DS(P) nº 17/1 del 5/10/1984

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio por favor. Se abre la sesión. En esta primera sesión de Pleno del nuevo año Legislativo, esta Presidencia, en nombre de la Mesa, quisiera, en primer lugar, saludar a Sus Señorías y, en segundo lugar, desear que los trabajos de esta Cámara sean todo lo fecundos que necesitamos, de cara al nuevo año que hoy comienza para nosotros. Personalmente abrigo la convicción de que a lo largo de este año seremos capaces de resolver esos dos grandes problemas que nuestra Comunidad Autónoma tiene: el problema de disipación de toda duda en torno a cuál sea su marco territorial, de un lado, y el problema de la articulación interna de la Comunidad, de otro.

Con ese horizonte a la vista y con esos deseos de fecundidad, que creo puedo expresar en nombre de toda la Mesa, se abre esta sesión. Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada por el Procurador don Leopoldo Quevedo Rojo a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León, relativa a la creación de un Instituto de Control e Investigación de la patata de siembra". Pregunta oral 49-I, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 35, de 24 de Septiembre de 1984.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Quevedo Rojo para formular su pregunta.

EL SEÑOR QUEVEDO ROJO:

Señor Presidente, Señorías. Mi pregunta, que creo está en el conocimiento de todos, porque ha sido publicada dos veces en el Boletín Oficial de estas Cortes debido a que fue reiterada al no entrar en el anterior período de sesiones, se refería a si la Junta tenía idea de crear un Centro de Control e Investigación de patata de siembra; porque en dos provincias de esta Región, Palencia y principalmente Burgos, que en su tiempo fuera primera productora de patata de siembra, se estaban sucediendo diversos problemas debido a la dependencia que había de otra Comunidad Autónoma, y, con ello, año tras año, se estaba reduciendo la extensión de siembra en esta provincia. Simplemente era esto y yo pedía que la Consejería me dijera si se iba a crear ese Instituto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Muy brevemente, una consideración general sobre la producción de patata de siembra en España, donde el País

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Vasco produce, aproximadamente, el cuarenta y siete coma siete por ciento, y nuestra Comunidad de Castilla y León produce, aproximadamente, el cuarenta por ciento. No cabe duda que esos porcentajes hacen pensar, inmediatamente, que la patata de siembra, no sólo por el volumen de producción, sino por el valor de esa producción y por el número de familias, además, que dependen de esa producción, precisamente por su valor unitario, es un tema importante.

La transferencia de funciones y servicios en materia del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero al País Vasco planteó el problema de que el Centro que radicaba en Vitoria exige que, en estos momentos, mantengamos una relación con ese Centro que en algunos casos, no demasiados, no son todo lo fluidas que deberían ser.

Hecho ese preámbulo, yo lo que quiero decir es que, además de ello, habría que separar dos conceptos: uno, lo que es propio Centro de Control, y otro, lo que es el Centro de Investigación, puesto que sus funciones son absolutamente específicas y distintas. Puede existir un Centro de Control de patata, que vamos a necesitar urgentemente en cuanto nuestra Comunidad tenga las transferencias en esa materia, y puede existir, a más largo plazo, un Centro de Investigación de patata de siembra.

He reunido y he mantenido una reunión, concretamente, con todos los productores de patata de siembra, en la cual hemos hablado, fundamentalmente, del Centro de Investigación. El tema no está absolutamente maduro todavía y yo quiero anunciar que se postergará hasta que el tema tenga la suficiente consistencia para poder afrontarlo con todas las garantías. Pero el Centro de Control, lo que sí tengo que contestar al Procurador preguntante es que se hará, y se iniciarán además las obras este año. Está el anteproyecto acabado y yo creo que antes de un mes, todo lo más, saldrá la obra a subasta. Por tanto, del Centro de Control, absolutamente imprescindible ya, se iniciarán las obras este mismo año.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a la formulación de la siguiente pregunta.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada por el Procurador don Leopoldo Quevedo Rojo a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León, relativa a la ubicación de un Instituto de Control e Investigación de la patata de siembra", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 35, de 24 de Septiembre de 1984.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Quevedo Rojo.

EL SEÑOR QUEVEDO ROJO:

Señor Presidente, Señorías. La segunda parte o la segunda pregunta que yo hago a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes se refería a la idea de que, si conseguíamos la creación de este Instituto de Control de patata de siembra, que ha dejado claro el señor Consejero y acepto sus explicaciones en el tema de la Investigación, que si era posible se ubicara en la provincia de Burgos, al ser ésta la primera productora de la Región y la segunda de España, y en sus tiempos fue la primera de España. Esta era mi segunda pregunta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. La verdad es que una vez decidido que el Centro de Control se va a hacer quedaba un punto siempre polémico -puede ser-, que es la definitiva ubicación del Centro de Control dentro del ámbito de la Comunidad.

Hay dos provincias que fundamentalmente se dedican al cultivo de la patata de siembra dentro de la Comunidad; son: Burgos y Palencia. La verdad es que las diferencias porcentuales y de volumen total de producción entre las dos son considerables a favor de una de ellas, que es Burgos. En Burgos, además, radican las principales productoras de patata de siembra del país, excepto una concretamente, y tienen su sede, además, en Burgos capital. No hace mucho la Consejería sacó a subasta las obras de un centro de formación profesional, a pocos kilómetros de Burgos, en la finca de Riocabia, en el término municipal de Albillos, Centro que se va a especializar en dos temas concretos: uno, porcino, y otro, y yo quiero que sea así, patata, y fundamentalmente y concretamente patata de siembra. Parece interesante que el Centro de Control esté ubicado anexo a una Escuela de Capacitación Agraria y que esa Escuela de Capacitación Agraria, además, esté ubicada, a su vez, dentro de la zona productora más importante de la Comunidad. Luego el emplazamiento del Centro de Control será, concretamente, en la finca de Riocabia, en el Municipio de Albillos, provincia de Burgos, como Centro anexo a la Escuela de Capacitación Agraria, donde además se va a construir algún otro centro, como es el Centro de Testaje de Porcino y una Estación Experimental de Biogas, etcétera, etcétera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al enunciado de la pregunta siguiente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada por el Procurador don Atilano Soto Rábanos, relativa a la Residencia Juvenil 'Antonio Machado', de Segovia". Pregunta oral 46-I, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 32, de 26 de junio de 1984 y reiterada en el número 35 de 24 de septiembre.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Soto Rábanos.

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EL SEÑOR SOTO RABANOS:

Señor Presidente, Señorías. El tema de la Residencia Juvenil "Antonio Machado" de Segovia traspasa los límites locales, yo creo que provinciales incluso, incluso regionales, de la Comunidad, porque ha venido prestando y enmarcándose en unas altas cotas de vida respecto a la atención, tanto social como pedagógica, de una serie de chavales recogidos en ella -alrededor de un centenar-, con una extracción conflictiva socio-familiar de niveles como paro, alcoholismo, matrimonios rotos, mínimos ingresos por familia, etcétera, etcétera. Esto lleva a pensar que un Centro que puede responder, incluso, a ideas de postmodernidad se vea, sin embargo, desatendido; porque, si bien la Diputación Provincial segoviana gestiona el Centro, las atenciones, al menos económicas, de la Junta, vía Consejería de Bienestar, no llegan con el suficiente flujo y, por consiguiente, hay una quiebra de la atención manifiesta. En este sentido, quiero preguntar y pregunto al señor Consejero de Bienestar Social: ¿qué apoyos concretos, en material, en prestaciones económicas y en medios humanos, piensa prestar a este modélico Centro de Atención Social y Educativa?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR SANTOS RODRIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Del contenido de la pregunta formulada por el señor Procurador, parece que se quiere dar a entender que haya habido incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y podría suponerse -aunque expresamente no se diga- que la residencia sufre un déficit económico derivado de la falta de apoyo, al que hace referencia el último párrafo de la pregunta, y que esto podría ser consecuencia de que no hayan sido transferidas a la Junta las cantidades presupuestarias que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para dicha Residencia.

Si es esto lo que se quiere dar a entender, señor Procurador, esto no es exacto ni cierto, y quizá se haya inducido a pensar así, debido a una carencia de información que yo voy a tratar de subsanar.

Primero. En mil novecientos setenta y siete se firma un convenio entre el entonces Ministerio de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social y la Diputación de Segovia, siendo importante contemplar en el convenio las siguientes cláusulas:

a) Que la Residencia será gestionada por un Patronato.

b) Que en la Residencia se impartirá enseñanza de E.G.B., B.U.P. y Formación Profesional.

c) Que el número de plazas será de doscientas, de las cuales se reservará un máximo de ochenta al INAS y por las cuales se compromete a pagar seis millones de pesetas, que serán actualizadas anualmente previa solicitud por parte de la Diputación.

Es decir, que el compromiso del Ministerio de Trabajo es pagar seis millones de pesetas anuales por una reserva de ochenta plazas.

d) Que la Diputación, la Diputación, señores Procuradores, se compromete a costear el mantenimiento de la Residencia, correspondiendo al Ministerio el mantenimiento del edificio y su remodelación, puesto que es titularidad suya.

e) Que el convenio tiene validez de diez años (es decir, hasta mil novecientos ochenta y siete).

Segundo. Durante todos estos años la Diputación parece haber recibido cantidades superiores a los veinte millones por un número de plazas, a cargo del Ministerio, que ha oscilado entre veintitrés y cuarenta y nueve anuales y que creemos que han superado los compromisos establecidos en el convenio.

Tercero. El catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, y tras varias denuncias de la Dirección General de Asistencia Social de incumplimiento de convenio por parte de la Diputación de Segovia, el actual Presidente de la Diputación de Segovia y la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firman una cláusula adicional al convenio de mil novecientos setenta y siete, en el que deciden que hasta el treinta de septiembre de este año, de mil novecientos ochenta y cuatro, el INAS mantendrá en la Residencia doce alumnos, dentro de su cupo de reserva, comprometiéndose la Dirección General al pago de los seis millones a los que se había comprometido inicialmente; y, por lo tanto, de los setenta y cinco chicos, a los que hace referencia Su Señoría en la pregunta, sólo doce provienen del INAS, y han finalizado su estancia en la Residencia el treinta de septiembre, habiendo sido subvencionada, por tanto, a quinientas mil pesetas la plaza por una estancia de nueve meses.

No se puede decir, por tanto, que la Dirección General de Acción Social haya incumplido, y el hecho de que no haya habido transferencias a la Junta haya impedido el cumplimiento del convenio por la Dirección General de Acción Social.

En cuanto a las posibilidades de ayuda, por parte de la Junta...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Recuerdo a Su Señoría que el tiempo total para sustanciar la pregunta es de cinco minutos entre pregunta y respuesta.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR SANTOS RODRIGUEZ):

Perdón, creí que eran cinco minutos a mi cargo. De todas formas, finalizo.

Las posibilidades por parte de la Junta son las siguientes, a mi entender.

Primero. Subrogación en el convenio. Es decir, al haber sido transferidos los Servicios Sociales a la Comunidad Autónoma, habría posibilidad de subrogación en el convenio con todos los derechos y obligaciones.

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Segundo. Que la Diputación o el Patronato Gestor concurran a las convocatorias de subvenciones que al amparo del Decreto 22/84 tiene establecidas la Junta a través de la Consejería de Bienestar Social.

Y tercero. En último lugar, siempre cabría, extinguido el Patronato, que la Junta asumiera la gestión directa de la Residencia, ya que le corresponde, por transferencia, la titularidad del edificio. Es decir, que el edificio, en estos momentos, es titularidad de la Junta, de la Comunidad Autónoma, sin que esta última posibilidad suponga la subrogación en las obligaciones que haya podido adquirir la Diputación en la actual gestión. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Soto Rábanos.

EL SEÑOR SOTO RABANOS:

Brevemente, por segundos, decir al señor Consejero y a los señores Procuradores que, efectivamente, otra vez la burocracia está mucho más atrás que la realidad y las exigencias. Evidentemente, comprendo que lo pactado en el año setenta fueran seis millones de pesetas, que al día de hoy serían muchos más, pero también me consta, como dato concreto, que en última anualidad, del año ochenta y tres, han sido de veinticinco millones quinientas sesenta y siete mil pesetas. Por consiguiente, sería una pena que tuviéramos que ir ahí, por nuestros pueblos y provincias, viendo y leyendo en la cara de nuestras gentes que, y desde una Consejería que se llama de Bienestar Social, tuviéramos que decir aquella frase de la medallita, de la medallita del desamor: "hoy menos bienestar que ayer y más beneficencia que mañana". Sería una pena.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al enunciado de la pregunta siguiente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada por el Procurador don Vicente Bosque Hita, solicitando aclaración de la actitud del Presidente de la Junta de Castilla y León en los actos celebrados con ocasión del Día de Asturias en Arriondas". Pregunta oral 51-I, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 36, de 26 de septiembre de 1984.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. Con fecha ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, festividad de "La Santina", Día de Asturias, el Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor don Demetrio Madrid, estuvo representando, en los diferentes actos celebrados y como máxima autoridad de la Región, a todos aquellos que componemos la Comunidad Autónoma Castellano-Leonesa. En Arriondas, donde tuvieron lugar los actos del Día de Asturias, durante el canto del Himno Asturiano, el Presidente de la Junta de Castilla y León entonó dicho himno con el puño izquierdo en alto, realizando el saludo marxista. Teniendo en cuenta que no era un acto específico de ningún partido político, y dada la representatividad de su cargo, se pregunta cuál es el motivo de la citada actitud.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEÑOR MADRID LOPEZ):

Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados. Creo que hay que felicitar, probablemente, al fotógrafo que en una instantánea captó un momento en el que con un saludo, dirigido a un grupo de personas y en un momento determinado, pude levantar, desde luego, la mano para establecer una comunicación normal, y que no tiene ninguna connotación ni partidaria ni tiene ningún sentido que no sea el de la amistad y el de la confraternidad con el pueblo asturiano. Desde luego, yo podría presentar aquí cantidad de situaciones de otro tipo, anecdóticas desde luego, de representantes de todos los partidos políticos, y también del suyo, en actitudes también, dentro de las propias Cámaras, tanto del Estado como en otras, donde la sagacidad de los reporteros recogen, en algún momento determinado, actitudes que después, descontextualizadas, pueden parecer lo que no es.

De todas formas, yo creo que esta situación y esta pregunta, que entiendo que tiene una parte, si no de broma, por lo menos de humor, traerla a esta Sala me parece que determina, de alguna forma, hacer que las tareas importantes de nuestro Gobierno y también de la Comunidad se presten a un sesgo que no es mi intención, como sabe el interpelante o el preguntante, de ninguna de las maneras. Mi presencia en Asturias, como muy bien ha dicho el señor Procurador, ha sido una presencia institucional y en nada empaña el que, en un momento determinado, pueda establecer un signo que, desde luego, no se establecía como una posición, desde luego, ni partidaria ni, desde luego, marxista. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Puedo asegurar al señor Presidente de la Junta que no había ningún atisbo de humor, porque nos preocupaba profundamente, sobre todo teniendo en cuenta que grandes sectores de la opinión pública asturiana se encontraron molestos y preocupados por la actitud del Presidente de la Junta de Castilla y León. Entendemos que en sectores, también, de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León se han encontrado molestos porque la máxima representación de que dispone en este momento la Región hubiera hecho manifestaciones que, por mucho que se quiera quitar el significado partidista, lógicamente lo tiene, porque es un saludo perfectamente conocido y que puede ser utilizado en esos actos de partido, pero nunca en unos actos en que se está representando al pueblo entero de España, en este momento de dos Comunidades Autónomas. Creemos que esto es

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significativo y nos parece que, efectivamente, es posible que no hubiera intencionalidad por parte del señor Presidente en manifestar ninguna clase de posición en el ejercicio de su cargo, en el aspecto de plantear con crudeza unas posiciones políticas, que son perfectamente respetables, pero que desde el nivel de nuestras instituciones deben ser reservadas para los actos de partido. Lo estimamos así y agradeceríamos al señor Presidente que, en el futuro, estas situaciones no se volvieran a repetir y que se manifestara más conforme con la representación que el pueblo de Castilla y León le ha entregado. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al enunciado de la pregunta siguiente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada por el Procurador don Manuel Cabezas Esteban, relativa al calendario escolar de los centros públicos no universitarios en la provincia de León para mil novecientos ochenta y cuatro". Pregunta oral 52-I, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 36, de 26 de septiembre de 1984.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Cabezas Esteban.

EL SEÑOR CABEZAS ESTEBAN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El calendario escolar que ha de regir en todos los centros públicos y privados -aun cuando el Boletín de las Cortes hable sólo de públicos, la pregunta lo especifica con toda claridad: públicos y privados-, no universitarios de la provincia de León, y firmado como responsable por el Director Provincial de ese departamento, decreta como día festivo el día veintitrés de abril como Día de Castilla y León. Este hecho estimo que constituye una, cuando menos, triple ofensa a esta Cámara, puesto que es ella, como depositaria de la soberanía popular regional, la que debe decidir cuál ha de ser su día de la Región. Ofende también a la Junta, puesto que está invadiendo o prejuzgando su labor ejecutiva, es decir, está prejuzgando ese Decreto que, sin duda..., bueno, perdón, yo no quiero prejuzgarlo, ese Decreto que el año pasado sí salió para el ochenta y cuatro, pero que no ha salido para el ochenta y cinco. Y ofende también a toda una provincia, como es la de León, que, en todo caso, no se siente identificada -pese a su encuesta de aficionados-, con el día veintitrés de abril, con la "Derrota de Villalar", como Fiesta de la Región Castellano-Leonesa; en todo caso, como fiesta para la provincia de la León.

Yo, lo que tengo mis serias dudas es de que el Director Provincial de Educación y Ciencia de León haya prejuzgado la acción; la de la Cámara desde luego, la de la Junta no, porque el día diecinueve de septiembre (y tengo la cinta y la transcripción), dijo exactamente en "La Voz de León" que confeccionó, junto con los demás Directores Provinciales de Castilla y León, el calendario escolar con la Junta. Señor Consejero, dígame usted si, y ésa es la pregunta en sustancia, si va a proceder, una vez más, por Decreto, si va a obviar el debate en la Cámara, puesto que es objeto de Ley de Cortes, tal y como explicita expresamente nuestro Estatuto, y si tiene en cuenta que esta fiesta es frontalmente rechazada, en mi opinión y en la de muchos miles, por la provincia de León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (SEÑOR MARTIN JIMENEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En efecto, el motivo de la pregunta proviene del hecho de la firma de unas normas en relación con el calendario escolar por parte de un Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Yo tengo que comenzar por decir: primero, que, como saben Sus Señorías, no tenemos competencias en materia de Educación. Segundo, que el calendario escolar tiene una especificidad en relación con el calendario laboral, que faculta a las propias autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia para elaborar sus propios calendarios escolares. No obstante (la propia reglamentación lo indica), tanto en la Ley General de Educación, en el artículo 10: "Instrucciones Complementarias de Desarrollo", que se deben de armonizar con las fiestas locales de las zonas y comarcas.

Entonces, lo que quiero decir es: primero, que, desde luego, las autoridades provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia son plenamente competentes para elaborar sus propios calendarios escolares, y de hecho son distintos, incluso dentro de una misma Región, en distintas provincias. Pero que, en aras de esa mayor armonía entre el calendario escolar y el calendario laboral -y no se olvide que dentro de los funcionarios y de los trabajadores del Ministerio de Educación y Ciencia hay muchísimos que son de rango laboral-, efectivamente, se tuvieron algunos contactos, como parecía lógico, con los Directores Provinciales, a efectos de que ambos calendarios, en la medida de lo posible, se armonizaran, teniendo siempre presente las posibilidades que tienen de establecer unas fiestas que son específicamente de Educación; y entonces, digamos, el acuerdo fue que, efectivamente, el calendario escolar de las Direcciones Provinciales, si ellos lo acordaban así, pues se establecería que, aparte de las fiestas propiamente escolares, se ajustarían en lo demás al calendario escolar que se estableciese para toda la Comunidad, de la Junta de Castilla y León. Y, en ese sentido, efectivamente, las resoluciones que han hecho los distintos Directores Provinciales, unos han recogido textualmente, que dicen: "los días festivos serán, calendario laboral más los específicamente escolares", y otros, en lugar de decirlo en plan genérico, han detallado; y éste es el caso concreto que se presenta, que ha detallado algunas de las fiestas y, entre otras, la del día veintitrés de abril que, efectivamente, la ha calificado incluso como Día de Castilla y León.

Bien, yo a ese propósito, y contestando específicamente a la pregunta, tengo que decir que, desde luego, el señor Procurador sabe perfectamente que la Junta no hurta el debate a propósito de esta fiesta; porque es sabido y conocido

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que tenemos presentado un proyecto de Ley en este sentido desde el año pasado, y que, desde luego, no es ésta nuestra intención, y es más, me atrevería a decir que no es la intención ni siquiera de la persona que ha introducido en el calendario laboral ese calificativo del día veintitrés de abril, pero que, ciertamente, el año pasado ya lo fue, los años anteriores, efectivamente, han sido ya reconocidos incluso por las antiguas autoridades del Consejo General de Castilla y León, aunque no de una manera plenamente oficial, y que, en ese sentido, a mí me parece que no ha habido intencionalidad en los Directores Provinciales, desde luego, de marcar como el día veintitrés de abril el Día de la Junta de Castilla y León. No creo que haya habido ninguna invasión de competencias. Probablemente, bueno, se ha introducido un término que, precisamente por la inercia, pues me parece perfectamente lógico y no creo que fuese la intención. Y, desde luego, mientras las Cortes de Castilla y León no decidan a propósito de ese proyecto de Ley presentado, la Junta de Castilla y León, que tiene competencias atribuidas por las propias atribuciones que le confiere la legislación al respecto, va a seguir marcando por decreto los días y el día, en particular, el Día de la Región, y en concreto, a este respecto, tengo que decir que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tengo que recordar nuevamente al señor Consejero que se está saliendo del tiempo que le corresponde.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (SEÑOR MARTIN JIMENEZ):

Pido disculpas; termino inmediatamente, señor Presidente. Simplemente decir que en relación con el calendario laboral para el año mil novecientos ochenta y cinco, consultadas las organizaciones sindicales y las empresariales, ninguna de ellas ha puesto objeción; no solamente no la ha puesto, sino que lo han señalado en sus escritos de respuesta, de que el día veintitrés de abril puede ser fiesta en el calendario laboral. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Cabezas Esteban.

EL SEÑOR CABEZAS ESTEBAN:

Sí. Brevemente, para decir que si no tienen competencias educativas, pues que se oficie al Ministerio correspondiente para que esta injerencia sea realmente subsanada, puesto que, si no, veríamos proliferar en la Región legisladores furtivos de toda índole.

Segundo, que lo que usted llama presunción, desde luego yo lo llamo injerencia claramente, y cuando usted habla de que por inercia (yo agradezco..., bueno, el señor Vaquero le agradecerá el capote que le echa), cuando usted dice que por inercia pone el veintitrés de abril, yo le diría que usted llama inercia a poca cosa, puesto que el veintitrés de abril sólo se ha celebrado un año, y usted sabe muy bien la fiesta que por inercia sí debería haber constado en el calendario.

Y, finalmente, que si usted ha presentado un proyecto de Ley, no me obligue a hablarle del "jesuitismo moral" que puede comportar el presentar proyectos de Ley y no tramitarlos. Usted cumple y otros, sin duda alguna, hacen la fontanería.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Interpelación dirigida a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Fernando Redondo Berdugo, relativa a política agraria". Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 29, de 25 de junio de 1984.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Redondo Berdugo.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Castilla y León es una Región eminentemente agrícola y ganadera, en la que trabajan en el sector doscientas treinta mil personas, lo que supone que, aproximadamente, un millón de habitantes de la Región viven directamente del sector primario, del sector agrario.

En la Región la mayoría de los cultivos se realizan en pequeñas extensiones y de modo directo, bien en sentido de arrendamiento, propiedad o aparcería; en definitiva, priva de modo muy importante la explotación familiar, llegando, según cifras oficiales del Ministerio de Agricultura del año ochenta y dos, a ciento ochenta y un mil cuatrocientas ochenta y cinco explotaciones de menos de diez hectáreas, y ciento diez mil seiscientas cuarenta y nueve entre diez y cien hectáreas.

Antes de entrar en el contenido propiamente dicho de la Interpelación, quiero recordar la Resolución aprobada en el Pleno de esta Cámara el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando dice literalmente que "la Junta participe activamente en todos los temas que se susciten en la Comunidad, aunque no tenga transferidas competencias; y quiero, igualmente, recordar, en aquel mismo día, las palabras, las sensatas palabras del Presidente de la Junta, cuando dijo a este respecto que "nada de lo que ocurre en Castilla y León es ajeno a nuestro Gobierno".

Señores Procuradores, desde la llegada del Partido Socialista al poder ha empezado, con gravísima repercusión en nuestra Región Castellano-Leonesa, lo que se ha venido a llamar por la prensa "ofensiva fiscal", que se ha manifestado, fundamentalmente, en tres actuaciones importantísimas legislativas: primero, elevación de las bases de la contribución territorial rústica y pecuaria para el año mil novecientos ochenta y tres, en cuantías medias, en nuestra Región Castellano-Leonesa, del trescientos por cien. Las revisiones de dichas bases se realizaron por los consorcios, consorcios en los que, por primera vez, no estuvieron representados los agricultores y estuvieron formados exclusivamente por funcionarios del Ministerio de Hacienda y por funcionarios municipales, cuando, en definitiva, se trataba de ser jueces y parte, ya que estos municipios son

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los que iban a ser beneficiarios de la elevación, en un trescientos por cien, de estas bases de la contribución territorial. De nada sirvieron las decenas y decenas de miles de recursos que se plantearon en toda España, y en la Región Castellano-Leonesa también en enorme abundancia; de nada sirvieron la oposición terminante de todas las asociaciones agrarias, de cualquier signo ideológico, que todas se opusieron precisamente a esta subida. Lo cierto es que la subida se realizó y lo cierto es que no sólo tiene repercusión en la contribución territorial rústica y pecuaria, sino que tiene repercusiones muy importantes en otras tres contribuciones que son: los derechos reales en sucesiones "mortis causa", en actos "inter vivos" y en el impuesto patrimonial.

La segunda legislación verdaderamente grave, desde el punto de vista fiscal, que afecta terminantemente a nuestra Región es la Ley de Saneamiento y Regulación de Haciendas Locales, de veintiuno de diciembre del ochenta y tres. Muy brevemente; por ésta se autoriza a los Ayuntamientos a establecer recargos, sin límite alguno, sobre el tipo existente de contribución territorial rústica, que en estos momentos sabemos que es del diez por ciento. Esta Ley es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer; esta Ley es un claro ejemplo de las leyes que no deben de llevar adelante; esta Ley es una ley, en mi criterio, absurda y enormemente peligrosa de presente y de futuro.

Y el tercer aspecto legislativo en el que se manifiesta esta llamada "ofensiva fiscal" contra el agricultor y ganadero, a lo largo de este tiempo último, ha sido la regulación , con efectos uno de enero del ochenta y cuatro (todavía no se ha liquidado por ese concepto), por Decreto del trece de octubre del ochenta y tres, de las contabilidades agrarias y de las liquidaciones a la Hacienda Pública a través de los sistemas de estimaciones objetivas singular y estimación objetiva singular simplificada. Van a suponer para los agricultores y ganaderos de nuestra Región, además de una inmensa complicación y preocupación, tremendas subidas en las cantidades a pagar a Hacienda. Dos ejemplos nos van a dar una idea clarísima de las consecuencias dentro de la estimación objetiva singular simplificada; que se trata, en definitiva, de explotaciones familiares con ingresos brutos, señores, de menos de cinco millones de pesetas, ¡ingresos brutos de menos de cinco millones de pesetas! Una explotación familiar con venta bruta anual, ingreso bruto anual de dos millones justos de pesetas, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, por el sistema antiguo, del seis por ciento sobre el producto obtenido, llevaba un beneficio teórico de ciento veinte mil pesetas y estaba exenta en Contribución sobre la Renta. Desde el uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro la nueva base se convierte solamente en cuatrocientas setenta y un mil trescientas seis pesetas, que es el salario interprofesional, mínimo interprofesional, y la cantidad a llevar a renta asciende..., a pagar por renta, la que se lleva son cuatrocientas setenta y un mil trescientas seis, son setenta y siete mil seiscientas cincuenta y dos pesetas; antes se encontraba exento.

En segundo lugar, otro ejemplo, ya para una explotación familiar de cinco millones de producto bruto -pienso en lo que puede ser el beneficio líquido-. Hasta el treinta y uno de diciembre, por el sistema del seis por ciento, tenía un beneficio teórico de trescientas mil pesetas y estaba exento de declaración en Contribución general sobre la Renta. Desde el uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se le convierte, señores Procuradores, en un millón ciento setenta y ocho mil doscientas sesenta y cinco pesetas, con una cantidad a pagar, en concepto de renta, de doscientas dieciséis mil cuatrocientas ochenta y cinco pesetas. Lo curioso es que como todavía no se ha pagado, los agricultores y ganaderos de Castilla y León no se han dado cuenta del gravísimo tema que se les ha planteado y de lo que van a tener que pagar dentro de muy pocos meses.

En la estimación objetiva singular, de más, de cinco a cincuenta millones -que antes era de diez a cincuenta, ahora ha pasado de cinco a cincuenta-, y en las cuantías de cinco a diez, que antes estaban en estimación objetiva singular, hoy las elevaciones llegan -no voy a poner más ejemplos, pero llegan, en afirmación rotunda- hasta el novecientos por cien en lo que se tendrá que pagar el uno de enero del ochenta y cuatro sobre lo que se pagaba el treinta y uno de diciembre del ochenta y tres.

Quiero recalcar que estos sistemas fiscales afectan prácticamente a todas las explotaciones familiares castellano-leonesas, salvo las que se encuentren en estimación directa, que son todas las que voluntariamente lo hayan querido aceptar y, obligatoriamente, las de más de cincuenta millones o más de doce obreros fijos, y que es un sistema que en definitiva es injusto, ya que el de actuaciones mayores no se ha tocado: se sigue pagando igual que se pagaba antes.

Además de estas tremendas elevaciones, hay otra actuación preocupante, y es que esto entraña una complicación burocrática inmensa; hay que acudir a un profesional, hay que hacer más gastos, hay que tener una preocupación, hay que hacer liquidaciones, en unos casos dos al año, en otras, cuatro al año. Todo esto, además de ser enormemente más caro, es enormemente más complicado; justo lo que está necesitando el modesto agricultor castellano-leonés, justo lo que estamos necesitando todos los agricultores castellano-leoneses. En definitiva, esta "ofensiva fiscal" afecta prácticamente a los doscientos treinta mil agricultores de Castilla y León.

El Procurador que les dirige la palabra tiene la esperanza, la única esperanza, que haya una contraofensiva electoral frente a esta "ofensiva fiscal", que muy pronto el agricultor castellano-leonés pueda ponerla en marcha.

Quiero tocar, señor Consejero de Agricultura, dentro de la Interpelación, de la amplia Interpelación que le presenté, y por razones de tiempo, otro tema; y los demás quedan vigentes, aunque no los pueda plantear.

El tema remolachero, de enorme importancia y de enorme actualidad en estos momentos, en nuestra Región.

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Para comprender la importancia que antes indicaba, en Castilla y León, voy a dar los datos siguientes, que son datos oficiales, del año mil novecientos ochenta y dos, del Anuario del Ministerio de Agricultura. Hectáreas sembradas en la campaña ochenta y dos-ochenta y tres, en regadío en Castilla y León; sólo ciento tres mil seiscientas noventa y una hectáreas. Hectáreas sembradas en secano en Castilla y León: cinco mil trescientas noventa y seis. Fábricas de molturas en remolacha y que hacen azúcar: trece fábricas en Castilla y León. Cosecha obtenida en el año ochenta y dos-ochenta y tres: aproximadamente cuatro millones seiscientas mil toneladas. Jornales que se han empleado: cuatro millones seiscientos mil jornales, ya que se entiende que cada tonelada de remolacha devenga el trabajo de un jornal. Lo que supone una dedicación permanente anual, aproximadamente -esto no es fácil saberlo con exactitud- de dieciocho mil personas en Castilla y León dedicadas permanentemente, los doscientos cuarenta días que hay de trabajo al año, al trabajo de la remolacha: dieciocho mil personas.

Por nuestra altitud y clima, el cultivo de remolacha es fundamental para los regadíos de Castilla y León, lo que se confirma con una gran tradición remolachera, que en nuestra Región data de finales del siglo pasado, ya que las primeras fábricas de remolacha, cuando se termina nuestro dominio en Cuba y Filipinas, se establecen, entre otros sitios de la parte de Aragón, en la Cuenca del Duero, y concretamente en la finca de la Rasa, que ya a finales del siglo pasado molturaba remolacha. La tradición remolachera de la Cuenca del Duero es enorme. Sin embargo, la contingentación en la producción puede suponer una reducción en su cultivo. Veámoslo. Los objetivos de producción en la campaña ochenta y dos-ochenta y tres fueron...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría tres minutos.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO:

Muchas gracias, Presidente.

... fueron cuatro millones seiscientas cuarenta mil toneladas; en el ochenta y tres-ochenta y cuatro se rebajó a cuatro millones cuatrocientas setenta y nueve mil; en el ochenta y cuatro-ochenta y cinco, el actual, cuatro millones doscientas cuarenta mil.

En este momento, porque es importantísimo en este punto, quiero analizar brevemente el Proyecto de Regulación Trienal próximo que con fecha día uno de este mes ha sido entregado a las asociaciones agrarias y planteado por la Administración en el grupo de trabajo del FORPPA al día siguiente: para la campaña ochenta y cinco-ochenta y seis se prevé, según dicho Proyecto, una disminución, señores Procuradores, de un millón cuatrocientas mil toneladas de remolacha tipo A -que es, en definitiva, la remolacha de valor auténtico-, en el cultivo de esta remolacha en toda España, lo que, con una incidencia en la Región Castellano-Leonesa del cincuenta y dos por ciento, supondría una reducción en Castilla y León, supondrá, si se convierte en definitiva, si entra en vigor, de setecientas veintiocho mil toneladas, quedando, en su consecuencia, reducido el cultivo a tres millones quinientas doce mil toneladas de remolacha, bajando un diecisiete por ciento con respecto al año anterior, el cual, a su vez, supuso una baja del cinco, treinta y cinco por ciento con relación a la campaña ochenta y tres-ochenta y cuatro. Dicho Proyecto, además, hace desaparecer el precio del transporte, que no sabemos en qué cuantía se incluirá en el precio de compra (artículo 11 del Proyecto), y pone en precario el de la pulpa, que queda al arbitrio exclusivo de las fábricas (artículo 15), sin que la Administración limite la producción de isoglucosas que tan reiteradamente viene siendo pedido por el sector agrario.

Señor Consejero, de confirmarse, como me temo, este Proyecto de Regulación de Campaña, supondrá una verdadera catástrofe para la Región Castellano-Leonesa y para sus hombres. Quiero recordar al señor Consejero de Agricultura las palabras que pronunció en la Mesa de Agricultura de estas Cortes, celebrada el dos de noviembre del ochenta y tres, refiriéndose a la remolacha, cuando indicó: "No debemos perder este cultivo". La reducción de setecientas veintiocho mil toneladas de remolacha supone, a razón de un jornal por tonelada, tres mil puestos de trabajo perdidos, con una disminución de ingresos de cinco mil millones de pesetas para la Región, que habría que sumarlos a los correspondientes al exceso de remolacha de este año en Castilla y León, que no podrán producirse tampoco la próxima campaña, lo que elevaría, en definitiva, a cinco mil puestos de trabajo menos, que es justo el paro que en el sector primario existe en este momento en Castilla y León.

Por último, muy brevemente señor Presidente, quiero referirme a las serias dificultades que está planteando el exceso de producción, en este momento, no contratada en la Cuenca del Duero. El objetivo de producción es, para esta campaña que estamos empezando, que vamos a empezar: cuatro millones doscientas cuarenta mil toneladas. La cosecha existente es superior, aunque no la podemos cuantificar. Conforme al Decreto Regulador de Campaña, veintiocho de marzo del ochenta y cuatro, los sembrados sin contrato serán de exclusiva responsabilidad del agricultor. La situación real, en este momento, es la siguiente, y voy a terminar señor Presidente. Existe un exceso de remolacha sin cuantificar, pero indudablemente importante en la Región y las fábricas ya han anunciado que no pueden recibirla. Tercero, la remolacha legalmente contratada no tiene por qué cubrir el menor precio de esa remolacha sin contrato. Cuarto, el Gobierno, el año pasado, en circunstancias similares, alentó que la remolacha no contratada fuese financiada por los remolacheros, por las fábricas y por la propia Administración, a través de la compra de ciento diez mil toneladas de azúcar al precio de 56 pesetas. El problema es serio y urgente, no descartándose alguna alteración de orden público en las recepciones de fábrica, que tienen anunciado empezar esta semana próxima, todas, las once de la Región Castellano-Leonesa,

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excepto la de ACOR que ya viene funcionando. Resuelva el Gobierno el grave problema, ya que no quiso resolverlo seriamente el año pasado cuando pudo y debió hacerlo, y resuélvalo pronto ya que no admite espera.

Para terminar, señor Presidente, señores Procuradores, por falta de tiempo tengo que ir muy deprisa, no puedo incidir en el resto de las cuestiones planteadas en mi Interpelación, quedando todas para ser contestadas por el señor Consejero. Todas ellas son reflejo de una muy mala actuación, en mi criterio, de gobierno, que ha sumido a los agricultores y ganaderos castellanos en una situación verdaderamente angustiosa. Ante esa, llamémosla, ofensiva, ya no fiscal, sino "ofensiva general" contra el agricultor y ganadero castellano, yo pregunto al señor Consejero y Vicepresidente del Gobierno de Castilla y León: ¿hace suya la Consejería y la Junta de Castilla y León la política seguida en el tema agrario durante este tiempo por el Gobierno Socialista de la Nación?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Realmente, y dado el texto de la Interpelación que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes y que se publicó hace mucho tiempo en la prensa ya, uno pensaba que la Interpelación iba a estar planteada a nivel del Estado, política general agraria, a pesar de que, posiblemente, el lugar donde se presenta no sea el adecuado para obtener respuestas concretas.

Sin embargo, al final, y yo observo en la intervención del señor Procurador una primera parte en la cual generaliza, en la cual habla de la política general del Gobierno, y, al final, cuando habla de un tema concreto, que es el tema remolachero, y lo hablaremos después extensamente, particulariza exclusivamente a la Región Castellano-Leonesa y habla exclusivamente del cupo remolachero de Castilla y León, y habla exclusivamente de la producción remolachera en Castilla y León, pero se olvida de la política a nivel global, lo cual, en realidad, rompe la unidad temática de la Interpelación, que realmente era muy interesante y que podía haber sido objeto de un debate altamente constructivo.

Yo comprendo que él y su grupo político tienen que buscar cualquier forum, y éste es un forum muy adecuado para plantear sus opiniones. Yo creo, realmente, que si desea plantear sus dudas o críticas para la política de la Nación su lugar eran las Cortes Generales, lugar adecuado, y además donde su grupo tiene cualificados representantes, y algunos de ellos, además, proceden de Castilla y León y hubieran sido capaces perfectamente de contestar esos temas.

¿Cómo no voy a hacer mía la frase del Presidente del Gobierno de la Comunidad, de que "nada de lo que ocurra en Castilla y León es ajeno a nuestro Gobierno"? Lo hago mío y Su Señoría estoy seguro que también, desde su puesto de Procurador; si no, iba a tener que dar explicaciones a sus electores casi con seguridad. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la responsabilidad de todo lo que ocurra en Castilla y León sea del Gobierno de la Región.

Y, desde luego, tal vez no sea el procedimiento adecuado interpelar a un Gobierno Regional dentro de las competencias exclusivas, y recalcando con mucho la palabra exclusivas, del Gobierno Central. Yo creo que se debía interpelar al Gobierno Central sobre las materias del Gobierno Central y a este Consejero sobre sus propias competencias; y, tal vez, todo lo demás sean fuegos artificiales o toreo de salón. Porque quiero recordarle al señor Procurador que, a pesar de las competencias exclusivas de la Comunidad de Castilla y León, en Agricultura, Ganadería, Industrias Agroalimentarias y Zonas de Montaña lo son de acuerdo con la ordenación general de la economía, y que la ordenación general de la economía , del crédito, de la Banca, de la Hacienda, de la Seguridad Social y de la Política Fiscal Agraria son competencia exclusiva del Estado (artículo 149 de la Constitución); todo ello sin perjuicio de que, metodológicamente, es dudoso que extremos, y cito textualmente de la Interpelación: "Seguridad Social, contribución territorial, saneamiento de las Haciendas Locales", etcétera, sea posible considerarla estrictamente como política agraria.

Pero, desde luego, como no es intención del Gobierno de la Región hurtar ningún tipo de debate, yo quisiera matizar alguna de las cuestiones que el señor Procurador no ha hablado de ellas por falta de tiempo o, tal vez, porque le da menos importancia al asunto.

Seguridad Social, en el primer punto. Bien: sabe Su Señoría que la subida de la Seguridad Social Agraria tiene como objetivo básico y primario el acercamiento del régimen especial agrario al régimen general de la Seguridad Social, y yo creo que ése es un objetivo que debemos perseguir todos, Sin embargo, y en su Interpelación, cita exclusivamente la parte del régimen especial de la Seguridad Social que ha tenido mayores incrementos, y, en cambio, no dice que, por ejemplo, las jornadas teóricas, o la cotización de los trabajadores por cuenta ajena mantienen sus niveles anteriores.

Evidentemente, ha subido la contribución territorial y rústica, que llevaba congelada desde el año setenta y cinco, que le correspondería haber subido en el año ochenta, que no subió hasta el año ochenta y dos, y yo recomiendo al señor Procurador que pregunte a un miembro de su Grupo, al señor Alvarez, que posiblemente le pueda dar cumplida información sobre ese tema. De cualquier manera, la contribución vuelve a estar congelada por ley hasta dentro de cinco años; por lo tanto, desde el setenta y cinco hasta el ochenta y ocho, trece años, sólo va a haber esa subida, que no tiene carácter de medio del trescientos por cien, como dice en su Interpelación, sino aproximadamente del ciento cuarenta y nueve por ciento; subida importante, no cabe duda.

Medidas urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales. No sé qué puede entender Su Señoría por "peligrosa libertad", frase textual de la Interpelación, y que,

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realmente, me preocupa hondamente que la libertad, con todos los controles democráticos que existen en los Ayuntamientos, pueda ser peligrosa o que alguien la pueda considerar peligrosa. No sé si no será algún residuo del subconsciente. Lo que no cabe duda es que, e insisto, parece que de la Interpelación debe deducirse que el señor Procurador está en contra de las Haciendas Locales saneadas, de la autonomía financiera de los Ayuntamientos y, desde luego, que tiene un concepto de ellos como si fueran niños mal criados. Yo creo que los electores municipales darán un tratamiento muy duro a aquellos Ayuntamientos que se pasen en ese concepto. Y yo casi no puedo resistir la tentación de decirle que tengo una lista aquí, por si acaso después la quiere conocer, de aquellos Ayuntamientos que efectivamente se han pasado, y por supuesto en su signo político.

Tipos de interés de los préstamos oficiales. Yo le tengo que decir al señor Procurador, y él lo sabe muy bien además, que los préstamos del B.C.A. para menos de veinte millones de pesetas y para inversiones agrarias no han variado sus tipos de interés. Y le tengo que decir, igualmente, que si van destinados a industrias, pedidos por entidades asociativas agrarias, no sólo no han subido, sino que han bajado. Yo creo que quedan así perfectamente salvaguardados los intereses de los pequeños y medianos agricultores y de los pequeños y medianos industriales que, como el mismo interpelante reconoce acertadamente en su Interpelación, son la inmensa mayoría en esta Región.

Precios agrícolas. Lo cita en la Interpelación y él no lo ha citado después. Y a mí me preocupa que nos quiera hacer creer en una identidad que no es verdad, y es que precios de garantía igual a precios percibidos por el agricultor, y de su Interpelación se deduce eso claramente; y él también sabe, perfectamente, que eso no es cierto: una cosa son los precios de garantía y otra cosa son los precios percibidos por el agricultor. Y, desde luego, si los precios de garantía fueran superiores, contra todo criterio económico, a los precios habituales del mercado, el Estado se convertiría en el único comprador de productos agrarios, y no me diga el señor Procurador que defiende esa teoría: la estatalización del comercio agrario. Los precios agrarios de garantía tienen que estar por debajo, de una manera normal, de los precios de mercado, y tienen que salvaguardar, en última instancia, cuando los mercados se derrumban; ésa es la función de los precios de garantía, y no otra, y no otra.

Y habla de "inputs" y de los precios de "inputs" agrarios. Y sabe perfectamente que hay un acuerdo que dice que hasta el doce coma cinco no se empezarán a adoptar las medidas que salvaguarden ese interés, y sabe perfectamente que los datos oficiales y oficiosos, contrastados por todos, están en estos momentos en el once coma cuatro.

Y sabe, y quiero hacer hincapié especialmente en ese tema, que la Estimación Objetiva Singular, ya sea simplificada o no, es optativa. Por lo tanto, todo agricultor debe y puede -yo digo debe y puede; podía haber dicho puede y debe-, yo creo que todo agricultor que considere injusto el sistema de Estimación Objetiva Singular debe acogerse al régimen de estimación directa, que va a permitir evaluar perfectamente cuál es su nivel de ingresos, cuál es su nivel de gastos y justificar, realmente, cuáles son sus ingresos reales y, por lo tanto, tributar por ello. Yo reconozco, en cambio, que tiene una cierta complicación administrativa que se reduce a llevar un libro donde se apuntan los ingresos y donde se apuntan los gastos y que, realmente, creo que es absolutamente necesario hacerlo.

Liberalización del comercio del trigo. Y ahí es donde ya no salgo de mi asombro, en el punto diez de la Interpelación, porque dice y habla de la campaña anterior diciendo que es un desastre y que los almacenes se abrieron tarde, cuando se abrieron el uno de agosto; y que se puso el grano en manos de las multinacionales, cuando, realmente, y el señor Procurador lo conoce, las multinacionales se portaron el año pasado, porque les interesaba a ellos y no por otra razón, ejemplarmente. Pero donde ya, desde luego, digo y reafirmo es que todos aquellos agricultores que, solos o en grupo, guardaron su grano y lo comercializaron en el momento adecuado obtuvieron por él precios infinitamente superiores al precio de garantía; porque, evidentemente, después me lo vuelve a plantear cuando suben los precios de los piensos del ganado, y suben por eso: porque hubo agricultores que aguardaron, con santa paciencia, a obtener buenos resultados.

Pero donde ya, desde luego, se me rompen los esquemas es cuando hace futurología, y ésa es la consecuencia de presentar Interpelaciones con demasiado tiempo. Y dice, y cito textualmente: "me estoy refiriendo a sus temores, advertencias y anuncios sobre las catastróficas consecuencias de la Ley de Liberalización del Comercio del Trigo". Y tengo que decir que, realmente, la campaña en este año ha sido absolutamente ejemplar; no ha habido ni un solo movimiento fuera de una fluidez absoluta de mercado en la campaña de cereales, y él lo sabe perfectamente. Por lo tanto, si además de eso, puedo hablar de que, efectivamente, en el tema remolachero el objetivo de campaña se fija a nivel de toda la nación, que no se fija a nivel de Castilla y León, sino a nivel de toda la nación; que evidentemente nos acercamos a un Mercado Comunitario; que evidentemente las diferencias de precio entre el mercado internacional y el mercado nacional son abismales, del orden de sesenta pesetas; que bien está que los consumidores, y yo lo encuentro absolutamente normal, apoyemos en el sector pagando a noventa y dos pesetas el kilo de azúcar... Evidente, pero que hay que intentar aproximar las producciones de remolacha a los consumos; es normal. Y, desde luego, habla de un Decreto de Regulación Trianual de Campaña, futuro, que se conoce extraoficialmente que puede ser objeto de debate, que lo va a ser, que está siendo objeto de negociación con los representantes legítimos de los agricultores, que son las OPAS en este caso, y que se llegará a acuerdos, por supuesto, sobre el tema, y que habla de que el objetivo general de campaña es un millón cien mil toneladas; lo que pasa es que crea, crea una figura de remolacha por la que muchas OPAS han luchado, que es la remolacha B, como posible vía de solución para todos aquellos agricultores que sean capaces de actuar por la vía de los costes, y no sólo de los precios. Y no hay que

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olvidarse que en el tema remolachero, y en muchos temas, hay que ir pensando en que las actuaciones por la vía de la valoración de costes son fundamentales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan tres minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Muchas gracias; estoy a punto de acabar.

Todo ello hace que el futuro de la remolacha, con el que estoy plenamente de acuerdo con el señor Procurador interpelante en que es básico para nuestra Región, y que yo creo, y además se deduce de las cifras, que lo que pretende el Gobierno Central es mantener los niveles de cultivo actuales, que lo ha dicho públicamente; y además en la negociación con la Comunidad Económica Europea pretende, y yo creo que se va a conseguir, el mantenimiento de los objetivos de producción, a nivel de la nación, en los ocho millones de toneladas; y ésa es la postura del Gobierno Central. Realmente puede considerarse como absolutamente ajustada a la realidad de la situación en estos momentos. Y, realmente, si a eso unimos que la Administración Central ha implantado un sistema de seguros agrarios que yo creo básico y fundamental, y yo creo que hay personas altamente cualificadas para juzgar el sistema en su primer año de funcionamiento absoluto, y que irá perfeccionándose y mejorándose, y que es un sistema básico para mantener el nivel de rentas de los agricultores; que ha desarrollado y está desarrollando la Ley de Contratos Agrarios; que ha promocionado un convenio entre Cajas Rurales y Banco de Crédito Agrícola; que está actuando en programas específicos sobre mejora de infraestructura, paso de agricultores jóvenes al campo, fomento de la comercialización e industrialización, compra de medios de producción en común, saneamiento ganadero; que ha dado una importancia básica y fundamental -y repito que también aquí hay personas que pueden dar fe de ello-, al tema de la Sanidad Animal como dato prioritario de cara a nuestra entrada en el Mercado Común; que las rentas agrarias en el año ochenta y tres crecieron el diez coma nueve por ciento; y que, en lugar del veintinueve por ciento, como dice Su Señoría, la renta disponible son, agraria, es el sesenta y dos coma ocho de la de los otros sectores. Todo ello hace pensar que este Consejero asume, por supuesto, la política agraria del Gobierno Central desde el punto de vista de la coordinación, del trabajo en común y, por supuesto, de la discusión, de la discusión cuando es necesario discutir y respetando cada uno sus propias competencias; porque, realmente, creo que en un sistema autonómico perfectamente concebido tiene que ser así. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Redondo Berdugo. Recuerdo que en este turno no se pueden consumir más de cinco minutos y yo agradecería que no se sobrepasara o no se excediera ese tiempo reglamentario.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Vamos a ver si soy capaz, parece difícil, en cinco minutos, poder contestar a la contestación de la Interpelación. Veamos, muy rápidamente. No cabe duda que al señor Consejero no le ha gustado mi Interpelación. Yo ya lo sabía que no le gustaba mi Interpelación; pero, en definitiva, yo he empezado recordando la Resolución de esta Cámara, que vincula y obliga a todos, y las palabras del Presidente de la Junta, que si no vinculan y obligan, por lo menos, indudablemente, marcan una pauta, y por lo tanto los temas que afectan a Castilla y León deben de ser estudiados y hablados aquí y, por lo tanto, creo que cuando se trata de temas tan importantes como los que se han planteado en la Interpelación, deben, por lo menos, de conocerse en esta Cámara, si no resolverse, y debe de tener, el pueblo castellano-leonés, la posibilidad de, a través de esta Cámara, saber que se han discutido, saber que se han tomado posiciones, saber que nos preocupan.

Dice el señor Consejero, en primer lugar de la Seguridad Social. Y dice que es que sólo he tocado la elevación de las jornadas reales, de los obreros por cuenta ajena, que suben el ciento veintinueve, setenta y ocho; pero es que dice que no suben los de cuenta ajena: suben el catorce por ciento -tengo la legislación aquí-, y los trabajadores por cuenta propia suben el cuarenta y ocho veinte por ciento. Me habla de la Ley de veintiuno de diciembre del ochenta y cuatro diciendo que el decir "peligrosa libertad"; peligrosa libertad es dejar a unos Ayuntamientos el que ilimitadamente, sin límite de ningún tipo, no el cien por cien, el mil por cien, el dos mil por cien, lo que quieran, no hay límite de ningún tipo. Sobre este tema ha estado a punto, y no sé si se ha planteado algún recurso de inconstitucionalidad; es que un Ayuntamiento, al que respeto absolutamente en este momento, puede elevar la contribución territorial rústica sin límite de ningún tipo (otras contribuciones también, yo me refiero a rústica), sin límite de ningún tipo. Así está establecido por la Ley de veintiuno de diciembre del año mil novecientos ochenta y tres.

Tipos de interés. Ya sabía yo también que nos iba a decir que el tipo de interés del Banco de Crédito Agrícola no ha subido. Estoy de acuerdo; pero he dicho que han subido tipos de interés fundamentales para el agricultor, como son los tipos de interés de los créditos que concede el SENPA para campañas de compra de semillas, cereales y abono, que sólo han subido del nueve al trece, y que cuando uno se retrasa en el pago de la cantidad se le recarga un ocho por ciento más, con lo cual llegamos hasta el veintiuno por ciento; y no creo que el señor Consejero tenga duda de estos datos.

Y lo mismo ocurre con la remolacha en los créditos de campaña que se conceden, que también han subido al trece por ciento del nueve por ciento. Luego han subido, señor Consejero, y han subido en cantidades muy importantes.

Precios agrícolas. Los precios agrícolas unas veces son orientativos y otras son, han sido, la única solución que ha tenido el agricultor y el ganadero para no terminar de arruinarse; no me diga que es que no son importantes.

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Durante muchos años los precios agrícolas, salvo este año por ejemplo, también, pero durante muchos años han sido a los precios que ha podido vender el agricultor. Y los precios agrícolas, en el Gobierno de UCD, subieron, en el año ochenta y uno, el once treinta y cinco por ciento; en el ochenta y dos, el doce dieciséis por ciento. En el Gobierno Socialista, el año el año ochenta y tres subió el nueve setenta y seis por ciento sólo, y en el año ochenta y cuatro, el seis setenta y uno por ciento; subidas muy inferiores al coste de la vida. Estamos en verdadera regresión de renta con estas subidas que se han realizado en estos años últimos, en estos dos años últimos, en los precios medios de los diecinueve productos intervenidos.

Estimación Objetiva Singular. Nos dice que es optativa. Claro que es optativa, pero la otra opción es la Estimación Directa. Y no es tan sencilla, señor Consejero: es el Código de Comercio por delante, son los cinco libros que exige el Código de Comercio, es alguien, un contable, que lleve oficialmente la contabilidad. Dígale usted al agricultor de dos millones de pesetas de producto bruto, o de un millón o de tres millones, que monte una contabilidad directa con los libros exigidos por el Código de Comercio y con un experto y un contable que le lleve más de lo que gana con el producto bruto de dos millones de pesetas.

Liberalización del comercio del trigo. Por supuesto que yo sabía que me iba a hablar de la liberalización del comercio del trigo, porque era lógico. Y tengo aquí precisamente el proyecto de Ley, que se convierte en Ley, de Liberalización del Comercio del Trigo. Concretamente, nos va a decir que es que el SENPA ha hecho una buena campaña o está haciendo una buena campaña. Yo diré que hay una campaña normalizada, que ha hecho una campaña, como todo el que gobierna, que tiene que cumplir. Lo que no tiene por qué hacer es una campaña catastrófica. Yo dije que el año pasado en Castilla y León se vendió la cebada dos pesetas más barata y tres pesetas más barata de las diecinueve que era el precio, aproximadamente, oficial; se vendió desde era. Y, sin embargo, con el transcurso del tiempo, en los meses de febrero, marzo y abril se llegó a vender a veintitrés cincuenta y a veinticuatro pesetas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda un minuto a Su Señoría.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO:

Los agricultores que no tenían almacenamiento ni capacidad financiera tuvieron que vender dos pesetas más barato que el precio del SENPA. Los que tenían esa capacidad o los que vendieron a las multinacionales, o los que vendieron posteriormente, pudieron vender a veintitrés cincuenta. Y este año, efectivamente, vamos a ver lo que ocurre con el SENPA, muy brevemente, aunque sea lo último que pueda intervenir por razón del tiempo.

El Proyecto de Ley de Liberalización del Trigo que presentó el Gobierno Socialista fue modificado con enmiendas por el Grupo Popular, exactamente en Comisión, el diez de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, en el congreso de los Diputados, introduciendo, a petición de estas enmiendas, una Disposición Transitoria número dos y una Disposición Adicional número dos, que son las que han salvado el precio de los cereales en Castilla y León y en toda España. Señores, la Disposición Transitoria Segunda, que no estaba prevista en el proyecto socialista, dice: "Para la campaña ochenta y cuatro-ochenta y cinco el Gobierno garantizará que la red de silos del SENPA que habitualmente venía funcionando en campañas anteriores permanecerá abierta desde el inicio de la recolección". Gracias a esta enmienda del Grupo Popular se ha salvado, gracias a esta enmienda se ha salvado el precio de los cereales, porque, si no, sin haber estado abierta la red de silos, hubiese sido una verdadera catástrofe y hubiera sido...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda medio minuto a Su Señoría.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO: Y

Y termino este apartado diciendo que la Disposición Adicional número dos, también a petición del Grupo Popular, prevé una línea de financiación especial para agricultores, entidades asociativas y cooperativas, con el fin de que almacenen sus cosechas. Estas dos enmiendas han salvado el precio de la cebada y el precio del trigo en esta campaña.

Y, por último, el tema remolachero, que yo no sé si me va a dar tiempo a replicar al señor Consejero. Es gravísimo el tema remolachero con el Proyecto de Regulación Trienal. Es gravísimo, porque, efectivamente, se pasa del concepto de remolacha al concepto de azúcar. Dice que hay un objetivo de un millón cien mil toneladas de azúcar; pero lo que no dice el señor Consejero es que el objetivo de azúcar tipo A, que es el que verdaderamente se paga, porque el tipo B no lo puede cultivar en España nadie, porque es un sesenta por ciento más barato que el tipo A, se va a regular en atención al consumo del año anterior; y el consumo del año anterior, señor Consejero, ha sido novecientas cuarenta y un mil ciento veinticinco toneladas, lo cual quiere decir que, haciendo las operaciones correspondientes que ahora aquí no puedo repetir, España pierde, el agricultor de España pierde un millón cuatrocientas mil toneladas de azúcar de remolacha...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Su Señoría ha agotado su tiempo.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO: ..

..y el castellano-leonés sólo, señor Presidente, el cincuenta y dos por ciento de esta cantidad.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Bueno, yo no quiero cometer el error de entender al señor Redondo Berdugo lo que no ha dicho, como él ha dicho que ha entendido lo que yo no he dicho. Eso es evidente. Pero, bueno, yo voy a empezar por algún tema de los que él ha tocado.

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Por ejemplo, la cebada. Y, por ejemplo, que gracias a una enmienda del Grupo Popular se ha salvado la cosecha. Y yo le tengo que decir que el calendario de apertura de silos estaba hecho desde tres meses antes, pactado entre las OPAS y el SENPA, y, desde luego, no gracias a la enmienda del Grupo Popular, sino que el SENPA tiene que funcionar bien, y ése es un objetivo que no depende de la Ley de Liberalización del Comercio del Trigo. Tiene que funcionar como ha funcionado este año, correctamente. Y el señor Procurador sabe perfectamente la cebada y el trigo que ha comprado este año el SENPA, que, desde luego, ha sido francamente poca, y estoy viendo que algunos Procuradores de diversos Grupos están asintiendo con la cabeza. Y tengo que decir una cosa: el año pasado se vendió cebada a dos pesetas por debajo del precio de garantía, y el cien por cien, o el noventa por ciento de esa cebada era de agricultores absentistas, de agricultores que llevan sus explotaciones desde las capitales de provincia y que les importa "un pimiento" vender una peseta más caro o una peseta más barata. Eso es así, porque no quieren ni tener capacidad de almacenamiento, ni quieren tener infraestructura para ello. Les interesa vender en cosechadora. De todas las maneras, yo estoy convencido de que, a partir de ese momento, y salvo los primeros quince días, la cebada y la campaña del año pasado fue una campaña interesante. Y estoy de acuerdo en que el precio de la cebada subió demasiado, y estoy de acuerdo en que el precio de los piensos subió demasiado; pero ésa es otra cuestión, ésa es otra cuestión que no entra en este debate.

Me ha gustado su Interpelación, y le tengo que llevar la contraria. Yo creo que la Mesa hizo bien en admitirla, creo que la Interpelación está bien hecha y creo que éste es un lugar adecuado para debatir, a su nivel, esos temas. Por lo tanto, está usted errado en pensar que a mí no me gustó su Interpelación, y es un juicio de valor; y, además, usted dice que ya lo sabía; tendrá fuentes de información falsas, porque yo, como no he dicho a nadie que no me gustaba, no sé quién se lo habrá contado.

Créditos de campaña. Si valoramos sobre el total del crédito oficial lo que importan los créditos de campaña, no cabe duda que yo me reafirmo en mi opinión de que el dinero, a los agricultores y a los industriales pequeños, no sólo no ha subido de precio, sino que ha bajado de precio en algunos conceptos.

¡Hombre!, y no me diga usted cuánto subían los precios agrarios hace veinte años, porque los precios agrarios suben a tenor de la inflación. Y yo le podía decir que este año en la Comunidad Económica Europea han bajado el diez por ciento, y no se lo digo, o no se lo dije, se lo digo ahora. Y, desde luego, lo que no cabe duda es que si la inflación es del veinte por ciento habrá que subir los precios, no sólo agrarios, sino todos los precios, a tenor de la inflación; si la inflación es más pequeña habrá que atemperarse, igualmente, a la inflación. La subida de los precios no puede ser homogénea todos los años; tiene que ir a tenor de cómo funcionan los mercados en cada momento. Yo creo que ése es un principio generalmente admitido. Y que el Gobierno de UCD, en su momento, lo hizo y subió más, pues la inflación en aquellos momentos, desde luego -y lo he dicho en la Interpelación-, no era la que va a ser este año.

Realmente, ha insistido mucho en el tema de los precios agrícolas. Yo creo que ése es un tema fundamental, efectivamente, y yo sigo defendiendo que los precios agrícolas no son, no deben ser el precio al que se venda todo; deben ser la salvaguarda que garantice unas rentas a los agricultores, pero es deseable que esos precios de garantía no funcionen y que el mercado se mueva por encima de esos precios, como principio económico general. Pero ya que vuelve a insistir en lo de la "peligrosa libertad", yo creo que la libertad no es peligrosa nunca, repito, nunca; siempre que existan los controles democráticos necesarios para que esa libertad, o los que la ejercen, puedan responder ante sus electores, no es peligrosa nunca. Y no cabe duda que es que las decisiones en los Ayuntamientos no se toman por una persona, se toman por una corporación, y en esa corporación están representados todos los grupos políticos, y esas decisiones se toman después de un debate y después de llegar a acuerdos, si se llega, y, si no, ganan las mayorías, como siempre.

Pues yo le puedo decir que en Avila, de doscientos cuarenta y siete municipios, han hecho uso de esa facultad treinta y uno, que es el doce coma cincuenta y cinco por ciento; el máximo tipo de elevación, el cuarenta y cinco por ciento, en Fuente el Sauz, de Alianza Popular. Burgos: trescientos setenta y tres municipios; han hecho uso de ello seis, el uno coma seis por ciento; máxima elevación, del veinte por ciento, Santa María del Campo, Alianza Popular. León: diecisiete; siete coma noventa y cuatro por ciento de todos los municipios, de los doscientos catorce que tiene; máximo tipo, un treinta por ciento...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda un minuto al señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ): ...

San Pedro Bercianos, Alianza Popular. Palencia: ciento noventa y un municipios; cuatro; el dos coma cero nueve por ciento; Venta de Baños: Partido Comunista de España. Valladolid: doscientos veinte municipios; veinticinco han hecho uso de ello; once coma treinta y seis por ciento; máximo tipo, cuarenta por ciento; Cabezón de Valderaduey: Alianza Popular, Villanueva de la Condesa: Alianza Popular, Villagómez La Nueva: Alianza Popular. Evidentemente, yo creo que tenía razón el señor Procurador para pensar que podían producirse elevaciones que a lo mejor son excesivas, pero yo estoy convencido de que el vecindario de estos pueblos va a exigirle garantías a sus munícipes, llegado el momento, y hay una forma clara de exigirles responsabilidades a los que gobiernan, en las próximas elecciones, posiblemente. De todas maneras, yo creo que coartar la libertad...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Medio minuto.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ): ...

. de los municipios lo creo excesivo.

Le tengo que recordar además (y yo no soy un experto en ello, siento reconocerlo), que yo creo que el Código de Comercio no exige nada más que tres libros: un libro de inventario, un libro de balances y un libro diario, donde se van anotando las operaciones contables. Y, desde luego, yo creo que eso en toda empresa agraria se debe hacer. Y yo estoy de acuerdo con usted, y eso lo reconozco, que muchos empresarios pequeños, agricultores pequeños, pueden tener dificultades en iniciarse en este campo, muchos, estoy absolutamente de acuerdo; pero que se debe avanzar en ese campo, porque el objetivo final es la imposición directa y la imposición directa no hay mejor manera de llevarla que con la Estimación Directa a cada contribuyente. Y eso creo que no tiene nada que rebatir; lo hemos aprobado todos casi siempre, y que la Estimación Directa es la forma más justa de que cada uno pague lo que debe y no de otras maneras. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones, el Grupo Mixto dispone de diez minutos. tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Cuando vi que había una Interpelación sobre política agraria de la Junta, en principio pensé en la gran satisfacción que habría en esta Cámara por poder debatir esa política agraria de la Junta. Lamento que se haya enfocado a una política agraria nacional y no a la política agraria regional, a las competencias que la Junta tiene. No es crítica, puesto que cada uno es libre de atender las posiciones que crea convenientes. Yo sí tengo que decir que me hubiese gustado manifestarme -como ya lo hice en los Presupuestos por dos veces, primero en la enmienda a la totalidad que yo presenté y después en la votación de los Presupuestos-, haber criticado y haber dicho que la política agraria de la Junta está siendo muy vaga. Y estoy diciendo de la Junta y no de la Consejería, fíjese la diferencia, porque en los Presupuestos Generales del Estado todos pedíamos más dinero para la Consejería de Agricultura, pero no era capacidad, no teníamos capacidad los Procuradores de hacer transferencias de Consejería a Consejería; pero el interés mostrado por todos al hacer las enmiendas era que la Consejería de Agricultura hubiese llevado bastante más dotación y no otras Consejerías, cuyos resultados los estamos viendo. Yo quiero recordar la anécdota al señor Presidente de que tanto insistí en el desastre que iban a ser los incendios forestales que en broma me decía, cuando bajé de esta tribuna, si representaba a alguna casa de aparatos de incendio. Era como broma. Hoy me hubiese gustado, aquí, haber podido discutir cómo en su provincia de Zamora se han multiplicado por cinco. Y vuelvo a decir: la Consejería no tenía medios económicos para haberlo corregido; la Junta sí los tenía, y la Junta los tenía para haber hecho el complemento, que aquí lo avisé de que el INEM este año no lo daba. Y el señor Consejero sabe que si él hubiese dispuesto de esos medios económicos que todos los Grupos le pedíamos para él, hoy no tendríamos que lamentar los cientos o miles de millones que se han perdido en esta Región; porque en algunas provincias, con menos de la mitad de incendios que el año pasado, se ha triplicado la masa forestal prendida. Este es un ejemplo, y podíamos haber seguido. Pero vuelvo a decir: mi crítica es a la política agraria de la Junta y no a la Consejería, por ahora, porque los medios que ha dispuesto creo que eran los mínimos que debía disponer. La Junta es la que ha hecho un mal reparto, malísimo reparto, como veremos en días sucesivos, cuando tengamos que criticar las actuaciones de otras Consejerías. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Procurador Presidente de las Cortes, señor Procurador Presidente de la Junta de Gobierno de Castilla y León, señoras y señores Procuradores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Yo agradecería al señor Procurador que en su primera intervención ya, y al aludir a las distintas presencias que hay en esta Cámara, se limitara a hacer uso de lo que es una costumbre parlamentaria.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Procuro, señor Presidente, en respeto a usted; pero quiero decir y lo digo principalmente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

El señor Presidente no admite discusión en torno al tema.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ: ...

. porque todos somos iguales, pero vale.

Yo, en primer lugar, quiero, al intervenir en esta Cámara por primera vez, recordar dos hechos que han pasado desapercibidos, que creo, en mi humilde condición de Procurador y representante de un partido regional, es la alusión de que nos tenemos que congratular porque hoy León ya sea de Castilla y León. Y en segundo término, porque cuando llevé a hombros a un amigo y maestro, don Claudio Sánchez Albornoz, juré lo que siempre me decía: ser lo más posible honrado, porque decía que ser honrado era muy difícil; por eso, quiero desde aquí recordarle en este momento, en la primera intervención que tengo en la Cámara. Y, después, ya paso al tema. Creo que han sido dos alusiones que no tenían que haber pasado desapercibidas a esta Cámara cuando se abrió.

Pero, en primer lugar, quiero decir que me congratulo de todo lo que se hable en esta Cámara sobre Agricultura, porque Castilla y León es, por excelencia, una Región agrícola. Y, en segundo lugar, que como Procurador y representante de un grupo regional, el PANCAL, esperaba mucho más de una Administración Socialista sobre el campo. Esperaba mucho más, porque a lo largo de miles de años, cientos de años, Castilla y León va perdiendo poder,

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poder, y se le echaba la culpa a otras administraciones. Y yo querría para Castilla y León que el campo estuviera a la misma altura que la industria vasca o catalana; por eso esperaba, lo prometo, de un cambio de ideología (si se puede llamar, porque a lo mejor muchas veces son la misma ideología), más de un gobierno socialista. Y por eso me alegro que el Consejero de Agricultura, que no pensaba decirlo, hablara del Mercado Común Europeo. Yo, en mi humilde aportación, estoy dispuesto a darle todos los datos y recomendaciones que el Consejo, el Mercado Común Europeo edita sobre la Agricultura y sobre otros temas; es más, me brindo para acompañarle a hablar con todos los agricultores del Mercado Común y le van a tratar lo mismo que si fuera un representante del gobierno vasco o catalán. Verá qué diferencia es ir con un castellano-leonés auténtico. Pero también le recomiendo al señor Consejero que, en esta Cámara, usted va a ser testigo de pronto presenciar una agresión que nunca lo presenciará en el Mercado Común Europeo: es el respeto a los Derechos Humanos de las Minorías; usted va a ser testigo de la gran agresión que van a sufrir pronto las minorías de Castilla y León, y representadas en esta Cámara.

Me agrada, me agrada, en tercer lugar, que como, con el interpelante del Grupo Popular, que está de acuerdo que la presión fiscal en Castilla y León y en España sea sobre las economías más positivas, más fuertes, no sobre los agricultores de Castilla y León. Pero no olvide que hay muy pocos agricultores en Castilla y León que hacen servir a sus empleados la mesa con guantes blancos; eso es también una agresión a los respetos humanos.

También me congratulo con el interpelante del Grupo Popular, que espera que, como contraofensiva electoral, el agricultor castellano-leonés no vote a los que ha votado. Y espero que algún día vote a sus hijos -que les defraudarán, porque no estarán de acuerdo con sus ideas, en muchas, pero nunca intentarán defraudarles totalmente- y dejemos de votar a aquellos que vienen enviados de Madrid, vienen por unas horas, dicen que son, quieren mucho a Castilla y León, y muchos la conocen a los cincuenta y seis años. Espero que algún día tengamos un ejemplo de las Comunidades Vasca y Catalana.

Y para terminar, señor Presidente, quiero recordar unas palabras del Presidente del Gobierno de España y, por lo tanto, es Presidente del Gobierno de todo español (y yo, como castellano-leonés, me siento español). Como decía Albornoz: "para amar España hay que amar primero a su pueblo", y él amaba mucho a Castilla y León. Hoy estaría orgulloso de que León fuera parte de Castilla y León, porque eso mantenía, y como estaremos orgullosos el día que Segovia también sea. Pero no estaría orgulloso por ver la agresión que van a sufrir los Derechos Humanos, que él fue uno de los miembros de la Liga de los Derechos del Hombre.

Bueno, pero como decía, que me congratulo aquí, con el Presidente del Gobierno, cuando dice que va a hacer una investigación para las cuentas que gastan los partidos en las campañas electorales, porque, entonces, los partidos que no tenemos ninguna ayuda podremos concurrir, no con los mismos derechos, pero sí aquellas personas que, a nivel individual, aportan cincuenta, sesenta, cuarenta millones en algunos partidos políticos, se verán obligados, si se hacen públicos, a no hacerlo. Y los que concurrimos sin medios económicos, nada más que con la utopía personal, nos podemos algún día igualar; sólo ante la ley, no hacia la sociedad. Y nada más.

Yo, desde aquí, pues quiero y ayudo, y pido que el Gobierno de Castilla y León, de la Comunidad, a mi provincia, de la que soy parlamentario, en Soria, estudie un poco más el problema de la transhumancia. Yo doy mi opinión de cómo se podría arreglar. Es muy triste recorrer muchos pueblos de la Sierra de Soria -que yo los viví-, y cuando iban a las confrontaciones electorales sólo treinta, veinte o cinco mujeres, yo pregunté: ¿dónde están sus maridos? Y están en Extremadura. Creo que podríamos ayudar a construir silos para que el ganado estuviera en invierno, y darle forraje, para que no salgan los hombres fuera. Eso es una agresión, también, a los Derechos Humanos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Quevedo Rojo.

EL SEÑOR QUEVEDO ROJO:

Señor Presidente, Señorías. Para fijar posiciones del Grupo Socialista en esta Interpelación, y haciendo de antemano propias todas las explicaciones que el señor Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes ha hecho a esta Cámara, que comparto perfectamente, quiero recordar a los señores Procuradores y sobre todo de la oposición, que me choca que se diga que las rentas agrarias están en una situación bajísima, que estamos en una situación mala. Lo comprendo. Yo soy un pequeño agricultor; ya el señor representante del Grupo Popular ha fijado posiciones entre unos y otros. Y yo me pregunto si realmente las rentas agrarias están en esta situación desde hace dos años, porque yo sé de ministros, y todo el mundo lo sabe, que están en un Grupo Parlamentario, y muy concreto. Yo quiero recordar también algo que el Partido Socialista ha llevado en todas sus campañas electorales y que está haciendo en el Gobierno; algo que era una cosa que han defendido las organizaciones agrarias, aunque a veces no todas, que era una política de rentas, no una política de precios que solamente beneficiaba al gran agricultor y nunca al pequeño. Y pongo un ejemplo: el que subieran los precios dos pesetas, al agricultor que cogía diez mil kilos eran veinte pesetas; claro, eso sí, al señor que cogía dos millones de kilos había conseguido cuatro millones más de pesetas. Esa, para algunos, sí era política. Para los socialistas no podrá serlo nunca.

Quiero fijar otra cosa importante. Se ha hablado de la presión fiscal socialista y se ha presentado aquí como un ogro que se va a comer a todos los campesinos. Yo quiero decir, también, una cosa muy clara en esto: tenemos que conseguir que todos los hombres del campo hagan su declaración, sea estimativa singular, sea de estimación directa; todos, porque así conseguiremos ver, realmente, quién tiene que pagar lo que le corresponde a cada uno. Y,

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si no conseguimos esto, no será justo que a los trabajadores que no están en el campo les descuenten de su trabajo una cantidad fija, que cotizan a Hacienda, y muchos agricultores eso no lo hacen porque nunca se ha fijado una fiscalidad en esto. Y yo estoy seguro que si empieza a hacer declaraciones todo el mundo, a llevar una pequeña contabilidad, que no es tan difícil, señores, que los agricultores no son tontos, que ya está bien que se les trate aquí como menores de edad, que los agricultores saben defenderse sus explotaciones y tengan por seguro que van a saber llevar una contabilidad por mínima que sea. Y con esto, con esto, estaremos consiguiendo una igualdad en fiscalidad para todos y, lo más importante: que pague más el que más tiene. Porque yo ahí veo una cosa importante, que hemos llevado los socialistas en las elecciones y saldrá adelante, que es una renovación catastral íntegra, para que realmente se fije la valoración de las explotaciones y que pague, lo repito, más el que más tiene.

Y hay que hacer otra cosa para mí muy importante, y la Hacienda Pública deberá preocuparse de ello: es un control sobre los dineros negros que entran en el campo y acaban con las pequeñas explotaciones, un dinero que llega a revalorizar fincas que no tienen ese valor e impiden al joven agricultor o ganadero montar una explotación decente. Están, con esto, revalorizando unas fincas que no tienen ese valor e impidiendo a las explotaciones poder desarrollarse. Y hay que acabar con esos señores que llegan al campo a destrozar las economías agrarias.

Dejando este punto, hay algo que también yo en la Comisión lo dejé muy claro, que era el tema del SENPA, la situación del año anterior, en la que se dijo que se había vendido el cereal a precio muy bajo (cosa que creo que quedó muy clara para quien la quiso entender y comprender) y que este año iba a ser una catástrofe con la liberalización del mercado del trigo; y es que, realmente, a un Procurador Socialista y al Grupo Socialista le preocupa que tanto se hable de la economía de mercado y se estén pidiendo todo el tiempo medidas proteccionistas. Realmente, a uno le preocupa.

La actuación del SENPA, señores Procuradores, se ha hecho este año en un acuerdo -y se han fijado las fechas- entre las organizaciones agrarias y los trabajadores del SENPA. Que quede muy claro que los trabajadores funcionarios, cuando hay una Administración que trabaja y exige el trabajo, colaboran. Lo que sucede es que hasta ahora cada cual campaba por sus tierras, destinos o como lo quieran llamar.

Se dice en la interpelación que la remolacha, un tema..., que es un producto muy social, que crea puestos de trabajo. Debemos, de una vez por todas, todos, todos preocuparnos más de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿Que la remolacha es un cultivo social? De acuerdo. Pero señores, que en esta Región no todos son cultivadores remolacheros y que hay que, entre todos, conseguir cultivos alternativos, también, a los regadíos; porque la remolacha no puede estar, no puede estar teniendo unos precios, en diferencia al Mercado Común, como estamos están en estos momentos, si entre todos no conseguimos rebajar costes y fijar unas cantidades que no graven al resto de los cultivos del campo.

Otra de las cosas que se hace en la Interpelación es que los precios agrícolas los ha fijado el gobierno no sé quién, el gobierno no sé cuánto. Yo creo que el señor Procurador en esto ha tenido un lapsus; creo recordar que desde hace unos años, y no desde la llegada del Gobierno Socialista, sino anteriormente, los precios se fijan con las organizaciones agrarias, se fijan con las organizaciones agrarias; que luego algunas se desmarquen, no sé por qué, ellas tendrán sus razones y algún día lo tendrán que explicar.

Creo que también aquí se decía que qué medidas va a tomar la Junta, y a lo que el señor Consejero ha explicado claramente cuál era la política de la Junta. Creo que ahí están las leyes y, perdón, los decretos de pequeños regadíos, con ayudas para hacerlos en los Ayuntamientos y acabar con el paro; ahí están las ayudas al trabajo en común en máquinas de cultivo; ahí están las ayudas a las organizaciones comerciales agrarias. Algo en lo que no se ha incidido aquí y debemos incidir todos, es una idea que debe quedar grabada para todos y conseguirla, que es que solamente los grupos de agricultores, las asociaciones agrarias u organizaciones cooperativas pueden, realmente, llevar al campo una rentabilidad suficiente. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Redondo Berdugo.

EL SEÑOR REDONDO BERDUGO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Para fijar posiciones en nombre del Grupo Popular.

Inicialmente, quiero hacer una aclaración al señor Procurador, señor Quevedo, de Burgos, que acaba de dirigirnos la palabra, para indicarle, cuando nos dice que los precios agrarios no son decretados por el Gobierno, sino pactados por el Gobierno con las asociaciones agrarias, que eso se hacía antes, que desde hace dos años el Gobierno Socialista no lo hace y que, concretamente, en las negociaciones del último año, en ésas de esa tremenda subida de un seis por ciento -de un seis por ciento, cuando parece ser que el coste de la vida, según la Administración, va a subir un ocho, probablemente suba un nueve, no sabemos- pero en esa enorme subida del seis, siete por ciento, es público y notorio que en las negociaciones del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres no se negoció, sólo se escuchó a las organizaciones agrarias; y es público y notorio que todas las organizaciones agrarias se levantaron de la mesa de negociaciones, menos la de matiz socialista, que fue la única que firmó el convenio o el acuerdo de los precios agrarios; todas las demás: Jóvenes Agricultores, UFADE, Confederación, etcétera, todas se levantaron de la mesa de negociación. Fueron precios impuestos.

Recuerden ustedes, Señorías, que en aquel momento, por la prensa, por la prensa especializada, se hablaba del "decretazo", del decretazo que dio el Gobierno Socialista para imponer unos precios con la subida del seis, siete por ciento, a efectos mil novecientos ochenta y cuatro.

Y paso a fijar ya, definitivamente, las posiciones de mi Grupo respecto de la Interpelación.

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Hemos planteado graves temas, se han planteado en esta Interpelación, que no han sido aclarados. Se nos ha dicho por el señor Consejero que tiramos balones fuera, que personalmente tiro balones fuera. Yo creo, con todas las consideraciones y afecto hacia el señor Consejero de Agricultura, que ha tirado él balones fuera. Seguimos sosteniendo los once puntos planteados en la Interpelación, y seguimos sosteniendo, mi Grupo, las preguntas finales que resumían todo esto: ¿sigue el Gobierno de Castilla y León haciendo suya la política del Gobierno Central en temas agrarios? Ya nos han contestado que sí. Y, entonces, nosotros indicábamos que esta política, que consideramos mala, que consideramos peligrosa para el agricultor y ganadero, sólo afecta, señores Procuradores, a un millón de castellano-leoneses, sólo a un millón de castellano-leoneses. Y -voy a ser muy breve en esta ocasión- quiero decir que esta política da lugar a que, en este momento, la renta del sector sea, habiendo bajado en el año ochenta y tres casi un punto con respecto al año mil novecientos ochenta y dos, no sabemos lo que ocurrirá en el año mil novecientos ochenta y cuatro, pero lo que no cabe duda es que si ha venido buen año, tampoco debe de jugar la baza única y exclusivamente como si del Ministerio de Agricultura hubieran sido los decretos correspondientes al buen año climatológico; pero lo cierto es, señores, que en el año ochenta y tres bajó un punto el nivel de renta de los agricultores con respecto a los demás sectores, y que está en un nivel del veintitrés por ciento; quiere decir que la renta de cada agricultor que trabaja activamente en Castilla y León es el veintitrés por ciento con respecto a la del sector industrial o con respecto a la del sector servicios.

Para terminar, quiero recordar -sosteniendo, repito, toda la Interpelación, y sintiendo, entristeciéndonos que la Junta y la Consejería de Agricultura hagan suya, total y absolutamente, sin la posibilidad de ninguna crítica, la política global del Gobierno Socialista-, quiero recordar, y termino, algo muy importante. En el año mil novecientos setenta y ocho los españoles aprobaron la Constitución; la Constitución es el marco en el que nos movemos y en el que deberíamos de movernos en el futuro; la Constitución debe ser la guía de todos y debe de cumplirse, señores. Y yo quiero recordar -y terminar solemnemente, diría, porque estoy dirigiéndome a un millón de castellano-leoneses- el artículo 130 de esta Constitución, cuando dice que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y en particular de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, a fin de equiparar el nivel de renta de todos los españoles, que, como hemos visto, se encuentra a años luz unos de otros.

Yo pediría al Gobierno Socialista de Castilla y León y al Consejero de Agricultura que hagan lo posible, sinceramente, y ya sin partidismo de ningún tipo, para que esta renta de los agricultores y ganaderos castellano-leoneses se eleve, sinceramente, se eleve sustancialmente. Comprendemos que será difícil, y si alguna vez tienen que decir algo al Gobierno Central y enfrentarse, se enfrenten diciéndoles que algunas de sus medidas pueden perjudicarnos seriamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo quisiera, en primer lugar, y puesto que el Procurador don Daniel De Fernando, por el Grupo Mixto, hizo alguna alusión a la Consejería de Agricultura, sobre todo, y además es cierto, porque en la discusión y debate de los Presupuestos pedía más dinero para la Consejería de Agricultura, que yo, evidentemente, como Consejero de Agricultura se lo agradecí entonces (espero que al año que viene mantenga la misma posición), y que, realmente, yo recuerdo que los Presupuestos de esta Consejería fueron aprobados por unanimidad. Pero sí, en cambio, le voy a decir una cuestión y es respecto a un asunto que a él le preocupa tremendamente, que es el de los incendios forestales. El sabe de sobra cuáles han sido las razones por las que este año no se ha incrementado sustancialmente el número de incendios, y mañana o pasado tendremos datos definitivos que se darán; porque yo no llamo incrementar sustancialmente el número de incendios el que sus coeficientes, en algunas provincias, hayan sido incluso inferiores a los de otros años. Y hay que reconocer una cosa: en los incendios forestales, y en eso acude en mi auxilio el señor Procurador del Grupo Popular cuando dice que nosotros no podemos decretar lo de la lluvia y lo de la no lluvia, que, efectivamente, tampoco es muy fácil, pues, contener los incendios forestales siempre en los mismos niveles. Lo que hay que contener los incendios forestales es en unos límites razonables; y yo creo que, y en eso estará de acuerdo el señor Procurador conmigo, si completamos la inversión realizada en años anteriores en incendios forestales y la de este año, desde luego, los incendios forestales se han mantenido en unos límites razonabilísimos, y además el señor Procurador sabe que los fondos con los cuales se hacían labores preparatorias, que eran importantísimas en el tratamiento contra incendios forestales, venían de unos acuerdos INEM-ICONA que este año han tenido una reducción sustancial, a pesar, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el Procurador señor Redondo Berdugo, a pesar de que nos pegamos, literalmente, con la Administración Central por conseguir que esos acuerdos adquirieran una dimensión razonable. Y en eso ya le contesto a la última de sus preguntas: yo me pego con la Administración Central, y cualquier otro Consejero de esta Junta, siempre que sea razonable, dentro de nuestras competencias y buscando lo mejor para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y compatibilizando eso mejor para nosotros con lo que es mejor para todos; y yo creo que desde esas coordenadas ni el señor Redondo Berdugo ni yo vamos a tener problemas nunca de criterio en este tema.

Quiero agradecer a don Francisco Alonso una referencia a León, porque, evidentemente, el que León esté dentro de la Comunidad Autónoma por una..., el que haya sido desechado el recurso por el Tribunal Constitucional es importante, y a mí me agrada, como leonés incluso, que eso se haya mencionado. Y agradecerle, además, su oferta

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de colaboración para todos aquellos temas que se refieran a la Comunidad Económica Europea, y que no dude que, si es necesario, acudiremos a él para que nos proporcione todo ese tipo de ayuda; lo agradezco muy sinceramente.

Y yo creo que hay que plantear las interpelaciones dentro de sus justos términos; y plantear una Interpelación de once puntos, que ni el propio interpelante ha sido capaz de desarrollar en veinticinco minutos, es absolutamente desaforada. Yo creo que hubiera sido mejor una Interpelación más breve, sobre puntos más concretos; por ejemplo, remolacha, que es un tema que al señor Procurador -yo lo comprendo además--, y a mí me preocupa profundamente, hubiera sido, posiblemente, más acertado.

Yo no tiro "balones fuera", ni he dicho esa frase. Dije algo de "toreo de salón" o dije algo de "fuegos artificiales", pero no "balones fuera". Yo tengo muy buena memoria para lo que digo, sobre todo cuando lo digo en público, porque eso es conveniente. Yo dije que hacer interpelaciones aquí, y recordé que el Grupo Popular tiene en las Cortes Generales significados representantes de esta Comunidad. Y yo no estoy fomentando las interpelaciones del Grupo Popular; estoy recordando simplemente cuál es el sitio de algunas de ellas; por favor, no quiero ser acusado de que fomento las interpelaciones del Grupo Popular ante el Gobierno.

Yo creo que este año, y tengo que tocar de refilón el tema de los pactos de precios, se discutió, se intentó llegar a un acuerdo -es muy distinto que escuchar solamente-, se debatió, y al final se llegó o no se llegó a acuerdos, y al final el Gobierno -en uso de las atribuciones que tiene, que yo creo que debe ejercer además, porque, si no, indudablemente, le acusaríamos de hacer dejación de sus funciones y sus autoridades-, decretó, porque, evidentemente, al final los precios de garantía se hacen por decreto, evidente, decretó los precios de garantía. Y yo estoy de acuerdo en que algunas asociaciones agrarias hubieran querido que fueran más altos, y yo tengo que recordar que en algunas producciones sustanciales para esta Comunidad, como por ejemplo en cebada, por ejemplo en avena, por ejemplo en centeno, por ejemplo, incluso, en remolacha, las subidas fueron, en algunos de esos productos, superiores a las esperadas; las subidas en piensos subieron el diez por ciento, la remolacha subió el seis y medio, etcétera.

Yo estoy de acuerdo, y el señor interpelante nos lo comentaba al final, yo defiendo la política y estoy de acuerdo con la política de la Administración Central dentro de sus competencias; e incluso dentro de sus competencias mantengo contactos frecuentes con ella, discusiones, debates y enfrentamientos incluso, pero dentro, siempre, del reconocimiento expreso de que hay determinadas competencias que son exclusivas del Gobierno Central, cosa que no debemos olvidar ni esta Comunidad ni otras Comunidades.

Y también estoy de acuerdo en que nosotros no podemos decretar lo de mal año y buen año, pero no estoy de acuerdo en absoluto en que usted sólo nos permita jugar cuando hay mal año. Evidentemente, cuando hay un buen año, evidentemente, la producción bruta agraria se incrementa; eso tiene una repercusión importante sobre el producto interior bruto del país entero, puesto que, evidentemente, no sólo en Castilla y León, sino en otras Comunidades el sector agrario tiene una importancia decisiva, y, por lo tanto, cuando tira el sector agrario, y ése es el deseo de todos los que estamos aquí reunidos, eso es evidente, tiran todos los sectores, sobre todo cuando en los demás sectores podemos estar inmersos en una crisis de cierta importancia.

Le agradezco su última referencia a la Constitución que, evidentemente, acatamos todos en todos sus aspectos; y, bueno, yo no me limito a dirigirme a un millón de españoles o de castellano-leoneses; me dirijo a todos los castellano-leoneses, sean agricultores o no.

Y yo creo que, como final de mi intervención, creo que el sector agrario, en nuestra Comunidad, tiene una importancia básica; creo que ese sector agrario debe mejorar; creo que el camino de su mejoría está en la propia transformación y elaboración de sus propios productos; creo que eso debe hacerse por los propios agricultores, para conseguir una mayor prosperidad, bienestar y progreso, tres palabras que yo creo que definen perfectamente cuáles son los objetivos del señor Procurador y, por supuesto, los míos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Tercer punto del Orden del Día: "Interpelación dirigida a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Francisco Montoya Ramos, relativa a medidas adoptadas en relación con la Resolución de 9 de marzo, sobre Ferrocarriles Regionales", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 35, de 24 de septiembre de 1984.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. He presentado esta Interpelación como algo obligado, forzado por la propuesta Resolución, que se aprobó por unanimidad en esta Cámara en el Pleno, creo que fue, del nueve de marzo, en la que se exigía a la Junta una defensa eficaz de los intereses regionales en tema de los Ferrocarriles. Y, previamente, el señor Madrid, en su intervención, había mostrado también su preocupación por este tema, reconociendo que el mismo estaba por encima de matizaciones políticas e ideológicas. Yo no quisiera tampoco, esta mañana, politizarlo en exceso, aunque el tema sea candente en estos momentos; más que algo partidista, la defensa de nuestros ferrocarriles debería ser hoy un tema asumido por todos los grupos políticos.

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¿Se ha llevado a cabo la defensa solicitada? ¿Se va a seguir luchando por nuestros ferrocarriles? Yo creo que éstas son las dos preguntas que a mí me gustaría tuvieran una respuesta positiva hoy en esta Cámara; respuesta por quien pueda darla: por el Presidente de la Junta o por el Consejero de Transporte, Turismo y Comunicaciones.

Los tristes resultados derivados de la decisión del Gobierno Central y su gravedad hacen que quizá debiera ser el propio Presidente quien diera contestación a lo que es tan importante, no sólo para esta Cámara, sino, evidentemente, para toda la Región, sobre la que yo diría que, por este motivo, se debate en estos momentos la mayor desesperanza.

La Consejería de Transporte, Turismo y Comunicaciones redactó un informe sobre el estudio previo, hecho por el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones también. Si en el estudio del Ministerio se hablaba de cierre y levante de instalación de seis líneas de ferrocarril de la Comunidad Autónoma, en el informe posterior se defendía el mantenimiento de algunas para mercancías, argumentando en contra del desmantelamiento de otras instalaciones. Desde mi punto de vista, poca cosa; y lo digo con tristeza, porque yo he querido ver una energía inicial en el señor Consejero en la defensa de nuestros ferrocarriles y una rapidez en la acción, como lo demuestra este mismo informe redactado rápidamente, que luego no he visto en las conclusiones; y los hechos, desgraciadamente, han confirmado mis palabras con un resultado negativo. Yo creo que el informe hecho por la Consejería era muy débil, porque si en el estudio inicial sólo, prácticamente, se tenía en cuenta una circunstancia, la rentabilidad de cada línea aisladamente, en el informe se añadía un razonamiento más, que es que la rentabilidad de las líneas había que considerarla en el conjunto del contexto, en el contexto del conjunto de las líneas de todos los ferrocarriles, porque se generaba un tráfico que, a su vez, incidía en toda la red ferroviaria; aunque, de todas formas y manejando solamente este argumento, siempre en el terreno de la rentabilidad, ya se llegan a importantes conclusiones, como es que ninguna línea debía desmantelarse y cinco de ellas debían mantenerse para el transporte de mercancías, lo que ni siquiera se ha conseguido. Yo me pregunto: ¿es que RENFE es una empresa que produce grandes beneficios a la Nación (me refiero a beneficios de capital)?; ¿qué significan los siete mil cien millones de pesetas que se van a ahorrar cerrando ochocientos veinticuatro kilómetros de vía en el conjunto de la Nación, pero mayoritariamente en Castilla y León y concretamente en Burgos (yo lamento que, una vez más, tenga que referirme a la provincia de Burgos para un tema que es, desgraciadamente, para mal), una cifra superior al veinte por ciento nacional solamente en la provincia de Burgos?; ¿es que una Región pobre como la nuestra no se merece que el ferrocarril pueda ser un elemento colonizador? No se han tenido en cuenta ni razones sociales, más importantes para nuestra Región que para las regiones más ricas, ni se ha valorado el poder generador de riqueza que el ferrocarril lleva consigo; y de nada de esto se hablaba ni en el estudio inicial ni en el informe, como si todo estuviera ya consumado de antemano, como si todo estuviera ya acordado, y sólo se hubiera querido hacer una réplica ligera para justificar el expediente, evitando, en ese caso, una polémica mayor.

Yo querría recordar al señor Consejero y al señor Madrid, que ha habido presidentes de otras regiones autónomas que han dimitido simplemente porque se retrasaban las transferencias del ICONA. Y yo no es que quiera que dimita el señor Presidente ni el señor Consejero de Transporte, pero sí que luchen con el mismo espíritu, aunque también a estos presidentes dimitidos, luego les hacen ministros; por lo menos eso dice la prensa.

Pero los ferrocarriles que se quieren cerrar, casi se quieren cerrar porque no estaban abiertos, porque los ferrocarriles no estaban abiertos. La culpa, incluso, de que no sean rentables no está en que no fueran utilizados o que no sean utilizados; está en que son inutilizables. Y aquí sí que habría que profundizar y habría que haberlo hecho en el estudio. El caso más flagrante: Santander-Mediterráneo, un ferrocarril en el que para cruzar la provincia de Burgos hacen falta dos días, y que el tramo más importante, aquel que podría haber llevado una rentabilidad al ferrocarril, el tramo Burgos-Santander, no se ha querido terminar a falta de pocos kilómetros; y recalco la palabra de "no se ha querido terminar". Y he dicho que no quiero politizar el tema; por ello yo no voy a culpar al Gobierno Socialista, aunque éste parece que quiere rematar la faena. No lo ha querido terminar nadie: ni derechas, ni centro, ni izquierda, ni las dos dictaduras que han pasado, también, sobre sus vías. ¿Por qué en el informe, sin embargo, no se analizaban las causas de que no se haya terminado?; ¿será cierto que son inexplicables? Y aquí sí que, agotados todos los razonamientos lógicos, tenemos hasta que acudir a la voz de la calle, esa voz de la calle que dice que los ferrocarriles no se han terminado, porque, el ferrocarril Santander-Mediterráneo no se ha terminado, porque sobre el mismo han influido una serie de factores fácticos, de poderes fácticos. ¿Tendrá razón esa voz de la calle cuando dice que, en este caso, ha sido el gran capital vasco, interesado en que el ferrocarril no se concluya?; ¿y serán estos intereses, cualesquiera que sean, más poderosos que la soberanía popular representada por esta Cámara? Si queremos demostrar a nuestras gentes que la Autonomía puede acabar con nuestro subdesarrollo, yo entiendo que ésta es una de las ocasiones mejores. Este es el momento de demostrar que las Autonomías no sirven solamente, como dice la gente de la calle, para encarecer la Administración, para generar impuestos, sino que sirven también para defender importantes intereses regionales, incluso aunque entren en colisión con otras regiones, con otras regiones en las cuales..., contra las cuales nosotros no hemos dicho nada cuando en ellas se llevan a cabo las mayores inversiones del Instituto Nacional de Industria, que nosotros también pagamos con nuestros impuestos.

Pero, voy a concluir; voy a concluir porque no es mi voz la que tiene que oírse esta mañana, sino la de los que tienen el poder ejecutivo para remediar lo que yo creo que es casi irremediable. Yo solamente he querido hacer un planteamiento del problema. El cierre de líneas en nuestra

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Comunidad, sin embargo, no debiera permitirse, ni por la Junta ni por estas Cortes.

Ya asistimos, en los años felizmente superados, a una emigración masiva de nuestras gentes. Trenes enteros iban a Alemania o a regiones más industrializadas de nuestro país. Dentro de tres meses ni siquiera en tren podrán marcharse; pero necesariamente tendrán, tendremos que irnos a esas grandes ciudades, servidas por esos grandes corredores que dice el ministro Barón, y los que queden lejos del corredor seguirán pagando sus impuestos para sufragar los grandes déficits de RENFE, con el único consuelo de que tendrán que pagar siete mil millones de pesetas menos.

Señor Presidente, señor Consejero, yo creo que el momento es grave y que la decisión de cerrar los ferrocarriles no debe ejecutarse en nuestra Región, deben arbitrarse las medidas precisas para evitarlo. El ferrocarril Santander-Mediterráneo, sobre todo, ha ido acumulando muchas esperanzas de desarrollo que el tiempo transcurrido no ha sido capaz de borrar; a esas esperanzas hay que darles una respuesta, porque nuestro pueblo la está esperando, no terminárselas de cortar. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Consejero de Transportes.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Señor Presidente, Señorías. Yo tendría que felicitar al señor Montoya, porque ha hecho una exposición tranquila de un tema que, yo diría, está excesivamente politizado; y, por otro lado, creo deducir de sus palabras un excesivo pesimismo sobre una realidad que no es la que él plantea. Con la venia de Sus Señorías, voy a hacer un repaso rápido, dado el poco tiempo que tengo, sobre la trayectoria seguida por la Junta en estos meses.

En primer lugar, quiero hacer hincapié a Su Señoría, señor Montoya, de que no he hurtado del debate profundo sobre el tema del cierre de líneas a esta Cámara, toda vez que yo no me podía dirigir a la Comisión de Transportes, que era a la que preceptivamente tendría que ir, en función de que la resolución del Consejo de Ministros se ha producido con posterioridad a la Interpelación del señor Montoya, que es de fecha diez de septiembre: el Consejo de Ministros tomó la resolución el pasado día treinta. Obviamente, en este interregno de tiempo se ha producido esta sesión plenaria y yo ofrezco a la Comisión de Transportes, a través de su Presidente, la posibilidad de iniciar una amplia exposición de todos los pasos dados y de todos los estudios realizados por la Consejería, que creo que merece la pena que conozcan Sus Señorías.

Sí quisiera, para introducir el tema, hacer una exposición de la situación que había el día nueve de marzo, que es, según mis notas, la fecha en que este Pleno tomó la Resolución en la que basa la Interpelación el señor Montoya. La situación de aquel momento está recogida en el contrato-programa de RENFE y para situar a Sus Señorías lo voy a leer textualmente. El título del contrato-programa, ya firmado por el Consejo de Ministros en el mes de febrero -con lo cual era una situación irreversible-, era la siguiente: "Se consideran como líneas altamente deficitarias las que figuran en el anejo cuatro cuatro (luego especifico cuáles son), que no resultan económicamente viables, de acuerdo con las directrices del Gobierno para la elaboración del contrato-programa. El Gobierno considera necesario el cierre total o parcial de las mismas, previa sustitución de los servicios por otros medios de transporte de mayor viabilidad económica, si el resultado de los estudios económico-sociales sobre su futuro confirma las previsiones anteriores. La fundamentación de las propuestas de cierre total o parcial de líneas e implantación de servicios sustitutivos correrá a cargo del Ministerio, que presentará al Gobierno las correspondientes propuestas no más tarde del treinta de agosto.

En caso de cierre de líneas (me salto algunos párrafos), o supresión de servicios, la Comisión de Seguimiento de este convenio estudiará el ritmo y condiciones de supresión de las compensaciones correspondientes y las condiciones en las que los recursos deberán ser reajustados, analizando, en el caso de los medios humanos, la posibilidad de recurrir a jubilaciones anticipadas y expedientes de regulación de empleo".

Yo, con esto, sitúo al señor Montoya en lo que era la situación que la Comunidad se encontraba con el Pleno del debate de la investidura el pasado nueve de marzo. Era una situación de decisión definitiva del Gobierno de la Nación, quien era competente para el tema. Sin embargo, y en la línea que ponía antes el Vicepresidente, la filosofía que ha tenido esta Junta de no ser ajena a ninguno de los procesos y a ninguna de las situaciones que se produzcan en la Comunidad hizo que la Junta tomara una parte activa en el tema. Y estoy seguro que el señor Montoya ha reconocido que, precisamente, por parte de la Junta se levantó la primera voz, se levantó la primera voz un poco de sorpresa, ante una decisión que podríamos calificar, y que calificamos en su momento, de grave para la Comunidad. Posteriormente, y esto sí que es sospechoso, se han levantado otras muchas voces, y, curiosamente, voces de gente que en absoluto les interesaba el mantenimiento de esas líneas férreas, con lo cual dejo el paréntesis, que muchas de las voces que suenan en la calle, no digo en esta Cámara, en la calle, están utilizando una decisión del Gobierno, que tiene sus motivaciones y justificaciones por otra parte, la están utilizando como un arma arrojadiza contra la gestión del Gobierno Socialista. Este no es el caso de esta Junta ni es el caso de esta Cámara, que tomó una Resolución inapelable con fecha nueve de marzo.

¿Cuál era el objetivo que se marca en el contrato-programa, se marcaba el Gobierno de la Nación, para hacer el cierre de estas líneas? El objetivo era, y cito textualmente: "contener las aportaciones totales del Estado y reducción del déficit, para tender a una situación de equilibrio en la cuenta de explotación de RENFE". Evidentemente, creo que Sus Señorías, todas Sus Señorías, y evidentemente, el Grupo Mixto, por las manifestaciones que han hecho en anteriores debates, coinciden en que el saneamiento de la

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empresa pública y la contención del déficit es el objetivo primordial al que cualquier Gobierno, en este país, tiene que tender.

Con posterioridad, la Junta lo que tuvo que hacer es empezar a recopilar datos que permitieran proponer alternativas serias hacia una decisión que, repito, estaba tomada por el Gobierno de la Nación; datos que tuvimos que obtener de la propia RENFE, que tuvimos que obtener de diversos sectores sociales, fundamentalmente sindicatos, y datos que tuvimos que obtener, también, y extraer de los estudios que, con posterioridad, presentó el Ministerio, a través del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, para poder elaborar nuestra contraoferta. Esos estudios, piénselo señor Montoya, iban dirigidos, porque lo dice así el contrato-programa, a justificar una decisión ya tomada, con lo cual el auténtico reto que tenía la Junta, el auténtico reto era poder desmontar con otros argumentos una solución, una resolución ya tomada. Y yo creo que en ese aspecto, y, desde luego, discrepo de su opinión, el estudio elaborado por la Consejería, aprobado por la Junta y remitido al Gobierno de la Nación, tiene argumentos, yo creo que técnicos, suficientemente sólidos como para poder conseguir lo que, sin ser el cien por cien, en parte se ha conseguido en estos momentos.

Yo quisiera, porque Su Señoría lo conoce toda vez que se remitieron copia de esos estudios a todos los Grupos Parlamentarios y, particularmente, a los miembros de la Comisión de Transportes, leer la introducción de esos estudios que definen, muy claramente, la línea seguida por los mismos. En esa introducción se dice textualmente: "En el presente informe se pretende realizar una valoración de las medidas propuestas en los informes elaborados por el Ministerio de Transportes, a través de los estudios dirigidos por el Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con lo previsto en la cláusula del cierre de líneas del contrato-programa RENFE-Estado ochenta y cuatro-ochenta y seis. Esta valoración trata de ser lo más técnica posible, sin entrar en consideraciones políticas de capital importancia, pero que creemos deben tratarse en otro momento y ocasión, por lo que, tras un breve análisis del significado del contrato-programa, se pasa a analizar la metodología de dichos estudios y el efecto de sus recomendaciones en el ámbito territorial de Castilla y León, realizando, a continuación, una serie de consideraciones sobre el papel que estas infraestructuras representan y sus posibilidades de futuro dentro de Castilla y León, aportando datos sobre demandas potenciales y modificando, en lo posible, los balances presentados en los estudios del Ministerio, para, por último, presentar una alternativa de actuación sobre las líneas que tienen en consideración todos estos datos y la realidad socio-económica de Castilla y León". Como usted conoce, Su Señoría conoce estos estudios, sabe que, en los mismos, se hace un detenido análisis sobre las consideraciones económicas de futuro de esas líneas y sobre la potencialidad de transporte de dichas líneas férreas.

Bien es cierto que había dos líneas maestras de actuación en dichos estudios. En primer lugar, conocer cuál es la realidad del ferrocarril en Castilla y León, y cuál es la realidad del ferrocarril español...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Debe ir terminando el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Con la venia del señor Presidente, espero terminar en un par de minutos.

La media de transporte de viajeros en Europa, Comunidad a la que vamos a pertenecer en breve, se sitúa en el ocho coma cinco por ciento del total de los transportes realizados por otros modos; sin embargo, en mercancías está en el veinticuatro por ciento. En España, esas medias se traducen en el ocho por ciento en ambos casos. ¿Qué ocurre con ello? Que la potencialidad que tiene, que representa fundamentalmente el ferrocarril, es una potencialidad de transporte de mercancías, y en esa línea de dirigir fundamentalmente y especializar fundamentalmente el transporte de ferrocarril hacia las mercancías es en la que están basados estos estudios, con lo cual conseguíamos un objetivo que "a fuer de sensatos", creo que la Cámara entenderá. Realmente, el hecho de que desaparezca, en muchas de estas líneas, el transporte de viajeros, en absoluto va a suponer ninguna situación de menoscabo, ninguna situación de desamparo hacia los ciudadanos que puede perjudicar. Evidentemente, y la Comisión de Sabios que hace poco presentó su informe lo reconoce, hay que considerar los modos de transporte como un conjunto, y, evidentemente, puede ocurrir que el transporte de ferrocarril no esté cumpliendo el papel, en estos momentos en España, que tiene que llegar a cumplir, en función de la especialización que tienen que tener los distintos modos de transporte. ¿Qué ocurre?, que si determinadas líneas como la que usted apunta, la línea Santander-Mediterráneo, que luego, si tengo ocasión y con el permiso del Presidente, quisiera matizar algunas cuestiones, evidentemente, el hecho de que desapareciese alguna línea de viajeros en ese ferrocarril no va a suponer ningún menoscabo para dicha población, porque la media de viajeros que esa línea de ferrocarril tiene es de treinta y seis viajeros día; evidentemente, con mucha mejor calidad, con muchas mejores condiciones de horario, con muchas mejores condiciones por el tipo del modo de transporte que es, la carretera, el transporte por carretera en línea regular puede mejorar ostensiblemente la calidad y cantidad de servicios que el ferrocarril presta en estos momentos.

Con ello, ¿cuál es la situación que se plantea, señor Presidente, en estos momentos?, y ruego, con la reconocida venia del Presidente, que me permita un par de minutos más, para exponer cuál es la situación en estos momentos que tiene Castilla y León. Por un lado, la Junta eleva una propuesta al Consejo de Ministros en defensa de todas las líneas férreas, y eso se ha conseguido, señor Montoya; eso se ha conseguido, porque el Consejo de Ministros toma un acuerdo, el pasado día treinta de septiembre, en el que, en contra de las previsiones del contrato-programa y en contra de las previsiones de los informes del Instituto

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de Estudios de Transporte, declara textualmente que "bajo ningún concepto se va a levantar ninguna línea férrea". Ese es un objetivo fundamental para nosotros, porque sobre la base de que el ferrocarril juega un papel limitado en estos momentos en Castilla y León, nos preocupan mucho más las consecuencias del futuro. El ferrocarril tiene la virtualidad no de ser motor económico -que ahí discrepo en estos momentos, eso era hace muchos años, cuando era prácticamente el único modo de transporte-, sino que tiene la virtualidad, en estos momentos, de ser una alternativa para futuros desarrollos, fundamentalmente agrícolas y ganaderos en Castilla y León, con lo cual ese objetivo de mantenimiento de la infraestructura se ha logrado, y se ha logrado porque el Consejo de Ministros lo dice textualmente, que "no se permitirá el levantamiento de ninguna línea ni se permitirá que se modifique ninguna de las infraestructuras de las líneas que previsiblemente se van a cerrar". A mayores...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Señor Consejero, encontramos de sumo interés lo que está exponiendo, pero podría dar lugar a agravios comparativos.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Un minuto y termino, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Un minuto.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN): A

A mayores, la línea Santander-Mediterráneo -que lo de Santander y Mediterráneo es falso, porque ni llega a Santander, como usted reconoce, ni llega al Mediterráneo- se cierra sin levante de instalaciones, con lo cual está ahí; potencialmente a futuro se puede volver a abrir, cuando las condiciones sociales y económicas, no sólo de España, sino también de Castilla y León, lo requirieran. Sin embargo, los dos grandes ejes de la Comunidad que vertebran, mucho más que esa línea, que vertebran fundamentalmente Castilla y León, como son Valladolid-Ariza y Palazuelo-Astorga, se abre una posibilidad importante, y se abre la posibilidad que permite el artículo 17 del contrato-programa que prevé que la Comunidad Autónoma, los Gobiernos Regionales u otras Instituciones Locales y Provinciales pueden convenir determinados tipos de servicios, como un plato servido en bandeja, como un plato hecho a su medida con RENFE para que determinados servicios se presten.

Por parte de la Comunidad hay un hecho muy claro: vamos a defender la propuesta que se elevó en su día al Consejo de Ministros, con lo cual esa propuesta, y creo que no va a ser muy difícil obtenerla, implicaría el mantenimiento del servicio de mercancías; y casi se puede afirmar, salvo que RENFE pudiera aportar datos especiales, que la línea Valladolid-Ariza y la línea Palazuelo-Astorga se van a mantener y se van a mantener en las condiciones que preveía la Junta, que era en condiciones de transporte de mercancías.

La línea Santander-Mediterráneo..., por cierto, en esta línea, señor Presidente, en estas líneas se prevé la posibilidad, también, de transporte de viajeros. Yo, evidentemente, no soy partidario, porque dígame usted la línea Valladolid-Ariza, con una velocidad comercial de cuarenta kilómetros hora, si le coloca usted al ciudadano de esa comarca, le coloca usted un autobús en buenas condiciones, con una media de ochenta y cinco kilómetros hora, dígame usted qué medio de transporte va a elegir. ¡Ojo!

Y, por otro lado, el tema Santander-Mediterráneo, que se podría haber hecho la misma consideración y ahí sí que he notado yo una cierta decepción, ahí ha ocurrido algo especial. ¿Por qué si el Santander-Mediterráneo, que tiene informes favorables de la Junta, con unos índices de cobertura evidentemente bajos, si tiene informes favorables del Ministerio de Defensa, como antes se ha reconocido -el Ministerio de Defensa lo considera de capital importancia esa línea-, por qué precisamente el Consejo de Ministros dice que no, que se cierre la línea? Y ahí me remito a un documento...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría dé por finalizada su intervención.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Sí. A un documento que presentó la propia RENFE, por el cual dicha empresa ferroviaria mantiene, y dice textualmente, "que no considera de interés mantener esa línea", con lo cual ha sido RENFE precisamente, no ha sido la Junta ni el Consejo de Ministros ni ningún otro organismo, quien ha cerrado la línea Santander-Mediterráneo, con posibilidades de que el desarrollo económico y social de las comarcas lo puedan permitir a futuro. Con lo cual, y termino ya con esto señor Presidente, creo que la actuación de la Junta ha sido clara como usted lo ha reconocido; que el Gobierno se tenía que dedicar fundamentalmente no a protestar y hacer actuaciones enérgicas, que también se han hecho, sino, fundamentalmente, a elaborar unos estudios que desmontasen -y eso se ha conseguido y en esta Cámara hay señores que lo conocen, señores de su propio partido-, a desmontar, precisamente, unos estudios que iban encaminados a cerrar y levantar y dinamitar precisamente esas líneas. Creo que la actuación de la Junta ha sido correcta y creo que los objetivos, si bien no perfectos, han sido mucho más, mucho más, de los que en principio este propio Consejero pensaba, que era que se iban a cerrar y levantar esas instalaciones, y hoy podemos garantizar que esas instalaciones, señor Presidente, se mantienen abiertas. Muchas gracias, le agradezco la benevolencia de esa Presidencia con la intervención de este Consejero. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para réplica, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo le quiero agradecer al

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señor Consejero esa felicitación que me ha hecho, añadiendo, además, el piropo de que hay en esta Cámara miembros de mi propio partido -me alegro que mi partido vaya creciendo también en esta Cámara-, para continuar diciéndole que probablemente yo me he explicado muy mal en el tema que he querido plantear esta mañana. Yo pensé que el tema de ferrocarril, de la defensa de nuestros ferrocarriles, era un tema de interés general; he comprobado tristemente que no lo es. Sí que es cierto que mi intervención ha coincidido con la hora del bocadillo y somos pocos a los que nos interesa el tema del ferrocarril. Pero yo no he querido acusar al señor Consejero, que parece que, como réplica a mi intervención, no ha hecho más que una intervención a la defensiva de lo que yo no le he querido acusar. Es más, yo he querido reconocer que el señor Consejero me pareció interesado por este tema, me pareció que actuó con energía en los primeros momentos y sí que le he añadido mi decepción de que, en cambio, me ha parecido que luego se desinfló en esta defensa, como me ha confirmado en estos momentos, haciendo, teniendo esta intervención que no ha sido más que de una defensa de la actuación de la Administración Central y no lo que yo le pedía que fuera: una defensa de nuestros ferrocarriles, incluso aunque en muchos momentos tocara o incidiera contra la Administración Central, que ése también es otro tema, pero que incluso yo he planteado que puede haber otros aspectos que no son sólo de la propia Administración, sino otros aspectos y otras fuerzas que habría que vencer y que habría..., contra las cuales habría que luchar.

Yo creo que no es el momento, por tanto, para hacer una presentación triunfalista del estudio que ha hecho la Junta. Yo he dicho que el estudio, que leí con mucha ilusión y que me pareció que empezaba planteando cosas interesantes, la verdad es que, profundizando en el mismo, no se movía del terreno de la rentabilidad pura de los ferrocarriles, que era en el terreno en que el Ministerio de Transportes había planteado el tema, y que eso no podía ser, porque ¿cómo se puede estudiar el tema del ferrocarril Santander-Mediterráneo, prácticamente inutilizable, que no funciona cien días al año, que no lleva yo creo que ni los treinta y seis viajeros que dice Su Señoría, sino que me parece que en el estudio, incluso, se habla de veintiséis o veintisiete viajeros día, que son menos, pero que yo no sé ni siquiera cómo los lleva, porque no puede llevarlos, y a dónde los lleva, si no va a ningún sitio ese ferrocarril? Lo que habría que luchar es por que ese ferrocarril se terminara, y ese ferrocarril no se termina; y yo he empezado, incluso, disculpando, que no quiero cargar las culpas sobre el Gobierno Socialista, porque, en este caso, no la tiene -que es un tema histórico, de reivindicaciones históricas-, pero que el Gobierno Socialista en estos momentos, que es quien lleva las riendas del Gobierno de la Nación y las tiendas del Gobierno de la Región, debería subirse a esas reivindicaciones que claman desde la calle, por lo menos desde mi provincia y creo que también desde la Región, para que ese ferrocarril sea terminado. El me ha dicho que hay voces que no les interesaba el mantenimiento de estas líneas; pues, es posible que haya esas voces, pero me gustaría que el señor Consejero hubiera dicho, como yo he dicho con valentía, cómo hay alguna de esas voces que yo creo que sí que están en contra de que se termine esa línea, y esas voces yo las he señalado refiriéndome a la voz del gran capital y del País Vasco. Creo que esas voces, esas mismas voces que consiguieron que la autopista de Burgos a la frontera pasara por Bilbao, que es un sitio donde no debiera haber pasado y donde no estaba proyectada; pues, esas mismas voces quieren que Burgos se comunique con Santander a través de Bilbao; y puede que, aparte de esas voces, haya algunas otras voces que también conozca Su Señoría, pues, quizá, y entre todos, es aquí donde debiéramos ver cómo se ponen en descubierto y cómo se lucha contra esas voces, que yo creo que son algo más que voces, que yo las he llamado, incluso, poderes fácticos, que están teniendo más poder que el que nosotros tenemos, pobres ochenta y cuatro Procuradores, con nuestros votos en esta Cámara.

Entonces, yo lo que le pedía al señor Consejero es que se sumara a esa preocupación mía, que yo creo que es preocupación de muchos castellano-leoneses, en defensa de esas reivindicaciones. Que yo lo que no he hecho en mi intervención -y por eso el Consejero ha calificado mi intervención de tranquila, porque yo no he subido nunca a esta tribuna con ánimo de ofender o con ánimo de acusar a nadie-, yo he hecho una intervención tranquila, porque yo he creído ver esa buena intención del señor Consejero y de la Junta, en general, y que solamente me ha extrañado que no se haya concluido; y yo lo que he pedido es que se continúe en esa energía y que la Junta y el señor Consejero de Transportes haga suya esa energía en la defensa de estos ferrocarriles, que creo que lo estamos necesitando.

Me ha dicho el señor Consejero que yo presenté..., ha hecho, primero, un planteamiento de cómo estaba la situación el día nueve de marzo y cómo está hoy. Ha hecho también alusión a que yo presenté la Interpelación antes de que el Consejo de Ministros se hubiera definido. En aquellos momentos en que yo capté esa preocupación que existía, y que yo mismo tenía, presenté esa Interpelación; pero evité hacer en ella ningún juicio de valor, porque yo de ferrocarriles entiendo muy poco y lo que quería era, simplemente, conocer la opinión de la Junta en este tema. Y en el estudio, en la presentación triunfalista que se hace de este estudio, que yo llamo más bien conformista, se ha hablado de los grandes resultados que se han conseguido. Bueno, yo los acepto, pero no los llamo grandes, porque para mí son pequeños; porque en la Valladolid-Ariza se decía, en el estudio, que había que proceder al cierre y levante de las instalaciones, en el estudio se decía que se mantuviera para mercancías, y me parece que el resultado final es que se puede todavía en tres meses llevar a cabo una negociación -a lo mejor estoy cometiendo algún error-. En la Palazuelo-Astorga se hablaba del cierre de la línea, por el estudio se hablaba del mantenimiento para mercancías y viajeros con algunas modificaciones; parece que también se ha conseguido que se pueda todavía negociar. En la Caminreal-Ciudad-Dosante se hablaba del cierre y levante de las instalaciones, y el estudio de la Junta sólo hablaba de mercancías, cuando yo digo que aquí tendría que haberse previsto y estudiado que este ferrocarril debía haberse terminado para poder entrar en el terreno

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de la rentabilidad y de su estudio; y no me sirve lo que se ha conseguido, que es que se mantengan las líneas, porque que no se levanten las líneas no significa conseguir nada, porque las líneas se encargarán de levantarlas los gitanos, cuando no pasen por ellas los trenes...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda un minuto a Su Señoría.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sobre Fuentes de San Esteban y La Fregeneda se hablaba de cierre en el estudio; después se ha hablado de que no deben levantarse vías; no sé exactamente éste cómo ha quedado. Toral de los Vados-Villafranca del Bierzo se hablaba de eliminar las obligaciones de servicio público, y en el estudio de la Junta se hablaba de mantenimiento de mercancías; se ha conseguido lo de mercancías me parece. Quintanilla de la Torre y Barruelo se hablaba de supresión de servicio de viajeros, y en el estudio se hablaba del mantenimiento para mercancías; yo he leído que se mantiene, que se va a hacer un servicio por carretera para viajeros, pero nada más.

Entonces, señor Consejero, y con esto termino, yo creo que se ha hecho, por parte de la Junta, un estudio incompleto y que habría que completar ese estudio y que habría que llevar a cabo otras acciones, por parte de la Junta, para defender más enérgicamente nuestros ferrocarriles. Y que el tema del Santander-Mediterráneo debería negarse el señor Consejero, como yo me niego, a discutirlo y a debatirlo en el término de la rentabilidad pura; es un ferrocarril que no puede ser rentable; ¿sabe alguien de aquí dónde está Ciudad-Dosante donde termina el ferrocarril, que tampoco termina allí porque se termina antes?, ¿lo sabe alguien?, ¿o dónde está Caminreal? O esto que yo decía: cómo para ir de Soria a Burgos, no de Soria a Burgos, sino de Soria a Ciudad-Dosante, donde termina la línea, se invertirían más de dos días de viaje, o dos días en la propia provincia de Burgos; eso no es un ferrocarril. Entonces, lo que yo querría es que por parte de la Junta se asumiera que hay que defender ese ferrocarril, porque entiendo, sin embargo, que el ferrocarril Burgos-Santander es un tramo que por muchos Ministros de Transportes, que tampoco lo han hecho, yo he visto defenderles que podría ser rentable. Entonces, que se hubiera hecho ese estudio a ver si, efectivamente, es o no es rentable; porque, a lo mejor, ése podría ser el comienzo de la rentabilidad de todo el ferrocarril.

En una palabra, señor Consejero, y con esto termino señor Presidente, yo querría que la Cámara hiciera suyo el tema y la preocupación por el tema de los ferrocarriles, como yo le hago mío y como creo que es tema de preocupación de mucha gente de nuestra Región Castellano-Leonesa. Probablemente, no es así; probablemente la impresión que yo he recogido no es la exacta y probablemente esta preocupación que yo tengo, pues, no sea la preocupación de Su Señoría y, entonces, pues, una vez más y desde esta tribuna me habré equivocado. Pero sí que he querido expresar con claridad lo que yo he querido plantear: que no es un tema de protesta, de reivindicación, repito una vez más, contra la Junta, sino un tema y un deseo de que la Junta recoja estas aspiraciones que creo que son de todos los castellano-leoneses. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Transportes.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN) :

Señor Presidente. Reitero al señor Montoya mi felicitación, que la hice al principio; lo que pasa es que quizá el tono tenga que ser alto, porque con tanta premura de tiempo hay que chillar para ir más deprisa.

Mire usted, la Junta ha hecho una defensa eficaz y una defensa interesada, porque estaba absolutamente preocupada sobre el tema; la preocupación suya es la mía y con mayor preocupación. Lo que ocurre es una cosa: la actitud de un Gobierno Regional, ¿qué tiene que ser: hacer huelgas de hambre, como presidentes a que usted hacía referencia anteriormente, para intentar conseguir cosas o trabajar en la línea democrática, sabiendo que la responsabilidad de esta decisión, en un tema de una empresa pública a nivel estatal, es, precisamente, del Gobierno de la Nación? Nos metemos, precisamente, en un tema en que no teníamos, de antemano, ninguna posibilidad de que nuestra decisión fuera condicionante; teníamos que influir para modificar una decisión ya tomada. Con lo cual le digo que la opinión de la Junta es, precisamente, la que está elaborada en esos estudios y que se concluyen en las cuatro últimas hojas, que ésa es la posición oficial de la Junta, en base a que somos conscientes de que la situación económica no permite hacer grandes inversiones en ferrocarriles. Somos conscientes -y enlazo esto con la mayor preocupación que tiene Su Señoría que es el Santander-Mediterráneo-, de que en los próximos años es muy difícil que el Santander-Mediterráneo se concluya. Pero fíjese hasta qué punto ha llegado nuestra preocupación, que yo he tenido dos reuniones (y en la prensa constan esas citaciones), dos reuniones con los Consejeros de Asturias y de Cantabria sobre el tema éste. Y le digo que en estos momentos hay un estudio que se está, se tiene que hacer público pronto, porque me parece que el contrato ha acabado en septiembre -se conoce que el tema se está retrasando-, hay un estudio elaborado, pagado por RENFE precisamente y elaborado por un consulting prestigioso, sobre la posible viabilidad económica y social de la conclusión del Santander-Mediterráneo.. Lo que ocurre, y ya se lo digo de antemano, que las posibilidades no son muy grandes, porque las primeras cifras que se oyen son setenta mil millones, incluyendo la variante de Trespaderne-Miranda para unir con el País Vasco. Y, realmente, si este ferrocarril tiene un interés limitado de carácter regional, y eso me lo tiene que reconocer Su Señoría, porque, en definitiva, está comunicando dos Comunidades: Asturias y Cantabria, con otras Comunidades, País Vasco y, en su caso, Cataluña, y que casualmente pasa por Castilla y León, por la provincia de Burgos -casualmente, pero es un accidente-; porque el objetivo de ese ferrocarril piense Su Señoría que no está para el interés de Castilla y León, está, precisamente, para el interés Asturiano y

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Cántabro; sin embargo, tiene muy pocas posibilidades, en mi opinión, de salir adelante con esas cifras de setenta mil millones de pesetas. El Plan General de Ferrocarriles, que yo preveo que se va a hacer público muy pronto, va a incluir obras importantes en Castilla y León, y, quizá, la obra más importante de toda España se va a realizar en esta Comunidad, la más importante de toda España. Mi absoluta esperanza es que las situaciones económicas y una vez que, y eso también hay que ser conscientes, que se defina muy claramente cuál es el papel que le toca jugar al ferrocarril en España, que es distinto, todavía, al que juega en otros países europeos, pudiera ser que algún día este ferrocarril fuera rentable. Nosotros nos comprometimos con el Consejero de Cantabria a que si viene el estudio ése, que es un estudio importante, que intento recordar valorado en veinte millones de pesetas, nos comprometíamos a financiar aspectos parciales de ese estudio, al objeto de que esa preocupación sentida en Burgos y que creo que, indirectamente, redundaría en beneficio de la Comunidad pudiera ver su luz, quizá, dentro de muchos años, quizá nuestros hijos o nuestros nietos, pero quizá algún día lo vieran ellos.

Cuando habla Su Señoría de grandes resultados, yo, sinceramente, me hubiese gustado mucho más, eso es evidente, me hubiese gustado que la situación no sólo se mantuviese como queda. Me hubiese gustado que, para hacer competitivo el Valladolid-Ariza, o el Palazuelo-Astorga, con velocidades comerciales que resultan ridículas (Valladolid-Ariza treinta y seis kilómetros hora, difícilmente competitivas), es evidente que la única solución que tenía para hacer rentable eso era hacer inversiones fuertes que podemos estimar, por ejemplo, en cuarenta o cincuenta mil millones de pesetas. El Palazuelo-Astorga, de mucho más largo recorrido, evidentemente exigiría unas inversiones más fuertes, que es evidente, y Sus Señorías, todos aquí yo creo que hemos coincidido en que hay que contener el déficit público -y en ese aspecto tenemos que apoyar al Gobierno de la Nación que está haciendo esfuerzos importantes a costa de sacrificios importantes como pueda ser éste-; es evidente que un Plan General de Ferrocarriles, a corto plazo, difícilmente pudiera incluir previsiones tan fuertes. Sin embargo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda un minuto a Su Señoría.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Muchas gracias, señor Presidente. Sin embargo, soy consciente de que el éxito obtenido al permitir o al lograr un acuerdo expreso del Consejo de Ministros de que en previsión, y lo digo textualmente: "en previsión de futuros desarrollos agrícolas e industriales, de nuevas ordenaciones del territorio y de las necesidades de la defensa nacional, la supresión de los servicios afectados por el presente acuerdo no llevará implícito el levantamiento de la vía y de las instalaciones anejas". Creo que con eso, por lo menos, se ha contenido algo que hubiese sido irreversible. Todos conocemos cómo en esta Comunidad hubo, años ha, cierre de líneas que luego se levantaron y que hace absolutamente inviable cualquier proyección de futuro; creo que eso es un paso importante. Y si a eso añadimos que se pueden mantener, objetivamente, servicios de mercancías en espera de futuras inversiones en esas líneas, en los grandes ejes de la Comunidad, Valladolid-Ariza y Palazuelo-Astorga, creo que el resultado se puede considerar positivo, sabiendo de antemano que esta Comunidad y esta Junta tenía una capacidad de maniobra pequeña, porque la decisión estaba tomada y la responsabilidad última, en definitiva, correspondía al Gobierno de la Nación. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Es increíble el grado de resignación del hombre de Castilla y León, aunque sea un pareado. Es increíble que un tema dramático se esté tratando con superficialidad, pero ésta es la realidad. Si los castellanos y leoneses que están fuera de la Cámara, preocupados, angustiados de verdad, nos vieran el grado de tranquilidad, de como que no pasa nada, con que estamos tratando este tema, tal vez nos dieran un voto de censura no al grupo gobernante ni al grupo de la oposición, sino a todos los grupos. Creo que éste es el momento en el que debo decir, por ejemplo, que, como filósofo, observo y reflexiono sobre los hechos que acontecen en torno, y he reflexionado, en general (sobre todo viendo el debate de hoy), he reflexionado sobre cuál es el grado de dureza con que la oposición está actuando en nuestra Comunidad, y he llegado a la conclusión de que está actuando con delicadeza, casi diría que tiernamente; y esto, si acosar por acosar, si ser duros por ser duros, está mal y el pueblo no nos lo permitiría por el grado de responsabilidad que representamos, el pueblo tampoco nos va a permitir ni nos va a sonreír en las próximas elecciones si mantenemos una especie de "tongo", de consenso superficial, sobre los temas. Estamos en la obligación de decir la verdad y proclamar, con hechos y con actitudes, que es cierto eso que siempre decimos al salir a esta tribuna; de que nuestro objetivo fundamental es defender los intereses de Castilla y de León.

Y digo que ha sido nuestro trato de oposición, sobre todo me refiero en este momento al del grupo mayoritario de la oposición, que a veces, incluso, nos da rubor decirlo, pero es así: debemos saber que nos distancian muy pocos votos respecto al grupo gobernante; nuestra oposición está siendo excesivamente delicada, y prueba de ello es que en un tema como éste hemos extremado todavía la delicadeza; por eso, precisamente, esta Interpelación no está aquí promovida por el Grupo Popular. Porque al regreso de la visita episódica de nuestro Consejero con el ministro Barón, al regresar a esta tierra con declaraciones, desde mi punto de vista y que me perdone, tan llenas de buena voluntad como de ingenuidad, entonces, yo tuve también esa tentación de hacer una Interpelación de inmediato, pero reflexioné y pensé que "vamos a darle otra oportunidad", vamos a no enturbiar el asunto; es un tema tan delicado que todo lo que hagamos por colaborar será poco; a ver qué saca, en este breve tiempo que le queda, la Junta de todo este tema. Lo que ha sacado ya lo sabemos todos,

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ya lo sabemos todos. Por desgracia, las previsiones, las fatídicas previsiones del contrato-programa, pues, ¡hombre!, con ligeros matices, verdad, que no merecen casi ni citarse, se han ido cumpliendo inevitablemente, una tras otra; y lo que falta, tristemente tengo que deciros que estoy convencido que se cumplirá también. Lo que quiere decir que el final de la película ya lo conocemos. Yo preveía que esto iba a suceder así, e incluso lo dije en público, pero otras voces hacían concebir a los castellanos y leoneses esperanzas, por lo que veo, infundadas. El final de la película sabéis que es, pues, que el uno de enero de mil novecientos ochenta y cinco los servicios en los ferrocarriles fundamentales de nuestra Región van a ser suprimidos; y esto por encima de toda la buena voluntad.

Naturalmente, este prólogo es poco alegre, incluso fuera de mi acostumbrado estilo; pero hay momentos en que la frivolidad no nos está permitida. Sin embargo, tampoco nadie nos podrá acusar de que dramatizamos el tema, en absoluto. ¿Dramatizo, acaso, si digo que la espada de Damocles sigue pendiendo sobre nuestros ferrocarriles?, ¿dramatizo si digo que una vez más Castilla y León ha sido discriminada en negativo respecto a otras regiones de España?, ¿dramatizo si digo que de los pocos ferrocarriles que se han salvado de la quema, del primer pronóstico del contrato-programa no son los que están en Castilla y León, sino en otras regiones más prósperas?, ¿dramatizo si digo que el treinta de septiembre, domingo, Consejo de Ministros, fue un día triste para nuestra Región?, ¿dramatizo si digo que el trato que la Administración Socialista ofrece para el futuro, para el hipotético futuro de salvación de nuestros ferrocarriles, es distinto del que ofrece para salvar las líneas de cercanías de las grandes ciudades, como son Barcelona y Madrid? Pues no, en absoluto; no dramatizo. Digo, anuncio hechos reales que, por ser tristes, nos parecen doblemente ciertos. Y ¿qué ha hecho nuestro Gobierno, el nuestro, el de Castilla y León, por solucionar este tema? En términos generales yo diría que ha hecho algo positivo, que es tener buena voluntad. Pero si acto seguido veo que esa buena voluntad no ha servido para nada, la conclusión se saca por sí sola; es decir, nuestro Gobierno, en este tema concreto, se ha demostrado sencillamente incapaz. Habría muchos adjetivos adecuados para calificar cuál ha sido el comportamiento en este tema de nuestro Gobierno, pero, en fin (algunos serían acaso duros), me los voy a omitir. Citaré algunos más suaves, por ejemplo: decir que nuestro Gobierno se ha excedido en bondad y en docilidad respecto al Gobierno Central. Uno ya no sabe, para una región, qué es mejor: si que la región esté gobernada por un partido de la oposición o por un partido del Gobierno. Si juzgamos por los hechos que ahora nos afectan hemos de concluir que tal vez un partido de oposición se hubiera mostrado más exigente con el Gobierno Central y no tendríamos, pues, ese grado de docilidad que nos ha llevado a esta situación tan lamentable.

La única gestión fuera del estudio o contraestudio, que se ha elaborado deprisa y corriendo, de datos ambiguos -yo creo que se ha hecho, pues, para salir del paso, para que corran los días y a ver qué pasa, y a ver si el tiempo soluciona los problemas-, digo que la única gestión concreta que conocemos, después de haber asumido la Junta en esta Sala un compromiso de constituirse en defensora de la permanencia de nuestros ferrocarriles, por encargo de todos los grupos parlamentarios, digo que la única gestión concreta que yo he advertido es una conversación de nuestro Consejero don Juan Lorenzo, don Juan Antonio Lorenzo, con el Ministro Barón; y de esa conversación ya saben ustedes los frutos: las palabras fueron buenas, pero, que yo sepa, se limitaron a una vaga promesa de que no se levantarían estos ferrocarriles, por lo menos dos de ellos, los de Astorga-Palazuelo y los de Valladolid-Ariza, y no sé si el de Santander-Mediterráneo también estaba incluido en el lote. Pero no se han salvado, sino que lo único que queda es que el Gobierno Regional puede, en tres meses, establecer un diálogo, pero un diálogo ¿con quién?; ni siquiera con la Administración Central. Este diálogo va a ser a dos con la RENFE, y lo que la RENFE va a decir ya lo sabemos todos. Comprendo los lamentos del Consejero en el sentido de que le han concedido poco tiempo. Yo creo que no es cuestión de tiempo, sino cuestión de que no hay, exactamente, grandes posibilidades ni gran fe en el terreno. Así que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan tres minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO: ...

. la Junta ha fracasado, por desgracia, en su tarea fundamental que es defender nuestros intereses y en haber llevado a la práctica aquella recomendación, aquella defensa eficaz, porque el adjetivo eficaz lo ha puesto el Consejero pero no lo pongo yo que soy la oposición. Aquí lo que ha habido es ineficacia; buena voluntad, toda la que usted quiera, voluntad por arrobas, pero incapacidad en la misma medida, pues no se ha hecho, no ha sido la actuación lo suficientemente, digamos, no sé si iba a decir valiente, pero como mínimo no ha sido positiva, no ha sido eficaz, y aquella Resolución tan unánime que aplaudimos en esta Cámara y que no tratábamos de animar a nuestra Junta, sino simplemente de decir que cumpliera con su obligación, y que digo que fue aprobada en esta Cámara el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, por unanimidad: setenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, en ese punto concreto, en este momento, sintiéndolo mucho, voy a ponerle un suspenso a nuestro Gobierno Regional. Naturalmente, los hechos, pues, están ahí y ustedes me dirán: "oiga, pero ¿y las soluciones?". Naturalmente, el Grupo Popular tiene soluciones, naturalmente, en función de su papel que no es un papel de ejecutivo; el Grupo Popular no puede tomar decisiones; el Grupo Popular, en este tema concreto, ni siquiera puede negociar con el Gobierno Central. Desde nuestro nivel, desde el puesto en que nos han colocado las urnas tenemos soluciones que yo, en este momento, no voy a descifrar, entre otras razones porque éste no es el momento, dado que es un tema tan profundo, tan extenso, que merece ser tratado de forma monográfica o, al menos, más extenso. El día que quieran, cuando quieran podrán conocer cuáles son las tesis fundamentales de este Grupo, las soluciones a estas tesis...

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda un minuto a Su Señoría.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Sí. Sí quisiera recordar que nosotros coincidimos plenamente con los objetivos que un día, concretamente en mil novecientos setenta y nueve, en septiembre de mil novecientos setenta y nueve, un Diputado, un Portavoz de un grupo parlamentario en el Congreso, llamado don Felipe González, firmaba una pregunta o una serie de preguntas al Gobierno que en aquel momento dirigía los destinos del país, que era el Gobierno de la UCD, sobre este tema; y a mí, como me gusta ir a autores importantes y de prestigio, solventes en su doctrina, pues, he ido a ver qué es lo que decía, qué es lo que firmó don Felipe González en aquella ocasión, apoyando la pregunta de sus compañeros de Congreso, el señor Núñez Encabo y compañía. Decía así: ¿piensa el Gobierno modernizar las instalaciones de la vía Valladolid-Ariza y dotarlas del equipamiento de que carecen?, ¿qué cantidades aproximadamente se invertirán y partidas a las que se aplicarán?, ¿cuándo comenzarán a efectuarse estas mejoras?, ¿en qué fecha aproximada se considera que finalizarán? En cuanto a la vía Santander-Mediterráneo, ¿está dispuesto el Gobierno (recordemos que era de la UCD) a finalizar las obras indispensables para su utilización?, ¿en qué plazo aproximadamente?, ¿cuántos kilómetros faltan para su terminación?, ¿a cuánto ascenderá el coste de las mismas?. etcétera, etcétera. Pues, muy bien; don Felipe "dixit", y "ego aprobo"; y, por lo tanto, estoy de acuerdo con aquellos objetivos. Lamento que actualmente don Felipe González, último responsable del Gobierno que dirige los destinos del país, haya aprobado decisiones que son, exactamente, el polo opuesto de lo que aquí sostenía. Nosotros pensamos que eso no es lo bueno para Castilla y León. Nosotros pensamos que hay soluciones, y que esa solución, ya lo adelanto, no pasa por cargar sobre las espaldas de nuestro Gobierno Regional, de los Presupuestos Generales de nuestra Región, y tampoco por cargar sobre las espaldas de nuestras Cámaras de Comercio, Cajas de Ahorros -chivos expiatorios de todos los problemas económicos que plantean a la Región-, no pasa por ahí; pero alguna solución hay que buscarla y, en su día, oportunamente, detenidamente, la ofreceremos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor González Marcos.

EL SEÑOR GONZALEZ MARCOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista y haciendo hincapié en las dos intervenciones que ha habido en esta Cámara sobre el tema -dos, hay que reconocerlo, muy distintas intervenciones-, la primera: la del señor Procurador que ha propuesto la Interpelación, el señor Montoya, una intervención muy medida que hay que agradecer, donde advierte que este problema que él plantea y que nos afecta a todos no es un problema del momento actual sólo, sino que es un problema histórico que se ha planteado durante muchos años en este país y en el que muchos gobiernos que ha habido se han sentido involucrados.

Naturalmente, nosotros vamos a ceñir la respuesta en base a tres temas concretos, dado que el tema planteado es un tema preocupante, que hiere sensibilidades y que nos preocupa a todos o a muchos, la mayor parte, de los que estamos aquí, tanto o más, más o menos, que al Procurador que ha presentado la Interpelación.

En el primer punto es que partimos de una situación concreta, que es el contrato-programa, donde se suspenden unas líneas y es en ese momento donde nos ponemos todos en marcha, para ver cuál va a ser nuestra posición, qué es lo que vamos a hacer con relación al tema. Naturalmente, hay que decirlo todo porque hay matizaciones importantes, hay líneas que existen pero que no se usan, porque el sistema de transporte ha evolucionado tanto en este tiempo que ya los ciudadanos han encontrado sistemas más rápidos, sistemas más cómodos, que han hecho que esa vía de ferrocarril, la mayor parte de ellas no sean utilizadas por el propio ciudadano. Por eso no es un tema, en este sentido, aquí y ahora, tan social como usted quiere imponer, porque no es un perjuicio importante el que en este momento, aquí y ahora, sienten los ciudadanos; sí es un problema emotivo, sí es un problema de más amplia envergadura, con relación a un futuro en el desarrollo de la Región.

Hay otro tema importante, en segundo término, que aquí se ha debatido con mucha confusión: la competencia o no competencia de este Gobierno y de este Parlamento en un tema que afecta a una empresa pública, competencia del Estado de la Nación. El señor Montoya lo ha dejado muy claramente expuesto -criterio que compartimos-, que esta Cámara y este Gobierno de la Región tenían que ejercer de meros intermediarios, ya que el tema que se planteaba no era competencia, como tal, de este Gobierno ni de este Parlamento.

Naturalmente, en otro tercer punto, que es como se concreta la intervención del señor Montoya, cuando dice "se ha luchado, se va a seguir luchando". Efectivamente, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista ha luchado, y yo creo que van a seguir luchando, por racionalizar el problema en sus justos términos; naturalmente, no montando coordinadoras por la defensa del ferrocarril, sino como se ha hecho: haciendo estudios serios, realistas y razonables, que se puedan poner encima de cualquier mesa y que sean argumentos convincentes para que el criterio adoptado a priori pueda ser modificado. Me parece que ése es el criterio de este Grupo Parlamentario; así hemos estado trabajando y así vamos a seguir trabajando, teniendo en cuenta que nuestros argumentos los tenemos que ofertar y que puede haber otros que en aras de otros intereses o de intereses similares, en un momento histórico de crisis económica como la que tenemos en este momento, naturalmente, aconsejen tomar una decisión aquí y ahora, en este momento, como parece que ha sucedido.

De nuevo, agradecer la intervención del señor Montoya; decirle que somos fieles a los acuerdos de Comisión y a los acuerdos del Pleno, que nos comprometieron a seguir instando, allí donde sea necesario, para conseguir dar un tratamiento más acorde con lo que nosotros pensamos, teniendo en cuenta que a lo mejor no es la solución ideal, repito, mantener esas líneas que los propios ciudadanos se

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han encargado de ignorarlas no usándolas, sino, a lo mejor, buscando contrapartidas suficientes que permitan un mejor nivel de servicio más acorde con los tiempos actuales.

En cuanto a la intervención del Portavoz del Grupo Popular, el señor Oteruelo, yo sí voy a decir que me parece una intervención con un dramatismo implícito y yo creo que un dramatismo retórico. Se dicen cosas como que se está intentando hacer política de consenso, porque la oposición quiere dar otra oportunidad, pero que, sin embargo, tiene que defender la verdad; dice que el grupo que respalda al Gobierno y el propio Gobierno se ha excedido en la bondad y docilidad; dice que la Junta ha fracasado, volviendo a implicar, otra vez, el problema de si la Junta era responsable, en primera instancia, de este tema, o, por el contrario, se había comprometido a interceder ante el Gobierno que es responsable para buscar soluciones más aceptables; y ya termina su actuación diciendo que el Grupo Popular tiene alternativa clara, pero, como siempre, la deja para otra mejor oportunidad: no es capaz de exponerla en este momento. Yo, a esto, incluido el tono que da a su actuación, sí que me atrevo, con una palabra que me parece que es suave -podría utilizar otras-, hablar de dramatismo innecesario, señor Procurador; porque este problema, al que usted demuestra ser sensible, a él somos sensibles absolutamente todos, pero me parece que no basta con la emotividad ni con la sensibilidad, sino que hay que encontrar, a la altura del siglo en que vivimos, en el momento de crisis económica que tenemos, soluciones adecuadas para la Región, sin perder de vista que estamos en un contexto más amplio, en un contexto nacional, donde, naturalmente, habrá que concatenar todos los intereses. Y a lo mejor no hay que hacer especial énfasis en un perjuicio que estoy intentando demostrar a lo largo de mi intervención que no es tal, aquí y ahora, o por lo menos que los ciudadanos afectados en esas zonas no se ven tan perjudicados, porque tienen, repito, en este momento, y los usan, mejores, más cómodos medios de transporte; sino que estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión: habrá que seguir buscando, y hay la puerta abierta para ello, de cara al futuro desarrollo, en el momento de salida de la crisis, si ese tren, esas vías que hoy parece que se pueden suspender, dentro de una nueva situación económica, pueden revitalizarse. Para eso, repito, tenemos la puerta abierta y tendremos que ver cuáles son las posibilidades. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Al término ya, por mi parte, de este debate, yo quería decirle al señor Consejero, que ha reconocido antes mi tranquilidad para plantear este tema, que esa tranquilidad con que inicialmente lo he planteado no quisiera perderla; pero que, en estos momentos finales, y después de algunos argumentos que he escuchado, me cuesta mucho más mantenerla.

Yo no quisiera, y lo he dicho desde el principio, politizar excesivamente este tema, ni cargarlo de un tinte dramático, que ya de por sí tiene sin que le añadamos nosotros ninguno más. Pero me cuesta mantener la tranquilidad, porque yo esperaba todo en esta mañana menos el conformismo del señor Consejero, y tengo que reconocerlo así; porque yo, al señor Consejero, le he visto, tengo que reconocerlo así, le he visto luchando con interés por este tema, y hoy me decepciona profundamente este conformismo que quiere darse, sin embargo, al planteamiento de la supresión de los ferrocarriles. No podemos tener este conformismo, señor Consejero.

Me dice usted que qué tiene que ser, que cuál tiene que ser la función de un Gobierno Regional. Yo no voy a dar lecciones a nadie de cuál tiene que ser la función de un Gobierno Regional. Usted, sus compañeros de la Junta lo saben mucho mejor que yo; evidentemente, por eso ustedes ganan las elecciones, por eso ustedes están gobernando, y yo estoy seguro que, por tanto, ustedes saben mejor cuál es la función de un Gobierno Regional. Pero si quiere que se lo diga, yo le diría que, desde mi punto de vista, es llevar esa ilusión a nuestras gentes, llevar la ilusión de que nuestros intereses están defendidos, están defendidos por unas personas que van a luchar por todo aquello que sea bueno para la Región, que va a terminar esa desesperanza de nuestra Región, esos trenes que, llenos de gente emigrantes a otras regiones, yo señalaba antes, que aquellos tiempos han pasado; que vienen unos tiempos de la ilusión y de la esperanza, porque estos intereses de nuestras gentes están defendidos por unas personas que saben muy bien lo que tienen que hacer, y que, sobre todo, van a poner todo su entusiasmo y van a poner toda su ilusión por resolver estos temas.

Y acepto, de antemano, que a lo mejor el resultado sería el mismo, que a lo mejor el resultado sigue siendo negativo, que a lo mejor ese ferrocarril Santander-Mediterráneo que no terminaron nadie, que no terminaron nadie, y lo he reconocido aquí: ni repúblicas, ni monarquías, ni democracias, ni dictaduras, y que cuando se horadaban montañas para hacer otro tipo de monumentos no se era capaz de terminar este ferrocarril que tenía ya los túneles horadados. Entonces, yo comprendo que ese tema es muy difícil, y reconozco mi fracaso cuando yo he sido Presidente de una Diputación que luchó también por este tema y que no consiguió nada, que a lo mejor el resultado puede ser el mismo, pero que lo que no podemos es decir ¡qué importancia tiene el ferrocarril Santander-Mediterráneo! Señor Consejero, el Santander-Mediterráneo recorre doscientos kilómetros de una provincia como Burgos que necesita mucho de este ferrocarril como elemento colonizador; que recorre, no sé cuántos pero muchos, y la atraviesa de este a oeste, o de noreste a, perdón, de noreste o de sureste a noroeste, la provincia de Soria, que necesita mucho de ese ferrocarril para que esas personas, esas noventa mil personas, que ya no sé si son menos, de Soria, no se vayan; y que no podemos dejar que esos ferrocarriles, sin una lucha hasta la extenuación, se puedan cerrar. Y que significa mucho, también, para Santander, que yo sé que no podemos ser tan ingenuos y que no es el tema fundamental el que ellos han esgrimido en algunos momentos: la falta de comunicaciones con la meseta, el que les ha hecho adscribirse a

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una autonomía uniprovincial, pero que, probablemente, si esos argumentos hubieran estado cerrados por una mejor comunicación por carretera con la meseta y con una mejor comunicación por ferrocarril, a lo mejor, a lo mejor, quitando ese argumento, esta provincia, que yo sigo llamando la provincia hermana, estuviera hoy en la Región Castellano-Leonesa, como debiera estar.

Entonces, repito señor Consejero, lo que no podemos decir es ¡qué importancia tiene el Santander-Mediterráneo! La tiene y mucha. La tiene, porque tiene recogida en él, como yo he dicho antes, las ilusiones de muchas generaciones, de muchas impotencias y de muchas incapacidades que no han sido capaces de concluirla; pero que nosotros, probablemente, luchando por ella, vamos a demostrar a nuestras gentes que lo que no han sabido hacer, nosotros vamos a poder hacerlo y vamos a poder conseguirlo, probablemente nada más con nuestras gestiones, probablemente nada más con nuestro esfuerzo. Usted me dice si es que tiene que dimitir. No señor Consejero, yo le he puesto algunos ejemplos de personas que han luchado por su Región desde puestos autonómicos, como el que usted está ocupando ahora. Yo no quiero que usted dimita, porque yo creo que usted estará haciendo su papel, que yo aquí no voy a juzgar, y no pretendo la dimisión de nadie; pero sí que pretendo, señor Consejero, que usted, de la forma que sea, y como yo ponía como ejemplo estos señores que han llegado, simplemente porque se retrasaban algunas transferencias del ICONA, a presentar su dimisión, que se vea que ese espíritu de lucha también existe por parte de los Consejeros, por parte de la Junta de nuestra Región; porque, si no, a esa desilusión autonómica que está existiendo, pues, esa desilusión autonómica que está existiendo tendrá su justificación por decir "si lo único que conseguimos en la Junta es que nos digan ¡qué vamos a hacer!". Díganos usted lo que vamos a hacer. Yo no tengo, desgraciadamente, la solución en mis manos. Y, repito, a lo mejor el resultado sigue siendo negativo, pero lo que no podemos en estos momentos, en la situación en que nos encontramos, es demostrar a nuestra Región que no luchamos por temas que sí que son importantes para nuestra Región, que sí que son importantes para nuestra Región, y que a lo mejor no podemos hacer nada, y que a lo mejor, al final, pues, usted va a perder su tiempo en esta lucha, porque va a ser una lucha estéril, como la han perdido muchas generaciones y muchas personas anteriormente, pero que, sin embargo, no podemos sumirnos en un triunfalismo, porque ya hicimos un estudio que yo no he criticado y que yo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan tres minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS: ...

. que yo he aceptado, y que me pareció, pues, que aportaba algo y así lo he reconocido, pero que no debemos decir "esto es todo lo que sabemos hacer; las Autonomías, la Consejería de Transporte no sabe hacer más que esto". Esto es lo que yo creo que no podemos decir.

Que se han hecho coordinadoras, pues, yo creo que también son en estas Cortes donde se debe luchar por ello y es en la Junta y por encima de las coordinadoras. Pero si llegamos a esta situación de conformismo, quizá estemos dando razón a esas coordinadoras, porque yo he asistido a una manifestación por este tema días pasados, que yo luego he desautorizado, porque he creído que de la misma se ha hecho una utilización partidista que no procedía, porque se salió del tema del ferrocarril, porque se salió de sus vías, pero, sin embargo, acepto y admito, y creo que es lógico, que se hagan incluso manifestaciones, que se haga defensa desde cualquier plataforma en pro de un tema que para mí, señor Consejero, sigue siendo muy importante, que es muy importante para nuestra Región, que, probablemente, hasta desde el punto de vista económico podía decirse que no lo sea tanto, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de demostrar a nuestras gentes que las autonomías sí que sirven para eso que ellos creen que sirve, y que usted y yo (creo que coincidimos que también creemos que sirven para ello), tenemos que seguir demostrándolo; porque, si no, efectivamente, si terminamos el debate diciendo a nuestra gente ¿para qué sirve un Gobierno Regional y qué puede hacer un Gobierno Regional?; para eso, nos van a contestar: "para eso no hace falta ningún Gobierno Regional". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Transportes.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Señor Presidente. Señor Montoya, yo desde el principio, cuando se conoció el tema del cierre de líneas, sabe que me manifesté claramente, me manifesté con una palabra, con una frase que pudiera considerarse dura: dije que era un "error político". ¿Y por qué era un error político? ¿porque trastornaba cualquier plan de transportes nacionales? No; simplemente era un error político, porque iba a crear una sensación ciudadana como la que existe, y no la voy a negar, una sensación ciudadana de desamparo, no sólo aquí, en Andalucía, en Extremadura; una sensación de desamparo ante un problema que, evidentemente, es grave, bajo un punto de vista económico, pero que no representa nada ante la situación actual de RENFE. He sido el primero en criticar muy duramente la gestión de RENFE; he sido el primero en criticar muy duramente que es intolerable que los doscientos mil millones de pesetas de déficit de RENFE no hayan pegado un vuelco de timón, que estoy convencido que el contrato-programa tiene indicios racionales como para pensar que se va a producir. Entonces, por ahí iban los tiros: de que el posible déficit de estas líneas, calculado, según la última cifra, en siete mil millones de pesetas, en absoluto iba a solucionar el problema de RENFE (que yo quiero que se solucione); quiero, igual que todas Sus Señorías -seguro-, que el problema del transporte ferroviario quede definido de una vez en este país. Y yo tengo y soy, y se lo tengo que manifestar aquí, un acérrimo defensor del ferrocarril; hay gente que no lo es, hay gente que prefiere que la carretera sea el modo de transporte hegemónico. Yo pienso que el ferrocarril

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tiene un papel importantísimo que cumplir, bajo un punto de vista social y económico; pero hay que especializarlo, hay que especializarlo, como muy bien reconoce la Comisión de Sabios que ha emitido el informe hace poco, en el sentido de que, quizá, el papel de los medios trayectos, de cien, doscientos kilómetros hora, quizá la carretera, estoy seguro que la carretera está cumpliendo en estos momentos un papel más importante, pero, sin embargo, tiene un papel importantísimo que cumplir en el transporte de mercancías, como decía anteriormente, en los largos recorridos y en los servicios de viajeros.

Creo que el error fue, precisamente, el poder provocar una situación de desamparo ante el ciudadano -que no una situación de caos en el ciudadano-, porque, evidentemente, lo que tiene que hacer la Junta ahora es, por supuesto, seguir defendiendo el tema. Ya hemos conseguido que no se levanten las líneas; tenemos previsto que algún día se pueda desarrollar ese ferrocarril; pero tenemos que, ahora, no desanimarnos; tenemos, y es una responsabilidad que me compete muy claramente, tenemos que hacer que los servicios sustitutivos de esos servicios de viajeros sean mejores en calidad y cantidad. Esos treinta y dos o veintitantos -como decía usted, que seguramente lleva razón, que tendrá más frescas las cifras-, esos veintitantos viajeros que utilizaban el ómnibus desde Soria a Burgos no van a notar, en absoluto, la falta de ese ferrocarril en el momento que les coloquen un autocar con aire acondicionado, con vídeo, y que les traslada perfectamente desde el centro del pueblo al centro de la ciudad de Soria. Creo que, evidentemente, no van a notar esa sensación de desamparo en el servicio de transporte, porque la obligación de los poderes públicos está, fundamentalmente, con los menores recursos posibles, en facilitar un medio de transporte a cada ciudadano. Esa es la función que tenemos que cumplir en estos momentos y ésa es la función que me compete: el poder controlar que los servicios sustitutivos que se hagan sean mejores en calidad y cantidad. Por ahí tienen que ir los tiros y, en ese aspecto, no me desanimo; si bien es cierto que tengo que reconocer que tuve un momento de desánimo, a raíz de la entrevista con el Ministro de Transportes, en el sentido de que hubo una cierta intencionalidad de dar un más amplio margen de tiempo para poder prever, en primer lugar, la negociación con RENFE, y, en segundo lugar, la sustitución de esos servicios. El agobio viene, fundamentalmente -y usted lo podrá comprender-, de la enorme complejidad técnica que implica el hacer todo eso en tres meses; ése es el agobio. Mientras que, si hubiese sido un año más (son quince meses), les hubiese dado perfecto tiempo a poder conjugar todos esos factores sociales y económicos, y poder definir muy claramente cuáles son los elementos sustitutivos que habría que hacer, en función de unos servicios ferroviarios perdidos.

De la intervención del Portavoz del Grupo Popular, Marcos Oteruelo, sinceramente, yo diría que no va bien enfocado y que no coincide, en absoluto, con la política de transportes del Grupo Popular, que me he traído aquí una fotocopia.

Realmente, lo importante, cuando usted ha definido que la supresión de unos servicios fundamentales para Castilla y León puede suponer un caos, realmente pregunto yo: ¿qué servicios fundamentales, en estos momentos, se pierden?: un ómnibus con velocidad comercial de cuarenta kilómetros hora, tercermundista o casi de la época del Far West, ocupado con cincuenta viajeros. ¿Eso es un servicio fundamental, o lo fundamental, realmente, es precisamente tener un autobús digno, con mayor frecuencia de recorrido y mayor número de paradas? Sinceramente creo que no van por ahí los tiros. Lo fundamental, lo preocupante es que desaparezca una infraestructura de un modo de transporte que puede tener su importancia. Y cuando dice que quizá desde una labor de oposición se pudiese haber logrado más gestiones con la Administración Central, yo le voy a poner un ejemplo sólo y le tomo el remo: diga usted a sus compañeros del Gobierno de Cantabria que el Gobierno de la Nación, que es de otro signo político, termine el Santander-Mediterráneo; que no lo ha conseguido y sigue luchando, como seguimos luchando otros también por el tema; con lo cual no es motivo de ideología o de color, es un motivo de planificación de transporte y un motivo también clarísimo, que hay que decirlo, de una situación deficiente de la economía española, donde el déficit público galopante hay que cortarlo para bien de todos.

Y cuando dice que si la gestión se ha limitado exclusivamente a una conversación con el señor Ministro, perdóneme: ha habido muchas conversaciones, ha habido una que ha transcendido, ha habido muchas conversaciones, pero muchas conversaciones no sólo a nivel político, muchas conversaciones a nivel técnico. Aquí ha habido, prácticamente, toda la plana mayor del Ministerio despachando con nosotros y trabajando con nosotros, y escuchando nuestras reivindicaciones y explicándoles nuestro estudio; y hemos estado en Madrid en reuniones mixtas multitud de veces y en conversaciones directas no sólo a nivel político, sino a nivel técnico, con lo cual esas gestiones le digo que han sido incansables; y la Consejería prácticamente ha estado dedicada durante mucho tiempo al tema éste, con una falta de medios no comparable con la Administración Central, y hemos demostrado algo que un miembro de su Grupo nos tiene que reconocer, porque lo vive más directamente: hemos demostrado que los estudios elaborados por un organismo prestigioso y que para mí sigue teniendo una enorme credibilidad, como es el Instituto de Estudios de Transporte y Comunicaciones, los hemos dado la vuelta y han hecho tambalear todas las previsiones que habían establecido. Creo que eso es un éxito, también, de gestión, de una gestión seria y responsable.

Y cuando el señor Marcos Oteruelo me dice que tiene soluciones, yo, por supuesto, dada la premura del tiempo de este debate, señor Presidente solicito de una forma formal, aunque lo haga por escrito, la comparecencia en Comisión para explicar mucho más detalladamente todo el tema; que es donde podemos explayarnos sin límite de tiempo, con lo cual yo soy el primero en desearlo, porque tengo, no sólo la conciencia tranquila, sino tengo la convicción de que les voy a convencer a todos ustedes. Y cuando dice de que estaba molesto, realmente es lo que decía antes: en poco tiempo, estos tres meses, tres meses para negociar con una empresa que no tiene contabilidad analítica por línea; eso es realmente apabullante; poco

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tiempo para poder definir exactamente que si las cifras que aparecen en el contrato-programa y que dio RENFE son reales o no reales; poco tiempo para poder implicar a RENFE que haga una gestión comercial de mercancías adecuada a estas líneas, para que puedan ser rentables por sí mismas, sin subvenciones. Eso, realmente, eso es lo que apabulla y realmente lo que preocupa a este Consejero y al resto de la Junta.

Cuando dice que el Grupo Popular tiene soluciones...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan tres minutos a Su Señoría.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Muchas gracias, señor Presidente.

... tiene soluciones, yo le pido: démelas. No espere a decirlas más; démelas: que yo soy el primer preocupado por el tema, por lo menos tan preocupado como ustedes, y ya he dicho de antemano que soy un firme convencido de la defensa del ferrocarril en nuestro país. Por eso, déme soluciones, que yo se las pido, en ese ánimo de colaboración que tanto Su Señoría como el resto de sus compañeros de Grupo, ha manifestado con el Gobierno de la Nación en un tema que, evidentemente, no es un tema partidario, y eso aquí se ha reconocido, que es un tema de Estado, es un tema del Estado de la Región. Evidentemente, yo le pido esas soluciones, porque, si son viables, las haré mías. Pero sí que le diría que me dé unas soluciones realmente viables, realmente viables. No me dé las soluciones, y saco el programa electoral del Partido de Alianza Popular, noviembre del ochenta y uno, programa electoral, soluciones técnicas, leo textualmente, página treinta y tres: "posibilidades de nuevos ferrocarriles: Toro-Laguna de Duero"; no me dé esas soluciones, porque, evidentemente, eso no está acorde con una política ferroviaria en unos momentos de crisis económica. Toro-Laguna de Duero, no tiene ningún sentido. Quiero soluciones realmente viables y, evidentemente, para eso estoy abierto y en ese ánimo de colaboración, que Sus Señorías me tendrán que reconocer en la Comisión, yo expondré todos y cada uno de los puntos de este estudio, que son largos, de muchos meses de trabajo, y todas las alternativas que hemos planteado con sus soluciones, a futuro y a medio plazo, y seguiremos entre todos. Y estén seguros Sus Señorías de que este Consejero y la Junta de Consejeros han planteado y han recibido este problema con enorme preocupación y, en esa línea, hemos trabajado con dureza, con dureza, pero con la responsabilidad que tiene que caracterizar a un Gobierno donde no sólo tiene que limitarse a hacer declaraciones efusivas o fuertes, sino que tiene que hacer esa gestión política y esa gestión técnica que acompañe a esa preocupación sobre los problemas políticos.

Por todo lo demás, simplemente quiero agradecer las diversas intervenciones y quiero dar esperanzas de que, evidentemente, el primer paso se ha dado: se ha paralizado el desmantelamiento de todo, hay posibilidad de mantener determinados servicios, y hay que tener esperanza de que en un futuro, este Gobierno u otros, porque éste es un problema de planificación a muchos años vista, el ferrocarril ocupe el lugar que en estos momentos no tiene en este país, y ocupe el lugar que le corresponde de cara a la integración española en el Mercado Común, cosa que en estos momentos -y eso lo tenemos que reconocer todos-, el ferrocarril español, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, no es homologable a ninguna red europea. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Cuarto punto del Orden del Día: "Designación de los miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León, a los que se refiere el artículo 5.1 de su Ley Reguladora".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el señor Secretario se dará lectura al artículo citado, 5.1, de la Ley Reguladora del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Ley 1/1984, del ocho de junio, reguladora del Consejo Asesor de Radiotelevisin Espaola en Castilla y León. Artículo 5.1, primer párrafo: "El Consejo Asesor de Radiotelevisión Española consta de nueve miembros nombrados por la Junta de Castilla

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De conformidad con las normas establecidas en la resolución de esta Presidencia, de fecha veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, ha aceptado el acuerdo al que a continuación dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Reunión de veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. El punto del Orden del Día: fijación del número de miembros que corresponden a cada Grupo Parlamentario del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León. El señor Presidente dará cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, de asignar cuatro miembros al Grupo Parlamentario Socialista, y los otros cuatro al Grupo Parlamentario Popular. La Mesa aprueba, por unanimidad, idéntica distribución de los miembros del Consejo Asesor entre los Grupos Parlamentarios.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

El señor Secretario dará lectura también a la lista de nombres propuestos para el Consejo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Candidatos propuestos para miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León.

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Candidatos presentados por el Grupo Parlamentario Socialista: D. Juan Ignacio De Blas Guerrero, D. Daniel de la Iglesia Gil, D. Amador Caballero López, D. Graciliano Palomo García. Candidatos presentados por el Grupo Parlamentario Popular: D. Alfredo Marcos Oteruelo, D. Luis Criado Escribano, D. José Angel Villaverde Cabezudo, D. José Luis de los Mozos de los Mozos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Cada uno de los Grupos dispondrá a continuación de un solo turno de diez minutos para explicar su posición.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Hoy tengo el día de las lamentaciones. Antes me lamentaba de que la Interpelación no hubiese sido sobre política agraria de la Junta; ahora tengo que lamentarme de que las restricciones impuestas por la Mesa, no pueda hablar del tema que aquí se debería haber hablado. Tengo que anunciar que el Grupo Mixto, por unanimidad, va a votar en contra, y agotará, o hará las actuaciones posibles y las declaraciones para poder rescindir este acuerdo.

Porque entendemos que cuando se redacta una Ley, no se mira sólo la letra de la Ley, sino el espíritu de la Ley; y el espíritu tuvo bien claro -y yo pediría que por el Grupo Socialista y el Grupo Popular subiesen aquí los dos Ponentes que estuvieron juntos conmigo- cuál fue el acuerdo de los tres que en aquel momento representábamos a los Grupos. La cifra de ocho Procuradores se hizo precisamente por una Enmienda presentada por mí; allí barajamos la cifra de ocho, doce, catorce y dieciséis, los tres Ponentes; consideramos que no debíamos darla a esta Comisión de Radiotelevisión el tratamiento de una Comisión de las Cortes, donde la proporcionalidad sería uno, siete, ocho, y, puesto que el resultado sería igual, el acuerdo unánime de los tres Ponentes fue que fuesen ocho, con la composición de uno, tres, cuatro. Señor Presidente, Señorías, ahora resulta que va a tener razón el hombre de la calle cuando dice que "no hay que fiarse de los políticos". En Castilla y León estamos acostumbrados a que con la mano se cierran los tratos y no hacen falta ni testigos. Ahora resulta que los políticos en una mesa de diálogo de las tres fuerzas, o los tres Grupos Políticos representados en estas Cortes llegan a un acuerdo unánime, y luego se lo saltan para pisotear a las minorías. Señores del Grupo Popular, señores del Grupo Socialista: flaco favor están haciendo hoy en la reunión, flaco favor están haciendo hoy a estas Cortes, flaco favor están haciendo ustedes a la honorabilidad de las personas que allí estaban. Yo vuelvo a dirigir, y pido públicamente que aquí suba el señor De Blas y Santiago López para ver si este acuerdo fue como yo lo he dicho. Puesto que no se podía reflejar en la Ley la composición de uno, tres, cuatro, porque podía variar la composición de los Grupos, no se podía fijar, quedamos tácitamente en que sería uno, tres, cuatro, porque, si no, hubiésemos ido al uno, siete, ocho, y por economizar y por no cargar de gastos a estas Cortes de Castilla y León en un tema que no considerábamos fundamental. Para este tema, si Sus Señorías recuerdan, cuando aquí se discutió el Proyecto de Ley se quiso aún matizar más, y hubo un acuerdo tácito también de los tres, de los tres Ponentes, y también públicamente quiero que lo manifiesten, incluso con el que hacía entonces de Portavoz del Grupo Popular; y ante una enmienda transaccional, que la tenía que hacer el Grupo Popular, puesto que era el único que estaba en condiciones para hacerlo, en el último minuto se dio la orden al Grupo Popular de que no presentase aquella Enmienda, con lo cual volvió a quedar redactado como está. Vuelvo a decir que en Castilla y León, siempre, y a los que nos sentimos castellano-leoneses de verdad nos va a seguir importando muy poco la letra, nos importa mucho más el valor y la dignidad de la palabra que damos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Presidente de las Cortes (ya que no puedo anteponer la palabra Procurador; si la anteponía antes era para saber que todos éramos Procuradores). Me alegro de nuevo al tomar esta tribuna que el Consejero de Transportes aludiera que pronto estábamos en el Mercado Común Europeo. Yo creo que le estamos haciendo un servicio malo a España si en Europa se enteran que vamos desprestigiando a las minorías y no les damos posibilidad. Ojalá estuviéramos en el Mercado Común, porque entonces podríamos ver, contactando con otros países, cómo se respeta a las minorías. La composición del Consejo ya está y la van a votar ustedes y van a salir con el Grupo Mixto en contra. Como yo sé las presiones que tienen los dos Grupos mayoritarios en esta Cámara para que no tenga cabida el bipartidismo -y claro, en este momento, si no votaran en contra, tendríamos que suspenderlo y llamar a Madrid para ver si eso lo podrían hacer-, yo, como castellano-leonés, como ha dicho mi compañero -ya que los portavoces dieron la palabra de castellano-leonés-, pidiera que fuera ratificado en contra por todos los Grupos de esta Cámara, para que se pudiera hacer mejor sobre escrito -ya que las palabras no basten- una Ley donde las minorías tuvieran representatividad. Pero como sé positivamente la presión que tiene lo mismo el Grupo Socialista que el Grupo Popular, que en una decisión tan importante tienen que consultar a Madrid, pido que es una pena que estas Cámaras no tengan fuerza suficiente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. Lamento profundamente que se hayan permitido decir las palabras que se han dicho en esta Cámara. Parece mentira que personas que, efectivamente, dicen que quieren conservar el respeto a lo que significa ser castellano-leonés se permitan, con la alegría con que lo han hecho, la serie de inventivas y la serie de palabras que no responden a la verdad en absoluto. Rechazo por supuesto todo cuanto se ha dicho; rechazo el centralismo, rechazo toda esta serie de situaciones que se nos acaban de caer sobre

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nuestros hombros de la manera más insólita y más insospechada. Estos no son procedimientos parlamentarios. Hay una Ley; esa Ley está ahí y esa Ley ha sido interpretada de la forma que podía ser interpretada. Es más, con enorme benevolencia se ha discutido la posibilidad de cambiar esa propia letra y dar posibilidad que hubiera un pronunciamiento por votación de los Grupos Parlamentarios, cuando realmente la Ley no dice eso. La Ley habla de una proporcionalidad y la proporcionalidad se resuelve por un problema concretamente aritmético. Y nada más, no creo que merezca la pena utilizar otra clase de palabras en un momento como éste.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo quizá, y discúlpenme en ello, debiera de hacer un turno por alusiones a un Grupo Político o a un Grupo Parlamentario, tal y como el Reglamento lo contempla. Me parece que sería un error -y permítanme también que haga esa confesión delante de ustedes-, me parece que sería un error estimar que determinadas cosas que aquí se han dicho, o se han dejado caer al menos, fueran estimadas en el sentido formal del término, como un decoro o una indignidad para un Grupo Parlamentario. No quiero entrar en más detalles sobre la cuestión. Pero sí quiero hacer una aclaración y una propuesta sobre cómo es la historia, en concreto, que hoy nos trae aquí; porque me parece que, dado el cariz que el debate ha tomado, se exige ese tipo de aclaración. Y advierto que la aclaración que yo voy a hacer entiéndase hecha por quien fue Ponente de nuestro Grupo Parlamentario, el señor De Blas, expresamente citado; porque conozco el tema de forma directa, participé en él de forma personal y directa, y por tanto me consta cómo se produjeron todos y cada uno de los pasos que se dieron en la elaboración de esta Ley. Y me parece que hay que comenzar aclarando dos cosas perfectamente nítidas y perfectamente diferenciables la una de la otra. Una cosa es la Ley que está en vigor -que eso me parece que es algo que no conviene, ni siquiera como procedimiento, ni como método, poner en discusión-, la Ley que está en vigor (y en función de una Ley que está en vigor se ha adoptado un acuerdo, que yo entiendo que es de pura aplicación matemática), y otra cosa son las voluntades políticas, la historia, etcétera, que hay detrás de esta cuestión. Yo quiero señalar, porque me parece que es el único dato que puedo contrastar -y permítanme que no me remita a testigos, me parece que no sería de muy buen estilo, en ese, en ese tema en concreto-, yo, personalmente, y lo recuerdo de forma perfecta y nítida, escribí -lamento que no lo conserve-, escribí una transacción con la que entendí que se solucionaba el problema. El sentido de la transacción, muy brevemente expresado, indicaba que todos los Grupos Parlamentarios, o al menos ésa es la garantía que allí se pretendía asegurar, tendrían representación en este orden. Es sabido, y no hay más que leer el Reglamento para ello, que las transacciones sólo son posibles si existen enmiendas vivas. Había una enmienda y fue retirada. No; permítanme que no haga más especificaciones ni más apelaciones sobre el tema, pero quiero que quede bien clara mi postura en ese asunto, porque intervine personalmente en él.

Finalmente, quiero decir que desde el respeto a una Ley que está en vigor, en función de la cual mi Grupo Parlamentario tiene un determinado número de representantes que creo que nadie puede discutir, porque, repito, es pura y simple aplicación del criterio de proporcionalidad, y eso son matemáticas, no es un principio de voluntad política desde el respeto a una Ley que está en vigor, yo ofrezco la posibilidad de una solución al tema para un futuro. La posibilidad evidentemente pasa por la modificación de esa Ley. Y quiero decir, con toda claridad, incluso que eso sirva de un compromiso, que estoy dispuesto, como Portavoz del Grupo, a apoyar una solución a ese tema; pero, por favor, que las cosas queden claras, que el debate no se deslice hacia terrenos que yo creo que no son lógicos que el debate se introduzca, y, mucho menos, que no se hagan apelaciones sobre voluntades políticas, respetos de minorías, etcétera, etcétera, porque me parece que sobre eso habría que hacer otro debate y discutir mucho y muy largo sobre la cuestión. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Vamos a proceder a la votación para la ratificación o no ratificación de los candidatos propuestos. Votos a favor de la ratificación. Votos en contra. Pueden sentarse por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos a favor de la ratificación: 74. Votos en contra: 5. Abstenciones: ninguna. Queda, por tanto, queda por tanto ratificada la propuesta de los miembros componentes del Consejo Asesor de Radiotelevisión en Castilla y León.

Se reanudará la sesión a las cuatro y media. Se levanta la sesión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Quinto punto del Orden del Día: "Ratificación del Decreto 79/1984, de 4 de septiembre, por el que se reestructuran determinadas Consejerías de la Junta de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, nº 35, de 24 de septiembre de 1984".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEÑOR MADRID LOPEZ):

Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados. Con la venia del señor Presidente, desearía, desde la serenidad y desde el sosiego, desde la mano tendida y sin ningún tipo de arrogancia, y creyendo respetar e interpretar lo que es la voluntad de esta Cámara y de la mayor parte de los castellano-leoneses, felicitarnos por la sentencia del Tribunal

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Constitucional, en la que de una forma inequívoca decide también que la incorporación definitiva, con todos los pronunciamientos y agotando todas las posibilidades de recursos, hacen que León se integre definitivamente en esta Comunidad de Castilla y León. Quiero adoptar este tono de serenidad, de mano tendida, para decir que tanto los que promovieron en su momento el que León pudiera estar en otra Comunidad diferente, como aquellos que sostuvimos, y que nos ha venido a dar la razón el Tribunal Constitucional, hagamos un esfuerzo de una nueva andadura, inequívoca también, para saber que así como en la historia la mayor parte del tiempo Leoneses y Castellanos, Castellanos y Leoneses hicieron su mayor parte juntos, podamos los que tenemos la responsabilidad del presente iniciar ese futuro, que yo creo que, esfuerzo tras esfuerzo, podemos conseguir un mayor y mejor bienestar en una situación estable, y que no se condicione nunca más ni se pueda volver a discutir esa realidad.

Quiero antes de hacer la presentación de lo que se ha llamado remodelación de la Junta, hacer algunas consideraciones al hilo del debate de esta mañana. Quiero hacerlo como Presidente de todos los castellano-leoneses, y quiero hacerlo como Presidente de un Gobierno que trata no solamente de gobernar, sino de ser permanentemente beligerante con los temas de Castilla y León; que no va a haber ninguna frivolidad, y que el compromiso asumido por el Gobierno que yo presido no va a tener, ni frente a los que se enfrentan, ni frente a otras posiciones de otras instituciones, ningún tipo de duda a la hora de defender los intereses de Castilla y León; y sean los de la Cultura, o sean los de la Agricultura, sea lo de la infraestructura, o sea todo aquello que signifique unas mejores condiciones de vida para los castellano-leoneses, tendrán permanentemente en el Gobierno que en estos momentos, decididamente y respondiendo a las responsabilidades que tiene asumidas por el ejercicio democrático de una confrontación legítima y libre, donde los castellano-leoneses dijeron lo que dijeron, tengan ustedes toda la seguridad de que no tenemos, tendremos ninguna flaqueza a la hora de tomar las decisiones y a la hora de defender los intereses que para los castellano-leoneses se corresponden no solamente por unas razones históricas, no solamente en razón de lo que significa un pueblo que tiene y está cargado de una memoria histórica importante, sino, lo que es más importante, para un futuro y un presente mucho más esperanzador del que todos ustedes y yo mismo hemos heredado.

Comparezco ante Sus Señorías, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, para dar cuenta del Decreto 79/1984, por el que se reestructuran determinadas Consejerías. Quisiera hacer aquí una mención inevitable a lo que son las funciones del Presidente de la Comunidad, del Presidente del Gobierno de Castilla y León, cuando en el artículo décimo de nuestra propia Ley de Gobierno, que viene a ratificar lo que ya decide claramente nuestro Estatuto, cuando habla que el "Presidente de la Junta de Castilla y León ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en la misma. Asimismo preside la Junta de Consejeros, dirigiendo sus acciones y coordinando las funciones...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio por favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEÑOR MADRID LOPEZ):

: de sus miembros". Y en el artículo 13 dice que "nombrará y separará a los Consejeros de la Junta de Castilla y León y, en su caso, nombrará a un Vicepresidente de entre sus miembros". Utilizando lo que concede claramente a la Presidencia tanto nuestro Estatuto, como la Ley del Gobierno, se ha producido esta remodelación. Por lo tanto, este Decreto, como ustedes saben, se enmarca en una remodelación, que todavía es más amplia de lo que a primera vista parece, que está contemplada, lógicamente, al producirse también por ese propio Decreto de que hablaba antes no solamente en una remodelación, sino en el nombramiento de un Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Esa posibilidad, pese a ser contemplada en la Ley del Gobierno de nuestra Comunidad, no se había materializado en este momento, o hasta el momento. Igualmente, hay que decir, para hablarlo todo desde el principio, que hay variaciones en los órganos de apoyo al propio Presidente y Vicepresidente, que, en virtud del Decreto 86/84, pasa a depender directamente de aquellos a los que representa y presta sus servicios. Es el conjunto de estos Decretos, a los que hay que sumar los propios de desarrollo de estructuras orgánicas de las Consejerías afectadas, lo que constituye lo esencial de la remodelación efectuada en el Ejecutivo de nuestra Comunidad. Las razones de los cambios producidos vienen sintetizadas perfectamente en ese preámbulo del propio Decreto ya mencionado cuando dice que "la experiencia de Gobierno en la Comunidad Autónoma durante el tiempo transcurrido desde su toma de posesión aconseja, aconsejaba proceder a la reestructuración de determinadas Consejerías en aras a conseguir una mayor eficacia de las estructuras administrativas, al tiempo que se logra una mayor significación de las mismas". Como ustedes conocen, desde la toma de posesión del Gobierno que presido se ha producido un muy importante número de transferencias, aumentando de forma considerable el grado de autogobierno de nuestra Comunidad. Al mismo tiempo, el propio rodaje de la estructura administrativa que contemplaba nuestra Ley de Gobierno y Administración ha puesto de manifiesto qué órganos eran estrictamente necesarios y cuáles en estos momentos aconsejaba remodelar; sin que, por lo tanto, se produjera ninguna pérdida de eficacia de la gestión una vez asumidas prácticamente la mayor parte de las competencias que establece para estos momentos nuestro Estatuto de Autonomía. Es, pues, el conocimiento derivado de estas decisiones el que decide que efectivamente el Gobierno que yo presido tenga en estos momentos la estructura orgánica que dé ocasión a que su funcionamiento eficaz responda a las necesidades actuales, en razón de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El conocimiento derivado de esos dieciséis meses de Gobierno Autónomo nos ha permitido acometer esta remodelación, que ha de redundar, sin ninguna duda, en una reducción también -lo digo de pasada- del propio gasto público, con el consiguiente ahorro en los gastos corrientes. En este sentido,

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con la supresión de las Consejerías de Gobierno Interior y Administración Territorial y de Presidencia, y la creación de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, se suprimen cinco de los once órganos que tenían las desaparecidas Consejerías, cuyas funciones pasan a ser realizadas por los seis órganos en que se estructura la nueva. Paralelamente, al asumir la nueva Consejería las Delegaciones Territoriales de la desaparecida de Gobierno Interior y Administración Territorial, se permite una mayor descentralización en los asuntos relacionados con el funcionamiento de la Junta, al poderse gestionar los concursos públicos del personal periférico, etcétera, a través de los órganos descentralizadores, que son las Delegaciones Territoriales; algo similar se consigue con el traslado de las competencias de Comercio a la Consejería de Transportes Turismo y Comunicaciones, que pasa a denominarse Consejería de Transportes, Turismo y Comercio. El hecho de que las competencias de Comercio estuvieran adscritas a una Consejería mayoritariamente horizontal, esto es, que presta, fundamentalmente, importantes y valiosísimos servicios internos a la Junta, implicaba que los servicios de Comercio, al no contar la Consejería de Economía y Hacienda con Delegaciones Territoriales, por sus peculiares funciones, no dispusiera de la estructura descentralizada del resto de los servicios de la Junta de Castilla y León, y por tanto se estaba produciendo una cierta disfuncionalidad que con este cambio se soluciona. Pero no es ésta, en todo caso, la única razón que avala la decisión adoptada. Son razones de tipo técnico, de conveniencia de tener agrupadas las competencias de Transporte, Turismo y Comercio, por la íntima relación existente entre ellas, las que fundamentalmente motivan esta reestructuración. Un simple repaso a las distribuciones competenciales de otras Comunidades Autónomas confirman esta apreciación, siendo precisamente aquellas que cuentan con mayor experiencia, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco, las que han agrupado en una misma Consejería las competencias antes dichas.

Por lo que se refiere a la variación producida en la Consejería de Industria y Energía, que pasa a denominarse de Industria, Energía y Trabajo, el cambio es exclusivamente nominativo, para adecuar la denominación a las competencias que ya tenía asumidas. Significa, eso sí, un deseo de constatar la importancia que para el Gobierno tienen las cuestiones relacionadas con el trabajo, con el mundo laboral; importancia que se simboliza al incorporarlo a la denominación genérica de la Consejería.

Esta es, escuetamente, la remodelación que hemos realizado en la Junta de Castilla y León. Entiendo que las razones que les acabo de dar son suficientemente explícitas, sinceras, directas, y que no hay detrás ninguna otra explicación. Son lógicas, por no haber necesitado -y no creo que necesite más- las explicaciones; porque cualquier persona que ha tenido la amabilidad de hacer el seguimiento del funcionamiento, no solamente de esta Comunidad, sino de otras Comunidades del Estado, podrán ver cómo la primer formación de un Gobierno siempre tiene aspectos tentativos, que quiere llegar, que desea llegar a dar con la primera de las intenciones solución a los problemas. Y yo quiero decir desde aquí que el primer Gobierno que he presidido y que ha dirigido las funciones de llegar a estos grados de competencia, desde mi punto de vista ha tenido una actuación acertada. Y que ha acertado también, no solamente en lo que significaba todo el proceso de negociación, de transferencias y de organización inicial administrativa, sino que todas las personas, y tengo que desde esta tribuna rendir homenaje a los que en estos momentos, no solamente el Consejero de la Presidencia, sino otros colaboradores, hicieron un trabajo duro y difícil en unos momentos en que las condiciones no eran precisamente favorables para realizar esta tarea tan difícil como es construir de la nada una Administración y un Gobierno; un Gobierno y una Administración que, igual que estas Cortes, quieren acertar en su gestión; que igual que estas Cortes no ha llegado todavía a su grado máximo de capacidad política; igual que estas Cortes y el resto de las instituciones democráticas en este país necesita, lógicamente, del rodaje inevitable y de la experiencia vivida en la propia carne de las responsabilidades de cada día. Por eso, a la hora de dar cuenta a esta Cámara de estas decisiones, decisiones duras para cualquier gobernante, decisiones difíciles a la hora de decidir las personas que tienen que afrontar las responsabilidades, pero que cualquier gobernante también, y en este caso un Presidente, no puede tener de ninguna manera la debilidad de haber llegado a la conclusión que ha llegado y haber estado, y estar dejando de dar soluciones a problemas y a situaciones, y, en todo caso, a la organización y la estructura que los momentos precisan para Castilla y León.

Yo no puedo, lógicamente, trasladar las responsabilidades que sobre mí caen, trasladar en absoluto a ninguna otra institución. Yo no puedo trasladar aquellas responsabilidades que se tienen que pedir en su momento, al final de una gestión; no pueden ser trasladadas a otros lugares, a otras responsabilidades, o a otras entidades. Cuando alguien en buena posición, incluso en una situación amigable, viene a aconsejar que tal o cual persona debería de estar en tal o cual responsabilidad, y que es algo que siempre se agradece, pero la última responsabilidad tiene que ser del que la tiene. Igualmente, al segundo y al tercer escalón de las responsabilidades, cuando un Presidente de un Gobierno (para alejarnos de la situación concreta de Castilla y León), de un Gobierno de una Nación, o de un Estado, o de otra Comunidad, decide dar responsabilidad a un Ministro o a un Consejero, haría un mal favor si a continuación le dicta cuáles son sus inmediatos colaboradores. Cuando yo quiero tener la libertad para tener también la responsabilidad plena de mi Gobierno, estoy dando también a los propios Consejeros la libertad para que formen sus propios equipos de Gobierno; de manera que yo nunca haré la petición de responsabilidades a Directores Generales, Delegados Territoriales, y ningún otro tipo de responsabilidades intermedias dentro de la organización de la Comunidad de Castilla y León. Serán ellos los que tengan que hacer, bajo su responsabilidad también, sus propios equipos, sus propios colaboradores y, en definitiva, el equipo necesario para llevar a buen término las responsabilidades que les corresponden. Por eso, yo creo que, aunque estoy satisfecho de venir y comparecer ante esta

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Cámara, de la que me siento orgulloso como un Parlamentario más de Castilla y León, no podía trasladar la responsabilidad de la formación, ni ahora ni en el futuro, de cuál tiene que ser el equipo de Gobierno que tenga que estar; sea cual sea el color del Partido que gobierne y sea cual sea el Presidente que ocupe la Presidencia de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para un turno a favor, tiene la palabra el señor Quijano, portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Para consumir este turno a favor, que en el debate, tal y como está reglamentariamente establecido, me corresponde, me parece que la cuestión inicial que debo de tratar de fijar no es otra que la de saber qué es exactamente lo que aquí vamos a debatir; qué significado, qué contenido y, por tanto, qué conclusiones se derivan de la decisión que aquí vamos a tomar. Y me parece, incluso tal y como está reglamentariamente formulada la cuestión, que de lo que aquí se trata no es ni más ni menos que de ratificar una decisión que ha sido previamente tomada en el nivel en que debía tomarse. Me parece que eso debe de quedar claro en todo momento, porque, sin duda, ese planteamiento inicial de la cuestión, entiendo yo, delimita con bastante claridad cuál es también el ámbito de la discusión en que aquí debemos movernos. Se trata, pues, de ratificar una decisión, y evidentemente se trata, precisamente por ello, de saber cuál es el contenido y cuál es el significado de esa decisión. Es claro, y el propio texto del Decreto que se somete a debate de ratificación, que se trata de una decisión de reorganización, remodelación, reestructuración, llamémoslo como queramos, pero en definitiva una decisión que simplemente produce efectos en el ámbito del propio Ejecutivo que la adopta, y me parece que eso es de particular importancia el señalarlo. Yo creo, en ese sentido, que el debate, probablemente, no podría deslizarse, al menos es mi criterio, y desde ese punto de vista lo voy a fundamentar, no podría deslizarse hacia las finalidades últimas que desde el punto de vista político persigue (evidentemente, porque todos sabemos cuál es el terreno en el que nos movemos) cualquier decisión de este tipo, porque creo que sería hurtar -y me parece que ésta es una cuestión trascendental-, en cierto modo, la propia posibilidad de adoptar la decisión por parte de quien legítimamente la ha adoptado. Creo que en la intervención previa, en la intervención inicial de este debate, del Presidente de la Junta -que es quien evidentemente asume, en última instancia, la responsabilidad de la decisión, aunque es jurídicamente una decisión del Ejecutivo en su conjunto-, se han destacado algunos aspectos en los que yo me voy a detener de una forma breve. De un lado, y me parece que eso es perfectamente comprensible y quizá no exigiera ni siquiera una mención, de un lado es claro que esta decisión se adopta cuando ha habido ya un transcurso del tiempo y, por tanto, cuando existe una experiencia de cuál era la posibilidad y cuál era también el nivel de eficacia que el Ejecutivo tenía, en función de unas competencias asumidas en un momento anterior. Y me parece que es perfectamente comprensible y que no exige mayor tipo de debate el que este tipo de decisión pretende justamente, y me parece que ése es el fondo de la cuestión, una adecuación de las competencias que se han asumido, en un momento en que el volumen de competencias es ya considerable. Creo que a nadie se le oculta, y no hay más que hacer una pura y simple revisión histórica desde ese punto de vista, que la primera estructura del Ejecutivo responde, o trata de responder, como es perfectamente lógico y comprensible, al nivel de competencia asumido en ese momento y que, por tanto, no es descartable, y sería malo incluso descartarlo, el que en momentos posteriores se trate legítimamente de equilibrar el contenido de los departamentos del Ejecutivo con el nivel de competencias asumidas. Me parece que ésa es la finalidad de la decisión y me parece que ése es el punto de vista del que hemos de partir.

En la intervención del Presidente, se destacaban, por otro lado, aspectos de eficacia, incluso de ahorro en el Gasto Público, que evidentemente deben de ser también convenientemente valorados. Pero yo me quiero centrar en lo que es la finalidad inmediata de la decisión, y no es otra, me parece -al menos no cabría interpretarla de otra manera, salvo que pretendiéramos entrar, como Legislativo, en las finalidades políticas últimas, y entonces, entiendo yo, estaríamos hurtando una parte de la decisión que es propia, según yo entiendo, y privativa del Ejecutivo-, entiendo por tanto que el ámbito en el que nos debemos de mover es ese punto de partida justamente: la adecuación que en un momento determinado se trata de hacer entre el nivel de competencias asumidas y la estructura orgánica, que en ese momento en concreto se remodela para servir al nivel de competencias que ya se han recibido. Partiendo de ese punto de vista, en concreto, me parece que habría un principio -yo lo calificaría incluso de una "regla de oro" en la conducta política de cualquier Ejecutivo- y es que debe serle reconocida, me parece que es absolutamente elemental, debe serle reconocida la legitimidad más plena para organizarse del modo que tenga por conveniente. Y debe, además, estimarse que esa decisión organizativa no va más allá que una propia decisión de la que el propio Ejecutivo asume la responsabilidad exclusiva. Es evidente, y a nadie se nos oculta, que todo tipo de decisión política tiene consecuencias políticas; eso es algo tan obvio que no merece la pena ni comentarlo. Evidentemente, esas consecuencias políticas se miden, o se deben de medir, en su momento, en términos de si se ha aumentado la eficacia, si el grado de adecuación y de coherencia de la actividad administrativa es mayor en relación con el nivel de competencias asumidas, y en ese plano, en definitiva; pero lo que no cabe discutir, entiendo, es que la responsabilidad de la autoorganización es una responsabilidad propia del Ejecutivo y es legítimamente el Ejecutivo quien debe de adoptarla. Probablemente, el ámbito de decisión que a nosotros nos corresponde es exclusivamente el de ratificar o no una decisión de ese tipo, por mandato legal; pero de ahí, yo creo, no puede deducirse una puesta en cuestión de la legitimidad para adoptar esa decisión por parte del Ejecutivo. Yo he hecho, por otro lado, y me parece que pudiera ser un ejercicio conveniente a efectos de situar la cuestión de forma correcta, incluso desde el punto de vista jurídico,

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un pequeño sondeo, en otras legislaciones autonómicas, para ver cómo estaba tratado el tema de la estructura del Poder Ejecutivo, de la estructura, en definitiva, de los Consejos de Gobierno en las Comunidades Autónomas. Y, sistemáticamente, en todos los casos -eludo la cita oportuna de artículos, leyes, etcétera, de otras Comunidades Autónomas-, sistemáticamente, en todos los casos que he consultado, que me parece que son efectivamente todos, la decisión de organizar el Ejecutivo como por conveniente lo considere el propio Ejecutivo, y de forma muy específica quien tiene la responsabilidad de organizarlo por investidura de esta Cámara, es una decisión propiamente ejecutiva -valga la redundancia-, es una decisión que se adopta y que termina, en cuanto a su eficacia jurídica, en el propio ámbito del Poder Ejecutivo. Fíjense que el único caso en que eso no ocurre así es, justamente, en este momento, en la legislación del Estado, que un Parlamento -el Congreso de los Diputados y el Senado, con mayoría propiamente Socialista, y me adelanto porque probablemente me podrían indicar la contradicción en que puedo incurrir- ha modificado la legislación existente en España, la vieja Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, exigiendo que la decisión reorganizativa del Ejecutivo se haga a través de un instrumento legislativo específico: la Ley en sentido formal, y ningún otro instrumento formal. Evidentemente, si eso se pudiera alegar como precedente, yo creo que se estaría olvidando que no hay punto de comparación posible. No hay punto de comparación posible entre la trascendencia de una decisión organizativa, o reorganizativa, como ocurre en este supuesto, en el nivel de la Administración del Estado, donde hay una tradición histórica, una experiencia de la organización administrativa que no existe en las Comunidades Autónomas, de lo que sucede en las propias Comunidades Autónomas, que se ven obligadas, estatutaria y legalmente, a organizarse en un momento en el que no saben exactamente cuál es el volumen final de competencias al que deben de atender, y por tanto que hubieran hecho mal en cerrar la puerta a posibles remodelaciones en el propio seno de la organización del Ejecutivo. Creo que ése es...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría tres minutos.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias. Creo que ése es el planteamiento correcto, desde mi punto de vista, a la hora de valorar la decisión, y es, por tanto, el terreno en el que yo quiero finalizar esta intervención inicial en favor de la decisión de ratificación del Decreto. La conclusión, por tanto, que en vista de la argumentación que he tratado de exponer se plantearía ante la Cámara es, expresamente, el reconocimiento de que estamos ante una decisión que el propio Ejecutivo adopta, en uso de la legítima competencia para adoptarla -porque la decisión de reorganización le debe corresponder específicamente a él- y que, como tal decisión, que produce unas consecuencias políticas inevitables, que en términos políticos deben de ser valoradas, debe de ser una decisión respetada, aceptando esa legitimidad y aceptando el propio carácter privativo de la decisión por parte del Ejecutivo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. La Junta, por Decreto 79 de este año 1984, de fecha 4 de septiembre, ha modificado su estructura. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al señor Presidente de la Junta que haya tenido la atención hacia estas Cortes de ser él, personalmente, quien haya presentado el problema de la remodelación de la Junta. Creo que esta valoración debe de ser realizada desde el punto de vista de una oposición que nos parece que debemos de juzgar no demagógicamente las actuaciones de la Junta, sino en un sentido de estricta justicia, desde nuestros planteamientos políticos y desde nuestras divergencias. Por eso, empecemos por el reconocimiento del gesto del Presidente.

Tenemos que pronunciarnos en estos momentos respecto a la decisión que ha tomado el Presidente de la Junta de ir a esta remodelación, y he podido escuchar también, con satisfacción, al portavoz del Grupo Socialista, hacer una serie de consideraciones alrededor de la legitimidad de esta renovación. Puedo asegurar a Sus Señorías que en ningún momento, por parte de mi Grupo, ha surgido la menor clase de duda respecto a la legitimidad de cualquier Jefe de Ejecutivo de producir las remodelaciones que cada momento estime convenientes para ser más eficaz la labor del Gobierno que preside. Esa legitimidad no se discute; toda clase de posibilidades de renovación, bajo norma establecida, por supuesto, es buena, incluso puede ofrecernos frutos de mejoramiento de una gestión. No estoy analizando en estos momentos la gestión de la Junta de Castilla y León. Creemos que no es el momento de presentar un debate completo alrededor de la eficacia o de la inoperancia de toda la gestión de la Junta. Creo que, en este momento, debemos de tener la serenidad de concentrarnos exclusivamente en el problema que tenemos sobre la Mesa: el enjuiciamiento de esta remodelación y la forma en que la misma se ha producido. No cabe la menor duda de que si existe esta legitimidad -repito, bajo norma-, también es cierto que requiere el juicio político de los Grupos que tienen representación parlamentaria, porque, de otra manera, no estaría recogido en las disposiciones legales este pase ante las Cortes para su ratificación o rechazo. Y efectivamente, puesto que a las Cortes les corresponde una función del control del Ejecutivo, no cabe la menor duda que ante estas Cortes había que traer esta remodelación y había que permitir que los Grupos Parlamentarios puedan pronunciarse respecto al juicio político que sobre esta remodelación estima que debe hacerse.

En estas condiciones, yo quisiera dejar constancia de que, mediante este Decreto de remodelación, se ha producido nada más y nada menos que la modificación de ciertos contenidos de una Ley. Ya de por sí esto demuestra que hay una cierta imperfección en el ordenamiento jurídico que está regulando la conducta política de nuestra Región. Esto es algo que tendremos que plantearnos con mayor profundidad y que tendremos que buscar soluciones que nos permitan en el futuro no encontrarnos

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ante situaciones de tal anormalidad como es la presente. Se han aducido, por el Presidente de la Junta, razones de racionalidad y razones de austeridad. Desde la representación que tengo por mi Grupo, no puedo en estos momentos valorar positivamente estas razones aducidas. Creemos que no son razones de racionalidad, y mucho menos razones de austeridad. Y no pueden ser razones de austeridad, entre otras cosas, porque tenemos todavía muy reciente la discusión de los Presupuestos para la Comunidad, para el año mil novecientos ochenta y cuatro, donde pudimos comprobar una estructura de Presupuestos que no se corresponde con un principio de austeridad, y al mismo tiempo pudimos contemplar, también, cómo las Enmiendas que por parte de los Grupos de la oposición se hicieron a estos Presupuestos y que iban directamente encaminadas a mejorar las aplicaciones Presupuestarias en orden a un mayor rendimiento y en beneficio de la Región, fueron sistemáticamente rechazadas. Quiero recordar, a estos efectos, que el 53% del Presupuesto, por ejemplo, va orientado a gastos corrientes; quiero recordar, por ejemplo, que más de un tercio del mismo va orientado a cubrir obligaciones de personal. Quiero recordar también que, por ejemplo, para inversiones reales propias -no aquellas que nos vienen impuestas a través de las asignaciones del Fondo de Compensación Interterritorial, sino propias, las que nosotros aportamos desde nuestra Comunidad- se ha reservado una cifra inferior a los tres mil millones de pesetas, que resulta que es muy poco menor que la mitad del total del presupuesto, por ejemplo, de la Consejería de Cultura. Yo quisiera recordar también, a estos efectos, que en el orden de la austeridad administrativa, y a pesar de las observaciones que desde los Grupos de la oposición se han estado haciendo, en estos momentos estamos disfrutando nada menos que de 49 organismos de niveles semejantes a los de Dirección General, y al mismo tiempo también estamos disfrutando -por decirlo de alguna manera- de una organización periférica con Delegaciones Territoriales de casi todas las Consejerías en todas las provincias de nuestra Comunidad, que son nueve. Observen ustedes por qué, entonces, los gastos corrientes del Presupuesto son tan elevados, y observen ustedes por qué los gastos de personal también son tan elevados: porque para hacer frente a todo este desarrollo burocrático hace falta muchísimo dinero. Y, a pesar de cuanto nosotros, mi Grupo Parlamentario, ha estado tratando de inducir en la Junta para que estuvieran establecidos unos procedimientos de mayor austeridad en la organización burocrática y de mayor austeridad en el Gasto, desapareciendo tantas y tantas partidas que no tenían verdaderamente posibilidad de ser controladas posteriormente, no hemos obtenido absolutamente nada. Decir ahora que porque desaparece nada más que la figura de un Consejero se abarata el Presupuesto, y se inicia con ello una época de austeridad, me parece, señores, que es excesivo.

Por otro lado, y enjuiciando, aunque sea de pasada, la actuación de la Junta, nos parece que la remodelación que la Junta está necesitando, la remodelación que está pidiendo la Región, la remodelación que estamos pidiendo todos los castellano-leoneses, era una remodelación más amplia. Todos estamos deseando, de verdad, que el Partido Socialista se haga verdaderamente responsable del encargo que el pueblo de Castilla y León le ha hecho al darle la mayoría. Y esta responsabilidad consiste en tener un Gobierno eficaz, en tener un Gobierno operativo, en tener un Gobierno que verdaderamente afronte de cara, con austeridad y con seriedad, la cantidad de problemas que tiene nuestra Comunidad y que deben de ser de una vez por todas afrontados. No nos basta conocer, y sabemos efectivamente de las dificultades que conlleva establecer una estructura administrativa y organizativa para comenzar a trabajar, somos conscientes de que eso tiene sus dificultades; pero no puede justificar la labor de año y pico de un gobierno el haber sido capaz de montar una estructura que, por otro lado, nosotros somos los primeros en decir que estamos criticando en profundidad por ser excesiva y por estar excesivamente burocratizada, y por no haber respetado un concepto del Gasto que vaya más en consonancia con las necesidades de la Región.

A nosotros, como creo que a todos, nos gustará que de una vez por todas el Partido Socialista haga la remodelación que requiere el Gobierno de la Comunidad, y es al Partido Socialista a quien le corresponde, porque es el Partido Socialista quien tiene en estos momentos, o tenía al menos en el año ochenta y tres, la confianza de la Región para gobernar. Y en razón de esta confianza es desde donde nosotros pedimos, de verdad, que afronte de una vez por todas el grave problema que tenemos planteado en Castilla y León con la Junta. Y decimos esto porque nos parece que lo que no se puede hacer es llevar hasta la Junta, como un elemento de donde van a drenarse tensiones internas del Partido Socialista, los problemas internos, los problemas de equilibrio de poder, los problemas personales, para ser resueltos exclusivamente por una institución que ya no es del Partido, que es de todos los castellano-leoneses, como es el Gobierno de Castilla y León, y resolver a través de ella, no todo, porque las tensiones aún no han desaparecido, pero sí al menos parte de ellas. La remodelación debiera ser en profundidad, y, además, con el deseo expreso de servir exclusivamente los intereses de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan a Su Señoría tres minutos.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Muchas gracias, señor Presidente. Voy a terminar ya porque todas estas razones, en último término, tienen la menor importancia si vamos a considerar la última de ellas: y es la de que no se ha respetado la Ley 1/83, la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. Esta Ley, cuando habla, en su artículo 28.2, del legítimo derecho a la remodelación de su propio equipo de Gobierno por parte de la Junta y del Presidente de la misma, que es el máximo responsable, hace constar que "en períodos no lectivos", y, a continuación, nos relata el procedimiento que aquí se ha seguido. Y esto no se ha cumplido, porque precisamente el cuatro de septiembre era período lectivo (teníamos en aquellos momentos, desde el día uno, contándose los días para la terminación del plazo de presentación de Enmiendas

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de algunas Leyes), y por lo tanto se ha vulnerado el artículo 28.2 de la Ley 1/1983. Por esto pensamos que este Decreto de remodelación es nulo por sí mismo, por haber quedado fuera de la norma. Por eso es por lo que ya anuncio a Sus Señorías que mi Grupo votará en contra de la ratificación del Decreto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para el turno de réplica, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Me ha parecido interpretar de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha consumido el turno en contra, que el nivel de objeción a la ratificación de este Decreto de reestructuración se sitúa en un doble nivel; aunque también me ha parecido deducir que exclusivamente las objeciones a efectos de votación dependen o derivan exclusivamente de uno de los niveles. Yo hubiera deseado que quizá el debate y la argumentación no se situara en ese terreno, pero, puesto que así ha ocurrido, a él entro. Creo que, evidentemente, y eso lo entiendo y no creo que merezca la pena hacer debate de esa cuestión, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular -y lo digo con todo el respeto-, tiene, respecto de la remodelación, unas objeciones políticas que evidentemente comprendo, porque, si no, pues quizá no se sentara donde está, sino en mi sitio, y me parece que es evidente que ese tipo de objeciones existan. Sí he apreciado, no obstante, que en la dialéctica parlamentaria, y ello lo comprendo también, para establecer esas argumentaciones se ha tratado de hacer mucho más una especie de minidebate o miniobjeción de política general, que no iba precisa ni expresamente dirigida a la remodelación. Alegaba, por ejemplo, que esta remodelación no es la remodelación que se necesita, que esta remodelación no da más eficacia, que no ahorra gasto público, que no era, en definitiva, la remodelación adecuada o deseada. Y no he encontrado en su intervención y se lo digo con absoluta sinceridad, argumentos concretos dirigidos en contra de la decisión de remodelación. Yo no le he oído decir que la refundición de dos Consejerías en una -y argumentarlo evidentemente, porque no sólo se trata de decirlo-..., no le he oído decir que esa decisión no aporte mayor eficacia, no suponga, en términos positivos, un ahorro de gasto público, etcétera, etcétera. Creo que ha avanzado cuestiones que corresponderían pues, quizá, a un debate de Política General, a un debate Presupuestario, a otro tipo de debate, que no es expresamente el que aquí nos trae, que no es otro que el de valorar y decidir sobre la ratificación de una norma concreta y ya producida, que remodela -parcialmente, eso sí, pero que remodela- una estructura de la Junta que venía dada. Me parece, pues, que en ese sentido no he encontrado más que posiciones de principio, juicios de valor en términos genéricos, que comprendo -comprendo porque en algún momento me ha sucedido y he pasado por la experiencia de estar en la oposición- y evidentemente comprendo que la argumentación deba de hacerse en esa línea; pero, repito, y en cierto modo lamento, no he encontrado argumentaciones concretas en relación con la decisión concreta que aquí valoramos.

La segunda parte o la parte final de su intervención, y eso es lo que sí me parece que debo de lamentar en términos más específicos porque interpreto sus palabras finales -más que interpreto, porque se interpreta cuando hay duda, me parece que en este caso no había duda- son las que deciden el sentido de la votación. Ha hecho una alegación de posible falta de adecuación de la forma en que se ha producido la remodelación a la situación legislativa. Yo creo que eso no debiera de ser, entiendo, como principio político deseable, no debiera de ser la razón que en última instancia determine una votación, porque estamos jugando, y eso no hay que olvidarlo nunca, en términos políticos. Esa razón, si cree realmente que existe, que yo ahora trataré de aportar algún argumento en contra, no creo que sea la razón que deba de influir sobre el sentido del voto, sino sobre otros aspectos que son absolutamente diferentes. En relación con esa cuestión o con esa objeción, señalaba la argumentación del comienzo del período de sesiones como un argumento directo e inmediato que usted encontraba a la hora de decidir si la remodelación era adecuada con lo que establece la propia Ley de Gobierno. Yo antes de nada quiero decirle una cosa: esa Ley de Gobierno fue aprobada por unanimidad, creo recordar, en esta Cámara, y probablemente, probablemente en aquel momento no reflexionamos lo suficiente sobre las propias consecuencias de una Ley de Gobierno en estos términos y en este punto en concreto. Y digo que no reflexionamos lo suficiente porque -y lo saben perfectamente porque el debate nos ha empleado tiempo, y largo tiempo, en sesiones de la Junta de Portavoces- no hemos terminado de encontrar la fórmula en virtud de la cual quedara clara la naturaleza jurídica del propio acto Parlamentario que aquí vamos a adoptar. No hemos terminado, y lo sabe usted tan bien como yo, no hemos terminado de saber qué es un Decreto ratificado: si es algo más que un Decreto, si es simplemente un Decreto, o si, una vez producida la decisión de ratificación, el Decreto se eleva, por así decirlo, en términos simples, de rango normativo y pasa a ser otra cosa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le queda un minuto a Su Señoría.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias. Quizá, y en ese sentido no lo descarto, sino que me muestro abierto a ello, las presuntas o pretendidas objeciones de inadecuación legal debieran más bien ser una llamada a la reflexión en esta Cámara en términos generales, y quizá -no lo descarto tampoco- proceder, en su momento, a efectuar un ajuste de esa Ley del Gobierno y Administración en términos estrictamente positivos. Me refiero, por ejemplo, que quizá fuera conveniente pensar en que una Ley de Gobierno y Administración no tiene por qué, o no debe hacer una enumeración estricta y legalizada de Consejerías o de Departamentos en un momento en el cual el ámbito de competencia no estaba ni siquiera esbozado. Me parece que son cuestiones que nos deben de hacer reflexionar a todos, pero estimo que no deben de ser, en

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ningún caso, los elementos que influyen directamente sobre el sentido de una votación. En ese sentido, y lo decía antes, no descarto, sino que me muestro absolutamente abierto a proceder a una revisión en este tema, que facilite a esta Junta, y a cualquier otra Junta que en el futuro pudiera existir, la adopción de decisiones en este sentido. Lo digo con absoluta corrección y sinceridad. Pero, por favor, que este tipo de argumentación, en el que de algún modo u otro todos somos partícipes de que las cosas reglamentaria y legalmente sean así, no sea utilizado como argumento exclusivo a la hora de decidir una posición. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. Lamento profundamente que, seguramente, el portavoz del Grupo Socialista haya estado distraído durante mis palabras, o que haya sido yo tan torpe que no haya podido hacerme comprender. Creo que he dado razones enormemente poderosas para políticamente rechazar la remodelación que se nos presenta.

He dado otra razón legal, que no es la que el señor portavoz del Grupo Socialista nos acaba de decir, que era la única que aducíamos para no aprobar la ratificación. Por eso repito que ha debido de haber o una falta de acierto por mi parte en las palabras, o una falta de atención por él al escucharme. Puede recordar que los argumentos que aquí se han dado para que este Decreto pudiera ser presentado ante esta Cámara han sido los únicos que yo he tratado de juzgar. Aquí se ha hablado de racionalidad, y aquí se ha hablado de austeridad, que son los dos que yo he rebatido. No he querido entrar a fondo en una valoración total de la Junta; sí he dicho, valorando esta remodelación, que nos parece insuficiente, que debe ser mucho más amplia. Creo que todo esto entra dentro de lo perfectamente congruente y lógico. He dicho después que, además de eso, se está incumpliendo el 28.2 de la Ley 1/83, aquello que nos dice que "en período no lectivo". A eso no se me contesta. Y eso no es el argumento definitivo para decir que no, el definitivo son las razones políticas que he estado dando. Estas otras, las legales, son las que vienen a recordar que este Decreto es nulo, aparte de que pueda serlo por las razones políticas que he aducido. y en cuanto a la consideración de la anormalidad que él ha estado recordándonos aquí ante una indicación mía, debiera recordar que cuando yo he hablado de aquello, lo he dado por resuelto porque todos los Grupos, en un afán de dar las mayores facilidades a la Junta para que pudiera comenzar a funcionar, no entramos ni en enmendar ni en discutir. Todos unánimemente, prácticamente, dijimos sí porque lo que nos interesa es que tengamos Gobierno; después ya remodelaremos o ya cambiaremos las leyes si las leyes que en este momento comienzan a funcionar no son adecuadas. Y he dicho, en el futuro -no ahora, no ha sido argumento para el no-, en el futuro creo que entre todos los Grupos Políticos podremos encontrar solución al problema que se nos había planteado. Por lo tanto, repito, o yo soy muy torpe expresándome, o el señor portavoz del Grupo Socialista estaba absolutamente distraído. En este segundo caso, cuando se salga a hablar hay que tener más cuidado con lo que se dice. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Mixto.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, el Grupo Mixto habíamos decidido no intervenir en la fijación de posiciones, y después de la votación explicaremos nuestro voto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias.

Silencio, por favor. Vamos a proceder a votar la ratificación o no ratificación de este Decreto. Votos a favor de la ratificación. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta y uno. Votos a favor: cuarenta. Votos en contra: cuarenta. Abstenciones: uno. Consecuentemente, y de acuerdo con nuestro Reglamento, se procede a una segunda votación. Votos a favor de la ratificación. Siéntense, por favor. Votos en contra. Siéntense, por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta y uno. Votos a favor: cuarenta. Votos en contra: cuarenta. Abstenciones: uno. Consecuentemente, interrumpimos la sesión durante un cuarto de hora y de inmediato, pasado ese cuarto de hora, se procederá a realizar una última votación.

(Se interrumpió la sesión durante un cuarto de hora).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se reanuda la sesión. De acuerdo con el artículo 92.1 de nuestro Reglamento, se procede a una tercera y última votación sobre la ratificación del Decreto de la Junta. Votos a favor de la ratificación. Tomen asiento, por favor. Votos en contra. Pueden tomar asiento, por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta. Votos a favor de la ratificación: cuarenta. Votos en contra: treinta y nueve. Abstenciones: uno. Queda, en consecuencia, ratificado el Decreto de la Junta objeto de esta votación.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para explicación de voto, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Silencio, por favor.

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EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Yo quiero empezar explicando el voto de aquellos miembros del Grupo Mixto que han votado en primera, en segunda y en tercera fase en contra de la ratificación del Decreto de remodelación de la Junta. Quería empezar diciendo que este voto del Grupo Mixto, de estas personas del Grupo Mixto, ha sido fundamentalmente un voto de protesta, un voto de disgusto por la marginación que generalmente se tiene con el Grupo Mixto; el poco respeto a las minorías que se tiene en esta Cámara y el poco respeto que, por parte de la Junta, creemos también que se ha tenido a esta Cámara.

Hace algo más de un año votábamos aquí la Ley del Gobierno y Administración de Castilla y León. Yo entonces presenté una Enmienda a la totalidad porque me parecía -entonces argumentaba que tenía fundamentalmente un defecto, como era el que no se señalaba la capitalidad-, pero argumentaba también que había otro defecto de la precipitación, que debía haber sido resuelto mediante un plazo normal de Enmiendas, de paso por Comisión, etcétera; y ahora empiezan a salir aquellos defectos. Ahora empiezan a salir, cuando aquella Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León ya no sirve. Ahora empiezan a salir después de que hace unos pocos meses tuvimos un debate en esta Cámara, poniendo, sometiendo a debate la actuación de la Junta; lo que en aquellos momentos era correcto, era beneficioso, era procedente, resulta que unos pocos meses después, y aplicando o aprovechando unas vacaciones estivales -que habría que ver hasta qué punto el día tres o el cuatro de septiembre, cuando se produce, son vacaciones estivales o es período Parlamentario, porque el Reglamento dice que las sesiones se celebrarán desde septiembre a diciembre; habría que ver, digo, hasta qué punto es legal-, aprovechando esto se consuma esta crisis. Pero hay más; un par de meses antes, cuando tenemos, sometemos a debate la Ley de Presupuestos, y coincidimos en algunos aspectos de la remodelación que se ha hecho de la Junta -como, recuerdo yo, el debate en pro de la suspensión de la Dirección General de Información, que ahora se ha suprimido con la remodelación, en el cual podríamos estar de acuerdo-, resulta que entonces se atienden aquellas razones, y aprovechando la no existencia de la Cámara, de sesiones de la Cámara, se lleva a cabo esta remodelación de Gobierno. Es indudable que nosotros no podemos aceptar estas razones que se nos dan de austeridad; austeridad que, en todo caso, hubiera sido gasto innecesario, porque en lugar de la experiencia de Gobierno para rectificar, hubiera sido mejor haber tenido la prudencia para no hacer hasta que hubiera sido necesario; entonces no se tuvo la prudencia y después se apela a la experiencia para decir que hay que rectificar aquello. No podemos entender la austeridad porque, en aras de esta austeridad, debían ser suprimidas no esas Direcciones Generales, también, que se han suprimido, sino qué hacen esos Delegados de Administración Territorial, que yo he dicho muchas veces, esos Delegados de Transporte que son innecesarios, esos Delegados de Hacienda que se están creando en las provincias, que además se les va rodeando cada vez más de asesores y de un stand de personal que creemos que es improcedente.

En cualquier caso, la votación ya está hecha. Nosotros tenemos que felicitar a la Junta porque haya conseguido la ratificación de este Decreto, bien es cierto que en contra de nuestra voluntad. Creemos que ese tema se hubiera traído aquí, y a debate; podría haberse modificado la Ley de Gobierno a satisfacción de todos, incluso de las minorías, esas minorías que, repito una vez más, se las está tratando con ese desprecio, cuando debían tener la importancia que se requiere en una Cámara en que los dos partidos mayoritarios están tan igualados; esas minorías que esta misma mañana asistíamos hasta a que se les quitaba un representante que querían tener en el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española. Repito, por tanto, ésta es la explicación de nuestro voto, ésta es la explicación de nuestra postura, este deseo de que la Junta no actúe por Decreto, de que la Junta cuente antes con la aprobación de esta Cámara, que no había razón ninguna para hacer esta remodelación unos días antes; en todo caso, si es que no se entiende que el uno de septiembre es la fecha de apertura de la Cámara que los temas sean de la importancia que sean, se traigan a debate ante esta Cámara, que no había razón ninguna para hacer esa remodelación unos días antes, en todo caso, si es que no se entiende que el uno de septiembre es la fecha de apertura de la Cámara, que había que haberla traído aquí; y que estas cosas, repito, no deben hacerse por Decreto, sino después de una sustanciosa deliberación, deliberación que, repito, tuvimos también hace unos pocos meses, y que yo creo que por el prurito de no perder unas votaciones, por el prurito de creer que se está en posesión de la verdad absoluta, entonces no rectificó lo que debía rectificarse, y ahora se rectifica mal, tarde y a destiempo. Y queda siempre, queda, para nosotros como una incógnita en el aire, qué es lo que hay detrás de esta crisis, qué es la marejada política que está en la Junta, qué existe en la Junta detrás de esta crisis. Asistimos todos los días al acoso de partidos gobernantes a sus propios elementos, a las propias personas que están al frente de los diferentes departamentos, incluso al frente del propio Ejecutivo. Queremos saber qué hay detrás de esta crisis, una crisis que yo creo que no se ha concluido. Hace pocos días, con motivo del cese del Director General -no sé cómo se llama, en definitiva de espectáculos estivales, que es lo que ha organizado este verano-, la dimisión de los Delegados, lo que nos indica es que hay una crisis que está abierta, que la crisis no se concluye aquí; y nosotros entendemos que para bien de la Región esta crisis debía concluirse. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

El señor Hernández tiene la palabra.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Parlamentarios. Yo entiendo que en una Comunidad democrática, como es el Estado español, o la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cada cual debe tener sus responsabilidades y cada cual debe tener también sus derechos. Y a mí me parece que el Poder Legislativo tiene los suyos y el Ejecutivo tiene los que justamente le corresponden.

Yo entiendo que la fiscalización de lo que la Junta de Castilla y León haga en definitiva, de lo que sea el objetivo final de la Junta de Castilla y León nos interesa y nos corresponde a los Parlamentarios que estamos aquí en esta Cámara; pero a mí particularmente -y además en conciencia

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y estoy convencido de que es así-, la logística, los medios que la Junta utilice, siempre que se ajusten a Derecho, no me preocupan. Además entiendo que son eso: potestativos de la Junta. Los medios, pues, son para mí algo absolutamente secundario; lo que me importa son los frutos. Yo me he abstenido en esta votación porque entendía que votar a favor sería, en cierto modo, pues entrar en esa estrategia a la que me refería, y cuestionar, y cuestionar la validez de las personas que se han cesado y de los puestos que se han suprimido; o, en definitiva, asumir la logística de la Junta, lo cual, desde luego, no es mi propósito. Votar en contra, por otra parte, sería esto: entrar en algo que yo entiendo que como Procurador en esta Cámara no me corresponde hacer. A mí lo que me interesa, repito, son los objetivos, los frutos. Y en este sentido, yo espero -de quien sea, me da igual que sea la Consejería que ahora se llame "así", o que se llame "asao"-, lo que yo espero es temas concretos, fruto de esta reestructuración que se ha hecho. Los haga quien los haga, yo entiendo que lo que me importa es, por ejemplo, la Ley de Diputaciones, la haga el señor antes Consejero de Interior, ahora Consejero de Presidencia, Interior y no sé qué (porque todavía no me lo he aprendido), lo que me interesa es que esté en esta Cámara y que empecemos a tener realmente una noción clara de lo que es la Autonomía; porque mientras en nuestra Comunidad Autónoma siga existiendo lo que ahora hay: una disparidad de criterios entre Diputaciones, Ayuntamientos, Parlamento y Ejecutivo, yo pienso que lo que el ciudadano castellano-leonés va a llegar a pensar también es para qué, para qué sirve la Autonomía.

Por tanto, pues yo me abstengo, repito y resumo, porque no entro en la logística, no entro en los medios, siempre y cuando se ajusten a Derecho; entro única y exclusivamente en los frutos. Y a los que ahora asumen nuevas responsabilidades les pediré, desde esta tribuna o desde donde sea, les pediré esa responsabilidad y esos frutos. Lo que sí que entraría -pero no es el momento, y entraré mediante preguntas, interpelaciones, o lo que haga falta, a la Junta de Castilla y León-, lo que sí entraría es en aquellos ceses o en aquellos cambios, que no son precisamente los que este Decreto, a los que este Decreto atañe, que parece ser que sí que implican cambios en los objetivos a conseguir por la Junta de Castilla y León; y me estoy refiriendo concretamente al caso del cese del Director General de la Promoción Sociocultural. Ese es un cese que a mí sí que me parece que hace falta meditar por esta Cámara, y que, como Parlamentario, voy a tomar mis medidas para que el Ejecutivo me lo explique. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Pasamos al sexto punto del Orden del Día. Señor Secretario...

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Sexto punto del Orden del Día: "Aprobación por el Pleno del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio del proyecto de Ley de Ordenación Ferial".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para la presentación del proyecto de Ley tiene la palabra la Junta, el Consejero de Transportes.

EL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMERCIO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el apartado 11 de su artículo 26, determina la competencia exclusiva de nuestra Comunidad en materia de Ferias Interiores.

En principio, se han considerado ferias interiores a todos los certámenes feriales de alcance comarcal, provincial, regional o nacional. Desde un punto de vista competencial, y en una primera aproximación, pudiera, razonablemente, parecer que estas últimas no deberían estar comprendidas en el ámbito de la Ley que hoy nos ocupa. Más aún, el Decreto 8/82, de veintinueve de marzo, del Pleno del extinto Consejo General de Castilla y León, por el que se distribuyen competencias en materia de ferias interiores, y en su artículo tercero, describe la competencia de la Comunidad en este campo como "la capacidad para la promoción, autorización, gestión y coordinación de todas las ferias, sean de ámbito regional, provincial, comarcal o local". Por nuestra parte, hemos efectuado, en el desarrollo de este proyecto de Ley, una interpretación más comprensiva. Y ello por diversas y fundadas razones. Primero, porque nuestro Estatuto recoge, sin ningún género de dudas, las competencias en comercio interior como contrapuestas a aquellas de comercio exterior; así, la Comunidad Autónoma puede efectuar, dentro de su territorio, la ordenación comercial, pero la promoción comercial, igualmente objeto del comercio interior, puede efectuarse, y de hecho cobra todo su sentido, fuera del territorio de la Comunidad. Si la interpretación del término "comercio interior" fuese la interpretación restrictiva que el señalado, que el señalado Decreto proporciona a uno de los instrumentos de la política comercial como son las ferias, es obvio que quedarán fuera de nuestro alcance todos los instrumentos de la promoción comercial, y, con ello, se variaría el sentido a una buena parte de nuestra estrategia de desarrollo. Por el contrario, si se dispone de competencias en comercio interior, aunque las transacciones procedan de operaciones con otros territorios, parece igualmente razonable colegir que el instrumento de promoción por excelencia de tal comercio -las ferias- sean igualmente objeto de la misma interpretación.

Segundo. Una interpretación restrictiva del término "ferias interiores" incurre en el error, a nuestro juicio, de considerar que las ferias nacionales lo son por virtud de sus efectos o consecuencias. Ello es el resultado de una valoración equívoca de la territorialidad de las ferias. Realmente, una feria alcanza su dimensión por virtud de la procedencia de sus expositores. Así, una feria nacional sería una feria interior en la que los expositores proceden de varias regiones o Comunidades del Estado. En este punto, adquiere todo su sentido la división entre ferias interiores y ferias internacionales y la reserva del Estado sobre esta última, ya que aparejan relaciones comerciales con el exterior que se reservan al Gobierno de la Nación, además de suscitar problemas de franquicia arancelaria para los productos expuestos.

Tercero. Por si los argumentos que hemos expuesto no se consideran relevantes, nuestro propio Estatuto

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de Autonomía, con rango de Ley Orgánica, hace una presunción inequívoca al respecto y, por exclusión, deben entenderse comprendidas las ferias nacionales en el contexto de las interiores, ya que el artículo 29 del mismo prevé que "al cabo de cinco años las ferias internacionales (punto cuarto) también serán de la competencia de la Comunidad". Igualmente es preciso remarcar que no se pretende con este proyecto de Ley la regulación de las ferias de muestras o certámenes monográficos, para abarcar todo tipo de ferias o mercados. La normativa hasta hoy vigente, y que data de mil novecientos cuarenta y tres, ya señalaba, aun cuando jamás se haya puesto énfasis en este punto por parte de las autoridades competentes, que ninguna manifestación comercial tomará denominación no incluida entre las precedentes que no sea la que oficialmente se le adjudique; el enfoque actual es reservar la denominación oficial de feria de muestras o ferias monográficas a los certámenes cuyo objetivo sea la promoción comercial, la difusión del producto, la política de imagen o la formalización de contratos, por señalar sólo unos pocos puntos, de aquellas otras en las que por una u otra causa se produzca directamente la operación de compraventa con retirada inmediata del recinto.

Es, pues, importante subrayar que la Ley no trata de limitar de ningún modo las ferias populares o las lonjas con operaciones transaccionales directas, ni regular la actividad de las ferias, mercados o mercadillos tradicionales en nuestra actividad mercantil; regulación que, por otra parte, podría oponerse a las disposiciones constitucionales sobre competencias y unidad de mercado.

Por contra, el objetivo de la Junta de Castilla y León al plantear este proyecto de Ley es básicamente regular de una manera sencilla pero eficiente, completa y actual todo lo relativo a la actividad ferial de la Comunidad; un campo cuyo único sustento legal vigente es el trasnochado Decreto de mil novecientos cuarenta y tres. El fin de este proyecto -valga la paradoja- es perfeccionar el medio o instrumento privilegiado de la política de la promoción comercial: las ferias interiores. Se trata, en resumen, de promover una estructura ferial estable en Castilla y León; una estructura coherente y racional, acorde con los objetivos de la política económica de la Junta y al servicio de los programas de ordenación comercial de la Consejería. Por otra parte, este proyecto pretende institucionalizar los certámenes feriales hasta el límite de lo razonable. No puede existir una política ferial responsable si no se constituyen instituciones feriales duraderas y representativas de los intereses comerciales del pueblo. Una feria es un servicio sometido, como cualquier otro, al libre juego de la oferta y la demanda. Parece, por ello, aconsejable, superar la etapa voluntarista y, acorde con la nueva realidad política, dotar a las instituciones feriales y a sus Comités organizadores de una estructura participativa, donde por fin estén presentes los auténticos protagonistas del evento ferial: los expositores.

La presencia de la oferta institucional en el espacio ferial debe y puede, en este proyecto, completarse con la representación de la demanda comercial. Las ferias del futuro serán lo que sus expositores quieran que sean. Las obligaciones de la Administración competente deben ceñirse a reglamentar los fundamentos de la actividad ferial, al objeto de evitar los problemas asociados a una actividad personalista o localista, contrarias a los intereses generales, y conseguir niveles satisfactorios de responsabilidad patrimonial y jurídica; y, por otra parte, potenciar, revitalizar y desarrollar los certámenes feriales, ordenando su actividad, calendario y oferta, y sentando bases de colaboración con las instituciones feriales y autoridades comerciales del resto de las Comunidades Autónomas.

A todos estos efectos, el presente proyecto de Ley propone un control administrativo de las denominaciones de las instituciones, de sus Estatutos y de los eventos feriales que de su actividad se derivan, mediante la constitución del pertinente registro oficial, ordenando las periodicidades, evitando el solapamiento espacial y temporal; controla la naturaleza de la oferta exhibida, otorgando el rango y denominación adecuados; contempla los supuestos de autorización, renovación y suspensión de la actividad ferial; exige y postula el control presupuestario y contable de todos los órganos feriales, velando por el requisito de carácter no lucrativo.

Naturalmente, la política ferial que trata de atender el soporte legal que aquí presentamos no es un elemento aislado del mosaico de competencias de la Junta; por el contrario, nuestra política de ferias eslabona y engarza con el conjunto de elementos que constituyen el soporte del Plan Integral de Comercio de Castilla y León.

El flujo mercantil ni tiene puertas ni sabe de competencias. No existe solución de continuidad de los problemas de la comercialización agraria o la intermediación a las exigencias de la promoción comercial extrarregional.

La normativa legal que aquí proponemos debe servir de base para transformar en el futuro una actividad ferial regional, caracterizada por su contenido festivo, su orientación hacia la satisfacción de la demanda, la carencia de cualquier soporte profesionalizado, el sentido endocéntrico de su esfuerzo y la excesiva proliferación de las muestras feriales, a otro basada en la hegemonía de lo mercantil, su vocación a la promoción de la oferta regional, el fundamento técnico de la gestión, la búsqueda de repercusión extraterritorial y, en fin, la limitación del número de certámenes feriales al dominio de lo razonable. Aspectos todos que coinciden con la exigencia de la racionalidad y el rigor de la programación a que debe quedar sometida la actuación económica de cualquier Gobierno regional. Por todo ello, y porque pensamos que este proyecto de Ley de Ordenación Ferial es el que necesita nuestra Comunidad, solicitamos, el Gobierno Regional solicita la confianza de esta Cámara y solicita su voto positivo a dicho proyecto de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA): A

A continuación pasaremos al debate y votación de las Enmiendas y del articulado de la Ley. Se ha recibido en la Mesa la aceptación, por parte de los tres Grupos Parlamentarios, de cuatro enmiendas que eran estrictamente

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gramaticales, que son las relativas al artículo 1.3, artículo 2.1, artículo 7.2 y artículo 11.1, letra b. Todas estas enmiendas, que son, digo, estrictamente gramaticales, se ha recibido en la Mesa un escrito, la firma de los Grupos Parlamentarios, de los Portavoces, aceptando todas las enmiendas; en consecuencia, consideramos, consideramos oportuno el acumularlas. Y vamos, entonces, la propuesta de la Mesa es la aceptación por parte del Pleno de estas cuatro Enmiendas aceptadas. Si nadie tiene nada en contra se entienden aprobadas por asentimiento.

Pasamos entonces, a continuación, a la votación de los artículos 1, 2, 3 y 4 de este proyecto de Ley.

Bien. Entonces, en consecuencia, esta Presidencia propone también al Pleno que estos cuatro artículos se aprueben por asentimiento, si no hay nadie en contra, el 1, 2, 3 y 4 del proyecto de Ley. De acuerdo; se entienden aprobados por asentimiento estos cuatro artículos.

Pasamos al artículo 5, la Enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Popular. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra durante diez minutos para un turno a favor.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Después de la intervención de presentación de esta Ley por el señor Consejero, que, con absoluto respeto a su persona, me parece un documento teórico, nada relevante, sobre temas sobradamente aclarados en Comisión y en Ponencia y que no ha aportado en absoluto -lo que lamento profundamente- ninguna novedad a la presentación de este proyecto de Ley en lo que de teórico era y en lo que de teórico ha sido defendido por el nuevo Consejero. El ha dicho que para promocionar ferias hay que superar la etapa voluntarista y empezar a la constitución -indiscriminada, añado yo- de instituciones feriales. Yo apostillo que con este sistema daremos paso de la etapa voluntarista, como él ha definido, a la etapa dirigista que lleva implícita esta Ley.

En nombre del Grupo Popular, y consumiendo este tiempo, a pesar de la hora y de lo fatigoso de estos Plenos, según la opinión de este Procurador excesivamente largos, vamos a exponer a Sus Señorías cuál ha sido la posición del Grupo Popular en este aspecto. No presentamos ninguna Ley alternativa porque sobre la que trabajaron los redactores de la Ley de Ordenación Ferial de Castilla y León, leyes hasta ahora aprobadas por las Comunidades Autónomas y leyes hasta hora vigentes en el Estado, para nosotros son documentos válidos y asumidos plenamente en su filosofía básica. Inexplicablemente, y esto es lo sorprendente, en el estudio posterior y detallado que hicimos, el Grupo Popular, la Comisión y diversos Procuradores vieron que el mundo de las ferias en el que la libertad y la participación es clara, en este texto se da un paso atrás, restrictivo y dirigista, y esta actitud, que nos pareció que en principio podría ser un olvido involuntario, se confirmó al ser posteriormente asumido por la Junta con su envío a estas Cortes.

Los que conocemos prácticamente este sector sabemos cuán importante es ser receptivos a iniciativas feriales de este tipo, adoptando un marco liberal de actuación. Nuestra posición en Ponencia y en Comisión siguieron este básico planteamiento, y tenemos que decir aquí que fueron asumidos en la forma y en el fondo en varias de las enmiendas que hicieron posible -y esto es muy claro y hay que decirlo aquí- la presencia de Diputaciones, Entidades, Organismos, Cámaras de Comercio, como participantes en la promoción ferial de Castilla y León, que en el texto inicial -sorpresa increíble- no aparecían. Las enmiendas en los aspectos legales sobre recursos... fueron también asumidas. Con esta posición llegamos al atasco, al punto que en este momento voy a defender, del artículo quinto de la Ley de Ferias, para la que solicitamos reglamentariamente defender en este Pleno un voto particular a la misma, que se mantiene en el sentido manifestado en Ponencia y en Comisión, de supresión del último párrafo de este artículo, que dice así, señores Procuradores: "Los certámenes que organizan las Entidades (estoy hablando de Diputaciones, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, etcétera, etcétera) no podrán en ningún caso rebasar el ámbito provincial". Nuestro razonamiento para insistir en su supresión se afianza con el estudio más detallado del mismo, que tuvimos oportunidad de hacer en el tiempo transcurrido desde la celebración de la Comisión a este Pleno, y vemos con más claridad que en la forma que se mantiene el Dictamen de la Comisión se cierran posibilidades de presentación de proyectos feriales que afectan a toda la Comunidad. Y es claro, en una situación como la actual, y en cualquier circunstancia, se necesita ser receptivos a cualquier iniciativa ferial, sea cual sea el ámbito que se proponga -local, comarcal, provincial o regional-. Tenemos que tener muy presente que las áreas y subáreas de influencia comercial -algo que creo no se ha tenido en cuenta por los redactores de un proyecto- en la mayoría de los casos, y voy a poner uno solo en la provincia que se está celebrando este Pleno, las cinco subáreas y áreas que contamos, todas, todas, según el atlas comercial de España, rebasan los límites provinciales, señores Procuradores. Establecer para una actividad comercial de primer orden, como son las ferias, la obligatoriedad, que se hace en el texto presentado y que se somete a votación, sólo de ámbito provincial, que es lo que se quiere mantener, y tener que crear para rebasar ese ámbito una institución ferial, dada la necesidad que tenemos de potenciar iniciativas, es añadir una complicación más a toda propuesta que se presente. La feria regional recientemente celebrada en Salamanca, o la Expobierzo en Ponferrada, por ejemplo, que nacieron como iniciativas comarcales o provinciales en su primera edición, con la redacción del artículo quinto que se nos propone ahora en esta Ley de Ordenación Ferial, no se hubieran podido celebrar inicialmente. Otra cosa es que la experiencia de sus posteriores ediciones y el objetivo que como consecuencia de estas iniciativas se marquen pueda hacer necesario o conveniente, como parece que sucede ahora en estas iniciativas feriales, el crear unas instituciones feriales para impulsar las mismas; ejemplos, insisto, que creo que son los pasos que ahora, después de varias ediciones, se está viendo como interesantes,

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pero no en el momento inicial. Insistimos, pues, en hacer llegar a estas Cortes la posición que mantuvimos en Comisión y que no fue tenida en cuenta a pesar de nuestras argumentaciones, que no tienen ningún contenido político. Creemos que una reflexión sobre cuanto acabamos de decir, nuevamente, pueda hacer variar la posición del voto de los señores Procuradores y de los Grupos Políticos de estas Cortes; pues incluso cuando en el artículo quinto se dice y se mantiene: "podrá obtener autorización para celebrar certámenes feriales", la Junta o la Consejería puede autorizar el ámbito que se crea conveniente antes de proceder a su celebración definitiva. La supresión que proponemos, insistimos, favorecería el interés de las entidades públicas o privadas a promover certámenes feriales, y esto es lo que creo hay que hacer con la Ley de Ferias de Castilla y León, porque ni son tan amplias las iniciativas, ni tan interesantes como para empezar a ponerles trabas de inicio, que son absolutamente innecesarias. Es cuanto podemos decir en este momento en defensa de nuestra Enmienda, y Sus Señorías tienen ahora la decisión de aceptar o no nuestra Enmienda. Nosotros aceptaremos, como es nuestro estilo, el voto democrático de estas Cortes.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO (D.

Laurentino): Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Bueno; yo primero quisiera aclarar, porque de las palabras del que me ha precedido puede deducirse que tanto en Ponencia como en la Comisión pues ha habido, por parte del Grupo Socialista, una postura rígida que no ha consentido o no ha transaccionado nada, que no es ésa la realidad; es decir, creo que la postura del Grupo Socialista, y evidentemente del Gobierno en el que se apoya, ha sido de flexibilidad y de reconocer, incluso, pues posibles lagunas o posibles olvidos que podía haber en la ley, y, en ese sentido, hemos admitido numerosas enmiendas del Grupo Popular; a su vez, numerosas enmiendas del Grupo Socialista han sido incorporadas y algunas del Grupo Mixto también han sido incorporadas. Evidentemente, han quedado algunos temas, que no son superficiales, tienen su fondo; no quizá ésta que estamos debatiendo en este momento, sino las que vendrán después, en las que lo que está en disputa, quizá, son concepciones distintas de cómo ha de funcionar la economía o el mercado en nuestra Región. Y entrando en el fondo de lo que estamos debatiendo, es decir, a mí me gustaría primero empezar a aclarar, para el resto de los Procuradores que no han podido estar en la Comisión, cuál es el sentido o lo que supone el aceptar la Enmienda que pretende o defiende el Grupo Popular. Es decir, en el proyecto de Ley que estamos debatiendo, en su artículo tercero, se fijan dos tipos de entidades, de personalidades jurídicas, que pueden promover ferias: una primera, que llamamos instituciones feriales, y una segunda, que es entidades privadas o públicas que tengan personalidad jurídica propia. A lo largo de toda la Ley, que es la virtud fundamental de esta Ley, se van regulando cuáles han de ser los requisitos jurídicos de constitución, de funcionamiento, y qué controles va a tener cada uno de los casos según quien sea el que promueva un certamen ferial. Así, a los primeros, es decir, a las entidades o instituciones feriales, se les exige una serie de requisitos, que van desde su constitución, su funcionamiento, incluso se fijan una serie de organismos en los que deben estar representados no solamente el Municipio, sino la Diputación de la demarcación y otras posibles entidades; además se les exige llevar la contabilidad permanente de la institución, presentar un presupuesto, su liquidación y el presupuesto del certamen correspondiente. En cambio, a las otras entidades, a esas entidades públicas o privadas que recoge en segundo lugar la Ley, no se exigen ni prácticamente la mitad de los requisitos; no se le exige la presencia obligatoria de otra serie de entidades y no tiene que dar cuenta o no tienen que estar sometidas a una serie de controles, tanto económicos como jurídicos, que tienen las instituciones feriales. Evidentemente, a la hora de recoger el ámbito en el que cada una de ellas ha de actuar, se fijan en la Ley dos ámbitos distintos: para las primeras, las instituciones feriales, no tiene ningún límite de actuación; es decir, en todo el ámbito que recoge la Ley puede actuar. En cambio, las segundas entidades, es decir, las segundas personalidades jurídicas, sí se limitan por la Ley; inicialmente se limitaban en el ámbito comarcal, y, admitiendo por nuestro Grupo una enmienda del Grupo Mixto que proponía que fuera provincial, en este momento el ámbito máximo en el que pueden actuar las entidades públicas o privadas es el ámbito provincial. Y a nosotros nos parece que es inevitable mantener esta diferenciación de ámbito de actuación, porque, de lo contrario, sobraba hacer la distinción de qué entidades o qué organismos, o qué personalidades jurídicas pueden promover unas instituciones feriales. Por otra parte, si por parte del Grupo Popular se ha defendido con verdadero ahínco, tanto en la Ponencia como en la Comisión, la presencia de algunas instituciones en los organismos, tanto órganos de gobierno como comité organizador de las instituciones feriales, fundamentalmente de las Cámaras de Comercio, no tendría ningún sentido si ahora cualquier entidad pública o privada puede organizar cualquier tipo de certamen en cualquiera de los ámbitos que recoge, permite, esta Ley. Más bien parecería, por el contrario, que mientras estamos exigiendo la presencia de algunas instituciones en las instituciones feriales, queramos abrir, por otra parte, la posibilidad de que esas mismas instituciones que queremos exigir su presencia en otro sitio puedan hacer la política, o determinados certámenes, en cualquier ámbito, sin ningún tipo de control, y por tanto pudiendo en algún momento poner en peligro la política ferial, que en definitiva es una responsabilidad del gobierno que ha presentado el proyecto, y que el Grupo que en este momento interviene defiende, acepta; y por tanto nosotros votaremos en contra de este voto particular por entender que no es procedente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fuentes.

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EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

El señor portavoz del Partido Socialista, que apoya a la Junta, me ha sorprendido con el mismo despiste que en sus palabras de presentación en el señor Consejero se mantienen; es increíble, pero es, realmente, no entender o no querer entender lo que es mi línea argumental con lo que él dice, interpretando mis palabras; y para eso estoy aquí yo de portavoz, no para que interprete mis palabras, sino para que se escuchen y sobre ellas se reflexione.

Nosotros hemos defendido que hay que estar en las instituciones comerciales porque en cualquier institución ferial es imprescindible, si se quiere llevar a buen puerto una política ferial, de estar en las instituciones feriales que se organicen. Eso, por supuesto. Pero estamos hablando de dos temas completamente diferentes: el de abrir el camino a la participación, de que puedan promover, que eso todas las ferias que ahora se pueden consolidar como instituciones feriales son fruto -y esto es lo que, a nuestro entender, y respetando absolutamente las posiciones contrarias, siempre se cercena-, es la iniciativa ferial por las corporaciones, instituciones y por la gente imaginativa, que presenta un producto y que después de una o dos ediciones pueden, y probablemente deban, consolidarse como instituciones feriales. Esta es nuestra posición; quererla dar la vuelta y, por supuesto, decir que nosotros no hemos reconocido las aportaciones que hemos hecho y las que se nos han recibido es seguir no sabiendo interpretar mis palabras, o yo sigo sin saber expresarme adecuadamente. Sí que hemos dicho, y por lo que veo vamos a tener que mantenerlo, que cuando se presentó, cuando se está defendiendo y cuando se pasa a votación final, tenemos que reconocer que es dirigista, que no es igual que inflexible.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Fernández.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO (D.

Laurentino): Bien, no hay ningún problema de entendimiento. Es decir, por parte de este Procurador que habla, sí ha entendido perfectamente los argumentos de su predecesor, sigo manteniéndome en la tesis. Es decir, yo creo que estamos hablando de dos posibilidades distintas de organizar certámenes y de dos ámbitos que la Ley recoge, distintos; otra cosa es que al señor Procurador le guste o no la regulación. Lo que la Ley intenta regular es en qué ámbito cada uno de este tipo de instituciones puede tener esta iniciativa, es decir, y mientras a algunas se le reconoce la totalidad del ámbito de la Ley para poder actuar, a otras se les limita en el ámbito su actuación; y esto, a nuestro juicio, lo que evita es el improvisar un certamen, hacer aventurismo con temas que son importantes, y sobre todo en el ámbito en que podía ser, tener una trascendencia importante, que es el ámbito regional y nacional. Y en este sentido es en lo que nosotros no estamos de acuerdo; mantenemos que para cualquier ámbito superior al provincial ha de ser una institución ferial, que es el organismo serio y con unos controles recogidos en la Ley, quien puede organizar estos certámenes.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Pasamos a votar la Enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor de la Enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Pueden sentarse. Votos en contra. Pueden sentarse. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor de la Enmienda, treinta y tres. Votos en contra, treinta y ocho. Abstenciones, tres. En consecuencia, queda rechazada la Enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Popular.

A continuación se va a votar el artículo tal y como ha quedado en el Dictamen que viene de la Comisión. Votos a favor del artículo, del Dictamen de la Comisión. Pueden sentarse. Votos en contra. Pueden sentarse. Abstenciones.

Votos emitidos: setenta y tres... Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor, treinta y ocho. Votos en contra, treinta y tres. Abstenciones, tres. En consecuencia, queda aprobado el artículo tal y como viene en el Dictamen de la Comisión.

Pasamos a continuación al artículo 6, Enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Popular. Para un turno a favor de la Enmienda, tiene la palabra el señor Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Seguimos en este agotador Pleno, con buen humor y espíritu democrático, tratando de transmitir algo que, probablemente por la construcción física de la Sala en la que estamos, es una tarea que este señor Procurador no consigue; lo digo por la solidez de posiciones difíciles, por lo que se ve, de hacer reflexionar.

Paso a ocupar con el mismo espíritu este estrado, para defender otro voto particular del Grupo Popular a la Enmienda del artículo sexto de la Ley Ferial que estamos debatiendo, en los términos en que fue presentado por nuestro Grupo Parlamentario Popular, como Enmienda, y cuyo texto era el siguiente, y lo voy a leer para intentar que los diversos Grupos que conforman la sala, la Mesa y estas queridas Cortes, hacer un intento de expresión por mi parte para lograr esa comprensión, sea cual sea finalmente el resultado.

Nuestra Enmienda decía lo siguiente: "La Administración de la Comunidad Autónoma, para la mejor promoción de ferias en Castilla y León, promocionará las siguientes acciones de conformidad con lo establecido en su calendario oficial:

a) Anualmente establecerá un sistema de ayudas y subvenciones para estimular y apoyar la promoción de certámenes por las instituciones feriales.

b) La firma de convenios de cooperación con Diputaciones, Ayuntamientos, Instituciones encaminadas a favorecer iniciativas feriales de ámbito local, comarcal y provincial, y

c) La organización excepcional y, con criterio de subsidiariedad, los certámenes feriales que se precisen".

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Texto propuesto en sustitución del que presentó en su proyecto de Ley la Junta, y que decía, señores Procuradores de todos los Grupos de la Sala, esta redacción: "La Administración de la Comunidad Autónoma podrá organizar los certámenes feriales que estime adecuados para la mejor consecución de los fines de la política comercial castellano-leonesa, de conformidad con lo establecido en el calendario oficial correspondiente". Según nuestra opinión, el texto del proyecto de Ley está elaborado, y en línea con la argumentación que hice inicialmente, por teóricos desconocedores del mundo ferial real de Castilla y León y aprobado por una Junta especialmente inclinada y obsesionada por el protagonismo de todo, con una actitud paternalista, desfasada y centralista, en su actuación. Nuestra Enmienda fue aceptada en todas sus partes menos en el apartado c); creemos nosotros que por razones de hacer posible algo -sorpréndanse, señores Procuradores- que los redactores no contemplaron en la Ley: los incentivos y ayudas a instituciones feriales, fórmula o sistema en vigor en el mundo ferial desde las primeras normas sobre ferias que se conocen en el ordenamiento de esta actividad; y segundo, la posibilidad de nuestra Región de algo tan importante como hacer posible el que las Diputaciones, Ayuntamientos e Instituciones, por la vía de convenios, puedan tomar parte, insisto -en línea con mi anterior intervención-, en la promoción ferial de Castilla y León desde su mundo propio, no integradas inicialmente en ninguna nueva estructura o superestructura, porque en mi mente está pasando ya nueve instituciones feriales para las nueve provincias desde la promoción de la Dirección General correspondiente.

La parte aceptada de nuestra Enmienda creemos que fue posible gracias a que en Ponencia y en Comisión nuestras reiteradas argumentaciones hicieron ver y sensibilizar a los Ponentes y portavoces de los distintos Grupos de la mejora que suponía nuestro texto de sustitución en relación con el que presentó la Junta.

No fue aceptado, sin embargo, el apartado c) en Comisión, y nosotros, para favorecer la Ley, y espero que esto se reconozca aquí y ahora en esta sala, en su Pleno solemne, y en un final entendimiento, admitimos la votación por separado del texto de la Enmienda. Quiero, pues, hacer ver a Sus Señorías esta reiterada defensa de nuestra propuesta, en su apartado c), que sintetizado dice: "La Comunidad Autónoma promocionará la organización excepcional y, con criterios de subsidiariedad, los certámenes feriales que se precisen". Mantuvimos y mantenemos esta posición, en razón a que queremos que si la Junta desea seguir teniendo la posibilidad de organización de los certámenes feriales que estime adecuados, sin ningún tipo de limitación por Ley (algo que, quiero aclarar aquí también, en Comunidades Autónomas conocedoras de este mundo ferial no contemplan en sus Leyes), lo sea con criterio excepcional, subsidiariamente, en la forma que nuestra Enmienda completa plantea.

Las instituciones feriales que se lanzan a una aventura ferial -Diputaciones, Ayuntamientos, o instituciones que firmen convenios- merecen la mejor acogida a sus iniciativas, y hay que abrirla al amplio mundo de nuestra Región en todo lo que sean iniciativas a considerar. Si no se acepta nuestra propuesta, pueden establecerse dos relaciones. Una, la de que todas las provincias y comarcas quieran que sea la Junta la que les organice una feria, y cojo su texto del Dictamen, "para la mejor consecución de los fines de la política comercial castellano-leonesa", que se puede vestir con el ropaje que se quiera, según cada momento, como dice su texto y el Dictamen de la propia Comisión; o bien que cada Consejería quiera organizar la suya, cueste lo que cueste y valga lo que valga; y otra, que las instituciones feriales, Diputaciones, Ayuntamientos o instituciones, que se merecen toda clase de respeto, y que tienen iniciativas y las llevan a efecto y emplean sus esfuerzos e imaginación para sacar adelante sus distintos certámenes, con el texto que se mantiene se les crea una competencia innecesaria y desigual, dados los recursos con los que cuenta la Administración de la Comunidad Autónoma, y como consecuencia de ello desfallezcan y presten poca atención a la promoción ferial. Y todos sabemos, los que hemos vivido esa etapa, lo que cuesta sacar adelante iniciativas de este tipo en los más amplios lugares: comarcales, provinciales, regionales o nacionales.

Y para no hacer excesivamente larga mi intervención a estas alturas del Pleno, hago dos últimas consideraciones de fondo.

Nosotros no conocemos ninguna manifestación ferial de prestigio, del tipo que regula esta Ley, en las que la iniciativa no fuera de instituciones y corporaciones, en las que la Administración no actuara de forma, en algunos casos importante, pero subsidiariamente. Y por último, en la serie de consultas que mantuvimos con este fin y con el propósito de que nuestra experiencia y conocimientos sobre estos temas fueran enriquecidos -nunca dictados- por la aportación de los mejores conocedores del mundo comercial, del mundo ferial de Castilla y León y de fuera de nuestra Comunidad, a la vista de este texto se nos hacía por escrito la siguiente sugerencia: es inadmisible la inclusión de este artículo dentro de esta Ley y, en todo caso, la potestad que adquiere la Junta, la Comunidad Autónoma, para organizar los certámenes feriales que estime conveniente.

Creemos que las atribuciones de la Comunidad Autónoma deben concretarse en la autorización, control y ayuda de los certámenes feriales; pues, en otro caso, sería una amenaza constante el hecho de que la Administración pudiera celebrar certámenes en clara competencia con otros ya prestigiados, a punto de prestigiarse, o simplemente autorizados. En el caso de que, según propia iniciativa de la Comunidad, se viera la necesidad de realizar algún certamen, feria, o cualquier otro tipo de actividad, debería de organizar los cauces, y más concretamente la realización, alguna de las instituciones feriales que se están creando y de entre las creadas o que puedan crearse en lo sucesivo.

Yo estoy haciendo un esfuerzo para concentrar su atención, y reconozco que es muy mala hora y muy malo el momento; pero es igual; hay que servir a Castilla y León en cualquier papel, y para mí eso es un honor. Esta es,

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al máximo sintetizada, nuestra posición del Grupo Popular, y ahora Sus Señorías y los Grupos políticos representados en estas Cortes tienen la decisión final. Sea la que sea, yo les doy las gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Vamos a ver si aclaramos las cosas, porque tengo la impresión de que todo lo que es el artículo 6, que no todo está sometido a Enmienda, ha podido ser -estimo, desde luego, y lo concedo de antemano, que no en forma deliberada- mezclado. Es claro que el artículo 6 inicial no estaba completo, y la prueba de ello evidente es que el artículo 6 actual, que salió de la Comisión, recogió dos aportaciones, que estimamos convenientes, del Grupo Popular, y aceptadas por unanimidad en la Comisión; una de ellas referida al establecimiento de un sistema anual de ayudas y subvenciones, y otra, el punto b), referido a la firma de convenios de cooperación con Diputaciones, Ayuntamientos e instituciones, encaminados..., etcétera. Por tanto, quede muy clara la cuestión, que hemos aceptado esos dos puntos y que la única cuestión todavía sometida a Enmienda, por tanto a debate, es el punto c).

De la intervención del portavoz del Grupo Popular hubiera podido deducirse que nos oponíamos en conjunto a todas esas cuestiones; y ello no es cierto, como se puede comprobar viendo en qué difiere el texto de la Comisión y en qué punto en concreto está enmendado. Por tanto, quede bien clara esa cuestión desde el primer momento; ni el sistema de ayudas y subvenciones para estimular la creación o la promoción de certámenes por instituciones feriales, ni la firma de convenios de cooperación con Diputaciones, Ayuntamientos, etcétera, está sometido a cuestión; la única cuestión que permanece debatida es el punto c) del artículo, y ahí es donde por tanto hay que centrar el debate, porque de algún modo el introducir las otras cuestiones podría inducir a un engaño que yo he tratado de disipar. El punto c), entonces, contempla, como competencia propia de la Administración de la Comunidad Autónoma, organizar certámenes feriales que estime adecuados para la mejor consecución de los fines de la política comercial castellano-leonesa, y la Enmienda trata de introducir, a través de un doble vocablo, el que esa competencia sólo pueda ejercerse de forma excepcional y, en todo caso, subsidiariamente -se entendería en relación con otras iniciativas-. Yo confieso que hay una cosa que de entrada no acabo de comprender, y es por qué ese tipo de limitaciones no se establecen respecto de otras entidades, como Diputaciones, Ayuntamientos e instituciones a las que parece se les concede, de forma absolutamente legítima e incondicionada, la posibilidad de organizar certámenes; por qué ese tipo de limitaciones exclusivamente, exclusivamente se aportan cuando los certámenes vayan a ser organizados por la Comunidad Autónoma. No entiendo esa discriminación; ya sé que es cierto que en un caso, en el primero, hay una autorización y en el segundo no, pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma. Y planteada, entonces, así la cuestión de fondo, me parece que desde mi punto de vista la cuestión es clara. Así lo expuse en Comisión y así también quiero reiterarlo aquí.

Evidentemente, y no voy a entrar a fondo en ese tema, puede haber, puede haber, aparte de la cuestión propiamente técnica, puede haber una distinta concepción de en qué nivel, con qué condicionamientos, con qué limitaciones debe de adoptarse una iniciativa pública de carácter económico. Yo ya dije en Comisión cuál era mi opinión en el tema y cuál era, estimo, en este momento, en el ordenamiento jurídico español, el principio constitucional de no condicionamiento y no subsidiariedad de la iniciativa económica pública. Si la memoria no me falla, el artículo 128 de la Constitución es eminentemente claro al respecto. El principio de subsidiariedad de la iniciativa económica pública, a cualquier nivel, Comunidad Autónoma u otro nivel, no está recogido en este momento como principio, aunque fue parte de una filosofía económica -entiendo que positivamente superada- en el ordenamiento jurídico español.

Otra cosa, otra cosa, y aquí es donde creo que cabría dialogar más ampliamente sobre el tema, es que eso pudiera ser conveniente; y ojalá lo fuera, ojalá otras iniciativas fueran tan profusas y tan interesantes que no fuera necesario suplir en la práctica con iniciativas públicas en este sentido; ojalá eso ocurriera así, quizá, en este terreno al menos, no en otros, porque evidentemente eso originaría un desfuncionamiento, una descoordinación general de la economía. Y entonces, el problema, a mi entender, se traduce en una pura y simple cuestión de oportunidad. Lo que habrá que ver en cada momento es si es oportuno que la Administración de la Comunidad Autónoma organice ese certamen, y si no lo es que no lo haga, y si lo hace, a pesar de que no sea oportuno, que pague su precio político por ello. Lo que a mí, de algún modo, por decirlo así, me repugna, desde el punto de vista de la conciencia jurídica, es que eso expresamente se diga en la Ley, y otra es que funcione en la práctica. Yo creo que lo lógico es que eso, y creo que ésa es la tendencia, en la práctica funcione y en la práctica la iniciativa de la Comunidad Autónoma organizando directamente la feria funcione con esos criterios, y otra cosa bien distinta es que de antemano se pretenda una vinculación a nivel legislativo, que yo creo no tiene un apoyo jurídico al menos en este momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Después de la intervención que yo esperaba del portavoz del PSOE, señor Quijano, como siempre tan profesoral, tan académica y a veces, espero que llegue pronto -o lo sea ya, no lo sé, perdón- doctoral, por nuestra parte sólo una escuetísima réplica.

Nuestras argumentaciones son la subsidiariedad. El, por formación, y me imagino que por fondo ideológico también, pone en duda, desde nuestra Constitución, incluso su constitucionalidad, o algo así ha parecido intuirse de sus palabras. Le ruego que lea los aspectos de la

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Constitución, el 9.2, en relación con el 1.1, y probablemente ahí llegaríamos a un mayor entendimiento. De todas maneras, él tenía una duda y yo espero que se la voy a aclarar, y es si el principio de subsidiariedad -señor portavoz del Partido Socialista, le pido que haga un esfuerzo, estamos hablando de la Ley de Ferias de Castilla y León- funciona. Bueno, pues tengo que decirle una cosa: que la acción del Estado, incluso actualmente con este Gobierno, en el mundo del que le estoy hablando, es subsidiaria, en todos los tipos de certámenes feriales similares en el ámbito estatal en el que con esta Ley vamos o tratamos de regular. Si fuera ilegal, anticonstitucional, o estuviera en duda su aspecto formal, como dice -o intuyo de sus palabras (y si le he interpretado mal pido perdón)- el portavoz del Grupo Socialista, el Gobierno de la Nación no podría estar llevando en estos momentos una política ferial; y es así como la lleva, es así como la ha llevado y yo espero que el Gobierno Central así es como la siga llevando, y no de otra manera. Y esa fórmula son los incentivos, las subvenciones, las bolsas de viajes para expositores y compradores, etcétera, etcétera, y no la organización directa, como propone la Junta. Y recuerdo que, a pesar de la hora y del momento, estábamos, estamos debatiendo una Ley que a todos nos gustaría que perdurara muchos años y promoviera muchas y buenas ferias para Castilla y León. Y esto era nuestro objetivo. Si no lo hemos conseguido, es igual. Nuestro papel es éste; lo aceptamos honrosamente. Y espero que esa duda de si podría ser bueno, que decía el portavoz del PSOE, sobre este principio que nosotros tratábamos de su sensibilidad incluir en esta Ley, fuera aceptado. Si no es así, les deseamos con su Ley, con su Ley, los mejores éxitos para la promoción de las ferias de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Ante todo, y para que no se me olvidara, agradecerle esos que entiendo piropos bienintencionados. Sí, soy doctor; lo soy hace ya, gracias a Dios y al esfuerzo personal, hace unos años. Recientemente, además, Doctor Idóneo, por una Disposición. Gracias.

Entonces, volviendo a la cuestión, yo no he planteado una cuestión de constitucionalidad en sentido estricto; no quiera llevarme a ese terreno, porque no es en el que yo he entrado. Yo me he limitado a decir que hoy por hoy la iniciativa pública económica, y eso es constatable, no está constitucionalmente sometida a un principio de subsidiariedad. No he dicho que, en el caso de que prosperara su Enmienda, la Ley se hiciera anticonstitucional, que son dos cosas radicalmente distintas; pero no voy a entrar en ese debate de lo que es la constitucionalidad en sentido amplio y la aplicación a un caso concreto en materia de constitucionalidad. Sí me interesa aclarar -porque pudiera quedar, y creo que ésa es la intención y lo comprendo perfectamente, que existe en la filosofía que anima a esta Ley algún principio de contradicción con otras normativas en materia de ferias- la siguiente circunstancia: a nivel nacional no hay (como sabe el señor Procurador sin duda mejor que yo, porque él, probablemente conoce este terreno mejor que yo), no hay legislación; hay un Decreto del año cuarenta y cuatro, creo recordar. Esa es la legislación fundamental. Y eso sí que lo conozco, sí que lo conozco por razones profesionales incluso. Y no hay legislación y probablemente no la va a haber en un término inmediato; y por eso la comparación creo que no se puede hacer, porque ésta es una materia sometida a transferencia con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas, al nivel en que está regulado en esta Ley y, por tanto, es lógico que el Estado en pleno proceso de esas transferencias no legisle, lo lógico será que en su día armonice. Por tanto, no haga esas comparaciones, que no tienen ninguna base legislativa; se lo puedo asegurar. Y el Boletín Oficial del Estado está a disposición de todos para ver que la única normativa en materia de ferias en este momento es, a nivel nacional, un Decreto del año cuarenta y cuatro, vea la fecha, ha llovido mucho desde entonces, y saque las conclusiones oportunas. Por tanto, pues, no me queda más que afirmarme en lo que antes señalaba, repito, que sea bueno el que la iniciativa de la Comunidad Autónoma tenga esos caracteres que usted le asigna; eso, repito, es una cuestión de oportunidad, que en cada caso habrá que verlo, porque puede ser que haya alguna feria que no la organice nadie y que tenga interés el organizarla, y entonces nadie discutirá que se deba de hacer, y eso habrá que verlo en cada caso. Y de la oportunidad y de la prudencia política nos tenemos que fiar, porque, si no, evidentemente, ni las Leyes ni otras cuestiones. Otra cosa bien distinta es que eso aparezca de forma expresa en el texto legal y constituya, por tanto, una limitación a ese nivel. Creo que son dos cosas bien distintas que deben de ser justamente diferenciadas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda número 6, al artículo 5 de la Ley. Perdón, la número 9, la número 9 en relación al artículo 6.

Votos a favor de la Enmienda. Pueden sentarse por favor. Votos en contra. Pueden sentarse por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Votos a favor de la Enmienda, treinta y cinco. Votos en contra, cuarenta y uno. Abstenciones, dos. Queda, en consecuencia, rechazada la Enmienda.

Se somete a votación el artículo 6. Votos a favor del artículo. Pueden sentarse por favor. Votos en contra. Pueden sentarse por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Votos a favor del artículo, cuarenta y uno. Votos en contra, treinta y cinco. Abstenciones, dos. En consecuencia, queda aprobado el artículo sexto.

Se procede a someter a votación, acumulados, los artículos 7, 8, 9 y 10. Dado que vienen propuestos, consensuados por el Dictamen de la Comisión, lo sometemos a votación por asentimiento.

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¿Algún voto en contra? ¿Alguien quiere dejar constancia de...? En consecuencia, quedan aprobados estos artículos, 7 al 10 ambos inclusive, por asentimiento.

En relación con el artículo 11, se mantiene un voto particular del Grupo Parlamentario Popular, propugnando la vuelta al texto del Informe de la Ponencia en lo referente a la Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Socialista, que fue incorporada al Dictamen de la Comisión. Para la defensa de este voto particular tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular y, por él, el señor Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Con este espíritu deportivo que afortunadamente incorporaba este Pleno a la Ley Ferial, seguimos defendiendo esta Enmienda nuestra que, es curioso -y voy a aclararlo-, pide el mantenimiento del texto original, y, sorprendentemente, con una redacción de mejora técnica, el Grupo Socialista ha incorporado en el campo nuevo de esta Ley en el momento de la Comisión.

Como la línea argumental es la misma mantenida durante estas distintas y enriquecedoras intervenciones, sobre todo para este Procurador que es la primera vez que tiene el honor de estar aquí, en este Pleno de Castilla y León, defendiendo aspectos de la Ley, nuestra posición es contraria al deseo del Grupo Socialista en su Enmienda presentada de variar su mismo texto. ¿En qué línea, señores Procuradores? En la misma línea de las intervenciones anteriores. Es previsible que van a estar gobernando muchos años y van a hacer muchas y diversas ferias; que el éxito, en las ferias por supuesto, les acompañe. Hasta ahora en ninguna iniciativa pública, en el campo ferial, los éxitos que yo conozca son muy notables; al contrario, las famosas ferias, y veo caras distinguidas haciendo gestos, las famosas ferias cayeron y afortunadamente se mantienen aquellas ferias que fueron y son origen en la línea argumental que este señor Procurador ha tratado durante este tiempo de sensibilizar al auditorio.

Al señor portavoz del Partido Socialista, mi absoluto respeto; me imaginaba, casi lo sabía, que era Doctor.

Y se mantiene en las leyes feriales, pero no en todo el articulado y desarrollo que sobre el mundo ferial existe, y con la amistad personal que nos caracteriza yo le enviaré las fotocopias correspondientes para que vea que el Estado va a tener que legislar en ferias. Y no me lleve a otro terreno, que lógicamente no son el ámbito competencial de esta Comunidad Autónoma. Hasta ahí llego, señor portavoz del Partido Socialista, y lo digo sin ningún tipo de doble intención y desde la amistad personal. Sin embargo, la adición que propone, argumentada, insisto, como adecuación técnica, modifica en el fondo sustancialmente el sentido; pues por esta adición, si se consolida en el texto de la Ley, y todo hace pensar que se va a consolidar, puede incluso inducir en algún momento de dificultad o riesgo a darse de baja en el registro precisamente para que, por la aplicación del mismo, una entidad pública de la propia Comunidad Autónoma cargue con la organización de un determinado certamen, dado que las razones de interés público que figuran en el articulado se argumentan como camino para asumir, salvados otros dos anteriores, para asumir una feria que cierre; y es lo suficientemente inconcreto lo de "interés público" para poder, en su día, vestir una decisión de previsible "UVI de ferias" que no nos gustaría que se diera. Las ferias son participación; tienen que nacer, tienen que morir y tienen que volver a resucitar, con nuevas ideas, con nuevos objetivos y con nuevos horizontes. El Grupo Popular vuelve, en este ambiente cansado, a hacer llegar a Sus Señorías, al Grupo enmendante, la necesidad de respetar el texto de este artículo 11 en los términos que ellos propusieron en su día. Y ésta es nuestra posición. Espero que en todas mis intervenciones a los queridos compañeros Procuradores no les haya cansado. Sí que nos ha guiado un propósito absolutamente sincero: construir la Comunidad, y eso también, como participación. Hasta ahora creo que muy expresamente no se ha dicho, pero quizá sería conveniente cuando se hacen descalificaciones globales en otros campos de las actuaciones de la oposición. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Antes de nada, una aclaración, también para que no se me olvidara. Parece que le causa extrañeza al señor Procurador que el Grupo Parlamentario Socialista enmiende textos que han venido de una Junta a la que legítimamente apoya, porque ha manejado el argumento con una cierta reiteración en un par de ocasiones; a mí, evidentemente, no me causa ninguna, sino que en cierto modo me enorgullece. No sólo lo ha hecho; lo hace y lo seguirá haciendo cuantas veces lo crea oportuno. Eso que quede bien claro: que el Grupo Parlamentario Socialista tiene la misma legitimidad que todos los Grupos para enmendar los textos, vengan de donde vengan, aunque exista, evidentemente, una filosofía compartida en el proyecto inicial.

En segundo lugar, y por lo que respecta a la cuestión de la legislación del Estado, ya que ha vuelto a salir, yo me reitero, porque me parece que estamos de acuerdo, incluso después de su intervención, en que evidentemente el Estado tiene que legislar, pero tiene que legislar de manera distinta a como vino legislando cuando no había Comunidades Autónomas; lo que no puede hacer es que una vez transferida la competencia exclusiva hasta cierto nivel de ferias, que son las nacionales, según la interpretación más corriente, y también probablemente más correcta, pues haga una legislación interfiriendo en eso. Lo que quiere decir es que en adelante esa legislación tendrá que ser para las ferias internacionales, por un lado, de forma exclusiva, que son las que le quedan como competencia al Estado; o para armonizar, si lo estimara conveniente, y aplicando la Constitución, las legislaciones autonómicas en materia de ferias. Por tanto, no hay una superposición de planos, sino dos planos distintos, cada uno con su ámbito perfectamente diferenciado.

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Y ha salido, porque evidentemente tenía que salir en algún momento, una cierta desconfianza al éxito de las iniciativas feriales públicas. Evidentemente, yo ya sabía también que ese tema estaba debajo; eso es algo perfectamente lógico, y el señor Procurador comprenderá, lo mismo que yo comprendo, que su posición y la mía en este tema no puede ser coincidente, por más que unos y otros las tratemos de atrapar en términos técnicos; porque, si no, ni yo estaría sentado donde estoy ni el señor Procurador estaría sentado donde está, si estuviéramos de acuerdo en esas cosas tan fundamentales desde el punto de vista de la filosofía política y económica. ¿Que de ahí se deduce que esta Junta o cualquier otro Gobierno Autónomo vaya a organizar muchas ferias y vayan a fracasar? Pues yo desearía que no. ¿Que organice muchas o pocas? Yo espero que las necesarias, y que las que organice las organice bien y desde luego no fracase. A mí, por el hecho de no compartir esa filosofía política, no me gustaría que las ferias privadas fracasaran; y entiendo que a la recíproca debe de ser exactamente lo mismo.

Finalmente, y entrando en el tema en concreto de la Enmienda al artículo, desde mi punto de vista no es otra cosa que aplicar el principio que antes argumenté y defendí, sólo que en aquel caso la iniciativa era para organizar una feria que presumiblemente no existía de antemano y en este caso es para continuar una feria que nos obligue por solicitud de la institución ferial o entidad organizadora titular del certamen que la venía organizando ha quedado suspendida, porque ha solicitado la baja en el registro de certámenes feriales; y entonces, desde mi punto de vista, es perfectamente coherente que si reconozco legitimidad a la Comunidad Autónoma o a la Administración Autonómica para iniciar u organizar ferias, se la reconozca también para reanudar ferias que se han suspendido por esa circunstancia, cuando medien razones de interés público, que ahí el texto es estrictamente correcto en ese sentido, porque no puede haber otra razón. Es más, probablemente lo que la Enmienda añadió estaba ya implícito en artículos anteriores, también lo reconozco, pero no estaba de más, en cualquier caso, reiterarlo; porque pudiera entenderse que organizar una feria de nuevo y reanudar una que ha sido suspendida fueran dos cosas idénticas. Yo la entiendo, y mi Grupo entendió que no lo eran y en función de eso se añadió esta Enmienda aclarando estrictamente este punto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

La renuncia del señor Fuentes a utilizar el derecho de réplica que tenía nos ha obligado a dar un breve espacio de tiempo para que se pudieran incorporar los Procuradores a la hora de emitir el voto.

Se va a proceder a votar, tanto el voto particular, cuanto el texto del artículo. Primero se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Popular al artículo 11. Votos a favor del voto particular. Pueden sentarse, por favor. Votos en contra. Pueden sentarse. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor del voto particular: veintisiete. Votos en contra: treinta y nueve. Abstenciones: dos. En consecuencia, queda rechazado el voto particular.

Se somete a votación el artículo 11. Votos a favor del artículo 11. Votos en contra. Pueden sentarse, por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos a favor: treinta y nueve. Votos en contra: veintisiete. Abstenciones: dos. Queda, por tanto, aprobado el artículo 11.

Los artículos 12 al 15, ambos inclusive, han sido acumulados.

Un momento, por favor. Tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Advierto, y lo hago antes de la votación, que en el párrafo b) del artículo 12 hay una omisión. Entonces, que no se votará el texto tal y como está recogido en el Dictamen de la Ponencia que se nos ha dado. Es concretamente en el párrafo b), el inciso después de "para el que se hubiera solicitado y obtenido expresa autorización, salvo que exista causa justificada". Y dice simplemente "causa justificada". Pudiera cambiar el sentido, por eso lo advierto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Bueno, se me informa que, efectivamente, la anomalía denunciada por el portavoz del Grupo Socialista obedece a un error técnico, por denominarlo de alguna manera, y que por lo tanto el artículo que sometemos a votación es sin ese inciso, puesto que en el Dictamen firmado por los portavoces de la Comisión no aparece ese inciso ya; es decir, ya está subsanado ese defecto.

Bien, así las cosas, sometemos a votación, por asentimiento, igual que lo hicimos anteriormente, estos artículos, repito, del 12 al 15. ¿Alguien que quiera hacer constar su voto en contra? Quedan aprobados, por lo tanto, los artículos del 12 al 15, ambos inclusive, por asentimiento.

En relación con el artículo 16, el Procurador señor Montoya Ramos mantiene una Enmienda, concretamente la número 3 de las por él presentadas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo presenté una Enmienda al artículo 16, que era una Enmienda de supresión del citado artículo 16, y voy a explicar muy brevemente por qué presentaba esta Enmienda.

El artículo 16 dice que la Consejería de Transportes, Turismo y Comercio podrá nombrar un representante de los órganos de gobierno de las instituciones feriales para velar por el cumplimiento de los fines para los que fueron constituidas. Este representante podrá, asimismo, asistir a las reuniones que celebren los Comités de cada certamen ferial. Esto, en definitiva, es consagrar la figura de un comisario político; no tiene otro nombre. Parecen pocas las trabas que se ponen, por otra parte lógicas, y que yo he aceptado, a la inscripción de las instituciones feriales, a las

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inscripciones de los certámenes feriales. Está perfectamente en el articulado atado y bien atado todo lo que se refiere a la organización, a que no haya ningún desmán para que una entidad organizadora pueda hacer otra cosa que nombrar, que ejecutar o que hacer o que realizar certámenes feriales...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Silencio por favor.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Pero, a pesar de eso, pues se trae aquí el artículo 16 y se dice que, bueno, por si acaso los órganos de gobierno de las instituciones feriales lo hacen bien y hacen otra cosa, y en aquellas reuniones pues se dedican, supongo yo que a algún tipo de actividades que no sean lícitas y que vayan en contra de los Estatutos de las propias, de las propias instituciones feriales o del propio objetivo que tienen que cumplir esas instituciones feriales, se dice: pero, por si acaso, la Consejería de Transportes, Turismo y Comunicaciones mandará un representante y estará presente, y este señor pues será testigo de los chistes que se puedan contar en las reuniones o... y evidentemente, pues evitará que a lo mejor se puedan hacer críticas políticas a la Junta o a la Consejería de Transportes, que supongo que no lo permitirá.

Entonces, esta Enmienda que yo presenté, y que no tiene más carga política que respetar la libertad de las instituciones feriales, pues, paradójicamente, contó con los votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Popular.

Yo entendí desde el principio que el Grupo Socialista, estando en el Gobierno, pues quisiera extremar todos los controles y que, bueno, pues que la libertad de las instituciones feriales se viera todavía un poco más coartada por este control que podría llevar a cabo. Lo entiendo, quizá, aquí, recurriendo a alguna reminiscencia de regímenes pasados, que probablemente a todos se nos han quedado, probablemente a todos se nos han quedado, o quizá queriendo llevar a cabo al extremo un sentido intervencionista; probablemente pues que con esa reminiscencia intervencionista, también, pues que hayan tenido miedo. Yo creo que hoy aquí ha habido mucho miedo, y esta mañana se hablaba del peligro de la libertad -me parece que he querido entender- o de la peligrosa libertad, y entonces ahora pues, bueno, por si acaso, vamos a terminar de coartar la posible libertad que pueda quedar en las instituciones feriales. Y entonces, se consagra en una Ley -en una Ley, ni siquiera en un Reglamento-, en una Ley se consagra que el señor -no falta más que decir el nombre y el apellido del señor que va a ir allí, para que no haya duda-, se consagra esta figura de este testigo mudo, de este espía, de este Comisario, como lo queramos llamar, que es una persona que va a estar velando por el cumplimiento de los fines para que fueron constituidos.

Yo les pediría a Sus Señorías que incluso acudan al diccionario y vean el significado de la palabra "velar", que yo me tomé la molestia de hacerlo, y verán los amplios significados de esta palabra, desde ocultación, hasta asistir delante del Santísimo (supongo que esto no es lo que se quiere decir), etcétera, que el diccionario da a esta acepción, hasta llegar a una última acepción que dice "vigilar", etcétera. Bueno, yo, verdaderamente, creo que en aras de la libertad, en aras de la libertad, de esa libertad que en las mismas elecciones pasadas hacía gala el Partido Socialista, en aras de esa libertad a la cual yo rindo culto como miembro del partido al cual yo pertenezco y de esa libertad que incluso el Partido, el Grupo Popular, como liberal conservador que se quiere denominar, si de verdad guarda reminiscencias todavía de ese, de ese significado de liberal, yo diría que debía suprimirse. La Ley no pierde nada, la Ley sigue íntegra en todo su concepto, la Ley no pierde nada; solamente que no habrá un cargo de un señor que vaya a tener que asistir a estas reuniones de las diferentes, entendamos, además, de las diferentes instituciones feriales y las diferentes reuniones que pueden tener. Probablemente es una ocasión de nombrar algunos cargos más que puedan asistir a todas estas reuniones; serán bastantes, porque puede haber bastantes instituciones y puede haber bastantes reuniones, o sea que puede haber un número de personas importantes que puedan asistir a ello. Entonces, yo creo que la Ley no perdía nada con suprimir este artículo y por eso yo mantengo este voto de supresión de este artículo, del artículo 16 de la Ley de Reglamentación Ferial, me parece que se llama.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO (D. LAURENTINO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En fin, yo lamento que al señor Montoya le pueda parecer un Comisario Político la persona que en su día pueda designar la Consejería de Turismo, Transportes y Comercio para estar presente en los órganos de Gobierno y en los comités organizadores de los certámenes feriales, en cuyos órganos y en cuyos comités hemos reconocido en el texto de la Ley la posibilidad, y, mejor dicho, el derecho a estar representados a instituciones públicas, dígase Cámaras de Comercio, dígase Municipios donde se celebran, y ahí nadie ha objetado ni nadie le ha dado tal calificativo a ese señor que representará a esas mismas instituciones. Sin embargo, no sé por qué, a aquel que puede nombrar -de acuerdo con la Enmienda que aceptamos del Grupo Popular, donde decía "designará" y dice ahora "podrá nombrar"- la Consejería, se le califica de Comisario Político, sin tener en cuenta que justamente esta Consejería que ha de nombrar o puede nombrar este representante es la responsable de la política ferial que se haga en nuestra Región, es quien tiene la obligación de fijar un sistema de ayudas y subvenciones para esos certámenes, es quien tiene la obligación de firmar convenios con Ayuntamientos y Diputaciones para promover esos certámenes, es quien tiene, a su vez también, la función de vigilar la contabilidad y presupuestos de estos certámenes; y, vamos, creo que sobran razones y es evidente que, por lo menos en plano de igualdad, que es lo único que recoge la Ley,

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tiene derecho a tener un representante en el órgano o en los órganos que rigen las instituciones feriales y en los comités organizadores, en el mismo nivel, no superior, en el mismo nivel que lo tienen las Cámaras de Comercio, lo tiene el Ayuntamiento y lo pueden tener las Diputaciones.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo no voy a alargar demasiado el debate; creo que la decisión, que ya fue en Comisión, es una decisión clara. La decisión creo que está tomada. Yo solamente querría tranquilizarle al señor Fernández en el sentido de que sí, efectivamente, la Junta es la responsable. Pero ¿le parece al señor Fernández que no tiene suficientes controles la Junta para que encima tenga que mandar allí que haya un señor presenciando todas las reuniones de los miembros, de los representantes de los órganos de gobierno de las instituciones?. ¿Es que, siguiendo esa línea, tendríamos que poner una persona detrás de cada miembro de las instituciones para que le vigilara durante esas veinticuatro horas del día -y no quiero hacer alusiones a algunas otras cosas-, que le recordara esas veinticuatro horas del día para ver si, ¡hombre!, si se va a desviar de lo que tiene que cumplir cada uno de los miembros como representantes de los órganos de gobierno?. ¿Es que le parece que no existen suficientes controles, que la Junta, la responsabilidad de la Junta no está suficientemente garantizada? Yo, honradamente, creo que sí.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

: ¿Renuncia al turno de dúplica? Pasamos, en consecuencia, a votar la Enmienda número 3 del señor Montoya Ramos. Desde este momento, por favor, que no entre ni salga nadie del Salón de Sesiones mientras se esté en el momento de la votación.

Votos a favor de la Enmienda. Siéntense. Votos en contra. Pueden sentarse. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos a favor de la Enmienda: cuatro. Votos en contra: cincuenta y seis. Abstenciones:cero. En consecuencia, queda rechazada la Enmienda mantenida por el señor Montoya Ramos.

Pasamos a votar el artículo tal y como viene del Dictamen de la Comisión.

Votos a favor. Pueden sentarse. Votos en contra. Pueden sentarse. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y nueve. Votos a favor del artículo: cincuenta y cinco. votos en contra: tres. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobado el artículo tal y como viene del Dictamen de la Comisión.

A continuación, vamos a proceder a la votación conjunta, acumulada, del artículo 17, Disposiciones Transitorias primera y segunda, Disposición Derogatoria, Disposiciones Finales primera, segunda y tercera, y Exposición de Motivos.

Votos a favor. Pueden sentarse. Votos en contra. Abstenciones.

Votos emitidos: cincuenta y nueve. Votos a favor: cincuenta y nueve. Ninguno en contra y ninguna abstención. En consecuencia... Entonces, se modifica el resultado. Votos emitidos: sesenta. A favor: cincuenta y nueve. En contra: ninguno. Y abstenciones: una. En consecuencia, quedan aprobados el artículo y las Disposiciones Transitorias, Derogatorias, Finales y Exposición de Motivos antes mencionadas.

Pasamos al séptimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Séptimo punto del Orden del Día. Aprobación por el Pleno del Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura del proyecto de Ley de Creación del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Algún miembro de la Junta desea hacer presentación del Proyecto? Bien. Como el Proyecto viene consensuado de la Comisión, lo sometemos todo él, todo el articulado a una única votación.

Votos a favor del texto del Dictamen de la Comisión. Pueden sentarse, por favor. Votos en contra. Siéntense, por favor. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y uno. Votos a favor: sesenta y uno. Ninguna abstención. Ningún voto en contra. Queda, por lo tanto, aprobado el texto del proyecto de Ley tal como ha llegado hasta el Pleno enviado por la Comisión.

¿Algún Grupo desea turno de explicación de voto? ¿Grupo Mixto? ¿Grupo Parlamentario Popular? ¿Grupo Socialista? Se levanta la Sesión.