no se pueden denostar unos Presupuestos diciendo que no generan el pleno empleo y que por tanto no sirven para nada. Me imagino que, si esto fuese así, si fuese tan fácil a través del Presupuesto resolver el pleno empleo, pues sería como tener una varita mágica. Lo que sí es cierto es que se están poniendo en ello los pasos precisos, en la Dirección, de generar inversión, y antes he apuntado y he hablado de la inversión, para que esa inversión, dirigida específicamente a las pequeñas y medianas empresas, las empresas agrícolas, generen el empleo y generen la riqueza necesaria para poder seguir invirtiendo.

Por otra parte, en el capítulo VII, de transferencias de capital, va a tener, indudablemente que lo va a tener, un efecto multiplicador; porque si va a haber transferencias de capital y se van, esos cinco millones, esos cinco mil millones se van a poner a disposición de entidades, que van a poner su parte y su porcentaje en nuevas inversiones, eso se va a multiplicar automáticamente. Es bien fácil saber que eso puede llegar a triplicarse o cuadruplicarse, lo cual va a ser más inversión y un esfuerzo de la Junta, que, junto con instituciones y empresas, generen una nueva dinámica en el desarrollo industrial de esta Región.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Le quedan a Su Señoría cinco minutos.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Gracias. Queda poco ya.

En cuanto al Fondo de Compensación, bueno, hay una pregunta del señor Seisdedos al Pleno que contestará, imagino, el señor Consejero, entonces estaremos informados de este tema y esperaremos a ello; pero sí quiero decir que no, no es el único instrumento para la solidaridad el Fondo de Compensación Regional, que es un, es un mecanismo más de información para la buena elaboración presupuestaria y que es el Presupuesto el que debe de contener los argumentos y la materialización de la política de solidaridad, como dijimos antes. Por otra parte, el Estatuto no obliga, como dice la moción, la enmienda del Grupo Popular, no obliga taxativamente a hacer el Fondo, sino habla de que se podrá realizar un Fondo.

En cuanto al PER, habla de la enmienda del Grupo Popular, cita un porcentaje del 8 por 100 en la incidencia del Fondo de Compensación Interregional del Estado para poder obligarnos a hacer un PER. No es cierto. Están mal informados. Eso lo decía el anteproyecto del Fondo; el Proyecto de Ley, la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial obliga a las Comunidades a que hagan un PER, y no venimos obligados porque superemos o no superemos el 8 por 100.

Por otra parte, ninguna Comunidad ha hecho el PER; sólo Andalucía, y Aragón que lo tiene en trámite. Casualmente las dos son Comunidades regentadas por gobiernos socialistas. Yo creo que es una salida de tono decir que no se pueden hacer los Presupuestos porque no hay planificación, porque no hay un PER; pero, por otra parte, por otra parte, me parece necesario el PER que es el que puede dar un sentido y dar una visión general de la planificación en esta Región y me congratulo que esté tan preocupado el Grupo Popular por la necesidad de planificación de la Economía en esta Región. Nosotros aplaudimos ese gesto. Si ellos están por esa labor, nosotros estamos más, ya lo conoce. Y viva la planificación, venga de donde venga, si es justa y es positiva para esta Región. Yo creo que cuando se presente el Plan, por parte del Consejero de Economía y Hacienda, tengamos que aplaudir todos juntos, porque estamos, parece ser, de acuerdo en la planificación económica.

En cuanto a la retribución de los funcionarios, bueno, no sé qué quiere decir la enmienda al final, porque habla de la retribución de los funcionarios, sin especificar si les parece bien o les parece mal; lo que sí es cierto es que la retribución de los funcionarios está hecha de acuerdo con la Ley de Presupuestos nacional y con el Real Decreto 210/84, absolutamente calcado, está calcado, concepto y cuantías, al céntimo (viene perfectamente desarrollado en la memoria en las páginas 14 a 21). No sé si pretende el Grupo Popular que se suban los salarios o que se bajen los salarios a los funcionarios; me parece que cualquiera de las dos medidas sería, o demagógica, o ilegal.

Para terminar, quiero decir que este turno en contra de la enmienda para la devolución, y expreso mi opinión que sería negativo para la Región aplazar la tramitación del Presupuesto. Confío, y así lo espero, que el sentido de responsabilidad de los Procuradores, al margen del lugar de donde se sienten en este Parlamento, y que sin duda alguna por mi parte están por el beneficio de la Región, tanto y así mismo como por el progreso y el cambio cultural económico y social, apoyen con generosidad política a los futuros presupuestos y obvien esta enmienda a la totalidad dejándola aparcada y definitivamente rechazada para que a través del debate de los presupuestos en las enmiendas parciales, ahí sí podamos llegar a acuerdos y podamos llegar a soluciones para el bien de nuestra Región.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

El señor Consejero de Economía tiene la palabra.

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EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores. Si bien el portavoz del Grupo Socialista ha contestado -a mi juicio, certera y brillantemente- a las observaciones que el señor Carbajo había planteado a estos Presupuestos, entiendo que de todas las formas no es, no sobra mi intervención en estos momentos porque podría precisar (vamos, si se quiere añadir) algún dato más a los argumentos centrales que el portavoz del Grupo Socialista tan certeramente ha expuesto.

Yo no querría, no querría entrar de nuevo en la dinámica de la polémica sin fin del retraso de los presupuestos, se han dado todos y cada uno de los argumentos del porqué, se ha dicho qué Comunidades no los tienen, qué Comunidades no los pueden tener, como en Cataluña, porque no se ha fijado el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, hasta el mes de Marzo en concreto. El señor Carbajo estuvo presente en la Comisión Mixta, donde votó -él también, porque se votó por unanimidad- el porcentaje de participación de la Comunidad en los ingresos del Estado que no provengan de tributos cedibles, y se votó el veintitrés de Marzo, y solamente cuando se supo el porcentaje de participación se pudo determinar la participación global de la Comunidad en los ingresos del Estado, es decir, con posibilidad veintitrés de Marzo. Y comunidades ha habido, repito, que precisamente por no tener este dato, no han podido efectuar correctamente, realizar correctamente los Presupuestos. Zánjese, por favor, esta cuestión, porque es que también jurídicamente podemos referirnos, como he dicho ya en el discurso, a mecanismos legales previstos en nuestro Estatuto que permiten que los Presupuestos sean prorrogados. Lo permite nuestro Estatuto. Y, repito, antes prorrogar algo que hacer algo muy mal. Y recuerdo, además, señor Carbajo, que el veintiséis de Marzo se reunió, con posterioridad al veintitrés el Consejo de Política Fiscal y Financiera precisamente para aprobar los elementos centrales de la Ley de Participación, del proyecto de Ley de Participación que elevaría el Gobierno al Congreso y que en estos momentos está en trámite de discusión todavía; pero ya en el Consejo de Política Fiscal, conjuntamente, se ratificaron todos los porcentajes y todas las participaciones de todas las Comunidades, independientemente de que en estos momentos haya incluso dudas que pueden generar incluso problemas en nuestros Presupuestos.

Punto Primero: el tema del pleno empleo. Aquí podemos ser siempre muy rigurosos o también muy ambiguos. A mí me parece que hay una evidente desproporción entre el razonamiento y las conclusiones; es decir, que no se postula la consecución del pleno empleo, ni el aprovechamiento de recursos, por una serie de razonamientos que me parecen, cuando menos, dudosos. Y le voy a decir por qué. Cuando se hacen análisis de los gastos corrientes no se puede, sin más, homogéneamente, sumar los gastos del capítulo I y II a las transferencias corrientes, sin más; tenga en cuenta que en las transferencias corrientes se incluye el FONAS, donde la Junta precisamente no es más que un mero gestor. Luego podríamos -en puridad económica, que no técnica, de cara a los Presupuestos- eliminar esa parte del FONAS, y en ese momento disminuiría el porcentaje de los gastos corrientes en relación al resto del Presupuesto. Argumento central, repito: la Junta es mero gestor, transmisor, una corriente de transmisión económica de unas cantidades que se acercan a 4.000 millones de pesetas.

Segundo. Hay que también ver, como se ha dicho en su momento, cómo han crecido los gastos corrientes ochenta y cuatro sobre ochenta y tres, y cómo han crecido los gastos de capital, ochenta y cuatro-ochenta y tres. Ya lo he expuesto suficientemente en términos porcentuales.

Tercero. Hay que recordar algo clave: que nosotros tenemos la obligación (y cuando digo nosotros, no solamente la Junta y el Gobierno, sino también estas mismas Cortes) de mantener el nivel de prestación de los servicios transferidos. Hasta tal punto esto es así que, cuando por parte, incluso, del Gobierno de la Nación se juzgue que un servicio transferido no se gestiona adecuadamente, puede revertir de nuevo a la Administración Central; es decir, hay gastos inamovibles en los capítulos I y II (he hecho ya la excepción del tema del FONAS). Y no solamente es esto, y por esto no se puede muchas veces reducir el gasto corriente para posibilitar el correcto, repito, funcionamiento de las transferencias y para evitar reducir la prestación mínima de un servicio, porque son transferencias finalistas, no las podemos modificar, vienen así en los Decretos; pero es que, además, en la primera etapa de cualquier transferencia todos sabemos que se necesita, precisamente, más cantidades para el capítulo I y II que en etapas futuras y sucesivas; es decir, hay que sentar las bases mínimas de la prestación de los servicios, sobre todo en servicios centrales, donde todos ustedes saben no han sido valorados todavía correctamente los gastos de los servicios centrales ni los interdepartamentales que no han sido todavía detectados por parte de la Administración Central, con lo cual nos vemos obligados nosotros a añadir cantidades que no nos han sido transferidas.

En definitiva, baste recordar que, mientras los gastos de funcionamiento se multiplican por nueve en estos presupuestos, las operaciones de capital lo hacen por veinte, y, dentro de éstas, las inversiones reales por cuarenta y dos; a la vez que esta Comunidad es una de las pocas Administraciones Públicas con tasa de ahorro positiva (tal como expliqué lo de la tasa de ahorro), con un 2 por 100, cuando los tres últimos ejercicios de los Presupuestos del Estado hay

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tasa de ahorro negativa. Paso, por lo tanto, a mi juicio, cualitativamente importante.

Que no se persigue la solidaridad interregional. Bien. Unas veces se dice que se desprovincializa mal; otras veces que poco, etcétera. Vamos a ver si nos entendemos. Cuando nosotros hemos decidido provincializar el gasto, y lo hemos hecho solamente hasta el 70 por 100, ello ha sido debido a las siguientes razones: en primer lugar, porque hay partidas de gastos adscritos a servicios horizontales y, por ende, a toda la Comunidad, y no puede provincializarse. Segundo, porque hay partidas y proyectos de inversión que afectan conjuntamente a varias provincias, no a todas las provincias, ni a una sola provincia (y esto en los Presupuestos Generales del Estado, si los ven, verán partidas en las inversiones que dicen: "varias provincias"). Tercero, porque hay partidas de inversión que, por su propia naturaleza -por ejemplo, las subvenciones a empresas privadas- dependen de la demanda de los agentes y no pueden provincializarse a priori (véanse las subvenciones de IRESCO, por ejemplo). Seguro, Señorías, que el conocer a priori ya el destino territorial del 70 por 100 de gastos supone hoy un esfuerzo de previsión muy fuerte, incluso muy arriesgado, y le recuerdo que en estos puntos somos pioneros, y también esto se ha de tener en cuenta: ninguna Comunidad Autónoma presenta esta información, y la de la Administración Central lo ha previsto para mil novecientos ochenta y cinco.

Podríamos hacer, repito, un análisis ahora de, sin embargo, el elemento solidaridad intrarregional dentro de los Presupuestos. Ya he dicho que es peligroso, porque hay partidas que no se pueden provincializar y tienen destino provincial porque hay una demanda exógena que va a generar después una afectación provincial de determinadas partidas que ahora lo desconocemos y que después va a modificar las cifras de comparación, si lo hacemos ahora, estamos, tal vez, haciendo un falso análisis. Hay que ser muy delicados en el tema.

De todas formas, la simple comprobación de las cifras globales de gastos por provincias, la simple comprobación en este sentido por burda es incorrecta, es decir, no considera una serie de elementos claves a incluir en el análisis: en primer lugar, en cuanto al gasto corriente, la provincialización indica el coste del servicio en cada área, costes que fundamentalmente es el transferido. En segundo lugar, porque muchos servicios, para su nuevo funcionamiento, requieren de una dotación mínima independiente (de si la provincia esté menos poblada también, o más o menos desarrollada). En tercer lugar porque en muchos servicios se produce la lógica aritmética entre gastos corrientes y de inversión, que significa lo siguiente: que, por ejemplo, este año hay muchos gastos corrientes porque en años precedentes ha habido mucha inversión, y es necesario gastos corrientes para mantener esa inversión; es decir, esa lógica aritmética hay que tenerla en cuenta. No se puede, por lo tanto, analizar meras cifras, si no se hace un desglose de las mismas, y un desglose con una secuencia histórica, al menos de los diez últimos años, para poder dar sentido y encontrar el sentido de cada una de las aplicaciones. Por ejemplo: una provincia en la que por acciones de época pasadas se produjeran fuertes gastos de inversión para mejorar cualquier servicio, en el período actual requerirá un mayor gasto corriente para mantenerlo y menos gastos de inversión, dadas las menores necesidades. Elemental, obvio. En cuarto porque, como indiqué ya en el discurso, una parte importante de nuestras inversiones son proyectos en curso o transferencias de capital finalistas, que conjuntamente suponen 9.112 millones de pesetas, el 52 de nuestras operaciones de capital, y que en su momento se proyectaron sin tener en cuenta -por parte de la Administración, porque han sido transferencias finalistas, repito- el criterio de la territorialidad de las provincias: vienen afectadas ya por decisiones de la propia Administración (por ejemplo, las inversiones de reposición). Y en quinto, como muestra el esfuerzo realizado por la Junta, y pese a restricciones anteriores, los ratios que se pueden obtener -y los puedo dar, y los puedo exponer en su momento- manifiestan cómo, en términos relativos, en las provincias menos desarrolladas la inversión es mayor; y, sobre todo, no se pueden hacer comparaciones en términos absolutos, repito, entre las provincias, porque no todas las provincias son iguales. Hay que ceñirse, por lo tanto, a algo más: hay que hacer ponderaciones, hay que saber el contexto histórico. En definitiva, lo que sí que puedo asegurar es que en todas las provincias menos desarrolladas el ratio operaciones de capital-renta provincial, por ejemplo, uno de los elementos de la ponderación, indicador del efecto de las inversiones de la Junta en la renta provincial, este ratio es superior a la media, con puntos extremos en Valladolid: 0,75 y Soria: 3,44.

Y después, no les voy a cansar, Señorías, pero sí sería ilustrativo hacer un análisis provincia por provincia, ratios, y en general podemos observar que las provincias con peores indicadores de renta per cápita (92 Soria de la media regional; 93 por 100 Avila; 93 por 100 Soria, de la media regional; y 80 por 100 Soria, de la media regional) reciben una asignación de gasto público de la Comunidad por encima de la media. Así, sobre cien (media), Avila recibe 129, Segovia 155, Soria 206, y Zamora 101. Podemos, y repito, analizar más y más estas cifras; pero hay que relativizarlas, no las podemos absolutizar. Por eso me da, incluso, no quería dar estos datos, ofrecer estos datos, porque, repito, hay que introducir elementos ajenos al mero cálculo absoluto.

Y termino diciendo que, bueno... no se cumple el principio de desarrollo de todos los factores económicos

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y, en particular, la agricultura y la ganadería, se decía por parte de Su Señoría el señor Carbajo. Muy en resumen: a empresas, se puede detectar, se destinan ya, de forma explícita, sin saber todavía en muchos casos -porque no se conoce la demanda- el destino (repito que este argumento también hay que utilizarle), ni el nivel de demanda, se destinan en estos presupuestos 2.542 millones de pesetas en transferencias de capital, es decir, el 14,7 del total de operaciones de capital, para subsidiación de intereses y subvenciones de capital, algunos de los cuales, al instrumentarse mediante convenios, que también se prevén, con instituciones financieras, permitirá multiplicar y abaratar la financiación de las empresas castellano-leonesas. Y por otra parte, de la cifra anterior, de estos 2.542 millones de pesetas, más de la mitad (1.445 millones) se destinan a empresas agrarias, y 1.042 millones a pequeñas y medianas empresas. Y a las cifras anteriores hay que considerar, hay que consignar, hay que añadir 114 millones en adquisición de acciones en Sociedades de Garantía Recíproca, en SODICAL, etcétera, más los 600 millones en avales previstos para la pequeña y mediana empresa, con el efecto multiplicador que sí que tienen los avales, por ejemplo en papel descuento, en papel comercial. Podíamos continuar en este sentido, pero sí le quisiera decir que además hay otras partidas que, de forma indirecta, inciden en el sector privado. Estas inciden de forma directa. En materia, en concreto, de iniciativa privada, no se concluye con el hecho de que la Junta dedique este 15 por 100, 15 por 100 de sus operaciones de capital, directamente a las empresas privadas, porque muchas partidas consignadas en el capítulo VI, inversiones reales, tienen como finalidad exclusiva el apoyo directo a sectores empresariales privados. En el caso concreto de Agricultura, Ganadería y Montes, se dedica el 18, perdón el 16,8 del total de inversiones, que hay que añadir por lo tanto al otro montante, y eso sin estar transferido aún IRYDA e ICONA, que, como sus Señorías saben, son los organismos inversores por excelencia en esta materia en nuestra Región.

Ha contestado suficientemente ya el portavoz del Grupo Socialista sobre que no se ha constituido el Fondo de Compensación Regional ni se ha elaborado el Programa de Desarrollo Regional. Por favor, no se puede argumentar la no constitución del Fondo para rechazar los presupuestos, ni tampoco la no elaboración del PER, porque, en definitiva, lo que estábamos es sugiriendo: retrasemos aún más los presupuestos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría vaya dando fin a su intervención.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Pero, de todas formas, sí que quiero aclarar una cosa para no reincidir más veces en ella: se prevé en nuestro Estatuto la constitución del Fondo de Compensación Regional, pero tiene carácter potestativo nuestra Comunidad al respecto. En nuestro Estatuto se dice: "podrá constituirse", es decir no hay un mandato imperativo. En todo caso, el mandato imperativo deriva y deviene de nuestro compromiso político, en el momento en que el Presidente hizo ese compromiso político ante la Cámara; pero, bien se dijo que sería para final de año, tanto el PER como el Fondo. De todas formas es una legislación sumamente delicada como para que no quememos etapas rápidamente y caigamos después en alguna estructura de la que nos tengamos inmediatamente que arrepentir; y a esto añadir lo que había dicho el compañero antes de que ninguna Región, más que dos, tienen ya el PER hecho; aparte de que tampoco se obliga -y es el tema al que también se ha referido- en la actual Ley, a aquellas Comunidades que tengan más del 8, se refería el anexo en su..., no lo tenían en cuenta en la Ley actual, sino a todas las Comunidades.

Y luego yo ya he contestado suficientemente, o, mejor dicho, me he adelantado, en el discurso de presentación, a dar reservas en cuanto a austeridad -y con esto concluyo, señor Presidente- trasparencia, fiscalización y tratamiento equitativo de funcionarios. He dicho todo lo que creía que se podría decir y le aseguro una cosa, ahora podría en todo caso repetir, no lo quiero hacer; pero analice, analice la transparencia (en términos nunca absolutos, siempre relativos, comparativos) la transparencia de nuestros presupuestos, a qué nivel podemos llegar de transparencia, y la transparencia de cualquier otro presupuesto de cualquier otra Comunidad, y la del Estado incluso. Y ésta la hemos conseguido, con trabajos técnicos, al cabo de menos de un año.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Procuradores. Yo diría que a mí esto no me gusta nada en absoluto, y diría que, a través de cada uno de los minutos de esta ya larga tarde de debate parlamentario, me ha ido gustando cada vez menos el presupuesto que tenemos delante de nosotros.

Partí de momento con este criterio, en el que llevaba escasamente hora y media delante del presupuesto tratando de entenderle, de digerirle y de calar en el fondo del mismo, para poder formar un juicio que pudiera ser modificable y que no lo ha sido.

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Y digo que no lo ha sido, porque, a medida que he ido profundizando más y más en él, me he ido encontrando con un Presupuesto que estaba falto de muchas cosas y muy sobrado, demasiado sobrado, de otras muchas. Me he ido encontrando con un presupuesto que yo encontraba politizado, me he encontrado con un presupuesto que resultaba socializante y me he encontrado con un presupuesto en el que había muchas definiciones que faltaban. No hay la transparencia en el presupuesto que se nos ha dicho y que se nos quiere hacer creer. Esta transparencia en el presupuesto falta porque sobran términos genéricos, sobran términos como el de los gastos generales o el de los gastos diversos, que no sabemos nunca dónde van a ir a dar. Sobran términos que, en los que, cuando se define cuál es la provincia de término, lo que no se sabe es cuál es el ente territorial de destino. Y como además tenemos -y desgraciadamente- y la experiencia de un año, que ha transcurrido ya, una experiencia larga y, yo diría, triste y amarga -porque nos ha dejado muy mal sabor de boca- en la administración de fondos de la Región, tenemos que desconfiar de un presupuesto que se nos presente en estos términos. El señor Consejero nos ha dicho en su discurso inicial que estamos en una época de crisis, que estamos en una época de crisis económica mundial. Esta crisis nos preocupa a todos. Somos conscientes todos nosotros de que esta crisis existe, pero lo que nosotros sabemos es que de esta crisis hay que salir con un tipo de austeridad que no es la que se está pregonando aquí esta tarde; es una austeridad que nace del sacrificio personal, del sacrificio que nosotros propugnamos cuando queremos rebajar los sueldos de algunas de las personas de la Junta, y no del sacrificio que se pretende defender cuando con enmiendas del Grupo Socialista se pretende aumentar aún más esos sueldos, que son más que bastantes. Creemos que en nuestra Región hay un problema de excesivas diferencias entre unas clases sociales y entre otras; pero estamos creando una clase privilegiada, de la que pensamos que el tiempo que le quede durante el mandato, el que resta por transcurrir, va a ser el tiempo que va a disfrutar exclusivamente de estas posibilidades que se ha ido creando a su favor y de las que nosotros pensamos que no debe seguir abusando, porque se está dando un mal ejemplo. Y esto el pueblo lo entiende sin que tenga necesidad de que nosotros vengamos a explicárselo.

Se nos habla de que se están defendiendo los objetivos políticos del PSOE: el estímulo a la inversión, los desequilibrios territoriales. Se nos vuelve a hablar otra vez del Plan Económico Regional. Yo le diría al señor Consejero de Economía que del Plan Económico Regional nos ha hablado ya varias veces. Hace ya algunos meses que se me dijo que estaba ya casi a punto -palabras textuales-; ese casi a punto parece ser que ahora va a ser para diciembre. No se extrañe Su Señoría que nosotros desconfiemos de que el Plan Económico Regional tarde algo más en llegar, porque son muchas las ocasiones en que, dentro de la misma Comisión de Economía y Hacienda, se nos han ofrecido documentos que cuando les hemos pedido no hemos conseguido que llegaran a nuestro poder. Esta tarde se nos han reiterado aquí ofrecimientos de documentos fundamentales que sé que no vamos a llegar a tenerles.

Se nos habla de concertar objetivos, objetivos secundarios, objetivos de un desarrollo equilibrado; se nos habla de reducir, de llegar a la posibilidad de pleno empleo, y del agotamiento de los recursos regionales. Y ese no es el camino por donde van los presupuestos que nosotros estamos combatiendo, y lo digo y lo subrayo esta tarde en este lugar. Pienso que la estrategia del desarrollo -aquí ha hecho una mención muy clara el señor Consejero-, esa estrategia básica no se está defendiendo ni se está orientando siquiera en ninguna de sus posibilidades, que son, yo diría, infinitas, y se está marchando, sin embargo, en una dirección que es exactamente la opuesta a la que correspondería a una buena llevanza de la economía de la Región.

Cuando se nos habla, por ejemplo, de que se están persiguiendo objetivos que van a tender a coincidir con los que vamos a necesitar defender, mantener y hacer lucir en el momento de nuestra incorporación a la Comunidad Europea, yo tengo que decir, señores, que eso no es cierto, porque, por el pequeño conocimiento que tengo del tema, yo diría que faltan muchas cosas para que esos objetivos coincidentes con los de la Comunidad Europea puedan existir en esta Región.

En cuanto a los recursos humanos y financieros, se nos dice que tenemos recursos humanos y financieros suficientes para un nivel de desarrollo que hoy no tenemos. Yo no dudo que tengamos esos recursos humanos, esos recursos financieros; lo que sí dudo es que se estén empleando acertadamente. Es más, yo diría que no se están empleando como se deberían emplear, y que no se están administrando como deberían administrarse en una llevanza, insisto en la palabra, de cuentas desde la transparencia que tanto se pregona. Si no se insistiera en la palabra de la transferencia, yo no insistiría en la del término de la debida llevanza de esa Administración.

En cuanto a la Deuda Pública, se ha dicho ya suficientemente por mis colegas lo que nosotros interpretamos sobre ella. Pensamos que es un contrasentido endeudar más a la Región, pensamos que va a elevar el costo del dinero, y nuestros empresarios saben sobradamente a qué precio está el dinero en Castilla y la necesidad absoluta que tienen de disponer de ese dinero para defender sus empresas. Pero este tema vamos a dejarle un poco marginado, porque el señor Consejero sabe que tenemos pendientes algunas cosas que no rozan el presupuesto y no quiero ser yo quien me meta a rozarlas.

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Los presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro son unos presupuestos en los que hay una economía -insisto en el término, insisto en ser machacón en ello-, en el que hay una economía en desarrollo que es una economía social, que no es una economía social de mercado; es una economía, yo diría, electoralista, es una economía de captación del pueblo, y el pueblo, cuando el pueblo llegue a estar convencido, será porque las cosas le hayan entrado por los ojos, y nosotros entonces ya llevaremos meses viendo que el camino que se adopta es un camino adecuado. Nosotros no estamos viendo eso, sino exactamente todo lo contrario. Por eso yo tengo que decir aquí esta tarde que este presupuesto no me gusta nada.

En cuanto a la técnica presupuestaria, yo no tengo nada que añadir a lo que se ha dicho aquí de los reiterados elogios de la confección del presupuesto. Con personas preparadas como las que tiene la Consejería y un ordenador se puede hacer esto y más, señor Consejero; usted lo sabe y yo también lo sé. Por eso no nos sorprende que el contenido del presupuesto sea un contenido que ustedes dicen que es exhaustivo (no es exhaustivo, se puede llegar más a fondo); lo que pasa es que si ustedes nos dan quince días para analizarle, o doce días, y efectivamente, que le conste al señor Castro Rabadán que no se nos ha entregado el Presupuesto completo hasta hace ocho días, porque se nos ha ido entregando por etapas y por ejemplares sueltos, y por aquí, perdón, no está, iba a poner de testigo al Secretario que me ha visto a mí en la Biblioteca con un ejemplar del presupuesto que se nos negaba y tomando datos para poder estudiarle, lapicero en mano. Esto ha sido así, no ha sido de otra manera. Y hay otro dato que se ha presentado como si se nos estuviera prestando una ayuda extraordinaria, con las comparecencias de los señores Consejeros; y yo diría, por las conclusiones que hemos podido sacar de estas comparecencias, que lo que más se ha pretendido hacer ha sido quemar nuestro tiempo para que no lo invirtiéramos en hurgar demasiado en un presupuesto en el que hay muchas cosas que se pueden decir y del que hay muchas cosas que se pueden opinar.

En el momento en el que ha habido las comparecencias, no se extrañe señor Madrid, por favor, no se extrañe, porque debo decirle una cosa: en el momento que se han producido estas comparecencias, nosotros no habíamos echado el ojo al presupuesto todavía, porque teníamos sólo la mitad del presupuesto, y el detalle del presupuesto, para poder digerirle, era el presupuesto completo, era el presupuesto bidimensional y era el presupuesto tridimensional, que a nosotros nos ha sido entregado después de acabarse estas comparecencias. Que conste aquí muy claro este término.

En estas condiciones, yo tengo que decir que el tema del presupuesto es un tema que aparece claro, es un tema que aparece de forma indiscutible y es un tema en el que lo único que puedo hacer es felicitar al equipo que ha confeccionado el presupuesto porque, efectivamente, ha hecho un presupuesto que es muy presentable.

Lo que no me vale tampoco a la hora de hablar del presupuesto son esas comparaciones que se empeñan todos ustedes en hacernos, de si nuestro presupuesto es mejor o es peor del de otras regiones, que si nosotros estamos entendiendo la austeridad mejor o peor que otras regiones. Se nos acaba de decir que hay que relativizar, se nos acaba de decir que hay que relativizar; y cinco minutos antes, algún miembro del equipo socialista, desde esta misma tribuna, no estaba relativizando, estaba absolutizando cuando nos decía que la Región Castellano-Leonesa era la quinta en esto, era la octava en lo otro, era la novena en lo otro, y no hacía mención siquiera de que Castilla es la Región más grande de España, que es una de las regiones más pobres de España, que es la Región que tiene más provincias de España, etcétera, etcétera. Vamos a ver si se ponen ustedes de acuerdo para que, cuando nos den datos, estemos en condiciones de poder entender de qué nos están hablando.

En estas condiciones, señores, ¿qué quieren que hagamos más que rechazar el presupuesto? Tenemos que rechazar el presupuesto y tenemos que rechazarle empezando por el presupuesto, una vez más, señor Madrid, de la Consejería de Presidencia. Usted recordará que yo hace un año, en representación, en la misma representación que ostento ahora del Grupo Popular, me permití, cariñosamente -también lo hago cariñosamente ahora-, llamar su atención porque el presupuesto que menos me gustaba era precisamente el de Presidencia. Y esto sigue sucediendo en este momento. Cuando veo que ciento treinta y nueve personas están a su disposición en su Consejería -ciento treinta y nueve personas constan en la documentación de la que disponemos-, tengo que pensar que sólo en organizar esas ciento treinta y nueve personas tiene usted que agotar sus capacidades y sus posibilidades, y entonces entiendo que a los demás no nos llegue nada de sus facultades y de sus posibilidades, aunque tengo la idea de que son muy amplias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan tres minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

En cuanto a las posibilidades de invertir en servicios y en cuanto a las posibilidades que se han generado de un presupuesto que ha aparecido muy tarde, yo tendría que decir aquí algo que también no está muy en consonancia en cuanto a lo que ha dicho el señor Consejero con lo que ha dicho el señor enmendante, por la sencilla razón de que, mientras uno decía que se crearía un grave perjuicio a la Región si se prorrogaban los presupuestos, el otro venía a decirnos que no había

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problema, porque los presupuestos, el prorrogar los presupuestos pues es algo que está perfectamente autorizado y legalizado.

A mí me gustaría que alguien me contara cómo se ha podido funcionar con un presupuesto de 3.000 millones de pesetas el año pasado, desde el mes de Enero hasta ahora, y cómo se podría seguir funcionando con este presupuesto si de verdad están ustedes dispuestos a que nosotros mantengamos esta postura de tener que rechazar el presupuesto (si tenemos un poco la suerte de que nos ayude el destino) y cargárnosle, en los debidos términos y con el debido respeto, antes de que ustedes lo retiren. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por que este presupuesto no prospere; es un presupuesto que no sólo no nos convence, es un presupuesto que, sinceramente, señores, nos preocupa y nos repele. Tengo que decirlo con esta claridad y lo lamento; pero las cosas son así de claras, y mi punto de vista, que es el punto de vista de mi Grupo, es éste. Me sobra tiempo todavía.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijar posiciones tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Procurador Presidente, señoras y señores Procuradores. Vivir en libertad consiste en poder cometer errores sin ningún problema; por eso yo puedo haber cometido muchos errores y cometer en lo sucesivo todos los errores que quiera, y votar muchas veces en contrariedad muchas veces conmigo mismo, pero eso es vivir en libertad.

Aquí se habla muchas veces de que todo el mundo conoce Castilla y León, de que vamos a votar unos Presupuestos para mejorar Castilla y León. Bueno, pues yo muchas veces puedo votar sí un presupuesto, sí otro, abstenerme, marcharme de la sala, porque me permito el lujo de cometer errores pero en libertad, que eso es lo importante: vivir en un país con libertad, y Castilla y León, por lo menos los que la queremos o la hemos querido antes, y la seguimos queriendo, podemos tener esas contrariedades y el pueblo Castellano-Leonés nos puede perdonar. Porque creo que soy el único Procurador de los ochenta y cuatro que pedí el Estatuto por el 151, de Autonomía, con lo cual todas las cosas que no fueran por el 151 me podría permitir no votar, pero bueno, voy a votar muchos presupuestos, y a lo mejor dos presupuestos contradictorios. Eso es vivir en libertad y creo que nadie me puede criticar si quiero vivir en libertad.

Aquí se habla mucho de Castilla y León, qué es Castilla y León. Bueno pues Castilla y León son nueve provincias -antes eran siete-; dos provincias más (Logroño y Santander), que no sé por qué motivos hoy no están aquí, pero al fin y al cabo, algún día podrán estar.

Sin hablar muchas historias anteriores de lo que es Castilla y León, podemos empezar qué era Castilla y León en el año mil novecientos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría, con todo respeto a ese vivir en libertad, que se atenga a la cuestión. Se está hablando de una enmienda a la totalidad del presupuesto y, por lo tanto, de lo que se trata es de que Su Señoría muestre cuál es su posición en torno a ese tema.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Presidente. Me gustaría verdaderamente, señor Procurador Presidente, que hubiera un código de a ver cuál es aquí lo que es para usted los Presupuestos, que lo qué es para mí los Presupuestos, o qué son los Presupuestos para los demás Procuradores y qué son para mí los Presupuestos, para los demás Procuradores, claro.

Yo, para mí los Presupuestos a lo mejor pueden ser una cosa muy diferente que para ustedes, pero en el fondo pues puede ser... Mire, voy a votar ya, le voy a contrariar, voy a votar sí a los Presupuestos estos, porque a lo demás, voy a votar sí a lo mejor a otros presupuestos, quiero decir: eso es la libertad que yo consisto. Pero le voy a decir por qué para mí esos Presupuestos me gustarían que fueran lo mejor para Castilla-León, porque Castilla y León empezamos en el año mil novecientos con dos millones quinientos mil habitantes, que se representaban el 12,6 de la población total de España. En ochenta y cuatro años después, tenemos sólo dos millones trescientos mil habitantes y representamos el 6,3 % de la población de España; pero no es lo más grave eso, es que tenemos una población envejecida. Entonces, para mí, me gustaría que fueran unos Presupuestos que produjeran que la gente que estaba, que emigra, que volviera a su lugar de origen.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio, por favor.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ: ..

..fomentáramos, fomentáramos el crecimiento de la población teniendo más chicos. Yo muchas veces he dicho que todos los Castellanos debíamos plantar un árbol y tener un hijo más, porque nuestras calles, verdaderamente, están desiertas. Y, señor Presidente de la Junta, sabe que Aliste verdaderamente carece de esas cosas. Entonces, yo me puedo permitir, señor Presidente, en la libertad que me da el haber salido Diputado por el Grupo en que no estoy, porque si hubiera salido, o si me hubiera presentado por mi Grupo, el PANCAL, que cuando ustedes no defendían Castilla y León muchos, el PANCAL ya estaba pintando paredes o poniendo, o poniendo carteles, y nadie lo ha votado y el pueblo Castellano-Leonés tampoco.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría que se atenga a la cuestión y le advierto que es la segunda llamada de atención; a la tercera quitaré a Su Señoría la palabra.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ.

Bueno; para que no ocurra eso, señor Procurador Presidente, quiero limitarme exclusivamente a los Presupuestos.

Para mí creo que todos los Presupuestos creo que son válidos si van en el camino de mejorar el bienestar de Castilla y León. Y como todos los Procuradores hablan aquí de mejorar Castilla y León con sus presupuestos, sería indigno no darles mi voto de confianza; pero lo mismo que le doy el voto de confianza a estos Presupuestos, también puedo dar el voto de confianza, porque creo que los Procuradores que lo realizarán lo realizarán para lo mejor de Castilla y León, a lo mejor también doy el voto de confianza a otros presupuestos. Y eso no es ninguna contrariedad, porque la contrariedad sería que haciendo lo que dicen que van a hacer, no lo hagan. Entonces ellos mismos son los que se equivocan; no yo votando positivamente unos Presupuestos que dice que van para lo mejor para Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Hernández.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio, por favor.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ: ..

..señoras y señores Procuradores. Evidentemente, a medida que el Grupo Mixto se va enriqueciendo en dialécticas, pues vamos perdiendo tiempo en intervención. En este sentido, yo tengo que recoger con respeto la decisión de la Junta de Portavoces y de la Mesa, como obviamente ha de ser por mi parte, referente al tema de la anterior enmienda a la totalidad (estoy jugando con que el señor Presidente me corte la palabra por no estar hablando de ésta), digo, la decisión de al ser presentada por un Procurador del Grupo Mixto, y no ser aceptada, o ser aceptada como tal enmienda a la totalidad del Grupo, no hemos tenido oportunidad los Procuradores del Grupo Mixto que no la hemos asumido de manifestar el porqué de nuestra no asunción. Yo, en todo caso, creo que el Reglamento tiene lecturas y a lo mejor la lectura mía no coincide con la de la Mesa y la Junta de Portavoces. En definitiva, en este momento tengo que hablar de esta segunda enmienda, y no puedo menos de tratar de ligarla con la primera, puesto que mi posicionamiento va a ser el mismo en las dos.

Brevemente, yo tengo que decir que estoy básicamente de acuerdo con algunos planteamientos que se han hecho, tanto en una como en otra de las enmiendas a la totalidad, cuando se habla de mayor austeridad en los gastos políticos, cuando se habla de planteamientos de redistribución interregional, cuando se habla, en definitiva, de muchas de las cosas que aquí se han dicho, y que además se han dicho a la vez por quienes enmendaban y por quienes estaban tratando de evitar la enmienda. Pero claro, también ha dicho concretamente, y me parece que ha sido el señor, mi querido compañero Estella, que todo es según del color del cristal con que se mira. Y claro, cada cual, a la hora de discutir las enmiendas, pues se ha puesto las gafas con el cristal de color político específico. Yo entiendo que este Procurador Independiente no debe, y no va a ponerse nunca, en temas como éste, en temas concretos, en temas técnicos, otras gafas que ésas, las puramente técnicas, a la hora de hacer valoraciones. Y, técnicamente, los Presupuestos pues tienen para mí objeciones concretas, algunas con posibles graves repercusiones; pero yo entiendo que no es con una enmienda a la totalidad como se pueden subsanar estos errores, a mi modo de entender concretos y puntuales. Votar a favor, pues, tanto de la anterior enmienda como de ésta a la totalidad, podría suponer asumir una responsabilidad en el retraso de la puesta en marcha de estos Presupuestos, ya retrasados (aunque parece que no gusta el que se hable de este retraso), y sería por mi parte compartir esas gafas coloreadas, o negar, por otra parte, las imperfecciones puntuales en caso de hacer en contra mi votación. Entiendo, pues, que no debe ser mi postura de voto otra que la abstención. Mi voto no debe sustentar un rechazo frontal ni una aceptación global a los Presupuestos. En este sentido, pues, repito, mi voto será también la abstención a esta enmienda a la totalidad. Otra cosa será, en el próximo Pleno, una vez que sea pasado por la Comisión el Proyecto; y allí, según sea la flexibilidad del Gobierno en aceptar o no los cambios, las concreciones puntuales, entonces allí, digo, mi voto puede que cambie de signo o puede que se mantenga. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo, después de haber asistido a este debate de esta segunda enmienda a la totalidad, debo confesar que me siento un poco confuso, me siento un poco confuso porque yo creo que el presupuesto tiene que ser devuelto, debería ser devuelto, sería bueno que fuera devuelto, porque, desde mi punto de vista, el presupuesto tendría que mejorarse, tendría que mejorarse variando conceptos de diferentes, de unas secciones a otras, porque yo creo que le falta esta armonía que debería

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tener el presupuesto. Y, sin embargo, pues no, no he oído suficientes razones que añadir a las que hemos manejado los componentes del Grupo Mixto cuando hemos solicitado la devolución antes, en este segundo debate. Y no sólo no he oído añadir esas razones, sino que he visto que nos hemos perdido en conceptos. Yo le he escuchado al señor Carbajo (que, bueno, a lo mejor tiene más suerte y no le acusan de lo que a mí me han acusado muchas veces, que es de provincialismo), lo que le he oído fundamentalmente es manejar datos de provincias; y yo, que he sido muchas veces en estas Cortes acusado de ese provincialismo, he silenciado esta tarde que una de las provincias peor tratadas era Burgos; peor tratada por territorialidad, peor tratada por número de habitantes, peor tratada por renta per cápita, etcétera; por cualquiera de estos factores que hubiéramos manejado, y yo los he manejado, pues Burgos es una de las provincias peor tratadas en estos Presupuestos. Y yo no lo he expuesto esta tarde; lo ha hecho el señor Carbajo defendiendo justamente la postura contraria. Por eso no ha añadido ningún argumento a los que se han añadido por parte de la defensa que se ha hecho del Grupo Mixto.

Como existe otro argumento para pedir la devolución de la enmienda de la Ley de Presupuestos que no me satisface. No me satisface que se diga que se puede hacer ahorro del gasto, que efectivamente es así, del gasto público, sobre todo del gasto del personal, sobre todo del gasto de los servicios, pero que esto lleve consigo la devolución o la no emisión de la Deuda Pública. Yo creo que son necesarias las dos cosas: es necesaria la emisión de Deuda Pública, porque con ella se trata de cubrir unos aspectos inversores, unos aspectos que están señalados en el presupuesto y que son importantes, y que sería conveniente añadir además a esa inversión todo aquello que se sacara de un ahorro que, evidentemente, se puede producir de los gastos consultivos del presupuesto. Me hubiera gustado más haber visto manejar este segundo argumento que el primero.

Y yo, que esta tarde he venido con la idea de que el proyecto había que devolverle, me surge la primera duda: ¿Debo cambiar el sentido de mi voto? Y, sin embargo, no lo voy a cambiar. Ya se lo adelanto, quitando emoción probablemente a este debate, no lo voy a cambiar; no lo voy a cambiar porque creo que el fondo del asunto, la devolución de los Presupuestos es buena, y debería haberse hecho. Sin embargo, también entiendo que en esta segunda enmienda se debían haber argumentado otras razones, otras razones que hubieran hecho ver que, efectivamente, este Grupo Popular, el segundo Grupo numeroso en estas Cortes, era justamente esa alternativa de Gobierno que nuestra Comunidad necesita, porque la necesita, y porque no la tiene. Porque nuestra Región, en estos momentos, yo diría que tiene una profunda angustia, y tiene una profunda angustia porque la gestión del Gobierno, la gestión del Gobierno socialista, la gestión del gabinete presidido por el señor Madrid -y se lo tengo que decir así al señor Madrid-, desde mi punto de vista no es buena, y no es buena desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de muchos Castellano-Leoneses que lo están repitiendo continuamente. Pero nuestra Región tiene una angustia más profunda porque, aunque esta gestión no es buena, no tiene otra. Y no tiene perspectiva de tener otra porque no hay una alternativa de Gobierno, porque no se puede traer una enmienda a la totalidad, en unas condiciones de votos tan exiguos como nos estamos moviendo en estas Cortes, en la que existe ausencia en el propio Grupo que trae la enmienda a la totalidad. Cuando se trae una enmienda a la totalidad, cuando se hace una acción de Gobierno o en contra del Gobierno, hay que traerla con convicción y hay que apoyarla con fe y hay que apoyarla con entusiasmo; y por eso nuestra Región que va a sentir esa angustia por esa falta de responsabilidad del Gobierno, siente también por esa falta de responsabilidad de la oposición. Y si el Gobierno se desmorona prescindiendo de alguno de sus Procuradores en el Grupo, también se desmorona la oposición. Y eso es malo. Y esto debería corregirse y esta responsabilidad debería venir al Grupo mayoritario, y debería venir, debería tenerla también el Grupo mayoritario de la oposición. No quiero incidir más por esto. Yo, por coherencia, voy a votar que sí a la enmienda del Grupo Popular, sí a la devolución de los Presupuestos, como lo voté antes; lo voy a votar por coherencia, pero solamente por coherencia, porque yo otra cosa pienso que sería oportunismo y tampoco quiero hacer ningún tipo de oportunismo político. Yo creo que los Presupuestos son malos por muchas más razones de las que se han expuesto esta tarde aquí por el Grupo Popular, y por eso yo voy a votar que sí a esta enmienda presentada. Pero lo que sí que desearía es que esta angustia que evidentemente tiene nuestra Región, esta angustia se superara, porque, si no, nuestra Región va a tener que soportarla demasiado tiempo hasta que se articule una nueva opción, una opción que, desde la ideología liberal, dando confianza a la creatividad de nuestras gentes, traiga a nuestra Región la reforma que nuestra Región necesita. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores. Gracias a Sus Señorías por las intervenciones que de una u otra forma, aun discrepando, han enriquecido lo que será el proceso de discusión en Ponencia y Comisión de estos Presupuestos. No obstante, yo, reflexionando, he encontrado una laguna en los argumentos que aquí hemos estado manejando entre unos Procuradores y otros. Y es que, efectivamente, se ha referido

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algún Procurador de que faltan datos suficientes para realizar el presupuesto, de que hay que ahondar en la transparencia, de que, en definitiva, hay que dar elementos de juicio suficientes a cada Procurador para votar en conciencia y votar adecuadamente.

Yo quiero concluir con la argumentación siguiente las intervenciones de este Consejero. Y me voy a referir a algo que se ha apuntado varias veces y que puede ser que genere una duda que quede en el aire y que nos haga incluso dudar a la hora de la votación, y es el tema famoso de la Deuda Pública. Yo pienso que hemos de ser muy rigurosos con este tema porque el tema es delicado. En primer lugar, hablando de discrepancias, también me gustaría que todos, en relación con este tema, los posibles Procuradores del mismo Grupo, pues hubieran tenido la misma cohesión, porque no he visto tampoco una argumentación coherente -sí tal vez, pero no perfectamente coincidente- de distintos Procuradores del Grupo Popular en relación al tema de la Deuda Pública. Y quiero que quede claro desde el punto de vista del Gobierno cuáles han sido, por una parte, las motivaciones político-económicas para emitir Deuda Pública; en segundo lugar, el porqué de la cifra, y en tercer lugar, cuáles son los criterios por los que se van a definir y se han definido determinados proyectos a financiar con la posible emisión de Deuda Pública. Pienso que son elementos que enriquecerán el debate y que son necesarios para todos, sobre todo por la delicadeza que tiene una emisión de 3.000 millones en nuestra Comunidad, o posible emisión.

Argumentaciones de tipo político-económico. Son -podíamos hacer una larguísima exposición- cuatro en concreto las razones centrales. En primer lugar, la Deuda Pública se hace necesaria en Comunidades como la nuestra precisamente por las limitaciones legales derivadas del proceso transitorio vigente en la financiación de las Comunidades Autónomas, ya que vienen las actuaciones inversoras de la propia Junta, como antes he dicho, predeterminadas en gran parte, con poco margen de maniobra en el campo inversor por parte del sujeto Gobierno Regional; y, a la vez, tampoco pueden ser cubiertas esas lagunas posibles, con la predeterminación previa, por el Fondo de Compensación Interregional, Interterritorial, que se circunscribe a solamente inversiones nuevas; dos elementos limitativos que hacen que no podamos abarcar todo el campo de las inversiones y que tengamos que recurrir a alguna nueva vía de financiación. Es decir, inversiones finalistas a inversiones nuevas del Fondo limitan el campo y nos obligan a buscar una fuente de recursos. En segundo lugar, porque la Comunidad tiene una propia y estatutaria capacidad de endeudamiento, siempre que, evidentemente, la Comunidad asegure (la Junta, el Gobierno), asegure en primer lugar que la cifra que emite es prudente, según determinadas limitaciones de tipo técnico, y, a la vez, que los criterios para selección de los programas de inversión son adecuados (más tarde me voy a referir precisamente a la cifra y a los criterios), y en el convencimiento, evidentemente, de tipo político y de tipo técnico, de la solvencia en el tiempo, de la Comunidad, para hacerse cargo de la Deuda que promueve.

En tercer lugar, existe otro argumento que avala la emisión, si cabe aún más, de nuestra política de endeudamiento: es la necesidad y el objetivo de fomentar de una forma neta -como ya he dicho antes en el discurso- la inversión, tanto pública como privada, y precisamente porque está concebida esta emisión en Deuda en una Región con amplios excedentes de ahorro y porque es colocada en los coeficientes de financiación legalmente establecidos, que harán que precisamente se fije ese ahorro en la Región y vía esos coeficientes no salgan de la Región. Objetivo, por lo tanto, político-económico, pero que liga exactamente con la finalidad de fijación de los recursos de la Región dentro de la Región, porque la vía que vamos a buscar, como le diré después, será precisamente estos coeficientes de financiación. Y en cuarto y último lugar, también -y este argumento sería de respuesta a otro argumento negativo- porque entendemos que la Deuda Pública no tiene, en estas circunstancias concretas de nuestra Región, un efecto de expulsión del sector privado. Nuestra política de endeudamiento no presentará ese efecto de expulsión para el sector privado Castellano-Leonés, al menos a medio plazo (por eso digo históricamente considerando el tema): en primer lugar, porque se va a ligar totalmente a los coeficientes obligatorios; en segundo lugar, porque con los proyectos seleccionados, según los criterios que rapidísimamente expondré, se permitirá una mayor y mejor financiación del sector privado; en tercer lugar, porque al presentar estos presupuestos una tasa de ahorro positiva, nunca la Deuda, ni en términos marginales siquiera, detraerá recursos de la financiación de las inversiones; lógico, se ha previsto antes ese ahora el 2 % al que se refería; y en cuarto lugar, no se produce con ello, con esta Deuda, una elevación de los tipos de interés ni una reducción de la cantidad de crédito disponible para el sector privado, porque se detrae ya de unos coeficientes calculados de antemano como obligatorios; sí, en cambio, da lugar a un aumento, a un aumento relativamente importante de la inversión total pública y privada. El porqué de los 3.000 millones, simplemente, teniendo en cuenta (no es una cifra aleatoria, evidentemente) que nosotros pretendemos colocar esa Deuda a través de la vía exclusivamente de los coeficientes de inversión obligatoria de las Cajas de Ahorros de la Región (clarifico este punto de ahora en adelante con compromiso formal), hemos hecho un estudio de cuáles, hemos hecho una estimación cuantitativa del volumen de Deuda emitible por la Comunidad Autónoma, computable con el coeficiente de fondos públicos de las Cajas u obligaciones calificadas por la Comunidad Autónoma en estos momentos. Teniendo en cuenta las limitaciones establecidas

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por el Real Decreto 2869/80, del veintidós del cinco, que establece un límite máximo del 10 por 100 de los coeficientes de fondos públicos, excluidas células para inversiones, para estas emisiones o calificaciones, teniendo en cuenta (no voy ahora a relatar las cifras) estimación cifra actual, recursos ajenos de las Cajas, que no son computables todos, sino que solamente son una parte: 420 mil millones de los 460 mil, cuáles son los coeficientes de fondos públicos: 25 por 100... (no voy a relatar todo el proceso), calculamos que para emisiones o calificaciones de la Comunidad Autónoma existen en estos momentos disponibles, en los fondos públicos de las Cajas de la Región, 9.240 millones de pesetas, y nosotros solamente utilizamos un 30 por 100. ¿Por qué? Porque no queremos generar el agotamiento de la posibilidad de endeudamiento. Tenemos en cuenta las recomendaciones que al efecto establece el comité, perdón, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y establecemos un plan de endeudamiento a tres años, de forma que nos acogemos a un aproximadamente 30 por 100 nada más, es decir, 3.000 millones. Por otra parte, las posibilidades legales de emisión que tenemos son totales, véase el artículo 14.2.b de la LOFCA (no les voy a, en estos momentos, a leer su contenido), y además la emisión se va a sujetar a las recomendaciones que sobre coordinación, que sobre la política de endeudamiento está discutiendo en estos momentos el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, será a largo plazo y a tipos de interés correspondientes a los coeficientes de inversión obligatorias. Dicho esto, el porqué la cifra, sintéticamente y telegráficamente: criterios para elección de los proyectos que se financiarán con la emisión de Deuda Pública. Son criterios determinados por el Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Primer criterio: que los proyectos posean una elevada potencia sobre la actividad económica regional. Segundo: que coadyuven a paliar situaciones sociales graves. Tercero: que puedan generar un retorno financiero -este punto es clave-, retorno financiero a la Comunidad, directo o indirecto. Y cuarto: que el volumen de endeudamiento, más que por las condiciones de los mercados financieros, se determine por la rentabilidad económico-social de la inversión. Hecho esto, creo que he dado cumplida cuenta a Su Señorías del porqué, del cómo de la Deuda Pública. Y les aseguro, si se cumplen los criterios, ninguna prensa podrá ningún día decir: la Junta, como alguna dice de alguna Comunidad...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría que dé por finalizada cuanto antes su intervención.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ): ...

. que la Junta es accionista mayoritaria de una peluquería de señoras o de una sauna en tal ciudad. Los proyectos serán rentables social y económicamente. Muchas gracias.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Caballero Montoya, dispone de cinco minutos para contestar.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Gracias, Presidente, gracias señor Consejero por su amable aclaración. No dudo de que la rentabilidad de la emisión de la Deuda vaya a ser muy buena, porque efectivamente puede observar Su Señoría que los cuatro, las cuatro páginas finales de la memoria, donde se contiene el detalle de las inversiones que se van a formalizar, si la deuda pública se realiza, no han merecido prácticamente ninguna de nuestras enmiendas. Esto es un hecho cierto y ratifica lo que yo estoy agregando en este momento.

Esto no quiere decir que por ello nosotros estemos de acuerdo con la Deuda Pública. El hecho de que estas inversiones nos parezcan procedentes nos hace pensar que siguen siendo tan procedentes, pero aún mucho más interesantes si se realizan desde el ahorro de otros gastos que queremos evitar y para lo cual ya hemos presentado la correspondiente enmienda.

Debo manifestar que si hubiera sido posible el trasvase de fondos de unas Consejerías a otras, nosotros habríamos presentado un estudio en el que determinaríamos cuáles eran los ahorros desde los cuales se podrían realizar esas inversiones.

Respecto de esas ventajas técnicas que el señor Consejero menciona, o nos menciona, que tiene la Deuda Pública, debo decir que hay una parte técnica en la que estoy de acuerdo; pero que, en el fondo de la cuestión, sigo disintiendo por la sencilla razón de que tenemos el antecedente del efecto que han producido emisiones del Estado a unos tipos de interés demasiado golosos y que han originado el que el ahorro de la Región se marchara a otras zonas. Y esto va a seguirse produciendo si el Estado no cambia su teoría.

Por otro lado, debo advertir que el ahorro de la Región es algo que está muy problemático para pensar en dónde se va a invertir; por lo que lo primero que tendríamos que hacer es estudiar la forma de producirle y, en este momento, pienso que no se está produciendo.

Otro argumento que el señor Consejero emplea es el de que los coeficientes obligatorios van a ser los que se van a ligar a la Deuda. Entonces, si esto es así, pues no hay ningún problema, porque esos coeficientes obligatorios son los de nuestras Cajas y no van a verse afectados por el ahorro particular. Pero lo que sí es cierto es que estos coeficientes obligatorios pueden ser destinados en alguna forma que no

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endeude, que no endeude a la Región y que no cree un encarecimiento del dinero, que sí que le va a crear, por la sencilla razón de que hay una teoría matemática que es la de que a menos dinero, más precio del dinero. Entonces estas condiciones, yo lo que sí que hago es aplaudir la idea de que se realicen todas las obras y los proyectos que se definen, como he dicho ya, en las páginas finales de la memoria; pero insisto en que esto debe realizarse desde los capítulos de ahorro, que nosotros tendríamos a bien facilitar a Sus Señorías si se nos llegara a tolerar el que se hiciera un trasvase, que no sé por qué se nos ha prohibido realizar, en los diez, en las diez enmiendas que se nos han rechazado, ya que existían antecedentes suficientes de operatorias de mil novecientos ochenta y dos (aunque en el ochenta y tres no se ha hecho a nivel nacional) en el que el trasvase estaba autorizado, y basándonos e ellas nosotros hemos hecho algunas propuestas de tanteo que han sido rechazadas y contra las cuales vamos a recurrir mañana mismo. Por tanto, sigo pensando que la Deuda es improcedente, que las ventajas que nos puede añadir son mínimas y que la ventaja fundamental que tiene, que es la de unas inversiones acertadas, se puede hacer desde el ahorro de otros capítulos de gastos consultivos que están incluidos muy claramente en el presupuesto que nosotros insistimos en rechazar.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se va a proceder a votar la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 1984, presentada por el Grupo Popular.

Votos a favor de la enmienda. Pueden sentarse, por favor. Votos en contra. Siéntese por favor. Abstenciones.

Resultados de la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. Votos a favor: treinta y nueve. Votos en contra: cuarenta y dos. Abstenciones: una. Queda, por tanto, rechazada la enmienda a la totalidad que sometíamos a votación.

Dado lo avanzado de la hora, se interrumpe la sesión que se reiniciará mañana a las cuatro y media de la tarde.

Se levanta la sesión.