DS(P) nº 49/1 del 4/12/1986

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Comienza la sesión. Esta Presidencia, recogiendo el ruego que en este sentido le ha sido formulado por el Procurador don Daniel de Fernando Alonso, propone al Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.1 de nuestro Reglamento, la alteración del Orden del Día de este Pleno, consistente en aplazar hasta la próxima sesión plenaria el debate de la Interpelación número 31-I del citado Procurador, relativa a Política Forestal, que figuraba como el segundo punto del Orden del Día de la presente sesión.

¿Alguien desea manifestar su posición en contra de esta propuesta de modificación del Orden del Día?

Queda, por tanto, aprobada la alteración del Orden del Día en el sentido propuesto, por asentimiento.

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Primer punto del Orden del Día: Preguntas con respuesta oral ante el Pleno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: tiene la palabra el señor Montoya Ramos para formular la primera Pregunta.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Muchas gracias. Señor Presidente, señores Procuradores. Mi pregunta tenía un claro sentido de denuncia de la subordinación del poder autonómico al poder central. Cuando alguna Comunidad está pidiendo ya la retirada de Gobernadores, nosotros hemos recibido con alborozo al Delegado de Gobierno; yo creo que con un alborozo desmesurado. Y hasta hemos entendido, o alguien entendió, que su venida servía para confirmar la situación de la Sede en sintonía con la ubicación del Gobierno Central. Yo, que no creo que deba de ser así, que no está condicionada por ello, había hecho esta pregunta, que, dadas las circunstancias que han transcurrido desde entonces y teniendo en cuenta que quien había hecho las declaraciones era el entonces Presidente de la Junta y ya no lo es, me parece que lo más procedente es que yo retire la pregunta y la retiro, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El motivo que yo le pregunto a la Junta es que me explique cuál es el motivo por el que las aguas de la Junta no son potables: cuál es el motivo para que no se puedan beber.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Señor Presidente, señores Procuradores. Para responder directamente a la pregunta formulada por el Procurador Alonso Rodríguez sobre si el agua es o no potable en la sede de la Junta de Castilla y León. La respuesta, directamente y clara, es que, de acuerdo con los análisis con los que se cuenta, el agua es potable. Nada más.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Bueno, yo tengo entendido que el agua es potable pero no recomendable, con lo cual no pueden beber. Es lo mismo. Quiero decir que ustedes reparten a cualquier miembro de la Junta que quiera agua mineral, porque no le recomiendan beber el agua. Sobreentendía que el agua era potable pero que no la recomendaba. ¿Cuál es el motivo para no recomendar el agua y ofrecer agua mineral?:

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Sí. La razón por la que, efectivamente, se cuenta con agua mineral para ofrecer a las personas que dentro de la sede de la Junta lo desean es porque el agua potable de la sede de la Junta es agua de pozo, y el agua de pozo tiene un sabor distinto al agua que se bebe en la ciudad de Valladolid. En consecuencia, esa es la única razón por la que se ofrece el agua mineral. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Para formular la siguiente pregunta tiene la palabra Gil Nieto.

EL SEÑOR GIL NIETO:

Sí, señor Presidente. Mi pregunta viene relacionada con el camino construido por IRYDA entre Escurial y Barbalos. Entre estas dos localidades salmantinas este camino ofrece una serie de diferentes tratamientos, sobre todo en orden a la anchura de la caja del camino, de la caja de la carretera y de las cercas que limitan los campos a uno y otro lado, que no responde exactamente en todo el trazado a las condiciones en las que se planteó, y querría saber cuáles son las razones de esa diferencia de tratamiento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. Mire, el camino... el proyecto de camino por el cual usted pregunta estaba incluido dentro del primer proyecto de Obras Comarcales del Campo Charro, en Salamanca. En este caso, como en todos los casos en los que antes el IRYDA, ahora la Sección de Estructuras Agrarias, ejecuta estos caminos, se exige a los Ayuntamientos una serie de documentos, que resumidamente son: Poner a disposición

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del IRYDA antes, ahora la Sección de Estructuras Agrarias, los terrenos gratuitos para la ejecución de las obras, todos aquellos que sean necesarios.

En el momento de la ejecución de las obras ese camino constaba de seis metros de ancho y un metro a cada lado de cuneta; ambos Ayuntamientos enviaron a los Acuerdos de los Plenos en los cuales se especificaba la cesión de ambos terrenos: seis metros para la construcción del camino y los dos metros de cuneta. Cuando se fue a realizar la construcción del camino de Barbalos nos encontramos con el problema de que existían cercas a ambos lados de la carretera y el Ayuntamiento de Barbalos no llegó a un acuerdo con los propietarios para que retiraran esas cercas y con posterioridad las pusieran.

Yo le quiero leer a Su Señoría el Acuerdo del Ayuntamiento de Barbalos, resumido, en el que dice: "El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día quince de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: "Moción del señor Alcalde proponiendo al Pleno la inclusión de las obras sobre construcción de una carretera que una las carreteras de Tamames y Linares de Riofrío, uniendo las poblaciones de Pralejos de Solís, Narros de Matalegua y Sancho-Gómez, en el Plan de Mejoras Territoriales. Después de una amplia deliberación, con el voto favorable de todos los miembros que de hecho y de derecho componen la Corporación, y que suponen la mayoría absoluta legal, acuerdo: Ofrecer al IRYDA cuantos recursos resulten necesarios para llevar a cabo la realización de las obras. Segundo: que este Ayuntamiento pone a disposición del IRYDA los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de forma totalmente gratuita. Tercero: Remitir certificación de este Acuerdo al IRYDA.

Desgraciadamente, cuando llegamos a ejecutarlo, el otro Ayuntamiento consiguió el acuerdo de los vecinos y este Ayuntamiento, el de Barbalos, no lo hizo. Por lo tanto, no es un problema de la Administración, sino que ese Ayuntamiento debió de conseguir el acuerdo de sus vecinos, como se había comprometido por escrito.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Gil Nieto.

EL SEÑOR GIL NIETO:

Sí, señor Consejero. La explicación ha sido clara en relación con los compromisos previos entre la Administración y los Ayuntamientos. Mi preocupación y la razón por la que yo intervengo ante estas Cortes es porque no es en ese espacio, no es en ese estadio donde yo planteo el problema, sino es a la hora de la realización. Es cierto que sobre todo en el término de Hondura de Huebra, al final sobre todo, más cerca de Barbalos, entre Escurial y Barbalos, sí es cierto que hay esas cercas y sí que es cierto que el camino a duras penas llega a los seis metros y medio de ancho (lo digo porque he tenido la ocasión de medirlo personalmente).

Pero no se trata de esto. Se trata de que, viniendo de Escurial, en el momento de entrar en el término municipal -si se puede llamar así- de la pedanía de Hondura de Huebra, el camino se amplía hasta diez y doce metros de ancho, doce metros de ancho de cuneta a cuneta, ocho metros de caja y dos metros o más de dos metros entre las cunetas de uno y otro lado, perjudicando gravemente a los particulares, a varios particulares, que son los que me han comunicado el tema y lo que me ha hecho a mí desplazarme a la situación para comprobar que eso era así.

Y eso no es si los Ayuntamientos han cumplido el compromiso o si los particulares han respondido al compromiso del Ayuntamiento. Se trata de que, a la hora de la realización de esas obras, si donde hay cierres, donde hay muros, si se han tenido que limitar a los seis metros y medio que permiten entre los muros por negarse a cerrarlos; pero ¿por qué a la del término municipal de Hondura de Huebra las máquinas y el ingeniero que ha autorizado ha permitido que un camino que estaba planeado para seis metros y dos más, es decir, ocho metros en total, se amplíe a diez metros en caja de carretera, en caja de obra de fábrica, y dos metros más en cuneta? Esto perjudica gravemente a los particulares y es precisamente aquí donde el problema se plantea, porque los particulares perjudicados por esta actuación de la Administración, esté de acuerdo o no con los Ayuntamientos, carecen de recursos para poder establecer las reclamaciones oportunas en orden judicial. Vengamos aquí a la razón que me hizo a mí presentar en un momento oportuno que alguien al margen de la Administración debía proteger a esos particulares perjudicados.

Son estos particulares perjudicados los que me mueven a pensar que si hay acuerdo entre la Administración y los Ayuntamientos sobre la anchura y sobre la cesión de terrenos y a la hora de la realización de las obras concretas no se cumplen los compromisos previstos para los cuales los Ayuntamientos se comprometieron, en definitiva, sea quien sea el que tiene la culpa de no haber procedido a esos cumplimientos en unos sitios, perjudica gravemente a particulares que no tienen ninguna intervención en el tema. Y me refiero concretamente -y si quiere pedir datos lo puede comprobar- que en ese camino de Escurial a Barbalos, entrando en el término municipal de Hondura de Huebra, el camino pasa a tener casi doce metros, y con diferentes alternativas, después de pasar muy cerca del núcleo rural de Hondura de Huebra, al llegar muy cerca de Barbalos empieza a tener esas estrecheces en unos muros que pertenecen a otros vecinos que, por supuesto, no se han quejado por el planteamiento del camino.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura. Ruego a Su Señoría la mayor brevedad posible.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Sí, señor Presidente, señores Procuradores. Mire, el tema... Cuando se realizan estas obras, que están financiadas como usted muy bien sabe al cien por cien por la Administración, lo que se exige a los Ayuntamientos es que la disponibilidad de los terrenos sea total. Los proyectos son conocidos por los Ayuntamientos, como seguro en este caso, el trazado y, por lo tanto, la disponibilidad de los terrenos para ejecutar ese trazado.

Si el Ayuntamiento conoció el trazado por el proyecto realizado por el ingeniero correspondiente, si dio su visto bueno y se comprometió a ceder los terrenos, está claro que el ayuntamiento tenía que hacer las gestiones con los particulares para que esos terrenos fueran cedidos, fuera mediante compra, mediante expropiación; nosotros lo que no juzgamos es el procedimiento por el cual el Ayuntamiento lo obtiene. Lo que sí le puedo decir es que este Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento le puede servir a los particulares por si consideran que el Ayuntamiento ha perjudicado sus intereses, y yo con sumo gusto le puedo facilitar el Acuerdo del Pleno a Su Señoría para que los interesados puedan hacer... porque ellos sí que pueden pleitear -otra cosa es que quieran hacerlo- contra el Ayuntamiento si el Acuerdo del Pleno lesiona sus derechos.

Muchas, gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Yo le pregunto a la Junta que qué criterios se siguen para la concesión y cuantificación de subvenciones dentro del Programa de Formación Comercial entre las distintas instituciones interesadas, léase cámaras de comercio, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Sí. Señor Presidente, señor Alonso Rodríguez. Los criterios están perfectamente definidos en la Orden de la Consejería de Transportes, Turismo y Comercio de veinticinco de Marzo del ochenta y seis (Boletín Oficial de Castilla y León número treinta y cinco, de tres de Abril del ochenta y seis, páginas quinientas cuarenta y tres y quinientas cuarenta y cinco). Si bien es cierto que para ampliar su pregunta le voy a resumir brevemente el contenido de la Orden.

Hay unos requisitos imprescindibles, que se resumen en el artículo 10, en cuanto a la documentación a aportar por los solicitantes. En los artículos 4, 5, 6 y 7 se definen qué tipo de acciones docentes se pueden subvencionar. Se toma en especial consideración el artículo 11 en cuanto a la referencia de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores. En el artículo 13 recoge la cuantía normal de la subvención, que eso está rondando el setenta por cien, y en el artículo 12.a) y b) se mencionan circunstancias de valoración preferente que hagan aumentar el porcentaje de subvención; concretamente, en definitiva, aquí lo que se tiende es a intentar lograr programaciones de carácter netamente regionales, y luego, el criterio de reparto de la subvención que solemos utilizar -evidentemente es un criterio subjetivo y, por tanto, en ese sentido, opinable- es repartir la subvención aproximadamente al cincuenta por ciento entre sindicatos y cincuenta por ciento para asociaciones patronales y similares, como cámaras de comercio, etcétera.

Si tuviera interés Su Señoría, le podría remitir con sumo gusto relación de las subvenciones otorgadas en los tres últimos años a cada una de las centrales sindicales o asociaciones empresariales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Me doy por conforme con la contestación del señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para formular la siguiente pregunta, tiene también la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Presidente, retiro mi tercera pregunta y paso, si quiere, a preguntar la cuarta, si...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo, tiene usted la palabra.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

La pregunta es: ¿Cuál es la postura de la Consejería de Transportes, Turismo y Comercio respecto a la instalación de grandes superficies en la Región?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Señor Presidente, señor Alonso Rodríguez. El artículo 38 de la Constitución Española de veintisiete de diciembre del setenta y ocho dice lo siguiente: "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".

La libertad de empresa reconocida en la Constitución implica la posibilidad de que cualquier español puede establecer la industria o el comercio que estime interesante, sin más limitaciones que el marco establecido por las Leyes. La Administración Autónoma tiene en el área

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del comercio la obligación de dotar a los ciudadanos de la Comunidad de la mejor estructura de distribución posible, procurando que la oferta de productos se realice adecuadamente con las exigencias de la demanda. El cumplimiento de esta obligación se realiza, por supuesto, dentro del máximo respeto a la legalidad vigente y muy particularmente a los principios constitucionales. Esto implica la no beligerancia con cualquier forma de comercio que pueda legalmente establecerse.

No obstante, el modelo socialista para el sector de distribución pasa por la potenciación del pequeño y mediano comercio, pero esta potenciación deberá realizarse mediante medidas indirectas dinamizadoras del mismo y nunca con medidas intervencionistas tendentes a restringir la liberta de empresa establecida en la Constitución.

Todos los datos disponibles e incluidos en el estudio de estructuras comerciales de la Comunidad Autónoma, referentes a la demanda, nos hablan de un interés creciente de los ciudadanos castellano-leoneses por las nuevas formas comerciales y su preocupación también por la modernización de los mercados municipales. Considerando que la función de la Administración Autónoma es la de mejorar la distribución, no se puede ignorar estas tendencias de ese otro espectro de ciudadanos a los que hay que atender y que es tan importante como el de los comerciantes, aunque numerosamente más reducido. Naturalmente, nos estamos refiriendo a los consumidores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Indudablemente que la Constitución consagra la libre empresa. Yo la filosofía que le quiero poner, porque es lo mismo la cuarta, la quinta y la sexta, más o menos van a ir planteadas en la misma temática, es que la instalación de un gran comercio en las provincias de Castilla y León va en perjuicio de la población castellano-leonesa porque descapitaliza la población.

No hay duda de que un gran centro comercial de treinta y siete mil metros cuadrados es un atractivo para la población de cualquier ciudad, y más para las poblaciones que circulan alrededor de ella. Pero no hay duda de que usted compra en un comercio, en un gran comercio, como puede ser "X", y el dinero de ese comercio usted lo saca en Barcelona, en Madrid o en Lisboa. Quiero decir que las grandes implantaciones de comercios de más de dos mil metros cuadrados, que debía haber un estudio antes. Para cualquier comercio de implantación de más de dos mil metros creo que la Ley dice que había que hacer un estudio de las repercusiones que puede traer a los otros comercios.

Mi filosofía es que grandes comercios, grandes implantaciones de comercios en una ciudad pequeña descapitaliza a la población ya que el dinero que tu inviertes al comprarlo no repercute en esa provincia ni en esa región, sino se va a las grandes urbes o a las grandes ciudades. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Sí, señor Presidente, muchas gracias. Señor Alonso yo he intentado hacer una referencia al marco constitucional en que nos tenemos que desenvolver y que, desde luego, todos los ciudadanos y muy especialmente los poderes públicos han de respetar. Evidentemente, alguna de las referencias que hace el señor Alonso Rodríguez son ciertas, lo que pasa que tampoco se puede generalizar. Para ello hay que hacer un estudio concreto en cada localidad concreta sobre la repercusión que sobre el sector pequeño y mediano puede producir. En principio, esa repercusión puede ser negativa para el pequeño y mediano comercio en cuanto a la generación de empleo, de puestos de trabajo que se puede producir, por lo cual esta Administración, la Junta de Castilla y León, con una filosofía y un programa socialista, tiene vías de actuación, líneas de actuación tendentes a potenciar la pequeña y mediana empresa comercial. De diversas formas: una de ellas, que tiene referencia a alguna de las preguntas que me hace Su Señoría posteriormente, vía subvención a los tipos de interés de créditos que se utilicen para la reforma y modernización de los sectores de la pequeña y mediana empresa comercial. Otra, cursos de formación dirigidos tanto a empresarios como a trabajadores al objeto de lograr una mayor especialización del sector.

Pero, en cualquier caso, señor Alonso Rodríguez, no hay ninguna normativa que impida la libre circulación de capital y la libre creación de empresas dentro del marco legal oportuno, que en este caso, evidentemente, no habría mayores impedimentos que la propia, a lo mejor, calificación urbanística u otros condicionantes que pudieran imponer los propios Ayuntamientos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para formular la siguiente pregunta, vuelve a tener la palabra el señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Yo vuelvo a reiterar que la quinta y la secta preguntas mías han sido contestadas con anterioridad por el señor Consejero. Y la filosofía era la que yo planteé antes: que los grandes centros comerciales en ciudades pequeñas, y digo ya de trescientos cincuenta mil habitantes como Valladolid, lo que hacen es descapitalizar el capital de la ciudad. Nada más quería decir. Y me doy por contestada la quinta y la sexta ya que era lo mismo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Renuncia al uso de la palabra el señor Consejero. Tiene, pues, la palabra para formular la siguiente pregunta el señor Alonso Rodríguez.

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EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Presidente. He dicho que la quinta y sexta mías las daba por contestadas, y ya paso hasta la once. Quiero decir que anteriormente hay varios Procuradores que tenían preguntas antes que yo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo, muchas gracias.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Bueno, séptima y octava mías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular la pregunta que figura en el Orden del Día con el número 9, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Muchas gracias. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Mi pregunta va en el sentido de interesarme sobre una partida presupuestaria, la 08.03.056.771 de la Consejería de Transportes, Turismo y Comercio, hoy de Fomento. En ella se aprobó en el pasado Presupuesto una partida de 18.000.000 de pesetas para subvenciones destinadas a financiar a empresas privadas (se sobreentiende empresas privadas de turismo). Posteriormente, se hizo una Transferencia de Crédito, con fecha diecinueve de Mayo: exactamente se propone reducir esa partida en 3.000.000 porque hasta aquel momento no se habían gastado más que 708.000 pesetas.

Yo quería preguntar al señor Consejero de Fomento cómo es posible que esta partida de una cantidad pequeña para financiar, para subvencionar a la... que cómo se podía esta partida tan pequeña no consumirse totalmente y por el contrario el día veintiséis de Julio se consuma la Transferencia de 18.000.000 sobre... los 21.000.000, perdón, he dicho 18.000.00, eran 21.000.000 iniciales. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Sí, señor Presidente. Señor Montoya. En esta partida, concretamente la partida 08.03.56.771.0, se estableció en sus orígenes para subvencionar el interés de créditos puente concedidos a través del Gran Area de Expansión Industrial. Por tanto, evidentemente, es una partida definida exclusivamente a la demanda. Por tanto, si la demanda es escasa, obviamente se tiene que producir la transferencia para ejecutarla en programas que funcionen mucho más ágilmente y donde haya una demanda suficiente.

Durante el año mil novecientos ochenta y seis se han presentado cuatro expedientes dentro de ese programa por un importe de 710.727 pesetas, por lo cual se decidió producir una transferencia de crédito a otra partida dentro del mismo programa de la ordenación, promoción y gestión del turismo.

Sin embargo, tengo que decirle, señor Montoya, que hay dentro de la Consejería otras vías de subvención a empresas privadas, como son las vías de subvención a la Central de Reservas Turísticas, como son la vía de subvención a los Centros de Iniciativas Turísticas y otro tipo de empresas privadas. Y sin embargo de lo que sí somos conscientes es que el crédito turístico de la Administración Central funciona ágil. Por tanto, cuando nosotros definimos una partida dentro del programa de Presupuestos de la Comunidad Autónoma lo hacemos ante la posibilidad de que el crédito turístico de la Administración Central pudiera sufrir un parón que nos obligara a poner vías de financiación preferente a nosotros. Sin embargo, no es el caso, afortunadamente, dentro del sector turístico, toda vez que los expedientes de crédito turístico que se tramitan a través de la Comunidad Autónoma y que se envían a los Bancos oficiales a través del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones funcionan correctamente, yo le digo cifras para que se dé cuenta de que así ha sido.

Durante el año mil novecientos ochenta y cinco se concedieron ocho créditos turísticos, se denegaron dos, con una cuantía de 91.000.000. Sin embargo, en lo que va de mil novecientos ochenta y seis, hasta esta fecha, se han tramitado dieciocho créditos, se han concedido ya seis por un importe capital de 290.903.000 pesetas y en estos momentos están en tramitación otros once por importe de 116.000.000, habiéndose denegado uno porque no se consideró de interés el formalizarlo y no se consideró de interés el potenciarlo. Lo que quiere decir que, funcionando las vías de crédito oficial a través de los bancos oficiales bien, parece innecesario de momento -y ojalá durante mucho tiempo- el tener que potenciar con líneas de subvención autónomas algo que el mercado está satisfecho en estos momentos a través de los créditos oficiales que a través de la Administración Autónoma se envían a la Administración Central y estos, a su vez, a los bancos de créditos oficiales. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sí. Yo he escuchado atentamente las explicaciones del señor Consejero de Fomento. Yo comprendo la razón que él ha aducido de que los créditos turísticos de la Administración Central o patrocinados por la Administración Central son ágiles y eficaces, pero yo quiero pensar que, de todas formas, si queremos dar alguna ayuda más en profundidad a nuestro turismo, evidentemente esas líneas de ayuda debemos reforzarlas de alguna forma.

Y a mí me pareció bien el refuerzo que se quería hacer a través de esta línea, la subvención para financiar a empresas privadas, y yo creo señor Consejero, que falló algo, porque si no hubiera fallado algo yo creo que hubiera habido más peticiones de financiación, porque yo lo que no creo es que, por muy ágiles y muy eficaces que

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sean los créditos oficiales, las empresas privadas de turismo cuando quieren hacer inversiones no estén necesitadas todavía de una subvención mayor. Yo quiero pensar que falló algo. Falló algo, no sé, en el ofrecimiento que se hizo; falló algo, probablemente, en los beneficios que se daban para reforzar esos créditos oficiales. Yo no sé el qué, pero me parece que 21.000.000 para ese fin no eran muchos millones y debía haberse gastado y debía haberse estimulado a la empresa privada, que si no poca agilidad tiene si no fue capaz de gastarse este dinero si se le ofreció en buenas condiciones.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Sí. Matizo o reitero que, evidentemente, eran sólo para expedientes del Gran Area de Expansión Industrial, y para mí hay un hecho que es claro: el sector de hostelería y similares en estos momentos es afortunadamente un sector dinámico que requiere de una atención... la justa. No el sector turístico en su conjunto. El sector turístico, evidentemente, adolece de falta de inversiones en materia de promoción, en materia de coordinación de esas inversiones públicas fundamentalmente y en actividades como potenciación de los centros de iniciativa turísticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el sector empresarial, que fundamentalmente es pequeño y mediano en nuestra Comunidad Autónoma, en estos momentos está atravesando -y no sólo ahora, desde hace años- un cierto dinamismo empresarial, creo que afortunado, y que las posibles vías de financiación que pudieran precisar para ampliar sus negocios o para nuevas inversiones las tienen de sobra cubiertas a través de los créditos que el Banco Hipotecario concede a estos fines, de forma tal que parece innecesario en estos momentos que nosotros pongamos un dinero a mayores ante un sector que no está en crisis. Si estuviera en crisis, a lo mejor habría que potenciar, incluso, el crédito oficial, reduciendo incluso el tipo de interés. Pero en un sector que afortunadamente, como éste, no está en crisis parece poco oportuno...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego a señor Consejero vaya dando por terminada su intervención porque el tiempo se agota.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Muchas gracias, señor Presidente, lo hago ya. Muchas gracias, señor Presidente.

...parece poco oportuno subvencionar a mayores un sector que todavía, afortunadamente, es dinámico. Con ello yo creo que se aclara la razón por la que se excluyó una buena parte del Presupuesto de esta partida.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene nuevamente la palabra el señor Montoya Ramos para formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

La siguiente pregunta corresponde a lo que fue Consejería de Industria, Energía y Trabajo. Yo la voy a formular; si el señor Consejero, porque en aquellos momentos no lo era, quiere eludir la contestación, yo lo aceptaría también, pero yo voy a formular la pregunta: si por el contrario el señor Consejero de Fomento quiere asumir la contestación, toda vez que la Consejería ha sido absorvida por su Consejería de Fomento, también lo aceptaré.

La pregunta se refiere a una Transferencia de Crédito. En este caso el crédito es algo mayor, el crédito son 158.000.000, me parece que es la cifra exacta, y está destinado a una partida que es para promocionar el empleo, me parece que se llama, o una cosa muy parecida. Entonces, todas ellas van en el concepto 06.04.061, en el capítulo 061 del Servicio 04 de la Consejería que fue de Industria, Energía y Trabajo. Aprobado el Presupuesto antes del treinta y uno de Diciembre, ya el diecisiete de Febrero se propone una Transferencia de todo el dinero entonces presupuestado, el diecisiete de Febrero. Y posteriormente se aprueba la Transferencia, el diecinueve de Junio, reduciéndolo, dejándolo reducido me parece que es a 5.000.000 de pesetas de los 158.000.000 que tenía. En cualquier caso, la Transferencia que se propone entonces es de 153.000.000.

Yo quería simplemente preguntar cómo se hizo ese Presupuesto, cómo se presupuestó una partida con esta cantidad para ya el diecisiete de Febrero proponer que la cantidad se transfiera. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Gracias, señor Presidente. Señor Montoya, casi esta pregunta la podía ligar con la anterior. Le voy a explicar. Las disminuciones que se produjeron en el Programa éste eran las siguientes (ahorro los números para no aburrir a Su Señoría): Formación Profesional Ocupacional a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro: disminución de 40.000.00 de la partida Promoción a la Ocupación a Empresas y entes Públicos; disminución de 49.000.000 de Promoción a la Ocupación a Corporaciones Locales: Disminución de 44.000.000 de Promoción a la Ocupación a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro. Y se incorpora todo ese dinero, 153.000.000 al mismo programa de Fomento al Empleo pero dirigido a fomento al empleo de empresas privadas.

La Dirección General de Trabajo tenía dos líneas fundamentales de actuación: una dirigida al fomento del empleo directamente a través de las empresas privadas y otra en colaboración con distintas instituciones públicas,

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entre ellas las Corporaciones Locales, yo creo que la propia dinámica y mayor dinámica de la empresa privada, que ha podido demandar mayor esta línea de actuaciones, y quizá que los Ayuntamientos, por la propia mecánica lenta y rígida de la propia Administración, no hayan sabido incorporar a tiempo, hayan demorado sus solicitudes, pues implicó que, ante la enorme demanda que había para el capítulo al que se añade esta cifra, que era precisamente Fomento del Empleo a Empresas Privadas, pareció oportuno que en esas fechas -dado que había una escasez importante y sin embargo por el otro lado había muy poca demanda, pero fundamentalmente quizá por la rigidez de la propia Administración Local que tenía que demandar el dinero- pareció oportuno poder atender una demanda creciente de las empresas privadas para fomentos de empleo. De forma tal que los 153.000.000 se consumieron en breve plazo, una vez producida la incorporación, e incluso quedaron muchísimos expedientes sin poder atender por falta de crédito presupuestario.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Sí, muchas gracias. Sí, yo comprendo verdaderamente las razones que me ha dado el señor Consejero, pero, en cualquier caso, yo tengo que hacer mi reserva. Yo entiendo que la partida a la que va a reforzar el dinero que se transfiere lo debía necesitar, pero en ese caso debió preverse en el Presupuesto y no debió hacerse un Programa que se anuló en tan poco espacio de tiempo, ya el diecisiete de Febrero, cuando voy a leer simplemente los objetivos que tenía el Programa. Eran los siguientes: Facilitar empleo, aunque sea transitorio decía, en la mayoría de los supuestos a trabajadores en paro: la ocupación -decía el segundo punto-, por mínima que sea, superando tres meses de duración facilitará a los trabajadores afectados la posibilidad de obtener ingresos económicos vía prestaciones del INEM que aligeren sus problemas familiares. Tercero, incrementar y mejorar la dotación infraestructural de la Comunidad. Cuarto, simultanear la materialización de un importante aspecto de la política de empleo con acciones inversoras en áreas económicas de gran relevancia en nuestra región; tratamientos forestales, selvícolas, etcétera. Quinto y último, máxima utilización de la capacidad inversora y de coordinación del Gobierno Autónoma para resolver el problema fundamental de nuestra sociedad: el paro creciente y masivo.

Estos eran los objetivos del Programa, así se nos presentó en el Presupuesto y, finalmente, se transfirió. En este sentido es en lo que yo manifiesto la duda de por qué se esbozó este Programa que entonces se nos presentó con el Presupuesto para que sólo durara mes y medio. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR LORENZO MARTIN):

Sí. Realmente, he explicado las razones. Una razón es el problema de gestión, pero ajenas a la propia Comunidad Autónoma, sino fundamentalmente a las empresas y entes públicos y Corporaciones Locales por no haber acudido en busca de subvención para este Programa. Y lo que sí que le digo es que se incorporó precisamente a un programa también de Fomento del empleo, como es al que me he referido anteriormente.

En cualquier caso, señor Montoya, en vista de la poca agilidad en esta línea de actuación, en el Presupuesto del ochenta y siete, como usted muy bien conoce, se ha previsto la contingencia que se produjo en el año ochenta y seis y todo ya mucho mejor definido en cuanto no sólo a los objetivos, que son los mismos, sino en cuanto a la aplicación presupuestaria y cantidad presupuestada exacta en cada línea de actuación dentro del gran Programa de potenciación y fomento del empleo que incluye la Dirección General de Trabajo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez para efectuar la siguiente pregunta.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Señor Consejero de Agricultura, mi pregunta ha quedado desplazada por el tiempo. Creo que cuando yo la presenté todavía no había comparecido el anterior Consejero de Agricultura en la Comisión de Agricultura, y la explicó con bastante detalle. Yo desde aquí sólo le quiero decir que siga los cauces de diálogo para ver si llegan a un entendimiento con ese Ayuntamiento para una solución pacífica a ese tema. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

El señor Consejero de Agricultura renuncia al uso de la palabra.

El señor Sainz García tiene la palabra para efectuar su pregunta.

EL SEÑOR SAINZ GARCIA:

Señor Presidente. Señorías. Con fecha catorce de Mayo del ochenta y seis este Procurador solicitó del Consejero de Bienestar Social respuesta escrita a la siguiente pregunta: "¿Puede garantizar la Junta de Consejeros y en concreto el Consejero de Bienestar Social la igualdad de trato sanitario a todos los vecinos de Mata de Cuéllar, en especial a los beneficiarios de la Seguridad Social?; y ¿qué medidas ha tomado al respecto y qué resultado se han obtenido?".

Con fecha de veintiséis del ochenta y seis el excelentísimo señor Consejero de Bienestar Social contestó que la Consejería de Bienestar Social no ha recibido denuncia expresa de ningún vecino de Mata de Cuéllar de la cual pudiera deducirse indicios de que el médico está actuando en contra de sus deberes como tal. Por otro lado, la asistencia sanitaria a los vecinos de dicha localidad está garantizada por el equipo de atención primaria de la Zona Básica de Salud de Cuéllar en el marco de las funciones de dicho equipo contempladas en la Ley General de Sanidad, el Real Decreto 37/84 y Decreto 60/85.

Esta respuesta produce en este Procurador que suscribe una enorme perplejidad por cuanto debe interpretarse que el señor Consejero desconoce los problemas sobre los que planteé mi anterior pregunta escrita por falta de información recibida de sus colaboradores, ya que no me atrevo a pensar que el señor Consejero intente ocultar la verdad a esta Cámara. Por esto, este Procurador obtiene la confirmación de terceros y que aducen que las necesidades a que hago referencia son ciertas, por lo que considero que debo insistir a efectos de que el señor Consejero esclarezca totalmente el tema de una vez definitivamente.

Mi pregunta se trata: ¿Se ratifica el señor Consejero en su respuesta de fecha veintiséis de Septiembre del ochenta y seis en el sentido de no haber recibido denuncia expresa sobre la situación de asistencia sanitaria en la localidad de Mata de Cuéllar? Y ¿cree el señor Consejero que la solución a la problemática sanitaria de una pequeña localidad consiste en ignorar el problema concreto y remitir a los pacientes a la Unidad Básica de Salud más próxima? Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

Señor Presidente, señores Procuradores. La Consejería de Bienestar Social estima que, aun habiéndose informado en su momento mediante el oportuno procedimiento de los hechos que suscitan la pregunta del señor Procurador, debe atenerse estrictamente a los términos de la misma y a lo que corresponde específicamente en función de sus competencias.

En la pregunta de Su Señoría existen dos cuestiones que merecen distinta consideración. En primer lugar está la referente a la ratificación de lo expuesto por mi antecesor en el cargo en la respuesta escrita a la pregunta formulada por Su Señoría con fecha catorce de Mayo. La ratificación no puede ser en el sentido que literalmente expone el señor Procurador, esto es: ¿Se ratifica el señor Consejero en su respuesta de fecha veintiséis de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis en el sentido de no haber recibido denuncia expresa sobre la situación de la asistencia sanitaria en la localidad de Mata de Cuéllar?

Debo recordar los términos de la respuesta: que la Consejería de Bienestar Social no ha recibido denuncia expresa de ningún vecino de Mata de Cuéllar de la cual pudiera deducirse indicios de que el médico está actuando en contra de sus deberes como tal. Debo ratificarme en los términos exactos de la respuesta por las siguientes razones. En primer lugar, ni la Consejería directamente ni la Delegación Territorial de Segovia han recibido una denuncia expresa considerada formalmente de la que pudieran deducirse indicios de que el médico esta actuando en contra de sus deberes como tal. En segundo lugar, y a pesar de lo anterior, de la información recibida se siguió el correspondiente procedimiento informativo, en el que se constata también que no han existido indicios de que el médico de Mata de Cuéllar esté actuando en contra de sus deberes como tal. Entiendo que, salvo prueba en contrario, que no se ha acreditado en el expediente informativo incoado, debe presumirse la integridad y probidad que a cualquier funcionario le es exigible.

En cuanto al segundo aspecto de la pregunta, yo creo que su origen está en un error mecanográfico o en un error de transcripción, ya que la localidad de Mata de Cuéllar no corresponde a la Zona Básica de Salud de Cuéllar (la Zona Básica de Salud no Unidad Básica de Salud); sino a la Zona Básica de Salud de Iscar, que es la respuesta que debiera de haber figurado en ese momento.

Salvo ese error, desde luego yo creo que la contestación es absolutamente conforme.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Sainz.

EL SEÑOR SAINZ GARCIA:

Por un lado, dice en su contestación el señor Consejero que no habían existido indicios de que no existía discriminación en la asistencia sanitaria que se estaba dando a los vecinos de Cuéllar.

Señor Consejero, con fecha de seis del nueve del ochenta y cinco tiene el documento en el cual un número determinado de personas escribe denunciando tales hechos. Con fecha de entrada veinticuatro del nueve del ochenta y cinco la excelentísima señora Gobernadora Civil de Segovia, que tramita a continuación dicho expediente a la Consejería de Bienestar, recibe este escrito, donde van ciento setenta y cuatro firmas con sus correspondientes carnets de identificación, Carnet de identidad. Con fecha diez de Octubre del ochenta y cinco existe una nueva denuncia. Así sucesivamente hasta el ocho del diez del ochenta y cinco.

La Junta de Castilla y León inicia instrucción de expediente informativo no disciplinario... -correcto- por presunta incompatibilidad, con fecha veinticinco de Noviembre del ochenta y cinco. Con fecha 21 de Noviembre del ochenta y cinco el ilustrísimo señor Alcalde del Ayuntamiento de Cuéllar envía sendas denuncias al Director General del INSALUD y al Delegado Territorial de la Consejería de Bienestar Social de Segovia. Con fecha veintiuno de Noviembre vuelven a reincidir directamente en los organismos oficiales. Son documentos cuya fotocopia está a disposición del señor Consejero.

Siguen. Con fecha...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Perdón, señor Sainz García. Han agotado los dos todos los tiempos posibles.

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EL SEÑOR SAINZ GARCIA:

De acuerdo. Gracias, pero sencillamente esto me demuestra que la asistencia sanitaria en Mata de Cuéllar no es la correcta ni la deseable que todos debemos de precisar y de querer. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Sí. Señor Consejero de Bienestar Social, brevemente.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

Muchas gracias. Señor Presidente, señores Procuradores. Toda esa documentación a que hace referencia se conoce y se conoce incluso todo el expediente informativo. Dentro del expediente informativo que se llevó a cabo se consultó, por un lado, al Alcalde de la localidad; por otro lado, a la excelentísima señora Gobernadora; por otro lado, al Presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Segovia; por otro lado, al Presidente del Consejo General del Colegio de Médicos; y de todas esas informaciones, incluso, se inició una información que se intentó que fuese a todos y cada uno de los vecinos denunciantes, y en esta información, a pesar de una promesa verbal previa del Alcalde, no se llegó a colaborar y no se pudo conocer ni el censo, ni el domicilio, ni el modo de localizar a todos y cada uno de los firmantes de ese escrito a que hace referencia.

Por contra también en la Delegación tuvo entrada otro escrito firmado por más número de habitantes que ese al que hace referencia en el cual manifestaban su apoyo al médico. Y yo creo que el señor Procurador es consciente de que coincidiendo con el origen de todo este problema, o mejor dicho, todo este problema tuvo su inicio a raíz de un altercado o de un enfrentamiento que hubo entre la maestra de la localidad y el médico de la localidad.

Lo que sí le quiero volver a insistir es en que se inició su correspondiente expediente informativo y que de él no se ha deducido, desde luego, ningún dato que haga sospechar que haya habido dejación de sus funciones por parte del médico.

Y, desde luego, disiento en absoluto de que no esté garantizada la asistencia sanitaria a los vecinos de la localidad.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alonso Rodríguez para formular su pregunta.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Yo le pregunto a la Junta si tenía conocimiento de la existencia de la actividad de la clínica Canalejas de Salamanca. Mi pregunta no va en carácter moralista.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

Sí. Señor Presidente, señores Procuradores. No, no había conocimiento.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Señor Alonso Rodríguez.

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ:

Siento no estar de acuerdo porque altos cargos de la Administración socialista de Castilla y León estaban en contacto permanente con dicha clínica. Ya le digo que no voy a entrar en carácter moralista, pero sí me preocuparía que la siguiente pregunta que lanzaré a esta Cámara... Según mis cálculos este señor ha falseado a Haciendo 52.000.000 de pesetas según sus ingresos que no ha declarado. Quiero decir que no va con carácter moralista.

Y yo creo que altos cargos de la Junta de Castilla y León o de Instituciones del Partido Socialista estaban en unión o tenían relación de esa existencia. Siento que no hayan informado a la Junta de Castilla y León para que hubiera sido la Junta de Castilla y León la que hubiera tomado cartas en el asunto, no estamentos fuera de la Comunidad.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

Sí. No, únicamente para reiterar que en la Consejería de Bienestar Social no había de ningún modo conocimiento de la existencia de esta clínica ni de sus actividades.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Secretario para enunciar el siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Siguiente punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la financiación de las Comunidades Autónomas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, núm. 125, de 10 de Noviembre de 1986".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. Este es un tema que fue presentado en su día, antes por supuesto de que se llegasen a concretar los acuerdos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debía adoptar sobre el tema concreto de financiación de las Comunidades Autónomas. Ha pasado el tiempo; por lo tanto, de alguna manera han venido a ser respondidas las interrogaciones, los interrogantes que motivaban la presentación de esta interpelación. No obstante, sigue siendo de excepcional importancia que lleguemos a conocer en profundidad cuáles son las virtudes reales de este acuerdo y cuáles son las razones por las cuales la postura de la Junta de Castilla y León en este Consejo

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son las que parecen ser de acuerdo con las informaciones de prensa que hemos conocido.

Se trataba de pasar de un período de financiación transitoria a uno fijo para la duración inmediata de los cinco años que comienzan en estos momentos. Se trataba con este acuerdo de cubrir una serie de objetivos, fundamentalmente políticos, y estos objetivos políticos comenzaban con la consecución del importante objetivo de conseguir la autonomía financiera de nuestras Comunidades Autónomas.

El segundo objetivo era el de encontrar la suficiente concordia y estabilidad en las relaciones entre las Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas y la del Estado para que cada año no tuviera que replantearse la lucha constante por ver qué Autonomía conseguía mayores cotas de financiación.

Se trataba de cubrir el objetivo de solidaridad, es decir, de mejor reparto, de buscar el equilibrio en cuanto a la disponibilidad de medios económicos de cada una de las Comunidades Autónomas.

Por supuesto, también el principio y el objetivo fundamental de justicia; había que tratar de romper con los privilegios que hoy todavía se siguen manteniendo a través de los conciertos económicos. En cierto momento, ante el Senado, se planteaba por esta misma persona el tema de la extensión de los conciertos económicos a todas las Comunidades Autónomas si es que no era posible cortar en los términos justos y precisos lo que estaba significando para la Hacienda general del país los términos y las formas en que se estaba llevando adelante el tema de los conciertos económicos.

Debía buscarse también el objetivo de coordinación entre los tres niveles de las Administraciones: los locales, los autonómicos y el nacional. Y todo ello dentro también de una consideración generalizada del problema fiscal.

Y también se buscaba el automatismo, es decir, la respuesta inmediata sin necesidad de tener que estar permanentemente discutiendo fórmulas y formas de financiar.

De todo esto parece ser, según las consideraciones y las informaciones que nos han llegado, que habían sido conseguidos gran parte de estos objetivos al menos. Voy a tratar de ser absolutamente moderado y no llegar a definiciones radicales porque no nos conducirían a nada. Creo que había apoyos legales para que hubieran podido conseguirse todos estos objetivos. Está la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas con sus artículos 13 y 15; también en relación con el 16, el que trata del Fondo de Compensación, que no puede ser olvidado a la hora de establecer las fórmulas para aplicar los artículos anteriores, 13 y 15, es decir, los que pueden de alguna manera gobernar el planteamiento de las asignaciones para la financiación de nuestras Comunidades.

La postura de la Junta ante este planteamiento ha sido la de decirnos a todos que había sido satisfactorio en cuanto que se había conseguido la solidaridad alrededor de los intereses de nuestra Comunidad castellano-leonesa. Absolutamente no es cierto esto, como puede comprobarse, porque los valores de las informaciones que nos han llegado nos dicen que de ninguna de las maneras han sido atendidas las aspiraciones que tenía Castilla y León.

Que mejora la autonomía del gasto. Bien es verdad que hay tal distancia entre lo que debe ser la autonomía en la disponibilidad de los recursos de financiación de las Comunidades Autónomas y lo que realmente es que cualquier mejora puede ser significativa. Pero, verdaderamente, decir en estos momentos que hemos pasado de un treinta por ciento de autonomía en cuanto a la disponibilidad de nuestros recursos a un cuarenta y tres por ciento no creo que sea como para que nos encontremos especialmente satisfechos por ello.

Parece ser que estamos muy satisfechos también porque se ha conseguido la promesa formal de la aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Si esto son palabras dichas por el gobierno Central para conformar las conciencias inmediatas de nuestra Junta, valga por ello; pero no de otra manera, porque no es absolutamente cierto que esto se vaya a cumplir de manera inmediata.

Se dice que también se ha conseguido que, efectivamente, se pueda valorar adecuadamente el coste de los servicios sobre la base de las transferencias, cuando se ha ignorado la realidad del incremento del coste de estos servicios con el tiempo, se ha ignorado la valoración propia de la peseta en cada año, se ha olvidado que el incremento de riqueza y el incremento de inversiones produce también un mayor incremento en los gastos y en los costes de la prestación de los servicios, etcétera, etcétera.

Y también se dijo que era muy satisfactorio porque se había obtenido una promesa formal de que nos íbamos a acercar a la media de crecimiento de la financiación entre todas las Comunidades Autónomas, de la cual nos habíamos quedado por debajo.

Y esta son las razones, parece ser, que la Junta aboga para decir que ha sido una buena negociación y que se ha obtenido para Castilla y León lo que había que obtener. Y yo, señores, tengo que decir que todo esto no responde en absoluto a la realidad.

Conformarnos Castilla y León, una de las Regiones menos desarrolladas de España, con una financiación que a lo más que se aspira es a que pueda estar alrededor de la media de crecimiento de financiación del resto de las Comunidades Autónomas nos parece que es bastante poca consideración hacia nuestros propios intereses. Conformarnos con promesas vagas y formales alrededor de la aplicación de algo que desde la misma puesta en vigor de la Ley no se ha aplicado todavía, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en su

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artículo 15, cuando además llevamos más de cuatro años de gobierno socialista central sin que haya querido hacer efectivo este planteamiento de este artículo, 15 aunque ha sido pedido de manera formal y sistemática tanto desde esta Cámara como desde las Cámaras nacionales, no parece que sea tampoco satisfactorio.

De todo esto llegamos a la consideración también de que también hubo unas Comunidades Autónomas que inicialmente se encontraron molestas y disgustadas con las asignaciones que se les hacía. Ahí está Andalucía, ahí esta Galicia, ahí está Canarias, por poner unos ejemplos concretos. También es cierto que hubo otras, como fue Cantabria, como fueron Baleares, que al no estar conformes con la financiación se abstuvieron en el momento final.

Pero ¿qué pasó con Andalucía?, ¿por qué cambio Andalucía su planteamiento? ¿Por qué lo cambió Galicia después? ¿Por qué lo cambio Canarias? Me gustaría que la Junta nos explicara qué razones tuvieron estas tres Comunidades para cambiar la actitud y qué es lo que consiguió a cambio Castilla y León para poder estar de acuerdo con ese procedimiento de financiación.

Hay que tener en cuenta que en estos momentos rebasamos el billón de pesetas en asignaciones en financiación de Comunidades Autónomas, y este billón de pesetas se complementa especialmente con una aportación final, ante el disgusto de una serie de Comunidades Autónomas por la escasez de su incremento, con una aportación final de 56.000.000.000 de pesetas que tuvieron su justo reparto y que yo espero también que la Junta nos explique cuál ha sido la parte que Castilla y León, la Comunidad más amplia, la de mayor número de provincias, obtuvo de este pellizco final de 56.000.000.000 de pesetas.

De todas estas consideraciones yo quisiera, entonces, llevar a la consideración de la Cámara y también a la consideración de la Junta que nuestra interpelación estaba perfectamente justificada porque teníamos la preocupación de que no fueran bien defendidos los intereses de Castilla y León. De ahí que cuando todavía no se había producido la postura de la Junta preguntásemos en esta Interpelación cuál era la postura de la Junta. Hoy la sabemos, pero hoy lo que pedimos es que se nos justifique esa postura y que se nos justifiquen con razones suficientes los criterios que la Junta ha esgrimido frente al Gobierno y cuáles son, como consecuencia de que ya los conocemos de alguna manera, aunque sólo sea por informaciones de medios de comunicación, que se nos diga también cuáles fueron los argumentos del Gobierno para convencer a la Junta de que se apease de sus propios argumentos, si es que hubo argumentos de la Junta que de verdad beneficiasen a los intereses de nuestra Comunidad.

Y por último, la última pregunta que hacíamos era cuál era la decisión respecto al rechazo de aquellos principios que inicialmente parecía que fueran a ser aplicados. Sabemos que no se produjo el rechazo. Sí sabemos que aquellos principios negativos por los que nosotros planteábamos la Interpelación han sido empeorados a la hora de terminar el acuerdo y, por lo tanto, en estos momentos nos cabe preguntar a la Junta, además de que nos haga la indicación de cuanto hemos dicho anteriormente, que nos diga qué es lo que a partir de este momento piensa hacer la Junta para rectificar todo cuanto ha significado para nosotros este acuerdo final de financiación de nuestra Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Vicepresidente de la Junta.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, Señorías. Yo siento que este minidebate tenga lugar en una Interpelación, porque en la misma se pueden lanzar muchos dardos y se puede argumentar poco. Y yo estoy dispuesto y aquí le ofrezco un debate en esta Cámara sobre este tema al Grupo Popular, un debate en profundidad sobre este tema, cuanto tiempo sea necesario para que Sus Señorías estén suficientemente enteradas, enteradas directamente por este Consejero.

Voy a ceñirme al principio y antes de entrar en un galimatías de cifras, que también las puedo ofrecer, en una serie de consideraciones para que Sus Señorías tengan conocimiento exacto de cuál ha sido la actitud de este Consejero, en representación de la Junta de Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Mixta, que no deben de confundirse. En el Consejo se adoptan principios que se convierte, en forma de acuerdos, en recomendaciones, y en la Comisión Mixta se negocia entre la Administración Central y la Administración Autonómica.

De todas formas, es para mí importante comparecer ante ustedes y tener la ocasión para explicar algunos de los elementos que han atravesado mi posición.

Saben que el día siete de Noviembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas basado en las previsiones legales que para el período definitivo establece la LOFCA y la Ley de Fondo. Acuerdo votado a favor por todas las Comunidades Autónomas excepto tres abstenciones de los representantes del gobierno balear, cántabro y gallego y el voto en contra del representante canario.

Pues bien, al día de hoy, cerrados los acuerdos de negociación en la Comisión Mixta de todas las diecisiete Comunidades, las diecisiete Comunidades Autónomas han aprobado el modelo, el modelo, no solamente han llegado a un acuerdo de negociación.

He de hacer notar que los acuerdos del Consejo -y lo reitero-, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, son meras recomendaciones. La Comisión Mixta Gobierno Central-Comunidades Autónomas de Castilla y

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León se reunió el veintisiete de Noviembre y, con participación del Grupo Popular, sin que se pronunciara en contra del acuerdo el Grupo Popular, este acuerdo que parece ser ha sido empeorado, se aprobó, y solamente con el voto en contra de un Procurador, se aprobó no solamente el modelo sino también el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma.

No voy a entrar en las consideraciones que hacían necesaria la modificación del modelo, pero sí decir que no se ha adoptado ningún acuerdo antes del veintisiete de Noviembre. También en la prensa se han dicho muchas cosas y mucho tiempo ha estado callado este Consejero; es el primer momento que tiene la ocasión de hablar. Y repito: quiero un debate, si Sus Señorías están dispuestos a ello. He callado hasta ahora para no perjudicar la marcha de las negociaciones. No había acuerdo ninguno hasta el día veintisiete, y en el acuerdo de su Grupo está incluido. Solamente ha habido un proceso negociador, que se inició el veinticuatro de Abril de mil novecientos ochenta y seis, el veinticuatro de Abril, y en todo este largo proceso negociador ha habido propuestas y contrapropuestas, consideraciones y reconsideraciones, diferencias y acercamientos. Y Sus Señorías tienen, porque se lo entregué al Grupo Popular, a un representante del Grupo del Grupo Mixto y al Grupo Socialista, un extracto completo, completo, el día veintisiete. En una semana han tenido tiempo -más allá de la prensa- para conocer lo que ninguna Comunidad Autónoma ha dado: las cuatro propuestas de la Administración Central desde Abril, las cuatro propuestas alternativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde Abril, las actas de las cuatro reuniones celebradas hasta allí, oficiales y aprobadas en el Consejo; y más aún: las intervenciones textuales de este Consejero, que constan en el Diario de Sesiones y a pesar de ser el Diario de Sesiones secreto yo, sin embargo, les he ofrecido durante una semana toda esta información. Con las contestaciones que también el señor Ministro tuvo a bien formular a mis posiciones.

Véase allí el contenido de las propuestas, la seriedad de la discusión y el talante, no de este Consejero, sino del Gobierno Socialista de esta Comunidad, de la Junta de Castilla y León, que era a quien representaba.

Y, efectivamente, como ahí consta... Y lo tienen sus compañeros, que supongo se lo habrán posibilitado como mínimo leer o ver, porque es un mamotreto que pienso que tiene el representante y Portavoz del Grupo Socialista, el mismo que ustedes tienen ahí, y que lo ha tenido más tarde, curiosamente. Efectivamente, ahí podrán ver que atraviesa toda la negociación y las propuestas concretas de Castilla y León, posiblemente la Comunidad que más páginas ha dedicado, y más tiempo, a discutir esas propuestas desde una posición constructiva, eso sí, atraviesan esos criterios que usted decía que yo muchas veces he sostenido y que son genéricos: los de solidaridad, autonomía, racionalidad económica y suficiencia. No se le olvide el de racionalidad económica es el que nos ha permitido en algún momento dar algunos pasos de acercamiento por parte del Gobierno hacia nuestras posiciones.

Yo podía decirle -pero repito que no es un debate lo que aquí nos ocupa, es una mera Interpelación y los datos están ahí-, en relación con los principios de autonomía y suficiencia financiera, cuáles han sido a lo largo del tiempo las posiciones de esta Junta, de este Consejero y, en concreto cómo se ha ido acercando la Administración -y lo puede comprobar- en algunos puntos a las posiciones que o únicamente o con alguna Comunidad ha mantenido este Consejero. Y, en concreto, por ejemplo, en el tema del IVA no se olvide que ha habido un compromiso en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal de que el IVA minorista revertirá a las Comunidades Autónomas al cuarto año de este sistema, que no es definitivo completamente; se revisará al quinto año.

Si quiere, también le puedo decir que, a propuesta de esta Comunidad Autónoma, se ha aprobado que revierta a las Comunidades Autónomas la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Y también algún elemento más sobre la consideración y la distribución del tramo del veinticinco por ciento del F.C.I., que pasa del antiguo F.C.I. a la financiación incondicionada. La distribución según la estructura anterior del F.C.I., a propuesta de esta Comunidad, como verá, no estaba en los primeros documentos de la Administración Central, está en los últimos documentos.

En relación, en segundo lugar, con la determinación racional y solidaria del porcentaje de participación, también hay participación directa de esta Comunidad. Y así, por ejemplo, se consiguió, aunque a última hora, distinguir entre competencias comunes y competencias de Educación, con unas ponderaciones diferentes de las variables socio-económicas que se introducían en el modelo.

Y no se puede hablar desde aquí diciendo que es que las competencias van valoradas con una ponderación de la población del setenta y tres por ciento, señor Bosque Hita; el setenta y tres por ciento es la media, pero es que resulta la media sumando competencias comunes y Educación. Pero es que esta Comunidad no tiene media porque no tiene competencias en Educación. Luego la ponderación de la Educación, perdón, de la población es del cincuenta y nueve... perdón, del sesenta y dos por ciento, no del setenta y tres.

Yo le voy a dar los datos después, si quiere, muchos más. Pero no se pueden hacer saltos en el vacío, sobre todo cuando desde aquí yo no le he podido contestar algún día.

Podíamos hablar también, y fue a propuesta de esta Comunidad, que la variable Unidades Administrativas, es decir, número de provincias, que está contrapesando junto con superficie el número de la población, se introdujo por petición de esta Comunidad. Vea la ponderación de esa variable. Luego algo se fue acercando, algo se fue

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ganando en el diálogo. Evidentemente, nunca llega uno a tener satisfechas todas sus peticiones.

Podíamos seguir y podíamos decir que también en relación con este punto de la racionalidad se estableció justamente, a iniciativa también de esta Comunidad (está en el Diario de Sesiones), un sistema de coordinación FCI-FEDER, que no nos gusta del todo todavía, pero que fue a iniciativa de esta Comunidad Autónoma, por el que ya se nos garantiza que una parte del FEDER serán recursos de esta Comunidad el año próximo; en el acuerdo se garantiza. Evidentemente, si hacemos proyectos; si no los hacemos, no hemos de recibirlos.

Y finalmente, en cuanto a la implementación del artículo 15 de la LOFCA, en relación con esta segunda gran línea, también a petición, eso sí, de esta Comunidad y de Andalucía, reiteradas, como consta en el Diario de Sesiones y en las Actas del Consejo, puede ver que se acordó en la última sesión que se pusieran en marcha, de forma automática, los estudios previos necesarios -y esta Comunidad los tiene ya en marcha- para establecer el sistema de nivelación de servicios públicos fundamentales contemplados en el artículo 15 de la LOFCA, creándose un grupo de trabajo "ad hoc" del Consejo de Política Fiscal.

Véase que, además de todo eso, Castilla y León consiguió, juntamente con Galicia, porque se consideró por parte de todas las Comunidades que en un tramo de los de la financiación... perdón, en un tramo, no confundan los dos billones de financiación con el pequeño tramo de 50.000.000.000, no confundan más esto, por favor; en un tramo, cincuenta mil sobre dos billones, 41.000.000.000 de financiación, en ese tramo sí que salíamos perjudicados, no en otros tramos, luego le doy las cifras, si quiere, y todos oímos las cifras. Entonces, se acordó, por parte y con el consenso de todas las Comunidades Autónomas -así consta en Acta y consta en el Diario de Sesiones. que hubiera un acuerdo "ad hoc" -textualmente dicho así-, un acuerdo "ad hoc" entre la Administración Central y las Comunidades de Galicia y de Castilla y León para que, sobre el sur-plus de los 50.000.000.000, sobre ese tramo, hubiera un nuevo plus, una compensación a distribuir entre estas dos Comunidades con criterios que sólo les afectarían de estas dos Comunidades.

Y eso se hizo así y ése es el resultado de la negociación en la Comisión Mixta, donde pudo Castilla y León introducir en la base de 1.300.000.00 de pesetas con criterios que a ninguna otra Comunidad se le ha permitido introducir y donde, además, por una sola vez, se introdujeron determinados millones de pesetas -que ya le daré la cifra-, y donde además quedó abierto, quedó abierto. Señoría, el camino para que se siguiera discutiendo determinados decretos de ampliación que a ninguna otra Comunidad se le va a permitir, para que a lo largo de esos meses, hasta Marzo, pudiéramos introducir en la base de cálculo del coste efectivo, nuevos recursos.

Con lo cual estamos aún todavía en el proceso de discusión, y yo le pido a usted y a su Grupo que colaboren con el Grupo Socialista de cara a que en la Comisión Mixta podamos llevar a buen puerto esos decretos de ampliación y el Decreto sobre Edificios, que es lo que está todavía pendiente.

Muchas gracias y seguiremos hablando.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Bosque Hita para un turno de réplica.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. Me resulta curioso oír desde la Junta de Castilla y León la palabra de petición de cooperación, cuando nuestro Grupo está permanentemente ofreciendo esa clase de cooperación sin que jamás se le dé la más mínima oportunidad para ello.

Dice Su Señoría que en la reunión de la Comisión de Transferencias mi Grupo no se opuso. Yo le voy a decir a Su Señoría que mi Grupo se abstuvo porque, efectivamente, toda la documentación se le entregó en el momento de comenzar aquella sesión de la Comisión Mixta de Transferencias, que por cierto es Vicepresidente de la misma el señor Presidente de la Junta de Castilla y León. Y además de todo eso se hizo constar que, ante una falta tal de documentación y de conocimiento, puesto que se acaba de entregar aquello, no era posible de ninguna de las maneras participar con ninguna clase de voto. Porque oponerse hubiera sido tan insensato como aprobarlo, ya que se desconocía realmente de qué se trataba.

Por si fuera poco, yo quisiera recordar a Su Señoría que la Comisión de Transferencias a lo largo de todo un año no se ha reunido más que esa vez. Hablar tanto de la Comisión de Transferencias cuando su efectividad es ésta que decimos, me parece que no tiene ninguna clase de sentido.

Se acepta el debate, señor Consejero, y así manifestaremos la fórmula en que es posible que éste se plantee.

Yo pregunto en estos momentos, ya que dice que lo que se aprobó fue el modelo en el Comité de Política Fiscal y Financiera. Es que del modelo se desprende todo lo demás. Es que del modelo que se basa en la Ley Orgánica de Financiación tiene una serie de posibilidades que no fueron utilizadas. Es que por qué Andalucía aceptó después de que fue compensada suficientemente. Es que por qué aceptó Canarias cuando se le dieron diez mil millones de pesetas y conseguir la consideración de Insularidad, que tenía derecho a ello pero que llevaba años sin conseguir que se aceptase. Es que por qué Galicia aceptó al final cuando se le concedieron diez mil millones de pesetas también.

Señores, el reparto de los 56.000 o 52.000.000.000 de pesetas finales, que aportó el Gobierno como complemento para contentar, se repartieron de la siguiente manera, empezando por quien se llevó el 16,6%, como fue

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Murcia, con 1.600.000.000 de pesetas, la que llevó mayor porcentaje, y terminando por Castilla y León que fue la que llevó el menor porcentaje de esos cincuenta y tantos mil millones de pesetas. ¿Saben Sus Señorías con cuántos millones de pesetas? Con 6.000.000 de pesetas. Eso es como se defiende el reparto de los escasos recursos que el Estado ofrece a las Autonomías desde una Comunidad como ésta. Puedo darles a Sus Señorías los puestos de todas las demás. Ahí están perfectamente determinados.

¿Qué vamos a decir, entre otras razones, si por ejemplo, de los 193.000.000.000 de incremento para este año de financiación, 48.000 se los lleva Cataluña, 45.000 se los lleva Andalucía, 25.000 se los lleva Valencia, 15.000 se los lleva Galicia, 13.000 Madrid? Quedan 50.000.000.000 para diez Comunidades Autónomas, entre ellas la nuestra.

¿Qué vamos a decir cuando los criterios de reparto, por ejemplo el de población...? Efectivamente, se propuso el 59% por Castilla y León; el resultado final, global, es el 74. Y es verdad que pidió Castilla y León el 39%, pero también es cierto que el final, en cuanto a superficie, el final fue el 14%.

Señores, éstas son las cifras que están y las que debemos de tratar.

Se habla de la aplicación del artículo 15 de la LOFCA. Yo tengo una respuesta, de fecha 20 de Noviembre de este año, es decir, de hace unos cuantos días, del Gobierno Central a una pregunta mía en el Senado, en la cual, hablando de la aplicación del artículo 15 de la LOFCA, dice más o menos lo siguiente: "Obviamente, lo expuesto presupone que en un plazo no lejano, aunque no determinable en estos momentos, se puedan plasmar en los Presupuestos Generales del Estado las asignaciones destinadas a garantizar el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales". Respuesta oficial del Gobierno, señores. ¿Esto es un compromiso serio?

¿Por qué no se utilizó a fondo el contenido del artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, cuando en su punto 1.d) habla también de la relación inversa de la renta por habitante, que no se trata en la consideración? ¿O el punto e), que habla del déficit de servicios e infraestructuras? ¿Por qué eso no se calibra a la hora de establecer los criterios para el reparto de los porcentajes?

¿Por qué, de alguna manera, entonces, no volvemos a retroceder hacia el Fondo de Compensación, en el que cuando se marca por la LOFCA uno de los criterios, que es la inversa de la renta per cápita, resulta que se transforma en la Ley del Fondo, por una composición con la población, y se permite eso, y aquí, cuando se trata precisamente de defender los intereses de nuestra región menos desarrollada, no se utilizan los presupuestos legales, que son los que hay que tener en cuenta en esto?

Estas son las razones por las cuales estimamos que la negociación de la Junta frente al Gobierno Central para la financiación de nuestra Comunidad Autónoma ha sido absolutamente nefasta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Gracias, señor Presidente. Gracias, Señoría. Gracias sobre todo por el énfasis con el que defiende e impulsa a este Consejero a seguir defendiendo a la Comunidad de Castilla y León, como usted en unas declaraciones -que si quiere también le señalo- decía, y me parece muy bien, que menos mal que este Consejero había defendido adecuadamente o estaba defendiendo a la Comunidad de Castilla y León en las discusiones del Consejo de Política Fiscal. De todas formas, tanto con las alabanzas como con las críticas, a mí me impulsa a seguir defendiéndola.

Mire, vamos a darle algunos datos. Yo sí que quiero ser realista, y le digo que hice peticiones y solicitudes que incluso rebasaron a veces, porque en toda negociación ha de ser así, los límites de lo posible, y que en estos momentos puedo decir que me encuentro moderadamente y razonablemente de acuerdo con lo que ha salido. Es decir, encuentro que el acuerdo es moderadamente positivo; vamos a ser muy realistas. Pero le voy a dar, porque con los datos se puede jugar, alguna aclaración.

Mire, por favor, no me diga que la renta inversa por habitante no existe en el modelo. ¿O es que usted no sabe lo que es la pobreza relativa, el concepto? ¿No conoce la fórmula? Pásensela, Señorías.

En segundo lugar me dice que Galicia, Baleares y Cantabria se abstuvieron; no se abstuvieron... Distinga: se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y han aceptado en estos momentos el acuerdo. Pero, ¿por qué y con qué cantidades? ¿Quiere que le dé la exacta, la de Galicia? Yo se la puedo dar a usted, a pesar de que sea Gobierno paralelo al suyo: 2.700.000.000, con la actualización del porcentaje, que el año pasado no lo tenían. Es decir, han ganado cero en la negociación. Ciertamente que, si no aceptan el porcentaje y quitan el recurso de constitucionalidad que tenían presentado, hubieran perdido además 2.700.000.000.

Seguimos. Datos. Datos publicables. Y me comprometo a demostrar que son ciertos cuando usted desee. Incremento de la financiación del ochenta y siete con respecto al ochenta y seis: vamos a ver, la media porcentual este año para toda España, una vez acabados los acuerdos, es del 21,8%: en total, 194.182.000.000 de pesetas. Le puedo dar los valores absolutos de incrementos, pero esto no tiene mucho que ver, porque cuando una Comunidad, por favor, tiene 250.000.000.000 en pesetas en transferencias, no me compare en valores absolutos su incremento con una Comunidad que tenga

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30.000.000.000. Eso es una trampa. Y el ciudadano no lo entiende y tenemos la obligación de decirle al ciudadano que no es lo mismo que crezca 40.000.000.000 de pesetas una Comunidad que tenga 200.000 de transferencia en coste efectivo, que crezca 10.000 una que tenga 30.000, etcétera.

En valores relativos, porcentuales. Mire usted, el incremento de Castilla y León en estos momentos, después de la negociación en la Comisión Mixta y llegando a un acuerdo en la Comisión Mixta, es de un 23,15%. Estaba por debajo del 21,8, está por encima del 21,8 y está en estos momentos situado su incremento porcentual en lugar octavo. De los incrementos de año a año, que yo no le digo otra serie de cuestiones donde podíamos también entrar, porque hay quien ha negociado las competencias tan mal, la asunción de competencias, que a lo mejor es que han tenido que crecer casi un cien por cien (nadie ha existido de ese tenor) por la mala negociación. Usted nos está reconociendo implícitamente que habíamos negociado muy bien el coste efectivo de las competencias.

Otro dato: nuevo sistema de financiación. Competencias comunes: financiación per cápita en estos momentos en España, detraídas las competencias en Educación, haga el cálculo cuando quiera -y le doy todas las cifras-, per cápita, pesetas per cápita, por habitante, derivadas de las competencias comunes transferidas ya a todas las Comunidades: mire usted, solamente Castilla-La Mancha, con 24.220 pesetas por habitante, y Extremadura, que es la primera 28.790 pesetas por habitante, están por delante de Castilla y León, que está en estos momentos con 22.070 pesetas por habitante. Y así podemos seguir hasta Comunidades que están: La Rioja en 19.000, Galicia en 13.000, Andalucía en 17.000, Asturias en 14.000, Cantabria en 14.000, Valencia 9.000, Aragón en 19.000, Canarias en 12.000, Baleares en 11.000, Madrid en 10.000, y Cataluña en 9.000. Y esto son cifras de coste efectivo por habitante de lo negociado hasta ahora. Hagamos los cálculos.

Contemos, por lo tanto, con el todo y no hablemos de ese sur-plus de 50.000.000.000, porque yo le diría a usted que ha habido otro sur-plus añadido, el de los 4.000.000.000 que se reparten solamente Galicia y Castilla y León. ¿Y qué han participado las otras Comunidades en este sur-plus añadido al sur-plus?: Cero, cero, cero, cero, cero, quince subceros, excepto Castilla y León y Galicia. Y si quiere más datos le vuelvo a repetir: la población tiene un peso específico en Castilla y León del 59%. Es que no hay más. Cuando tengamos Educación, tendremos ahí en Educación el 84 y la media sería el 73. La población pondera el coste efectivo de nuestras variables en el 59%. No hay más.

Segundo, unidades administrativas, que no existían, el 24%. Y no existía. Si quiere más datos puedo seguir.

Y luego, en total, le puedo decir que de unas y otras cifras en estos momentos el incremento total (tome nota si quiere) que año sobre año, ya no porcentual, ha recibido Castilla y León es de 10.755.000.000 del ochenta y siete con respecto al ochenta y seis. Cifra que se deriva de la aportación... del reconocimiento de las insuficiencias o derivas no reconocidas a ninguna otra Comunidad más que a Castilla y León -supongo que le pueden y son testigos sus compañeros de Grupo-, por valor de 590.000.000; y el resto por la introducción de nuevos decretos, decretos de ampliación.

Todavía hay la posibilidad, además, de ampliar esos decretos de... de añadir decretos de ampliación. Y más aún, de un solo golpe o de una sola vez se han recibido 713.000.000 de pesetas, que podrán todavía ser incrementados en la Comisión... le voy a dar otra Comisión que se añade, para su curriculum: Comisión de Liquidación, que ésa es una tercera, entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Economía. Con lo cual, allí veremos los atrasos, no las derivas, las derivas van a ir al coste efectivo.

Le quiero decir que si quiere debate tendremos debate; si quiere cifras tendremos cifras; pero no me juegue con parte de las cifras sino con todas las cifras. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Mixto, para fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Cuando se constituyó la Comisión Mixta de Transferencias los componentes del Grupo Mixto renunciamos a estar en la misma por entender que la misma debía ser una Comisión fundamentalmente técnica. Y pedimos que fuera ejercido, o que fueran ocupados los cargos por miembros o por técnicos de la Junta.

Sí que creíamos entonces que cuanto hiciera la Comisión Mixta de Transferencias nos sería de una forma o de otra comunicada a los diferentes Grupos y a los diferentes Procuradores, y la verdad es que los dictámenes, los informes de la Comisión Mixta de Transferencias, cuando se han traído a esta Cámara han sido excepción. No ha habido una transparencia, no ha habido una información grande de la Comisión Mixta de Transferencias.

Y lo mismo ha pasado con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí sí que ya no teníamos intervención y, por tanto, no podíamos entrar en el mismo, sino era el señor Consejero de Hacienda quien debía estar en el mismo y, por tanto, quien, aparte de defender las posiciones de la Junta en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, debía haber informado a esta Cámara.

Yo siempre he pensado que la información en asuntos financieros, porque yo creo que lo de la financiación de las Comunidades Autónomas es el asunto más importante que tiene económicamente planteado nuestra Comunidad

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Autónoma, debió ser un asunto de prolija información a través de la Comisión de Hacienda. Yo he pedido la comparecencia del señor Consejero en la Comisión de Hacienda precisamente para informar de este tema. Hace de esto por lo menos dos meses. La comparecencia no se ha producido. En aquellos momentos se retrasó por las circunstancias que fueran, después hubo un cambio de Gobierno, después han tenido que estar trabajando en el Consejo y no había soluciones definitivas y, por tanto, se iba retrasando.

La verdad es que donde debió hacerse ese debate que Su Señoría ofrece al Grupo Popular, debió empezar siendo en la Comisión de Hacienda, ofreciendo información a los Procuradores, estudiando las propuestas que hacía la Administración Central y estudiando las contrapropuestas que iba a presentar la Junta, conociendo la opinión de los Procuradores en esta Comisión. Todo esto no se ha hecho.

Como contrapartida, el señor Consejero, hace aproximadamente quince días o un mes, me prometió facilitarme toda la información. Me prometió facilitarme la información para que yo, a su vez, la hiciera llegar al Grupo Mixto. Señor Consejero, sabe que esa información ha tenido lugar, se la ha dado a un miembro del Grupo Mixto la semana pasada, me parece, y yo esa información la he tenido en mi poder ayer. Es claro que teniendo esa información en su totalidad ayer, teniendo en cuenta lo prolijo de esa información, en la cual vienen, pues, las diferentes fórmulas manejadas en uno y en otro sentido, vienen hasta las intervenciones -largas intervenciones me ha parecido al ojear algunas- del señor Consejero de Hacienda, verdaderamente yo no estoy en condiciones de poder hacer un juicio tan claro y tan rotundo como lo ha hecho en estos momentos el Grupo Popular, diciendo que la actuación del señor Consejero ha sido nefasta. Yo no puedo decir esto. Yo podría dar una opinión, pero probablemente podría tener suficientes elementos de juicio para equivocarme, porque me falta la suficiente información sobre la misma. Porque yo no he podido estudiar toda esa documentación, repito, en tan breve espacio de tiempo, en un tiempo inferior a veinticuatro horas.

Pero yo sí que tengo que decir al señor Consejero que, si su actuación no ha sido nefasta, sí que ha sido una actuación que ha rozado el secretismo. No ha sido una actuación clara y diáfana con los Procuradores y con los miembros de esta Cámara. La Comisión de Hacienda no ha tenido ese protagonismo que debía haber tenido en esta materia. Y como no lo ha tenido, yo tengo toda la razón del mundo, creo, y conmigo aquellos Procuradores que piensan igual, para dudar de que en ese resultado final haya tanto de triunfalismo como el señor Consejero ha expresado en algunos periódicos. Y digo que no veo la razón de que pueda haber tanto triunfalismo porque el señor Consejero ha hecho énfasis hace un momento en que gracias a él se ha introducido en la variante la ponderación de las unidades administrativas, que es importante para una región como la nuestra que tiene nueve provincias.

Pero sí que es cierto que también yo, ojeando alguna de esas propuestas llevadas por el señor Consejero, he visto que el señor Consejero la variable de ponderación, o mejor, el índice de ponderación para la población él la elevaba hasta el 59%, me parece. Puedo equivocarme en algunas cifras porque mi examen ha sido somero y a lo mejor el examen de la misma no ha sido de la última propuesta. Pero en alguna de ellas podría asegurar que ha propuesto el índice 59 como ponderación de la población. Y yo me pregunto: ¿La región más extensa de España, de Europa, perdón, la menos poblada, o una de las menos pobladas, puede sentirse satisfecha con que la propuesta que sale de nosotros sea el 59% para el índice de población? Pues yo, diciéndolo honradamente, me parece que ese índice de ponderación para la población es excesivo.

¿Cómo se llevan todos nuestros kilómetros de carretera, cómo se llevan nuestros miles de hectáreas a concentrar, o a hacer la reforma agraria, o a mejorar por parte de los agricultores, a ese índice de ponderación, con un coeficiente tan alto para la población? Pues yo, señor Consejero, tengo mis razones para dudar.

Pero, a pesar de eso, yo me reservo mi opinión. Yo no puedo expresar mi opinión en este momento porque debo decirle que lo que nos ha faltado y nos ha faltado a todos, y me ha faltado a mí personalmente, ha sido fundamentalmente información. Y esta información, señor Consejero, sí se la reprocho. Se la reprocho cordial y sinceramente, pero con toda la gravedad que la misma tiene. La Comisión de Hacienda en este tema ha debido intervenir y ha debido intervenir más, y todavía la Comisión de Hacienda está a tiempo para conocer todas las actuaciones, y la Comisión de Hacienda será la primera, estimo yo, que alabe esa gestión llevada a cabo por el señor Consejero si hay motivo para alabarla, pero también la Comisión de Hacienda hará las críticas oportunas si esa gestión, por la actuación del señor Consejero o por circunstancias ajenas al mismo, no ha tenido el fin que todos hubiéramos deseado.

Porque hablar que 22.000 pesetas por habitante es mucho comparado con los habitantes de otras regiones tampoco es exacto, tampoco se puede decir así. Porque yo he manejado alguno de estos cuadros y, entonces, he visto que no solamente existe una variable a la que se refiere el señor Consejero, yo he visto que hay diferentes sumandos. Y yo me he fijado en uno, y no es exhaustivo, me he fijado nada más en uno. Yo me he fijado en uno de los cuadros de una de sus propuestas, en la que valoraba, por ejemplo, las tasas, cómo por ejemplo en nuestra Comunidad la recaudación por tasas son dos mil millones de pesetas y en Cataluña son cuatro mil y pico millones de pesetas, o sólo cuatro mil. ¿Cómo van a ser verdad esos datos? Entonces, ¿cómo vamos, yo creo, por parte mía, ni a censurar ni por supuesto a aprobar unos pag. 1703

datos que no los sabemos y que nos los conocemos en profundidad?

Tenemos que conocer todos esos datos, tenemos que analizarlos en profundidad. Tenemos que hacer ese debate que yo, señor Consejero, lo digo, no ofrezca solamente al Grupo Popular; en esta Cámara hay otros Grupos. El Grupo Mixto sí que es cierto que con escasa representación, pero lo hay. Y entonces en ese debate debemos intervenir todos. Yo le invito, señor Presidente, a que no hurte a la Comisión de Hacienda este debate, a que sea allí donde se inicie el estudio de lo que ha sido su actuación, el estudio de cómo va a resultar finalmente nuestra financiación autonómica, y allí entre todos aprobaremos o rechazaremos... ya no hablo de rechazar, sino de censurar, en todo caso, su actuación.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Granado Martínez.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, señores Procuradores. Yo subo a esta Tribuna muy mediatizado. Muy mediatizado porque, en primer lugar, el compañero que iba a intervenir en nombre del Grupo Socialista era el Procurador señor Castro Rabadán, que ha tenido un accidente de tráfico según venía a esta sesión y que, aunque está presente entre nosotros, evidentemente no puede en sus actuales circunstancias intervenir, y yo quiero lamentarlo y, en nombre de nuestro Grupo, hacer votos por su pronta recuperación.

En segundo lugar, porque la realización del futuro debate sobre el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas en el Estado español, y en concreto en Castilla y León, deja bastante sin sentido parte del debate que hemos tenido lugar, al que hemos tenido lugar.

Y en tercer lugar, porque el señor Consejero ha intervenido con suficiente claridad, reiterando de manera suficiente, a nuestro juicio, cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y León en materia de defensa de los intereses de Castilla y León cuando se ha debatido el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.

Sí que me interesa, no obstante, dejar claros tres o cuatro puntos que pueden ser de interés en la boca de este Portavoz.

En primer lugar, el tema de la información. Difícilmente se puede justificar el que la Junta de Castilla y León deba informar puntualmente a las Cortes de Castilla y León sobre unas deliberaciones, como las del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son secretas; ¿cómo se puede pedir información de unas deliberaciones que son secretas? ¿Cómo se puede pedir que el Poder Legislativo esté coparticipando en la toma de posiciones del Poder Ejecutivo en estas negociaciones? Yo creo que algunos Procuradores, lógicamente, y lo digo con la mayor cordialidad, intentan llegar al Gobierno de la manera que les es más fácil, pero las urnas han dado esta responsabilidad al Gobierno Socialista y es el señor Consejero de la Junta, apoyado por el Partido Socialista, el que tiene que defender los intereses de la Comunidad. La información siempre existirá a posterior. Las decisiones tiene que adoptarlas la propia Junta de Castilla y León, y además tiene que hacerlo en un trámite especialmente reservado.

Yo creo que cuando se hace alusión a la falta de información, a mí me permitiría casi deducir que tampoco dentro de los Grupos Parlamentarios esta información funciona con canales suficientemente fluidos y que a veces la información que tiene algún Procurador no la hace extensiva a su Grupo.

La segunda cuestión que quiero dejar clara es si la Junta de Castilla y León ha defendido o no suficientemente los intereses de la Comunidad en este trámite de negociación. Y creo que es evidente, a la luz de la información facilitada por la Junta, con todas las propuestas e intervenciones del señor Consejero de Economía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha hecho una defensa exhaustiva, a veces extraordinariamente beligerante, extraordinariamente valiente teniendo en cuenta que existe una sintonía de proyecto político entre el Gobierno de Castilla y León y el Gobierno de la Nación; extraordinariamente valiente teniendo en cuenta que los socialistas siempre intervenimos en estos temas con un sentido de España, con un sentido de Estado que hace que nuestras propuestas, a la par que defiendan a Castilla y León, tengan que ser asumibles por el conjunto del Estado español.

Y así, y pese a todo, se ha defendido a Castilla y León y los resultados de esa defensa son, en términos absolutos, a nuestro juicio brillantes. Brillantes porque del nuevo sistema de financiación de competencias comunes, cuando la media de incremento para todas las Comunidades Autónomas es del 14,5%, en Castilla y León esta media de incremento va a ser del 22,7%; superior a la media. Cuando el incremento de financiación, en valores absolutos, que para todas las Comunidades es el 21,8%, para Castilla y León es el 23,15%; superior a la media. Es decir, nuestra Comunidad Autónoma está incrementándose, está viendo incrementada su financiación por encima del resto de las Comunidades Autónomas del Estado español, y probablemente porque sea un hecho de justicia reconocer que debe ser así.

No obstante, a mí también me gustaría señalar el que cuando se hacen estas apelaciones genéricas a que Castilla y León es, una vez más, una región desfavorecida, una región perjudicada por el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, hay que empezar por decir que lo que perjudicaba a Castilla y León era el Estado centralista, en donde se ha operado la desertización y descapitalización de Castilla y León. Eso era lo que perjudicaba a Castilla y León. Y el modelo de financiación

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de las Comunidades Autónomas, puesto en marcha por el Gobierno de la Nación, por el Gobierno Central del Partido Socialista, es un modelo que ha beneficiado a Castilla y León.

El señor Bosque Hita, que une a su condición de Procurador en estas Cortes la de Senador en representación de la Comunidad Autónoma, hizo en una ocasión en el Senado una pregunta sobre el efecto redistribuidor del Fondo de Compensación Interterritorial en materia de inversiones de Estado en nuestra Comunidad Autónoma y en todas las Comunidades Autónomas, y le daba como resultado, por ejemplo, que en el año ochenta y dos este efecto redistribuidor había sido negativo, un 0,8 negativo. Sin embargo, en el año ochenta y tres ya el efecto era positivo, de un 0,2, y en el año ochenta y cuatro el efecto positivo se incrementaba a un 0,5.

Es decir, este modelo de financiación, con todas sus deficiencias, porque tenemos que decir claramente que tampoco nos gusta, que a los socialistas de Castilla y León nos hubiera gustado otro modelo, que nos hubiera gustado un modelo que atendiera más a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma, porque es lógico, y nunca vamos a renunciar a que un modelo de financiación responda más a los intereses de Castilla y León, nunca lo haremos; pero este modelo de financiación, con todos sus inconvenientes, ha beneficiado a Castilla y León en cuanto a la gestión del Gobierno de la Nación. El Estado de las Autonomías está beneficiando a Castilla y León; ésta es una región perjudicada por el centralismo y nunca por el Estado de las Autonomías ni por determinados Gobiernos.

Y hay que decir también muy alto que cuando se pone en cuestión la actuación de los gobiernos, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la Nación, del Partido Socialista, se hace desde la falta absoluta de un modelo global de financiación. Porque en todas las Comunidades Autónomas hay partidos políticos, y a veces siempre es el mismo en todas las Comunidades Autónomas, que dice que qué casualidad que su Comunidad Autónoma es la perjudicada. Y esto lo hemos oído en el País Vasco en la última campaña electoral y lo oiremos siempre en campañas electorales.

Y no se puede estar jugando a la fácil demagogia de andar diciendo en cada sitio lo que en cada sitio se quiere oír. Hay que tener un poco más de sentido de Estado y hay que intentar consolidar un modelo que sea asumible por el conjunto del Estado. Y este modelo de financiación, con todas sus insuficiencias, es un modelo de financiación asumible por el conjunto del Estado, puesto que, como antes ha señalado el señor Consejero, las diecisiete Comisiones Mixtas de Transferencias han aprobado este modelo de financiación para el año en curso.

Y hay que resaltar alguno de los logros históricos de este modelo de financiación. Por primera vez se tiene un compromiso claro y concreto -y yo creo que el Gobierno de la Nación lo va a cumplir- de aplicar el artículo 15 de la LOFCA y de llegar a un modelo de financiación suficiente en cuanto al coste efectivo de los servicios mínimos.

Por primera vez las Comunidades Autónomas tienen acceso directo a los fondos comunitarios, de las Comunidades Económicas Europeas. Y esto es extraordinariamente importante en esta región, porque esta región ya para el año ochenta y siete se prevé que sea la tercera región en España, en importe absoluto, beneficiaria de los fondos del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional); porque ésta es una región asistida por el FEDER de las que solamente en España hay algunas Comunidades Autónomas, y dentro de estas Comunidades Autónomas tiene, incluso, una posición favorecida.

Y es extraordinariamente importante que la Comunidad Autónoma haya empezado a trabajar, tal vez no con una fórmula todo lo satisfactoria que nosotros deseáramos, pero

con una fórmula que nos permite para años sucesivos el conseguir que la Comunidad Autónoma vaya incrementando su participación, su gestión de los fondos comunitarios.

Y es muy importante que este modelo de financiación nos permita renegociar las transferencias para ir solucionando algunos flecos que todavía quedaban de nuestras... de la financiación que se había operado en los sucesivos Decretos.

Se han señalado todas estas cuestiones aquí. A mi juicio, la gestión de la Junta de Castilla y León, y concretamente del Consejero de Economía, señor Paniagua, en el debate y en la decisión sobre el modelo de financiación en todas las Comunidades Autónomas del Estado es, como he dicho antes, una defensa brillante de los intereses de la Región, compaginando -lo que en un socialista es natural- la defensa de los intereses regionales con la defensa de un sentido de España, de un sentido de Estado.

Desde esas perspectivas se nos puede, en Castilla y León y en otras Comunidades Autónomas, ofrecer a los socialistas modelos alternativos, y ésa tal vez debería ser la base de ese debate sobre política regional de financiación de Comunidades Autónomas. ¿Existe este modelo? ¿Cuáles otros modelos son posibles? Y éste es el nuestro. El que defiendan otros partidos políticos. Nunca se nos ha presentado ninguno. O, mejor dicho, en una ocasión sí. Cuando se discutió en las Cortes Nacionales la Ley de Incentivos Regionales, por parte del Grupo Popular se presentó un modelo alternativo a la Ley del Gobierno (y tuvimos ocasión de debatir esto en esta Cámara ya con motivo de otra Interpelación). Este modelo alternativo, defendido brillantemente por el señor Lasuén, decía que las regiones desarrolladas de España estaban contribuyendo excesivamente ya a solidarizarse con las regiones subdesarrolladas de España y que, lógicamente, si la manera de salir de la crisis es que los más ricos tengan más dinero para invertir más, también ese principio debía aplicarse a las regiones.

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Ese es el único modelo alternativo a la financiación de Comunidades Autónomas, de una política regional de desarrollo equilibrado, que se nos ha presentado a los socialistas desde los bancos de la Oposición. Con ese modelo no estamos de acuerdo. Con el modelo que ha aprobado el Gobierno de la Nación y las diecisiete Comunidades Autónomas del Estado Español podremos tener discrepancias parciales, pero evidentemente, estamos en una sintonía mucho más amplia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, Señorías. Quisiera comenzar con un recuerdo cariñoso a Castro Rabadán, manifestando los deseos de todos de que las consecuencias del accidente sean las menores posibles y, en todo caso, su pronto restablecimiento para que pueda continuar con sus tareas parlamentarias y las que correspondan a su actividad personal.

Efectivamente, señor Consejero, yo hubo un momento en que Su Señoría estaba negociando el modelo de financiación en que yo hice un elogio a Su Señoría porque me parecía que, según las informaciones de que yo disponía entonces, estaba defendiendo de verdad los intereses de Castilla y León. Pero permítame que le diga que, desgraciadamente, después no he podido continuar manteniendo esta clase de agradecimiento y de consideración hacia la labor que estaba haciendo porque no se han correspondido los resultados con aquellas esperanzas que todos habíamos puesto en Su Señoría.

Quede patente, por lo tanto, que nuestras posturas no son radicalmente negativas, sino que siempre que encontramos algo que podemos elogiar siempre lo elogiamos y siempre lo reconocemos.

Me dice que en el incremento de financiación, de la diferencia del año ochenta y seis con el año ochenta y siete se ha conseguido un incremento de 1.300.000.000, he querido oír, sobre lo que inicialmente había sido manifestado. Puede que yo no sepa dividir, es posible que me haya equivocado en las cuentas, pero para llegarnos a igualar al 21,85%, que era la media de incremento de todas las Comunidades Autónomas, me da la impresión que de los 183.000.000.000 de pesetas que se aplicaban a ello le debían haber correspondido un mínimo de 2.900.000.000 de pesetas. Quedamos por debajo de la media nuevamente.

Si estamos hablando de porcentajes, y de eso es de lo que he estado hablando yo, no he estado hablando de cantidades absolutas, estamos corrigiendo todo lo que hasta el momento ha significado la diferente forma de recibir la financiación correspondiente a cada una de las Autonomías, según las circunstancias que en cada una de ellas concurren. Por lo tanto, repito, al hablar de porcentajes no hacen falta correcciones; estamos hablando de cifras relativas que sí que se corresponden con la realidad. La comparación de porcentajes de incremento y la comparación de porcentajes de diferencias es perfectamente utilizable y es válida para el conocimiento de lo que ocurre. Otra cosa es si hubiera utilizado cifras absolutas, que no las he utilizado más que con carácter general.

La financiación por habitante estamos en el número trece, empezando por arriba; somos el tercero en cantidad que se recibe por habitante. Pero entonces estamos rompiendo el principio de solidaridad, porque no me negará Su Señoría que nuestro puesto en el "ranking" de situación, de acuerdo con el desarrollo y con la renta por persona, está muy por debajo de la media, y eso es lo que tenemos que considerar también. Y repito esto, aunque Su Señoría se sonría, porque da la casualidad de que es que las bases legales sobre las cuales se tienen que asentar los procedimientos de financiación nos están dando la razón en el sentido de que esto tiene que ser considerado.

Y cuando yo hablaba del apartado... no me acuerdo cuál era, me parece que era el apartado d) del artículo 13 de la LOFCA, que me decía Su Señoría "es que en la consideración de la riqueza relativa no está planteado ya en sí mismo el tema de la renta por habitante", bueno, pues miren ustedes, me parece que la ponderación, creo recordar, no tengo aquí la cifra, que es alrededor del cuatro por ciento. Pero es que, además, la ponderación no es directa de la inversa de la renta, sino que es algo más complicado que todo eso. Por lo tanto, no podemos decir que estamos utilizando, desde el punto de vista en que esta Comunidad debiera haberlo utilizado, este artículo 13.

Pero también es verdad que el apartado e) del artículo 13, el que habla del déficit de servicios e infraestructuras, de ninguna de las maneras ha sido considerado. Por lo tanto, me parece que tengo razón en indicar que no han sido utilizadas todas las bases legales de que disponíamos para haber podido defender seriamente los intereses completos de nuestra Comunidad.

Cuando Su Señoría me hablaba de ese premio final de los 50.000.000.000 de pesetas, yo he hecho una consideración: si una vez que había llegado a la cifra final, sin estos 50.000.000.000 de pesetas, había ya un reparto determinado, si se incrementan 50.000.000.000 de pesetas más, o 52.000.000.000 de pesetas más, lógicamente debe hacerse un reparto ponderado y adecuado. Señores, repito lo mismo: la primera es Murcia, con el 16,6 y 1.600.000.000 de pesetas (poca cantidad porque efectivamente Murcia es una Comunidad uniprovincial y tiene una financiación escasa), y el último del "ranking", el número quince, es Castilla y León, con el 0.01%, que le corresponden 6.000.000 de pesetas. Y esto está ahí. Si hay un sur-prix, si hay un premio final, ese premio final tampoco ha sido defendido adecuadamente, y eso es lo que yo he querido decir a Su Señoría.

Por si fuera poco en cuanto a la ponderación de la renta per cápita, etcétera, tenemos que ponderar también... Es verdad que me va a decir Su Señoría que el porcentaje es pequeño, pero aproximadamente se parece

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bastante al de la riqueza relativa, que es el del esfuerzo fiscal.

Me habla Su Señoría de unos incrementos que se han conseguido. Yo siempre le he oído hablar, cuando se refería a Castilla y León, de cientos de millones de pesetas, mientras que cuando nos referimos a los incrementos conseguidos por otras Comunidades -y yo he dado cifras concretas- eran decenas de millares de millones de pesetas. Me parece que la diferencia es importante y sustancial, y sobre eso es sobre lo que hago hincapié.

Me dice que el modelo de financiación ha beneficiado... que el modelo de financiación socialista ha beneficiado a Castilla y León. Me leía el Portavoz del Grupo Socialista los efectos del Fondo de Compensación sobre la redistribución de niveles económicos en España. Es verdad que los datos son atrasados, los datos son del año ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro. Su Señoría ha leído los del año ochenta y dos, pero yo voy a hacer un resumen y voy a sumar ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro, que es más propio, y voy a dar dos modelos concretos de Comunidad Autónoma junto al nuestro. Y estos dos modelos concretos nos dicen que el nuestro, que en el ochenta y dos tuvo pérdida importante, es decir, retrocedió en cuanto a la situación económica en relación con el resto de las Comunidades Autónomas, en el ochenta y tres y ochenta y cuatro creció, pero de tal manera que no llegó ni siquiera a compensar el decrecimiento del año ochenta y dos, quedándose todavía con un 0,1% menos de lo que tenía antes de aplicarse el Fondo de Compensación Interterritorial.

Pero es que da la casualidad que mientras esto nos ocurría a nosotros, tenemos por ejemplo Cataluña, que crece un 1,8% en los tres años, es decir, se separa de nosotros 1,8% más el 0,01 que perdemos nosotros, o el 0,1, perdón, que perdemos nosotros; o el País Vasco, que crece un 2,1, luego se separa de nosotros un 2,2, porque hay que sumarle el 0,1 que perdemos nosotros.

Y esto es la realidad de la aplicación de un Fondo con unos criterios que, según parece, son consecuencia de un entendimiento socialista de lo que es el tratar de buscar el equilibrio económico entre las distintas Comunidades Autónomas.

Yo, sinceramente, no he oído de ninguna de las maneras que se me respondiera a las razones por las cuales otras Comunidades Autónomas cambiaron su posición ante la oferta que se hacía por parte del Gobierno Central de las primeras cifras del procedimiento de financiación.

Se me habla por parte del señor Portavoz del Grupo Socialista que como logros de esta negociación... Y ha dicho dos, no ha dicho más, y yo los voy a nombrar. La promesa de aplicación del artículo 15. Ya he dicho yo el veinte de noviembre, es decir, hace catorce días, lo que decía el Gobierno respecto a la aplicación del artículo 15. Esto va, pues, cualquiera sabe para qué año, si es que se consigue en este siglo, tal y como se nos plantea aquí.

Pero, Señorías, ¿saben ustedes que Cataluña está pegando botes de satisfacción y de alegría porque cuando se aplique el artículo 15 por fin conseguirá elevar el nivel de servicios a sus habitantes hasta la media de prestación de servicios, a la media nacional? ¿No vamos a encontrar que el día en que este artículo 15, se se siguen aplicando los criterios que se han aplicado en estos momentos para el Fondo de Compensación o para la financiación de Autonomías, precisamente quien se lleve los mejores medios para ellos sean las Comunidades más ricas y más prósperas?

Yo estimo que el segundo logro... Perdón, se me estaba olvidando. El segundo logro es que por primera vez, gracias a la gestión socialista, ya tenemos acceso a los fondos europeos. Es verdad que el Partido Socialista ha sido quien nos ha... ha terminado la negociación, que comenzó hace bastante tiempo, ha terminado la negociación para entrar en el Mercado Común. No vamos a entrar aquí ahora de la manera apresurada y en condiciones no favorables para España en que, por prisas electorales, entró España en el Mercado Común. Pero, partiendo de este supuesto, nos encontramos con que hemos entrado en el Mercado Común precisamente el día uno del año que estamos viviendo. Por favor, no puede ser más que la primera vez, no hay posibilidades ni de segunda ni de tercera vez. Es que esto es así.

De todo esto se desprende, Señorías, que con todos los argumentos utilizados para demostrar el acierto en cuanto a la negociación para la financiación de nuestra Comunidad, tanto en cuanto a lo que respecta al Fondo de Compensación como en la financiación general de la Comunidad, yo no tengo más remedio que insistir, porque no se me ha demostrado otra cosa, que ha habido una dejación de defensa de los intereses propios de Castilla y León; que ha habido exceso de sucursalismo o exceso de aceptación de los criterios que podía imponer el Gobierno de Madrid; y que, desde ese punto de vista, no tenemos más remedio que repetir que en absoluto se ha servido a los intereses de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Gracias, señor Presidente. Gracias, Señoría. Intentaré reiterar alguna de las manifestaciones hechas, por si es que me he expresado mal.

Mire, ¿por qué cambian los Gobiernos Autónomos con Gobierno de Coalición Popular su posición? Pregúnteselo a ellos, por favor, porque no cambian en el Consejo de Política Fiscal, donde se abstienen; cambian en las Comisiones Mixtas Gobierno, por ejemplo, Gallego-Administración Central que se celebra el día veintiocho, y yo no estoy allí. Pregúnteselo a su Presidente pag. 1707

en funciones nacional, señor Fernández Albor. También tendrá que darles alguna documentación, digo yo.

Cuestión de valoraciones y ponderaciones. Mire, está en el modelo que les he entregado al señor Carbajo y al señor Seisdedos; por favor, mírelo. la ponderación de la población es del 59%. Y repito: usted me dice ¿pero es que no está algo existente en el artículo 13? Si muchas de esas cosas vienen en las discusiones que hemos tenido. Pero es que en el artículo 13 los diferentes costes de infraestructura, por ejemplo, que no aparecen así, con esa redacción, aparecen después y están reflejados después a través de las unidades administrativas, con una ponderación de 24,3, es decir, a través del número de provincias por ejemplo, por ejemplo.

Más cuestiones. Mire, yo le doy la cifra exacta y me es igual, no es cuestión de calculadoras. Partíamos de un incremento de 9.400.000.000 antes del acuerdo de la Comisión Mixta, estamos en un incremento de 10.755.000.000 después de la Comisión Mixta, es decir, 1.305.000.000, pasando, por lo tanto, del 20,34 por ciento de participación... perdón, de incremento, año a año, a un 23,15 de incremento ochenta y siete sobre el ochenta y seis. Haga cálculos y verá.

Y en la financiación per cápita le repito: puede manifestar sus discrepancias o no, pero el conjunto del modelo, que es como hay que ver y criticar el modelo, porque puede haber algunos elementos, algunas fracciones del modelo que sean a lo mejor muy criticables, pero el conjunto del modelo es lo que nos da ese resultado de la financiación per cápita. Y el conjunto del modelo... Y es como hay que verlo, en conjunto y globalmente, porque es además un modelo, si usted lo analiza, que técnicamente es muy sensible, de forma que si por ejemplo usted toca una décima al esfuerzo fiscal destroza prácticamente todo el modelo, y es difícil, realmente, técnicamente. En el conjunto del modelo, y como resultado, es como nos corresponden y desde el cual nos corresponden 22.000 pesetas por habitante a Castilla y León, frente a las 14.500 por habitante media nacional. Y éste es el conjunto del modelo.

En relación con competencias comunes, ¡oiga!, no me sume competencias en Educación, son heterogéneas. No podemos sumar peras y manzanas.

Finalmente, mire, yo le podía decir, además de los logros que a su juicio tiene el modelo, algún logro más. Yo pienso que incrementa la suficiencia. La suficiencia nunca es total. Incrementa el "quantum" de recursos; ¿en qué?: en esos 10.752.000.000 de pesetas, pasando un incremento porcentual, al que antes me refería, del 20 al 23,15%, frente al 21,80 de media española ahora. Además, posibilitan esas 22.000 pesetas per cápita frente a las 14.500 per cápita de media nacional. Además incluye el FEDER como recursos propios de la Comunidad, por lo menos una parte del FEDER; hasta ahora no lo teníamos.

Además incluye una cosa muy importante, que a lo mejor no se habían dado cuenta. Mire usted, en el modelo anterior de financiación los tributos cedidos estaban en el numerador, de forma que si era mayor la recaudación de tributos cedidos que la que se había previsto en el porcentaje, la diferencia pasaba a la Administración Central. Recuérdelo. Lo recuerda, ¿verdad? Pues ahora resulta que la diferencia por incremento en recaudación de tributos cedidos de las Comunidades Autónomas sobre las previsiones del Estado quedan en las Comunidades Autónomas.

Y, por ejemplo, este año -y usted lo sabrá porque estaba, y lo conocía, en los Presupuestos Generales del Estado, como Senador- se prevé una recaudación para Castilla y León de 17.005.000.000 de pesetas... Perdón, creo que son... Perdón, 12.505.000.000 de pesetas. Bien; en estos momentos ya hemos pasado sobre esa cifra, y en concreto a treinta de Octubre la habíamos sobrepasado en un 106%, y el resto que recaude Castilla y León en sus tributos propios en Noviembre y en Diciembre quedan en la Comunidad. En la fórmula anterior, no; de devolvía. ¿Por qué? Porque había un efecto financiero, se tenían que compensar; ahora no.

Hay que entrar en todas estas cuestiones. Yo como son a veces cuestiones técnicas, pues, no quiero entrar en ellas, simplemente, pero también hay que sopesarlas. Y esto, precisamente, nos da autonomía, mayor autonomía. Como nos da mayor autonomía otra cosa: el 25% del Fondo de Compensación señor Bosque Hita, el 25% del Fondo de Compensación se reduce, pero se reduce del Fondo, pero va a la financiación incondicionada. ¿Qué ocurre con todo esto? Que cada Comunidad Autónoma podrá utilizar como quiera ese 25%. Luego no pierde en relación con el principio de suficiencia y gana en relación con el principio de Autonomía. Podrá seguir haciendo las mismas inversiones o podrá hacer productivas determinadas inversiones que antes no lo eran.

Y así podríamos seguir, y le repito que el debate podía ser muy largo. Yo le agradezco, de todas formas, el ofrecimiento reiterado de su colaboración y también -y por qué no decirlo- a Su Señoría le tengo que decir, señor Montoya, que el reproche que me otorga en parte lo recibo, y lo recibo desde un punto de vista, incluso autocrítico. Se lo acepto y, aunque he hecho esfuerzos muchas veces, y a pesar de que, repito, también es cierto, como decía mi compañero, que las deliberaciones del Consejo son secretas, sin embargo... Sí. No, no son las deliberaciones; eso son solamente las Actas finales aprobadas, que es diferente, cuestión diferente, que es un gran resumen. Y mis intervenciones, "a riesgo de", "a riesgo de", no supongo que sea romper ningún secreto decir lo que yo he dicho, porque lo he escrito a veces, lo he escrito. Y conferencia en Santander existe el día veinticinco de Junio que esté ahí dentro de la documentación e incluida dentro de lo que yo dije. Quiero decir que, por lo tanto, yo, con lo que pienso y digo, por eso es por lo que lo he incluido.

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No obstante, sí que le puedo aceptar en parte el que no hemos estado muy diligentes en la cuestión de la comunicación, que no la transparencia, porque mire: ninguna Comunidad puede en estos momentos disponer, se lo garantizo, de tanta información como ustedes Sus Señorías tienen en estos momentos para seguir analizando en profundidad el tema que ha sido objeto de Interpelación o debate. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Siguiente punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a política de personal de la Junta, consecuencia de la Interpelación formulada por el Procurador D. Saturnino Celso Ares Martín, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, núm. 120, de 14 de Octubre de 1986".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Ares Martín.

EL SEÑOR ARES MARTIN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La presentación de esta Moción por parte del Grupo Popular ha sido debida a que los argumentos dados por parte del Grupo Socialista el día de la presentación de mi Interpelación sobre el tema de personal seguido por la Junta de Castilla y León no nos han convencido.

Yo creo, señoras y señores Procuradores, que no han convencido a nadie. Nuestro Grupo sigue manteniendo todo lo dicho el día de mi Interpelación y continuamos hoy añadiendo datos y razones que con el devenir de los tiempos siguen incrementando el ya abultado número de errores efectuados por el señor Vela, el señor Nalda y por toda la Junta de Castilla y León.

Hemos perdido, Señorías, la ocasión única que se nos ha presentado para poder haber hecho una Administración Autonómica ágil, rápida y efectiva. Si los señores Vela y Nalda, pero fundamentalmente éste último, hubiesen tenido la menor idea de lo que es dirección y organización no tendríamos ahora -y como veremos más tarde- una macroadministración, desorganizada y mal aprovechada.

¿Qué es lo que hubiese hecho un normal responsable de la Función Pública? Primero: estudiar las necesidades reales de personal con relación a las materias transferidas. Segundo: estudio y valoración de la plantilla transferida y necesidades de los servicios centrales en relación a las materias transferidas. Tercero: reorganización y reestructuración de la plantilla transferida. Cuatro: fruto de estos trabajos anteriores, haber podido tener una plantilla mucho más pequeña que la actual, ágil, coordinada y efectiva.

¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista a través de los responsables en esta área, señores Vela y sobre todo señor Nalda? Primero: introducir por medio de contrataciones administrativas a amigos, correligionarios, parientes, etcétera, etcétera. Segundo: debido a las plazas que ocupan estos contratados, que lógicamente, como son amigos les dan los puestos de responsabilidad, Jefes de Servicio, de Sección, de Negociación, relegan a los funcionarios, y como no tenían ni idea del funcionamiento de la Administración, ésta se anquilosa y languidece. Tercero: ante el cúmulo de errores anterior, el Partido Socialista Obrero Español cesa al Consejero señor Vela e intenta corregirlas con el efectivo, como ellos dicen, señor Nalda. Cuarto: con la llegada del señor Nalda a la Consejería de Presidencia, esperábamos todos, por lo menos, un cambio sustantivo en las formas y números de contrataciones anteriores; sólo la entrada en vigor de la Ley 30/84 cerró la puerta poco ortodoxa de los contratados administrativos.

A propósito de esto decía el señor Vela, Portavoz del Grupo Socialista en ocasión de mi Interpelación: "Bien es verdad que, como dice el refrán castellano, "no hay peor sordo que el que no quiere oír"; en cualquier caso, siempre queda constancia en los boletines de la Cámara, que permiten una lectura más reposada de la cuestión". Palabras textuales.

Bien, señor Vela, yo he repasado una y otra vez lo dicho por usted en esta Cámara. No como contestación a los hechos concretos que yo denunciaba (para esto no hay contestaciones puesto que son hechos), sino como torpes alegatos para intentar una muy mediocre defensa. Y tengo que ser muy duro con usted, señor Vela, respetando siempre a su persona, pero no pudiendo admitir que, como Portavoz del Grupo Socialista, como ex-Consejero de Presidencia de esta Comunidad y como responsable de muchos de los hechos que yo he denunciado repetidamente, manipule encima lo que le interesa para su propio beneficio.

Señor Vela, el quince de Noviembre de 1985 la Comisión de Presidencia aprobó una propuesta de Dictamen del Grupo Socialista, aceptó una importante del... una parte importante de la del Grupo Mixto y rechazó una tercera del Grupo Popular. La parte recogida del Grupo Mixto dice: "No obstante, la Comisión pide a los Letrados de la Junta que emitan un Informe sobre la legislación aplicada o que hubiese sido de aplicación en cada caso". Esto, señor Vela, fue lo aprobado por la Comisión. Cuando se aprobó este dictamen era Consejero de la Presidencia el señor Nalda, pero qué poco se ha preocupado para que los Letrados de la Junta emitan el Informe correspondiente. Esto es lo que se llama efectividad.

Pero hay más. Espero que se le refresque la memoria, señor Vela. En aquella Comisión se rechazó la propuesta de Dictamen del Grupo Popular, que decía:

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"Que, como resultado de la comparecencia del señor Consejero de Presidencia de fecha cuatro de Mayo del ochenta y cuatro, nos fue entregada a dicha Comisión una relación de personal contratado en régimen de derecho administrativo, en la que se hace constar el nombre, titulación, fecha de contratación, índice y nivel, diferenciando si su destino era en servicios centrales o periféricos.

Que de dichos datos no se puede deducir si tal contratación, según la opinión de este Grupo Popular, ha sido realizada de acuerdo con los principios de capacidad y mérito recogidos en el artículo 103 de la Constitución.

Por cuanto antecede y para poder efectuar la valoración a la que se refiere la Resolución número once antes indicada, este Grupo Popular interesa de la Junta la ampliación de los datos remitidos por el señor Consejero con fecha 13 de Diciembre de 1984, especificando el número de personas que concurrieron a la convocatoria, cuando se hicieron por convocatoria pública, y criterios seguidos para apreciar la capacidad y mérito de los admitidos. Y, en caso de no haber sido por convocatoria pública, procedimientos de selección para haber sido admitidos dichos contratados".

Esta última propuesta de dictamen fue rechazada, como ya he dicho anteriormente, pero lo fue con los votos en contra del Partido Socialista.

Decían los romanos que la mujer del César no sólo tenía que ser honesta sino también parecerlo. Qué poco hubiese aprendido del Partido Socialista de Castilla y León la mujer del César, ya que ante una petición de ampliación de documentación por parte del Grupo Popular, el Partido Socialista prefiere echar tierra encima.

Si tan seguros estaban ustedes de que todo era legal, ¿a qué tenían miedo? Y esto sucedió el quince de Noviembre del ochenta y cinco, en que el Consejero de Presidencia, el señor Nalda era Consejero en aquellos tiempos. ¿Dónde queda su fama de limpieza y de honradez señor Nalda?

También esta fecha es la prehistoria, en palabras del señor Nalda, como si dos años y medio...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ

Z):

Señor Ares Martín, ruego modere su lenguaje.

Puede continuar.

EL SEÑOR ARES MARTIN:

Muchas gracias, señor Presidente, y no creo que haya dicho nada ofensivo para nadie.

También esta fecha es la prehistoria, en palabras del señor Nalda, como si dos años y medio de Gobierno en estas condiciones no fueran de la más y única reciente historia de nuestra Comunidad. Pero no cabe duda que lo que ustedes preferían es que no hubiese historia, preferirían borrarlo, pero ésta ha sido así y así se escribirá.

Y de la prehistoria pasamos a la entrada en vigor de la Ley de la Ordenación de la Función Pública de nuestra Comunidad. Hay que hacer notar que la presentación del primer anteproyecto de Ley fue hecho por el Grupo Popular, y el Grupo Socialista no tiene más remedio que, deprisa y corriendo, presentar otro anteproyecto. Quiere esto decir que, si nuestro Grupo no hubiese presentado el primer anteproyecto, estoy seguro que el señor Nalda, responsable de esta área, estaría aún madurando el Proyecto de Ley, como aún está madurando otra serie de proyectos, entre ellos el tan cacareado por él sobre la comarcalización de nuestra Comunidad, que está durmiendo el sueño de los justos.

Pues bien, con la entrada en vigor de la Ley de la Ordenación de la Función Pública de nuestra Comunidad, nuestro Grupo pensó que se acabarían las poco ortodoxas contrataciones, aparte de que haya intentado legalizar los contratos administrativos.

Ante mis denuncias en esta Cámara de que los motivos de las prisas en la publicación de la oferta de empleo público podían seguir siendo las que habíamos sufrido en la prehistoria de la función pública, como el señor Nalda ha titulado este período de la historia de la Comunidad, que eran el amiguismo, el clientelismo y el partidismo, usted me respondía con palabras textuales:

"Con lo cual, todavía lo que ha estado usted afirmando aquí es mucho más falso, mucho más falso. Porque nada más tiene usted que ir a los Boletines Oficiales y ver cómo se componen los Tribunales, y verá usted que en los Tribunales de cinco miembros van a estar: un representante del INAP, que no nombramos, uno o dos representantes de centrales sindicales, que tampoco nombramos, y un secretario que es miembro de la función pública..." Etcétera, etcétera.

Aquí delante, señor Consejero, tengo una publicación en la que sus propios compañeros de U.G.T. manifiestan que ponen en duda la limpieza de las oposiciones del personal para guarderías convocadas por la Junta de Castilla y León. Palabras textuales. Los tres representantes de U.G.T. y dos del Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Bienestar Social de León abandonan el Tribunal que presidía la oposición para cubrir plazas vacantes en guarderías de dicho organismo, por considerar que las plazas estaban concedidas de antemano y, además, que las pruebas que se estaban realizando no cumplían las condiciones normales de objetividad y las garantías que deben de tener unos exámenes de estas características.

Tenemos denuncias concretas, aunque hay que darse cuenta de la dificultad de estas denuncias, reclamaciones de diferentes colectivos y anécdotas de estas últimas pruebas de selección de personal correspondientes a la oferta de empleo público que no relatamos por no poner colorados a más de un alto cargo de nuestra Comunidad.

pag. 1710

Pues bien, señor Nalda, como mal director y organizador que es, no se le ocurre otra cosa que, con la entrada en vigor de la Ley de la Ordenación de la Función Pública, convocar la oferta de empleo pública sin haber estudiado ni planificado las reestructuraciones necesarias en las respectivas Consejerías. Así, nos encontramos en estos momentos con mil trescientas personas más que no sabremos qué hacer con ellas, más aún al tener en cuenta que con la nueva reestructuración de servicios y de Consejerías van a sobrar más personas, cuando hay servicios que están faltos de ellas.

Y para colmo de despropósitos, el señor Nalda, cuando ya no tiene nada arreglo, firma un contrato, el diecisiete de Abril, en representación de la Comunidad Autónoma, con la empresa HAY Ibérica Sociedad Anónima, en el que esta empresa se compromete a realizar un estudio de clasificación y valoración de los puestos de trabajo existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esto, que lo tenía que haber hecho el señor Nalda desde el mismo momento de su nombramiento, se le ocurre hacerlo a última hora y cuando ya no tiene remedio. Claro, que le corría más prisa hacer antes la oferta pública de empleo inmediatamente, no siendo que no tuviera tiempo para poder seguir aplicando el amiguismo, el clientelismo y el nepotismo.

Y ya tenemos al señor Nalda, responsable de todos los desprovistos en temas de personal de la Junta de Castilla y León, como Presidente de la Comunidad Autónoma, desde donde intentará seguir repitiendo los mismos desaciertos, pero no sólo, claro, ahora en temas de personal, sino con plenos poderes para acabar de mandarnos a todos al subdesarrollo.

Estas son las reformas que está acostumbrado a hacer el Partido Socialista Obrero Español, y éstos son los cambios de honradez a que se refirió su Secretario General, señor Laborda, en los prolegómenos de la última crisis del partido en Castilla y León. Apañados estamos, señoras y señores Procuradores, con el reciente cambio de Presidente de la Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Cuando yo desde mi escaño estaba escuchando al señor Ares que iba con esa rapidez del señor Vela al señor Nalda y del señor Nalda al señor Vela, pasando por la mujer del César, etcétera, yo no sabía si lo que íbamos a votar es esta Moción que se ha traído aquí o era otra cosa. Pero yo creo que esta Moción que se ha traído aquí y yo voy a tratar de retomar el tema.

Y la Moción dice que: "Debemos expresar la preocupación de estas Cortes por la citada política (se refiere a la de personal). Se pide el mantenimiento de la Junta de Castilla y León del envío de toda la información necesaria para el conocimiento completo del desarrollo de la misma, de la política de personal, y que se garantice la corrección de esta política hasta ajustarla, en el plazo más breve posible, a los estrictos contenidos de la legislación vigente".

Me parece que era esto. Y yo, al leer esto, pues bueno, me parece que es una cosa que puede ser asumida por todos y no le veo ningún inconveniente. Pero yo es que quisiera expresar y decir que yo voy a votar esta Moción, pero voy a votar el texto de esta Moción, no algunos conceptos que se han vertido aquí, de los cuales yo no tengo ninguna confirmación y yo no me puedo hacer solidario de ellos. Y yo voy a votar esta Moción porque es cierto que siempre la preocupación, y sobre todo transmitida a través de la Comisión de Hacienda, por el tema de personal ha sido muy grande.

Yo he dicho el otro día, en una de las comparecencias de los Consejeros -y siento que no esté él aquí presente-, y lo repito ahora, porque a uno no deben dolerle prendes de lo que dice en un momento determinado, que en la política de personal yo he creído ver este año en el Presupuesto un cierto espíritu de querer arreglar, de querer emprender un mejor camino del llevado hasta ahora. Es decir, que empezaba a ir por unas cotas yo creo que bastante mejores.

Pero todavía hay deficiencias en esta política de personal. Siempre en la Comisión de Hacienda, y al examinar anualmente los Presupuestos, nos hemos encontrado con dos temas que yo no me he cansado de denunciar siempre: Por qué los funcionarios contratados tenían mejores sueldos que... por qué el personal contratado tenía mejor sueldo que los funcionarios y por qué los funcionarios que estaban en organismos centrales, a igualdad de misiones, a igualdad de puestos de trabajo, tenían que tener mejores retribuciones que los funcionarios en órganos periféricos. Esto no me he cansado de repetirlo siempre y lo he repetido también este año en las comparecencias de los señores Consejeros. Pero sí que lo he repetido con un creer que las cosas iban o podían empezar a arreglarse, por un creer que las cosas pueden empezar a ponerse en orden; y yo tengo que decirlo aquí: confío todavía en que las cosas se puedan arreglar y que las cosas se pongan en orden.

Porque también he creído y he aceptado la promesa de uno de los Consejeros que comparecieron ante esta Comisión de Hacienda, en la que dijo que este mes de Diciembre va a existir una valoración de los puestos de trabajo. Yo creo que tener una Ley de la Función Pública, yo creo que tener una valoración de los puestos de trabajo sí que es avanzar, si de verdad lo tenemos y si de verdad la Ley de la Función Pública está, pero si de verdad tenemos esa valoración de los puestos de trabajo.

Pero, evidentemente, nada de esta Moción se opone a ello. Esta Moción lo que está... -me refiero al texto, me refiero a lo que está escrito-, en nada se opone a eso pag. 1711

que siempre estamos pidiendo, que siempre hemos pedido: que impere la capacidad y mérito, efectivamente, en la asignación de los puestos de trabajo a los funcionarios; que las asignaciones guarden una proporción con la responsabilidad, con la capacidad y méritos que tienen que tener los funcionarios para ejercer, para cubrir esos puestos de trabajo, y, evidentemente, pues que en los exámenes impere la justicia, que exista una transparencia.

Yo no puedo poner en duda que esa justicia no vaya a existir de ahora en adelante; pero yo, sin embargo, sí que creo que esta Moción lo que pide es justamente eso y yo el texto de la Moción sí que lo voy a votar a favor, porque me parece que ésa es la línea que todos estamos desde estas Cortes solicitando, que todos estamos pidiendo.

Pero que yo diga que los Presupuestos de este año, para mí, marcan un avance, que empiezan a, no sé, para mí querer ver luz dentro del espíritu de esa justicia que tiene que imperar y que, fundamentalmente, si en algún punto es importante es sobre todo en las retribuciones y en las calificaciones del personal, yo creo que el que empecemos a ver esa luz no quiere decir que esa luz esté ya. Yo creo que hay cosas que corregir.

Yo el otro día también a otro de los Consejeros, que por cierto tampoco está aquí presente, el señor Consejero de Educación y Cultura, yo le decía que, por ejemplo, en su Consejería existían unas cosas muy puntuales: un funcionario del Grupo B con nivel 28... Cosas tan burdas como ésa existen algunas, y no demasiadas. Existen muchas menos que otros años, pero existen algunas.

Y todavía esas diferencias entre funcionarios contratados y funcionarios... entre contratados y funcionarios no se han borrado, y esas diferencias entre funcionarios de organismos centrales y periféricos no se han borrado. Y jefaturas de igual nivel en los órganos periféricos tienen un nivel y en los órganos centrales tienen otro, y eso hay que corregirlo y yo creo que con eso hay que terminar.

Pero yo, en estos momentos, me creo -y me gustaría que esto que fue dicho en esta Comisión se confirmara también en este Pleno-, me creo que hay una voluntad de corregir eso y me creo que en este mes de Diciembre, como fue prometido, tengamos esa valoración de los puestos de trabajo de todo el personal de la Junta. Si esto fuera así, yo me congratularía, yo dejaría de hacer esas críticas que durante tanto tiempo he hecho desde estas Cortes, desde las Comisiones fundamentalmente, de esa política de personal; dejaría, digo, de hacer esas críticas y me sumaría y hasta felicitaría a la Junta por haber llegado a esa conclusión, a ese final feliz.

Pero, en cualquier caso, me parece que el texto de esta Moción aquí presentado, si bien yo no me identifico con los argumentos empleados para su defensa ni me identifico con algunas descalificaciones que han sido hechas, porque no las conozco, sí que quiero decir que, sin embargo, el texto de la Moción lo voy a votar porque me parece que esto lo que está pidiendo, lo que está marcando es eso que tiene que ser el deseo de todos los Procuradores, yo creo que de todos los Grupos, y que, en definitiva, tiene que coincidir con el deseo de la Junta. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vela Santamaría.

EL SEÑOR VELA SANTAMARIA:

Señor Presidente, Señorías. Querría, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento al miembro del Grupo Parlamentario Popular que ha presentado la Moción por una razón, y es que cada una de las intervenciones del Procurador señor Ares logran la maravilla de rejuvenecerme. Digo esto porque dicen que una de las características de la juventud es el mantener la capacidad de asombro, y el señor Ares logra asombrarme cada vez que interviene.

Logra asombrarme, sin duda, por su constancia, constancia digna de mejor causa, como dije en su momento, y también logra asombrarme por lo que calificaría simplemente de amnesia. Amnesia en olvidar las informaciones y la documentación que ha sido remitida reiteradamente por la Junta a esta Cámara, tanto en Pleno como en Comisión, e incluso diría más: amnesia de la propia Moción que aquí se debate, porque lo cierto es que entre el texto de la Moción que ha sido publicado en el Boletín de esta Cámara y la justificación que se ha hecho hoy no hay ninguna relación.

Yo, desde luego, no voy a descender al nivel que el señor Ares ha empleado en la defensa de su Moción. No voy a emplear ese tono, ni mucho menos. Eso sí: advertir que mi Grupo se reserva realizar las acciones que sean pertinentes en relación con las acusaciones que aquí han sido hechas, de todo punto inadmisibles. Creo que, aparte de ser una ligereza el calificar de amiguismo, clientelismo y nepotismo a la política de personal de la Junta, el calificar, el acusar a esta posible actuación de causante del subdesarrollo de la región me parece impropio de una persona con los conocimientos económicos que puede tener el señor Ares, francamente.

Ciñéndome, por tanto, a lo que es el contenido de la Moción, diré que, desde luego, nuestro Grupo tiene que plantearse el asumir esa célebre frase que el Dante colocó a la entrada de su infierno: "Lasciate ogna esperanza". Debemos decir que hemos perdido toda esperanza de enseñar al señor Ares algo de lo que es la Función Pública, y debo decirlo con tristeza. Porque, durante tres años, Consejeros, Secretarios Generales, Directores Generales hemos comparecido en esta Cámara y hemos comparecido en Comisión para, en la medida de nuestras fuerzas y nuestros conocimientos, demostrar cuál era la Función Pública de Castilla y León. Reiteradamente, verbalmente y por escrito, hemos remitido la documentación; documentación que, efectivamente, fue en su momento relacionada por el señor Consejero de Presidencia, actualmente Presidente de la Junta, en el Boletín que el señor

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Ares ha leído parcialmente. Documentación que en parte tengo en esta mano y que, desde luego, solamente parcial, porque para subir a este estrado con toda la documentación de personal que la Junta ha remitido en este tiempo necesitaría un carretillo, y verdaderamente no es la misión, me parece, de este Procurador arrastrar carretillos. Ni tampoco, quizá, enseñar al que no sabe.

Creo, por tanto, que se ha dado documentación suficiente y que el señor Ares debería haberla leído y haberla entendido. Pero, en fin, "no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver".

Es mucho más cómodo, efectivamente, recurrir a tópicos, recurrir a latiguillos y recurrir a insinuaciones sin ningún fundamento y, por supuesto, realmente indemostrables. Yo simplemente quería indicar una vez más que era una documentación absolutamente clara, que era una documentación sobrada; que, en último extremo, en los anexos de personal de este año del Presupuesto de la Comunidad Autónoma figuran todas las plazas, con su grupo de clasificación, con su nivel, retribuciones básicas, retribuciones complementarias; que tiene el señor Ares una relación del personal que había en la Junta en un momento dado, con su clasificación, su grupo, sus retribuciones.

Realmente, no hay documentación bastante para convencer a quien no quiere ser convencido. Desde luego, la única solución que hay al final es que... estuviera presente en todos los Tribunales de esta Comunidad. Si el señor Ares goza de la ubicuidad, a lo mejor realmente sería ésa una solución, pero... transparencia de la política de personal de esta Comunidad.

Y nada más. Quisiera concluir mi intervención recordando un cuento de Edgar Alan Poe, que realmente me recuerda mucho a la postura personal del señor Ares. Ese cuento se llama algo así como "La esfinge de la calavera". Trata de un hombre que está sentado, leyendo el periódico; de repente, levanta la vista y ve un animal extraño, un monstruo, con muchas patas, alas, en fin... una calavera en el coselete... El hombre queda totalmente asustado, impresionado por ese monstruo que de repente ve delante de él. Al cabo de un rato el monstruo desaparece y el hombre cuenta a un amigo que llega su visión, y el amigo lo tranquiliza: lo que ha visto no ha sido un monstruo enorme, gigante, sino que lo que ha visto solamente ha sido una mariposa que pasaba delante de su ojo.

Yo me temo que si el señor Ares ve una montaña en el tema de política de personal es simplemente porque tiene una mota en el ojo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Ares Martín.

EL SEÑOR ARES MARTIN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo personalmente acepto todo lo que he dicho y me hago responsable de ello. Pero no es la primera vez que lo denuncio en esta Cámara y espero que de una vez por todas me denuncien y se aclare todo el tema de contrataciones que ha habido en la Junta de Castilla y León.

En principio, hemos denunciado en esta Cámara que el setenta por ciento de la contratación que se hizo en un principio ha sido... no fue por convocatoria pública, se hizo a dedo. Que se demuestre lo contrario.

Del reto, de una parte del reto, en estos momentos o más tarde le leeré una Sentencia que hace breves días la Sala de lo Contencioso de Valladolid ha dado, y dentro de un momento veremos a ver quién tenía razón hasta estos momentos.

Al Portavoz del Grupo Mixto le diría que las resoluciones que yo he leído aquí han sido de la Comisión de Presidencia, y además ha sido a propuesta de un miembro del Grupo Mixto. O sea que, entonces, explíquele o dígale usted a su Portavoz en aquel momento que le diga cuáles habían sido las resoluciones de la Comisión; si es verdad o no es verdad que se nos ha entregado esa documentación, que se nos diga. El señor Nalda en aquellos momentos era Consejero y no se ha entregado ninguna clase de documentación. Es más: no se puede entregar, porque no creo que haya ningún Letrado que se arriesgue a dar esa clase de clarificaciones que se pedían en aquella Comisión.

Tema presupuestario. Habrá su momento. Hemos debatido, y tenemos pruebas fehacientes, como dijimos aquí muchas veces, que hay un Consejero, como fue el de Agricultura, que en veinticuatro horas modificó dos veces, dos veces, la plantilla presupuestaria de su Consejería. No vamos a entrar en ese tema; estamos debatiendo otra cosa.

Nuestro Grupo tiene interés en llegar al fondo de la verdad de las contrataciones que han existido en la Junta de Castilla y León, y cada uno que salve su responsabilidad.

Y, por último, señor Vela, esta Cámara no está para cuentos, está para realidades. Los cuentos están para otro sitio. Y se va a asombrar con la constancia de este Procurador, y le voy a leer brevemente una Sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado el veinticuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y seis:

"Visto el Recurso Contencioso-Administrativo seguido a instancias de la Administración General del Estado, representada por el señor Letrado de Estado contra Orden de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León de doce de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, por la que se convoca concurso público para provisión en régimen de derecho administrativo de plazas en los servicios centrales de la Junta de Castilla y León, y la Orden de la misma Consejería y fecha, por la que se convoca concurso público para provisión en régimen de derecho administrativo de plazas en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, publicadas

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ambas Ordenes en el Boletín de la Comunidad de dieciséis de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro; y, asimismo, contra la desestimación presunta del Recurso de Reposición formulado en su día contra las mismas. En cuyos autos ha sido parte demandada la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, que ha estado representada por el Procurador...". Etcétera, etcétera, etcétera.

"Fallamos: Que estimando el Recurso Contencioso-Administrativo, número 164/85, a que este pronunciamiento se contrae, promovido por la Administración del Estado, a través de su Letrado y representación legal, contra la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, anulamos, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, la Orden de dicha Consejería de doce de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, por la que se convocó concurso público para provisión en régimen de derecho administrativo de plazas en los servicios centrales, y la Orden de la misma Consejería y fecha convocando concurso público para provisión también en régimen de derecho administrativo de plazas en las Delegaciones Territoriales, Ordenes publicadas en el Boletín de la Comunidad de dieciséis de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro; así como contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, del Recurso de Reposición interpuesto contra las anteriores, sin hacer expresa imposición de costas".

Creo que es más que fehaciente que, por fin, por primera vez, se tienen conocimientos de las denuncias que veníamos desde hace mucho tiempo haciendo en esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR SASTRE LEGIDO):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Para responder directamente a la Interpelación formulada, puesto que se empieza señalando que hay irregularidades en la política de personal de la Junta de Castilla y León, debo indicar que la política de personal de la Junta de Castilla y León está plasmada en un texto legislativo, que es la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dictada no con prisas, no promulgada con prisas, sino en virtud del cumplimiento de un mandato de la Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad, que se decía que la Junta de Castilla y León, precisamente la Junta de Castilla y León, debía presentar ese Proyecto de Ley; y creo recordar que esa Enmienda que se introdujo en la Ley de Presupuestos se introdujo precisamente a instancias del Grupo Socialista. Es decir, es el Grupo Socialista quien pide, quien pidió que se introdujera en la Ley de Presupuestos el mandato de que fuera ella quien presentara el Proyecto de Ley.

Pero le debo indicar que ese Proyecto de Ley, que recibió el Informe favorable de la Comisión de Coordinación, no así el Anteproyecto de Ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular, que ese Proyecto de Ley, una vez convertido en Ley, ha servido de modelo para otras Comunidades Autónomas. Creo que estas Cortes pueden estar -y lo digo con sinceridad- orgullosas de la aprobación de la Ley 7/85, de Ordenación de la Función Pública de la Administración de esta Comunidad, que es la que marca -y esto es lo importante- la política de personal de la Junta de Castilla y León.

Lo importante, entonces, ahora, no es decir que hay irregularidades en una política que está plasmada en una Ley; lo importante sería ver si la actuación de la Junta incumple o no la Ley.

Se dice que la oferta de empleo pública se aprueba para contratar o introducir amigos, etcétera. Creo que no hacer la oferta de empleo pública sería precisamente un incumplimiento de la Ley. Creo que sería un absoluto despropósito el planteamiento de que la oferta de empleo pública se realiza con fines distintos que el cumplimiento estricto de la Ley. Se realiza precisamente... y creo que es verdaderamente importante que los ciudadanos conozcan, de un momento dado, las plazas vacantes, todas las vacantes, no como sucedía antes, que se iban sacando en función de muchas conveniencias. La Junta aprueba, en cumplimiento de la Ley, la oferta de empleo pública, señalando todas las plazas vacantes, para que todos los ciudadanos sepan que esas plazas están vacantes, que esas plazas van a salir a convocatoria pública, a ser provistas mediante concurso, oposición o concurso-oposición libre, como dice la propia Ley de Ordenación de la Función Pública. Y plantear o presentar una circunstancia distinta sobre la oferta de empleo pública, repito, es un auténtico despropósito.

Se dice que se ha realizado una contratación sobre clasificación de puestos de trabajo. Efectivamente; la Ley dice que la Junta aprobará la clasificación, la relación de puestos de trabajo y su clasificación. Se estimó conveniente que esa clasificación, para impedir precisamente que desde la Administración se pudiera plantear una clasificación, diríamos, muy pensada sobre sí misma, se pensó la conveniencia -y también lo hizo así la Administración del Estado- de que una entidad distinta de la propia Administración realizara esa clasificación. Y previo concurso público, previo concurso público con convocatoria pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, con presentación de distintas ofertas, se adjudicó dicho concurso y está pendiente de entregarse el resultado de su trabajo.

Se habla en la interpelación del envío de la información necesaria para el conocimiento de la política de personal. La política de personal, repito, está plasmada en la Ley. El desarrollo de la Ley es público en los Boletines Oficiales de Castilla y León; es público el Decreto de estructuración y... de servicios; es público el Decreto

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por el que se aprueba la oferta de empleo pública; son públicas las convocatorias públicas presentadas; es pública la celebración, el comienzo de los exámenes; es público el Tribunal que compone o que va a tomar parte en dichos exámenes, y no es verdad que solamente representantes de la Administración o del INAP -y ya es importante que el Instituto Nacional de Administración Pública venga permanentemente a las oposiciones que convoca la Administración de la Comunidad Autónoma-, sino que también representantes de otras entidades -véase las Universidades- están presentes en dichas convocatorias.

Aún más: se puede acusar, a lo sumo, de exceso en la publicidad. En la Administración del Estado las convocatorias para los puestos de libre designación se convocan, pero no se convoca la resolución; en la Administración de la Comunidad de Castilla y León se publica la convocatoria y se publica también la resolución, y se da plazo en esa resolución, se dan posibilidades de recurso a interponer contra la misma, puesto que se da a conocer quién ha sido la persona elegida para el puesto determinado.

Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, la actuación de la Administración en ejecución de la política de personal de la Junta, plasmada en la Ley de Ordenación de la Función Pública es, y debe así estimarse, de acuerdo con la legislación vigente. En consecuencia, no habría nada que modificar.

Se ha citado una Sentencia, efectivamente, de la Audiencia Territorial de Valladolid, de veinticuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y seis, que la Consejería de Presidencia y Administración Territorial tiene conocimiento de ella, y digo que está apelada y, en consecuencia, está dejada sin efecto. Esa Sentencia hoy día carece de efectividad puesto que está apelada y la apelación, como dice la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo es a doble efecto: el efecto suspensivo y el efecto devolutivo.

Se estima que la razón de la apelación no es simplemente provocar un efecto suspensivo, sino que se estima que hay tres argumentos contundentes. Primero: si la Administración de la Comunidad Autónoma no pudiera celebrar contratos administrativos, mediante convocatoria pública, habría que decir que tendría menos autonomía que una Entidad Local Menor; habría que decir, repito, que tendría menos autonomía que una Entidad Local Menor. En consecuencia, es una razón por la que se ha estimado conveniente la interposición del recurso.

Por otra parte, se estima también que es acertado... Fue acertado, hoy no lo es, puesto que está prohibido por la Ley, a instancia precisamente del Grupo Parlamentario Socialista, tanto en la Ley 30 como en la Ley de la Función Pública, de Ordenación, de Castilla y León, que, precisamente, si a partir de la promulgación de la Ley se prohíben los contratos administrativos, significa que antes se podían celebrar, puesto que, si no, no tendría ningún sentido que se hubieran prohibido. Y aún más: establece determinadas condiciones para el ingreso de ese personal en los distintos cuerpos de la Administración de la Comunidad.

Por último, también se estima, y por eso también ha sido apelada esa Sentencia, que podría entenderse que no podrían cubrirse con contrato administrativo, sino que tenía que convocarse a la Administración del Estado, para que ella cubriera las plazas, a los puestos de personal transferido, pero no así los nuevos puestos... no así los nuevos puestos que creara la Comunidad Autónoma.

Y la Comunidad Autónoma no crea puestos por capricho, los crea siempre en virtud de una Ley, de una Ley de estas Cortes: la Ley de Presupuestos de la Comunidad.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Vamos a proceder a someter a votación la Moción.

Votos a favor de la Moción. Pueden bajar la mano. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y siete. Votos a favor de la Moción: treinta y cinco. Votos en contra: cuarenta y uno. Abstenciones: una. Queda, por tanto, rechazada la Moción.

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Siguiente punto del Orden del Día: "Dictamen de la Comisión de seguimiento de los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias, Sección Castellano-Leonesa, en cumplimiento del Acuerdo del Pleno de las Cortes de Castilla y León de 16 de Marzo de 1984, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 119, de 8 de Octubre de 1986".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Silencio, por favor. Tiene la palabra el señor Hernández, como Portavoz de la Comisión.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Aprobada la Resolución por el Pleno de las Cortes, el dieciséis de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, en el sentido de creación de una Comisión de Seguimiento de los Trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias, esta Comisión ha venido desarrollando sus tareas hasta el veintinueve de Julio de este año ochenta y seis, en que se celebró la última de las sesiones y que, por acuerdo de los tres Grupos, se decidió que fuese este Procurador del Grupo Mixto quien presentase ante la Cámara el Dictamen que paso a leer textualmente a continuación.

"De los informes que los Portavoces y Consejeros realizan en su intervención del Pleno del día dieciséis de Marzo, se constata que han existido problemas de documentación que permitieran un análisis más reposado pag. 1715

de los Decretos. La información ha sido, por tanto, poco fluida, lo que ha imposibilitado una más rica discusión de los temas.

No obstante, el proceso se puede valorar como correcto y ajustado a la tónica general de los Decretos que con carácter general se han aprobado por las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución Española.

La flexibilidad del Acta final de Transferencias permite -entiende la Comisión- revisar aquellas derivas que por errores materiales o de cálculo se han podido establecer en algunos de los Decretos que la Comisión recoge a continuación, con el fin de que se agilice el proceso para que, antes que por el Estado se fije el coeficiente de participación para mil novecientos ochenta y siete, se reconozcan las cantidades que por error no han sido reconocidas en los Decretos de Transferencias.

Con referencia al artículo 26 del Estatuto de Autonomía, se encuentran diferencias en las siguientes Consejerías. Industria: por diferencias en cuotas de la Seguridad Social, Salarios, etcétera, 63.784.929 pesetas mil novecientos ochenta y cinco. Cultura: Transferencia del Polideportivo de Avila, Capítulo I, 18.358.748 pesetas mil novecientos ochenta y cinco; Capítulo II, 13.530.000 pesetas año ochenta y cinco; y Capítulo VI, 2.000.000 de pesetas año ochenta y cinco. Transportes: diferencias salariales en personal de 38.000.000 de pesetas año ochenta y cinco, subsistiendo un problema de titularidad de los terrenos y edificios construidos en su día por el Ministerio en lo que se refiere a las terminales de transportes que deben pasar a la Comunidad Autónoma. Bienestar Social: dotación de interinos y Seguridad Social, por un valor de 170.000.000 de pesetas año ochenta y cinco.

En general, las competencias que prevé el artículo mencionado de exclusiva competencia se han realizado, pero cabe señalar que en el punto 19, referente a estadística para fines propios de la Comunidad Autónoma, no se han realizado los esfuerzos necesarios para que este punto tenga plena vigencia, por la importancia del mismo.

La Ponencia y la Comisión, en los distintos contactos con las Consejerías, detectó la necesidad con carácter general de acelerar el proceso de determinación de locales y derechos de superficie que pasan a la Comunidad Autónoma de acuerdo con los correspondientes Decretos de Transferencias, o, en caso de no producirse, estimar su valoración a los efectos de dotación presupuestaria.

En el momento actual, el único asunto de importancia general pendiente, recogido como tal en el acta de la Comisión Mixta de Transferencias de Junio del pasado año ochenta y cinco, es el relativo al artículo 26.1.7 del Estatuto de Autonomía, asunto directamente relacionado con la Ley de Aguas y su desarrollo reglamentario.

La Ponencia considera aplicable a nuestra Comunidad Autónoma, y referido a la cuenca del Duero, lo establecido por la Ley de Aguas para aquellas Comunidades Autónomas en que radica en su totalidad la cuenca hidrográfica.

Está pendiente de la Consejería de Cultura la resolución final de la Transferencia del Castillo de Las Navas del Marqués.

En cuanto al artículo 27, deberá realizarse a través de la Comisión Sectorial correspondiente y antes de la próxima Comisión Mixta de Transferencias la cesión de los hospitales del AISNA de nuestra Comunidad Autónoma.

En lo referente al artículo 28 del Estatuto, competencias de ejecución, en este artículo del Estatuto la Ponencia constata la falta de Transferencia relativa a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas contenidas en el Reglamento de mil novecientos setenta y uno, cuyo órgano gestor sigue siendo la Subcomisión Provincial de Saneamiento, dependiente todavía de los Gobiernos Civiles correspondientes.

Esta Transferencia ha sido realizada ya en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas y en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias del veinticinco de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco se acordó que se realizase el traspaso en condiciones similares al resto de las Autonomías, sin que hasta la fecha se haya efectuado dicha transferencia.

La Ponencia y la Comisión, finalmente, consideran que es urgente la reunión que finalice el proceso de Transferencias del Estado a nuestra Comunidad Autónoma.

El presente Informe de la Ponencia está elaborado sobre los Informes escritos y las reuniones con los diferentes Consejeros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".

Una vez hecha la lectura textual, y como Portavoz del Grupo Mixto, he de decir que valoro positivamente los trabajos de la Comisión, que considero que ha sido realmente fructífero para la labor de la Comisión el Acuerdo que ha existido en todo momento entre los Portavoces de los tres Grupos en esa Comisión. Y, como miembro además de la Ponencia, he de constatar que se ha intentado el contacto, cuando la trasmisión de datos ha sido única y exclusivamente por vía escrita, con los distintos Consejeros, y que ese contacto la mayor parte de las veces ha dado como resultado una aclaración de todas aquellas dudas que existían por parte de los miembros de la Ponencia.

Por tanto, la valoración es positiva, desde el punto de vista de este Portavoz, del Grupo Socialista en la Comisión. Entiendo que, según los datos que hemos podido obtener en la comisión de Seguimiento, las Transferencias se han realizado de una forma normal con respecto a nuestra Comunidad Autónoma y normal en lo que se refiere a comparación con otras Comunidades Autónomas

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que han accedido también por la vía del artículo 143 de la Constitución al Estatuto de Autonomía.

Unicamente me queda decir que los miembros de la Ponencia y los miembros de la Comisión tratamos de si era o no era oportuno, en el curso de los debates de esta reunión de la Comisión, el estudiar aquellos temas que considerábamos de interés para nuestra Comunidad Autónoma y que, según el artículo 143 de la Constitución, no han podido ser transferidos aún. En ese sentido, el acuerdo que hubo es que el mandato que tenía la Comisión por parte del Pleno era el de ceñirse única y exclusivamente a la valoración de las Transferencias que se habían realizado. Pero en este momento en que ya actúo como Portavoz del Grupo y como Parlamentario a título individual, he de decir que personalmente considero que precisamente ahí, en esas Transferencias que todavía no se han realizado, es donde realmente está la verdadera problemática en el tema de Transferencias que todavía tiene pendiente nuestra Comunidad Autónoma.

He de decir que hay cosas que considero que son fundamentales, como el tema de la Transferencia en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Yo considero... No sé si en la última de la Comisión Mixta, que creo que ha tenido lugar hace un par de días o tres, se ha solventado este problema, pero de todas formas, si no es así, considero que la Junta de Castilla y León y los miembros de la Comisión Mixta deben insistir en el tema, porque realmente deja de ser normal que a estas alturas sigamos sin esa Transferencia.

Y por otra parte he decir que -esto sí que me consta- no se ha terminado todavía de asumir todas las competencias que tenemos en los hospitales de AISNA, y realmente esto bloquea de alguna forma la reforma sanitaria que se está haciendo en nuestra Comunidad Autónoma. Por tanto, es fundamental que, puesto que son conceptos a transferir y conceptos recogidos por el artículo 143 de la Constitución, se termine con su Transferencia lo antes posible.

Y por último, hay competencias que, de hecho, no están dentro de ese paquete de las que podían haber sido asumidas por la Comunidad Autónoma pero que sí que están dentro del paquete de aquéllas que se pueden ir asumiendo con posterioridad, e incluso, y ahora hablaré de alguna de ellas, de las que yo considero que se pueden asumir ya en cierta forma; me estoy refiriendo concretamente a las competencias en materia de promoción de salud, no solamente de promoción de la salud, sino también en materia de asistencia sanitaria, y las competencias en materia de educación.

Respecto a las primeras, yo he de decir que, una vez promulgada la Ley General de Sanidad, que es una Ley que está vigente ya, aunque parece que hay algunos Grupos Parlamentarios que no lo saben o no lo quieren saber, y aunque parece también que hay administraciones que no se enteran (quizá sí lo quisieran saber y sí lo saben); el caso es que esa Ley está vigente y con la Ley General de Sanidad vigente se pueden ir asumiendo por parte de la Comunidad Autónoma competencias, de forma gradual, en materia no solamente de promoción de la salud, sino de asistencia sanitaria. Y yo considero que esa asunción gradual debe comenzar ya, deben comenzar a formarse y a constituirse los Consejos de Salud de las áreas, y debe, en definitiva, comenzar a negociarse de una forma seria, y desde el puesto que la Ley General de Sanidad otorga a la Comunidad Autónoma, con el INSALUD, para que en el plazo más breve posible la Comunidad Autónoma pueda ser quien realmente se constituya en timón de la atención sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma.

Por último, y como ya se me agota el tiempo, simplemente decir que considero también de vital importancia el que la Junta de Castilla y León, con el apoyo de la Comisión correspondiente, comience ya a valorar y a estudiar el tema de las Transferencias en educación a nuestra Comunidad Autónoma, que, si bien es un tema que no puede ser asumido todavía, lo es también de tal complejidad que yo estimo que el comenzar a valorarlo, a estudiar sus pros y sus contras y a estudiar sus costos y, en definitiva, la responsabilidad que su adquisición va a suponer para la Comunidad Autónoma, debe ser un trabajo que se acometa ya de inmediato. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Seisdedos Robles.

EL SEÑOR SEISDEDOS ROBLES:

Señor Presidente, Señorías. Culminando el proceso de Transferencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Informe que se ha presentado pretende hacer balance y poner de manifiesto los puntos que todavía no están del todo resueltos y que es preciso incidir antes de terminar este período legislativo.

Para llegar a este punto ha habido que superar dificultades, aplicando el esfuerzo solidario de colaboración de todas las fuerzas políticas, para hacer realidad y dar vida al proyecto de Transferencias contenido en nuestro Estatuto.

Una vez aprobado por la Comisión Mixta las últimas Transferencias previstas, comenzamos una nueva etapa, en la que también el esfuerzo solidario y la colaboración ha de presidir la tarea de todos.

Quiero manifestar, señor Presidente, Señorías, que por parte del Grupo Popular esta colaboración se seguirá prestando en estos temas tan básicos y necesarios para el autogobierno en Castilla y León. Por este motivo, hemos estado presentes en la Comisión Mixta de Transferencias, si bien nuestra presencia ha sido muy poco activa porque las escasas reuniones a que hemos sido convocados eran simplemente para aprobar los diferentes Decretos cuyos borradores nos eran entregados a los miembros

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de la Comisión en el mismo momento de su comienzo, sin tiempo para estudiarlos, ni siquiera para leerlos.

Este problema fue expuesto en la mayoría de las sesiones de la Comisión Mixta, solicitándose que con tiempo suficiente se facilitara la documentación correspondiente, sin que hasta la fecha hayamos logrado nada en este campo.

Es preciso, pues, se encuentre una fórmula que procure una dosificación y discusión más profunda en la Comisión Mixta de los Decretos de Transferencias y valoraciones que se hagan en el futuro.

En el Informe, como habrán podido comprobar Sus Señorías, sin entrar en un análisis exhaustivo de la forma en que se han producido las Transferencias, se resaltan las diversas competencias que todavía no están transferidas y aquellos asuntos que no están totalmente finalizados y que necesitarán determinados ajustes para su resolución definitiva. Como estas Transferencias, que afectan a los artículos 26, 27 y 28 del Estatuto de Autonomía, han sido relacionadas en el Informe que se presenta, y que se refieren a las competencias en exclusiva y competencias de desarrollo normativo y de ejecución, permitidme, señor Presidente, Señorías, que lo pase por alto, pues sería volver a repetir los mismos conceptos que se han expuesto anteriormente.

Pero sí quisiera referirme al artículo 29 de nuestro Estatuto de Autonomía, el cual nos traslada a las diferentes competencias que para que sean transferidas tendrán que transcurrir cinco años desde la aprobación del Estatuto, o mediante la correspondiente Ley Orgánica.

El Estatuto de nuestra Comunidad presenta algunas lagunas o disfuncionalidades comparativas con las posibilidades de otros Estatutos de Comunidades Autónomas. Estimamos que nuestra Comunidad tiene las mismas necesidades y posee iguales capacidades para poder asumir competencias que en otras Comunidades no necesitan la transición de cinco años o Ley Orgánica.

En este sentido, las Cortes y la Junta deberían estudiar las posibilidades de promocionar la promulgación de aquellas leyes orgánicas necesarias para que podamos tener el mismo techo competencial que alcance el resto de las Comunidades a finales de mil novecientos ochenta y seis. Citaremos a título de ejemplo, y por la necesidad muy sentida en nuestra población, que se hacen necesarias las leyes orgánicas que atribuyen competencias en materia de salud, ordenación del transporte, Cámaras, denominación de origen, aguas subterráneas y enseñanza a todos los niveles.

Muy poco, por no decir nada, se ha realizado en este aspecto, a pesar de que en la Comisión Mixta de Transferencias se solicitó la realización de estudios previos en las materias objeto de transferencias mediante Ley Orgánica. En este sentido, debemos señalar que en la reunión de la Comisión Mixta celebrada en Diciembre del año ochenta y tres se acordó comunicar al Ministerio de Educación la necesidad de formar una ponencia que iniciara los trabajos para el traspaso de competencias en materia educativa, sin que hasta estos momentos conozcamos algo sobre este extremo.

También consideramos que ha llegado el momento de comenzar a transferir competencias de la Comunidad Autónoma a las Corporaciones Locales... No es constitucionalmente admisible descentralizar del Estado a las Comunidades Autónomas y centralizar estas Comunidades en detrimento de las Corporaciones Locales. Esperemos que en esta nueva etapa se cumplan estos principios que hemos expuesto, para bien de nuestra Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bravo Solana.

EL SEÑOR BRAVO SOLANA:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Tomo la palabra, en nombre de mi Grupo, para expresar nuestro acuerdo y conformidad con el Informe de la Ponencia y, sobre todo, con el Dictamen, con la enorme satisfacción de haber conseguido que durante los trabajos de esa Ponencia haya habido acuerdos absolutos en todos los temas tratados.

Yo creo que pocas veces se da la circunstancia de que en los Plenos de nuestras Cortes, pues, se den situaciones de éstas. Yo creo que esto obedece a que dentro de la Ponencia, fundamentalmente, se ha tenido un tratamiento abierto de los temas, por entender que era algo que sobrepasaba a los Grupos, que era algo que sobrepasaba los programas electorales, que era algo de la defensa de nuestra Comunidad. Así lo han asumido los Grupos al menos nosotros lo entendimos así, y yo creo que todos, y de ahí yo creo que hay que buscar el que se haya llegado a este informe valorativo por acuerdos de unanimidad, y además trabajando en él duramente, incluso fuera del período de sesiones -hay que decirlo-, para que no fuera una asignatura pendiente para Septiembre, sino que para ese mes, precisamente, tuviera la Cámara la oportunidad de tener aquí el Informe, de poderlo valorar y poder continuar en la búsqueda de soluciones que cerraran este proceso.

Yo creo que la valoración del documento, al igual que el compañero Procurador que me ha antecedido en el uso de la palabra, no lo voy a hacer puesto que ya lo ha expuesto el compañero que ha hablado en primer término. Pero sí hacer referencia a alguna de las cuestiones que en él se contenían, puesto que yo creo que hay información en todos los Grupos Parlamentarios para poder conocer qué pasos se han dado, sobre todo en esta última Comisión de Transferencias celebrada, y decir que parte de lo que ahí se valoraba como temas importantes, sobre todo el tema de locales, parece ser que en una próxima Comisión puede este tema llegar a tener una solución, lo mismo que se ha visto ya consolidado alguno de los incrementos que por temas de retribuciones o por temas de Seguridad Social quedaban pendientes.

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Evidentemente, en el tema del AISNA también estamos de acuerdo en que es un tema necesario para desarrollo de la coordinación hospitalaria de nuestra Comunidad. Yo creo que también es un tema que se ha tocado y está en vías de solución.

Por lo tanto, yo creo que habría que hacer un reconocimiento de la labor, sobre todo por las quejas que en esta Cámara se suscitaron por parte del Grupo Mixto en cuanto a su no participación. Yo creo que hay que valorar la participación del Grupo Mixto como muy positiva, en un tono absolutamente constructivo, al igual que el Grupo Popular -también hay que decirlo-. Y en ese sentido, yo tengo que felicitar a ambos Grupos por el talante que han tenido para la elaboración de este Informe.

También tengo que decir, para ser justos, que mi Grupo también reconoce las facilidades dadas por el anterior equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León por la facilidad y la rapidez en facilitarnos la información que llevara a un mejor conocimiento y plantear las posibles soluciones a los temas pendientes.

Yo tengo que terminar, quizá, haciendo una reflexión, porque es un tema que ya la constitución de la propia Comisión y posteriormente, pues, ha sido tema de debate y de comentario dentro de esta Comisión y era un poco el futuro de la misma y, sobre todo, el papel que debía de jugar. Yo, en ese sentido, tengo que manifestar, en nombre de mi Grupo, que entendemos que es una Comisión creada a tenor del artículo 50 de nuestro Reglamento y, por tanto, sólo tiene un fin, y es cumplir el mandato que el Pleno le dio, y era de hacer un seguimiento de la situación de las Transferencias. Y, por tanto, terminado el seguimiento... no digo que se termine con este Informe, evidentemente habrá que ver el cierre, precisamente, de todas esas derivas que ahí se plantean; pero yo creo que una vez eso se concluya, yo creo que la Comisión... entiendo que la Comisión ha terminado su mandato.

Porque plantearse el desarrollo de otros temas -y reconozco que sobre ello ha habido algún comentario también desde compañeros de mi Grupo-, plantearse el desarrollo de esos temas yo creo que no es posible en esta Comisión. Hay una Comisión específica, además con carácter permanente, y por lo tanto a ella le correspondería. Y yo creo que ése es un tema que dejo aquí expuesto ante Sus Señorías porque nuestro Grupo así lo entiende.

Y termino, pues, insisto, felicitando a los Grupos porque creo que ha sido importante el trabajo que se ha desarrollado, y sobre todo instando al nuevo equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para que trate de impulsar para que en el más breve plazo posible se pueda llegar a celebrar una reunión de esta Comisión donde ya definitivamente podamos ver resueltos los flecos o derivas que han quedado de todo el proceso de Transferencias, a ser posible -así lo esperamos por lo menos nosotros- con entera satisfacción para todos los Grupos que componen esta Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Pasamos al quinto y último punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio del Proyecto de Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León".

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, Señorías. Quiero intervenir previamente a la votación y, en su caso, aprobación de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León para tan sólo hacer o intentar, mejor dicho, llevar a su ánimo algunas reflexiones.

La Ley que en estos momentos se presenta a la aprobación de Sus Señorías es, a mi juicio, una Ley básica y fundamental de la Comunidad. ¿Por qué? Porque constituirá en su día parte y eje fundamental de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia económica. En segundo lugar, y hay también que señalarlo, porque la misma constituye una promesa explícita contenida en el Programa Electoral con que el Partido Socialista Obrero Español se presentó a las Elecciones Autonómicas de mil novecientos ochenta y tres. Y en tercer lugar, porque la misma se enmarca en la Constitución, en nuestro Estatuto de Autonomía y en la LOFCA.

También esta Ley quiero señalar que desarrolla no tanto una competencia, que constituirá no tanto una competencia, la de la organización de nuestra Hacienda, cuanto que constituye una exigencia previa o paralela a la propia organización autónoma, como establece y ha quedado establecido en la Sentencia del treinta y uno de Enero del ochenta y seis del Tribunal Constitucional. Y, como antes he dicho, además de este apoyo del Tribunal Constitucional, que la convierte, la conveniencia o la competencia, en exigencia, la misma se deriva y se desprende del artículo 26 del Titulo III del Estatuto de Autonomía, llenando lo que hasta ahora podía constituir un vacío legal.

Como segunda gran reflexión, quisiera señalar a Sus Señorías que no se les debe ocultar que la justificación última de esta Ley tiene basamento en razones técnicas porque pretende conseguir una mejor y más eficaz administración de la Hacienda de la Comunidad; y en razones políticas porque pretende, en definitiva, beneficiar al ciudadano castellano-leonés, mejorando sus posibilidades en cuanto integrante de un cuerpo social, estableciendo, para su garantía y seguridad, explícitas técnicas de control.

Es y constituye, por lo tanto, en conclusión, esta Ley una consolidación... o pretende, mejor dicho, la consolidación de la autonomía financiera de Castilla y León.

Podría entrar en el contenido de la misma; no lo voy a hacer. Sus Señorías han tenido extenso tiempo para pag. 1719

analizar sus elementos centrales, y así lo han hecho. Solamente señalar que sería preciso aquí, si no entrar en su contenido, sí detectar las novedades y modificaciones que en relación a otras normas equivalentes se establecen en esta norma que hoy se presenta a su aprobación. Y destacar, fundamentalmente, que la misma en primer lugar, regula el régimen jurídico de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León; en segundo lugar, que regula el procedimiento para la revisión de la gestión, inspección y recaudación de los tributos de la Comunidad y de sus ingresos de derecho público no tributario; y en tercer lugar, como novedad destacable en relación, repito, con normas equivalentes, crea la Comisión de Reclamaciones Administrativas de ámbito regional.

Y para finalizar, Señorías, y pienso que ésta es la causa esencial que me ha motivado a subir a este estrado, quisiera agradecer a los diferentes Grupos Políticos de la Cámara, y en particular a los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio, el esfuerzo desarrollado en la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley. En primer lugar, por la aceptación común de que este Proyecto de Ley es un instrumento que beneficia claramente a la Comunidad y al ciudadano castellano-leonés, y así lo demuestra el espíritu de consenso emanado del trabajo de estas Cortes de Castilla y León. Y, en segundo lugar, por el conjunto de enmiendas parciales presentadas, que indudablemente -y cabe así señalarlo- han enriquecido la Ley, y que después de un amplio proceso de debate interno de estas Cortes, tanto en Ponencia como en Comisión, han traído como consecuencia que de las doscientas doce enmiendas iniciales, éstas hayan quedado reducidas a siete y a tres votos particulares, lo cual señala, Señorías, una vez más, el clima de entendimiento existente, que nos permite felicitarnos mutuamente por el trabajo de algo que, a mi juicio, puede ya denominarse una Ley de futuro. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias.

Pasamos al debate y votación ya del texto articulado de la Ley, y para ello vamos a proceder primero al debate de los artículos que están afectados de algún Voto Particular o alguna Enmienda, y dejamos para el final la votación conjunta de todos aquellos artículos, Disposiciones Adicionales, Transitorias, Finales, Exposición de Motivos, título de la Ley, que no están afectados de Votos Particulares ni de Enmiendas.

En relación con el artículo 6 subsiste una Enmienda, la Enmienda número 5 del Grupo Popular. Para su defensa, en turno a favor, tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Señor Presidente, Señorías. Voy a consumir este turno, efectivamente, para defender una Enmienda que no ha sido aceptada en la Comisión, la número 5 presentada por mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y que se refiere al párrafo segundo del artículo 6 del Proyecto de Ley de Hacienda de la Comunidad para Castilla y León.

Un Proyecto de Ley que, coincido con el señor Consejero, una vez aprobado por esta Cámara, pienso será una buena Ley y estoy seguro que perdurará, pues se trata de un Proyecto inminentemente técnico, sumamente ambicioso, que ha contado, en efecto, con la colaboración y con la mejor disposición para mejorarlo por parte de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión de Economía y Hacienda y hoy en esta Cámara. Buena prueba de ello es que, siendo uno de los más amplios, quizá el más amplio, pienso, y el más prolijo de cuantos se han aprobado por las distintas Comunidades Autónomas en esta materia, tan sólo llegaron a debatirse en Comisión, tras el Informe de la Ponencia, treinta y ocho Enmiendas de las doscientas doce en un principio presentadas, y son diez, creo, las que simplemente requerirán el respaldo de esta Cámara o de este Pleno.

Casi todas ellas, repito, de carácter eminentemente técnico y jurídico, pues no en vano estamos en presencia de un Proyecto de Ley que viene a ser la refundición o la recopilación de una serie de normas que se hallaban dispersas, eso sí, en múltiples disposiciones de la legislación estatal, algunas anteriores incluso a la Constitución, y que venían siendo de aplicación y rigiendo la actividad financiera de nuestra Comunidad. Tal es el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, de la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria, de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, etcétera, etcétera; todas ellas, pienso, en efecto, que necesitadas de adaptación y que deben estar presididas, como es lógico, por los criterios inspiradores de la Constitución Española, como Ley de Leyes, y por los principios fundamentales consagrados en nuestro Estatuto de Autonomía, que constituye, como es sabido, la norma institucional básica de la Comunidad Castellano-Leonesa y cuyo artículo 26.22 es el que precisamente viene a desarrollar el Proyecto de Ley que hoy debatimos, sobre ordenación de la Hacienda de nuestra Comunidad.

Hay, sin embargo, una excepción que confirma la regla, y es posiblemente esta Enmienda que yo defiendo hoy, la que pudiera tener, si se quiere, un cierto matiz político, pues en el artículo 6.2 del Proyecto de Ley se dice que "la administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma ejercerá las funciones relativas a la ordenación y control -subrayo lo de control- de las instituciones financieras y crediticias que operan en el territorio de Castilla y León". Pues bien, lo que nosotros pretendemos con esta Enmienda es, sencillamente, suprimir el término de "control".

Y no vamos a utilizar criterios políticos para su justificación y defensa; lo haremos, sencillamente, con argumentos jurídicos, legales y estatutarios. Y así, tenemos el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, que al referirse a las instituciones públicas de crédito y ahorro

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-permítanme, Señorías, que lo lea para ver que nada se dice respecto del control- dice textualmente:

"La Comunidad, en coordinación con la política crediticia del Estado, impulsará el establecimiento de las instituciones públicas de crédito y ahorro, adoptando las medidas que considere necesarias para garantizar su funcionalidad y posibilitar la captación de ahorro y su asignación a los fines regionales dentro de sus competencias".

"Asimismo -añade el párrafo segundo-, la Comunidad ejercerá las competencias que legalmente le correspondan en relación con las instituciones privadas de crédito y ahorro, especialmente con las Cajas de Ahorros de la Región, en orden a promover la progresiva regionalización de sus inversiones".

En este precepto no se habla para nada del control de estas instituciones públicas de crédito y ahorro.

Pero hay más: en el artículo 27 de nuestro propio Estatuto, al referirse a las competencias de desarrollo normativo, en el párrafo 4, habla, eso sí, de la organización, régimen y funcionamiento interno de las instituciones de crédito, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Tampoco se atribuyen en este artículo, en este precepto estatutario, facultades de control a la Comunidad de Castilla y León.

Y hay más. Si nos vamos al artículo 29, donde se habla de otras competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma, vemos que en el punto 5 se habla de "ordenación", simplemente, "ordenación del crédito, banca y seguros". Tampoco se dice nada del control. De tal suerte que, si queremos ser respetuosos, como debemos serlo, con nuestro Estatuto, no es lógico ni es posible mantener en este Proyecto de Ley que debatimos la palabra "control", porque podía resultar, como acabo de decir, antiestatutario.

Si se quieren otras justificaciones de tipo jurídico, podríamos acudir al artículo 17 de la Ley General Presupuestaria, que, al igual que los artículos 135 a 145 de este Proyecto de Ley que hoy debatimos, de la Hacienda de nuestra Comunidad, se refiere al control financiero. Pero se está refiriendo al control financiero que se ejercerá por la Intervención General del Estado... bueno, del Estado, en nuestro caso de la Comunidad Autónoma, para los servicios, organismos autónomos y sociedades estatales; por el contrario, cuando se trata de sociedades mercantiles, empresas, entidades o particulares, ese control, en principio y con carácter general, no se puede predicar ni tiene por qué existir, salvo, como dice el artículo 18 de la Ley General Presupuestaria, se trate de empresas o entidades que reciban subvenciones, ayudas o cualquier otra forma de financiación por parte de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso este control financiero -repite ese artículo- se ejercerá en la forma que se haya establecido o que se establezca en cada caso. Y así sucede, por ejemplo, en el supuesto de que aquí nuestra Comunidad Autónoma conceda avales u otras subvenciones a las empresas públicas. Ya en los artículos de la propia Ley donde se regulan los avales se determinan las formas de ese control y de esas garantías.

Pero con carácter general, y en el artículo que hoy comentamos, en el párrafo segundo del artículo 6, entiendo que de ningún modo puede atribuirse esa facultad de control, y con carácter general como se pretende en el artículo 6.2, a la Comunidad. Y es por ello, sencillamente, el por qué nosotros los enmendamos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En turno en contra, tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Señor Presidente, Señorías. Mi intervención para consumir el turno en contra, en representación del Grupo Socialista.

Justifican la Enmienda número 5, explicada ya por el señor Estella, señalando que el Estatuto de Autonomía no atribuye el control de las Entidades Financieras de la Comunidad. Si leemos detalladamente el Estatuto de Autonomía en su artículo 39, indica que la Comunidad ejercitará las competencias que legalmente le correspondan en relación con las instituciones privadas de crédito y ahorro, y especialmente con las Cajas de Ahorro.

Vemos, pues, que existen una serie de competencias, y éstas son las que legalmente correspondan, las competencias que legalmente correspondan. De esta forma se manifiesta el apartado anterior de este artículo 6, que hace limitar la ordenación y control de las instituciones financieras y crediticias al Estatuto de Autonomía y a las leyes que regulan estas materias; limitan, por lo tanto, al Estatuto de Autonomía y a las leyes que regulan estas materias.

Si analizamos a fondo la Enmienda del Grupo Popular, nos podemos encontrar con la sorpresa de que ese Grupo Político no quiere admitir, o desconoce... que no quiere admitir la Ley 31/85, de dos de Agosto, de regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro; no voy a entrar en este tema.

Esta Ley 31 atribuye funciones y da participación a las Comunidades Autónomas. El artículo 22 indica que un representante de la Comunidad Autónoma formará parte de la Comisión de Control. Pero, además, uno de los fines de esta Comisión de Control es el análisis y gestión económica y financiera de la entidad, en su artículo 24.1.1. Obligatoriamente, la Comisión de Control, semestralmente, elevará a la Comunidad Autónoma el análisis de la gestión, de la gestión económica y financiera, y la informará, al igual que al Ministerio de Economía y Hacienda, del nombramiento y cese del Director General. Pero hay más; la propia Comunidad Autónoma podrá instruir expediente disciplinario al Director General para ser removido de su cargo.

Haciendo el estudio detallado de la Ley 31/85, llegamos a las Disposiciones Adicionales, existiendo un

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imperativo legal que se ajusta claramente a la tesis que estamos defendiendo: "Las Comunidades Autónomas ejercerán -y hay que subrayar "ejercerán"- las funciones de disciplina, inspección y sanción de las Cajas de Ahorro". Efectivamente, el Estatuto, en su artículo 39, no incluye para nada la palabra "control", pero eso no quiere decir que no se atribuya, puesto que reconoce el ejercicio de una serie de competencias, y éstas son, como decía anteriormente, las que legalmente correspondan. En el marco de la Ley 31 se establecen competencias que corresponden legalmente a la Comunidad Autónoma, y que algunas de éstas tienen el carácter de control, tal y como hemos demostrado.

Por lo anteriormente dicho, por el propio espíritu de la Ley, porque desde mi punto de vista podríamos caer en ilegalidad e irresponsabilidad, por todo esto el Grupo Socialista votará en contra. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En turno de réplica, tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, señor Presidente. Dije en mi primera intervención que solamente iba a utilizar argumentos jurídicos en defensa de esta Enmienda que hoy planteamos ante el Pleno, y así lo hice, y creo que con la intervención del Portavoz Socialista dichos argumentos jurídicos no han sido desvirtuados. Yo no voy a insistir ni los voy a volver a repetir; simplemente recuerdo lo que dice el artículo 39 y los artículos 27 y 29 de nuestro Estatuto de Autonomía, norma institucional básica, de rango superior a la Ley 31/85 que regula las Cajas de Ahorros. Y no voy a entrar en el tema de Cajas de Ahorro, porque si se cita la Ley 31/85, de las Cajas de Ahorros, aplíquese a las Cajas de Ahorros, y no se desarrolle con un Decreto que, permítanme Sus Señorías, pero lo tengo que volver a decir, está impugnado, está suspendido también por la Audiencia Territorial de Valladolid.

Yo creo que las consideraciones que llevan al Partido Socialista...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Estella Hoyos...

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS: ..

..a querer mantener este tipo de control de...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Señor Estella Hoyos, ruego un momento, a ver si Sus Señorías tienen la amabilidad de dejar que todos le podamos escuchar.

Muchas gracias. Puede continuar.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente. Decía que no son razones jurídicas las que... O por lo menos no son convincentes, a mí no me han convencido, las que se han ofrecido por el Portavoz del Grupo Socialista. Yo veo en el trasfondo otro tema: es un carácter político -lo anuncié desde un principio- en esta palabra "control" de Instituciones Financieras, y creo que hay un claro interés político en mantener este control.

Es evidente que, a nivel general, la operación puesta en marcha por el Partido Socialista con el fin de controlar y dominar yo diría que incluso todos los estamentos en los que se apoya fundamentalmente buena parte del país, desde el Ejército, la Justicia, la Iglesia, etcétera, pues es una política habilidosa que se ha puesto en marcha, que continúa en proceso y que tiene su reflejo incluso en otras manifestaciones en principio reservadas para la iniciativa privada, que tiene su reflejo en la Administración, que tiene su reflejo en la cultura, en la enseñanza. En todas estas áreas el Partido Socialista viene tratando de penetrar de una forma intensa. ¿Cómo vamos entonces a sorprendernos de que pretenda también controlar las instituciones financieras y las Cajas de Ahorro? Lo que pretende el Partido Socialista es que todo esté bajo su control absoluto, y en determinados casos bajo su dominio.

Ya digo que hay manifestaciones liberales, a desarrollar por la empresa privada, que están prácticamente oficializadas y sometidas, en consecuencia, a las decisiones del Poder Ejecutivo y de los ejecutores nombrados por el poder, cual es el caso de estos representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la Comisión de Control de las Cajas de Ahorro.

Y no les canso más, ni voy a insistir más en ello. Ustedes sabrán lo que pretenden con el control de estas instituciones financieras; nosotros también lo sabemos, y es que, efectivamente, son dos modelos los que defendemos unos y otros. Frente al intervencionismo y control que siempre preconiza el Partido Socialista, está la libertad privada -ordenada, eso sí, como dice el Estatuto, pero no controlada- que nosotros defendemos.

Está claro, pues, el interés que les guía para mantener el control de estas instituciones financieras y Cajas de Ahorros. De manera que no engañen entonces a nadie con eso de que "Socialismo es libertad"; Socialismo es control.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Pues a lo mejor, señor Estella, puede se que Socialismo sea controlar los desmanes de la derecha; puede ser eso. Pero, bueno, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en eso.

Vamos a ver, yo creo que el señor Estella nos ha tratado de confundir en dos términos. Un término, lo que supone el control de una institución como si fuera una institución con Consejo de Administración, que se tiene el cincuenta y uno por ciento, etcétera, y otro tema es el control que tiene el apartado 6.2 que estamos debatiendo.

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Esta función de control significa lo que semánticamente es control, que es examinar, inspeccionar, regular, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es a donde queremos ir a parar. Todas esas materias que he enumerado anteriormente, y que no las pienso repetir, no pienso volver a repetirlas, ahí es adonde está la función de control. Es preciso que la Comunidad Autónoma, por las leyes y también por el Estatuto, y también el Estatuto (el Estatuto indica "las competencias que le atribuyen las leyes"), y ahí es donde el señor Estella, es decir, creo que no coincidimos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda debatida. Votos a favor de la Enmienda. Pueden bajar la mano, pueden bajarla, por favor. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor de la Enmienda: treinta y dos. Votos en contra: cuarenta y uno. Abstenciones: una. Queda, por tanto, rechazada la Enmienda.

Sometemos ahora a votación el texto del artículo 6. Votos a favor del artículo 6. En contra, votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. Votos a favor del artículo: cuarenta y uno. Votos en contra: treinta y tres. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 6 de la Ley.

En relación con el artículo 7 hay un Voto Particular del Grupo Socialista proponiendo la vuelta al texto del Informe de la Ponencia en lo referente a la Enmienda número 6 del Grupo Popular, que fue incorporada al Dictamen de la Comisión. En turno a favor, tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. No es para consumir el turno a favor, sino para anunciar que existe una Enmienda Transaccional, firmada por los tres Portavoces de los Grupos, a este Voto, que queda como sigue: "La Ley de Presupuestos no podrá crear tributos ni exacciones". Se la paso ahora a la Mesa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Sí, agradecería la pasara a la Mesa, sí.

Pasamos, entonces, directamente a someter a votación este nuevo texto del artículo, con la incorporación de la Enmienda Transaccional. Puesto que se trata de una Enmienda Transaccional, vamos a someterla a votación por asentimiento.

El número tercero, que era al que afectaba el Voto Particular, quedaría entonces redactado como sigue: "La Ley de Presupuestos no podrá crear tributos ni exacciones".

Se somete directamente, por lo tanto, a votación, por asentimiento, el artículo 7 con esta modificación. ¿Alguien desea manifestar su voto en contra? Queda aprobado el artículo 7, por asentimiento.

En relación con el artículo 58 subsiste una Enmienda del Grupo Popular, en concreto la Enmienda número 19. Para su defensa, tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Señor Presidente. Señorías. Efectivamente, defendemos ahora la Enmienda número 19 del Grupo Popular, rechazada en Comisión, en la que se pretendía una sencilla adición al artículo 61.1, que ahora en el Dictamen de la Comisión ha pasado a ser el artículo 59.

En este precepto se está diciendo que el Consejero de Economía y Hacienda, en cualquier momento y salvo lo que corresponda a otros Consejeros, y previo Dictamen del Consejo de Estado, podrá declarar la nulidad de pleno derecho de los actos siguientes, etcétera. Pues bien, nuestra Enmienda va encaminada, sencillamente, a que este previo Dictamen del Consejo de Estado sea de carácter favorable; es decir, que sirva para algo. De lo contrario, mejor sería obviar el trámite. Si hay que pedir un Dictamen al Consejo de Estado y después no se va a hacer caso, en caso de no ser favorable, acerca de la nulidad de pleno derecho de estos actos que en este precepto se enumeran, lo que digo: mejor sería no pedir el Dictamen al Consejo de Estado; pero, si se pide, habrá de ser vinculante y favorable.

Justificación de lo que decimos: el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo, literalmente copiado, es el reflejo de nuestra Enmienda. El artículo 109 dice que en estos casos "se exigirá el previo Dictamen favorable del Consejo de Estado, y en los demás casos -añade el artículo 110- se requerirá la declaración previa de lesividad". Y sin embargo añade: "Podrán anularse de oficio los actos que infrinjan manifiestamente la Ley y en tal sentido lo haya dictaminado el Consejo de Estado". ¿Qué se entiende por "en tal sentido lo haya dictaminado"? Que del Consejo de Estado el Informe tiene que ser favorable.

En términos parecidos se pronuncia el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, donde dice que, en efecto, se podrán anular estos actos que infringen manifiestamente la Ley según Dictamen del Consejo de Estado. Repito: ¿qué debe interpretarse por ello? Que el Dictamen ha de ser favorable. Si no lo entiende así el Dictamen del Consejo de Estado, no se puede evaluar.

Pero es más; expresamente y con la misma fórmula que nosotros proponemos, copiada, repito, de la Ley de Procedimiento Administrativo, viene en el artículo 42 del Reglamento de Contratos del Estado. Los contratos del Estado también puede acordarse la nulidad por el jefe del departamento, previo Dictamen favorable del Consejo de Estado.

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Sé, porque el tema se ha debatido en Potencia y en Comisión, lo que se me va a responder por el Portavoz del Grupo Socialista, y para abreviar el trámite y por economía procesal voy a hacer la réplica antes de que me contesten. Porque sé que me van a decir que la Ley Orgánica del Consejo de Estado no dice que los Dictámenes del Consejo de Estado hayan de ser vinculantes; y yo les digo: tampoco dice lo contrario. Lo único que dice el artículo 22.10 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado es que la Comisión Permanente, o en sus casos el Pleno, deberá consultarse. Es decir, preceptivo: "deberá consultarse -10, punto 10- en los casos de revisión de oficio de los actos administrativos y en los supuestos previstos por las leyes". Ya digo que no dice más. No dice ni que sean vinculantes ni que no lo sean, pero si se quiere que este Dictamen sirva para algo la consulta, lógicamente, aparte de preceptiva, debe de tener carácter vinculante y, por ende, la declaración de nulidad en los casos previstos en el artículo 61 tiene que hacerse siempre con el Dictamen, con el Informe favorable del Consejo de Estado.

Muchas gracias, y de antemano renuncio al turno de réplica. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En turno en contra, tiene la palabra el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente. Pues acaso tenga que retirar la renuncia porque no ha dicho todo lo que se podía decir de la cuestión. Con argumentos jurídicos, efectivamente, porque yo creo que éste sí que es un tema donde difícilmente va a caber la politización de antes. Politización, yo creo, relativa, salvo que, como me parece que le ocurrió, pues se confunda control con ocupación, que me parece que ése es el error de partida a efectos de la politización anterior.

Entonces, efectivamente, lo que la Enmienda pretende en este caso no es otra cosa que hacer favorable, como requisito necesario, el Dictamen del Consejo de Estado. Y, efectivamente, ha alegado al respecto una serie de precedentes, quizá excesivos; bastaba con decir que los casos que recoge el artículo 61 antiguo y 58 actual. Es exactamente, creo, la lista del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo en materia de actos nulos de pleno derecho por alguna de las causas que allí se establece. Y que, en efecto, el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en concreto, exigía, o sigue exigiendo en la medida en que esté vigente, sigue exigiendo Dictamen favorable del Consejo de Estado.

Y en algo se ha adelantado, efectivamente, a la contestación, porque ha habido una regulación más reciente de las funciones del Consejo de Estado, en términos generales, por Ley Orgánica en veintidós de Abril del ochenta, y efectivamente el artículo 22.10 se limita a indicar, bajo el rótulo general de que la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada, entre otros casos, la revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho. Hasta ahí, incluso de acuerdo. Lo que pasa es que la Ley Orgánica del Consejo de Estado tiene más artículos y yo llego a una conclusión ciertamente distinta de la suya.

¿Cuál es la cuestión? Pues que, a mi juicio, me parece que leyendo la propia Exposición de Motivos de la Ley y los artículos iniciales, que yo creo que es donde está la clave de la cuestión, probablemente la conclusión tiene que ser distinta.

Efectivamente, el artículo 2, en concreto, de la vigente Ley Orgánica del Consejo de Estado, a mi juicio al menos, establece un principio general de carácter no vinculante de los dictámenes del Consejo de Estado. Repito: a nivel de principio general, que no se ve contradicho, en concreto, en el artículo 22 cuando se enumeran los supuestos concretos. De ahí, pues, que a mi juicio el argumento deba de ser más contundente.

Yo creo que es lógico ese principio, por otro lado, porque en definitiva la vigente Ley del Consejo de Estado, de veintidós de Abril del ochenta, hecha bajo una óptica constitucional distinta al sentido que el Consejo de Estado tenía en la etapa anterior, evidentemente tenía que ser distinta. ¿Hacia dónde ha caminado esa Ley? Hacia reconocer que la Administración tiene un trato de autonomía, porque tiene un grado de responsabilidad jurídica y política, y que el Consejo de Estado debe de ser un órgano consultivo, como principio, que actúe -salvo que expresamente se disponga lo contrario- como órgano de autoridad, cuyos dictámenes no son inútiles por el hecho de que sean vinculantes, en el sentido favorable del término, sino que por la autoridad que el órgano consultivo de la Administración del Estado y también ahora de las Comunidades Autónomas, por esa autoridad sus dictámenes deben de producir efecto; no tanto porque expresamente se les atribuya el carácter de vinculante, en este caso, en el sentido favorable.

Pero hay más todavía. Del artículo 2 cabe deducir, incluso, que en ese camino se ha llegado hasta permitir el disentimiento cuando es preceptivo del Dictamen, de tal manera que, entonces, lo único que ocurre, creo recordar, es que en vez de adoptar la decisión, en el caso que prevé la Ley, el Ministro correspondiente, la debe de adoptar el Consejo de Ministros, a efectos de valorar más colegiadamente el disentimiento.

Si las cosas son así, yo creo que, entonces, del conjunto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado vigente la conclusión no puede ser otra que el principio general debe ser el carácter no vinculante. Y, en función de ello, nosotros, evidentemente, mantenemos el texto del Proyecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Vamos a someter a votación tanto la Enmienda como el texto del artículo, si no prosperara la Enmienda.

Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones. pag. 1724

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor de la Enmienda: treinta y tres. Votos en contra: cuarenta y uno. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda.

Se somete a votación el texto del artículo, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 58. En contra, votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. Votos a favor: cuarenta y uno. Votos en contra: treinta y tres. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobado el texto del artículo 58, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión.

En relación con el artículo 103 se mantiene la Enmienda número 28 del señor Montoya Ramos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El artículo 106 dice que el Proyecto de Ley de Presupuestos y la documentación aneja se presentará a las Cortes de Castilla y León antes del último trimestre de cada año para su tramitación. Este artículo es rotundo. Parece que obliga a un cumplimiento, a que ya obliga, por otra parte, el propio Estatuto. El propio Estatuto ya dice que los presupuestos tienen que presentarse antes de que finalice el tercer trimestre del año actual... del año anterior.

Yo me he preguntado: ¿y qué pasa si el Presupuesto no se presenta antes del último trimestre de cada año, que es lo que ha venido sucediendo prácticamente todos los años, y estamos en el quinto Presupuesto que discutimos en estas Cortes? Pues parece que no pasa nada; o sea, tendría que presentarse, pero si no se presenta, pues no pasa nada.

Entonces, yo creo que si no se presenta, si el Presupuesto no está aquí cuando debe estar, parece que por lo menos se requiere que esta Cámara, que estas Cortes tengan una explicación de por qué no está. Por eso, yo propongo añadir un segundo párrafo que diga: "En caso de incumplimiento del plazo citado, el Consejero de Economía y Hacienda deberá comparecer ante el Pleno de las Cortes para evitar... para explicar, perdón, las razones que han motivado la demora".

Pero esto parece que es mucho, porque se me dijo en Comisión que, como el Estatuto lo marca y ésta es una obligación estatutaria, no se puede dudar de su cumplimiento. Yo creo y a mí me parece que es mejor dudar de su cumplimiento y decir lo que hay que hacer en el caso de que no se cumpla, que no dudar de su cumplimiento y, sin embargo, no cumplirla.

Mi Enmienda, por tanto, es muy sencilla; mi Enmienda no requiere que yo gaste más tiempo, que yo consuma más tiempo en su explicación. Yo solamente quiero dejar una puerta abierta para decir: pero, cuando no se pueda cumplir, porque puede haber razones que eviten el cumplimiento tan taxativo como se pone en la Ley, que por lo menos estas Cortes sepan por qué no se ha cumplido el plazo y estas Cortes reciban de quién tiene que darlo, del Consejero de Economía y Hacienda, la explicación suficiente, las causas que han existido, que yo supongo que han existido o deberán existir siempre; que estas Cortes comprensivas, pues, comprenderán también esas razones y, por tanto, pues no pasará nada. El Presupuesto se presentará con retraso, como se ha presentado siempre; después se exigirá a los Procuradores rapidez en la aprobación, porque siempre tenemos que ser la primera Comunidad Autónoma que apruebe los Estatutos, pero no habrá pasado más.

Estas Cortes, repito, entenderán esas explicaciones del Consejero, pero me parece que no es mucho exigir que este Consejero tenga que venir a dar esta explicación ante las Cortes. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Quijano González.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Montoya, aquí la cuestión yo creo que no es ya ni siquiera jurídica, es de estética, me parece. yo creo que no es normal que una Ley, digamos, haga cuestión o regule el incumplimiento de otra, sobre todo cuando la otra es de rango superior, como ocurre en este caso con el Estatuto de Autonomía respecto de la Ley de Hacienda. Yo creo que no es normal, en ese sentido, el que una Ley regule las consecuencias del incumplimiento de un mandato que está específicamente dicho en otra, incluso aunque sepamos -y ya alguna experiencia hay- que el supuesto se puede producir.

Lo que ocurre aquí es que, tal y como está redactado de nuevo ese párrafo, lo que parece es que el incumplimiento se hace norma, de tal manera que, entonces, se prevén las consecuencias del incumplimiento en la propia Ley. Parece como que el incumplimiento queda legitimado diciendo... y toma carta de naturaleza legal casi diciendo... y toma carta de naturaleza legal casi, diciendo: bueno, pues que se incumpla, que bastará con que haya una comparecencia ante el Pleno y se explique, pero que se incumpla. Parece, pues, que ésa es la traducción, quizá un tanto ingenua, que el párrafo tendría.

Evidentemente, si el incumplimiento se produce, no deja de serlo por el hecho de que se ponga en marcha el mecanismo que aquí se prevé; el incumplimiento estará. Y como ocurre -y efectivamente así es- que hay otro tipo de mecanismos: la petición de comparecencia a través de la vía del Reglamento de las Cortes para que se explique esa cuestión, la propia comparecencia directamente y voluntariamente solicitada por el Consejero, en su caso, a mí me parece o me sigue pareciendo que es como de mal estilo (en lo estético, no hago otro tipo de valoración) el prever directamente en la Ley el incumplimiento para atribuir ya una consecuencia, cuando esa consecuencia, si se produce el hecho, se puede llegar por otra vía. Yo creo que ésa es la única razón en concreto que

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nos lleva en este caso a mantener el texto del Proyecto y no apoyar la Enmienda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Yo después de oír al señor Quijano he entendido que la Enmienda le ha parecido fea, una cuestión de estética. Yo creo que puede que hasta sea de ética, porque la ética está en el cumplimiento de las leyes. Y, verdaderamente, lo que estamos acostumbrados es a que las leyes no se cumplen. No se cumple el Estatuto; el Estatuto se ha cumplido nada más en sus dos primeros artículos, a partir del tercero ha dejado de cumplirse.

Esto es una cuestión ética, y eso ya no nos preocupa. La Ley de Presupuestos no se trae aquí a estas Cortes, no se trae a estas Cortes cuando tenía que traerse, pero ya no nos preocupa.

Yo he querido ser más tolerante. Yo he querido ser más tolerante y he querido admitir que la Ley puede no cumplirse, pero que, bueno, que puede haber causas mayores que impidan que la Ley de Presupuestos se traiga a las Cortes antes del último trimestre, por muchas razones, no solamente porque puede coincidir con períodos electorales; por lo que sea. Ahí puede haber razones fundamentales y graves, puede haberlas. Entonces, yo estoy admitiendo que la Ley, a lo mejor, no puede ser tan rotunda, no puede ser tan rotunda en su cumplimiento, pero que si hay esas causas de fuerza mayor, que no existen, pues... o que impiden ese cumplimiento, pues que por lo menos se prevea una información a esta Cámara.

Siento que esta estética a que me ha hecho referencia el señor Quijano, pues, exista en esta Enmienda. A mí me ha parecido, porque yo soy de los que piensan que las leyes a veces no se cumplen, y a veces no se cumplen porque hay cosas de imposible cumplimiento, y ésta puede ser una de ellas. Y yo he querido admitir, yo que probablemente soy el Procurador menos dogmático de esta Cámara, estoy admitiendo que hay cosas que no se pueden hacer y que es bueno prever que incluso cuando una cosa no se puede hacer rotundamente como marca la Ley, puede amortiguarse su cumplimiento y decir, si hay esas causas de fuerza mayor, que pueden existir, pues la única... el único pago, la única penalización es, por lo menos, explicar a esta Cámara por qué no se cumple. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ).

Muchas gracias.

Se somete a votación la Enmienda que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda...

Por favor, por favor, estamos realizando la votación ya.

Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y siete. Votos a favor: uno. Votos en contra: cuarenta y seis. Abstenciones: ninguna.

Pasamos a someter a votación... Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda.

Pasamos a someter a votación el texto del artículo 103, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 103. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos a favor: cuarenta y seis. Votos en contra: uno. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el texto del artículo 103 de acuerdo con el Dictamen de la Comisión.

Pasamos al artículo 108. En relación con él se mantiene la Enmienda número 31 del señor Montoya Ramos. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El artículo 8 permite hacer gastos con cargo a ejercicios posteriores, pero lo permite en una cantidad tal que podría gastarse hasta un 230% de lo de un ejercicio, porque se puede gastar en el ejercicio inmediato siguiente el 70%, en el segundo el 60 y en el tercero y cuarto el 50%. Es decir, que un Presupuesto mal ejecutado o una Junta o un Consejero irresponsable podría gastarse el 230% más de su Presupuesto, o sea, el 330%. Podría, en definitiva, gastarse el Presupuesto de la anualidad correspondiente y de dos anualidades y casi tres o cuatro meses de la siguiente.

Se me va a decir, ya se me dijo en Comisión, que esto es una posibilidad que no tiene por qué hacerse uso de la misma y que no tienen por qué agotarse estas cantidades. Y yo me lo creo, pero al mismo tiempo me pregunto: ¿y qué inconveniente habría en que estas cantidades se pudieran acotar en unas cifras inferiores? ¿No sería bastante que un Consejero o una Consejería determinada, o la Junta, se gastara ya en el 150% más de su Presupuesto? Y eso es lo que dice mi Enmienda, que en el ejercicio inmediato siguiente se pueda gastar el 60%, el 40 en el segundo y en el tercero y cuarto el 25%, es decir, el 150% del Presupuesto.

Es más amplio, evidentemente, lo que se dice en la Ley. Es más amplio lo que está permitido también en las leyes generales, pero a mí me parece que acotarlo es bueno. Esto no significa desconfiar de nadie, pero sí que significa ejercer un control prudente del Legislativo sobre el Ejecutivo, y me parece que en este caso estos porcentajes debían rebajarse a las cifras que yo he señalado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARS FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado Martínez.

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EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, señores Procuradores. Bueno, para empezar, la apelación al absurdo que nos hace el señor Montoya, de una Junta o un Consejero irresponsable que pudiera gastarse el dinero en esas cantidades hay que incluso hacerla más amplia, porque paradójicamente, el apartado cuarto del mismo artículo 108, al que él no ha presentado ninguna Enmienda, dice que la Junta, en consonancia con las facultades que le asisten al Gobierno de la Nación en la Ley General Presupuestaria, puede modificar estos porcentajes, incrementar el número de años y entonces, en teoría, nadie impediría que una Junta irresponsable, un Consejero irresponsable pues se gastara un año el 800.000% del Presupuesto del año correspondiente.

En realidad, yo creo que el señor Montoya y el Grupo Socialista tenemos una diferente filosofía de lo que son los Presupuestos, y los Presupuestos no indican que la acción de los diferentes Gobiernos, sean del signo que sean, tenga que estar contingentada por años. El Presupuesto es el sistema de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo de cómo desarrolla su acción de Gobierno, pero, evidentemente, el Gobierno tiene que actuar con planes a medio y a largo plazo. Si no lo hiciera así, sería un mal Gobierno. Y por eso todos los gobiernos de Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación, porque esto es copia literal de lo establecido en la Ley General Presupuestaria, permiten la posibilidad de conocer... de que el Gobierno comprometa cantidades de ejercicios posteriores, en unos límites razonables y exclusivamente en dos conceptos: inversiones y Transferencias de Capital y contratos de suministros de asistencia técnica y científica y de arrendamiento de bienes y servicios que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

De alguna manera, el Estatuto nos marca que la gestión de los Presupuestos de la Comunidad debe hacerse con criterios homogéneos a los del Estado, de forma que sea posible su consolidación. Parece razonable mantener los mismos porcentajes que figuran, por lo tanto, en la Ley General Presupuestaria para el Estado; son porcentajes razonables, se han usado por todos los Gobiernos y nunca ha sido motivo de preocupación para Gobiernos que les han sucedido el uso de estas facultades. Y el único resultado de aprobarse la Enmienda del señor Montoya, que tendría es el de que la Junta tendría que hacer un mayor uso de facultades colectivas que habrían quedado fuera de las potestades atribuidas a los Consejeros individualmente.

Es decir, la Enmienda del señor Montoya lo único que generaría sería más burocracia, el añadir un nuevo trámite a una facultad que tiene el Consejero hasta unos límites según el Proyecto de Ley según la Ley General Presupuestaria y que sería menor según su Enmienda y que, lógicamente, tendría que ir a aprobación de Junta para ejercerla en los límites actuales. Y yo, como sé del horror del señor Montoya hacia la burocracia, pues invoco su espíritu liberal para que nos permita aprobar el texto del Proyecto tal y como viene en los actuales términos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya, en turno de réplica.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El señor Granado se ha pasado un poco en este momento, se ha pasado un poco. Porque me acusa de que quiero incrementar la burocracia; fíjense Sus Señorías que yo quiero permitir que un Consejero pueda gastar el 250% de se Presupuesto y no el 330, y se me acusa de que, en ese caso, lo que voy a hacer, si hay un señor que quiere gastarse el 300% de su Presupuesto, por ejemplo, no lo va a poder hacer o va a tener que recurrir al punto cuatro, que sí que es más amplio -y ahora señalaré también otras circunstancias-, que sí que es más amplio, pero recurrir al punto cuarto es añadir burocracia. El señor Granado se ha pasado.

Y además esta vez el señor Granado me ha sorprendido, porque el señor Granado, que es muy inteligente, es un Procurador muy inteligente y yo lo tengo que reconocer y se lo reconozco en público y en privado, esta vez ha tenido un despiste, y me ha sorprendido. Porque el punto cuarto sí que es más amplio, y dice: "Así como ampliar el número de anualidades en los casos especialmente justificados". Pero ahí se le ha pasado una cosa, señor Granado, y yo comprendo que todas las inteligencias tienen un límite y en este caso ha llegado usted al límite de la suya. Porque es que en Comisión aprobamos una Enmienda presentada por mí con una coletilla muy pequeña pero muy significativa, que dice: "...presupuesto y patrimonio que se determinan, dando cuenta de ello a las Cortes". Me reconocerá el señor Granado que eso se le ha pasado.

Es decir, este cuarto punto, que es más amplio, sin embargo está controlado porque, en casos excepcionales, que me parece bien que pueda ser y que se pueda gastar más, pero lo puede gastar siempre dando cuenta a las Cortes.

Por tanto, esta última circunstancia, esta última razón no inhibe la que yo estoy esgrimiendo, de que sin dar cuenta a las Cortes se pueda llegar hasta estos límites que se marcan en la Ley, que yo pongo unos límites más precisos.

Se me podrá decir otra razón, se me podrán alegar otras causas, pero no justamente que lo que quiero es aumentar la burocracia. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado Martínez.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Bueno, le agradezco al señor Montoya las flores que me dedica; la verdad es que son siempre amables viniendo de un miembro

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de otro Grupo Parlamentario. Yo las doy por reproducidas hacia su persona.

La verdad es que yo creo que el señor Montoya también tiene un despiste, y es que el señor Montoya habla de los Presupuestos de un Consejero y entonces parece indicar que el Consejero de tal, que tiene un Presupuesto de dos mil millones, va un año y se gasta cien mil, o va un año y se gasta seis mil seiscientos. No es eso, señor Montoya. Esto se refiere únicamente a dos conceptos muy contingentados: inversiones y transferencias de capital y contrato de suministros de asistencia técnica y científica y de arrendamiento de bienes y servicios que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año. Y esto son, evidentemente, contingentaciones que le corresponden a la Intervención; es decir, que el Interventor solamente autorizaría los gastos si son inversiones o si se refieren a estos preceptos. Esto para comenzar.

En segundo lugar, dar cuenta a las Cortes de los gastos plurianuales, aunque se hace... es una cosa que ya se hace, porque en las Leyes de Presupuestos de cada año viene especificidad de los gastos plurianuales que se comprometen con cargo a ese ejercicio. Es decir, que también cuando el Consejero hace uso de sus facultades da cuenta de ello a las Cortes, porque, si se fija usted en su Enmienda, no incluimos plazos y bien pudiera ser que los plazos fueran al final del ejercicio y en la Ley de Presupuestos del año subsiguiente se diera cuenta de las actuaciones de la Junta en este sentido, y también se daría cuenta en la misma Ley de Presupuestos de las actuaciones de los Consejeros aunque no venga en la Ley, porque ya se está haciendo.

Es decir, yo creo que no tiene mucho sentido, señor Montoya, que le quitemos a la Junta de Castilla y León una facultad de la que goza el Gobierno de la Nación y de la que gozan todos los gobiernos autonómicos del Estado español, sobre todo cuando el propio Estatuto nos marca que la gestión de nuestros Presupuestos debe hacerse con criterios homogéneos a los del Estado. Entonces, si los criterios tienen que ser homogéneos a los del Estado, vamos a cumplir el mandato estatutario siguiendo también homogéneamente las facultades de cada Consejero y de la Junta de Gobierno en materia de créditos plurianuales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y cuatro. Votos a favor de la Enmienda: uno. Votos en contra: sesenta y tres. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda.

Se somete ahora a votación el artículo 108, de acuerdo con el texto de la Comisión, el Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 108. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y cuatro. Votos a favor: sesenta y tres. Votos en contra: uno. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 108.

En relación con el artículo 115 subsiste la Enmienda número 28 del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Granado Martínez.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, para pedirle permiso para defender acumuladamente las Enmiendas 28, 29 y 30, a los artículos 115, 116 y 117, y para anunciar la retirada de la Enmienda 53.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ).

Un momento, señor Granado. ¿Por parte del Grupo Popular se acepta esa acumulación? De acuerdo.

Puede continuar.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Muchas gracias a los Grupos Parlamentarios.

Bueno, las tres Enmiendas son congruentes con una filosofía, que es la que tiene el Grupo Socialista, de cuál es la tramitación de los créditos presupuestarios. La Ley de Hacienda de la Comunidad, que en este sentido es respetuosa con el mandato del Estatuto de que la gestión de los créditos presupuestarios se hace con criterios homogéneos a los del Estado, es prácticamente la repercusión en la Comunidad de la Ley General Presupuestaria. Estos artículos son los que regulan las competencias del Consejero de Economía y Hacienda y del resto de los Consejeros en materia de tramitación de transferencias de créditos.

¿Cuáles son los problemas que en materia de transferencias de créditos se nos antoja que existen en el texto de la Ley, tal y como ha sido aprobada por Comisión, y que nos han hecho mantener nuestra Enmienda? Problemas de dos tipos. En primer lugar, las transferencias de créditos siempre ha de entenderse que no tienen que estar mediatizadas por aquellas limitaciones que las leyes presupuestarias les imponen cuando se producen en función de transferencias de una Administración a otra. Por eso, el Estado, cuando ha tenido que aplicar la Ley General Presupuestaria en ejercicios en donde se producían transferencias de funciones, y lógicamente de medios y servicios, a las Comunidades Autónomas, siempre en sus Leyes de Presupuestos ha ido modificando la Ley General Presupuestaria para hacer que las limitaciones que la Ley de Presupuestos establece a las transferencias de créditos no afecten a aquellos créditos que sean transferidos en función de transferencia a las Comunidades Autónomas.

Parecería, por lo tanto, razonable que la Junta de Castilla y León, que a partir de la aprobación de la Ley coordinadora de relaciones con las Corporaciones Locales pag. 1728

está avocada a la realización de transferencias de funciones, medios y servicios a las Corporaciones Locales, excluyera de las limitaciones que en materia de transferencia de créditos existen en las leyes presupuestarias cuando éstas se produjeran por motivo de transferencias a las Corporaciones Locales, porque de lo contrario se plantearían graves problemas. Hasta el punto de que, por ejemplo, no cabrían transferencias en materia de personal, y a ello me referiré luego con posterioridad. O sería difícil que se realizara una transferencia y se mantuviera lo que la propia Ley coordinadora de Relaciones con las Corporaciones Locales prevé, y es la posibilidad de que la Junta, en el caso de que la Corporación Local beneficiaria no esté gestionando su transferencia con servicio a los ciudadanos, pudiera avocar la transferencia, porque se habría minorado un crédito que luego no se podría suplementar para recibirla de nuevo.

El primer sentido, pues, de las Enmiendas del Grupo Socialista es excluir de las limitaciones en materia de transferencias de créditos a aquellas transferencias que tengan por objeto la realización de transferencias de funciones, medios y servicios de la Comunidad Autónoma a las Corporaciones Locales.

¿Cuál es el segundo sentido de las Enmiendas del Grupo Socialista? El segundo sentido es más complejo, y afecta tanto a los créditos de personal, cuya prohibición de transferencia ha sido incorporada en la Comisión precisamente a Enmiendas de los Grupos Popular y Mixto, como a las funciones que en el Proyecto se determina que corresponden al Consejero de Economía y Hacienda y al resto de los Consejeros. Y va en el siguiente sentido: el precepto de prohibir transferencias de créditos en materia de personal fue introducido en la Ley General Presupuestaria con el objeto clarísimo de evitar que por parte de una mala gestión de fondos públicos pudieran realizarse transferencias que fueran en detrimento de los derechos personales de los funcionarios; es decir, que se minorara un crédito presupuestario de Capítulo I, de Personal, hasta el punto de que los funcionarios no pudieran cobrar sus haberes.

Este precepto es inaplicable en una Administración sometida a un proceso de transferencias; inaplicable también, en menor medida pero también cierta, a una Administración que se reorganiza administrativamente. Imaginemos que en el año ochenta y siete hay elecciones, surge una nueva Junta de Consejeros y una reorganización administrativa. Eso también implica transferencia de créditos en materia de personal. Inaplicable cuando el personal al servicio de las Administraciones Públicas tiene diferentes categorías, y la única manera de prever en el Presupuesto la conversión de contratados en funcionarios es, entonces, prever la dotación entera de la plaza de contratado y de la plaza de funcionario, lo que lleva a una macro... a un gigantismo en el Capítulo I de Personal, que luego es imposible de ejecutar porque en la realidad es ficticio.

Parece, pues, razonable que las transferencias de créditos también abarquen al Capítulo de Personal. Y así lo ha entendido el Estado, porque desde la aprobación de la Ley General Presupuestaria, año tras año, en las Leyes de Presupuestos se ha ido excluyendo esa limitación de que las transferencias de créditos afectaran a los créditos de personal. Hoy por hoy, el impedir hacer transferencias de personal a la Junta impediría a la Junta hacer una sola transferencia a las Corporaciones Locales, porque lógicamente es una transferencia también de personal y también afecta a créditos del Capítulo I. Hoy por hoy, le impide a la Junta el consolidar las posiciones del personal a su servicio, porque impediría a los contratados llegar a la categoría de funcionarios al no existir créditos suficientes o al dejar unos créditos remanentes en un ejercicio presupuestario sin posible ejecución cuando el contratado se convierte en funcionario. Hoy por hoy, es una exigencia incumplible, y el Estado es consciente de esto y por esto todos los años las Leyes de Presupuestos modifican este precepto de la Ley General Presupuestaria.

Y hasta tal punto estoy convencido de que todas Sus Señorías están de acuerdo conmigo en esta materia que cuando discutíamos esta cuestión, en ánimo de llegar a las transacciones que han presidido la tramitación en Comisión y en Ponencia, de la Ley de Hacienda, pues se nos propuso incluso una transaccional que era mucho más flexible que la Enmienda que nosotros proponemos, y era que dejáramos limitado la regulación de esta materia a lo que estableciera la Ley General Presupuestaria, que en estos momentos, de acuerdo con el texto de los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y seis vigentes, no contempla la prohibición de hacer transferencias de créditos en materia de personal. Pero es que para el año ochenta y siete, de aprobarse el texto que ha salido del Congreso sin modificaciones en el Senado, prevé que incluso los créditos en materia de personal pueden ser transferidos a cualesquiera otros créditos en el mismo programa, sin ningún tipo de limitaciones.

Parece, pues, razonable volver atrás la modificación operada en Comisión y permitir a la Junta hacer transferencias de créditos en materia de personal. Pero es que al tiempo, la Ley de Presupuestos de mil novecientos ochenta y siete mandata al Gobierno para que refunda en un texto articulado todas las modificaciones que en los sucesivos ejercicios presupuestarios se han ido incorporando a la Ley General Presupuestaria.

Si nosotros, al hacer nuestra Ley de Hacienda, hemos querido actuar en consonancia con la gestión de los Presupuestos en el Estado y hemos prácticamente reproducido casi literalmente, casi con literalidad, todos los preceptos de la Ley General Presupuestaria en nuestra Ley de Hacienda, parecería un contrasentido que en el ejercicio del año ochenta y siete se aprobara un nuevo texto refundido de la Ley General Presupuestaria que dejara absolutamente fuera de concordancia a la legislación presupuestaria en Castilla y León. Y por esto es por lo que nosotros proponemos, y también para solucionar

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problemas coyunturales derivados de una Administración que se está haciendo día a día y que va a tener que hacerse a lo largo de muchos años, con transferencias internas de unas administraciones a otras y probablemente con redistribuciones internas de competencias durante mucho tiempo, por esto es por lo que nosotros somos prudentes y proponemos una regulación de las transferencias de créditos bastante más flexible en este sentido; pero no flexible en cuanto a las transferencias en sí, sino flexible en cuanto a qué tipo de norma tiene que aprobarlas, y por eso marcamos un artículo norma en el que se limite cuáles son las grandes contingencias o limitaciones de las transferencias de crédito, que en esto coincidimos todos, con la salvedad de que tampoco puedan afectar a las transferencias de créditos que se operen en función de reorganizaciones administrativas o de transferencias a Corporaciones Locales, y luego decimos que las leyes de Presupuestos de cada año sean las que fijen, año por año, qué competencias corresponderán al Consejero de Economía y Hacienda y a los otros Consejeros de la Junta en materia de transferencias de créditos teniendo por sentado que estas competencias nunca podrán exceder las limitaciones que mantenemos en la Ley General.

Con este sistema, desde luego, vamos a permitir que la Junta de Castilla y León pueda cumplir mejor el mandato estatutario de gestionar nuestros Presupuestos con criterios homologables a los de la Administración Central del Estado; vamos a permitir que la coyuntura de cada año no nos determine la mala técnica legislativa que hasta ahora ha utilizado el Estado, y es la de ir modificando año tras año la Ley General Presupuestaria en las sucesivas leyes de Presupuestos, y vamos a permitir también que, año tras año, en función de una coyuntura, las Cortes de Castilla y León puedan establecer qué facultades van a conceder o no a los Consejeros de la Junta. Porque habrá años en los que los señores Procuradores, en el ejercicio de sus potestades, piensen que son más razonables facultades amplias en materia de transferencias de créditos, pero puede haber otros en los que piensen que no tiene que existir ninguna, y, evidentemente, ante una coyuntura cambiante también es bueno que cambie la norma, sin por eso entrar en vicios de hecho, como sería el modificar las normas año tras año con técnicas que pueden ser inapropiadas.

Por eso nosotros proponemos que haya un único artículo que fije limitaciones a las transferencias de créditos, que estas limitaciones no afecten a las transferencias que hayan de realizarse en función de transferencias a Corporaciones Locales y que año tras año sean las leyes de Presupuestos de la Comunidad, que tienen que ser aprobadas, como ésta, por los señores... por Sus Señorías en Pleno, las que fijen qué competencias tendrá el Consejero de Economía y Hacienda y qué competencias tendrán los otros Consejeros en materia de transferencias de crédito. Pensamos que con esto no estamos más que convirtiendo, en la Ley de Hacienda de nuestra Comunidad, en norma lo que de hecho es la realidad del ordenamiento jurídico español en los últimos años. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente. Sus Señorías se habrán dado cuenta y se habrán percatado, cuando hemos debatido antes la Moción en materia de personal, de la sensibilidad y de la problemática que plantea este tema de gastos de personal. Yo no voy a juzgar: desde luego, estoy de acuerdo con lo que manifestó el compañero de mi Grupo que defendió esa Moción de personal, pero, ya digo, no voy a juzgar el tema de si se hace bien o si se hace mal la política de personal.

Yo tengo que mantener ahora aquí el texto propuesto por la Comisión como consecuencia de tres Enmiendas que presentó mi Grupo a los Artículos 118, 119 y 120, que ahora en el Dictamen de la Comisión son el 115, 116, 117, y que se refieren las tres a este tema de gastos o de créditos referentes al Capítulo I, Gastos de Personal.

Voy a explicar primeramente cuál es el sentido de nuestras Enmiendas y luego haré la justificación de las mismas. En el primero de estos artículos, el 115, se está diciendo o se están estableciendo las limitaciones que el Consejero de Economía y Hacienda tiene para acordar transferencias de crédito a propuesta de otras Consejerías, y después se trasladan o se transcriben literalmente, entre estas limitaciones, las que están reflejadas en el artículo 70 de la Ley General Presupuestaria, con una salvedad. La primera limitación es que no afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio; pues bien, la Ley General Presupuestaria incluye aquí también los gastos para personal, los créditos para gastos de personal. Nuestra Enmienda va en ese sentido: que se mantenga la literalidad del artículo 70 de la Ley General Presupuestaria, que no afecte tampoco a los créditos para gastos de personal.

Y, para ser congruentes con esta Enmienda modificamos también los artículos siguientes.

El artículo 116, cuando habla de que se podrán acordar transferencias de crédito dentro de cada Sección entre créditos para operaciones corrientes, nosotros añadimos: "excepto los de personal", en cumplimiento de lo que establece el artículo 68 de la Ley General Presupuestaria y que también es copia literal, salvo esta omisión.

Y, por último, en el artículo 117, cuando se refiere a las modificaciones que se pondrán en conocimiento de la Consejería de Economía y Hacienda, dice: "Cuando se trate de gastos de personal o de conceptos de personal, se necesitará el acuerdo favorable de dicha Consejería", copia literal también del artículo 69 de la Ley General Presupuestaria.

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En Ponencia y en Comisión hemos abundado en la justificación de estas Enmiendas. Creo que es la tercera o la cuarta vez que salgo a esta Tribuna para defenderlas, porque periódicamente, anualmente, cuando se plantea o cuando se debate el Proyecto de Ley de Presupuestos para la Comunidad de Castilla y León, siempre tenemos que enmendar este precepto correspondiente a las transferencias de crédito. Y la justificación, repito, no es otra, es la Ley General Presupuestaria; que se cumpla, que se cumpla tal como está establecida. Porque una cosa es que en la Ley General Presupuestaria, o en nuestra Ley de Hacienda en este caso, se establezcan estas limitaciones, y otra, como acaba de decir el señor Granado, que anualmente, en algún año, en la propia Ley de Presupuestos de nuestra Comunidad pueda modificarse el régimen general de limitaciones a las transferencias de créditos. Creo que en la Ley de Hacienda debe quedar claro las limitaciones establecidas con carácter general. Otra cosa es que en las Leyes de Presupuestos de cada año se puedan modificar.

La Ley General Presupuestaria lleva con estas limitaciones ya diez años de vigencia, y no creo yo que el Estado, por estas limitaciones, haya tenido dificultad o problema alguno para realizar transferencias de créditos. Lo mismo puede ocurrir, por lo tanto, en nuestra Comunidad.

Seamos prudentes y escrupulosos, al mismo tiempo que rigurosos, con la Ley en un tema tan escabroso, repito, como es el tema de personal y dejemos el texto tal como ha propuesto la Comisión, porque creo que con ello se beneficia y se está garantizando la estabilidad y la seguridad en el percibo de sus retribuciones de todo el personal que preste sus servicios en la Junta de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado Martínez.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, Señorías. El señor Estella no ha mencionado, y le doy pie para que lo haga en una segunda intervención, qué pasa entonces cuando la Junta tiene que transferir funcionarios a Corporaciones Locales, porque eso es una transferencia de créditos en materia de personal y esto está impedido por esta Ley, y con el texto que propone la Comisión impedimos que se cumpla la Ley coordinadora de Relaciones de la Junta con las Corporaciones Locales. Y lo impedimos y tenemos que decirlo. No va a haber ni una sola persona al servicio de la Comunidad Autónoma que pueda ser transferida a Corporaciones Locales; luego no podemos cumplir la Ley de Relaciones de la Comunidad con las Corporaciones Locales.

Pero es que, al margen de esta cuestión, que ya de por sí es grave y que nosotros señalamos oportunamente en el debate en Comisión, es que yo creo que ahí el señor Estella me da la impresión de que en el fondo está de acuerdo conmigo y no se atreve a manifestarlo, y me va a perdonar el exceso de mi apreciación. Porque, claro, él me dice: el Estado lleva diez años con la Ley General Presupuestaria y nunca ha tenido problemas; claro, porque el Estado ha cogido todos los años y ha modificado la Ley General Presupuestaria en la Ley de Presupuestos. ¿Esto es lo que se pide que hagamos aquí? Es decir, ¿que aprobemos una Ley de Presupuestos que modifique a la Ley de Hacienda? Hombre, yo creo que lo más razonable sería: vamos a fijar unas limitaciones con carácter general menos imposibles de cumplir y año tras año en la Ley de Presupuestos fijamos las limitaciones que seamos capaces de cumplir, en el supuesto de que alguna vez pase, la posibilidad de impedir transferencias de créditos en materia de personal, lo meteremos en la Ley de Presupuestos. Será siempre mejor técnica legislativa el irlo incluyendo, año tras año, en las leyes de Presupuestos, que ir modificando -y en esto el señor Estella está de acuerdo conmigo- la Ley General de Hacienda de la Comunidad con leyes coyunturales año tras año. Porque es que incluso es dudoso que se pueda modificar. Es dudoso que esa técnica legislativa se corresponda con la virtualidad legal.

A mí me interesa señalar el que yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una es el fuero y otra es el huevo. El huevo es que las retribuciones de los funcionarios y del personal al servicio de la Comunidad es sagrado; muy bien, pero es que está abundantemente garantizado, no solamente por Ley de Hacienda o por la Ley General Presupuestaria, nadie puede ir en contra de eso. Es decir, está la Intervención de la Comunidad, están todos los mecanismos administrativos de defensa de los intereses de los administrados. Y nunca he conocido yo una administración que llegara al punto de hacer una transferencia de créditos que afectara a los derechos de los funcionarios. Y esto yo creo que está suficientemente garantizado en el ordenamiento jurídico español. Y otra es el fuero, y el fuero es que si yo tengo un contratado y le reordeno los niveles en función de lo que tantos años se ha pedido diciendo que en vez de tener nivel 20 tengo nivel 22 porque hay otro al lado que cobra... que tiene el mismo trabajo y tiene nivel 22, si yo tengo créditos en materia de personal tengo que hacer una ampliación de crédito, cosa que sería dudoso también con este texto que nos propone la Comisión, y por otro lado a lo mejor dejar congelados créditos que me sobren de otro lado, en el mismo Capítulo I de Personal.

Es decir, no se está añadiendo seguridad al funcionamiento de las administraciones públicas; se le están añadiendo trabas, se está permitiendo que las administraciones públicas apelen al déficit, a créditos o a otro tipo de mecanismos teniendo remanentes en otros capítulos del mismo artículo presupuestario, o incluso del mismo capítulo presupuestario, que no puedan ser tocados porque no se puedan hacer transferencias.

Y esto no añade nada, señor Estella. Yo estoy convencido de que si hubiéramos tenido, a lo mejor, una semana más de trabajo en la Comisión hubiéramos conseguido llegar a un acuerdo en el texto también de estos

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artículos, porque en el fondo yo creo que usted y yo compartimos criterios bastante similares de gestión de fondos públicos en materia de créditos presupuestarios.

De verdad, no se interprete mal, nosotros cuando hemos llegado a la conclusión de que es imposible humanamente cumplir este precepto de la Ley General Presupuestaria lo hemos hecho con la base que da la experiencia de saber que el Estado año tras año la ha incumplido. Y no nos parece serio el meter esto en la Ley de Hacienda de la Comunidad. No nos parece serio cuando además tenemos que hacer frente a transferencias a Corporaciones Locales, a reorganizaciones administrativas, a incorporaciones de créditos, etcétera, que hacen necesarias transferencias en materia de personal, y no nos parece que esto pueda ser cumplido por un Gobierno de otro signo ideológico. Aquí, gobierne quien gobierne la Comunidad, va a tener que hacer en los próximos años transferencias de créditos en materia de personal, y no seremos los socialistas, estemos donde estemos, los que le digamos al Gobierno que no las puede hacer; otra cosa es el control.

Yo creo que, realmente, si damos una posibilidad de funcionamiento a la Administración de la Comunidad, si le permitimos a la Administración de la Comunidad ir cumpliendo paulatinamente la exigencia estatutaria de ir unificando la gestión de los servicios periféricos con la de las Corporaciones Locales, si queremos tener una Administración fluida, que funciona bien y que hace las cosas puntualmente y queremos unos Presupuestos que sirvan para manejar fondos de la Comunidad y no para tener enormes bolsones que luego sean imposibles de ejecutar, acabaremos concluyendo con que la redacción del Proyecto de Ley que propone el Grupo Socialista abunda más en eso y permite mucho mejor eso que la redacción que ha salido de la Comisión. Desde luego, es extraordinariamente difícil la gestión de los fondos públicos de la Comunidad con este artículo tal como está redactado y sería un hecho muy grave para la Comunidad el que el equipo de Gobierno tuviera que enfrentarse a esos problemas, porque realmente esto haría incumplir las exigencias del Estatuto y las exigencias de la Ley de Coordinación con las Corporaciones Locales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Muy brevemente, señor Presidente, Señorías. Simplemente para decir que, efectivamente, el señor Granado y yo coincidimos en muchas cosas (me refiero a las cuestiones técnicas de la Comisión de Economía y Hacienda), y que esté tranquilo, que si hubiese habido más tiempo a lo mejor, efectivamente hubiésemos llegado a un mayor acuerdo en Comisión. Pero que esté tranquilo, ya sabemos que la votación la vamos a perder y que, por lo tanto, la votación de ustedes la van a ganar. De manera que se va a salir con la suya.

Pero que quede claro que con nuestras Enmiendas nosotros no obstaculizamos el normal funcionamiento de la Comunidad de Castilla y León y de la Junta. Porque nosotros no estamos diciendo que no se puedan hacer transferencias en materia de personal. Nosotros lo que decimos es que el señor Consejero de Economía y Hacienda no puede hacer transferencias que afecten a créditos para gastos de personal; lo que decimos es -en el artículo siguiente- que el Consejero de Economía y Hacienda no puede, a propuesta de otras Consejerías, realizar transferencias de crédito para operaciones corrientes cuando se refieran a gastos de personal. Pero, en cambio, el artículo siguiente dice que los titulares de las Consejerías, no ya el Consejero de Economía y Hacienda, y los presidentes o directores de organismos autónomos pueden... realizar estas transferencias de crédito en materia de personal, y se dice que, cuando se trate de conceptos de personal (se está admitiendo, por lo tanto), será necesario el acuerdo favorable de dicha Consejería: la de Hacienda. No obstaculizamos con nuestras Enmiendas la posibilidad de transferencia de personal.

Y del mismo modo que en la Ley de Presupuestos de cada año se prevé que si hay transferencias del Estado a favor de nuestra Comunidad se incorporarán a las respectivas secciones y a los respectivos créditos, también en esa Ley de Presupuestos que anualmente aprobamos para nuestra Comunidad se podrá prever si ha de haber transferencias en favor de las Diputaciones y Entidades Locales.

Y nada más, señor Granado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Vamos a someter a votación las Enmiendas debatidas y los artículos a los que afectan esas Enmiendas.

En relación con el artículo 115, se somete a votación la Enmienda número 28 del Grupo Socialista. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor: cuarenta. Votos en contra: veintisiete. Abstenciones: una. Queda, por tanto, aprobada la Enmienda que acaba de ser sometida a votación.

Sometemos ahora a votación el texto del artículo ya con la incorporación de la Enmienda o con las modificaciones que esa incorporación implica. Votos a favor del artículo 115. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor: cuarenta. Votos en contra: veintisiete. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 115.

Artículo 116. Enmienda número 29 del Grupo Socialista. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor de la Enmienda: cuarenta. Votos en pag. 1732

contra: veintisiete. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobada la Enmienda.

Se somete a votación ahora el artículo 116 con la incorporación de la Enmienda y con las modificaciones que esa incorporación implica. Votos a favor del artículo 116. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor: cuarenta. Votos en contra: veintisiete. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 116.

Votación ahora de la Enmienda número 30 del Grupo Socialista, que afecta al artículo 117. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor: cuarenta. Votos en contra: veintisiete. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobada la Enmienda número 30 del Grupo Socialista. Como la Enmienda implica la supresión del artículo 117, no es necesario, naturalmente, someter a votación el artículo, de un lado, y de otro lado hay que decir que por los servicios de la Cámara deberá procederse a ajustar técnicamente la nueva numeración del articulado.

Pasamos así al artículo 171, en relación con el cual se mantiene por el señor Montoya Ramos su Enmienda número 94. Tiene la palabra para su defensa el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Un momento, por favor. Agradecería a Sus Señorías que quienes quieran salir lo hagan sosegadamente y sin demasiado ruido.

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Hace un momento el representante del Grupo Popular decía que ya sabía quiénes le iban a votar en contra. Yo también me lo sé, y sé que me van a votar todos en contra, porque así fue en Comisión y supongo que por coherencia también me tienen que votar todos en contra.

Puede parecer, al mismo tiempo, que yo he traído tres Enmiendas a este Pleno a sabiendas de que me iban a votar todos en contra, y así es. Pero yo quiero advertir a Su Señoría que yo presenté ciento y pico Enmiendas a este Presupuesto y entre Comisión y Ponencia me han sido aceptadas más de la mitad, dentro de ese buen espíritu que yo debería haber señalado al principio, como lo han hecho otros Grupos, y no lo hice, que existió tanto en la Ponencia como en la Comisión. Pero, sin embargo, y a sabiendas de que estas tres Enmiendas iban a contar con el voto contrario de todos los Procuradores, quise traerlas a este Pleno.

Y esta Enmienda, que todos ustedes me van a votar en contra también, dice lo siguiente, el texto dice: "Las empresas privadas beneficiarias de los avales de la Comunidad deberán tener su domicilio social en Castilla y León, o la mayoría de sus activos o la mayor parte de sus operaciones deberán encontrarse o realizarse en su territorio". Y yo quiero y he propuesto que se terminara en que las empresas privadas beneficiarias de los avales de la Comunidad deben tener su domicilio social en Castilla y León, y punto. ¿Y por qué? Yo se lo voy a tratar de explicar a Sus Señorías. Yo creo que hay tres tipos de empresas: aquéllas que tienen su domicilio social en Castilla y León; éstas ya están incluidas y ya las dejo aparte. Pero luego quedan otros dos grupos de empresas: aquéllas que tiene la mayor parte de sus activos o de sus operaciones las realizan en Castilla y León, y aquellas empresas que, por el contrario, tienen su domicilio social fuera pero no tiene la mayoría de sus activos ni la mayor parte de sus operaciones en nuestra Comunidad. Y la pregunta es: ¿Por qué hay empresas que tienen el domicilio fuera de Castilla y León teniendo aquí la mayoría de sus activos o realizan la mayor parte de sus operaciones? ¿Es que no debieran tener también su domicilio social estas empresas en Castilla y León?

Porque imagínense ustedes el caso que puede producirse, y no son casos hipotéticos: el otro día se me decía "es que puede venir una multinacional, puede venir la General Motors, IBM, y viene aquí a Castilla y León a montar una fábrica y a crear puestos de trabajo". Pues mire, de acuerdo con la Ley y de acuerdo con mi Enmienda, a esa empresa que la mayor parte de sus activos los tiene en otro sitio sí que se le pueden dar los avales de la Comunidad. Pero, en cambio, imagínense ustedes que viene una empresa... que se crea una empresa hoy en Santander para montar una nuclear en Valladolid, una central... No se rían ustedes porque el caso existe: Santa María de Garoña, con domicilio social en Valladolid, o perdón, en Santander. Eso existe y la mayor parte de sus activos están en nuestra Comunidad. Pues esa empresa sí puede disfrutar de los avales de nuestra Comunidad ¿Por qué? ¿Por qué una empresa que tiene aquí la mayor parte de sus activos o la mayor parte de sus operaciones no debe tener aquí, incluso moralmente, su domicilio social en la Comunidad? ¿Por qué? Pues por muchas razones. En unos casos porque se trata de empresas peligrosas que quieren tener su domicilio social lejos, con una cordillera por medio; segundo, porque se evaden mejor los impuestos domiciliando las empresas en nuestra Comunidad, y hay muchas empresas que tienen aquí no la mayor parte, todos sus activos en nuestra Comunidad y tienen su domicilio social fuera, y lo tienen en Madrid, o lo tienen en Barcelona, o lo tienen en otra ciudad donde la evasión fiscal sea más fácil que en cualquiera de nuestras pequeñas provincias.

Entonces, mi Enmienda, que no me la van a votar ustedes y que todos ustedes tienen la obligación de votármela en contra, es que hay que permitir que las empresas

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puedan tener aquí todas sus operaciones, todos sus activos, pero que pueden tener el domicilio social fuera. Yo quería evitar esto. Es decir, yo no voy ni siquiera a evitar esto, y no voy a obligar a ninguna empresa a que tenga su domicilio en Castilla y León, pero sí que sea... si está en alguna de esas circunstancias, por lo menos no disfrute encima de los avales de la Comunidad Autónona, que esa empresa sea excluida, con mucha más razón, que aquellas otras empresas, probablemente grandes, que tienen aquí unos pocos activos o hacen unas pocas operaciones pero que pueden ser interesantes, que a lo mejor pueden crear puestos de trabajo y que, sin embargo, ésas, por el texto de la Ley, ya están excluidas.

Y ésta es la Enmienda que yo he presentado y ésta es la Enmienda que supongo que a algunos aquí les habrá parecido que a lo mejor pues es dogmática también, porque puede ser que hasta esto me digan ustedes, que es dogmática, que yo quiero que todas las empresas se domicilien en Castilla y León, y no hay tal. Pero sí me parece que las empresas que tengan el nombre de castellanas o castellano-leonesas, porque tienen ésas sus activos o tienen sus operaciones fundamentalmente en Castilla y León, tengan también su domicilio social en Castilla y León, porque otra cosa me parece que es una discriminación hacia los castellano-leoneses, es ocultar algunas razones, que no sé cuáles pueden ser pero que, evidentemente, deben existir, por el cual su domicilio social no lo quieren tener aquí. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Gracias, señor Presidente. Señor Montoya, no estamos de acuerdo con usted. Yo creo que, además, hay en sus argumentos, comete... hay algo que va en contra del principio de domicilio, que es un derecho que tienen las personas. Yo comprendo la preocupación del señor Montoya, pero creo que la Enmienda que presenta trata de eliminar de las empresas que se pueden beneficiar de estos avales a aquéllas que no tengan domicilio social en Castilla y León.

No se ha dado cuenta Su Señoría de que con la supresión que desea puede abrir puertas a sociedades que, aún teniendo domicilio social en nuestra Comunidad, no realicen aquí la mayor parte de sus operaciones o que no se encuentren la mayoría de sus activos en estas tierras, localizados en estas tierras. Usted no ha caído en esa cuenta: pueden tener domicilio social aquí pero que no se encuentren sus activos o no se localicen o no se realicen en estas tierras sus operaciones.

Y me voy a explicar. El artículo 5 de la Ley de Sociedades Anónimas dice... da una posibilidad a estas sociedades para establecer su domicilio social, y no olvide el señor Montoya que más del noventa por ciento de las sociedades revisten la forma de Sociedad Anónima. Pueden establecer su domicilio en el lugar en el que se haya establecido su representación legal, es decir, donde resida el Consejo de Administración; o puede radicar su domicilio allí donde exista alguna de sus explotaciones, o en el lugar donde ejerza las actividades propias de su objeto, entendiendo siempre que su domicilio está localizado en territorio español.

Por lo tanto, señor Montoya, no caiga en la trampa. Quizá una Sociedad Anónima, por ejemplo, tenga su domicilio social en Burgos o en Soria, pero la mayoría de sus actividades las realicen en otra Comunidad Autónoma, o que teniendo domicilio social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León realice o tenga sus activos en otras Comunidades Autónomas. Y, para usted, ¿se pueden beneficiar estas Sociedades Anónimas? Pues yo creo que no, y yo creo que en eso coincidimos.

El hecho de que una empresa tenga la mayoría de sus activos -y vuelvo a repetir- y ejerza la mayor parte de sus operaciones en Castilla y León son condiciones... este hecho supone las condiciones de peso suficientes para considerarlas avalables por la Comunidad.

En aras a que el beneficio de estos avales vaya destinado a aquellas empresas, a aquellas sociedades, a aquellas personas que ejerzan y que vayan a generar riqueza y que tengan una incidencia en los intereses, que realicen una función social y económica en nuestra Comunidad, y también en aras a su talante liberal, yo rogaría al señor Montoya que retirara este Voto Particular. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo no le he entendido al señor Tomillo, y perdóneme; o si le he entendido me parece que en lo que ha dicho no tiene razón. Pero no sé, yo quiero pensar más bien que no le habré entendido. Es decir, yo repito de nuevo los argumentos que he esgrimido. Hay tres clases de industrias: aquéllas que tienen aquí su domicilio social, aquellas otras que, no teniendo aquí su domicilio social, tienen la mayor parte de sus activos, y las que no tienen la mayor parte de sus activos, pero siempre de las que no tienen aquí el domicilio social. Usted me ha sacado un cuarto tipo: son aquéllas que tienen aquí su domicilio social y la mayor parte de sus actividades las realizan fuera de la Comunidad Autónoma. Bueno... O un empresario castellano-leonés que se dedica al negocio de importación y exportación con otros países, por ejemplo. Es que yo ésa ya la he incluido dentro del primer grupo; tiene su domicilio social aquí y yo le incluyo, pero también la Ley la incluye, también la Ley que ha presentado el Gobierno incluye a esas empresas aquí.

Por lo tanto, no desviemos la atención hacia esas empresas. Esas empresas, aunque tengan la mayor parte de sus activos fuera, se pueden beneficiar de avales. Ahora estamos discutiendo de las otras, de las que tienen aquí la mayor parte de sus activos, las que realizan aquí la mayor

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parte de sus operaciones, cualquiera de las dos cosas. Pues esas empresas, que parece que tienen motivos morales y lógicos y justos de tener aquí su domicilio social, parece lógico, pues no señor, tienen su domicilio, dentro del territorio español, fuera de la Comunidad Autónoma. Pues esas empresas sí que pueden beneficiar de los avales de nuestra Comunidad Autónoma. Esas empresas, que no quieren poner el domicilio social en una de nuestras ciudades, porque no les gusta, porque tienen otras razones, porque habrá alguna razón de algún tipo, pues esas empresas sí que se pueden beneficiar, y en cambio otra empresa que es lógico que puede tener el domicilio social fuera porque tiene en él la mayor parte de sus actividades y viene aquí a montar un pequeño negocio o empieza a iniciar algo en nuestra Comunidad Autónoma, que sería necesario atraerla, pues ésa no puede disfrutar del aval de nuestra Comunidad Autónoma

Entonces, yo lo que quiero es que aquéllas que tienen razones, que tendrán sus razones, evidentemente, para que no quieran poner su domicilio social en Castilla y León, bien, pues que con sus razones se queden, que al mismo tiempo que tienen sus razones para irse fuera, al mismo tiempo que no tengan el derecho también para disfrutar de los avales de la Comunidad Autónoma. Eso es lo que yo quiero eliminar nada más con mi Enmienda, a estas empresas. Porque lo que sí es cierto es que aquellas empresas que fundamentalmente tienen sus activos fuera, yo comprendo y es lógico y es normal que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Sí. Señor Presidente. Mire, señor Montoya, lo que importa realmente es la actividad, es lo que importa, y no el domicilio. Entonces, usted está eliminando que pueda haber sociedades y empresas que puedan realizar una actividad en Castilla y León, puedan generar riqueza, puedan generar empleos y usted lo está eliminando.

Yo solamente le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Nestlé. Vamos a poner un ejemplo: Nestlé tiene su domicilio social en Suiza; usted está eliminando a empresas de este tipo y está eliminando... Sí, señor Montoya. Está eliminando usted a empresas de este tipo para que no ejerzan aquí una actividad y no generen empleo. Es que yo creo que usted no lo ha comprendido, señor Montoya. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Se somete a votación la Enmienda que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. Votos a favor: uno. Votos en contra: sesenta y cuatro. Abstenciones: una. Por tanto, queda rechazada la Enmienda número 94 del señor Montoya Ramos.

Se somete ahora a votación el texto del artículo 171, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 171. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. Votos a favor: sesenta y cuatro. Votos en contra: uno. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobado el artículo 171, según el texto del Dictamen de la Comisión.

Pasamos ahora a hacer la votación final de todo el resto del articulado, de las Disposiciones Transitoria Primera y Segunda, Disposición Adicional, Disposición Final, Exposición de Motivos y Título de la Ley. Los artículos que se someten a votación, en concreto, son: del 1 al 5, del 8 al 57, del 59 al 102, del 104 al 107, del 109 al 114, del 118 al 170 y del 172 al 192, entendiéndose que, en todo caso, en cualesquiera de esas parejas siempre aparecen incluidos... se consideran incluidos los dos artículos citados. Votos a favor. Votos en contra. Y abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. Votos a favor: sesenta y seis. Quedan aprobados todos los artículos citados, más las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, Adicional, Final, Exposición de Motivos y Título de la Ley, por unanimidad.

Así las cosas, queda aprobada la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión siendo las veintiuna horas cuarenta y cinco minutos).