DS(P) nº 35/1 del 25/11/1985

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ): ...

. están previstas las siguientes: se está elaborando, con cargo a los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cinco, por lo tanto en estos momentos, en colaboración con el Centro de Estudios Artesanos de la Empresa Nacional de Artesanía y con los propios artesanos de la Comunidad, un Libro Blanco de Artesanía; se han citado en las provincias a todos los artesanos, se han tenido reuniones con ellos, se está haciendo una labor de ordenación de las actividades que en estos momentos existen en la Comunidad en el sentido de la artesanía; e, igualmente, antes, para mil novecientos ochenta y seis, está previsto desarrollar un Plan de Escuelas Taller en Castilla y León, con objetivos tan conexionados con la Pregunta de Su Señoría como promover el aprendizaje de oficios, en algunos casos artesanos, como...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Su Señoría vaya dando por terminada su intervención.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ): ...

. forja, cantería, talla, modelado, etcétera. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señor Consejero. Unicamente para agradecer el detalle, insuficiente por la falta de tiempo, pero que ya creo que estamos en el camino final, en esa recta final de preocuparnos, cosa que no habíamos hecho hasta ahora, por la preparación de nuestros aprendices, para garantizar que nuestras actividades artesanas van a tener en lo sucesivo la atención necesaria y que vamos a poder garantizar el que estos oficios nuestros, muy típicos y muy íntimos, van a seguir realizándose con amplitud y con profesionalidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para dar lectura a la formulación de la siguiente Pregunta, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª Mª Concepción Puente González, relativa a Programa de la Junta para reparar la carretera LE-331, de Boñar a Campo de Caso, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, nº 86, de 12 de Noviembre de 1.985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra la señora Puente González.

LA SEÑORA PUENTE GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente. Mi pregunta va destinada a la Consejería de Obras Públicas, y es que esta Procuradora, de vez en cuando, tiene cosas muy cerca que también preocupan y son también de esta Comunidad. Esto es de la carretera de León 331, donde, a consecuencia de las obras del Pantano del Porma -y hablamos de veintiocho años-, se desvía esta carretera, y parece ser que ha pasado en las transferencias a esta Comunidad sin la mínima conservación. Teniendo en cuenta que debiera haber sido una obra que se hubiera dotado, hubiera atendido desde la Confederación, yo quería preguntar al Consejero si tiene prevista la actuación de arreglos en ella, y, desde luego, que es lo que más interesa, si cuando se ha transferido había presupuesto desde la Administración Central, digamos, desde este organismo, para que no cargue esta Comunidad con esto que debiera correr por cuenta de ellos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La carretera a la que se refiere la señora Procuradora recibe una atención preferente en la programación y catalogación contenida en el Plan Regional de Carreteras. Está clasificada como red primaria y en este mismo año mil novecientos ochenta y cinco se ha contratado el proyecto 1.5.LE-4, de acondicionamiento del tramo entre Lillo e Isoma, de diez Kilómetros, por un importe de noventa y tres millones de pesetas. En el año ochenta y seis se proseguirá la actuación entre Boñar y Puebla de Lillo, en cuyo itinerario está el tramo del pantano al que se refiere la señora Procuradora, con actuaciones de conservación y renovación superficial.

En el momento de la transferencia a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, órgano que había construido en su momento la dirección de la carretera, no había ninguna consignación presupuestaria para su modificación. De todas maneras, nosotros, en el avance del Plan Regional de Carreteras, pensamos que la financiación no debe ser sólo a cuenta de la Comunidad Autónoma, sino a cuenta de otros organismos interesados, y por lo tanto vamos a intentar que la Confederación se haga cargo de los compromisos o de las deudas históricas que tiene con esa carretera. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra la señora Puente González.

LA SEÑORA PUENTE GONZALEZ:

Me alegro que sea así y así se vayan subsanando errores, que ha

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habido bastantes en épocas pasadas con este organismo, de los cuales sufrimos consecuencias en aquella zona, ya que la Consejería ahora ha tenido que tomar bastantes -y algunas de bastante importancia- para dar acceso a otros caminos que en su momento debieron haber sido atendidos por Confederación. Y, repito, me alegro que haya participación de este organismo, que es su deber. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para dar lectura al enunciado de la Pregunta siguiente, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Alfredo Marcos Oteruelo, relativa a cierre de la Residencia Juvenil "Leopoldo Panero" de Astorga, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, nº 86, de 12 de Noviembre de 1.985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Señor Presidente, Señorías. La Residencia Juvenil "Leopoldo Panero", en los últimos años, había constituido una especie de institución en Astorga. Su influencia benéfica se extendía a toda la comarca; varias decenas de muchachos de aquella zona podían hospedarse de una manera digna en la misma para cursar sus estudios fundamentalmente; por otra parte, desarrollaba, pues, actividades anejas, adjuntas, de tipo cultural y artístico, que también venían muy bien a la zona. Entonces, este curso no ha empezado a funcionar, se ha cerrado, sencillamente, y a mí me gustaría saber pues, fundamentalmente, cuál va a ser el destino final de esta Residencia y qué se va a hacer con media docena de trabajadores que estaban en la misma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Educación y Cultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ):

Señor Presidente, Señorías. La clausura de la Residencia Juvenil "Leopoldo Panero" ha sido motivada por su extraordinariamente bajo y progresivamente decreciente índice de ocupación (ha tenido veintidós residentes en el curso ochenta y cuatro-ochenta y cinco) y por las condiciones de escasa habitabilidad en que se encontraba y en que se encuentra. Circunstancias ambas que me obligan a sonreír cuando oigo a Su Señoría decir que albergaba o que proporcionaba un hospedaje digno a varias decenas de jóvenes de la comarca de la maragatería.

Dado nuestro convencimiento de que ha dejado de ser socialmente rentable mantener una Residencia Juvenil en Astorga, estamos pensando en su transformación en un centro de servicios culturales, en colaboración con el Ayuntamiento de la mencionada ciudad. Todo el personal laboral que prestaba en ella sus servicios sigue percibiendo las retribuciones pertinentes. Dos trabajan hoy en la Residencia "Doña Sancha", en León, a la que han sido voluntariamente trasladados. Otra lo hará en la Residencia "Consejo de Europa", igualmente de forma voluntaria, cuando se abra. Con respecto a los dos restantes trabajadores, se está negociando una solución que no suponga el despido ni merma alguna de sus legítimos derechos. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Muchas gracias, señor Presidente. Sí, que, bueno... Admito la explicación del señor Consejero justificativa del cierre. Sin embargo, yo quiero reflexionar un poco sobre el tema y pensar que habría que saber realmente las causas por las cuales esta Residencia dejó de ser socialmente rentable. Desde luego, estaban admitidos, pues, ya he hablado de decenas de muchachos, y me gustaría que se hubiera pensado, tal vez, en modernizarla, hacerla más atractiva y captar incluso clientes, como hacen todas las empresas, a fin de que, en vez de cerrarla, pues pudiera... sus funciones.

En cuanto al destino final de... En cuanto a los trabajadores, doy por buena la solución, siempre que sea así, que me imagino que sí. Y en cuanto al destino final, pues, un centro cultural, en colaboración con el Ayuntamiento de Astorga, también lo dejo en suspenso, porque vamos a ver en el futuro qué tipo de cultura o qué actividades culturales se van a desarrollar allí. Veremos a ver cómo funciona esto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Educación y Cultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ):

Muchas gracias. Yo creo que la razón fundamental por la que ha dejado de ser socialmente rentable el mantenimiento de la Residencia Juvenil se debe, fundamentalmente, a la nueva política educativa, al hecho de que se hayan creado diversos centros de Formación Profesional, Bachillerato, etcétera, en la comarca y no sea ya necesario, sobre todo con la puesta en marcha del transporte escolar, la permanencia de estudiantes pertenecientes a la comarca de Astorga en la propia ciudad.

En cuanto al tipo de cultura que allí se va a hacer, yo creo que no tiene que tener Su Señoría demasiada preocupación. Serán, básicamente, actividades teatrales, talleres de cerámica y otras actividades de carácter similar.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular la siguiente Pregunta, tiene la palabra también el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Bien, hablamos de otra Residencia, la Residencia "Consejo de Europa", de León. Esta sí que alberga no decenas sino centenares de jóvenes, y no solamente de León sino, bastantes, precisamente, de nuestra Comunidad Autónoma, de provincias limítrofes a León, como son Zamora, Salamanca, Palencia, etcétera, sobre todo universitarios.

Es una Residencia que también se ha constituido en algo importante en la vida cultural leonesa y en la vida social; su función, desde luego, era importante. En León se ha creado una Universidad que tiene, yo creo, del orden de ocho mil alumnos; ha pasado, pues, a ser una potencia educativa bastante importante, y, en cambio, en cuanto Residencias, solamente hay un Colegio Mayor, el Colegio San Isidoro, muy meritorio, pero uno solo. Esta Residencia "Consejo de Europa" suplía, en buena parte, la falta de colegios mayores y, precisamente ahora que la Universidad de León está tan poblada, se ha cerrado. Se ha cerrado hace dos cursos con motivo de hacer una reforma, que yo considero sustancial, que me parece que va bien, que necesitaba esa reforma; tenía un uso de muchos años y estaba, francamente, superutilizada en todos los órdenes. Entonces, doy por bueno que hay que hacer esa reforma. Sin embargo, lo que quisiera saber era cuándo va a acabar ya, puesto que los alumnos tenían, en principio, la esperanza de poderse haber alojado al comienzo de este curso, del ochenta y cinco-ochenta y seis, del ochenta y cuatro-ochenta y cinco, cosa que no ha ocurrido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Educación y Cultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ):

Muchas gracias. Señor Presidente, Señorías. La Residencia Juvenil "Consejo de Europa", que tuvo su máximo índice de ocupación en el curso mil novecientos ochenta y uno-ochenta y dos, albergando ciento veinticuatro jóvenes, no doscientos, presentaba en el verano de mil novecientos ochenta y tres tales muestras de deterioro que se consideró precisa, como Su Señoría ha reconocido, su clausura, a fin de proceder a una total remodelación de la misma. La imposibilidad de iniciar el oportuno expediente administrativo hasta la aprobación de los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro, que, como todas Sus Señorías recuerdan, no se produjo hasta finales de junio, condujo a que las obras, presupuestadas en 61.182.230 pesetas, no se adjudicaron antes de diciembre. La adjudicación, por un importe de 54.329.820 pesetas, recayó sobre la empresa "Beire", que, de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas, debía terminar las obras antes del dos de enero de mil novecientos ochenta y seis. Teniendo en cuenta estas circunstancias, están preparados los expedientes de adquisición de mobiliario, al objeto de proceder a su reapertura el diez de enero de mil novecientos ochenta y seis. La declaración de Beire, S.A. en suspensión de pagos ha conducido, sin embargo, a un ritmo de ejecución de obra, a partir del mes de octubre, que no me permite asegurar, en contra de mi deseo, el cumplimiento de tales previsiones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Lo único que me queda decir es que, bien, que a ver si no surgen, a ver si es posible que no surjan más complicaciones de tipo burocrático ni económico y si se puede inaugurar lo antes posible; éste es el deseo de todos. Y mientras tanto, pues, informar un poquito a la población, que tenga ya una idea para cuándo va a poder estar inaugurada, a fin de que pueda hacer todo el mundo sus previsiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Educación y Cultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ):

Muchas gracias. Haremos todo lo que en nuestras manos esté por conseguir que, realmente, sea posible abrir la Residencia "Consejo de Europa" en el mes de enero, y, si no, por lo menos para el inicio del próximo curso. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para dar lectura al enunciado de la Pregunta siguiente, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Francisco José Alonso Rodríguez, relativa a cuánto asciende el endeudamiento de la Comunidad hasta el día de la fecha, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, nº 86, de 12 de Noviembre de 1.985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

De acuerdo con el Reglamento, dada la no presencia del señor Alonso Rodríguez, decae en su derecho.

Para dar lectura al enunciado del punto siguiente del Orden del Día, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pablo Caballero Montoya, relativa a seguimiento de la política gubernamental en relación con

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el Proyecto de Ley sobre Incentivos Regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, nº 84, de 24 de Octubre de 1.985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Procuradores. El Proyecto de Ley sobre Incentivos Regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales dice, en su artículo primero, que "las ayudas financieras estatales para potenciar y fomentar actividades empresariales se dirigirán a determinadas zonas"; se entiende determinadas zonas del territorio nacional. Temblamos al pensar que cualquier tipo de pasividades de nuestro Gobierno Regional, con las mismas tendencias que el Gobierno Central tiene ya sobradamente evidenciadas, con un favor muy preferente hacia las zonas en regresión sobre las zonas de infradesarrollo nacional, pueden hacer, en esta nueva ocasión, que Castilla y León sea de nuevo postergada al olvido y que las ayudas previstas sigan de nuevo, y en exclusiva, el camino de otros apoyos. Los ZUR, por ejemplo, han seguido hacia zonas del más alto desarrollo nacional, donde el progreso y la prosperidad se manifiestan claramente.

Claro es que es bien cierto que habilidosos políticos en ellas tiran del faldón con permanencia a quienes luego dispondrán y legislarán a su antojo. Produce estupefacción pensar en ciertos niveles de ayuda a Cataluña, o el que se está potenciando una vez más el desarrollo de Madrid..., a la capital de España, en el que se insiste, empeñados, en desconocer las experiencias de otros grandes núcleos urbanos, como Hamburgo, o Ile de France, que debieron bastar para que nadie intentara crear más esos monstruos excedidos de las concentraciones urbanas, en las que, realmente, no se crean más que problemas.

Pero volvamos a nuestra Autonomía y a nuestra preocupación por ella. Posiblemente, el mayor riesgo que aquí corremos es caer en más postergaciones y en nuevos olvidos. Esto se basa tanto en que no sabemos pedir como en el hecho de que no sepamos demostrar el nivel de nuestra pobreza. Creo que debiéramos blandir permanentemente un buen estudio, que posiblemente no tenemos, comparativo y demostrativo -base y fin fundamental en lo absoluto y en lo relativo- del posicionamiento real de nuestra economía frente a las restantes Comunidades Autónomas de nuestra nación y ahora frente al resto de las regiones europeas, y hablar del Producto Interior Bruto per cápita en nuestra Región, de la evolución demográfica, que también es empobrecimiento, y de los índices de rentabilidad industrial por sectores, y decir, de una vez, cuáles y cuántas son las posibilidades que van a surgir del aprovechamiento de nuestro potencial endógeno, lo que también pensamos que está por determinar. Y habrá que definir el índice sintético de la intensidad relativa de los problemas regionales, teniendo muy en cuenta que, introduciendo el factor desempleo, se trastocan los índices tradicionales del ranking hasta alcanzar distorsiones, como la ya aparecida sobre el papel de que el País Vasco o la Comunidad Valenciana aparezcan como más empobrecidos que la Región Castellano-Leonesa.

Todos estos riesgos que surgen a vuela pluma deben irse absortando con urgencia. Una decidida acción de la defensa de nuestros derechos debe ir siendo planteada ya al Gobierno Central para que esas ayudas financieras estatales que van a derivarse de la nueva ley sobre Incentivos Regionales no nos lleguen, una vez más, como una política de hechos consumados adversos, que sólo tiene luego la respuesta servil del asentimiento. Basta ya de conformidades, porque mucho antes de las fidelidades políticas debieran estar, deben estar las obligaciones en la defensa de los intereses generales de la Comunidad.

Por ello, debe quedar claro nuestro temor de que otra vez esta Región va a llegar tarde, o de que una vez más puede ser relegada al olvido por el poder central. Por ello debe quedar claro que, si esto sucediera, habría responsabilidades muy exclusivas que no dudaríamos en exigir hasta el final. Es ésta una responsabilidad en la que no debe incurrirse, porque estas exigencias finales no dudaríamos en abordarlas hasta el final de nuestras actuaciones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, Señorías, señoras y señores. Antes de entrar en el centro de la Interpelación de Su Señoría el señor Caballero, quisiera hacer alguna pequeña reflexión. En primer lugar, Su Señoría está tan obligado a conocer como yo mismo que lo que denomina Proyecto de Ley ya no es Proyecto de Ley, sino que hace unos días -en concreto el diecinueve del once del ochenta y cinco- se dictaminó en la Comisión del Senado, con competencia legislativa plena, y se cerró dicho proyecto para convertirse en Ley, y está única y exclusivamente a la espera de la promulgación por su Majestad el Rey; punto primero.

Punto segundo: este Consejero no tiene obligación, más que política en todo caso, de conocer el proceso de enmiendas por el que discurre un Proyecto de Ley. En este caso lo ha conocido; pero no tiene posibilidades, no es su competencia el participar -porque no es su competencia, porque no puede- en el proceso de análisis, discusión, enmiendas, de dicho Proyecto. Sí, en todo caso, de diversas Señorías aquí sentadas, tanto de su Grupo como del mío, que en su calidad de Senadores han podido conocer, han conocido y han participado en este Proyecto de Ley, y en su momento tendrán ocasión, en todo caso, de darle muchos más datos de los que le pueda dar este Consejero. Evidentemente, también datos sobre las enmiendas de su propio Grupo Pag. 1146

Popular. De ahí que me lleve a pensar que no sé si es éste el lugar más adecuado donde se debe de ubicar y discutir este ya no Proyecto de Ley.

Y tercera consideración, y es que, a mi juicio, Su Señoría parte de unos supuestos no del todo correctos, por no considerar, precisamente, dos hechos. En primer lugar, porque el que denomina Proyecto de Ley tiene, como Su Señoría sabe, un objetivo central: la adecuación del sistema de incentivos actualmente existentes en España a la normativa comunitaria en materia de incentivos. Segundo punto: la ya Ley trata no solamente de coordinar, sino de simplificar, dejando prácticamente abiertas las puertas al Reglamento de todas aquellas cuestiones que usted me plantea. Y, evidentemente, el desarrollo legislativo y el Reglamento, como veremos después, en los mismos sí que puede participar la Comunidad Autónoma.

Entiendo que si conociera el texto del Senado, incluso al que llegó al Senado, se hubiera borrado esta Interpelación. Aparte que -y como final de observaciones- Su Señoría ha de partir de la base de la seguridad y plena seguridad de que Castilla y León va a ser declarada Zona Asistida.

Entrando en sus preguntas -y después, en todo caso, podré hacer alguna consideración en la réplica, si ha lugar, ya más concreta- he de señalar, en primer lugar y en relación con la primera pregunta que formula en su Interpelación, que, puesto que he afirmado que Castilla y León va a ser Zona Asistida y por lo tanto todas las provincias de la Comunidad tendrán esa categoría, los incentivos previstos en el Proyecto de Ley podrán ser aplicados a la totalidad del territorio de la Comunidad. No veo ni siquiera posibilidad de discriminación alguna. Pero, además, la distinción de tres tipos diferenciados de zonas promocionables, por otra parte necesario para una correcta aplicación de la normativa comunitaria sobre coordinación de incentivos regionales, se realizará con la participación de las Comunidades Autónomas, tal si quiere como un añadido que se ha hecho por enmienda, en el artículo 2.1 podemos ver... artículo 1, artículo 2.1, artículo 2.3, donde se dice que los incentivos regionales podrán aplicarse... etcétera, etcétera, etcétera, siempre que éstas se definan con las directrices de la política regional, siempre y cuando éstas se definan (las zonas) de acuerdo con las directrices de la política regional de cada Comunidad.

Después de lo expuesto, entiendo que puedo afirmar que no ha existido pasividad alguna por parte de la Comunidad. Sería gratuito, al menos, afirmarlo.

Tampoco tengo por qué establecer comparaciones con las acciones de otra Comunidad que conozco muy bien, tanto las propuestas, por ejemplo, del grupo vasco y del grupo catalán, como las propuestas, incluso, del Grupo Popular en relación con otras zonas desarrolladas, por ejemplo con respecto a Cataluña y al País Vasco. Y también conozco que el Parlamento Vasco se ha pronunciado, en Proposición No de Ley, para con su calificación como Zona Asistida el trece del once del ochenta y cuatro y se ha ratificado por unanimidad el veintisiete del dos del ochenta y cinco. Pero esto no quiere decir nada, porque, previamente a su declaración de Zona Asistida, ha de ser declarada, de acuerdo con esta Ley, Zona Prioritaria, y si no es declarada por el Estado Español Zona Prioritaria, no podrá ser después declarada Zona Asistida por la Comisión de la C.E.E., según establece el Reglamento del F.E.D.E.R.

En relación con la segunda pregunta, aunque con lo señalado hasta hora pienso que se contesta también una gran parte, en todo caso le recuerdo que la Junta de Castilla y León no es un órgano de seguimiento de la normativa legal y del desarrollo de la normativa legal; en todo caso ésta es competencia exclusiva de las Cortes Generales. Algo así como si usted quisiera que una Diputación hiciera el seguimiento de la normativa legal de esta Cámara.

Por otra parte, y usted lo conocerá, evidentemente, por la simple lectura del Proyecto de Ley y por lo que ahora es Ley, las Comunidades Autónomas -y por tanto la Junta de Castilla y León- participarán en el desarrollo legal, no en el proceso del establecimiento de la Ley, sí en el desarrollo legal, porque así se ha visto y se ha establecido en la Ley.

La tercera pregunta de su Interpelación forma, a mi juicio, parte del mundo de las cosas obvias. Y no obstante ello, sí le puedo señalar (si después quiere en la réplica podemos incidir en algunos elementos más) que esté tranquilo, porque a través de la participación de los distintos Grupos en el Congreso y en el Senado se ha modificado el Proyecto de Ley; Su Señoría lo debería conocer como yo. De forma que, en concreto, en relación con el artículo 1, punto 2, se dirá que se determinarán las actividades promocionables de acuerdo, entre otras cosas, "tomando en consideración -termina- las previsiones de las Comunidades Autónomas". Esto se ha añadido. En el artículo 2, punto 1, le decía que los incentivos regionales podrán aplicarse -y esto se ha añadido- a las zonas con mayor tal y cual... "siempre y cuando éstas se definan de acuerdo con las directrices de la política regional de las Comunidades Autónomas"; es decir, en los dos casos de acuerdo con el P.D.R.

En relación con el artículo 2, punto 3, recuerdo que las Zonas Prioritarias, dentro del total de las zonas, se dice textualmente en el texto: "de acuerdo con cada Comunidad Autónoma afectada, se determinarán las Zonas Prioritarias" ¿Dónde queda el margen la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Y, finalmente, en el artículo 4, punto 3, se dice que la propuesta de concesión de incentivos -y esto también se ha añadido y se ha corregido- regionales que proceden corresponderá al Consejo Rector, que la realizará por sí o por delegación en grupos de trabajo constituidos en su seno. Pero fíjese lo que se ha añadido: "En dichos grupos de trabajo se asignará representación a las Comunidades Autónomas afectadas en cada caso". Es decir, después de ver estas correcciones, gracias -y eso es claro, podemos ver las enmiendas- al esfuerzo y a las

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enmiendas del Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado, esta Ley no solamente ha mejorado lo que era Proyecto de Ley, sino que entiendo que ahora posibilita la participación plena de la Comunidad en decisiones claves: en la determinación de Zonas Prioritarias y en la determinación de las ayudas.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Muchas gracias, señor Consejero, por sus amables aclaraciones. Evidentemente, y como es natural, está usted mejor informado que yo. Desconocía -y lo aclaro, porque es cierto- que hubiera sido aprobada ya la Ley como tal Ley y que haya dejado de ser el Proyecto al que yo me he venido refiriendo. Puesto que lo desconocía, es obvio que desconozco también las modificaciones, las muchas modificaciones a las que Su Señoría ha hecho referencia durante su disertación y que vienen a abundar y a coincidir, vienen a incidir exactamente en aquel punto de las preocupaciones a las que yo me había venido refiriendo, y que, desde luego, van a aportarnos una serie de garantías que en el Proyecto de Ley no estaba previsto que pudiéramos contar con ellas.

En cuanto al hecho de que las ayudas que se vayan a originar de la repetidamente citada Ley vayan a ser fijadas en función de los programas de desarrollo regional, pues no viene más que a aportarme alguna tranquilidad, porque huelga que yo tenga que insistir en criterios que ya he manifestado muy recientemente en este mismo estrado sobre el tema de nuestro Plan de Desarrollo Regional. Y en cuanto afecta al hecho de que vayan a relacionarse con las catalogaciones que desde la Comunidad Económica Europea vayan a hacerse de nuestras zonas del territorio nacional, tengo que decir que me pone los pelos de punta, por la sencilla razón de que estas catalogaciones se están haciendo de una forma que me hace pensar en que tenía mucha razón cuando decía antes lo de estar permanentemente tirando de la levita a quien va a legislar, que en este caso es tanto como decir a quien va a proponer. Y esto me sucede después de la noticia que nos llegó ayer, por la prensa de Madrid de ayer, de que la Comunidad Catalana ha sido declarada Zona Preferente. Después de esto, yo no sé qué catalogación nos haría falta que se nos asignara a Castilla y León.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Gracias, señor Presidente; gracias, Señoría. Mire, no me gustaría entrar aquí en una polémica sobre la información que usted y yo debemos de tener. Una cosa es la que yo pueda tener y otra cosa es la que deba de tener, y pienso que está tan obligado usted, por sus relaciones con su Grupo y los representantes de su Grupo en el Congreso y en el Senado, como yo a tener esa información. Y yo la tengo a través de esos representantes en el Senado, que están presentes en esta Cámara; punto primero.

Punto segundo -porque no quiero entrar tampoco en el debate de informaciones-: mire, muchas veces la información de la prensa, con todos mis respetos, por razones que se le escapan incluso a la misma prensa, ha sido incompleta. Espere a que lo podamos contrastar. Tanto es así que, por haber sido incompleta y haberse fiado determinadas instituciones, como el Ayuntamiento de Palencia, de determinada prensa, de determinada información al respecto incompleta, se ha alabado una Moción para que Castilla y León, que no aparecía en determinada relación de determinado periódico como Zona Asistida, sea declarada Zona Asistida. Por favor, por favor, un poco de seriedad. Y, en todo caso, aunque haya sido declarada Zona "X"; desde luego no dice la prensa "Zona Prioritaria", Zona Prioritaria. Y no me voy a fiar en estos casos. Digo: quiero contrastes después. No Zona Prioritaria, sí otro cualquier tipo de zona. Y, en concreto, el artículo 2, punto 3, dice que el Consejo Rector creado en el artículo 4 de esta Ley propondrá al Gobierno de las Comunidades Autónomas las Comunidades Autónomas o áreas geográficas donde podrán ser de aplicación los incentivos regionales. Y, evidentemente, es muy posible que Cataluña sea propuesta como zona de aplicación para recibir determinados incentivos regionales, como una zona industrializada que se encuentra en declive; ésa es una cuestión. Pero otra cuestión es que sea o no declarada Zona Prioritaria, que es diferente, y es lo que no aparece. Y solamente será declarada Zona Asistida cuando sea -y eso lo he dicho antes- declarada por el Gobierno español Zona Prioritaria, en el caso podrá ser declarada, de común acuerdo, por la Comisión -que no por el Consejo- de la C.E.E. como Zona Asistida y podrá acogerse a todos los beneficios que toda Zona Asistida puede tener, tanto en el F.E.D.E.R. como en el Fondo Social Europeo, como en el F.E.O.G.A., etcétera. Es decir, por ejemplo y para empezar, podrá acceder, dentro incluso de su propio Estado, a tener subvenciones propias para la inversión superiores al veinte por ciento de la inversión, y ya no hablamos de las subvenciones que vengan de fuera, por ejemplo del F.E.D.E.R.; si no es declarada Zona Asistida, no tendrá subvenciones. Pero, en fin, tendríamos que hablar de muchos datos que en estos momentos yo pienso que no hay tiempo, y sí que hay tiempo para hacerlo, y pienso que alguna vez lo hicimos, en las comparecencias que este Consejero ha tenido a bien realizar en la Comisión de Economía y Hacienda, donde, por otra parte, le he intentado siempre dar cumplida cuenta de estos aspectos.

En total, y que quede claro, primero hay que determinar por parte del Estado como Zona Prioritaria una zona y después se podrá declarar como Zona Asistida

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por la C.E.E., por la Comisión, y más tarde se podrán delimitar las ayudas, y más tarde se tendrán que determinar topes y tipos de ayudas y subvenciones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En esta Interpelación presentada por el Procurador señor Caballero Montoya, del Grupo Popular, yo tengo unas grandes dudas. Tengo unas grandes dudas porque me falta una fundamental información. Aquí se trae una Interpelación sobre un Proyecto de Ley sobre Incentivos Regionales para la corrección de los desequilibrios económicos, de cuyo Proyecto de Ley yo no he tenido conocimiento, yo no tengo noticia, yo no he podido estudiarlo. Supongo que como yo, les debe pasar lo mismo a algunos miembros del Grupo Mixto. Pienso que a través de esta Interpelación se nos podía haber incluido este texto, dentro del que era necesario para poder llevarla a cabo. Y, en este sentido, nos va a ser difícil plantear -al menos a mí me lo es- una definición concreta sobre el contenido de esta Interpelación.

Sí que a lo largo del planteamiento de la misma yo veo que hay una desconfianza con que la Junta no sepa defender bien esa necesidad de que esos incentivos regionales vengan a nuestra Región, que los necesita más que otras regiones, evidentemente, más ricas, como las que se han citado en estos momentos. Yo ni estoy en condiciones de entrar en el fondo del asunto, para ver si el Proyecto de Ley está bien planteado, ni para dar un cheque en blanco a la Junta en la seguridad de que la defensa de los intereses castellano-leoneses van a estar bien defendidos.

Ya no sé si esto que se dice en esta misma Interpelación, de que la Junta ha mantenido una pasividad, pues es cierto; si la Junta ha sido pasiva ante un Proyecto de Ley de esta envergadura, de esta importancia, o no lo ha sido. Hasta que no tengamos conocimiento de las mociones que se van a presentar como consecuencia y como conclusión de esta Interpelación, yo, por mi parte, me voy a abstener de hacer ningún posicionamiento de en qué sentido puede ir mi voto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Parlamentario Socialista, también para fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Granado Martínez.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Tengo que decir que cuando mi Grupo me encargó de la fijación de posiciones en este Pleno sobre la Interpelación del señor Caballero Montoya, y leyendo la Interpelación, el señor Caballero es tan correcto siempre en sus expresiones que me da la impresión de que había querido dejar entrever, aunque no se dice tajantemente en la Interpelación, que existía el riesgo de que con la Ley de Incentivos Regionales se discriminara a Castilla y León. Esto era el objeto de la preocupación del interpelante.

Bueno, yo leí el Proyecto de Ley, convertido ya en Ley por la Comisión correspondiente del Senado (a mí me parecía que la Ley era buena), y amplié mi información leyendo los debates de este Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados y las intervenciones de los diferentes Grupos. Y tengo que poner de manifiesto mi perplejidad ante la información que se deduce de estos debates y de estas intervenciones. Porque, curiosamente, el Portavoz del Grupo Popular en el Pleno del Congreso de los Diputados y en la Comisión correspondiente del Congreso estableció el criterio de que la Ley era una mala Ley, porque discriminaba a algunas Comunidades Autónomas, que no iban a tener acceso a los beneficios de esta Ley. Y, concretamente, decía: "Los redactores de este Proyecto todavía creen que tienen ante sí una España dualista, próspera en el norte y deprimida en el sur, la España de hace dos décadas, y creen aún que la redención del sur depende exclusivamente de la solidaridad del norte", y esto podía abundar en las preocupaciones del interpelante, en el sentido de que el norte de España estaba discriminado por la Ley. Pero es que luego aclaraba que al referirse al norte -decía- "lo expresé en el sentido que se utiliza habitualmente en política regional: la parte desarrollada frente a la parte no desarrollada del país". Es decir, el portavoz del Grupo Popular venía a decir que la Ley discriminaba a las regiones desarrolladas.

Y abundaba más: "Si se cuenta la transferencia de inversión del Fondo de Compensación Interterritorial y la de renta de la Seguridad Social, la solidaridad del norte español con el sur es ya muy considerable". Y abundaba todavía más: "Desde el punto de vista de la eficacia, nos parece también pernicioso, no solamente para estas regiones sino para todo el Estado español, que se discrimine a regiones que son todavía los motores del crecimiento español, las regiones que tienen más empresarios. Toda discriminación del norte español, que es el motor del crecimiento de la economía española, nos parece sólo perjudicial para ello por razones de justicia y por razones de eficacia para todo el Estado español. Dicho esto, presentamos nuestro proyecto (la alternativa del Grupo Popular) en defensa de las regiones discriminadas y por razón de eficacia del resto del país" ¿Y cuáles son las regiones discriminadas para el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y en el Senado? Leo textualmente: "Euskadi, Cataluña, Aragón y Navarra", por este orden.

El señor Lasuén seguía diciendo: "El deseo de promocionar las zonas subdesarrolladas y de fomentar la solidaridad nacional está teniendo el efecto de deprimir el norte español, y dentro de unos años nos vamos a encontrar con diferencias de rentas más altas. Estamos tratando de evitar que con la legislación que propone el Gobierno se discrimine más de lo debido contra el norte español, las regiones más desarrolladas, y que como

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consecuencia de ello dentro de unos años no se puedan hacer las transferencias de rentas que se están produciendo en el país para solventar la situación lamentable que se está dando en las zonas menos desarrolladas".

Es decir, se ha presentado aquí, perdón, se ha presentado en el Congreso y en el Senado de España un texto alternativo del Grupo Popular a este Proyecto, aduciendo que el Proyecto discrimina a las regiones más desarrolladas y que, por lo tanto, es perjudicial para el conjunto del país, con la teoría de que, como la recuperación del excedente empresarial es el motor del crecimiento económico, hay que colaborar en la recuperación de ese excedente en las regiones que tienen más empresarios y en las regiones que ya tienen más riqueza para que nos hagan transferencias a las regiones más pobres. Naturalmente, ya sabemos los castellanos y los leoneses cómo son esas transferencias: nosotros emigramos y los trabajadores castellanos y leoneses nos pagan las pensiones de los jubilados, que ésos sí se quedan en Castilla y León. Y esta teoría, además, tiene una forma concreta, que son dos enmiendas parlamentarias muy concretas del Grupo Popular, que se ha mantenido en el Senado y en el Congreso de los Diputados, y que dice, la primera, que ninguna Comunidad pueda tener más de doce años más del veinte por ciento de su población como Zona Asistida. Y yo me pregunto: ¿qué Procurador de estas Cortes puede decir que únicamente el veinte por ciento de la población castellano-leonesa necesita doce años de incentivos regionales, a través de esta Ley, para solucionar la situación económica de la Región? Y esto no lo dice nadie, pero lo dice el Grupo Popular en sus enmiendas, afortunadamente rechazadas; afortunadamente para Castilla y León. Y, en segundo lugar, diciendo que los incentivos regionales, las ayudas regionales tienen que aplicarse a las regiones en proporción inversa al grado de problemática de cada región. Lo que quiere decir, pura y simplemente, que las regiones con más problemas tendrán menos incentivos, las regiones con más emigración, con más desertización, con más paro o con menor nivel de renta.

Y esto es coherente con la filosofía del Grupo Popular de recuperación del excedente empresarial. Si nosotros pensamos que los ricos tienen que ser más ricos y que así va mejor la economía del país, pensaremos, lógicamente, que las regiones más ricas tienen que ser más ricas y así irá mejor la economía del país. Pero no es la filosofía del Grupo Socialista y afortunadamente no es la filosofía de la Ley que se ha aprobado. Nosotros seguimos pensando, como nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que una Ley de Incentivos Regionales tiene que corregir desequilibrios territoriales, y, en este sentido, esta Ley es una buena Ley porque va a ayudar a las regiones más deprimidas. Afortunadamente se ha rechazado la filosofía del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado; afortunadamente esta Ley no va a permitir que las regiones más desarrolladas del Estado español añadan a sus mayores facilidades, por mayor concentración de materias primas, por mayor concentración de consumidores, de mano de obra, por mayor cualificación, por mayor concentración e infraestructuras, no va a permitir que sean también las más incentivadas; no va a permitir que las Comunidades menos desarrolladas tengan que someterse al criterio absolutamente arbitrario de que únicamente el veinte por ciento de su población puede ser declarado Zona Asistida más de doce años. Castilla y León será declarada Zona Asistida en su totalidad y si lo necesita por más años lo será por más años, gracias a que la Ley se ha aprobado como se ha aprobado.

Quede, pues, tranquilo el Procurador interpelante y todos los Procuradores de Castilla y León. La Ley de Incentivos Regionales es para Castilla y León una buena Ley. Puede ser una mala Ley para Cataluña, para Euskadi, para Navarra o a lo mejor, incluso, para Aragón, como decía el Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, pero para Castilla y León es una buena Ley, para las regiones deprimidas del Estado español es una buena Ley. Afortunadamente, no han prosperado las posiciones del Grupo Popular y no se ha visto, una vez más, discriminada Castilla y León en el conjunto del Estado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Gracias, señor Presidente. Yo quiero agradecer al señor Granado las aclaraciones que aquí nos ha dado, y quiero celebrar, además, muy en voz alta, el hecho de que mis preocupaciones de que la Ley a que nos venimos refiriendo, que yo pensaba que iba a ser una mala Ley para Castilla y León, con estas garantías que el señor Granado nos da de que va a ser sólo una disposición adversa para las regiones prósperas, a la vez nos garantiza que va a ser una disposición muy positiva para las regiones pobres, para las regiones depauperadas, entre las cuales se encuentra la región de Castilla y León.

Evidentemente, el señor Granado tiene un conocimiento del desenvolvimiento de la Ley del que nosotros carecemos, porque el señor Granado ha intervenido muy directamente en él. Lo que yo no quiero entrar es en las disquisiciones que el señor Granado hace de lo que piense el Grupo Popular en el Senado o lo que deje de pensar. El Grupo Popular tiene allí una libertad de decisión y de determinación y de fijación de criterios, de la que hace uso en virtud de ese derecho fundamentalísimo, y nosotros no tenemos por qué venir aquí a entrar o salir en lo que allí se hace o se determina. Nosotros tenemos un criterio, tenemos unas determinaciones y de acuerdo con nuestro mejor y más leal saber y entender actuamos en estas Cortes. El hecho de que la preocupación que yo tenía porque la Ley a la que venimos refiriéndonos fuera una Ley que viniera a causarnos perjuicios no sea así no hace más que congratularme, lo cual me hace que tenga que agradecer nuevamente al señor Granado esa amplia información que, evidentemente, él conoce muy profundamente porque corresponde, en su desenvolvimiento, a un puesto que el señor Granado ocupa durante la Legislatura. Muchas gracias. Pag. 1150

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, gracias. Señorías. Yo pienso que está agotada la discusión en relación con esta Interpelación en forma de tres preguntas. Desde luego, agotada por lo que hace referencia a lo que en esta Cámara podría debatirse, ya que suficientemente se ha debatido en otras Cámaras, en las Cortes Generales (Congreso y Senado), como ha puesto de manifiesto mi compañero de Grupo Octavio Granado, también Senador.

Sin embargo, quisiera concluir con algún elemento, que no clarificador, pero sí orientativo de lo que va a ser la política de la Junta en el marco que le posibilita la Ley de referencia.

Evidentemente, no va a ser una política que se centre o que parta de la visión de esta Comunidad como Comunidad depauperada. Le aseguro que no. Entiendo puede, desde su subjetividad, apoyar ese concepto, pero entiendo, y múltiples veces lo hemos reiterado, que cabe ya, que ya es hora de abandonar conceptos periclitados, que miremos, en todo caso, al futuro, y no precisamente con términos como esperanza, sino al futuro con posiciones de trabajo y viendo, sobre todo, las posibilidades profundas que de desarrollo esta Comunidad tiene en determinados sectores. Pongamos todos el esfuerzo de nuestra parte llegar a metas que le aseguro podemos llegar. Primera observación, pues, pero que pienso que, aunque de cariz casi filosófico, ya diría cabe la pena que la tengamos en cuenta en cuantas discusiones o debates establezcamos en esta Cámara, para no caer en la mera elucubración.

Segunda: pienso que esta Ley ha posibilitado varias cosas. En primer lugar, acabar con un sistema de incentivos que, como Su Señoría sabe... Le puedo leer en estos momentos las distintas etapas de la política regional y los distintos incentivos existentes hasta el año setenta y cinco en España, abanico de incentivos complejo, disperso, no selectivo, descoordinado, arcaico y obsoleto, y esto es algo que cualquier analista de la política económica de este país del cincuenta y uno al setenta y cinco tiene que entender, dando lugar a una política discrecional y proteccionista, precisamente, no coordinable con la política de ayudas regionales establecidas por la C.E.E. Para eliminar, precisamente, el proteccionismo, para posibilitar un sistema simplificado -tal como quieren las normas de la C.E.E.-, racionalizado y sistemático de incentivos es por lo que el Gobierno del Estado se ve obligado a establecer esta norma. Y mire por qué y por dónde se viene obligado: por y para establecer coherencia y compatibilidad con el sistema de ayudas regionales que se prevé en la C.E.E. ¿Dónde se prevé en la C.E.E.? Señoría, sabe que -podemos ver toda la normativa y textos de la C.E.E.- fundamentalmente en dos momentos: Primero, en el artículo 92, 93 y 94 del Tratado de Roma (le puedo ofrecer a Su Señoría un análisis detallado, desde el punto jurídico, desde el punto de vista jurídico y económico de dichos tres artículos), que dan un salto cualitativo con lo establecido en el Tratado C.E.C.A. en cuanto a ayudas, pero que, fundamentalmente, permitiéndolas y abriéndolas (ayudas propias de cada país, internas), establecen, sin embargo, unos requisitos de control y vigilancia, en definitiva unos requisitos que obligan a que las distintas Comunidades Autónomas se rijan por esos artículos -92, 93 y 94 del Tratado de Roma- a la hora de establecer incentivos propios. Segundo nivel: a la hora de poder acudir a incentivos de la Comunidad, y a través precisamente, o después precisamente de la ruptura de política de incentivos de la Comunidad en el año setenta y cinco, en el Reglamento del F.E.D.E.R. (si quieren, la última visión, revisión del Reglamento del F.E.D.E.R., Junio, diecinueve de Junio del ochenta y cuatro) se establecen condiciones claras de cómo acceder a las ayudas extra-país, extra-estado miembro, a las ayudas comunitarias. Y, en concreto, ya antes incluso, en la Comunicación de la Comisión del tres del doce del setenta y nueve sabe Su Señoría que se establecen los regímenes regionales de ayuda con finalidad regional.

Tres momentos claves que, vistos los cuales, obligan al Gobierno del Estado, obligan, le han obligado a hacer esta Ley para buscar la coordinación y posibilitar, primero, implementación de política de ayudas fundamentalmente vía financiera más que vía fiscal, implementación de política de ayudas dentro del Estado, estableciendo zonas y topes dentro del Estado; y, en segundo lugar, establecimiento de cauces para y condiciones para poder acceder a las ayudas extra-estado, a las ayudas comunitarias. Es por lo que se hace esta Ley, ni más ni menos. Buscando, eso sí, establecer un mecanismo de coordinación y de ajuste con las normas que establecen qué tipo de ayudas se pueden dar dentro del Estado y cómo se puede acceder a las de fuera del Estado; es decir, artículo 92-94 del Tratado de Roma y Reglamento del F.E.D.E.R., donde, como sabe Su Señoría, se establecen topes máximos, tipos, zonas, características de las zonas, etcétera, etcétera.

Dicho esto, yo pienso que tenemos que concluir que precisamente por esto es una buena Ley, porque nos va a permitir, en esta Región en concreto, acceder o conceder, por parte del Gobierno regional y del resto de las Administraciones que se han de poner en coordinación, ayudas a la inversión superiores a las que concedan otros gobiernos de otras Comunidades Autónomas; punto primero. Y porque nos va a posibilitar a esta Comunidad, declarada Zona Prioritaria, acceder a ayudas exteriores, de la Comunidad Económica Europea, en mayor cuantía, evidentemente, que las zonas no declaradas prioritarias. Por esto es beneficiosa para esta Comunidad. Aparte de que consigue una clarificación en los mecanismos de ayuda, que ya era hora de que pudiéramos tener presente.

Simplemente por eso considero que la Ley es buena, en sí, como elemento racionalizador de política económica

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y hacia la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde el momento que Castilla y León, la Comunidad Autónoma, sea declarada Zona Asistida por las razones que he tenido a bien expresar aquí y explicar. En todo caso, a partir de ahora en lo que sí que tenemos que tener todos cuidado es en el desarrollo del Reglamento, para poder participar de forma directa la Comunidad Autónoma de Castilla y León en aquellas previsiones que por Ley se contempla van a participar las Comunidades, y de la forma más adecuada para la Comunidad de Castilla y León.

Dicho esto, yo pienso que manos a la obra, Señorías, y concluyamos, incluso en este momento ya, esta Interpelación. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a los puntos tercero y cuarto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Tercer punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Pablo Caballero Montoya, relativa a solicitud de ayuda de los distintos Organismos de la C.E.E., publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 84, de 24 de Octubre de 1.985".

Cuarto punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Pablo Caballero Montoya, relativa a actuación y gestiones de apoyo a las demandas dirigidas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 84, de 24 de Octubre de 1.985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Reunidas la Mesa y la Junta de Portavoces, de acuerdo con el artículo 155.1 del Reglamento, esta Presidencia ha decidido acumular para su debate ambas Interpelaciones, dada la estrecha conexión del tema de fondo de una y otra.

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Gracias, señor Presidente. Señores Parlamentarios. Evidentemente, es conforme esta acumulación de los dos temas y, puesto que "tanto monta, monta tanto", vamos a empezar hablando del F.E.D.E.R., que era precisamente objeto de la segunda Interpelación y que, de alguna forma, continúa tratando del tema que ahora mismo ha sido expuesto aquí por nuestro señor Consejero de Economía y Hacienda cuando tan ampliamente nos ha hablado del Reglamento de junio del ochenta y cuatro, vigente desde mil novecientos ochenta y cinco en este país y en toda Europa.

Empezando por este tema monográfico del F.E.D.E.R., debe decirse que todas las actuaciones originadas ante el mismo son actuaciones condicionadas. Desde el primer condicionante, que es la reunión de los requisitos y condiciones precisos en quien demanda, seguido de otro fundamental, que es la aceptación por el Gobierno del país miembro de la solicitud, a la que debe apoyar económicamente, se generan una serie sucesiva de exigencias, de las que cabe resaltar, primero, esa coordinación entre ayudas regionales y medidas nacionales que exige el artículo 92 del Tratado de Roma, y segundo, la presencia de objetivos de política regional, como elemento esencial de la política económica general, según el Reglamento 1787/1.984.

Todo ello conlleva una reclamación de atención excepcional por parte de quien redacta las peticiones hacia el seguimiento -que más debiera ser persecución- de los trámites y de los logros que cada demanda debe ir alcanzando sucesivamente. Esto que es motivo de esencial preocupación para mi Grupo pudiera no haber recibido suficiente valoración por parte del equipo de nuestro Gobierno regional y es por ello por lo que, desde un afán de abierta y clara colaboración, intentamos aclarar y definir las actuaciones ya originadas con tal motivo y las que aún deben seguirse originando desde esta Junta. Colaboración que merece una preocupación fundamental porque el desarrollo armónico de la política regional que la Comunidad Europea promueve origina el que el F.E.D.E.R. esté aportando tan sólo un tercio de las ayudas que Europa destina al desarrollo regional, aunque esté creando el cincuenta por ciento de los puestos de trabajo que se genera en ellas. El F.E.D.E.R. es como la puerta principal de todas las ayudas regionales, que luego se complementarán con otros fondos estructurales, además de las ayudas prestadas desde el Banco Europeo de Inversiones.

El Comité de Política Regional jerarquiza las ayudas y amplía los recursos para financiar proyectos específicamente comunitarios del desarrollo regional. Desde el sistema de horquillas del nuevo Reglamento, gradúa las posibilidades de las concesiones, y bien sería de desear que los tratos preferentes de que gozan Grecia, Irlanda o Italia fueran también asignados a España, y en ella a las regiones más depauperadas del reino. Hoy mismo nos llega por la prensa nacional una notificación de que Andalucía será la región más favorecida después de Grecia y de Irlanda. Lo celebramos; vamos a ver si con un poco más de suerte la región que la sigue sea la castellano-leonesa.

Sin embargo, pensamos que el mayor enemigo de nuestro posicionamiento ante el F.E.D.E.R. no lo tenemos en Europa, sino precisamente en nuestro Gobierno Central. Grave este riesgo, nacido de criterios tan incongruentes como el utilizado cuando se pretendió alcanzar el trato preferente del F.E.D.E.R. para todo nuestro territorio nacional. Incongruencia que después no se ha modificado muy sustancialmente, cuando la última posición sometida a la Comisión Europea es sólo algo diferente de ella. La propuesta sensata -primera parte de nuestra exposición- se acoge al criterio del F.E.D.E.R. de incluir preferentemente, en la adjudicación de ayudas, a las Comunidades Autónomas cuyo

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Producto Interior Bruto sea inferior a la media nacional; es decir: Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia y ambas Castillas. Pero aquí ya comienza el desafuero, al pretender incluirse, por ejemplo, a Huesca y Teruel, que son parte de un territorio que, en su conjunto, no cumple el requisito básico y que además se encuentra en la Región de mejor futuro de España por la simple evolución natural de nuestra economía ¿Y qué decir cuando además se incluyen zonas como Navarra, Guipúzcoa, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid -que ya mencionamos antes-, Alava o Rioja? Así no se crea desde dentro nuestra propia... se nos crea desde dentro nuestra propia competencia, a favor de regiones prósperas que pueden muy bien ayudar por sí mismas a sus zonas desfavorecidas. Entonces, ¿qué debemos hacer las regiones íntegramente desfavorecidas?

Pero sigamos. Otro tema de preocupación es el de los programas integrados, que comprenden medidas públicas y privadas para zonas con graves problemas, en las que la colaboración de diversas instituciones comunitarias, autoridades nacionales y locales, provean proyectos de inversión multisectorial coherentes y coordinados. ¿Existe, realmente, previsión de que se apliquen en nuestra Autonomía medidas de este tipo? Espero la adecuada respuesta del señor Consejero.

Que conste que no hacemos ninguna referencia a los programas integrados mediterráneos, que ya de por sí solos podrían llegar a constituir un capítulo esencial de ayudas fundamentales, porque la ausencia de criterios técnicos objetivos de la Comisión Europea para añadir los planes integrados mediterráneos a Grecia, Italia y Francia hacen imprevisible qué criterios van a seguirse para aplicárselos a España.

Respecto del resto de las ayudas europeas que puedan beneficiarnos, debiera decirse que, con independencia del alcance mayor o menor que todas ellas encierran como elementos de ayuda regional, hay dos que muy particularmente son interesantes para nosotros; me estoy refiriendo al FEOGA y a la CECA. La primera podría proporcionar sustanciales ayudas a nuestra agricultura; la segunda, como ya menciono en el enunciamiento de mi Interpelación, podría aportarnos -y siento que no esté el señor Consejero de Industria- desarrollo sobre hidrocarburos, prospección de uranio, gasificación y licuefacción del carbón, energía geotérmica y solar, etcétera. No se desprende, por tanto, del Tratado CECA exclusivas ayudas para las zonas carboníferas o siderúrgicas, y todas las ayudas que he mencionado pudieran tener aquí una amplia repercusión.

Creo que huelga hablar del Fondo Social Europeo porque precisamente mañana el Consejo General del INEM va a tomar determinaciones que nos van a afectar sobre la aplicación en España de este nuevo... de este antiguo que no es nuevo- apoyo europeo.

Pero quiero referirme a los niveles organizativos desde la formación y desde los cuales nuestra Junta tiene que enfocar y promover para Castilla y León el tema trascendental de nuestra incorporación a la Comunidad Europea. Tengo la impresión de que la promoción originada es insuficiente y de que, dentro de su escaso desarrollo, peca de dispersión. Posiblemente, la categoría de alguna de las personas en las que se ha delegado esta misión minorice el problema, pero, de todas las formas, el planteamiento que Castilla ha hecho de la problemática europea como consecuencia de nuestra integración en la C.E.E. ha sido insuficiente, y la mejor demostración de ello es la de que nada de lo actuado en este terreno ha llegado a trascender, no ya al gran público, sino ni siquiera a los señores Parlamentarios. La formación, tardía y hasta hoy ineficaz, de una Comisión provisional de parlamentarios para entender de estos temas no pasa de ser una mera justificación. Deberíamos intentar constituir próximamente e inmediatamente esta Comisión de la C.E.E., haciendo comparecer ante ella, si es necesario, y pienso que sí lo es, al mismísimo señor Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, y haciendo que se empiece a trabajar seguidamente y de forma regular, dándola una cumplida cuenta de todo lo que aquí se actúa en el terreno amplísimo de la Comunidad Económica Europea.

Y porque más vale tarde que nunca, debiera reconsiderarse este escaso nivel con que los temas europeos se están persiguiendo en nuestra Junta y verse qué medidas procede adoptar, ya que el desarrollo de todos los acontecimientos que nuestra adhesión a la Europa Comunitaria ha de aportarnos no nos pilla con ese nivel, nos pillará con un nivel de insuficiencia -a cuarenta días fecha- que tenemos que lamentar abiertamente y que no es, precisamente, el que otras Comunidades Autónomas tienen en el referido efecto.

El tema ya lo hemos calificado de trascendente; no cabe que nadie lo catalogue de baladí. El propio Profesor Granel ya nos advierte de que el ingreso en la Comunidad Europea es un reto claro para las administraciones de las Comunidades Autónomas, que deben promover programas de promoción de sus funcionarios, adecuándolos a las exigencias comunitarias, y reorganizar sus servicios administrativos en todas las esferas de su competencia donde sea previsible una elaboración entre las esferas de los estados miembros, las propias Comunidades Autónomas y las instancias comunitarias. Si de verdad todo esto ha sido ya previsto, agradeceremos que nos sea aclarado, para evitar este grado de incertidumbre y de verdadera inquietud que la posible imprevisión -que sería inadmisible- nos produce. Por todo ello, esperamos las debidas aclaraciones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, gracias. Señorías, señoras y señores. A mí me descabalga un poco la conjunción de las dos Interpelaciones, por una razón: porque en las presunciones de que partía, aunque en el fondo pudiera haber una

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línea en común, y la naturaleza misma de las preguntas en que se concretan esas Interpelaciones podían ser algo dispares. Por ello, me voy a referir, fundamentalmente, a lo planteado por Su Señoría en las Interpelaciones que presentó por escrito, y después tendré mucho gusto en referirme a algunas de las acciones que la Junta al respecto de este tema ha iniciado y está desarrollando, e incluso a alguno de los aspectos que podrían aclarar a Sus Señorías en relación con este tema tan importante, pero que si no tenemos ajustado conocimiento del mismo nos puede llevar a establecer formulaciones gratuitas. Y, desde luego, formulación gratuita, a mi juicio, sería mantener que la Junta no ha mostrado suficiente voluntad y empeño en enfocar este tema, en adecuar sus actuaciones en esta materia y, en definitiva, en ir preparando, en la medida de lo posible, estructura política y organización a la futura entrada o integración de España en la C.E.E.

En relación con la primera Interpelación (me voy a referir a ellas en concreto), para empezar les puedo decir que basa la misma en un estudio o análisis del Dossier de la Europa, que yo le diría lo siguiente a Su Señoría: me parece que no es conveniente tomar esta publicación como referencia básica para conocer o ampliar las ideas sobre la Comunidad; hay que ir a las publicaciones oficiales, y oficiales de la Comunidad, tanto de la Comisión como del Comité, como del Parlamento Europeo. Ahí sí que puede encontrar las ideas básicas.

Como he reiterado, además, insistentemente yo mismo, la integración española a la C.E.E. constituye una dimensión esencial muy a tener en cuenta en toda la actividad de la Comunidad, en toda la actividad de la Junta, y de modo especial en las actuaciones de política económica. Pero el aspecto fundamental a considerar, señor Caballero -y esto es una reflexión, a mi juicio, importante-, no es el de las ayudas provenientes o por provenir de los fondos estructurales comunitarios, pese a la indudable importancia que tienen, sino el del impacto, el del efecto, el de la respuesta al impacto y el de las políticas o conjunto de política de ajustes que permitan asumir, de la forma más favorable para la Comunidad, dicho impacto, es decir, para que los efectos de la integración sean los más beneficiosos posibles a la Comunidad. Y, evidentemente, como elemento central si se quiere, dentro de esa política estará la de la búsqueda de ayudas. Pero no nos centremos sólo en las ayudas; eso sería un reduccionismo, a mi juicio, exacerbado.

¿Que qué hace la Junta en relación con las mismas, sin embargo? Bueno, alguno de los instrumentos básicos de la política regional comunitaria yo pienso que los conoce perfectamente Su Señoría, y, a partir de los mismos, cómo se llega una ayuda; pienso que no es necesario, sería obvio, repetirlos por mi parte. Pienso que se conoce que no solamente es necesario un informe periódico por parte de la Comunidad, el análisis de dicho informe periódico por parte del Comité de Política Regional, el análisis del impacto regional, el análisis de los P.D.R., etcétera.

Y precisamente -y la Comisión le aseguro que está estudiando nuestro P.D.R.-, si Su Señoría examina el P.D.R. de Castilla y León para el período ochenta y cinco-ochenta y ocho, que no ha dudado en calificar muchas veces de lamentable (evidentemente, a ver si convertimos esta mesa en muro de lamentaciones), encontrará sin duda (se los voy a citar, las páginas) alguna de las referencias de las orientaciones generales y de las posibilidades concretas que prevemos para establecer una política de desarrollo regional de acuerdo con el proceso de integración. Y así, yo pienso que le podré evitar ciertas lamentaciones y cierto desasosiego a Su Señoría.

Hay referencias continuas -piense, Señoría- en el P.D.R. a los efectos derivados de la integración española en la C.E.E. y a la política regional comunitaria. Y así, si nos centramos en el que tampoco le gusta a usted, en el Capítulo III del P.D.R., cuya estructura viene dada por criterios comunitarios, referido a acciones o medidas de desarrollo, Su Señoría puede comprobar referencias como las siguientes (y he empezado, si quiere, por la última parte para poder dedicar luego el resto al tema del FEDER): a) Operaciones o programas integrados de desarrollo, páginas nueve, noventa y tres y ciento diecisiete-ciento dieciocho, en la triple dimensión de mecanismo general de actuación sobre las áreas más desfavorecidas, contribución al fomento de industrialización no polarizada y articulación de planes de desarrollo comarcal con criterios de solidaridad intrarregional y ordenación del territorio; resumen de las referencias que hacemos a las operaciones o programas integrados de desarrollo y que yo, incluso, después le puedo ampliar con las distintas páginas y el análisis de esas páginas del P.D.R.

También en el P.D.R. encontramos las previsiones de articular las ayudas, sistemáticamente, directas o indirectas del FEOGA. Y así, se hace referencia expresa a las mismas en la Pag. 1154

con atención), vamos a hacer alguna reflexión en relación a ayudas integradas de desarrollo, ayudas comunitarias y, si ha lugar, al FEDER.

Operaciones Integradas de Desarrollo. Bien; es necesario, ante todo, conocer lo que implica esta figura a tenor de lo previsto en el artículo treinta y cuatro del Reglamento del FEDER. Las operaciones integradas de desarrollo representan un tipo de intervención no estrictamente similar al resto de intervenciones, sino que implican sobre todo un enfoque para determinadas intervenciones. Esta es su filosofía. Es decir, la filosofía del desarrollo integrado es la de la interacción -aquí está la clave- de todos los niveles sectoriales o específicos de actuación, implicando además a todos los niveles de decisión pública presentes en un territorio, las tres administraciones; es decir, únicamente no puede partir de una sola Administración y así lo implica claramente el artículo 33, el artículo 34. Y enlazan perfectamente, por lo tanto, con el gran énfasis (esta filosofía) concedido por la política regional comunitaria a la coordinación horizontal multisectorial como en el sentido de coordinación vertical entre las tres administraciones, tanto en el sentido de coordinación vertical entre las administraciones públicas: Administración Central, Administración Autonómica y Administración también Local, como le puedo demostrar después que se ha buscado por parte de la Junta, y en concreto por parte de esta Consejería.

El Reglamento del FEDER reserva la realización de operaciones integradas de desarrollo para zonas geográficas, además, muy concretas, con graves problemas de subdesarrollo industrial o de declive industrial. Y debe indicarse, sin embargo, que la materialización práctica de estas figuras en la Comunidad Económica Europea no parece haber alcanzado -lo sabe Su Señoría- grado suficiente de maduración o de desarrollo alguno. Y así, por ejemplo, no seamos precipitados en esta materia cuando actualmente -y eso se lo puedo además trasladar- existen solamente dos operaciones integradas de desarrollo en áreas urbanas en toda la Comunidad Económica Europea: la de Belfast y la de Nápoles, lo sabe usted, y que también solamente existen dos programas de desarrollo integrado en áreas rurales, como son el Departamento francés de Lozère y las Islas Nuevas Hébridas en el norte de Escocia. Cuatro en total operaciones. Por favor, demos los pasos a su tiempo y cuando tengamos estudiados detenidamente todos los temas; no queramos precipitarnos y entonces perder comba precisamente por eso.

Y en relación con el P.D.R., además, se prevé -y ahí lo puede ver usted, Señoría- extender la consideración de operaciones integradas de desarrollo para que podamos llegar a las mismas, a los programas de ordenación y promoción de zonas agrícolas de montaña. Esto lo ve en una de las páginas que les he citado. y también extenderlas a la acción sobre otras comarcas especialmente deprimidas de la Región que no caen dentro del ámbito de la regulación normativa existente para las zonas de agricultura de montaña.

En este sentido, le puedo ya asegurar, para su tranquilidad, que la Junta de Castilla y León está elaborando una metodología para el desarrollo organizativo y la selección de las zonas donde se pueden realizar operaciones integradas de desarrollo. ¿Por qué? Porque eso sería y es una necesidad básica y previa a la elaboración de cualquier plan de ese tipo.

Ayudas comunitarias. Las ayudas comunitarias, fuera de las operaciones integradas de desarrollo que tanto preocupan a Sus Señorías, pero que le digo que hay que ser muy realistas y ver cómo están en la Comunidad Económica Europea y qué se debe hacer antes de iniciarlas, además de estudiar y determinar los estudios de comarcalización que la Junta tiene en estos momentos en estudio, en análisis. Refiriéndome ya a las ayudas comunitarias genéricamente hablando, a solicitar según organismos o campos de actuación, se han solicitado o se van a solicitar, primero, principalmente ayudas del FEDER en lo que se refiere a infraestructuras y actividades industriales, artesanales y de servicios. La relación completa de todos los proyectos se la puedo facilitar después más tarde, cuando sigamos, a Sus Señorías. Y también ayudas FEOGA, directas e indirectas, especialmente para planes de agricultura de montaña, sin perjuicio de su consideración, como le decía antes, como operaciones integradas de desarrollo, que es como lo queremos ubicar y presentar, para posibilitar, precisamente, la consecución de operaciones integradas de desarrollo. Pues en estas, precisamente, figuras se produce la interrelación entre todos los fondos estructurales comunitarios, como Sus Señorías saben, y también estas ayudas directas e indirectas del FEOGA se han solicitado no solamente para planes de agricultura de montaña sino para comercialización e industrialización agroalimentaria, en aplicación del Reglamento 355 y todo lo referente al desarrollo de las explotaciones agrarias, reduciendo los costes y mejorando los niveles de productividad y rentabilidad, y el rejuvenecimiento de la población activa agraria, apoyando especialmente a los agricultores jóvenes; temas todos estos que en su momento se los podrá explicar mejor que yo el Consejero de Agricultura. De la misma forma que mejor que yo se lo podrá explicar el Consejero de Industria, se solicitan y se están estudiando -pero el plazo es superior al treinta de febrero, su presentación, y se lo he comunicado en algún momento, ha habido una ampliación del plazo- ayudas también del Fondo Social Europeo, teniendo en cuenta la previsible declaración de Castilla y León como zona superprioritaria o de máxima prioridad y de tasa mejorada que se denomina técnicamente, a efectos de ese instrumento, y destacando, por su presentación al mismo, los programas, dentro de los que estamos trabajando, de empleo juvenil y Formación Profesional. Todo ello sin descuidar otras posibles ayudas provenientes de instrumentos comunitarios, que resultan menos importantes, bien por su cuantía, bien por su significación. Para el final dejo el tema de la participación de las Consejerías.

En relación con el tema del FEDER y las actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda, fundamentalmente, le voy a intentar relatar más tarde lo que

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hemos podido hacer. Lo que sí que le puedo decir es que no únicamente hemos remitido; hemos analizado conjuntamente con las distintas Consejerías, conjuntamente con las distintas Diputaciones de esta Comunidad, tal vez la primera actuación de la Junta conjuntamente, en materia de política económica, con las Diputaciones, no sé si lo ha resaltado Su Señoría. Después tendré a bien darle y detallarle esta actuación conjunta. Y conjuntamente Consejería-Diputaciones (Consejería de Castilla y León, la Junta) y con distintas reuniones de trabajo en Bruselas también por parte de expertos de la Comunidad y de altos cargos de la Comunidad, hemos podido conseguir un cuadro más acertado de elaboración de las solicitudes de las distintas políticas, perdón, de las distintas ayudas a solicitar, pero sobre todo de las del FEDER, por la urgencia que ello suponía.

Es decir, no solamente, Señoría, nos hemos limitado a redactar proyectos del FEDER, lo hemos hecho con una planificación y programación que creo que es adecuada en el tiempo, no solamente dentro de la Comunidad, dentro de, perdón, las distintas Consejerías y Junta, en relación también con la Administración Local y Junta, en relación con la Secretaría de Estado y Junta y en relación con organismos, como le podré indicar si lo desea, con organismos del FEDER y con distintos Directores Generales de las distintas Direcciones Generales de la Comunidad Económica Europea, reuniones que tuvieron lugar en julio, y también con el montaje de distintos cursos para funcionarios de la Comunidad y de fuera de la Comunidad para la preparación de los mismos. De todo ello podré darles cumplida cuenta, le podría haber dado cumplida cuenta si el tiempo me lo hubiera permitido. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Muchas gracias, señor Consejero, por sus amplias aclaraciones. Lo que yo no entiendo es ese interés suyo en venir a recalcarme temas y más temas del P.D.R., que sabe Su Señoría sobradamente que no son los santos de mi devoción, sobre todo cuando, además, quiere hacer una mención muy expresa del tomo III, que es un tomo que sigue sin cuantificar. Yo le diría a Su Señoría, no a título de consejo sino de orientación, porque yo difícilmente puedo aconsejarle al señor Consejero, es él el que es Consejero para aconsejar, que de una vez hiciera un Plan de Desarrollo que mereciera la pena, que lo entendiera el pueblo, que se nos alcanzaran los fines y las finalidades que tiene, pero, sobre todo, que en ese brazo ejecutor -como yo le llamaba el otro día- que es el Presupuesto de Castilla y León acabe reflejándose de una vez, porque hasta ahora todas las cosas que el señor Consejero me dice -agradezco hasta la cita expresa de las páginas en las que consta- me parecen muy bien, pero todo eso continúa sin aparecer en el desarrollo del Presupuesto de Castilla y León de mil novecientos ochenta y cinco y en el de mil novecientos ochenta y seis, y además puedo decir y puedo añadir que en el de mil novecientos ochenta y seis esas reiteradas citaciones y menciones que se hacen desde el P.D.R. al tema europeo no aparecen ni por casualidad. Esto es una mera coincidencia a la que yo quiero hacer una referencia de auténtica pasada.

Unicamente ahora quiero hacer una mención, pero bastante expresa, a las actuaciones de la Junta y a las preocupaciones de la Junta por el tema europeo, y yo tengo que decirle a Su Señoría que no hemos tenido ninguna noticia de que esas preocupaciones existieran. Esa misma mención que nos hace Su Señoría en el último momento, cuando para hablar de Europa nos remite a la Consejería de Agricultura, a la Consejería de Industria, tenemos que decirle a la Consejería de Economía, consecuentemente: son la mejor demostración de que el tema está disperso y de que no está concreto.

En enero de mil novecientos ochenta y cuatro, las Comunidades Autónomas estaban ya alertadas de que éste era un problema esencial; entonces se celebró la Conferencia de las Regiones en Estrasburgo, y no tenemos noticia de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León estuviera allí presente. No sé si me equivoco, corríjame si así fuera, pero desde luego sería un dato muy de considerar.

Por otro lado, la Secretaría de Estado para las relaciones con la Comunidad Europea ha venido celebrando reuniones sucesivas de información con todas las Comunidades Autónomas, y a finales de mil novecientos ochenta y cuatro con ustedes llevaba doce reuniones, más las que haya habido en mil novecientos ochenta y cinco. Creo que, como alerta, también podía ser muy interesante.

Pero el tema al que yo me refiero y al que sigo queriendo hacer mención es al de que nos falta el órgano que exclusivamente, preferentemente y de una forma clara y definida se ocupe de los temas comunitarios desde la Región de Castilla y León. Le voy a citar a Su Señoría que la Generalitat de Cataluña ya en mil novecientos ochenta y dos constituyó el Patronato Catalán para Europa, en el que figuran como patrones las Cámaras de Comercio, las Universidades, las Escuelas y las Cajas de Ahorros. Además, la misma Generalitat en mil novecientos ochenta y cuatro estableció la Dirección General para la Adecuación de las Comunidades Europeas, de cara a la participación en los planes, ayudas y fondos, no desde cada Consejería por su cuenta, sino desde una organización centralizada de la propia Comunidad Autónoma.

El Gobierno Vasco creó en mil novecientos ochenta y cuatro el Gabinete Técnico para asuntos relacionados con la Comunidad Europea, con dos secciones, una jurídica y otra económica. Creo que también es una forma de actuar muy consecuentemente ante un tema de la importancia que tiene el tema europeo. Y el Gobierno de Navarra en mil novecientos ochenta y cuatro también creó una Comisión Técnica para Asuntos Comunitarios. El Gabinete de Cantabria, además, también

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posee un Gabinete de Estudios y Relaciones con la Comunidad Europea, como órgano de asistencia a la Consejería de Presidencia.

Esto es lo que yo llamo haberse preocupado y haberse organizado con buen nivel para atender la problemática derivada, desde el ámbito de las Comunidades Autónomas, al tema de la Comunidad Europea. El resto de las aclaraciones que el señor Consejero me ha dado son muy de agradecer, he tomado muy buena nota de ellas, y efectivamente quiero hacerle una aclaración; también le agradezco el consejo de no seguir muy al pie de la letra el contenido del dossier de Europa, pero debo aclarar al señor Consejero -él lo sabe ya sobradamente- que no deja de ser también una publicación oficial. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Bien; como todavía, señor Presidente, Señorías, además de esta intervención resta alguna otra y Su Señoría inquiere sobre tantos temas, me voy a centrar, independientemente de algunas cuestiones que han quedado en el tintero, en las últimas que aquí me presenta, muy rápidamente.

P.D.R. Mire, lo que yo he querido es decirle que, bien o mal, ahí estaban indicadas las actuaciones que en materia de ayudas y solicitud de ayudas, sean subvenciones, créditos, bonificaciones, etcétera, pensaban realizar las distintas Consejerías, la Junta, en definitiva, una vez establecida la integración. Es decir, existía esa política, no se puede decir que no existía; usted puede decir que era mala, yo que era buena. Desde luego, se ha dicho algo. En Madrid se ha dicho que es buena; no ha sido, precisamente, de los menos vituperados nuestro Plan de Desarrollo, por eso yo he entrado en valoraciones del mismo. Tendríamos que entrar en valoraciones. Mire, en concreto están ahí, por eso le he dado las páginas. Y luego podríamos discutir si el tomo III ha de ser cuantificado o no, qué exige la metodología o no, pero es otra cuestión.

Segunda cuestión: Conferencias Regionales. Mire, usted sabe que Castilla y León, por las razones "X", no era miembro de las Conferencias Regionales, de la Conferencia Regional de la Comunidad, y por tanto no pudo estar en Estrasburgo. Sí que va a estar el Presidente, ya está hoy el Consejero de Industria en Estrasburgo -por eso no está aquí-, y el Presidente el jueves en Bruselas, precisamente para asistir a ese tipo de conferencias, a la Conferencia Regional.

Tercero: cuestiones de reuniones y contactos con la Secretaría de Estado. Mire, hemos tenido múltiples, no doce como entonces; hemos tenido al menos veinte, y las ha tenido esta Consejería en concreto, y reuniones no solamente de los grupos de trabajo, sino reuniones bis a bis que nos han permitido elaborar las dos veces, y presentar las dos veces, en los dos períodos de seis meses, ser la Comunidad que ha presentado la primera, tanto en Junio como ahora en Octubre, los proyectos del FEDER, precisamente por ese contacto permanente, por ese trabajo de profundización permanente. Y además proyectos que no han sido devueltos ni uno de ellos, porque técnicamente están bien realizados. Y le puedo decir que ha costado que se realizaran bien, porque era la primera vez, no por otra.

Organo que se ocupe. Me hace una relación de órganos que se ocupan en otras Comunidades. Le voy a decir una cosa muy bajito, muy bajito: lea el Boletín, por favor, el Oficial de Castilla y León del año ochenta y tres, y encontrará un Decreto donde se nombra y se establece un órgano, compuesto por tres Consejeros, para desarrollar cuantas acciones de relaciones en temas comunitarios tenga la Comunidad de Castilla y León con la Secretaría de Estado y con otras instancias. Por favor -y se lo digo muy bajito-, del año ochenta y tres. Fíjese, al poco tiempo de constituirse la Junta. Pero es que el C.I.P. se establece también por Decreto, y el Comité de Inversiones Públicas de la Comunidad, entre otras materias, entre otras funciones, el Comité de Inversiones Públicas de la Comunidad tiene la del análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de inversión que se elevan al FEDER o en su caso al Fondo Social Europeo para solicitud de subvenciones. Y está así establecido en la norma. Léala, por favor. Y, si quiere, ya en el organigrama lea el Decreto de desarrollo de la Consejería de Economía y verá cómo en el organigrama hay un Servicio de Relaciones Exteriores que precisamente es para eso. Y alguna cuestión más que estos días ha aparecido en el Boletín Oficial de la Comunidad. Es que hay que leerlo.

Y con esto terminaría lo que hace referencia -pero todavía no me quedo satisfecho, le voy a dar más datos-, lo que hace referencia a las cuestiones que me ha planteado. Sí, un solo dato: cuando dice que, por favor, la opinión pública tampoco se entera, no se entera nadie; claro, si no se lee no se entera. Vea usted el "Cinco Días", revista esencialmente de economía, entiendo yo, del veinte de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, página tres, donde se dicen los proyectos de Castilla y León y se elaboran, perdón, se relatan uno a uno los proyectos que fueron presentados en Junio por esta Comunidad. Yo no sé qué periódicos lee usted de economía, yo sí que leo el "Cinco Días". Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para fijar posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, Señorías. A mí me ha sorprendido que esta mañana se trajeran estas dos Interpelaciones, y otra más que viene después por un miembro del Grupo Socialista, en las que en todas ellas se marca una misma filosofía; yo creo que es la filosofía de la pobreza de nuestra Región y la filosofía de la mendicidad. Porque lo que se trata es de saber cuántos organismos hay en la Comunidad

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Económica Europea y a cuántos vamos a pedir ayudas y cómo vamos a seguir esas peticiones de ayudas, o sea, cuántas veces tenemos que pasar la gorra y cómo tenemos que llevar esa gorra y, bueno, y si vamos a vigilar bien que esas ayudas nos las den.

Yo creo que hay poca filosofía más que ésta que yo estoy diciendo en estas Interpelaciones. Luego, sí, hay una serie de acusaciones en las cuales se habla del lamentable P.D.R., lamentable hasta en el nombre, como yo decía el otro día. Se habla también del menosprecio que las regiones no industrializadas merecen al actual equipo gubernamental. Hombre, yo desearía que esto no fuera del todo verdad, y lo lamentaré si es verdad que se está menospreciando a las regiones no industrializadas. Y, bueno, y poco más, porque luego se sigue incidiendo que nuestra Región tiene problemas de desarrollo, como región deprimida que es, que la Región está en declive, etcétera. Creo que esto es una verdad; yo el otro día señalaba con unos datos estadísticos que el paro, por ejemplo, en estos dos años ha aumentado en nuestra Comunidad Autónoma, y éste es un problema muy importante.

Pero, repito, todas las Interpelaciones tienen el denominador común, estas Interpelaciones y la que viene después, de la pobreza, y caen en lo que también yo señalaba el otro día, que, bueno, cuando vamos a entrar en la Comunidad Económica Europea no estamos preocupándonos de cómo vamos a entrar en la Comunidad Económica Europea, no nos estamos preocupando de preparar a la gente para llegar y llegar bien a esos mercados, y sin embargo estamos prestando toda nuestra atención a ver qué ayudas -estas ayudas que están fundamentalmente pensadas para los pobres- podemos tener. Yo no sabía que había tantas ayudas como he visto relacionadas, verdaderamente, en estas dos Interpelaciones y en la tercera, y veo que se nos puede calificar de Región Asistida, de Región superprioritaria, de Región preferente, en definitiva de Región pobre. Yo creo que, con los números en la mano, pues poca necesidad tenemos de conseguir, poco esfuerzo tenemos que hacer para conseguir esas calificaciones; yo creo que las vamos a conseguir todas. Pero yo lo que creo es que tendríamos que empezar a pensar en algo más que en pedir esas ayudas, que habrá que pedirlas, evidentemente, habrá que pedirlas y habrá que seguir esas ayudas, y que habrá que conseguirlas, porque yo creo que otra cosa sería una injusticia el no conseguirlas, pero que, bueno, a mí me gustaría que las Interpelaciones que fuéramos haciendo y la filosofía que fuéramos trayendo todos los Grupos a estas Cortes fuera una filosofía que llevara consigo una mayor esperanza en nuestras posibilidades, que llevara consigo el análisis de los problemas profundos que vamos a tener que resolver con la entrada en la Comunidad Económica Europea, y no solamente el saber si vamos a utilizar bien las medicinas que nos van a dar, pues, para que no terminemos de morirnos en nuestro subdesarrollo, sino que, bien, vamos a ver cómo esa entrada en la Comunidad Económica Europea, de alguna forma, puede romper ese declive de esta Comunidad y que entre nosotros mismos y en esta Cámara se pueda ir generando esa confianza que tiene que existir en todos los castellano-leoneses, que supiéramos integrar, como yo decía también el otro día, a todos los castellano-leoneses dentro de esta misión, de este esfuerzo que habrá que hacer para integrarse en la Comunidad Económica Europea, que no va a ser fácil pero que, por supuesto, no termina solamente en la utilización de los recursos financieros, de las ayudas que se puedan conseguir, sino que esto debe ser el chocolate del loro, deberá ser lo último; que, repito, no lo despreciaremos pero que tampoco tiene que ser la base de nuestra filosofía de desarrollo ante la integración en el Mercado Común. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

También para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Castro Rabadán.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Señor Presidente, Señorías. Después de oír repetidas veces al señor Caballero Montoya, tengo que agradecerle, yo creo que debemos agradecerle su preocupación por los temas comunitarios, porque, amén de que pueda haber de coordinación en la información, son informaciones bastante recientes para nosotros y puede dar lugar a cuestiones; pero, sin embargo, sí hay que agradecerle la preocupación que viene manteniendo no sólo en los Plenos sino en las Comisiones sobre los temas comunitarios; lo cual puede haberle llevado a un afán excesivo de querer conocer las cosas incluso antes de que se hayan producido o estén a punto de producirse.

Yo creo que la Junta sí se está preocupando -y yo creo que el señor Caballero Montoya ha llegado a esa conclusión después de la intervención del señor Consejero-, se está preocupando por los temas comunitarios; que nuestra Región es una región creada, en último término, dentro de todo el contexto nacional, y, por tanto, parecería que iba a echar a andar en este tema con retraso, y sin embargo, yo creo que la realidad nos está dando una visión distinta de esto. Es decir, nos estamos... la Junta de Castilla y León está dando los pasos necesarios para acercarnos a la integración en Europa de una forma cuantitativa y cualitativamente preparada por nuestra parte. Y no es que la Junta no haya tomado medidas. Por ejemplo, una de las medidas, a pesar de que el señor Caballero Montoya, en aspectos parciales porque la crítica es parcial, la que hace al P.D.R... El P.D.R. es uno de los instrumentos fundamentales de esta Comunidad para poder acceder a las ayudas y subvenciones de la Comunidad, y eso lo sabe él igual que yo y que el resto de Sus Señorías.

Por lo tanto, yo no quería entrar en el tema de la Interpelación del señor Caballero Montoya porque creo que ha quedado bastante aclarada, pero sí es cierto que hay una serie de problemas, que su inquietud descubre una serie de problemas económicos y políticos en la integración con respecto a las Comunidades regionales, Autónomas, del Estado Español. Verdaderamente, el acceder a la definición de Zona Asistida, el tema de las Pag. 1158

posibles tensiones que surjan o que podrían surgir por diferentes interpretaciones de las cuestiones económicas entre distintas regiones, el tema de la realización de los planes de desarrollo, aspectos de poder cumplir con las premisas del esquema del Comité de Política Regional de la Comisión de la Comunidad, la delimitación de posibles competencias entre las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Centrales a efectos del reparto de los fondos de estas ayudas; todo esto son cuestiones que van surgiendo y que van a tener que seguir surgiendo en todo el proceso de la integración y después de la integración también. Tenemos que ir ajustando nuestra realidad, y nuestra economía y nuestra política a toda esta... a este nuevo estado o a este nuevo status en el que vamos a entrar.

Por lo tanto, a mí me parece muy bien que el señor Caballero Montoya haga toda esta serie de aclaraciones y esas inquietudes que manifiesta. Lo que me ha sorprendido, al margen ya de lo del señor Caballero Montoya, es la intervención del señor Montoya, que establezca lo de la integración en el Mercado Común como un problema entre pobres y ricos y que se resuelva diciendo que las ayudas es una especie de... que somos una especie de pedigüeños. Hombre, yo creo que ha sido una intervención precipitada, rápida, en la que no ha analizado las cuestiones con la profundidad que deben de ser analizadas. Porque daba la impresión de que deberíamos mantener los castellano-leoneses un orgullo -que tendría el carácter de necio- ante la pobreza; es decir, es mejor ser pobres que pedir ayuda. A mí me parece que no es ésa la filosofía tampoco del señor Montoya que ha manifestado en otras intervenciones. Y tampoco vamos a perseguir la prodigalidad de los ricos; no es eso. Yo creo que hay que mantener un equilibrio, y en la integración en la Comunidad Económica Europea se establecen una serie de mecanismos e instituciones precisamente para eso, para mantener un equilibrio entre las regiones, no sólo entre las naciones sino entre las regiones de esas naciones y entre las políticas, incluso, intrarregionales de las mismas regiones de distintas naciones. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un equilibrio entre la necesidad y entre la capacidad económica de distintos organismos y esperar y hacer las cosas lo suficientemente bien por parte de nuestros gobernantes, tanto del Gobierno Central como de la Comunidad Autónoma, para estar en la situación ideal de poder acceder a las subvenciones y fondos, que no es nada menesteroso estar en ellos, sino que son recursos que se tienen a nivel comunitario, recursos que incluso los hay a niveles supranacionales en otros organismos al margen de la Comunidad Económica Europea, y que eso no supone vivir en la indigencia aquellos que lo solicitan. Yo creo que son mecanismos económicos y políticos para buscar el desarrollo de la sociedad humana a la que todos tenemos derecho y, por tanto, si nosotros estamos en las condiciones objetivas en las que nos permitan acceder a esos fondos y a esas ayudas, pues bienvenidas sean, vamos a hacerlo de la mejor forma posible, para evitar quedarnos descolgados del futuro desarrollo europeo y del futuro desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Consejero de Economía, debo manifestarle, confesándome con usted, que cada vez me gustan más las respuestas que me da, porque le pregunto dos cosas y me contesta cuatro, y como además de ser Consejero coincide que es profesor universitario, pues la verdad es que aprendo un montón con usted y tengo que agradecérselo. Lo que sucede es que el señor Consejero es muy largo en hacer promesas de documentación que va a facilitar y luego no lo cumple. Y él que sabe que soy un hombre ávido de documentación en todos estos temas que me preocupan, y estoy demostrando sobradamente que me preocupan. Pues yo lo que le diría es que, por favor, cumpla esas promesas y páseme toda esa documentación. Porque nos la ofrece en las Comisiones, nos la ofrece en los Plenos, pero nunca acabo de ver un documento que haya tenido la gentileza de enviarnos con espontaneidad.

En cuanto a esas respuestas que el señor Consejero nos ha dado, claro, hay algunas que son sobradamente habilidosas, excesivamente políticas. A mí no me vale eso de que el señor Consejero venga a decirme que en mil novecientos ochenta y tres se constituyó un órgano en el que se coordina a tres Consejerías. Mire usted, eso no ha trascendido; está en el Boletín Oficial, lo sabemos, y no ha trascendido, y las funciones que tiene asignadas no son precisamente las que yo reclamo para un órgano desde el cual todas las funciones destinadas al impacto que va a causar en nuestra Región la adhesión a la Comunidad Europea sean atendidas.

Observe que tampoco me vale ese Comité de Inversiones Públicas, que lo que hace es sencillamente cumplir con una función elemental que tiene cuando supervisa los expedientes de petición; eso no viene a sustituir a ninguno de los órganos a los cuales yo me he estado refiriendo.

Y en cuanto al hecho de que en el organigrama de su Consejería exista un departamento de relaciones exteriores, pues me parece muy bien, pero tampoco tiene una asignación de funciones expresas que vaya a sustituir a ese Patronato, a esa Dirección General, a ese Gabinete Técnico, a esa Comisión Técnica que existen, constituidos con mucho acierto y hay que pensar que con alguna eficacia, en esos puntos del panorama español a los que yo me he referido antes.

Por otro lado, esa insistencia suya de su preocupación por lo bien que se están llevando las cosas de la Comunidad Económica Europea a mí me crea la preocupación de tener que pensar que no son tan ciertas como él dice. Y además me corrobora esta idea que yo tengo de cómo van las cosas la propia posición del señor Castro Rabadán, cuando presenta una Interpelación -que vamos a ver a continuación- teniendo que solicitar que esta Cámara adopte un acuerdo para apoyar la acción de la Junta, porque, por lo que se ve, también

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a juicio del señor Castro Rabadán las actuaciones de la Junta no son suficientes. El señor Castro Rabadán y yo coincidimos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, Señorías. Señor Caballero, usted parte, apriorísticamente, de que las instituciones u órganos de la Junta no sirven. Yo le digo que son las que son y son las que están haciendo las cosas como se están haciendo; que esa Comisión de tres Consejerías delega en la Consejería de Economía para establecer todas las relaciones institucionales a nivel de Estado, que son las que se han hecho; para algo ha servido. Que el C.I.P. no solamente supervisa; analiza técnicamente, analiza políticamente, en relación con la política de la Junta, los proyectos, y después eleva sus propuestas a la Junta de Consejeros.

Evidentemente, no hemos hablado -que se lo he señalado- de los organismos de planificación que tenemos en la Consejería, y que están determinados fundamentalmente por la elaboración de los P.D.R., P.D.R. ligados, en definitiva, a la integración, se quiera o no. ¿Por qué no se hacían antes los P.D.R.? Se han empezado a hacer y han empezado a funcionar los mecanismos de planificación en las Comunidades de cara a la integración en la Comunidad Económica Europea. Y eso me lleva a lo siguiente, a decirle que es que en todas las Comunidades ha sido así, si quiere excepto en una. ¿Y por qué? Pues porque no se trata de buscar meras ayudas limosneras, como Su Señoría antes intentaba más o menos insinuar, no se trata de pasar la gorra. No conocía las ayudas; pues algún correligionario se las podía haber conocido, porque Cataluña, y sobre todo Convergencia Democrática, bien que detrás está de ser denominada Zona Asistida Cataluña. Pero fíjese, son tan poco importantes que por eso ha establecido en estos momentos una lucha política, de presiones políticas, al Gobierno de la Región por parte de, fundamentalmente, Cataluña y Euskadi, para ser declaradas Zonas Asistidas y poder acudir a esas ayudas, a esas pequeñas o múltiples ayudas. Importancia tendrá. Y cifras he dado en alguna Comisión. Y antes he citado -no sé si estaba Su Señoría- exactamente dos Resoluciones del Gobierno Vasco y en dos momentos diferentes, una en Febrero de este año último, para ser declarada Zona Asistida. Por el Parlamento, perdón, no del Gobierno, del Parlamento Vasco. Es algo más serio que la mera limosna, algo más serio, que nos permita decir que no lo conocemos ahora. De ahí que yo reitere las gracias a Su Señoría señor Caballero Montoya en el mismo sentido que lo hacía el Portavoz socialista, porque, verdaderamente -y esto es cierto, lo he de reconocer-, sistemáticamente, independientemente de desavenencias o desacuerdos en el planteamiento de este tema, sistemáticamente ha servido como mínimo como impulso para que este tema sea, cada vez más, tomado no ya sólo con cariño sino con preocupación por este Consejero.

Y, en todo caso, me quedaría decirle el tema de la información, Mire, el tema de la información muchas veces, usted lo sabe y se lo dije en cierto momento, porque muchas veces me ha dicho "cuánta información nos da" y ahora nos dice cuánta poca o cuán poca. Mire, estamos negociando, y cuando se negocia -ya lo siento mucho- he de ser cauto, he de ser cauto. Hay una pregunta, creo, o dos preguntas del Grupo Popular en torno a qué proyectos se han elevado del FEDER. Yo los voy a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad y, más aún, como ya está hecha la pregunta, en la medida de nuestras posibilidades, porque una cosa de las cosas que usted sabe, Señoría, es que gran parte de la documentación que se recibe de la Comunidad Económica Europea lleva el sello de confidencial, y yo sé lo que significa para un Consejero de Economía el sello de confidencial. Y usted lo ha visto. Por ejemplo, en los modelos y en los proyectos mismos que se elevan, en los que han hecho las Diputaciones. O sea que hay que ser cautos. ¿Por qué? Porque también hay una especie de guerra entre las distintas Comunidades para ver quién presenta mejor los proyectos o determinados proyectos. Es así de claro, estamos en un mercado y hay una competitividad abierta, en estos momentos, para acceder a esas ayudas y a esas subvenciones. Así de claro.

Algunos temas, Mire, participación de las Consejerías, que antes usted lo planteaba y no ha habido tiempo de citarlo. Yo pienso que las Consejerías como tales no pueden considerarse como entes abstractos o suma de entes, etcétera; las Consejerías actúan dentro de la Junta, globalmente, y en la instancia Junta de Consejeros. Pero, además, las mismas actúan de esa forma en el Comité de Inversiones Públicas. Son los dos mecanismos centrales para la elaboración de los proyectos del FEDER, y, en concreto, las tres Consejerías que más responsabilidades tienen, que serían, en este caso, Agricultura, Industria y Economía y Hacienda. Y precisamente a través del Comité de Inversiones Públicas de la Junta se ha podido conseguir un alto nivel de coordinación entre los mismos órganos de la misma Junta.

Actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda en relación con lo que me ha solicitado. Muy rápidamente. No solamente en la remisión le dije; le voy a decir: el cinco de Junio del ochenta y cinco se enviaron los primeros proyectos redactados por la Junta de Castilla y León y además el proyecto presentado por la Diputación de Salamanca; el treinta y uno de Octubre del ochenta y cinco se remitió al Gobierno de la Nación -fuimos también los primeros, repito- los proyectos FEDER de las distintas Diputaciones de Castilla y León: Avila, Burgos, Segovia y Valladolid, más la de Salamanca. Faltaban dos Diputaciones, pero los trabajos han sido con todas las Diputaciones de la Comunidad; habría que ver por qué faltaban, pero yo no soy quién para inmiscuirme en por qué no los presentaron a la Junta. Y, por último, el uno de Noviembre de este

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año se enviaron nuevos proyectos del Gobierno Autónomo, así como los de la Diputación de León. Todos estos son los que yo comunicaré, en su momento, al Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, en cumplimiento de mis responsabilidades y como respuesta a la pregunta que se me ha formulado.

Además de esto, ¿qué ha hecho también la Consejería? Pues un esfuerzo de coordinación, primero, y de verdad lo digo, no es por echar ningún farol, el primero que se ha hecho de coordinación con las Diputaciones de esta Región, en trabajo concreto, de cara a la elaboración de proyectos concretos que posibilitaran una coordinación real en los proyectos de inversión de las Diputaciones de la Comunidad y de la Junta de Castilla y León; además con compromisos por parte de las Diputaciones, como establecer, por ejemplo, planes trianuales. ¿Para qué? Para poder hacer un encaje entre el P.D.R. y esos planes trianuales, con permanentes reuniones y comunicación permanente; ésa sí que se la puedo, incluso, dar. Cartas mutuas de Diputación a Consejería, de Consejería a Diputaciones, con asesoramiento permanente para enseñarles cómo se hace un proyecto. Y yo pienso que ése es el trabajo de coordinación callado que hemos hecho, pero que ahí están los frutos. No digo nada de farol, pero no sé si habrá alguna otra Comunidad -posiblemente la Vasca, no lo sé, por su sistema específico- que haya presentado proyectos de Diputaciones a la Administración Central y que haya colaborado con ellas. Yo pienso que alguna vez también tenemos que decir algo al respecto.

¿Qué más ha hecho la Consejería de Economía? Pues mire, sabe usted -lo digo pero le voy a decir la fecha concreta y con quién nos hemos visto- que una Delegación promovió el contacto y el establecimiento de relaciones formales, con el Visto Bueno y la colaboración de la Secretaría de Estado, de una delegación oficial de tres Secretarios Generales de la Junta de Castilla y León con responsables comunitarios, en concreto el martes dieciséis de Julio y el miércoles diecisiete de Julio; reuniones que giraron en torno al análisis de operaciones o programas integrados de desarrollo, FEOGA, Fondo, CECA, programas de valoración del potencial endógeno, programas integrados mediterráneos, Fondo Social Europeo, Banco Europeo de Inversiones. Secretarios Generales que asistieron -además asistidos por técnicos-: el de Economía y Hacienda, que presidía la delegación, el de Agricultura y el de Industria.

A continuación, si quiere, le leo el télex del señor Gómez Reino; supongo bien sabrá que es quien establece la comunicación oficial entre la delegación de Castilla y León y distintos Directores Generales: Anthony King, François Muller, Axtoonherpels, Bianconi y Wolfgang Stabenow. De la Dirección General diez, perdón, dieciséis; Dirección "B", Operaciones FEDER; de la Dirección General seis, FEOGA; de la readaptación CECA y expertos sociales de la política siderúrgica; Dirección General, Consejo Principal de la coordinación de los instrumentos financieros de la finalidad estructural, y Dirección General del Fondo Social Europeo. Con estos representantes se establecieron reuniones formales, como delegación; que salga o no en la prensa, como sale en las reuniones de los vascos, bien, será cuestión de que aún no hemos aprendido a publicitar suficientemente estas operaciones, y habrá que dotar, tal vez, y ampliar las posibilidades de esta publicitación.

Y a la vez de las reuniones mantenidas oficialmente con la Secretaría de Estado, el calendario de reuniones que hemos mantenido con las distintas Diputaciones está sí a su disposición. Pero es que también usted sabe, y antes se refirió a ello -y con ello termino-, que hace tiempo ya este Consejero, preocupado por la seguridad de que iba a haber integración, por esa integración, firmó o posibilitó la firma de un convenio entre el CIHEAM y la Universidad de Valladolid, subvencionado por esta Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Convenio que no fue muy bien visto, ta vez, en otras instancias, precisamente, porque nos adelantábamos a dichas instancias, y que está en marcha. Y la CIHEAM es el Organismo Internacional para Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo. Ha habido a partir de ese convenio, financiado por la Junta de Castilla y León, un curso de formación para funcionarios de la Junta de Castilla y León y para profesores universitarios, que ha tenido dos fases: una primera en Zaragoza y una segunda en Montpellier, en Septiembre. También lo conocerá esto. Y, en concreto, además hablando de formación, en el mes de Noviembre y Diciembre sesenta funcionarios asistieron a un curso impartido por la Universidad de Valladolid el año pasado, y últimamente sabe usted, Señoría, que a través de la Secretaría de Estado para las relaciones con las Comunidades Europeas han ido y están realizando instancias de formación, en estos mismos momentos, distintos funcionarios de la Comunidad. Esto es lo que estamos haciendo, tal vez esto sea lo que se desconozca, tal vez esto me lleve a reflexionar que es que mal hacemos la publicitación, como decía, o al menos de forma escasa, y a lo mejor esto es lo que tenemos que corregir. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Quinto punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Javier Carbajo Otero, D. Serafín Olea Losa y D. Juan Seisdedos Robles, relativa a estado actual de las carreteras en la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, nº 84, de 24 de Octubre de 1.985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Seisdedos Robles.

EL SEÑOR SEISDEDOS ROBLES:

Señor Presidente, Señorías. El desarrollo económico y social de

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cualquier espacio geográfico está ligado a una buena red de comunicaciones, a un buen planeamiento viario. La infraestructura de carreteras es una base fundamental, es un punto de partida imprescindible para cualquier planteamiento serio del despegue económico.

Por este motivo, todo aquello que se refiera a carreteras, a sus inversiones, nos parece que le debemos dedicar la mayor de nuestras atenciones. Por otra parte, la provincia de Zamora es una de las más deprimidas de la Región y, por lo tanto, necesita en mayor proporción inversiones públicas que otras para su posible desarrollo económico.

Pues, a pesar de que en este punto todos los grupos políticos estamos de acuerdo, a la hora de aplicación de las inversiones reales, Zamora, una vez más, se ve en parte discriminada, y vemos con preocupación cómo la dotación para mejora y conservación de las carreteras regionales se ha visto disminuida en el año ochenta y cinco en relación al año ochenta y tres, que era cuando estas carreteras todavía dependían de la Administración Central.

De los dos mil ochocientos kilómetros que tiene la red viaria provincial, cuatrocientos kilómetros dependen del MOPU, unos mil ciento cincuenta y ocho de la Diputación Provincial y los restantes -mil doscientos treinta y cuatro kilómetros- de la Junta de Castilla y León. Estos mil doscientos cuarenta y dos kilómetros de red viaria dependientes de la Junta se encuentran en un estado lamentable de conservación en gran parte de su trazado, agravado además por no tener esta red ni sección de calzada ni firme adecuado para soportar el tráfico actual. Esto contrasta con la red viaria dependiente de la Administración Central, que en estos momentos se encuentra en un estado aceptable, y por las inversiones realizadas y las que se están realizando se prevé que dentro de cinco años tendremos la totalidad con unas características europeas.

Que la red viaria dependiente de la Junta de Castilla y León es anticuada y peligrosa lo basamos en los siguientes puntos: primero, un cincuenta por ciento del total de las carreteras se encuentra con sección de calzada inferior a cinco metros y con ausencia, en la mayoría de los casos, de arcén. Segundo, un ochenta por ciento del total tienen firmes insuficientes para soportar las trescientas toneladas por eje previstas en nuestras carreteras. Tercero, en más del setenta por ciento de nuestras carreteras la velocidad específica media no llega a los cuarenta kilómetros/hora, debido a las características del trazado y estado del firme. Y cuarto, el once por ciento de los kilómetros de carreteras se encuentran en un grado deplorable de conservación, el treinta y cinco por ciento de las mismas se encuentran en un estado nulo de conservación; es decir, que casi el cincuenta por ciento de la red se encuentra en pésimo estado, en un mal estado.

Expuesta, pues, la situación actual, pasamos a ver cuáles han sido las actuaciones de la Junta en estas carreteras en los años últimos en cuanto a inversiones en conservación y reparación.

A pesar de esta mala situación de nuestras carreteras regionales, las inversiones en ellas han disminuido considerablemente en el año ochenta y cinco con respecto a años anteriores, cuando las carreteras dependían de la Administración Central, pues se ha reducido en un cincuenta por ciento en cuanto a obras de ensanche y refuerzo del firme y a un cuarenta por ciento en cuanto a obras de conservación, porcentajes que serían mayores si tenemos en cuenta el coeficiente deflactor correspondiente para obtener inversiones actualizadas.

Se da el caso paradójico que, mientras el MOPU en estos últimos años ha incrementado considerablemente sus inversiones en modernizar las carreteras de la provincia, la Junta de Castilla y León ha reducido sus inversiones en Zamora desde que se hizo cargo de ellas. Tanto es así, que desde el mes de Julio las brigadas de conservación están dedicadas a las labores de limpieza de márgenes y bacheando con tierra porque no hay dinero para betún.

Veamos las inversiones realizadas en los años ochenta y tres -el año base- y en el año ochenta y cinco. En reparaciones, en cuanto a obras de ensanche y refuerzo, el MOPU ha multiplicado por diez sus inversiones. En el año ochenta y tres invirtió 420.000 pesetas por kilómetro y en el año ochenta y cinco 4.500.000. En cambio, la Junta ha reducido el cincuenta por ciento la inversión de 420.000 pesetas/kilómetro en el año ochenta y tres a 230.000 pesetas/kilómetro en el año ochenta y cinco; si esta inversión la actualizamos, representaría solamente un treinta por ciento del año base que estamos mencionando, el año ochenta y tres.

En cuanto a conservación, las inversiones en las carreteras regionales han sido las siguientes: el MOPU ha invertido este año 250.000 pesetas/kilómetro, es decir, más de tres veces la inversión del año ochenta y tres, que fueron 70.000 pesetas. La Junta de Castilla y León ha invertido 60.000 pesetas/kilómetro, es decir, el ochenta por ciento de lo que se invirtió en el año ochenta y tres, que, como hemos dicho antes, eran 70.000 pesetas; que traducido a pesetas mil novecientos ochenta y cinco sería el sesenta por ciento de lo que le correspondía haber invertido con el mismo criterio, y eso sin tener en cuenta el grado de envejecimiento de la red.

Y que no se nos diga que el Plan Regional de Carreteras puede en diez años cambiar las características de las carreteras dependientes de la Comunidad Autónoma, pues cuando el Plan esté terminado tendremos todavía el cincuenta por ciento de la red con sección cinco-cinco y con firme en tratamiento superficial. Señorías, la sección cinco-cinco no permite cruzarse dos camiones con el margen de seguridad necesario para evitar la peligrosidad. O sea, que después de terminado el Plan, el cincuenta por ciento de nuestras carreteras no serán carreteras sino serán caminos. Con este Plan no podemos ser optimistas aunque quisiéramos, más bien vemos con tristeza cómo este problema vital se irá agravando con el tiempo.

Por lo tanto, señor Presidente, Señorías, estimamos los Procuradores por Zamora del Grupo Popular que Pag. 1162

si la Junta de Castilla y León no invierte más en nuestras carreteras, mejor sería que las transfiriera otra vez a la Administración Central, por entender que saldríamos beneficiados los zamoranos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La Interpelación presentada por los señores Procuradores del Grupo Popular pertenecientes a la provincia de Zamora nos lleva de nuevo a centrar la atención de la Cámara en disquisiciones provinciales, si no provincianas. Sin embargo, éste es un campo de juego en el que el Gobierno de la Comunidad Autónoma dispone de suficientes mecanismos de respuesta, ya que, precisamente, la correcta territorialización de las inversiones es uno de sus más claros objetivos de Gobierno.

Esa territorialización se hace ahora a escala provincial, escala claramente inadecuada, en tanto se profundiza en una delimitación comarcal que permita distribuir de forma más precisa nuestra consolidada capacidad inversora.

Se afirma en el texto de la Interpelación que la red de carreteras transferidas se encuentra en lamentable -concepto, por cierto, sin ningún rigor técnico- estado de conservación, con problemas de sección y firme. Y luego, tras precisos porcentajes sobre, de nuevo, el estado de conservación, se vuelve a definir ésta con los conceptos, igualmente carentes de rigor, de nulo y deplorable. Y estas afirmaciones yo creo que cualquier observador desapasionado puede compartirlas perfectamente, pues si en algún territorio de la Comunidad desde el Estado Central y durante decenios se actuó con desidia y abandono en cuanto a las carreteras antes comarcales y locales, ahora red de la Comunidad Autónoma, ese territorio fue la provincia de Zamora.

Lo que, sin embargo, no se ajusta en absoluto a la realidad, como voy claramente a demostrar, es la afirmación gratuita y creo que casi irreflexiva, de que a partir de las transferencias a la Comunidad Autónoma la inversión en la red de carreteras que depende de nosotros ha disminuido. Y yo lamento que este tipo de afirmaciones puedan hacerse. Podemos plantearnos si las obras efectuadas eran o no las prioritarias, si se debe incidir en operaciones de conservación o en algún tipo de inversión de choque, si la clasificación y jerarquización que hemos hecho de la red se ajusta a lo deseable o no, podríamos hablar de múltiples temas, defendiendo -lealmente, creo- posturas distintas, pero intentar plantear este tema, y encima defenderlo, es, en mi opinión, casi temerario por su parte.

No merece la pena, creo, contrastar los datos de la Interpelación, por su carácter de globalidad y por los adjetivos que la definen. Yo voy a darle los datos que resultan del estudio del Plan Regional de Carreteras sobre el estado de la red transferida en el momento de las transferencias.

En la red definida como primaria, el cuarenta y dos por ciento de ella estaba en un estado bueno, el cuarenta y cinco por ciento en un estado de regular a malo y el trece por ciento... perdón, el cuarenta y cinco por ciento en un estado de regular a bueno y el trece por ciento de regular a malo. En la red local, el ochenta y cinco por ciento estaba en un estado regular y el resto mal. Esto quiere decir que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, hasta abril de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando a través del Real Decreto 956/84, de once de abril, se transfirieron funciones y servicios en materia de carreteras, el Ministerio, digo, sólo actuaba en las carreteras nacionales, única y exclusivamente en las carreteras nacionales: la N-6, la 525, la 122, la 620 y la 630; dejando en mínimas actuaciones toda la red comarcal y local, red que, de acuerdo con la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía, es la que se transfirió.

Por tanto, cualquiera, por pequeña que hubiera sido nuestra inversión desde el año ochenta y cuatro, hubiera representado un incremento notable sobre la inversión anterior y sus afirmaciones quedarían rebatidas. Las inversiones efectuadas por la Comunidad Autónoma en mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos ochenta y cinco en la red transferida en Zamora son las siguientes: en obras de acondicionamiento, ensanche y mejora, en el ochenta y cuatro, 261.000.000, y en el ochenta y cinco 217.000.000; en conservación, en el ochenta y cuatro 74.000.000 y en el ochenta y cinco 77.000.000. Los coeficientes de reparto son el 10,64% del total de inversión de la Comunidad Autónoma en obras de acondicionamiento, ensanche y mejora del firme, porcentaje que creemos ajustado al peso de la provincia dentro de la Comunidad, con grado de cumplimiento prácticamente del 100%.

En cuanto a la conservación y explotación por gestión directa, el coeficiente de reparto es el 9,5%, con cumplimiento de ejecución similar al anteriormente citado.

Voy a referirme ahora a dos temas que creo que son importantes reseñar ante la Cámara: las inversiones en las que estamos trabajando en el ochenta y cinco y las precisiones en el avance de nuestro Plan Regional de Carreteras. Pues bien, las inversiones más significativas en la provincia de Zamora durante el ochenta y cinco son las siguientes: en la Nacional 525, de Zamora a Mombuey, en los puntos kilométricos del trescientos ocho al trescientos doce, una inversión de 42.000.000; la Nacional 525 (exactamente la que antes he citado), entre los puntos kilométricos trescientos doce al veintitrés, con 48.000.000. La 527, de Zamora a Bermillo, puntos kilométricos del veintinueve al treinta y cinco, con 37.000.000; en la misma 527, en los puntos kilométricos del veinticinco al veintinueve, con 10.000.000;

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la 612, de Zamora a Villalpando, del veintinueve al cuarenta y cinco kilómetros, con 48.000.000; obras de señalización y balizamiento en varias carreteras, 20.000.000, y conservación y explotación de la red por gestión directa 77.000.000.

En cuanto a las previsiones del avance del Plan Regional de Carreteras en la provincia de Zamora -y yo le insisto al señor Procurador que ese documento está a nivel de avance-, en el que queremos que, dentro de la capacidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma, se haga todo el esfuerzo necesario para las carreteras, y garantizando que el resultado final será llevar a las carreteras a un estado aceptable, no efectivamente a un estado óptimo, que en cualquier caso sería imposible alcanzar -yo entiendo- cualquiera que fuera el grupo político que gobernara en la Comunidad, este Plan para la provincia de Zamora programa, en cuanto a las obras de vertebración regional y accesibilidad comarcal, 360.000.000 en nuevas carreteras, 1.400.000.000 en acondicionamiento de trazado y plataforma, 100.000.000 en variantes de población y 150.000.000 en obras de fábrica; en las obras de mejora, 2.100.000.000 de pesetas; en los programas de actuación en el medio urbano, 150.000.000, y en los programas de conservación y explotación, en conservación preventiva 750.000.000, 100.000.000 en señalización y balizamiento, 750.000.000 en conservación por gestión directa, 150.000.000 en renovación de parques y equipos y 100.000.000 en seguridad vial. Una inversión total prevista de 6.130.000.000 de pesetas.

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, creo que ha quedado claro que desde el traspaso de funciones y servicios en materia de carreteras a la Comunidad Autónoma la misma ha llevado a cabo una labor eficaz en la materia, labor que, en lo que respecta a la provincia de Zamora y partiendo de una difícil situación, puede concentrarse en los siguientes puntos. Primero: la inversión en la red de carreteras transferida, en lo que se refiere a los datos de la red de carreteras transferida, no mezclando con lo del Estado, que sólo se dedicaba a la red de carreteras de interés general, se ha incrementado notablemente esta inversión. Segundo: la inversión destinada a la provincia representa un porcentaje, sobre la inversión total de la Comunidad Autónoma en materia de carreteras, proporcionalmente correcto y adecuado. Y tercero: a través de la planificación iniciada por el avance del Plan Regional de Carreteras, se ponen las bases de llevar a esa red a un estado de condiciones impensable en el supuesto de no haberse puesto en marcha el proceso de construcción del Estado de las Autonomías. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En turno de réplica tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Alonso Pelayo.

EL SEÑOR ALONSO PELAYO:

Señor Presidente, Señorías. Señor Consejero, no esperaba de usted otra cosa. Esa es la realidad. No esperaba de usted otra cosa porque cualquier ciudadano castellano-leonés que escuche sus palabras entiende que tenemos unas buenas carreteras y que vamos a tenerlas mucho mejores; pero la realidad es otra cosa. La realidad en Zamora en estos momentos es que ustedes, o usted, señor Consejero, ha conseguido que algunas de nuestras carreteras, en estos momentos, estén totalmente intransitables.

Es muy bonito dar cifras y llegar a conclusiones -que desde luego no son las nuestras- y, desde luego, decir que las condiciones actuales son tolerables. Pues para nosotros, desde luego, son inaceptables, y si no, las realidades están ahí. Y podemos darnos un paseo por Zamora, si a usted le conviene, cuando le apetezca, para demostrarle que esto es una auténtica realidad.

Se nos habla en algunos momentos del Plan de Carreteras. Pues bien, yo quisiera hacer un pequeño comentario a este Plan. La programación en diez años al Plan, señor Consejero, para nosotros es absurda y no se ajusta ni siquiera al plazo que la Comunidad Económica Europea nos da para la adaptación en cinco años, si no me equivoco. La vida para la que se proyecta las carreteras en estos diez años, lo cual quiere decir que cuando se termine el Plan, dado el comentario que usted nos hace en estos momentos, cuando se termine el Plan tendremos que estar reparando ya ese Plan, con lo que se necesita mucha mayor inversión.

Con todo esto, tendríamos un ochenta y uno por ciento de la red primaria en condiciones normales, un sesenta de la secundaria y un cuarenta y cinco de la red local, pero tendríamos aproximadamente un cincuenta por ciento de la red de cinco-cinco, en la que usted sabe que dos camiones no se cruzan, con un firme totalmente deteriorado, y que los camiones no pueden transportar por ella pasando de trece y no llegando quizá a trece toneladas. Por lo tanto, entienda, señor Consejero, que la inseguridad en las carreteras zamoranas es permanente.

Por todo ello, debe aceptar el señor Consejero que en estas condiciones nuestra Región no permitirá despegar en ningún momento, pues bien sabe el señor Consejero que para que una región de verdad progrese y para que una Región de verdad llegue a las cotas deseables, y sobre todo adaptadas a la provincia de Zamora, que quizá se puedan adaptar a otras provincias, yo no me comprometo a decirlo porque no las conozco como conozco las de Zamora, con ello, señor Consejero, tiene que entender que esto no permitirá a la Región que despegue, que no habrá un buen comercio, que no puede instalarse una buena industria, que no tendremos turismo y que no tendremos una buena agricultura capaz de competir con el resto de las regiones y con la Comunidad Económica Europea.

Señores socialistas gobernantes de esta Región, yo quisiera tener que decirles otras cosas, pero la realidad ustedes saben que no es ésa. Zamora es una Región que en estos momentos está totalmente marginada y que ustedes la están marginando mucho más todavía. Por favor, ustedes dicen que caminamos, y yo le diría una cosa: caminamos hacia atrás, caminamos hacia atrás, porque ustedes bien saben que con este Plan y con estas

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inversiones cada vez nuestras carreteras van a estar mucho peores. Señor Consejero, usted bien sabe que existen carreteras, y no quiero entrar en números y evaluaciones, porque no soy ningún técnico, soy un Procurador, ciudadano normal de Castilla y León, pero sí entiendo lo que mis ojos ven, y lo que mis ojos ven -y se lo puedo demostrar- es que hay niños que van a colegios que tienen que ir los autobuses por caminos rurales. Entiéndalo porque es así, ésa es la realidad. Señores socialistas, ustedes que nos quitan el ferrocarril, que intentan quitarnos los regadíos, por favor, déjennos las carreteras, déjennos las carreteras.

Por todo ello, yo diría que reconozcan con nosotros que el Plan es malo, las inversiones peores y que, desde luego, con esto el futuro de Castilla y León, y sobre todo el de Zamora, va a pasos agigantados a esa marcha hacia atrás, que todos quisiéramos decir con ustedes "caminamos hacia adelante". La realidad no es ésa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo creo que el señor Procurador ha estado hablando de otra cosa porque se ha dado cuenta de que se había equivocado en el texto concreto de sus interpelaciones. Primero voy a aclarar una cosa: yo no he dicho que entiendo que tenemos buenas carreteras; he partido, precisamente, de decir que si en alguna provincia de la Comunidad Autónoma las carreteras transferidas estaban mal, esa provincia era Zamora, como consecuencia de decenios de una política de desidia y abandono. Yo no he dicho que sean buenas las carreteras, ni creo que se haya podido entender de ninguna manera eso en mi intervención.

Pero vamos al fondo de la cuestión, porque si hablamos de otra cosa, si hablamos de otra cosa, si el señor quiere hablar ahora de ferrocarriles, de regadíos y de tal, podía haber hecho la Interpelación en ese sentido. Yo creo que la Interpelación se ajustaba a decir que se invierte menos desde que se hicieron las transferencias, y yo he dicho que no y ahora se lo voy a seguir demostrando.

En el año ochenta y dos, antes de las transferencias, y en la red transferida, se invirtieron por el Estado 149.000.000 de pesetas; en el año ochenta y tres, y en esa misma red, se invirtieron por el Estado 113.000.000 de pesetas; en el año ochenta y cuatro, hasta las transferencias, se invirtieron por el Estado en esa red 42.000.000 de pesetas. En ese período de tiempo, se invirtieron en la provincia de Zamora 250.000.000 de pesetas en conservación y mantenimiento; si supusiéramos que un cincuenta por ciento de esa inversión, que esas cifras es difícil conseguirlas o precisarlas, se dedicaran a red transferida, podíamos decir que se hubieran invertido en esos dos años y medio 125.000.000 de pesetas, lo cual quiere decir que en dos años y medio el Estado Central invirtió en la provincia de Zamora 425.000.000 de pesetas. Podría decirle en qué carreteras, con qué cuantías, pero, bueno, yo creo que eso ya sería un poco aburrido.

Desde que hicieron las transferencias -por tanto, hace año y medio- en el ochenta y cuatro y en el ochenta y cinco nosotros hemos invertido 475.000.000 de pesetas. Esto quiere decir que la Comunidad Autónoma, en un año y medio, ha invertido más (50.000.000 de pesetas para ser exactos) que el Estado en dos años y medio. Por lo tanto, señor Procurador, si usted quería hablar de ferrocarriles, si usted quería hablar de regadíos, si usted quería hablar de los baches concretos de una carretera concreta, podía haber ido por ahí; pero si usted quería decir que la Comunidad Autónoma en este período de tiempo ha invertido menos que el Estado Central en las carreteras de Zamora se ha equivocado de lado a lado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo no intervine al final del debate anterior, por alusiones; el señor Castro Rabadán me hizo una. Si el señor Presidente me lo permite, yo quería decirle al señor Castro Rabadán que yo no es que me congratulara de ser pobres y que prefiriera el orgullo de ser pobres a tener que pedir limosna. No; yo lo que quise decir es que se sale de pobre más con el esfuerzo propio que con la ayuda de los demás, y que la ayuda de los demás también será necesaria; pero que nos estamos preocupando más de la ayuda que nos van a prestar los demás que de hacer el esfuerzo que, evidentemente, nos va a suponer esa entrada en la Comunidad Económica Europea. Quería aclarar esto en lugar de haber intervenido anteriormente para decirlo.

Y entrando en el tema de la Interpelación, ¡hombre!, yo hoy me he llevado una gran alegría. Me he llevado una gran alegría porque yo he pasado en esta Cámara por ser un Procurador que se preocupa de los temas de su provincia y nada más, al parecer. Me parece que he dado síntomas suficientes para preocuparme de temas generales y que he puesto bastante esfuerzo en unos temas generales. Pero el señor Madrid el otro día ya me decía: "Hombre, al fin algunos Procuradores ya se empiezan a preocupar de temas de la Región". Incluso aquellos temas que preocupaban a mi provincia, como el tema de las Sedes, es un tema fundamental y fuertemente regional y que ojalá se resolviera; y que yo quería la solución en favor de mi provincia pero que aceptaba cualquier otra solución, pero que la solución debía de darse. Y por eso yo era un Procurador provinciano porque se preocupaba de temas provinciales. Hoy me he llevado una gran alegría, porque yo no estoy

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seguro de que las carreteras de mi provincia estén mejor que las de Zamora, sin embargo he visto aquí cómo unos Procuradores de Zamora se preocupan por los problemas de las carreteras de su provincia. Yo no estoy seguro, porque en mi provincia se dice, como nos ha venido a confirmar luego el señor Consejero, que en Zamora -por algo el señor Presidente es de Zamora-, que es donde se hacen las inversiones, y que allí se han invertido 250.000.000 de pesetas. Porque luego nos enteramos de muchas cosas que se hacen en Zamora, cuando los zamoranos se quejan de las cosas que no se hacen en su provincia. Bueno, y a ver si va a ser verdad lo que dicen en la mía, que las carreteras son las carreteras peores de la Región, dicho por algunas autoridades de la Junta. Y que, bueno, que estamos utilizando también una medida regional que es la provincia, es decir, "tanto para mi provincia". Yo veo que se hacen declaraciones en las que se dicen provincias pequeñas: "nuestra provincia es la que menos inversiones tiene, es la que menos Presupuesto tiene para este año". Y, bueno, y resulta que sí que hay otras provincias que a lo mejor en algunos temas concretos tienen más Presupuesto, pero resulta que tienen doble superficie o doble número de kilómetros de carretera, como en este caso.

O sea que a ver si empezamos por el tema de Zamora y aquí aclaramos muchas cosas: que hay Procuradores mucho más provincianos que yo y que a lo mejor cuando plantean algún tema de su provincia luego tienen mucha menos razón que yo. Esto no quiere decir que, hombre, que luego el debate de fondo sea otra cosa, que se está invirtiendo suficientemente en carreteras o no se está invirtiendo suficientemente en carreteras. Yo creo que ha sido un esfuerzo importante de la Junta el hacer este Plan de Carreteras, y cuando se presentó en la Comisión yo eludía hacer, eludía dar un criterio, pues, precipitado, con pocos elementos de juicio, y así lo dije. Pero me parece que es bueno empezar a tener un Plan.

Hoy ha pasado un poco más de tiempo, y entonces yo creo que tampoco es éste el momento de hacer el debate a ese Plan, que necesitará hacerlo y yo creo que lo haremos y el señor Consejero se prestará a ello en la Comisión. Pero, evidentemente, cuando vamos ya profundizando en el Plan, pues nos encontramos con que llegar a tener unas carreteras en aceptable grado de conservación nos va a costar mucho dinero (en el Plan se dice cuánto), que no vamos a tener, no están garantizadas las financiaciones de todo ese dinero para esos diez años, y que luego, al mismo tiempo, pues que pasados esos diez años, pues las carreteras todavía hay muchas carreteras pintadas en rojo y que aquellas carreteras pintadas en rojo son aquellas que, a juicio de la Consejería, no van a alcanzar el grado suficiente -el grado tolerable me parece que se dice, puedo confundir las palabras- en que las carreteras deben encontrarse.

Entonces, yo creo que, claro, éste ya es, evidentemente, otro debate. Es otro debate que tendremos que hacer, tendremos que hacer yo creo en la Comisión y tendremos que hacer aquí. Y que, luego, este debate se entrelaza con muchas otras razones; para aumentar el dinero que se destina a carreteras, o habrá que sacarlo de otras partidas, que a lo mejor en la discusión de los Presupuestos y cuando debatamos las Enmiendas se va a demostrar que hay unas partidas de las cuales se puede reducir, o por el contrario, pues, tendremos que preocuparnos de tener unos mayores fondos, unas mayores posibilidades de financiación, en los cuales esta Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, cuya preocupación yo he tratado de traer a esta Cámara también, pues nos va a ser imprescindible para que esas carreteras tengan que alcanzar ese nivel de utilización que todos deseamos. Porque yo coincido con el señor Modesto Pelayo en que las carreteras son importantes; yo diría que son vitales: sin ellas, sin una buena red de carreteras es imposible un completo desarrollo. Yo no sé si no puede llegar ni a haber comercio ni turismo, ni tantas cosas como él ha señalado, pero, evidentemente, hay un mal comercio, hay un mal turismo, hay un desarrollo deficiente y ese desarrollo de nuestra Región será incompleto si esas carreteras no están en las debidas condiciones. Pero yo creo que en Zamora y en el resto de la Región; porque, repito, él conoce las deficiencias de Zamora, yo conozco las deficiencias de algunas otras provincias, además de la mía, y en la mía mismo he visto opiniones de cómo se encuentran esas carreteras.

También me he enterado que nos van a quitar los regadíos. Yo pensé que con el ferrocarril era suficiente, ¡pues nos van a quitar todo! Yo pensé que nos quitaban el ferrocarril -y no está aquí...-; los ferrocarriles ya nos los quitaron y creo que no nos los van a volver a traer y, bueno, a ver si nos quitan también los regadíos. Yo ésta es una noticia que, la verdad, he aprendido esta mañana, lo he aprendido esta mañana. Yo no quiero cargar sobre los socialistas más culpas de las que tienen. Yo creo que tienen bastantes; en el caso de los ferrocarriles ya tienen bastantes, evidentemente. Pero, vamos, en lo de los regadíos yo no se la echo porque yo no lo sé. A lo mejor tiene razón el señor Modesto Pelayo y se la tenemos que echar, pero en ese caso, se la echaremos en su momento. Y yo, cuando decía que con los socialistas no podemos caminar más que hacia atrás, yo me veía emparedado entre socialistas y conservadores y decía: "si por lo menos pudiéramos caminar, aunque fuera hacia atrás..." El problema es que no pudiéramos caminar hacia ningún sitio.

Y nada más. Yo simplemente decir que, bueno, pues que coincido con que el Plan Regional de Carreteras es importante, que yo creo que... (y yo agradezco además el esfuerzo inicial de la Junta en hacer ese Plan de Carreteras), que ese Plan de Carreteras plantea unas deficiencias y que hará falta un debate en profundidad y un esfuerzo conjunto para mejorar estas carreteras, no sólo en Zamora sino en toda la Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buiza Díez.

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EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Voy a procurar ser breve porque ya, a la vista de las intervenciones y de los datos que ha aportado el señor Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, no es cuestión que yo pretenda repetirlos nuevamente. Sí decir que, a mi juicio, a juicio de mi Grupo, la respuesta del señor Consejero ha sido convincente y que, por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista no puede compartir en el fondo por supuesto, pero incluso tampoco en la forma, la Interpelación que han presentado los Procuradores del Grupo Popular por Zamora.

En primer lugar porque, formalmente, hasta nos parece poco serio que se plantee aquí una Interpelación exponiendo unos datos, en la Exposición de Motivos que argumenta la misma, sin contrastar y que no obedecen a la realidad. Hay que dar datos, como decía el señor Consejero, técnicamente correctos, contrastados y fiables. A nuestro juicio, lo correcto de este caso hubiera sido, si como se ha afirmado por los intervinientes un Procurador, un humilde Procurador -se ha dicho- no tiene por qué conocerlo, lo lógico hubiera sido que lo hubiese preguntado, vía pregunta parlamentaria o vía petición de información por escrito, con objeto de que, una vez recogidos esos datos, haber interpuesto la correspondiente Interpelación si los mismos lo requerían. No nos parece, pues, serio el procedimiento, porque, insisto, la argumentación fundamental de los datos que se han aportado no son correctos, no obedecen a la realidad. Yo no voy a repetir los que ha dado el señor Consejero, que demuestran fehacientemente la falta de causa de esta Interpelación.

Sí estamos de acuerdo en una afirmación -para que queden claras las posiciones de todos- de que el Grupo Popular tiene razón en que nuestras carreteras son malas. Eso nadie lo discute. Esa ha sido una de las muchas herencias, tristes herencias, que ha recibido esta Región. Antes se ha hablado aquí de pobreza; desgraciadamente -ésta es nuestra desgracia- ésta es una Región pobre, una Región que durante decenios ha sido secularmente olvidada por los distintos poderes centrales, una Región que ha tenido unas comunicaciones nefastas, sobre todo las comunicaciones de vertebración comarcal, efectivamente, con una anchura de cinco metros, que no permite -como se ha dicho también- cruzar un camión y otro que venga en sentido contrario; pero lo que no parece serio es que de esto se pretenda echar la culpa a la Junta de Castilla y León, cuando lleva un año y medio con estas competencias. Porque aquí se trata de inversiones, se trata de hacer obras, no se trata de hacer magia ni de hacer, con varitas mágicas, resolver milagrosamente los problemas. Otras Instituciones podían haberlo resuelto también en Zamora; me acuerdo en este momento de la Diputación Provincial, que sí tiene competencias en materia de carreteras, no de ayer, de hace mucho tiempo, y cuyo estado también conocen los miembros del Grupo Popular de Zamora es bastante lamentable, no solamente en la anchura, que es muy estrecha, sino también en su estado de conservación, y donde, por cierto, no parece que haya mucho interés para remediar esta situación. Sería bueno, en beneficio de los ciudadanos de Zamora, que, paralelamente a esta Interpelación, se interesen ante la Excelentísima Diputación de Zamora, interesando se haga eco de las necesidades del pueblo de Zamora.

En cuanto a la actuación de la Junta. no solamente en Zamora, porque el planteamiento que hace mi Grupo no es un planteamiento provinciano, y en eso estoy de acuerdo con la intervención del señor Montoya; nosotros mucho nos tememos que, después de esta Interpelación, aparezcan otras ocho Interpelaciones gemelas, hablando también de discriminación, aparezca el estado lamentable de la situación de las carreteras en Burgos, en León, en Valladolid, diciendo que es una situación discriminatoria con otras provincias. Lo malo es que cuando se hayan presentado las nueve Interpelaciones va a ser difícil hacer comparaciones con quién se las discrimina. Creemos que, efectivamente, Zamora tiene unas carreteras en mal estado, que otras provincias de nuestra Comunidad las tienen en muy mal estado, pero también queremos decir que el planteamiento de la Junta al respecto es un planteamiento correcto, e incluso hay datos que pueden demostrar que el coste, concretamente en Zamora, coste por kilómetro de las carreteras realizadas por la Junta es sensiblemente más bajo al realizado por la Diputación, que sale a 22.000.000 kilómetro, y además con una consistencia de firme muy superior.

En definitiva, no se trata de insistir mucho en el tema; simplemente de decir que este procedimiento de hacer un clientelismo, a mi juicio, bastante pobre y bastante barato pienso que no va a engañar a nadie, y que los ciudadanos zamoranos, como los leoneses, como los palentinos, saben que a todos nos preocupan sus problemas pero que no podemos jugar con dobles o triples lenguajes, porque la gente no es tonta y la gente sabe quién resuelve sus problemas, quién pretende resolver sus problemas y quién hace un planteamiento serio para la resolución de esos problemas.

Aquí se nos ha dicho también, sobre el avance del Plan Regional de Carreteras, que nos lo hacía a muy largo tiempo; yo digo que tantos años y decenios han pasado con malas carreteras que sería un auténtico éxito que el avance del Plan General de Carreteras que nos ha dado la Junta pudiésemos llevarlo a cabo y en diez años nuestras comarcas estuviesen bien comunicadas y la situación en cuanto a comunicaciones en nuestra Región fuese sensiblemente diferente a la actual.

Por ello, evidentemente, el Grupo Socialista no puede compartir el contenido de esta Interpelación, ni puede compartir, ya no solamente en el fondo sino tampoco en la forma. Porque, insistimos, hay otros procedimientos si se quiere ayudar a solucionar los problemas, y porque, ante todo, es un requisito imprescindible de seriedad el aportar unos datos que argumenten lo que después se pretende; no intentando manipular los datos, o ignorarlos, o confundirlos, o mezclarlos, porque no se pueden mezclar.

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Y ya no quiero entrar, porque sería hablar de otros temas, en las cuestiones que un tanto jocosamente, como suele intervenir el señor Alonso Pelayo, ha hecho aquí de los regadíos y de los ferrocarriles. Yo podía terminar contando un chiste que hay en los muros de la ciudad de Astorga, y que por no caer en mal gusto, no lo voy a contar, pero sí aconsejo a algún miembro del Grupo Popular que se dé una vuelta, para que vean lo que dicen algunas expresiones populares sobre la supresión de los ferrocarriles. Y nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Pelayo.

El SEÑOR ALONSO PELAYO: Señor Presidente, Señorías. El señor Buiza decía que le parecía poco serio el planteamiento y que además no lo compartía, y a mí no me extraña nada. El que ustedes no compartan algunas cosas que los Procuradores del Grupo Popular sí entendemos y compartimos no me parece nada extraño. Ahora, tiene usted que tener en cuenta que usted ha reconocido que las carreteras están malas y que, como están malas, se necesitaría un mayor esfuerzo para conseguir que se pusieran mínimamente aceptables, y ese esfuerzo nosotros no lo vemos por ninguna parte.

Y usted ha hablado de Diputaciones, y creo que no es el sitio de hablar, en estos momentos, de Diputaciones, pero yo puedo adelantarle que, por lo poco que sé de la Diputación de Zamora, está haciendo un Plan que sí va a conseguir que sus carreteras se encuentren en unas condiciones aconsejables y viables dentro de poco tiempo.

El señor Consejero, en la contestación que da a nuestros argumentos, desde luego no ha tenido en cuenta, en ningún momento, nuestra adaptación al Mercado Común; no ha tenido en cuenta en ningún momento que Zamora es una provincia fronteriza con Portugal; no ha tenido en cuenta que tenemos comarcas, como Sanabria, donde para entrar a algunos pueblos hay que rodear y entrar por provincias de otras regiones. Se ve que no la ha tenido en cuenta. Y, desde luego, a pesar de que no tenemos todos los números que el señor Consejero quizá, quizá sí tenga, yo sí quería decirle que en la clasificación en función del estado de conservación en estos momentos, o hace muy pocos días, le puedo decir que la Junta de Castilla y León tiene como buenos ciento sesenta kilómetros, que regular tenemos trescientos noventa, que malos, o bastante malos, seiscientos, y ya deplorables o intransitables alrededor de ciento cincuenta. Señor Consejero, ésta es la información que los Procuradores de Zamora, además pateándose las carreteras, hemos conseguido; quizá no sea toda la necesaria, pero me parece lo más razonable.

Y, desde luego, en su respuesta se ve que dice que invierten más que el Estado Central invertía en nuestras carreteras; y desde luego usted, o ustedes, o no saben invertir, o me tiene que explicar dónde va el dinero para conseguir que las carreteras estén en peor estado que nos las dejó el Gobierno Central. Es que yo esto no lo entiendo, señores. Si se invierte màs y están peor, tiene que haber alguna fórmula: que el dinero, pues, a lo mejor, no se sabe invertir. Porque no se deduce otra cosa de su intervención. Y, desde luego, que no tenemos futuro, que no tienen imaginación está en su intervención.

De todas formas, señor Consejero, y para terminar, porque no quiero alargarme, esperamos -al menos los Procuradores, y creo que todo el Grupo Popular- que ustedes no estén mucho tiempo en el Gobierno, que estos planteamientos no puedan seguir en estas condiciones que ustedes los llevan, porque, de lo contrario, en vez de ir a la Comunidad Económica Europea en buenas condiciones, pueden meternos en un tercermundismo que nosotros trataremos de evitar en todo momento. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo quería agradecer, en primer lugar, las palabras del señor Montoya, en cuanto que es bueno hacer el Plan. Yo creo que en eso estamos trabajando y que será, por lo tanto, a través de ese trabajo yo creo serio y reflexivo de la planificación en lo que al final esta Cámara podrá discutir seriamente sobre los problemas de las carreteras.

Yo creo que el señor Alonso Pelayo entra en algunas contradicciones. No tiene ningún rubor en hablar de ferrocarriles, en hablar de regadíos, en hablar de muchas cosas que son competencia del Estado Central, y sin embargo dice que aquí no hay que hablar de las Diputaciones. O hablamos de todo o no hablamos de nada. Por lo tanto, admita que, evidentemente, se puede hablar de las Diputaciones y que habría mucho que hablar sobre el estado de las carreteras titularidad de esa Diputación en concreto.

Yo creo, además, que dentro del cúmulo de ataques más o menos directos o indirectos al Gobierno de la Región, ha reconocido una cosa muy importante: que el Gobierno socialista de la nación está haciendo una buena política en materia de carreteras. Yo se lo agradezco mucho, y además creo que esa política va a seguir durante mucho tiempo porque ese color político se va a mantener, para bien de España, durante algunas Legislaturas.

Yo creo que al final el señor Procurador ha retirado la Interpelación porque no ha vuelto a insistir en el tema de que nosotros hemos invertido menos. Y ha entrado yo creo que en un tema que yo he apuntado, y me parece bien que haya entrado en el debate que yo creo que es más importante: en si la inversión es o no en las carreteras adecuadas, si esas carreteras eran prioritarias o no, si esas carreteras, las obras que se hacen pag. 1168

son o no correctas. Yo creo que eso es por donde teníamos que haber ido; no este tipo de Interpelación, no este tipo de afirmación gratuita y fácilmente rebatible, sino empezar a trabajar seriamente en el futuro de las carreteras de nuestra Comunidad Autónoma, futuro que yo creo que está en parte garantizado por nuestro trabajo. Y además creo que la Comunidad Autónoma está haciendo un esfuerzo importante en la materia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León es quitando las Comunidades de régimen foral, la tercera Comunidad que más invierte per cápita en materia de carreteras. Yo creo que ése es... A no mucha distancia de las dos anteriores; prácticamente, digamos, con el mismo porcentaje que la segunda Comunidad que más invierte en esta materia, y que, por lo tanto, estamos haciendo el esfuerzo dentro de las capacidades. Yo creo que otro tipo de cosas es un poco ciencia-ficción, o política-ficción, y yo creo que nadie está jugando a esas cosas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

La sesión se reanudará a las cuatro y media de la tarde. Se suspende la sesión.

(Se suspendió la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, reanudándose a las dieciséis horas cuarenta minutos).

Comienza la sesión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don José Castro Rabadán, relativa a la consideración de Castilla y León como Zona Asistida y Prioritaria a efectos de recibir las ayudas y subvenciones del FEDER y del Fondo Social Europeo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 86, de 12 de noviembre de 1985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Castro Rabadán.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Señor Presidente, Señorías. La presentación de esta Proposición No de Ley viene justificada por el propio debate de esta misma mañana. Quiere decir que es un tema que nos tiene preocupados a todos los Grupos aquí representados. Y porque, encontrándonos en el proceso de ratificación de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, se ha considerado necesario y aconsejable que Castilla y León tuviese acceso a los fondos y ayudas comunitarias. Han pasado cuatro meses desde que presentó una primera Proposición, que entró en el Registro de estas Cortes; ulteriormente fue transformada debido a los pasos iniciales que dio el Gobierno Central. Durante este tiempo, se han dado los primeros pasos, como he dicho, por parte de la Administración Central para que la declaración de que tratamos pueda llegar a tener efecto.

La Secretaría General de Economía y Planificación del Estado ha elaborado una propuesta de delimitación de Zonas Asistidas por el FEDER para negociar con la Comunidad, negociación que aún no está cerrada, por lo que debemos insistir, con el apoyo de estas Cortes, en el fin de esta Proposición No de Ley, para que el Gobierno lleve a buen término la declaración de Zona Asistida de Castilla y León, así como su carácter superprioritario, ante los organismos de la C.E.E. a los efectos del F.S.E.

La importancia y trascendencia de esta declaración viene dada debido a que los desequilibrios estructurales, la falta y envejecimiento de nuestras industrias, las reformas cada vez más necesarias en todo el ámbito agrícola y el desarrollo de nuevas políticas económicas ante la adhesión a la Comunidad hacen necesario que se tengan que reforzar las acciones a nivel estructural en nuestra Región. El esfuerzo financiero que esto supone se escapa a nuestra propia capacidad presupuestaria, y más en los momentos de crisis.

La integración en Europa va a suponer un cambio profundo en las relaciones económicas y no sólo en ellas. Todo nuevo rumbo en la vida de un país crea incomprensiones y tensiones entre lo viejo y lo nuevo, pero al fin hemos de considerar que Europa es un resultado histórico innegable, al que no podemos ni debemos dar la espalda por temores infundados o esquemas trasnochados.

Las ayudas europeas -ellas solas- no van a resolver nuestros problemas, bien es claro, pero sí servirán de palanca y de impulso al desarrollo, con nuestro esfuerzo y trabajo.

En Castilla y León partimos de una situación económica débil, donde el desarrollo está lejos de las cotas óptimas. Parte de nuestros hombres hace tiempo que emigraron, muchos de ellos a Europa, donde crearon riqueza. Es hoy, quizá, el momento en que podamos iniciar un movimiento compensatorio en las relaciones económicas que equilibre aquellas pérdidas humanas con los esfuerzos realizados fuera de nuestra Región.

La integración en Europa va a darnos la posibilidad de recurrir a los instrumentos financieros de la Comunidad Económica Europea, entre los que se encuentran, como Sus Señorías ya saben, el FEDER, el F.S.E. y el B.E.I., entre otros, que son palancas para el desarrollo de las regiones deprimidas de Europa.

El FEDER pretende reducir los desequilibrios en el desarrollo regional, por lo que establece el principio de coordinación entre los distintos niveles comunitarios entre sí, entre las políticas regionales nacionales entre sí y entre las distintas orientaciones y prioridades de la política regional comunitaria con las políticas regionales nacionales. Interviene, entre otros, en la financiación tanto de programas comunitarios como de programas nacionales de interés comunitario, que sirven para aplicar a los P.D.R. de las diferentes regiones. pag. 1169

Los préstamos del Banco Europeo de Inversiones se otorgan a las regiones FEDER, declaradas Zonas Asistidas. Y, por otra parte, el Fondo Social Europeo, tendente a la generación de empleo y a promover la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, debe ser considerado como otro instrumento necesario al que debemos tener acceso.

Son las regiones FEDER las que absorben la mayor cuota de participación en el Fondo Social Europeo, llegando a recibir el noventa por ciento de sus recursos. Tenemos ejemplos en el Mezzogiorno italiano, en Irlanda, etcétera.

En el Protocolo de Adhesión a la Comunidad Económica Europea por parte del Gobierno español nos comprometemos a la puesta en práctica de una política regional que tiende a favorecer el crecimiento de las regiones menos desarrolladas, por lo que se exige que España califique como Zonas Asistidas a un conjunto de áreas de nuestra nación.

Ya hemos dicho que la calificación, en una primera instancia, se ha realizado durante el mes de Septiembre, pero aún queda por cerrar la negociación definitiva. Castilla y León está considerada como una Región con un Producto Interior Bruto inferior a la media nacional y con una población del 6,9% de la nación. Por encima de nosotros, a efectos demográficos, sólo se encuentran Andalucía y Galicia. Tenemos una gran zona fronteriza con Portugal, lo que hace que debamos mantener una cooperación en la raya que evite los desequilibrios existentes. Por esto, reunimos las condiciones necesarias para ser declarados Zona Asistida.

Además, el marco para la aplicación concreta de la coordinación entre las políticas regionales, nacionales y comunitarias viene determinado por los planes de desarrollo regional. Nosotros ya tenemos el nuestro, y hay que manifestar que es el primer Plan de Desarrollo Regional que han hecho las Comunidades Autónomas españolas. Sin él, no podríamos solicitar las ayudas, pues es marco obligado para la evaluación de los proyectos y programas que debemos solicitar. Hay que tener en cuenta que desde el año setenta y cinco al año ochenta y tres las ayudas habidas a través del FEDER en la Comunidad Económica Europea suponen las subvenciones y apoyos a veintiún mil quinientos proyectos que se han presentado y que han sido, asimismo, subvencionados. Debemos valorar, también, que la Junta de Castilla y León ha enviado a través del Gobierno español a la Comunidad Económica Europea una serie de proyectos dentro del programa del P.D.R. que se han adelantado al resto de las Comunidades españolas, e incluso las diferentes Diputaciones, de cualquier color político; son las primeras que han presentado proyectos que a través de la Junta de Castilla y León se han presentado y se llevan a Europa.

Nuestro P.D.R. se ha realizado siguiendo el esquema común elaborado pro el Comité de Política Regional de la Comunidad Económica Europea, por lo que mantiene el carácter indicativo necesario para ser marco de ayudas y beneficios, subvenciones, del FEDER.

Hay que dejar claro que en esta cuestión nos hemos adelantado, y en otros debates ya se ha dicho, nos hemos adelantado al resto de las Comunidades Autónomas de España en la iniciativa en cuanto a Plan de Desarrollo y en cuanto a plantear proyectos concretos y determinados para ser subvencionados por la Comunidad. Este es un tema que hay que apuntar al haber de la Junta de Castilla y León, al margen del color político que tenga, y creo que todas las Señorías aquí presentes deben reconocer que es un hecho objetivo, real, al que hay que apoyar.

Señorías, estamos ante un momento histórico irrepetible. Nunca hasta ahora ha existido una oportunidad, ni tanta urgencia, para organizar la política regional articulada entre la Comunidad Autónoma, la Administración Central y las instituciones y organismos europeos. Por ello, solicito de esta Cámara que declare que nuestra Región sea considerada en su totalidad Zona Asistida por el Gobierno del Estado en las negociaciones que, sin cerrar aún, realiza con los organismos comunitarios, para que así sea declarada por los mismos y se nos dé, al mismo tiempo, el carácter de Zona Superprioritaria a los efectos de las ayudas del Fondo Social Europeo, y, por otra parte, que los proyectos de inversiones enviados por nuestro gobierno regional, así como los que puedan seguirles en el futuro desde el Estado, sean apoyados por nuestro Gobierno Central para que el FEDER los apruebe en el momento en que tengamos acceso a los fondos comunitarios. Pidiéndoles por todo esto y para ello su voto afirmativo ante esta Proposición No de Ley que presento. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

Les agradecería tuvieran la amabilidad de guardar silencio, porque insisto en lo que dije el otro día: de lo contrario, pediré al orador que el silencio lo guarde él. Muchas gracias.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Parlamentarios. Creo que es muy fácil para mí, en este momento, fijar la posición de mi Grupo con relación a la propuesta de ayuda que nos solicita el señor Castro Rabadán, en nombre del Grupo Socialista, al presentarnos esta Propuesta de Ley sobre un tema que fue amplísimamente debatido esta mañana.

Creo decir que, sin manifestarnos de una forma muy expresa, ya se colige de todo lo que yo esta mañana he manifestado en esta Tribuna que nuestro voto va a ser afirmativo, a favor de la propuesta que el señor Castro Rabadán presenta. Y va a ser afirmativo por una simple razón: porque con su propuesta el señor Castro Rabadán lo que viene a hacer es ratificar lo que ya dije esta mañana, lo que viene a hacer es ratificar todo el planteamiento que yo hacía de nuestra posición ante la Comunidad Económica Europea, necesitada de muchos refuerzos (y aquí la prueba la tenemos en que se nos pide uno más, y porque, además, con la posición del

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señor Castro Rabadán lo que se ratifica, fundamentalmente, es el hecho de que en nuestra Comunidad seguimos a falta de una organización, de un elemento, de un organismo que con total representación de la Comunidad pueda atender todas las complicaciones, todos los eventos que puedan presentarse ante la Comunidad Castellano-Leonesa con motivo de nuestra incorporación ante la Comunidad Europea.

Huelga decir, señores y señoras, que estamos en un acuerdo completo con el planteamiento del señor Castro Rabadán y que tenemos la esperanza de que, a partir de él, el Grupo Socialista, la Junta de Castilla y León considere decididamente esta propuesta que yo formulaba esta mañana, de que Castilla y León de que Castilla y León, igual que lo tienen otras Comunidades, tenga su propia organización representativa de la Comunidad para hacer frente a estos eventos que el planteamiento de la Comunidad Económica Europea va a hacer urgente para la Comunidad Castellano-Leonesa en cuanto a la resolución de muchos problemas que inevitablemente se nos van a presentar.

Por ello, repito que nuestro voto va a ser afirmativo, a favor de la propuesta del señor Castro Rabadán, y ruego a la Junta que considere que con esto lo que hace es ratificar esta petición mía, en lo cual insisto. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Castro Rabadán.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Señor Presidente, Señorías. Brevemente, agradecer al señor Caballero Montoya y a su Grupo el voto afirmativo a la iniciativa de este Procurador y del Grupo Socialista; pero he de decirle, sin menoscabar sus buenas intenciones y su preocupación por el tema comunitario, que esta iniciativa arranca del mes de mayo, fue presentada a principios de Junio en estas Cortes; por lo tanto, no tiene nada que ver con el debate de esta mañana o con las propuestas e interpelaciones que usted ha hecho ante esta Cámara. Es anterior, lo cual no quiere decir nada en absoluto que menoscabe sus iniciativas, por otra parte; pero dejar claro que no nace a iniciativa de ningún Grupo extraño al Grupo Socialista ni a este Procurador. Y, por otra parte, manifestar que este Procurador no plantea el tema de la necesidad de ningún órgano u organismo al margen de la Junta para el desarrollo de la política comunitaria, que creo que la Junta lo ha demostrado en los pasos iniciales que ha dado y que está dando, como he manifestado anteriormente, en la iniciativa ante los problemas comunitarios, tanto de creación del Plan de Desarrollo Regional, como de los distintos órganos que se han creado, y plataformas, para el estudio y comprensión de los temas comunitarios y estar presente en las distintas áreas de ellos; y que, por tanto, la Junta es suficiente y que ella, en sí misma, como Gobierno, o los órganos que ella considere oportuno crear, serán suficientes para el desarrollo de esa política. Yo creo que, hoy por hoy, está en el buen camino y que es un camino que todos debemos apoyar y congratularnos de ello. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, Señorías. En la misma línea y ánimo de las expresiones que vertía este Consejero esta mañana, deseo reiterar que, repito, dentro de esa mima línea, la plena identificación de la Junta de Castilla y León -por qué no, del Gobierno de la Comunidad pese a quien pese-, plena identificación con la exposición y propuesta que acaba de formular el portavoz del Grupo Socialista. Y, evidentemente, no solamente hay en mis palabras plena identificación, sino que quiero que esta asunción de la Proposición No de Ley implique un compromiso formal ante esta Cámara de impulsar la misma ante el Gobierno de la nación y de potenciar la misma ante los órganos correspondientes de la Comunidad Económica Europea. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Proposición No de Ley presentada por el señor Castro Rabadán, relativa a la consideración de Castilla y León como Zona Asistida y Prioritaria, a efectos de recibir las ayudas y subvenciones del FEDER y del Fondo Social Europeo.

Votos a favor de la Proposición No de Ley. Tomen asiento, por favor.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. Votos a favor de la Proposición No de Ley: sesenta y nueve. Queda, por tanto, aprobada.

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al séptimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Séptimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Manuel Fuentes Hernández, relativa a catalogación, protección y mejora de Zonas Naturales y Turísticas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 86, de 12 de Noviembre de 1985".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Fuentes Hernández.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Después del frío de esta mañana, mejorado en este momento, me encuentro defendiendo esta Proposición No de Ley en unas condiciones ambientales para hacer llegar a Sus Señorías una inquietud en orden a defender estas zonas naturales aptas y atractivas para el baño.

Decían hace unos días los más importantes comentaristas de estas sesiones que ellos creían que los

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señores Procuradores, en este marco y en sus intervenciones, debían decir cosas que atañen a la gente. Yo creo, personalmente, que siempre se intenta, por cualquier Procurador que sube a este estrado, que sea así. Y hoy, aunque sea paseando por Europa en esta mañana fría, o discurriendo por las carreteras de León y de Zamora, en las que no hemos llegado a un acuerdo, creo que podemos caminar en orden al trabajo que yo propongo.

Estos comentaristas, incluso, añadían estos días que deberían de dar los señores Procuradores argumentos para que los ciudadanos entiendan a los políticos, en este caso a los señores Procuradores, entre los cuales me encuentro; y éste es mi propósito en esta sesión planteando esta Proposición No de Ley, cercana en la forma y en el fondo a aquellos que este verano protestaron y sorprendieron por actuaciones que, una vez que habían decidido dónde pasar el verano, se vieron, con el cúmulo de noticias difundidas, de alguna manera desconcertados. Porque veían y nosotros lo palpamos en ese contacto, que muchos de los planteamientos que se hacían, no dudando probablemente de su buena intención, no fueron meditados, estaban en desconexión con los afectados directos de lo que se estaba planteando.

La Proposición que presento en estas Cortes me interesa resaltar que afecta a más de trescientas cuarenta zonas de baño de la Comunidad, en principio básicas, susceptibles de ser reducidas o ampliadas. Afecta a un gran número de establecimientos hoteleros, comerciales, de profesiones liberales, de servicios, etcétera, con una importante repercusión en la necesidad de mantener dotaciones, incluso, durante el año en nuestra Comunidad que superviven y se mantienen, en muchos casos y en buena medida, gracias a la temporada de los meses de verano. Afecta a la necesidad urgente de cuidar unos lugares de atractivo para un turismo interior y exterior en nuestra Comunidad que es preciso atender, evitando un deterioro progresivo del entorno natural y ecológico de todas las áreas de ríos, pantanos y lagos afectados.

Con esta Proposición pueden y deben consolidarse y mejorarse una red de espacios públicos de baño de gran atractivo en nuestras nueve provincias, localizados en nuestros trescientos ocho ríos, cincuenta y cinco embalses y lagos y cuarenta campings, en lo que nuestro turismo de verano pudiera afianzarse y potenciarse, asegurando una fuente creadora de riqueza y puestos de trabajo, de los que tan necesitados estamos.

La propuesta, señoras y señores Procuradores, que formulo a estas Cortes de Castilla y de León en forma de Proposición se basa en la experiencia de esta temporada pasada y tiene estos antecedentes y fundamentos.

La Junta de Castilla y León durante el verano pasado, en los meses de más afluencia de visitantes, en las zonas afectadas de nuestra Comunidad por la contaminación de las aguas en lugares naturales para el baño realizó una campaña de análisis que después tuvieron amplia difusión en las provincias de la Comunidad, en los medios de comunicación y, en algunos casos, según los más directamente afectados, en un tratamiento a veces espectacular y desproporcionado con la realidad y con clara incidencia en la imagen general del turismo en nuestra Región, por cuanto se puso de manifiesto una forma de proceder de emergencia y, por consiguiente, sin haber realizado con la suficiente previsión una labor preventiva en los meses anteriores, lo que pone de manifiesto la necesidad de actuar en este campo de forma sistemática y planificada, dando amplia participación a los sectores afectados: Ayuntamiento, hostelería, etcétera.

Dada la importancia que representa mantener el atractivo que para el visitante y el turista tienen las zonas de baño de nuestra Comunidad, así como para la economía de numerosos pueblos de la provincia de Castilla y de León situados próximos a estas riberas de ríos, pantanos y lagos, sería preciso articular una acción conjunta de la Junta con sus Consejerías más directamente implicadas en este asunto y en coordinación con Confederación y otros organismos del Estado y las Administraciones Locales en orden a mejorar y definir para la próxima temporada y con la debida antelación estas zonas tan interesantes, insisto, de mantener en su actual atractivo y, de ser posible, incrementado y más cuidado.

Teniendo en cuenta las competencias que tiene la Comunidad en estas materias y en base a esta exposición de antecedentes y fundamentos que formulo a esta Cámara, realizo esta propuesta de acuerdo:

Primero: Que por la Junta de Castilla y León, en cooperación con entidades locales y provinciales, se proceda a realizar un catálogo de zonas naturales aptas y atractivas para el baño en riberas de ríos, pantanos y lagos que tradicionalmente vengan siendo utilizados en el verano como atractivo natural y turístico de nuestra Comunidad. Que, una vez sean definidas su extensión y localización, se efectúe una labor de seguimiento durante el año en el que se controlen los vertidos habituales y accidentales para tratar de evitar, al máximo, incluso si fuera posible con la articulación de fórmulas de depuración de vertidos, en el periodo estival la contaminación de estas aguas de las zonas, insisto, catalogadas. Que, en cooperación con otras instituciones, Ayuntamientos y Diputaciones, se realice un plan para la Comunidad de mejora de las dotaciones necesarias para el control y limpieza de las márgenes, acondicionamiento de instalaciones y servicios mínimos, para tratar de conseguir las mejores condiciones higiénico-sanitarias para los bañistas en las zonas y áreas catalogadas para estos fines.

El conocimiento directo de esta problemática y la preocupación que sienten numerosos vecinos de nuestra Comunidad hacen, señoras y señores Procuradores, que este compañero vuestro solicite a todos los Grupos representados en estas Cortes su voto afirmativo.

En la Enmienda presentada por el PSOE antes de celebrarse esta sesión yo he tenido la oportunidad de cambiar puntos de vista, y hemos llegado, en unas

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matizaciones que ellos han hecho a esta Propuesta de Resolución que yo acabo de leer ante ustedes, sobre la base del documento que se ha circulado a Sus Señorías, a una Proposición Transaccional que recoge con matices esenciales y en algunos aspectos complementa y en otros lleva a un nivel de cumplimiento que nosotros tenemos también de gradualizar, lo que supone una concreción sólo en los aspectos de operación práctica, no en el gran nivel de la definición de la catalogación, que en sí conlleva una serie de actuaciones que Sus Señorías perfectamente conocen. En este sentido, nuestro Grupo, entendiendo que dado el interés general que tiene esta Proposición y el fin social que la misma pretende conseguir, asume con claridad estas matizaciones, que, insisto, se han hecho sólo a los dos segundos puntos. Y como en este sentido ustedes necesitan una precisión, he de decirles que sobre el documento que el Grupo Parlamentario Socialista ha aportado nosotros proponemos -y así se ha aceptado- en el punto segundo la siguiente precisión: "Que una vez sean éstas definidas en su localización, extensión, así como debidamente realizadas, se efectúe una labor de seguimiento durante el año para, en la medida de lo posible, tratar de evitar su degradación como consecuencia de vertidos en los cauces, sobre los que (y ésta es la adición) a corto y medio plazo se articulen fórmulas de depuración que traten de evitar, definitivamente, la contaminación de las aguas de las zonas catalogadas".

Y el punto tercero de su Enmienda asumido plenamente.

Señores Procuradores de todos los Grupos Parlamentarios que están aquí y que me merecen todos, por su categoría, una extraordinaria por mi parte recepción de lo que supongan sus aportaciones, sea cual sea su decisión, que respeto profundamente, de voto, muchísimas gracias por la atención que a este Procurador han prestado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, como Grupo enmendante, tiene la palabra el señor Fernández Merino, D. Laurentino.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO (D. LAURENTINO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Bien; a mí sólo me resta manifestar, por parte de nuestro Grupo, que iniciativas de este tipo, iniciativas que tienen fundamentalmente un sentido positivo y de apoyo a la labor de gobierno, contarán siempre con nuestro apoyo, inclusive cuando, como en esta ocasión, aportemos algunas enmiendas que fundamentalmente y sin entrar en el fondo intentan modificar simplemente la forma de manifestar las propuestas.

Y simplemente ya, por tanto, me queda ratificar o leer cuál es el sentido de la enmienda que el Grupo Socialista pretendía y aportaba a esta Propuesta de Resolución, enmiendas que han sido aceptadas por el proponente y por tanto no hay motivo de discusión. Simplemente, digo, nosotros pretendíamos modificar el apartado dos de la Propuesta de Resolución, sustituyendo el texto original por el siguiente "Que una vez sean éstas definidas en su localización, extensión, así como debidamente señalizadas, se efectúe una labor de seguimiento durante el año para, en la medida de lo posible, tratar de evitar su degradación como consecuencia de vertidos de los cauces"; a lo cual se añade un nuevo añadido que acaba de explicar el proponente. Y por último, en el tercer párrafo, sustituir por el siguiente: "Que, igualmente, la Junta de Castilla y León, en cooperación con otras instituciones, realice un plan de mejora, limpieza y conservación de los citados lugares que posibilite unas óptimas condiciones higiénico-sanitarias". Como creo que obra en poder de todos los Procuradores el texto de la enmienda, solamente me queda decir que este tipo de iniciativas son las que, como decía antes, contarán con nuestro apoyo permanentemente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor de Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Yo voy a votar afirmativamente esta Proposición No de Ley presentada por el señor Fuentes, en razón de que analizando la propuesta que ha hecho, la Propuesta de Resolución, se ve uno de los temas más significativos de la buena actuación de cada Consejería individualmente y la mala actuación de la Junta coordinadamente. Es decir, por la Consejería de Agricultura o por la Consejería de Turismo se hace en casi todos nuestros pueblos -y en los Presupuestos de Agricultura van bastantes bienes para ello- una actuación loable: centros recreativos donde aglutinar a las gentes, donde puedan utilizar el descanso veraniego. Eso lo hace la Consejería de Agricultura y, una vez hecho, llega la Consejería de Bienestar Social y los prohíbe para el baño, dándose la paradoja de, como ocurría este verano, y el señor Día Fuentes no sé si en su vivencia lo haya tenido, se daba la circunstancia de que algunos alcaldes tenían que poner los carteles por la mañana y mandar al municipal vestido de paisano a quitarlos una hora después. Porque el problema que se le venía encima era grande: por una parte, no había otro sitio. Por tanto, nosotros, yo personalmente, porque en el Grupo Mixto nunca podemos hablar en nombre de los demás, vamos a votarla favorablemente, y que ojalá esta Proposición No de Ley sea para actuación coordinada de la Junta y no ya, como dice la Resolución, "una vez hecho y señalizado", sino antes de hacer esos lugares de esparcimiento, por la Consejería de Agricultura o la Consejería de Turismo se vea el sitio idóneo o no desde el punto de vista sanitario que puedan plantear. Por tanto, nuestro voto afirmativo y que esta Proposición No de Ley, si es que es aprobada por estas Cortes, sirva para que en lo sucesivo la coordinación de la Junta sea total en este tema y sirva de ejemplo en otros en que tienen que actuar distintas Consejerías que inciden en el mismo problema. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Fuentes Hernández.

EL SEÑOR FUENTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En esta Proposición No de Ley, que afortunadamente recibe el respaldo de toda la Cámara, he tratado de hacer una defensa de un problema concreto de nuestra Comunidad, con preocupación global de la misma, que, como todos ustedes, Sus Señorías, conocemos y vivimos. Una visión desde la calle, con los pies en el suelo, con el propósito de proponer fórmulas de soluciones a la Junta con el fin de tratar de mejorar y clarificar un aspecto de la vida de nuestros conciudadanos, de forma que, al ser aprobada con ella, en esta actividad confluyan realmente la atención de instituciones, de empresas, de empleos, de inversiones, y sea una obra, en una realización de todos. Ello puede influir, primero, en la mejora del medio físico de nuestra Comunidad, de nuestros lagos, embalses y ríos, con control adecuado en todos los órdenes; y segundo, en conseguir afianzar un turismo de tiempo libre de verano, que tiene una significación específica para nuestros ciudadanos, para nuestros emigrantes también, que pasan en Castilla y en León, preferentemente, su tiempo libre.

Una vez aprobada esta Proposición si ustedes conceden, como parece indicar, su voto afirmativo unánime, espero la lleve a efecto la Junta con el mismo interés que si la propuesta o la idea hubiera partido de la Junta. De esta forma, quedará garantizado el que ese trabajo y esta fórmula parlamentaria de la Proposición No de Ley demuestre que estas proposiciones son, realmente, una aportación positiva que la oposición hace y el gobierno regional realiza para bien de los hombres y mujeres de esta Comunidad de Castilla y León, al tiempo que, como dice un gran escritor de Castilla y León, Miguel Delibes, "fortaleceremos en nuestra Comunidad un aspecto que resalta estas riquezas de nuestros lagos, pantanos y ríos y hacemos y contribuimos a la realidad de que nuestra Castilla y León, además de ancha, sea diversa". Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Se somete a votación la Proposición No de Ley presentada por el señor Fuentes Hernández, relativa a catalogación, protección y mejora de zonas naturales y turísticas.

Habida cuenta del parecer mostrado aquí por los distintos Portavoces, de acuerdo con el artículo 87 del Reglamento se somete a votación por asentimiento ¿Algún voto en contra? De acuerdo con el mismo artículo se considera aprobada la Proposición debatida, por asentimiento. Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Octavo punto del Orden del Día: "Debate de totalidad del Proyecto de Ley por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas de Castilla y León y régimen disciplinario de las mismas:

1. Debate y votación de la enmienda a la totalidad, proponiendo la devolución del proyecto a la Junta de Castilla y León, presentada por el Grupo Mixto.

2. Debate y votación de la enmienda a la totalidad, proponiendo la devolución del proyecto a la Junta de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Popular".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio por favor. Tiene la palabra el señor Consejero de Educación y Cultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR BURGOS GONZALEZ):

Señor Presidente, Señorías. En mi comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura de estas Cortes el quince de Noviembre de mil novecientos ochenta y tres, señalaba dos objetivos fundamentales perseguidos por nuestra política en materia de deportes: la generalización de la práctica deportiva entre los habitantes de Castilla y León y la mejora del nivel deportivo regional en términos cualitativos.

A ninguna de Sus Señorías se le puede ocultar que el logro de ambos objetivos se encuentra estrechamente relacionado, en cuanto que, por un lado, la extensión de la práctica deportiva, especialmente en edad temprana, facilita el surgimiento de figuras que puedan, en su día, incorporarse al deporte de alta competición, y que, por otro, la existencia de deportistas afamados ejerce siempre una función de arrastre que conduce a la generalización de la práctica de las disciplinas deportivas que aquéllos cultivan.

El cumplimiento de los mencionados objetivos exige, además de la instrumentación de una adecuada política de inversiones que conduzca a la creación de una red racional de instalaciones deportivas, una estrecha colaboración con las asociaciones en las que los deportistas se agrupan e integran, y de modo singular con las federaciones en las que están representados los diferentes sectores, clubs, técnicos, árbitros y jueces implicados en el desarrollo de las actividades propias de cada una de las diversas modalidades deportivas.

La Ley 13/1980, o Ley General de la Cultura Física y del Deporte, remite la regulación de la estructura interna y organización territorial de la federaciones españolas a sus respectivos estatutos. Esta circunstancia ha conducido a que, mientras algunas federaciones españolas desarrollan su estructura orgánica no considerando más división territorial que la provincia, otras poseen estructuras de ámbito supraprovincial que, en la mayoría de los casos, no coinciden con la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas; hechos ambos que dificultan la necesaria coordinación de actuaciones entre las federaciones deportivas y los

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Gobiernos Autónomos una vez efectuada la transferencia de competencias en materia de promoción del deporte a las Comunidades Autónomas. Una coordinación que es precisa por cuanto, a diferencia de algunas asociaciones deportivas de funcionamiento estrictamente autónomo que desarrollan sus actividades sin vinculación alguna con la Administración, las federaciones constituyen un cauce habitualmente utilizado por las administraciones públicas para el ejercicio de algunas de sus competencias en materia de fomento de la actividad deportiva. Intervienen así activamente en la organización de competiciones oficiales; gestionan, en ocasiones, instalaciones públicas específicamente destinadas a la práctica de una disciplina concreta; desarrollan programas de tecnificación; ostentan la representación de un determinado territorio en las competiciones oficiales de ámbito geográfico superior, etcétera, etcétera, etcétera.

Precisamente por ello, las federaciones reciben anualmente, para el cumplimiento de los fines que se les encomiendan, cuantiosas subvenciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas. Es evidente, pues, que actúan como agentes de la Administración al servicio del interés general, pudiendo ésta, por ello, regular su estructura y su régimen de funcionamiento en aras a adecuarlas al mejor desarrollo de las tareas que les son propias.

La necesaria colaboración con las federaciones a que reiteradamente he hecho referencia resulta extremadamente difícil, tanto cuando es necesario contar con nueve interlocutores en cada deporte, caso de las federaciones de estructura provincializada, como cuando -cual ocurre con frecuencia- algunas provincias están integradas en estructuras federativas pluriprovinciales que abarcan territorios pertenecientes a diversas Comunidades Autónomas. Las cincuenta y dos federaciones deportivas existentes, combinadas con las nueve provincias que integran Castilla y León, configuran un mosaico cuya descripción exhaustiva resultaría tediosa y cuya coordinación efectiva es poco menos que imposible, suponiendo siempre una notable merma de la rentabilidad de los esfuerzos organizativos, económicos y de todo orden que la Administración Autónoma realiza para promocionar la actividad deportiva.

Uno de los objetivos básicos que el proyecto que hoy tengo el honor de presentar en esta Cámara persigue es el de superar tan grave obstáculo a la ejecución de una eficaz política de promoción deportiva, corrigiendo una situación cuyos defectos no han sido percibidos sólo por la administración, sino también por los deportistas, las propias federaciones provinciales y aun las españolas, que reiteradamente han venido reclamando ante la Administración autónoma, y en ocasiones a través de los medios de comunicación, la urgente regulación, en el ámbito territorial de nuestra Comunidad, de los aspectos contemplados en este Proyecto de Ley.

Con ser éste un objetivo fundamental que por sí solo justifica ya la tramitación y aprobación, en su caso, de este Proyecto de Ley, yo quisiera apuntar a Sus Señorías algunas otras razones, a mi juicio no menos importantes. El hecho de que un sector social tan amplio como el que constituye el mundo del deporte y unas instituciones tan enraizadas en el tejido social, como son las federaciones, se vertebren territorialmente de conformidad con los términos geográficos de la Comunidad Autónoma y no ignorando su existencia, y de que las actividades por ellas programadas tengan, mayoritariamente, esa misma referencia supone, sin duda, una contribución sustancial a la consolidación de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, este Proyecto de Ley contribuye al afianzamiento de las instituciones de autogobierno, en la medida en que aspira al pleno ejercicio por ellas de las competencias exclusivas que en materia de deportes le reconocen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Señor Presidente, Señorías, el Proyecto de Ley que estoy presentando pretende, pues, facilitar la cooperación entre la Administración de Castilla y León y las federaciones deportivas, trata de dar respuesta a una demanda social reiteradamente expresada por los distintos sectores del mundo del deporte castellano-leonés y aspira a contribuir a la consolidación de la Comunidad Autónoma y el fortalecimiento de sus instituciones de autogobierno. En él se regulan la constitución y funcionamiento de las federaciones deportivas de Castilla y León, con absoluto respeto al contenido esencial del derecho de libre asociación establecido en los artículos 22 y 53.1 de la Constitución española, e inspirándose en algunos principios básicos de todo sistema democrático y de nuestro propio ordenamiento jurídico, de ahí el que impongan a estas federaciones una composición pluralista, el que garantice la democracia interna y la transparencia de su gestión, el que propugne la eficacia en sus actuaciones y de ahí también el que establezca órganos que, vinculados al deporte general, gocen de un alto grado de autonomía, tanto con respecto a las federaciones como con respecto a la Administración, para el control de las irregularidades que tanto en su funcionamiento como en la práctica deportiva puedan producirse.

El Proyecto prevé y garantiza la vinculación de las federaciones deportivas de Castilla y León que a su amparo se creen con las españolas correspondientes, delimitando sus respectivos ámbitos competenciales, sin perjuicio, por supuesto, de contemplar la creación de una Federación Castellano-Leonesa de Deportes Autóctonos, carente, obviamente, de tales vinculaciones. Establece y regula los órganos de gobierno y representación, cuyos miembros son elegidos por sufragio libre, igual, directo y secreto por y de entre los integrantes de los diversos colectivos implicados en el desarrollo de las actividades propias de la modalidad deportiva a que cada federación se refiera. Para garantizar la transparencia en la gestión económica y lograr la máxima rentabilidad deportiva de los fondos, mayoritariamente de origen público, de que las federaciones disponen, crea un órgano de control económico: la Comisión Revisora de Cuentas, desvinculada de la Junta Directiva. Y con

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objeto de ejercitar la potestad disciplinaria en todas aquellas actuaciones contrarias a la ética deportiva y en las infracciones de los Reglamentos de Competición, crea también un Comité Castellano-Leonés de Disciplina Deportiva.

El proyecto no contiene norma alguna que viole el derecho a la constitución de asociaciones deportivas sin vinculación alguna con las Federaciones Castellano-Leonesas. Se mantiene, pues, la viabilidad de la práctica deportiva como iniciativa social espontánea, no acogida a las medidas de fomento que supone la intervención de la Administración en esta materia. Estimula, sin embargo, por supuesto, la adscripción a las Federaciones que al amparo de la Ley se creen, en cuanto que tal adscripción se precisa tanto para poder participar en las competiciones oficiales como para tener acceso a otros beneficios derivados de la intervención de la Administración autónoma en el ámbito deportivo, pues contempla a las Federaciones Castellano-Leonesas como el instrumento a través del cual ésta ejerce algunas de sus competencias en materia de promoción del deporte en el ámbito territorial de la Comunidad; consideración de la que se deriva el corolario lógico de que las Federaciones Deportivas de Castilla y León han de gozar de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para hacer posible la gestión de sus recursos propios.

Por último, señor Presidente, Señorías, deseo señalar que, aun cuando no lo hay sido en establecer normas de alcance similar que regulan la organización de las Federaciones en su ámbito territorial, ésta es la primera Comunidad que lo va a hacer por Ley, lo que si por un lado es prueba inequívoca de respeto al papel de esta Cámara, es también, de otro, consecuencia lógica de nuestro deseo de que la nueva estructura territorial de las federaciones se vea en Castilla y León respaldada por todos los grupos políticos y de que el texto que las regule se vea enriquecido y perfeccionado a su paso por estas Cortes, en la Ponencia y en la Comisión. En este trámite estoy convencido de que el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno estará dispuesto a considerar la aceptación de cuantas enmiendas tiendan a mejorarlo, siempre que tengan en cuenta la necesidad de que las Federaciones Castellano-Leonesas gocen de personalidad jurídica propia, siempre que garanticen el funcionamiento en un régimen de democracia interna, con una transparencia absoluta de su gestión, siempre que contemplen una frecuencia en la renovación de cargos que impida el anquilosamiento de sus órganos de gobierno y representación y siempre que consideren como organización territorial básica la autonómica.

Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por su atención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para la presentación y defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, yo debo empezar reconociendo mis dudas ante la discusión de esta Ley. El artículo 26.17 de nuestro Estatuto reconoce como competencias exclusivas la promoción de la Educación Física del Deporte y de la adecuada utilización del ocio. A mí me parece esto suficiente para pensar que tenemos también competencias para organizar la práctica deportiva y, en consecuencia, para crear las Federaciones, pues poco deporte podríamos promocionar si se nos escapa la organización general.

La Ley, sin embargo, 13/80 que acaba de citar el señor Consejero de Educación y Cultura, de treinta y uno de marzo, dice que no puede constituirse más que una sola federación, en cuyo caso sería la española; aunque luego, en el artículo 14.4 se admite, al menos implícitamente, la existencia de federaciones que yo quiero entender regionales. La verdad es que el tema empieza siendo un poco confuso. A mí se me confunde todavía más cuando, y a la vista de lo que nos ha dicho el señor Consejero, yo no tengo idea muy clara de qué es una federación ¿Una federación es simplemente un cauce utilizado por la Administración o por las Administraciones públicas, como usted nos ha dicho, porque reciben subvenciones de la administración? ¿Son agentes de la Administración o, por el contrario, es el cauce en el cual confluyen los intereses de deportistas, de clubs, de asociaciones, de jueces, de árbitro, etcétera, y por tanto la federación es un organismo al servicio fundamentalmente de la defensa del deporte a través de estos intereses representados por todo este conjunto de personas?

Pero si podemos crear las federaciones, como yo lo admito, las Federaciones Regionales y se dice en el Preámbulo del Proyecto de Ley que queremos adaptar su organización y funcionamiento a principios democráticos, ¿estamos seguros que es un modelo de democracia el que se consigue con la Ley que se nos presenta? Aquí viene mi primera duda. Y si, como se dice también, las Federaciones Deportivas de Castilla y León se inspiran en principios de descentralización de funciones, ¿estamos convencidos también que esta descentralización de funciones de verdad la conseguimos? Estos son los dos puntos fundamentales que yo quisiera someter a meditación de esta Cámara y en los cuales a mí me gustaría que se centrara el debate de esta Enmienda la Totalidad que yo he presentado.

Quizá antes de seguir adelante yo debiera hacer una aclaración: presentar una Enmienda a la Totalidad significa o parece significar un enfrentamiento frontal con una posición manifestada por la Junta. Yo desearía que en este caso y en lo posible no se entendiera así. Yo creo que en una Ley de este tipo hay poca ideología que defender; se trata simplemente de hacer la Ley mejor que sirva a los intereses del deporte y de los deportistas, quizá no sólo a los de alta competición, como se decía por parte del señor Consejero, sino a todos los deportistas, a todas las personas que de una forma u otra practican el deporte. Incluso, para evitar esta oposición frontal yo he pretendido mejorarla con

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enmiendas parciales, pero me ha parecido que después de presentar algunas enmiendas parciales estos puntos fundamentales de esta filosofía de la Ley no pueden corregirse. Por ello, mi deseo es que la Ley se mejore, pero que para mejorarla era necesario retocarla antes de volver a traerla a este Parlamento.

Puede que se entienda que si la Ley se devuelve a la Junta sufre el prestigio de la Junta. Bueno, yo creo que tampoco es así. Quizá un síntoma de fortaleza es rectificar, y con la rectificación se puede mejorar. Yo creo que el Proyecto de Ley presentado se puede mejorar, precisamente, en lo que se quiere conseguir, en lo que se dice en el preámbulo, en la democratización y en la descentralización. Se quiere hacer la práctica del deporte a la representación deportiva más democrática y se quiere, al mismo tiempo, descentralizar. Pues en estos dos puntos yo creo que la Ley se puede mejorar. Y, desde luego, yo creo también que no se mejora, sin embargo, con enmiendas parciales. Porque el defecto principal de la Ley es que luego plantea una democratización incompleta; es decir, yo no quiero decir que la Ley no es democrática, pero sí que plantea una democratización incompleta, y una descentralización prácticamente nula. Y voy a explicarme. No se puede negar que cuando se puede elegir un presidente de federación como permite la Ley presentada se está actuando dentro de un sistema democrático, pero, ¿no sería mejor que se eligiera también la Junta directiva y no que la democracia finalizara en la elección del Presidente, un presidente que a continuación designa una Junta Directiva y que supone -aunque no se dice en la Ley pero se supone que también designará los delegados en las diferentes provincias? Yo creo que la pregunta fundamental queda sin contestar ¿No sería más democrático elegir los representantes de las Federaciones Regionales, cuando éstas existen o deban existir, que habrá deportes en los cuales no tenga sentido y, en cambio, hasta podrá haber en algunos casos hasta federaciones comarcales -por qué no- cuando la extensión del deporte así lo aconseje, y que éstos luego, los representantes de las federaciones comarcales, en su caso, provinciales en su caso también, que éstos, digo, elijan a los representantes en el gobierno regional? ¿No sería esto más democrático? Porque yo creo que si tenemos competencias y vamos a ejercerlas debemos ejercerlas con independencia y con originalidad y sin estar sujetos a ataduras. Porque lo que yo creo que con esta Ley tratamos de reproducir es el modelo que ha estado funcionando hasta ahora a escala nacional, ese modelo que ha estado funcionando a escala nacional y que tan criticado ha sido en muchos ambientes deportivos, porque las federaciones han sido objeto de todo género de críticas tal como han estado estructuradas hasta ahora. Se las ha acusado, por ejemplo, de caciquiles ¿Y no lo serán igual cuando se elige un presidente con plenos poderes? O que la aplicación de la Ley "Porta", que se reproduce en el artículo 14.3 y que se limita el mandato del presidente a ocho años, ¿no será esta algo que, por una parte, no es suficiente y por otra parte tampoco es lógico en lo que tiene de limitación? Porque si el sistema es plenamente democrático y si se evitan los plenos poderes del Presidente, éste debe poder ejercer cuanto tiempo lo deseen sus electores y lo podrán elegir por cuantos mandatos los electores estimen conveniente. Pero si el sistema puede permitir el autoritarismo, entonces los ocho años en que se limita el mandato, evidentemente, es todavía un periodo demasiado largo. Y si sólo se elige al presidente, si ni siquiera se habla de las estructuras provinciales, yo me pregunto cómo se puede conseguir esa tan anunciada, yo creo que tan deseada y yo creo que esa tan pretendida por parte de la Junta, también, descentralización ¿Cómo puede conseguirse? Evidentemente, no se puede conseguir simplemente porque la región sea más pequeña que el territorio nacional, porque Valladolid quede más cerca de las diferentes provincias que lo quede Madrid; a mí me parece que esto y el tema de las distancias es poco para evitar simplemente y con ello la descentralización. Porque si el centralismo se producía antes con las Federaciones Nacionales, el centralismo se seguirá produciendo con las Federaciones Territoriales o Regionales.

Y si no conseguimos ni un sistema plenamente democrático, porque la democracia no es sólo votar durante un día y elegir un presidente para cuatro o para ocho años, sino disponer también de un sistema de participación continua; si no superamos tampoco ese centralismo, ¿para qué nos sirve la Ley? La Ley nos sirve, evidentemente, para crear este cauce de la Administración Pública que nos decía el Consejero y que necesitamos; la Ley nos sirve para superar este maremágnum que existe hoy de que territorios de nuestra Comunidad pertenezcan a otras federaciones que no coinciden con el territorio de la Comunidad Autónoma; pero a mí eso me parece todavía poco. Nos sirve para corregir eso, pero nada más que para corregir eso, y sin embargo no nos sirve para dar una organización al deporte diferente o muy diferente a la que tenemos.

Si lo que queremos, en definitiva, es ayudar al deporte, como yo no dudo que lo que queremos con esta Ley es eso, yo creo que tendremos que darle una organización que auténticamente satisfaga a los deportistas. Yo he hablado con muchos deportistas durante estos días y tengo que decir una cosa: no es que los deportistas criticaran a la Ley; a los deportistas casi no les interesaba la Ley. En el fondo les daba lo mismo porque para ellos federación es organización central, es burocracia, es plataforma de representación para unos pocos señores, pero nada más. No creen en las federaciones, y probablemente les vamos a dar un organigrama, una organización de unas federaciones en las que tampoco van a creer. Y esto es lo que yo quería señalar. La organización federativa actual no goza de su confianza, y la que nos ofrecen es análoga si cambiamos un territorio más amplio por un territorio más reducido y si cambiamos Valladolid por Madrid; y, probablemente, para un viaje de este tipo no necesitábamos demasiadas alforjas. Sería, desde mi punto de vista, una ocasión perdida para conseguir una mayor participación de los deportistas y de la gente que se mueve alrededor del deporte que esta Ley saliera con estas características y con tan poco

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entusiasmo por parte de ellos. Ninguna autonomía tiene ahora los deportistas de base, pero ninguna autonomía está esperando tampoco en esta Ley, y esto es lo que yo creo que es lamentable, porque debiera tenerla.

Yo he seguido preguntando, y he dicho que, bueno, que en las Juntas Directivas podrán haber miembros de las provincias y éste será el enlace que se pueda tener con ellas, y me han contestado: sí, puede haberlos si es voluntad del presidente, pero qué más da. Un tesorero de una Federación Nacional me decía: "yo me encargo de recaudar incluso en mi provincia, pero luego el dinero para actividades deportivas no llega". He seguido diciéndole que se cuidarán los nombramientos de los representantes provinciales, y también me han contestado: sí, puede acertarse, pero si no se acierta con las personas se estrangula todo el deporte provincial y los deportistas provinciales no tendremos nada que decir, y además son meros delegados al servicio no del deporte de base, no de los clubs, no de las personas de la provincia, sino a las órdenes del presidente y de la forma que él tenga de entender el deporte.

Yo creo que es demasiado el riesgo y que fácilmente podría evitarse. Si no se entiende así, yo, desde luego, lo siento, pero me quedo tranquilo simplemente con hacer la denuncia que yo hago de la Ley desde esta Tribuna. Porque en resumen, y finalizo, la Ley sólo permite reconocer, aparte de la elección del presidente, una asamblea general, y ese nombramiento, repito, del presidente, pero ni una vez se habla, por ejemplo, de la provincia. Y las provincias existen, y acercar el deporte a las bases yo creo que es fortalecer el deporte, y las provincias están más cerca de los deportistas, y es posible encontrar un sistema en que el deporte de base se organice en base a las provincias y los representantes provinciales elijan, a su vez, a estos representantes regionales y esta federación cumpla esta doble misión: la que el señor Consejero nos señalaba de ser este cauce utilizado por la Administración Pública, de ser estos agentes de la Administración que reciben las subvenciones, y de ser también y zal mismo tiempo representantes de todos los deportistas, que van a encontrarse identificados con ellos y que van, de esta forma, a conseguir que estas subvenciones tengan el mejor aprovechamiento posible. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo socialista y para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Sánchez Iñigo.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El Estatuto de Autonomía, como ya se ha dicho aquí, dice en su artículo 26, apartado 1, que la Comunidad de Castilla y León tiene competencias exclusivas en las siguientes materias: en el apartado 17 dice "en la promoción de la educación física, del deporte y de la adecuada utilización del ocio".

La promoción del deporte en sus diversos aspectos -cultural, de bienestar personal, entretenimiento, competitivo, etcétera- exige una infraestructura organizativa. Dentro de esta infraestructura han desempeñado, desempeñarán y desempeñan en un futuro un papel muy importante las Federaciones Deportivas. Si bien es verdad que las Federaciones Deportivas han surgido del aspecto competitivo del deporte, han realizado y realizan una labor importante en la promoción deportiva en general, porque, en la práctica, los distintos aspectos del deporte van bastante unidos. La regulación, pues, de la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas de Castilla y León, así como el régimen disciplinario de las mismas, es un mandato imperativo de nuestro Estatuto de Autonomía. Con este Proyecto de Ley, la Junta, a través de la Consejería de Educación y Cultura responde a este mandato. Es justo agradecer a la Consejería de Educación y Cultura el hecho de que haya adoptado la forma de Ley y no la del decreto, como se ha hecho en las demás Comunidades Autónomas, lo cual permite la participación, a través de las enmiendas, de los distintos Grupos Parlamentarios, que, como antes indicó el Consejero en su intervención, va a permitir que esta Ley salga enriquecida en sus debates en Ponencia y en Comisión.

Una vez hechas estas consideraciones de tipo general, paso a estudiar o a hacer una valoración de la Enmienda presentada por Su Señoría a la Totalidad. En primer lugar, quiero indicar que no hay razones suficientes para presentar una Enmienda a la Totalidad, afirmación que se deduce de la lectura de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, de la legislación del Estado en esta materia, de la legislación de los distintos Decretos de las restantes Comunidades Autónomas y, por supuesto, de la lectura del proyecto de Ley. Son suficientes las enmiendas parciales, y esta afirmación se fortalece cuando se lee su Enmienda a la Totalidad.

Pero antes de entrar a analizar su Enmienda la Totalidad, quiero indicar que, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que no tiene muy claro qué son las federaciones deportivas, qué son las federaciones deportivas.

Y voy a empezar con el análisis de su Enmienda a la Totalidad. Dice usted en su Enmienda: "El Proyecto de Ley diseña unas federaciones deportivas concebidas desde el ámbito territorial de las mismas". Esto es obvio; las federaciones deportivas antes, ahora y en un futuro, mientras no cambie -tome nota de esto-, mientras no cambie la estructura actual del deporte en su aspecto competitivo, se han concebido, se conciben y se concebirán desde los ámbitos territoriales de las mismas. La estructura territorial de las federaciones regionales es la Región, luego es desde aquí desde donde se han de concebir.

Siga usted en su Enmienda: "olvidándose de los estratos inferiores". No se olvida de los estratos inferiores. Léase usted con detenimiento el artículo 4.1 del Proyecto de Ley y verá cómo no se olvidan de los estratos inferiores. Y continúa: "Cuando debe ser de éstos, teniendo como base las provincias, donde deben perfilarse democráticamente". De la lectura de este párrafo de la Enmienda yo deduzco dos cosas: primero, que las

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federaciones regionales deben de perfilarse desde las provincias, según su Enmienda. Por primera vez nos íbamos a encontrar con que una federación de un ámbito territorial se perfila desde otro; completamente absurdo. Segundo: que si se perfilan desde las provincias son más democráticas. Esto es lo que parece usted decir en su Enmienda. Más absurdo todavía. Una federación deportiva no es más democrática porque se estructure desde un ámbito territorial u otro, sino porque funcione democráticamente, y eso no tiene que ver nada con el ámbito territorial desde el cual esté estructurada. Por esa razón, podríamos decir que las federaciones internacionales no son democráticas porque se estructuran a nivel internacional, no a nivel de las naciones.

Y termina usted con su Enmienda: "Las federaciones de Castilla y León deben de ser los órganos en los que se integran las federaciones provinciales". Con esto se acaba usted de inventar la federación de federaciones y esto, que yo sepa, no existe en ningún sitio. Esto me parece que es lo más grave de toda su Enmienda. Ni las federaciones internacionales son órganos donde se integren las federaciones nacionales, ni las federaciones nacionales son órganos donde se integran las federaciones regionales, ni las federaciones regionales ya constituidas son órganos donde se integren las federaciones provinciales. Y después voy a explicar cómo no deben de ser esto, no deben ser órganos donde se integren estas federaciones. Y vuelvo a lo de antes, por el tema por el cual surgen las federaciones, que es debido al aspecto competitivo del deporte.

Usted puede argumentarse que yo he hecho una interpretación por parte de su Enmienda y que de esta forma he cambiado el contenido de la misma. Pero yo les digo a Sus Señorías que si la leen con detenimiento llegarán a la misma conclusión y acabarán viendo que lo que se propone en la Enmienda es una federación de federaciones, lo que pone de manifiesto un desconocimiento total y absoluto de lo que es el deporte y, sobre todo, lo que es el deporte a nivel competitivo. Y voy a pasar a explicarme.

Las federaciones surgen como consecuencia del aspecto competitivo que tiene el deporte. Es decir, primero es la competición y luego surgen las federaciones, como una necesidad para organizar y para regular las competiciones en el deporte. Hay competiciones internacionales y por eso tenemos federaciones internacionales; hay competiciones nacionales y por eso hay federaciones nacionales; hay competiciones regionales y por eso hay federaciones nacionales. Aparte de que luego las federaciones hayan desempeñado otro tipo de funciones. Pero, fundamentalmente, las federaciones surgen como consecuencia de este aspecto competitivo del deporte. Y todos sabemos que una competición internacional no es la suma de competiciones nacionales, ni una competición nacional es la suma de competiciones nacionales. Todas estas competiciones tienen una estructura propia, y por tanto las federaciones tienen que tener su estructura propia.

En su intervención yo creo que usted se ha salido completamente del tema de su Enmienda. Es decir, aquí usted ha propuesto una Enmienda a la Totalidad basada en unos hechos y en unos argumentos que yo más o menos he explicado aquí y que ponen claramente de manifiesto cómo esa Enmienda a la Totalidad es completamente incompatible con el aspecto competitivo del deporte tal y como está organizado hoy en día. Usted me puede decir, como ha dicho en su intervención, que hay que cambiar eso; pero, desde luego, con su Enmienda a la Totalidad no va cambiar el aspecto competitivo del deporte tal y como está estructurado a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Y eso no tiene que ver nada con la democracia, ni con la democracia de las federaciones; son cosas completamente distintas que usted en su Enmienda ha mezclado.

Por último, permítame recordarle que la Comunidad Autónoma no es una suma de nueve provincias, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de legislar. No es una suma de nueve provincias. No pretenda usted hacer una federación regional suma de nueve provincias porque eso no nos vale para nada; no nos vale para nada tal y como está concebido el deporte.

Y yo para acabar, porque no quiero extenderme en este tema porque creo que he dicho lo suficiente, yo creo que esta Enmienda es fruto -y se lo digo con todo el respeto- de la improvisación y del desconocimiento y no debería de haberse presentado, o, en todo caso, se debería de haber retirado. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo cuando llego a esta Tribuna me gusta hacer gala de cierta humildad porque soy consciente de mis propias limitaciones. Algunos Procuradores inteligentes entienden que a lo mejor sé algo, a lo mejor algo más de lo que digo aquí; a lo mejor sé muy poquito también. Otros, en cambio, aprovechan esta circunstancia para entender que aquel reconocimiento de mis propias limitaciones es porque tengo un absoluto desconocimiento y que lo que yo vengo aquí a decir es siempre fruto -como ha dicho Su Señoría- de la improvisación y desconocimiento. Es posible que tenga razón. Pero yo esta tarde y en esta Tribuna he hablado poco de experiencias propias del deporte porque, efectivamente, tengo mucho desconocimiento probablemente del deporte, mucho más que Su Señoría, que supongo que es un experto organizador, un experto conocedor del deporte; pero mi intervención de esta tarde no tenía nada de improvisación porque mi intervención de esta tarde ha recogido la opinión de muchos deportistas a los cuales me he tomado la molestia de consultarles para preguntarles qué les parecía esta Proposición de Ley que yo al principio, y evidentemente por mi desconocimiento del deporte, por mis limitaciones intelectuales y por mi poca capacidad probablemente tenía verdaderas dificultades de interpretar.

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Pero es que luego me sorprende Su Señoría cuando me ha definido unas federaciones como unos meros comités organizadores de competiciones; primero está la competición y luego hay que organizar las federaciones para y como consecuencia de la competición. Pues si es así, si lo que queremos es crear unos comités organizadores, valga el razonamiento de Su Señoría, vaya adelante la Ley, pero yo lo que creía es que en las federaciones lo que había era una confluencia -y así lo entendían los deportistas con los que yo he hablado-, una confluencia de intereses, en los cuales había, por una parte, un cauce para actuar la Administración y, por otra parte, se recogían los intereses de los diferentes deportistas que intervienen en los diferentes deportes, y a través de cuyo cauce, y en la confluencia de ambos intereses, se llegaba a un diálogo fructífero, y que para llegar a este diálogo fructífero eran convenientes esas federaciones y era conveniente establecer esos cauces a conformidad de todos. Usted me dice que no, Su Señoría, perdón, me dice que no; yo respeto el criterio de Su Señoría. A mí me merecen mucho más respecto que Su Señoría esos deportistas con los que yo he hablado y han tenido ocasión de comentarme esta Ley. Ellos me han expuesto todos esos argumentos que yo les he señalado; ellos me han criticado la organización de las actuales federaciones; ellos me han dicho que esto -y así lo he entendido yo también- es una mera copia de lo que son las federaciones nacionales, con una organización territorial mucho más reducida. Que Su Señoría no hace falta que me recuerde cuál es la organización territorial, yo sé lo que es la Región y lo que es la provincia, mi desconocimiento y mi improvisación no me llevan a desconocer lo que es la Región y lo que es la provincia y lo que es la Región integración de nueve provincias y lo que son nueve provincias dispersas; pero, al mismo tiempo, sé el respeto que se merecen las personas, las individualidades, los clubs, las asociaciones, las provincias y, como consecuencia, la Región, y el hecho de que la Región sea una cosa diferente que las nueve provincias no importa el que haya que tener el respeto a las nueve provincias y a los deportistas de las nueve provincias. Esto es lo que yo he querido significar y que he creído que podría traerse una Ley en que ese respeto a los deportistas o a las personas que se mueven alrededor del deporte. Porque probablemente Su Señoría me va a decir que la expresión "deportista" es poco y es incompleta al referirme a una federación, es poco quiero decir, pero que esos deportistas, esas personas que se mueven alrededor del deporte tienen que organizarse desde unos estamentos mucho más bajos, mucho más próximos a las bases, mucho más reducidos, porque están cansados de que esa organización deportiva sea una organización que se les impone desde Madrid y que les da lo mismo... Les da lo mismo relativamente, tampoco le dará lo mismo por ciertos matices, pero que se la impongan desde un organismo central, desde un comité organizador, como usted ha definido estas federaciones, que resida en Madrid o resida en Valladolid. Les da lo mismo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Sánchez Iñigo.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

Simplemente decirle a Su Señoría que yo también tengo muchas limitaciones, pero que cuando uno se sube aquí a este estrado yo creo que es algo muy importante subirse aquí, y que presentar una Enmienda a la Totalidad a una Ley a mí me parece que eso es una cosa muy importante. Es decir, no es una cosa que deba de hacer a la ligera y así nada más que porque sí.

En fin, usted en su intervención a vuelto a mezclar muchas cosas, pero yo simplemente lo que quería decirle era eso: que yo también tengo muchas limitaciones y por eso no... En fin, creo que cuando se presenta una Enmienda hay que tomárselo muy muy muy muy en serio.

Sigue usted mezclando dos aspectos completamente distintos. Yo no digo que los deportistas -que yo también he hablado con muchos deportistas- estén de acuerdo tal y como han funcionado las federaciones, pero eso es una cosa completamente distinta, eso es otra cosa completamente distinta. Eso usted no lo va a resolver con su Enmienda a la Totalidad, donde lo que propone -y sigo insistiendo- es una federación de federaciones que nada tiene que ver con el deporte tal y como está concebido hoy en día. Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo voy a consumir en este turno, si lo permite el Presidente, dos turnos, que serían éste y el que nos correspondería después para defender la Enmienda a la Totalidad.

Decir a todos ustedes, en primer lugar, que estamos de acuerdo con las líneas fundamentales expuestas hoy aquí por el Consejero de Cultura en política de regulación de las federaciones deportivas. y estamos de acuerdo por varias razones: primero porque creemos que hay que crear las estructuras deportivas de Castilla y León y que no hay por qué esperar más. Segundo porque creemos que hay que hacerlo de modo eficaz y sin dañar la independencia que deben tener las federaciones deportivas. Tercero porque hay que hacerlo sin restringir el derecho de asociación, y creo que este tema en la exposición del señor Consejero ha quedado muy satisfactorio. Cuarto porque creemos que esta Comunidad Autónoma está en su derecho de hacer esta regulación de las federaciones deportivas porque así se lo confiere la exclusividad que nos da nuestro Estatuto de Autonomía. Y quinto porque estamos muy de acuerdo en que la Junta de Castilla y León lo haga en esta ocasión por Ley en vez de por Decreto, como lo han hecho en otras Comunidades Autónomas.

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Y dicho esto, tenemos que decir que en este tema, porque creemos que es un tema lo suficientemente importante el deporte para cualquier colectividad, y en ésta en concreto, por supuesto, creemos que tenemos que tener un espíritu de colaboración con la Junta de Castilla y León, si bien discrepamos en algunos aspectos del Proyecto de Ley. Pero creemos que con las garantías que ha dado el Consejero, tanto en conversaciones particulares como ante esta Tribuna, podemos subsanar esas discrepancias en la discusión que vamos a mantener en Comisión, para que este proyecto de Ley sea un Proyecto de Ley no del Grupo Socialista, no del Grupo Mixto o del Grupo Popular, que pueda ser un Proyecto de Ley, una Ley de todos los Castellano-Leoneses aprobada por todos los Grupos Parlamentarios de estas Cortes de Castilla y León. Y creemos que con las explicaciones que ha dado el Consejero se garantiza suficientemente los reparos que nosotros teníamos ante este Proyecto de Ley, que es el que se mermasen los derechos fundamentales recogidos en la constitución en sus artículos 14, 22 y 23.

Creemos que la promoción del deporte a través de las federaciones deportivas en Castilla y León no debe retardarse, por tanto, porque contribuye sin duda esta regulación a través de federaciones deportivas al desarrollo de la Comunidad Autónoma, y por ello, desde luego, el Grupo Popular está y estará siempre.

Y creemos, además, que el deporte es un bien de todos y por eso nos alegramos de esa política de mano tendida que en esta ocasión ha empleado la Junta para este importante tema.

Otra cuestión es la Enmienda a la Totalidad que presenta el Grupo Mixto y ante la que nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener no porque estemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice el señor Montoya, que estamos en desacuerdo con lo que aquí ha expuesto; nos vamos abstener por no crear fisuras con ningún Grupo y porque con esa política de mano tendida que la Junta ha iniciado pensamos que todos los grupos políticos podemos continuarla para que esta Ley verdaderamente sea la Ley de todos. Ahora bien, creemos que, fundamentalmente, la Enmienda a la Totalidad que presenta el Grupo Mixto es una Enmienda que propone crear unas federaciones deportivas en Castilla y León que no son funcionales y que no están acordes con el pensamiento y funcionamiento del deporte competitivo moderno. En primer lugar, porque se aumenta la burocracia de la que el propio señor Montoya quería huir, y en segundo lugar porque en algunas disciplinas deportivas la provincialización es imposible y es inviable y, por consiguiente, a lo único que se tendería sería a retardar mucho más el desarrollo de esta cuestión.

Por estas razones y por las que antes aludía para nosotros retirar la Enmienda a la Totalidad, anunciamos desde esta Tribuna dos cuestiones: Primero, nosotros retiraremos la Enmienda a la Totalidad que tenemos presentada; segundo, nosotros nos abstendremos en la Enmienda a la Totalidad que ha presentado el Grupo Mixto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Señor Montoya, de acuerdo con el Reglamento, el debate se da por concluido. En consecuencia, se pasa a someter a votación la Enmienda presentada por Su Señoría.

Enmienda a la Totalidad del Proyecto de Ley por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas de Castilla y León, presentada por el señor Montoya Ramos. Votos a favor de la Enmienda. Pueden sentarse. Votos en contra. Pueden sentarse. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y ocho. Votos a favor de la Enmienda: dos. Votos en contra: veintiocho. Abstenciones: veintiocho. Queda, por tanto, rechazada la Enmienda.

¿El Grupo Popular retira su Enmienda a la Totalidad a este Proyecto de Ley? De acuerdo. Queda retirada, por tanto, la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Noveno punto del Orden del Día, y último: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León".

1. Debate y votación de la Enmienda a la Totalidad con texto alternativo, proponiendo la devolución del Proyecto a la Junta de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Popular".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se suspende la sesión por diez minutos.

(Se suspendió la sesión a las dieciocho horas quince minutos, reanudándose a las dieciocho horas treinta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor Posada Moreno.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Ha sido preocupación constante del Grupo Popular de las Cortes todo lo relacionado con los temas de función pública. Hubo una moción para una Comisión investigadora de contratados administrativos, ha habido innumerables preguntas orales y escritas, ha habido interpelaciones, y ello por la enorme importancia que tiene para nuestra Comunidad Autónoma contar con una Administración Pública ágil y eficiente, no politizada y en la que imperen las ideas

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de justicia, mérito y capacidad. Todo ello culmina con la presentación por el Grupo Popular de una Proposición de Ley de Función Pública que aceptada por la Mesa de la Cámara, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes de quince de Junio de mil novecientos ochenta y cinco.

En el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de veinticuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco, es decir cuatro meses largos después, se publica el Proyecto de Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Previamente, la Junta se había opuesto al trámite de aceptación y toma en consideración de nuestra Proposición de Ley, a mi modo de ver, con argumentos algo endebles. Todo ello plantea un problema jurídico de tramitación parlamentaria. La Mesa, previo un documento informe de los Letrados, toma la decisión de hacer decaer nuestra Proposición. Nosotros no queremos poner en juicio la decisión de la Mesa, la acatamos y actuamos de acuerdo con ella. Y tomando como base, precisamente, una probabilidad que en el mismo Informe se señalaba y luego en las conclusiones, hemos convertido esta Proposición de Ley en una Enmienda a la Totalidad con texto alternativo. De esta forma, facilitamos a la Cámara la posibilidad de un debate político entre los dos textos presentados. Es esta una Enmienda a la Totalidad indudablemente atípica porque previamente ha sido elaborada y -un caso hasta cierto punto insólito- ha podido servir, no sé si ha sido así o no, pero ha podido servir como base para el Proyecto de Ley de la propia Comunidad. Pero, de hecho, lo que queremos aquí plantear es un debate político entre los dos textos.

Tanto la Proposición como la Enmienda en la que se ha pretendido no pretenden ser, bajo ningún concepto, ni dogmáticas ni inalterables. Para este tipo de leyes en las cuales se reglamenta y se organiza la función pública que ha de servir a los gobiernos que, lógicamente, han de turnarse en Castilla y León, es bueno, muy bueno, el consenso de todos los grupos políticos.

Decíamos en Junio, cuando presentamos a la prensa esta Proposición de ley: "Es precisa la intervención de todos los grupos políticos", y desde aquí hacemos un llamamiento al Grupo Mixto, donde hay excelentes conocedores de la realidad administrativa, para que apoyen la Proposición y colaboren con nosotros a perfeccionarla. Este llamamiento es, por supuesto, a todos los Grupos, porque ésta era nuestra idea cuando hicimos la Proposición de Ley y ésta es nuestra idea ahora que defendemos la Enmienda a la Totalidad. Cierto es que todos, tanto la Junta con su proyecto como nosotros con nuestra Enmienda, debemos basarnos en la Ley 30/84. Yo -y eso es una opinión particular- pienso que esa Ley es mediocre. Indudablemente, en el programa del Partido Socialista Obrero Español, el que llevó a las Elecciones de mil novecientos ochenta y dos, había un punto muy importante, que era el tratamiento de la Administración Pública. Hay que reconocer que se ha tratado y que, gracias a ese tratamiento, se pueden hacer leyes como ésta. Sin embargo, la Ley de la que podemos emanar ésta, de alguna forma, es una Ley bastante poco bien elaborada. ¿Por qué? Pues porque quizá, a pesar de que se tardó algún tiempo en presentarse, no fue suficientemente estudiada y (en el trámite parlamentario se vio) hubo un momento en el que, con un consenso con el Grupo Popular, se sustituyó por otro texto que yo diría radicalmente distinto. Esto en la que estaban de acuerdo los Grupos. Sin embargo, un punto concreto -muy concreto pero muy importante- como era la jubilación a los sesenta y cinco años, que el Grupo Popular no ha aceptado nunca, rompió ese consenso y se volvió a un texto que, incluso, había sido abandonado. Indudablemente, la Ley no gustó y prueba de que no gustó es que todos los sindicatos de funcionarios, no sólo los independientes, sino todos ellos y muy especialmente U.G.T., convocaron una huelga de desagrado con este Proyecto de Ley. Sin embargo, en él tenemos que basarnos.

Y debo decir aquí que el Proyecto elaborado por la Junta es técnicamente aceptable. En la Comisión del lunes pasado, en la Comisión de Presidencia, el señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial explicó minuciosamente el texto y los argumentos o la filosofía en el que estaba basado. Yo debo decir que su conformación técnica es buena. Sin embargo, nosotros tenemos profundas discrepancias en algunos puntos de fondo, y esas discrepancias son las que voy a pasar a expresar.

En primer lugar, una discrepancia importante atañe al ámbito de la Ley. Nosotros pretendemos que, de alguna forma, se incluya a la Administración Local, sus funcionarios. Por supuesto -y no necesito decirlo- que nuestro Grupo, que ha sido un celoso defensor de la autonomía de las corporaciones locales, no pretende en ninguna forma invadir su campo, y por supuesto que somos respetuosos de todas las leyes estatales que afectan a la Administración Local; sin embargo, y ésta ha sido una actuación que en algunas leyes ya aprobadas se ha adoptado, creemos que la Administración Local puede y debe ser considerada. Hay una primera razón, que es la transferencia de funcionarios de la Administración Local a la Autonómica, transferencia que permite la Ley. Debo decir que esa transferencia, esa situación está considerada en el Proyecto de la Junta. Sin embargo, creo que debemos ir un poco más allá. Nuestro Estatuto considera, es diferente de otros Estatutos porque considera la actuación de la Junta debe hacerse a través de Diputaciones, Ayuntamientos, Corporaciones Locales. Pues bien, si en el Proyecto que el señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial hablaba el otro día, de Ley de relación con las Corporaciones Locales, ahí indudablemente está considerada, esa estará considerada transferencia y esa delegación. Quizá nuestro Grupo tenga unas ideas que irán más allá de lo que el mismo Consejero diga. Pero lo que es cierto es que algunos temas van a transferirse y van a

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delegarse. Pues bien, yo considero que es francamente útil que las Corporaciones Locales puedan intervenir en los órganos de Gobierno de la Administración Pública de Castilla y León, que haya ciertas situaciones comunes a ambas Administraciones.

Por otra parte, otro aspecto importante es aquel que se refiere a llevar a los castellanos y leoneses a la convicción de que en la función pública impera la mayor objetividad, apoliticidad y garantías en la carrera administrativa.

Yo no voy a transformar mi intervención, en modo alguno, en defensa de esta Enmienda a la Totalidad en un alegato sobre actuaciones discutibles o no en materias de funcionarios, pero, sin embargo, sí debo establecer, como principio, que existe hoy día en Castilla y León, entre sus ciudadanos y entre sus funcionarios, una idea de que la objetividad no preside totalmente las actuaciones de los órganos administrativos. Esa idea yo creo que existe. Pues bien, hay una parte de nuestra Enmienda que va destinada precisamente a cubrir, a conseguir esa objetividad. Por ello, nosotros proponemos la supresión de los funcionarios interinos. Debo decir también que la Junta, en su Proyecto, es muy restrictiva con los funcionarios interinos; pues bien, nosotros proponemos su desaparición. Creemos que puede ser una fuente de utilización arbitraria en ciertos aspectos, crea unas expectativas que luego no pueden dar lugar a que ese funcionario quede en su puesto, etcétera, etcétera.

Otro segundo punto sería la constitución de tribunales para el acceso a la función pública, y un tercero e importante es nuestra propuesta del Instituto de la Función Pública. Este órgano lo que pretende es participar y proponer muchas de las medidas que se prestan a la discrecionalidad; tales son: niveles, ascenso de grado personal, retribuciones de complementos específicos, de complementos de destino, cómo se va a repartir el complemento de productividad. Es decir, una serie de factores que se prestan a que pueda haber una discrecionalidad, al menos discutible. Pues bien, ese Instituto nosotros proponemos que, aunque dependa del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, que es su Presidente, y haya representantes Directores Generales de la Junta, participen también las Cortes, las Corporaciones Locales y los funcionarios a través de sus representantes sindicales.

La Junta decía en su comunicación que este Instituto suponía un incremento del gasto público. Bien, como he dicho antes, nosotros vamos buscando un consenso que sirva para todos los Grupos. Por lo tanto, ¿que ese Instituto supone incremento del gasto público?; bien, lo importante aquí es la idea esencial: que haya un organismo que no sea dependiente en su totalidad del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, en que haya participación de fuerzas sociales, que pueda dar esa objetividad que el funcionario pide ¿Que hay que hacerlo sin que sea Instituto? Se hace sin que sea Instituto. Pero lo importante es ese concepto.

Otra discrepancia que tenemos es la articulación de cuerpos y escalas que se hace en la Ley. A nosotros nos parece en cierta forma precipitada e innecesaria, porque creemos que con los grupos, las plantillas y la especificación en cada puesto de trabajo de las características de ese puesto puede obviarse la articulación apresurada y sin tener en cuenta todas las circunstancias que se hace de los cuerpos en esta Ley. Nosotros proponemos que en el plazo de un año la Junta envíe un Proyecto de Ley con esa articulación.

Por otro lado, se elimina en esta Ley todo el tema estatutario. Yo eso no puedo estar nunca de acuerdo. La Ley 30/84 lo trata; todas las leyes aprobadas hasta ahora en Comunidades Autónomas lo tratan; yo creo que es muy importante que nuestra Ley trate todo el tema de adquisición y pérdida de la condición de funcionario, situaciones de los mismos, derechos, deberes, incompatibilidades y régimen disciplinario. Yo creo que aquí esto nace de una interpretación, quizá, a mi modo de ver, errónea de la Junta, de considerar que va a haber y habrá quizá un Estatuto. Pero, mientras tanto, estos temas pienso que deben ser tratados.

Finalmente, el último punto de discrepancia se refiere a la participación de los funcionarios en los órganos que determinan su destino, sus actuaciones, sus retribuciones. A nosotros nos parece insuficiente la regulación del Proyecto de la Junta. Con nosotros están todos los sindicatos que han participado o que nos han comunicado sus impresiones, que creen que nuestra Proposición -y ahora nuestra Enmienda- es mucho más participativa. En nuestra Enmienda contemplábamos un Consejo Sindical de la Función Pública. Debo decir que ha tenido una gran acogida entre funcionarios y entre las personas de Castilla y León. Sin embargo, lo hacíamos así porque en aquel momento (Junio del ochenta y cinco) el gobierno ni siquiera había hablado de una Ley de Sindicación de los Funcionarios, porque estaba detenida la Ley de Libertad Sindical en el Tribunal Constitucional. Ahora parece que el tema no es ése. Se está avanzando y pronto habrá una Ley de Sindicación de Funcionarios. No hay inconveniente, porque lo esencial es la representación de los funcionarios. No habría inconveniente en que ese Consejo Sindical se posponga. Pero sí en que se cumpla el espíritu de nuestra Ley, que consiste en que esos funcionarios estén representados adecuadamente.

Estos son, en grandes líneas, los puntos de discrepancia entre ambos textos. Como decía, el lunes dieciocho de noviembre, después de la intervención por la mañana del señor Consejero y de los grupos políticos representados en la Comisión de Presidencia, por la tarde asistieron los tres sindicatos con representación dentro, o por lo menos en los tratos con la Junta, que reconocen en el Proyecto de Ley, en una disposición transitoria, que esos sindicatos van a seguir participando. Esto nos parece algo correcto y positivo. Pues bien, en la intervención de esos tres sindicatos se manifestó claramente un apoyo muy superior a nuestra Enmienda

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que al Proyecto de Ley de la Junta; prácticamente todos ellos, e incluyo a U.G.T. estaban mucho más cerca de nuestros planteamientos que de los del Proyecto de Ley.

Por ello, y con esto termino, nuestra idea es que debemos conseguir una Ley de consenso, una Ley de acuerdo entre todos los Grupos, pero para conseguirla pensamos que es mejor camino nuestro texto alternativo que el Proyecto de Ley de la Junta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bravo Solana.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Señor Presidente, Señorías, En nombre de mi Grupo, paso a manifestar los criterios que nos llevan a rechazar el texto que presenta el Grupo Popular.

El Procurador que me ha precedido en el uso de la palabra ha denominado la Ley de Bases... Perdón no la Ley de Bases, sino la Ley 30/84, como una Ley mediocre. Yo me planteo si éste es el verdadero objetivo, entre otros, de presentar este texto alternativo, de hacer discusión y, por tanto, de tratar, en alguna forma, de dejar en cuestión dicha Ley.

En el texto alternativo y en Exposición de Motivos hay palabras bastante duras. Se nos acusa de que el texto es sectario (el texto, evidentemente, que ha presentado la Junta). Luego hay situaciones que va desarrollando poco a poco y que, bueno, insiste en esa situación de perseguir los derechos individuales. Yo creo que hay conceptos, en cualquier caso, absolutamente graves. A nosotros nos parece que el texto alternativo que se presenta entra a regular temas estatutarios para los cuales esta Comunidad no tiene en absoluto competencias. En alguna forma, nos parece que viola el artículo 149, punto 1, de la Constitución Española, cuando en este artículo, precisamente, se contiene que el régimen estatutario de los funcionarios de la Administración Pública es competencia exclusiva del Estado.

Bien. Hay situaciones donde infringe la jerarquía normativa y, por lo tanto, situaciones donde verdaderamente vamos a discrepar profundamente. Me refiero, por ejemplo, a los artículos 27; o la Adicional Primera del texto Alternativo, que a nuestro juicio vulnera artículos base de la Ley 30/84.

Yo creo que el que no les haya gustado al Grupo Popular la Ley 30, bueno, no es un óbice para traerla, repito, a una Asamblea Legislativa para tratar de establecer un debate, que en todo caso se ha producido y que en un estado de derecho debemos asumirlo así.

Hay algunas contradicciones que a mi Grupo preocupan. En el debate del estado de la Región, recientemente celebrado, el Grupo Popular acusaba a la Junta de no ser nada respetuosa con la autonomía local. Bueno, nuestra sorpresa, evidentemente, se refleja en esto; regulamos absolutamente situaciones donde son competencia exclusiva de la Administración Local, pero además me parece que regulamos situaciones con un gran desconocimiento. Mire usted, para regular, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, la situación simplemente retributiva -y tengo conocimiento y a través de las Cortes esos documentos se pueden conseguir para verlos-, de la situación retributiva de las Corporaciones Locales, sobre todo de Ayuntamientos grandes de capitales y de las Diputaciones, tardaríamos enorme cantidad de años en tratar de homologarlas, están tremendamente por encima de las retribuciones que perciben los funcionarios de la Comunidad. Por ponerle un ejemplo, conozco de un determinado Ayuntamiento, que ya le digo que hay varios, que los peones perciben cantidades globales en su retribución que equivaldrían a un grupo C alto. Díganme, Señorías, en caso de poder, repito, regular esa situación, cómo podríamos empezar a homologar esas situaciones.

Pero además ignoran determinadas situaciones. No podemos entrar a regular situaciones de la Administración Local en este aspecto ignorando que hay funcionarios en pueblos pequeños donde el asesoramiento prácticamente no existe, donde, a pesar de ser funcionario, el alguacil cobra por el convenio de la construcción. Podrá parecer una cosa extraña, podríamos compartirlo. Pero, en cualquier caso, ahí está.

Yo creo que el texto que se presenta lo podríamos acusar, en alguna forma de ser tremendamente corporativista. El texto alternativo vincula los niveles de cuerpo de forma que no se produzca un solapamiento entre los diferentes niveles de otros cuerpos, con lo que vuelve a primar, a nuestro juicio, los cuerpos sobre los puestos de trabajo, que es en alguna forma el espíritu de la Ley 30/84.

Hay conceptos tremendamente superados, como por ejemplo cuando en el texto se habla de plantillas orgánicas, algo que ya no está -como podrá reconocer Su Señoría- en el uso de ningún Presupuesto, de ninguna norma en ninguna Administración Pública. Mezcla el texto, a nuestro juicio sin orden ni concierto, temas estatutarios, sindicales, organizativos, con lo cual lo hace, de verdad, de difícil comprensión.

Su Señoría ha tocado algunos aspectos, como podría ser el tema de articular dentro de la Ley temas que a nuestro juicio no pueden tocarse, y seguimos entrando dentro de lo que, a nuestro juicio se viola en temas estatutarios, y me estoy refiriendo a lo que, en alguna forma, podríamos pensar de una rama sindical absolutamente anarquista que en alguna forma se intenta plantear en el texto ¿A qué me refiero? Al leer en la motivación de la Enmienda a la Totalidad su preocupación por la participación de los funcionarios, puede Su Señoría creerme si le digo que compartimos en líneas generales el artículo 31 de su texto. ¿Cuál es la divergencia? A nuestro juicio, en que precisamente el artículo 31 es contradictorio con el Capítulo XI, por la regulación de los derechos sindicales según el artículo 103 de la Constitución Española, desarrollado en la Ley 11/85 en su Disposición Adicional Segunda, al decir que "en el plazo de un año el Gobierno de la nación remitirá a las Cortes un Proyecto que

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regule los órganos de representación de los funcionarios" y además ignoran nuestro Estatuto, en su artículo también 31, cuando dice que el régimen de sus funcionarios estará sometido a regulación del Estado. Y yo me pregunto ¿cómo hay que interpretar esto? ¿como que Su Señoría no acata la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Libertad Sindical? Es una pregunta que a mí me queda realmente en el aire.

Pero, además, su Proyecto no sirve sindicalmente para las aspiraciones de los funcionarios. usted se limita a hacer, en el Capitulo XI una recopilación de lo que puede ser una norma de elecciones sindicales y crea algo similar al Comité de Empresa, en su artículo 59.1, pero con importantes matizaciones, como pueden ser la facultad de este comité de empresa para convocar nada menos que huelgas generales. Se dice en el texto. Niega a los sindicatos de funcionarios su representación como tales sindicatos y solamente lo permite ejercer en el caso del tratamiento de temas exclusivamente laborales, artículo 58.2.B, que dice textualmente, y se lo recuerdo a Su Señoría: "Las organizaciones sindicales, por lo que se refiere al personal al servicio de las Administraciones Públicas contratados en régimen de derecho laboral con arreglo a lo que señala la legislación laboral vigente"; éste es el apartado b). Señala algo que parece similar a la escala móvil, cosa curiosa. Creía que desde el Grupo Popular, en la representación que puedan tener, la escala móvil era un tema tabú. Me alegra verlo. Pero que, como usted, Señoría debiera de saber, es de difícil aplicación en la función pública dentro del ejercicio ordinario, por temas presupuestarios exclusivamente (artículo 48.1). Y ata al Consejo Sindical que usted denomina diciéndole lo que deben de hacer. A mí parecer que esto es un tema que tiene que quedar perfectamente a que sean ellos los que tomen la decisión sobre sus materias y sobre la regulación de su propia acción sindical. Yo quiero decir que mi Grupo ha estudiado con atención los criterios que la Unión General de Trabajadores y ASIFCAL, nos comentaron en las reuniones que han mantenido con mi Grupo, como también hemos mirado con detenimiento los criterios que Comisiones Obreras hizo en la comparecencia ante la Comisión. Fruto de ello, y de acuerdo con la Junta, estamos seguros de poder recoger algunas de las aspiraciones planteadas, que contribuyan a reforzar la participación de los funcionarios, en definitiva a reforzar su acción sindical.

El Capítulo XIII, referido al Instituto, es aún más asombroso para mí. A lo largo del texto que se propone como Enmienda señalo que aparecen dos Institutos. Es algo curioso. Se denominan, por una parte, Instituto de la Función Pública, se repite a lo largo de varios artículos esta situación; en otros denomina usted Instituto de la Administración Pública. Y digo que es algo curioso porque pasamos de no tener ningún instituto a tener dos, aparentemente al menos, y con una situación sin coordinar absolutamente con nadie. Tengan en cuenta Sus Señorías que esta Comunidad es la única que no tenía ninguna delegación del Instituto Nacional de Administración Pública.

En la Disposición Transitoria Sexta de su texto dice textualmente: "En el plazo de seis meses la Junta de Castilla y León enviará un Proyecto de Ley a las Cortes en que se establecerá la organización y dotación del Instituto de la Función Pública de Castilla y León. Con esta Enmienda, en caso evidentemente de que prosperara la Enmienda a la Totalidad, da la impresión que Su Señoría ignora profundamente que el Proyecto al que hace alusión en esta Disposición transitoria entró en esta Cámara, remitido por la Junta, hace muchos meses; que ha pasado el trámite de Ponencia, que está dictaminado por la Comisión y que, además, es un texto que, en principio, en principio porque luego ha sufrido modificaciones en la Comisión, fue un texto pactado entre los dos Grupos, entre los dos Grupos. Y me pregunto también con ello qué se pretende y, sobre todo, si este texto alternativo fuera aprobado, cómo se va a articular, cómo se va a cumplir esa Disposición Transitoria que ustedes plantean. En definitiva, hay situaciones que, simplemente con esperar, pues, el tiempo, que es más tozudo que bastantes de nosotros, viene a darnos la razón.

Yo hablaba antes de que en la Comisión el texto pactado del Instituto fue roto unilateralmente por su Grupo, curiosamente, por un artículo, que era el que definía la forma de nombramiento de los directores de los institutos algo en lo que uno de los dos representantes del Grupo Popular, en su momento, supongo que con el respaldo del Grupo para tratar de llegar al acuerdo en el texto, en la Comisión tuvo bastante interés en que saliera de esta forma y no de la consecución a la que había llegado con ello. Esto está recogido en el artículo 40.b). El artículo 40.b) dice que, precisamente, los directores serán de libre designación con convocatoria pública. Justo eso es lo que habíamos pactado en el texto, lo que mantuvimos en la Ponencia, lo que mantuvimos en la Comisión y lo que tenemos que mantener y mantenemos de cara al Pleno en Voto Particular. Porque insisto que lo que hoy ustedes reconocen y traen aquí dentro de su texto alternativo es la ruptura del pacto al que se llegó.

Por lo tanto, Señoría, usted que hablaba del consenso, yo tengo que decirle que nosotros estamos dispuestos a ese consenso. El Consejero así lo ofreció en la Comisión, nosotros lo repetimos hoy aquí. Pero las reglas del juego, con los antecedentes señalados, evidentemente tienen que plantearse muy claramente por parte de todos.

Y, desde luego, dice usted que, bueno, el consenso es un tema que con el texto de ustedes se logra con mayor facilidad. Yo espero que, después de haber hecho señalamiento de los artículos que se vulneran como artículos base y después de las argumentaciones que se han dado, comprenderá Su Señoría que el texto en que mejor disposición, que en mejor situación está para obtener ese consenso, por ser un texto absolutamente respetuoso y más completo, es el de mi Grupo, esperando, por tanto, y sería nuestro deseo, que si así lo ha comprendido también se retirara la Enmienda a la Totalidad que presenta en este Capítulo. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Posada Moreno.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Me asombra, señor Bravo Solana, que después de haber estudiado usted, como dice, detenidamente este texto, lo haya comprendido tan mal. En primer lugar, y voy a empezar por el final, habla usted de que nosotros desconocemos, de que yo desconozco el tema del Instituto de la Administración Pública. Eso es absolutamente erróneo. En el texto de nuestra Proposición, ahora enmienda a la totalidad, queda bien claro que hay dos Institutos diferentes: el de la Función Pública y el de la Administración Pública, porque tiene cometidos diferentes. El de la Administración Pública es un simple organismo que, digamos, en la dependencia jerárquica de la Junta organiza cursos, organiza reciclaje de funcionarios, imparte enseñanzas; éste es el Instituto de Administración Local, de Administración Pública; ése es el que va en esa Ley que ha sido consensuada y ése es el que seguirá su trámite.

El Instituto de la Función Pública tiene un carácter radicalmente distinto, porque ese Instituto es la garantía de objetividad en la función pública de Castilla y León. Son dos Institutos diferentes. Por eso en la Disposición Transitoria Sexta se dice que en seis meses se reglamentará este Instituto. Pero yo ya he dicho antes que si la dificultad es el aumento del gasto público podemos, naturalmente que puede por consenso arreglarse. Aunque debo decir que, al decir que nuestra Enmienda a la Totalidad aumenta el gasto público, habría de haberse tenido en cuenta a los funcionarios interinos que suprimen.

Pero, en fin, no es ése el punto esencial del tema, sino que el tema esencial vuelve a ser el que las funciones que el Instituto de la Función Pública tiene y que pueden hacerse a través del Instituto o a través de un Consejo Asesor, pero lo importante son sus funciones.

En cuanto a su afirmación de que si yo es que he querido hablar, traer aquí a discusión la Ley 30/84, la tengo que traer porque nos basamos en ella. En nuestra Ley, en la suya y en la nuestra, se dice que la jubilación es a los sesenta y cinco años. A mí no me gusta eso. Me parece una atrocidad. Y el Tribunal Constitucional decidirá en su momento si ello es constitucional o no, y sin embargo está en nuestra Enmienda a la Totalidad, como está en su Proyecto de Ley, porque no tenemos más remedio que ponerlo. Pero eso no quiere decir que a mí me guste. Por lo tanto, tengo que decir que si esta ley no es perfecta es porque viene ya tocada de al anteriormente.

En cuanto a lo que usted me dice de que estamos haciendo, nuestra propuesta es inconstitucional. Pero, ¡hombre!, si en el tema estatutario resulta que la leyes hasta ahora aprobadas, de Castilla-La Manca, catalana, navarra y valenciana, las cuatro tocan el tema estatutario a fondo. ¿Por qué el Presidente del Gobierno, en uso de su facultad de oponerse a estas leyes, no ha hecho un requerimiento al Tribunal Constitucional?

Y en cuanto a lo que me dice de Administración Local, por supuesto que no queremos homologar. Claro que no queremos homologar los sueldos. Lo que queremos es hacer un tratamiento que pueda ser acorde entre unos y otros, que nunca rompa la constitucionalidad. Y le voy a decir a usted: la Ley de Navarra y la Ley valenciana, ambas con gobierno socialista han sido aprobados, tocando el tema de la Administración Local y tampoco han sido recurridas. Por lo tanto, no se nos vuelva a decir eso.

En cuanto a lo que me dice de que nuestro comportamiento es corporativista, pero ¡hombre!, si estamos diciendo precisamente que lo que no queremos es que figuren los cuerpos en la Ley, que lo que queremos es unas plantillas. Usted dice que el tema de plantillas orgánicas está ya pasado de moda; pues llámele como quiera: relación de puestos de trabajo, y ahí es donde decimos las características que debe tener cada puesto. ¿Cómo va a ser eso corporativismo? Nosotros no decimos que no pueda haber intervalos de niveles que tengan dos cuerpos; al revés. Decimos que el cuerpo inmediatamente superior debe tener niveles compartidos con el inmediatamente inferior.

Por supuesto que yo acato la Sentencia del Tribunal Constitucional, ¡cómo no voy a acatarla! Pero nosotros hemos tocado el tema sindical porque, como he dicho antes, en ese momento no se estaba tratando en la Ley del Gobierno, del Gobierno de la nación, la que estaba preparando. No había Proyecto de Ley. Nosotros hemos querido tratar en el Consejo el Consejo Sindical de la Función Pública. ¿Que ahora, en estos momentos en que esto avanza, ese Proyecto, debemos esperar a ver cómo sale? Se espera. Pero en aquel momento no había proyecto de Ley Sindical de Función Pública.

En cuanto a que nosotros consideramos una tabla móvil de salarios. Naturalmente; los funcionarios no pueden quedar cada año en una situación peor en sus retribuciones. El mismo señor Moscoso, Ministro de la Presidencia, en unas declaraciones que hace en la revista MUFACE de noviembre, reconoce: "Creo que es cierto que los funcionarios han perdido algo de poder adquisitivo en los años de Gobierno Socialista. Lo reconozco". Pues hombre, vamos a ver, que no lo pierdan ¿que eso supone que a lo mejor se puede instituir una cláusula que si la inflación supera cierto nivel que haya una revisión automática en septiembre? ¿Por qué no va a haberla? Por ello, vuelvo a insistir, e insisto porque creo que es fundamental, que el consenso puede y debe buscarse, pero creo que es más fácil conseguirlo con nuestro texto que con el de la Junta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Bravo Solana.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Bien. Yo empezaría por decir que estoy de acuerdo con usted en que le he entendido mal. Pero, ¿sabe usted por qué?, porque la Ley no hay quien la entienda. Y eso lo vamos a ver

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en la Comisión si es que llegamos a ella. No va a haber problema. Allí se la vamos a recitar, su texto, artículo por artículo. Y no pretendemos dar clases, pretendemos simplemente que sea una Ley operativa para esta Comunidad y para sus funcionarios. Mire usted, ha hecho hincapié en el tema de los interinos. Usted en la primera intervención ha reconocido que hay cláusulas de salvaguarda suficientes para mejorar esa situación. Lo que usted pretende suprimiendo el tema de los interinos y creando esa otra figura que ustedes crean es simplemente el contrato administrativo, y el contrato administrativo en la Ley 30 explícitamente se prohíbe.

Usted me dice y hace referencia a otras Comunidades; no le he oído la que hasta hoy gobiernan ustedes exclusivamente: Cantabria. Han copiado literalmente el texto que se presenta por la Junta a estas Cortes; literalmente. Mandaremos las enmiendas a nuestro Grupo para que siga siendo igual de coherentes.

Usted me dice que la Ley de Libertad Sindical, bueno, pues que en el momento... o he creído entenderle que en el momento en que presentó usted el texto todavía no se sabía nada de ella. ¡Hombre!, no es así del todo, por lo menos. La Ley se había tramitado. Distinto es que ustedes en el Parlamento nacional presentaran recurso de inconstitucionalidad. Ese es otro tema, que, por cierto, no les ha salido nada bien.

usted me dice que los derechos de los funcionarios, y entre ellos me dice que han perdido poder adquisitivo. Bueno, es cierto, pero, mire usted, yo he sido escrupuloso cuando he tratado este tema y le he dicho que la escala móvil -y ya no entro en qué se defiende en los laborales con el tema de la escala móvil, porque también bastantes de Sus Señorías saben de ese tema-, yo no he dicho que no se recupere el poder adquisitivo perdido; he dicho que es imposible técnicamente, en el Presupuesto, al menos en el ejercicio ordinario. Eso es lo que he dicho. Pero también, puestos a reivindicar, por qué no reivindican ustedes el despido, por ejemplo, que en los funcionarios no se tiene. Puestos ya, qué más da.

Mire usted, hay cosas que a uno le asombran -y lo digo con el máximo de los respetos- y es cuando usted en su Ley se dedica a ser un poco el vigilante de los derechos individuales. Y a mí eso me preocupa porque, viendo el texto, he visto cosas realmente chocantes, chocantes por lo contradictorio. Por ejemplo, usted señala que el funcionario en comisión de servicio -se dice en el artículo 26.2- está en servicio activo. Y en el artículo 27.1, la misma situación, funcionario en comisión de servicios, usted lo declara en servicios especiales. No me diga usted que no es para estar liado.

Pero sigo leyéndole más. El funcionario en expectativa de destino, figura nueva, dice usted "no cobrará nada más -lo dice usted en el artículo 29.3- no cobrará más que las básicas y las pagas extraordinarias". Léase el artículo 45.2.c), y ahí ya le reconoce usted el 0,25 sobre el complemento de destino. Pero fíjese usted si es situación discriminatoria. Esa situación que usted da a un funcionario en expectativa de destino -insito, figura nueva y que no sabemos qué es lo que quieren hacer con ella- está garantizándole unos derechos que el funcionario normal, de hace años, dos años, un año, -me es indiferente-, que ha entrado en la Comunidad, no tiene. Porque también puede ocurrir que se vayan a la mili algunos funcionarios, ¿por qué no reconocerles también en esa situación sus básicas y sus pagas extraordinarias mientras que sí se las reconocemos en expectativa de destino con posibilidad de que esté en esta situación hasta un año? A mí me parece que ese tema es preocupante.

Y hay una situación que a mí me ha preocupado también profundamente, con el tema de salvaguardar, o esa manía de salvaguardar los derechos individuales, y es el artículo 35.g). Es un artículo que, cariñosamente, y se lo digo con absoluto respeto, he denominado "el artículo de la obediencia debida". Y me explico: el jefe da una orden y si esa orden es mala y el funcionario se niega y el jefe esa orden la repite por escrito, hay que hacerla. Perfecto. Yo le pongo un ejemplo a usted. Un ejemplo a usted. Un ejemplo, si quiere usted, grave. Un jefe de servicio manda a un administrativo que, en alguna forma, no dé un tratamiento, por decirlo suavemente, correcto a un documento público. Bueno, vamos a decirlo, que lo falsifique. Vea usted ahora el código penal y dígame quién va a la cárcel, el funcionario el jefe. Otro tema más suave, pero dentro de la misma línea: el funcionario que, bueno, hace aquel mandato de su jefe puesto que se lo dice por escrito y luego qué hace ¿Ir al proceso administrativo a que le den la razón? ¿Al cabo de cuántos meses? Y, entre tanto, ¿qué hemos solucionado? Yo creo que esto no es así. Yo creo que eso es recordar lo que era la Administración hace quince, veinte, diez años, o simplemente hasta antes de la Ley de Medidas Urgentes, pero ése no es nuestro criterio. Nosotros creemos que la Administración tiene que ser ágil, tiene que ser imparcial, pero sobre todo tiene que servir para el ciudadano, que es al que nos debemos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo con el Reglamento y con lo establecido por la Junta de Portavoces, el debate se cierra aquí. Se cierra aquí con la intervención únicamente ya, para fijar posiciones, del Grupo que no ha intervenido.

EL SEÑOR:....

(Intervención sin micrófono):

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Es que las reglas de juego, señor Posada, son éstas, y quien preside esta Cámara lo único que tiene que hacer es, como un buen árbitro, cumplirlas y hacerlas cumplir.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, para fijación de posiciones, tiene las palabra el señor Alonso Rodríguez. Silencio, por favor.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Observo que

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las fuerzas políticas con representación en esta Cámara estamos posponiendo la política de cambio y progreso para sacar a la Comunidad de Castilla y León de su situación de subdesarrollo secular a las ayudas que esperamos pedir y recibir de los organismos que dedicados a tal fin tiene la Comunidad Económica Europea. Pero, señores Procuradores, uno de los compromisos ineludibles que tendremos que cumplir, una vez integrados en la Comunidad Económica Europea, es aceptar sus leyes emanadas del Parlamento Europeo, así como la filosofía marcada por dicho Parlamento.

Señores Procuradores, me veo con la obligación de aconsejar a esta Cámara que si aprobamos tal como nos envía a esta Cámara el Gobierno de la Comunidad el Proyecto de Ley de la Función Pública nos salimos de las normas de conducta y de la filosofía marcada por el Parlamento Europeo, ya que viola convenios europeos, firmados por nuestro Gobierno Nacional, que van encaminados a la protección de los derechos fundamentales del hombre.

Señores Procuradores, la política hoy ya no se puede reducir a defender única e irreflexivamente la libertad del ciudadano en cuanto que individuo concreto, sino que su tarea consiste más bien en alcanzar el máximo de libertad posible para el mayor número de ciudadanos.

Señores Procuradores, la filosofía aceptada por el Parlamento Europeo que los miembros de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, que como organismo consultivo de dicho Parlamento, han sabido dulcemente y sin traumas introducir en los países que componen dicho Parlamento Europeo va encaminada a orientar al Estado a que oriente parte de su actividad política a la autorrealización del cumplimiento de los derechos humanos que garantizan las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos y de sus respectivos estados, y no a aprobar leyes que vayan en contra de la dignidad individual y colectiva.

Señores Procuradores, esta Ley presentada a esta Cámaras por el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León vulnera la filosofía orientativa del Parlamento Europeo en varios artículos. Un ejemplo puede ser el referente a la consagración del personal interino; otro puede ser el artículo 45, que dice: "Aprobadas las pruebas selectivas, los aspirantes al ingreso de la función pública deberán superar, cuando así se prevea en la convocatoria, un curso de formación y prácticas en el Instituto de la Administración Pública de Castilla y León, adaptado a la naturaleza de cada cuerpo o escala".

Señor Consejero, si cuando...

Es por respeto. Por respeto estoy callado hasta que se calle.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor, le llamo al orden.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

: "2. El curso de formación podrá tener carácter eliminatorio". Por estos dos artículos me veo en la obligación moral de no poder votar una Ley emanada de estas Cortes que vulnere la política orientativa del Parlamento Europeo encaminada a la defensa de los derechos del hombre. En Europa una vez aprobada una oposición administrativa, el funcionario que realiza un curso no está obligado a sufrir exámenes eliminatorios, sino a repetir todos los cursos hasta que encuentre una capacitación administrativa, ya que si ha sido capacitado para aprobar debe ejercer la función.

Y tampoco puedo aprobar el texto alternativo, y por eso me veo en la obligación de abstenerme, y esperando que pase por el filtro de la Comisión y subsane dichos inconvenientes. Muchas gracias, señores Procuradores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

También para fijación de posiciones, tiene la palabra el señor de Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El Proyecto de Ley de la Función Pública yo considero como una de los proyectos de Ley urgentes, necesarios y, por tanto, de los proyectos de Ley que indudablemente todos los Grupos debemos hacer un esfuerzo por llegar al consenso. Hemos oído desde esta Tribuna, tanto a los representantes del Grupo Popular como al Grupo Socialista, el buen ánimo para llegar al consenso. Desde nuestro punto de vista, de los dos proyectos de Ley presentados, uno como Proyecto de Ley y otro que es la Enmienda a la Totalidad con un proyecto alternativo, el Proyecto de Ley presentado por la Junta el propio portavoz del Grupo Popular lo ha reconocido técnicamente bueno; yo diría que, si bien es técnicamente bueno, también habría que decir que una mala copia de la Ley de Medidas Urgentes. Pero no cabe duda que, al ser técnicamente bueno, es bastante más fácil partir de él para el consenso que el presentado por el Grupo Popular, que no me atrevo a decir los calificativos, pero indudablmente, es mucho peor; mucho más difícil para todos los Grupos poder llegar al consenso partiendo del proyecto del Grupo Popular que partiendo del proyecto presentado por la Junta. Esperando que el ánimo conciliador expresado por todos los Grupos de la Cámara y a través de las Enmiendas parciales en Comisión sea posible ese consenso dicho o manifestado por todos los Grupos y que, indudablemente, nosotros, aunque exigua representación del C.D.S. vamos a intentar por todos los medios.

En ese sentido, las Enmiendas parciales que hemos presentado van en la idea de que puedan servir a acercar las posiciones del Grupo Popular y Partido Socialista y con el mejor ánimo para que sea una Ley, ojalá pueda salir por unanimidad, pero si no sale en su totalidad por unanimidad salga en un ochenta o noventa por ciento. Eso sería lo mejor para la carrera administrativa, para los funcionarios y para la Administración Pública de nuestra Comunidad. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Muchas gracias. Señor Presidente, señores Procuradores. La verdad es que yo no tenía previsto intervenir en este turno, entre otras razones porque creía que, evidentemente, la Proposición de Ley del Grupo Popular debía contar con todo el protagonismo que la iniciativa merecía. Pero yo sí que creo que deberíamos, por lo menos, fijar algunos puntos para hacer realidad ese posible consenso. La cuestión no es salir a la Tribuna a ofrecer con una mejor o peor voluntad el llegar a determinados acuerdos, puesto que si eso se ofrece por una parte pero por otra se están haciendo unas matizaciones que vulneran claramente lo que puede ser el ordenamiento jurídico o incluso, diríamos, los principios filosóficos importantes de partida de lo que tanto la Junta de Castilla y León como el Grupo que apoya a ese Gobierno regional entienden que debe ser la Ley de Ordenación de la Función Pública, pues entonces estamos partiendo de premisas muy alejadas y por tanto muy difíciles de encontrar puntos de aproximación.

Realmente, por eso es la razón de que yo salga a la Tribuna. De la exposición que se ha realizado aquí tanto por el Grupo proponente de su Proposición -como Enmienda ahora Totalidad- como, al mismo tiempo, por las contestaciones de mi Grupo recogiendo precisamente lo que es el texto en su espíritu también del Proyecto de Ley, me parece que hay un trecho muy amplio y que, si me permiten Sus Señorías, yo intentaría por lo menos puntualizar, para ver si en lo que queda de periodo, diríamos, de reflexión hasta pasado el plazo de Enmiendas y luego ya el debate en Comisión sobre todo las posturas de las Señorías del Grupo Popular se acercan a nuestros planteamientos.

El primer punto que yo quisiera citar es el tema del ámbito de aplicación de la Ley. En el ámbito de aplicación de la Ley quiero hacerles una reflexión a Sus Señorías. No es sólo el respeto que nos debe la propia autonomía local, no es tampoco las dificultades que de índole práctica tendría una Ley que intentara en este momento y desde una perspectiva foránea al régimen local homogeneizar el régimen de la función pública local; es que, además, tal y como está la redacción de nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley 7/85, reguladora del régimen Local, entendemos que no es esta Comunidad competente para regular el régimen del funcionariado de las corporaciones locales. Desde esa perspectiva, por lo tanto, yo creo que siendo todos coherentes y correctamente lo que es nuestro ámbito de funcionamiento y el que estamos creando en España una Administración de equilibrio entre las diversas fuerzas que representan Corporaciones Locales. Comunidad Autónoma y Gobierno de la nación o Administración del Estado, desde esa perspectiva nosotros entendemos que hay dificultades graves para poder introducir la Enmienda o aquellas enmiendas que intentaran hacer que nuestra Ley fuera supletoria de las Corporaciones Locales. Ese es el punto que yo les dejo aquí planteado. Porque, evidentemente, la afirmación que he hecho o que ustedes creen que yo hago como afirmación es simplemente una idea, una reflexión profunda realizada por nosotros, con lo cual nosotros mismos nos hemos autocriticado previamente y hemos delimitado, si se quiere, al ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma al ámbito de la Ley. Y éstas son las razones de peso que hay detrás de esa decisión y que yo le rogaría a Sus Señorías que las tuvieran en cuenta.

El aspecto relacionado también con el Estatuto. Yo creo que ahí es posible que a lo mejor en algún punto, lo mismo que nosotros en la Ley hemos propuesto algún punto que es de carácter estatuario y ha sido recogido en la Ley, porque formaba un cierre, porque, evidentemente, eso forma un edificio completo, porque es el tema de las retribuciones y el tema de las retribuciones sí que está ligado a lo que nosotros entendemos que deben ser los cuerpos de funcionarios; entonces, desde esa perspectiva, si hubiera algún punto de carácter estatutario que también permitiera cerrar el edificio para que no quedara ningún punto suelto ningún tema colgando que después pudiera dar origen a malas interpretaciones o incluso a indefensión o a una situación de posible entendimiento o mal entendimiento para los propios servidores de la Administración Pública, nosotros creemos -yo creo que interpreto correctamente el sentir de mi Grupo- que podría entenderse y podría buscarse alguna fórmula que pudiera cerrar esos puntos. Pero incluir ahí aspectos estatuarios simplemente por el hecho de la comparación con otras Comunidades Autónomas, que las uniprovinciales no son comparables puesto que tienen que asumir a los funcionarios de las antiguas Diputaciones Provinciales y algunas otras tampoco son comparables con la nuestra puesto que tienen leyes orgánicas de desarrollo estatutario diferentes de la nuestra, pero, en resumidas cuentas, el intentar incluir aspectos estatutarios -que es donde yo quería- solamente por mor del prurito yo creo que no conduce a nada, que lo único que podemos estar haciendo en ese momento es perjudicar a los que queremos beneficiar. El funcionario de la comunidad Autónoma no queda en absoluto indefenso; el funcionario de la Comunidad Autónoma queda sometido a la ordenación y a la Ley que está en este momento en vigor, y es el Estatuto del Funcionario del año sesenta y cuatro. Y por lo tanto, no es preciso introducir modificaciones en este Estatuto por vía de nuestra Ley porque tampoco en eso somos competentes, porque la competencia estatutaria está reservada por el artículo 149.1.18 a la Administración del Estado y solamente cuando la Administración del Estado se haya pronunciado sobre el tema estatuario es cuando las Comunidades Autónomas podrán producir el desarrollo legislativo correspondiente. Pero eso -vuelvo a repetir- no significa en ningún momento indefensión del funcionario, sino todo lo contrario, sino seguir amparado de manera homogénea con el resto de los funcionarios españoles por la legalidad actualmente vigente en aspectos estatutarios. Por lo tanto, ahí también deberíamos intentar, al menos, corregir o recortar algunas de las posibles expectativas que desde algún Grupo se han podido proponer desde esta Tribuna.

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El tema del Instituto, yo creo que también Su Señoría se ha dado cuenta. Me parece que ahí su posición está mucho más próxima y creo que ahí podríamos encontrar... Pero, vuelvo a repetir, a mí me parece que con un único instituto es suficiente, que el Instituto tiene que cumplir las funciones que tiene que cumplir y nunca puede ser un órgano de arbitraje de lo que sea la función pública, porque eso no va a añadir más claridad; la claridad a la función pública se añade a través del trabajo riguroso, como se ha estado realizando desde la Junta en este tiempo, a través del cumplimiento de la normativa y a través, fundamentalmente, de la instrumentación del trabajo y de la participación que nosotros pretendemos se dé de los funcionarios a través del Consejo de la Función Pública de Castilla y León, en el cual, por supuesto, también podemos entender algunas peticiones de aumento de representatividad que creo que tienen derecho a ser acogidas.

Hay un punto también en el que yo quisiera que ustedes reflexionaran, y es el aspecto de los interinos. Su Señoría mismo ha reconocido que en esto la Ley -en esto y en otro punto que usted no ha citado, que es el punto de los eventuales- es sumamente restrictiva. Y si es sumamente restrictiva se debe precisamente a que entendemos, en la filosofía que mantiene la Junta de Castilla y León, que el esqueleto de la función pública debe realizarse a través de personal fijo, bien sea porque en la relación de puestos de trabajo se les califique como laboral o bien sea como funcionario. Y a través de ésa y del establecimiento, como contempla la Ley, de una carrera administrativa es por lo que nosotros hacemos restrictivo el tema de los interinos. Pero hay casos que quedarían francamente, diríamos, totalmente viciados, a no ser que inventáramos de nuevo la figura del contratado administrativo, por desaparecer el interinazgo. Y le voy a poner un simple ejemplo: el tema del médico rural. El médico rural es una plaza de funcionario y el médico rural fallece, cae enfermo, y hay que nombrar automáticamente -y eso se hace por riguroso turno en los Colegios de médicos de España- su médico interino en esa plaza. Si nosotros eliminamos la posibilidad del funcionario interino, inmediatamente quedan colapsadas muchas de las actividades en algunos sectores de la Función Pública. Les he puesto un ejemplo, pero podría ponerles mucho más. Lo que la Ley pretende, y en eso yo agradecería también a Sus Señorías que en el debate en Comisión hicieran el máximo esfuerzo, es que la figura del interino no se convierta a plazo corto, a plazo medio o cuando ustedes quieran, o a largo plazo, en el mismo problema que en este momento tenemos con los contratados administrativos. Por eso la Ley en ese aspecto es sumamente restrictiva. Pero el que sea sumamente restrictiva a que inmediatamente evitemos esa figura, al evitar esa figura inmediatamente -y ustedes mismos se dan cuenta- tienen que abrir otros portillos sobre los cuales poder solucionar problemas de carácter urgente, que son los únicos a los que el interinazgo da una respuesta.

En ese sentido, yo creo que -y no entro en el debate de su Ley, podíamos entrar y podíamos discutirla- hay verdaderos problemas en esa figura del contratado administrativo que ustedes plantean. Porque si está luego sometido a la legislación civil, evidentemente no está sometido a la legislación funcionarial y, por lo tanto, no es de funcionario. Entonces, ese problema que ustedes lo plantean y que está en la Ley, es una contradicción grave que está en el propio texto y que me imagino que era buscarle solución a un tema que a ustedes se les hacía difícil, que era el tema del asumir claramente que la figura del interino, con todas las restricciones que eran posibles, es necesaria para el funcionamiento de cualquier Administración máxime cuando tenemos casos o bien de reserva de plaza o bien casos como les he citado, que es el más grave de todos los que les podía plantear.

Y el otro último problema que ustedes plantean es también el aplazar a un año el tema de cuerpos. Y ustedes me dicen: bueno, que se hagan las plantillas. Mire usted, es mucho más fuerte, es mucho más riguroso que el tema de la plantilla -y me imagino que lo habrá visto en la Ley- el tema de las relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, eso no es suficiente para poder, diríamos, desde la Administración de la Comunidad Autónoma sacar nuestros propios concursos al acceso a la función pública de la Comunidad, porque el acceso por la legislación vigente ha de hacerse a aquellos cuerpos creados en los cuales se integra ese funcionario. Si nosotros no creamos cuerpos y los dejamos a que pase un año, no se podrá en ningún modo poner en marcha un funcionamiento autónomo de la propia Comunidad, sacar sus propios concursos de funcionarios, sacar las pruebas de oposición, etcétera, de acceso a los cuerpos de funcionarios de nuestra Administración etcétera. Podemos tener clasificado el puesto de trabajo, pero no podemos cubrir ese puesto de trabajo a no ser por el método, también criticado por sus Señorías, de las ofertas públicas de empleo, tramitadas a través del Ministerio de la Presidencia en Madrid y con el consiguiente periodo de tiempo de alargamiento, y sobre todo con una cuestión que creo que para todos es clara, que es que no tenemos nuestra propia capacidad de selección. Si nos negamos a nosotros mismos, mediante un sistema de este estilo, de alargar a dentro de un año nuestra propia capacidad de selección, no estamos haciendo nada en favor de la propia Comunidad Autónoma. Por tanto, ése es un punto que yo quisiera que reflexionaran. Y otro punto importante: que en estos momentos ya tenemos próximos a los quince mil empleados en la Comunidad, de los cuales más de ocho mil son funcionarios, y ese personal, por mandato también de la Ley 30, debe de integrarse en los cuerpos o escalas que cree la Comunidad, por mandato de la Ley 30. Porque esos son funcionarios que son transferidos del Estado que pasan a ser funcionarios propios de la Comunidad y que tienen todo el derecho de que se les integre en los cuerpos y escalas. Por lo tanto, no pueden estar esperando todavía un año más a que la Comunidad diga cuál va a ser su integración y cómo va a realizarse la integración en los cuerpos y escalas.

Y, finalmente, hay otro apartado, que también Sus Señorías y las tres centrales sindicales han hecho mucha

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insistencia y está firmado un protocolo con el acuerdo de todos nosotros, y es la solución del problema de los contratados administrativos e interinos, tanto transferidos como los que han resultado del funcionamiento de la etapa de preautonomía como de la etapa posterior a las elecciones del ochenta y tres, el personal contratado administrativo o interino que sirve en la Comunidad Autónoma. La única solución para resolver ese problema definitivamente es tener de una vez por todas solucionado el problema de la ordenación y clasificación del funcionariado en los diversos cuerpos o escalas. Y, en ese sentido, quiero hacerles ver que se ha -como ya lo dije en la Comisión-, se ha optado por una solución ecléctica, una solución que no es dramática por un extremo pero que tampoco lo es por el otro, una solución en la cual pueden tener su respuesta las inquietudes de la inmensa mayoría de los funcionarios y del personal de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, yo me alegro, me congratulo, estoy dispuesto a realizar y a apoyar las iniciativas de mi Grupo en ese sentido, todas las aproximaciones que sean necesarias para que esta Ley sea una Ley aprobada por unanimidad, si fuera posible, de esta Cámara. Porque desde hace mucho tiempo vengo diciendo que esta Ley y otras no son leyes de coyuntura y, por lo tanto, no pueden estar sometidas al avatar político de la incidencia electoral. Son leyes para la ciudadanía, no son leyes para los funcionarios en este caso particular, y desde esa perspectiva, por lo tanto, estamos dispuestos desde la Consejería en el apoyo que sea necesario para encontrar esos nexos, esos puntos de aproximación que en las líneas que ya les he ido marcando podamos realizar.

Unicamente, un tema de pasada, que a mí me ha parecido que se ha pronunciado una palabra muy grave o se ha hecho una intervención que ha tenido un carácter que yo entiendo grave para toda la Cámara. Yo creo que no debemos nadie apropiarnos de la libertad ni de la democracia, ni de los derechos de los individuos ni de las colectividades; nadie a nivel personal tiene derecho a ello. Yo creo que si este país ha dado la vuelta a una situación de deterioro en esas calidades que todos estábamos anhelando ha sido por el esfuerzo de todos los españoles, procedan de la ideología de donde procedan. Y desde esa perspectiva, el que en esta Cámara alguien, a título personal o de Grupo, se apropie de la lucha que todos hemos realizado por el respeto a los individuos, por el respeto a los derechos de los demás, por el respeto a la libertad y por el respeto a la democracia no es de recibo. Entendemos, por lo tanto, que desde esa perspectiva nosotros podemos encontrar puntos de acuerdo, vamos a seguir realmente luchando por que esa Ley sea una Ley entregada al servicio de los ciudadanos y una Ley en la que las preocupaciones, los esfuerzos individuales y colectivos de todo el personal al servicio de la Comunidad y también de los ciudadanos que nos han encomendado su Gobierno tengan una solución y tengan una respuesta justa y digna. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Alonso Rodríguez, no tiene usted derecho al uso de la palabra, ni por alusiones ni por ningún otro capítulo.

Se somete a votación la Enmienda a la Totalidad del Proyecto de Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, presentada por el Grupo Popular. Votos a favor de la Enmienda. Pueden sentarse, por favor. Votos en contra. Pueden sentarse, por favor. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor de la Enmienda: treinta y uno. Votos en contra: cuarenta y tres. Abstenciones: ninguna. Queda, por tanto, rechazada la Enmienda.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos).