DS(P) nº 7/1 del 7/12/1983

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: A

A petición propia ha cesado como miembro de Cámara, el señor Maíso González, don José. Consultada la competente Junta Electoral, le sustituye en su puesto doña Aurora Merchán Martín. Antes de entrar en el estudio del Orden del Día, vamos a proceder a tomar juramento a la nueva Procuradora. En pie, por favor.

Señora Merchán Martín: ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones como Procurador de las Cortes de Castilla y León, y acatar y cumplir la Constitución, como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como norma institucional básica de nuestra Comunidad?

LA SEÑORA MERCHAN MARTIN:

Sí, prometo.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:

Declaro a la señora Merchán Martín en posesión de todos sus derechos como miembro de estas Cortes.

Para dar lectura al primer punto del Orden del Día, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Preguntas, con respuesta oral ante el Pleno, publicadas en el "Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León" número nueve, de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

A) Pregunta formulada por el Procurador don Alfredo Marcos Oteruelo a la Junta de Castilla y León, sobre entrega de viviendas en Cistierna (León).

B) Pregunta formulada por el Procurador don Pablo Caballero Montoya a la Junta de Castilla y León, sobre censos industriales y tendencia en la actividad industrial.

C) Pregunta formulada por el Procurador don Fidel Fernández Merino a la Junta de Castilla y León, sobre medidas de electrificación en Vega de Saldaña (Palencia).

D) Pregunta formulada por el Procurador don Antonio Martín Beaumont a la Junta de Castilla y León, sobre declaraciones realizadas por el Excelentísimo señor don Demetrio Madrid López.

E) Pregunta formulada por el Procurador don Antonio Criado Escribano a la Junta de Castilla y León, sobre docencia médica y formación de postgraduados en la Residencia Sanitaria "Lorenzo Ramírez", de Palencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE:

De acuerdo con nuestro Reglamento, cada pregunta deberá sustanciarse en el término de cinco minutos. Quiere decirse, por tanto, que, dividiendo por partes iguales, corresponden dos minutos y medio a quien hace la pregunta, y otros dos minutos y medio a quien contesta. Cabe la posibilidad, y hago esta aclaración, de réplica, pero esa posibilidad de réplica no implica un aumento de los cinco minutos. Lo cual quiere decir que cada uno de los que intervengan tendrá que medir su tiempo y distribuirlo, habida cuenta de que el total que le corresponde no son más de dos minutos y medio. Y con estas aclaraciones, para formular su pregunta tiene la palabra el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Como quiera que ésta es la primera oportunidad que tengo que dirigirme al Pleno de las Cortes de Castilla y León, quiero ofrecer mi colaboración personal a todo aquello que redunde en beneficio de nuestra Comunidad.

La pregunta que yo formulé es debida a que el día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y dos habían concluido las obras de un grupo de cincuenta viviendas realizado por el Ministerio de Obras Públicas en la localidad leonesa de Cistierna. Como quiera que el día veintisiete de mayo del ochenta y tres, los adjudicatarios firmaron la aceptación en el documento correspondiente como que todo estaba diligenciado, y el nueve de octubre aún no habían tomado posesión de sus viviendas, porque no habían sido entregadas por el propio Ministerio, yo deseaba saber de la Junta, aún a sabiendas de que no es competencia por las transferencias de ella, si tenía conocimiento o había hecho alguna gestión para saber las razones por las cuales estas viviendas no habían sido entregadas. Pues bien, las circunstancias han cambiado y, al día de hoy, tengo la satisfacción de comunicar, yo no sé si en virtud de esta gestión, en virtud de la diligencia de los miembros de la Junta, en virtud de la colaboración de todas las fuerzas incluido el Ayuntamiento de Cistierna y todos los que han intervenido en esta tarea, el hecho es que hace unos días estas viviendas han sido entregadas; por lo tanto, en vez de preguntar, felicito a todo aquel que haya colaborado en la solución de este problema.

EL PRESIDENTE:

Tiene la palabra el señor De Meer.

EL SEÑOR CONSEJERO (SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO):

Efectivamente, la pregunta por una serie de circunstancias están, en parte, fuera de lugar; pero, no obstante, yo creo que tendrá interés que yo explique un poco cuáles son las circunstancias que han incurrido en el retraso de la entrega de 50 viviendas en Cistierna.

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Las obras fueron adjudicadas a la empresa Covilsa en noviembre del ochenta y no empezaron hasta la primavera del ochenta y uno, dadas las especiales circunstancias climáticas de la zona, fijándose en el programa de trabajo que finalizarían en abril del ochenta y dos.

En mayo del ochenta y uno, la Subcomisión Provincial de Bienes y Patrimonio Arquitectónico acordó que las solicitudes de viviendas se presentaran en julio y agosto de aquel año. En abril del ochenta y dos, las obras se paralizaron a causa de problemas surgidos, tanto por dificultades surgidas con la compañía suministradora de energía eléctrica, como por la necesidad de aprobar dos modificados a la obra por aumento de mediciones y urbanización. En julio la Subcomisión Provincial de Vivienda y Patrimonio aprobó la lista general provisional de adjudicatarios; las obras, que habíamos dicho se suspendieron en abril del ochenta y dos, no acabaron en junio del ochenta y dos, como se afirmaba en la pregunta y ha reiterado el señor Procurador, sino que hasta la primavera del ochenta y tres no se aprobaron los proyectos modificados. Por lo tanto, durante todo ese período de tiempo, las obras no estaban acabadas, sino pendientes de una serie de remates.

Aprobados los proyectos modificados, incluso dio la circunstancia de que la empresa suspendió pagos, por lo que todavía se complicó más la situación. Por fin, tras haber optado la Administración por la no rescisión del contrato, ya que se pensó que sería todavía más larga la finalización de las obras, la empresa adjudicataria acometió las obras necesarias para dar habitabilidad a las viviendas, y el dos de noviembre solicitó la recepción provisional de las mismas; el dos de diciembre se recibieron provisionalmente las obras, y el día cinco pasado se procedió a iniciar la entrega de las llaves; por lo que, en este momento, evidentemente, se ha solucionado el problema de la entrega de las 50 viviendas en Cistierna.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Marcos Oteruelo.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Simplemente porque me parece de cortesía mínima, agradecer al señor Consejero que se haya tomado la molestia de averiguar con sus datos era lo que yo quería realmente saber, y sobre todo, hacer ver un poquito a la Comunidad de Castilla y León que entre todos tratamos de colaborar y de sacar adelante estos problemas minúsculos que, multiplicados, dan la solución del problema total.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. Para formular su pregunta tiene l apalabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Parlamentarios. La pregunta a la que yo hago referencia en esta intervención es una pregunta múltiple, es una pregunta que se basa, fundamentalmente (y con ello quiere justificar mi intervención), en la especial circunstancia en la que aprobamos los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año mil novecientos ochenta y tres. De ahí nacía alguna preocupación sobre determinadas puntualizaciones que no se hicieron entonces, y sobre la falta de información que desde entonces algunos hemos padecido, sobre el destino que se iba a dar a ciertos fondos sobre los que les dimos un trato de confianza a favor de los señores Consejeros, a los cuales ahora, precisamente a través de esta intervención, se les interroga sobre cuáles han sido los destinos concretos, reales, puntuales de estos casi doscientos setenta y cinco millones de pesetas, que se consignaron en los capítulos veintiocho, sesenta y uno, setenta y siete, setenta y ocho, ochenta y cuatro, y cuyos detalles más puntuales tienen todos ustedes en los ejemplares del Boletín que se ha repartido a todos los señores Parlamentarios.

EL SEÑOR PRESIDENTE:

No es ésa la pregunta, no es ésa la pregunta; es la interpelación.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Perdón, señor Presidente, he cambiado de hoja y como tenía una segunda intervención he invertido los términos de mi intervención, presento mis disculpas a los señores Parlamentarios.

EL SEÑOR PRESIDENTE:

De acuerdo, está usted perdonado.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Efectivamente, la pregunta es mucho más breve; la pregunta, efectivamente, se dirige muy concretamente al señor Consejero de Industria, mi buen amigo, al que le hago una pregunta, preocupado extraordinariamente por el conocimiento que creo tener de la mala situación en la que se encuentran los censos de las Delegaciones de Industria en nuestras provincias, como se encuentran habitualmente los censos de las Delegaciones de Industria del resto de la Nación. Esto me ha hecho intervenir directamente haciendo una pregunta muy puntual en la que concretamente: ¿tiene prevista la Junta la revisión, la actualización y refundición de los censos industriales, así como una informatización que permita conocer la tendencia de la actividad industrial en cuanto a capacidad de producción, consumo de energía y utilización de mano de

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obra? Es la pregunta concreta que le remito al señor Consejero de Industria.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA (SEÑOR DATIVO JIMENEZ MARTIN):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Simplemente por cortesía y tal y como lo han hecho en la anterior intervención, yo quisiera, en principio, hacer un ofrecimiento, tanto a nivel individual a cada uno de los Procuradores, cuanto a los órganos colegiados, como a la Mesa o a los Grupos Parlamentarios, para dar o hacer una labor que redunde en beneficio del conjunto de la Comunidad. Como no quiero que, por si acaso, se me compute el tiempo por el señor Presidente como respuesta a la pregunta, paso inmediatamente al tema. Yo creo que los que tuvieron la ocasión de asistir el día veintiséis a la Comisión de Industria y Energía de esta Asamblea, probablemente se hubieran dado por satisfechos con lo que yo prácticamente voy a decir posteriormente; lo que ocurre es que, claro, se me presenta ante el Pleno y forzosamente tengo que dar la respuesta. Coincide, por otra parte, que la fecha de entrada de la pregunta es justamente el día veintiséis de octubre, por lo cual yo no sé si es como consecuencia de mi intervención o quizá es con anterioridad. En concreto, en la parte dedicada a las medidas creadoras de las condiciones básicas favorecedoras del desarrollo industrial, en el texto de mi intervención, señalo: I) Realización de estudios y estadísticas de base que permitan un conocimiento real del sector industrial del que hoy no se dispone, básicamente las tablas "input-output" y elaboración de una estadística real y permanente actualizada; e incluso cuando en una fase de la intervención mía se indica, en concreto en la página dieciséis, que se incorporarán en la medida de lo posible medios y métodos de gestión modernos y eficaces, así como prácticos, se está indirectamente contestando a la pregunta en cuanto a la informatización que es lo que se pretende. En concreto y respondiendo brevemente, quiero decirle al señor Procurador que una de nuestras inquietudes máximas es el conocimiento real de la situación de la Industria y la Energía dentro de la Comunidad y, por supuesto, vamos a actuar en ese sentido. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE:

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

EL SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Muchas gracias señor Consejero. Una puntualización necesaria, y es que es pura coincidencia el hecho de que el mismo día que celebrábamos con usted la Comisión informativa, tuviera entrada, fecha de entrada (aquí en la casa está desde hace días antes), la interpelación, la pregunta que yo había formulado. entonces lo que sí debo decir es que la preocupación nacía desde mucho antes, insisto, del conocimiento de que en algunos casos, y no me refiero concretamente a provincias castellanas aunque también puede coincidir sobre ellas, el retraso de actualización, que entonces no es una actualización, es una puesta a punto cuando toca, en algunos casos se refiere a cuatro o cinco años, lo cual considero que es efectivamente tarde. Pienso que la intervención de esta Consejería va a permitir que la información esté a punto mucho antes, que sea una información positiva y que nos sirva de base para mejor juzgar, siempre que queramos saber, no sólo cuál es la situación exacta de nuestras industrias, sino el ritmo, las tendencias, las posibilidades, y cuál es la vivencia exacta del desarrollo industrial que estamos propiciando en nuestras industrias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE:

Para la réplica tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA (SEÑOR JIMENEZ MARTIN):

Simplemente, para ahondar un poco más en los datos que le he dado anteriormente y para mejor conocimiento de todos los miembros. Indudablemente nosotros vamos a abordar ese tema porque he dicho que es vital, para conocimiento de él. Y lo vamos a hacer, no limitándonos exactamente a los datos que se solicitan, sino que los vamos a incrementar. Esos son algunos datos parciales que son necesarios; pero probablemente haya otros. Para ver la articulación que pueda tener, o cómo puede progresar la articulación en la industria o la diversificación de la misma dentro de la Comunidad, se exige una serie de datos complementarios que nosotros vamos a empezar a solicitar a través, fundamentalmente, de los servicios de las Delegaciones Territoriales. Y por supuesto dando por sentado que existe un verdadero desfase en lo que es actualmente el censo industrial de lo que realmente es en la realidad, las capacidades de producción e incluso de mano de obra y de consumo energético y de otros productos y materias primas. Indudablemente lo vamos a comenzar por hacer basándonos fundamentalmente, y a eso ya hemos llegado a una colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, a través de las Delegaciones de Hacienda, vamos a partir en principio de los censos fiscales. También vamos a pedir la colaboración, porque sabemos que en algunos casos tienen unos datos bastante fiables, de las Cámaras de Comercio e Industria que, por otra parte, no hay que olvidar que son unas corpora-

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ciones de derecho público, y por tanto, tienen incluso la obligación de facilitar estos datos. Entonces, por supuesto, no vamos a hacer una revisión del censo, sino que vamos a iniciar prácticamente en base cero, porque sabemos realmente las enormes dificultades que tiene. Entonces empezaremos a hacer una actualización que, luego, posteriormente y con una cierta periodicidad, en función del interés y de la capacidad que tiene cada una de las empresas, vamos a ir revisando periódicamente, con uno o dos años de periodicidad, y por supuesto lo vamos a informatizar al máximo, porque es la única manera de tener permanentemente actualizada la realidad industrial de nuestra Comunidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Fernández Merino.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO:

Señor Presidente, señores Procuradores. En estos tiempos en que se está llevando a cabo l reconversión industrial como medio de una economía más saneada y un mejor aprovechamiento de los medios, existe un núcleo de población llamado Vega de Saldaña, en la provincia de Palencia, que se encuentra en un estado deplorable en lo que se refiere a la limitación de sus viviendas y pequeñas industrias. Los pueblos afectados son, aproximadamente, unos treinta; el número de habitantes, por lo tanto, afectados oscila ampliamente sobre las cinco mil doscientas cincuenta personas. En lo que se refiere a la situación económica es la zona de la provincia de Palencia que más rentabilidad aporta, dado que disponen de un suelo extraordinario, poseen ampliamente once mil cabezas de ganado vacuno, veintitrés mil de ganado lanar, y varias granjas de cerdos; existen enclavados en esta zona múltiples pequeños talleres de reparación, empresas de áridos y dos gasolineras. Es lamentable ver a los agricultores, industriales y comerciantes que no tienen la luz suficiente para ordeñar ni para mantener sus cámaras frigoríficas en funcionamiento. La voluntad de los alcaldes de la mencionada zona está de acuerdo con aportar, de acuerdo con sus posibilidades, y dar una solución a dicho problema. Ante lo expuesto, ante lo anteriormente expuesto, se pregunta a la Junta de Castilla y León: ¿Piensa en breve tomar alguna medida que solucione la situación descrita? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria y Energía.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA (SEÑOR JIMENEZ MARTIN):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo quiero comenzar no como lo hice la vez anterior, sino quiero decir ya en este momento, que sí vamos a tomar unas medidas en cuanto a electrificación y le quiero decir escueta y rotundamente que sí. Y le digo que sí, en general, a la electrificación rural. Y lo decimos por varias razones: entre ellas, primero, por sus positivos efectos socio-económicos; por lo que supone de elemento redistribuidor; porque está en el programa electoral; porque, como el señor Procurador conoce por pertenecer a la Comisión, yo hice hincapié también, el día veintiséis de octubre pasado, en el hecho de la electrificación rural; y, por último, por una situación de hecho: la situación de hecho es que a partir del año mil novecientos ochenta y tres, es decir, en el que estamos, los fondos públicos para la electrificación rural, dentro de la Comunidad de Castilla y León, que proceden del Ministerio de Industria y energía -que no son todos los fondos que se aplican a la electrificación rural-, esos son ya, a partir de este año, gestionados por la Junta de Castilla y León, y, en concreto, por la Consejería de Industria. Por todas esas razones, indudablemente, vamos a hacer la electrificación rural en los tres próximos años que nos quedan e, incluso, potenciándola. En concreto, sin embargo, por lo que se refiere a la zona y a la pregunta concreta, a la zona ésta de la Vega de Saldaña, tanto la baja como la alta, efectivamente existen unas circunstancias particulares que hacen que la necesidad de actuación en esa comarca, digamos, de primera necesidad, de primera urgencia, y por tanto la vamos a acometer. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Fernández Merino.

EL SEÑOR FERNANDEZ MERINO:

Señor Presidente, señores Procuradores. Me congratula mucho la contestación del señor Consejero y tomo nota de lo que ha expuesto y espero se cumpla sin demora. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria y Energía. (Silencio, por favor).

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA (SEÑOR JIMENEZ MARTIN):

Como normalmente no se van a tener muchas posibilidades de hacer, cuando menos, una enumeración de lo que pueden ser los principios de actuación de la Consejería, quiero aprovechar estos minutos o segundos que me restan para decir lo que van a ser los criterios en cuanto a electrificación rural se refiere. En

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primer lugar quiero decir, y lo he dicho previamente, que hay más de un elemento o algún mecanismo de electrificación rural que no está realmente en nuestras manos el control; en concreto, aquellos que se refieren actualmente al IRYDA, hasta tanto no se transfiera, y lo que se refiere al mecanismo de financiación que son las Diputaciones Provinciales. Bueno, yo tengo que decir que, efectivamente, las Diputaciones Provinciales -que participan en la electrificación rural a través de dos mecanismos que son: las Comarcas de Acción Especial (que era un programa trienal) y por otra parte los Planes Provinciales-, por la experiencia que tengo durante estos seis meses, tengo que decir que dejan bastante que desear en cuanto a las Comarcas de Acción Especial se refiere.

Yo quiero decir en estos momentos y requeriría el compromiso previo de las Diputaciones Provinciales para que pudiéramos hacer un Proyecto de conjunto, coordinado de manera que no se suplemente; porque, efectivamente, lo que ocurre que son mecanismos suplementados. Y, es indudable que, teniendo unos recursos limitados, tendríamos que hacerlo mejor entre todos para que la actuación y utilización de esos recursos financieros, e incluso humanos, fuese lo más coordinada posible. No quiero extenderme, porque la limitación de tiempo me lo exige; pero sí quiero decir que no es generalizada esta situación de la Diputación. Hay ciertas Diputaciones que, efectivamente, están colaborando, con este ánimo de racionalización y de funcionamiento, junto con la Consejería de Industria y Energía. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En el "Diario de Burgos" del día veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y tres, el Excelentísimo señor don Demetrio Madrid López, dijo textualmente: "En caso de que el Tribunal Constitucional falle a favor de la salida de León y de Segovia de la Comunidad Autónoma, recurriremos en defensa de la Comunidad".

Por lo incongruente que resulta tal afirmación o tales declaraciones, con lo que dice textualmente nuestra Constitución, que es: "las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas", recalco, no cabe recurso alguno contra ellas, yo quiero preguntarle al señor Demetrio Madrid, o a la Junta de Gobierno de Castilla y León, si es que tiene prevista esta Junta de Castilla y León encargar a aquellos que lo pueden hacer, según los artículos ciento sesenta y seis y siguientes de la Constitución, la reforma de la Constitución española, o es que la afirmación del señor Presidente se ha debido a un mal entendido o al desconocimiento de nuestra Carta Magna. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de la Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR VELA SANTAMARIA):

Señor Presidente, señores Procuradores. La respuesta sería muy fácil y muy breve; la respuesta sería no, evidentemente, De todas maneras quería recabar que por supuesto la Junta de Castilla y León no tiene previsto reformar la Constitución, que el Presidente de la Junta de Castilla y León conoce perfectamente lo estipulado por la Constitución, por el Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones porque fue miembro de las Cortes Generales al tiempo que se elaboró la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, por último, señalar que la frase recogida en el antecedente, motivo de la pregunta del señor Procurador Martín Beaumont, nunca fue pronunciada por el señor Presidente don Demetrio Madrid López, como consta en la grabación de la entrevista de la Agencia E.F.E., del veinticinco de octubre del ochenta y tres y corregida y recogida en nota informativa de la Agencia E.F.E. y fechada en Valladolid el tres de noviembre del presente año. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para réplica tiene la palabra el señor Martín Beaumont.

EL SEÑOR MARTIN BEAUMONT:

Me congratulo que ni el señor Presidente ni esta Junta tengan interés en reformar la Constitución; me congratulo también de que conozca el texto constitucional y le pido entonces al señor Presidente que, dado el carácter de su puesto relevante y de la importancia que tienen sus declaraciones, hable un castellano más correcto para que no pueda ser mal interpretado.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Criado Escribano.

EL SEÑOR CRIADO ESCRIBANO:

Señor presidente, señores Consejeros, señoras y señores Procuradores. La Residencia Sanitaria "Lorenzo

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Ramírez" de Palencia cumple con los principios básicos de acreditación de centros e instituciones para la docencia médica postgraduada, y, desde el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos viene realizando gestiones con la Administración Central para la homologación de esta Residencia Sanitaria con las de otras capitales de provincia. Teniendo en cuenta los siguientes hechos: que los niveles asistenciales están experimentando incrementos anuales significativos; segundo, que dado el número de camas en funcionamiento, actualmente doscientas cincuenta, y su incremento en un futuro inmediato con la apertura del materno-infantil, que llegarán a cuatrocientas trece, junto con la política de máxima utilización de recursos propiedad del INSALUD, parece lógico actualizar el rendimiento aumentando la jornada laboral; tercero, que dadas las características de volumen y nivel asistencial actual y de un futuro inmediato, dicha Residencia Sanitaria es idónea para la docencia de M.I.R. en la especialidad de medicina de familia y comunitaria y, en cualquier caso, mejor que en las grandes ciudades sanitarias donde termina un enfoque superespecializado. Por las razones anteriormente expuestas, me preocupa, de una parte, la discriminación que está sufriendo la Residencia Sanitaria "Lorenzo Ramírez" de Palencia, por cuanto que es una de las residencias sanitarias de la Seguridad Social de la Comunidad de carácter provincial que no tiene acreditada docencia médica postgraduada; y, por otra parte, el reiterado silencio administrativo con que viene respondiendo la Administración Central.

Es por ello que pido a la Junta: ¿Qué gestiones está realizando ante la Administración Central para la acreditación de la docencia médica postgraduada, máxime si, a partir de enero, todas las residencias sanitarias de la Seguridad Social van a tener que impartir cursos de formación postgraduada a los médicos de A.P.D., etcétera?

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR SANTOS RODRIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Como muy bien saben Sus Señorías y ya ha expuesto someramente el Procurador del Grupo Popular, la Residencia de la provincia de Palencia ha sufrido un incremento en la asistencia hospitalaria, estando en este momento con doscientas ochenta y cinco camas con un ochenta y cinco por ciento de ocupación, y, efectivamente, en mil novecientos ochenta y cuatro, va a atener alrededor de cuatrocientas camas, al ampliar las correspondientes a las camas de maternidad. Esta situación movió en su momento a los profesionales de la Residencia y a las autoridades de la provincia a solicitar la acreditación docente para la misma; iniciando las gestiones para este fin el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, como ya se ha expuesto aquí. Se citaba al consejo con fecha quince de octubre del ochenta y dos; se adoptó el acuerdo de realizar una visita de comprobación a la Residencia antes de definirse sobre la concesión de la acreditación docente solicitada, lo cual fue aceptado por la Dirección de la Residencia el pasado veinte de diciembre. No se han realizado sin embargo dichas inspecciones por razones que ustedes comprenderán al final de la exposición, por lo que existe gran preocupación en la Residencia, y yo diría que en todos los ciudadanos de Palencia como refleja la pregunta del Procurador del Grupo Popular. No obstante, me consta que, durante este año, tanto el Director Provincial del INSALUD como la Gobernadora Civil de Palencia han hecho múltiples gestiones en dicho sentido con las conclusiones que al final enumeraré. Ustedes, señores Procuradores, saben de sobra que la Junta de Castilla y León no tiene competencias de gestión directa sobre el INSALUD, cuya transferencia está pendiente por los condicionantes que la Constitución y nuestro propio Estatuto imponen a la misma. Yo ya protesté ante la Comisión de Bienestar Social de estas Cortes la necesidad de conseguir las transferencias del INSALUD a través de los cauces reglamentarios que la Constitución y nuestros Estatutos establecen; pero insistí que, mientras ello se produce, es voluntad y responsabilidad de la Junta y de esta Consejería el establecer una coordinación de todas las competencias sanitarias, incluida la coordinación hospitalaria de los centros de la Seguridad Social, en virtud de las atribuciones del artículo veintisiete del Estatuto que nos confirma, en virtud de dichas atribuciones. Con ello salí al paso entonces de la preocupación justificada que el Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Procurador del Grupo Mixto, don José Manuel Hernández, manifestara respecto a que el hecho de que esta Comunidad no tenga transferido el INSALUD pudiese conducir a una duplicación de servicios a la hora de realizar la planificación sanitaria. Consciente de esto, desde el principio de mi gestión solicité de los Directores Provinciales del INSALUD y del Ministerio de Sanidad, información de la situación de la red asistencial sanitaria de Castilla y León y el pasado veintidós de julio recibí de la Dirección Provincial del INSALUD de Palencia los proyectos y programas presupuestarios para la Residencia de Palencia en mil novecientos ochenta y cuatro entre los que estaba este problema al que aquí aludimos.

Desde entonces, he mantenido diversos contactos y reuniones de trabajo con los Directores Provinciales del INSALUD de Castilla y León y entre

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ellos el de Palencia, para estudiar tanto los problemas existentes ante las respectivas residencias y ambulatorios, como para coordinar la planificación de la Residencia Sanitaria de atención primaria de salud en nuestra Comunidad. Como consecuencia de dichas reuniones, que hemos establecido ya de forma periódica, esta Consejería ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a la Dirección General del INSALUD diversos problemas sanitarios existentes en esta región y, entre ellos, cómo no, el de la acreditación docente de la Residencia Sanitaria "Lorenzo Ramírez" de Palencia. Dicho problema estaba ya contemplado dentro de la planificación del Ministerio de Santidad y puedo informar a estas Cortes lo siguiente: Primero: Antes del final de año saldrá un Decreto del Ministerio de Sanidad que modificará la actual composición del Consejo Nacional de especialidad y se establecerán nuevas normas para la acreditación docente de los hospitales, modificándose así la normativa actual existente al respecto; y esto justifica el que este Consejo Nacional digamos que no haya actuado durante este año. Segundo: El nuevo Consejo Nacional de especialidades realizará la verificación de las condiciones de acreditación docente en su totalidad que de forma global, pueda poseer la Residencia Sanitaria "Lorenzo Ramírez" de Palencia. Tercero: Independientemente y sin perjuicio de lo que el próximo año decida dicha Comisión de Acreditación respecto a la totalidad de especialidades acreditadas en dicha residencia, puedo adelantarles que el Ministerio de Sanidad ha decidido, ya tenía decidido, y así lo ha comunicado a esta Consejería, conceder dicha acreditación para cuatro plazas de residentes de medicina familiar y comunitaria en la Residencia Sanitaria "Lorenzo Ramírez" de Palencia, que es, por otra parte, la especialidad que con carácter prioritario había sido solicitada por el Director Provincial del INSALUD y a la que hace referencia el Procurador del Grupo Popular don Luis Criado Escribano. Cuarto: Puedo también adelantar y así tranquilizo a la población de Soria y a los Procuradores y autoridades sanitarias de dicha provincia, que había manifestado también preocupación por un problema similar, que, independientemente y sin perjuicio de lo que decida el futuro Consejo Regional de Especialidades respecto a especialidades acreditadas en la Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Espino" de Soria, dicha residencia contará también con la acreditación docente en medicina familiar y comunitaria, con cuatro plazas en el próximo concurso de médicos internos y residentes.

Creo Señorías que, con lo expuesto, doy cumplida respuesta a la pregunta formulada; alegrándome de que la solución sea satisfactoria para nuestra Comunidad y para dos residencias que como la de Palencia y Soria, han hecho un gran esfuerzo para mejorar su nivel asistencial y en consecuencia docente. Doy las gracias al Procurador del Grupo Popular don Luis Criado Escribano por su interés y colaboración. Señor Presidente, señoras y señores procuradores, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para réplica tiene la palabra el señor Criado Escribano. Y mientras llega al estrado tengo que explicar el por qué no he sido consecuente, en este caso, con las normas que había establecido al principio, porque tengo la impresión de que -y no es ninguna censura-, tengo la impresión de que cuando ha comenzado a interesar lo que se decía en esta Cámara ha sido justamente cuando se estaba agotando el tiempo; entonces me ha parecido que bien valía la pena saltar por encima de las normas reglamentarias, en este caso, y se cumplía el objetivo del que se trataba en este caso.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR BOSQUE HITA):

Señor Presidente, subía solamente para hacer constar que por parte de mi grupo estima que no necesita el señor Presidente dar explicaciones cuando toma decisiones para las que está autorizado. La benevolencia del señor Presidente la agradecemos todos, aunque la benevolencia sea con personas que en este momento no pertenecen a nuestro grupo; en cualquier caso, la benevolencia en una situación como la presente, en la que estamos todos tratando de servir a los intereses de la Comunidad, es positiva y es buena a nuestro modo de ver. Por lo tanto gracias por esta benevolencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE:

Tiene la palabra el señor Criado Escribano.

EL SEÑOR CRIADO ESCRIBANO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Nada más, para no abusar de la benevolencia, dar las gracias al señor Consejero de Bienestar Social por las realizaciones hechas que, si no son todo lo que deseamos, por lo menos es la primera piedra para poder construir este bienestar social que queremos para toda Castilla y León, y concretamente para Palencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: Interpelaciones formuladas a la Junta de Castilla y

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León publicadas en el "Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León", número nueve de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres:

A) Interpelación formulada por el Procurador don Atilano Soto Rábanos a la Junta de Castilla y León, sobre desarrollo y gestión de competencias y funciones de la Comunidad y articulación de la gestión de servicios periféricos a través de las Diputaciones.

B) Interpelación formulada por el señor don Pablo Caballero Montoya a la Junta de Castilla y León, sobre asignaciones a los capítulos II, VI, VII y VIII del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Castilla y León para mil novecientos ochenta y tres.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo con nuestro Reglamento, el debate sobre las dos interpelaciones presentadas deberá de sustanciarse con arreglo a las siguientes normas: En primer lugar intervendrán el interpelante y el interpelado, disponiendo cada uno de ellos de diez minutos. Luego cabrá también la posibilidad de réplica; en este caso dispondrán ya sólo de cinco minutos; y a continuación podrán intervenir los Grupos Parlamentarios que no lo hayan hecho antes, disponiendo para esa intervención de cinco minutos.

Tiene la palabra el señor Soto Rábanos, don Atilano.

EL SEÑOR SOTO RABANOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo también por ser la primera vez que tengo el alto honor de dirigirme a este pleno de la Asamblea de las Cortes de Castilla y León, me pongo rápidamente pero intensamente a su disposición en todas aquellas gestiones que redunden en favor del pueblo castellano y leonés; pero, sobre todo, por la condición de interpelante, en este momento en una cuestión tan ardua y vidriosa, pero tan grave en sus responsabilidades de conectar las funciones, servicios y gestiones de la Comunidad y de la periferia de la Comunidad que son nuestras queridas provincias. El paso del tiempo, corto pero inexorable, creo yo que ha añadido algún nuevo grado de consistencia a la interpelación que formulé a primeros de octubre. La cuasi ausencia original de la mención a Diputaciones y provincias en la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad cobra viejo sentido en la presentación del programa de gobierno de cada Consejería de G.I.A.T. y Administración Territorial, cuya prolija exposición escrita de más de cuarenta folios, no obstante, apenas citaba estas centenarias y firmes instituciones, mientras, verbalmente, se apostillaban algunas connotaciones a mi juicio reduccionistas: la provincia es una estructura importada, la provincia nos es ajena, es un tema superpuesto a nuestra colectividad que rompe además la estructura de los pueblos; no es un hecho natural, se decía. Los recientes nombramientos por diversas órdenes: Consejería de Educación y Cultura y de otros, otras Consejerías; de Delegados Territoriales del Departamento, cabe la estructura orgánica de las propias Consejerías decretada meses antes, viene a presentar, a mi juicio, el temor simulado de un posible y progresivo desmantelamiento o al menos marginación, cronológica y temática, de las Diputaciones Provinciales a favor de la Comunidad Autónoma Central y de otros entes, bien locales o bien integrantes de la propia estructura orgánica de la Comunidad. Quiero recordar a Sus Señorías que a la hora del debate sobre Ley de Gobierno y Administración, el Grupo Popular hizo el llamativo toque, el relativo toque de atención respecto a la ausencia, a la cuasi ausencia diría yo, de la provincia y la Diputación en el texto legal que regulaba, nada más ni nada menos, que la organización territorial de Castilla y León desde la estructura político-administrativa de la Comunidad. El Artículo tercero, letra H de la Ley proporcionaba una primera ocasión para la cantada referencia a la Diputación, cuando mentaba la asunción de competencias transferidas o delegadas por el Estado y su atribución a los órganos correspondientes. El Grupo Popular propuso una enmienda no aceptada por el Grupo Socialista, modificando el texto de acuerdo con la letra y espíritu del Estatuto, en sus artículos diecinueve y veinte, sustituyendo aquello de: "atribuirlas a los órganos correspondientes" por este otro: "atribuyéndolas en los términos que disponga una Ley de Cortes de Castilla y León, que articule la gestión ordinaria de los servicios periféricos propios a través de las Diputaciones Provinciales", la una a mi juicio lamentable y ocasión perdida; la enmienda no pasó de la Comisión al Pleno ni, naturalmente, de éste al texto legal. Nueva oportunidad, creo yo, también de reconocer y proteger el carácter quizá privilegiado de la Diputación Provincial al amparo del Estatuto de Autonomía la deparaba el Artículo veintinueve de la citada Ley de Gobierno, al establecer la estructura orgánica de las propias Consejerías; en su apartado C) organiza la Administración regional en Consejerías y establece los órganos fundamentales de las mismas; la omisión es un hecho, la pretensión es un dato, la marginación es evidente, el silencio yo creo que no es un olvido. Ahí se menciona en cambio una nueva entidad: las Delegaciones Territoriales sin más apuntamiento. Los decretos, que desarrollan este apartado, aparecen luego en el Boletín Oficial del uno de agosto; se crean los delegados territoriales dándose especial relieve al de Interior y Administración Territorial; en este caso se dice:

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"los Delegados Territoriales, uno en cada provincia, asumen a nivel de cada provincia, dependientes orgánicamente de la Dirección General de Administración Territorial, las funciones de asesoramiento, apoyo, fiscalización y tramitación de expedientes que requieran comunicación o aprobación por la Consejería o por la Junta, así como cualquier otra que le fuera atribuida".

El Grupo Popular, Señorías, por vía de enmienda, nuevamente propuso la supresión del referido apartado C) del párrafo uno y, alternativamente, esta "addenda": "Las Delegaciones Territoriales desaparecerán cuando, en los términos establecidos por el Estatuto de Castilla y León, se regule la gestión de los servicios periféricos y las transferencias o delegaciones a las Diputaciones Provinciales que asumirán sus funciones". El silencio legal y textual se hizo sobre las enmiendas y sólo recobraron un hilo de voz en la Disposición Transitoria dos por vía de transacción, estableciéndose que el regularse por Ley la articulación de la gestión ordinaria de los servicios propios de la Comunidad a través de las Diputaciones Provinciales, se daría tratamiento específico a estas Delegaciones Territoriales en el marco naturalmente de los principios del precepto autonómico del Artículo veinte, dos. Una lectura global de la Constitución, del Estatuto y de la propia L.P.A. (antes LOAPA) nos presenta la entidad provincial con personalidad jurídica propia, como miembro orgánico o división territorial del Estado, como Organo Autónomo para la gestión de sus intereses y como Organo Autonómico Territorial para la gestión ordinaria de las funciones y servicios periféricos de la Comunidad. Hago gracia a Sus Señorías de citar los artículos por todos conocidos. En consecuencia, se defiende una doble auténtica personalidad y autonomía provincial a través de las Diputaciones; primero, como gestora de sus intereses respectivos; segundo, como gestora de los intereses propios de la Comunidad Autónoma en la provincia y éstos, a mi juicio, en doble versión estatutaria: una general y ordinaria, la gestión ordinaria de los servicios y funciones periféricos de la Comunidad, y otra singular y potestativa, la gestión de competencias propias de la Comunidad (vía delegación y vía transferencias de ésta a aquéllas). Y que quede claro que lo que el marco constitucional protege y defiende y la LPA posibilita y orienta, el Estatuto ordena y preceptúa en el caso de la gestión ordinaria de los servicios periféricos, cosa que no sucede respecto de otras entidades locales de distinto rango y probablemente de distinta raigambre. Esto nos da una profunda innovación dotada, por si faltaba poco, de una literalidad imperativa y, por ende, de una obligatoriedad categórica. No se trata de una orientación ni de una posibilidad, no es una facultad: es un precepto, es un imperativo categórico administrativo, político y legal.

La Comunidad Autónoma tiene la obligación de articular, es decir, de organizar en artículos de texto legal, para que funcionen, las actividades o servicios de referencia. Se debe articular la gestión ordinaria, esto es, lo que la Comunidad Autónoma debe distribuir articuladamente, de modo que esa gestión sea ejecutada normativamente por el sujeto institucional, o sea, la Diputación. Se refiere a todos, y sólo a los objetos de gestión ordinaria, los no sometidos a excepción, es decir, a exclusividad, por parte de la Comunidad como entidad central de todo el territorio comunitario, y que podríamos llamar los servicios y funciones rigurosamente comunes o de riguroso interés comunitario; esta gestión de referencia incide en los servicios periféricos, concreción mayor que elude posibles interpretaciones desviadas de la gestión ordinaria. Se trata de los servicios y competencias no exclusivamente centrales, concibiendo el principio de centralización y de autonomía naturalmente por delegación. La articulación debe hacerse a través de las Diputaciones Provinciales que siguen siendo los órganos representativos de la provincia en el horizonte actual de la nueva división territorial del Estado. No cabe ni usurpación, ni merma, ni desvirtuación a estas atribuciones estatutarias. En cambio, sí cabe establecer mecanismos de dirección y control de esta gestión ordinaria, encargar a las Diputaciones y que ellas deben ejecutar con su organización autónoma correspondiente constitucionalmente reconocida. Paréceme obvio que se está hablando en el Estatuto de montar sobre la figura orgánica de las Diputaciones la gestión ordinaria, y sobre la Comunidad Autónoma los mecanismos, directrices, técnicas y programas de control y seguimiento. No parece pues ajustado establecer órganos o estructuras intermedias e interpuestas, que podrían desvirtuar la gestión que se encomienda a las propias Diputaciones, sino solamente la aplicación de módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento con las correspondientes dotaciones económicas en su caso. Permítanme pues, Sus Señorías, ante esta exposición y razonamiento, algunas interrogaciones, que más reflejan temores fundados, pero temores al cabo, y posibilidades. ¿No se multiplican realmente los entes sin necesidad?; ¿no se merman las funciones atribuidas estatutariamente a las Diputaciones Provinciales?; incluso ¿no se produce una cierta preterición de éstas?; ¿no se advierte un reduccionismo centralista por Comunidad, "versus" provincias?; ¿qué funciones de las previstas en la norma estatutaria, se reservan para las Diputaciones Provinciales?; y si se me contestara que las funciones de las Delegaciones Territoriales van a ser de verdad y nada más que de mero control y de fisca-

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lización o apoyo de los servicios, ¿por qué estas funciones y servicios no se han articulado previamente y adecuadamente para las propias Diputaciones Provinciales? Y si como nos dijo el señor Consejero del Departamento van a ser muy fuertes y muy poderosas las Delegaciones Territoriales, permítanme que pregunte: ¿van a ser muy débiles y muy pobres, las Diputaciones Provinciales? Y si la Ley Orgánica del Estatuto habla de mecanismos, y la L.P.A. habla de elaboración de programas, e incluso un segundo borrador (ya me parece que caduco) de la Ley de Bases de Régimen Local habla de técnicas de programación simplemente, ¿cómo, por qué, y para qué se crea una fortísima estructura como entidad interpuesta entre Junta y Diputación?; en todo caso, ¿no aparece un exceso de burocracia, una inflación administrativa con repercusiones económicas y de intereses que pueden parecer encontrados ya desde la original legislación básica y de sus coros de órdenes y de decretos? A lo mejor, Señorías, al final, si nos ponemos de espaldas a la realidad, de espaldas a la luz, como en el caso del mito platónico de la caverna, tengamos que inventar de nuevo la provincia, sí, con sus modernos ciento cincuenta años de afirmación, pero con sus quinientos años de existencia histórica, mil quinientos veintinueve según reza y nos hace recordar un legajo siete seis ocho del Archivo de Simancas, que me invita en todo caso a pensar en voz alta, y tendiendo la mano por parte de mi Grupo Parlamentario a todos los demás Grupos para recorrer juntos y bien avenidos este camino, complejo, arduo, difícil, lleno de equilibrios, pero sobre todo lleno de responsabilidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:

Tiene la palabra el señor Consejero de Gobierno Interior y Administración Territorial.

EL SEÑOR CONSEJERO DE GOBIERNO INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Señor Presidente, señores Procuradores. En primer lugar agradecerle al señor Soto Rábanos la matización que ha hecho en su intervención respecto del texto que había sometido a la consideración de estas Cortes; yo creo que su pronunciamiento hoy es un pronunciamiento dentro de un marco de diálogo no un marco de enfrentamiento, a pesar de que algunas de sus preguntas pudieran tener una cierta matización más o menos dura, pero al menos ha retirado toda una serie de fraseología que está en el texto y en cierto modo podría considerarse molesto. Por eso yo le agradezco la presentación que ha hecho del propio. Y como ha dicho al final esa situación de mano tendida y de mano abierta, yo creo que es la que ha tenido la Junta en todo momento respecto de este problema. Yo creo que todos tenemos que reflexionar profundamente que nuestro mundo no es un mundo de blancos ni de negros; lo normal es que haya una gama de grises. Eso quiere decir que todos podemos tener una parte de razón, pero no toda la razón; que, por lo tanto, cuando uno afirma que se está disminuyendo, que se está preteriendo, que se está reduciendo a la Diputación Provincial, no deja de ser más que una valoración respetable, legítima, pero subjetiva, de algunos de los hechos que se están produciendo. Yo creo que si nosotros instrumentalizáramos precisamente lo que dice el señor Procurador, es decir, instrumentalizar el artículo veinte, dos, de la gestión ordinaria de los servicios periféricos de la Junta a través de las Diputaciones, es como precisamente las estábamos haciendo todo eso que él dice. Porque en este momento, lo quieran o no, el órgano que sigue siendo un órgano político del Pleno, del Presidente, como órgano de representación de esa provincia perdería toda eficacia, y pierde toda eficacia porque un órgano de gestión periférica es un órgano que tiene que estar exclusivamente a la orden de aquellos que le envíen esas mismas órdenes desde la Junta de Castilla y León o desde el órgano de mando que sea. Es lo que ocurre con todos los Delegados, y aquellos que han pasado por esa experiencia lo saben, todos los Delegados Territoriales o Provinciales están a la orden de aquel que le envía el "Télex" en todo momento. Eso sí que sería precisamente el disminuir, el preterir a las Diputaciones Provinciales; sobre todo, lo que estaríamos haciendo es disminuyéndolas, quitándolas esa capacidad representativa y en cierto modo política que tienen para la autonomía de sus asuntos propios. Porque, eso nunca se dice, tienen una competencia autonómica, tienen autonomía plena; pero para sus asuntos propios. Entonces, lo que tenemos que ver y lo que hay que estudiar sin acalorarse es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las competencias que tienen establecidas por Ley las Diputaciones. Véase cómo las Diputaciones, que evidentemente en su historia son órganos de asesoramiento y apoyo a los pequeños municipios, y así se las considera en la Ley, resulta que sus competencias son concurrentes, nos guste o no (ése será otro problema), pero son concurrentes con las competencias que como órgano del Estado descentralizado tiene la Comunidad Autónoma, y de ahí conviene que hagamos una pequeña reflexión: la Comunidad Autónoma tiene poder legislativo, tiene poder normativo; la Diputación Provincial no tiene ningún poder legislativo. Entonces, hay ahí una diferencia clara de cuáles son las competencias de uno y de otro. Y lo que ha estimado la Junta y lo que se ha planteado aquí en la reunión de la Comisión Informativa, en la cual no hubo ninguna voz discrepante de los planteamientos que se hicieron desde la Consejería, es

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este tema de conexionar a la Junta de Castilla y León con los órganos periféricos, corporaciones locales de diversos rangos que son los Ayuntamientos, son las Diputaciones; y a mí me resulta chocante cuando hablamos de que se precede a la Diputación y nadie se preocupa de qué le ocurre a las otras corporaciones locales, a esos Ayuntamientos pequeños que están también demandando un cierto grado de autonomía. Entonces, evidentemente, hay que ir conexionando, hay que ir cohesionando la Junta, la Administración de la Comunidad Autónoma, con esas Administraciones que tienen su historia y han calado en el espíritu del pueblo; y hay que ir haciéndolo, pero hay que ir haciéndolo por pasos sucesivos. Hay que ir haciéndolo prudentemente, y hay una experiencia ya negativa que se produjo en el año ochenta y uno (yo no sé si Sus Señorías se acordarán, algunos sí, no sé si están aquí (otros están desempeñando Diputaciones todavía), cuando un buen día les apareció cayendo encima de las Diputaciones Provinciales todas las competencias de Sanidad; y hubo un plante claro de las Diputaciones Provinciales. Y hace unos días he tenido yo una reunión con todos los Presidentes de Diputación y ha surgido este tema, y me han pedido que precisamente el porqué se plantaron, porque no se puede asumir automáticamente la gestión de toda la Junta a través de las Diputaciones Provinciales, porque hay que hacerlo (y ellos mismos me lo reconocían) de manera gradual y escalonada, porque no se puede transferir a las Diputaciones Provinciales ahora, de repente, siete mil funcionarios que son los que tenemos en la Administración periférica, siete mil funcionarios, que no estamos creando burocracia periférica, esa burocracia existe y esos funcionarios están aquí y esos funcionarios están trabajando; y si nosotros automáticamente produjéramos esa Ley de gestión, inmediatamente la Diputación dejaría, perdería su identidad porque tendría que convertirse exclusivamente al servicio de eso que le encomendaron. No hay manera en la situación actual, con la situación de recursos que tienen las Diputaciones, con los medios materiales y económicos y personales que tienen las Diputaciones, de que puedan absorber de repente toda la gestión periférica de la Comunidad Autónoma. Es sin embargo mucho más prudente, es sin embargo mucho más positivo, el ir estableciendo nexos de unión y yo estoy de acuerdo con Sus Señorías cuando he estado diciendo que lo que tenemos que buscar en el fondo, él lo que decía era "vamos a buscar el beneficio al ciudadano"; eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo vamos creando un sistema de comunicación entre Corporaciones Locales y Junta de Castilla y León que permita ir produciendo esa descentralización y esa profundización democrática que todos deseamos, pero sin que se produzcan graves distorsiones que al final quien las padece es el ciudadano; y para que eso no se pueda producir nosotros hemos planteado otro mecanismo diferente del de Su Señoría y ahí es donde podremos dialogar si usted quiere; pero no podremos decir que por parte de la Junta hay abandono, menoscabo o desprecio a la Diputación Provincial ni a ninguna de las corporaciones locales; por parte de la Junta lo que hay es una postura de generosidad plena hacia esas corporaciones locales, a través de dos leyes que incluso si ustedes se han dado cuenta, en el Estatuto de Autonomía también se establece que esas dos leyes tengan una determinada mayoría mientras que la otra no precisa de esa mayoría. Y eso es también muy importante, la Junta se ha comprometido con toda la ciudadanía de Castilla y León, ¿en qué?, en buscar un cemento de unión que haga esta Región fuerte y eso solamente se puede hacer a través de esas dos leyes que estamos debatiendo y estudiando y que están en este momento en un proceso de debate franco, abierto, generoso, comprensivo por parte de los presidentes de la Diputación y por parte de la Junta de Castilla y León y que ha tenido ya un primer efecto positivo el otro día como les decía en una reunión. Ahí, hay una generosidad, ahí hay un aspecto prudente de ir estableciendo una descentralización de funciones, ¿cómo?, a través de algo que encima no hipoteque lo que es la propia autonomía de la Diputación. ¿Cómo se hace eso?, y si quieren ustedes ¿es la cuadratura del círculo?; no señor. Es una cosa muy simple: hagamos transferencias, con lo cual la titularidad, en el caso de la transferencia, va a pasar al órgano que recibe la transferencia; ¿eso es disminuir?, eso es aumentar las competencias porque les vamos a transferir competencias completas y van a tener la titularidad de esas competencias, porque les vamos a transferir competencias completas y van a tener la titularidad de esas transferencias. Vamos a hacer Delegaciones, con lo cual ¿qué es lo que ocurre con una Delegación? Una Delegación no es una simple gestión como si fuera la gestión ordinaria periférica de la Comunidad, es algo más; se les da mucha más capacidad de normativa, de organización interna de los servicios de trabajo; pero todo eso tiene que ir acompañado con algo. Por supuesto, todo llega a su haz y su envés y ¿cuál es su envés aquí? La segunda de las Leyes: la Ley de Coordinación. Y eso es importante que exista, ¿por qué?; en esta Región lo que ha faltado es vertebración de la Región; en esta Región lo que falta fundamentalmente es que todos nos pongamos sin recelo a trabajar por sacar la Región adelante, y, evidentemente, para hacer eso es preciso que planifiquemos, es preciso que se coordinen las acciones. No se puede actuar a modo de reinos de taifas, por mucha voluntad que se ponga, por mucha inteligencia que se pon-

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ga. En esta Región, además de inteligencia y voluntad, hace falta que haya planificación, coordinación, esfuerzo colectivo y eso es lo que estamos pretendiendo con este plan. Por un lado entonces, nosotros tenemos las transferencias y delegaciones, con lo cual poco a poco irán formando un bloque con la Junta el resto de las Corporaciones para trabajar en favor del ciudadano; y, por otra parte, nosotros estaremos estableciendo un marco de cooperación y de coordinación a través de la Ley de Coordinación.

Yo estoy completamente seguro, y así se lo decía a la Comisión, que si estas dos leyes logramos que funcionen, hacemos que esto sea eficaz y positivo, es posible que la otra ley no sea necesaria; pero, así y todo, nunca se cierra el paquete, y hubo un compromiso también en aquel momento, y esto es un compromiso respuesta a su mano abierta. El compromiso que yo cogí en aquella Comisión es que estas dos leyes, como todas aquellas que sean de desarrollo estatutario, en principio, deben de formar parte de la carta constitucional de esta Región y como tal deben de salir con el esfuerzo y con el trabajo mayoritario de todos y si es posible con la unanimidad de todos. Y éste es el compromiso que debemos tener, y ése es el único compromiso que nos trae a esta tribuna, y lo demás yo creo que son temas que podremos solucionar.

Yo quisiera de todas las formas aclararles, cuando ha dicho de que la periferia son las provincias, eso me ha dolido. Me ha dolido como responsable de ese área y yo quisiera que eso usted lo recogiera para que no lo volviera a decir nunca: las provincias son el sustrato; pero las provincias son todos los pueblos que están en esa provincia, y esos pueblos son el sustrato de toda Castilla y León; pero todos, todos. No hay nadie que sea periférico, no hay nadie que sea más que nadie ni tampoco menos que nadie y, por lo tanto, desde esa perspectiva, nuestro trabajo es el de integrar a todos en el esfuerzo colectivo. Yo me imagino que usted ha querido decir otra cosa, yo le acepto que ha querido decir otra cosa, pero le quiero recordar que jamás diga que esto es un tema de que la Autonomía es centralista que también lo ha dicho. La Autonomía es una distribución del poder del Estado hacia los ciudadanos y, por lo tanto, si alguien se precia en una Comunidad Autónoma de que la Comunidad Autónoma funcione, tiene que procurar también que se descentralice desde los ciudadanos, desde la Comunidad hasta los escalones más bajos del poder y, por lo tanto, hasta las Corporaciones Locales. Desde esa perspectiva, le puedo asegurar a Su Señoría que en ningún momento por la Junta de Castilla y León se va a pretender no tener en cuenta lo que son las Diputaciones Provinciales, sino todo lo contrario; se tiene muy en cuenta lo que son las Diputaciones Provinciales, pero también se tiene en cuenta una cosa que es importante, que la Junta, la Comunidad Autónoma, tiene unas competencias por Ley de las cuales tampoco puede hacer dejación, y que esas competencias por ley obligan a que controlen, a que supervisen, a que informen, a que asesoren, a que ayuden a todas las Administraciones Locales. Por lo tanto, no puede ser una Administración juez y parte; tiene que haber, lo queramos o no, también en este mismo mecanismo de descentralización, alguien que en la provincia, en la comarca, donde sea, en esa entidad territorial que busquemos, que la provincia está ahí, en la provincia como dice la propia Ley de Gobierno, pues que allí tiene que haber unas Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León que son las que acerquen al ciudadano a la Junta de Castilla y León. Porque muchos de los problemas no tienen por qué resolverse viniendo al lugar donde está la sede; muchos de esos problemas se tienen que resolver también en el lugar más próximo del ciudadano. Por lo tanto, las Delegaciones Territoriales tienen que existir, pero cada uno con su esfera de competencias, cada uno sabiendo perfectamente cuál es lo que tiene que hacer y eso no significa en ningún momento...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ruego al señor Consejero que vaya terminando, por favor.

EL SEÑOR CONSEJERO DE GOBIERNO INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Voy a terminar, señor Presidente. Y eso no significa en ningún momento que nosotros perjudiquemos a la Diputación Provincial, que la quitemos ninguna competencia, sino todo lo contrario. Tenga en cuenta Su Señoría, yo quisiera que todos los señores Procuradores que están aquí presentes, como final de mi intervención, tengan presente que la opinión de la Junta, la idea de la Junta, la voluntad de la Junta es precisamente todo lo contrario, que creemos un elemento de unión en Castilla y León que haga de nuestra Región algo que permita la pena ser vivido. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para réplica tiene la palabra el señor Soto Rábanos.

EL SEÑOR SOTO RABANOS:

Muchas gracias señor Presidente. Ha dicho Su Señoría, el Consejero de Gobierno Interior y Administración Territorial muchas cosas. Ha habido muchas cosas, la mayor parte de ellas, gratas; y entre mis apuntes, los apuntes de mis compañeros y los apuntes de

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mis apuntes, es posible que cinco minutos apenas me dejen decirle a Su Señoría muchísimas cosas que probablemente, hoy las diré en breve e intensamente, un día sirvan para una ejemplar espero colaboración de todos los grupos representados en la Cámara. En primer lugar, déjeme decirle que, a nivel de intenciones, estoy muy de acuerdo con muchas de sus cosas. Creo que es injusto decir que mi opinión, o la opinión de mi grupo, es una opinión subjetiva porque he intentado naturalmente fundarla en hechos constantes y comprobados. La pretensión cronológica es un dato que el Estatuto marca como obligación, como categórico imperativo. Una Ley a realizar por las Cortes yo sé que es muy compleja, yo sé que es muy difícil, pero es anterior probablemente a una coordinación; y yo creo que la gestión se distribuye primero y luego se coordina esa gestión y se le ponen controles de fiscalización. Si primero hacemos los controles y luego distribuimos la gestión, igual hacemos algo que nunca hemos querido, en nuestras grandes libertades, que nos hicieran los demás. Del centralismo, yo no voy a decir que la Comunidad de Castilla y León sea centralista, pero sí tengo que decir que hay un peligro evidentemente de centralismo, porque lo ha tenido el propio Estado que llamamos todos Central, sin ninguna merma de nuestra ética y moralidad. Y es evidente que cuando hablo de periferia he hablado intencionadamente; también es periferia el Ayuntamiento y es periferia la Comarca, qué duda cabe, pero que hay un peligro de centralismo en toda gestión de una Comunidad que se encuentra con mucho poder, o puede encontrarse con mucho poder y además copiando casi de una manera mimética lo que el propio Estado Central ha realizado ya a través de bastantes años; pues mire usted Su Señoría, créame que es para tener un temor fundado. Respecto a la gestión ordinaria tengo que decirle que me parece que fue Su Señoría (exactamente en el mes de julio, hacia el veintinueve de julio), quien nos prometió que diría con carácter de urgente y en todo caso antes de diciembre, precisamente esta Ley del 20,2, la Ley que regulaba el desarrollo del Artículo 20 del Estatuto; parece que se ha olvidado del número que me traía con un poco de inquietud a esta Cámara a interpelarle, y sin embargo ha recordado muy mucho en este momento, y de una manera un poco tangencial en su exposición del dieciséis del mes pasado, los otros dos puntos del Artículo 20, que repite el 20,3 y el 20,4: el de Coordinación y el de Transferencias o Delegaciones. En todo caso, me gustaría recordar a Sus Señorías que fue el Partido Socialista, de la mano del Partido Centralista de U.C.D. de entonces, quien ante el Proyecto de Estatuto que se publicó en las Cortes del día tres del doce del ochenta y dos, introdujo una enmienda número 22 al Artículo 19,2 de entonces, 19,3 de entonces y otra enmienda, la 23, al artículo 202, de entonces, manteniendo que la provincia es el ámbito territorial para el ejercicio periférico de la competencia que la Comunidad, y añadieron cosa que no habían añadido previamente los parlamentarios comunistas (porque no les hacía gracia), añadiendo la atribución a las Diputaciones de la gestión ordinaria de los servicios periféricos tal y como ha pasado luego y de hecho al Estatuto; ese recuerdo, es un recuerdo que noblemente debo hacerle a Su Señoría, para que sea tenido en cuenta como recuerdo y, sobre todo, para que sea tenido en cuenta como eficacia. En todo caso, quiero también recordarles que no solamente es autónoma la provincia y la Diputación es también autonómica. Es autónoma naturalmente en la defensa de sus intereses respectivos, como lo es por la Ley de Régimen Local, como lo es el municipio y como lo será la comarca cuando se institucionalice y se haga una Ley de Comarcas; es también autonómica, y en ese recorte autonómico que es nuevo, que es una auténtica novedad, una novedad muy inteligente probablemente, es donde podemos y debemos creo que discutir, de la mano si usted quiere, mucho mejor de la mano que de ninguna otra manera, pero discutir ampliamente sin pasión (me parece que tanto Sus Señorías como yo mismo tenemos una cierta pasión) que yo creo que nos puede hacer válidos parlamentarios por lo menos, pero que tenemos que llevar además de la pasión, pues la mente que Dios nos ha dado, la luz que Dios nos ha dado y también, creo yo, la norma en la mano. Voy a recordar simplemente y para terminar, a mi querido Consejero de Educación y Cultura; digo querido como todos los demás, pero esta vez porque yo soy precisamente una persona profesionalmente de la Educación. En Segovia tuve el honor de acompañarle en una conferencia sobre el programa cultural de la Región, y allí pronunció una expresión que mí me ha dado pie, como era particular y antes no sabía si estaba, no me he atrevido a decirla, ahora se la digo, que es discutible: los planes provinciales según los sectores, en el caso de Cultura el Plan Provincial de Cultura, se realizarán por los Delegados Territoriales; los planes provinciales son de las Diputaciones Provinciales, creo yo. Es una mención que, certera o no, yo así la oí en aquel momento, no sé si las ondas la recogieron; desde luego yo así la oí y la entendí. Finalmente otra vez tiendo la mano, también me la han tendido a mí y al Grupo Parlamentario que represento, pero quiero decir que la norma está ahí y que porque se difícil no tenemos que preterirla y de hecho, de una manera cronológica, existe una clara preterición de una manera temática; pienso también, que ha habido una cierta preterición y solamente en las intenciones expresadas por Su Señoría creo que hay una buena voluntad que yo naturalmente acep-

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to juntamente con todos los de mi Grupo que me han encomendado esta interpelación. Muchas gracias señor Presidente, señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Gobierno Interior y Administración Territorial.

EL SEÑOR CONSEJERO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR NALDA GARCIA):

Señor Presidente. Un breve turno aunque sólo sea por la cortesía parlamentaria. Es decirle que lo del tiempo, para mí, la norma es de la misma fecha todo; entonces, a lo sumo lo que habrá será un orden, pero no cronológico, será un orden numérico; pero para mí, lo más importante desde el punto de vista de la norma, hay un cierto matiz en las leyes que requieren un quorum especial respecto a las que no lo requieren, eso sí que es importante, y esas son las otras dos leyes que nos hemos comprometido a traer. Y el hecho de que las hayamos traído (y se lo he dicho antes, y se lo digo ahora con toda la benevolencia del mundo), es porque tenemos un respeto escrupuloso a la autonomía de la Diputación y por eso no hemos hecho la primera de las leyes, porque la primera de las leyes sería precisamente condenarla a un cosa que usted, yo estoy plenamente convencido, que usted tampoco quiere; y por eso es por lo que no hemos hecho ese apartado 2, pero que puede hacerse en su momento como una ley de cierre, pero nunca como una Ley de apertura. Las leyes de apertura son las otras; la Ley de cierre puede ser ésta; y entonces que esto lo vea usted verdaderamente, y yo me brindo por otra parte a que tengamos una conversación, cuando usted quiera, sobre este tema profundizando y veamos los pros y los contras, y vea cómo a lo mejor esos grises que yo le decía, pues a todos se nos aclaran; a lo mejor yendo más hacia el blanco, aunque a lo mejor puede ocurrir que se nos vaya hacia el negro.

El tema de que las Diputaciones son autonómicas es una interpretación que usted hace de la Constitución que no es totalmente correcta; otra cosa es cuando se habla ahí en el Título VIII (que me alegra además que ustedes traten del Título VIII), se hable del Estado de las Autonomías, y se reconozcan una serie de principios autonómicos en sus gestiones, y siempre se matiza: para sus funciones propias, para no sé qué; siempre eso, mientras que el que recibe -y usted vea la L.P.A.-, la L.P.A. prohíbe taxativamente al Estado, que haga transferencias de funciones y servicios directamente sin pasar por la Comunidad Autónoma; luego ahí hay un prelación. Y la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del tema catalán se da profundamente y se establece claramente una diferencia establecida por el Tribunal Constitucional entre lo que es la Comunidad Autónoma, que sí que es autónoma y nunca centralista una Comunidad, porque los pequeños pueblos de nuestra Región no son centralistas; podremos hacerlo mal los que gobernamos y ser centralita, eso sí, pero la Comunidad nunca lo es; entonces entre la Comunidad que es Autónoma y todas sus entidades, que tienen un comportamiento autónomo, que hay que potenciar ese comportamiento autónomo en la gestión de sus servicios y de sus funciones que le son propias. Y finalmente, decirle que cuando habla del ámbito territorial, no dice para los servicios periféricos (yo creo que esto también lo inventa usted); le leo exactamente la frase, dice: "ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias y funciones de la Comunidad", pero esto hay que entenderlo como ámbito territorial, Artículo 19,2, cuando se define la provincia (por favor, lean el tema),como ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias y funciones de la Comunidad; y le digo más: debe ser para la gestión ordinaria pero nunca se puede entender que de ahí sea la gestión extraordinaria, porque el Estado, también en la Constitución, dice de la provincia que es la demarcación territorial para el ejercicio de sus funciones y de no sé qué, pero no no impide que tengamos las Capitanías Generales, no impide que existan los Tribunales de Justicia, no impide las Demarcaciones Territoriales Notariales, etcétera. Por lo tanto, además de los servicios ordinarios están otros múltiples servicios que pueden tener otros marcos territoriales diferentes, tanto infra como supra-provinciales. Yo reconozco con usted que todo esto es un tema difícil, que es un tema arduo, pero lo que sí que quisiera es que entre todos tuviéramos la firme voluntad de sacar la Región adelante, y para eso renunciáramos a muchos de nuestros cariños particulares ideológicos, que los podemos tener legítimamente cada uno, pero busquemos entre todos un marco de encuentro. Muchas gracias señores Procuradores.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por alusiones tiene la palabra el señor Consejero de Educación y Cultura.

EL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA (SEÑOR JUSTINO BURGOS):

Yo quiero agradecer a Su Señoría la amabilidad que tuvo de asistir a la conferencia que pronuncié en Segovia y me gustaría mucho que, cuando los Procuradores lo deseen, asistan a las conferencias o las intervenciones públicas que en los distintos lugares de la Comunidad protagonicen. Lo que también me gustaría es que escucharan atentamente; porque lo que es evidente es que yo no dije que los

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planes provinciales de cultura iban a ser elaborados por los Delegados Territoriales; lo que sí dije, y lo repito, es que conviene que la planificación de la actividad cultural en las provincias debe realizarse de un modo conjunto, con intervención también de nuestro Delegado Territorial, de manera que pueda obtenerse el máximo rendimiento posible a los recursos que a tal fin se destinan. En cualquier caso, me parece que en aquellos planes en los que la Junta interviene en su financiación con un tercio de las aportaciones, algo tendrá que decir. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Algún otro Grupo Parlamentario quiere intervenir. El Sr. Hernández tiene la palabra por el Grupo Mixto.

EL SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El motivo de mi intervención es fundamentalmente la preocupación que me han causado las continuas alusiones al Estatuto de Autonomía que se hacen en esta interpelación. Yo pienso que el debate político referente a la Ley de Diputaciones tendrá su momento y en ese momento me expresaré; pero hay algunos puntos que me han dejado ciertamente preocupado y voy a tratar de esbozar cuál es mi opinión. Concretamente se habla en la interpelación del Artículo 19,2 de nuestro Estatuto y a él se alude precisamente a la hora de hacer la interpelación, y yo quiero decirle al señor interpelante que veo claramente, por lo menos yo interpreto, que en él se habla de intereses específicos cuando se habla de las provincias, pero también se habla posteriormente de competencias y funciones de la Comunidad para los que se considera "ámbito territorial de la provincia". Por otra parte, me parece que es hacer una lectura acelerada del Estatuto el considerar que éste consolida y potencia las Diputaciones; yo me lo he leído y no llego a esta misma conclusión. Si bien se consagra en el Artículo 19 de la Provincia "Comunidad Territorial", también en el punto 3 de ese Artículo se abre la posibilidad de conocer comarcas con problemáticas específicas sin marcar esos límites provinciales; en el punto 2 del artículo 20 se habla de gestión y de servicios ordinarios periféricos, no se habla de ordenación; en el punto 3 de ese Artículo 20 se dice: "La Comunidad Autónoma coordinará las funciones de las Diputaciones Provinciales que sean de interés general comunitario".

Pienso que es una lectura quizá con un poco de ánimo de hipertrofiar las funciones de las Diputaciones Provinciales la que origina esta interpelación. por otra parte no pienso yo que la autarquía sea en modo alguno una buena organización para nuestra Región que tanto precisa de ordenación, de globalización y de redistribución. Creo que las Diputaciones no pueden ser bunkers poderosamente armados que bombardeen los intereses de la organización de una auténtica Comunidad. Pienso que deben ser un instrumento más de los que disponemos para organizar nuestra Comunidad, pero no una obsesión. Me parece estupendo el utilizar la unidad de provincia como una moneda de cambio legal, pero el provincianismo en todo caso lo considero una enfermedad que debilita la estructura de la Comunidad. Y para finalizar, yo no creo positivo que las guerras entre Grupos políticos o que los pulsos se echen entre instituciones y me parece que están los Parlamentos para este tipo de cuestiones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

EL SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Yo creo que en la pregunta suscrita por el Procurador señor Soto Rábanos, hay un concepto que sobra que es el punto 19,2, porque el punto 19,2 no define la Diputación como órgano a través del cual se tienen que llevar los servicios, sino la provincia como ámbito territorial para el desarrollo y gestión de la competencia y funciones de la Comunidad. Sí que es preocupante el punto 20,2 que dice que se articulará la gestión ordinaria de los servicios periféricos de la Comunidad a través de la Diputación, pero cuando se defiende a las Diputaciones yo creo que es mucho más preocupante el Artículo 20,3 que dice que la Comunidad Autónoma coordinará las funciones de las Diputaciones Provinciales que sean de interés general comunitario y ¿cuáles no son de interés general comunitario de las funciones de las Diputaciones y no se está apuntando en este punto a la independencia de las Diputaciones? Pero yo creo que no hay que hacer maniqueísmo entre provincias y regiones; yo creo que lo que hay que buscar es el marco en el que tienen que adecuarse ambas competencias. Yo creo que hay competencias provinciales y hay competencias comunitarias, porque yo creo que las Diputaciones no están articuladas funcionalmente para asumir muchos de estos servicios ordinarios que se dicen, porque no me imagino a las administraciones encargándose de los servicios de concentración parcelaria o de la revisión de la seguridad de los ascensores por ejemplo, y sí que me las imagino llevando muchas otras competencias como pueden ser las de carácter local, las de relaciones con los Ayuntamientos, etcétera. En las cuales yo creo que hay que tenerlas en cuenta y hay que potenciarlas. Y quiero finalmente con la brevedad del tiempo decir solamente que las Diputaciones,

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se ha dicho aquí que son autónomas y autonómicas. Yo he querido decir que leyendo el punto 20,3, las Diputaciones, la autonomía de las Diputaciones, queda bastante en entredicho y desde luego no todas las Diputaciones son autonómicas, porque a mí me bastaría citar aquí, Diputaciones que han arriado la bandera de la Comunidad (esa Bandera de la Comunidad en Diputaciones que además están gobernadas por los dos Grupos Mayoritarios en esta Cámara), y que esa bandera no la ponen ni siquiera en las grandes solemnidades. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Muy breve por el tiempo de que dispongo, y quería decir en primer lugar que no sé si voy a estar a favor o en contra, porque aquí parece que todos dicen lo mismo; el interpelante y el interpelado, a la hora de interpretar, llegan a las mismas conclusiones. Tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con el señor Soto en esos temores que él tiene; no estoy de acuerdo con el maximalismo de la interpelación, de que todo haya que hacerse por ahí. Y con el Consejero al contestar, aunque dice lo mismo, tenemos un distinto modo de interpretarlo; habla de esa coordinación, habla de esa desligación, habla de esas transferencias; yo le puedo decir señor Consejero que si el borrador del proyecto de Ley que usted tiene saliese aprobado por esta Cámara, nos habíamos cargado a todas las Diputaciones Provinciales de la Región, y eso se puede demostrar simplemente leyendo; es todo lo coordinable: Ustedes hacen los programas, ellos ejecutan, etcétera. Quiero decir que hay es interpretación; usted quiere llegar al final a la misma conclusión que los demás, pero esto no me convence. Usted dice que las Diputaciones tienen encomendadas fundamentalmente el apoyo a los pequeños municipios, y yo le pregunto, por la actual ley de elección de Diputaciones, ¿quién elige a sus representantes, los de los pequeños municipios o los de las grandes ciudades? Usted dice que hay que buscar un nexo de unión con las Diputaciones Provinciales; yo en este momento señor Consejero le libero del compromiso que usted hizo de extraer los proyectos de Ley antes de fin de año, si a cambio se hace lo que creo se debe de hacer en esta Región y nos sirva de experiencia el caso catalán. En Cataluña la Generalitat se cargó a las Diputaciones Provinciales, y ahora vuelve atrás a una ley con solamente dos artículos. No haga usted proyecto de Ley, busque usted entendimiento con las Diputaciones, empiece a trabajar sin ninguna Ley, empiece a trabajar desde el uno de enero en programas conjuntos de carreteras, de bienestar social, etcétera, y tras la experiencia conseguida, presente el proyecto de Ley. Yo le libero públicamente del compromiso que tuvo, si de verdad empezamos a trabajar así. Eso es buscar nexos de unión, eso es buscar consolidaridad para esta Región y eso es buscar el bienestar de toda la Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bravo Solana.

SEÑOR BRAVO SOLANA:

Señor presidente, señoras y señores Procuradores. La posición de mi Grupo respecto a la interpelación presentada por el Procurador señor Soto Rábanos está en la línea de lo que ha manifestado el señor Consejero. Básicamente, entendemos que la interpelación quiere resaltar dos cosas: la primera que, el Estatuto otorga las funciones señaladas en los Decretos que hasta ahora se han dictado sobre el funcionamiento de las Delegaciones Territoriales a las Diputaciones; y la segunda, que es un exceso de burocracia y duplicidad de funciones. En el primer supuesto, tenemos que decir que nos parece se confunden los aspectos que en nuestro derecho tiene la provincia, esto es: entidad local, demarcación territorial del Estado, demarcación electoral y demarcación territorial de la Comunidad Autónoma. De esta visión extraemos, como primera conclusión, que no es cierto que el ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias y funciones de la Comunidad Autónoma sea la Diputación.

Mi grupo entiende que el Estatuto señala el ámbito provincial como ámbito territorial ordinario, para la gestión de las competencias de la Comunidad Autónoma; pero que ello no prohíbe un ámbito supraprovincial o microprovincial. Se ha hecho ya alusión sobre el contenido en el Artículo 141 de la Constitución y, por lo tanto, no voy a ser reiterativo en este sentido. En nuestro Estatuto, la gestión de los servicios periféricos a través de las Diputaciones se remite a una Ley, y señalamos que el Estatuto no dispone que sean las Diputaciones los órganos periféricos de la Administración de la Comunidad. Será el desarrollo de esta Ley la que indique la forma de llevar a cabo, a través de las diputaciones, estos servicios periféricos. En todo caso, el apartado 2 del Artículo 20 de nuestro Estatuto es una parte de todo lo que dice este precepto. De la lectura de este Artículo entendemos que se desprende, muy claramente, el principio de coordinación con Diputaciones Provinciales y en su caso con entidades locales. El número 3 del Artículo 20 del Estatuto habla expresamente de coordinación, y el número 4 de transferencia o

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delegación en favor de Diputaciones y restantes corporaciones locales. Tenemos que decir que próximamente tendrán entrada en esta Cámara los proyectos de Ley que, espero, ayuden a su Señoría (se lo digo con todo cariño), a despejar las dudas y recelos que aquí ha manifestado. Y también tenemos que decir, en contestación a la intervención del señor De Fernando, que será precisamente ahí donde debatiremos este tema; no en esta interpelación, por entender que no ha lugar a ello. En el segundo aspecto que señalábamos de la burocracia, la Comunidad Autónoma no crea esta burocracia, sino que es la Administración Central la que nos transfiere, en todo caso, la misma, si es que existe; pues en los Reales Decretos (como Sus Señorías saben) de transferencias hasta ahora aprobados, ha habido una transferencia en total de siete mil cien funcionarios, de los cuales seis mil trescientos veintisiete son funcionarios de carrera, seiscientos ochenta y nueve contratados laborales y ochenta y cuatro contratados administrativos. No sé si este dato, si lo hubiera tenido Su Señoría, nos habría podido a lo mejor despejar la duda de si es este volumen, con todo lo que ello conlleva, podía ser asumido por las propias Diputaciones Provinciales. Precisamente en el tema de la burocracia tenemos que decir que existe un problema que es, precisamente, que los servicios centrales no han transferido los funcionarios a los servicios centrales de la Comunidad. Afortunadamente la Administración Central se ha dado cuenta de este problema y por lo que se ha denominado la Oferta Pública, esperamos que se subsane esto con rapidez.

Se ha hablado aquí, por el señor Montoya, del tema de la definición de qué es un interés general comunitario. Tenemos que decir a ese respecto que eso corresponde a esta Cámara, a través del correspondiente proyecto de Ley que en su momento será presentado y ahí es donde tendremos que matizar este aspecto.

Se ha hecho también referencia al centralismo como posibilidad de que se diera en la Comunidad Autónoma. Yo ahí tengo que decirle al señor Soto Rábanos, que tendría que explicarnos el funcionamiento de la Diputación, por ejemplo, de nuestra provincia (también yo soy de Segovia), si eso no es centralismo. Yo creo que en ese afán que ha habido por parte de Su Señoría (y esto lo hago extensivo a los otros miembros del Grupo Popular por Segovia, por la circunscripción de Segovia), y yo creo que si de verdad, con seriedad, queremos plantear el amor a nuestra Región, yo creo que es momento, no diría de presionar porque quizá suene demasiado duro, pero al menos sí de gestionar la posibilidad de que se retire el recurso que tienen presentado. Yo creo que eso sería una buena muestra de disposición hacia ese amor que preconizan. Por todo lo anteriormente expuesto, mi Grupo entiende que no hay vulneración del Estatuto como se ha pretendido hacer ver con este tema, y que la burocracia y la duplicidad entendemos que no se dan en ningún caso. Yo quisiera transmitir la tranquilidad a Su Señoría; que somos conscientes de que estamos construyendo todos la Comunidad Autonómica de Castilla y León. Y esto, a nuestro juicio, debemos hacerlo aunando esfuerzos, en definitiva, construyendo. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Muchas gracias. tiene la palabra durante un minuto el portavoz del Grupo Popular.

SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR BOSQUE HITA):

Muchas gracias, señor Presidente. Es sencillamente para protestar con toda la energía de que se están utilizando usos no parlamentarios, como es el aprovechar cualquier circunstancia para poner sobre la mesa temas que no son de este momento ni pueden ser discutidos. Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Se interrumpe la Sesión durante veinte minutos.

(se reanuda la Sesión a las diecinueve horas, quince minutos).

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ:

(Silencio, por favor.) Tiene la palabra el señor Caballero Montoya para la exposición de su interpelación. (Silencio por favor).

SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Señor Presidente, señores Parlamentarios. Vamos a hablar de fondos; vamos a hablar de dinero. Es un tema importante por muchos motivos. La interpelación que yo he presentado está muy relacionada, como ya les dije antes, con una inquietud que nos nació, y mantenemos, de la forma de aprobarse los Presupuestos de mil novecientos ochenta y tres. Hubo, diría yo, una delegación de confianza en el equipo socialista para manejar unos fondos destinados a unas finalidades que no se matizaban muy bien. Había una asignación, una autorización para el manejo; y unos fondos, del orden de doscientos setenta y cinco millones de pesetas que no quedaban bien definidos, o no se nos concretó cuál era la definición y el destino exacto, las finalidades concretas a las que, en los distintos capítulos a los que se hace referencia en el detalle de mi interpelación, se iban a destinar estas cifras componentes de la suma que acabo de decirles a título

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global. Efectivamente el hablar de gastos de promoción y estudios era un término genérico; el hablar de programas de inversiones también lo era (pues en inversiones aunque se hiciera la puntualización de montes no decíamos dónde); lo eran igualmente las transferencias de capital a empresas, y lo único que empezaba a estar un poco claro, porque sabíamos a qué se refería, era el tema de las adquisiciones y deducciones. Desde entonces han transcurrido varios meses. No hemos tenido ninguna ocasión de recibir aclaraciones -o hemos tenido todas las ocasiones y las aclaraciones no se nos han dado-; y es precisamente esto lo que venimos a pedir. Pero quiero hacer una puntualización que considero altamente interesante, una puntualización que yo dirijo a los señores Consejeros esencialmente, y que pienso que conmigo comparten, sin ningún tipo de distinciones, todos los Procuradores de esta Cámara. Es una distinción en la que va a salir definido, no exactamente -aunque sí perseguimos saberlo-, dónde ha ido a dar ese dinero, qué se ha hecho con ese dinero. Es una definición clara y concreta de cuáles son los matices desde los cuales se ha empezado a gobernar a Castilla y León. Nos preocupa saber, a través del destino de estas cifras, cuáles son esos detalles; cuáles son esas finalidades que, espontáneamente y haciendo uso de esa libertad que nosotros generosamente, confiadamente, otorgamos, han empezado a definirse como fundamentales; porque a través de la interpretación que nosotros vamos a dar, del conocimiento que pienso que vamos a tener con la respuesta del señor Consejero de Economía y Hacienda, vamos a poder empezar a definir un estilo de gobierno que no está claro, por la sencilla razón de que no hemos tenido tiempo de conocerlo todavía. Las intervenciones que hemos tenido en las fechas pasadas sobre exposición de conjunto de lo que iba a ser la labor de cada Consejería, en unos casos nos ha permitido conocer, efectivamente, por dónde iba el camino por el que se estaba andando en esa Consejería; y, en otras, nos hemos quedado un poco como estábamos, por la sencilla razón de que había un exceso de vaguedad en las definiciones. Sin embargo estos pequeños matices en las Consejerías a las que afecta nos van a permitir una mayor concreción. Entonces, yo le ruego al señor Consejero que va a dar respuesta a esta interpelación mía, el máximo de detalles; teniendo en cuenta de que, si sus respuestas son claras, son convincentes y si los conceptos a los que alcanzan los destinos de estos fondos a los que yo hago referencia, son efectivamente los que nosotros habríamos empleado o aquellos a los que nosotros habríamos dirigido estos mismos fondos, puede empezar a renacer aquí, a nacer aquí, mejor dicho, un clima de confianza que sería muy interesante, no sólo para la mejor gobernación de la Comunidad Autonómica sino incluso para nuestro enfoque en el tema de la revisión y aprobación de los Presupuestos de mil novecientos ochenta y cuatro de los que tan pendientes estamos. Vamos a ver entonces qué es lo que el señor Consejero tiene a bien contestarnos. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR FRANCISCO JAVIER PANIAGUA IÑIGUEZ):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Gracias, en primer lugar, a Su Señoría por haber manifestado, una vez más, su preocupación por el destino de los recursos económicos de nuestra Región; y, también, por haber previsto que iba a ser yo en nombre del Gobierno -ya que la interpelación va dirigida a la Junta-, quien fuera a contestar la interpelación que se plantea. Quiero, ante todo, y dada la calificación de interpelación que, "latu sensu", su escrito ha merecido y la peculiaridad excepcional del mismo en extensión y contenido, solicitar que me permita Su Señoría plantear la contestación en dos planos. Uno genérico, en forma de observaciones preliminares; y otro particularizado, en forma de contestaciones concretas y cifradas, que a veces pueden aburrir a Sus Señorías. En cuanto al primer nivel, es necesario precisar los siguientes extremos: en torno a la gran nebulosa que, afirma en su escrito, encierra determinadas dotaciones, quisiera recordarle (así lo ha hecho él, y le doy las gracias), la aceptación y comprensión que Su Señoría mostró en el debate de los Presupuestos en relación a la no presentación de las asignaciones formales de destino por sus conceptos. Entonces, evidentemente, fue asumida como necesaria y transitoria, eso sí, por unanimidad. Pero es que además, esa misma nebulosa creo que se diluye en parte -además de haber sido aceptada por unanimidad como necesaria y transitoria con estos condicionantes-, si tenemos en cuenta que allí se concreta por Secciones, por Consejerías y por Conceptos. Por ejemplo, en relación al Artículo 28, las contestaciones ofrecidas por todos y cada uno de los Consejeros en sus recientes comparecencias ante las Comisiones respectivas de estas Cortes. Y precisamente entiendo que ha sido en dichas comparecencias, a las que me remito, donde Sus Señorías han podido traducir de forma más adecuada la necesidad de efectuar un cercano seguimiento en una cierta y, repito, más adecuada realidad, tal como Su Señoría comprobó suficientemente, o así lo espero, en las dos largas Sesiones de mi propia comparecencia.

Quiero con esto, en esta segunda precisión, re-

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calcar que sí ha habido ocasión de recibir aclaraciones suficientes en las intervenciones de los señores Consejeros ante las respectivas Comisiones de estas Cortes. Evidentemente, si en alguna se ha podido calificar la intervención como vaga y no se han dado suficientes aclaraciones, también he de decir que habría sido conveniente que se hubieran dado y nos hubiéramos, tal vez, ahorrado esta interpelación que, de todas formas, se sitúa en el tiempo, a caballo de dichas intervenciones y que por tanto tal vez prejuzga, en parte, la posible o no vaguedad de dichas intervenciones. No creo, desde luego, y así convendrá conmigo Su Señoría, que en las dos largas intervenciones de mi persona haya habido (creo que no ha habido y tampoco en los documentos entregados a Sus Señorías), vaguedad alguna en relación con los dos capítulos que en esta interpelación se señalan como propios, y sí lo son, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Por otra parte, y sin ánimo de huida sino de precisión, quiero señalar a Su Señoría que cuanta información solicita y sea posible suministrar le será ofrecida (y ese fue el compromiso formal que yo adquirí en la Comisión y después en las Cortes), en la presentación a estas Cortes de la liquidación del Presupuesto y a la vez del proyecto de aprobación de la Ley de Presupuestos del ochenta y cuatro. Entiendo que es correcto y además eficaz que se procure un cercano seguimiento de los criterios y del empleo de la asignación de dotaciones de nuestro Presupuesto. Pero al ser el mismo un proceso, no es un hecho puntual, y las cuestiones hoy planteadas juzgo que podrían tener más posibilidad de ser atendidas en la gestación, también proceso o parte del proceso, de la presentación del proyecto y en el análisis de su liquidación. Debo también aclarar que Su Señoría ha interpelado en una de sus preguntas a la Junta, cuando, en mi opinión (supongo que es un pequeño lapsus que, evidentemente, es subsanable), debiera haberlo hecho a la Comunidad, o por separado a la Junta y a las Cortes. Y ello tiene lugar al interpelar sobre el Artículo veintiocho que dice: "dotado para todas las Consejerías con un monto global de veintiocho millones setecientas cuarenta y siete mil pesetas", cuando dicho monto afecta a aquéllas, a las Consejerías, y además a las cortes por valor de un millón de pesetas. Evidentemente, yo poco puedo informarle sobre ese millón de pesetas de los veintiocho millones. Y finalmente, debo aclarar que en uso de la autorización que nos otorgan el Artículo siete de nuestra Ley Presupuestaria para este año y el Artículo 68 de la Ley General Presupuestaria once, barra, setenta y siete, del cuatro de enero se han producido transferencias de crédito en operaciones corrientes del capítulo II que implican modificaciones internas del Presupuesto de gastos disminuyendo los veintisiete millones setecientas cuarenta y siete mil pesetas, restado el millón de las Cortes, en un millón quinientas mil pesetas; quedando presupuestados, por lo tanto, para todas las Consejerías, en el día de hoy, por el artículo veintiocho, veintiséis millones doscientas cuarenta y siete mil pesetas. Hechas estas aclaraciones, o esta primera fase o recorrido en su primera fase de necesarias aclaraciones de situación, paso ahora a ocuparme de lo que denominaba segundo plano de contestación particularizada. Y lo hago gustoso, aún con la evidencia de la dificultad que encierra cualquier contestación que pretenda adaptarse a la fórmula de la interpelación y que pretenda así soldar esa fisura lógica existente entre lo que es y debería ser mi respuesta. En primer lugar, el resumen del desglose del Artículo 28 se encuentra, al día de hoy, en la siguiente situación: Presupuesto real de las nueve Consejerías, veintiséis millones doscientas cuarenta y siete mil pesetas. Gastado: el treinta, coma, ochenta y siete por ciento. (No doy todas las cifras; doy los porcentajes, para no alargar la intervención). Comprometido: el cinco, coma, cero dos por ciento. Previsto o planificado, como Su Señoría bien señala en su interpelación: el cincuenta y uno, coma, seis por ciento. Y ahorro estimado al día de hoy: el trece, coma, cuatro por ciento; es decir, tres millones cuatrocientas veintitrés mil ochocientas sesenta y dos pesetas. El desglose se presenta tal como se solicita en la interpelación; es decir, en bloque por todas las Consejerías.

Segundo, capítulo VI, artículo 61: Corresponde (y, en nombre de ella, igual que de la Junta, estoy aquí contestando a la interpelación) a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, con un presupuesto de cincuenta y un millones trescientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y una pesetas, en lugar de la cifra inicial de cuarenta y seis millones ciento treinta y ocho mil ochocientas veintiuna pesetas, por haberse producido incorporaciones de créditos; incorporaciones que cuando tienen lugar, es norma de la Junta, y es su obligación, comunicarlo a estas Cortes. Por su importante cuantía, haremos su desglose por conceptos. El concepto seis uno uno, programa de Inversiones, (en concreto, le preocupa con buen sentido a Su Señoría), ha pasado de veinticuatro millones setecientas treinta y ocho mil ochocientas veintiuna pesetas de Presupuesto, a veinticinco millones treinta y tres mil doscientas ochenta y una, por transferencias del Estado de una dotación de trescientas noventa y cuatro mil cuatrocientas sesenta pesetas para la adquisición de un vehículo que está pendiente de realizar. Aparte de esto, lo invertido hasta la fecha totaliza veintiún millones seiscientas setenta y nueve mil seiscientas diecisiete pesetas, en actuaciones diversas de Sanidad Vegetal. Y en disponible: tres millones, cincuenta

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y nueve mil doscientas cuatro pesetas, que se prevén invertir en un cincuenta por ciento, en mejora de dotaciones de las estaciones citopatológicas y, en otro cincuenta por ciento, en la mecanización interna de la Consejería; solicitando la oportuna transferencia, evidentemente, por cambio de centro directivo, ya que el concepto económico será el mismo. El concepto de la misma Consejería, seis, uno, dos, Campañas Nacionales, cuyo presupuesto era de tres millones de pesetas, se ha incrementado por transferencia del Estado hasta cuatro millones ochocientas once mil pesetas, íntegramente comprometidas en la Dirección e Inspección de Campañas Nacionales.

Tercero, capítulo VI, Artículo 68. Igualmente también corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, con una dotación de dieciocho millones cuatrocientas mil pesetas, de las que se han comprometido trece millones ciento setenta y una mil quinientas ocho pesetas, y existe un disponible de cinco millones doscientas veintiocho mil cuatrocientas noventa y dos. El gasto se ha localizado en los Viveros Forestales de Avila, León, Segovia y Valladolid. En cuanto al disponible, la Consejería ha programado invertir su importe en infraestructura viaria agraria de diversas comarcas de la Región.

Cuarto, capítulo VII, Artículos 77, 78, en relación con la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. Decía antes que había dado cumplida respuesta a las preguntas que se me formulaban en mi comparecencia ante la Comisión respectiva de estas Cortes; no obstante, con el ánimo de que llegue, aunque resumida, esa información a todas Sus Señorías, voy a hacerle gracia de leer no con mucho detalle, se puede dar después en detalle, las cifras en relación a este capítulo séptimo. La cifra mencionada de ciento setenta y seis millones setecientas setenta y nueve mil pesetas para la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio se descompone en el Artículo setenta y siete: Transferencias a empresas, por ciento cincuenta y ocho millones doscientas sesenta y nueve mil pesetas; y en el Artículo setenta y ocho: Transferencias a Instituciones con fines de lucro, por dieciocho millones quinientas mil pesetas. En cuanto al primero de los artículos se han comprometido o están en trámites de compromiso, ochenta y tres millones de pesetas; y en cuanto al segundo, noventa y tres millones setecientas sesenta y nueve mil pesetas. La suma de ambas cifras coincide con las cifras presupuestarias, si bien, y es una matización importante, es necesario realizar la oportuna transferencia interna dentro del capítulo, tal como prevén las Normas Presupuestarias y acogiéndonos a las mismas. Las obligaciones pueden resumirse por programas, por los programas propios de la Consejería en esta área, como sigue: Compromisos. Primero, Programa de Ordenación Comercial: ochenta y tres millones de pesetas; Programa de Equipamientos Comerciales: veinte, coma, cinco millones de pesetas; Programa de Información: veinte coma tres millones; Programa de Estudios y Asistencia Técnica: veinte, coma, cinco millones de pesetas; Programa de Ferias y Certámenes: un millón. Total: ciento cuarenta y cinco, coma, tres millones de pesetas. Previsiones: Previsiones del Programa de Equipamientos Comerciales: veintiséis, coma, cinco millones de pesetas y Previsiones del Programa de Información: cinco millones de pesetas. En total, Previsiones suma treinta y uno, coma, cinco millones de pesetas. Total de Compromisos y Previsiones, la cifra global presupuestada: ciento setenta y seis, coma, ocho millones de pesetas. La razón de esta transferencia, a la que antes me refería y que quiero con todo cariño también explicar el porqué de la misma, de dotaciones destinadas a empresas en favor de entidades sin fines de lucro, concretamente Ayuntamientos, estriba por una parte, en la adecuada valoración de las carencias de equipamiento comercial de carácter social en la Región (ésa ha sido la razón en la que se ha fundado la Consejería para provocar esta transferencia; lo que nos empuja a promover proyectos de construcción de mercados y urbanismo comercial); y de otra parte, la razonable previsión de que, dado lo avanzado del año, como también incluso insinúa y sugiere Su Señoría en la última parte de su interpelación, dado lo avanzado del año en que se ha iniciado la gestión, una importante parte de las consignaciones para subvenciones de créditos de IRESCO no iban a poder ser comprometidas en el ejercicio, con el consiguiente desaprovechamiento de posibilidades presupuestarias en un sector tan necesitado de ayuda como el que antes citaba.

Cuestión quinta, capítulo octavo. Artículo 84, también en relación con la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. Comprende este Artículo veintidós millones quinientas mil pesetas, de las que siete millones quinientas mil representan el compromiso del anterior Consejo en las Sociedades de garantía recíproca de la Región para la suscripción de acciones. El resto disponible, quince millones, está ya en estos momentos comprometido y firmado el compromiso con las Sociedades de garantía recíproca de la Región como ampliación. Su desglose es como sigue: a cada una de las Sociedades de garantía recíproca de Salamanca, Segovia, Zamora, Palencia, Valladolid y León, independientemente después de la fusión, se las ha asignado dos millones quinientas mil pesetas, con lo cual, la suma total es de quince millones de pesetas. Queda todo, por lo tanto, comprometido y agotado el capítulo. Con ello se alcanza un desembolso del cincuenta por ciento de la participación prevista por parte de la Junta en las cuatro prime-

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ras Sociedades de garantía recíprocas y del setenta y cinco por ciento, ya al día de hoy, en las dos últimas; es decir, Valladolid y León.

Pienso que he dado cumplida cuenta de las preguntas, interpelación e interrogantes que Su Señoría había formulado; que di cumplida cuenta, por lo que a mi Consejería se refiere, incluso de una forma más detallada en su momento; que, evidentemente, esto es una práctica habitual que entra dentro de un clima de normalización de relaciones; y, evidentemente, que continúa aquel clima de colaboración que en su momento hemos tenido oportunidad de apreciar tanto Su Señoría como yo mismo en las Comisiones donde nos hemos sentado y hemos estado presentes. Muchas gracias por lo tanto y gracias a todas Sus Señorías.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Caballero Montoya.

SEÑOR CABALLERO MONTOYA:

Muchas gracias, señor Consejero. En primer lugar, creo que es interesante aclarar que, como en las películas, cualquier coincidencia entre el contenido de su reunión informativa con los Parlamentarios de equipo y mi interpelación, es casual, meramente casual. No ha tenido nada que ver el contenido amplísimo, que reconozco amplísimo y muy detallado, y por el cual ya felicitamos a Su Señoría en el momento correspondiente, con el contenido de mi interpelación. Respecto de la respuesta que ha dado al detalle que yo solicitaba, a fuer de sincero, reconozco que, entre el Reglamento y nuestro Presidente (aunque peca de benévolo), pues nos atan y le ha impedido dar algún detalle más. Evidentemente, hay cosas que no han quedado suficientemente claras; porque cuando nos dice: transferencias a empresas, no sé cuántos millones de pesetas, lo primero que se me ocurre preguntar es: por qué no nos ha contado usted a qué empresas se da esto. Evidentemente, cuando nos habla de Entidades sin fines de lucro y nos dice Ayuntamientos, eso ya me empieza a quedar algo más claro. Pero, definitivamente, hay alguna vaguedad; en esta ocasión sí que hay alguna vaguedad, que lamento, porque estoy tan acostumbrado a ver que Su Señoría, Su Señoría nos ha enseñado a hacerlo demasiado bien, y cuando no lo hace tan requetebién como él lo suele hacer generalmente, pues echamos de menos esa puntual información a la que generalmente nos somete. Desde luego yo no recuerdo -perdón, pero es que mi memoria falla mucho- que en sus dos sesiones informativas (creo que ha sido la única Comisión en que hemos tenido dos sesiones informativas), tan amplias como hemos pedido los Procuradores que interveníamos en la Comisión, se haya tocado ninguno de los temas que yo he sometido a interpelación, y, por tanto, tampoco recuerdo, a pesar de haber asistido plenamente a las dos sesiones informativas de la Comisión de Hacienda, que se nos haya facilitado ninguno de los detalles que podría haber servido de respuesta detallada a las preguntas que yo hacía en mi interpelación. No obstante, aprecio la buena voluntad del señor Consejero; considero que sé más cosas de las que sabía, aunque no sé todas las que quería saber y pienso que por lo menos hay una buena voluntad que seguiremos intentando utilizar, para conocer con más detalle todo lo que nos falta por conocer todavía, que pienso que es bastante. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

: ¿Algún otro Grupo desea intervenir? ¿Grupo Mixto? Tiene la palabra el señor Hernández.

SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ (GRUPO MIXTO):

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Brevísimamente y fundamentalmente por una cuestión de cortesía. Ya que antes, en la interpelación anterior, no pude por menos que no compartir la que había hecho el Procurador del Grupo Popular, en este momento quiero salir solamente para decir que ahora sí que estoy de acuerdo con que el Grupo Popular haya hecho la interpelación que ha hecho. Yo entiendo que todo lo que sea aclarar al pueblo, porque no hay que olvidar que estas Cortes no somos ni más ni menos que los representantes del pueblo, aclarar cuáles están siendo las actitudes puntuales de la Junta, es decir, del Gobierno, es siempre algo positivo, es algo bueno. En este sentido, yo tengo que decir que agradezco la interpelación hecha por el Procurador del Grupo Popular; se la agradezco porque nos permite -en este caso las cifras se han dado muy rápidas y tendremos que recurrir al "Diario de Sesiones" para constatarlas-, nos permite en todo caso estar informados. Estar informados creo que es bueno y, repito, en este caso sí que comparto la interpelación hecha por el Grupo Popular. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señores Procuradores. He sentido una gran satisfacción al ver que se ha traído al Pleno esta interpelación por el señor Caballero Montoya, porque, en cierta manera, yo tenía sobre mí todavía la angustia de aquel Pleno extraordinario en el que propuse la enmienda a la totalidad de la Ley de Presupuesto. Había una razón: yo decía que la Ley de Presupuestos era excesivamente inconcreta. Entonces esta pregunta me ha permitido justificar-

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me en cierta manera ante mí mismo, en el sentido de comprobar cómo a los cuatro meses de aprobarse aquella Ley de Presupuestos, en capítulos que figuraba con dieciocho millones de pesetas se han comprometido noventa y tres, y en capítulos con ciento cincuenta y ocho millones sólo se han comprometido ochenta y tres. Lo cual yo considero justo y considero razonable; pero al mismo tiempo, considero que aquellas razones que aduje en su momento y que el Grupo Popular no quiso tampoco aceptar porque no le parecieron aceptables o no las consideró aceptables, hoy vengan sustentando una duda de aquella delegación de confianza, que yo decía que era lo que se estaba haciendo: simplemente, dar un voto en blanco a la Junta para aprobar un Presupuesto que no iba a ser tal Presupuesto porque aquel Presupuesto tenía que estar sometido a múltiples variaciones. Hoy siento plena satisfacción de, en una pregunta ajena, comprobar que se me está dando la razón a algunas de aquellas objeciones que yo hice. Nada más y muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Quijano.

SEÑOR QUIJANO (GRUPO SOCIALISTA):

Brevísimamente y sólo para agradecer la interpelación, que creo inaugura una buena costumbre; y agradecer la intervención del señor Consejero por lo clara y exhaustiva que ha sido. Esperemos que ésa sea la tónica, en cuanto a la solicitud de información y en cuanto a proporcionar información.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR SOTO RABANOS):

Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre retirada de las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fondos de Compensación Interterritorial, publicada en el "Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León", número nueve, de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Para defensa de la Proposición no de Ley, tiene la palabra el señor Bosque Hita, en nombre del Grupo Popular.

SEÑOR BOSQUE HITA (PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR):

Señor Presidente, Señorías. Mi Grupo Parlamentario ha presentado esta Proposición no de Ley ante un hecho verdaderamente grave para el destino y el futuro de nuestra Región. Especialmente sensibilizados hacia todos los intereses del pueblo castellano-leonés, hemos podido comprobar, con preocupación incrementada de manera constante a lo largo del tiempo, cómo el Proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que está tramitándose en este momento en las Cortes Generales Españolas, va a agravar de manera decisiva, de manera transcendental, el futuro del desarrollo de nuestra Región. Vamos a explicar por qué entendemos que esto es así. La Constitución en una serie de artículos habla de manera muy insistente de los problemas de falta de desarrollo, de los problemas de equilibrio en el desarrollo. Por no citar todos citaría, por ejemplo, pues el Artículo 10 donde se habla de promoción, progreso, distribución de la renta regional más equitativamente. Por ejemplo, el 131 habla de equilibrar y armonizar el desarrollo para una justa distribución de la renta. El 138 habla de que la solidaridad hay que entenderla desde el punto de vista de establecer un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. El Artículo 158.2, por fin, afronta el problema y determina el procedimiento para conseguir el equilibrio de desarrollo de todas las regiones, y dice que se crea el Fondo de Compensación Interterritorial con objeto de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Esto es todo el planteamiento constitucional. Consecuencia de la Constitución son una serie de Leyes Orgánicas de Desarrollo que forman lo que dijéramos el paquete constitucional. Cualquier vulneración de cualquiera de estas Leyes tiene la misma significación que la vulneración de la propia Constitución. Y así tenemos la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas que precisa de manera definitiva lo que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Y así por ejemplo, empezando por el Artículo 2,1 "A", habla de que no puede haber privilegios entre las regiones, privilegios económicos y sociales; habla, en el Artículo 2,1 "B" , del equilibrio económico y desarrollo armónico de las regiones; en el 2,1 "D", de suficiencia de recursos para todas las regiones, y el artículo 4 ya empieza a precisar lo que es el Fondo de Compensación que es el que determina cuáles son los recursos propios de las Comunidades Autónomas, se hace, en un primer apartado de este Artículo, una enumeración de lo que son recursos propios de las Comunidades donde van los impuestos cedidos del Estado, etcétera. Pasa a un segundo punto donde figuran nada más que aquellos recursos circunstanciales, que ya no son generales para todos, y dice: "en su caso, las Comunidades Autónomas podrán recibir" (en su caso, ya no son todas): apartado "A", determinadas cosas; apartado "B", "los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial que puedan corresponderles según la Ley". Pero, vamos a seguir adelante y cuando llegamos

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al Artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, en su punto 1, párrafo tercero, dice, concretamente (y esto no se puede ignorar): "El Fondo se destinará a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados". Bueno, pues, yo digo, mi Grupo dice que la Ley tal como está elaborada es un despojo para Castilla y León, y es un despojo para Castilla y León porque no va a cumplir los fines de conseguir el equilibrio en el desarrollo, porque no cumple el espíritu de la Constitución en el 158,2, y porque ni mucho menos cumple lo que la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, dice en el Artículo 16, punto 1, párrafo 3, que es sólo para los territorios menos desarrollados. Y entonces la Ley de Financiación lo reparte entre todos los territorios de España, entre todas las Comunidades Autónomas. Y así tenemos este cuadro, que es tan significativo como lo siguiente: Por ejemplo, en el año ochenta y dos, lo que se llama Fondo de Compensación; que no puede serlo, ni lo es, mientras se reparta como está determinado por esta Ley el Fondo, pues deja a Madrid, por ejemplo, la provincia de Madrid, que es la más alta en renta como provincia (hoy ya como Comunidad Autónoma; entonces como provincia), le reservaba el cinco veintisiete por ciento del total del Fondo para desarrollar a los menos desarrollados, según dice la Ley Orgánica de Financiación, mientras que a Castilla y León le reservaba el nueve treinta y siete. Y a Cataluña, por ejemplo, que con Madrid es la Región más rica de España, de mayor renta, le reservaba el siete cincuenta y ocho. Para Castilla y León, una de las regiones menos desarrolladas con nueve provincias, le dejaba el nueve treinta y siete. En cifras de millones: Madrid, nueve mil cuatrocientos setenta y seis millones; Cataluña, trece mil seiscientos cuarenta y ocho; Castilla-León, dieciséis mil ochocientos setenta y dos. Vamos a ver lo que sigue ocurriendo, porque ahora estamos aprobando, o se está aprobando, empezando a tramitarse en el Congreso, la Ley del Fondo de Compensación, que va a repartir el año ochenta y tres (que, por cierto, ya está repartido, según los presupuestos, que es un problema distinto y no nos afecta a nosotros); y resulta que habría que esperar pues que este Fondo fuera acercándose más a los problemas de reparto. Pues sí, señores, del cinco veintisiete Madrid pasa al cinco setenta y cuatro, y Cataluña del siete cincuenta y ocho al siete ochenta y cinco; mientras que Castilla y León del nueve treinta y siete baja al ocho ochenta y cinco. Es decir, Castilla-León queda a un punto de distancia porcentual de Cataluña, que, por lo visto, es una región que necesita muchos fondos para su desarrollo. Y si vamos a parar a lo que se pretende repartir para el año ochenta y cuatro, nos encontramos con las siguiente cifras: que a Castilla-León le corresponderá el nueve catorce, mientras que a Cataluña le correspondería el ocho veintinueve, es decir, el cero, coma, ochenta y cinco; cada vez vamos perdiendo diferencias con Cataluña. En cualquier año de los inmediatos, según la Ley del Fondo que se está tratando de aprobar, Cataluña tendrá más fondos para su desarrollo que Castilla-León. Por lo tanto las diferencias entre Castilla-León y Cataluña, por lo visto, deben ser al revés, tal y como marchan las cosas.

En Europa hay un fondo también parecido al de Compensación Interterritorial, que se fundó además inicialmente, para repartir entre todas las regiones, para el desarrollo de todas, tratando de primar a las menos desarrolladas. Funcionó así tres años. A los tres años Europa tuvo que comprobar que ahí no iba a conseguir mayor desarrollo para los menos desarrollados. Y lo que hizo sinceramente y sencillamente fue volver de sus primitivos acuerdos y comenzar a repartir a las menos desarrolladas; y así tenemos, por ejemplo, el reparto del año ochenta y uno, que son los que yo tengo, en que, por ejemplo, Italia recibió el cuarenta y tres, coma, siete por ciento de todo el Fondo Europeo; Gran Bretaña recibió el veintinueve coma tres; Grecia el dieciséis; Irlanda, el siete, coma, tres; los dominios franceses, el dos coma cinco, y Groenlandia, el uno, coma, dos. Aquí no entra ni Alemania, ni Holanda, ni Bélgica, ni Luxemburgo, etcétera, todas las naciones verdaderamente con mayor nivel de renta en Europa. Esta Ley del Fondo vulnera la Constitución. Y vulnera la Constitución, en primer lugar, porque no cumple el espíritu del 158,2; vulnera la LOFCA porque no cumple el 16,1, párrafo tercero, que es el que dice que sólo a los territorios comparativamente menos desarrollados, ni el Artículo 4,2, que dice que "en su caso", por lo cual ya está diciendo que no para todas sino para unas cuantas. En segundo lugar, vulnera la Ley Orgánica de Financiación porque se atreve a reinterpretar los criterios de distribución y mediante una Ley normal, la Ley del Fondo, se pretende modificar una Ley Orgánica. Porque la Ley Orgánica de Financiación dice, como primer criterio, por ejemplo, que la distribución se hará en proporción a la inversa de la renta por habitante, y cuando pasamos a la Ley de Financiación nos mete la población y la mete de una manera muy especial que beneficia de manera muy significativa, como hemos podido comprobar, a las regiones más pobladas, en que, normalmente, cuanta más densidad de población hay, es cuando menos riqueza hay; por eso se desertizan las regiones como la nuestra. (Tenemos zonas de nuestra Región en que, mientras en Africa se determina que once habitantes por kilómetro en unos sitios y trece por kilómetro en otros ya es una región denominada desierto, en España tenemos zonas, como Soria, por ejemplo, en que la densidad de la

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provincia de Soria es de nueve habitantes por kilómetro). Vulnera la Constitución y la LOFCA, porque interfiere las competencias de las Comunidades Autónomas y las interfiere por el siguiente procedimiento: el Fondo de Compensación, es un recurso propio de la Comunidad Autónoma, que administra la Comunidad Autónoma sin que nadie pueda interferirle, como no le interfiere en la administración del resto de los recursos propios. Y además la Ley Orgánica de Financiación dice que el Fondo se transfiere a la Comunidad Autónoma; sin más. Y nosotros nos encontramos con una serie de artículos de la Ley del Fondo de Compensación en que se dice que participará el Estado, el Estado determinará, habrá que ponerse de acuerdo con el Estado. Aquí tenemos los artículos: por ejemplo, el Artículo 7, el Artículo 9, el Artículo 10, en el que se interfieren de manera clarísima las competencias de la Comunidad, entrando el Estado en competencia con la Comunidad Autónoma para administrar recursos propios de la comunidad Autónoma; lo cual es inadmisible.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Le quedan dos minutos a Su Señoría.

SEÑOR BOSQUE HITA:

Gracias. Vulnera la Ley Orgánica de Financiación, porque esta Ley establece la existencia de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y este Consejo tiene necesariamente que intervenir en la consideración de los criterios para el reparto, y no ha intervenido. Intervino cuando esta Ley del Fondo se vio por primera vez en la legislatura anterior, cuando las Comunidades Autónomas, como la nuestra, es decir, trece Comunidades Autónomas, todavía no eran más que Entes Preautonómicos; no tenían Gobiernos propios. Y entonces se vio el proyecto, que presentó el Gobierno de entonces, y que pasó por el Senado, y fue aprobado en el Senado (por supuesto con mi voto en contra), y entonces el Senado aprobó ese Proyecto Ley que es el mismo texto que tienen hoy las Cortes Españolas, porque el Gobierno actual no ha modificado ni un ápice aquel proyecto. Pues bien, da por válida la audiencia del Consejo de Política Fiscal y no da por válida la intervención del Senado. Es verdad que no puede darlo porque es una legislatura anterior, porque quedó a medio trámite, porque el Senado es distinto (ha habido unas elecciones generales que le han cambiado), pero es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es distinto, porque de las diecisiete Comunidades, trece han accedido de verdad a la consideración de Comunidad Autónoma con su Gobierno propio y sus instituciones. Por lo tanto la representación en este Consejo es verdaderamente la que corresponde; con plena autoridad, porque representa instituciones vivas, creadas en razón de una Norma Constitucional. Pues se pretende hacer creer que, porque se vio el proyecto que pasó UCD por un Consejo de Política Fiscal y Financiera que no tiene nada que ver con el que tenía que verlo, que ya es válido ese trámite. Vean ustedes que estamos pasando por una serie de situaciones que realmente no son admisibles. Yo quisiera con esto decir las palabras del Ministro Boyer el día final de aprobación en el Senado, en esta legislatura de la Ley del Fondo. El Ministro Boyer vino a decirnos las tesis que yo había mantenido en nombre de mi Grupo Parlamentario en el Senado, y es: que esta Ley no puede corregir desequilibrios; luego el Fondo de Compensación no está tratado aquí. No vayamos ahora a vestir el muñeco con un nombre que no corresponde. Vayamos entonces a exigir de verdad la retirada de este Proyecto de Ley, porque atenta fundamentalmente a nuestros intereses, porque nuestra Región es una de las que deben recibir la parte que corresponda del Fondo, y no todas las regiones pueden acceder a este reparto porque se dan las circunstancias del cuadro que en algún detalle les he dado a conocer hace un momento.

Por todo eso, quiero recordar que no hace mucho tiempo el Parlamento Gallego ante la presentación (y no del Grupo Popular sino de otro Grupo distinto) de una proposición semejante a la nuestra, el Parlamento Gallego la aprobó; es verdad que con la abstención del Grupo Socialista en el Parlamento Gallego; pero la aprobó. Y, en estos momentos, el Parlamento Gallego, de acuerdo con lo que aprobó, presentará en su momento el recurso de inconstitucionalidad al Proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Yo quiero anunciar que el punto segundo de la Proposición No de Ley que ofrecemos lo retiro en aras a una comprensión mayor del problema y en una llamada hacia todas las fuerzas políticas para que nos unamos en defensa de los intereses de nuestra Región. El punto segundo -decía-, pedía que se pronunciase la Junta de Castilla y León. Retiro el punto porque creo que ni es político, ni es bueno, ni deseable, ni posible que la Junta pueda pronunciarse sobre este problema.

Por lo tanto, queda la Proposición no de Ley con la petición de la retirada de la Ley, con la comunicación a las Cortes Generales -Congreso de los Diputados y Senado- y Gobierno de la Nación del acuerdo de estas Cortes, y con la consideración de que en caso de ser aprobada, sin las modificaciones adecuadas, para que se haga verdaderamente constitucional, nuestras Cortes presentarían recurso de inconstitucionalidad. Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Grupo Mixto.

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¿Quién desea intervenir? Tiene la palabra el señor Hernández. Silencio, por favor.

SEÑOR HERNANDEZ HERNANDEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Con la brevedad que el Reglamento nos hace actuar a los miembros del Grupo Mixto, voy a tratar de sintetizar mi pensamiento acerca de esta Proposición No de Ley. En primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo en que, efectivamente, esta Ley no crea un auténtico Fondo de Compensación. Estoy en contra, o sin estar en la línea de lo manifestado por el Grupo Popular, pensando que sí deben participar en el Fondo de Compensación Interterritorial todas las regiones; pero no puedo estar en modo alguno de acuerdo con la proporcionalidad que se pretende aplicar en este Fondo. Yo entiendo que se está penalizando la desertización y la desertización es una lacra que nosotros tenemos, como Comunidad Autónoma, que trata de paliar, y, desde luego, este Fondo tenía o tendría la obligación de subsanar. Cuando se habla del paro yo creo que no se está teniendo en cuenta que existen muchos tipos de paro, que existe un paro agrícola y también existe un paro no registrado, y, desde luego, si en nuestra Región este paro se constatase, tendríamos unos niveles muy superiores a los que aparecen en las cifras estadísticas. La diferencia que se hace, porcentual, entre nuestra región y regiones mucho más desarrolladas -y voy a obviar nombres por el respeto que me merecen todas las ciudades de España-, me parece que es claramente injusta. Otro punto que tampoco puedo compartir es el de que cortapise la actuación del Gobierno Autonómico de la región por parte de los Poderes del Gobierno Central. En todo esto, con este pequeño resumen que el tiempo me permite hacer, yo creo queda suficientemente claro que mi voluntad es la de votar afirmativamente la Proposición no de Ley hecha por el Grupo Popular. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Montoya Ramos.

SEÑOR MONTOYA RAMOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El Fondo de Compensación Interterritorial es una de esas incógnitas que yo no he sabido resolver, que yo no he conocido, ni antes, en una época anterior, ni en esta época tampoco. Nos falta suficiente documentación, o por lo menos me falta a mí mismo, para saber emitir un juicio sobre el mismo; pero, sin embargo, tengo incluso sobrada documentación para entender que hay algo que no es correcto, que hay algo que no va. No es correcto, por ejemplo, con lo que se nos dijo en la Comisión de Hacienda días pasados; que había monstruosidades en el Presupuesto del Estado; que hay inversiones que entraban en el Fondo de Compensación Interterritorial que están hechas por la Administración Central y no por la Comunidad Autónoma. Se nos dio en esta Comisión un escrito dirigido al Ilustrísimo Señor Secretario del Consejo de Economía, de Política Fiscal y Financiera, en el que se hace una distribución hipotética de cien mil unidades monetarias, en las que no coinciden en los planteamientos con este proyecto de Ley que se nos ha entregado entre la documentación que hemos recibido esta tarde al venir a este Pleno.

Así, mientras en el Proyecto de Ley se dice que de este setenta por ciento, la cantidad más importante del Fondo se distribuirá en forma inversamente proporcional a la renta por habitante de cada territorio, en este escrito que se nos daba por la Secretaría de Economía y Hacienda, se reparte, en el ejemplo que se hace, inversamente proporcional al cuadrado de la renta per cápita. Entonces, no coinciden los criterios. Yo no sé lo que está bien y lo que está mal. Lo que sí creo es que sobre este tema teníamos que tener una mayor información y una mayor claridad. Yo creo que en la Comisión de Economía y Hacienda es donde debió debatirse o debía debatirse o debían estudiarse los criterios que había que proponer al Congreso y al Senado para la aprobación de esta Ley de Fondo de Compensación Interterritorial, y no se ha hecho. Tampoco sé por qué no se ha hecho, pero creo que valía la pena quizá crear incluso una subcomisión para encargarse precisamente del Fondo y para que estudiara este tema que es un tema tan importante y que en la práctica tiene una trascendencia muy superior a muchos otros temas; dentro de la misma Consejería de Economía y Hacienda debía estudiarse en su totalidad, quizá creando esa subcomisión.

En cualquier caso, y a falta de una información superior, sí que dejo constancia de mis dudas; de mis criterios de que aquí hay algo que no va y que hay algo que indudablemente debía corregirse y, en este sentido, coincido con la inquietud del señor Bosque Hita. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor De Fernando.

SEÑOR DE FERNANDO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Después de mi intervención en la Comisión de Economía y Hacienda hace breves días, creo que es claro que voy a votar a favor de la Proposición a la Ley presentada por el Grupo Popular. Y lo voy a hacer, no tanto por los argumentos jurídicos que el señor Bosque Hita ha presentado, sino por el convenci-

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miento pleno de que esta Ley del Fondo, si no va acompañada de una explicación clara y rotunda de la inversión del Estado en esta Región, va a sumir a esta Región en más subdesarrollo todavía del que tiene. No es posible decir que con esta Ley del Fondo de Inversión de diecinueve mil millones en esta Región, vamos a aproximarnos a las regiones más ricas, si en el porcentaje medio de inversión estamos por debajo de la línea nacional. Es incomprensible que se tenga como criterio sólo el cinco por ciento de extensión de la Región, cuando en las inversiones públicas, la extensión y la climatología nos debían llevar a un porcentaje mucho mayor que ese. A mí me preocuparía poco que la redacción de la ley esté como está si, acompañado de eso, en el resto de las inversiones el Estado fuese claro y rotundo en qué medida quiere invertir en cada Región. Hagamos la cuenta de los quinientos dieciséis mil millones de pesetas que figuran en los Presupuestos del Estado, veamos lo que le corresponde a nuestra Región y estamos por debajo de ese nueve por ciento que se nos dice en el Fondo; pero es que además en esos quinientos dieciséis mil millones, sólo figuran las inversiones directas del Estado en los Organismos Autónomos; pero no se habla de las inversiones del INI. Si sumamos las inversiones del INI de las distintas Regiones y sumamos las inversiones que a través de los municipios, en los Fondos que van a los municipios van para inversiones; si sumamos la tasa regionalizada del juego (que en esta Región va a ingresar muy poco), bajaremos mucho del ocho por ciento. Yo estoy seguro que las inversiones reales no llegan al seis por ciento en esta Región, de las inversiones totales que el Estado va a hacer en España. Difícilmente podremos abordar desequilibrios regionales. Luego mi voto es favorable, y entiendo que aquí estamos sirviendo a una Región y no globalmente a las inversiones del Estado. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bosque Hita.

SEÑOR PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (SEÑOR BOSQUE HITA):

Voy a ser muy breve porque todos los argumentos creo que están dados. Cualquier otra digresión hacia otro aspecto distinto creo que no conduciría a nada. Los argumentos creo que son suficientemente contundentes; las cifras reales son suficientemente contundentes para que todos los castellano-leoneses estén sensibilizados a este problema; y, únicamente, sí quisiera que algunas de las afirmaciones que he hecho anteriormente, pudieran ser confirmadas con la lectura de unos textos. Por ejemplo, el artículo 16,2 de la LOFCA dice: "Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial recibidas deberán destinarse a financiar". Cuando se dice esto es porque no son consecuencia de proyectos sino que, recibidas las transferencias, irán a financiar pero no para resolverse por el procedimiento que determina la Ley del Fondo, la que (si lo encuentro), "a este fin y con antelación suficiente" -artículo 7, finales-: "a esta fecha el Gobierno facilitará a las Comunidades Autónomas la información suficiente a las inversiones públicas que vaya a ejecutar a su cargo en los respectivos territorios". ¿En qué quedamos?, o son fondos propios o es el Estado el que manda.

Cuando se habla por ejemplo (no hace falta leer más cosas porque a lo mejor iba a entretener a Sus Señorías buscando esto. Son tan contundentes como esto y más aún), cuando se habla por ejemplo de que solamente será para los territorios menos desarrollados, puede que haya alguien que diga: Sí, pero los territorios menos desarrollados serán dentro de cada Región; por lo tanto tiene que ir a todas para que se desarrollen. Y yo les diría -y perdonen ustedes mi inelegancia pero tengo que decirlo así porque es así-; Madrid por ejemplo tiene una zona pobre (por supuesto, es más rica que cualquiera de las zonas de nuestra Región), que es la zona de la Sierra Norte, el partido judicial de Torrelaguna, que tiene cuarenta y siete pueblos y alrededor de unos quince mil habitantes. Muy bien, pues a los quince mil habitantes de Torrelaguna, démosles entonces los once mil seiscientos noventa y cuatro millones de pesetas previstos por el Fondo para este año, mientras que a toda la Región de Castilla y León con los dos millones ochocientos mil habitantes, pues le corresponde esa cantidad que hemos dicho antes de dieciocho mil millones de pesetas.

En estas condiciones habría que decir también que bueno; pero que entonces no puede figurar Madrid con cinco millones de habitantes, pensando en ese criterio inverso de la renta per cápita que la Ley modifica para añadirlo lo de población, con lo cual cambia radicalmente todo el problema; pero, entonces, que no entren los cinco millones de habitantes de la provincia de Madrid, que entren nada más los quince mil habitantes de Torrelaguna, del partido de Torrelaguna por ejemplo, si es que alguien piensa que los territorios pueden ser pequeños territorios o pequeñas bolsas de pobreza dentro de la Región correspondiente. Y, sobre le particular, yo quisiera decirles también que, de todo el total de bolsas de pobreza que hay en España en estos momentos, aproximadamente el quince por ciento de todas las bolsas de pobreza están en Castilla-León. Entonces vamos a ver si nos organizamos de acuerdo con los intereses de nuestra Región; vamos a ver si exigimos que se cumpla la Constitución que es un documento que debemos respetar todos hasta el límite,

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y vamos a ver, en último término, hasta qué punto es posible que los castellano-leoneses, unidos, podamos encontrar a través de su representación genuina, que somos nosotros, la defensa adecuada de sus intereses. Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Granado.

SEÑOR GRANADO:

Señor Presidente, Señorías. En un tono de voz más bajo y tal vez más reposado, sin herir sus tímpanos, voy a intentar defender la constitucionalidad y voy a intentar defender realmente el fondo de la cuestión; el fondo de este Fondo de Compensación Interterritorial.

Se nos plantea aquí una proposición no de Ley que intenta que las Cortes de Castilla y León digan en primer lugar que el Fondo de Compensación no es constitucional; y por lo tanto, si se aprueba como ha salido del Senado, de la Cámara Alta territorial, debe interponerse un recurso de inconstitucionalidad. Y, yo creo que con igual importancia, se nos plantea que perjudica los intereses de la Región Castellano-Leonesa.

Voy a intervenir en el doble sentido. Y voy a empezar por decir que los socialistas, tal vez por un sentido de Estado anticuado, no por patrioterismo, pensamos y defendemos que los temas de ámbito nacional deben ser discutidos por los depositarios de la soberanía nacional; es decir, por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Y que no es bueno que se distorsionen problemas de ámbito nacional en ámbitos territoriales menores. Y lo digo porque me consta, Señorías, a pesar de sus abucheos, que este Fondo de Compensación también va a ser contradicho por Comunidades Autónomas a las que teóricamente, según algunas exposiciones que hemos oído aquí, se privilegian. Esas Comunidades también están diciendo que el Fondo es inconstitucional; y también lo van a recurrir porque, según ellos, les perjudica.

También por ese sentido de Estado, no entendemos cómo partidos políticos representados en el congreso de los Diputados y en el Senado -que tienen en sus manos la capacidad para cambiar las Leyes, para enmendarlas y modificarlas; que tienen en sus manos la capacidad para hacer nuevas leyes-, abdican de esa capacidad, abdican del depósito de la soberanía nacional que en ellos ha hecho parte del pueblo español, no presentan ninguna enmienda de purificación a la Ley, y luego, en cada Comunidad Autónoma, con argumentos escasos, según el territorio del que se habla (porque yo podría hablar de algunos argumentos que se han utilizado en el Parlamento Gallego por Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara), vienen aquí a decirnos que la Ley es mala; cuando no han podido o no han querido cambiarla, y de esto ya hablaremos al final de mi intervención.

Se nos dice que el Fondo de Compensación no respeta el principio del Artículo 158,2 de la Constitución. Para mí esto es radicalmente falso, y lo voy a intentar demostrar; porque se nos dice que tampoco respeta los criterios de la LOFCA, que no es un Fondo de Compensación solidario, que están reinterpretando los criterios que están incluidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Veamos qué criterios son éstos:

En el Artículo 16 de la LOFCA, punto 1, se dice que "el Fondo de Compensación se destinará a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados y se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios: la inversa de la renta por habitante; la tasa de población emigrada de los últimos diez años; el porcentaje de desempleo; la superficie territorial; el hecho insular, y otros criterios que se estimen procedentes". Y se señala a continuación que "la ponderación de los distintos índices o criterios se establecerá por Ley y será revisable cada cinco años".

El Senado, y anteriormente el proyecto presentado al Senado por el Gobierno, no ha tenido en cuenta siquiera la posibilidad abierta que le daba la Ley Orgánica de Financiación de establecer otros criterios que se estimaran procedentes, sino que se han utilizado, rigurosamente, los cinco criterios señalados por la LOFCA, ponderados de acuerdo con unos baremos que se señalan en el Artículo 5 del Fondo de Compensación. Esta ponderación, que se realiza cada cinco años, es lo que ha hecho el Senado; no han interpretado los criterios, no ha establecido nuevos criterios que pudieran ser procedentes, que pueden ser procedentes con el texto de la LOFCA, sino que ha utilizado los criterios de la Ley orgánica de Financiación y los ha ponderado. Se nos dice que se incumple la LOFCA porque se están minusvalorando, minuscabando, interfiriendo las competencias de las Comunidades Autónomas, porque el Estado tiene de alguna manera algún tipo de control con el mutuo acuerdo que se impone en la Ley del Fondo para las inversiones a contemplar por la Ley Orgánica, perdón, por la Ley del Fondo de Compensación.

Leo el punto tres del mismo Artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que dice: "El Estado, Comunidades Autónomas, provincias que no tomen parte en ninguna Comunidad Autónoma y territorios no integrados en la organización provincial, con el fin de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, de común acuerdo, determinarán, según la distribución de competencias existentes en cada momento,

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los proyectos que se materializarán, las inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensación". Esta pretendida desvirtuación de la LOFCA no es sino cumplir estrictamente lo mandatado por la LOFCA. Los artículos en la Ley del Fondo de Compensación que aplican este criterio de la LOFCA, artículos a los que se ha referido el Senador Bosque Hita, 7, 9 y 10, han sido consensuados en el seno de la Cámara del Senado, de la Alta Cámara, con grupos tan poco sospechosos de centralismo como la Minoría Catalana, Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco. No existe, pues, perjuicio a las competencias de Comunidades Autónomas; no existe eso, y Sus Señorías no se sonrían, que Alianza Popular ha votado el recurso de veto interpuesto por Esquerra Republicana de Cataluña del mismo Senado; recurso de veto que no precisamente beneficiaba a Castilla y León.

Estamos hablando también de que se ha incumplido el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un organismo deliberante y consultivo. La abogacía del Estado en sucesivos informes (yo no sé si tenemos confianza o no en la abogacía del Estado), ha señalado claramente que los informes de un órgano deliberante y consultivo no deben repetirse, aunque se modifique la composición del Consejo. Este informe de la abogacía del Estado puede ser recurrido, pero desde luego no se puede decir alegremente que se ha incumplido un trámite; en todo caso, es una interpretación un tanto curiosa de lo que significa cumplir un trámite, que nos llevaría en la práctica a cumplirlo tres o cuatro veces siempre que surjan modificaciones en el organismo que deba emitir el informe consultivo o incluso cuando se modifica la composición de ese organismo.

Se nos dice también, y esto creo que es el argumento de mayor peso, que se perjudica a Castilla y León y que el Fondo de Compensación está mal planteado porque de alguna manera en él se contemplan ingresos para todas las Comunidades Autónomas del Estado Español. Vamos a decir una serie de cosas. En primer lugar, lo que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es que el Fondo se destinará a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados. En primer lugar, ¿qué es un territorio? La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas llama claramente a las Comunidades Autónomas en cada caso por este nombre. Un territorio no es simplemente una Comunidad Autónoma, puede ser una provincia, una ciudad como Ceuta y Melilla con rango especial no incorporado a ninguna provincia o a ninguna Comunidad Autónoma, o puede ser simplemente una Comarca o una zona de una Comunidad Autónoma. Pero esto, aun en el caso de que admitiéramos que territorio para la LOFCA significa Comunidad Autónoma en este caso, tendríamos que decir que el grado menor de desarrollo habría de interpretarse según los criterios que a continuación se señalan; y, en este sentido, a los socialistas nos parece perjudicial el excluir a priori algunas Comunidades Autónomas. Por qué íbamos a entrar en una dinámica más perjudicial para el país. Una dinámica de que hay Comunidades Autónomas que dan y hay Comunidades Autónomas que reciben; y esto para nosotros, Señorías, es mentira. Esto es, en otras palabras y en otros términos, lo que se pretende cuando se quiere quebrar el principio de unidad de Caja de la Seguridad Social. Esto simplemente es una posición insolidaria. En este Estado no hay Comunidades Autónomas que dan y Comunidades Autónomas que reciben; hay Comunidades Autónomas que forman el Estado que se llama España.

Estas Comunidades Autónomas según los criterios, serán beneficiarias o no de los ingresos del Fondo. Así tenemos que las Comunidades Autónomas, cuya tasa de población emigrada sea negativa, es decir, reciban inmigrantes en los últimos diez años, no reciban nada por ese concepto. Otras Comunidades Autónomas cuyo porcentaje de desempleo sea inferior al de la media nacional, no recibirán nada por el concepto de desempleo. Pero nos parece muy peligroso excluir sistemáticamente a un número indeterminado de Comunidades Autónomas de todos los criterios a priori. Habrá Comunidades que se beneficien de un criterio; habrá criterios que beneficien a todas las Comunidades sin exclusión, y habrá criterios que solamente beneficien a algunas. Además (y esto se ha señalado en los debates del Senado y realmente parece una doble representación el tener que volver a reincidir en las Cortes de Castilla y León porque esto es una cosa que ya ha sido conocida por el señor Bosque Hita), en realidad el Fondo de Compensación Interterritorial, donde incide este efecto compensador, donde realmente compensan es a seis regiones españolas, porque de esa forma se retrae una cantidad en inversiones públicas que pudieran corresponderles, que es de hecho superior a la que se les entrega por el Fondo. Estas seis Comunidades son Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Canarias y Castilla y León, que yo creo que Sus Señorías identificarán fácilmente como las Comunidades menos desarrolladas del Estado Español. Estas seis Comunidades, que tienen un cuarenta por ciento de la población, reciben del Fondo de Compensación Interterritorial, el setenta por ciento, del sesenta y ocho al setenta por ciento de los ingresos totales del Fondo. Existe pues compensación; y existe compensación, sobre todo, si tenemos en cuenta que el criterio básico del cual emanan prác-

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ticamente todos los demás, porque de alguna manera están correlacionados para calcular el Fondo de Compensación Interterritorial, ha sido la renta per cápita. En la renta per cápita con datos del año ochenta tenemos que Castilla y León tiene una media de trescientas cincuenta mil pesetas en números redondos; la Comunidad Autónoma con mayor renta per cápita, que es Navarra, tiene aproximadamente cuatrocientas setenta mil. Si tomamos como valor uno la renta per cápita de Navarra, tendríamos que en pura comparación a Castilla y León le debiera corresponder uno, coma, cinco veces, uno, coma, seis veces, uno, coma, tres veces lo que corresponde a Navarra. A Castilla y León le corresponde tres veces lo que corresponde a Navarra en el Fondo de Compensación Interterritorial, tomando como dato las pesetas por habitante. Por ejemplo, a Madrid le corresponde en este Proyecto de Ley que tanto se denosta dos mil quinientos cincuenta y seis pesetas por habitante, a Castilla y León siete mil seiscientas setenta y nueve; tres veces más, Señorías, tres veces más por cada castellano-leonés que por cada madrileño; tres veces más cuando las diferencias de renta no llegan a una magnitud de uno coma cuatro veces más. Este por lo tanto es un proyecto de compensación.

Se nos dice, de alguna manera también, que el Proyecto del Fondo de Compensación Interterritorial, no sirve para corregir los desequilibrios territoriales, se pone tan peregrina afirmación en boca del Ministro de Economía, Hacienda y Comercio. Yo tengo aquí la intervención del Ministro de Economía, Hacienda y Comercio en el Pleno del Senado y no dice esto. Lo que dice pura y simplemente es que los desequilibrios territoriales tienen tal magnitud, son un problema tan grave, que el Fondo en sí mismo no es sino un instrumento, y que sería necesario instrumentos mucho más potentes para acabar con ellos. En este país tenemos desequilibrios territoriales muy intensos, desequilibrios sociales muy intensos. Yo reto a Sus Señorías a que me hagan una Ley capaz de terminar, por el mismo texto de la Ley su aplicación, con esos desequilibrios territoriales y esos desequilibrios sociales. Eso es imposible, Señorías, y parece mentira, y lo digo sin acritud, que la Coalición Popular que tanto esfuerzo presta a todos los debates parlamentarios por explicarnos que la inversión pública no es camino para solucionar los males de España, pretenda ahora que la inversión pública sea el único camino para solucionar los desequilibrios territoriales de España; desequilibrios territoriales que tienen sus raíces en mecanismos de acumulación de capital, en mecanismos de concentración de riqueza, en los cuales la iniciativa privada, lógicamente porque tiene mayor costo de producto interior bruto, es predominante. Parece mentira que se nos diga eso. Pero ahora para terminar, porque veo que canso a Sus Señorías y probablemente no les convenza, simplemente me queda por decirles lo siguiente: yo creo que en el fondo del problema, por qué se presenta aquí o por qué se presenta en el Parlamento Gallego esta proposición no de Ley. ¿Por qué no se ha presentado enmienda al Fondo de Compensación Interterritorial en el Senado? Se nos ha argumentado que no se presentan enmiendas porque se teme que el proyecto sea inconstitucional. Estamos hartos de oír que muchos proyectos de Ley son inconstitucionales, y a todos se les presenta el correspondiente veto de quinientas o seiscientas enmiendas transaccionales, no transaccionales, de articulado, como pasa ahora mismo con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Bueno, pues nos argumenta que por eso no se han presentado enmiendas parciales. Yo creo que no es eso; lo que pasa es que es muy difícil mejorar la distribución que se ha hecho con este Fondo de Compensación Interterritorial por el Gobierno, y que el Senado ha asumido y ha elaborado en virtud de sus competencias. Es muy difícil cambiar lo que es este Fondo de Compensación Interterritorial, y es tan difícil que algunas personas que lo intentaron en la pasada Legislatura, pues se encontraron con que trabajaban en base a criterios que en teoría beneficiaban a la Región de Castilla y León, y que luego cuando se han situado estos criterios con el ordenador de Hacienda, pues Castilla y León resultaba perjudicada en dos mil quinientos millones de pesetas. Me dirán ustedes: eso seguro que ha sido obra de algún malvado Senador socialista que ha pretendido hundir a Castilla-León en la miseria, despojarla, etc., etc. No; lo digo porque utilizo sus mismos términos. Este malvado Senador que hizo estos criterios es el señor Bosque Hita.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Por alusiones, tiene la palabra el señor Bosque Hita.

SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente. Quisiera que fuera algo más que alusiones, porque me parece que se han hecho una serie de afirmaciones en relación con el Grupo tan importantes y trascendentales que me parece que tienen necesariamente que ser respondidas.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

En este caso creo que la cosa está bien clara. Lo que ha habido tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista del Grupo en todo caso, son alusiones; por lo tanto dispone usted de tres minutos.

SEÑOR BOSQUE HITA:

En primer lugar, el Senador que acaba de hacer esta alusión personal

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sabe perfectamente a qué juego está jugando. Sabe perfectamente cómo determinada persona del Partido Socialista que tiene nombre y apellidos (que no está aquí en este momento), utilizó sustancialmente unos cálculos hechos intencionadamente e ignorando el sentido verdadero de la enmienda. Porque la enmienda era: "no hacer el reparto en todas las regiones, sino exclusivamente en las que determina el Artículo 16 de la LOFCA, es decir, los territorios menos desarrollados", y aplicar unos criterios que, claro, si se aplicaban junto a los de Madrid, con lo que estaba influyendo la población, parece ser que resultó esto, con unas fórmulas discutibles que fueron demostradas por Senadores distintos a mi persona, como por ejemplo, un Senador representante del Parlamento Catalán y otro Independiente, demostraron que las fórmulas eran equivocadas y erróneas, donde se elevaba al cubo la población y una serie de cosas rarísimas que no tenían nada que ver con el verdadero cálculo efectivo de un concepto riguroso y científico de la aplicación de la fórmula aquélla; por lo tanto era falseado.

Pero más todavía, señores. Estamos tratando de un tema en el que los datos con los que se ha trabajado para elaborar todo esto, es consecuencia -y lo reconoció así el Ministro Boyer-, es consecuencia de una determinación política. Se hicieron ciento veinte experimentos, se escogió el que políticamente interesaba más, y al escoger el que políticamente interesaba más, resultó éste que se nos está presentando, que se presentó en las Cortes Generales y que estamos discutiendo en estos momentos. Entonces, se demostró que los datos, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, iban acompañados de una comunicación que decía: "Estos datos no son fiables, pueden ser utilizados provisionalmente este año. El Instituto Nacional de Estadística no estará en condiciones de dar datos fiables hasta dentro de cinco años".

Cómo se puede atrever nadie, como no sea maliciosamente, a elaborar sobre todo esto una teoría de que un determinado Senador, el Senador Bosque Hita, quiere quitar a Castilla nada en absoluto. Esto es una falacia, esto intencionadamente tiene mayores calificaciones que no voy a dar aquí en estos momentos. Y nada más porque no me permite el señor Presidente que pueda hacer otra clase de consideraciones.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

De acuerdo con el Reglamento, no puedo conceder la palabra; porque la contestación a las alusiones podrá hacerlas el señor Granados en la Sesión siguiente, pero no en la Sesión en que estamos. Y aplico el Reglamento sin más, tal cual está.

EL SEÑOR BOSQUE HITA:

Señor Presidente, yo no he nombrado en absoluto a ninguna persona. No creo que pueda haber alusiones a este caso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a la Proposición No de Ley, tal como esta Presidencia estima que ha quedado después de la retirada de uno de los puntos que la constituían por parte de su proponente, para inmediatamente someterla a votación por el procedimiento ordinario. Tiene la palabra, repito, el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

La Proposición No de Ley que se somete a las Cortes de Castilla y León dice así:

Punto 1. Pedir la retirada del actual Proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, por no ser apropiado a los fines constitucionales de corrección de desequilibrios interterritoriales y atentar por ello a los intereses de desarrollo de Castilla y León, así como a las competencias de autogobierno de nuestra Comunidad.

Punto 2. Remitir al Congreso de los Diputados y al Senado el presente acuerdo, así como al Gobierno.

Punto 3. En el caso de que finalmente fuese aprobada la citada Ley en la corrección, en los contenidos indicados, estas Cortes de Castilla y León recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Pónganse en pie quienes voten afirmativamente la Proposición No de Ley que se acaba de leer. (Pausa.) Pueden sentarse. Pónganse en pie quienes voten en contra de la Proposición No de Ley. (Pausa.) Siéntense, por favor. Pónganse en pie quienes se abstengan. (Pausa.) El resultado de la votación ha sido el siguiente: Votos emitidos: 84. Votos afirmativos: 42. Votos negativos: 42. Abstenciones: Ninguna. En consecuencia, queda rechazado el Proyecto No de Ley que se ha presentado.

De acuerdo con el Artículo 88,1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, dado el empate, debe procederse a una nueva votación. Repito por lo tanto lo anteriormente dicho: Pónganse en pie por favor, quienes voten afirmativamente la Proposición No de Ley. (Pausa.) Pueden sentarse, por favor. Pónganse en pie quienes voten en contra. (Pausa.) Pueden sentarse. Pónganse en pie quienes se abstengan. (Pausa.) Resultado de la votación: Votos emitidos: 84. Votos afirmativos: 42. Votos negativos: 42. Abstenciones: Ninguna. De acuerdo con el citado Artículo, se suspende la votación durante diez minutos y se vuelve a votar.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

Ocupen sus asientos, por favor. Se reanuda la Sesión. Se va a proceder a una nueva votación. De acuerdo con el Reglamento, digo, para que yo no me equivoque y para que nadie piense que puede ocurrir otra cosa, transcurrido el plazo de interrupción que hemos dado, se repetirá la votación, y si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate.

Pónganse en pie por favor, quienes voten a favor de la Proposición No de Ley presentada. (Pausa.) Siéntense, por favor. Pónganse en pie quienes voten en contra. (Pausa.) Siéntense, por favor. Pónganse en pie quienes se abstengan. (Pausa.) El resultado de la votación ha sido el siguiente: Votos emitidos: 84. Votos afirmativos: 42. Votos negativos: 42. Abstenciones: Ninguna.

En consecuencia, ahora sí, queda desechada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular.

Se levanta la Sesión.

(Se levantó la Sesión siendo las 21 horas.)