DS(C) nº 439/10 del 14/10/2021

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Pues buenos días a todos. Comienza la sesión. Recordamos, como es habitual, a los señores procuradores y asistentes que, de conformidad con los criterios fijados por la Presidencia y por las autoridades, es obligatorio el uso de las mascarillas en todo momento, salvo que exista alguna circunstancia. Y, en este caso, se me traslada por parte del presidente que, por razones... bueno, de un catarro un poquillo fuerte, que se le permita la no utilización de la mascarilla. Como todos las tenemos puestas, pues esta Presidencia considera que le va a dar la correspondiente autorización para que, a la hora de hacer sus intervenciones, pues pueda estar durante el tiempo que así lo considere sin... sin la mascarilla puesta sin ningún problema.

Por parte de los grupos parlamentarios, ¿alguna sustitución?

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Sí. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Palomo Sebastián sustituye a Jesús Guerrero Arroyo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

¿Algún grupo parlamentario alguna sustitución más? Bien, pues como es habitual y como no puede ser de otra forma, y así nos lo pide el cuerpo, quiero dar las gracias nuevamente, una vez más -están aquí constantemente, pero eso no es óbice para no hacerlo y agradecer su presencia-, al señor Mario Amilivia, la presencia en esta... en esta Comisión -al igual que al resto de compañeros que están... que están presentes con él (don Miguel Ángel Jiménez, consejero, don Emilio Melero y don Andrés Pérez, secretario del Consejo), por su presencia y comparecencia, una vez más, ante esta Comisión-, quien comparece para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los informes, al tratarse de informes de fiscalización, se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del orden del día. Por el señor secretario se dará lectura del primer orden del día. Señor secretario.

Informe

EL SECRETARIO (SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ):

Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. El primer punto del orden del día es la Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización "Análisis de los sistemas de evaluación del gasto público de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Para la presentación de este informe, tiene la palabra el excelentísimo señor don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, muchas gracias por permitirme intervenir sin mascarilla. Como se puede observar, mi voz está afectada por un catarro. Como decía el otro día la médico que me atendió, han vuelto los virus a nuestra casa, los de todos los años, ¿eh?, y, lógicamente, nos van afectando, como es habitual.

Muchas gracias también en nombre de los consejeros y del secretario del Pleno, que me acompañan, y también del resto de los miembros del Consejo de Cuentas ..... técnico, que se encuentra en una... en una sala aneja.

En esta octava comparecencia voy a presentar un... esta octava comparecencia de este... de este año, voy a presentar un informe que afecta al ámbito del sector público autonómico, se trata del análisis de los sistemas de evaluación del gasto público de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El informe tiene su origen en el Plan Anual de Fiscalizaciones del año veinte, y es una de las fiscalizaciones especiales que en el mismo se contempla. Su publicación tuvo lugar en una fecha muy reciente, el pasado nueve de julio. Y, además, su contenido ha cobrado una mayor actualidad a la vista del estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por encargo de la Junta de Castilla y León, presentado hace 15 días en la Consejería de Transparencia, al cual, obviamente, en la medida que estamos concernidos en nuestro informe, me referiré en esta comparecencia.

Además de su oportunidad, el informe que nos ocupa hoy constituye -y quiero dejarlo bien claro- un gran análisis, elaborado con un gran rigor y calidad, razón por la cual quiero mencionar expresamente a su responsable técnico, Eduardo Cubero, director adjunto de Fiscalización.

Antes de iniciar la presentación del informe, como es habitual, quiero proporcionar alguna información sobre el estado de los trabajos del Consejo de Cuentas. En este momento, en la presentación de informes ante esta Comisión de Economía y Hacienda se encuentra al... puesta al día, al estar pendientes las comparecencias, únicamente, de los informes aprobados en el último trimestre; eso sí, son número importante: 19. En concreto, el informe relativo a las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, los 6 primeros informes sobre ciberseguridad en los ayuntamientos, los 9 informes sobre la gestión recaudatoria de las diputaciones provinciales, el informe sobre análisis comparativo del gasto no sanitario de los hospitales públicos de la Comunidad, la fiscalización de la aplicación de la normativa en materia de dependencia y, finalmente, el informe aprobado el pasado lunes sobre el Ayuntamiento de Zamora. Mi intención sería, en una próxima comparecencia, hacerlo presentando los 6 primeros informes sobre ciberseguridad en una intervención única y los 9 informes sobre la gestión de contratación de las diputaciones de la misma manera. Así, dentro del actual mandato, son ya 23 las comparecencias realizadas, en las que han sido presentados 58 informes, que suponen un 25 % del total... del total histórico.

En cuanto a la programación del resto de los trabajos, actualmente tenemos otras 28 auditorías en marcha, que incluyen 20 del Plan Anual de dos mil veintiuno y otras 8 de planes anteriores. Finalmente, según nuestras previsiones, estamos en condiciones de concluir este ejercicio con más de 30 informes aprobados -32, concretamente-, una de las cifras más altas... la más alta, efectivamente, de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas. Y así, a los 24 informes ya aprobados en lo que va de año, se prevé la finalización, antes del cierre, de otras 8 fiscalizaciones.

Entrando ya en la explicación del informe objeto de esta comparecencia, el propósito de esta auditoría de carácter operativo es verificar el sistema de evaluación de las políticas presupuestarias basado en la gestión por objetivos de las entidades del sector público autonómico, gestión por objetivos, regulado por la Ley 2/2006, de tres de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en sus Artículos 146 y siguientes.

Como punto de partida, es obligado, por lo tanto, contextualizar, situar esta situación fiscalizadora en el marco normativo. En primer lugar, como señala la ley mencionada de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la Administración, como responsable de la gestión económico-financiera pública, ha de perseguir el logro de la eficacia y la eficiencia en los procesos de asignación presupuestaria de recursos, configurándose, tal y como establece su Artículo 6, como uno de los principios generales de actuación de los entes pertenecientes a la Administración autonómica; por tanto, el principio de eficacia y eficiencia.

En este sentido, la Ley 2/2006, de tres de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, supuso un hito importante, con la implantación del presupuesto por programas, respondiendo a la necesidad de establecer instrumentos para mejorar los procesos de asignación de recursos. El presupuesto se concibe así como un proceso que debe relacionar sistemáticamente el gasto con la consecución de objetivos, un proceso integrado de racionalización de decisiones, de asignación de medios, de gestión por objetivos y de control de resultados.

A mayor abundamiento, la Ley de Hacienda de Castilla y León, en su Exposición de Motivos, establece que la disciplina presupuestaria debe estar ligada a una gestión eficaz y eficiente. Por ello, la ley introduce unas normas generales para fijar la necesaria correspondencia entre la gestión y los objetivos, hacia cuya consecución se orientan los programas presupuestarios. En tal sentido, señala la Exposición de Motivos que la... la programación debe buscar la eficiencia en la utilización de los recursos. Y por ello es imprescindible orientar la gestión con la definición de metas y diseñar un proceso de evaluación permanente para definir las correcciones necesarias. En consecuencia, la ley prevé el establecimiento de sistemas de gestión orientados hacia el cumplimiento de los objetivos de los programas y su seguimiento y evaluación.

El control de los resultados en este contexto significa, en primer lugar, medición de las diferencias entre objetivos y realizaciones y, en segundo lugar, la interpretación de esas diferencias para su utilización en la toma de decisiones.

En la práctica, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 146 y 147 de la Ley de Hacienda, el sistema previsto estandariza la evaluación del programa de gasto mediante la remisión de información de los centros gestores a la Consejería de Economía y Hacienda en el momento de la planificación de su gestión presupuestaria, que culmina con la ejecución del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad. Y, como resumen anual, se acompaña la información sobre los resultados alcanzados, que será objeto de análisis y formará parte de la memoria de la cuenta general de la Comunidad.

Así, cada ejercicio, la Orden anual de elaboración de los Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda establece los criterios de presupuestación, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, las fichas presupuestarias a cumplimentar, así como las comisiones participantes en el proceso de elaboración. Además, la citada Orden relaciona los programas objeto de seguimiento.

Pues bien, estos últimos... estos últimos aspectos son los que han sido objeto de análisis en el trabajo de fiscalización llevado a cabo por el Consejo de Cuentas, especialmente las fichas publicadas en el Proyecto de Presupuestos.

Asimismo, el Artículo 148.3 establece como última fase del proceso de seguimiento de objetivos la necesaria consideración por parte de los centros gestores y de la Consejería de Economía y Hacienda de los resultados obtenidos en la evaluación, para realizar la asignación de los recursos a los programas. Para su comprobación, en la fiscalización que voy a presentar se ha examinado el contenido del balance de resultados anual, acompañado de un informe que, finalizado el ejercicio, realizan los órganos gestores responsables de la ejecución de los programas.

En cuanto al alcance temporal, por una parte, se ha analizado el sistema de evaluación desde su implantación, si bien las actuaciones fiscalizadoras han tomado como base el ejercicio dos mil dieciocho, última cuenta rendida para que se... para que se pueden... puedan analizar los objetivos e indicadores del último año en que se aprobó una ley de Presupuestos. También se han analizado aspectos necesarios de los informes de gestión de la cuenta general de dos mil diecinueve, así como del Proyecto de Presupuestos de dos mil veintiuno.

En relación a la metodología seguida, el análisis del sistema de evaluación del gasto público se ha centrado en su normativa reguladora así como en la información requerida al ente fiscalizado y la obtenida de los cuestionarios remitidos a los centros gestores. Las alegaciones formuladas por cuatro Consejerías y tres organismos autónomos han sido objeto de un análisis pormenorizado, habiendo dado lugar las admitidas a modificaciones del informe provisional.

Entrando ya en los resultados del trabajo, estos quedan expuestos en un total de 29 conclusiones que voy a sintetizar, como hago habitualmente.

El primer apartado de las conclusiones se refiere al sistema de evaluación. El sistema de evaluación del gasto público se basa en el marco normativo que integran las órdenes de la Consejería de Economía y Hacienda para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad y en otra de mil novecientos noventa y siete, reguladora del sistema de seguimiento de programas, sin que se hayan aprobado manuales e instrucciones que desarrollen dicho procedimiento.

La citada orden de mil novecientos noventa y siete apenas ha experimentado variaciones desde su aprobación y los programas de gasto seleccionados objeto de seguimiento han sido siempre los mismos desde el año dos mil nueve. Así, una de las principales evidencias de la fiscalización es que el sistema diseñado no somete a evaluación todos los programas de gasto: de los 63 programas del presupuesto de mil... de dos mil dieciocho, cuya ejecución alcanzó la cifra de 10.504 millones de euros, solo 11 están sujetos al seguimiento regulado, si bien su importe suma el 60 % del total.

Si bien la elección de los programas objeto de evaluación obedece, según la Dirección General de Presupuestos, a criterios de relevancia cuantitativa y cualitativa, no forman parte del sistema de evaluación programas de gasto como el de deuda pública de la Comunidad, 1.326 millones de euros, y otros como regularización de mercados, 956; enseñanza universitaria, 348; pensiones y otras prestaciones económicas, 194 millones; mejoras de estructuras agrarias y sistemas productivos, 116 millones; o investigación y desarrollo en sectores, 102 millones. Estos programas hasta el momento no han sido seleccionados para ser objeto de seguimiento.

En el proceso de evaluación no hay constancia documental de las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Funcional del Presupuesto ni por las Comisiones de Análisis de Programas. En consecuencia, no es posible verificar si se produce una valoración efectiva del grado de cumplimiento de los objetivos y la causa de las desviaciones detectadas.

El análisis y evaluación de las políticas llevado a cabo por la Consejería de Economía y Hacienda se sustancia en verificar que los órganos de gestión incorporan los indicadores de seguimiento de todos los programas en la documentación que acompañan al... el proyecto de la ley presupuestaria, y en los informes de balance y resultados de los programas seleccionados, así como en la implantación progresiva del seguimiento de resultados y de análisis de motivos de variaciones en los procedimientos.

En el segundo apartado de conclusiones trata sobre la planificación para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios. La conclusión décima dice lo siguiente: los centros gestores intervienen en la programación presupuestaria y en la determinación de prioridades de gasto a través del consejo de dirección de cada Consejería, teniendo en cuenta las directrices establecidas en la Comisión Funcional del Presupuesto. La información documentada se integra en la memoria explicativa del Proyecto de Presupuestos y en las memorias descriptivas de los programas de gasto.

Existe una coherencia general de las líneas y metas a alcanzar con los objetivos definidos. Las líneas y metas se asocian a la sección presupuestaria, el programa o programas de gasto a realizar, pero no concretan cuantías; tampoco se especifica la cuantía de cada objetivo y de cada actividad vinculada a ese objetivo de un determinado programa presupuestario. Esta falta de concreción condiciona la evaluación mediante indicadores de grado de cumplimiento de objetivos y su impacto en la asignación de recursos. La cuantía asignada a los programas de gasto figura solamente desagregada por capítulos presupuestarios. También contienen los recursos personales, y los medios materiales, si bien en un número significativo de casos no constan dichos recursos. Las fichas presupuestarias se elaboran y analizan por los centros gestores, que son los que efectúan la estimación de los indicadores que definen y acotan el objetivo.

Por lo tanto, del análisis realizado no se documenta que exista relación entre el grado de consecución de los objetivos previstos y el importe asignado a un programa presupuestario. En tal sentido, falta concreción y claridad en la definición de un número relevante de objetivos, actividades e indicadores.

En cuanto a la adecuación de los indicadores, su eficacia está condicionada por la falta de una correcta vinculación entre su definición y la de los objetivos y actividades cuyo resultado pretende medir. Además, su definición está condicionada en un número relevante de ellos, que no resultan suficientemente específicos.

La delimitación entre los objetivos y las actividades a realizar por el centro gestor para lograr alcanzarlos es confusa, lo que implica que un número significativo de los objetivos definidos sean verdaderamente actuaciones o actividades, y a la inversa. Ninguno de los objetivos definidos está cifrado ni fechado, tal y como establece la Orden de mil novecientos noventa y siete. No se incluye una cuantificación que permita la valoración de su consecución, ni tampoco ninguna referencia temporal en la que se prevea su logro, más allá del año en el que se presupuesta. En consecuencia, los objetivos así diseñados no cumplen en muchos casos con las características que establece el manual de auditoría de la gestión del Tribunal de Cuentas Europeo para evaluar los resultados de una intervención: específicos, medibles, realistas, pertinentes y delimitados en el tiempo.

Existe un número muy significativo de indicadores que, bien porque los objetivos o actividades que pretende medir no están bien definidos, o bien porque los propios indicadores son poco claros o no tienen relación suficiente con la actividad, no permiten determinar adecuadamente el grado de consecución de los objetivos ni establecer su relación con los fondos asignados. Solamente se define un indicador por actividad, por lo que en un gran número de casos no es suficiente para medir de manera correcta el cumplimiento de la propia actividad, en definitiva, el objeto que se pretende alcanzar. La definición de los indicadores se asocia al resultado inmediato de una actividad o proceso, pero no constituyen indicadores en sí mismo de impacto, es decir, que midan la finalidad del objetivo y los cambios que suponen ante la población.

Finalmente, el último bloque de conclusiones se refiere al balance de resultados e informe de gestión sobre el cumplimiento de los programas presupuestarios. La estructura de los informes de gestión no es homogénea entre los diferentes programas objeto de seguimiento. Cada centro gestor tiene la suya propia. El contenido de los informes de gestión también es heterogéneo y, en general, no disponen de la información suficiente para efectuar un seguimiento adecuado de los objetivos cumplidos, las actividades realizadas y las desviaciones detectadas mediante los indicadores.

Respecto a los expedientes de modificaciones presupuestarias examinados, en la mayoría de ellos consta que estas son necesarias y se pronuncian sobre si inciden o no en la consecución de los objetivos de los programas. Sin embargo, en ninguno se adjunta un estado explicativo que motive de qué manera afecta dicha consecución ni tampoco a la cuantificación de los indicadores establecidos.

No hay evidencia documental de que la Comisión Funcional del Presupuesto haya valorado el grado de cumplimiento de los objetivos y la causa de las desviaciones detectadas. No es posible valorar, por lo tanto, el efecto que tienen en la consecución de los objetivos las desviaciones entre la realización de los indicadores y su valor previsto ni su impacto al... en los fondos asignados.

Finalmente, la memoria de la cuenta general incluye una evaluación del impacto socioeconómico de las políticas públicas sobre el empleo y las... y de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos, pero se tratan al margen del sistema de seguimiento de objetivos sin que su información se incorpore, integre o coordine con la que figura en las fichas presupuestarias.

Una vez sintetizadas las conclusiones del informe, al tratarse de una fiscalización operativa, es decir, orientada como objetivo principal a contribuir de manera constructiva a la realización de una gestión sujeta a los principios de economía, eficacia y eficiencia, quiero poner el énfasis en las cinco recomendaciones emitidas por el Consejo de Cuentas.

En primer lugar, la Junta de Castilla y León debería desarrollar, bien mediante la elaboración de nuevas normas o modificación de las existentes, el procedimiento de evaluación a efectos de que el sistema diseñado, regulado y aplicado someta a evaluación la totalidad de los programas de gasto público y no solamente una parte, disponiendo a su vez de instrucciones y manuales que permitan regular aspectos que afectan al análisis de impacto en la asignación de recursos, como son: el procedimiento exigido a los centros gestores y sus responsabilidades, en su caso; el contenido de las memorias descriptivas de los programas presupuestarios referidos a la estructura y concreción de objetivos, actividades e indicadores; la coherencia entre el nivel de obtención... o de obtención de los objetivos y las dotaciones correspondientes; la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos; la causa de las desviaciones, en su caso, detectadas y su impacto en las dotaciones presupuestarias; y reasignación de recursos.

Como segunda recomendación, a efectos de garantizar un diseño más eficaz del sistema de evaluación de los programas de gasto, los centros gestores deberían, en primer lugar, cuantificar el gasto previsto que supone las líneas y metas de las secciones presupuestarias y, sobre todo, los objetivos y actividades, con el fin de poder medir mediante indicadores el grado de cumplimiento de objetivos y su impacto en la asignación de recursos.

También deben mejorarse la información a suministrar en las fichas presupuestarias relativa a recursos personales y materiales, aumentar la concreción de los objetivos y su vinculación con las actividades, e indicadores que pretendan medirlos, evitando una definición confusa. Por otra parte, definir más indicadores asociados a cada actividad, para medir de manera más correcta el resultado y el grado de cumplimiento del objetivo asociado. Y, finalmente en este apartado, mejorar la definición de indicadores más claros y que guarden relación suficiente con los objetivos y las actividades cuyos resultados pretenden medirse.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda debería arreglar las actuaciones de la Comisión Funcional del Presupuesto y de las Comisiones de Análisis de Programas.

Además, la Consejería de Economía y Hacienda debería impulsar la homogeneización y... y sistematización de los informes de balances y resultados con una estructura estandarizada y el contenido necesario para que reflejen la evaluación de impacto de los programas de gasto ejecutados y su efecto en la asignación de recursos.

Finalmente, la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta los centros gestores implicados, debería valorar o bien modificar el actual sistema de evaluación, o bien garantizar la incorporación de la evaluación del impacto socioeconómico de las políticas públicas sobre el empleo y de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos al sistema de seguimiento de objetivos, así como de la evaluación del impacto de género.

Pues bien, de todo lo expuesto anteriormente cabe sintetizar que, si bien la Administración autonómica se dotó con la ley de dos mil seis de una pionera... de pionera normativa para incorporar un avanzado sistema de evaluación de las políticas públicas mediante el establecimiento de la... de la política presupuestaria por objetivos, en su aplicación práctica se detectan carencias e insuficiencias que aconsejan una revisión del sistema en su funcionamiento, y que pone sin duda de manifiesto un margen de mejora que aconseja... que aconsejan profundizar en la perfección del sistema.

Pues bien, este diagnóstico es coincidente en lo sustancial con el contenido en el estudio La institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por encargo de la Junta de Castilla y León, que fue objeto de presentación el pasado día uno de octubre.

El informe de la AIReF ha sido financiado por la Comisión Europea y ha contado con su supervisión técnica. Se diferencia del informe del Consejo de Cuentas en tanto en cuanto plantea una propuesta de arquitectura institucional; uno es un estudio, otro es un informe, que pueden tener un diagnóstico común, pero tanto como por su origen como por su contenido son profundamente diferentes. Yo voy a... a referir mínimamente a este informe en la medida que, como les he señalado, hemos sido concernidos, pero el... el análisis del estudio lo deben hacer sus señorías y al Consejo de Cuentas no le corresponde, por lo tanto, más que en este momento enunciar algunas... algunas conclusiones del mismo para dar luz, ¿eh?, en este debate.

En consecuencia, como decía, la singularidad de esta comparecencia reside en el sentido que las recomendaciones planteadas por el Consejo de Cuentas son atendidas por la Administración autonómica en un estudio de la AIReF, donde la nueva arquitectura institucional de la evaluación de políticas públicas que se formula, el propio Consejo de Cuentas asumiría dentro de su estructura orgánica y funcional una nueva unidad independiente externa de evaluación.

Dicho todo eso, por mi parte concluyo mi primera intervención y quedo a... a expensas de sus señorías para cualquier aclaración complementaria.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Gracias, presidente. Abrimos ahora el correspondiente turno de intervención para los distintos grupos parlamentarios. Y tiene la palabra, en primer lugar, en representación del Grupo Ciudadanos, la señora procuradora doña María Teresa García Gago, durante un tiempo de diez minutos.

LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:

Muchas gracias, presidente. Y buenos días, señorías. Muchas gracias también nuevamente al señor Amilivia por volver a tenerle presente en esta Cámara. En este caso, agradecerle, como siempre, la exposición del informe que nos ha acercado hoy sobre el análisis de los sistemas de evaluación del gasto público de la Administración general e institucional de la Comunidad de Castilla y León.

Nos encontramos delante de un informe, como usted ya ha mencionado, cuyo objetivo es verificar si el sistema de evaluación de las políticas presupuestarias basada en la gestión de objetivos de las entidades del sector público autonómico cumplen o no cumplen con el fin para el que ha sido creado. Es importante recordar que la implantación del presupuesto por programas marcó un hito importante en la evolución presupuestaria, respondiendo así a la necesidad de establecer instrumentos que mejoren tanto los procesos de asignación de recursos como incrementando la eficacia y la eficiencia de las Administraciones públicas.

Del citado informe extraemos una información relevante a considerar, como así lo hemos ido viendo durante su intervención, al mostrar un sistema de evaluación del gasto público que está pendiente de mejoras, y por ello falto de conseguir el grado de rigurosidad que nos gustaría en un aspecto tan importante para nuestra Comunidad como es el control de la economía. Y es así, señoría, porque, según nos indica el informe, el sistema de evaluación del gasto público se basa en un marco normativo que integran las órdenes de la Consejería de Economía y Hacienda para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad y en la Orden de doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que regula el sistema de seguimiento de programas. Ambas referencias muestran sus carencias con respecto a lo que deberían de ser. Hablamos de una falta de manuales e instrucciones que facilitan su uso y su conocimiento, así como el manejo de datos actualizados que arrojen información acorde a la realidad actual de nuestra Administración central y, también, de nuestras instituciones.

Todo lo anterior se une al hecho de que no se sometan a evaluación programas de gasto público tan importantes como son el de deuda pública de la Comunidad, pensiones y otras prestaciones económicas, o regularización de mercados, entre otros, que, aun entendiendo que la elección de los programas objeto de evaluación obedece a criterios de relevancia cuantitativa y cualitativa, el sistema, sin duda, debería de adaptarse para atender a la totalidad de los programas del gasto público.

Con respecto a la planificación para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios, existe una relación entre las líneas y metas a alcanzar con los objetivos definidos, pero no se concretan las cuantías, dificultando la obtención de datos sobre el cumplimiento de los objetivos y su impacto en la asignación de recursos, siendo necesaria una adecuación de los indicadores.

Si para realizar una correcta evaluación de los resultados de una intervención, estos debieran de ser específicos, medibles, realistas, pertinentes y delimitados en el tiempo, como lo establece el Manual de auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo, nos estamos encontrando, lógicamente, con ciertas deficiencias.

En cuanto al balance de resultados e informe de gestión sobre el cumplimiento de los programas presupuestarios, encontramos una falta de homogeneidad entre los distintos programas objeto de estudio, una falta de información y heterogeneidad en los informes de gestión, dificultando así el resultado de unas conclusiones claras.

Y, por último, y no por ello menos importante, se contempla una ausencia de suma, al no tener en consideración en el sistema de seguimiento de objetivos el impacto socioeconómico de las políticas públicas sobre el empleo y las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos.

Por todo lo expuesto, señorías, consideramos fundamental adherirnos a las recomendaciones del Consejo de Cuentas, a esas cinco recomendaciones, en las que viene a decir ciertos aspectos a mejorar en aras de conseguir unos mejores resultados de funcionamiento de los sistemas de evaluación del gasto público de nuestra Administración autonómica. Cinco recomendaciones, que son: que se desarrolle un procedimiento de evaluación para que atienda a la totalidad de los programas de gasto público, dotándolo de todos los recursos que sean necesarios; realizar un diseño del sistema de evaluación de los programas de gasto acorde con las necesidades de cuantificación del gasto, logro, objetivos e impacto en la asignación de recursos; reglar las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Funcional del Presupuesto y por las Comisiones de Análisis de Programas; homogeneizar y sistematizar los informes de balances y resultados con una estructura estandarizada; y ya por último, garantizar la incorporación de la evaluación del impacto socioeconómico de las políticas públicas sobre el empleo e intervenciones cofinanciadas con fondos europeos, así como el impacto de género. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Popular, durante un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Leticia García Sánchez.

LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:

Gracias, presidente. Y buenos días, señorías. Bienvenido, señor Amilivia. Gracias por su exposición. Felicitar al equipo, que también lo tenemos aquí presente hoy, por la gran calidad de este trabajo, tan intenso: una valoración del sistema de evaluación de las políticas públicas presupuestarias en la Administración de Castilla y León, con referencia al ejercicio dos mil dieciocho. Y se han analizado 11 programas, que, sin embargo, significan el 60 % -usted lo ha dicho- del total en cuanto a la cuantía.

El Consejo ha analizado los sistemas de evaluación del gasto público en Castilla y León basándose, lógicamente, en la gestión por objetivos que establece la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad Autónoma. Y lo primero que me gustaría destacar, el objeto mismo, lo que nos reúne aquí hoy, es la materia de evaluación de las políticas presupuestarias. Y, en este sentido, Castilla y León se encuentra a la cabeza de España. Y creo que es algo que no cabe duda y que no creo que nadie pueda cuestionar hoy aquí. En primer lugar, porque en Castilla y León ya existe un importante recorrido normativo en materia de evaluación de políticas. La ley pionera, la Ley 2/2006, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, o la Ley 2/2010, de Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Comunidad Autónoma, o la Orden que ha citado usted de doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete de la Consejería de Hacienda, con independencia de las distintas órdenes de elaboración de los Presupuestos.

El compromiso de la Junta de Castilla y León se vio reforzado con el Pacto de Gobierno de esta Comunidad, en la que se hablaba ya de la creación de una agencia autonómica de evaluación de los servicios, pero el objeto principal era promover, realizar la evaluación, el análisis de impacto de las políticas y los programas de la Junta de Castilla y León. De manera que se vuelve a reforzar, con ese pacto, esa voluntad de eficiencia y de eficacia en las políticas públicas y también en la evaluación y en la rendición de cuentas.

Precisamente, gran parte de su informe se refiere justo a eso: a la eficacia, a la eficiencia de las políticas públicas. Y es cierto que somos varias las Comunidades Autónomas que hemos dado pasos significativos en la evaluación de algunas de nuestras políticas y programas, pero con esta orientación que está asumiendo la Comunidad de Castilla y León aspira a ir más allá, aspiramos a instaurar un modelo estructurado, estable, integral, completo para la evaluación de las políticas públicas.

Y hemos dado pasos más allá. Fíjese, señor Amilivia, el compromiso de la Junta de Castilla y León es tan importante con la evaluación de las políticas presupuestarias, que somos la primera Comunidad Autónoma que ha encargado un estudio específico a la AIReF, la primera Comunidad Autónoma, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y lo que hacemos es, teniendo en cuenta que tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo una evaluación, preguntar a este organismo independiente qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro sistema, un sistema ya implantado, y sobre lo... el que nos preguntamos si existen posibilidades de mejorar, preguntamos qué más pasos se pueden dar, si es que se pueden dar, y esto, señor Amilivia, es algo que hay que poner muy en valor, porque buscamos la excelencia en esta materia.

Y se leemos el informe de la AIReF, vemos que, cuando analiza la evolución... la evaluación de otras Comunidades Autónomas, destaca, con diferencia, la trayectoria de Castilla y León, si bien muchas de otras Comunidades también han dado pasos significativos. Pero, si analizamos los sistemas de forma comparada, vemos que existe una disparidad en cuanto al tipo de estructuras organizativas de evaluación. En general, existen distintos modelos, tanto en España como internacionales, no existe un modelo único que garantice el funcionamiento de estas evaluaciones.

Y del estudio de la AIReF, de este informe ,y del propio informe que nos presenta hoy aquí pueden extraerse algunas propuestas de mejora, que coinciden en muchos aspectos y que, evidentemente, desde el Grupo Popular apoyaremos. De sus cinco recomendaciones, quiero destacar, primeramente, el trabajo técnico de... de identificación de puntos tan concretos que han realizado. Y es importante agradecer este trabajo tan minucioso, porque queda, además, ampliamente desarrollado en el informe, y esto servirá para futuras evaluaciones.

En relación con la extensión de la... de la evaluación a la totalidad de los programas del gasto público, estamos de acuerdo, señor presidente, con esta recomendación. Evidentemente, cuantos más programas se evalúen, mayor será la eficiencia del gasto público. O las recomendaciones 2 y 4, que hablan de un esfuerzo para los centros gestores de gasto. Desde nuestro grupo, creemos importante reforzar, desde el punto de vista de la extensión de esa cultura de la evaluación dentro de la Administración pública. Y, sin duda, esto sería muy importante desarrollarlo a través de una correspondiente formación de las unidades del gasto.

Desde el Grupo Popular, creemos fundamental que todos y cada uno de los agentes que participan en las políticas públicas presupuestarias tengan siempre presente la importancia de la evaluación. Esta es una vía complementaria que podrá aportar, sin duda, mayor normalidad a las políticas de evaluación.

Evidentemente, estamos de acuerdo, de forma general, con las recomendaciones, porque desde este grupo estamos comprometidos con las políticas de evaluación, y por ello se encargó el informe de la AIReF al que me he referido. Y, en este sentido, con independencia de estas recomendaciones específicas, creemos que debemos seguir trabajando en una estructura necesaria que permita una planificación estratégica, que permita analizar las recomendaciones que plantea el Consejo. Y esta planificación debe vincularse, además -creemos-, con la programación presupuestaria. Y ambas, la planificación estratégica y la programación presupuestaria, deben ser seguidas y evaluadas.

Porque, si consideramos que Castilla y León ya cuenta con un marco normativo y organizativo y con los mimbres suficientes para continuar avanzando en esa arquitectura y si disponemos, como ha señalado la AIReF, de una elevada concienciación y conocimiento de las ventajas del uso de la evaluación, pues sabemos el camino donde tenemos margen de mejora a medio y largo plazo. Y hay que hablarlo desde dos puntos de vista: el interno y el externo. Desde el punto de vista interno, nosotros, desde luego, creemos en la mejor continua, de la revisión continua, en el medio y largo plazo, en la mejora. Y usted ha marcado de forma muy concreta los campos de mejora.

En ese sentido, para la... para la elaboración del informe, la AIReF ha realizado encuestas, ha tenido contactos con los servicios técnicos en las diversas Consejerías, le ha permitido tener una visión directa y real de la evaluación en Castilla y León. Y lo que propone la AIReF es partir de la estructura ya existente, con unidades que ya existen, aprovechando los recursos que tenemos: una unidad impulsora, que estaría en la Consejería de Transparencia; una responsable, que estaría en la Consejería de Hacienda; y las distintas unidades de evaluación de las distintas Consejerías.

En este momento, se está trabajando ya en el decreto de coordinación de la evaluación, que establece, precisamente, ese reparto entre las distintas unidades de responsabilidad, de impulso y de coordinación. Un... un enorme esfuerzo de coordinación interconsejerías.

Y por lo que hace con el control, la presentación del estudio de la AIReF ha puesto de manifiesto de forma clara que el sistema de evaluación externo más recomendable para Castilla y León es a través del propio Consejo de Cuentas.

Nuestro grupo, señor Amilivia, considera oportuno intentar aprovechar los recursos y las organizaciones ya existentes. Por ello, vemos con buenos ojos contar con el Consejo de Cuentas en Castilla y León para llevar a cabo esa labor de evaluación, de forma que forme parte del modelo autonómico.

Y quiero expresar también la voluntad del Grupo Popular de apoyar el modelo y, sin duda, apoyar las necesidades económicas que se deriven de la asunción de esa competencia de forma directa por nuestro Consejo de Cuentas, porque es evidente que esto va a necesitar de nuevos recursos, tanto económicos como personales. Y, señor Amilivia, a la vez que agradecemos su disposición para esta materia, compartimos que haya que tomar en cuenta el coste que tendrá en el futuro esta asunción de competencias.

Y quiero reproducir como grupo parlamentario la buena voluntad del consejero de Economía y Hacienda en seguir la hoja de ruta fijada por la auditora AIReF para institucionalizar aún más esta evaluación y, también en un ejercicio de austeridad, descartar la creación de cualquier ente para llevar a cabo la evaluación y dejarla adscrita al Consejo de Cuentas.

Quiero decirle que para el Grupo Popular es una buena noticia que esto sea así, porque la alta calidad de sus informes -muestra es el que tenemos hoy sobre la mesa- la calidad de sus estudios, de su trayectoria, suponen una garantía de una monitorización que lleve a cabo el órgano de cuentas, además del propio conocimiento acumulado, y esto hará que esto sea lo mejor posible.

Señor Amilivia, creo que, desde el punto de vista de la eficiencia, de la estrategia presupuestaria, lo más importante es la institucionalización clara y evidente respecto de la evaluación de las políticas de evaluación de gasto público. Y en este sentido creo que esta Comunidad ha hecho un enorme esfuerzo organizativo interno y también legislativo, y así lo ha reconocido la AIReF. Y, a pesar de que es un proceso gradual, en muchos casos lento, en esta Comunidad se ha asumido el reto, el compromiso, y ya solo nos queda mejorar.

Por nuestra parte, el Grupo Popular mantiene y mantendrá el compromiso político máximo con la consolidación de estos sistemas, cuestión que creemos primordial -el impulso político-, a la vez que apoyamos una herramienta de transparencia, que todos los castellanos y leoneses conozcan la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas presupuestarias en esta Comunidad. Muchas gracias, de nuevo, señor Amilivia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Para concluir este primer turno de intervenciones, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa María Rubio.

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, dar la bienvenida al presidente del Consejo de Cuentas, señor AmilivIa, a los consejeros que le acompañan y a su equipo técnico.

Yo pensaba que esta mañana veníamos a hablar del informe que había hecho el Consejo de Cuentas, Análisis de los sistemas de evaluación del gasto público en la Administración autonómica, y no a hablar del informe de la AIReF, que, por cierto, tendrá el Partido Popular, pero el Grupo Parlamentario Socialista no lo tiene. Entiendo que el presidente debe de haber estado muy ocupado leyendo sus cosas y no se ha dado cuenta que la portavoz del Partido Popular no hablaba en absoluto del informe, sino de otro; ya, si quiere la portavoz del Partido Popular, venimos otro día a hablar del informe que nos ocupa.

Dicho esto, el informe que nos ocupa y al que venimos esta mañana, que no es otro que analizar los sistemas de evaluación del gasto público en la Administración autonómica, es decir, si los responsables de la Junta de Castilla y León han sido eficaces y eficientes a la hora de presupuestar y gastar y dotar de recursos para la consecución de los objetivos marcados, que son, y deben ser, la prestación de unos servicios públicos de calidad.

También decir que me ha sorprendido aquí de la lectura de la señora portavoz del Partido Popular que, si lo tienen todo tan bien y tan preparado, no sé por qué llevamos 35 años esperando a una agencia de evaluación de las políticas públicas. A la vista del informe y de lo que usted mismo, señor Amilivia, ha relatado hoy aquí, queda patente que las políticas de gasto que ha aplicado el Partido Popular son muy pero que muy mejorables.

La secuencia lógica a aplicar es que la Junta se marca unos objetivos a conseguir, establece unas actividades a realizar para conseguirlos y adecúa unos indicadores para lograrlo. Esto se plasma en un documento que se llama Presupuestos Generales de la Comunidad. Es un proceso que debe relacionar sistemáticamente el gasto con la consecución de objetivos, racionalizando decisiones, asignando medios y controlando los resultados sobre los que luego se informa en la cuenta general.

Problemas: que la delimitación entre los objetivos y las actividades para conseguirlos es confusa; que ninguno de los objetivos definidos están cifrados ni se establece una referencia temporal para conseguirlo más allá del año presupuestario; algunos programas de gasto no tienen asignados ni recursos personales ni medios materiales, como sucede en un programa tan importante, como ha dicho el señor AmilivIa, como es la asistencia sanitaria.

Y aquí tengo que traer a colación otro informe elaborado por el Consejo, que es el de la ejecución funcional del gasto, donde ya se decía que dentro de las políticas más relevantes de la Junta está la asistencia sanitaria, con un peso relativo del 34 % del total. Pues ahora aquí se evidencia que un gasto tan importante como este no tiene una evaluación adecuada sobre su seguimiento para hacer una planificación presupuestaria correcta. Sencillamente lamentable.

Los objetivos deberían de ser específicos, medibles, realistas, pertinentes y delimitados en el tiempo. Como eso no sucede, porque no existe una correlación lógica y deseable entre lo que aparentemente pretendo y los medios que pongo para conseguirlo, pues la Junta utiliza el mecanismo presupuestario que más le gusta: las modificaciones presupuestarias. Esto supone que se asignan dinero a unos objetivos que inicialmente ni estaban marcados, ni establecidos ni cuantificados. Y casos escandalosos y recientes tenemos, como los 9.000.000 de euros que se quitan de la educación pública para dárselos a la educación concertada.

Gracias a este informe hemos podido corroborar que la Junta no hace seguimiento de todos los programas presupuestarios y, además, que lleva desde el dos mil nueve haciéndolo sobre los mismos, lo que supone que el 40 % del presupuesto nunca se ha sometido a seguimiento. Así, lógicamente, es imposible cambiar los programas de gasto que no han conseguido los objetivos propuestos, es decir, que se ha gastado mal o en lo que no se debía, y que no ha repercutido en una mejora de la calidad de la vida y los servicios de los castellanos y leoneses.

Y, como ejemplo de la falta de control en la no ejecución de determinados subprogramas, en el período dos mil quince-dos mil diecinueve, donde se contempla el aquí informado, nos encontramos con que el apoyo a la mujer se quedó un 15 % sin ejecutar, la internacionalización un 75 % sin ejecutar, la innovación un 62 % sin ejecutar o el programa de I+D+i un 25 % sin ejecutar. Esto queda dentro de ese 40 % que jamás ha evaluado la Junta y, por tanto, no figura en sus informes, porque, parece ser que les importa poco o nada, ya que, evidentemente, qué va a tener importancia la internacionalización de nuestras empresas o el invertir en I+D+i.

Y otro claro ejemplo en el que no someten a control de seguimiento partidas tan importantes como la deuda pública, que no deja de crecer, que ya estamos por encima de los 5.000 euros por cabeza de cada castellano y leonés y nos acercamos al 24 % de nuestro PIB. Pues la Junta, es decir, el Partido Popular, no considera necesario evaluar adecuadamente esta partida.

Del informe elaborado por el Consejo de Cuentas se desprenden 29 conclusiones que prácticamente todas ellas son demoledoras respecto a la forma de actuar de la Junta de Castilla y León en la falta de evaluación de sus políticas de gasto.

El Partido Socialista ha tenido acceso a un preinforme elaborado por la AIReF -no el informe, que parece ser que sí tiene el Grupo Parlamentario Popular, pero no tenemos los demás- en el que se evidencia que la Junta no tiene implantado un sistema para evaluar las políticas públicas, es decir, que no hay un control exhaustivo sobre si el uso del dinero público, el dinero de todos los castellanos y leoneses, se ha usado y se usa con eficacia y con eficiencia, que es, en definitiva, de lo que se trata.

Pero, es más, es que al Partido Popular y a sus socios, estos que se quieren morir en paz, les preocupa tanto el tema que, aunque anunciaron a bombo y platillo el encargo a la AIReF de la elaboración de un presupuesto para realizar un estudio para la implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas, además de un estudio de revisión del gasto en políticas activas de empleo, becas y universidades, transferencias de valor a medios de comunicación y promoción industrial, dos años después ese encargo, valorado en 755.000 euros, aún el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, primer partido de la Oposición y partido que ganó las elecciones, no sabemos nada de él, más que unas palabritas del consejero transparente en los medios de comunicación.

Y miren, que se evidencie de esa forma tan obvia que no existe un seguimiento escrupuloso y exhaustivo de cada euro que se gasta en esta Comunidad y que todavía esta que les habla haya tenido que oír por parte de una consejera que son ejemplo de transparencia y control del gasto y las políticas públicas pues, ¿qué quieren que les diga?, o nos miente a la cara o no sabe ni el terreno que pisa, o igual las dos cosas juntas. Qué razón tiene el dicho de ¡qué atrevida es la ignorancia!

Y, sigamos. Queda patente que en la Junta el seguimiento de los programas presupuestarios no incluye evaluaciones más que en relación con el cumplimiento estricto de los objetivos cuantitativos y no de sus resultados o impactos. Faltan instrumentos de gestión y explotación al existir un esfuerzo modesto en difundir las evaluaciones realizadas.

Precisamente, que vengan ahora con la idea de crear un órgano que sea el encargado de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Administración autonómica, así como impulsar la gestión de la calidad de los servicios, con el objetivo último de mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía, eso que le van a llamar agencia de evaluación, que se adscribirá al Consejo de Cuentas, señor Amilivia, que, como usted conoce, era nuestra idea desde siempre, tanto que lo llevábamos en nuestro programa electoral, y precisamente para evitar que se cree aquí otro chiringuito más.

Y no será este grupo parlamentario el que se oponga a que se controle el dinero público, a que se evalúen la consecución o no de los objetivos marcados y de si estaban correctamente dotados de recursos y presupuestos, a que se dirima si las actuaciones puestas en marcha eran o no las adecuadas, a que se sometan a evaluación la totalidad de los programas de gasto público, a que se cuantifique el gasto para llegar a la meta marcada, a que se detecten las causas de las desviaciones y sus efectos sobre la asignación de recursos a los programas de gasto, a que se homogeneice los informes de balances y resultados; en conclusión, a que se tomen las medidas necesarias para que la Junta de Castilla y León gaste, invierta, con criterios de eficacia y eficiencia y que no parezca la casa de tócame Roque, que, tal y como refleja el informe no existen ni actas ni documentos escritos de la Comisión Funcional de Presupuesto, que es la encargada de analizar las políticas de gasto, teniendo en cuenta los objetivos y los recursos de que se dispone para ello, y formular las propuestas sobre las prioridades de gasto a incluir en el anteproyecto de Presupuestos.

Y, claro, luego pues pasa lo que pasa, y les pongo unos ejemplos del Presupuesto precisamente que se ha sometido a fiscalización en este informe. Se aprueban los Presupuestos, se asignan los recursos públicos a los chiringuitos de la Junta y meses después se aumenta el presupuesto de la Fundación Santa Bárbara en 1.300.000 euros, se aumenta el presupuesto de la Fundación Patrimonio Natural en 13 millones de euros, se aumenta el presupuesto del SOMACYL en 13.728.000 euros, se aumenta el presupuesto de la Fundación Siglo en 1.200.000 euros. Y con este panorama oír ahora a algún consejero -que se cree un iluminado- que viene con la idea de pedir auditorías de gestión, ¿ahora, que el Partido Socialista en Castilla y León lo lleva pidiendo desde el año mil novecientos ochenta y siete? Claro, que por aquel entonces el partido político del iluminado ni siquiera existía, por eso, ni lo sabe ni lo recuerda.

Y por supuesto también, tengo que decir que los órganos gestores de la Junta han alegado al informe elaborado por el Consejo de Cuentas, y, señorías, ni una sola de las alegaciones ha sido estimada, ni una, porque lo alegado no desvirtuaba lo informado, y esto, cuando menos, es para que se lo hagan mirar.

Y finalizo. El Partido Socialista ha exigido y exigirá siempre el cumplimiento estricto de la ley y máxime en temas económicos y presupuestarios, por ello asumimos como nuestras las cinco recomendaciones que emanan del informe que se está debatiendo aquí esta mañana. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. Para contestar las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchas gracias a todas sus señorías por sus intervenciones y por haber puesto de manifiesto lo que yo creo que es obvio, que este es un informe de... de una gran calidad técnica, y especialmente por aceptar las cinco recomendaciones, ¿eh?, que en él se contemplan, con carácter unánime. Es decir, todos los grupos aquí presentes han manifestado su conformidad con aprobar las cinco recomendaciones que ha elaborado el informe del Consejo de Cuentas.

En relación con el... con la evaluación de las políticas públicas en... en Castilla y León, es... cierto es, como puse de manifiesto en mi primera intervención, que Castilla y León ha sido pionera en la implantación de la gestión por objetivos, pero también es una obviedad que dicho sistema, que dicho sistema de evaluación, admite un importante margen de mejora. En tal sentido, como han desarrollado, me he referido muy brevemente en mi primera intervención a... al informe de la AIReF, casi me he... me he referido estrictamente citando la parte en la que somos concernidos, en el entendimiento que es un informe que el debate no... no le corresponde tanto al Consejo de Cuentas, sino que les corresponde ese debate sobre dicho informe a... a sus señorías. Nosotros estamos concernidos, y yo, en la medida que estamos concernidos, puedo manifestar la opinión institucional del Consejo de Cuentas en aquello que concierne a... al Consejo de Cuentas, pero no debo hablar... abrir un debate sobre algo, como estoy diciendo, que no le corresponde al Consejo de Cuentas.

Sí quiero destacar que este es un informe distinto, lógicamente, un estudio distinto, lógicamente, a un informe que hemos elaborado nosotros, que es un estudio encargado por la Junta, en el ámbito de sus atribuciones, un encargo directo de la Junta, con la supervisión de la Unión Europea y su financiación económica inclusive. Y fundamentalmente es un estudio que establece una arquitectura institucional de futuro para intentar llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas. Arquitectura institucional que tiene, como es natural, dos partes: una interna, con unos decretos de coordinación internos en el ámbito de la Junta de Castilla y León; y otra externa, con la creación de una unidad de evaluación permanente.

Bien es cierto que el Consejo se siente satisfecho porque ese informe dice especialmente que reconoce el valor, la importancia, la independencia y la calidad de las auditorías de gestión, las auditorías operativas o de rendimiento, que elabora el Consejo de Cuentas, y, por lo tanto, para nosotros es un acicate que un órgano independiente, una... como es la AIReF, ¿eh?, reconozca nuestro trabajo y lo valore tan positivamente como es, en este caso, mediante las auditorías operativas. Y, además, que considere que no sea necesario crear en Castilla y León una unidad de evaluación de las políticas públicas en el sentido, en el contexto, de que ya existe un Consejo de Cuentas que podría asumir estas competencias, que podría definir estas competencias y que evitaría, además, un mayor gasto público, ¿eh?, al no tener que crear algo externo, algo nuevo, algo ajeno al entramado institucional de Castilla y León, donde nosotros siempre hemos sido partidarios de fortalecer las instituciones estatutarias dotándolas de nuevas competencias.

Recuerden en este contexto, por ejemplo, lo que ocurrió con el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración de Castilla y León, que se unió al... al Consejo Consultivo, con separación de funciones -en aquel caso, me correspondía a mí ser presidente-, bueno, pues con alguna rémora, que fue el famoso coste cero, ¿eh? Obviamente, aquí nosotros hemos planteado desde un primer momento que cualquier asunción de competencias, en este caso nuevas competencias, obviamente, cuenta con nuestra disponibilidad, pero que para que sea eficaz no puede ser a coste cero. En un informe de la AIReF -precisamente, si no me equivoco, en su página 107, cuando establece que será necesaria una nueva ley para garantizar la independencia de la... de las funciones de la unidad de evaluación en el ámbito del Consejo de Cuentas- habla claramente de que no puede ser a coste cero y que tiene que existir un... un mandato, en este caso, a las Cortes, para una mayor dotación de medios al Consejo de Cuentas, así como una reglamentación posterior del mismo.

En ese sentido, lógicamente, yo creo que... que el informe es muy acertado, y me gustaría señalar también que, claro, la fórmula jurídica inevitable para abordar la creación de este nuevo sistema de evaluación de carácter externo es una iniciativa legislativa, y nosotros siempre hemos defendido que dicha iniciativa legislativa debería ser una proposición de ley, porque somos una institución estatutaria, porque nacemos del consenso de todos los grupos políticas de la Cámara, especialmente los grandes grupos de la Cámara, porque cualquier cosa que afecta a las instituciones estatutarias debe ser... debe estar rodeado siempre del máximo consenso político y, por tanto, para nosotros que, en su caso, se llevara a cabo dicha proposición de ley pues sería importante, siempre y cuando tuviera el necesario consenso que recaba en este caso el Consejo de Cuentas.

Consenso fundamental también para poner en marcha dentro del Consejo, bien como sección, bien como agencia de evaluación... No hace falta... el informe no... no habla de una nueva agencia de evaluación adscrita al Consejo de Cuentas; el informe habla de una unidad de evaluación adscrita al Consejo de Cuentas. Luego, el... la fórmula jurídica que se adopte en relación con esa competencia, o con ese órgano, puede ser una agencia, como el Tribunal de Recursos Contractuales se adjuntó al Consejo Consultivo, o bien una nueva sección en el ámbito del Consejo, dirigida por el Pleno, que asuma la gestión de la evaluación de las políticas públicas con carácter permanente.

Tanto yo en este sentido pues quiero agradecerles que acepten sus recomendaciones, las cinco recomendaciones, y les animo a ese consenso, ¿no? Yo creo que... que para el Consejo de Cuentas sería muy importante. Y, además, quiero recordarles, en este sentido, que en su día presentamos unas propuestas de carácter legislativo para modificar la Ley del Consejo de Cuentas en aras a mejorar la rendición de cuentas, en aras a fortalecer la autonomía orgánica y funcional del Consejo de Cuentas, también desde el punto de vista de mejorar las condiciones de nuestros funcionarios, que creemos que sería el momento oportuno. Si se decidiera a abordar conjuntamente la... la aprobación de esa proposición de ley creemos que sería el momento oportuno, bien en el texto inicial, bien mediante enmiendas a ese texto de esa proposición de ley, para que el Consejo de Cuentas pudiera servir mejor aún a los intereses de Castilla y León.

Y, finalmente, me van a permitir que haga dos menciones a dos funcionarios de esta casa, que han colaborado de una manera leal e institucionalmente desde el primer momento con la AIReF, que han sido también copartícipes, en gran medida, de ese trabajo, que son el director de Fiscalización, Santiago Martín Nájera, y el director adjunto, Eduardo Cubero, que tienen una gran formación profesional en estos ámbitos y que, sin duda, están contribuyendo yo creo a elaborar un diseño, desde el punto de vista del informe que hemos conocido y desde el punto de vista de las recomendaciones que puedan establecer, a propuesta de quien corresponda, para el futuro del Consejo de Cuentas y para la mejora de la evaluación de las... de las políticas públicas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muchas gracias. En un turno de réplica, ¿por parte del Grupo Ciudadanos? ¿Quiere intervenir? No. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra, durante cinco minutos, doña Leticia García.

LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:

Gracias, presidente. Simplemente, por aclarar un poco mi anterior mi intervención. Creo que es muy importante poner en valor el informe de la AIReF aquí esta mañana, porque, desde luego, en el ánimo de la Junta de Castilla y León está perfeccionar el sistema de evaluación de los sistemas de evaluación de las políticas presupuestarias, y esto no puede obviar, precisamente, ese esfuerzo que hemos hecho solicitando este informe, porque si existe algo necesario para evaluar las políticas es establecer una auténtica estructura, una auténtica arquitectura, en relación con el sistema de evaluación. Por eso nos parece totalmente necesario traerlo a colación, tal y como ha hecho en la segunda intervención el presidente del Consejo de Cuentas. Y lo hemos querido poner en valor, pero también hemos hablado de las recomendaciones y que, precisamente para implementar todos esos... esas recomendaciones que se manifiestan en el informe, sería necesario tener esa estructura organizativa, y que nos parece muy apropiado que esté en el Consejo de Cuentas.

Por aclarar también una cuestión, evidentemente, el informe de la AIReF no forma parte de esta... de la documentación de esta Comisión, pero a la portavoz del Partido Socialista, si quiere, se lo puedo facilitar amablemente por si no quiere imprimirlo, pero está desde el uno de octubre colgado en la página de la AIReF, y como ha venido recogido en los medios. Por eso no forma parte, evidentemente, de la documentación de esta Comisión. Si quiere, se lo facilito ahora, y ya lo... y ya lo tiene en su poder. Y nada más, dar las gracias por el trabajo extenso y profuso, y que nos servirá, evidentemente, para las futuras fiscalizaciones y evaluaciones. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista.

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Pues nada, con brevedad, señor presidente. Porque yo entiendo que, como la señora García se acaba de estrenar aquí de portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda, no debe de haberse enterado cómo funciona esto. Y aquí cada día venimos con un informe, el señor Amilivia lo expone, y los grupos parlamentarios hablamos de ese informe, y de ese informe. Y luego está el señor presidente de la Comisión, que lo que tiene que hacer, por lo menos con este grupo parlamentario y con esta portavoz, vamos, al milímetro y al Reglamento, ceñirse al tema, señor presidente, ceñirse al tema y no a lo que nos quieran hablar.

Mire, el grupo parlamentario...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Señora... no hace falta que a mí me diga cómo debo de actuar como presidente, ¿eh? Estoy siendo bastante flexible...

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

En fin, el grupo parlamentario...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

... estoy. Perdone, déjeme hablar. [Murmullos]. Usted intervenga, y yo actuaré en el modo y forma que como presidente me corresponda. [Murmullos].

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

¡Qué pena!

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

No me dé lecciones, que ya me las dieron hace muchísimo tiempo cuando...

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

¡Qué pena!

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

... cuando estudié la carrera. Muchas gracias.

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

¡Qué pena, señor presidente! Bueno, en fin, que el Grupo Parlamentario Socialista lo que hace es ceñirse al punto del orden del día. El informe de la AIReF está solicitado por el grupo parlamentario desde el mes de septiembre, y estamos esperando a que... a que nos den contestación. Pero, le repito, venimos a lo que venimos, hablamos de lo que hablamos, y luego cada uno pierde el tiempo como quiera. Supongo que, por ejemplo, en este caso el Grupo Parlamentario de Ciudadanos se ha ceñido al punto que traíamos, que traíamos esta mañana. Pero, le digo, ya lo irá usted aprendiendo con el paso del tiempo, si no se le acaba la legislatura antes.

Por nuestra parte, nada más. Darle las gracias al señor Amilivia por la exposición del informe de esta mañana y al Consejo de Cuentas por el trabajo que realizan cada uno de ellos. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Muy bien. Pues tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Simplemente para... para agradecerles sus intervenciones y matizar un par de cuestiones. En primer lugar, al margen de... de que hayan conocido o no el informe de la AIReF, yo creo que, evidentemente, como he dicho, no le corresponde al Consejo de Cuentas traerlo aquí. Sí quiero destacar, que me parece muy positivo. la disposición de todos los grupos a que esa unidad independiente de evaluación de las políticas públicas ajena a la Administración autonómica se residencie en el Consejo de Cuentas y no mediante la creación de un órgano independiente. Eso yo creo que es una de las conclusiones para mí más importantes de esta... de esta comparecencia. Es decir, si algún día, mediante una proposición de ley, se desarrolla una sistemática de evaluación de las políticas públicas en el ámbito del Consejo de Cuentas, ¿eh?, pues yo entiendo que podríamos contar con la... con el consenso de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, es muy importante para el Consejo.

En segundo lugar, manifestar, ¿eh?, la disposición siempre del Consejo a asumir nuevas competencias en los términos señalados.

Y, finalmente, agradecerles el buen... la buena acogida que han hecho al informe y a las recomendaciones del mismo. Y, finalmente, pedirles perdón, porque han observado que hoy estoy realmente... físicamente mermado, ¿eh?, pero he intentado estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias a todos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Bien. Pues muchas gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la Norma cuarta de Resolución de Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el veintiuno de octubre, a las catorce horas.

Concluido el debate, agradezco nuevamente la presencia del presidente y de todos los miembros del Consejo y el personal técnico que le acompaña a esta Comisión. Y, por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las once horas cuarenta minutos].