DS(P) nº 9/1 del 25/2/1984

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ):

El criminal atentado que ha costado la vida a un Senador y Parlamentario Autonómico nos ha privado de la presencia del Excmo. Sr. Presidente del Senado, que hubiera deseado acompañarnos en este acto. El vil asesinato de un representante de la soberanía popular por los enemigos de la España democrática ensombrece el feliz aniversario que hoy celebramos. Quienes quieren acabar con la libertad buscan forzar a través del crimen la serena voluntad del pueblo español que tan reiteradamente se ha manifestado por la paz, la convivencia y el diálogo.

Sabemos que este terrible asesinato es un crimen, dirigido también contra nuestras propias libertades, porque la libertad de los españoles es algo indivisible. Por eso, con sencillez pero con firmeza, quiero expresar en nombre de las Cortes de Castilla y León nuestra solidaridad con el dolor del pueblo Vasco, del que nos sentimos tan cerca en estos momentos, y el compromiso de todos cuantos nos encontramos aquí, y de la totalidad del pueblo al que representamos, de ocupar nuestro puesto, junto a los restantes pueblos que forman España, en la lucha por instaurar definitivamente en nuestra patria la paz, la libertad y la justicia.

En homenaje, y en recuerdo del Senador desaparecido, esta Presidencia les propone a ustedes comenzar este Pleno extraordinario guardando un minuto de silencio puestos en pie.

(Transcurrido el minuto.)

Pueden tomar asiento Sus Señorías. Señoras y señores Procuradores, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades que hoy nos acompañan: Se cumple hoy el primer aniversario de la Promulgación de nuestro Estatuto de Autonomía. El 25 de Febrero de 1983 es una fecha histórica para todos los Castellano-Leoneses, por cuanto que señala definitivamente un antes y un después en nuestra historia.

Por eso, tal vez, sea ésta una buena ocasión para, haciendo un alto en el camino, formular unas cuantas reflexiones en voz alta, no tanto sobre el pasado cuanto sobre el presentan y de cara a nuestro futuro.

Me gustaría ser capaz de convertirme en auténtico altavoz de esta Cámara, que expresara con fidelidad cuanto nos une en nuestros deseos de bienestar par nuestro pueblo, por encima de las comprensibles diferencias que puedan separarnos.

Quisiera que estas reflexiones, hechas desde esta Institución que representa legítimamente al pueblo Castellano-Leonés, transcendieran más allá de estos históricos muros que nos albergan. Porque es aquí, en las Cortes de Castilla y León, donde hay que hablar de los problemas y dificultades por los que atraviesa nuestra Comunidad, huyendo de las frases hechas y de la retórica estéril.

Hablando con la claridad y franqueza que ha caracterizado siempre a los hombres de nuestra tierra, tenemos que comenzar reconociendo las dificultades que, ya desde el principio, nos ha planteado la determinación de nuestra propia identidad regional.

Nos encontramos, no nos engañemos, en una de las Regiones que con mayor escepticismo y desinterés ha seguido el desarrollo del Estado de las Autonomías.

Sobre nuestro pueblo ha pesado siempre, de forma decisiva, la idea de España, realidad gozosa a cuya configuración histórica lo han sacrificado todo los castellano-leoneses a lo largo de los siglos.

Esta aportación decisiva que representa un timbre de honor para todos nosotros, y a la que no renunciamos, ha dificultado, sin embargo, una comprensión cabal de lo que significa el advenimiento del Estado de las Autonomías, configurado en nuestra Carta Magna. Y, sobre todo, ha debilitado extraordinariamente la conciencia de nuestra propias peculiaridades y de nuestro propio hecho existencial como Región.

De ahí las dificultades, que todos conocéis, por las que atraviesa nuestra Comunidad. Ninguna otra de las Comunidades que componen la nueva España democrática ha visto tan cuestionados sus límites geográficos como la nuestra; no sólo en la etapa anterior a la aprobación del Estatuto, sino también después.

Nuestra Comunidad es la única en España que tiene pendiente de enjuiciamiento constitucional su Estatuto, y ello a solicitud de gentes de la propia Comunidad. Con el respeto que merecen quienes sustentan tal criterio, y a la espera de que el Tribunal Constitucional diga la última palabra, creo necesario reiterar la urgencia de que entre todos pongamos fin a esta cuestión, último obstáculo que se opone a la conclusión del mapa autonómico de España y que nos coloca en una situación absolutamente singular en este momento del proceso de las Autonomías.

Nuestra historia, tan fecunda, no ha contribuido, como en otras Comunidades Españolas, a delimitar con claridad la configuración de nuestro territorio. Por el contrario, ha sido utilizada por unos y otros para la defensa de posiciones encon-

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tradas, teniendo como testigo impasible al pueblo Castellano-Leonés.

Es preciso que entendamos todos que el mejor servicio que podemos prestar a España, en este momento, es el de afirmar nuestra propia identidad regional, como único camino para que nuestra voz, que ha de ser firme, serena y responsable, se una a la del resto de los pueblos que forman la plural realidad de España, en el esfuerzo solidario por engrandecerla en la paz, la libertad y la justicia.

El pueblo Castellano-Leonés es un pueblo viejo, curtido por una historia secular, no siempre venturosa. Por eso, sabe que los viejos hábitos y las estructuras centenarios no pueden ser cambiadas de la noche a la mañana. Las dificultades que plantea el paso de una Administración fuertemente centralizada y jerarquizada a una distribución territorial de poderes como la que implica el proceso autonómico, son graves y complejos. En Castilla y León simplemente se ha iniciado ese camino, e inevitablemente se han producido y se producirán desajustes y errores en este momento en que se pone en marcha esa nueva Administración.

El acercamiento del ejercicio del poder al pueblo y la mayor eficacia y agilidad que tal proximidad conlleva, no puede dar sus frutos inmediatamente. El empobrecimiento, la despoblación y las consecuencias que en todos los órdenes ha producido el olvido secular en que se ha tenido a Castilla y León, no serán erradicados de la noche a la mañana. Y esta constatación no debe producir en nosotros frustración ni desengaño.

Es ése el reto al que tenemos que dar respuesta, sin hacer falsas promesas, debemos seguir trabajando todos unidos, a partir de las posibilidades que nos ofrece nuestro Estatuto de Autonomía, con paciencia y con tesón. En esas condiciones el éxito siempre está asegurado.

En esta tarea es fundamental contar con el alto sentido de responsabilidad de todos cuantos ejercemos funciones públicas en nuestros órganos de autogobierno. El desarrollo de nuestro proceso estatutario exige de nosotros un esfuerzo supremo de concordia y altitud de miras. Si queremos construir nuestra Comunidad sobre bases duraderas, tendremos que dejar de lado muchas legítimas aspiraciones partidistas en aras de la profundización y asentamiento definitivo de nuestras instituciones de autogobierno.

Tal es la actitud con la que debemos acometer el reto de vertebrar nuestra Región, elaborando las leyes de Desarrollo del Estatuto. No es casual que éste exija para su aprobación, en ocasiones, mayorías cualificadas. Se trata de leyes comparables analógicamente a las normas constitucionales, que no pueden ser totalmente de "nadie" para que puedan ser aceptadas por todos.

El desarrollo fundamental de nuestro Estatuto exige anteponer, ante todo, los intereses de nuestro pueblo, actuando desde una cabal comprensión de nuestra realidad histórica. Por encima de los naturales vaivenes políticos se alza la realidad de Castilla y León y su futuro. Cimentar ese futuro, desarrollando nuestra norma institucional básica, prestigiando y asentando nuestras instituciones de autogobierno, y abriéndolas de par en par a todos los Castellano-Leoneses, es la tarea que se abre imperiosamente ante nosotros.

Con la misma claridad y franqueza, es preciso decirles a nuestras gentes que el Estado de las Autonomías no es, por sí mismo, ninguna panacea que resuelva por arte de magia nuestros problemas. Es, simplemente, una distribución territorial del poder diferente y, en definitiva, un nuevo instrumento al servicio del objetivo final de toda actividad política: alcanzar el mayor grado posible de igualdad en la libertad.

Los centros de decisión se aproximan a los ciudadanos y éstos tienen un conocimiento más cercano de las personas a las que eligen como sus gobernantes, a la par que se les facilita el control del ejercicio del poder. Nada más. Pero, tampoco, nada menos.

Sólo podremos desarrollar y consolidar nuestras Instituciones Autonómicas si somos capaces de poner las mismas en estrecha sintonía con el hombre de la calle, si somos capaces de aportar todas nuestras energías al servicio de la resolución de los acuciantes problemas que aquejan a nuestras tierras.

Con imaginación, podemos y debemos poner las bases del desarrollo de nuestro pueblo, contribuyendo al cumplimiento del mandato constitucional y estatutario de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas; y de facilitar la participación de todos los Castellanos y Leoneses en la vida social, económica y cultural de nuestra Región.

En la consecución de este acercamiento de nuestra Autonomía a los ciudadanos esta institución, que me honro en presidir, juega un papel fundamental. A través de nuestra actividad parlamentaria, los ciudadanos podrán conocer y seguir la marcha de los asuntos de nuestra Región. El lograr la más estrecha relación entre estas Cortes de Castilla y León y el pueblo al que representan tiene que convertirse en un objetivo fundamental de nuestro quehacer diario.

Y es que de la consecución de este objetivo depende en gran medida nuestro futuro como Comunidad Autónoma.

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En efecto, nuestra debilitada conciencia regional puede revitalizarse sólo si somos capaces de lograr esa sintonía de los ciudadanos con estas Cortes. Pero, para ello, es preciso que nos convirtamos en auténtico altavoz suyo. Que sus preocupaciones sean nuestras preocupaciones y que sus problemas sean nuestros problemas.

Del dinamismo de esta Cámara depende que las Cortes de Castilla y León obtengan el protagonismo que, como representantes de su pueblo, les corresponde en la orientación política general de nuestra Comunidad, a la par que una imagen de actividad permanente y sostenida.

Y ese dinamismo depende, a su vez, de dos cosas: de la capacidad de cada uno de los Procuradores y de cada uno de los Grupos, para sintonizar con nuestro pueblo y del uso y aprovechamiento que sepamos hacer todos de las posibilidades de iniciativa que nos ofrece nuestro Reglamento.

Es cierto que no siempre nuestro pueblo valora justamente el esfuerzo y el trabajo que todos los que nos sentamos aquí estamos desarrollando para poner los cimientos de nuestra Autonomía, pero no es menos cierto, y no es ocioso, recordarlo ahora, que alguna que otra vez ofrecemos ante sus ojos el espectáculo de crispadas batallas políticas que no entienden: tan lejanas están de sus problemas y preocupaciones cotidianas.

Como lugar de encuentro y de diálogo, esta Cámara debe cumplir una función integradora y moderadora de la vida política de nuestra Comunidad; por eso, nos es tanto más importante que los Grupos Parlamentarios sepan traducir y representar los intereses y los deseos de todos los sectores sociales de nuestro pueblo.

Hagamos entre todos, de estas Cortes, un punto de referencia obligada de nuestra vida comunitaria capaz de aportar en los momentos difíciles por los que atravesamos, serenidad, optimismo y esperanza a nuestro pueblo.

Señores Presidentes de las Diputaciones de nuestra Región, a la vez que les expreso la profunda gratitud de esta Cámara por su presencia hoy aquí, quiero poner de relieve el sentido del acto que hace unos momentos hemos celebrado y en el que ustedes han participado representando a las provincias que integran nuestra Comunidad. Con dicho acto hemos querido afirmar simultáneamente estos dos hechos: la Provincia y la Comunidad Autónoma, no sólo como hechos que están ahí, uno más antiguo, otro más nuevo, sino como hechos jurídica y constitucionalmente reconocidos. La Provincia y la Comunidad o la Comunidad y sus Provincias no sólo son compatibles sino que se coimplican mutuamente.

Otra cosa es cómo hayan de modularse las relaciones entre ambas, problema que, me interesa subrayarlo, habrá de ser resuelto a través de una Ley votada en estas Cortes.

Creo hablar en nombre de todos los miembros de esta Cámara, manifestando en voz alta la firme intención que nos anima a proseguir la labor que nos ha sido encomendada, en la línea apuntada en esta declaración, a fin de seguir persiguiendo con ahínco el objetivo de nuestro Autogobierno; conducir a los hombres de Castilla y León hacia metas elevadas de progreso social, económico y cultural, contribuyendo a la corrección progresiva de sus propios desequilibrios internos, en un proyecto común, asentado en los principios de libertad, justicia, igualdad, solidaridad y pluralismo.

En el esfuerzo por cumplir estas metas no ha de faltarnos, podemos estar seguros, el aliento y la colaboración de todo el pueblo Castellano-Leonés.

Muchas gracias.

Se levanta la Sesión.

(Se levantó la Sesión siendo las trece horas.)