DS(P) nº 59/1 del 30/4/1987

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Pregunta con respuesta oral ante el Pleno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular la primera pregunta, tiene la palabra el señor De Fernando Alonso.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, Presidente. Tal y como se publica la pregunta, y si mis noticias -como decía en ella- eran o no ciertas, la cantidad recibida del Gobierno Central quisiera saber en qué se ha destinado, en qué se ha gastado; si sólo fue en aquel plan experimental de León, que hubo el otro día aquí una pregunta, o también con ese dinero se ha comprado algún microbús para unos usos distintos de la drogadicción.

pág. 2117.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

Señor Presidente, Señorías. Conforme a lo establecido en el convenio en materia de reinserción social de toxicómanos firmado en el año ochenta y seis entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no el Ministerio de Sanidad (el Ministerio de Sanidad ha sido este año), y la Comunidad de Castilla y León, la cantidad que debería librar el Ministerio de Trabajo a favor de esta Comunidad para desarrollar los programas y servicios a que hace referencia el citado convenio, durante el año ochenta y seis, era de 88.500.000 pesetas. Establecía el propio convenio que las transferencias se debían de realizar en tres fases. En una primera fase, el cincuenta por ciento, 44.250.000 pesetas; en una segunda, el veinticinco, 22.125.000; y en una tercera, el veinticinco por ciento restante. En el momento actual se han incorporado los créditos correspondientes a la fase primera y segunda, lo que supone un total de 66.375.000 pesetas, que se han utilizado del siguiente modo.

Para retribuciones de personal y la Seguridad Social del personal laboral, 3.205.815; para promoción y publicidad, 3.620.000; para edición de libros y publicaciones, 4.000.000; para estudios y trabajos técnicos, 5.880.000 pesetas; para equipamiento, mobiliario y enseres de los centros propios de la Consejería, 13.975.000 pesetas; para convenios, centros y actividades de servicios sociales, esto es, para firma de convenios con entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro, para actividades de toxicomanías, 15.568.300 pesetas; para reforma y mantenimiento de centros de servicios sociales, también de entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro, 13.875.885 pesetas. Es mayor aún el Capítulo... en estos dos Capítulos de subvenciones los que se han utilizado, pero proveniente del convenio únicamente esto. Para subvención a asociaciones de consumidores, 1.000.000 de pesetas; y para obras en el Centro Polivalente de Servicios Sociales de León, 5.000.000 de pesetas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor De Fernando Alonso.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, Presidente. Sí, ya vemos que en mobiliario, personal y enseres se ha gastado la mayoría de las subvenciones que han venido. En realidad, para programa de drogadicción para ayudar a los drogadictos o a las asociaciones que se dedican sin ánimo de lucro no llega a la cuarta parte del dinero recibido, si eso contamos que el mobiliario y enseres de la Consejería pudiera estar incluido -no diga "pueda", según mis noticias sí- algún microbús con uso distinto de la drogadicción.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

En los datos que yo le acabo de dar desde luego no se deduce que no se haya destinado a usos directos, inclusive, de la lucha contra las toxicomanías el dinero. De hecho, hay un total de 40.000.000; 30.000.000 que le he referenciado y otros 10.000.000 más que se han utilizado exclusivamente para la firma de convenios con entidades locales y con asociaciones sin ánimo de lucro para actividades directas de estas asociaciones.

Por otro lado, establece el propio Plan Nacional de la Droga que las actividades deben de llevarse a cabo, no mediante una red paralela, que hay que evitar en lo posible el establecer servicios exclusivos para la lucha contra la toxicomanías, sino que la red asistencial debe estar integrada al máximo en los propios servicios de atención que tengan las Comunidades Autónomas. Y, en ese sentido, el dinero que se ha recibido de las subvenciones se ha utilizado para contribuir a los gastos de mantenimiento y gastos de reforma de centros que específicamente se dedican a la atención primaria, a la atención de primer nivel, y por supuesto a los Centros de Toxicomanías.

Desde luego, no se ha comprado ningún microbús, aunque a lo mejor resulta que también hubiera podido ser necesario.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra el señor De Fernando Alonso.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, Presidente. En una cosa estaremos de acuerdo el señor Consejero y yo: en el tercermundismo que tenemos en esta Comunidad Autónoma en problemas de hidatidosis y brucelosis. La pregunta ya al redactarla se lo decía: dadas las competencias compartidas que tiene entre la Consejería de Agricultura y la de Bienestar Social, por una parte la prevención, que normalmente debería estar en Bienestar Social dada la complejidad del tema en relación con los veterinarios titulares, la mayoría del control está en Agricultura. Yo por eso la pregunta es: ¿Qué está haciendo y qué piensa hacer la Consejería de Bienestar Social para reducir o erradicar este problema?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

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EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

En cuanto a las actividades que la Consejería tiene programadas para la lucha contra la brucelosis, es obvio que la parte fundamental que nos corresponde es el control de los enfermos, el tratamiento de los enfermos y, desde luego, dado que es una enfermedad de declaración obligatoria, seguir un control riguroso y una ficha epidemiológica de cada uno de los enfermos que se declara que padecen esta enfermedad. Estos datos se transmiten con carácter semanal a la Consejería, a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, para que tenga conocimiento de ello y, de algún modo, incida en las actividades de saneamiento ganadero que realiza la Consejería de Agricultura, que de hecho yo creo... yo estimo que son las actividades fundamentales en la lucha contra la brucelosis. La otra actividad que se lleva a cabo desde la Consejería de Bienestar Social es el control de los alimentos, el control de la venta de leche y derivados, tanto en los lugares de fabricación, las centrales lecheras, como por supuesto controlando, conjuntamente con los Ayuntamientos, la venta ambulante de estos productos.

En cuanto a las actividades que se llevan a cabo contra la hidatidosis, desde el año mil novecientos ochenta y seis se está procediendo a la desparasitación periódica de la población canina con placicantel. La periodicidad es trimestral en el medio rural y semestral en el medio urbano. La obligatoriedad ha sido establecida por Orden de veintitrés de Mayo del ochenta y seis y regulada por las circulares de veintitrés de Mayo del ochenta y seis y tres de Marzo del ochenta y siete. La entrega de las pastillas se hace por los veterinarios titulares dependientes de la Consejería y, junto con el producto desparasitador, se entrega al dueño del animal una hoja de recomendaciones relativa a los cuidados que deben de tener con el perro.

En un intento de implicar a otras entidades administrativas que, como el caso de los Ayuntamientos, tienen competencia en aspectos relacionados con el control de esta enfermedad, tanto el Consejero de Agricultura como yo mismo nos hemos dirigido a todos los Alcaldes de la Comunidad a fin de que durante el presente año extreme las medidas conducentes a la elaboración de un censo canino lo más correcto posible, con el fin de poder actuar posteriormente con mayor eficacia sobre los residuos de vagabundos. Esta campaña va acompañada de una cobertura publicitaria por radio y prensa que ha comenzado en estos mismos días.

Se está elaborando también un mapa de riesgo de la infectación humana mediante la localización geográfica de los mil ochocientos cincuenta y seis casos que figuran en los registros hospitalarios en los últimos cinco años. Y durante el mes de Junio se comenzará a elaborar un indicador muestral del grado de parasitación de los hospedadores intermedarios mediante el registro de datos en diez o quince mataderos representativos de la Comunidad.

A estas medidas que lleva directamente la Consejería, hay que añadir lo que ha supuesto el desarrollo del Plan Indicativo de Mataderos, que desde luego yo creo que, una vez que estén todos funcionando a pleno rendimiento, va a evitar una de las fuentes de contaminación más importantes; el programa de ayuda al establecimiento de vertederos controlados por parte de otra Consejería de la Junta, y es previsible que en un futuro más o menos inmediato se comience a estudiar la reforma de los servicios veterinarios, de tal modo que haya algunos que tengan dedicación exclusiva a las funciones sanitarias. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor De Fernando Alonso.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, si usted me dice todas las disposiciones y la correspondencia que mantienen, diría que su voluntad es muy buena. El hecho práctico está ahí, y el hecho práctico es que, o se toman medidas, o no acabaremos nunca. Usted me dice que el control de la brucelosis y del saneamiento ganadero de la brucelosis lo lleva Agricultura. Ni en un veinte por ciento del ganado caprino y ovino se está haciendo.

Por otra parte, usted me habla de los mataderos. Pida usted a través de la Junta que las inspecciones de los nuevos mataderos, que es verdad que si se lleva bien puede acabar o paliar este problema, en vez de otra serie de cosas absurdas que piden, se fijen en eso y aquel matadero que no lo tuviese en proyecto, que no lo tenía ninguno, se lo pongan con un horno incinerador de vísceras posiblemente contaminadas. No lo tiene ninguno. No me mire, señor Consejero de Agricultura, con esa cara. Ni uno de los que han aprobado. Solamente lo tiene uno y no funciona bien. Luego fíjese usted... No me diga los Boletines; a usted le compete, como Consejero de Bienestar Social, y no se fíe de los vertederos controlados que financia esta Consejería. Esos van a ser ocho y pueblos que tienen matadero van a ser cuarenta y tantos.

O se destruyen las vísceras, se controla de verdad el saneamiento ganadero y de verdad se hace un censo canino, que usted dice que ahora han escrito para hacerlo (quiere decir que hasta ahora no lo había); si no había censo canino, si no había Pág. 2119.

ningún horno incinerador de vísceras ni lo hay y no hay nada más, puede usted seguir dando disposiciones en el Boletín, escribiendo a los Alcaldes, que seguiremos como en Sudáfrica o peor que en Sudáfrica.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR ARAUZO GONZALEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. La verdad es que tengo alguna dificultad para entenderle perfectamente todo lo que dice, pero yo creo que todas las actividades se están llevando a cabo de modo correcto, y, desde luego, son muchísimo mayores y mejor llevadas a cabo de lo que han sido en los años anteriores. Se está desparasitando periódicamente, trimestralmente, el medio rural, que son las indicaciones que aconseja la Organización Mundial de la Salud; eso se está haciendo con un desembolso económico importante por parte de la Consejería. Los mataderos, después del Plan Indicativo de Mataderos... Antes quiero recordarle que en muchos de los sitios, en muchas de las localidades se estaban matando no en mataderos sino en los domicilios de los carniceros. Una vez establecidos los mataderos, digo, desde luego yo creo que el control de las vísceras parasitadas por parte de los veterinarios es un control sencillo. Y, desde luego, si conoce algún lugar donde no se esté llevando a cabo correctamente, yo creo que debiera de comunicarlo y debiera de denunciarlo.

Y, por otro lado, el problema del censo canino, como Su Señoría conoce, es competencia de los Ayuntamientos y, precisamente, por tener conocimiento de que se no está ejecutando, no se está llevando a cabo de modo correcto, es por lo que hemos insistido este año para que se realice un mayor esfuerzo en este sentido. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor De Fernando Alonso para formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, señor Presidente. Más de una vez, aunque no ha sido en estas Cortes, hemos hablado del convenio de TRACSA, pero la pregunta concreta, aunque del convenio de TRACSA y sus liquidaciones tendremos que seguir hablando mucho tiempo, viene esta pregunta a que cualquier empresa está cobrando de esta Junta de Castilla y León con diez, doce meses de retraso de una obra adjudicada y el consiguiente perjuicio económico. Sorprendentemente, el otro día me encuentro con unos funcionarios a los que se les obliga a certificar el ochenta por ciento de una obra antes de empezar porque, según el convenio con TRACSA, así está hecho. Yo la pregunta, señor Consejero, es si considera usted normal que a un funcionario que depende y cobra de la Junta se le pueda obligar a que firme una certificación de obra por valor del ochenta por ciento de adjudicación antes de empezar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Señor Presidente, Señorías. Yo, naturalmente, para responder al señor Procurador me tengo que atener al convenio suscrito entre esta Comunidad Autónoma, el IRYDA y la empresa de titularidad pública TRACSA, y además que está publicada en el Boletín del día veintitrés de Enero de mil novecientos ochenta y seis. El artículo... la cláusula diez dice textualmente: "Las tarifas se calculan sobre la base de los rendimientos medios y gastos de la empresa a nivel nacional, considerando que la financiación se efectúa anticipando la Administración a la empresa el ochenta por ciento de la obra a ejecutar durante el ejercicio económico. Es decir, que la Administración, a una empresa con la cual ha suscrito un convenio y que es de titularidad pública... Y le quiero decir que su pregunta contiene un error bastante grave, y es como decir que la empresa es la que fija los precios, cuando sabe usted perfectamente que eso no es así. Los precios que están suscritos en el contrato se fijan todos los años, a principios de cada ejercicio económico, en una reunión conjunta que se mantiene entre la Administración Central, la Administración Autonómica y la empresa, y que con posterioridad son públicos los precios de esta empresa pública. Por lo tanto, la manera que se tiene de actuar, insisto, con una empresa que es de titularidad pública, es de acuerdo con el convenio suscrito y que aparece publicado en el Boletín de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor De Fernando Alonso.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Consejero, ustedes son muy libres de firmar el convenio. No estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho de la fijación de precios, porque esos precios que se fijan con TRACSA se fijan a principios del año y sirven para todo Pág. 2.120.

el año, cuando usted sabe que cualquier proyecto que se haga y se saque a subasta tiene un veinte y un treinta por ciento de rebaja económica. Con TRACSA, por muy titularidad pública que sea, no va a haber nada. Si usted tiene firmado el convenio, déselo a TRACSA, pero no exija a un funcionario que certifique en falso. No puede certificar ningún funcionario que el ochenta por ciento se le dé a TRACSA amparado en su firma, y se lo están pasando a sus ingenieros y a sus ingenieros técnicos. Usted tiene firmado un convenio, déselo. Ya le he dicho que del convenio con TRACSA, de los precios con TRACSA y de las liquidaciones con TRACSA habrá más tiempo que hablar. Mi pregunta era muy concreta y se lo he dicho antes: si usted cree correcto que a un funcionario público, que no es un funcionario a su servicio sino al servicio de la Comunidad, se le puede obligar a firmar el ochenta por ciento porque usted haya firmado un contrato.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Yo creo que sí le había respondido. La actuación de los funcionarios públicos está totalmente de acuerdo con el convenio suscrito por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Yo, de todas las maneras, como parece ser que el señor De Fernando tiene una fijación con la empresa de titularidad pública TRACSA, solamente le quiero recordar una cosa: esta empresa de titularidad pública, con un cien por cien de capital de las administraciones, se crea en el año mil novecientos setenta y siete, con un señor Presidente de Gobierno que con posterioridad fue duque.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Segundo punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a planes y disposiciones sobre investigación agraria".

Para su exposición, tiene la palabra el señor Jiménez Dávila.

EL SEÑOR JIMENEZ DAVILA:

Señor Presidente, señores Procuradores. Al traer hoy aqui esta Interpelación sobre investigación agraria en Castilla y León no nos mueve, ni mucho menos, el oportunismo político y menos aún el lucimiento personal, pues en un tema tan complejo y delicado poco se puede lucir un agricultor de a pie. Solamente se debe a la gran necesidad que tiene nuestra agricultura de esa investigación para poder encontrar alternativas a gran parte de nuestros cultivos tradicionales y aumentar sus rendimientos. Si estos dos objetivos serían siempre deseables de conseguir, con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea son de tan urgente necesidad, que en la opinión de este Procurador que les habla, nos podemos estar jugando la existencia misma del sector, en un futuro quizá no muy lejano, y no es esto catastrofismo ni mucho menos.

En la presentación del programa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes efectuada por el señor Consejero ante la Comisión correspondiente el día dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y tres, seguimos con gran interés el apartado dedicado a investigación agraria y, si bien nos pareció correcto el diagnóstico que hizo de cómo nos encontrábamos en aquel momento, no así las medidas que proponía para resolver los problemas existentes, como en aquella ocasión y posteriores le hicimos saber.

Y comenzando por el diagnóstico que el señor Consejero hacía en aquella ocasión, decía el Consejero: "Castilla y León necesita potenciar al máximo la investigación agraria. Esta investigación debe ser de carácter aplicativo, es decir, que se obtengan resultados que puedan ser de aplicación inmediata". Para continuar más adelante: "Los resultados de los proyectos que llevaremos a cabo, dadas las características de la disciplina en que nos movemos, son de difícil predicción en el tiempo, pero, no obstante, y en base a obtener pronta respuesta a los problemas que tenemos hoy día planteados, la programación de las líneas de trabajo se diseñarán atendiendo a la finalidad de su pronta aplicación".

Han pasado tres años y medio y estoy deseando que el señor Consejero nos indique cuánto tiempo más tenemos que esperar para empezar a obtener un mínimo resultado de esa máxima potenciación y urgencia que se iba a dar a la investigación en nuestra Región.

También decía el señor Consejero en Noviembre del ochenta y tres: "En la actualidad, nuestros centros de investigación tienen una serie de problemas graves, entre los que destaca la existencia de una plantilla de investigadores escasa. Esta, por otra parte, ha desarrollado su trabajo sobre líneas de investigación de excesiva repercusión nacional, no incidiendo por ello suficientemente en la problemática característica de nuestra Región". También decía: "La fijación de líneas de trabajo básicamente regionales corregirá este último problema". Y continuaba: "Las soluciones que se van a adoptar a corto plazo para corregir las deficiencias citadas anteriormente serán: dotación de personal investigador cualificado y en número suficiente".

En cuanto a las líneas de trabajo de investigación que incidan en la problemática de la región, no las conocemos; y en cuanto al aumento del personal investigador cualificado y en número Pág. 2.121.

suficiente, sí que conocemos los datos: en el año ochenta y cinco teníamos en esta Región ciento diecinueve personas dedicadas a investigación; en el año ochenta y seis bajamos a noventa y seis, de las cuales se reducen cuatro del grupo A y veintidós del grupo B, aumenta el apartado de "Otros" de diecinueve a cuarenta y cuatro; y en el año ochenta y siete pasamos a tener setenta y cinco personas dedicadas a investigación y el grupo de "otros" pasa de cuarenta y cuatro a veintiocho. No creo que ésta sea la forma de aumentar el personal investigador y de potenciar la investigación. De ciento diecinueve personas que había en el año ochenta y cinco, setenta y cinco en el año ochenta y siete, luego cuarenta y cuatro personas menos.

También dijo el Consejero: "Trataremos de armonizar las líneas de trabajo con las que se lleven en universidades y centros superiores de investigación científica, evitando duplicidades, y en estrecho contacto con sus equipos de investigadores, para aprovechar la experiencia adquirida. Nos gustaría mucho conocer si han existido esas colaboraciones y si hemos aprovechado las experiencias adquiridas.

Y por último: "Algunos de estos proyectos deberán tener una influencia decisiva en futuras determinaciones que esta Consejería deberá tomar que tendrá un gran honor en venir a exponer en otra próxima ocasión a Sus Señorías". La próxima ocasión aún no ha llegado y a lo mejor hoy tenemos la suerte de que el señor Consejero nos exponga esas futuras determinaciones que va a adoptar la Consejería como consecuencia de la investigación.

También nos habló de unos problemas muy importantes para la agricultura y la ganadería en nuestra Región, como el impacto del hombre sobre el medio, o el estudio de la recuperación del cangrejo autóctono y análisis ecológico de la introducción del cangrejo señal, así como de la suelta indiscriminada del cangrejo turco, que debe ser un mal bicho. Todo ello, como pueden ser Sus Señorías, de una gran importancia para la agricultura y la ganadería de nuestra Región.

Consecuentemente, comprobarán Sus Señorías que una cosa es lo que se promete en los programas y otra muy distinta lo que se hace después. Confiamos en que el señor Consejero ahora en su intervención nos disipe estas dudas y nos demuestre que la investigación agraria en Castilla y León va por el camino que necesita ir. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Señor Presidente, Señorías. Realmente, el tema de la Interpelación que ha hecho el Procurador del Grupo Popular hace hincapié en un tema que estoy toalmente de acuerdo con él que es totalmente necesario para el desarrollo agrario de nuestra Región. Yo voy a tratar de ser breve y dar, en unas pinceladas, cuáles han sido las actuaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes en este Capítulo.

Lo primero, habría que partir del hecho de cómo se encontraba el servicio de investigación agraria antes de ser transferido a la Comunidad Autónoma, en épocas anteriores, y, desgraciadamente, hay que hacer mención a que Castilla y León, como en tantos otros aspectos, había sido bastante abandonada por administraciones anteriores. Los grandes centros de investigación agraria que existían en el país, que existían en España, estaban centrados en Madrid, Valencia y Zaragoza y Andalucía, mientras que en el resto de las Comunidades Autónomas los centros de investigación estaban totalmente infradotados de medios humanos, de medios materiales y de dinero para los presupuestos de investigación. Eso era la situación con la cual nos encontrábamos cuando el servicio de investigación agraria fue transferido a esta Comunidad Autónoma.

Durante este tiempo, ha habido un esfuerzo importante por parte de la Consejería. No todo... quizá no todo el que debiera de haber sido necesario. Nunca es necesario el dinero que se gasta en investigación; siempre se debería de gastar más dinero en investigación. Pero, mire, las cifras cantan, y yo le voy a dar qué era lo que había antes y qué es lo que hay ahora. Quizá la cifra que mejor fija la importancia de unos centros de investigación es el dinero gastado en proyectos de investigación. En el año ochenta y tres, último año antes de la transferencia, el dinero que el Estado se gastó en esta Comunidad Autónoma en proyectos de investigación fue 8.300.000 pesetas. El presupuesto para este año es de 38.150.000 pesetas. El año pasado, 35.500.000. Es decir, se ha multiplicado por cinco el presupuesto dedicado a proyectos de investigación. Insisto, sigo considerando que debería de ser todavía mayor la cantidad que se dedica.

El otro tema, junto con los proyectos de investigación, que nos mide la importancia es el dinero dedicado a becas, como formación de profesionales futuros para la investigación. En el año ochenta y tres la Administración del Estado se gastó en esta Comunidad Autónoma 4.000.000 de pesetas. Este año, el presupuesto para este año es de 30.000.000 de pesetas. Yo creo que aquí se vuelve a ver que las cifras se multiplican por siete, el esfuerzo para formación de personal investigador.

Naturalmente, estas cantidades tienen que reflejar un esfuerzo Pág. 2.122.

por parte de todo el personal, titulados superiores y de grado medio y del resto de la Administración que trabaja. Durante estos tres años en que la Consejería de Agricultura ha tenido las competencias en el servicio de investigación agraria, se ha asistido a setenta y nueve congresos nacionales e internacionales y se han publicado, que es uno de los baremos que en todos los centros de investigación de la Comunidad, nacionales y de todo el mundo se emplea para medir la eficacia investigadora, se han publicado cuarenta y tres trabajos de investigación en revistas nacionales y extranjeras. En estos momentos, yo le puedo decir que el departamento de Burgos realiza siete proyectos de investigación; el de Salamanca, cuatro, y el departamento de Valladolid, quince proyectos.

Pero hay algo más. En estos cortos tres años, la Consejería de Agricultura ha creado dos nuevos departamentos de investigación para cubrir dos áreas que tradicionalmente estaban desabastecidas porque no existían en esta propia Comunidad Autónoma. Dos líneas tan importantes como es el Centro de Ovina, que está terminado y empezando su funcionamiento en Palencia, en la Granja de Viñalta, y otro centro dedicado a todos los estudios que tienen relación con el medio forestal, que está ubicado en las afueras de la ciudad de Soria. Es decir, en estos tres años se han constituido dos nuevos departamentos de investigación, que cubren lagunas importantes dentro de lo que era todo el entramado agrario.

Yo creo que con esto se demuestra, a mi juicio, bastante fehacientemente la importancia y el trabajo que han desarrollado las personas que están en los departamentos de investigación agraria de esta Consejería. Insisto: los dineros que se gastan en investigación agraria nunca son suficientes y siempre deberían de ser mayores. Pero, teniendo en cuenta esto y lo difícil que es la formación de personal investigador, por el tiempo que tarda en que haya personal investigador suficientemente cualificado, yo creo que el esfuerzo realizado por la Consejería y por los funcionarios en estos tres años ha sido muy importante.

Muchas gracias, señores Procuradores. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jiménez Dávila.

EL SEÑOR JIMENEZ DAVILA:

Señor Presidente, señores Procuradores. La verdad es que yo esperaba una información más amplia; posiblemente se guarde para otra ocasión. Pero, no obstante, las cifras que nos ha dado, realmente, se invierte más en investigación, pero no nos ha dicho en qué y podíamos estar investigando el sexo de los ángeles. Porque, realmente, resultado, que es lo que hay que conseguir, resultados, los agricultores no vislumbramos ninguno. Y exceptuando los centros de Palencia y Soria, que están por ver sus resultados positivos, lógicamente, pero que aplaudimos la idea, tengo que decir que se confirman nuestras sospechas de que estamos donde nos encontrábamos hace diez años, y eso es lo triste.

No existen líneas de investigación específicas para nuestra Región, como se prometió eran necesarias; seguimos con las mismas líneas programadas por la Administración Central hace diez años. No se han reestructurado los departamentos, ni siquiera el funcionamiento orgánico del servicio. El departamento sigue siendo un departamento estanco, sin ninguna conexión con los demás que trabajan por libre, a veces en un mismo programa y que nadie les coordina, señor Consejero.

Siguen infradotados de medios humanos, técnicos y presupuestarios, a pesar de que se ha invertido algo más de dinero estos años. Y no tienen dinero suficiente para realizar ensayos, y sobre todo para publicarlos y transmitirlos a los agricultores. Se habrán publicado cuarenta y cinco programas en revistas, pero al agricultor no le llega la información, y nos parece que es básico que el agricultor sepa de qué van los tiros.

Y yo creo que esto se produce porque, la verdad, ustedes han sido incapaces de definir un proyecto agrario claro para la Región, y eso es lo prioritario para después acoplar los planes de investigación; si no hay proyecto agrario, no se puede acoplar con la investigación. Y es que no tienen ninguna confianza en el futuro agrícola de nuestra Región, reconózcanlo. Una Región que ha sido capaz de abastecer a todo el Estado español durante los últimos veinte años de cereales, de azúcar, de girasol, de leche, de carne, produciendo mucho más que lo que ella necesitaba, ahora el Gobierno de la Nación nos vende a Europa dándonos una patadita en el trasero, y de allí nos viene importado todo lo que tradicionalmente se producía en esta Región. Y ante esto el Gobierno de la Región se cruza de brazos, lo consiente, lo acepta y no potencia al máximo nuestra investigación, que era necesarísima, para encontrar alternativas y máximo rendimiento de nuestros cultivos tradicionales para poder competir con los de Europa. Y eso ni más ni menos es lo que hicieron ellos hace veinticinco años, cuando eran deficitarios en todo; los resultados ahí están: pueden vender de todo lo que quieran.

Ese era el único camino que ustedes podían haber tomado, el de potenciar la investigación, y no lo han querido tomar. Nos queda la esperanza y el convencimiento de que dentro de dos meses habrá otro Gobierno en Castilla y León que sí tendrá fe en las Pág. 2.123.

posibilidades de la Agricultura de Castilla y León y potenciará más la investigación, y, sobre todo, dando los resultados de lo que se investigue a conocer a los agricultores. Porque yo creo que los agricultores tienen muchas... que la agricultura de Castilla y León tienen muchas posibilidades de supervivir y que hay muchos productos que, investigando sobre ellos, como repito se hizo en Europa anteriormente... Nosotros estamos todavía en unas medias de producciones de trigos en dos mil y pico kilos de hectáreas, de media, nuestra Región, aparte de que haya Regiones que produzcan muchos más. Los holandeses están ya en cerca de diez mil kilos de media y hace veinticinco años no tenían.

No estamos trabajando en trigos forrajeros; no estamos mejorando nuestras razas autóctonas... tenemos unas producciones de leguminosa en grano, para consumo humano, más bajas que hace treinta años. Habrá que incidir sobre esos aspectos.

Hemos apartado de los programas más importantes de la nación las leguminosas autóctonas de la Región, como los yeros, las almortas, las algarrobas, los titarros, importantes hace años en la Región. No están en los programas nacionales y no se ha creado un programa regional para incidir en estos trabajos.

Ni las oleaginosas. Hay un gran futuro en el girasol, en el cártamo. Nada sabemos de las pruebas que está haciendo la Comunidad, nada llega a los agricultores. En el girasol, ¿hemos encontrado ya los techos de nuestra Comunidad en el girasol, tanto en secano como en regadío? Yo creo que no. Estamos usando semillas que nos vienen de otros sitios, la mayoría extranjeras, y no tenemos nuestras propias semillas adaptadas a nuestros suelos y a nuestro clima.

En praderas naturales hay mucho que hacer. En cultivos industriales hay mucho que hacer: lino, cáñamo, achicoria. En cultivos hortícolas también está todo por hacer. Señor Consejero, esperemos que dentro de dos meses haya otro Gobierno y ya hagan todas estas cosas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Señor Presidente, Señorías. Mire, yo no sé si es ya por las fechas en las que estamos, que realmente esto parece un diálogo de sordos. Se den las cifras que se den, a ustedes siempre les parece poco. Si en tres años multiplicar por ocho el presupuesto dedicado a proyectos de investigación y a becas es poco, les hubiera dado igual que lo hubiéramos multiplicado por dos, por ocho, por ochenta o por ocho mil; de todas maneras, usted hubiera subido aquí y hubiera dicho: "El dinero que gasta la Junta en proyectos de investigación es poco". Realmente, yo creo que no hacía falta que yo hubiera subido, que usted podía haber hecho perfectamente su primera y segunda intervención sin que yo hubiera dicho absolutamente nada, porque estoy totalmente convencido de que, por mucho que le diga, a usted le va a dar igual.

Yo le quiero dar títulos de los proyectos de investigación que en estos momentos están llevando los funcionarios y que no debe usted de conocer, porque recoge mucho de lo que dice que no hacemos y que da la casualidad que sí se está investigando: Selección y Mejora del Cultivo de Alfalfa; Selección y Mejora de Forrajes Anuales; Aprovechamiento de Altramuces; Introducción y Adaptación de Plantas Oleaginosas; Mejora del Cultivo de la Alfalfa; Alimentación del Ovino Churro; Restauración de las Vegas Fuertemente Erosionadas; Cereales: Selección y Mejora de Cebadas de Otoño, de las que decía que no; Selección de Leguminosas Pienso; Selección y Mejora de Judías; Selección y Mejora de Guisantes para Piensos; Estudio Económico sobre el Cultivo de Leguminosas de Consumo Humano; Estudio de los Aprovechamientos de Plantas Hortícolas en Cultivos de Invernadero; etcétera, etcétera.

Como ve usted, yo creo que en estos momentos el trabajo que se desarrolla en el Servicio de Investigación Agraria, para los medios de que se dispone, es importante.

Usted ha hecho mención a que en los últimos veinte años Castilla y León era una Comunidad que había provisionado de alimentos al resto de Comunidades del Estado español. Eso es cierto. Lo que no era tan cierto era que durante esos veinte años gobiernos anteriores se hubieran dedicado a prestar a Castilla y León el esfuerzo que merecían los hombres y mujeres de Castilla y León. Este Gobierno ha empezado a hacerlo y, desde luego, piensa seguir en los próximos cuatro años. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. ¿Alguien del Grupo Mixto desea intervenir para fijación de posiciones? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Quevedo Rojo.

EL SEÑOR QUEVEDO ROJO:

Gracias, Presidente. Señorías, brevemente, porque creo que está prácticamente todo dicho en cuanto a lo que traía aquí la Interpelación del señor Jiménez Dávila. El decir que cuatro años del Gobierno de la Comunidad no han conseguido resolver ciertos problemas de semillas, estudios sobre ganado, y hacerlo en esos cuatro años, da la impresión que,

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o no se conoce cómo se trabaja en investigación, o se quiere decir algo por decirlo.

Todos sabemos que para conseguir en trigos o en cebadas un G-4, una planta base para obtener R-1, se requieren trece, catorce y quince años, a veces más, e incluso después de esos trece o catorce años ha habido que desechar esas plantas. Pero es que, aparte de todo esto, del tiempo y de los costos que tiene la investigación, debemos plantearnos seriamente, y creo que con los trabajos que están haciendo en los Centros de Investigación, y por desgracia con los pocos medios en dinero y en personas con que se cuenta... Porque si hacer una semilla base cuesta un montón de años, tener unos investigadores preparados y al ritmo del tiempo cuesta también unos respectivos años, y por desgracia, todos conocemos lo que en España se ha hecho en investigación a lo largo de los años.

Probablemente, cuando nos planteamos seguir las investigaciones que en la Comunidad Económica Europea se habían hecho hace años sobre trigos forrajeros, sobre cebadas, sobre semillas oleaginosas, tengamos, antes de empezar a hacer eso, que plantearnos cuál es la situación de la agricultura a nivel mundial, cuáles son las posibilidades de aprovechamiento de los productos que vamos a obtener, y no pensemos que por decirle a un agricultor o a un ganadero que el producto que le presentamos le va a dar unos rendimientos multiplicados por tres o por cuatro le estamos resolviendo el problema, cuando a lo mejor estamos forzándole, fijándole en ese producto para que abandone su explotación.

Hay que plantearse todos seriamente, incluidos los agricultores y las organizaciones en las que trabajamos, que la investigación -y debemos forzar para ello- no debe venir en productos que nos den muchos rendimientos; que hagamos todo un estudio -y las organizaciones profesionales agrarias tenemos mucho que decir- para que el producto que tengamos, aparte de competitivo y de calidad, sea un producto que permita que nuestras explotaciones tengan resuelto su sustento y el mantenimiento y mejora de las mismas durante muchos años. De nada nos sirve, como decía antes, hacer unos estudios importantes en trigos forrajeros que empezaran a dar en nuestra Comunidad de cinco a seis mil kilos, o diez, como se decía. Por suerte o por desgracia, las medias de la Comunidad, y quitando zonas muy concretas, como puedan serlo los alrededores de París o de Londres o algunas comarcas de Holanda, todo el mundo sabe que las medias europeas no están tan lejanas de las muchas Comunidades del Estado. La nuestra, por desgracia, estamos, quizá en baja, pero contamos con un clima y unos medios distintos a los demás. Pero planteémonos entre todos el conseguir que la investigación no vaya solamente a semillas o productos que, haciéndoles abrir muy de repente los ojos a nuestros agricultores y ganaderos, creamos que les hemos resuelto el problema. Que se siga avanzando como se hace en el estudio de aprovechamiento de los lodos de las ciudades, posibilidades enormes para reducir los costos de aportación de materia orgánica a los suelos. Que se trabaje en los estudios sobre filtros verdes para mejorar el entorno rural de nuestros pueblos y se acaba de una vez con la degradación de ríos y arroyos. Que el agua que llegue a regar las fincas sea agua que tenga una utilidad y no acabe trayendo otras enfermedades a las plantas, y trabajemos sobre todo eso.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jiménez Dávila.

EL SEÑOR JIMENEZ DAVILA:

Señor Consejero. Yo ya dije al principio que en investigación -ya lo decía el propio Consejero- no se pueden pedir resultados inmediatos, pero sí nos dijeron que iban a centrar una... que iban a promover una investigación con resultados a corto plazo, y no los estoy pidiendo para antes de ayer, pero sí que estoy queriendo ver la luz. Estoy queriendo ver resultados. Seguimos con las mismas líneas de actuación que hace diez años, porque, que yo sepa, no se ha hecho ese prometido Plan Regional de Investigación. No se ha hecho, no se ha efectuado ese Plan. Seguimos con las mismas lineas de investigación que hace diez años, y algunos temas importantes de la Región, como hemos dicho anteriormente, como las algarrobas, yeros y almortas, no están en los planes.

Señor Quevedo, usted dice que no se puede... Siempre dice lo mismo: no se puede resolver en cuatro años. Bueno. Y qué se hizo antes. Y a mí qué. Pero habrá que empezar, habrá que empezar y no se ha empezado. Hemos perdido cuatro años.

Semilla base, se tarda mucho. Por supuesto, pero se pueden mejorar las que tenemos, y tampoco sé que se esté incidiendo en eso grandemente.

Y los investigadores, se tarda mucho en hacer un investigador. Por supuesto, pero resulta que estamos quitando investigadores en Castilla y León. Resulta que, según acabo de leer antes, han desaparecido cuarenta y tantos del año ochenta y cinco al ochenta y siete.

Y, por favor, por la ecología, me parece importante y hay que cuidar el entorno de los pueblos y que las aguas residuales vayan limpias, y las de los riegos, pero es importante tener antes qué regar y tener antes productos competitivos, antes que procurar que el agua sea buena, si no no vamos a tener nada que regar. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero. ¿Renuncia? Muchas gracias.

Tercer punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes del Proyecto de Ley por el que se autoriza la creación como empresa pública de Agrupaciones de Productos de Patata de Siembra de Castilla y León".

¿Desea la Junta hacer uso de un turno de palabra para presentar la Ley, el proyecto de Ley?

Puesto que no se conserva ninguna Enmienda, no se mantiene ninguna Enmienda con respecto a este Proyecto de Ley, ni se mantiene vivo ningún Voto Particular, vamos a pasar directamente a realizar la votación de toda la Ley: artículo 1 y 2, Disposición Final, título del Proyecto de Ley y Exposición de Motivos, todos acumulados. A partir de este momento, ruego que no entre ya ninguna Señoría en el Hemiciclo.

Silencio, por favor. Tomen asiento.

Votos a favor del Proyecto de Ley. Pueden bajar la mano. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y seis. Votos a favor: treinta y seis. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: veinte. Queda, por tanto, aprobado el Proyecto de Ley por el que se autoriza la creación como empresa pública de Agrupación de Productores de Patata de Siembra de Castilla y León.

Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA (SEÑOR RODRIGUEZ RUIZ):

Gracias, Señor Presidente, Señorías. Quiero dar las gracias a la Cámara por haber aprobado esta Ley, que creo que va a ser importante para el desarrollo de un sector puntero de nuestra Comunidad Autónoma como es el sector productor de patata de siembra, sobre todo el que haya salido esta Ley con ningún voto en contra.

Estoy convencido que aquellos Procuradores que hoy se han abstenido, con el paso del tiempo y con el funcionamiento de esta sociedad, que va a permitir que nuestros productores de patata de siembra tengan la tecnología que en estos momentos tienen otros países de Europa en nuestra propia Comunidad Autónoma de Castilla y León, permita que este sector compita francamente con los otros países de la Comunidad Económica Europea. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno para explicación de voto? Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Cuarto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Proyecto de Ley de Creación de las Sociedades de Gestión Urbanística como Empresas Públicas correspondientes a los ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincias de Valladolid y Zamora".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Desea la Junta consumir un turno para presentar el Proyecto de Ley?

Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR CLEMENTE CUBILLAS):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. En desarrollo de las competencias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda que con carácter exclusivo ha asumido la Comunidad de Castilla y León en virtud del Estatuto de Autonomía, se propone hoy, para su aceptación por esta Cámara, el proyecto de Ley de Creación de las Sociedades de Gestión Urbanística correspondientes a los ámbitos territoriales de Castilla y León y de las provincias de Valladolid y Zamora.

En el ejercicio de la función ejecutiva implícita en la competencia citada -el fundamento inicial motivador de este Proyecto de Ley-, se propone a la Cámara la creación de unos instrumentos de gestión urbanística al servicio de los intereses regionales. Viene al caso, una vez más, como recordatorio, afirmar que una Administración moderna y eficaz debe dotarse de los instrumentos de gestión adecuados para proporcionar una respuesta ágil y suficiente en los requerimientos de desarrollo económico y social de la población a la que sirve.

No cabe duda de que toda actuación, tanto pública como privada, que pretenda mejorar la infraestructura económica y social existente en nuestra Región requiere una referencia espacial de ubicación, o, en otras palabras, requiere un soporte territorial preparado para acoger de forma apropiada la actividad que se pretende. Por ello, consideramos muy cabal la figura de la empresa pública, por confluir en la misma, de una parte, la capacidad de movimiento inherente a cualquier sociedad mercantil y, de otra, la garantía de consecución del interés colectivo, aspecto que debe informar toda actuación urbanística, emane o no de la Administración.

Este tipo de sociedades, como Sus Señorías

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saben, vienen reguladas en nuestra Comunidad por la Ley 7/86, de treinta y uno de Diciembre, de la Hacienda de Castilla y León, que ya fue aprobada por esta Cámara. Y esto es así por estar dotadas las sociedades de capital mayoritariamente público.

Asimismo, estas sociedades están sujetas también al derecho privado, en particulara a la Ley de Sociedades Anónimas, y con las peculiaridades establecidas por la Ley del Suelo al considerarlas entidades urbanísticas especiales, facultadas, por tanto, para la ejecución de los planes de ordenación.

La oportunidad de creación de este tipo de sociedades viene reforzada por haber asumido el Gobierno Regional la participación accionarial mayoritaria en las seis entidades provinciales existentes en la actualidad, ello como consecuencia de las transferencias producidas en el verano de mil novecientos ochenta y cinco, fecha desde la que se ha venido potenciando la actividad de las mismas, así como se ha arbitrado la participación en otra sociedad de las mismas características en la provincia de León.

Con la aprobación del Proyecto de Ley que hoy presentamos se completaría el mosaico provincial, por crearse las Sociedades de Gestión Urbanística de Valladolid y Zamora, aspecto éste que se muestra como de necesidad indiscutible para el conjunto de las opiniones hasta ahora representadas en esta Cámara. Por ello, muy brevemente, a partir de este momento haré hincapié en la defensa de la Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León, en el convencimiento de que una mayor profundización en los argumentos ya vertidos en anteriores sesiones podrá colaborar, sin duda, al mejor entendimiento por parte de todos los Grupos de la necesidad y oportunidad de lo que el proyecto pretende.

A estos efectos, recuperaré el hilo conductor de la primera parte de la exposición para insistir en que los programas y proyectos de interés regional que deban ser ejecutados por la Junta de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias exclusivas necesitan de un soporte territorial cuya ordenación debe gestionarse a través de la Gestora de Castilla y León, como instrumento más idóneo. Confiar la gestión de ese suelo a las Sociedades Provinciales significaría que los propios programas de la Junta de Castilla y León podrían ser cuestionados, no en su gestación, como debe suceder mediante el debate de la Ley de Presupuestos en esta Cámara, pero sí en el proceso de su ejecución más concreta, donde ya no tiene lugar el debate político. Téngase en cuenta que en cada Sociedad de ámbito provincial están representadas no sólo dos administraciones públicas, como la Junta de Castilla y León o alguna de las Diputaciones, de cuya capacidad de entendimiento nadie duda; pero también están representadas entidades privadas cuyos intereses podrían no coincidir con los intereses de la Administración Provincial o de la Administración Regional.

No es momento de cuestionar el criterio que en su día contempló la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) para aceptar la representación de entidades privadas en las GESTURES provinciales, pero tampoco es difícil suponer que en gran parte se apoyara en la conveniencia de ampliar la participación en la gestión a los diferentes agentes locales con intereses concretos en el área de actuación de que en cada caso se trate. Este aspecto ha sido respetado por el Gobierno Regional en todo lo referente a las GESTURES provinciales, pudiendo asegurar un balance positivo en el nivel de entendimiento de los problemas locales con las entidades privadas. Pero ello no significa que dicho esquema organizativo deba de ser o pueda ser trasladable a las actuaciones de interés regional. Así, por ejemplo, sería difícil entender que se llegara a cuestionar, en el seno de una GESTUR provincial, la gestión o no de un determinado tipo de suelo necesario para la ubicación, ampliación o remodelación de las instalaciones necesarias para cobijar las instituciones de autogobierno en la propia Comunidad de Castilla y León. Del mismo modo, sería complejo justificar que todas y cada una de las GESTURES de las provincias por cuyo territorio transcurre, pongo como ejemplo, el Camino de Santiago se constituyeran en foros de debate para cuestionar la gestión en colaboración con el Estado e incluso con la Comunidad Económica Europea, del suelo necesario para soportar las actuaciones derivadas de una operación integrada de revitalización de dicho itinerario histórico.

Asimismo, la gestión del suelo necesario para aquellas actuaciones derivadas de programas sectoriales de interés o carácter regional debe ser realizada por un único operador capaz de absorber las prioridades emanadas del Ejecutivo Regional, sin comprometer ni interferir en otras actuaciones derivadas de necesidades locales o comarcales más adecuadas a la entidad y finalidad de cada GESTUR provincial.

Ejemplos de gestión de suelo que han de ser encomendados por el Ejecutivo autónomo a la GESTURCAL son los programas de Centros Básicos de Salud, áreas de servicio y descanso asociados a la infraestructura viaria regional o nacional, instalaciones asociadas a la red de transporte regional o nacional, terminales de mercancías, o de autobuses, gestión de polígonos residenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma, etcétera.

Para terminar, Señorías, y como resumen, entendemos que con la creación de GESTURES provinciales en Valladolid y Zamora y de

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GESTURCAL

L en el conjunto o en el ámbito territorial completo de la Comunidad se completa el diseño más adecuado de los instrumentos necesarios y complementarios para una eficaz gestión de los intereses regionales en materia de suelo. Por ello, solicitamos de Sus Señorías la aceptación del contenido de este Proyecto de Ley y, como consecuencia, su voto afirmativo a la aprobación del mismo. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias.

Los Votos Particulares que se mantienen con respecto a este Proyecto de Ley, dada su conexión interna, vamos a acumularlos tanto a efectos de su debate cuanto a efectos de su votación, y vamos a entrar en ese debate y en esa votación previamente a la votación de todo el resto del articulado de la Ley.

En turno a favor y defensa de estos Votos Particulares, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Buiza Díez.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Señor Presidente, Señorías. Voy a ser breve en la defensa de este Voto Particular del Grupo Socialista, que incluso tiene un carácter un tanto atípico, porque, efectivamente, hace referencia a la petición de vuelta al texto de la Ponencia del título de la Ley, de la Exposición de Motivos y del Título I de la Ley. Curiosamente y sorprendentemente, en Comisión se vota el título de la Ley y se vota la Exposición de Motivos, sin que hubiese habido ninguna Enmienda, y es rechazado ese articulado. No ocurre así en el Título I, en el que, efectivamente, había una Enmienda del Grupo Mixto y fue aprobada por la Comisión.

Mi Grupo entiende que es atípico, ciertamente, una Ley sin título, sin nombre, que también no es normal una Ley sin Exposición de Motivos, y, sobre todo, que es más atípico aún si esto sucede sin que se ha hayan presentado Enmiendas a ambos apartados.

En cuanto al Título I, que hace referencia a la Sociedad de GESTUR Urbanística de Castilla y León, GESTURCAL, no es cuestión de repetir los argumentos que mi Grupo ha dado motivando la necesidad de esta Sociedad de Gestión Urbanística, algunos de los cuales, incluso, el señor Consejero de Obras Pública ha reiterado nuevamente. Sí entendemos que, si esto es una Región, bien está que haya una Sociedad de Gestión urbanística también de Castilla y León, que configure y que mantenga un paralelismo con la configuración jurídica de la Comunidad Autónoma, al igual que se reconoce la vertebración de la Región en nueve provincias, lo cual ha prefigurado la existencia de nueve GESTURES provinciales.

La GESTUR regional de Castilla y León, GESTURCAL, puede cumplir importantes funciones, que podrían quedar un poco difuminadas en las GESTURES provinciales.

La GESTUR regional de Castilla y León, GESTURCAL, puede cumplir importantes funciones, que podrían quedar un poco difuminadas en las GESTURES provinciales. Tiene la pretensión de actuar en cuestiones estratégicas de interés regional, que transciendan los intereses provinciales, coordinando también actuaciones, criterios, y homogeneizando un poco la actuación de las distintas GESTURES provinciales. Por otra parte, sus actuaciones concretas pueden también hacer referencia a las que ya señaló hace un momento aquí el señor Consejero y que yo no voy a reiterar para no repetir.

Es, por consiguiente, suficiente argumento... Nosotros, por otra parte, no hemos encontrado -a ver si ahora se nos dan nuevos argumentos- argumentos serios que indiquen que GESTURCAL no es necesaria. Entendemos que sí que lo es. Que, por otra parte, no va a incrementar gastos de gestión, al menos especialmente, toda vez que los mismos servicios de las Consejerías, los altos cargos de la Consejería pueden gestionar directamente, a través del Consejo de Administración de GESTURCAL, sus intereses. Y que por consiguiente no hemos visto, ni en Ponencia ni en Comisión, argumentos serios por los cuales no deba existir esta Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León.

Por consiguiente, y ya termino, mi Grupo pide la vuelta al texto de la Ponencia, tanto en cuanto al título de la Ley, como a la Exposición de Motivos, como al Título I. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Posada Moreno...

Como la Enmienda con la que tienen relación estos Votos Particulares era una Enmienda presentada por el señor Montoya, es a él a quien corresponde este turno de palabra para consumir un turno en contra de estos Votos Particulares.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Cuando se presentó la Ley, yo presenté una Enmienda a la Totalidad, que no debió serlo a la totalidad, porque quería ser -y así lo dije- una Enmienda a la Totalidad porque la parte de la Ley cuyo criterio no compartía era aquélla mediante la cual se creaba la Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León. Yo dije entonces, lo he repetido en la Comisión, que me parece que no es necesaria una Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León.

Yo he escuchado atentamente los argumentos del señor Consejero y, siguiendo con el ejemplo gráfico que él nos ponía, yo creo que si hace falta llevar a cabo una actuación en el Camino de Santiago, que sí que hace falta llevar a cabo una

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actuación en el Camino de Santiago, sobre todo en la carretera que conduce de Burgos a León, que está muy mala en muchos de sus tramos y por parte de la Comunidad ya se conoce; si hace falta, digo, llevar a cabo una actuación de este tipo yo no veo que la GESTUR de Burgos pueda llevar a cabo... no veo inconveniente en que la GESTUR de Burgos pueda llevar a cabo la actuación en el Camino de Santiago, tramo primero, la de Palencia en el tramo segundo y la de León en el tramo tercero, teniendo en cuenta que ambas GESTURES, las tres GESTURES, que son participadas por la Junta, en las tres GESTURES están Consejeros nombrados por la Junta de Castilla y León y las tres GESTURES están presididas... supongo que la de Burgos por el Delegado de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y la de Palencia y León, si no son por los mismos Delegados, será por otras personas; en cualquier caso, cargos políticos nombrados por la Junta.

Yo no veo, por tanto, que haya necesidad, o que se pueda producir ningún desfase para el que haya que nombrar o hay que hacer otra GESTUR de Castilla y León, con todo su aparato funcionarial, con todos sus servicios técnicos y administrativos, con toda su gerencia, etcétera, solamente y esperando que haya una actuación entre dos, tres, cuatro o todas las provincias de la Comunidad. Me parece que es un derroche innecesario; que la descentralización, precisamente, lo que impone es la necesidad de que cada GESTUR en su provincia resuelva lo que afecta a su provincia determinada y que no haya necesidad, por tanto, de hacer una GESTUR que abarque a todo, porque eso es tanto como partir de un principio de descentralización, que es la creación de las GESTURES -de descentralización relativa, porque, en cualquier caso, la Consejería de Obras Públicas, repito, y a través de sus Consejeros, controla a todas ellas- para después, pues, volver a hacer un fenómeno de concentración y crear una GESTUR de Castilla y León, que podía ser el primer paso para a lo mejor esa GESTUR de Castilla y León dejarla como GESTUR única, suprimiendo todas las demás, lo cual hasta podría ser que estuviera en el ánimo del legislador.

Entonces, por eso y no por otras razones, yo me opuse a este Proyecto de Ley. Me opuse en el Pleno, mediante una Enmienda a la Totalidad, y me opuse en la Comisión mediante una Enmienda parcial que suprimía el Título I, justamente lo que hace... el que hace referencia a la Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León.

Bueno, hecha esta Enmienda, en la Comisión encontramos que el título era improcedente ya. No hecha esta Enmienda, sino hecha esta Enmienda y aprobada en la Comisión, encontramos que el título era improcedente y que en la Exposición de Motivos había un último párrafo que se refería a la Gestión de la... a la GESTUR de Castilla y León, y fue mi criterio, y así lo intenté, hacer una Enmienda Transaccional en la que se dejara el título suprimiendo lo que la GESTUR de Castilla y León y dejando solamente la creación de las GESTURES de Valladolid y Zamora. Y, al mismo tiempo también, quise proponer -lo que pasa que no fue posible hacerlo- que se suprimiera el último párrafo de la Exposición de Motivos. De esa forma, esa Ley no hubiera venido, como ha venido, a esta Comisión sin título y sin Exposición de Motivos. Todo ello radicó en la oposición frontal del Grupo Socialista a que se hiciera una Enmienda Transaccional, una Enmienda de acercamiento, una Enmienda técnica, o como queramos llamarla, que dejara el texto que no se había corregido con la Enmienda mía coherente con la Enmienda que se había aprobado. Este es el motivo por el cual, pues, esta Ley viene así.

Es indudable que yo no voy a hacer mucho hincapié en que una Ley no debe estar sin título, no debe estar sin Exposición de Motivos, pero sí que tiene que estar en coherencia con el texto aprobado y tiene que hacerse en coherencia con el texto que saliera de la Comisión, en su caso, y el texto que vaya a salir del Pleno en este caso. por eso yo lo único que hago es la defensa de la Enmienda, y haría, por otra parte, lo que haría sería repetir argumentos que ya he manejado anteriormente, incluso en estos Plenos: por qué esta Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León... Hecha además con mucha prisa y con mucha precipitación, porque yo no veo por qué en este último período de sesiones, en estos últimos días ha habido mucho interés en aprobar esta empresa, una empresa pública más, desde mi punto de vista innecesaria, que en este período legislativo no va a poder empezar a funcionar. Sería mucho mejor que se crearan las otras GESTURES, que funcionaran las GESTURES de todas las provincias y, bueno, aún considerando y aún pensando que pudiera existir una necesidad de esta gestión de Castilla y León, que, repito, yo no la veo por ningún lado, pero, aún considerándolo, en su día y cuando procediera, en próximas Legislaturas, pues lo que nos sucedan procederían a hacer la ley que regule esta empresa pública. Porque ya se me dirá para qué la queremos esta empresa pública ahora y en estos momentos, como no sea que, bueno, o encierre algún planteamiento oculto, que a mí desde luego se me escapa, evidentemente, y no quiero pensar que se encierre, pero que yo no veo por qué se ha hecho esta Ley tan precipitada.

Tan precipitada que estos mismos defectos que hemos observado con lo que ha salido de Comisión han sido debidos a que la Ley estaba mal hecha.

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Si se trata de crear una GESTUR de Castilla y León, si se trata de crear unas GESTURES de Zamora y de Valladolid, háganse tres leyes, tres leyes diferentes, que serán muy parecidas en su contenido, evidentemente, pero que al mismo tiempo son muy sencillas, con lo cual una de las leyes sería la creación de la Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León y las otras las GESTURES de Valladolid y Zamora. Pero se ha querido hacer con una Ley que es un "pastiche" lo que se ha hecho aquí y que, verdaderamente, pues yo no encuentro explicación ninguna de ello.

Por eso y no por otros motivos he presentado esta Enmienda a la Totalidad y por eso, y por ningún otro motivo, yo me voy a oponer a este Voto Particular del Grupo Socialista y voy a votar en contra del mismo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Buiza Díez.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Brevemente, porque lo que ha dicho aquí el señor Montoya, efectivamente, ha sido una repetición de lo que ya se ha planteado en Comisión, y no vamos a entrar en polémica sobre quién es el causante de la incoherencia que se plantea en este Proyecto de Ley. Es evidente que si se hubiese presentado una Enmienda al título, otra Enmienda a la Exposición de Motivos, como se presentó una Enmienda al Título I, y por la mayoría de los votos -que en Comisión tenían el Grupo Mixto y el Grupo Popular- se hubiesen aprobado, esta incoherencia que ahora aparece aquí no se hubiese dado. Es interesante dejar claro esta matización porque la incoherencia nace del hecho de que no se hacen Enmiendas coherentes, coincidentes. No sé si con la desconfianza de que se fuese a aprobar la Enmienda propuesta, con lo cual, lógicamente, no hacía falta hacer otras Enmiendas, porque carecerían también de sentido, o por qué razón.

Mi Grupo, ciertamente, no podía aceptar ninguna transaccional porque no cabía posibilidad de transaccionar nada. O se aceptaba la Enmienda, o no se aceptaba. O se aceptaba la creación de la GESTURCAL o no se aceptaba, y ésa era la única transacción que allí podía hacerse. Lógicamente, nosotros mantuvimos nuestro planteamiento coherentemente, no podíamos hacer otra cosa.

A mí me sigue sorprendiendo que se diga, como argumento importante al parecer, que la GESTURCAL va a ser algo así como un pozo donde se va a gastar inútilmente dinero en gastos corrientes, que va a ser como un refugio de funcionarios con altos sueldos, porque, a mi juicio, a mi criterio y además según están configuradas las GESTURES, y concretamente la GESTURCAL, este gasto corriente que aquí se pretende decir que se va a dar, esta existencia de funcionarios no va a ser así. Evidentemente, no va a ocasionar nuevos gastos corrientes, o muy marginalmente.

Se me ha dicho que otras GESTURES provinciales pueden cumplir las funciones de GESTURCAL. Bueno, siguiendo con esa argumentación, podríamos también decir que sobran las GESTURES provinciales, porque podría haber otras instituciones, llámese Diputaciones, llámese iniciativa privada, llámese Cámaras de Comercio, llámese cualquier otra cosa, que también podrían cumplir esas funciones que ahora se asignan a las GESTURES provinciales.

De lo que se trata es de decir si GESTURCAL, con GESTURES provinciales o sin ellas, cumple alguna función, o merece la pena, no si eso lo podrían hacer otras. Porque, insisto, utilizando ese argumento podríamos llegar al infinito e ir quitando eslabones, porque siempre habría un último eslabón que con mejor o peor fortuna cubriría ese hueco, llegando incluso a la simple iniciativa privada, que también podría actuar en muchos de estos terrenos que ahora se actúa.

Por consiguiente, no he visto argumentos nuevos que motiven a mi Grupo, ni supongo que a otros Grupos, a la no existencia de la GESTURCAL. Es decir, la GESTURCAL sirve para algo, cumple funciones, sin perjuicio y sin entrar en el debate de si hay otras instituciones que también podrían, con mejor o peor fortuna, cumplirlo. Por otra parte, hay actuaciones que requieren de coordinación, que es un argumento que hemos dado, que requieren de homogeneización, que requieren de actuaciones globales, y el dato que aquí se planteó, o la anécdota, como decía el señor Montoya, del Camino de Santiago, qué duda cabe que, claro, podrían actuar, troceando el Camino de Santiago, Burgos, Valladolid, o Palencia y León. También, descendiendo, podríamos decir que podrían actuar cada uno de los municipios por los que pase este Camino de Santiago, y, en lugar de actuar tres instituciones, podrían actuar veinticinco; también lo podrían hacer. Pero eso, en cualquier caso, requeriría previamente una coordinación de estas instituciones, que solamente tendrían una actuación parcial en una actuación global que se pretende hacer. Esto lo soluciona perfectamente la GESTURCAL, sin perjuicio de que después la gestión concreta corra a cargo de las GESTURES provinciales.

Por consiguiente, mi Grupo reitera su planteamiento de que vuelva al texto de la Ponencia, concretamente, el aspecto que aquí se trae a debate fundamental, que es la existencia de la GESTURCAL. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

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EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Brevemente, para rebatir algunos argumentos que ha manejado el señor Buiza, que yo no lo he dicho. Parece que el señor Buiza me ha querido atribuir que yo haya dicho que esto es un pozo de la GESTURCAL. Bueno, yo no he dicho que esto sea un pozo; son cien millones de pesetas y nada más, que es lo que dice aquí. Pero yo ni siquiera he hablado de ello. Yo no he hablado de que esto sea un pozo. Evidentemente, Su Señoría ha querido entender que son cien millones de pesetas que se van a tirar y que son bastante cien millones de pesetas, pero lo del pozo yo no lo he dicho.

¿De que va a ser un refugio de funcionarios? Tampoco lo he mencionado. Yo he dicho que me ha extrañado la precipitación, que se haya hecho hasta mal una Ley para traerlo ahora así en el último momento, por qué se trae esta Ley. Pero yo no he hablado de refugio de funcionarios, nadie me ha oído hablar aquí, ni de refugio de funcionarios, ni de nada. O sea, yo he preguntado, he dejado una pregunta en el aire: ¿Por qué se hace esto así, con esta rapidez? ¿Para qué? Esto sí que lo he dicho. El para qué no me lo ha contestado el señor Buiza, pero, en cambio, sí que me ha dicho que lo que se trata... que yo he querido decir que era un refugio de funcionarios. No he dicho nada. Parece que la enfermedad está en la mente del señor Buiza, no en la mía.

Bueno, tampoco retorcer el argumento que yo he manejado del Camino de Santiago, decir que lo podía hacer cada ayuntamiento. Hombre, podrá haber cosas que a lo mejor las pueda hacer cada ayuntamiento, pero verdaderamente que, cuando haya que actuar en una carretera como la del Camino de Santiago, puedan actuar tres GESTURES al mismo tiempo, que están coordinadas por la Junta, por los funcionarios de la Junta, que presiden las tres GESTURES y que son consejeros de las tres GESTURES, Y que tienen mayoría en las tres GESTURES, pues me parece que no... que no es decir que hay que trocearlo y que aquello pues se vaya a llegar a unos trozos tan pequeñitos que cada ayuntamiento -y por qué no cada Junta Administrativa- pues pueda hacer toda actuación. No, no he querido decir eso y no se me confundan los argumentos.

Y, finalmente, bueno, decir también que si vamos quitando escalones vamos a dejar a la simple iniciativa privada. Hombre, es cierto que yo he defendido en esta Cámara muchas veces (sigo defendiéndolo) la iniciativa privada, en grandes cosas, con más entusiasmo que la iniciativa pública; pero yo nunca me he opuesto a la iniciativa pública. Yo estoy aceptando la iniciativa pública en la creación de las GESTURES. Yo no creo que las GESTURES es una actividad en la iniciativa pública, o la gestión pública puede llevarse a cabo a través de ellas. Yo creo que están bien las GESTURES y por eso veo que esté bien una GESTUR en cada provincia, y yo contribuí además a la creación de una GESTUR en mi propia provincia y fui el primer Presidente de la misma. ME parece que eso es bueno. Yo creo que no se debe de ir ni en contra de la iniciativa privada ni en contra de la iniciativa pública; hay que buscar un punto de equilibrio y el punto de equilibrio, para mí, está en que estas GESTURES pueden y deben existir una en cada provincia, pero, sin embargo, no tiene ningún sentido pasar a la gestión privada de segundo orden, como sería hacer una GESTUR de segundo orden, de segunda categoría, o de primera dejando a las otras de segunda categoría, como es el caso de la gestión de la GESTUR de Castilla y León. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias.

Se someten a votación los Votos Particulares del Grupo Parlamentario Socialista propugnando la vuelta del texto del Informe de la Ponencia en lo que se refiere a la supresión en el Dictamen de la Comisión de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, título de la Ley y Exposición de Motivos, todos ellos acumulados.

Votos a favor de estos Votos Particulares. Pueden bajar la mano. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación: Votos emitidos: cincuenta y nueve. Votos a favor: treinta y cinco. Votos en contra; veinticuatro. Abstenciones: ninguna. Quedan, por tanto, aprobados los Votos Particulares que acaban de ser sometidos a votación.

Votación ahora del resto del articulado del proyecto de Ley, artículos 6, 7, 8 y 9, Disposiciones Finales Primera, Segunda y Tercera. Votos a favor. En contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y nueve. Ninguno en contra, ninguna abstención. Quedan, por lo tanto, aprobados todos estos artículos, Disposiciones Finales primera, Segunda y Tercera, por unanimidad.

¿Algún Grupo desea consumir un turno para explicación de voto? ¿Grupo Mixto? ¿Grupo Popular? ¿Grupo Socialista?

Pasamos, entonces, al siguiente punto del Orden del Día. Quinto punto del orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio del Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad".

Tiene la palabra el señor Vicepresidente de la Junta para hacer la presentación del Proyecto de Ley.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En cumplimiento del mandato del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su artículo 34 establece que "el régimen jurídico, administración y conservación del patrimonio de la Comunidad se regularán por Ley", la Junta de Castilla y León, a iniciativa y propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, presentó a esta Cámara el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León para someterlo a la consideración de Sus Señorías.

Esta razón de origen estatutario se vio complementada por la necesidad de solucionar los problemas planteados por la gran afluencia de bienes a la Comunidad como consecuencia del proceso de transferencias y que hasta el presente han obligado a utilizar la legislación estatal, pensada, indudablemente, para otro marco diferente que el del Estado de las Autonomías. Las peculiaridades propias de la Administración Regional han evidenciado la necesidad de establecer una regulación también propia en esta materia, adaptada a la realidad de la Comunidad Autónoma, donde el patrimonio se nutre esencialmente de bienes transferidos, siendo mínimo el número de bienes de dominio privado.

Así pues, al oportunidad del Proyecto de Ley que hoy presento en esta cámara no se fundamenta sólo en el cumplimiento del Estatuto, sino también en la necesidad de tener una legislación propia que responda a las realidades y problemas de la Administración Regional, realidades y problemas puestos de manifiesto en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la norma básica de la Comunidad Autónoma.

Pero ha existido otra razón también poderosa, que se suma a las anteriores y que, por otra parte, ha sido permanentemente horizonte en el quehacer de la Consejería de Economía y Hacienda. Dicha razón no ha sido otra que el objetivo permanente de intentar cumplir lo más escrupulosamente posible el programa electoral con el que el Partido Socialista de Castilla y León se presentó a las Elecciones del ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y tres.

Quisiera ahora, una vez apuntadas las precedentes razones, establecer la necesidad y oportunidad de la Ley de Patrimonio de la Comunidad, a la vez que hacer especial énfasis en las novedades introducidas respecto -y que justifican, por lo tanto, en último término, la misma-, respecto a la legislación patrimonial del Estado hasta ahora utilizada.

En primer lugar, la novedad más importante respecto a la Ley del Patrimonio del Estado y su Reglamento es la regulación conjunta de todos los bienes pertenecientes a la Comunidad, sean demaniales, o de dominio público, sean patrimoniales, o de dominio privado. Y ello por las siguientes razones. Primera, para poder establecer una regulación uniforme para el conjunto de bienes de los que es titular la Comunidad. Y segunda: puesto que la mayor parte de los bienes de la Comunidad -actualmente la totalidad- están afectos a la prestación de un servicio público (son bienes patrimoniales... perdón, demaniales), establecer una regulación solamente para los bienes patrimoniales carecería de sentido práctico.

Téngase en cuenta que, si bien esta situación puede cambiar posteriormente, lógicamente nunca tendrán gran relevancia este tipo de bienes, ya que la Administración de la Comunidad tiene como objetivo fundamental y directo la prestación de servicios públicos y no la explotación patrimonial, si bien es cierto que las rentas de esta forma generadas, a través de la explotación patrimonial, indudablemente repercutirían en dichas prestaciones de forma indirecta.

En segundo lugar, y ésta también es una razón y una mayor agilidad y sin menoscabo de la seguridad jurídica, la tramitación administrativa, suprimiendo, por ello, en todas las adquisiciones de bienes y derechos realizadas a instancias de órganos de la Administración, la afectación expresa, y suprimiendo en todo caso las actas de desafectación y afectación, por considerar a estos documentos meros trámites que no aportan nada ni benefician la gestión administrativa.

Y, por último, se ha buscado, en esta línea de novedad, desconcentrar -en la medida de lo posible, eso sí- las facultades de la Consejería de Economía y Hacienda, transfiriendo dichas facultades a otros órganos de la Administración Autónoma cuando los mismos, en cumplimiento de esos fines, adquieran bienes para devolverlos al tráfico jurídico. Por ejemplo, la Consejería de Obras Públicas cuando adquiere viviendas para devolverlas al tráfico jurídico.

En resumen, la regulación establecida en la presente Ley que vamos a tener ocasión de votar y debatir responde a las siguientes preguntas: qué es el patrimonio de la Comunidad, qué normas le son de aplicación, para qué y cómo se puede utilizar, cómo llegan los bienes y derechos a formar parte de este patrimonio y cómo salen de él, y, mientras pertenecen al mismo, cómo son las disposiciones en materia de responsabilidad y sanciones. Estoy convencido de que la Ley que ha presentado mi Gobierno a Sus Señorías contesta de la forma más adecuada posible a todos estos interrogantes y preguntas y proporciona, sin duda,

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a la Comunidad Autónoma un instrumento básico y duradero para el futuro desenvolvimiento de la Administración Regional.

Llegado a este punto, no quisiera, antes de abandonar por última vez esta Tribuna en esta Legislatura, dejar de resaltar el hecho de que de las veintitrés leyes aprobadas hasta el momento, veintiséis con las que en esta sesión de Cortes se han presentado hoy, once corresponden a temas relacionados con la Consejería de Economía y Hacienda. Las cifras son, pues, elocuentes del esfuerzo conjunto realizado, tanto por mi Gobierno como por estas Cortes, y debemos, creo, señor Presidente, felicitarnos por el mismo. Pero, sobre todo, debemos felicitarnos por el clima de cooperación y consenso que ha existido entre todos los Grupos Parlamentarios, el cual se ha puesto de manifiesto por el dato elocuente también de que tanto la Ley de Tasas, aprobada el veintiuno de Junio de mil novecientos ochenta y cinco, como la Ley de la Hacienda de la Comunidad, aprobada el veintitrés de Diciembre del ochenta y seis, o esta Ley del Patrimonio, han sido debatidas en el Pleno de estas Cortes sin pasar por el trámite de la Enmienda a la Totalidad, y ésta es, a mi juicio, la mejor prueba de que la Comunidad Autónoma, a través de estas tres leyes, se ha dotado de instrumentos hechos para ser utilizados en un período amplio de tiempo, se ha dotado de un marco jurídico básico, en materia económico-financiera, completo y estable, que podrá perdurar.

Y estos elementos objetivos me han permitido comparar la labor legislativa realizada en materia económica por estas Cortes de Castilla y León, desde el ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y tres hasta el día de hoy, con el de otras Comunidades Autónomas, comprobando con satisfacción que de las restantes dieciséis Comunidades Autónomas solamente tres: Cataluña, Valencia y Aragón, se han dotado al día de hoy de ese marco y han elaborado leyes reguladoras de las Tasas, de la Hacienda y del Patrimonio. Por consiguiente, la Comunidad de Castilla y León, sus Cortes, al aprobar hoy la Ley de Patrimonio, se encontrará sin duda entre las más dinámicas de las Comunidades que, en desarrollo de sus Estatutos de Autonomía, han completado hasta el momento una regulación general en materia de economía y hacienda.

Para concluir, Señorías, quisiera resaltar de nuevo, como público reconocimiento a todos los Grupos Parlamentarios, el clima de consenso obtenido, una vez más, en el análisis, debate y mejora de esta Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. Con ello, se cierra un ciclo legislativo que ha permitido desarrollar el Título III del Estatuto de Autonomía y dotar a la Comunidad de Castilla y León de un instrumento legal que permitirá tener, en esta materia, una regulación propia y adaptada a las peculiaridades de nuestra Administración Regional y -por qué ocultarlo- permitirá cumplir el compromiso y programa con el que el PSCL-PSOE se presentó a las elecciones autonómicas de Mayo de mil novecientos ochenta y tres.

Señor Presidente, Señorías, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se someten a votación los artículos 1 al 40, ambos incluidos. Votos a favor de estos artículos. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación: Votos emitidos. cuarenta y nueve. Votos a favor: cuarenta y nueve. En contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. Quedan, por lo tanto, aprobados estos artículos por unanimidad.

En relación con el artículo 41 se mantiene viva la Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Señor Presidente, Señorías. El artículo 41 dictaminado por la Comisión establece que la adquisición de los bienes que tenga lugar por la Comunidad será con carácter general por concurso público. "No obstante -dice el párrafo segundo-, el Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar la adquisición de forma directa cuando se considere necesario, por razones de urgencia, peculiaridad del bien que se pretende adquirir o la necesidad que deba ser satisfecha".

Nosotros hemos mantenido viva la Enmienda de este artículo, que no prosperó en la Comisión, porque creemos que se debe suprimir la segunda para del artículo. Creemos que toda actividad de la Administración Pública debe ser una actividad reglada y debe tratarse de compaginar la agilidad en la gestión con las formalidades administrativas precisas. Una Comunidad no puede funcionar con el mismo régimen que una empresa privada. Y dejar establecido en este artículo que la Comunidad... o que el Consejero de Economía y Hacienda, mejor dicho, puede autorizar adquisiciones de forma directa porque lo considera necesario así por razones de urgencia, o por la peculiaridad del bien, o por una determinada necesidad que deba ser satisfecha, nosotros creemos que es dejar un portillo abierto a la discrecionalidad.

No se trata de poner trabas al movimiento administrativo de la Junta. Lo que creemos es que cualquier buen gestor debe tener la suficiente previsión cuando tiene que adquirir un bien determinado, y, en este caso, la Junta que tenga la competencia, o el consejero de Economía correspondiente, deberá prever siempre las necesidades que tenga la Junta en este Capítulo.

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Uno de los apartados que se establecen es el de la peculiaridad del bien. Nosotros creemos y repetimos que, como norma general, está muy bien establecida la del apartado primero, que debe ser hecha por concurso público. Veamos, por ejemplo, un caso particular en el cual la Junta de Castilla y León tiene que decidir la adquisición de un bien determinado de unas características determinadas. No están excluidas en la generalidad del artículo primero, porque, si se trata de adquirir un bien determinado que no es un bien genérico, no es necesario dejar establecido... no es necesario que la Junta establezca un concurso público. Por ejemplo: se quiere adquirir un castillo que está en ruinas porque se quiere restaurar. La Junta no tiene más que decir que va a adquirir ese castillo, no va a sacar un concurso de adquisición de castillos, porque será un castillo determinado.

Nosotros lo que creemos es que, como decía antes, la actividad administrativa es una actividad reglada, no se pueden dejar portillos abiertos que puedan dar lugar a la discrecionalidad. Y, Señorías, yo no puedo olvidar cuando estoy mencionando estos argumentos un reciente caso que ha ocurrido en la Autonomía andaluza, en la cual la Junta, discrecionalmente ha comprado un edificio en una cifra muy importante de millones que ha dado lugar, incluso, a la creación de una Comisión Parlamentaria para investigar a ver por qué se hizo esa compra de esa manera. Nosotros no queremos, repito, poner trabas a la gestión administrativa de la Junta, pero cualquier gestor público debe ser previsor, y en la adquisición de los bienes se deben mantener unas determinadas formalidades y, por tanto, Señorías, yo les pido que apoyen la Enmienda que presenta el Grupo Popular y que sea suprimido el párrafo segundo del presente artículo.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Señor Presidente, muy brevemente. La Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Popular, precisamente, trata de suprimir el segundo párrafo de dicho artículo, en el que se dan las circunstancias por las cuales la adquisición de bienes puede ser de otra forma que no sea por concurso público, y se plantean tres supuestos o tres excepcionalidades, que son: la primera, razones de urgencia, peculiaridad del bien, o la necesidad que deba ser satisfecha.

Difícilmente, señor Carbajo, podríamos adquirir ese castillo a que se ha referido en su anterior intervención si suprimimos precisamente este segundo párrafo, puesto que, si enunciamos de forma general, en el artículo 41, que "la adquisición de estos bienes tendrá lugar con carácter general por concurso público", y aquí terminamos el artículo, difícilmente podríamos realizar las excepcionalidades que se anuncia... que anuncia el Proyecto de Ley en el segundo párrafo.

Yo creo que tiene como finalidad esta Enmienda la garantía de las adquisiciones, que se realicen no con la forma... que no sean de forma arbitraria, y efectivamente. Pero yo también quiero decir que en la legislación general de contratos se puede cubrir también una adjudicación directa en realidad, y aquí lo que ocurre es que la justificación... en la justificación de su Enmienda indican: "Para evitar riesgos innecesarios". Denota una falta de confianza en todo Gobierno de esta Comunidad por razones ajenas a la técnica jurídica. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Gracias. Tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Simplemente para decir que sí, que, efectivamente, eso denota una cierta desconfianza, porque nosotros, como Procuradores que leemos el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, vemos cómo frecuentemente se utiliza, pues, el carácter discrecional para la selección de personal y para multitud de cosas.

Nosotros, repito, insistimos en que creemos que la actividad de la Administración Pública debe de ser reglada. Que establecer con carácter general no significa que, por sentido común del propio precepto, no se desprenda el que pueda haber alguna excepción, y cuando hay un caso concreto nadie lo va a discutir, porque creo que la expresión del primer párrafo del artículo primero es bastante clara. Precisamente, lo que queremos evitar es la discrecionalidad, el que ésta se convierta en norma de la Administración, en norma de actuación de la Administración Pública, que, repito, una vez más -y si esto Su Señoría lo toma como desconfianza, a lo mejor tiene razón-, tiene que ser una actividad reglada. Esto no es una empresa privada, es una empresa pública, es patrimonio de toda la Comunidad de Castilla y León, que somos todos los ciudadanos que pertenecemos a ella, y, por tanto, no se debe generalizar la excepción, y, como hemos visto que la excepción se generaliza, por esto tenemos estas reservas y por eso pedimos la supresión de este párrafo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ);

Gracias. Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Gracias, señor Presidente. Desde luego, la excepcionalidad son los tres supuestos que pone el

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artículo, o que están incluidos en el párrafo segundo del artículo 41. Y vuelvo a repetir: razones de urgencia, peculiaridad y necesidad. Y, además, que es una práctica... Es decir, y la práctica general es concurso público, y es la práctica general de todas las administraciones públicas; pero, además, todas las administraciones públicas tienen la excepcionalidad. ¿Por qué no va a tener la excepcionalidad la Junta de Castilla y León?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias.

Se somete a votación la Enmienda que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y uno. Votos a favor: veintidós. Votos en contra: veintinueve. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Popular.

Votación ahora del artículo 41 de acuerdo con el texto del Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 41. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación: Votos emitidos: cincuenta y uno. Votos a favor: veintinueve. Votos en contra: veintidós. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 41.

Votación ahora de los artículos 42 al 52, ambos inclusive, acumulados. Votos a favor de estos artículos. Votos en contra. Abstenciones.

Votos emitidos: cincuenta y uno. Votos a favor: cincuenta. En contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. Quedan, por lo tanto, aprobados los artículos 42 al 52, ambos incluidos.

En relación con el artículo 53 se mantiene viva la Enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Socialista. En turno a favor, tiene la palabra el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La intención de la Enmienda, como de tantas otras aprobadas en Ponencia y en Comisión, es mejorar el texto del proyecto, a fin de añadir una salvaguarda que garantice que, cuando la Comunidad Autónoma tiene un bin que se encuentra en litigio por un litigio que no afecta a las cuestiones fundamentales sobre la propiedad del bien, pueda enajenarlo, si tal es su deseo, siempre que exista un informe favorable de la Asesoría Jurídica General de la Comunidad y de que la libertad de disposición resulte de los instrumentos de publicidad jurídica, es decir, de documentos fehacientes de dominio público que garanticen que la Comunidad Autónoma es, efectivamente, propietaria de este bien.

Esta Enmienda tiene sentido el evitar... tiene como sentido el evitar que particulares puedan intentar obstaculizar el funcionamiento de la Administración planteando artificialmente litigios que no afecten a la propiedad de los bienes y que, sin embargo, puedan dilatar en el tiempo adjudicaciones de los mismos, como a veces sucede, con cierta frecuencia y para perjuicio general de los administrados, en determinadas realizaciones de la Comunidad Autónoma.

Ese es el único sentido que existe en la Enmienda. La redacción de la misma es suficientemente moderada, en el sentido de que se exige informe de la Asesoría Jurídica General de la Comunidad y se exige que existan instrumentos de publicidad jurídica que garanticen el que esos bienes... el que la Comunidad Autónoma puede disponer libremente de esos bienes, y, en este sentido, nosotros la mantenemos. Creemos que es importante para garantizar una Administración más ágil y para garantizar también defender mejor los derechos de los administrados y pensamos que, de no aprobarse, se correría el peligro de que a veces particulares pudieran obstaculizar el uso por otras personas, probablemente más necesitadas que ellos, de bienes de la Administración simplemente planteando litigios que no afecten realmente a cuestiones de propiedad sobre los bienes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Turno en contra. Tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Parece un contrasentido, Señorías, que un miembro del Grupo Popular venga a defender el texto, precisamente, del proyecto de Ley, en contra de lo que está defendiendo ahora el Portavoz del Grupo Socialista. Si el proyecto de Ley lo ha remitido la Junta y es un proyecto de Ley que hay que pensar que está bien elaborado por un gabinete de técnicos, pues habrá que decirle a la Junta que haga el favor de mirar las cosas un poco mejor antes de mandar a las Cortes; si no, no entiendo bien la postura del Grupo Socialista.

En cualquier caso, nosotros en Comisión siempre hemos apoyado este artículo, porque creemos que está puesto con su cuenta y razón. Es una cautela que establece la Ley, que es lógica, para evitar perjuicios mayores de difícil o imposible reparación que se podían producir en la enajenación de bienes que estén sujetos o suspensos a un litigio. Imagínense ustedes que la Junta de Castilla y León enajena unas viviendas de promoción pública que están ubicadas en un solar que algún particular, o una empresa, u otra institución de derecho público está reclamando la propiedad de ese solar y hay un pleito. Aquí se trata de obviar esa posibilidad, en el sentido de facilitar el que la Junta en un bien que esté en esta situación de litigio, pueda transmitirse.

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Si se transmite y le litigio se resuelve a favor de la Comunidad, no pasa nada; pero si el litigio se desenvuelve o se resuelve en contra de la Comunidad, el lío que se puede armar es mayúsculo.

Esta disposición no viene sólo en este Proyecto de Ley que, como dije antes, ha presentado la propia Junta, sino que viene en la Ley de Patrimonio del Estado y en otras leyes de otras Comunidades Autónomas. Nosotros creemos -y repito lo de la actividad administrativa reglada- que es una cautela que establece la propia Ley, que se debe dejar ahí y que está bien puesta para evitar males y perjuicios mayores y, sobre todo, de imposible o de muy difícil reparación. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí, señor Presidente. Bueno, antes de nada, aclarar una cuestión, y es que el Grupo Parlamentario Socialista no es la Junta, y, de la misma manera que el Grupo Parlamentario Socialista a veces acepta Enmiendas del Grupo Popular porque piensa que mejoran un Proyecto de Ley elaborado por la Junta, pues el Grupo Parlamentario Socialista también pretende mejorar proyectos de Ley de la Junta, que, como toda obra humana, es mejorable en sí misma; no hay obra humana que sea perfecta, por lo menos eso es lo que dicen los clásicos.

Entonces, yo la verdad es que ésta es una discusión que, realmente, en ningún Parlamento ya se plantea; en todo caso, pues tiene bastantes años y parece razonable que los Grupos Parlamentarios todos ellos tengan capacidad para presentar Enmiendas. Y además el Grupo Parlamentario Socialista ha demostrado, de alguna manera, en este Proyecto de Ley, aceptando numerosas Enmiendas del Grupo de la Oposición, que tiene un espíritu de apertura, un espíritu amplio hacia todo lo que se entienda que puede mejorar el texto del proyecto, espíritu que nos gustaría ver todos los Grupos Políticos.

En este sentido, nosotros creemos que nuestra Enmienda sí que mejora el texto del Proyecto de la Junta, y, de alguna manera, que le añade a la Administración algo que es importante, y es agilidad. Parece también un contrasentido que, desde posiciones que se reivindican, aunque bien sea titulándose conservadoras, como liberales, se intente constantemente el hacer más rígido y más burocrático el funcionamiento de la Administración, y voy a mencionar un ejemplo concreto. Cualquier litigio que afecte a una construcción de viviendas entre la Constructora y la Administración, en el caso de que la Administración sea la adjudicataria de la construcción, paraliza, tal como está la Ley de Patrimonio del Estado, la adjudicación de las viviendas. Y así, nos encontramos con que la legislación española, que tiene bastantes años y que hay que mejorarla, evidentemente, pues a veces hace que haya viviendas tres o cuatro años paradas por cuestiones que no afectan a la propiedad sobre las mismas, sino que afectan a un litigio entre la constructora y la Administración. Esto no puede ser. Esto es un funcionamiento anacrónico que solamente perjudica a los administrados, y por eso nosotros innovamos, añadimos como novedad el que, si existe libertad de disposición, porque resulta de instrumentos de publicidad jurídica suficientes, y en este sentido informa la Asesoría Jurídica General; es decir, que existen los instrumentos de publicidad jurídica y que, por otro lado, Asesoría Jurídica General dice que ese bien es de libre disposición, que existe un litigio pero que no afecta a la libre disposición del bien, del bien se pueda disponer libremente. Y esto lo único que beneficia es a los administrados y al funcionamiento normal de la Administración. ¿Que luego el litigio concluye obligando a la Administración a abonar indemnizaciones, perjuicios, etcétera? Pues la Administración abona los daños. Pero, en cualquier caso, los daños serán seguramente menores que la paralización de la adjudicación en sí misma. Porque, de no existir esa libertad de disposición o de no informar en ese sentido la Asesoría Jurídica General, no se podría adjudicar ese bien.

Esto tiene por sentido concreto solucionar problemas gravísimos que tiene en estos momentos la Administración española, heredados de una legislación que se está quedando obsoleta y que hay que modificar con carácter nacional, pero que aquí los socialistas nos adelantamos y aquí ya vamos a solucionar con esta Enmienda la Ley de Patrimonio. Vamos a conseguir así que funcione mejor la Administración. De la otra manera, seguirá funcionando, en ese sentido, con ciertas deficiencias. Y, desde luego, no encuentro ninguna razón política para entender que se defienda el peor funcionamiento de la Administración y no encuentro ninguna razón política ni jurídica para pensar que el texto actual del proyecto defiende mejor el mejor funcionamiento de la Administración que la Enmienda del Grupo Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Simplemente para decir que creo que no se ha entendido bien el sentido de mi explicación. Bueno, en primer lugar, estamos discutiendo una Ley técnica y yo

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no quiero hacer ningún tipo de valoración política.

Simplemente, que Sus Señorías piensen en un caso concreto que se puede plantear. Cuando el dominio de un bien está sujeto a una "Lite pendente", de nada valen los informes de una Asesoría Jurídica si luego la Sentencia es adversa. El mal se ha hecho y en algunos casos podrá ser de imposible reparación. Si los pisos de los que habla Sus Señoría han sido vendidos a terceras personas y resulta que el propietario del solar no es la Junta, el galimatías que se arma es de órdago a la grande.

Insistimos: nuestro Grupo cree que esta reserva está bien hecha. Y hay una especie de principio general dentro del Código Civil que se refiere siempre, en los asuntos que afectan a la Administración de los bienes, a la diligencia que emplearía un buen padre de familia, y nosotros creemos que aquí la Junta o la Comunidad, con independencia de quién gobierne, siempre en estos asuntos debe ser cautelosa. La reserva, insisto, está bien hecha y, por tanto, pido que se respete el texto del Proyecto de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Socialista que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y cinco. Votos a favor: treinta y tres. Votos en contra: once. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobada la Enmienda.

Se somete a votación ahora, con la incorporación de la Enmienda, el texto del artículo 53. Votos a favor de la artículo 53. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y cinco. Votos a favor. treinta y tres. Votos en contra: once. Abstenciones: una. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 53.

En relación con el artículo 54 se mantiene una Enmienda, la Enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Popular. En turno a favor, tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Señor Presidente, Señorías. El texto del Proyecto de Ley faculta, a la hora de disponer de los bienes, al Consejero de Economía cuando el valor del inmueble no exceda de cien millones de pesetas, a la Junta de Castilla y León cuando no exceda de quinientos millones y los bienes que superen esta valoración de quinientos millones hace una expresa reserva de Ley.

Nosotros hemos presentado una Enmienda en el sentido de que sea la Junta, en todo caso, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, quien adopte estos acuerdos de enajenación cuando el valor de los bienes inmuebles o derechos, de acuerdo con dos tasaciones periciales, no supere los cien millones de pesetas, y, si rebasara esta cantidad, dejábamos hecha la previsión de reserva de Ley.

Bueno, yo creo que la explicación es bastante sencilla. Nosotros creemos, además, que las Cortes también están para algo. Que una cifra de cien millones de pesetas, cuando se barajan muchas veces en los presupuestos de cifras inferiores, que se dejan a la discrecionalidad de la Junta, es un cifra ya muy considerable. Y que estas Cortes ya se van a acabar, vendrán otras, pero, como ha dicho antes el Consejero de Economía, el marco legal por el que va a funcionar la Hacienda Publica y el Patrimonio de la Comunidad prácticamente ha quedado establecido con estas Leyes y la verdad es que también algo tiene que decir las Cortes. Creemos que una cuantía que exceda de cien millones de pesetas, repito, es una cuantía considerable y creemos -y por eso mantenemos la Enmienda- que todo lo que exceda de esta cantidad debe ser dejado a la facultad expresa de las Cortes.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En turno en contra, tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Señor Presidente, Señorías. La Enmienda número 20 del Grupo Popular, referente a la enajenación de bienes, que se refiere al artículo 54 del Proyecto, en el que indican que la enajenación de bienes corresponde al Consejero de Economía y Hacienda cuando el valor del inmueble no exceda de cien millones de pesetas y a la Junta cuando, excediendo de esta cantidad, no sobrepase los quinientos, debiéndose en los demás supuestos aprobar por Ley. La Enmienda que presenta el Grupo Popular pretende disminuir estas cuantías, concediendo la autorización, en todo caso, la Junta de Castilla y León hasta cien millones de pesetas y debiendo, además, ser tasado... debiendo ser tasado el bien por dos peritos. En primer lugar, hemos de indicar que la supresión de la competencia del Consejero de Economía y Hacienda obligaría a llevar a la Junta expedientes de cuantías individuales que oscilarían alrededor, pues, de las veinte mil pesetas, como por ejemplo puede ser los de sobrantes de carreteras, y esto, pues nos parece poco lógico.

Para el Estado, y a título informativo, corresponde al Ministerio de Hacienda hasta mil millones de pesetas y al Gobierno entre mil y dos mil millones, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y siete. La verdad es que la práctica jurídica habitual

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ha sido mantener estas cuantías muy bajas en las leyes específicas, y de esta forma vemos, por ejemplo, el artículo 62 de la Ley del Patrimonio del Estado, que limita a veinte millones; las restantes, sólo mediante Ley. Estos topes se iban corrigiendo, año tras año, en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales. Y para nosotros, por el Grupo Socialista es mejor el supuesto de que en la Ley específica aparezcan topes adecuados como el que presenta este proyecto. Por lo tanto, pedimos a Sus Señorías que voten el artículo del Proyecto tal y como aparece en el Proyecto de la Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Simplemente para decir que lo de las dos tasaciones periciales es una reserva lógica, porque normalmente, cuando se pide una tasación, se pide a más de un perito, porque... para que sea contradictoria y para que haga más fe del verdadero valor del bien. Y segundo, decirle que, comparando las cuantías que se fijan en la Ley de Patrimonio de la Comunidad con las que se fijan el la Ley de Patrimonio del Estado, en que se barajan cifras de mil a mil quinientos millones comparados con unos presupuestos de más de once o doce billones de pesetas, juntando los Presupuestos del Estado con los de la Seguridad Social, la proporción que se le concede a la Junta es muy superior.

Podíamos aceptar el sentido de la Enmienda que hizo el Grupo Mixto, en el sentido de poner hasta veinte millones el Consejero de Economía y Hacienda, por evitar esa excesiva burocratización que podría producir esta Enmienda, pero, desde luego, creemos que a partir de cien millones de pesetas ya es una enajenación del inmueble que se va a producir muy pocas veces en cada Legislatura, y como tampoco las Cortes futuras, por lo menos en lo que se refiere a leyes de este carácter, van a tener mucho que hacer, tampoco pasa nada porque sean las leyes las que conozcan esto, previo un dictamen y las tasaciones periciales, y digan, en definitiva, la última palabra, porque no olvidemos que donde está la máxima soberanía del pueblo es aquí en las Cortes. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda número veinte del Grupo Parlamentario Popular que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y ocho. Votos a favor de la Enmienda: ocho. Votos en contra: treinta. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda número 20 del Grupo Popular.

En relación con el mismo artículo, se mantiene una Enmienda, la número 4 del señor Montoya Ramos. En turno a favor, tiene la palabra el señor Montoya Ramos, para su defensa.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La Enmienda que yo he presentado coincide, salvo un ligero matiz, con la del Grupo Popular; por lo tanto, creo que el éxito de la misma va a ser el mismo.

Pero yo sí que quería defenderla, por dejar tranquilo al señor Buiza, que antes me acusaba de meterme con el sector público. Pues, mire por donde, ahora yo voy a hacer una defensa del sector público. O sea, la Ley dice que los bienes valorados en menos de quinientos millones de pesetas, bienes públicos, los puede enajenar el Consejero de Economía y Hacienda, o la Junta, sin consultar a las Cortes, y a mí me parece mucho que pueda dilapidar quinientos millones de pesetas en una operación mal hecha y que las Cortes no tengan conocimiento de la misma. Mire por dónde, aquí voy a defender el sector público. Y me parece que cien millones de pesetas, que son los que yo propongo que la Junta (lo mismo que el Grupo Popular), que son los que la Junta pueda utilizar como tope para realizar una venta, me parece suficiente, y que aquellos de más de cien millones solamente deberían enajenarse mediante Ley.

El pequeño matiz que yo añado es que el Consejero, incluso, puede vender bienes, pero siempre que estos bienes no excedan de veinte millones de pesetas. Me parece que son unas cifras discretas, veinte millones de pesetas, de facultad para poder vender por el Consejero, cien millones de pesetas por la Junta y más de cien millones de pesetas mediante Ley, o sea, mediante la aprobación de esta Cámara.

Así y de esta forma pues yo también, y cuando corresponde, defiendo al sector público, porque, repito, como dije antes, que un equilibrio entre el sector público y sector privado está bien. Y lo que sí que es importante es que haya responsabilidad por quienes llevan la gestión de los bienes públicos para que no se pueda actuar con cierta ligereza, y me parece que dejar, repito, en manos de la Junta bienes... o posibilidad de venta de bienes hasta quinientos millones de pesetas, pues, me parece mucho. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Desde luego, no voy a

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repetir los argumentos que anteriormente di en la defensa del artículo 54 del Proyecto de Ley, pero sí que lo que me gustaría es indicar una expresión que ha dicho el señor Montoya, de la dilapidación de quinientos millones de pesetas. Es decir, pues, ruego que retire esta expresión si... Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Yo he dicho que la Junta no pudiera dilapidar, es decir, que no hiciera una mala venta, que existiera un control de esa venta, y en ese sentido y no en otro se tiene que entender la palabra dilapidación que yo he utilizado. Lo que he querido decir es que una venta de quinientos millones, pues, puede haber una dilapidación y, sin embargo, la Cámara, esta Cámara evitaría que eso pudiera producirse. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra... ¿El señor Tomillo Guirao desea consumir otro turno? Muchas gracias.

Sometemos entonces a votación la Enmienda que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y uno. Votos a favor de la Enmienda: ocho. Votos en contra: treinta y tres. Abstenciones ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda que acaba de ser sometida a votación.

Votación ahora del artículo 54 de acuerdo con el texto del Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 54. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y uno. Votos a favor: treinta y tres. Votos en contra: ocho. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 54.

Votación ahora de los artículos 51... 55, perdón; 55, repito, al 59, ambos inclusive. Votos a favor de todos estos artículos acumulados.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y uno. Votos a favor: cuarenta y uno. Por lo tanto, quedan aprobados estos artículos por unanimidad.

En relación con el artículo 60 se mantiene la Enmienda número 23 del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Bueno, el tenor de la Enmienda es bastante claro. El artículo 60 imputa todos los gastos de la transmisión a la persona o entidad adquiriente y nuestra Enmienda se expresa en el sentido de que, tal y como se establece, como norma general, en el Código Civil, cuando las partes no estiman otra cosa hay establecido por Ley cuál es el mecanismo de pago de los diferentes impuestos que gravan las transmisiones. Nosotros lo que creemos es que la Administración no debe prevalerse de un papel de prepotencia frente al administrado o terceras personas y que, si la Ley está ahí, está para todos y que, por lo tanto, los gastos de cualquier transmisión que se produzca como consecuencia de una enajenación o cesión de bienes de este carácter, que se aplique la Ley en sus propios términos y que cada parte pague lo que por Ley le corresponda. Es decir, en castellano, "que cada palo aguante su vela".

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí. Señor Presidente. Lo que dice el texto del artículo 60 que enmienda el Grupo Popular no es exactamente lo que el señor Carbajo le atribuye, porque lo que dice el texto del artículo 60 es que serán de cuenta de los compradores los gastos de los bienes enajenados desde el día en que se les notifique la orden de adjudicación. No los gastos de transmisión, sino los gastos que se originan en el propio bien. De la misma manera que por la Ley de Patrimonio del Estado, que se aplica subsidiariamente a ésta, hacen suyos los frutos del bien que se les ha adjudicado desde ese mismo día. Entonces, existe una correspondencia lógica en que, si desde un mismo día se hacen para un particular los frutos de un bien, también se hagan los gastos.

En cuanto a los gastos de transmisión, nosotros interpretamos que con la actual redacción del artículo 60, pues, queda claro que los gastos de transmisión: escritura, plusvalía, etcétera, serán satisfechos según Ley, a no ser que exista pacto en contrario, y normalmente, cuando la Administración enajena algún bien, los gastos de adjudicación suelen ser por cuenta del adjudicatario, y no nos parece de ningún sentido que se impida desde la Ley el que la Administración pueda pactar el que todos los gastos de adjudicación, de transmisión, van por cuenta del adjudicatario, porque eso lo único que hace es, de alguna manera, pues, perjudicar el erario público y, por otro lado, tampoco beneficia en nada al comprador, porque se sobrentiende que ese precio se le repercute en otros componentes de la adjudicación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Carbajo.

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EL SEÑOR CARAAJO OTERO:

Simplemente para decir que si fuera así no hubiéramos presentado la Enmienda. Que este artículo, a la vista de cualquier persona de la Administración que tenga que redactar el correspondiente contrato, se va a prestar, sencilla y llanamente, a que diga que todos los gastos serán de cuenta del comprador. Y que, por tanto, si el Portavoz del Grupo Socialista cree que no lo excluye, que nada cuesta ponerlo y así queda bastante clarito y nadie puede tener la tentación de obrar en contrario. Por eso yo pediría que se metiera este párrafo, con lo cual quedaba la cosa bastante clara y se cumplía la Ley, que debe ser igual para todos: para Administración y administrados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí. Simplemente, para volver a insistir que el problema es que la Enmienda no se corresponde con el texto del Proyecto, porque el texto del Proyecto no habla de los gastos de transmisión, sino habla de los gastos que se producen en un bien enajenado. Entonces, si un comprador hace suyos los frutos de un bien enajenado en el momento en que se le notifica que se le ha adjudicado ya, pues desde el mismo momento, si se producen gastos al mismo tiempo que frutos, también los hace suyos.

En cuanto a los gastos de trasnmisión, la referencia nos parece pura y simplemente equívoca e improcedente, porque, claro, evidentemente, para decir que los gastos de transmisión serán satisfechos según Ley, pues, claro, evidentemente, si hay leyes que dicen cómo se satisfacen los gastos de transmisión, pues no hace falta repetirlo aquí. Esto es otra Ley. Y, por otro lado, excluye la posibilidad de pactar que no serán satisfechos según Ley sino, simplemente, que serán satisfechos por una de las partes, y el pacto entre particulares se admite y nosotros pensamos que la Administración hace uso de un derecho que tienen todos los particulares.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Se somete a votación la Enmienda que acaba de ser debatida. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Votos emitidos: cuarenta y cinco. Votos a favor: trece. Votos en contra: treinta y dos. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda número 23 del Grupo Popular que acaba de ser sometida a votación.

Votación ahora del artículo 60 de acuerdo con el texto del Dictamen de la Comisión. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y cinco. Votos a favor: treinta y dos. votos en contra: trece. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 60.

Votación ahora de los artículos 61 al 69, ambos inclusive, todos ellos acumulados. Votos a favor de estos artículos.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta y cinco. Votos a favor: cuarenta y cinco. Quedan aprobados todos estos artículos, por tanto, por unanimidad.

En relación con el artículo 70, existen dos Enmiendas. En primer lugar, una Enmienda, la número 9 del Grupo Parlamentario Socialista. En turno a favor, tiene la palabra el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí, señor Presidente. Por agilizar el ritmo de la sesión, voy a utilizar el mismo turno para consumir la defensa de la Enmienda número 9 del Grupo Socialista y la oposición a la Enmienda, que todavía permanece viva, número 26 del Grupo Popular.

Lo que dice el texto del Proyecto es que los bienes inmuebles patrimoniales cuya afectación o explotación no se juzgue necesaria podrán ser cedidos por la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. Quiero situar esta cuestión porque me parece importante. Es una cesión que puede ser por tiempo indefinido o por tiempo definido, que puede ser de propiedad o de uso y que puede ser de un bien importante o de un bien a veces minúsculo. Entonces, parece conveniente el que, para determinadas situaciones, como puede ser por ejemplo la cesión de viales, que obligatoriamente, por imperativo de la Ley del Suelo, tienen que hacer las administraciones públicas en función del planeamiento, u otro tipo de cesiones obligatorias, la Junta de Castilla y León no necesita reunirse para hacerla, sino que incluso pueda delegar esta competencia de tal manera que un Consejero, una Consejería o un organismo autónomo, por qué no, pueda asumir esta competencia para agilizar el funcionamiento de la Administración.

Es por esta razón por la que nosotros presentamos nuestra Enmienda, para agilizar el funcionamiento de la Administración, y porque entendemos que, de lo contrario, se perjudicaría notablemente el buen funcionamiento de la misma, porque con la asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma se habría añadido una traba burocrática más a cuestiones que antes el Estado tenía descentralizadas normalmente en organismos autónomos. Pero lo que ya es absolutamente contradictorio con nuestra Enmienda y casi casi riza el absurdo, y que se me perdone la dureza, a lo mejor, aparente de la expresión, es la Enmienda del Grupo Popular. Porque dice que la cesión gratuita de entidades privadas se hará

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por Ley. Es decir, que cuando la Junta de Castilla y León cede el uso de una carbonera durante dos meses a una comunidad de vecinos, esto tiene que ser por Ley de Cortes. Y, claro, bueno, pues a mí no se me ocurre, por ejemplo, la Ley de cesión de dos habitaciones y cocina con derecho a servicio para el cuartel o para la familia tal de Quintanar de la Sierra, o la Ley de Adjudicación de tres metros cuadrados de zona verde a "Perico de los Palotes". O sea, yo realmente pienso... Y es evidente que esto sería una degradación del uso parlamentario y mantener la reserva de Ley hasta ese límite, hasta ese límite, pues haría que a veces, con perdón, se cumpliera el refrán castellano que "vale más el mango que el mazo", si vale más tramitar la cesión que el hacerla, que lo que supone la cesión en sí misma. Realmente, esto es imposible.

Yo creo que se han dado argumentos suficientes en Ponencia y en Comisión para que esta Enmienda hubiera sido retirada. Yo, particularmente, me veo sorprendido porque se vuelva a plantear aquí en el Pleno y, desde luego, lo que encuentro mucho más razonable -y nuestro Grupo así lo cree- es que incluso la Junta de Castilla y León, gobierne quien gobierne, pueda determinar cesiones, cesiones obligatorias, cesiones de uso a entidades por ejemplo de utilidad pública o de interés social, cesiones de miles de cesiones pequeñas, que sean de una cuantía ínfima, pueda delegar reglamentariamente, las pueda hacer con rapidez, las puede hacer sin costar funcionamiento de la Administración Pública, que también es dinero de los ciudadanos, y lo pueda hacer de tal manera que los administrados se beneficien de la cesión y no consideren la cesión, como a veces se convierte por el intrincado funcionamiento de la Administración, en una especie de tormento en el que uno está disfrutando un bien durante muchísimo tiempo y, sin embargo, lo que es la formalización jurídica de la cesión a veces se retarda o se retrasa muchísimos años simplemente por cuestiones de formalidad jurídica. En ese sentido, nosotros vamos a apoyar, lógicamente, la Enmienda 9 del Grupo Socialista y, desde luego, reclamamos el voto en contra a la Enmienda número 26 del Grupo Popular, por las razones que ya he comentado.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Voy a hacer el turno en contra también, y el turno a favor de nuestra Enmienda.

En cuanto al turno en contra, poco tengo que decir después de lo que he dicho ya. Si nosotros mantenemos un criterio haciendo algunas reservas en cuanto a las facultades de disposición, mal podemos entender o admitir que se pueda hacer una delegación.

Y en cuanto a la Enmienda que me toca defender, pues, para dejar tranquilo al señor Granado, si quiere tomamos nota en el propio artículo de la Ley y decimos que excepto cuando se cede una carbonera a la Guardia Civil, y así ya quedamos todos tranquilos y no hay ningún problema.

Mire usted, señor Granado, como dicen ustedes. Mire usted, no es un capricho. No es un capricho eso de hacer una reserva de Ley a una cesión gratuita de un inmueble a una entidad privada. No lo estoy pidiendo para una entidad pública, ni lo estoy pidiendo cuando es una cesión onerosa. Lo estoy pidiendo cuando es una cesión gratuita y es una entidad de carácter privado, no la Guardia Civil. Y pueden darse casos muy concretos en que la Junta, sea del color político que sea, por simpatías con una determinada asociación o institución..., perdón, retiro lo de institución, con una determinada asociación o con unas determinadas personas de carácter privado, pues, se sienta generosa y les ceda algo que no deba ceder, y, entonces, como las Cortes de Castilla y León, pasado este periodo constituyente y los próximos, en que no tendrá muchas leyes -por suerte o por desgracia- que hacer, sino simplemente seguir fundamentalmente la labor de control de la gestión del Gobierno, pues déjeles que hagan algo, hombre, no se preocupe. Y cuando quiera la Comunidad regalar un bien inmueble, que no estoy hablando de ninguna bagatela, que a lo mejor es un bien inmueble que puede ser de hasta quinientos millones de pesetas según la Ley que acabamos de aprobar con el rodillo de ustedes, pues entonces dejen que las Cortes sean las que lo digan, hombre. Cuando sea gratuito y cuando sea a una entidad privada, nada más. Y no se moleste usted, hombre, que contra la Guardia Civil no vamos, que la respetamos mucho. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Mire usted, señor Carbajo, que yo no soy racista, pero me recuerda usted aquello de que los gitanos no quieren a los hijos con buenos principios, y le voy a decir por qué. Que los gitanos no quieren a sus hijos con buenos principios. Me recuerda su intervención esta especie de refrán racista, ¿no? Y le voy a decir por qué. Porque yo, cada vez que usted sale a la Tribuna, me arrepiento de todos mis buenos principios en la tramitación parlamentaria. Porque, claro, después de haberles admitido a ustedes, en Ponencia y en Comisión, más de veintitantas Enmiendas, el que usted me vuelva a hablar

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del rodillo socialista... O sea, yo que además de ser Procurador de las Cortes de Castilla y León pues soy concejal del Ayuntamiento de Burgos, he sido concejal seis años, en donde no se me ha admitido a mí ninguna propuesta, es que, mire usted, hace arrepentirme de mis buenos principios. Porque podíamos haber aplicado el rodillo socialista, y entonces no les hubiéramos admitido ninguna Enmienda, ni las que hubieran tenido razón; y, por tener una cierta congruencia, pues hemos admitido sus Enmiendas, y porque creíamos que algunas beneficiaban el texto del Proyecto. No nos hable usted de rodillo, señor Carbajo, que estamos al final de la Legislatura y, realmente, ya lo de rodillo es que no se lo cree nadie, es que no se lo cree nadie. Porque, además, es que es muy fácil arrodillarles a ustedes esta tarde.

En cuanto al fondo de la cuestión, mire usted, yo no renuncio a que la Administración funcione mejor, gobierne quien gobierne. Y si gobiernan ustedes, existirá una posibilidad de delegar reglamentariamente las cesiones de uso; a mí me parecerá bien que lo hagan, porque esto significará simplemente que una cesión que ustedes quieran hacer, en vez de hacerla en tres meses la hagan en dos, y se beneficiarán los administrados. Si la cesión es buena o es mala, será buena o mala la haga la Junta, el Consejero o el organismo autónomo; eso no afecta a la calidad del acto. Lo que sí que afecta es a la tramitación y a la lentitud del acto. Y a mí me parece bien que, se gobierne como se gobierne, con el criterio lógico que se tenga, se gobierne rápidamente y se gobierne con celeridad y con un buen funcionamiento de la Administración, y por eso defiendo la delegación reglamentaria. Que no significa menos controles, que significa mayor celeridad de la Administración

Y en cuanto a su Enmienda, vamos, no me intente usted meter en el artículo 70 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad una especie de subsidio de desempleo para Procuradores en paro. Es decir, si los Procuradores de las Cortes de Castilla y León en la próxima Legislatura no van a tener nada que hacer es porque a lo mejor los Procuradores del Grupo mayoritario están tan contentos con la gestión de su Gobierno que piensan que poco pueden hacer, y porque los Procuradores de la oposición lo siguen haciendo como lo han hecho ustedes. Es decir, nada. Yo, sinceramente, estoy dispuesto a admitirle a usted todo tipo de argumentos, pero no me diga usted que existe un argumento y es de que, como las Cortes van a tener poco trabajo, vamos a darles trabajo para ceder, por Ley de Cortes, todas las cesiones gratuitas de uso, incluso, no de propiedad, sino siquiera de uso, que haya que hacer en la Comunidad. Cada concentración parcelaria implica muchísimas cesiones de uso, señor Carbajo, y yo no estoy dispuesto a que la Comunidad Autónoma, cada vez que tenga que hacer la concentración parcelaria de un pueblo, tenga que traer a las Cortes de Castilla y León cuarenta o cincuenta cesiones de parcelas propiedad de la Comunidad, cada una de metro y medio cuadrado.

Esto es un precepto que, de aprobarlo ustedes, que no lo quieren aprobar, porque de haberlo podido aprobar no lo hubieran presentado, esto es un precepto que, pura y simplemente, destroza lo que es el buen funcionamiento de la Administración. Y yo creo que ustedes son menos sensibles a nuestros argumentos que nosotros a los suyos, porque, de verdad, nos convencen ustedes mucho más fácilmente de que sus propuestas son razonables que nosotros de las nuestras, y a veces con mucha más razón. Y yo le pediría que, por favor, entienda usted que es imposible hacer todas las cesiones que tiene que hacer la Comunidad por Ley, que es una aberración, que supone, pura y simplemente, obligar a los administrados a soportar un procedimiento legislativo para auténticas fruslerías y que supone un derroche de dinero público. Porque la tramitación de una Ley en Cortes vale mucho dinero, y a veces el bien que se cede es mucho menor, y a veces se cede por un periodo de tiempo concreto, señor Carbajo.

Y en cuanto al ejemplo de Quintanar de la Sierra, pues ésta es una cesión que se ha realizado efectivamente a una familia de la Guardia Civil, a una entidad privada, porque las familias son entidades privadas en este país. Y, claro, si cada vez que hay que ceder a una familia una carbonera tiene que haber una Ley de Cortes porque las Cortes no tienen nada que hacer, mire usted, señor Carbajo; ¡qué pobre idea tenemos de nuestras instituciones y de nuestra Autonomía! Las Cortes tienen mucho que hacer, pero no, evidentemente, leyes como esas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Tiene la palabra el señor Carbajo.

EL SEÑOR CARBAJO OTERO:

Tranquilo, señor Granado, que no va a pasar nada. Si al final van a ganar ustedes la votación. O sea, que no hay ningún problema, hombre.

Mire, usted siempre entre col y col mete alguna lechuga, y con eso cree que nos va a convencer. Yo no es que trate de mantener criterios por mantenerlos, pero usted el ejemplo que ha puesto de la actividad de la concentración parcelaria, ya está excluida dentro de la propia Ley, porque los bienes que estén destinados al tráfico jurídico no necesitan este tipo de formalidades. Y no estamos hablando de cesiones de uso, sino de transmisiones

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de dominio, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar ahí.

Mire, ya que nos hemos metido en esta breve polémica, vamos a acabarla. Yo voy a consumir mi turno. El rodillo que haya aguantado usted en el Ayuntamiento de Burgos no lo sé ni me interesa. Yo sé el que he aguantado aquí. En cuanto hay una Ley técnica, pues sí, afortunadamente han admitido cosas. Creo que en eso han demostrado un cierto buen sentido. En cuanto nos ventilamos alguna cosa que tenga alguna carga política, ya no admiten normalmente nada, y me remito a las Leyes de Presupuestos, quitando las dos primeras, que hemos aprobado todos estos años. Así que el rodillo, para bien o para mal, pues lo hemos tenido que padecer, y yo me quejo, porque si a mí me pisan en un callo pues lo digo, por lo menos me quejo. Y es lo único que quería decir.

Y segundo, yo no quiero decir nada con relación a lo de la nueva Legislatura. No lo traigo por capricho. Es que la verdad es que muchas veces yo creo que muchos de los que estamos aquí nos estamos cuestionando cuál va a ser la actividad Legislativa de las Cortes. Desde luego, aquí se han aprobado Proyectos de Ley por algunas cosas, en fin, que yo, por el debido respeto que debo a la Cámara, no digo nada, pero se han aprobado proyectos o proposiciones de ley, o proposiciones no de ley, por cosas que tenían a lo mejor menos importancia que la cesión de una carbonera a una familia de la Guardia Civil en un pueblo de la provincia de Burgos, y se ha hecho aquí en las Cortes. Los ochenta y dos señores, sesudos Procuradores, lo hemos aprobado y lo hemos discutido. O sea, que las Cortes están para algo, y a lo mejor para dictaminar una cesión de uso, que puede ser de una determinada importancia, tampoco estaban nada mal.

Bueno, dejemos aquí la polémica. Ya sabemos que la vamos a perder. Nos ha tocado padecer el rodillo. Nosotros seguro... Yo no voy a estar y aprovecho ya para despedirme de todos ustedes, porque creo que va a ser la última intervención parlamentaria que voy a tener. Nosotros, si ganamos las Elecciones, vamos a ser mucho menos rodillo que ustedes, con todo lo que nos tachen de intolerantes. Creo que en la Comisión de Hacienda hemos demostrado que somos personas razonables.

Y yo aquí concluyo. Si ustedes quieren votar nuestra Enmienda, la votan, y si no, como van a hacer, pues no la voten. ¿Entendido?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR PEREZ DE LERA):

Bien. He de suponer que tanto la Enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista, como la 26 del Parlamentario Popular, han sido defendidas y atacadas simultáneamente. Entonces, vamos a votarlas las dos separadamente.

Pasamos en primer lugar a votar la Enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor de la Enmienda. En contra. Abstenciones.

Votos emitidos: treinta y cuatro. A favor: veintisiete. En contra: siete. Queda, por tanto, aprobada la Enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda número 26 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Votos emitidos: treinta y cuatro. A favor: siete. En contra: veintisiete. Abstenciones: ninguna. Queda, por tanto, rechazada la Enmienda número 26 del Grupo Parlamentario Popular.

A continuación vamos a proceder a la votación del artículo 70, con la incorporación de la Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor del artículo 70. Votos en contra. Abstenciones.

Votos emitidos: treinta y cuatro. A favor: veintisiete. En contra: siete. Abstenciones: ninguna. Queda, por tanto, aprobado el artículo 70, con la Enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.

Pasamos a votar los artículos 71 al 76, ambos inclusive, acumulados. Votos a favor de estos artículos. En contra.

Votos emitidos: treinta y cuatro. A favor: treinta y cuatro. Quedan, por tanto aprobados por unanimidad de los presentes los artículos 71 al 76, ambos inclusive.

Artículo 77. Está la Enmienda número 31 del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Estella para la defensa de la Enmienda.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Señor Presidente, Señorías. El Proyecto de Ley de Patrimonio que hoy debatimos constituye, junto con la Ley de Tasas y la Ley de Hacienda, la trilogía de normas fundamentales por las que ha de regirse la actividad económico-financiera de nuestra Comunidad. En todas estas Leyes ha sido deseo del Grupo Parlamentario Popular el colaborar con la Junta y el contribuir a completar y mejorar los respectivos proyectos que han sido remitidos a esta Cámara. Y este mismo propósito es el que nos trae ahora para defender esta Enmienda que nosotros presentamos al artículo 77, desde un punto de vista estrictamente jurídico y con carácter técnico. No hay otras motivaciones.

Se trata simplemente de establecer una salvaguardia, una garantía para cuando se produzcan las cesiones gratuitas de bienes que pertenecen al Patrimonio de la Comunidad, y nuestro propósito es, como digo, hacer constar y dejar constancia de ello en el Proyecto de Ley de que las cesiones gratuitas figuren inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del cesionario y que, si los fines para los que fueron cedidos los bienes no se cumplen, se haga constar también en el propio

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Registro de la Propiedad que estos bienes revertirán de nuevo a la Comunidad de Castilla y León.

Esto es, en definitiva, lo que dice tanto la Ley del patrimonio del Estado en su artículo 45 como el artículo 88 de su Reglamento. Y es que, Señorías, cuando de cesiones gratuitas se trata, existe siempre un por qué y un para qué, existen unas causas o motivos para ceder y existe también una finalidad o un objetivo para el que se cede. Dicho en otras palabras, en las cesiones gratuitas existe siempre un negocio jurídico sujeto a una condición resolutoria, de tal manera que si la condición no se cumple, si los fines para los que fueron cedidos los bienes no se cumplen, los bienes... el negocio jurídico se resuelve, queda resuelto, y los bienes se reintegran al patrimonio de la Comunidad.

Esta recuperación por parte de la Comunidad de los bienes cedidos me podrán decir Sus Señorías que viene ya establecida en el artículo 71 de este mismo Proyecto de Ley. Efectivamente. De ahí que la dificultad de admitir esta Enmienda, no debiera existir recelo por su parte, Señorías. Sin embargo, lo único que nosotros aquí pretendemos es que esta cesión gratuita se inscriba en el Registro de la Propiedad y que en el Registro de la Propiedad se haga constar también el incumplimiento de la condición, la falta de destino de los bienes, se haga constar en el Registro de la Propiedad, porque en este caso el negocio queda resuelto y los bienes han de repercutir de nuevo al patrimonio de la Comunidad.

No veo, por lo tanto, motivo alguno para que en Comisión, y después de haber pasado por la Ponencia, no hubiese sido admitida esta Enmienda, que, repito, el contenido fundamental lo recoge el artículo 71 de la propia Ley y que aquí lo único que hace constar, o que queremos que se haga constar en el Proyecto, es que se inscriba en el Registro de la Propiedad, posibilidad que prevé la Ley y el Reglamento Hipotecario; que cuando los bienes patrimoniales han estado inscritos en el Registro de la Propiedad, si cambian las circunstancias, si hay una cesión, se haga constar esta circunstancia en el Registro. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En turno en contra, tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Gracias, señor Presidente. La Enmienda número 31, que trata de añadir que las cesiones gratuitas sean susceptibles... sean inscritas en el Registro de la Propiedad, ello nos parece innecesario por dos... por cuatro razones fundamentales. La primera porque la determinación de la reversión por incumplimiento de los fines se hace constar siempre en la escritura pública de cesión y, por lo tanto, si se incumple, por esta escritura pública de cesión ya se tienen que revertir los propios bienes, y esto es, desde luego, una garantía para la Comunidad.

Una segunda razón es que la inscripción interesa, desde luego, al cesionario para proteger su derecho, sin que esto añada protección al de la Comunidad, puesto que ésta tendrá inscrito su derecho de propiedad.

Tercera razón: supone un gasto innecesario; por lo tanto, incrementa el gasto corriente sin tener como contrapartida ninguna ventaja para la Comunidad.

Y cuarto, que otra garantía fundamental para la Comunidad es la inscripción de la reversión por incumplimiento en el propio inventario de la Comunidad.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente, y solamente para decir que, efectivamente, en la escritura puede hacerse constar que, en caso de incumplimiento de los fines, los bienes revierten a la Comunidad. Esa misma circunstancia puede constar en el inventario. Pero tanto la escritura como el inventario tiene carácter interno, produce eficacia entre las partes; a efectos de publicidad y a efectos de terceros, la única manera de hacer constar esta circunstancia y que sea conocida y surta efectos frente a terceros es que figure en el Registro de la Propiedad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda número 31 del Grupo Popular. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta. Votos a favor de la Enmienda: once. Votos en contra: veintinueve. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda que acaba de ser sometida a votación.

Votación ahora del artículo 77 conforme al texto del Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 77. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cuarenta. Votos a favor: veintinueve. Votos en contra: once. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 77.

En relación con el artículo 88, se mantiene la Enmienda número 32 del Grupo Popular. En turno a favor, tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Señor Presidente, solicito su permiso para defender conjuntamente esta Enmienda número 32 que presentamos

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al artículo 78 y la número 35 al artículo 81, referidos a la afectación y a la desafectación respectivamente, porque los argumentos de defensa han de ser similares. Si me permite...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente, Señorías, en esta Enmienda que presenta el Grupo Popular al artículo 78, donde se está hablando de la afectación de bienes de dominio público, pretendemos añadir un párrafo final en el que se haga constar que dicha afectación se hará por orden expresa y se comunicará al organismo interesado para designar un representante que suscriba el acta de afectación, que posteriormente habrá de remitirse a la Dirección General de Presupuestos y del Patrimonio.

Se trata simplemente, por lo tanto, de resumir en este párrafo el procedimiento o los trámites que para la afectación de bienes de dominio público se recogen en los artículos 116 y 117 de la Ley del Patrimonio del Estado, al igual que en el artículo 217 y 218 de su Reglamento.

En Comisión se nos argumentó en contra de esta Enmienda diciendo que, según el artículo 42 de este Proyecto de Ley, la afectación se produce de forma automática y que, por lo tanto, no es necesario, o no es necesaria la orden expresa de incoación del oportuno expediente. Sin embargo, Señorías, el artículo 42 del Proyecto de Ley se está refiriendo a las adquisiciones a título oneroso y siempre que dicha adquisición se haga a petición de un órgano de la Junta. En estos casos, es lógico que la afectación se produzca de manera automática, porque ya previamente ha existido, digamos, un expediente, puesto que la Junta adquiere a título oneroso y a petición de un órgano de la Junta.

En este artículo no se trata de eso. Allí la afectación pudiera ser automática, pero aquí no. La intención de destinar un bien de propiedad administrativa a un uso público o a un servicio público, que no otra cosa es la afectación, puede revestir diversas formas. Cuando se trata de bienes de dominio público por naturaleza (es lo que la doctrina llama afectación natural), esta afectación se produce por declaración legal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tratándose de otros bienes de dominio público que no lo sean por naturaleza, la afectación debe de tener lugar como consecuencia de un acto formal: es la afectación artificial. Un acto formal, un acto administrativo formal que tenga precisamente esa finalidad.

En consecuencia, entendemos que la afectación es necesario que se haga por orden expresa, como nosotros decimos en nuestra Enmienda. Lo demás es consecuencia lógica: que se designe a un representante para que suscriba el acta; acta que habrá de ser después remitida a la Dirección General de Presupuestos y de Patrimonio.

Lo de la orden expresa está tan claro que el propio Proyecto viene a admitirlo implícitamente, cuando en el otro artículo, 81, el que vamos ahora a tratar, y refiriéndose a la desafectación, así se dice: "La desafectación se hará por orden expresa". Pues la afectación también debe hacerse por orden expresa.

Y con esto entro a defender la segunda Enmienda, que es la Enmienda número 35 al artículo 81, y que viene a tener prácticamente la misma finalidad, si bien aquí ahora nos estamos refiriendo a la desafectación. Nosotros decimos que en el artículo 81, párrafo primero, donde se dice que la desafectación se efectuará por orden expresa, se añada: "previa tramitación del oportuno expediente, en el que la Dirección General de Presupuestos y del Patrimonio recabará del organismo interesado un representante para formalizar la correspondiente acta de entrega del bien al patrimonio". Recogemos aquí el procedimiento para la desafectación que viene establecido en el artículo 121 de la Ley del Patrimonio del Estado y el 222 de su Reglamento.

Del mismo modo que veíamos que la afectación podía producirse de diversas formas, también la desafectación puede revestir diversas modalidades y puede ser consecuencia de distintos motivos. A veces esta desafectación se produce por un cambio de régimen legal. Otras veces, sin embargo, es lo que se llama desafectación por degradación. Es el caso de la mutación del cauce de un río; cuando un río cambia de un cauce, el cauce abandonado deja de pertenecer al dominio público, queda desafectado, y se convierte en patrimonial. Y en otros muchos casos, la mayoría de ellos, la desafectación exige un acto formal también expreso. Pues bien, en estos casos, como la desafectación ha de hacerse por orden expresa, parece lógico que haya de instruirse también el oportuno expediente administrativo para la formalización del correspondiente acta de entrega.

Y esto es lo que el Grupo Popular, Señorías, propone en estas dos Enmiendas que acabamos de defender y que espero cuenten con el apoyo de toda la Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Tomillo Guirao.

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Señor Presidente, Señorías. Efectivamente que los artículos 116 y 117 de la Ley del Patrimonio del Estado exigen los extremos que presenta la Enmienda del Grupo Popular. Es preciso pensar que para la dimensión del Estado y su patrimonio la inclusión

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del representante para suscribir el acta de afectación es aconsejable, pero no nos parece así aceptable para el tamaño de la Comunidad, puesto que crearía mayores problemas burocráticos y es necesario agilizar la afectación de bienes. Y, además, que si se inicia un expediente de esta naturaleza es porque, precisamente, se va a necesitar tal afectación, y se va a necesitar la afectación para la prestación de unos determinados servicios que van a ir posteriormente en beneficio de los ciudadanos, servicios que van a estar o que los van a realizar las Consejerías o los organismos. En este caso, la Enmienda no aporta otra cosa que expedientes innecesarios.

Respecto de la Enmienda número 32 del Grupo Popular al artículo 78... no, perdón, al artículo 81, la número 35 al artículo 81, efectivamente, tiene la misma consideración que la número 32, puesto que lo que realiza ahí son más incremento de burocracias y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, dado el tamaño de la Comunidad y dado el tamaño de su patrimonio, no se puede utilizar lo que indica el artículo 116 y 117 de la Ley del Patrimonio del Estado, que para el Estado es correcto, pero, desde nuestro punto de vista, para la Comunidad Autónoma sería un incremento de burocracia innecesario. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Estella Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente. Y muy brevemente, para decirle al señor Tomillo que el principio general de la actividad administrativa con carácter reglado no es cuestión de tamaños, es un principio aplicable a todas las administraciones públicas, de manera que, si lo acepta como beneficioso para el Estado, también tiene que aceptarlo para la Comunidad. Repito que no se trata de aumentar o disminuir el aspecto burocrático en el funcionamiento de la Administración; se trata sencillamente de que la actividad administrativa tiene que estar reglada y son necesarios estos expedientes administrativos, nos guste o no.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Vamos a someter a votación, en primer lugar, la Enmienda número 32. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y ocho. Votos a favor de la Enmienda: doce. Votos en contra: veintiséis. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda.

Votación ahora del artículo 78 de acuerdo con el texto del Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y ocho. Votos a favor: veintiséis. Votos en contra: doce. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 78.

Votación ahora de los artículos 79 y 80 acumulados. Votos a favor de estos artículos.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y ocho. Votos a favor: treinta y ocho. Quedan aprobados estos dos artículos por unanimidad.

Votación ahora de la Enmienda número 35, que afecta al artículo 81. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y ocho. Votos a favor: doce. Votos en contra: veintiséis. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda que se acaba de someter a votación.

Votación ahora del artículo 81, de acuerdo con el texto del Dictamen de la Comisión. Votos a favor del artículo 81. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y ocho. A favor: veintiséis. En contra: doce. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 81.

En relación con el artículo 82 se mantiene la Enmienda número 37 del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Estalla Hoyos.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, señor Presidente y Señorías. En esta Enmienda que presenta el Grupo Popular al artículo 82 se está refiriendo a que los bienes desafectados del dominio público se estimarán patrimoniales cuando hayan dejado de estar destinados al uso o al servicio público como resultado de un expediente de deslinde. Y nosotros añadimos que la incorporación de estos bienes al Patrimonio de la Comunidad no se producirá hasta tanto se haya efectuado la recepción formal y definitiva por la Consejería de Economía y Hacienda, de manera que, hasta entonces, dichos bienes seguirán teniendo el carácter de dominio público. No hacemos otra cosa que reproducir aquí el trámite y lo previsto en el artículo 123 de la Ley del Patrimonio del Estado y 224 de su Reglamento, determinando el momento en que se ha de producir la incorporación de estos bienes que quedan desafectados como consecuencia de un expediente de deslinde al patrimonio de la Comunidad.

Y por qué decimos esto. Pues, sencillamente, porque en un expediente de deslinde, desde que finaliza el deslinde propiamente dicho y en tanto se lleva a cabo el amojonamiento, hasta la recepción formal y definitiva de los bienes, transcurre un tiempo durante el cual es preferible que esos bienes desafectados o que se pretenden desafectar mantengan el carácter de bienes de dominio público, gozando así de las ventajas y privilegios

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que sobre ellos tiene la Administración, no adquiriendo, por lo tanto, el carácter de patrimoniales hasta en tanto no tenga lugar su total y definitiva recepción en forma por la Consejería de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Granado Martínez.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí. Señor Presidente, nosotros entendemos que la recepción formal por parte de la Consejería de Economía y Hacienda es un mero requisito que no añade absolutamente nada a lo que es el acto fundamental, y que, en este sentido, es un avance que la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León elimine este tipo de requisitos formales que en la práctica no añaden nada a los actos realmente sustantivos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se somete a votación la Enmienda número 37 del Grupo Popular. Votos a favor de la Enmienda. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y cuatro. Votos a favor: once. Votos en contra: veintitrés. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda número 37 del Grupo Popular.

Votación ahora del artículo 82 de acuerdo con el texto de la Comisión, del Dictamen de la Comisión. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y cuatro. Votos a favor: veintitrés. Votos en contra: once. Abstenciones: ninguna. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 82.

Se someten ahora a votación, acumulados, los artículos 83 al 88, más las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, Disposición Final, Exposición de Motivos y título de la Ley. Votos a favor.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y cuatro. Votos a favor: treinta y cuatro. Qudan aprobados todos estos artículos. Disposiciones Adicionales, Finales y título de la Ley, por unanimidad. En consecuencia, queda aprobada la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión siendo las diecinueve horas cuarenta minutos).