DS(P) nº 46/1 del 12/11/1986

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio, silencio por favor. Tomen asiento. Silencio por favor. Se abre la sesión.

Antes de entrar en el único punto del Orden del Día del Pleno, esta Presidencia va a proceder a llamar a los nuevos Procuradores proclamados electos que hoy se sientan por primera vez en esta Cámara.

¿Está presente don José Simón Rodríguez, Procurador electo por Valladolid, que sustituye a don Santiago López Valdivielso?... Tenga la bondad Su Señoría de acercarse a la tribuna de oradores.

Don José Simón Rodríguez, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor acatar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de nuestra Comunidad?

EL SEÑOR SIMON RODRIGUEZ:

Sí, juro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de esta Cámara, proclamo a don José Simón Rodríguez con la plena condición de Procurador de las Cortes de Castilla y León y procedo, en consecuencia, a entregarle la medalla de Procurador de estas Cortes.

Enhorabuena.

EL SEÑOR SIMON RODRIGUEZ:

Gracias.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Está presente don Porfirio Ruiz Rubio, Procurador electo por Soria, que sustituye a don José Angel Villaverde Cabezudo?... Tenga la bondad Su Señoría de acercarse a la tribuna de oradores.

Don Porfirio Ruiz Rubio, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor acatar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de nuestra Comunidad?

EL SEÑOR RUIZ RUBIO:

Sí, juro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento

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de esta Cámara, proclamo a don Porfirio Rubio como Procurador con su plena condición de tal en las Cortes de Castilla y León y procedo, en consecuencia, a hacerle entrega de la medalla que simboliza esta condición.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Está presente don José María Arribas Moral, Procurador electo por Burgos, que sustituye a don Juan Carlos Aparicio Pérez?... Tenga la bondad Su Señoría de acercarse a la tribuna de oradores.

Don José María Arribas Moral, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor acatar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de nuestra Comunidad?

EL SEÑOR ARRIBAS MORAL:

Sí, juro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo con el artículo 5 de nuestro Reglamento, proclamo que don José María Arribas Moral ha adquirido la plena condición de Procurador de las Cortes de Castilla y León y procedo, en consecuencia, a hacerle entrega de la medalla de Procurador de estas Cortes.

Enhorabuena.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al primero y único punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Primer y único punto del Orden del Día: "Debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el señor Secretario se dará lectura a la propuesta de candidato formulada por esta Presidencia de la Cámara.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

: "Producida la dimisión del Presidente de la Junta de Castilla y León, don Demetrio Madrid López, y celebradas las consultas previas con los Portavoces designados por los partidos, grupos políticos y coaliciones electorales con representación parlamentaria, esta Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y 131 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de proponer al Pleno de las Cortes de Castilla y León como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León al Procurador don José Constantino Nalda García".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Nalda García para exponer el programa de gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de las Cortes de Castilla y León.

EL SEÑOR NALDA GARCIA:

Señor Presidente, Señorías.

Son públicas y manifiestas las causas que motivan mi presencia ante todos ustedes, con el fin de que pueda cumplirse el procedimiento estatutario de investidura como Presidente de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, sí que les rogaría me permitieran dedique unos momentos de este discurso al recuerdo mediato de quien me precedió en este acto y cumplió hasta sus últimas consecuencias, con hombría de bien, con las obligaciones que como Presidente de la Comunidad le fueron encomendadas por los castellanos y leoneses. Y la razón de esta memoria está en que tanto él, en su día, como quien les habla en este momento recibieron el encargo del Partido Socialista Obrero Español para conseguir los objetivos propuestos a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma en el programa electoral de mil novecientos ochenta y tres, ponerles en ejecución a través de la acción de gobierno, cumpliendo así el compromiso electoral que con ellos se había adquirido.

Por consiguiente, para un socialista, el cumplimiento de los principios constitucionales y en particular el expresado en el artículo 9.2 de la Constitución, que compromete a los poderes públicos a remover los obstáculos que se opongan a la igualdad real de los individuos y grupos, sea la base de todas las actuaciones que conduzcan a la construcción de esta Comunidad.

De aquí que el acto de hoy deba inscribirse, con las singularidades que Sus Señorías deseen, en la continuidad de la acción de gobierno que nuestro partido, con la confianza del pueblo, emprendió en las próximas y ya tan lejanas fechas de mil novecientos ochenta y tres.

Establecido este principio de la gestión que pretendo exponer ante ustedes -como objetivo al que tienda el esfuerzo del nuevo Gobierno, así como también la firme voluntad de corregir todos aquellos aspectos que conduzcan a completar las trayectorias que originalmente se ofrecieron y sobre las que Sus Señorías muchas veces, atinadamente y desde su capacidad de control y seguimiento, han puesto de manifiesto--, y dentro de este preámbulo de intenciones, he de dejar también manifiesta constancia de que, de recibir la confianza de esta Cámara, el nuevo Presidente y el Gobierno que forme para colaborar a la consecución de los objetivos que demanda la propia sociedad no serán, ni podrán nunca pensar que lo sean, gobiernos de transición, meros gestores que garanticen el simple funcionamiento de las instituciones. Nuestra Comunidad no puede permitirse ni un sólo segundo sin la entrega esforzada, ni uno sólo de sus recursos humanos o materiales que se desperdicien o no ofrezcan cuantas ideas o actividades sean necesarias para el logro solidario del impulso que reclama Castilla y León. Es éste, pues, un compromiso que adquiero públicamente, porque entiendo que los castellanos y leoneses, por encima de los avatares de la coyuntura de la vida política, desean una Comunidad gobernada y donde nadie rehuya cuando así le corresponda, el precio de su afán y de su vida.

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Establecidos estos parámetros de continuidad -pero con las correcciones o modificaciones que sean precisas-, y de dedicación completa -sin términos acomodaticios al vuelo de la oportunidad-, parece conveniente que glose ante ustedes, siguiendo la ordenación formal de las distintas Consejerías, aquellas actuaciones sobre las que pueda dedicarse la acción de Gobierno y que explique en qué medida todavía el programa con el que los socialistas acudimos a las elecciones de mil novecientos ochenta y tres puede ser profundizado, y sobre todo, en qué sentido las acciones emprendidas en estos años de gestión pueden recibir colofón y cierre en el período que esta Legislatura debe cumplir el Gobierno que presida.

Al repasar las intervenciones, tanto del entonces candidato a Presidente de la Comunidad como de algunos señores Procuradores en el acto de investidura, al volver a releer los discursos que a lo largo de estos años unos y otros hemos producido en estas Cortes, siempre hay un motivo que explícitamente expuesto o implícitamente subyacente preocupa y al tiempo se le reconoce una alta capacidad de estructuración de la Comunidad. Coincidirán Sus Señorías en que son los conceptos "vertebración de la Comunidad", "cooperación entre Administraciones", "coordinación de los esfuerzos de las Administraciones Públicas", "integración en el hacer de la Comunidad de Ayuntamientos y Diputaciones", "profesionalidad", "asignación con la máxima eficacia de los recursos públicos", conceptos que, con otros que Sus Señorías recuerdan acaso mejor que yo, han acaparado la inmensa mayoría de los textos parlamentarios.

Creo que esta inquietud compartida ha logrado que nuestra Comunidad posea en este momento un marco jurídico amplio, perfectible sin duda, que requiere un desarrollo reglamentario importante sobre el que es preciso trabajar por todas las Administraciones implicadas, para que se aplique con corrección y con generosidad. Pero un marco en el que es posible el entendimiento y que puedan hacerse realidad los deseos expresados a lo largo de los debates en estas Cortes. Debo resaltar que en esta dirección ninguna otra Comunidad Autónoma puede enseñarnos el camino; bien al contrario, muchas de ellas han encontrado en nuestros textos normativos ideas, formas, procedimientos que pueden ser de aplicación en sus peculiares territorios.

Sin embargo, es preciso incidir más y más rápidamente que lo ya hecho en las posibilidades que abren estos textos legales.

El desarrollo en materia de Función Pública puede considerarse ejemplificante, aunque sea preciso un impulso último para que puedan quedar satisfechas las previsiones de la Ley. La puesta en marcha de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad y su desarrollo posterior a través de los procedimientos de selección que la misma indica, la publicación de los próximos concursos para que las diversas plazas vacantes de funcionarios puedan ser cubiertas por el personal de esta condición, la aprobación, tras los trámites preceptivos, de las relaciones de puestos de trabajo y la aplicación consiguiente del nuevo sistema retributivo, son pasos que es preciso dar con firmeza en este inmediato período para que la profesionalidad de la Administración Autonómica sea una realidad eficaz para el servicio ciudadano.

No puedo dejar de resaltar a Su Señorías la importancia que va a tener, para el establecimiento ..., para el asentamiento, perdón, de las relaciones laborales, el establecimiento próximo del convenio único para todo el personal laboral al servicio de la Administración de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos. También debo señalar la necesidad de que para el próximo año sea realidad y, por tanto, esté en funcionamiento el Instituto de la Administración Pública de Castilla y León, que debe recoger, como así previeron los legisladores, la formación y la cooperación a la formación tanto del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León como también del personal al servicio de las Corporaciones Locales. La carrera administrativa ha de sustentarse en una base de fuerte formación de sus miembros y a ello el Instituto debe emplear todos sus esfuerzos.

Sobre estos instrumentos descansan los consagrados principios de objetividad, profesionalidad, capacidad, publicidad y mérito para que la vida administrativa y el trabajo callado y abnegado del personal obtenga su compensación tanto económica como de reconocimiento social. Cualquier otra práctica que no contemple estos principios como pilares sustentadores de la Función Pública debe desecharse y corregirse para que sean adecuadas a la legalidad.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo de ordenación interna ha de conducir a mejoras sustanciales en la práctica diaria administrativa, pero sería, sin duda, una reforma incompleta si no se contemplase en conjunto con la actividad descentralizadora y desconcentradora que ha de ejercer la Administración Autonómica.

El principio constitucional de autonomía ha de entenderse referido al conjunto de las Administraciones a las que califica. Detrás del hecho autonómico y con una proyección hace el ciudadano se encuentra, indudablemente, una profundización de la democracia, que indica la necesidad de buscar ámbitos de actuación donde las demandas se satisfagan más inmediatamente, pero donde también el control y seguimiento de los responsables administrativos en la prestación de servicios puede realizarse más directamente por aquellos a los que se pretende satisfacer.

Este principio es fundamental y si se desea alcanzar, sin estridencias y sin interferencias destructivas, un correcto ejercicio de la acción pública en el Estado de las Autonomías. Significa en nuestra opinión, y a su cumplimiento dedicaremos una buena parte de la actividad ordenadora del Gobierno que presida, que hemos de ser capaces de hallar cuál sea y desde qué Administración puedan cumplirse esos objetivos señalados.

Hemos dado también, con el acuerdo de Sus Señorías, en el período legislativo próximo pasado un avance sustancial

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en esta dirección. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer para que pudiera presentar ante ustedes una gestión más satisfactoria. El Consejo de Cooperación entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales de su ámbito es ya una realidad, que ha aprobado su reglamento de funcionamiento interno, ha creado una ponencia de carácter permanente para el estudio de los programas, planes y proyectos de actuación que reciban financiación compartida, y puede iniciar su andadura en el dictamen de algunas leyes sectoriales que en el futuro se presenten a su consideración.

Creo, y así lo expongo ante ustedes, que es primordial en el momento presente el logro de las cuotas más altas que sean posibles de desarrollo de este marco legal. A ello deben dedicarse esfuerzos por parte del Gobierno de la Comunidad y me atrevo a solicitar desde esta Tribuna que deben ser también acompañados por los trabajos paralelos de las Corporaciones Locales afectadas. En este sentido, estimo que, en plazo breve, deben constituirse y darse sus oportunos reglamentos de funcionamiento interno las Comisiones de Cooperación Junta de Castilla y León-Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes para que se cierre el conjunto de órganos de consenso que debe informar la vida de relaciones entre la Administración Local y la Autonómica. Ello ha de permitir, con la voluntad que expreso ante Sus Señorías, avanzar con prudencia pero con generosidad en este marco en el que las Corporaciones Locales lleguen a prestar los servicios que deseen sus ciudadanos lo más directa e inmediatamente posible, para que los recursos se asignen sin duplicidades innecesarias y con la consiguiente eficacia. Es evidente, y lo conocen bien los responsables locales, que la mejora en sus condiciones de financiación, así como también la garantía del ahorro público, ha de venir por la acción conjunta, coordinada y con el mayor grado de descentralización entre la Administración Autónoma y la Local.

No es ocioso que en punto tan importante haya extendido algo más la intervención, ni tampoco es superfluo que condense en alguna frase síntesis todo lo expuesto: "No es posible avanzar con eficacia en la gestión de los asuntos que son competencia de la Comunidad Autónoma y cerrar la renovación de esta Administración sin contar con el concurso y capacidad de las Corporaciones Locales. Por ello debe seguirse con mayor rigor el proceso de ordenación y cooperación interadministrativas emprendidas.

Aunque deje expresamente para el final las consideraciones oportunas en relación a la cooperación con la Administración del Estado, permítaseme que brevemente cite, aunque sea como punto y seguido, que en la materia que hemos estado tratando, tanto en lo referido a la Función Pública como lo señalado respecto a las relaciones entre Administración Autonómica y Local, tiene particular relieve y atención cuál sea el ámbito de cooperación con el Estado, así como el conjunto de lazos e interdependencias que existen entre las tres Administraciones.

Otro importante bloque de actuaciones que es preciso emprender sin dilaciones se refieren al incremento de la capacidad de gestión y a la mejora de los procedimientos administrativos, para que los ciudadanos perciban con efectividad a la Comunidad Autónoma. El ciudadano y en particular los ciudadanos de Castilla y León vivirán y gozarán su Comunidad Autónoma cuando las autoridades responsables sean capaces de servirles con la utilidad y eficacia que ellos desean y para ello se hace preciso que reflexionemos profundamente sobre si la mera aplicación reproductiva de antiguos usos y costumbres es la forma en que se puedan atender estas aspiraciones o si es necesario, por el contrario -con el escrupuloso respeto a la legalidad-, el establecimiento de otros procedimientos ya aprobados en otras actividades y que conduzcan a obtener mayores rendimientos, mejoras en la actividad, en definitiva, una mayor productividad del conjunto de los servicios; en fin, un mayor acercamiento de la Administración al ciudadano en aras a conseguir una agilidad administrativa, donde el ciudadano encuentre pronta respuesta a las diferentes solicitudes.

Puede parecer un problema baladí, pero quisiera trasmitirles la misma seguridad que tengo de que, por el contrario, para el ciudadano éste puede ser un objetivo de indudable transcendencia y puedo asegurarles que es, sin duda, una preocupación que informará todas las decisiones de Gobierno.

Igualmente, y en coherencia con lo expuesto, es preciso que la maquinaria administrativa se acomode tanto a la respuesta eficaz como a las disponibilidades crediticias para que se logre un más alto rendimiento en la gestión. Debe de evitarse actividades no estrictamente necesarias o, incluso, no aconsejables por la escasez de recursos, en aras de dotar mejor aquellos otros servicios que aproximen la Administración al ciudadano. En este sentido, anuncio que se producirá, en el caso de ser investido, una profunda reordenación de dos áreas concretas de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, no parece que se justifique, ni por su actuación administrativa ni por cualquier otra en la situación financiera actual de esta Administración, determinados servicios de lo que en lenguaje presupuestario se conocen como órganos de apoyo al Presidente y Oficina del Portavoz de la Junta de Castilla y León. Dicho esto, me apresuro a aclarar que lo que en adelante entiendo personalmente que deban ser estas funciones tendrán la adecuada consignación y tratamiento, sin que ello pueda significar en ningún modo que se realiza una crítica negativa de anteriores gestiones. A cada momento concreto es preciso darle la adecuada respuesta y es simplemente esto lo que se pretende de acuerdo con la opinión que sobre el tema pueda poseer.

Entiendo también que las Consejerías han de tener un bloque competencial suficiente para que pueda ser ejercido con adecuada eficacia. Ningún centro directivo con pocas tareas es más eficiente o lo presta con mayor calidad, ni tampoco lo es menos el departamento o dependencia sobresaturada. Es preciso, sin embargo, que los órganos se acomoden a las funciones que han de desempeñar y que se dediquen a tareas con un cierto grado de homogeneidad e

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incluso de interconexión competencial. Es por esto por lo que produciría una reordenación competencial, fusionando en una única Consejería las que en la actualidad poseen las Consejerías de Transportes, Turismo y Comercio y de Industria, Energía y Trabajo. Se pretende que esta Consejería tenga todas aquellas competencias de fomento de los procesos que tiendan a la creación de empleo mediante la producción de bienes y servicios. Ello va a permitir una mayor coordinación de las diversas líneas de actuación, un mejor aprovechamiento de recursos, así como una simplificación de los órganos burocráticos a los que deba acudir el ciudadano, sin perjuicio de que en esta tarea y en estas áreas se haga particularmente beneficiosa la cooperación con el Estado dada la distribución constitucional de competencias.

En concreto, se pretende con esta medida una reducción de gasto corriente a fin de disponer de mayores recursos a asignar a programas como los de política social y empleo, fomento de la actividad turística, o de ayuda a la renovación comercial que han funcionado a plena satisfacción de los interesados, sin impedir, consiguientemente, la progresión en el esfuerzo sobre otras líneas de ayuda y promoción en los sectores industrial, minero, energético o del transporte.

El sector agroalimentario va a seguir disfrutando de una atención preferente por parte del Gobierno de la Comunidad, pues no en vano su peso relativo en el Producto Interior Bruto Regional es más del doble de la participación de este mismo sector en el nivel nacional. En este sentido, se proseguirá avanzando en las medidas diseñadas para el sector en el Plan de Desarrollo Regional, haciendo especial énfasis en todas aquellas actuaciones que tiendan a acomodarle al reto que supone la competencia en el mercado, una vez incorporados a la Comunidad Económica Europea.

Podríamos indicar, a modo de ejemplo, que actuaciones que se dirijan a la reordenación y reconversión de producciones agrarias, saneamiento de la cabaña ganadera, reestructuración de explotaciones que mejoren las rentas agrarias, formación y capacitación de la población activa, fomento del asociacionismo, mejora de la comercialización y transformación de las producciones agrarias, son actitudes que van a seguir contando con un apoyo extraordinario por parte de la Junta de Castilla y León.

Unido a ello, hemos de avanzar y completar el acercamiento al usuario de cuantas oficinas, departamentos, servicios se ocupen de prestar apoyo, asesoramiento y colaboración a los agricultores. Los pasos dados en la dotación de unas oficinas agrarias de carácter comarcal han de ser profundizados, contando, en todo caso con la ayuda y cooperación que sin duda han de prestar las Corporaciones Locales en el afán, tan sentido por los agricultores, de contar en la proximidad de sus explotaciones con el asesoramiento suficiente para la innovación de cultivos o la aplicación de mejoras tecnológicas. La integración de esfuerzos de las tres Administraciones, Local, Autonómica y del Estado producirá en breve plazo los resultados que todos esperamos.

Las épocas de sequía y estivales reciben la dramática visita de los incendios forestales. Nuestra Comunidad sufre año tras año el azote de esta plaga reciente de la humanidad, que ve a veces, parece que impotente, como se destruye el ecosistema del que forma parte indisoluble la vida. Es verdad que se han puesto algunas medidas que han paliado los efectos devastadores, incluso con el peligro y el sacrificio abnegado de aquellos seres humanos que acuden a sofocar el riesgo colectivo. Es pretensión del Gobierno que tenga el honor de presidir incidir de forma eficaz sobre estos desastres anuales, reclamando para ello el máximo esfuerzo tanto de los servicios de la Comunidad como de las Diputaciones y Ayuntamientos y de la Administración del Estado. Sólo la acción conjunta, coordinada, sin interferencias destructivas de esfuerzos y recursos puede llevarnos a que progresivamente avancemos en la lucha contra esta plaga de incendio. Los ciudadanos también deben cumplir estrictamente con las medidas que se promulguen en el convencimiento de que sólo así, con el esfuerzo denodado y solidario podremos un día recuperar el equilibrio ecológico de muchas de las zonas devastadas.

Para ello, y dentro de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Castilla y León que crearemos en breve plazo, y donde de conformidad con la legislación vigente se integrarán representantes de las tres Administraciones implicadas, se propondrá exista con carácter permanente una Ponencia especial dedicada al estudio de las causas, riesgos, medidas que sea preciso desarrollar y evitar, elaborando un plan conjunto de emergencia para la protección de las masas forestales, plan que pueda estar ya en operación en la primavera del próximo año. Pues la lucha contra el fuego es uno más de los frentes que es preciso atacar para la recuperación de nuestro medio físico y biológico. La existencia de otros riesgos potenciales, así como el deterioro sistemático sobre el medio ambiente o la acción de los elementos sobre las peladas superficies de nuestras tierras, obliga a que debamos emprender una acción sistemática e interdisciplinar eliminando todas las interferencias que se producen entre los diversos órganos con competencias en una materia tan amplia que, sin duda, obliga a medidas sectoriales diferentes. Para poder cumplir este objetivo se creará una oficina para el medio ambiente, dependiente de la Presidencia de la Junta, y en la que se integrarán los responsables directos tanto de las acciones preventivas así como las de estudio, informe y propuesta contra los abusos de cualquier índole que se produzcan sobre el medio natural.

Una Comunidad tan extensa como la nuestra, en la que la historia ha dejado sus huellas en la estructura poblacional del territorio, obliga a una reflexión sobre las infraestructuras de comunicación e interrelación de sus habitantes. Estimo que una gran parte de esta reflexión se ha producido en la elaboración del Plan Regional de Carreteras, cuyas directrices y propuestas deben ser cumplidas para el logro de los objetivos de comunicación que en el mismo se proponen. La conexión entre los núcleos dinamizadores de la actividad regional ha de

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hacerse realidad con un cierto grado de calidad en el más breve plazo posible. La cooperación con otras Administraciones para evitar los puntos más negros en el tráfico ordinario, las variantes de poblaciones cuyo tránsito actual es causa de accidentes y retenciones, así como las mejoras en las plataformas, todo ello ha de contar con el esfuerzo personal y de medios financieros necesarios para que el horizonte del plan pueda cumplirse sin demora.

Pero no cumpliríamos nuestro objetivo de servicio a la sociedad si en aras de la utilización de parámetros economicistas dejásemos sin atención a aquellas zonas tradicionalmente desasistidas y de las que una de las causas de su depresión económico-social se encuentra en su lejanía de los itinerarios ordinarios de tráfico. El impulso y aplicación de proyectos que cumplan estas indicaciones tendrán una atención preferente.

La vida de las colectividades necesita también de una vivienda digna y de aquellas otras infraestructuras que hacen el medio habitable, con los niveles de higiene y sanidad que una sociedad moderna reclama como derecho. En este sentido, y sobre todas estas actividades, la cooperación con las Corporaciones Locales resulta en cualquier caso imprescindible. Es más, sería preciso en algún caso avanzar no sólo en la dirección de la cooperación, sino también y por la cercanía a los administrados, en un grado de descentralización suficiente conforme establece la Ley que regula las relaciones entre Administración de la Comunidad y Corporaciones Locales. Planes concretos existen ya y debemos avanzar en esa dirección, y para su logro las poblaciones y sus representantes municipales podrán encontrar en mi persona un valedor. Concretamente se hace necesario tomar algunas medidas de carácter normativo sobre la acción urbanística que adecue la legalidad a la realidad de nuestra estructura municipal y para ello se ha de contar, sin duda, con la cooperación y ayuda de las Entidades Locales.

El impulso en la acción medioambiental o la prosecución en el esfuerzo por un hábitat digno conduce necesariamente a una preocupación por las medidas de carácter sanitario y social que inciden en la mejora del bienestar. Este es un sector de la acción política donde las demandas crecen a un ritmo mayor que las disponibilidades de recursos y es por lo que debe realizarse una puntual planificación, aglutinando en su persecución las capacidades de las distintas Administraciones, evitando aquellos riesgos en que la existencia de concurrencia de competencias pueda afectar negativamente los logros emprendidos.

En estos últimos años se ha avanzado con medidas parciales en la integración de servicios asistenciales multidisciplinares que hacen de la prevención, del asesoramiento y de la asistencia un todo indisoluble, lo que beneficia al usuario de los mismos al tiempo que facilita la existencia de equipos de trabajo y cubre de forma integral el territorio de la Comunidad. Sin embargo, deben fomentarse e incrementarse, en la medida de lo posible, todas estas actuaciones para que el conjunto de ciudadanos de Castilla y León reciban un adecuado nivel, homogéneo, de prestación de servicios sin importar el espacio territorial donde transcurra su vida. A este esfuerzo hemos de saber integrar a las Corporaciones Locales como célula primera donde se realiza el individuo y donde sufre los embates del medio y la enfermedad.

Por ello, progresar en este campo en una adecuada descentralización puede añadir a la economía la eficacia, siempre que se encuentre desde qué Administración puede servirse mejor el conjunto de demandas sociales. Es evidente que la planificación general, las normas y directrices generales, el mantenimiento y dotación de aquellos servicios que requieren una alta especialidad o un coste excesivo en función del número de ciudadanos posiblemente afectados, han de ser competencias reservadas a la Comunidad Autónoma. Ahora bien, la gestión de aquellos servicios y centros con un carácter local preferente y de acción genérica pueden estar en las Corporaciones Locales, bien sea en los Ayuntamientos, en el caso de los núcleos de población de tamaño adecuado, o en las Diputaciones Provinciales, en los casos en que aquellas instalaciones o servicios tengan un carácter supralocal.

Será un compromiso adquirido el profundizar en esta línea de pensamiento, con prudencia y generosidad, pero siempre dentro de una estrecha cooperación y coordinación de los recursos públicos, remitiendo a estas Cortes el proyecto de ley correspondiente.

Junto a estas medidas de carácter planificador y estructurador de la Comunidad han de proseguirse las campañas dirigidas a la mejora de la sanidad y la higiene, continuándose o potenciándose, según los casos, todas aquellas medidas dirigidas a mejorar el conocimiento de riesgos y prevenciones, bien por la vía educativa -acción en colegios y centros de salud-, bien por la acción directa con medidas sanitarias adecuadas.

Pero el hombre en sociedad requiere además poder disfrutar del conjunto de bienes culturales que ha ido creando en el correr de los siglos y que hacen de él un ser distinto en la naturaleza.

Es preciso reconocer que esta sensibilidad, por la faceta cultura del hombre, se ha acrecentado y extendido en los últimos años, fundamentalmente desde la llegada a la gestión municipal de corporaciones elegidas democráticamente. Este esfuerzo municipal se ha visto recompensado con unas poblaciones más incardinadas en los temas de cultura y a la vez más reivindicativas de derechos culturales. También se hace necesario reconocer que es en este campo de la acción administrativa donde el proceso descentralizador desde el Estado hacia las Comunidades Autónomas ha sido más acusado, en consonancia con los principios constitucionales.

El escalón siguiente en la descentralización desde la Comunidad hacia las Corporaciones Locales no se ha producido con análoga intensidad. Bien es verdad que previo a cualquier proceso descentralizador se hace necesario un proceso de análisis y estudio desde la Administración que ha recibido recientemente la competencia. Estamos ahora en condiciones de avanzar en este

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objetivo, en la seguridad de que el fenómeno cultural está más enraizado a medida que nos acercamos en el ámbito de su actuación a los intereses más locales.

Cuando me estoy refiriendo a bienes de carácter cultural debe entenderse en el sentido amplio, que engloba tanto lo que se ha entendido tradicionalmente como tal como las incorporaciones más modernas ligadas a la actividad deportiva, al entretenimiento y el ocio. En todas ellas cabe el estudio de aquellas fórmulas que mejor puedan acomodar el servicio a prestar con la cercanía de la Administración prestadora.

La cooperación en materia educativa con el Gobierno de la Nación ha de ser lo más estrecha posible para que aquellos programas de renovación educativa, de educación compensatoria, de ampliación de conocimientos en la enseñanza de adultos, de formación del profesorado que dedique su tarea a la educación de los castellanos y leoneses, de integración de la comunidad escolar en el quehacer diario educativo, todos ellos puedan ser una realidad viva y enriquecedora para nuestro pueblo.

A tales fines, el Gobierno de la Comunidad prestará la atención debida y promoverá con la Administración del Estado cuantas acciones conjuntas sean precisas para su logro, sin que se plantee en ningún caso duplicidad innecesaria que perturbe el buen fin que se persigue.

Nuestra Comunidad tiene en sus hijos el más rico bagaje para transitar hacia el año dos mil, siempre que sepamos inculcar en ellos esperanza en estas tierras y convencimiento de que ninguno de sus esfuerzos va a caer en baldío. Apoyar, por tanto, los programas de acción juvenil, de formación profesional, de perfeccionamiento en la preparación y enseñanza recibidas será también un objetivo primordial. Para ello, y no sólo la colaboración con la Administración del Estado es importante, sino que también en particular modo en Castilla y León, la cooperación y la apertura hacia las preocupaciones universitarias ha de estar en cabeza de las inquietudes del nuevo Gobierno.

Desde aquí hago un llamamiento a las Universidades de la Comunidad, para que empecemos a pensar en el futuro de estas tierras y que iniciemos los pasos que nos lleven a encarar el próximo milenio no de espaldas, como ha sido tradicional entre nosotros, a la innovación y el avance tecnológicos. Es imposible que pensemos en el crecimiento de los parámetros económicos territoriales si no nos aprestamos a profundizar en el reto que suponen los avances de la ciencia y la tecnología. Si a este fin logramos entre todos que concurran los esfuerzos dispersos, que ahora se realizan por los distintos departamentos universitarios, estaremos planificando sobre la realidad una mejora sostenida en el crecimiento socio-económico de Castilla y León. Cuenten los responsables universitarios que ningún esfuerzo será regateado desde el Gobierno que presida.

No deseo dejar de mencionar ante Sus Señorías la fecha de mil novecientos noventa y dos, que tiene indudables resonancias y recuerdos para los castellanos y leoneses que vertieron sus sueños y miserias, sus ilusiones y pobrezas en la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Castilla y León no puede dejar pasar una fecha conmemorativa de importancia cultural transcendente y, por tanto, deben proseguirse algunos proyectos ya iniciados al tiempo que se promuevan y amparen, desde la Junta de Castilla y León, cuantas iniciativas sociales y de corporaciones nos lleven a programar la memoria de aquellos acontecimientos como el eslabón cultural que, manteniéndonos unidos con la historia de la que nuestros antepasados fueron protagonista, nos proyecte con vitalidad renovada hacia el futuro.

Todas las medidas que vengo enumerando, así como aquellas que sea preciso realizar para el cumplimiento de los objetivos que se marcan en los diversos programas de actuación de la Junta de Castilla y León, deben estar inscritas en el marco del Plan de Desarrollo Regional. Instrumento de planificación que permite a nuestra Comunidad acceder a los programas de ayuda, fomento a la inversión, dotación de infraestructuras, incentivos regionales, que tanto el Estado como la Comunidad Económica Europea han creado para impulsar el desarrollo equilibrado de los diversos territorios comunitarios. Para su perfeccionamiento se deberán tener en cuenta anualmente cuantas tareas se realicen desde el Instituto de Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León.

En este sentido, se adecuará al máximo el desarrollo presupuestario anual a las previsiones del Plan, para que éstas se satisfagan lo más cumplidamente posible y pueda realizarse el seguimiento puntual de sus fines.

En conexión con la actuación en materia de infraestructuras viarias y de transporte que citábamos en párrafos anteriores, se hace necesario exponer a Sus Señorías la voluntad decidida para que los proyectos de planes integrados de desarrollo enviados a la Comisión Europea, y que afectan sustancialmente a las viabilidades de desarrollo de las áreas fronterizas de las provincias de Salamanca y Zamora, puedan recibir la financiación adecuada tanto desde los órganos comunitarios como del Gobierno del Estado. Acciones como las que se proponen sobre estas áreas exigen de los esfuerzos conjuntos de todas las Administraciones y del entusiasmo de los agentes sociales, y para ello, desde la Junta de Castilla y León, se procurará aglutinar los diferentes intereses al logro del objetivo común de dinamización económica y social de estas zonas tanto tiempo olvidadas.

Indicaré, por último, que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno estudiará las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su introducción en la Ley de Presupuestos de mil novecientos ochenta y siete, procurando, con la colaboración de Sus Señorías, que su aprobación por esta Cámara se realice con la mayor agilidad para impedir que aparezcan perturbaciones en el desarrollo ordinario de las actividades programadas.

Me permitirán Sus Señorías que vuelva, en las postrimerías del discurso, al inicio del mismo, glosando un poco más lo que de cooperación interadministrativas

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tiene el Estado de las Autonomías. En ningún modo el modelo constitucional puede entenderse desde el enfrentamiento entre las Administraciones o la lucha competencial entre responsables administrativos. Tal planteamiento está condenado a producir el desastre entre quienes lo practican, a que el ciudadano sufra las confrontaciones, en fin, a que el modelo no sea percibido como propio por los ciudadanos y de ahí a su rechazo puede haber muy poca distancia. Y, sin embargo, conocemos que transitar desde el Estado centralista hipertrofiado pre-constitucional al de equilibrio interadministrativo y descentralizado que preconiza la Constitución no es en modo alguno sencillo, más si ello ha de hacerse en un mundo cambiante velozmente y en una España que se integra en una unidad de mayor alcance como es Europa. Una Europa que está a su vez en un proceso político de mayor grado de interpenetración, pero que ya significa para los españoles la rotura con siglos de aislamiento y la pertenencia con todos los derechos a un mundo de cultura y de libertades en el que tanto se aportó desde estas tierras en los siglos pasados.

Pero todo proceso de integración en unidades superiores lleva consigo a ciertos grados de renuncia, de lo que hasta ese momento podía entenderse de exclusiva competencia, en pro del interés superior de la nueva ordenación integral. Es preciso que se valore si tal situación: pertenecer a un mundo culturalmente coherente, participara en las decisiones de los centros que regulan un mercado de más de trescientos millones de habitantes, recibir las ayudas que desde la Comunidad Económica Europea se programan para adecuar mercados, equilibrar regiones, paliar situaciones sociales, pueden justificar la traslación hacia la unidad superior de cierto grado de decisión.

Ante ello me declaro partidario de la integración europea, sabiendo que ello va a producir mayores beneficios a la colectividad que las posibles pérdidas coyunturales que la adecuación conlleve.

Nuestra Comunidad se va a convertir, ya lo es de hecho, en uno de los territorios de comunicación más importante entre nuestro vecino Portugal y el resto de los países europeos. Y de todos es conocido que las vías de comunicación generan actuaciones económicas, movilidad de recursos, conexión, en suma, con el correr de los tiempos y de la historia. A la mejora de todos estos sistemas de comunicación, así como aquellos otros que faciliten tránsitos de mercancías y energía, dedicaremos los esfuerzos precisos y haremos llegar al Gobierno de la Nación las indicaciones pertinentes para que aplique también una parte de sus recursos al logro de estos objetivos. En este ámbito de las relaciones internacionales, y el beneficio que desde la Comunidad Autónoma puede obtenerse de las mejores condiciones en las mismas, estaremos siempre dispuestos a establecer los lazos de cooperación y coordinación que sean precisos con la Administración del Estado para que, conjunto y solidariamente con otras Comunidades, Castilla y León se integre en el hacer internacional.

Señor Presidente, Señorías, he esbozado lo que han de ser las líneas directivas del hacer que desde la Junta de Castilla y León, caso de que me encomienden con su voto esta tarea, hemos de cumplir para que el programa socialista de mil novecientos ochenta y tres concluya y sea a la vez base sobre la que descansar otras iniciativas posteriores. Me permitirán, no obstante, que les transmita a todos ustedes el ánimo que me embarga en este momento, donde a la emoción se une la voluntad esforzada de responder con lo mejor de mi mismo a las esperanzas que puedan tener todos y cada uno de los castellanos y leoneses. Muchas gracias.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias, señor Nalda.

Por imperativo del artículo 131.4 de nuestro Reglamento, es necesario dejar un período no inferior a veinticuatro horas para reanudar la sesión. Así las cosas, y para que puedan intervenir los distintos Grupos Parlamentarios, la sesión se reanudará mañana a las cinco en punto de la tarde.

Se interrumpe la sesión.

(Se suspende la sesión a las doce horas quince minutos).