1. Proposición No de Ley, PNL/000469, presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a hacer públicas las Memorias del Servicio de Juego de los últimos años y mantenerla actualizada en el futuro en la página web de la Junta de Castilla y León y a blindar normativamente la obligación de publicidad de estas memorias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 72, de 6 de febrero de 2020.
2. Proposición No de Ley, PNL/000980, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 218, de 11 de marzo de 2021.
3. Proposición No de Ley, PNL/001046, presentada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a desarrollar las herramientas necesarias para incluir el impacto diferencial que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen en el personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León; a formar en perspectiva de género a los y las profesionales que intervienen en la salud laboral; y a instar al Gobierno de España a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de mayo de 2021.
 ** Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos.
 ** El presidente, Sr. Heras Jiménez, abre la sesión.
 ** Intervención del procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.
 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Mixto) para comunicar sustituciones.
 ** Intervención del procurador Sr. Trillo-Figueroa Martínez-Conde (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.
 ** Primer punto del orden del día. PNL/000469. (Retirada).
 ** El secretario, Sr. Pablos Romo, da lectura al primer punto del orden del día.
 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Mixto) para retirar la proposición no de ley.
 ** Intervención del presidente, Sr. Heras Jiménez, para una aclaración.
 ** Segundo punto del orden del día. PNL/000980.
 ** El secretario, Sr. Pablos Romo, da lectura al segundo punto del orden del día.
 ** Intervención del procurador Sr. Heras Jiménez (Grupo Popular) para presentar la proposición no de ley.
 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Mixto).
 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Gago López (Grupo Ciudadanos).
 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).
 ** Intervención del procurador Sr. Heras Jiménez (Grupo Popular) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.
 ** La vicepresidenta, Sra. Bermejo Santos, somete a votación, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley número 980. Es aprobada.
 ** Tercer punto del orden del día. PNL/001046. (Retirada).
 ** El secretario, Sr. Pablos Romo, da lectura al tercer punto del orden del día.
 ** Intervención del procurador Sr. Fernández Bayón (Grupo Socialista) para retirar la proposición no de ley.
 ** El presidente, Sr. Heras Jiménez, levanta la sesión.
 ** Se levanta la sesión a las once horas quince minutos.
[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Se abre la sesión. Buenos días, señorías. ¿Por parte de los grupos parlamentarios, hay alguna sustitución que comunicar a la Mesa? Señor Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Buenos días, señor presidente. Sí, hay una sustitución: doña Noelia Frutos sustituye a doña Alicia Palomo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Mixto?
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí, Laura Domínguez Arroyo sustituye a Pablo Fernández Santos.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Ciudadanos? Ninguna. ¿Grupo Popular?
EL SEÑOR TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE:
Sí, dos sustituciones: doña Noemí Rojo Sahagún sustituye a David Beltrán y doña Rosa Esteban Ayuso a don Alejandro Vázquez.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del señor secretario se dará lectura del primer punto del orden del día.
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Buenos días, señor presidente. Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley número 469, presentada por los Procuradores doña Laura Domínguez Arroyo y don Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a hacer públicas las Memorias del Servicio de Juego de los últimos años y mantenerla actualizada en el futuro en la página web de la Junta de Castilla y León y a blindar normativamente la obligación de publicidad de estas memorias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 72, de seis de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley por parte de los procuradores proponentes, tiene la palabra doña Laura Domínguez, por un tiempo máximo de diez minutos.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí. Bueno, en realidad voy a tomar la palabra solamente para anunciar que vamos a retirar esta proposición no de ley por una cuestión muy sencilla: esta propuesta es que se presentó el quince de enero de dos mil veinte, es decir, tiene un año y nueve meses; en ese tiempo, la Consejería de Presidencia ha decidido empezar a publicar las Memorias del Servicio del Juego, cosa que antes no hacía, pero lo ha empezado a hacer.
Entonces yo lo que sí que pediría, porque es verdad que los procuradores tenemos el deber de mantener nuestras propuestas actualizadas y, por tanto, una propuesta que haya caducado haberla retirado, pero también creo que la Presidencia de la Consejería de... de la Comisión de la Consejería de Presidencia podría tener en cuenta al poner los órdenes del día que una cuestión que ya está realizada no tendría por qué entrar en el orden del día.
Y luego, simplemente, explicar, el segundo punto, teniendo en cuenta también que está elaborándose un nuevo proyecto de ley, pues no vemos necesario que aquí se debata una proposición no de ley, porque ya haremos lo que tengamos que hacer cuando venga ese anteproyecto.
Así que, por mi parte eso es todo. Y reitero que retiramos la propuesta.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Permítame decirle que, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, es obligación y responsabilidad de cada parlamentario pues retirar las propuestas que considera que ya se han cumplido; y, claro, mientras estén como asuntos pendientes parlamentarios, la obligación de la Mesa es tramitarlas. Por lo tanto, esa... ese es el motivo de haberlo traído.
Y, por otro lado, es muy incierto pues que... sí es verdad que ha llegado tarde, o sea, que se ha demorado en el tiempo, pero también es cierto que hemos tenido muchísimas comparecencias de delegados territoriales y cargos de la... de la Consejería de... de la Presidencia, ¿no?, como la propia del consejero. Por lo tanto, ese es el motivo por el que tantas sesiones se han ocupado en las comparecencias de estos cargos. Y sin... simplemente quería aclarar la situación.
Y, sin más, pues ya pasamos a la lectura del segundo punto del orden del día, que dará... a la cual dará lectura el señor secretario.
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Gracias de nuevo, señor presidente. Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley número 980, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 218, de once de marzo de dos mil veintiuno.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muy bien. Para la presentación de esta proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo parlamentario proponente, don Pedro Antonio Heras, por un tiempo máximo de diez minutos.
EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:
Muchas gracias, presidenta. El presidente de la Junta de Castilla y León asumió en Comisión en estas Cortes la puesta en marcha por los servicios jurídicos de la Comunidad, de nuestra Comunidad, de Castilla y León, pues la implantación de la figura del compliance, consistente el asesora... en el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, y, de forma especial, en sus empresas públicas.
La propuesta de resolución que traemos pues tiene una triple vertiente. En primer lugar, adoptando el cumplimiento del compromiso del consejero de la Presidencia en su comparecencia de legislatura, se va a proceder, como no puede ser de otra manera, al desarrollo reglamentaro... reglamentario de la Ley 6/2003, del tres de abril. De igual manera, la función a la que alude nuestra propuesta, que al final de mi intervención leeré detalladamente, supone un impulso a la implantación de sistemas de compliance o cumplimiento normativo en el sector público autonómico.
El compliance, o cumplimiento normativo, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptado por organizaciones para identificar, clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer los mecanismos de prevención, de gestión, de control y de reacción frente a los mismos.
El término compliance incluye lo que se denomina cumplimiento normativo integral, es decir, se refiere a las obligaciones de cumplimiento, que consiste en el cumplimiento externo de las leyes, el cumplimiento interno, es decir, el de las obligaciones autoimpuestas por la propia organización, y que tienen que ver, y mucho, con los códigos éticos y los valores y las buenas prácticas pues recogidas en ellos, todo ello con el fin de evitar conductas irregulares o delictivas en el seno de dichas organizaciones y también para evitar la consecuente pérdida reputacional.
La mejor manera de evitar las conductas irregulares y prevenir la comisión de ilícitos es implantar un modelo de cumplimiento normativo que evitar... que permita evitar el desconocimiento por los directivos y empleados de las normas y de esos códigos de conducta. Ello se consigue a través de los denominados programas de cumplimiento, que son herramientas que permiten a las organizaciones prevenir, detectar y reaccionar de manera rápida y temprana ante conductas ilícitas o irregulares susceptibles de generar responsabilidad penal o administrativa y afectar a su reputación, como he dicho anteriormente.
Esto supone que, además de las herramientas de control que ya existen a nivel interno, como la labor fiscalizadora desarrollada por la Intervención, o de asesoramiento jurídico preceptivo en determinada clase de expedientes, que ya correspondía a los servicios jurídicos, pues resulte cada vez más importante adoptar otras medidas similares a las utilizadas por empresas del sector privado cuando establecen y gestionan los sistemas de compliance. De esta forma, además, los controles derivados de las normas de carácter general, como las que regulan los conflictos de intereses o incompatibilidades, es preciso articular en el ámbito de la Administración pública otra serie de controles, especialmente en ámbitos como la tramitación y elaboración de normas administrativas, la selección del personal, subvenciones públicas, urbanismo, contratación... o contratación administrativa; son algunos de los... de los ejemplos.
Se trata, por lo tanto, de crear en el sector pública... en el sector público una cultura de la integridad desde el cumplimiento de una perspectiva preventiva, en la que también resultarán beneficiados los empleados públicos, que cada vez con más frecuencia se encuentran expuestos a acusaciones de gestión irregular, conflictos de intereses, etcétera.
En nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de avanzar en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo del... en el sector público, el presidente de la Junta de Castilla y León, como he dicho anteriormente, en su comparecencia en estas Cortes el pasado treinta de julio, pues, bueno, pues ya estableció la necesidad de establecer y desarrollar, por parte de los servicios jurídicos, pues esta figura.
En línea con este compromiso, a través de la Ley 1/2021, de veintidós de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, se ha procedido a la modificación de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, atribuyendo a la Dirección de los Servicios Jurídicos una nueva función consistente en el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de Castilla y León y, de forma especial, en sus empresas públicas.
El nuevo reglamento que se dicta en desarrollo de la citada ley, la Ley 6/2003, del tres de abril, como no puede ser de otro modo, incluirá entre las funciones que corresponden a las Direcciones de los Servicios Jurídicos el asesoramiento preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento y control en el sector público de Castilla y León. No obstante, dado el tiempo de tramitación de la aprobación de la norma reglamentaria, y mientras, pues dure esta, también sabemos -porque nos hemos preocupado de que... de que sea así- que mientras dure este, en aplicación directa del nuevo Artículo 4.4 de la Ley 6/2003, de tres de abril, se extenderá ya de forma inmediata el ejercicio de esta función de asesoramiento mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo.
Por ello, está previsto impulsar el cumplimiento normativo tanto en el ámbito de la Administración pública como en el del resto de entidades de... del sector público de Castilla y León a través de informes y protocolos de actuación que ya permitan minimizar riesgos de irregularidades en la actuación administrativa.
En tercer lugar, creo que hay que... que hablar de la repercusión que tiene en el ámbito penal, y, aunque ha habido algunos antecedentes, el compliance se incorpora a nuestro... se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 5/2010, de veintidós de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de veintitrés de noviembre, del Código Penal, que introduce como novedad la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en atención a determinados delitos relacionados sobre todo con el ámbito socioeconómico (tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, etcétera), pues, en un principio, el sector público quedó excluido de esta responsabilidad, siendo en el año dos mil quince con la reforma del Código Penal, efectuado mediante Ley Orgánica 1/2015, de treinta de marzo, cuando se introduce en el Artículo 31 bis la posibilidad de que las propias sociedades mercantiles públicas puedan resultar penalmente responsables. A partir de ese momento, se hace necesario que las mismas empiecen a dotar de sistemas de prevención de delitos y de cumplimiento normativo para evitar incurrir así en responsabilidades penales, e incluso, para los administradores de las mismas, en responsabilidades patrimoniales y frente a terceros.
Pese a que el Artículo 31 bis del Código Penal excluye de su ámbito de aplicación a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, así como a los organismos públicos vinculados o dependientes de aquellas, resulta evidente que la actuación de las Administraciones públicas y de los organismos vinculados a ellas, en cuanto que son encargadas de velar por los intereses generales, deben desarrollarse conforme a los más altos estándares de integridad, priorizando el interés público sobre los intereses particulares, y fomentar pautas de actuación encaminadas a evitar los incumplimientos.
Por todo ello, me permito realizar la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, debiendo incluir entre las funciones de los Servicios Jurídicos autonómicos el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, y, asimismo se proceda, en ejecución del mismo, a la aprobación de los instrumentos de establecimiento de políticas de control y gestión de riesgos en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas públicas de Castilla y León". Esperando poder contar con el apoyo de todos los presentes, nada más. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora Laura Domínguez Arroyo.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Pues muy brevemente. La verdad es que mi incomprensión sobre el orden del día de hoy va en aumento. Yo no comprendo por qué se trae esta propuesta aquí, a una Comisión de Presidencia, cuando es lo que el Ejecutivo ya ha comprometido y lo que entiendo que... que tiene que hacer, ¿no?; que lo haga y... y ya está, y no gastamos una proposición no de ley en una Comisión en la que, además, solo hay tres puntos del orden del día.
Yo, de verdad... leo textualmente: "Proceder al desarrollo reglamentario de la ley". Es que cuando los partidos de la Oposición traemos aquí que se desarrollen determinados reglamentos que llevan años sin desarrollarse, aunque por ley tienen que hacerlo, nos ponen a caldo. Entonces, la propuesta esta es que a mí me alucina.
Y luego, bueno, está la segunda parte, que es la de incluir en ese desarrollo reglamentario el asesoramiento jurídico preventivo. Y yo insisto: pues bien, háganlo, háganlo; si es un compromiso de su consejero de la Presidencia. Entonces, como creo que es una cuestión que se va a hacer de oficio en el régimen de las competencias que tiene el consejero de la... de la Presidencia, pues es que no hay debate, es que no hay debate en este debate. Así que, por mi parte, eso es todo.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señora Domínguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora María Teresa Gago López.
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Nos presenta en esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa para proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, como primer paso para la puesta en marcha de la figura del compliance.
En el fondo, lo que estamos hablando es de implementar en nuestra Comunidad Autónoma esta figura como el conjunto de las buenas prácticas para identificar y para clasificar los riesgos operativos ilegales, estableciendo unos mecanismos internos para su prevención, su gestión y su control, y, junto a esta figura, poner en marcha los instrumentos necesarios para poder aplicarlo en el sector público autonómico, dotándole de capacidad de reacción en el caso de que se hagan real esos riesgos. Y, para ello, es evidente la necesidad de desarrollar reglamentariamente la Ley 6/2003, de tres de abril.
Es indudable que desde nuestro papel de procuradores debemos hacer todo lo posible para que se genere en toda la Administración autonómica una verdadera cultura de integridad, donde los intereses públicos estén siempre por encima de los particulares. Es preciso establecer los criterios necesarios para garantizar la actuación ejemplar de la Administración en el desempeño de las funciones públicas mediante comportamientos homogéneos basados en la objetividad, en la transparencia, en la eficacia, en la eficiencia y en la atención preferente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
Si queremos que desde todos los organismos públicos, entidades e instituciones que forman parte de la Administración autonómica haya un respeto absoluto tanto a las obligaciones legales como a los valores y a las buenas prácticas, recogidos en los código éticos y de conducta, obligaciones autoimpuestas por la propia organización, será necesario primero que tanto los empleados como los directivos de los mismos conozcan dichos códigos de conducta a través de los programas de cumplimiento.
Todos y cada uno de los que integran la Administración pública deben asumir su condición de servidores públicos y, por tanto, la obligación de actuar correctamente tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético y de rendir cuentas de su actividad. Hay cuestiones que a nadie se nos escapan, como son, por ejemplo, las subvenciones, la selección de personal o la contratación administrativa, entre otros, que precisan de un control preventivo.
Aunque estas cuestiones pueden parecer novedosas, y lo son para la Administración pública, ya se vienen realizando desde hace tiempo en las empresas privadas, para prevenir, detectar y reaccionar ante posibles comportamientos no éticos o irregulares que puedan generar una responsabilidad en el ámbito penal o administrativo y, por supuesto, afectar muy negativamente a la reputación corporativa.
Nuestra postura es muy clara en este tema: toda medida que vaya a venir a poner luz y a favorecer las buenas prácticas y los comportamientos en sintonía con los códigos éticos van a tener nuestro apoyo. Recordemos también que aunque el Código Penal excluye en cuanto... -y lo decía el... el proponente- en cuanto a la responsabilidad pena... penal -perdón- a las Administraciones públicas territoriales e institucionales y a los organismos públicos, no por ello debemos dejar de exigir que su comportamiento se rija por la ética, por la integridad. Y, por lo tanto, se debe también extender ese asesoramiento preventivo en este área.
Por ello, al igual que consideramos positivo que el asesoramiento jurídico preventivo en el sector público de Castilla y León haya sido atribuido a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad, con esa modificación de la Ley 6/2003, de tres de abril, realizado este febrero a través de la Ley 1/2021, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, pero también necesitamos... consideramos -perdón- que es necesario el desarrollo de ese reglamento de esa Ley 6/2003, donde se regule, entre las funciones de la Dirección de los Servicios Jurídicos, el ejercicio de ese asesoramiento preventivo mediante medidas de cumplimiento y de control al sector público de Castilla y León.
En resumen, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa por las razones que antes le he expuesto, pero sobre todo por coherencia, al considerar que estas medidas ayudan de una forma importante a la vigilancia y control para la prevención de delitos o actuaciones poco adecuadas y la reducción del riesgo de que puedan cometerse. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señora Gago. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Luis Fernández Bayón. ¿No? Ah, Luis Briones. Discúlpeme. Don Luis Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
(No me he cambiado de apellido, pero, vamos, estaría encantado, ¿eh?). Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros de bancada. Vamos a ver, hoy nos trae el Partido Popular a este debate una proposición no de ley que tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, que regula la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, bajo la premisa -y así lo ha explicado el ponente- que era un compromiso, una promesa del presidente, señor Mañueco. Por cierto, al que hizo referencia este portavoz, en su réplica, en la intervención del señor Ibáñez, el consejero, que se comprometió -¿se acuerdan ustedes?- hace dos años a desarrollar -en su comparecencia al inicio de la legislatura- este reglamento. Además, decía, había que poner en valor la tarea de los profesionales, destacó la importancia de la adaptación constante a estos cambios normativos y las exigencias de mayor eficacia y rapidez en el desarrollo de sus funciones, para lo que la Consejería impulsaría, en la primera mitad de esta legislatura -que no estamos-, el reglamento que desarrollara y pormenorizara las previsiones de la Ley autonómica 6/2003.
Pues bien, han pasado dos años, y nos alegramos muchísimo que el Partido Popular traiga precisamente esta proposición, porque nosotros la entendemos como un tirón de orejas al consejero, cuanto menos, porque se tenía que haber cumplido lo que... a lo que se comprometió; a lo que se comprometió, además, también el propio presidente. Pero claro, también suena un poco... un poco rancio todo el asunto.
Vamos a ver, se está... se están... desde hace dos años, prácticamente, el consejero nos dijo "bueno, estamos ahora mismo con el reglamento, el reglamento se encuentra precisamente en fase de elaboración y consultas en el portal de Gobierno". Justo... fíjese usted, porque les voy a dar las fechas. Es decir, ¿qué es lo que realmente nos proponen en su proposición no de ley? Que cuando se desarrolle... es decir, cuando se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario de los servicios jurídicos, se tenga en cuenta la inclusión, entre las funciones de los servicios jurídicos autonómicos, el asesoramiente... el asesoramiento -perdón- jurídico preventivo, mediante las medidas de compliance. Es decir, vamos a ver las medidas de cumplimiento.
La Junta, a principios de este año -fíjense ustedes-, aprueba la Ley 1/2021, de veintidós de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de Castilla y León, e introdujo -que es la clave, precisamente, de lo que va a ser el desarrollo reglamentario- una modificación de esta ley, al incorporar en su Artículo quinto un nuevo apartado -es el apartado 4 al Artículo 4 de esta norma-, encomendando a los servicios jurídicos de la Comunidad competencias en materia de asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad y a sus empresas públicas, sin perjuicio de la incorporación de tal previsión en la normativa que a nivel reglamentario disciplina el ejercicio de las funciones de los servicios jurídicos de esta Comunidad Autónoma. Y se procede a través del presente acuerdo de quince abril de este año.
Fíjense ustedes, tres días después, el día veinticinco de febrero, registran y presentan la proposición que hoy debatimos, haciendo ya la Consejería -porque esto parece que está escalonado-, posteriormente, un atisbo de desarrollo normativo a través del Acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno. Y, a ciencia cierta, que es... realmente esperábamos que fuera importante y que afectara de modo importante al funcionamiento de nuestros servicios jurídicos, ya que el desarrollo de esta ley es fruto, es fruto, de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015. Para que todos sepamos, la reforma del Código Penal de Catalá y también, de modo colateral, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Qué cambió? ¿Se acuerdan ustedes? Porque vamos recordar dos cositas: cambió los términos de "imputado" por "investigado", por ejemplo, o que limitó la instrucción de las causas de instrucción a los seis meses. Es cierto que además, además, esta ley permitía la implantación de los modelos de prevención jurídica o de cumplimiento. Es decir, hemos esperado prácticamente pues seis años; seis años para empezar a avanzar en estas medidas. Por tanto, este desarrollo lo que está haciendo es seguir su curso. Pero, como saben ustedes... yo no voy a entrar en más detalles, pero se extiende -y es objeto también de su PNL- el régimen de responsabilidad penal, porque la parte... yo lo que he entendido por lo menos de su proposición es que la parte resolutiva, la última parte, se está refiriendo exclusivamente en ejecución "a la aprobación de los instrumentos de establecimientos de política de control y gestión de riesgos en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas públicas de Castilla y León".
Tenemos, por tanto, la duda de si lo que pide en su PNL está ya cumplido en su totalidad o solo en parte. Y para eso sería oportuno recordar lo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el día quince de abril, precisamente, de dos mil veintiuno, que propicia además tres acuerdos -yo creo que se los habrán leído-:
El primero, el asesoramiento jurídico preventivo, es decir, el compliance jurídico a efectos de este acuerdo. Es decir, está claro que el objeto es minimizar los riesgos en la toma de decisiones; creo yo que queda claro.
El segundo, por parte de las... de los... de la Dirección de los Servicios Jurídicos se dará... -es decir, de oficio- dará cuenta, o se dará traslado, a la asesorías jurídicas y a los servicios de normativa y procedimiento de las diferentes Consejerías -supongo, supongo, que esto se estará haciendo-, y también, y es la clave un poquito, porque ustedes, en la primera parte de su propuesta resolutiva hablan de organismos autónomos y organismos... órganos o unidades similares de los entes públicos de derecho privado y demás entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León a los que pueda resultar su aplicación.
Y luego, el tercero, que es objeto prácticamente de todo, es el compliance jurídico se produce en las áreas, evidentemente, administrativa, pero sobre todo, sobre todo, el compliance penal -que es el que realmente hay que desgranar y es el que nos interesa- para las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, que, sin duda, yo entiendo que es el objeto final de su resolución, y que la Junta pretende resolver a través de un protocolo de contenido jurídico de obligada... u obligado cumplimiento o asunción por parte de los órganos de estas empresas públicas, donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención, control y respuesta diseñados ante la comisión de delitos corporativos.
Señoría, nosotros traemos aquí una preocupación, una preocupación que es importante y que no quiero que nos vaya a llevar precisamente a confundirnos. La aplicación del compliance en el sector público no solo se reduce en su capacidad preventiva y lucha contra la corrupción, que también, sino también en la mejora de la gestión pública, en términos de mejora en calidad de servicios, en este caso de los servicios jurídicos, que, ante todo, necesitan que haya un nuevo -lo vuelvo a insistir, porque...- reglamento de asistencia para los servicios jurídicos. Lo demás son solo algunos avances, algunos pequeños avances, que mejoraran la calidad de la asistencia jurídica, pero, per se, no son suficientes.
En esta proposición no de ley que se ha traído a debate hoy, la idea y preocupación que tienen ustedes por muchos de estos "chiringuitos", empresas o fundaciones públicas, que han sido objeto en algunos casos de investigaciones judiciales y que han llevado a generar serios problemas a sus gestores, y en algunos casos a responsables políticos, también denunciadas por este grupo parlamentario y por órganos externos de esta Comunidad Autónoma, que han plasmado sus deficiencias, cuando no sus errores o arbitrariedades, encontradas en la gestión.
En cualquier caso, señoría, nosotros, aunque sabemos que esto se debía de haber hecho con anterioridad y que lo que ustedes plantean hoy es una especie de brindis al sol, porque el compromiso del presidente y el compromiso de ejecución por parte del consejero parece ser que está sobre la marcha, aunque no han cumplido los plazos, este grupo parlamentario votará a favor, sin duda, de la PNL, aunque lo que se dice en la misma, sobre todo en la parte resolutiva, in fine, de la misma, entendemos que se está haciendo de facto por la propia Consejería de Presidencia, aunque nos quedamos con la imperiosa necesidad de hacer un nuevo reglamento de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma que se adapte, precisamente, a esa Ley Orgánica 1/2015, del Código Penal, que permitirá, que permitirá, la implantación de los modelos de prevención jurídica o de cumplimiento; y creemos que este es también un requisito de control y calidad democrática que beneficiará a nuestra Comunidad Autónoma, también, precisamente, en el asesoramiento jurídico. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señor Briones. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Antonio Heras.
EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:
Muy bien. Gracias, presidenta. Empezando por el orden de intervención, voy a ir contestando a los intervinientes. A la señora Domínguez permítame decirle que, bueno, que el... el Grupo Parlamentario Popular está compuesto por procuradores también de las Cortes de Castilla y León, que tienen los mismos derechos de impulso al... y al Gobierno que el resto, y de control al Gobierno que el resto de procuradores. Por lo tanto, que el Grupo Parlamentario Popular plantee una proposición no de ley de impulso a la acción del Gobierno pues yo creo que es una cosa muy buena, aunque sea uno de los grupos que sustenta a ese Gobierno.
Creo que estamos en nuestro derecho de poderlo hacer, ¿no? Creo que estamos en nuestro derecho de poderlo hacer. Y... y yo creo que tiene sentido traer una proposición de ley... no de ley, perdón, a esta Comisión para hacer esa labor, porque entonces el Grupo Parlamentario Popular jamás podría intervenir como... impulsando iniciativas parlamentarias en Comisión. Por lo tanto, creo que... que su crítica, en ese sentido, es excesiva, ¿no?, es excesiva, y parece ser que quiere pues recortar pues nuestras... nuestras funciones, por ser uno de los grupos que da sustento al Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Respecto a lo dicho por el Grupo Mixto, la señora Gago pues ha hecho claramente pues una argumentación muy bien definida respecto a las bondades de... de esta... de esta iniciativa cuando... o sea, cuando se colme totalmente su desarrollo, cosa que le agradezco, además, porque ha ayudado a aclarar pues términos que yo había expuesto previamente.
Y respecto al señor Briones. Señor... señor Briones, de verdad, yo le puedo asegurar que desde el Grupo Parlamentario Popular no se hace ningún tirón de orejas ni al señor Ibáñez ni al señor Mañueco. Es al contrario, usted siéntase orgulloso de que los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de la Junta de Castilla y León están perfectamente en línea con el Gobierno de la Junta de Castilla y León. No hay... Vamos, al revés: es ir todos a una; es ir y remar en la misma dirección. Por lo tanto, creo que a usted y a todos le tiene que generar mucha tranquilidad que tanto el Gobierno de la Junta de Castilla y León como los partidos que lo sustentan van en línea y van con el mismo objetivo: unos, cumpliendo la labor ejecutiva, y otros... y otros, cumpliendo una labor legislativa y de control y de impulso parlamentario. Por lo tanto, señor Briones, no creo que tenga -al revés- ningún... ningún argumento para... para la preocupación; más bien, para todo... para todo lo contrario.
Mire, yo creo que... que el decir... decía usted "la última parte de la propuesta de resolución". Pues yo que creo que que eso venga negro sobre blanco no huelga; al revés. Yo estoy seguro que, si eso no lo hubiéramos puesto, nos hubieran acusado de que "¿y por qué no se pone, para asegurar, porque parece que ustedes no quieren ponerlo desde el ámbito penal, tal? Ustedes se quieren escapar". No. Ya, y lo ponemos y usted me dice "hombre, pero es que eso se supone que se tiene que hacer". Bueno, pues, como se hace, pues vamos a ponerlo, ¿no?, ya está. No... Creo que tampoco le tiene que preocupar esa redacción, que es... al revés, mucho más clarificadora y no deja ningún hueco, ¿eh?, y no deja ningún hueco.
Me habla usted, disculpe, de chiringuitos, chiringuitos. Me lo dice usted. ¿Usted sabe lo que... lo que era la... la Fundación IDEA, de cuando...? En Andalucía, cuando gobernaba su partido, bueno, de chiringuitos... no me refiero a los de la costa... a los de la Costa del Sol, no; chiringuitos me refiero, por ejemplo, a la Fundación IDEA, que acabó en la cárcel pues prácticamente toda la parte directiva, o imputada o en prisión. O sea, que, ¿qué quiere que le diga? O sea, esos son... esos son chiringuitos con... con sentencias firmes. O sea, no me diga... hable usted de chiringuitos aquí; cuando estamos hablando de poner medidas de prevención, de control, para que... o sea, todavía mayores, usted me habla de los chiringuitos que tenemos aquí. Pero ¡por favor! De verdad, o sea, no... no entremos en eso, de verdad, porque es que... A mí esto del "y tú más" no me gusta, pero, leñe, cuando... cuando se habla con... con demasiada ligereza de estos asuntos, pues permítame que lo utilice yo también para decirle que lo que usted llama chiringuitos aquí pues también los han tenido, o los tienen, ustedes en los sitios donde gobiernan, y, en... y en algunos de ellos, como le acabo de decir, con unas consecuencias penales tremendas, tremendas.
O, por ejemplo, podemos hablar de que este tipo de situaciones, este tipo de controles, pueden evitar barbaridades como la gestión que hicieron sus compañeros de partido en esa Comunidad Autónoma con los ERE. Creo que eso de hablar tan a la ligera de los chiringuitos de aquí... ¿qué chiringuitos? O sea, vamos a ver, estamos proponiendo medidas para mejorar la Administración pública y los entes dependientes de la misma, por lo tanto, yo creo que eso, en todos los casos, es bueno, es bueno. Y, por lo tanto, mantenemos la propuesta de resolución tal y como está. Nada más. Y muchas gracias.
Votación PNL/000980
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señor Heras. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Nueve. Vale, entiendo que, por unanimidad, queda aprobada la propuesta de resolución debatida.
Y ya pasamos a... al tercer punto del orden del día, y se dará lectura por el señor secretario.
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Gracias, señora vicepresidenta. Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley número 1046, presentada por los Procuradores don Luis Ángel Fernández Bayón, doña Elisa Patricia Gómez Urbán, don Pedro Luis González Reglero, doña Laura Pelegrina Cortijo, don José Francisco Martín Martínez, doña María Isabel Gonzalo Ramírez y don Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a desarrollar las herramientas necesarias para incluir el impacto diferencial que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen en el personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León; a formar en perspectiva de género a los y las profesionales que intervienen en la salud laboral; y a instar al Gobierno de España a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce de mayo de dos mil veintiuno.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor secretario. Por parte del grupo parlamentario proponente, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Luis Ángel Fernández Bayón.
EL SEÑOR FERNÁNDEZ BAYÓN:
Gracias, presidente. Bueno, seré muy breve. Buenos días, señorías. Miren, sucede un poco como con la primera proposición no de ley que hemos debatido... o que no se ha debatido hoy, y es que esta iniciativa se presentó por primera vez el... el treinta de febrero de dos mil veinte y, tras un periplo por varias Comisiones, donde entendíamos que... que no se debía de debatir porque no era el... el lugar, finalmente hoy ha llegado a esta Comisión.
Y bien, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo? Pues que... que se ha aprobado, tras 14 años de retraso, el primer Plan de Igualdad de los Empleados y Empleadas Públicos, donde, gracias a los sindicatos, a las centrales sindicales, ya se recoge en él lo que pedíamos en esta proposición no de ley, por lo que no tiene mucho sentido que hoy debatamos algo que ya se han comprometido a hacer. Por lo que pasaremos a retirar la... la PNL. Eso sí, estaremos pendientes de que esto se lleve a cabo, y... y, si no, pues tomaremos las medidas que creamos oportunas. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Bueno, pues siendo así, y no habiendo más asuntos a tratar, pues se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las once horas quince minutos].
DS(C) nº 430/10 del 29/9/2021
CVE="DSCOM-10-000430"
ORDEN DEL DÍA:
1. Proposición No de Ley, PNL/000469, presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a hacer públicas las Memorias del Servicio de Juego de los últimos años y mantenerla actualizada en el futuro en la página web de la Junta de Castilla y León y a blindar normativamente la obligación de publicidad de estas memorias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 72, de 6 de febrero de 2020.
2. Proposición No de Ley, PNL/000980, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 218, de 11 de marzo de 2021.
3. Proposición No de Ley, PNL/001046, presentada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a desarrollar las herramientas necesarias para incluir el impacto diferencial que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen en el personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León; a formar en perspectiva de género a los y las profesionales que intervienen en la salud laboral; y a instar al Gobierno de España a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de mayo de 2021.
SUMARIO:
 ** Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos.
 ** El presidente, Sr. Heras Jiménez, abre la sesión.
 ** Intervención del procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.
 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Mixto) para comunicar sustituciones.
 ** Intervención del procurador Sr. Trillo-Figueroa Martínez-Conde (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.
 ** Primer punto del orden del día. PNL/000469. (Retirada).
 ** El secretario, Sr. Pablos Romo, da lectura al primer punto del orden del día.
 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Mixto) para retirar la proposición no de ley.
 ** Intervención del presidente, Sr. Heras Jiménez, para una aclaración.
 ** Segundo punto del orden del día. PNL/000980.
 ** El secretario, Sr. Pablos Romo, da lectura al segundo punto del orden del día.
 ** Intervención del procurador Sr. Heras Jiménez (Grupo Popular) para presentar la proposición no de ley.
 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Mixto).
 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Gago López (Grupo Ciudadanos).
 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).
 ** Intervención del procurador Sr. Heras Jiménez (Grupo Popular) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.
 ** La vicepresidenta, Sra. Bermejo Santos, somete a votación, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley número 980. Es aprobada.
 ** Tercer punto del orden del día. PNL/001046. (Retirada).
 ** El secretario, Sr. Pablos Romo, da lectura al tercer punto del orden del día.
 ** Intervención del procurador Sr. Fernández Bayón (Grupo Socialista) para retirar la proposición no de ley.
 ** El presidente, Sr. Heras Jiménez, levanta la sesión.
 ** Se levanta la sesión a las once horas quince minutos.
TEXTO:
[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Se abre la sesión. Buenos días, señorías. ¿Por parte de los grupos parlamentarios, hay alguna sustitución que comunicar a la Mesa? Señor Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Buenos días, señor presidente. Sí, hay una sustitución: doña Noelia Frutos sustituye a doña Alicia Palomo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Mixto?
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí, Laura Domínguez Arroyo sustituye a Pablo Fernández Santos.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Ciudadanos? Ninguna. ¿Grupo Popular?
EL SEÑOR TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE:
Sí, dos sustituciones: doña Noemí Rojo Sahagún sustituye a David Beltrán y doña Rosa Esteban Ayuso a don Alejandro Vázquez.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del señor secretario se dará lectura del primer punto del orden del día.
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Buenos días, señor presidente. Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley número 469, presentada por los Procuradores doña Laura Domínguez Arroyo y don Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a hacer públicas las Memorias del Servicio de Juego de los últimos años y mantenerla actualizada en el futuro en la página web de la Junta de Castilla y León y a blindar normativamente la obligación de publicidad de estas memorias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 72, de seis de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley por parte de los procuradores proponentes, tiene la palabra doña Laura Domínguez, por un tiempo máximo de diez minutos.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí. Bueno, en realidad voy a tomar la palabra solamente para anunciar que vamos a retirar esta proposición no de ley por una cuestión muy sencilla: esta propuesta es que se presentó el quince de enero de dos mil veinte, es decir, tiene un año y nueve meses; en ese tiempo, la Consejería de Presidencia ha decidido empezar a publicar las Memorias del Servicio del Juego, cosa que antes no hacía, pero lo ha empezado a hacer.
Entonces yo lo que sí que pediría, porque es verdad que los procuradores tenemos el deber de mantener nuestras propuestas actualizadas y, por tanto, una propuesta que haya caducado haberla retirado, pero también creo que la Presidencia de la Consejería de... de la Comisión de la Consejería de Presidencia podría tener en cuenta al poner los órdenes del día que una cuestión que ya está realizada no tendría por qué entrar en el orden del día.
Y luego, simplemente, explicar, el segundo punto, teniendo en cuenta también que está elaborándose un nuevo proyecto de ley, pues no vemos necesario que aquí se debata una proposición no de ley, porque ya haremos lo que tengamos que hacer cuando venga ese anteproyecto.
Así que, por mi parte eso es todo. Y reitero que retiramos la propuesta.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Permítame decirle que, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, es obligación y responsabilidad de cada parlamentario pues retirar las propuestas que considera que ya se han cumplido; y, claro, mientras estén como asuntos pendientes parlamentarios, la obligación de la Mesa es tramitarlas. Por lo tanto, esa... ese es el motivo de haberlo traído.
Y, por otro lado, es muy incierto pues que... sí es verdad que ha llegado tarde, o sea, que se ha demorado en el tiempo, pero también es cierto que hemos tenido muchísimas comparecencias de delegados territoriales y cargos de la... de la Consejería de... de la Presidencia, ¿no?, como la propia del consejero. Por lo tanto, ese es el motivo por el que tantas sesiones se han ocupado en las comparecencias de estos cargos. Y sin... simplemente quería aclarar la situación.
Y, sin más, pues ya pasamos a la lectura del segundo punto del orden del día, que dará... a la cual dará lectura el señor secretario.
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Gracias de nuevo, señor presidente. Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley número 980, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 218, de once de marzo de dos mil veintiuno.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muy bien. Para la presentación de esta proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo parlamentario proponente, don Pedro Antonio Heras, por un tiempo máximo de diez minutos.
EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:
Muchas gracias, presidenta. El presidente de la Junta de Castilla y León asumió en Comisión en estas Cortes la puesta en marcha por los servicios jurídicos de la Comunidad, de nuestra Comunidad, de Castilla y León, pues la implantación de la figura del compliance, consistente el asesora... en el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, y, de forma especial, en sus empresas públicas.
La propuesta de resolución que traemos pues tiene una triple vertiente. En primer lugar, adoptando el cumplimiento del compromiso del consejero de la Presidencia en su comparecencia de legislatura, se va a proceder, como no puede ser de otra manera, al desarrollo reglamentaro... reglamentario de la Ley 6/2003, del tres de abril. De igual manera, la función a la que alude nuestra propuesta, que al final de mi intervención leeré detalladamente, supone un impulso a la implantación de sistemas de compliance o cumplimiento normativo en el sector público autonómico.
El compliance, o cumplimiento normativo, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptado por organizaciones para identificar, clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer los mecanismos de prevención, de gestión, de control y de reacción frente a los mismos.
El término compliance incluye lo que se denomina cumplimiento normativo integral, es decir, se refiere a las obligaciones de cumplimiento, que consiste en el cumplimiento externo de las leyes, el cumplimiento interno, es decir, el de las obligaciones autoimpuestas por la propia organización, y que tienen que ver, y mucho, con los códigos éticos y los valores y las buenas prácticas pues recogidas en ellos, todo ello con el fin de evitar conductas irregulares o delictivas en el seno de dichas organizaciones y también para evitar la consecuente pérdida reputacional.
La mejor manera de evitar las conductas irregulares y prevenir la comisión de ilícitos es implantar un modelo de cumplimiento normativo que evitar... que permita evitar el desconocimiento por los directivos y empleados de las normas y de esos códigos de conducta. Ello se consigue a través de los denominados programas de cumplimiento, que son herramientas que permiten a las organizaciones prevenir, detectar y reaccionar de manera rápida y temprana ante conductas ilícitas o irregulares susceptibles de generar responsabilidad penal o administrativa y afectar a su reputación, como he dicho anteriormente.
Esto supone que, además de las herramientas de control que ya existen a nivel interno, como la labor fiscalizadora desarrollada por la Intervención, o de asesoramiento jurídico preceptivo en determinada clase de expedientes, que ya correspondía a los servicios jurídicos, pues resulte cada vez más importante adoptar otras medidas similares a las utilizadas por empresas del sector privado cuando establecen y gestionan los sistemas de compliance. De esta forma, además, los controles derivados de las normas de carácter general, como las que regulan los conflictos de intereses o incompatibilidades, es preciso articular en el ámbito de la Administración pública otra serie de controles, especialmente en ámbitos como la tramitación y elaboración de normas administrativas, la selección del personal, subvenciones públicas, urbanismo, contratación... o contratación administrativa; son algunos de los... de los ejemplos.
Se trata, por lo tanto, de crear en el sector pública... en el sector público una cultura de la integridad desde el cumplimiento de una perspectiva preventiva, en la que también resultarán beneficiados los empleados públicos, que cada vez con más frecuencia se encuentran expuestos a acusaciones de gestión irregular, conflictos de intereses, etcétera.
En nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de avanzar en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo del... en el sector público, el presidente de la Junta de Castilla y León, como he dicho anteriormente, en su comparecencia en estas Cortes el pasado treinta de julio, pues, bueno, pues ya estableció la necesidad de establecer y desarrollar, por parte de los servicios jurídicos, pues esta figura.
En línea con este compromiso, a través de la Ley 1/2021, de veintidós de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, se ha procedido a la modificación de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, atribuyendo a la Dirección de los Servicios Jurídicos una nueva función consistente en el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de Castilla y León y, de forma especial, en sus empresas públicas.
El nuevo reglamento que se dicta en desarrollo de la citada ley, la Ley 6/2003, del tres de abril, como no puede ser de otro modo, incluirá entre las funciones que corresponden a las Direcciones de los Servicios Jurídicos el asesoramiento preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento y control en el sector público de Castilla y León. No obstante, dado el tiempo de tramitación de la aprobación de la norma reglamentaria, y mientras, pues dure esta, también sabemos -porque nos hemos preocupado de que... de que sea así- que mientras dure este, en aplicación directa del nuevo Artículo 4.4 de la Ley 6/2003, de tres de abril, se extenderá ya de forma inmediata el ejercicio de esta función de asesoramiento mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo.
Por ello, está previsto impulsar el cumplimiento normativo tanto en el ámbito de la Administración pública como en el del resto de entidades de... del sector público de Castilla y León a través de informes y protocolos de actuación que ya permitan minimizar riesgos de irregularidades en la actuación administrativa.
En tercer lugar, creo que hay que... que hablar de la repercusión que tiene en el ámbito penal, y, aunque ha habido algunos antecedentes, el compliance se incorpora a nuestro... se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 5/2010, de veintidós de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de veintitrés de noviembre, del Código Penal, que introduce como novedad la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en atención a determinados delitos relacionados sobre todo con el ámbito socioeconómico (tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, etcétera), pues, en un principio, el sector público quedó excluido de esta responsabilidad, siendo en el año dos mil quince con la reforma del Código Penal, efectuado mediante Ley Orgánica 1/2015, de treinta de marzo, cuando se introduce en el Artículo 31 bis la posibilidad de que las propias sociedades mercantiles públicas puedan resultar penalmente responsables. A partir de ese momento, se hace necesario que las mismas empiecen a dotar de sistemas de prevención de delitos y de cumplimiento normativo para evitar incurrir así en responsabilidades penales, e incluso, para los administradores de las mismas, en responsabilidades patrimoniales y frente a terceros.
Pese a que el Artículo 31 bis del Código Penal excluye de su ámbito de aplicación a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, así como a los organismos públicos vinculados o dependientes de aquellas, resulta evidente que la actuación de las Administraciones públicas y de los organismos vinculados a ellas, en cuanto que son encargadas de velar por los intereses generales, deben desarrollarse conforme a los más altos estándares de integridad, priorizando el interés público sobre los intereses particulares, y fomentar pautas de actuación encaminadas a evitar los incumplimientos.
Por todo ello, me permito realizar la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, debiendo incluir entre las funciones de los Servicios Jurídicos autonómicos el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, y, asimismo se proceda, en ejecución del mismo, a la aprobación de los instrumentos de establecimiento de políticas de control y gestión de riesgos en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas públicas de Castilla y León". Esperando poder contar con el apoyo de todos los presentes, nada más. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora Laura Domínguez Arroyo.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Pues muy brevemente. La verdad es que mi incomprensión sobre el orden del día de hoy va en aumento. Yo no comprendo por qué se trae esta propuesta aquí, a una Comisión de Presidencia, cuando es lo que el Ejecutivo ya ha comprometido y lo que entiendo que... que tiene que hacer, ¿no?; que lo haga y... y ya está, y no gastamos una proposición no de ley en una Comisión en la que, además, solo hay tres puntos del orden del día.
Yo, de verdad... leo textualmente: "Proceder al desarrollo reglamentario de la ley". Es que cuando los partidos de la Oposición traemos aquí que se desarrollen determinados reglamentos que llevan años sin desarrollarse, aunque por ley tienen que hacerlo, nos ponen a caldo. Entonces, la propuesta esta es que a mí me alucina.
Y luego, bueno, está la segunda parte, que es la de incluir en ese desarrollo reglamentario el asesoramiento jurídico preventivo. Y yo insisto: pues bien, háganlo, háganlo; si es un compromiso de su consejero de la Presidencia. Entonces, como creo que es una cuestión que se va a hacer de oficio en el régimen de las competencias que tiene el consejero de la... de la Presidencia, pues es que no hay debate, es que no hay debate en este debate. Así que, por mi parte, eso es todo.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señora Domínguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora María Teresa Gago López.
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Nos presenta en esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa para proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, como primer paso para la puesta en marcha de la figura del compliance.
En el fondo, lo que estamos hablando es de implementar en nuestra Comunidad Autónoma esta figura como el conjunto de las buenas prácticas para identificar y para clasificar los riesgos operativos ilegales, estableciendo unos mecanismos internos para su prevención, su gestión y su control, y, junto a esta figura, poner en marcha los instrumentos necesarios para poder aplicarlo en el sector público autonómico, dotándole de capacidad de reacción en el caso de que se hagan real esos riesgos. Y, para ello, es evidente la necesidad de desarrollar reglamentariamente la Ley 6/2003, de tres de abril.
Es indudable que desde nuestro papel de procuradores debemos hacer todo lo posible para que se genere en toda la Administración autonómica una verdadera cultura de integridad, donde los intereses públicos estén siempre por encima de los particulares. Es preciso establecer los criterios necesarios para garantizar la actuación ejemplar de la Administración en el desempeño de las funciones públicas mediante comportamientos homogéneos basados en la objetividad, en la transparencia, en la eficacia, en la eficiencia y en la atención preferente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
Si queremos que desde todos los organismos públicos, entidades e instituciones que forman parte de la Administración autonómica haya un respeto absoluto tanto a las obligaciones legales como a los valores y a las buenas prácticas, recogidos en los código éticos y de conducta, obligaciones autoimpuestas por la propia organización, será necesario primero que tanto los empleados como los directivos de los mismos conozcan dichos códigos de conducta a través de los programas de cumplimiento.
Todos y cada uno de los que integran la Administración pública deben asumir su condición de servidores públicos y, por tanto, la obligación de actuar correctamente tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético y de rendir cuentas de su actividad. Hay cuestiones que a nadie se nos escapan, como son, por ejemplo, las subvenciones, la selección de personal o la contratación administrativa, entre otros, que precisan de un control preventivo.
Aunque estas cuestiones pueden parecer novedosas, y lo son para la Administración pública, ya se vienen realizando desde hace tiempo en las empresas privadas, para prevenir, detectar y reaccionar ante posibles comportamientos no éticos o irregulares que puedan generar una responsabilidad en el ámbito penal o administrativo y, por supuesto, afectar muy negativamente a la reputación corporativa.
Nuestra postura es muy clara en este tema: toda medida que vaya a venir a poner luz y a favorecer las buenas prácticas y los comportamientos en sintonía con los códigos éticos van a tener nuestro apoyo. Recordemos también que aunque el Código Penal excluye en cuanto... -y lo decía el... el proponente- en cuanto a la responsabilidad pena... penal -perdón- a las Administraciones públicas territoriales e institucionales y a los organismos públicos, no por ello debemos dejar de exigir que su comportamiento se rija por la ética, por la integridad. Y, por lo tanto, se debe también extender ese asesoramiento preventivo en este área.
Por ello, al igual que consideramos positivo que el asesoramiento jurídico preventivo en el sector público de Castilla y León haya sido atribuido a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad, con esa modificación de la Ley 6/2003, de tres de abril, realizado este febrero a través de la Ley 1/2021, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, pero también necesitamos... consideramos -perdón- que es necesario el desarrollo de ese reglamento de esa Ley 6/2003, donde se regule, entre las funciones de la Dirección de los Servicios Jurídicos, el ejercicio de ese asesoramiento preventivo mediante medidas de cumplimiento y de control al sector público de Castilla y León.
En resumen, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa por las razones que antes le he expuesto, pero sobre todo por coherencia, al considerar que estas medidas ayudan de una forma importante a la vigilancia y control para la prevención de delitos o actuaciones poco adecuadas y la reducción del riesgo de que puedan cometerse. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señora Gago. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Luis Fernández Bayón. ¿No? Ah, Luis Briones. Discúlpeme. Don Luis Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
(No me he cambiado de apellido, pero, vamos, estaría encantado, ¿eh?). Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros de bancada. Vamos a ver, hoy nos trae el Partido Popular a este debate una proposición no de ley que tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 6/2003, que regula la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, bajo la premisa -y así lo ha explicado el ponente- que era un compromiso, una promesa del presidente, señor Mañueco. Por cierto, al que hizo referencia este portavoz, en su réplica, en la intervención del señor Ibáñez, el consejero, que se comprometió -¿se acuerdan ustedes?- hace dos años a desarrollar -en su comparecencia al inicio de la legislatura- este reglamento. Además, decía, había que poner en valor la tarea de los profesionales, destacó la importancia de la adaptación constante a estos cambios normativos y las exigencias de mayor eficacia y rapidez en el desarrollo de sus funciones, para lo que la Consejería impulsaría, en la primera mitad de esta legislatura -que no estamos-, el reglamento que desarrollara y pormenorizara las previsiones de la Ley autonómica 6/2003.
Pues bien, han pasado dos años, y nos alegramos muchísimo que el Partido Popular traiga precisamente esta proposición, porque nosotros la entendemos como un tirón de orejas al consejero, cuanto menos, porque se tenía que haber cumplido lo que... a lo que se comprometió; a lo que se comprometió, además, también el propio presidente. Pero claro, también suena un poco... un poco rancio todo el asunto.
Vamos a ver, se está... se están... desde hace dos años, prácticamente, el consejero nos dijo "bueno, estamos ahora mismo con el reglamento, el reglamento se encuentra precisamente en fase de elaboración y consultas en el portal de Gobierno". Justo... fíjese usted, porque les voy a dar las fechas. Es decir, ¿qué es lo que realmente nos proponen en su proposición no de ley? Que cuando se desarrolle... es decir, cuando se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario de los servicios jurídicos, se tenga en cuenta la inclusión, entre las funciones de los servicios jurídicos autonómicos, el asesoramiente... el asesoramiento -perdón- jurídico preventivo, mediante las medidas de compliance. Es decir, vamos a ver las medidas de cumplimiento.
La Junta, a principios de este año -fíjense ustedes-, aprueba la Ley 1/2021, de veintidós de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de Castilla y León, e introdujo -que es la clave, precisamente, de lo que va a ser el desarrollo reglamentario- una modificación de esta ley, al incorporar en su Artículo quinto un nuevo apartado -es el apartado 4 al Artículo 4 de esta norma-, encomendando a los servicios jurídicos de la Comunidad competencias en materia de asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad y a sus empresas públicas, sin perjuicio de la incorporación de tal previsión en la normativa que a nivel reglamentario disciplina el ejercicio de las funciones de los servicios jurídicos de esta Comunidad Autónoma. Y se procede a través del presente acuerdo de quince abril de este año.
Fíjense ustedes, tres días después, el día veinticinco de febrero, registran y presentan la proposición que hoy debatimos, haciendo ya la Consejería -porque esto parece que está escalonado-, posteriormente, un atisbo de desarrollo normativo a través del Acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno. Y, a ciencia cierta, que es... realmente esperábamos que fuera importante y que afectara de modo importante al funcionamiento de nuestros servicios jurídicos, ya que el desarrollo de esta ley es fruto, es fruto, de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015. Para que todos sepamos, la reforma del Código Penal de Catalá y también, de modo colateral, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Qué cambió? ¿Se acuerdan ustedes? Porque vamos recordar dos cositas: cambió los términos de "imputado" por "investigado", por ejemplo, o que limitó la instrucción de las causas de instrucción a los seis meses. Es cierto que además, además, esta ley permitía la implantación de los modelos de prevención jurídica o de cumplimiento. Es decir, hemos esperado prácticamente pues seis años; seis años para empezar a avanzar en estas medidas. Por tanto, este desarrollo lo que está haciendo es seguir su curso. Pero, como saben ustedes... yo no voy a entrar en más detalles, pero se extiende -y es objeto también de su PNL- el régimen de responsabilidad penal, porque la parte... yo lo que he entendido por lo menos de su proposición es que la parte resolutiva, la última parte, se está refiriendo exclusivamente en ejecución "a la aprobación de los instrumentos de establecimientos de política de control y gestión de riesgos en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas públicas de Castilla y León".
Tenemos, por tanto, la duda de si lo que pide en su PNL está ya cumplido en su totalidad o solo en parte. Y para eso sería oportuno recordar lo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el día quince de abril, precisamente, de dos mil veintiuno, que propicia además tres acuerdos -yo creo que se los habrán leído-:
El primero, el asesoramiento jurídico preventivo, es decir, el compliance jurídico a efectos de este acuerdo. Es decir, está claro que el objeto es minimizar los riesgos en la toma de decisiones; creo yo que queda claro.
El segundo, por parte de las... de los... de la Dirección de los Servicios Jurídicos se dará... -es decir, de oficio- dará cuenta, o se dará traslado, a la asesorías jurídicas y a los servicios de normativa y procedimiento de las diferentes Consejerías -supongo, supongo, que esto se estará haciendo-, y también, y es la clave un poquito, porque ustedes, en la primera parte de su propuesta resolutiva hablan de organismos autónomos y organismos... órganos o unidades similares de los entes públicos de derecho privado y demás entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León a los que pueda resultar su aplicación.
Y luego, el tercero, que es objeto prácticamente de todo, es el compliance jurídico se produce en las áreas, evidentemente, administrativa, pero sobre todo, sobre todo, el compliance penal -que es el que realmente hay que desgranar y es el que nos interesa- para las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, que, sin duda, yo entiendo que es el objeto final de su resolución, y que la Junta pretende resolver a través de un protocolo de contenido jurídico de obligada... u obligado cumplimiento o asunción por parte de los órganos de estas empresas públicas, donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención, control y respuesta diseñados ante la comisión de delitos corporativos.
Señoría, nosotros traemos aquí una preocupación, una preocupación que es importante y que no quiero que nos vaya a llevar precisamente a confundirnos. La aplicación del compliance en el sector público no solo se reduce en su capacidad preventiva y lucha contra la corrupción, que también, sino también en la mejora de la gestión pública, en términos de mejora en calidad de servicios, en este caso de los servicios jurídicos, que, ante todo, necesitan que haya un nuevo -lo vuelvo a insistir, porque...- reglamento de asistencia para los servicios jurídicos. Lo demás son solo algunos avances, algunos pequeños avances, que mejoraran la calidad de la asistencia jurídica, pero, per se, no son suficientes.
En esta proposición no de ley que se ha traído a debate hoy, la idea y preocupación que tienen ustedes por muchos de estos "chiringuitos", empresas o fundaciones públicas, que han sido objeto en algunos casos de investigaciones judiciales y que han llevado a generar serios problemas a sus gestores, y en algunos casos a responsables políticos, también denunciadas por este grupo parlamentario y por órganos externos de esta Comunidad Autónoma, que han plasmado sus deficiencias, cuando no sus errores o arbitrariedades, encontradas en la gestión.
En cualquier caso, señoría, nosotros, aunque sabemos que esto se debía de haber hecho con anterioridad y que lo que ustedes plantean hoy es una especie de brindis al sol, porque el compromiso del presidente y el compromiso de ejecución por parte del consejero parece ser que está sobre la marcha, aunque no han cumplido los plazos, este grupo parlamentario votará a favor, sin duda, de la PNL, aunque lo que se dice en la misma, sobre todo en la parte resolutiva, in fine, de la misma, entendemos que se está haciendo de facto por la propia Consejería de Presidencia, aunque nos quedamos con la imperiosa necesidad de hacer un nuevo reglamento de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma que se adapte, precisamente, a esa Ley Orgánica 1/2015, del Código Penal, que permitirá, que permitirá, la implantación de los modelos de prevención jurídica o de cumplimiento; y creemos que este es también un requisito de control y calidad democrática que beneficiará a nuestra Comunidad Autónoma, también, precisamente, en el asesoramiento jurídico. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señor Briones. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Antonio Heras.
EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:
Muy bien. Gracias, presidenta. Empezando por el orden de intervención, voy a ir contestando a los intervinientes. A la señora Domínguez permítame decirle que, bueno, que el... el Grupo Parlamentario Popular está compuesto por procuradores también de las Cortes de Castilla y León, que tienen los mismos derechos de impulso al... y al Gobierno que el resto, y de control al Gobierno que el resto de procuradores. Por lo tanto, que el Grupo Parlamentario Popular plantee una proposición no de ley de impulso a la acción del Gobierno pues yo creo que es una cosa muy buena, aunque sea uno de los grupos que sustenta a ese Gobierno.
Creo que estamos en nuestro derecho de poderlo hacer, ¿no? Creo que estamos en nuestro derecho de poderlo hacer. Y... y yo creo que tiene sentido traer una proposición de ley... no de ley, perdón, a esta Comisión para hacer esa labor, porque entonces el Grupo Parlamentario Popular jamás podría intervenir como... impulsando iniciativas parlamentarias en Comisión. Por lo tanto, creo que... que su crítica, en ese sentido, es excesiva, ¿no?, es excesiva, y parece ser que quiere pues recortar pues nuestras... nuestras funciones, por ser uno de los grupos que da sustento al Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Respecto a lo dicho por el Grupo Mixto, la señora Gago pues ha hecho claramente pues una argumentación muy bien definida respecto a las bondades de... de esta... de esta iniciativa cuando... o sea, cuando se colme totalmente su desarrollo, cosa que le agradezco, además, porque ha ayudado a aclarar pues términos que yo había expuesto previamente.
Y respecto al señor Briones. Señor... señor Briones, de verdad, yo le puedo asegurar que desde el Grupo Parlamentario Popular no se hace ningún tirón de orejas ni al señor Ibáñez ni al señor Mañueco. Es al contrario, usted siéntase orgulloso de que los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de la Junta de Castilla y León están perfectamente en línea con el Gobierno de la Junta de Castilla y León. No hay... Vamos, al revés: es ir todos a una; es ir y remar en la misma dirección. Por lo tanto, creo que a usted y a todos le tiene que generar mucha tranquilidad que tanto el Gobierno de la Junta de Castilla y León como los partidos que lo sustentan van en línea y van con el mismo objetivo: unos, cumpliendo la labor ejecutiva, y otros... y otros, cumpliendo una labor legislativa y de control y de impulso parlamentario. Por lo tanto, señor Briones, no creo que tenga -al revés- ningún... ningún argumento para... para la preocupación; más bien, para todo... para todo lo contrario.
Mire, yo creo que... que el decir... decía usted "la última parte de la propuesta de resolución". Pues yo que creo que que eso venga negro sobre blanco no huelga; al revés. Yo estoy seguro que, si eso no lo hubiéramos puesto, nos hubieran acusado de que "¿y por qué no se pone, para asegurar, porque parece que ustedes no quieren ponerlo desde el ámbito penal, tal? Ustedes se quieren escapar". No. Ya, y lo ponemos y usted me dice "hombre, pero es que eso se supone que se tiene que hacer". Bueno, pues, como se hace, pues vamos a ponerlo, ¿no?, ya está. No... Creo que tampoco le tiene que preocupar esa redacción, que es... al revés, mucho más clarificadora y no deja ningún hueco, ¿eh?, y no deja ningún hueco.
Me habla usted, disculpe, de chiringuitos, chiringuitos. Me lo dice usted. ¿Usted sabe lo que... lo que era la... la Fundación IDEA, de cuando...? En Andalucía, cuando gobernaba su partido, bueno, de chiringuitos... no me refiero a los de la costa... a los de la Costa del Sol, no; chiringuitos me refiero, por ejemplo, a la Fundación IDEA, que acabó en la cárcel pues prácticamente toda la parte directiva, o imputada o en prisión. O sea, que, ¿qué quiere que le diga? O sea, esos son... esos son chiringuitos con... con sentencias firmes. O sea, no me diga... hable usted de chiringuitos aquí; cuando estamos hablando de poner medidas de prevención, de control, para que... o sea, todavía mayores, usted me habla de los chiringuitos que tenemos aquí. Pero ¡por favor! De verdad, o sea, no... no entremos en eso, de verdad, porque es que... A mí esto del "y tú más" no me gusta, pero, leñe, cuando... cuando se habla con... con demasiada ligereza de estos asuntos, pues permítame que lo utilice yo también para decirle que lo que usted llama chiringuitos aquí pues también los han tenido, o los tienen, ustedes en los sitios donde gobiernan, y, en... y en algunos de ellos, como le acabo de decir, con unas consecuencias penales tremendas, tremendas.
O, por ejemplo, podemos hablar de que este tipo de situaciones, este tipo de controles, pueden evitar barbaridades como la gestión que hicieron sus compañeros de partido en esa Comunidad Autónoma con los ERE. Creo que eso de hablar tan a la ligera de los chiringuitos de aquí... ¿qué chiringuitos? O sea, vamos a ver, estamos proponiendo medidas para mejorar la Administración pública y los entes dependientes de la misma, por lo tanto, yo creo que eso, en todos los casos, es bueno, es bueno. Y, por lo tanto, mantenemos la propuesta de resolución tal y como está. Nada más. Y muchas gracias.
Votación PNL/000980
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señor Heras. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Nueve. Vale, entiendo que, por unanimidad, queda aprobada la propuesta de resolución debatida.
Y ya pasamos a... al tercer punto del orden del día, y se dará lectura por el señor secretario.
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Gracias, señora vicepresidenta. Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley número 1046, presentada por los Procuradores don Luis Ángel Fernández Bayón, doña Elisa Patricia Gómez Urbán, don Pedro Luis González Reglero, doña Laura Pelegrina Cortijo, don José Francisco Martín Martínez, doña María Isabel Gonzalo Ramírez y don Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a desarrollar las herramientas necesarias para incluir el impacto diferencial que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen en el personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León; a formar en perspectiva de género a los y las profesionales que intervienen en la salud laboral; y a instar al Gobierno de España a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce de mayo de dos mil veintiuno.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor secretario. Por parte del grupo parlamentario proponente, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Luis Ángel Fernández Bayón.
EL SEÑOR FERNÁNDEZ BAYÓN:
Gracias, presidente. Bueno, seré muy breve. Buenos días, señorías. Miren, sucede un poco como con la primera proposición no de ley que hemos debatido... o que no se ha debatido hoy, y es que esta iniciativa se presentó por primera vez el... el treinta de febrero de dos mil veinte y, tras un periplo por varias Comisiones, donde entendíamos que... que no se debía de debatir porque no era el... el lugar, finalmente hoy ha llegado a esta Comisión.
Y bien, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo? Pues que... que se ha aprobado, tras 14 años de retraso, el primer Plan de Igualdad de los Empleados y Empleadas Públicos, donde, gracias a los sindicatos, a las centrales sindicales, ya se recoge en él lo que pedíamos en esta proposición no de ley, por lo que no tiene mucho sentido que hoy debatamos algo que ya se han comprometido a hacer. Por lo que pasaremos a retirar la... la PNL. Eso sí, estaremos pendientes de que esto se lleve a cabo, y... y, si no, pues tomaremos las medidas que creamos oportunas. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Bueno, pues siendo así, y no habiendo más asuntos a tratar, pues se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las once horas quince minutos].
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