DS(P) nº 39/1 del 25/2/1986

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a Sus Señorías vayan tomando asiento. Se abre la sesión.

Vamos a proceder en este Pleno solemne, en el que conmemoramos el Tercer Aniversario de la Promulgación de nuestro Estatuto de Autonomía, a entregar la Medalla de Procurador a Sus Señorías. Esta condecoración ha sido creada por la Mesa de las Cortes para que sirva, de ahora en adelante, de símbolo distintivo de la función parlamentaria, y en el futuro será entregada a los que nos sucedan en el momento en el que adquieran la plena condición de Procuradores de estas Cortes. Las normas que regulan la utilización de estas medallas han sido aprobadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del pasado día diecinueve de Febrero y serán oportunamente publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes.

Vamos a proceder a la entrega de las medallas,.

Para dar agilidad y rapidez a la entrega, vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a..., les ruego se acerquen los señores Procuradores con el siguiente orden: primero el escaño inferior, de izquierda a derecha, y luego el segundo escaño, el tercer escaño, cuarto escaño, y siempre de izquierda a derecha. No significa, no significa nada más... Y, en cualquier caso, Señorías, en cualquier caso, si quiere significar algo, desde el punto de vista parlamentario, prefiere significar la importancia que en el sistema parlamentario tiene el juego de mayorías y minorías.

Comienza, pues, la entrega.

(El señor Presidente procede a la entrega de las medallas a los señores Procuradores).

Señoras y señores Procuradores:

Con este Pleno Extraordinario celebramos el Tercer Aniversario de la Promulgación de nuestro Estatuto de Autonomía. Es el primer acto solemne en el que es utilizada la medalla de la Cámara por todas Sus Señorías. La coincidencia no es meramente casual; quisiéramos significar con ella que damos por concluida la primera etapa de rodaje, importante en la corta historia de estas

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Cortes, y que abrimos de par en par las puertas, entre la inquietud y la esperanza, a una nueva etapa que presentimos de madurez, con retos y afanes diferentes.

En tanto que pieza clave de la democracia representativa, el Parlamento tiene como funciones permanentes la elaboración de las leyes y el puntual seguimiento, con fines de impulso o de control de la acción de gobierno del Ejecutivo.

Sin riesgos de ser tratados de inmodestia, creemos poder afirmar que ambas tareas han sido satisfactoriamente atendidas hasta este momento, a pesar de la escasez de medios. La ilusión y la generosa entrega de todos han hecho posible lo que parecía imposible.

Largo ha sido el camino recorrido durante estos ya casi tres años de existencia: "soñando caminos", "hemos hecho camino al andar". Cuando se vuelve la vista atrás el punto de partida se difumina como las figuras en la niebla, tal es la sensación de lejanía. Hoy nos parece imaginaria aquella casi dolorosa menesterosidad inicial. Carecíamos de lo más indispensable, no contábamos con el más mínimo equipamiento, ni material, ni personal, ni jurídico. Es más, nos faltaba el reconfortante arropamiento del entusiasmo popular.

Para dar los primeros pasos, necesariamente titubeantes e inseguros, hubimos de tomar en préstamo un reglamento ajeno. Hoy contamos con un reglamento propio, acomodado a nuestras peculiaridades y a nuestras características, y con criterios de interpretación y aplicación, que dotan a sus normas de una gran flexibilidad para acomodarse sin violencias a cualquier circunstancia o supuesto nuevos.

La prudencia y la alerta vigilancia de Mesa y Junta de Portavoces están convirtiendo esos principios en fuente de auténticas costumbres parlamentarias. Hemos conseguido que las normas reglamentarias estén realmente al servicio del mejor funcionamiento de la Cámara, quedando descartadas tanto la rigidez esterilizante cuanto su indiscriminada aplicación matemática.

No menos inquietante y descorazonadora era la carencia de equipamiento material. Hoy podemos sentirnos razonablemente satisfechos por los medios de que disponemos. Con ellos queda asegurada la calidad del quehacer parlamentario. Sin hipotecar posibles futuras decisiones de estas Cortes, disponemos hoy de un Hemiciclo dotado de dignidad y nobleza, conjugadas con la sencillez y la funcionalidad. Es más, tuvimos la suerte de dar con la fórmula que hizo posible acometer la ejecución de esta obra con el acuerdo de todos los Grupos Políticos. Una vez más, la imaginación y la buena voluntad de todos nos permitía dar otro decidido paso adelante; el consenso se convertía así en norma no sólo de las decisiones cotidianas de la Mesa, sino también de las extraordinarias.

Y lo mismo es predicable del programa de informatización de todos los servicios de la Cámara, ya en marcha. Algo que simplificará, agilizará y dotará de especial eficacia al trabajo parlamentario. Dicho sea sin ánimo alguno de presunción, nuestras Cortes van a ser el primer Parlamento español que cuente con un sistema de informatización integral. Aparte otras importantes prestaciones, nos facilitará el acceso a la información tanto de las Cortes Generales y de las otras Comunidades Autónomas, como a la de la Comunidad Económica Europea, permitiendo también la recuperación de la información generada por nosotros mismos.

Puede también darse por sustancialmente concluido el proceso de formación del cuadro básico de funcionarios de la Cámara. Contamos ya no sólo con el marco legal correspondiente, sino también con un conjunto de funcionarios, justo es decirlo, "con un alto grado de cualificación, espíritu de superación e integración dentro de la Institución", en palabras del informe elevado a la Mesa por el equipo de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, al que se le encargó el estudio del programa de informatización.

Nuestras Cortes carecían de antecedentes inmediatos -las Cortes medievales de nuestros viejos Reinos quedaban muy lejos- y, consecuentemente, no era tarea fácil conseguir que nuestro pueblo las percibiera como algo cercano y, sobre todo, como algo propio: como el cauce inmediato de su participación política. Cierto que el grado de conocimiento de las mismas y, especialmente, la idea clara y distinta de lo que son y de lo que representan están todavía lejos de lo deseable, pero es evidente que ha mejorado bastante más de lo que hubiera podido pensarse como posible cuando se constituían el veintiuno de Mayo de mil novecientos ochenta y tres. Y, todo hay que decirlo, gracias al esfuerzo de todos, la imagen que proyectan estas Cortes es una imagen seria y digna, merecedora del respeto de nuestros conciudadanos. Más aún, día a día crece el interés por adquirir un próximo y cabal conocimiento de ellas. Así parece, al menos, ponerlo de relieve el número progresivo y constante incremento de nuestros visitantes. Valga un solo dato: durante el año mil novecientos ochenta y cinco han visitado las Cortes más de catorce mil personas.

Completada así la primera etapa, las Cortes, liberadas de la perentoriedad de las necesidades más inmediatas, podrán acometer nuevos retos, en especial la incitante tarea de fomentar la conciencia colectiva de nuestra Comunidad, contribuyendo así a su integración y a su vertebración. Es verdad que la conciencia colectiva de un pueblo necesita, para su propia pervivencia, del molde de una estructura jurídico-política que le sirva de cauce de expresión y realización. Pero no lo es menos la proposición inversa: una institución jurídico-política sólo tiene sentido y, lo que es más importante, sólo será realmente eficaz si está al servicio de la integración de la pluralidad de esa colectividad, percibida como unidad por sus propios protagonistas, en función de un proyecto de vida común.

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Pues bien, en un sistema democrático parece obvio que esa función integradora y vertebradora de la colectividad, en tanto que cauce de expresión e instrumento de acción de la conciencia colectiva, la realiza o debe realizarla justamente el Parlamento.

Es ésa una de las ideas implícitamente contenidas en la configuración que de nuestras Cortes se hace en el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía como "máximo órgano de representación" de nuestra Comunidad. De ahí los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad que deben presidir las decisiones de sus órganos de gobierno. Sólo así es posible garantizar la expresión de la pluralidad, sólo así son de verdad cauce de expresión de todos, sólo así son, se convierten en auténtica expresión de la conciencia colectiva. El más espléndido ejemplo de todo ello nos lo ofrece nuestra propia corta historia. En los debates y en las decisiones parlamentarias ha terminado imponiéndose, como obligado punto de referencia, la Comunidad en cuanto tal. A través de la pluralidad se ha ido mostrando, cada vez más clara y distinta, la idea de unidad en nuestra conciencia colectiva.

Felizmente, no hemos caído en la trampa de querer generar o incrementar nuestra coincidencia colectiva por la vía del enfrentamiento. Ni los complejos, ni el sentido de la discriminación frente a otras Comunidades, ni la confrontación con el Estado pueden ser el motor de nuestro dinamismo interno. La nuestra tiene que ser no una autoafirmación por vía negativa y de enfrentamiento, sino una autoafirmación solidaria.

En el tramo hasta ahora recorrido por el proceso autonómico han menudeado, acaso excesivamente, las situaciones de conflicto entre Comunidades Autónomas y el Gobierno Central. Es posible que en algún momento la opinión pública haya podido tener la engañosa sensación de que la intensidad de la autoafirmación autonómica estaba en proporción directa con el grado de confrontación con el Estado. Venturosamente, esas situaciones han ido escaseando progresivamente. Es más, hoy podría afirmarse que las que subsisten tienen más carácter técnico que político; no son tanto disputas por la competencia o por un determinado techo competencial, con todas las ambigüedades de posición de principio que tales actitudes pudieran encerrar, como disparidades de criterio sobre determinados aspectos del proceso autonómico de cara a su consolidación definitiva.

La afirmación de nuestras peculiaridades a través de nuestras propias Instituciones, de otra parte, ha de realizarse sin olvidar nuestro obligado marco de referencia: España y, desde el uno de Enero, también Europa.

Los principios de aplicabilidad inmediata y de prevalencia del derecho comunitario, en relación con nuestro derecho interno, incluida la Constitución y los Estatutos de Autonomía, tienen inmediatas repercusiones en nuestro vigente cuadro normativo de distribución de competencias. Es cierto que el Estado no recupera ninguna de las competencias descentralizadas en virtud del proceso autonómico, pero no lo es menos que, en virtud del Tratado de Adhesión, competencias tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, en todo o en parte, quedan transferidas a la Comunidad Europea y las disposiciones normativas de ésta tienen inmediata aplicación en España y prevalecen sobre nuestro derecho interno.

En los casos de desarrollo o ejecución por las Comunidades Autónomas, tanto de normas comunitarias como de normas del Estado subordinadas a ellas, es evidente la necesidad de institucionalizar los cauces de información mutua, de diálogo, de negociación y de cooperación entre todas las Comunidades Autónomas y de éstas con el Estado.

Los principios de prevalencia del Derecho Comunitario y de no limitación a priori de la ampliabilidad ni de las competencias de la Comunidad Europea, ni del ámbito material de las mismas, quizá aconsejen revisar los que en algún momento han podido ser principios informadores del proceso autonómico. Probablemente se produzca el arrumbamiento de actitudes no siempre suficientemente unívocas. Es de esperar que tendrán un efecto beneficioso en dichas actitudes, conduciendo a un planteamiento menos sentimental y más racionalizado, dotando al proceso de serenidad, mesura y sosiego.

La unidad y la pluralidad se relacionan mutuamente, se coimplican, diría yo, mutuamente; no pueden ser la una sin la otra. Es más, aceptado el vigente cuadro de distribución de funciones y competencias, el fortalecimiento de cualesquiera de los polos revierte inexorablemente en un fortalecimiento del otro. De ahí que no sólo no deba mirarse con desconfianza el fomento de las peculiaridades propias de cada pueblo; el diálogo y el intercambio de lo diverso es siempre mutuamente enriquecedor y fecundo para el conjunto.

Permítaseme recordar lo que en esta misma Sede tuve ocasión de expresar ante Su Majestad el Rey: "para nosotros, la afirmación de lo castellano-leonés no sólo no es incompatible con la afirmación de lo español, sino que ambas realidades son inseparables y se coimplican mutuamente. Por eso tenemos la convicción de que, en esta hora, la afirmación de nuestra identidad como pueblo acaso sea la mejor contribución a la reafirmación de ese venturoso proyecto común que es España".

La fecunda vivencia del presente y la certera adivinación del futuro requieren la sosegada rememoración del pasado. La identidad colectiva al igual que la identidad individual no son otra cosa que la narración de nuestra propia historia, y el programa de futuro, eso que se llama vocación de un pueblo, sólo puede vislumbrarse desde el otero de la vívida repristinación de nuestro pasado. Algo especialmente aplicable a nuestras Cortes, de las que nuestro Estatuto de Autonomía dice que con ellas Castilla y León "recupera" su máximo órgano de representación, poniéndolas así en estrecha relación de continuidad

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con las Cortes de nuestros viejos Reinos.

El buceo en el pasado puede servir para descubrirnos a nosotros mismos, para poner al descubierto dónde puede estar nuestra mayor capacidad de contribución solidaria con los demás pueblos de España, tanto de cara a la empresa común a la mejora sustancial de nuestro propio nivel de vida y de la participación, realmente igualitaria y libre, de todos los castellanos y leoneses en la vida económica, social y cultural de la Comunidad, dando así cumplimiento a un mandato que es a un tiempo constitucional y estatutario.

Ese, justamente, es uno de los objetivos que las Cortes pretenden alcanzar con la organización del Congreso sobre la Historia de las Cortes de nuestros viejos Reinos, ya en marcha.

Esas Cortes fueron en el pasado "institución medular de la nación", en palabras de Sánchez Albornoz, y, en tanto que institución básica de la democracia, ése es el papel que le corresponde también hoy y en el futuro. En su proyección hacia ese futuro las coordenadas directivas de su acción parecen determinadas por dos mensajes que nos llegan de ese pasado nuestro:

Primero, el compromiso decidido de trabajar incansablemente por conseguir que la libertad y la igualdad, la justicia en definitiva, sean reales y efectivas. Así nos lo impone la coherencia con aquella temprana apuesta por la libertad y la democracia que tiene lugar en las Cortes de León de mil ciento ochenta y ocho.

Segundo, el fomento, con mimo incluso, de los valores culturales cuya génesis se inicia en el contexto de nuestros viejos Reinos, y que han servido como terreno común de encuentro y como plataforma de entendimiento entre todos los pueblos de España.

Todo inclina a pensar que hoy recae sobre nosotros una especial responsabilidad en la conservación y cuidado de esos valores culturales, justamente en el contexto del nuevo Estado de las Autonomías.

Esos dos ejes definen nuestra vocación de futuro. El primero, lo compartimos con todos los demás pueblos de España. El segundo, al menos como responsabilidad especial, preferentemente sólo con algunos. En cualquier caso, describen el marco de nuestra realización como pueblo. Muchas gracias.

(Aplausos).

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las doce horas cincuenta minutos).