DS(P) nº 30/10 del 24/6/2020

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señorías, por favor, vayan tomando asiento, empezamos. Se reanuda la sesión. Por el señor secretario se procederá a dar lectura a la segunda moción del orden del día. [Murmullos]. Silencio, por favor.

M/000126

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Moción 126, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de turismo, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de nueve de junio de dos mil veinte, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 124, de veintitrés de junio de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de exposición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Martínez.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Buenos días a todas y a... y a todos. Venimos hoy aquí a presentar una... una moción, que viene derivada de la interpelación del pasado... del pasado Pleno, donde se puso de manifiesto la falta de capacidad de la Consejería de Cultura y Turismo para apostar por el turismo de nuestra Comunidad Autónoma. Y planteamos una moción con el primero de los puntos: mantener todos los compromisos presupuestarios con empresas, entidades locales, consorcios, en materia de turismo o relacionada con turismo, de la Consejería de Cultura y Turismo. Porque, si no se mantienen los compromisos presupuestarios, poco vamos a poder hacer.

Y luego hemos preparado otras 11 propuestas, divididas en cuatro bloques.

Un primer bloque económico, donde pedimos que se incremente la línea de ayudas existente para que ninguna empresa que lo solicite se quede fuera. Pedimos que se amplíe esa línea a todos los establecimientos, aunque tengan más de cinco empleados, y que se incluya otra línea nueva para todas las... todos los establecimientos y actividades relacionadas directamente con el... con el turismo. Pongamos el ejemplo: bares y restaurantes; empresas de transporte; alquiler de automóviles; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; gestión de salas de espectáculos; actividades de museos; gestión de lugares históricos; actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos; actividades recreativas y de entretenimiento. Todas las actividades relacionadas directamente con el turismo. Es decir, vamos a ayudar a todos los eslabones que hacen posible la cadena del turismo. Además, convocar una línea para que se puedan ir ayudando a los diferentes establecimientos en función de la desescalada, en función de cuando puedan... cuando puedan abrir. Otra línea, también en este primer bloque económico, es crear programas de turismo circular, como puede ser el Club de los... de los 60 o los viajes... los viajes educativos; turismo circular que pueda revitalizar el tejido empresarial del turismo de Castilla y León.

Un segundo bloque, fundamental ahora mismo para los viajeros que vienen a Castilla y León, que es la seguridad. La Junta de Castilla y León -ya lo hablamos en la interpelación- presentó un sello, y, lo que es fundamental, que ese sello tenga unas inspecciones para verificar las condiciones del... del sello. No podemos dejar que los turistas sean los que inspeccionen el sello; tienen que ser inspectores, funcionarios de la Junta de Castilla y León, para verificar que las condiciones sanitarias, las condiciones de seguridad se cumplen en ese... en ese sello.

Un tercer bloque, el bloque de la promoción, por lo que pedimos una campaña de promoción continua, en colaboración con todos los agentes del sector turístico y en colaboración con las entidades locales de la... de Castilla y León. Y que esta campaña de promoción esté gestionada de manera directa por la Consejería de Cultura y Turismo. ¿Por qué? Porque así es la propia Administración autonómica la que controla esa campaña de turismo y no lo deja en manos de la "administración b", la Fundación Siglo.

Y el último bloque, el cuarto bloque, la generación de más recursos turísticos en Castilla y León. Lo primero, extender el Programa de Apertura de Monumentos a los doce meses del año; creemos que el programa de monumentos, que ahora mismo únicamente se abren en los meses de verano, en julio y agosto, se debe extender a lo largo de los doce meses del año; además, ampliar el número de bienes visitables, dentro de ese Programa de Apertura de Monumentos. Dentro de ese programa de apertura, y para añadir más recursos turísticos a la oferta de Castilla y León, es fundamental que se abran las casas del parque de los parques naturales de Castilla y León. Tenemos un patrimonio, por un lado histórico y por otro lado natural, impresionante, y tiene que estar abierto para que los visitantes lo puedan ver los 365 días del año.

Y, por último, la creación de una red turística de talleres artesanales visitables en Castilla y León, con dos objetivos fundamentales: el primero, generar un nuevo recurso turístico, y, lo segundo, generar economía... economía circular alrededor de la artesanía y la creación de Castilla y León.

Esperemos que, ahora que ha llegado el... el consejero, podamos poner en marcha alguna de estas... de estas medidas. Sé que seguro habrá tenido alguna reunión importante para perderse el principio de la intervención, pero seguro que vamos a llegar a algún acuerdo para poner en marcha estas medidas, que benefician a todo el sector del turismo de Castilla y León. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Por el Grupo... por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación del Partido Vox, tiene la palabra el señor García-Conde del Castillo.

EL SEÑOR GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO:

Buenos días, señorías. Señor presidente. Nuestro... nuestro voto es favorable a esta moción, dado que entendemos que es fundamental apoyar a este sector, que ha sido uno de los más afectados por las medidas del Gobierno de la Nación. A la crisis sanitaria, que hubiera reducido su impacto de 40.000 muertes si se hubiera actuado con anticipación, se le une la crisis económica, fruto del abuso en el uso del estado de alarma, que ha paralizado el país, y, en consecuencia, el sector turístico. Sin embargo, discrepamos de los puntos 1 y 2, ya que entendemos que la apertura de monumentos y casas del parque tiene que estar adecuada a la existencia y el nivel de afluencia de turistas.

Tampoco consideramos que se deban limitar las inspecciones a los funcionarios de la Administración, como se indica en el punto 7, ya que podría no cumplirse con el plazo de un mes, solicitado en el punto 6, y no es razonable aumentar el número de funcionarios para estas labores, cuando se trata de actuaciones muy demandadas a corto plazo, pero con una demanda mucho más limitada en el futuro.

Por último, les agradecemos que insistan en la eliminación de la Fundación Siglo, punto con el que estamos completamente de acuerdo, aunque nos gustaría que, a su vez, nos apoyaran en la desaparición de otros muchos entes de la Administración paralela. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. A continuación, tiene la palabra, por el partido Por Ávila, el señor Pascual Muñoz.

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Como no tengo mucho tiempo, voy a concretar. Sabemos la importancia que tiene el turismo para nuestra Comunidad, más ahora, cuando parece que la gente apuesta, muy acertadamente, por el turismo rural. Los pequeños pueblos, siempre relacionados con el fenómeno de la despoblación, ahora entran en nuestros planes a la hora de pasar unos días de descanso.

Su moción, señoría, nos parece acertada, pero quizás echemos de menos el turismo rural, fomentar e incentivar el turismo verde, un revulsivo muy importante para nuestra región y del que podemos beneficiarnos.

La crisis sanitaria ha cambiado muchas cosas, y lo que antes eran debilidades ahora se pueden convertir en fortalezas, en seguridad. Este es el caso de la mayor parte de nuestras zonas rurales, por eso creo que tenemos que apostar por fomentar este tipo de turismo que, ya les digo, va a convertir, se va a convertir en algo habitual.

También me gustaría destacar la importancia de las ciudades patrimonio; en nuestra Comunidad tenemos a Ávila, a Salamanca, a Segovia. Poner el foco en esto revierte positivamente en Castilla y León, ya que el turista que acude a visitar estas ciudades después se puede interesar por el resto de provincias. Además, desde Europa se está apostando por el turismo cultural, y eso es algo de lo que podemos sacar partido en una Comunidad como la nuestra. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Continuando por el turno del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Santos Reyero, en representación de Unión del Pueblo Leonés.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Bien. Gracias, señoría. Gracias, presidente. Buenos días. Verán, me van a permitir que en numerosas ocasiones en los próximos días, y probablemente en el día de hoy, hagamos... o por lo menos vuelva la vista al acuerdo histórico que ustedes han firmado. Y digo que vuelva la vista porque creo que esta moción o esta proposición no de ley -bueno, en este caso es moción- viene un poco a concretar ese acuerdo vago que ustedes han firmado hace poco, y sobre todo a concretar aquellas cuestiones que realmente han quedado en el limbo del acuerdo histórico que firmó el señor Mañueco, ¿no?

Mire, hablan ustedes de formalizar la ejecución en su totalidad y conforme a su destino, y hablan de que la importancia de que, por ejemplo, la Fundación Siglo, los entes dependientes, cedan sus competencias a la Dirección General, y lo hacen en ese punto 11. Claro, hubiera sido interesante probablemente, en el punto 40 de ese acuerdo, haber controlado también esas cuestiones y sobre todo haber intentado buscar la posibilidad de que determinadas fundaciones opacas, como el caso de la Fundación Siglo, desaparecieran.

Pero mire, entrando directamente en lo que ustedes proponen, saben que nosotros siempre hemos estado de acuerdo en prácticamente todos los puntos que ustedes plantean, ¿no? Nos parece que a estas alturas, después de una crisis sanitaria y después de una situación en la que probablemente el sector turístico de interior tenga una posible posibilidad de fortaleza, nos parece importante que ahora mismo se esté hablando de promoción.

Nos parece también muy importante que, sobre todo, aquel patrimonio natural que tenemos y que disponemos en esta Comunidad Autónoma, llena de parques regionales y... y figuras de especial protección y lleno de reservas de la biosfera, aunque nadie quiere atenderlas ni nadie quiere protegerlas, nos parece fundamental fortalecer ese... ese núcleo y sobre todo intentar conseguir que nuestros visitantes, o que los visitantes, lleguen a nuestro rico patrimonio.

Por lo tanto, vamos a apoyar absolutamente toda la moción. Lo único que les vamos a pedir es que concreten absolutamente todo a partir de ahora y que, sobre todo, la Junta, como usted decía en su interpelación, comience a funcionar o comience a hacer algo por proteger nuestro turismo; sería importante y sería interesante.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Señor Santos Reyero, se ha dejado la mascarilla en el... Un momento, un momento, por favor, por favor. Cuando retire la mascarilla lo vuelven a limpiar. [Risas]. Gracias. Para fijar posición, en representación... [murmullos] ... (Silencio). ... en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señor presidente. Esperemos que no nos olvidemos la mascarilla, vamos a ver. En primer lugar... en primer lugar, decir que el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector turístico es claro y totalmente comprometido; yo creo que lo hemos dicho desde el minuto cero, porque es así, ¿eh? Supone más del 11 % del PIB, del PIB de Castilla y León, y, desde luego, tenemos que seguir aumentando uno de los recursos que está todavía por ampliar, por llegar. Y porque, además, tenemos un gran patrimonio, como hemos dicho muchísimas veces, histórico, natural, artístico, en fin, gastronómico, envidiable; y en eso estamos todos de acuerdo, desde las trufas de Soria, en fin, al cochinillo de Segovia, al lechazo de Aranda y a... y a tantas y tantas cuestiones.

Pero está claro que este tipo de moción, sinceramente, a veces no la entendemos. Acabamos de firmar un pacto, ¿eh?, entre todos los grupos parlamentarios para que esta Comunidad empiece a funcionar, y parece ser que pactamos, pero luego seguimos con lo mismo. Es curioso, mire, le voy a dar una cita -igual a usted le suena- de John William Cooke, que era un peronista, ¿verdad?, del Partido Justicialista de Argentina, que decía que los pactos políticos entre facciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes. Hombre, yo creo que aquí mala fe nunca ha habido, ni espero que la haya. Es decir, y los pactos claro que son convenientes. Si es que la gente nos está demandando que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos, porque es que la situación es tan grave, ¿eh?, que es la que es, y, desde luego, no podemos obviar otra cuestión diferente.

En primer lugar, hemos estado hablando, como sabe, el Partido Popular, Partido Ciudadanos y Socialista, y agradecer que nos ha aceptado tres enmiendas, que voy a relatar antes que se nos pase el tiempo: la número 3, sobre el punto 6 y el punto 8.

La número 3, relativa a incrementar las subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 para que ninguna empresa se quede sin la ayuda, en la medida en la que permitan las condiciones presupuestarias. Claro, me decía: partidas concretas. Ya sabe que hay más de 2,4 millones de euros que están ahora mismo presupuestados para ello. A la actualidad, más o menos se han comprometido las ayudas, ya, un millón cuatro... un millón y medio. Estamos en el camino de dar todo este tipo de subvenciones. Y le puedo asegurar que, en la medida de lo posible, si hubiera necesidad de incrementar, también se va a hacer.

En el punto 6 -se decía el famoso sello de confianza-: realizar un seguimiento necesario para verificar las condiciones de los establecimientos turísticos que hayan solicitado y obtenido el sello de confianza, en el plazo de un mes desde su obtención. Y es que estamos totalmente de acuerdo que tienen que seguir, tienen que estar nuestros inspectores pendientes de que realmente esta calidad que hacemos gala en Castilla y León sea la correcta, y, además, siempre siempre mejoremos, siempre nuestros visitantes estén contentos. Y, desde luego, esa confianza genere que cada vez vengan más visitantes a Castilla y León. Somos de los primeros, vamos a ser el primero, iba a decir. Ya sé que no tenemos playas, y decía mi abuelo que ni falta que hace, pero, bueno, tenemos otras cosas muy importantes, que seguramente que nos gusta a algunos bastante más.

Y el punto 8: estudiar la posibilidad de incluir en un criterio de más valoración las condiciones generales del Programa de Viajes para Personas Mayores del Club de los 60 aquellos servicios turísticos que estén en consonancia con la filosofía de la economía circular. Ya hemos hablado larga y tendidamente sobre el club de los 60, que sabe que es de una competencia de la Consejería de Familia, pero que, desde luego, estamos totalmente intercomunicados para que esto sea una realidad cada vez más evidente, que tengan ese carácter cultural y educativo; que yo creo que estamos todos de acuerdo.

Por eso, vamos a pedir por separado el... puntos 1, 2, 4, 5, 11 y 12, que, lógicamente y lamentablemente, no podemos votar a favor. Y luego, por otra parte, los puntos 3, 6, 8, 9 y 10, que sí que vamos a votar, una vez aceptadas a favor esas enmiendas. Y es que, sinceramente, los puntos 9 y 10 son claros en mantener todos los compromisos presupuestarios, así se lo hemos dicho, sobre todo en lo tocante a los consorcios, empresas, entidades locales, etcétera. Porque el turismo, vuelvo a decir, nos comprometimos con él, estamos plenamente convencidos de que es una de las piezas fundamentales que hay en Castilla y León, así como de mantener esa campaña de promoción continua. Sinceramente, estamos siempre en ello. Ahora, yo creo que la COVID parece que se nos olvida que ha estado ahí, y lamentablemente está, con esos rebrotes que estamos... no será porque nuestra consejera de Sanidad nos lo recuerda continuamente. Y, desde luego, las campañas son para lo que son. Y esperemos que a partir de ahora, como así parece, este verano, y sucesivamente, pues los visitantes se animen y vengan cada vez más.

Pero, mire, hay una cosa que sí que me gustaría decirle: en el Gobierno de la Nación tampoco este famoso acuerdo incluye ayudas directas, ¿eh? Son estos caballos de batalla que el Partido Socialista, y estamos anunciando, como sabe usted, en Europa ese gran pacto también por el turismo. Y esperemos que haya dinero contante y sonante, entre todos lo consigamos. Porque en Europa, a veces se nos olvida, todos los grupos somos necesarios, todos. Y tenemos que dar una imagen de unidad de este país, que estamos muy afectados por el COVID-19, y, desde luego, pues alejarnos de cuestiones disparatadas, a veces demagógicas, que no lo entendemos. Yo creo que si estamos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señor Delgado, tiene que terminar.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... -estamos todos a favor, en este caso, del compromiso con el turismo-, estémoslo siempre, con contundencia y con unidad. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

¿Me deja la enmienda, por favor? Perdón, señor Delgado, ¿me deja...? Gracias. Para un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Ortega Gómez.

LA SEÑORA ORTEGA GÓMEZ:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Mire, de verdad que hay momentos en los que este grupo parlamentario tiene la sensación de que hemos finiquitado la convivencia con el virus, que ya está la vacuna funcionando, que estamos todos protegidos y tranquilos, y me temo que no es así. Y bajo la premisa esa de que seguimos conviviendo con el virus, debemos enfrentar determinadas acciones, que bien planteaba aquí el señor Hernández, cara a la promoción y al apoyo al sector turístico y a la promoción turística, pero yo creo que desde una realidad.

Le voy a hacer referencia, lo mismo que ha hecho mi compañero de Ciudadanos, al reciente pacto que se ha firmado entre casi todos los grupos de esta Cámara. Es verdad que necesita articularse esos dos puntos, concretarse, pero eso es un trabajo que debemos hacer ahora de forma progresiva y consensuada entre todos, sobre todo en los que tenemos la implicación directa en esas materias.

Mire, respecto de las subvenciones a las que... un bloque en el que usted hacía referencia, hablaba de que lleguen las subvenciones pues a todos, a todo el sector y a todos los relacionados con el turismo. Mire, se ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2021 precisamente para adaptarlo a nuevos objetivos, condicionados por la actual crisis sanitaria -eso lo saben ustedes igual que yo-, agrupándoles en... en los grandes objetivos estratégicos y en el desarrollo de políticas que sea necesario implementar.

Hombre, mire, hoy llueve, había tormenta. Agua cae, billetes de 500 yo no he visto caer ninguno. Sé, me van a decir ustedes, que el famoso impuesto de transmisiones y sucesiones. Bueno, como el pacto ya recoge cuál es la postura y hemos llegado a un punto de acuerdo, vamos a obviarlo, vamos a apartarlo, vamos a dejarlo.

Pero, mire, en esa línea de subvenciones, yo, convencida de que la... el mensaje del Gobierno y su enfoque en el nuevo plan de impulso para el sector turístico es muy interesante, lo miraba. Y lo primero que he mirado es la respuesta del sector hotelero. Llega tarde y es corto, ¿eh? Entonces, bueno, pues he tenido la paciencia de leérmelo. Y a pesar de que tiene líneas de ayuda, la inmensa mayoría de ellas (más de 2.500.000) destinados a préstamos, ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho, al margen de que prácticamente todo se basa en recualificaciones, actualizaciones, la brecha digital, la reutilización del agua... Pero les voy a leer un párrafo que realmente, si el Gobierno nacional tiene ese concepto, porque viene alentado un poco por el ministro Garzón, en esta Comunidad lo tenemos muy crudo, porque tenemos que hacerles cambiar de idea: "La menor formación, escasa experiencia y alta temporalidad en la hostelería hará que los trabajadores del sector sean los más afectados por la crisis, dada la limitada intensidad de uso de tareas relacionadas con las TIC, la escritura, lectura y habilidades numéricas. Por ello, existe una urgente necesidad de orientación individualizada como parte de las políticas activas de empleo y la formación especializada". Supongo que sea a través de la Fundación Fundae, esta... la fundación estatal, otra fundación. No sé si será una "caja b".

Mire, no... no me voy a molestar en repasar... [aplausos] ... ni en perder un solo minuto nuevamente con la Fundación Siglo, de verdad. Ustedes la manosean, la cuestionan, hacen acusaciones continuamente, y son ustedes los que ya con el tratamiento a la Fundación Siglo huelen a naftalina.

Y, mire, para finalizar, porque no quiero alargarme más, ese programa del que todos nos sentimos orgullosos, el de apertura de monumentos, ese que el consejero el cuatro de febrero se comprometió a seguir ampliando, y a seguir incluso ampliando en la formación de las personas que abren esos monumentos, y a llegar a acuerdos con los titulares de los monumentos para sacarlos adelante, este año ha pasado de 37 días a 54, teniendo en cuenta que de esos días se elimina la Semana Santa, que hemos estado todos confinados. Vamos, yo creo que es importante. Milagros, la vecina de al lado, se lo digo de verdad.

Pero, mire, ese programa, susceptible de crecer, nace en el dos mil cuatro, un programa de apertura de monumentos como elemento dinamizador del turismo y acercamiento a la cultura de la Comunidad a todos los ciudadanos y a los visitantes. Ya sé que lo saben y lo tienen grabado a fuego. Es verdad, era el Partido Popular el que gobernaba ya entonces en esta Comunidad y sigue gobernando en esta Comunidad.

Mire, desde luego, lo más importante son campañas de promoción, pero lo más importante para el sector turístico es que todos seamos conscientes de que hay dos cosas importantes: una, la divulgación y promoción de nuestra riqueza patrimonial y turística, porque es el pilar fundamental; que en... en los sectores del turismo necesitan que los ERTE se prorroguen, y, a día de hoy, salvo que cambie y se llegue a un acuerdo, el día uno de julio se acaban. Y yo, desde luego, creo que eso es el objetivo final. Pero, de verdad, quiero agradecer la buena disposición del Partido Socialista para aceptar algunas de las enmiendas propuestas y confío en que podamos seguir trabajando de forma positiva. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Gracias. Para... para cerrar el debate y fijar la posición definitiva, tiene la palabra el señor Hernández Martínez.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidente. Voy a ir por... por orden, ¿no? Agradecer el apoyo al... al Grupo Mixto, de las... de las medidas. Es verdad que... que Vox no me ha quedado muy claro qué... qué hace, como siempre. No sé. Pero, bueno. Le agradezco el... el apoyo y... y le agradezco también a... a la UPL, ¿no?, que apoye este... este pacto porque lo... lo que es bueno para Castilla es bueno para León, o sea, que lo que es bueno es para toda la Comunidad.

Y miren, y miren, yo, la verdad que, después de escuchar a Ciudadanos y al PP... Usted, señor Delgado, hacía una cita, ¿no? Yo me dan ganas de citar a Labordeta, porque hemos llegado a un acuerdo, y es que lo que dan ganas de subirse aquí y romper el acuerdo. [Aplausos]. Romper el acuerdo. ¿Se acuerdan...? Se acuerdan de la frase de Labordeta, ¿no? Pues es lo que dan ganas escuchándoles a... a PP y a Ciudadanos.

Mire, y le ha traicionado el subconsciente, señor Delgado, ha dicho que gracias al pacto vamos a empezar a funcionar. Es que esta Comunidad Autónoma ha estado parada 33 años... [aplausos] ... 33 años, señor Delgado, 33 años.

¿Sabe lo que... sabe lo que hay que hacer -y se lo hemos dicho muchas veces al señor Ortega-? Que se siente con el consejero de Economía y Hacienda y apuesten en presupuesto por la cultura y el turismo de Castilla y León. [Aplausos]. Porque, sin presupuesto, imposible poner en marcha medidas, imposible. Y mire, yo, escuchando también a la... a la portavoz del... del Partido Popular, yo lo que no sé es si el pacto este es por la reconstrucción de Castilla y León o para cerrar las Cortes de Castilla y León, porque parece que no se puede hacer ninguna propuesta en esta Cámara. [Aplausos].

Miren, vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir trabajando con lealtad para los ciudadanos de Castilla y de León, con lealtad hacia ellos. Pero que usted me hable de caja b... Ustedes tienen mucha experiencia en la caja b... [aplausos] ... que han sido condenados por la caja b; ustedes tienen mucha experiencia.

Mire, me podrían decir... tanto ha hablado del Gobierno, ¿me puede decir, los trabajadores del sector del turismo de Castilla y León, de quién han recibido dinero, del Gobierno de España o de la Junta de Castilla y León? Del Gobierno de España, porque la Junta de Castilla y León no ha pagado un duro... [aplausos] ... no ha pagado un duro, no han pagado un duro. Y que venga aquí, y que venga aquí a hacerme un análisis del plan de turismo... Pues mire, más vale que el... que el consejero Ortega empezara a trabajar y empezara a impulsar el turismo de Castilla y León, porque esa precariedad del sector, le recuerdo que igual también viene de la reforma laboral del Partido Popular; a ver si aquí es todo culpa del Gobierno de España. Hemos venido a hablar de Castilla y León y usted se ha dedicado a hablar del Gobierno de España. Pero, dígame, ¿cuántas empresas del sector turístico han cobrado en Castilla y León por parte de la Junta de Castilla y León? Se lo digo yo, igual que trabajadores, cero. [Aplausos]. Cero. Cero.

Tranquilícense, tranquilícese. Es que parece que pueden subir aquí... yo he subido con un tono conciliador a presentar las propuestas, y ustedes no sé si han subido aquí a romper el acuerdo que habíamos firmado. Pero es verdad, y lo... y hay que reconocerlo, que ayer la propia Consejería se empeñó en llegar a acuerdos y impulsar las líneas, y hay que agradecer a la Consejería que ayer personalmente se implicara para intentar llegar a un acuerdo, aunque parece que ahora no sé si es la Consejería la que intenta llegar a acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Ciudadanos... Estoy un poco confundido, porque parece que llegamos a un acuerdo con la Consejería y lo quieren romper aquí Ciudadanos y el PP. No sé a qué juegan ustedes.

Pero miren, yo creo que lo importante es apostar por el sector turístico de Castilla y León, y mire, le voy a aceptar la enmienda al punto 3 -existe el compromiso de la Consejería de ampliar las ayudas si se llegan a agotar, por lo tanto, le acepto la enmienda del punto 3-, le acepto la enmienda del punto 6 y la enmienda del punto... del punto 8.

Y vamos a... vamos a votar por separado. Un bloque la 1, la 2, la 4, la 5, la 11 y la 12; y el resto en otro... en otro bloque.

Esperando que cumplan lo que hoy acordamos en esta... en esta moción, ya les digo que el Grupo Parlamentario Socialista va a estar vigilante para que se cumpla este... este acuerdo, porque venimos aquí a controlar, a impulsar la acción del Gobierno, por mucho que haya un pacto o no haya un pacto. Vamos a seguir haciendo nuestra función, porque, si no, disolvemos la Cámara y nos centramos en el pacto. Así que muchas gracias, y esperemos que siga avanzando el sector turístico con estas medidas. [Aplausos].

Votaciones mociones

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Señorías, procedemos ahora a votar las mociones que han sido debatidas. Les ruego a todos los procuradores que mantengan la mano en alto hasta que se diga que se termina la votación para que se puedan recontar correctamente todos los votos.

M/000047

En primer lugar, votamos, en los términos fijados por su proponente, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la política general en materia de conciliación de vida laboral y familiar, consecuencia de la interpelación formulada por dicho grupo parlamentario. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta y uno. A favor: treinta y ocho. En contra: cuarenta y dos. Una abstención. Por lo tanto, queda rechazada la moción. [Murmullos]. Señorías, por favor...

M/000126

En segundo lugar, votamos, en los términos fijados por su proponente, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la política general en materia de turismo, consecuencia de la interpelación formulada por dicho grupo parlamentario.

En primer lugar, votamos los puntos 3, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Votos a favor? Gracias. Han salido ochenta y un votos a favor. Por lo tanto... Son los votos emitidos totales; por lo tanto, quedan aprobados estos puntos.

A continuación, votamos los puntos 1, 2, 4, 5, 11 y 12. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. Votos emitidos: ochenta y uno. A favor: cuarenta. En contra: cuarenta y uno. En consecuencia, quedan rechazada estos puntos.

Por el señor secretario se procederá a dar lectura al cuarto punto del orden del día.

Proposiciones No de Ley

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Cuarto punto del orden del día: Proposiciones No de Ley.

PNL/000545

Proposición No de Ley 545, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar a la Junta para que inste al Gobierno a que adopte las medidas que se solicitan en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 100, de treinta de abril de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de presentación de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor... ¿me habían dicho que Puente Alcaraz? Sí, Puente Alcaraz.

EL SEÑOR PUENTE ALCARAZ:

Gracias, señor presidente. Señorías, la interrupción voluntaria del embarazo está regulada por el Estado a través de la Ley Orgánica 2/2010, de tres de marzo, y desarrollada a través de dos Reales Decretos del mismo año, el 825 y el 831. A partir de esa legislación, la interrupción voluntaria del embarazo se convierte en una de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Y, por lo tanto, es obligación de los poderes públicos, en su caso las Comunidades Autónomas, garantizar cuanto proceda el acceso de las mujeres a ella en condiciones de igualdad.

Sin embargo, diez años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el servicio público de salud de Castilla y León no ofrece este servicio en su red de hospitales. Y, en su lugar, remite a las mujeres que lo requieren a centros clínicos privados, uno de ellos fuera de nuestra Comunidad.

Antes de nada, cabe recordar que la educación afectivo-sexual que contempla el fomento de relaciones de respeto, la prevención del embarazo no deseado, así como de enfermedades de transmisión sexual para niños y adolescentes, también es una prestación incluida en la cartera de servicios de Atención Primaria de nuestra Comunidad.

Aun así, la casuística de embarazo no deseado es muy heterogénea y afecta a todas las edades y a mujeres de todos los niveles formativos y condición social. Por ello se hace necesario desarrollar en su plenitud la ley orgánica, porque, tal y como dice su preámbulo, la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. Es por ello que los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones.

La deficiente aplicación de esta ley orgánica en nuestra Castilla y León no solo interfiere, sino que complica, hace más difícil la decisión e incluso penaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en nuestra Comunidad. En primer lugar, porque la Junta de Castilla y León obliga a las mujeres que requieren la intervención a salir de la red pública y también viajar a otra provincia, e incluso a otra Comunidad. Y, en segundo lugar, porque la Junta de Castilla y León limita el acceso de las mujeres a una interrupción del embarazo farmacológica.

El tratamiento farmacológico permite, por razones médicas, su uso hasta al menos la novena semana, ofrece mayorías... mayores garantías, tanto para la intimidad de las pacientes como clínicas, puesto que evita los traumas del legrado y las complicaciones del posoperatorio. Sin embargo, dicho tratamiento solo se oferta actualmente en el Hospital de Miranda.

Es decir, las castellanas y leonesas que deseen interrumpir su embarazo solo pueden acudir a uno de los tres centros clínicos privados concertados y solo pueden elegir el tratamiento instrumental o quirúrgico. Están condenadas a desplazarse por sus medios a cientos de kilómetros y a sufrir un posoperatorio in itinere, de regreso a casa.

Por otro lado, externalizar este servicio mediante la firma de convenios y contratos genera unos costes innecesarios. Por poner un ejemplo, el concierto del Hospital de Burgos con una clínica privada de Valladolid tiene un coste para la sanidad pública que se puede llegar a elevar hasta 300.000 euros en función de los casos atendidos. Mantener el servicio en estas condiciones solo puede ser entendido como una forma de resistencia ideológica y de insumisión al ordenamiento legal, impropia de una Administración pública, que tiene la responsabilidad y la obligación de ofrecer una cartera básica de servicios sanitarios en condiciones de igualdad. Es incomprensible, por tanto, que Sacyl no haya garantizado a estas alturas su prestación en centros públicos.

Nuestro marco legal es garantista, y por ello el Artículo 19.2 de esta ley orgánica reconoce el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario, siempre y cuando sea manifestado por escrito, de forma anticipada y de manera individual. Por ello, y con el objetivo de poder organizar adecuadamente este servicio sanitario en todos los hospitales públicos, es preciso que haya un registro actualizado de los profesionales objetores.

Por último, y para garantizar que el desarrollo de la ley orgánica y los reales decretos mencionados puedan implantarse con homogeneidad, es preciso que la Consejería establezca un criterio unificado, mediante protocolo clínico-administrativo, a fin de resolver las peculiaridades en el tratamiento informático de los casos atendidos, para que los datos de las pacientes sean codificados y separados de los datos de carácter clínico asistencial relacionados con esta interrupción de su embarazo.

Por todo lo anteriormente expuesto, y para asegurar el cumplimiento de la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que fija el Real Decreto 831, de veinticinco de junio, y el 825, proponemos la siguiente PNL: "Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de la Junta de Castilla y León a:

Primero. Reforzar la educación afectivo-sexual de niños y niñas y jóvenes sobre el fomento de relaciones de respeto, la prevención del embarazo no deseado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Dos. Que se mantengan y potencien, donde sea necesario, los servicios de planificación familiar y se establezca para jóvenes la gratuidad de métodos anticonceptivos.

Tres. Incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl, garantizando su aplicación en todos los casos contemplados en la ley orgánica.

Cuatro. Tomar las medidas pertinentes para la creación de los registros de objetores y objetoras de conciencia en los centros hospitalarios donde no los haya, y se mantengan actualizados en todos ellos, para garantizar así este derecho a los profesionales de la salud que lo expresen de manera individual, anticipada y por escrito, tal y como dicta el Artículo 19.2 de la Ley.

Y cinco. Por último, que se desarrollen plenamente los órganos y procedimientos necesarios para garantizar la calidad asistencial durante todo el proceso, según lo dispuesto en el Real Decreto 825 y en el Decreto 831, de veinticinco de junio. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. A esta PNL se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con número de Registro 6107, complementada por el escrito con número de Registro 6116. Tiene la palabra la señora Sanz Gilmartín.

LA SEÑORA SANZ GILMARTÍN:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quiero empezar recordando que hay debates que la sociedad española ya tiene superado, o debería de tenerlo superado, ya que en este hemiciclo se ha escuchado no hace mucho opiniones propias del siglo pasado. Si hay algo que tenemos claro desde mi grupo parlamentario es que con la Ley de... de dos mil diez se da seguridad a las mujeres y a los profesionales, asegurando sus derechos, y se llegó a un consenso con una ley de plazos. Quizás ese... ese consenso no se percibe entre algunos grupos parlamentarios, pero sí se da en la sociedad española y en la castellanoleonesa.

Hay que respetar el derecho de las mujeres para que puedan desarrollar su maternidad y puedan decidir su gestación con libertad. Hay que respetar la interrupción voluntaria del embarazo y saber que es un servicio que se garantiza en todos los casos que contempla la ley en nuestra Comunidad Autónoma, respetando siempre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

En el momento en el que una mujer decide no seguir adelante con su embarazo no es nada fácil, es una decisión que conlleva una situación muy compleja, y debe de hacerla frente. Por lo tanto, coincido con usted, señor Puente, que se debe de hacer todo lo posible para que se facilite ese derecho y se ofrezcan las mejores opciones. La educación afectivo-sexual debe seguir siendo una apuesta clara dentro de nuestras políticas, así como la formación sobre las posibilidades anticonceptivas. Y debemos ser conscientes de que la idea es que este tipo de situaciones nunca lleguen a producirse, y poner toda nuestra atención en los mecanismos de prevención.

Dentro de Atención Primaria se contempla la información y orientación sobre la anticoncepción, realizando, en función del método, el seguimiento protocolizado de los mismos. No nos podemos olvidar de que no se deja de informar sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, y que se recomienda el uso de preservativos.

Hay que insistir en que la educación afectivo-sexual debe de seguirse impartiendo dentro de nuestros jóvenes. Creo que es necesario la creación de registros de objetores de conciencia y la actualización de los mismos, garantizando el derecho de los profesionales. Debemos ser conscientes de que legislamos para toda la población, no solo para los que piensan igual que nosotros. Esta es la realidad a la que no debemos dar la espalda. Si no hemos conseguido que interioricen la responsabilidad que supone la sexualidad, creo que no habremos logrado nada. Para solucionarlo hay que poner medidas tanto antes como cuando se produce el embarazo. Nosotros debemos ser responsables y no actuar con ojos sesgados, ojos que juzgan u ojos que califican y cosifican. Nosotros legislamos para poner en orden la realidad existente, dar respuesta a los problemas y dar derechos a quienes les reclaman. No venimos a imponer nuestras ideas a quienes no piensan como nosotros, sino a defender a todos y cada uno de los castellanos y leoneses, prevaleciendo las ideas de votos... de todos y conviviendo en paz y armonía, con las diferencias de creencias e ideologías, siempre dentro del paraguas del respeto.

Esta semana pasada, como ya se viene diciendo en este hemiciclo, se ha firmado un pacto en esta Comunidad por la que la mayoría de los grupos aquí presentes estaban de acuerdo en que fuera una demostración de esta paz y esta armonía. Espero que siga así, a pesar de que algunas veces en este hemiciclo parece que no es así.

Hoy estoy segura que con esta PNL podremos llegar a un acuerdo. Para eso les recuerdo las enmiendas que hemos presentado. Es sobre... en el punto 2 y 3, que quedarían de la siguiente manera: "Que se mantengan potencien donde sea necesario, los servicios de planificación familiar y se establezca la gratuidad de métodos anticonceptivos para personas con menos recursos". Y el punto tercero: "Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos contemplados en la Ley Orgánica 2/2010, de tres de marzo, de salud sexual, reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, respetando siempre el derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación del Partido Vox, tiene la palabra el señor García-Conde del Castillo.

EL SEÑOR GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO:

Buenos días. Como todos conocen, Vox es un decidido defensor del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Para nosotros, lo que la ley llama interrupción voluntaria del embarazo no es más que un eufemismo que esconde la terminación deliberada de la vida por medios quirúrgicos o farmacológicos que deberían quedar al margen de la sanidad pública.

En Castilla y León la mayoría de los abortos se realizan mediante conciertos con la sanidad privada, porque existe la posibilidad legal de la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios. No se puede obligar a nadie a actuar ni a tomar iniciativas en contra de sus valores y convicciones. Además, sabemos que la gran mayoría de estos profesionales no está de acuerdo en participar en estas intervenciones. Sin embargo, nos preocupa que no se guarden las medidas de confidencialidad en los registros de objetores y se acaben filtrando y solo sirvan para estigmatizar a muchos profesionales.

Las propuestas de Vox en esta materia se resumen en tres principios: información, ayudas y alternativas.

Solicitamos que la Consejería de Sanidad fomente la natalidad a través de la ayuda a las mujeres embarazadas, asegurando que reciben de forma neutral toda la información a la que tienen derecho, tanto en lo referente a su embarazo como en lo relativo a las alternativas al aborto, ofreciendo a la mujer toda la ayuda necesaria y velando siempre por el bien de la mujer y de su hijo.

Solicitamos la implementación de un protocolo de atención a adolescentes embarazadas, con el fin de hacer seguimiento y control de su embarazo de acuerdo a las especiales características de este sector de la población.

Por otro lado, consideramos necesario implementar un protocolo de atención a familias que esperan un hijo con malformaciones o anomalías graves, proporcionándoles el acompañamiento que sea necesario por profesionales sociosanitarios. Para nosotros todas las vidas son igual de dignas.

Finalmente, en lo referente a la educación afectivo-sexual de los menores y la gratuidad de los medios de prevención de los embarazos, en Vox consideramos que este tipo de cuestiones, al afectar al ámbito de los propios valores y convicciones, pertenecen a la esfera familiar y a la educación que debe darse a los hijos por parte de sus progenitores o tutores legales, o en quien ellos deleguen expresamente. Por todo lo expresado, nuestro voto es contrario a la aprobación de esta PNL. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación de Podemos-Equo, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues decía la señora Sanz que hay debates que están superados, pero está claro que, con lo que acabamos de escuchar, pues no hay debates que están superados. [Aplausos]. Por desgracia para las feministas, hay luchas que no van a acabar nunca, llevamos así 50 años en este país. En todo caso, hay que hablar de lo que aquí se viene a debatir. Durante el confinamiento, en mi provincia [la oradora muestra un documento], 56 mujeres ejercieron el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, entre el dieciséis de marzo y el treinta y uno de mayo. No en su hospital de referencia, no en su provincia, en un momento en el que no se podía salir de casa. A eso es lo que ha... lo que ha abocado el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos a las mujeres de esta Comunidad, a una movilidad obligada, con o sin estado de alarma, para... para ejercer su derecho. Y quiero recalcar que es un derecho de todas las mujeres, logrado, como digo, después de 50 años de lucha en este país.

Por tanto, desde el año dos mil diez -y esto tiene que quedar así de claro-, el Partido Popular, y desde el último año Ciudadanos, están negando el derecho a las mujeres de interrumpir su embarazo en los hospitales públicos de esta Comunidad. Así que una mujer burgalesa que, por ejemplo, tiene que interrumpir su embarazo se tiene que venir a Valladolid; una mujer abulense se tiene que ir a Madrid, no lo puede hacer ni siquiera en su Comunidad Autónoma. Por eso hoy aquí se reivindica que se haga con medios propios, con personal propio y sin necesidad de desplazarse a otras provincias y Comunidades.

Esta ley, que en su Artículo 19 prevé, textualmente, que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, es verdad que añade posteriormente: excepcionalmente podrá hacerse en otros centros si el servicio público no pudiera prestarlo. Pues en la excepcionalidad llevamos 10 años en esta Comunidad Autónoma. ¿Y saben con qué argumentos se saltaba el Partido Popular, y se salta ahora Ciudadanos, este derecho de las mujeres? Pues miren, según su argumentario, es porque todos los sanitarios que podrían ejercer este servicio son objetores de conciencia. Pero aquí tengo una respuesta escrita de la Consejería de Sanidad, de febrero de dos mil veinte, en que dice que el número de profesionales que se declaran en objeción de conciencia asciende a 437, conforme a la última actualización, que es de junio del año dos mil diez. Justo este mes se cumplen diez años de ese registro de los objetores de conciencia -lo dice la propia Consejería de Sanidad-. Hombre, si en diez años no ha actualizado usted el número de objetores de conciencia, creo que no están... no pueden poner este argumento encima de la mesa.

Consideramos que esto sería más eficiente, sería más barato -quiero recordar que solo en el primer trimestre del año dos mil diecinueve se gastaron 236.000 euros en externalizar este servicio-, más íntimo, más confidencial para las mujeres que ejercen su derecho. Y vuelvo a insistir en la idea de que es un derecho, aunque haya partidos políticos que sigan negando a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestra maternidad y sobre nuestros cuerpos. Desde luego, a las feministas nos van a seguir teniendo enfrente 50 años atrás y 50 años después. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vázquez Ramos.

EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:

Gracias, presidente. Señorías, la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra regulada en nuestro país por la Ley Orgánica 2/2010, de salud reproductiva y sexual, que modificó la regulación penal del aborto para establecer un sistema de plazos con asesoramiento previo. Como ustedes conocen, el Partido Popular recurrió ocho preceptos de la ley ante el Tribunal Constitucional en dos mil diez, e, inexplicablemente, diez años después aún no existe sentencia del más alto tribunal. Una década después, el inusitado interés de algún grupo en traer a esta Cámara temas de los que a diario habla la sociedad española hace que hoy debatamos una iniciativa de escasa actualidad, sobre salud sexual, reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, en cinco puntos.

Sobre el primero, el cuarto y el quinto nada tenemos que decir, pues recogen casi textualmente aspectos contemplados en dicha ley y en los decretos que así la desarrollan, como son la educación afectivo-sexual en condición de respeto, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados, los registros de profesionales objetores y los comités clínicos que regulan este procedimiento.

En cuanto al segundo punto, consideramos que la planificación familiar es una prestación que debe estar enmarcada dentro de la cartera de servicios de Atención Primaria, tanto más que todos los grupos que estamos en esta Cámara tenemos el acuerdo en potenciar este nivel asistencial. Por otra parte, creemos que la juventud no debe ser la causa que determine la gratuidad en el acceso a los métodos anticonceptivos, sino la escasez de recursos económicos.

En cuanto al punto en el que piden la incorporación de la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de los hospitales de nuestra Comunidad, es preciso indicar que esta prestación ya está incorporada, pues se trata de una prestación común en el Sistema Nacional de Salud. Para garantizar el cumplimiento de los plazos contemplados en la Ley Orgánica 2/2010 es imprescindible contar con un número de profesionales suficientes para completar la totalidad del proceso, desde el principio al final; profesionales que, por supuesto, no hayan expresado su derecho de objeción de conciencia, siendo este el único hecho que condiciona la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos de Castilla y León. Esta no es una situación exclusiva de Castilla y León. En nuestra Comunidad, como aquí se ha dicho, hay un hospital de la red en el que se realiza esta prestación, pero, por ejemplo, en Extremadura, en Aragón y en Castilla-La Mancha no hay ningún hospital público en el que se realicen estas prestaciones.

Señorías, la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en todos los centros donde hay profesionales suficientes que no han manifestado su objeción a realizarla. No estamos, por tanto, ante una cuestión meramente ideológica, sino ante la dificultad de conjugar, por un lado, el respeto al derecho a la objeción de conciencia, con la obligación que impone la ley de atender a una prestación reconocida en la cartera básica de servicios; con el condicionante de que, por su propia naturaleza, se deba realizar esta prestación en una franja temporal muy limitada. No podemos olvidar que la objeción de conciencia permite desobedecer el mandato de una autoridad legítima si este es contrario a un imperativo de conciencia, la cual, como única instancia de la... de la moralidad de un individuo, demanda un comportamiento radicalmente contrario al prescrito por la autoridad. Señorías, tanto el Código de Deontología Médica como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como nuestra propia Constitución, en su Artículo 16, recogen el derecho a la objeción de conciencia, una realidad jurídica que, por otra parte, ha sido profusamente analizada por la jurisprudencia constitucional.

Por lo tanto, llama enormemente la atención que en el punto 3 de su iniciativa no hagan mención al respeto de la objeción de conciencia de los profesionales a realizar la interrupción voluntaria del embarazo en nuestros hospitales. Aunque esta omisión no es novedosa, pues creo que no es necesario recordar que el Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual, Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo no contemplaba la objeción de conciencia de los profesionales, y que tuvo que ser un dictamen del Consejo de Estado quien indicara al Gobierno de Zapatero la necesidad de reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios ante esta ley.

En Castilla y León, alrededor de 2.500 mujeres cada año deciden interrumpir su embarazo dentro del marco de esta ley; y aunque este número es bajo comparado con otras Comunidades, no deja de suponer 2.500 decisiones trágicas. Debemos trabajar para que ninguna mujer decida interrumpir su embarazo por presiones sociales o por falta de medios económicos. Por eso debemos de incidir en la prevención del... del embarazo no deseado, al tiempo que apostamos por políticas de apoyo a la natalidad.

El Partido Popular siempre ha respetado las leyes, las que le gustan y las que no les gustan, e incluso aquellas que están sometidas todavía al amparo del Tribunal Constitucional y que, diez años después, no han recibido una sentencia. Y ese respecto a... ese respeto a las leyes vigentes nos lleva a aprobar... a apoyar los puntos 1, 4, y 5 de su iniciativa y a apoyar la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos, que, de no ser aprobada, le pediríamos la votación separada de los puntos 1, 4 y 5. Nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Puente Alcaraz.

EL SEÑOR PUENTE ALCARAZ:

Gracias, señor presidente. Señorías, en dos mil diecisiete el número de mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León ascendió a 2.531. De ellas, tan solo 79 lo hicieron por medios farmacológicos, apenas un 3,1 %. Hasta la octava o novena semana de embarazo, el uso de un antagonista de receptor de... de progesterona, combinado con una prostaglandina administrada por vía oral, permite una interrupción del embarazo segura y sin riesgos quirúrgicos; no requiere hospitalización, permite que la mujer se empodere al poder tomar parte en su tratamiento sin tener que implicar en su decisión a terceras personas, más allá de sus especialistas en ginecología, tiene efectos secundarios leves y la eficacia es superior al 95 %.

Por otro lado, la intervención quirúrgica, por todas conocida o intuida, es dolorosa, requiere ingreso, aunque sea ambulatorio, implica acompañantes y mayor número de profesionales sanitarios, porque la... por lo que la mujer depende de más personas para su resolución. En Castilla y León, además, obliga a la... a la interesada a proveerse por sus medios de la logista del... de la logística del traslado a la clínica. [El orador muestra un gráfico]. Este gráfico deja muy claro que para una palentina le supone recorrer más de 500 kilómetros, desplazándose a veces a Madrid; que una leonesa tenga que ir a Salamanca; esto es un cruce de mujeres por toda la Comunidad Autónoma buscando que se les practique una interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema de actualidad, señor Vázquez, no es un tema ya superado. [Aplausos].

Esta locura tiene que terminar. Y les traigo a esta Cámara la reflexión sobre el tratamiento farmacológico porque hay una relación directa entre la elección entre una y otra tecnología médica y la participación del sector público en su aplicación. A mayor participación del sector privado, mayor número de intervenciones quirúrgicas; y, por otro lado, cuando las interrupciones se producen en el sector público es más probable que se opte por la farmacológica. El sector público parece que aplica con más frecuencia el principio de primum non nocere, lo primero es no hacer daño. A nuestras mujeres se lo estamos haciendo innecesariamente.

No todas las interrupciones pueden resolverse con tratamiento farmacológico, es cierto, pero también es cierto que en Castilla y León estamos en los últimos puestos en el uso de esta técnica. Una técnica en aumento constante (en España ha pasado en diez años del 4 % al 18,5), aunque con unas diferencias territoriales abismales, eso sí; Baleares un 65,3 se hace por métodos farmacológicos; Galicia, un 30 %; nosotros, un 3,1.

Tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar estos porcentajes, pero si incluyéramos la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales y unidades de atención a la mujer del Sacyl, estamos convencidos que recuperaríamos terreno perdido de manera acelerada; tan pronto le ofreciéramos a las mujeres esta opción, es fácil comprender que sería la vía elegida y se podría dejar únicamente para los casos que así lo requirieran el tratamiento quirúrgico.

Señorías, la Ley 2/2010 es clara. En el Artículo 19, como ha dicho Laura Domínguez, se dice literalmente que "la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma". Si excepcionalmente no pudiera facilitar en tiempo la prestación, se reconocerá el derecho a acudir a cualquier centro acreditado. En Castilla y León vivimos en estado de excepcionalidad desde hace diez años; es el momento de corregir este despropósito.

Por lo tanto, señor Vázquez, este tema es de actualidad, e intentar esconder a las mujeres y expulsarles de nuestra provincia, y de nuestra Comunidad incluso, ¿eh?, no le quita para nada actualidad, sino más bien todo lo contrario.

Ya no hay excusa, señorías. No hay excusa terapéutica, porque con esta PNL que aquí traemos demostramos que aumentaría la seguridad de la mujer. No cabe excusa ideológica; claro que sí, señora Martín, lo tenemos muy claro, para nosotros no hay dudas, para otros grupos parece ser que sí. No hay excusa presupuestaria: acabamos de demostrar que disminuiría la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo este servicio. No hay excusa logística: la accesibilidad de las mujeres aumentaría enormemente al servicio.

Señor Vázquez, el problema de la objeción de conciencia no es que se garantice o no -lo dice la ley-, el problema es cómo se aplica. Se suele aplicar y proponer de manera colectiva, y me atrevo a decir que torticera, es decir, se da por objetor por defecto a todo aquel profesional que no se ofrece activamente a participar en el procedimiento clínico. Esto pervierte el derecho a la objeción de conciencia. Hay que insistir en que el pronunciamiento debe ser por escrito y de manera individual; de otra manera, lo que de facto se consigue es bloquear la ley, es decir, estaríamos en una situación de "acato, pero no cumplo", propio de sociedades de frontera, y no de la nuestra.

Señora Sanz Martín, no me escamotee usted el punto central de esta PNL. A sus propuestas de modificación yo le propongo una transaccional en el punto 3, que quedaría redactada de la siguiente manera: "Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos contemplados en la Ley Orgánica 2/2010, de tres de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl, respetando siempre, como no puede ser de otra manera, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". Si nos acepta esta transaccional, votaríamos en conjunto la PNL; si no, habría que... nos apartaríamos de votarlo por separado.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

No le he entendido si acepta la votación por separado de los puntos.

EL SEÑOR PUENTE ALCARAZ:

Si se acepta la transaccional, se haría votación única. No hace... no haría falta, tendríamos un texto común para todos y podríamos votarla en conjunto. Si se acepta esta transaccional, que aparezca esta frase de todos los centros públicos... centros hospitalarios públicos del Sacyl. Si se acepta la transaccional, el texto quedaría, pues como lo ha planteado Ciudadanos y Partido Popular.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias.

EL SEÑOR PUENTE ALCARAZ:

Con ese añadido. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir, dado que se ha planteado una transacción? Señora Sanz Gilmartín, un momento. Solo... no empezamos el debate, sino solo y exclusivamente para saber si acepta la transacción.

LA SEÑORA SANZ GILMARTÍN:

Sí. Como esta Consejería apuesta por la libertad real de la mujer, aceptamos. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. ¿Señor Vázquez?

EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:

Gracias, presidente. Nosotros aceptamos también el que se incluya el término "en todos los hospitales públicos", porque ya realmente es en todos los hospitales públicos donde se está la cartera de servicios.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias, señor Vázquez. Por lo tanto, se votará completa. Gracias. [Aplausos]. Por el señor secretario se dará lectura a la segunda proposición no de ley del orden del día.

PNL/000547

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Proposición No de Ley 547, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que requiera al Gobierno para que de forma progresiva incremente la Oferta de Empleo Público para la cobertura de puestos de funcionarios de Administración local con habilitación nacional y para que modifique la normativa autonómica sobre provisión temporal de dichos funcionarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 100, de treinta de abril de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Peregrina Molina.

EL SEÑOR PEREGRINA MOLINA:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Traemos a este Pleno una proposición no de ley que espero cuente con el consenso de todos los grupos por la importancia y trascendencia que tiene para el buen funcionamiento de todos nuestros ayuntamientos, y en especial para aquellos más pequeños.

Como ya saben, la Ley 7/1985, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, consagra como funciones necesarias en todas las corporaciones locales, y reservadas a funcionarios de Administración con habilitación de carácter nacional, las funciones de secretaría, intervención y tesorería.

Posteriormente, la Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reguló un nuevo régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional con la finalidad de garantizar la profesionalidad y eficacia de las funciones de control interno de las entidades locales.

Pese a disponer de una nueva normativa que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, en Castilla y León, por las características de su planta municipal, definida por la existencia de numerosos municipios y entidades locales menores, la mayoría de ellas... de ellos con escasa población, la situación de falta de cobertura de los puestos reservados es un hecho evidente y preocupante en todas las provincias de la Comunidad Autónoma y se agrava especialmente en determinadas provincias y zonas de la Comunidad. Así se ha constatado en las diversas reuniones mantenidas desde la Junta de Castilla y León con las diputaciones provinciales de la Comunidad, e incluso reuniones con otras Comunidades con similares características, como es el caso de Castilla-La Mancha.

Los ayuntamientos de nuestros municipios, especialmente los más pequeños, en numerosas ocasiones tienen graves dificultades para la provisión de los puestos reservados a estos funcionarios, encontrándose en situaciones de falta de cobertura de estos puestos reservados, que dificultan el funcionamiento ordinario de estas corporaciones locales en cuestiones tan importantes como la fe pública, el asesoramiento legal, el control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación.

Esta situación de movilidad y transitoriedad en el ejercicio de las funciones causa grave perjuicio en el funcionamiento ordinario de la actividad municipal, implicando una parálisis de su actividad política y de gestión administrativa, como ya he apuntado, pero, además, dificulta enormemente el cumplimiento de las obligaciones de las entidades locales con el resto de Administraciones (todo el tema de rendición de cuentas, de remisión presupuestaria, de información fiscal, entre otras), todo lo cual repercute directamente en los servicios públicos y en la atención a los vecinos de estos municipios.

Remarcar la importancia de las funciones de los habilitados nacionales, principalmente los de clase tercera (me refiero a la Secretaría Intervención), que en la mayoría de las ocasiones son el único funcionario del ayuntamiento, siendo, por tanto, su labor fundamental para el funcionamiento municipal.

El Gobierno de España tiene que ser consciente de las grandes necesidades de cobertura de estos puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional en Castilla y León, de las graves consecuencias en el funcionamiento de la Administración local y el quebranto de la actividad municipal que provoca esta situación.

Y así se ha dado traslado al Ministerio en las diferentes reuniones que desde la Junta de Castilla y León se han mantenido con el Ministerio; en concreto, el día veintiséis de febrero se reunió el director general de Administración Local con la directora de Función Pública del Gobierno de España, y el nueve de marzo, el propio consejero de Presidencia, junto con el director general de Administración Local, se reunieron con la ministra de Política Territorial y Función Pública y su equipo.

Y en estas reuniones se ha dado... se ha trasladado que es preciso que en los próximos años se complementen las medidas normativas ya dictadas con un incremento significativo de las ofertas de empleo público de estos puestos reservados -especialmente, como decía, los de clase tercera- que permita reducir progresivamente la temporalidad de los nombramientos (existe una alta tasa de interinidad y acumulaciones) y dar estabilidad a la actividad política y al funcionamiento de los municipios en su gestión ordinaria. Desde el propio Ministerio se ha tomado nota de la demanda trasladada, y así se deduce de la comparecencia de la... de la ministra en la Comisión de Entidades Locales del Senado el pasado día dieciocho de junio.

Por otro lado, a la vista de la situación descrita en relación con la cobertura de estos puestos de trabajo, se hace preciso que la Junta de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias en esta materia, actualice la normativa que regula en la Comunidad Autónoma el régimen jurídico de provisión temporal de los habilitados de carácter nacional que desempeñan las funciones de Secretaría e Intervención de nuestras corporaciones locales, agilizando al máximo los procedimientos que garanticen la cobertura de esos puestos y mejorando con ello el servicio público a los vecinos.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, presentamos la siguiente propuesta de resolución, que dice así:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Primero. Requerir al Gobierno de España que incremente de forma progresiva la Oferta de Empleo Público para la cobertura de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de clase tercera, de forma que al final de legislatura al menos la mitad de los puestos de la Comunidad Autónoma con esta clasificación tengan una cobertura con carácter definitiva.

Y dos. Que proceda a modificar la normativa autonómica que regula la provisión temporal de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que desempeña las funciones de secretaría e intervención en nuestras corporaciones locales, para agilizar los procedimientos de cobertura de sus puestos".

Esta es la propuesta de resolución, que espero cuente con el voto favorable de todos los grupos. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor Peregrina Molina. Para un turno por parte del Grupo Mixto, y para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, señor vicepresidente. Bien, señorías, a nadie se le escapa el papel importante... a nadie que conozca la Administración, la Administración local, se le escapa el papel tan importante que tienen los secretarios interventores, ¿no? Ya no todas aquellas cuestiones que ha referido el portavoz del Partido Popular sobre la fe pública, sobre... sobre todos los controles legales, que, bueno, pues que de alguna forma obligan a que aquellos ayuntamientos que no cuentan con secretarios paralicen muchos de sus procedimientos legales, y sobre todo debiliten los controles legales también que tienen que tener, ¿no?

El déficit de habilitados nacionales no es de ahora, se viene arrastrando ya desde hace años, porque el Gobierno central, que es el responsable de convocar las plazas, lo hace con cuentagotas y de manera insuficiente para atender la demanda de todos los ayuntamientos, no solo de esta Comunidad, sino de todo el país.

Desde dos mil once hubo una congelación de tasas de reposición del empleo público que afectó de lleno a los habilitados nacionales. En este caso concreto, entre dos mil siete y dos mil trece las competencias para la selección de estos puestos de trabajo fueron también transferidas a las Comunidades Autónomas, lo que ha sido un auténtico fracaso y no ha solucionado para nada el problema.

De este modo, muchas entidades locales de esta Comunidad Autónoma se enfrentan cíclicamente al bloqueo de su burocracia y de sus gestiones cuando causa baja por enfermedad o jubilación el secretario o el interventor titular o existe procesos de movilidad en busca de mejores destinos, lo cual también, por otra parte, es perfectamente lógico y entendible.

Esta situación en este país se verá agravada aún más teniendo en cuenta que la media de edad de la Función Pública es muy alta, lo que incrementará el problema ante la imposibilidad de una cobertura de vacantes ya de por sí insuficiente. Es decir, estamos o tenemos... estamos al amparo o cerca de un mayor problema, es decir, cuando se produzcan todas las jubilaciones, que lógicamente van a llegar en los próximos años, no vamos a tener todavía un problema... vamos a tener todavía un problema mucho mayor por no ser capaces de cubrir esas vacantes.

Ante los problemas para que estos cargos sean cubiertos por funcionarios de habilitación nacional seleccionados por la Administración del Estado, los alcaldes piden auxilio a la Administración autonómica y a la provincial, que, con un esfuerzo extraordinario, recurre a distintas fórmulas para cubrir estos puestos y que no quede ningún ayuntamiento desasistido: nombramientos interinos, nombramientos accidentales de funcionarios del propio ayuntamiento, comisiones de servicios o nombramientos por acumulación. El problema surge por el vacío que se crea en el ayuntamiento desde que se produce la baja del titular, ya sea secretario o interventor, hasta el nombramiento del interino. La duración del proceso selectivo, lo normal, es de dos meses, un tiempo durante el cual se produce una parálisis de la Administración importante, como ya hemos referido, porque no se puede realizar, por ejemplo, pagos en el caso de los interventores, ni hay el asesoramiento legal preceptivo en el caso de los secretarios.

La falta de secretario, ya lo hemos dicho, paraliza los ayuntamientos, pero sobre todo paraliza aquellos ayuntamientos menores de 5.000, aquellos que todavía necesitan más ese asesoramiento legal. Y estamos en una Comunidad Autónoma compuesto por dos regiones, la leonesa y la de Castilla, donde la mayoría de los municipios menores de cincuenta y... de 5.000 habitantes suman alrededor de los 2.188, y que solo cuentan con el 55 % de los puestos de secretarios-interventores habilitados nacionales, y una provisionalidad del 40 % debido a la ausencia de ofertas públicas de empleo.

Miren, ni siquiera voy a recordar una proposición no de ley que nosotros presentamos en su momento y que vino a agrandar este problema o a crear todavía mayor... mayor problema, que fue la ley del señor Montoro, cuando también obligaba a esos mismos secretarios a que también ejercieran su actividad en todas las entidades locales menores. ¿Qué creaba ese problema? Ahora existe una solución provisional, es provisional, todavía tampoco tenemos la definitiva. Es verdad que algo hemos conseguido, pero ese problema todavía agravaba más ese déficit de profesionales, porque obligaba a las más de 3.000 entidades locales menores de este país, y sobre todo a las más de 1.200 que existen en León, a que tuvieran también un habilitado nacional, lo que realmente agravaba aún más este problema.

Yo simplemente les voy a poner un ejemplo, y vamos a coger la montaña oriental de Riaño, y vamos a coger los nueve municipios que conforman la montaña oriental de Riaño. No existe nada más que -en esos nueve ayuntamientos y una mancomunidad- que un habilitado nacional, que un secretario-interventor con oposición. Todos los demás son interinos, que suelen cambiar cada dos meses, lo cual produce una indefensión a todos esos ayuntamientos que, al final, agrava ya los problemas de por sí que tienen esos ayuntamientos pequeños, que a veces no tienen los suficientes recursos para desarrollar su labor.

Por lo tanto, miren, nosotros vamos a aprobar esta... esta proposición no de ley que ustedes presentan. Primero, porque creemos que el... el Gobierno debe convocar con mayor celeridad las plazas que deben de cubrirse. Y también porque ustedes introducen esa modificación, esa modificación de la ley autonómica para agilizar el proceso. Hombre, yo espero que ustedes sean consecuentes con lo que piden, porque, claro, bueno, no está el... no está el consejero de Presidencia, pero es verdad también que se le puede exigir, aún más con esta legislación, también mayor celeridad de la que está mostrando su Consejería.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Negrete Santamaría.

LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:

Gracias. Buenos días, señorías. Desde mi grupo parlamentario, Ciudadanos, como no podría ser de otro modo, compartimos la postura encaminada a un incremento de la oferta del empleo público. Una... una postura que no solo vamos a defender hoy en estas Cortes, sino que estamos reclamándolo también a lo largo de las Comunidades Autónomas de nuestro país. Y esto es porque somos muy conscientes que a través... y a través de mi intervención así quiero recalcarlo, que somos una Comunidad muy dispersa, donde de 2.188 municipios, 2.248, es decir, el 97 % de ellos, sufren dificultades a la hora de cubrir los puestos reservados a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Hablamos así de un porcentaje tan elevado de vacantes que genera una sensación de abandono en el funcionamiento y también en la gestión ordinaria de nuestra Administración local, que trae como consecuencia una inquietud e incertidumbre, especialmente en el ámbito rural, agravado más aún si cabe con las jubilaciones que están previstas para los próximos años.

Esta falta de cobertura deriva de la falta de ofertas de empleo público, que es competencia y responsabilidad de la Administración del Estado y que trae como consecuencia que nuestros ayuntamientos recurran a procesos de interinidad para cubrirlos. Unos procesos de interinidad que traen consigo dos problemas que son obvios: por un lado, la lentitud de los procesos y, por otro, la falta de cualificación en las personas que se contratan.

Por todo ello, el grave prejuicio en el funcionamiento ordinario de la actividad municipal, sumado al enorme desafío demográfico que debemos afrontar como... como Comunidad, hace que requiramos sin más demora al Gobierno central a que se comprometa con la publicación de ofertas de empleo público. Una oferta de empleo público que no implica para la Administración general del Estado ningún gasto en personal, ya que, como todos sabemos, este está retribuido por las entidades locales, y que, por si fuera poco, además el coste del mismo es independiente a qué puesto sea ocupado por funcionario de carrera o por un interino.

En definitiva, señorías, no hay excusas para que el Gobierno central pueda ampararse por no incrementar de forma progresiva esta oferta de empleo público que hoy estamos reclamando. Desde nuestro grupo queremos, además, remarcar que estos puestos se cubran con personas elegidas, como siempre venimos haciendo, por criterios de igualdad, capacidad y mérito. Unas bases que mi grupo siempre ha defendido y que esperamos que si se cumple con ello la eficiencia y la calidad en estos puestos estará así muy asegurada.

En relación al segundo punto de la propuesta de resolución presentada hoy por el Grupo Popular, sobre la modificación de normativa autonómica reguladora de la provisión temporal de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, creemos que esta modificación que se solicita no tiene otro fin que el de adaptar las necesidades de la Comunidad, y en concreto las necesidades de personal, a un marco normativo muy adecuado.

Muchas veces solo existe un funcionario que desempeñe las funciones de Secretaría-Intervención en los pequeños ayuntamientos de nuestra Comunidad, de forma que las necesidades de los vecinos quedan olvidadas, por lo que, desde nuestro grupo, apostaremos por la reestructuración de los puestos de secretario a nuestros municipios de menor tamaño, para conseguir así una mejor asignación y distribución de los recursos humanos. Para la existencia de una favorable política territorial debe existir cooperación, una buena comunicación y también coordinación, pero, eso sí, vista desde una doble perspectiva: por un lado, debemos atender a la autonomía competencial, y, por otro lado, no podemos olvidarnos de la necesitaria... la necesaria cooperación institucional.

El dieciocho de junio, como ya se ha dicho, la ministra de Política Territorial y Función Pública ya mostró su deseo de una modificación normativa de esta Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, así como por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, leyes que se alejan de la cooperación y la colaboración deseada entre instituciones y, por ende, de la coexistencia de una autonomía competencial. Por eso, esperamos que las palabras de la ministra no se queden en unas meras intenciones, sino que de verdad esta vez se materialicen en este cambio de la normativa actual, y así, de una vez, fijar la población en todos los territorios de la Comunidad, mejorando así el interés público de los vecinos y pudiendo garantizar, como no tiene que ser de otra forma, las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señora Negrete Santamaría. Ahora, para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Barcones Sanz.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Gracias, vicepresidente. El Partido Popular nos trae hoy una iniciativa de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Yo creo que en una Comunidad como la nuestra es de recibo empezar reivindicando la figura, como bien se ha dicho esta mañana, de los que muchas veces son el único funcionario que sustenta muchas de nuestras múltiples entidades locales. Desde luego, una profesión, un cuerpo, al que yo pertenezco, que cada día se ha puesto más difícil, y cada día se ha puesto más difícil gracias a los Gobiernos del Partido Popular. Creo que Montoro ha sido el ministro más dañino, desde que tenemos democracia, para nuestra autonomía local y también para un colectivo que ha sufrido con dureza, desde luego, las normas de un partido, de un ministro, que... que no entendía lo local y lo cercano.

Y lo que me sigue sorprendiendo es ver lo calladito que ha estado el Partido Popular de Castilla y León mientras se sucedían normas que iban claramente en perjuicio de nuestra tierra y de nuestras entidades locales; por citar alguna, la famosa "ley Montoro", Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. Lo decía desde la UPL... Claro, es que oírles hoy, esta mañana, a ustedes, cuando han estado calladitos mientras los secretarios-interventores hemos tenido que asumir las funciones de Secretaría, las de Intervención... pero de repente aparecieron las de Tesorería, y pasamos a ser como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como: con la izquierda disponemos de los fondos y con la derecha nos fiscalizamos a nosotros mismos. Desde luego que solo a alguien que no cree en... en lo local se le podría haber ocurrido semejante cosa.

También con las entidades locales menores y el perjuicio que provocaron conseguimos parcialmente solventarlo -sigue pendiente toda la reforma de la Administración local, toda esa nueva normativa de nuestros pequeños municipios-, con un Gobierno de España que ahora sí cree en lo local, que ahora sí cree en nuestra tierra y que ya está trabajando para poner en marcha toda esta normativa que necesitamos.

Pero, claro, me hacía gracia cuando... cuando decían, refiriéndose al... al Reglamento, al Real Decreto 128/2018, en el que se dice que para garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones reservadas, ¿saben lo que se les ocurrió? Pues decir que cualquier titulado que pueda acceder a un Grupo A1 se puede presentar a secretario-interventor, porque lo que se quiere es reforzar la profesionalidad. Entonces, ahora, tenemos secretarios-interventores que son químicos, ingenieros... Fíjense, yo soy secretaria-interventora, pero no, no, hacer canales, puertos no sé; química, tampoco, tampoco sé. Eso es lo que ustedes, lo que el Partido Popular valora y respeta a los secretarios-interventores, a mi colectivo.

Y esa es la labor que ustedes han hecho. Asumir cada vez más funciones, normas claramente en contra de la Administración local, y todo el mundo vale para ser secretario-interventor. Ese es el respeto que ustedes tienen, da igual a lo que uno se dedique.

Me ha sorprendido -o quizás ya no- oír a la representante de Ciudadanos. Es que yo, cuanto más les oigo, más miedo me da, más miedo me dan. Claro, porque usted hablaba e intentaba... la reestructuración de puestos, con la ordenación del territorio... Y mire, brevemente, ustedes han hecho un anteproyecto, ustedes consigo mismo, quitando las mayorías -bueno, estas cosas que ustedes saben tan bien hacer-, pero no tocan el Artículo 55. En el Artículo 55, cuando se hablan de las agrupaciones, el COSITAL (el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros) nos remitió a todos los partidos políticos [la oradora muestra un documento] solicitando que se bajara a 500 habitantes y 500.000 euros de presupuesto. ¿Y sabe lo que decía? "Pretender lo contrario puede llevar a la constitución de entes territoriales inabarcables, con diferencias estructurales irreconciliables que harían imposible su gestión mancomunada". Esto es lo que dice el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, al que ustedes tampoco ni han debido de escuchar.

Para acabar, yo le voy a hacer in voce dos... dos enmiendas. La primera, porque en el primer punto nosotros estamos completamente de acuerdo en requerir al Gobierno de España que se saquen más plazas. Pero, fíjense, ustedes dicen que "de forma que al final de la legislatura, al menos la mitad de los puestos de la Comunidad Autónoma con esta clasificación tengan cobertura con carácter definitiva". Yo no sé si, por desconocimiento o mala fe, ustedes no saben que somos habilitados estatales, concursamos para toda España; en función a cómo se ofrezcan las plazas y a las condiciones, la gente irá a un sitio o a otro. Por lo tanto, yo no sé si poner "nos gustaría", "desearíamos que se cubran las plazas en Castilla y León", pero lo otro es pedir imposibles. Yo creo que este Parlamento debe de ser serio y cuando presentamos iniciativas también deben de serlo. Por lo tanto, la primera enmienda que le hago.

La segunda, que se proceda a modificar la normativa. Pues sí, ya es hora, desde dos mil cinco llevamos con una norma que no resuelve problemas. Fíjese, no conozco a ningún compañero interino que haya entrado a trabajar mediante la bolsa de la Junta; y tampoco conozco a ningún ayuntamiento que haya cubierto la plaza, su vacante, por la bolsa de la Junta.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señora Barcones, tiene que ir finalizando.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

(Sí, sí, acabo). Por lo tanto, llevan 15 años haciéndolo mal. Me alegra que reconozcan lo muy incapaces que son de gestionar, pero, desde la perspectiva positiva, avancemos en hacer las cosas bien. Y aquí la enmienda que le hago es "que proceda a modificar la normativa autonómica que regula la provisión temporal de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional que desempeñan las funciones de Secretaría e Intervención en nuestras corporaciones locales, de forma consensuada con los representantes de las entidades locales y con el COSITAL (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros) para agilizar los procedimientos de cobertura de sus puestos". Desde luego que hay que acabar con 15 años de mala gestión, de ineficacia, y hay que hacerlo con todos los sectores implicados, como son las entidades locales y es el colegio oficial -que, por cierto, el de Castilla y León es de los pocos que también admiten a los compañeros que son interinos-.

Muchas gracias. Y me alegra que empiecen a reconocer lo mal que lo hacen. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señora Barcones Sanz. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Peregrina Molina.

EL SEÑOR PEREGRINA MOLINA:

Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Bien, voy a empezar por el principio. Agradecer al Grupo Mixto el apoyo que ha lanzado a esta proposición no de ley. Bueno, hablaba de que los interinos cambian cada dos meses. Bueno, yo no es mi caso. Llevo 25 años de interino en la misma plaza. Pero bueno, en cualquier caso, le agradezco su... su posición, al igual que al Grupo Ciudadanos.

En relación con la intervención de la señora Barcones como portavoz del Partido Socialista, bien, ha tenido una intervención -entiendo yo- bastante dura, con un tono, como viene siendo habitual en los portavoces del Partido Socialista, de una gran superioridad moral frente a los demás. Y... y bueno, entonces, decirle también que, mire, la "ley Montoro" estará mal, pero siguen gobernando con un Presupuesto aprobado por el señor Montoro, Presupuesto de dos mil dieciocho. [Aplausos].

Pero, en cualquier caso, habla de que aquí un ingeniero de canales y puertos puede ser secretario; pues sí, porque existe la igualdad, el mérito y la capacidad, y, si supera las pruebas necesarias, ¿por qué no puede ser un buen secretario, aunque sea un ingeniero? [Aplausos]. Pero le voy más allá, porque es que además hay una igualdad de acceso para los grupos A1. Pero ahora ustedes gobiernan; si tan mal les parece la ley de Montoro, la Ley 27/2013, deróguenla, cámbienla. ¿A qué esperan? Presenten una PNL instando al Gobierno de España de que cambie esa... esa ley.

Pero bueno, mire, le había... había llegado a intentar acceder a su petición y le iba a aceptar la segunda enmienda, pero, como le decía, debido a ese tono, a lo mal que lo hacemos, a lo incapaces que somos gestionando, a que no somos capaces de presentar iniciativas series... serias, pues mire, no se la voy a aceptar, la segunda.

La primera no se la iba a aceptar tampoco porque, oiga, se pueden cubrir las plazas si se trabaja, si se destina tiempo y si se hace un plan integral para poder llevar a cabo el cubrirse la totalidad de las plazas, que son muchas, pero bueno, pues poniendo trabajo, dedicación y haciendo ese plan integral, como le decía, se podría... se podría conseguir.

Mire, su propia ministra, en la comparecencia de... de la Comisión de Entidades Locales del Senado, el pasado día dieciocho de... de junio, decía textualmente que el problema con los habilitados nacionales es el déficit para ocupar las plazas, sobre todo en territorios con mayor despoblación. Y hablaba que desde el año dos mil trece se han autorizado por oferta de empleo público un total de 2.469 plazas, de las que 1.549 son de acceso libre; si bien no se han cubierto todas las plazas ofertadas, han sido poco más del 60. Y en la última convocatoria solo se cubrieron el 30 % de las plazas. Y, como decía también el portavoz del Grupo Mixto, el grave problema también es que en los próximos años prácticamente la mitad de la plantilla se jubilará, porque el 50 % de la plantilla tiene más de cincuenta y cinco años. Esos datos en Castilla y León, como decía la portavoz de Ciudadanos, efectivamente, es que hay 2.188 municipios de menos de 5.000 habitantes, con lo cual se tienen que aprovisionar con los secretarios de tercera (Secretaría Intervención).

Y la falta... y ahí la Junta ha estado siempre apoyando a los pueblos, apoyando las selecciones de interinidades. Efectivamente, puede ser que la bolsa no haya funcionado todo lo bien que tenía que haber funcionado, pero también es que somos los propios alcaldes los que buscamos una forma más rápida, que son las interinidades. Y ahí, bueno, pues se hacen las pruebas selectivas, se valoran los méritos y, bueno, la Junta hace el... el nombramiento correspondiente. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, pues que muchas veces los procesos son lentos, y en algunos... no voy a decir que sea la generalidad, pero algunas veces puede haber algo de falta de cualificación.

Pero, en cualquier caso -y lo señalaba también la portavoz de Ciudadanos-, las retribuciones las pagan los propios ayuntamientos, con lo cual, el que desde el Ministerio se haga un plan ambicioso para cubrir las plazas no le genera en su presupuesto ni un céntimo de gasto, como no sea, bueno, el pagar a los tribunales.

Sabe usted como yo que en los concursos ordinarios unitarios no... no se piden las plazas, y menos de los pueblos más pequeños o más alejados de los núcleos urbanos más grandes. Pero, en cualquier caso, la propuesta de resolución de esta proposición no de ley está apoyada por la Comisión de Titulares de Alcaldía y presidentes... y Presidencias de la Diputación, que el pasado veinte de mayo adoptaron un acuerdo exactamente con lo mismo que se propone hoy aquí en esta PNL. Y, que yo sepa, hay algún presidente de diputación y bastantes alcaldes que son del mismo grupo político que el suyo y accedieron y firmaron de buen grado este... el documento en esta Comisión, para ponernos a trabajar todos para sacar adelante el que... la agilidad, y sobre todo la rapidez en los nombramientos, e intentar sobre todo la estabilidad en estos puestos de trabajo... en estos puestos de trabajo, que es un puesto de trabajo, pero que también defienden la seguridad y el funcionamiento de los ayuntamientos, porque, como bien señalaba usted -y yo creo que es de lo único que estoy de acuerdo-, es que en la mayoría de las ocasiones somos el único funcionario, el único trabajador del ayuntamiento, y nos toca hacer de todo o de casi todo.

Así que, agradeciendo a los que puedan apoyar esta proposición no de ley, muchas gracias. Y ya está. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor Peregrina Molina. Por parte del señor secretario se procederá a dar lectura a la tercera proposición no de ley del orden del día.

PNL/000635

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Proposición No de Ley 635, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León para que inmediatamente inicie los trámites legislativos correspondientes para la recepción en la normativa castellano y leonesa de los Bussines Improvement Districts (-por cierto, mal escrito, "bussines", y en el original ponía "districtis"-; o sea, distritos de promoción económica), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 124, de veintitrés de junio de dos mil veinte.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor secretario. Luego asistiremos a una clase de inglés por parte suya. [Risas]. Para presentar esa proposición no de ley, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Montero Carrasco.

LA SEÑORA MONTERO CARRASCO:

Gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señorías. Hoy vamos a hablar sobre el comercio, sector que en muchas ocasiones es olvidado por la sociedad y por las Administraciones públicas. Nos deberíamos plantear si la inversión que realizamos en este sector es acorde al PIB que genera (el 13 %, concretamente); si el apoyo que se le brinda a un sector que supone cerca del 15 % del empleo total de la Comunidad es suficiente. Castilla y León cuenta en total con 29.592 establecimientos comerciales. La mayoría de las empresas comerciales tienen menos de 2 trabajadores. El empleo que genera es empleo de calidad, donde la temporalidad es muy escasa. Hablamos de un sector formado esencialmente por empresas pequeñas, y sobre todo muy pequeñas, muchas de ellas familiares.

Ser comerciante siempre fue una gran profesión, porque, señorías, si ustedes se paran a pensar, ¿qué es lo que mantiene nuestras ciudades vivas? La actividad empresarial y comercial. ¿Qué es lo que ilumina nuestras calles? Los escaparates de nuestras tiendas. ¿Qué es lo que genera nada más y nada menos que 94.364 puestos de trabajo en Castilla y León? El comercio. De los 94.364, 41.126 son trabajadores por cuenta propia. Estos datos pertenecen al recuento realizado el pasado mes de mayo, en plena pandemia. En el mes de febrero los datos eran superiores, habiendo 99.000 trabajadores en total y 41.503 trabajadores por cuenta propia. Desgraciadamente, ya hemos notado cómo la COVID-19 ha destruido empleo en tan solo unos meses. Debemos frenar esta curva.

41.126 autónomos. Pues bien, los autónomos somos una especie en peligro de extinción, y es que, siempre que hay una crisis, los que pagamos los platos rotos somos los autónomos. Si a la crisis de dos mil ocho, de la que muchos comercios no se recuperaron, le añadimos la gran competencia surgida por la aparición de los centros comerciales en las periferias urbanas y la venta on-line, en las últimas décadas, el estado en el que se encontraba el pequeño comercio minorista ya era crítico.

Pues bien, por si fuera poco, en febrero de este año nos surge una pandemia que obliga a nuestros comerciantes que no venden productos de primera necesidad a cerrar durante prácticamente 3 meses. ¿Se pueden imaginar lo que supone 3 meses con cero ingresos y mismos gastos? Si no son capaces de imaginárselo, ya se lo cuento yo: incertidumbre, noches en vela, ansiedad, frustración, miedo... y, lo peor de todo, algunos no han vuelto a levantar la trapa de su negocio. Seguro que han visto muchos carteles como este [la oradora muestra una imagen]. Si se han dado un paseo por las ciudades de nuestra Comunidad, habrán visto muchos carteles de "Se alquila", por desgracia. Las calles de nuestras ciudades y pueblos cada vez tienen más locales vacíos: proyectos frustrados, ilusiones rotas. Se ha tocado fondo, por lo que estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano para ayudar a un sector tan perjudicado.

Es por ello que hoy aquí les traemos, desde nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos, esta PNL, para fomentar que las zonas comerciales de nuestras ciudades y pueblos se reactiven. Como ustedes bien saben, la legislación, en cuanto a materia de comercio se refiere, es competencia autonómica, por lo que es nuestra obligación mejorar o flexibilizar la regulación existente para incorporar nuevos sistemas que mejorarán la actividad empresarial de nuestra Comunidad. Los BID -siglas que significan, de su traducción del inglés, distrito de mejora de negocios- son una herramienta con la que se comenzó a trabajar hace décadas. En otros países, tanto en Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York ya se cuenta con 72 BID. Y si cruzamos el Atlántico, en nuestro continente, países como Reino Unido, Holanda o Alemania ya los tienen instaurados. En el primer caso, más de 300, y en Alemania ya hay en proceso la creación de 100.

En nuestro país aún no existe ninguno, pero sí se está avanzando en este aspecto en Comunidades como Navarra, Aragón o la Comunidad Valenciana. ¿Y qué es un BID? Pues bien, les leo textualmente: "Organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios públicos complementarios dentro de un área geográfica determinada, gracias a la generación de ingresos anuales provenientes del pago de contribuciones de manera obligatoria por parte de los propietarios de los locales y empresarios". Quiero aclarar la parte que pueda preocupar a nuestros empresarios y comerciantes en estos momentos, como es lógico, que es que, si alguno nos está viendo, le podría chirriar la palabra "contribución", y no quiero que nadie se preocupe.

Al crear el BID, todos los propietarios de locales que se encuentran dentro de esa zona tendrán que abonar la misma tasa, y así conseguiremos que desaparezcan los llamados free riders, que son aquellos que se benefician de las actuaciones o promociones llevadas a cabo con el dinero que aportan sus vecinos de comercio. En los BID todos pagan lo mismo, por lo que los beneficios obtenidos surgen a raíz de la promoción económica de ese área. En definitiva, se vende más, y los locales que actualmente se encuentran vacíos pueden pasar a ocuparse con la apertura de nuevos negocios.

Estas áreas de promoción económica tienen varias ventajas: la financiación, que pasa a ser suficiente y efectiva; la autogestión -dirección formada por servidores públicos y empresarios-; la eficiencia -donde se han creado han dado resultado-; y la democracia -la gestión se consensúa con el ayuntamiento-.

¿Es obligatorio crear un BID? Pues no. Que se legisle no significa que todas las zonas comerciales estén obligadas a crear los BID, pero sí tienen la posibilidad de hacerlo y beneficiarse de esta eficiente forma de gestionar y mejorar las áreas comerciales. Les otorga más autonomía, pudiendo elegir el mobiliario urbano, la accesibilidad, la seguridad o la forma de promocionarse. Todos salen beneficiados, los vecinos y los empresarios, aportando valor social, valor económico a las áreas donde se implantan, y son factores claves en la regeneración de la economía, del empleo y la mejora de la sociedad.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señora Montero, debe ir finalizando.

LA SEÑORA MONTERO CARRASCO:

Ya.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

¡Ah!, pues mira, muy bien. [Risas]. [Aplausos]. Muchas gracias. Cuanto menos gente hay en el hemiciclo más se oyen las voces desde Presidencia. Yo les rogaría que de... respetaran el uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario Mixto... por el Grupo Parlamentario Mixto, en un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor García-Conde del Castillo.

EL SEÑOR GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías. Señora Montero. El cierre obligado al que se han visto sometidos hosteleros y comerciantes durante los meses de confinamiento ha sacudido duramente ambos sectores, muy importantes para la economía de nuestra Comunidad. Ahora más que nunca necesitamos fomentar el consumo en las empresas y comercios locales, fomentar el turismo interior y tomar medidas urgentes que vayan encaminadas a salvar a autónomos, pymes y micropymes.

Respecto a los distritos de promoción económica, Business Improvement Districts, creemos que sería una buena medida. Serviría para dinamizar las calles céntricas de las ciudades, de los barrios. Puede suponer un proyecto muy importante para la promoción del comercio de proximidad y salvar zonas comerciales duramente sacudidas por la pandemia. Pero creemos que este asunto requiere, principalmente, de un consenso entre las partes implicadas, de un amplio debate, de un estudio profundo y de un marco legal que regule este modelo de colaboración público-privada.

Por otro lado, creemos que ha de ser un modelo que no suponga un agravio para la economía de estos sectores, ya que en estos momentos están viéndose tremendamente perjudicados y esto puede suponer un sobrecoste inasumible para... para la mayoría de ellos. Por ello, desde Vox nos abstendremos ante su propuesta. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor García-Conde del Castillo. No tengo registrado en el guion ningún interviniente más del Grupo Mixto. Nada más. Para un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Heras Jiménez.

EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señorías. Respecto a los modelos comerciales presenciales y estables, todos conocemos los centros comerciales cerrados, que se ubican el... en los extrarradios urbanos, o se suelen ubicar en esos lugares, las calles comerciales, los centros comerciales abiertos, generalmente promovidos por... y creados por las asociaciones de comerciantes; y luego esta figura que nos lleva... que nos llega desde... desde el exterior y que ya ha sido probada con fortuna en diferentes países europeos como el... en el Reino Unido y Alemania.

El Business Improvement District... [Murmullos]. Sí, bueno, también nos hemos dado cuenta todos los que hemos leído esto de que había un error de grafía al escribirlo. Ya si... si todos tuviéramos ya buena educación ya, ya sería la... vamos, tremendo, ¿no? Aparte de darnos cuenta de estas cosas. [Aplausos].

Bien, nos... nos vamos a centrar en los modelos urbanos, que es de lo que se trata, porque no hay duda de que el comercio urbano tiene consecuencias en una doble vertiente. Por un lado, crea empleo y riqueza, y a veces, en momentos de graves crisis económicas, normalmente cuando gobierna la izquierda, pues tiene que cerrar, ¿no?, y... y a veces sus empleados tienen que verse sometido a ERTE, que son pagados con las cotizaciones de todos los que somos empresarios y trabajadores, y no los paga el señor Sánchez, no los paga el señor Sánchez de su bolsillo... [aplausos] ... -yo creo que es importante que lo sepamos-, vienen de los impuestos que pagan todos los españoles con sus cotizaciones sociales, ¿vale? No los paga el señor Sánchez ni oscuros negocios que puedan tener presuntamente familiares suyos con las cloacas del Estado. Que quede claro. [Murmullos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señor Reglero, señor Reglero, no tiene el uso de la palabra.

EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:

Por un lado, como decía, crea empleo y riqueza, a no ser que se le ponga en situaciones muy comprometidas con malas gestiones gubernamentales, y, por otro lado, tiene una... una innegable influencia en el entorno en el que se ubica, aportando a los vecinos de la zona pues calidad de vida por la cercanía para poder hacer sus compras, y regenera los espacios urbanos, haciéndolos lugares mucho más atractivos.

La diferencia, como ya ha explicado la ponente de Ciudadanos, con los centros comerciales abiertos pues es, fundamentalmente, que se crea por iniciativa privada con colaboración pública, no depende de subvenciones, ¿eh?, evita que haya "jetas", digamos, comerciantes que se beneficien de las promociones que hacen otros y que ellos no colaboren, porque se hace democráticamente... [Murmullos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señor Iglesias, por favor, no tiene el uso de la palabra. No se... no se escuden en las mascarillas, por favor, dejen... respeten al que tiene el uso de la palabra en la tribuna.

EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:

A alguno parece ser que le gustaría llevar la mascarilla continuamente para ocultar la identidad, no sé, para hacer ciertas acciones. Esto es increíble, de verdad. Esto es... esto es increíble, ¿eh?, esto es increíble. Luego hablan de respeto, ¿eh?, hablan de respeto, pero, en fin. [Murmullos]. Hablan de respeto. Hablan de respeto, sí. Yo puedo estar así hasta que ustedes quieran. Espero que el... que el señor vicepresidente me dé el tiempo que ustedes me están restando con su gran tolerancia, ¿eh? [Murmullos]. Con su gran tolerancia. [Aplausos].

Como decía... como decía, esta modalidad lo que hace es que presta unos servicios adicionales y paga unas tasas adicionales. Es una colaboración público-privada. En definitiva, los BID revitalizan y mejoran los centros urbanos mediante la provisión de servicios en espacios públicos. Y eso es la gran diferencia, conjuntamente con las anteriores que he mencionado antes de que ustedes me interrumpieran, con los centros comerciales abiertos.

Y profundizando un poco en... en el tema, ¿no?, hay dos cosas que me han llamado la atención en... en iniciativas en algunos... en algunos lugares de España.

Ya en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el dos mil catorce, Izquierda Unida presentó una moción para ir contra... contra este tipo de iniciativas, porque decían que creaba barrios de primera y de segunda. En fin, aquí ya estamos con la vieja costumbre de igualar por abajo.

Y luego hay otra cosa que me sorprende pues de sobremanera, porque esto es insuperable ya: ante una breve pregunta que hace un parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña al Gobierno de la Nación en... en cinco de diciembre de dos mil diecinueve, es un... es de un partido -el que hace la pregunta- socio preferente del Gobierno social-comunista que tenemos, ¿no?

Y entonces le contestan, le contestan, le contestan... además es curioso, porque es de Esquerra Republicana, que ya son independientes y demás, ¿no?, pero le pregunta al Gobierno de la Nación respecto a los BID. Y le... y le contesta el Gobierno -que es que esto ya es de frenopático-, le dice que la Constitución distribuye competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (cosa que es verdad), y dice que las que no están atribuidas exclusivamente al Estado las asumen las Comunidades Autónomas. Que todos los Estatutos de Autonomía recogen el comercio interior como competencia propia. Por lo tanto, tendrán que ser las Autonomías los... las que tienen que... pues gestionar y legislar sobre este asunto. Cosa que, dicho así, pues dices "pues bueno, pues está... tiene... tiene gran sentido".

Bueno, pero es que no se queda ahí, es que va y dice que es que, dentro de las competencias en comercio interior que tiene el Estado -¿pero no nos había dicho que no tenía, que eran de las Comunidades Autónomas?-, va a hacer, va a legislar, y están trabajando en ello, para que haya una seguridad jurídica.

En fin, es un ejemplo más de mala gestión, de confusión, de caos, ¿eh?, de... del Gobierno que tenemos y que padecemos. Pero ya está aquí la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, para gestionar este tipo de figuras, que tiene en competencia en comercio interior. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan dos intervenciones, espero que respeten el turno de los intervinientes. Para fijar la posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián.

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

Gracias, presidente. Desde luego que es sorprendente lo que uno puede llegar a escuchar en este hemiciclo. Yo no sé si el Partido... el portavoz del Partido Popular se ha enterado de algo o simplemente venía a atacar. Pero, bueno, en su... en su línea de siempre. [Aplausos].

Hoy nos trae el Grupo Ciudadanos una iniciativa que puede estar bien, y, como decimos, no sabemos si todos los procuradores saben muy bien a lo que se refiere. Lo que sí que le digo a la portavoz de Ciudadanos es que aquí venimos a defender el interés general y no de parte. Somos cargo público y a nuestros vecinos nos debemos. [Aplausos].

Nos presentan el modelo BID. Vamos, las calles comerciales abiertas de toda la vida, nada nuevo. Un comercio minorista que, sinceramente, espero no hayan descubierto a raíz de la pandemia. Porque la Junta lleva con las competencias en comercio interior desde hace 30 años, y 30 años llevan sin hacer nada por potenciar y relanzar el comercio en nuestra Comunidad. Dicen en su argumentario que las consecuencias del COVID-19 han sido muy malas para el sector. Y es absolutamente cierto. La pandemia lo que ha hecho es agravar una situación que para ustedes había pasado desapercibida.

Efectivamente, la falta de compromiso del Gobierno regional, las políticas fracasadas en materia de comercio, ha sido su modus operandi hasta ahora. Y se lo demuestro con datos claros, sobre los que el propio director de Comercio el pasado lunes afirmó que no es una buena praxis. Y me estoy refiriendo a la inejecución presupuestaria. En dos mil dieciocho, el último año del que se ha presentado la Cuenta General de la Junta, en el Subprograma de Ordenación y Promoción Comercial, de los 7,2 millones de euros aprobados en las Cortes, solo se emplearon 4,1. Señorías, ¿la tercera parte del presupuesto sin ejecutar? ¿3.000.000 de euros sin ejecutar? Este es el caso que ustedes han hecho al comercio interior. [Aplausos]. Y no me vengan con salidas por la tangente diciéndome que son los comercios o las asociaciones los que no han pedido las ayudas, porque entonces la pregunta está clara: ¿ha hecho la Administración todo lo posible para que esas ayudas llegaran al sector? Sinceramente, no. Espero que con el modelo de Business Improvement Districts, los BID, no hagan lo mismo, que legislen para luego no hacer absolutamente nada. [Aplausos].

Efectivamente, el sector del comercio, especialmente el minorista, el de proximidad, ha sido el más afectado. Según los datos de la Confederación de Comercio de Castilla y León, la caída anual de facturación en la alimentación, por ejemplo, ha sido de un 25 %; en el... en el sector textil y el calzado la caída se apunta entre el 76 y el 100 %. Estos datos de Conferco, le pese... aunque le pese al señor portavoz del Grupo Popular, podrían haber sido mucho peores; y es que menos mal que esta crisis nos ha pillado con un Gobierno socialista al frente del país... [aplausos] ... porque, a diferencia con otras crisis, por primera vez en nuestra historia el Gobierno central ha frenado, a través de los ERTE, un desplome mayor aún del desempleo. ERTE que quien no ha pagado a día de hoy en esta Comunidad Autónoma es la Junta de Castilla y León. [Aplausos]. Pero es que, además, por primera vez también más de 1,5 millones de autónomos, muchos de ellos del sector comercial, han cobrado una prestación como ayuda extraordinaria por el cese de su actividad. Ahora, efectivamente, tenemos que poner el objetivo en la reactivación del sector productivo, en este caso en el comercio.

Esta iniciativa de los BID seguro que es una iniciativa que parte de la Dirección General del señor Del Hoyo, al que también el pasado lunes le trasladamos una serie de medidas que debían ponerse en marcha cuanto antes; medidas que el director de Comercio agradeció, porque las comparte, o al menos las compartía en mayo del año pasado, porque eran las iniciativas que recogía nuestro Programa de Gobierno, el de los socialistas, el que ganó las elecciones. [Aplausos]. Medidas como el bonoempleo, esto es, poner en marcha una serie de ayudas con el foco puesto en el trabajador; esto es, que los trabajadores que pertenecen a colectivos cuya contratación se quiere priorizar se convierten en titulares de un bono, dotado con una cantidad económica, de manera que, cuando son contratados, la empresa recibe ese bono para pagar una parte del salario del trabajador. Esto favorece, sin lugar a dudas, la contratación estable y acabar con la temporalidad, tan utilizada en el comercio y servicios en períodos, por ejemplo, estivales. Así, el bono que le proponemos es un bono anual, de manera que la cantidad que reciba la empresa será proporcional al tiempo de duración del contrato. Seguro que le parece bien, señora Montero.

Pongan en marcha el IV Plan Estratégico de Apoyo al Comercio, partiendo de premisas y objetivos y actuaciones totalmente diferentes a los planes anteriores. También les proponemos un plan personalizado de pago de tasas e impuestos de ámbito autonómino... autonómico, perdón, para autónomos y empresas de menos de diez trabajadores, que son el 98 % de las del sector comercial.

Y voy terminando. Además les pedimos que no se centren exclusivamente en el ámbito urbano. Ya sabemos que ustedes conocen poco de lo que acontece en el mundo rural, pero es que nuestra Comunidad es de entorno rural, y en el... en él, en nuestro entorno rural, nuestro comercio está más muerto aún que en las capitales.

Por tanto, señorías, apoyo al modelo BID, sí, pero nuestro comercio necesita mucho más. Esto no es nuevo, ya era un invento del Instituto de Reforma de las... de las Estructuras Comerciales del año setenta y nueve. Acuérdense...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señora Palomo, debe ir finalizando.

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

(Termino, presidente). ... acuérdense también de los programas Prico de los años noventa, y que se quedaron en nada. Esperemos que con los BID no ocurra lo mismo. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Montero Carrasco.

LA SEÑORA MONTERO CARRASCO:

Gracias, señor vicepresidente.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señora García Romero, guarde silencio, por favor.

LA SEÑORA MONTERO CARRASCO:

Bueno, pues lo primero que quiero decir es que siento tristeza, absoluta tristeza, por la falta de... de educación de los miembros de esta Cámara, me parece, cuando estamos hablando de un tema tan delicado como es la subsistencia económica de muchas familias de nuestra Comunidad, no se respete a la persona que está hablando y tiene el turno de palabra. [Aplausos]. Se nota claramente que las personas que no respetan es porque nunca han tenido problemas económicos y no saben lo que es no llegar a final de mes. [Aplausos]. Porque si algún comerciante desde su comercio nos está viendo, debe estar pensando que nos tomamos a risa su esfuerzo diario. [Aplausos].

Dicho esto, creo que queda muy clara nuestra postura en defensa del... del comercio, sea minorista, sea mayorista, sea en centros comerciales, sea en centros de las ciudades. Hemos traído aquí esta PNL porque nos parecía importante pues implementar una medida nueva, que, efectivamente, como ha dicho la señora Palomo, no es nueva, pero en... en Castilla y León no existe y en España aún no existe en ninguna Comunidad. Con lo cual... también podían haberla traído ustedes a esta Cámara, y no la han querido presentar nunca. Con lo cual, innovadora es, desde luego, en esta Cámara.

Y, bueno, con respecto a la intervención del señor García-Conde del Castillo, de verdad que lamento su abstención, porque me parece que es una oportunidad para que podamos incentivar la economía de nuestra Comunidad. Y, bueno, por supuesto que la ley hay que consensuarla, no se puede redactar de manera completamente unilateral. Y, bueno, ¿para qué hemos presentado esta PNL? Para que se... se elabore una ley para mejorar el comercio en nuestra Comunidad; y no solamente el comercio, sino todos aquellos negocios que estén implantados en los centros de las ciudades o, como ha dicho la señora Palomo, en otros municipios, que no tienen por qué ser ciudades o capitales de provincia.

Bueno, en ningún caso se quiere perjudicar al sector, todo lo contrario; lo único que buscamos es favorecer el sector y darle un valor añadido. Y bueno, actualmente, muchos comerciantes ya abonan una tasa anualmente a asociaciones comerciales, con lo cual tampoco les va a suponer una inversión... -porque no es un gasto- una inversión excesiva. Lo que está claro es que las asociaciones por sí solas no... digamos que no favorecen todo lo posible a los comerciantes. Con lo cual, con esta nueva implantación lo que se pretende es que estos comerciantes, al pagar la tasa, ellos... esa inversión se revierta en sus... en sus comercios.

Y bueno, señor Heras, gracias por... -no me está escuchando, pero bueno- gracias por... por poner un poco de cordura a este debate.

Y decirles que pues todos los comerciantes de Castilla y León se van a ver beneficiados con los BID porque, bueno, lo que... los beneficios de esta implantación son la colaboración, la autogestión, la financiación. A diferencia de las asociaciones, los BID cuentan con una ventaja, que es un sistema muy solidario, por lo que todos pagan lo mismo, aportan una cuota fija. Y bueno, lo que se suele... lo que se suele acordar en este tipo de leyes es que se abone la cuota en... pues en compensación a la situación fiscal del local, la superficie del local, los metros lineales de acceso al local a la vía pública. Y la iniciativa parte del sector privado, mejora la competitividad y el atractivo de la zona. Y hay un suplemento de servicios; en ningún momento lo que se intenta es suplementar los servicios que ya existen por parte de los ayuntamientos.

Y como la señora Palomo nos ha indicado que... que no conocemos la realidad del... del mundo rural, decirle que, bueno, que yo soy comerciante en el mundo rural. Con lo cual, creo que la conocemos perfectamente de sobra. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias. Por el señor secretario se procederá a dar lectura a la cuarta proposición no de ley del orden del día.

PNL/000636

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Proposición No de Ley 636, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a la inmediata elaboración y aprobación de un plan de apoyo al sector de la automoción en Castilla y León, que esté sometido a la consideración de las centrales sindicales y de las empresas del propio sector, y que cuente con una dotación económica al menos igual a la destinada en el ámbito de Castilla y León por el Plan Nacional de Impulso a la Automoción, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades específicas del sector en el ámbito de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 124, de veintitrés de junio de dos mil veinte.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias. Para un turno de presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley -si no le parece mal al señor Delgado, que está por ahí; si no, pediremos permiso en sucesivos casos para ver qué iniciativas que tenemos que presentar a... tanto a Ciudadanos... [aplausos] ... como al Grupo Popular- con un objetivo claro, que no es otro la dinamización del sector del automóvil en nuestra Comunidad, paralelo al plan aprobado por el Gobierno y que ha sido dotado con 3.750 millones de euros. Dicho plan incluye veinte medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, de competitividad, de formación y cualificación profesional, de compra pública sostenible y de planificación estratégica, que dan cobertura a toda la cadena de valor de la industria. Además, este plan promueve una movilidad segura y sostenible, en un contexto de cambios asociados a la descarbonización y de transformación digital.

Este plan va a posibilitar la rápida recuperación de una industria estratégica... Si se pudiesen callar por aquí [el orador se dirige a la Presidencia], que también me molesta a mí, se lo agradezco. Muy bien.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Sí señor. ¿Lo ve lo... cómo molesta cuando hablan?

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Ya, pero es que hay que llamar la atención a todos, a un lado y a otro.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Sí, sí. Bueno. Bueno, bueno.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Esa es la cosa.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Señor...

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Este plan va a posibilitar la rápida... [aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

... señor González Reglero, le llamo a la cuestión.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

... la rápida recuperación de una industria estratégica para la economía española, que representa el 10 % del producto interior bruto, el 19 % del total de las exportaciones y emplea a 650.000 personas de manera directa, ya 2.000.000 de trabajadores si también se tiene en cuenta el empleo indirecto.

En Castilla y León, la automoción y sus industrias auxiliares suponen el 25 % del pin... del PIB industrial. Por ello, es necesario que la Junta de Castilla y León elabore un plan autonómico de apoyo al sector de la automoción en nuestra Comunidad que complemente al plan estatal. Este plan estatal ha sido apoyado por todos los sectores implicados, a pesar de que el Partido Popular venía diciendo que no se contaba con ellos: Anfac, Faconauto, Sernauto y Ganvam, así como las... como patronales del sector y con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Por lo tanto, yo creo que es un plan aprobado por el conjunto de la totalidad del sector. Resumiendo, todos los agentes implicados aplauden dicho plan, ¿menos quién? Menos el Pepito Grillo de la Junta de Castilla y León, en este caso la consejera de Empleo e Industria, que todo aquello que promueva el Gobierno de Castilla y León les parece mal; eso es lealtad.

Decía que hay implementar... la consejera, que hay que implementar medidas rápidas y efectivas. La verdad es que, después de 92 días, señora consejera, que haya... que se haya firmado el acuerdo con los agentes del diálogo social, mucha rapidez ustedes no han tenido en pagar los ERTE a los trabajadores, a los autónomos y a los empresarios. [Aplausos]. Por lo tanto, algunas veces conviene callar la boca para no meter la pata.

Este plan, aprobado en días pasados, está basado en cinco pilares claves: renovación del parque de vehículos hacia otro más moderno y eficiente; inversiones y reformas normativas para impulsar la competitividad; investigación, desarrollo e innovación para los nuevos retos; fiscalidad para impulsar la competitividad del sector; medidas en el ámbito de formación y cualificación profesional.

A la vez, estos cinco pilares componen 21 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logística, competitividad. Dotado con un presupuesto total, como decía anteriormente, de 3.750 millones, donde se movilizarán 1.535 millones de euros desde dos mil veinte y otros 2.215 millones de euros desde los años dos mil veintiuno y siguientes. Van desde los 300 millones de euros en renovación del parque; 250 millones en renovación de... hacia un parque más sostenible; 415 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación; 2.690 millones de euros para inversiones en la cadena de valor; 95 millones en cualificación profesional.

Además, estas inversiones se suman a nuevas medidas fiscales orientadas a fomentar inversiones en la cadena de valor, de movilidad eléctrica, sostenible y conectada, así como medidas normativas que permitan activar la inversión en el sector. Todas estas medidas implementadas por el Gobierno van a tener una repercusión muy positiva en nuestra Comunidad, ya que, como decía anteriormente, el sector del automóvil supone el 25 % del PIB industrial.

Y en este... en este sentido, la Junta de Castilla y León tiene dos opciones: o sumarse y aportar en la misma cuantía que va a venir en esta Comunidad la parte aportada por el Gobierno de la Nación, o no sumarse. Y aquí no caben más ambages, o sí o no; lo demás es palabrería barata, demagogia, cosa que se le da bastante bien. [Aplausos].

Este plan presentado afecta a toda la cadena de valor del sector del automóvil (trabajadores, concesionarios, empresas matrices, auxiliares y ciudadanos en general) a la hora de adquirir vehículos nuevos. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad la que tenemos aquí -si verdaderamente... y no utilizar el sector del automóvil, como ha venido utilizando el Gobierno de la Junta de Castilla y León, como ariete contra el propio Gobierno de la Nación- de sumarse o no sumarse; lo demás, como decía anteriormente, es palabrería hueca, a lo que ya estamos muy acostumbrados. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor González Reglero. Para un turno de fijación compartido, tiene la palabra, en primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor García-Conde del Castillo.

EL SEÑOR GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO:

Buenos días, señor vicepresidente. Señorías. En esta Cámara ya se debatió y aprobó la Proposición No de Ley 217, del Partido Popular, en la sesión plenaria del nueve de octubre, en la que se instaba a apoyar la competitividad y los planes industriales de los fabricantes con implantación en nuestra región; también se solicitaba al Gobierno que no impusiera prohibiciones de fabricación y matriculación de... de vehículos térmicos, que dotara con 3.000 millones un plan estratégico nacional y que estimulara el rejuvenecimiento por... para disminuir las emisiones... del parque, para disminuir las emisiones.

En septiembre del dos mi dieciocho, después de que Teresa Ribera dijera que el diésel tiene los días contados y amenazara con subidas de impuestos a los vehículos con dichos motores y al propio combustible, la Federación de Industria del... de Comisiones Obreras manifestó que la política antidiésel del Gobierno provocará pérdidas de empleo y de tejido industrial en el automóvil, al margen de carecer de solvencia científica.

En abril de este año, el sector hablaba de abandono por parte del Gobierno, que asistía impasible a las caídas de matriculaciones del 69 % en marzo y del 90 % en abril. El cierre de Nissan en Barcelona y la presión de los socios independentistas y los sindicatos han vuelto a enfrentar a este Gobierno con la realidad: el 10 % del PIB procede del sector del automóvil, y no se puede perder.

Nos abstendremos en esta votación porque, aunque estamos de acuerdo en que se precisa un fuerte apoyo al sector, nos parece un... un sarcasmo que haya sido presentada por SOE... por el PSOE, y que además pretenda que sea el Presupuesto de la Comunidad el que cargue con los platos rotos de la política del Gobierno de la Nación. Si el PSOE considera que hay que aumentar la dotación para estos planes, por el descalabro que han ocasionado sus políticas, debería requerirlo diligentemente al Gobierno de la Nación. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor García-Conde del Castillo. Para finalizar este turno compartido del Grupo Mixto, ahora tiene la palabra el señor Pascual Muñoz, en nombre de Por Ávila.

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Lo único bueno de que seamos menos es que la distancia de seguridad, quitando Raúl, se conserva perfectamente. [Aplausos]. No, no, no, no, no, no. Si ya, por eso lo estoy diciendo. Digo: somos pocos, y así la distancia de seguridad se conserva perfectamente. [Murmullos]. Sí, sí. No, si yo os veo a todos los de arriba, y se ve... los de abajo. ¿Pero seguís? Pues seguid. Bueno.

Como sabrán, Ávila siempre ha sido una ciudad ligada a la automoción. La planta de recambios que la factoría nipona Nissan tiene en Ávila da empleo a más de 400 personas, y cuenta...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señora García Romero. Muchas gracias por advertirme que me faltaba la mascarilla. Puede continuar. Puede continuar. [Murmullos].

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Sí. Si es un choteo esto. Pero vosotros mismos, vosotros mismos. Yo os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, estamos con el coronavirus, pero si seguimos y damos un ejemplo muy pobre. Pero, bueno, somos mayorcitos todos, ¿eh?

Estamos hablando, por lo tanto, de un importante motor económico en mi provincia, que asegura el empleo y la actividad en un momento en el que nuestra economía está muy resentida. Ávila cuenta también con el Plan Territorial de Fomento, un proyecto muy importante para sectores como el de la automoción, algo por lo que tenemos que apostar también a nivel de Comunidad. Es cierto que los últimos meses hemos vivido con cierta incertidumbre debido al cierre de varias de las instalaciones de Nissan en Cataluña; sin embargo, parece que la planta de Ávila continuará con su actividad, algo, sin duda, muy positivo y que esperemos suponga una mayor carga de trabajo para estas instalaciones.

Ustedes hablan en su iniciativa de la automoción como un pilar estratégico en la economía española y también en la de nuestra Comunidad. Y coincido con ustedes que puede ser necesario un plan autonómico de apoyo al sector en Castilla y León, pero cuidado con las ayudas, que al final son un pozo sin fondo, y da la impresión de que las grandes empresas de automoción se ríen de los castellanos y leoneses, pidiendo dinero y ayudas, y porque, si no, se van a otro lado.

Y a pesar de que estamos hablando de un sector muy representativo en nuestra Comunidad y que considero muy positivo un plan autonómico para la automoción, soy muy escéptico en que, como ya les he dicho, porque al final el dinero público se va a subvencionar a multinacionales que luego no cumplen con sus compromisos. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor Pascual Muñoz. Para un turno de fijación de posición, en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Reglero, como usted bien sabe, desde este Parlamento, usted incluido, ya se solicitó un plan estratégico nacional al Gobierno de la Nación, por dos motivos especialmente:

El primero, por la transformación que está padeciendo el sector, el cual se encuentra ante una verdadera reingeniería industrial. Estábamos y estamos de acuerdo en que tiene que haber una transición ordenada hacia la descontaminación y a la descarbonización del sector. En esto, hemos podido constatar que la ley de transición ecológica ha enmendado, ha enmendado, los primeros y preocupantes postulados del Partido Socialista, que pretendían llevar contra natura, contra natura, al sector de la automoción de nuestro país. Se entiende y se acepta que el futuro de la movilidad sostenible y su adaptación al sector pasa por invertir en competitividad, en eficacia, en eficiencia, en I+D+i. Porque si queremos hacerle un verdadero favor al sector, a nuestra Comunidad Autónoma, líder... líder actual en fabricación de automóvil, líder, líder, líder, líder, en fabricación de automóviles y accesorios, componentes, no debemos ir en contra de la ley de la oferta y de la demanda; entender que lo que hoy es claramente una recesión puede tornarse en depresión si no incentivamos los mercados, si no impulsamos nuestra industria, si no mimamos al sector. Y una depresión, señor Reglero, conlleva, como usted bien sabe, paro estructural.

Y, en segundo lugar, que en el dos mil diecinueve ya sabíamos que nos adentrábamos en una desaceleración económica, con estimaciones de rebaja del producto interior bruto nacional y regional, desaceleración económica que, junto al cambio de usos de algunos usuarios en cuanto a los... al uso de los coches, pues nos esperábamos un mal dos mil diecinueve y un peor dos mil veinte.

Esto, señor Reglero, lo pensábamos usted y yo en el dos mil diecinueve, imagínese lo que pensamos ahora mismo, después de la pandemia, o en plena pandemia. Por tanto, es justo reconocer, señor Reglero, es justo reconocer que el Plan Nacional de Ayudas al Automóvil llega tal y como se solicitó. Es cierto. Y usted ha dicho que no ha faltado diálogo. Bueno, pues yo le tengo que decir lo contrario. Las propias Comunidades, ocho, más una, que fue Cantabria, lo pidieron por carta, dos cartas, y el Gobierno no ha tenido a bien a sentarse con aquellas Comunidades que fueron las que le pidieron este mismo plan. Por lo tanto, no diga que ha habido un acuerdo absoluto, porque sabe usted perfectamente que no ha habido acuerdo o que no ha habido ni siquiera diálogo con las Comunidades Autónomas. Y le digo otra cosa, Pepito Grillo era la conciencia; era peor el diablillo, ¿no?, el diablillo que te dice otras cosas.

Del plan... del plan ya ha hablado usted, y ha hablado bastante bien. Por lo tanto, esto me lo voy a ahorrar.

Señor Reglero, convendrá conmigo, y esto es importante, que lo suyo es complementar dicho plan. Y voy a leer literal de los antecedentes de su proposición no de ley, cuando dice: "... es necesario que la propia Comunidad, en su ámbito territorial, realice un esfuerzo de apoyo al mismo con medidas que complementen -subrayo, complementen- y refuercen a las aprobadas por el Gobierno de España". Y en esto es lo que usted y yo, este... este Parlamento, nos tenemos que poner de acuerdo.

Mire, algo se estará bien en esta Comunidad Autónoma cuando, a día de hoy, ocupamos, como he dicho antes, el primer puesto en fabricación. Y no me refiero solo al Ejecutivo, me refiero también a todos los agentes sociales y económicos de nuestra Comunidad. En esta Comunidad -usted, señor Reglero, lo sabe perfectamente- se mantiene una ecuación de éxito: eficiencia y competitividad (el sector se ha convertido en un polo atrayente, un sector tractor), diálogo social (esta es la bandera de Castilla y León, reduce la tensión laboral) y la colaboración con el sector público. Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que encontrar.

Y por ahora, y también debería reconocerlo, se ha salvado el... el sector, se ha salvado. Es verdad que se han perdido puestos de trabajo -usted y yo lo discutíamos informalmente ayer-, pero el sector se ha salvado. Y se ha salvado, entre otras cosas, señor Reglero, porque se ha... se ha pensado en el dos mil veinte y en el dos mil quince. Es decir, en el dos mil quince se pusieron las bases para que en el dos mil veinte estuviéramos como ahora. Por lo tanto, en vez de pensar en el dos mil cincuenta, que no está mal, es mejor pensar, ir pensando, en el dos mil veinticinco. Y nuestro trabajo es mantener justamente este ecosistema de competitividad que a Castilla y León le está dando tantos frutos. Y complementar, señor Reglero, no es igualar las ayudas del plan nacional, ya que esto no es ni necesario ni útil.

Me voy a quedar sin tiempo, por lo tanto, voy a ir directamente a la enmienda de sustitución que le vamos a plantear. Ya se la he pasado antes, la ha podido estudiar con detenimiento: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir trabajando en la consolidación del sector del automóvil en Castilla y León, reforzando e incrementando tanto los fondos destinados a I+D+i como los destinados a infraestructuras empresariales, a requerimiento del propio sector. Asimismo, se impulsarán nuevos planes de formación y cualificación para los trabajadores".

Señor Reglero, esto para usted puede suponer una victoria moderada, moderada, pero para el sector es una buena victoria; y le digo por qué. Lo primero, porque no discutimos, usted y yo no... no discutimos, no discrepamos, y esto, para un sector tan importante como el automóvil, para el mundo empresarial, la confianza, la confianza fiscal, la confianza jurídica, es importante. Y lo segundo, porque aquí directamente nos estamos comprometiendo a aumentar tanto la inversión en infraestructuras como en I+D+i, que es absolutamente necesario, como también en formación para el empleo. Coja usted esta victoria moderada, más que nada, por el sector. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señor Castaño, un momento, por favor. Tiene que recoger su mascarilla y entregarme... Gracias. Gracias. Para un turno de fijación de posición, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castro Cañibano.

EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor González Reglero, ¿cómo iba a perder usted la ocasión para venir a tratar en este Pleno las tan deseadas ayudas que ha presentado el Gobierno de España en el ámbito de la automoción? Por cierto, usted y yo sabemos que, si entramos en detalles, esas ayudas son realmente escasas. Ha tenido que venir esta crisis, que nos envuelve a todos, para que por fin se hayan presentado unas ayudas que se estaban pidiendo por parte del sector hace más de dos años. Ayudas que llegan tarde, y solamente se lo tienen que preguntar ustedes a los trabajadores de Nissan en la ciudad de Barcelona.

¿Y sacan ustedes pecho por estas ayudas? Usted, señor González Reglero, que le reconozco que es el que más sabe de este asunto en estas Cámaras, en estas Cortes, podía haberle explicado a su Gobierno hacia dónde tenían que ir estas ayudas, y no este brindis al sol que ha presentado el Gobierno de España.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular ha demostrado su compromiso en la defensa del sector de la automoción en esta... en nuestra región de Castilla y León, compromiso que se ha plasmado en todas las acciones de los diferentes Gobiernos de nuestro partido. Un sector que -todos sabemos, es indiscutible- tiene muchísimo peso, muchísima importancia, en nuestra economía.

Como han dicho otros portavoces, somos el segundo productor de vehículos en Europa; somos el primer productor de vehículos industriales, el noveno en todo el mundo. Castilla y León produce más del 20 % de los vehículos de toda España, supone el 25 % de nuestro producto interior bruto, con más de 35.000 puestos directos y más de 70.000.

Señorías, en este momento, el sector está pasando por su tormenta perfecta, obligada a llevar a una profunda transformación, que le va a obligar a adaptarse al futuro. Es indiscutible que esta incertidumbre obliga a que les apoyemos desde las diferentes Administraciones: Junta de Castilla y León y Gobierno central. Una transición que debe ser de acuerdo, estamos todos de acuerdo, de acuerdo a las nuevas normas medioambientales; que tienen que ser, indiscutiblemente, menos contaminantes, pero nunca plantear la prohibición.

Hago mías unas declaraciones que hace unos días el señor don José Vicente de los Mozos, director general adjunto de Renault, hizo al conjunto de los políticos de nuestro país. Leo literalmente: "Es muy importante -dijo el señor De los Mozos- que cuando se hagan declaraciones sobre el mundo del automóvil algunas veces se cuente hasta tres". Y va, creo, por el Gobierno socialista. Dijo que... el señor De los Mozos que hay declaraciones que no ayudan y que, por cierto, ponen al sector de la industria desde el punto de vista negativo. Y habló, concretamente, de las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, que realmente dijo que el mundo del diésel tenía los días contados. Eso, realmente, no ayuda.

El futuro está y solo se construye dentro de la competitividad del sector. Todos estamos implicados en esa competitividad: la empresa, trabajadores y, por supuesto, las Administraciones públicas. El diálogo, modelo en esta región, por supuesto, es base fundamental de esa competitividad.

Señorías, claro que apoyamos las medidas de incentivo y de apoyo que ha presentado el Gobierno de España al plan de la automoción, pero recuerdo que ya presentamos en estas Cortes, el día nueve de octubre, una moción, en el cual todos apoyamos estas apuestas importantes al sector de la automoción.

Quiero también recordarles que nuestro presidente, ya a lo largo de todo el mes de mayo, en las diferentes reuniones que tuvieron los presidentes autonómicos, pedía la reunión urgente de una mesa de la automoción, una mesa que nos permitiese saber hacia dónde ir, qué medidas tomar y, lo más importante, establecer una estrategia de futuro para que no suceda lo que ha pasado en... realmente en Barcelona.

Diálogo que, realmente, siempre hemos encontrado la callada por respuesta. El Gobierno de izquierdas siempre toma medidas unilaterales. El diálogo no solamente es que se hable con las empresas, que también; no solamente es que se hable con los sindicatos, sino también... sino que también se reparte, en este caso, y se respete al resto de Comunidades Autónomas, que también están apoyando este sector.

Compromiso que lo hemos demostrado en los planes industriales, tanto el de Nissan como el del Grupo Renault, que realmente la Junta de Castilla y León -repito- ha estado sola; sola a la hora de apoyar a las empresas, sola a la hora de plantear el futuro. Y no estamos hablando de palabrerías huecas, como usted dice, señor González Reglero, estamos hablando de compromiso de toda la... de todo el... en este caso, de todo el Gobierno regional en el futuro.

Le invito a que acepte la propuesta que ha presentado el Grupo Ciudadanos. Le invito a que tienda la mano y a quitar todas las incertidumbres del sector. La propuesta que se propone cumple fielmente el punto número 12 del Plan de Recuperación Económica. No hay ni una sola parte, pero si pedimos en este caso, como usted dice, que seamos... que pongamos la misma cantidad económica, yo creo que la Junta de Castilla y León ha demostrado su compromiso, su esfuerzo, por encima, repito, por encima del esfuerzo que ha presentado el Gobierno, el Gobierno nacional. Muchísimas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar la posición definitiva sobre esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias. Mire... bueno, al conjunto de los portavoces. Bueno, a Vox la verdad es que yo creo que habla muchas veces sin conocer, más que nada... pregunte a algún colega de usted del ayuntamiento, concejal, a ver si le parece mal este plan o no, pregunte. Sabe de quién le hablo, ¿verdad? Compañero mío. Pregunte, pregúntele.

Según la Ley del Cambio Climático, aprobada por el Gobierno de España, no hay prohibición de venta en dos mil cuarenta de los vehículos diésel y gasolina, y de circulación en dos mil cincuenta. El objetivo es que en dos mil cincuenta dejen de circular coches con emisiones de efecto invernadero, señor Castro. Ahí lo dejo.

Países europeos con prohibición de vender coches de motor de combustión (sabrá usted -si no, se lo digo yo- que el 90 % de la producción de los vehículos de nuestra Comunidad van para exportación; el señor Carriedo se lo puede decir, que de esto también sabe un poquito, el 90 %; con lo cual, la prohibición o no prohibición poco implementará): Francia, dos mil cuarenta, único país que por ley prohibirá de venta... venta de vehículos de combustibles fósiles -en el dos mil cuarenta, ¿eh?-; Reino Unido, dos mil cuarenta; Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda, dos mil treinta; Austria, dos mil veinte; Noruega, dos mil veinticinco; Alemania -otro país donde exportamos bastante-, sin fecha, pero ya hay restricciones a la circulación hasta en 62 municipios. No europeo: China, dos mil treinta; India, dos mil cuarenta. Digo por... un poco por culturilla general. [Aplausos].

Reuniones con Nissan por parte... por parte del Gobierno de la Nación. Le... luego le pasaré un artículo bastante interesante de la patrona de la fundación de renovables, en la que hablaba de la actitud que tuvo el anterior ministro de Industria, el inefable señor Sebastián, con la... sobre todo con Nissan, y ahora se lo explicaré. Yo luego se lo dejo para que lo lea también. Reuniones con Nissan desde el uno del uno de dos mil diecinueve por parte del Ministerio: seis con la Dirección en España, ocho con la europea mundial. Reuniones del Partido Popular con la dirección de Nissan en España: cero; de aquellos polvos, estos lodos, señor Castro. [Aplausos].

Dice este artículo: a finales del año dos mil once, con la entrada en el Gobierno del PP, y del inefable ministro Soria, todo cambió. Empezaba la cruzada contra el coche eléctrico y la cacería de brujas contra las renovables. El ministro Soria dio carpetazo al Movele -¿se acuerda, señor Carriedo?-, que fue sustituido por el PIVE, al cual se destinaron 1.000 millones de euros y fueron empleados para inundar el mercado de coches SUV. Dicha política dio lugar al incremento de emisiones de CO2 de estos nuevos coches, y a la vez nos poníamos a la cola de la Unión Europea en lo que se refiere a la demanda de coches eléctricos e infraestructuras de recarga. Ahí lo dejo.

Dice usted que no ha habido diálogo y conversación con el resto del sector. Como me han autorizado a leer la carta, la voy a leer. José López-Tafall -me imagino que saben quién es, y, si no, se lo digo yo-, director general de Anfac. "Querido Raúl, Galo y Juan Ignacio (director de Industria, secretario del gabinete, y al... y al secretario general de la... del Ministerio): después de mucha brega, finalmente tenemos encima de la mesa un plan integral para el sector de la automoción. Mi valoración es muy positiva, tanto por el fondo como por la forma. Hemos mejorado el Plan MOVES y, en paralelo, conseguido un Plan Renove muy necesario. Hay también medidas muy importantes, como impulsar los programas de apoyo a la industria, mejorar la deducción por innovación y avanzar en nuevas cualificaciones profesionales.

Además, y esto no es menor, hemos conseguido un discurso alineado sector-Gobierno, dejando atrás conflictos y abriendo una colaboración de largo plazo. Además, tenemos el apoyo explícito del presidente del Gobierno -me va siguiendo, ¿no?-, y las Comunidades Autónomas también se han posicionado a favor del sector y de la política industrial.

Todo esto no es casual, y en esta no casualidad vosotros habéis sido como aquel alcalde de Amanece, que no es poco, ‘necesarios, no contingentes’. Es cierto que quedan cosas por desarrollar y, por si fuera poco, se abre un camino de trabajo en común muy importante.

Pero este mensaje no va hoy de eso, sino de agradeceros -agradeceros- en nombre de Anfac ese esfuerzo a vosotros y a vuestros equipos, subdirectores y resto del equipo, que han sido un gran apoyo.

Aprovecho este correo para, como siempre, quedar a vuestra disposición para colaborar, trabajar juntos por la automoción, la actual y la futura. Las tendencias se van a acelerar y hemos de conseguir que los nuevos desarrollos y experiencias se prueben en España. Hemos de jugar nuestras bazas. Gracias de nuevo" [El orador muestra un documento]. Director general de Anfac. Yo creo que algo dice. [Aplausos].

Mire, no le vamos a aceptar... no les vamos a aceptar la enmienda que han querido proponer porque yo voy a relatar una serie de verbos que me imagino que tanto el Grupo Popular y Ciudadanos la verdad que han cogido el gustillo a utilizar estos verbos -yo recuerdo la legislatura pasada, en la Oposición, que hacían muchas veces mención a que no les gustaba-: impulsar, promover, desarrollar, potenciar, intensificar, fomentar, reforzar, acrecentar, fortalecer; para, al final, no decir absolutamente nada. [Aplausos].

Nosotros queremos... nosotros queremos objetivos y cuantificación concreta. Es muy fácil: o se está con el sector o no se está. Y le he dicho en conversaciones privadas que hemos tenido usted y yo, señor Castaño, que aquí lo que tiene la Junta que hacer es aportar. Hay remanentes y dinero que va a venir del Gobierno, y, si verdaderamente se cree en el sector, lo que tienen que hacer es cuantificarlo y aportar en la misma proporción que aporte el Gobierno de la Nación, porque, si no, verdaderamente, lo demás son palabras huecas.

Me quedo con que usted dice que le parece bien este plan. El señor... el señor Castro decía por un lado que sí, luego por otro que no; la verdad es que no... no le he entendido muy bien. Yo no sé si le habrán tomado la temperatura a usted a la entrada, porque hablar bien del Gobierno en usted no es muy habitual. Pero me quedo con la importancia de este plan para el sector del conjunto del país y para nuestra Comunidad también. Muchas gracias. [Aplausos].

Votaciones PNL

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Gracias. Concluido el debate, procedemos... procedemos a someter a votación las proposiciones no de ley debatidas.

PNL/000545

En primer lugar, votamos, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 545, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno a que adopte las medidas que se solicitan en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 100, de treinta de abril de dos mil veinte. Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: ochenta. A favor: setenta y nueve. [El presidente hace constar antes de levantar la sesión que han sido setenta y ocho votos a favor y no setenta y nueve, como se ha proclamado]. En contra: uno. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/000547

A continuación, procedemos a someter a votación, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 547, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno para que de forma progresiva incremente la oferta de empleo público para la cobertura de puestos de funcionarios de la Administración local con habilitación nacional y para que modifique la normativa autonómica sobre provisión temporal de dichos funcionarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 100, de treinta de abril de dos mil veinte. Iniciamos la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: ochenta. A favor: setenta y ocho. Abstenciones: dos. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/000635

En tercer lugar, votamos, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 635, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León para que inmediatamente inicie los trámites legislativos correspondientes para la recepción en la normativa castellanoleonesa de los Business Improvement Districts (distritos de promoción económica), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 124, de veintitrés de junio del dos mil veinte. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una. Gracias.

Votos emitidos: ochenta. A favor: setenta y nueve. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/000636

Finalmente, votamos, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 636, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a la inmediata elaboración y aprobación de un plan de apoyo al sector de la automoción en Castilla y León, que esté sometido a la consideración de las centrales sindicales y de las empresas del propio sector, y que cuente con una dotación económica al menos igual a la destinada en el ámbito de Castilla y León por el Plan Nacional de Impulso a la Automoción, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades específicas del sector en el ámbito de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 124, de veintitrés de junio del dos mil veinte. Empezamos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias.

Votos emitidos: ochenta. A favor: treinta y ocho. En contra: cuarenta. Dos abstenciones. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por el señor secretario se procederá a dar lectura al quinto punto del orden del día.

Convalidación DLEY/000003 (Decreto-ley 3/2020)

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Quinto punto del orden del día: Convalidación del Decreto-ley 3/2020, de dieciocho de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 122, de diecinueve de junio de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias, señor secretario. Para la presentación del decreto-ley por parte de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

Gracias. Buenos días, señorías. La Junta de Castilla y León presenta ante esta Cámara la modificación de la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y lo hace consciente de que estamos ante una necesidad y también ante una gran oportunidad.

Como saben, por el Acuerdo 42/2017, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración general de la Comunidad y sus organismos autónomos. Los Acuerdos de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, de la Junta, modificaron todas las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de las Consejerías para acomodarlas a dicho catálogo, y la Resolución de once de octubre del año dos mil dieciocho convocó el concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León.

En este sentido, diversas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ya firmes, declararon la nulidad de los tres elementos ante la impugnación por diversos funcionarios, colectivos, colegios profesionales y representantes sindicales.

Por ello, siguiendo los criterios indicados en la sentencia, se inició de nuevo un proceso a través de la aprobación de un Decreto, el 5/2019, con el que se aprobó un segundo catálogo de puestos tipo de personal funcionario con el mismo ámbito subjetivo que el anterior. También los Acuerdos de cuatro y once de abril de dos mil diecinueve modificaron las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario para su acomodación al catálogo de puestos tipo. Y finalmente la Resolución de once de abril de dos mil diecinueve convocó de nuevo concurso abierto y permanente.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha dictado ya varias sentencias anulatorias en relación con el catálogo, y además una sentencia reciente, de diecinueve de febrero de este año, ha reiterado la nulidad del catálogo y ha anulado también los acuerdos de modificación de las relaciones de puestos de trabajo y el concurso convocado.

Tras estos antecedentes, y por todo ello, la finalidad de la modificación de la ley es hacer frente a la situación que se ha creado tras la existencia de esas sentencias que han anulado los instrumentos que se habían aprobado para organizar la Administración, y también debido a la eventual falta de consenso, amplios plazos y alto grado de litigiosidad que se considera que conllevaría tratar de aprobar un tercer catálogo de puestos tipo.

Señorías, en este nuevo camino, que debe acometerse de forma inminente, quiero anunciar públicamente una máxima, y es que vamos a actuar con plena sujeción y respeto a las consideraciones recogidas en las resoluciones judiciales determinantes de la situación ahora existente. Y es que hemos analizado con el máximo interés el contenido de las resoluciones, y vamos a estar muy atentos a que los pasos que demos se hagan siempre dentro de los cauces y el camino que nos muestran las instancias judiciales.

Así, se trata de llevar a cabo una regulación de los instrumentos de organización que permita elaborar de forma ágil las relaciones de puestos de trabajo o sus modificaciones. Y es que la situación de parálisis organizativa que se ha producido y la atención al interés general que representa mantener la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos por la Administración de Castilla y León son los dos elementos que justifican la utilización de esta figura. Por ello, les informo que este decreto-ley tiene por objeto la modificación de la Ley de Función Pública de Castilla y León en dos cuestiones importantes: la primera de ellas, modificar los instrumentos organizativos a través de los que se estructura la Administración de la Comunidad de Castilla y León; y, en segundo lugar, regular la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y la autoridad en situaciones extraordinarias, como la que acabamos de vivir recientemente y todavía estamos viviendo en Castilla y León y en toda España.

Señorías, las novedades que contiene el decreto-ley respecto a la regulación actual son las siguientes.

En primer lugar, se suprime la figura del catálogo de puestos tipo como instrumento organizativo de la estructura de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la obligación de adaptación de puestos que él imponía, y se considera que el instrumento básico de organización son las relaciones de puestos de trabajo.

En segundo término, se regula de manera exhaustiva el concepto, requisitos y procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, recuperando la regulación previa a la modificación legal operada en el año dos mil cinco, si bien adaptada a las previsiones sobre relaciones de puestos de trabajo que contiene el texto refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

En tercer lugar, se regula de manera novedosa la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias para afrontar situaciones como la que se ha producido por la COVID-19.

Y, por último, se establece un régimen transitorio en cuanto a los concursos de méritos ordinarios y específicos hasta la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo.

Señorías, con la modificación que traemos hoy a esta Cámara se presenta una oportunidad, ya que con la modificación que se propone se recupera como instrumento básico para la organización las relaciones de puestos de trabajo. Y además, eliminada la obligatoriedad de que los puestos de trabajo contenidos en esas relaciones se acomoden a un catálogo previo, la tramitación se podrá efectuar en un marco jurídico estable y de consenso.

Tenemos una gran oportunidad de desarrollar estos instrumentos básicos de organización del personal para mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios en el marco de la legalidad y al tiempo que garantizamos los derechos de los empleados públicos.

Y lo hacemos ahora, cuando las circunstancias nos permiten, y con agilidad, tras la cascada de sentencias a las que hemos esperado y atendido para dar consistencia y garantía a esta modificación, y también tras un parón inevitable fruto de un estado de alarma que dejó en suspenso actuaciones que no fueran de carácter urgente y esencial.

Esta reorganización y adaptación total no puede obviar que los empleados públicos cuentan con unos derechos a carrera profesional y movilidad que no deben ser soslayados y que hasta el momento, por los motivos expuestos, habían quedado paralizados. Por ello, en el debate de la reforma de la ley las organizaciones sindicales han reivindicado el ejercicio a tales derechos, que, al margen de mantener el concurso abierto y permanente como logro de la primera reforma de la ley, deben ser garantizados hasta que entre todos lleguemos a un consenso en la adaptación de los puestos con las nuevas relaciones de puestos de trabajo.

Y por ello, y tras el debate con las organizaciones sindicales, esta cuestión se ha incorporado dentro del texto del decreto-ley. Esta previsión la hacemos partiendo del conocimiento de la necesidad de conciliar estos derechos ya mencionados con la eficacia en la prestación de los servicios públicos, lo que permitirá garantizar en las órdenes de convocatoria a través de un sistema que irá ordenado en el tiempo.

Señorías, como han comprobado a través de mi intervención, este decreto-ley es necesario y es oportuno, y además viene respaldado con un amplio consenso. Quiero recordar que, una vez hechas las negociaciones, la votación en el seno del Consejo de la Función Pública contó con 24 votos favorables y tan solo 3 abstenciones, lo cual da buena cuenta de ese nivel de consenso obtenido con las organizaciones sindicales.

Acuerdos, consenso y diálogo. Al inicio de la legislatura les anuncié que este sería un nuevo tiempo en la búsqueda de la estabilización de la Función Pública en nuestra Comunidad. Este decreto muestra solo una parte de lo que este camino nos está llevando a recorrer de la mano de la negociación constante con las organizaciones sindicales, porque la negociación no se acaba solo en un aspecto, abarca muchísimos.

Tal es así que en estos meses incluso tan complicados, en pleno estado de alarma, no hemos dejado de trabajar en la búsqueda de acuerdos -y en este sentido quiero agradecer públicamente la implicación de la Dirección General de Función Pública-, tal y como se materializa, por ejemplo, en los pactos que hemos alcanzado para el reconocimiento de los servicios prestados por los empleados públicos frente a la COVID-19, o para la modificación de las bolsas de empleo del personal operativo de prevención y extinción de incendios, o los acuerdos de negociación para los planes de desescalada en la Administración, o la coordinación e igualdad en la gestión del personal en materia de control de jornada y conciliación durante la situación de emergencia sanitaria; y por supuesto, y como culmen, el acuerdo que nos trae hoy aquí para convalidar la necesaria y oportuna modificación de la Ley de Función Pública de Castilla y León.

Todos ellos acuerdos con las organizaciones sindicales, a los cuales quiero agradecer su implicación constante a pesar de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir los pasados meses.

Finalizo, ya, señorías. Este Gobierno reconoce a los empleados públicos de la Comunidad su inestimable trabajo, su profesionalidad y el valor que añaden a la Administración. Siempre ha sido así. Y con este decreto-ley sentamos las bases para seguir progresando en un camino que creemos justo y de urgente necesidad, que no es otro que el de estabilizar el progreso de los empleados públicos para que encuentren en Castilla y León la seguridad que merecen y un futuro esperanzador.

Con esta reforma, y con sus previsiones, se abre una nueva etapa de consenso y debate sosegado, donde trataremos de que los puestos de trabajo de las estructuras organizativas de la Junta de Castilla y León se adapten realmente a las necesidades de prestación de servicios, también a las nuevas titulaciones -y, por lo tanto, a lo que el marco educativo y el mercado laboral tiene que ofrecernos para enriquecer esta prestación-, y, cómo no, por supuesto, al respeto en este camino de los derechos de todos nuestros empleados públicos.

Por tanto, espero contar también con el apoyo unánime de esta Cámara en la convalidación de este decreto-ley. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Se me ha comunicado que por el Grupo Parlamentario Mixto no van a intervenir en este... en este debate de este decreto-ley. Por lo tanto, para un turno de fijación de posición, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Sanz Gilmartín.

LA SEÑORA SANZ GILMARTÍN:

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, con la convalidación de este Decreto-ley de modificación de la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, iniciamos un camino de justicia y responsabilidad con los trabajadores de la Administración autonómica. Un camino que se ha visto envuelto en dificultades en estos últimos años, no lo vamos a negar, pero que era necesario iniciar desde hace mucho tiempo. Más de 94.600 trabajadores, que forman parte de nuestro sector público y que son los principales responsables del buen funcionamiento de la actividad de esta Comunidad. La crisis de la COVID-19 ha puesto en valor esto último. Su capacidad de adaptación, de sacrificio y de trabajo ha permitido que una situación excepcional, como una pandemia, no haya sido obstáculo suficiente para alterar el orden y la eficacia de nuestros servicios públicos. En un poco tiempo se ha logrado reconvertir los sistemas de trabajo y adecuarlos al nuevo contexto. Desde Ciudadanos nos sumamos al agradecimiento unánime a todos ellos.

Como ya se ha dicho en esta tribuna, la iniciativa que ahora debatimos era un apartado de urgente resolución en cuanto al funcionamiento de la Administración pública. En Ciudadanos siempre hemos defendido que el desarrollo de la Función Pública debe respetar, como es... como no es de otra manera, los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que, al mismo tiempo, permita atraer el talento a nuestra Administración. Podemos decir que no se trata de un capricho o de una visión política determinada, hablamos de un imperativo. Si la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, representa un buen punto de partida en la regulación de esta área de nuestra Administración, no se entendería que toda nuestra estructura organizativa y profesional se desarrollara sobre un planteamiento débil y sin el consenso necesario, habida cuenta de su magnitud y trascendencia para esta Comunidad.

No me voy a detener en las sentencias que se han mencionado aquí y que figuran en la parte expositiva de este decreto. En cuanto a su carácter adverso, contrario a derecho, se ven afectadas las dos propuestas del catálogo puestos de trabaco... de trabajo configuradas entre el dos mil diecinueve... el dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, así como algunos acuerdos y una resolución que también se han declarado nulas por la Justicia en sentencias, alguna de ellas de reciente publicación.

Lo que está claro es que era necesario realizar tabla rasa, un punto de inflexión, de conjetura, y restableciera una situación en la que, por desgracia, la ventanilla de atención a nuestros funcionarios se ubicaba en los juzgados. Precisamente este nuevo decreto ahonda en este camino de justicia y responsabilidad, pero desde la política del consenso, un imperativo político y legal que obliga a todas las partes a buscar una solución eficiente y eficaz en este momento. Deberíamos sortear la controversia generada y al mismo tiempo ofrecer una solución urgente a esta realidad. Este es un punto en el que nos gustaría incidir.

Sabemos que la anulación de las propuestas de organización laboral y administrativas pueden generar, hasta cierto punto, incertidumbre en cuanto al futuro en este apartado, pero la labor de la Administración pública no se detiene ni se puede detener. Debemos garantizar ante todo la continuidad en la prestación de los servicios. Y sin un armazón que proteja este objetivo es imposible sostener, dar... y dar proyección a la Administración pública.

Por eso, este decreto permite dar certidumbre, garantías de que este nuevo horizonte se asegura la... la viabilidad de nuestro sistema público, al menos en corto y medio plazo. Pero desde Ciudadanos creemos que nada puede hacerse si no es bajo la negociación y el diálogo con todos los actores y agentes implicados. En este sentido, creo que es necesario destacar que este decreto llega a estas Cortes respaldado por la gran acogida que le han ofrecido tanto la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y el Consejo de Función Pública. Porque este decreto no solo genera certidumbre en cuanto a la organización de nuestra Administración, también lo hace en cuanto a los derechos de los empleados públicos.

Me gustaría detenerme en la Disposición Adicional de este decreto, en cuanto a la mención relativa a las garantías del derecho a la carrera profesional y a la movilidad del personal funcionario a través de la convocatoria de un concurso de méritos anual. Este grupo parlamentario siempre ha perseguido la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso de la Función Pública y también durante toda la carrera profesional de nuestros servidores públicos. Creemos que una Administración cada vez más moderna y eficaz y profesional debe asegurar en todo momento dichos principios durante toda la vida profesional de los funcionarios adscritos a este sector. Reducir la discrecionalidad y apostar por una promoción basada en criterios objetivos y que reconozcan el esfuerzo y la preparación de los trabajadores siempre será punto que genere notables beneficios en la relación de la Administración con nuestros ciudadanos.

Coincidimos también en la necesidad y pertinencia de incluir en esta modificación la experiencia adquirida tras la crisis sanitaria de la COVID-19. Me estoy refiriendo a la Disposición Adicional Decimosexta, la relativa al... al refuerzo en materia inspectora y de atribución a aquellos a que lo desempeñan en condición de agente de la autoridad en casos de necesidad pública. A través de este punto seguimos fortaleciendo nuestra capacidad de anticipación ante un escenario tan complicado como al que nos estamos enfrentando. En este caso, la robustez de nuestra Administración no debe entenderse como la rigidez de nuestra organización, sino como la facultad de ser flexibles y dinámicos cuando la situación así lo requiera. La experiencia de esta crisis de la COVID-19 nos avala en este aspecto. Podemos destacar, y en estas Cortes se ha puesto de manifiesto ya en diversas ocasiones, la capacidad de respuesta y rapidez con la que hemos podido racionalizar la gestión personal para atender los efectos de esta pandemia.

Ahí... ahí está la Orden de la Presidencia 339/2020, de seis de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus órganos autónomos ante las situaciones de crisis ocasionadas por la COVID-19. Un mecanismo legal que dispuso a 158 profesionales, procedentes de la Consejería de Educación, para reforzar los centros sociales, así como la contratación de 112 personas como profesionales interinos. Consideramos que es digno ese reconocimiento y que constata que contamos con la... con una Administración ágil y unos profesionales capacitados y cualificados para hacer frente a desafíos como el que hemos vivido en Castilla y León.

Todas las actuaciones han seguido los principios rectores de la responsabilidad y la máxima coordinación y colaboración con todas las estructuras administrativas, factores fundamentales para abordar con garantías esta pandemia.

A nadie se le escapa que la COVID, que la crisis de la COVID-19 supone un punto de inflexión en todos los órdenes de nuestra vida, algo que también se trasladará a nuestra forma de concebir el trabajo y la organización de nuestra Función Pública. También sabemos que, con respecto al futuro del sector público, la Junta de Castilla y León ya se encontraba inmersa en la búsqueda de soluciones ante el gran número de jubilaciones que se producirán en los próximos años. Todo ello hace que durante esta legislatura los retos con nuestra Administración no se agoten en nuestro horizonte más inmediato.

Finalmente, desde Ciudadanos miramos a este futuro con optimismo, habida cuenta de los méritos y la capacidad que nuestros trabajadores públicos han demostrado: reconvertir un sistema de trabajo presencial, en términos generales, tradicional, para pasar a un modelo en el que el teletrabajo contará con un peso sumamente importante. En este Pleno se ha debatido una moción sobre conciliación, una condición que debe también ser integrada en el sector público.

Esa Administración de futuro, en la que se esté mucho más presente la igualdad en la gestión personal que... en la de constituir una familia no sea el término excluyente a la hora de compatibilizar el desempeño profesional de los trabajadores. Debemos poner en valor que los entornos profesionales que apuestan por un compromiso serio y efectivo con la conciliación familiar y laboral son sistemas más eficientes, tanto para la Administración como para la sociedad de Castilla y León. Por todo ello, nuestro voto a este decreto será favorable. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Gracias. Para un turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García Sánchez.

LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:

Gracias, presidente. Buenos días. Señorías, desgraciadamente, seguimos inmersos en una pandemia mundial, esto no ha terminado, y la situación exige que sigamos adaptando y adoptando medidas. Y la Función Pública requiere medidas inmediatas. Los empleados públicos de Castilla y León han demostrado estar al pie del cañón todo este tiempo; este tiempo y siempre.

En primer lugar, hay que decir que este decreto-ley es más importante de lo que parece. Una buena Función Pública requiere una organización estable. Y, miren, en materia de organización, la Función Pública ha vivido complicaciones en Castilla y León en los años precedentes y una elevada litigiosidad; son muchos los recursos interpuestos en materia de organización de puestos de los empleados públicos. Y quiero reconocer la labor de la nueva Consejería de la Presidencia, y también de la directora general de Función Pública, que hoy nos acompaña, porque desde el primer momento le ha ocupado y preocupado la situación de los empleados públicos en Castilla y León, y puso entre sus principales objetivos desbloquear la situación, y se han volcado en volver a poner en marcha el sistema organizativo, que había sufrido un freno por los distintos procedimientos judiciales, y que resulta urgente corregir, y más en este momento.

Y uno de los contenidos principales de este decreto-ley es precisamente la organización de los puestos de trabajo de los empleados públicos de Castilla y León. Y debemos empezar reconociendo algo: que la materia de clasificación de los puestos de los empleados públicos en esta Comunidad ha sufrido una paralización organizativa importante, produciendo un perjuicio importante a los, a veces, tan castigados funcionarios públicos.

Aunque es importante matizar algo: que la sucesión de sentencias deriva de una tramitación encadenada, y, aunque el Partido Socialista esgrime siempre el número, la cantidad de sentencias recaídas, en este caso la cantidad de recursos y sentencias, aunque debamos lamentarlas igualmente, debe ser acotada. Todas estas sentencias derivan de una tramitación de carácter sucesivo: unos actos administrativos derivaban de los anteriores; la declaración de nulidad de los primeros arrastraba a los segundos. Los distintos instrumentos de aprobación y clasificación de puestos y el propio concurso formaban parte del mismo proceso; un proceso que, por cierto, no tenía otra intención que mejorar la vida de los empleados públicos. Y hay que reconocer el esfuerzo de la Junta por regularizar la situación y por dar estabilidad a los funcionarios, a pesar del poco éxito tenido en los últimos tiempos.

Pues bien, esperemos que, en parte, este decreto-ley venga a recuperar el tiempo perdido y los derechos suspendidos durante este tiempo de los funcionarios de Castilla y León. Y lo ha dicho el consejero, y quiero reiterarlo, porque me gustaría que hoy quedase en el aire que este decreto-ley es fruto del consenso; consenso que ha sido difícil en los últimos tiempos y que hoy debemos celebrar, y la mejor manera de celebrarlo es aprobando por unanimidad esta... la convalidación de este decreto-ley.

Como todos saben, la figura del decreto-ley no requiere de consulta pública, de audiencia e información pública; sin embargo, el texto que ha presentado el consejero hoy ante ustedes goza del consenso de las organizaciones sindicales. Y es muy importante recordarlo por mi parte también, y queremos insistir en ello: además de contar con los preceptivos informes de los servicios jurídicos y la Dirección General de Presupuestos, el contenido de este decreto-ley fue respaldado en la Mesa general de Negociación de los Empleados Públicos y en el Consejo de Función Pública -como dijo el consejero, 24 votos a favor y 3 abstenciones-. Miren, en la votación del Consejo votaron a favor UGT, CSIF, CESM-USCAL y la Federación de Sindicatos y de Educación y Sanidad. Tan solo Comisiones Obreras se abstuvo.

Un decreto-ley que es la luz al final del túnel, y, a la vez, un avance en los derechos de los funcionarios. Y hago una llamada también hoy al consenso aquí, que sea el mismo ejemplo que se ha llevado a cabo en esta mesa de negociación.

Y en cuanto al cuerpo de la norma, en cuanto a la reforma de la Ley de la Función Pública, quisiera hacer hincapié en lo que ha explicado el consejero respecto a las importantes reformas que hoy acometemos aquí.

En primer lugar, la delimitación de los puestos de trabajo. Como ha explicado el señor Ibáñez, se suprime la figura del catálogo de puestos tipos como instrumento organizativo; se elimina el catálogo, que es el instrumento que ha generado controversia. Mantener el catálogo podría generar nuevos perjuicios para los empleados públicos y que dejáramos de nuevo sus derechos en espera. Por lo tanto, volvemos en este momento al instrumento tradicional de regulación de la organización de los puestos, que es las relaciones de puestos de trabajo -lo conocido como las RPT-, instrumento elemental, o primario, de organización del personal, que se recoge en el propio Estatuto Básico del Empleado Público.

Y esperemos que la eliminación de esta figura resuelva, por fin, los problemas generados en esta Comunidad en cuanto a su aplicación.

En el día de hoy, señorías, es más necesario que nunca dar estabilidad a la Función Pública, porque tengamos en cuenta que se han... se han levantado los plazos administrativos, ya no estamos en el estado de alarma. Urge ahora dar un impulso a la Función Pública; un impulso y un reconocimiento de los derechos de los funcionarios. Y la regulación exhaustiva de las RPT significará dos cosas muy importantes: seguridad jurídica para los empleados públicos y agilidad en la gestión de personal.

Un segundo bloque, que también me parece muy importante, es la actividad inspectora. Se recoge una... una disposición adicional a la Ley de la Función Pública, que será la... la decimosexta, y se trata de una modificación que deriva directamente de la crisis de la COVID-19. Está relacionada con la seguridad, la salud y la integridad de las personas. Es la actividad inspectora.

La crisis sufrida ha puesto de manifiesto que resulta necesaria una respuesta inspectora ante estas crisis por parte de la Administración pública. Se refuerza esa capacidad inspectora en situaciones extraordinarias y urgentes. Y esto, que se hizo durante la crisis, mediante el esfuerzo que llevó a cabo la propia Consejería de la Presidencia, se plasma ahora de forma normativa para garantía de los ciudadanos y de los funcionarios. Porque reforzar la labor inspectora y la de la autoridad del funcionario público supondrá que la Administración cuente con un gran cuerpo, preparado, aprovechando el potencial de los expertos y profesionales con que ya cuenta la Administración, para hacer frente a situaciones extraordinarias.

La desgraciada experiencia que hemos vivido nos obliga a estar preparados en todos los niveles del sector público, y la protección de nuestros vecinos también. Un gran cuerpo de inspectores que ya existe, pero que ahora se va a ver reforzado e incluso incrementado.

Y la última parte del decreto-ley es un mandato de carácter no normativo, pero de compromiso, sin duda. Disposición clara en... en defensa de la... de los derechos de movilidad de los empleados públicos. Hemos dejado claro que para optar a los distintos puestos debe existir un instrumento en el que estén plasmados estos puestos. Estos son las RPT, y eso es precisamente lo que regula este decreto-ley. Pues, bien, mientras no se aprueben estas relaciones de puestos se establece un mandato a la Consejería para la convocatoria de concursos de méritos de forma anual. Supone dar un impulso también a los derechos de movilidad y a la carrera profesional, que estaban resultando imposibles de ejercer por las circunstancias judiciales. Y supone un régimen transitorio, de manera que mientras se aprueban las RPT los empleados públicos podrán ejercer por fin sus derechos de movilidad, de manera que la Junta de Castilla y León con este decreto-ley prevé que, de forma inmediata, los empleados públicos puedan optar a la movilidad en sus puestos incluso antes de tener regularizada la RPT. Es una disposición adicional con un fuerte compromiso.

Señorías, y hablando de compromiso, hemos aprobado recientemente en estas Cortes la subida salarial de los empleados públicos, y a pesar de la atribución apócrifa de ese logro al Gobierno actual de la Nación, en realidad este incremento ya estaba previsto en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito por Mariano Rajoy, y del cual las Comunidades Autónomas, por cierto, pagamos más de la mitad del coste de la subida salarial. Ojo, a ver qué ocurre ahora, esperemos que el Gobierno del PSOE y de Podemos no recorten el salario, esperemos que Sánchez no haga igual que Zapatero, que no haga pagar la crisis únicamente a los empleados públicos recortando de nuevo el salario a los funcionarios, y veremos si las actitudes tan intensas que a veces defiende el Partido Socialista de los... ante los empleados públicos esperemos a ver si se mantienen en caso de ocurrir esto, en qué lado se colocarían ustedes, si en el lado de los recortes o de la Función Pública.

Y esperemos que con el apoyo de todos los grupos hoy en Castilla y León pongamos en marcha este nuevo marco clarificador para seguir defendiendo a los empleados públicos. El Partido Popular ha demostrado estar comprometido con los funcionarios de Castilla y León. Ahora damos otro paso más en el reconocimiento de los empleados públicos. Y claro que quedan pasos que dar; quedan pasos que dar y se darán, se darán con la garantía de la prestación del conjunto de servicios públicos y de los derechos de los ciuda... de los funcionarios.

Señorías, en cada intervención relativa a los empleados públicos que he llevado a cabo ante estas Cortes he pedido siempre que nos comprometamos todos a no hacer una utilización partidista de la Función Pública. Creo que por fin la convalidación de este decreto-ley por todos los grupos hoy será el punto de partida para desterrar para siempre la confrontación cuando hablamos de quienes han sostenido los servicios públicos durante este tiempo y que lo seguirán haciendo, sin duda, desde este momento. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de fijación de posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nos presentan ustedes hoy aquí este decreto-ley para su convalidación, que modifica la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Un decreto que es la consecuencia inmediata de una serie de errores y equivocaciones que la Junta de Castilla y León ha estado cometiendo, y de los que hemos visto y hemos venido avisando a lo largo de estas dos últimas legislaturas.

La publicación de la sentencia que anula el catálogo de puestos tipo del personal funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma no es más que la crónica de una muerte anunciada, y recordará, consejero, que ya se lo avisamos. Es el resultado de un fracaso; y, por supuesto, este resultado no ha podido ser peor para los funcionarios de la Administración autonómica, que una vez más vuelven a padecer las consecuencias de sus nefastas decisiones políticas.

El pasado día doce de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara nulo de pleno derecho el Decreto 5/2019 y deja a la Administración autonómica de Castilla y León sin catálogo de puestos tipo y, consiguientemente, sin la herramienta fundamental para la ordenación del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma. Un catálogo que es el instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Junta. Con ello, han condenado ustedes a esta Administración a la parálisis más absoluta, incidiendo directa e indirectamente sobre el concurso abierto y permanente de los funcionarios.

Pero esta ya es la segunda vez que se anula el catálogo de puestos tipo, y, curiosamente, las dos veces se han anulado por el mismo motivo: por un delito... perdón, por un defecto, un defecto de forma. Han vuelto ustedes a tropezar en la misma piedra, una y otra vez. [Aplausos]. Estaba claro, estaba claro que había una especie de empecinamiento por parte de la Junta de Castilla y León en no hacer bien las cosas.

Y miren, la argumentación que se dio para la estimación de la demanda se asentaba en tres argumentos: omisión del dictamen del Consejo Consultivo, la falta de motivación económica y la infracción en materia de elaboración y aprobación de estructuras orgánicas.

Y miren, si echamos la vista atrás y hacemos un resumen de todo lo acontecido, el primer catálogo de puestos tipo del personal funcionario se aprueba, mediante acuerdo, en agosto del dos mil diecisiete; y, mediante acuerdos del dos mil dieciocho, se modifican todas las relaciones depuestos de trabajo. Ambos acuerdos se impugnan por funcionarios, colectivos de funcionarios, colegios profesionales y representantes sindicales, de tal manera que tanto el catálogo como las modificaciones de la RPT son declarados nulos... nulo de pleno derecho.

Pero existe un segundo intento de aprobación del catálogo de puestos tipo, y se realiza mediante el Decreto 5/2019, del siete de marzo, para el mismo ámbito que el anterior. Curiosamente, este acuerdo se aprueba con mucha celeridad poco antes de la celebración de las elecciones autonómicas. Y, cómo no, este catálogo también fue declarado nulo mediante diversas sentencias, al igual que los acuerdos de modificación de las relaciones de puestos de trabajo derivados de la aprobación del primero.

Y finalmente, como colofón de toda esta historia de desencuentros, tenemos un final casi de cine: convocan el concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera, vacantes u ocupados, bajo cualquier modalidad de provisión temporal por funcionarios de carrera o interinos de la Administración general y la Administración especial. Y, en este contexto, de nuevo particulares, colectivos, colegios profesionales y representantes sindicales formulan numerosos recursos contencioso-administrativos frente a este decreto y frente a los acuerdos derivados de este decreto.

Por supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vuelve a tumbar este decreto y sus acuerdos, dejando a la Administración autonómica en un absoluto limbo.

Y miren, como consecuencia inmediata de esta sentencia se retrasa... se retrasa el concurso abierto y permanente que la Junta de Castilla y León había puesto ya en marcha incluso antes de conocer la resolución de las impugnaciones. Lo que hace la Junta es adjudicar los puestos propuestos por la Comisión del concurso, pero pospone la eficacia de la adjudicación hasta que haya una resolución judicial de catálogos de puestos de trabajo y de las RPT. De esta manera, la Junta vuelve a incumplir una vez más el acuerdo de la legislatura anterior con el Gobierno del señor Herrera, en el que se indicaba que el concurso abierto y permanente de los funcionarios se implantaría de manera efectiva en la Administración de Castilla y León.

Pues bien, con la resolución judicial que anula definitivamente el catálogo de puestos tipo, las RPT, los concursos de traslado y la carrera profesional, nuestro grupo parlamentario, en una pasada intervención, le preguntamos qué va a pasar ahora. Pues aquí lo tenemos, señorías, aquí tenemos lo que va a pasar ahora: que tenemos que modificar la Ley de Función Pública y además con carácter urgente.

Han llevado ustedes a tal estado de descalabro a la Administración autonómica, de verdad que la han llevado... vamos, hasta tal punto que tenemos que aprobar una RPT por vía de urgencia. Y les avisamos, les avisamos una y otra vez. Y ahora nosotros, que somos un partido con una grandísima responsabilidad, tenemos que venir a enmendar la cascada de errores y equivocaciones que se han estado cometiendo a lo largo de los últimos años en materia de Función Pública, entre otros. [Aplausos].

Y con toda seguridad, una vez más, nadie va a asumir la responsabilidad de lo sucedido, siendo de nuevo los funcionarios los que tienen que pagar las consecuencias de sus errores, que son muchos. Ustedes, en sí mismos, ya son un error. [Aplausos].

Y miren, entrando ya, entrando ya a analizar el texto del decreto... [murmullos] ... entrando ya a analizar el texto del decreto, repito, vemos que se modifican tres...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señorías, por favor.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

... vemos que se...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Un momento. Señora Sacristán, un momento. Hay muchísimo murmullo, y al final no se escucha al que tiene la palabra. Por favor, siga, señora Sacristán.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Sí. Decía que entrando ya a analizar el texto del decreto, vemos que se modifican tres artículos. En gran medida se vuelve al texto antiguo, que desde luego les generó muchos menos conflictos que el actual. Dejan como instrumento básico de organización de la plantilla las relaciones de puestos de trabajo y eliminan definitivamente los catálogos de puesto tipo. Se regula también el concepto, requisitos y procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las RPT. Sin embargo, no recoge la RPT, en su Artículo 23, ya modificado, el número de puestos estructurales de cada unidad.

Miren, la deficiente previsión actual en este sentido ha sido, junto con la mala praxis por abusos de contrataciones temporales fuera de la RPT y la falta de convocatorias de empleo público, causa principal de la situación de irregularidades y aparición de grandes cantidades de empleados públicos bajo la figura del indefinido no fijo o personal interino en fraude de ley al superarse los tres años previstos en la normativa.

Este mismo Artículo 23 recoge en su mayoría las características esenciales, y, sin embargo, no incluye las funciones. La falta de concreción con las funciones de cada puesto ha sido uno de los grandes caballos de batalla hasta la fecha.

Y con respecto al Artículo 24, que también modifican, no tienen en cuenta a la parte social cuando se suprimen puestos de trabajo declarados a extinguir, algo que a nosotros nos parece esencial y que a ustedes también les debería de parecer esencial.

Y miren, también regulan como novedad la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias, como la derivada de la COVID-19. Los temas de inspección tienen un desarrollo legal en cada ámbito, donde se puede negociar de una forma mucho más pausada y ajustada a la realidad. Lo que es necesario es que aparezcan claramente recogidas en la RPT dichas funciones inspectoras. Además, es innegable la necesidad del refuerzo de las plantillas, como ha quedado en evidencia con la situación que hemos vivido con la pandemia del COVID-19.

Y miren, con respecto al concurso de méritos, no existe una concreción temporal que garantice un plazo máximo para la convocatoria del concurso general previsto en la disposición adicional, y tampoco se concreta en los concursos específicos previstos en esta disposición; dejar la temporalidad sin definir, en realidad, impide el control del... del cumplimiento. Y, continuando con el concurso de méritos, es necesaria la relación... perdón, la referencia explícita a la responsabilidad y a las sanciones en que incurrirían la Administración y los responsables correspondientes en caso de que se produzca un incumplimiento de las convocatorias previstas en esta disposición. Es básico garantizar la convocatoria de los concursos en los plazos previstos, tanto del general, previo a la aprobación de una nueva RPT, como de los específicos, como del abierto y permanente. Todos conocemos de qué ha servido la exigencia del concurso anual existente hasta ahora en la Ley de Función Pública: absolutamente de nada.

Miren, la confianza del personal funcionario en ustedes como gobernantes es nula en este momento, toda vez que ya han visto mil y una vez decepcionadas el cumplimiento de sus promesas si no hay una mención expresa. Muchas de estas promesas tienen lugar en fechas electorales, que después se olvidan.

Y finalizo ya, señorías. Finalizo. Me gustaría manifestar que, aunque este decreto es verdad que se ha llevado a la Mesa de Función Pública, y parece ser que la gran mayoría de los sindicatos lo han aprobado, es cierto que muchas de sus alegaciones se han introducido, pero también es cierto que muchas se han quedado fuera de este... de este documento, a la espera de un posterior desarrollo normativo. Veremos si cumplen ustedes con sus promesas. No obstante, también quiero manifestar que este documento ha sido publicado el viernes día diecinueve, y hoy, miércoles, lo traen aquí para su convalidación sin haber contado con nosotros para nada.

Por todo lo...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Tiene que ir terminando, señora Sacristán.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

(Termino ya. Sí, presidente) ... por todo lo expuesto... por todo lo expuesto, nos vamos a abstener, puesto que hay muchas cuestiones que no tenemos claras. Sin embargo, les propongo que este decreto se tramite como proyecto de ley para que podamos abrir un debate y podamos presentar enmiendas. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. ¿Sí, señor consejero?

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

Presidente, en función del Artículo... en función del Artículo 75.4 del Reglamento, solicitaría, como Gobierno, poder intervenir.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Sí.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

Lo puedo hacer desde el escaño.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Por supuesto.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

Gracias a los grupos que van a aprobar la convalidación de este decreto-ley. Señora Sacristán, ha dedicado siete minutos de la intervención a hacer un reproche de todo lo que ha motivado que traigamos este decreto-ley; un reproche a actuaciones desarrolladas en anteriores legislaturas, que incluso ha tenido la posibilidad y capacidad -incluso diría un poco desfachatez- de atribuirme a mí. [Murmullos]. Yo lo que estoy haciendo es...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señoría. Señorías, un momento, por favor. Continúe, señor consejero.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

Yo lo que estoy haciendo, lo que está haciendo este Gobierno es corregir esas cuestiones. He apelado a que vamos a estar muy atentos a lo que nos han dicho las sentencias judiciales. Por eso, me hubiera gustado que hubiera dedicado más tiempo a hablar de este decreto-ley. Veo que en la mayoría de cuestiones está usted de acuerdo. Si hubiera dedicado, en vez de tres minutos, ocho a hablar del decreto-ley, pudiéramos haber hablado de otras cuestiones.

No "parece ser que la mayoría de los sindicatos lo ha apoyado". No. Es que la gran mayoría lo han apoyado. Por tanto, esta va a ser la primera vez en la que ustedes, incluso su propio sindicato, no va a hacer lo que... usted, su sindicato ha hecho. Su sindicato, UGT, ha aprobado la convalidación de este decreto-ley, está de acuerdo con estas normas después de un proceso de negociación. Y usted va a votar algo distinto a lo que su propio sindicato ha hecho. [Murmullos]. Dicho lo cual...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señorías, un momento.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

Dicho lo cual...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Silencio.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

... dicho lo cual...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Silencio.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO):

... yo le tiendo la mano. Le vuelvo a insistir: el ámbito de la Función Pública va a ser de consenso, va a ser sosegado, va a ser estable. Ese es el camino que hemos emprendido con estos nuevos instrumentos, y estoy convencido de que verán cómo los resultados van siendo satisfactorios a medida que avanza el tiempo.

Y por último, parece que siempre le tengo que decir lo mismo; se lo voy a decir, con todo el cariño, una vez más: tiene que leer un poco más los documentos. [Murmullos]. Porque en la disposición adicional... No se lo diría si no me hubiera reprochado que no aparecen plazos en el texto, pero sí que aparecen plazos, porque en el concurso de mérito aparece que la Consejería competente en materia de Función Pública publicará... convocará, al menos, un concurso de méritos ordinario anual. Por tanto, ahí está contemplado el plazo que usted no ha reconocido cuando ha subido al estrado. Por eso tengo que decirla que tiene que leer mejor los expedientes. Gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Sí, señora Sacristán, dígame.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Sí, señor, en virtud del Artículo 78.1, quiero contestar...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

No. En virtud del 78.1 no se puede... [Murmullos]. Claro. [Murmullos]. No es el 78.1 el que se puede utilizar en este momento. [Murmullos].

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

¿No puedo?

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

¿Leemos el Reglamento? [Murmullos].

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Pues en virtud del Reglamento. [Risas].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

No. ¿De acuerdo? [Risas]. [Aplausos].

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

En virtud de lo que usted quiera. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Un segundo, por favor.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Simplemente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Un momento. No, no. No tiene la palabra, señora Sacristán. [Murmullos]. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Como quedó... como quedó claro en la Junta de Portavoces, no se abriría ningún turno de debate... [Murmullos]. Señores... Señora Sánchez. [Murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señora Sánchez, la llamo al orden. [Murmullos]. Vamos a ver, según se quedó en la Junta de Portavoces, no se abriría ningún debate con posterioridad al debate realizado. [Murmullos]. El Gobierno... el Gobierno... [Murmullos]. Señor... señor Martín, lo llamo al orden también. [Murmullos]. [Risas]. Lo llamo al orden por segunda vez. [Murmullos]. Vamos a ver. Y no va a haber debate. Es decir, en virtud del 78 no se puede abrir un debate, porque no ha sido contradicha en sus... [Murmullos]. Señorías... Señorías... Señorías. Procedemos a someter a la votación... [Murmullos]. Señor Reglero, señor González Reglero, lo llamo al orden; lo llamo al orden por segunda vez. Si lo tengo que llamar por una vez más, lo expulsaré de la sala. Gracias.

Votación Convalidación DLEY/000003 (Decreto-ley 3/2020)

Procedemos a someter a votación la convalidación del Decreto-ley 3/2020, de dieciocho de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 122, de diecinueve de junio del dos mil veinte. Se procede a la votación. ¿Votos a favor de la convalidación? ¿Votos en contra de la convalidación? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta y uno. A favor de la convalidación: cuarenta y cuatro. Abstenciones: treinta y siete. En consecuencia, queda convalidado el decreto-ley que hemos votado.

Convalidado el decreto-ley, ¿algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? ¿Sí, señor Tudanca?

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Sí. El Grupo Parlamentario Socialista lo solicita.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Procedemos a someter a votación la solicitud de que se tramite como proyecto de ley. ¿Votos a favor de la solicitud de tramitación como proyecto de ley? ¿Votos en contra de la tramitación como proyecto de ley? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: ochenta y uno. A favor de la solicitud: treinta y siete. En contra: cuarenta y tres. Abstención: una. Por lo tanto, ¿eh?, queda... queda rechazada, perdón, la solicitud de la tramitación como proposición de ley. Gracias.

Por el señor secretario se procederá a dar lectura al sexto punto del orden del día.

Convalidación DLEY/000004 (Decreto-ley 4/2020)

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Sexto punto del orden del día: Convalidación de Decreto-ley 4/2020, de dieciocho de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 122, de diecinueve de junio de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para la presentación del decreto-ley, por parte de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta.

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR, VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ DE LA JUNTA (SEÑOR IGEA ARISQUETA):

Muchas gracias, señor presidente. Bueno, venimos hoy a... a convalidar este... este decreto, que trae cuenta del punto 34 del acuerdo recién firmado. Se trata de, como dice el punto 34, profundizar en la simplificación y en la agilización administrativa. Conviene recordar que es un pack, porque, según el diccionario, es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a cumplir una serie de condiciones.

Como diría el vicepresidente Iglesias, pacta sunt servanda. Esperemos que para estos pactos sean ustedes más leales que para los que tienen con Bildu.

¿Por qué digo esto? Porque, miren, lo pactado incluye muchos temas. Incluye temas, por ejemplo, de Atención Primaria, en las cuales nosotros nos comprometemos a abrir con cita telefónica previa, ¿eh?, como se ha dicho... [Murmullos]. El reloj. [El orador se dirige a la Presidencia].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

De todos modos, el Gobierno siempre para la presentación tiene el tiempo que necesite, pero, bueno. Por favor, siga, señor Arisqueta.

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR, VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ DE LA JUNTA (SEÑOR IGEA ARISQUETA):

En cualquier caso, seré breve. Bueno, también en este pacto hemos suspendido la tramitación de una rebaja de impuestos, hemos cumplido nuestro pacto. Y, por tanto, esperamos que ustedes también cumplan con su parte del pacto y no hagan siempre poner la carga en un solo lado, porque en eso consisten los pactos.

Miren, ¿por qué es esto urgente? Mire, hay un informe de... de competitividad regional del Colegio de Economistas que nos coloca en la séptima posición de las Comunidades Autónomas; un ranking de InBusiness que nos coloca en el número once; pero un estudio muy recientemente de la Universidad de León, el profesor Nieto, en una encuesta a empresarios de Castilla y León, publicada este mismo cuatro de junio, hace una pregunta que es: "¿Qué consideran más urgente los empresarios para salir de esta crisis?". Y no es bajar las cuotas, y no es bajar los impuestos. El 74 % de ellos quieren que se eliminen trabas administrativas. Es la medida más solicitada por los empresarios de esta Comunidad. Por tanto, esto hace que este asunto sea más necesario que nunca.

Con respecto a los pactos, hay que decirles que nuestra suspensión de la bajada de impuestos, medida que, como saben, pues ha sido dura de aceptar por nosotros en el pacto, esperemos que se vea compensada por esa promesa de su Gobierno, del Gobierno central de la Nación, de evitar el dumping fiscal. En resumen, si quieren ustedes recaudar, déjenles a los empresarios, al menos, poder ganar el dinero. Miren, no hay recaudación si no hay actividad empresarial, y para que haya actividad tenemos que conseguir eliminar las trabas.

¿Por qué lo traemos en vía de decreto? Pues fácil, porque el PIB se... se prevé que va a bajar, según el Banco de España, entre el 9,5 y el 12 % y el paro puede llegar hasta el 21 %. Si hay algo urgente en este momento es tirar del estárter y conseguir arrancar nuestra economía lo más rápidamente posible.

No se trata de una desregularización. Todo lo contrario, se trata de una simplificación que va a traer más trabajo a la Administración y menos trabajo a nuestros empresarios.

Pasaré brevemente por el articulado. El Artículo 3 simplifica la tramitación de las instalaciones eléctricas. El Artículo 5 mejora los tiempos de la tramitación de las instalaciones de energía eólica, en las cuales somos líderes en esta Comunidad. El Artículo 5 también elimina trámites y pasa a comunicación las instalaciones solares de autoconsumo, salvo aquellas que tengan impacto sobre el patrimonio; y también pasa de licencia a comunicación las primeras ocupaciones, lo cual nos facilita también emprender muchos pequeños negocios. Y en el Artículo 6, probablemente el artículo más polémico por la mala interpretación o la mala lectura que se ha hecho del mismo, se pasan de licencias a comunicaciones responsables una serie de actividades; serie de actividades que van a favorecer en mucho, en mucho, el emprendimiento rural, porque son en gran parte pequeñas industrias de transformación agroalimentaria, que son las que fijan población. Ayer hablábamos de la fijación de población, de la rucha... de la lucha -perdón- contra el reto demográfico. En esto consiste hacer políticas también de demografía, en facilitar el emprendimiento en el medio rural. De eso se trata, y eso es lo que vamos a hacer. El Artículo 7 y 8 reduce los plazos máximos de algunas tramitaciones.

Los procedimientos de ayudas y subvenciones que han sido afectados por el COVID suspenden plazos de ejecución y mejoran sus condiciones, permitiendo que aquellos que estaban obligados a tasas de inserción y a raíz de la crisis se han visto envueltos en ERTE no se vean privadas de esas subvenciones. Ocurre lo mismo con nuestras políticas activas de empleo, con nuestros programas de políticas activas de empleo, con los certificados de idiomas, que vamos a permitir también con este decreto que puedan ser obtenidos en junio y septiembre por el alumnado que necesita esta certificación. Con la flexibilización del patrimonio municipal del suelo, para poder utilizarlo para soluciones habitacionales a colectivos necesitados. Con la adaptación de nuestras sociedades cooperativas a la Ley 2/2018, prorrogando algunas de sus tramitaciones y permitiendo que el fondo de educación y promoción del COVID sea utilizado... perdón, de promoción y educación sea utilizado para la lucha contra el COVID.

También se modifica la ley de transporte en nuestra Comunidad para permitir que el sector del taxi pueda competir en igualdad de condiciones con otras plataformas, favoreciendo así a más de 3.000 familias también en nuestra Comunidad. Mejoramos su competitividad y mejoramos sus condiciones de servicios.

Quiero dejar una cosa bien clara: no se elimina un solo requisito medioambiental. No es cierto. Solo se agilizan los trámites, se reducen los costes y se apuesta por el ex post y no por el ex ante, tan hispano. Porque se apuesta por la confianza en nuestros ciudadanos, en nuestros emprendedores, los tratamos como adultos, hacemos presunción de inocencia de los ciudadanos y no presunción de culpabilidad. Necesitamos, por tanto, la aprobación de este decreto para poder decirles, darles un mensaje de confianza a nuestros emprendedores.

Y les voy a pedir una cosa, si fuera posible -porque sé que han pedido turno en contra-. Miren, abandonen las políticas conservadoras; en un año, en este Parlamento, les he oído conjugar el verbo blindar, conservar, defender. Les falta el verbo fosilizar. [Aplausos]. Miren, son ustedes los reyes del catenaccio, son el partido ultraconservador de Castilla y León; no han hecho ni una sola propuesta arriesgada en estos doce meses. Hubo una vez en este país un Partido Socialista, en el año ochenta y dos, que tenía un lema que era "Por el cambio". Ustedes están muy alejados de eso, ustedes son hoy más bien la cabeza del conservadurismo carpetovetónico que de la progresía europea. Háganse un favor, hágannos un favor: salgan, por favor, del pasado para que esta tierra pueda ganar el futuro. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno a favor de la convalidación del decreto-ley, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor González Rodrigo. Señorías, por favor. Silencio.

EL SEÑOR GONZÁLEZ RODRIGO:

Gracias, señor presidente. Señorías. Desde Ciudadanos siempre hemos transmitido nuestra preocupación por simplificar los procedimientos administrativos, y así lo hemos manifestado y defendido cuando hemos tenido la ocasión. Ya en dos mil dieciséis presentamos una proposición no de ley para la reducción de cargas administrativas, la simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración electrónica. Defendíamos, y defendemos, que el sector público debe ser un ejemplo para la sociedad en cuanto a su funcionamiento, y que por ello debemos trabajar para conseguir hacerlo tan eficiente como sea posible, esforzándonos por alcanzar servicios de calidad, sin que esto suponga un lastre para las cuentas públicas.

Teníamos, y tenemos, el empeño de lograr una simplificación administrativa real y una reducción de trabas burocráticas y procedimientos superfluos, así como evitar las duplicidades y organismos innecesarios. Planteábamos, y planteamos, que evaluar la eficacia y el coste de los diferentes organismos públicos y sus planes de actuación es fundamental para optimizarlos. Con ese mismo espíritu, impulsamos la creación de una Comisión para la Racionalización de la Administración Pública la pasada legislatura, y en esta continuamos con ese proceso.

Tanto empresas como particulares deben tener la oportunidad de cumplir con la normativa y con sus obligaciones sin necesidad de enfrentarse a un estéril laberinto burocrático. Decía Carlos Castillo Peraza que la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. El exceso burocrático es un alto coste intangible para el ejercicio de cualquier actividad económica, la dificulta y complica, sometiéndola a un estrés que limita su productividad.

Por ese motivo es obligación de cualquier Administración pública el reducir las cargas burocráticas innecesarias con el fin de generar un marco que haga que nuestro tejido productivo sea más competitivo. Una correcta simplificación administrativa hace más ágiles y eficientes a nuestras Administraciones públicas, las dota de un mejor funcionamiento y, por otra parte, mejora el servicio y la calidad de vida de los ciudadanos.

Comento todo esto porque, como decía hace un momento, desde Ciudadanos siempre hemos estado firmemente comprometidos con los procesos de simplificación de los trámites administrativos. [Aplausos]. Y si esto siempre ha sido así, cómo iba a ser menos en estos momentos en los que una pandemia que afecta al mundo entero y ha dejado más de 40.000 víctimas en nuestro país nos ha sumido en una emergencia de salud pública y ha comprometido seriamente nuestro horizonte económico. Y más aún, la pandemia nos ha sumido en un marco de incertidumbre que hace imposible dimensionar en su justa medida las futuras consecuencias, tanto sanitarias como humanitarias y sociales o económicas. Una incertidumbre que compromete el futuro inmediato de nuestra sociedad al eliminar la necesaria estabilidad que el crecimiento económico y el empleo necesitan.

Hablamos, según cifras del Fondo Monetario Internacional, de una caída del PIB superior al 9 %, un aumento de la deuda superior al 110 % y una escalada del desempleo hasta el 20 %, cifras que equiparan este evento de la COVID-19 a las peores crisis de la historia reciente. Las medidas que ahora se tomen pueden favorecer una recuperación relativamente rápida, lo que se denomina en u o uve. No actuar, por el contrario, puede sumirnos en una prolongada meseta de cifras macroeconómicas desastrosas. Y detrás de las cifras siempre hay personas.

Como siempre que aparecen estos escenarios de tensión económica, primero van los avisos de las grandes organizaciones económicas y financieras -Fondo Monetario Internacional, bancos centrales o agencias de calificación-, después van los malos datos en las cifras macroeconómicas y más tarde llegan las consecuencias para trabajadores y familias.

Que no nos engañe, por lo tanto, el espejismo de la llamada vuelta a la nueva normalidad: la herida económica no está ni mucho menos cerrada, y será en unos meses cuando empecemos a tener certeza de hasta qué punto está comprometido nuestro tejido económico y, por ende, nuestro bienestar social. De manera que es muy importante actuar pronto para paliar en lo posible esas consecuencias. Y gran parte del éxito de las medidas que se adopten dependen de los plazos en los que se implementen: cuanto más se tarda en tomar medidas menos eficaces resultan estas; algo similar a lo que ha ocurrido en la faceta sanitaria va a ocurrir en la faceta económica de esta crisis: el tiempo que se tarda en reaccionar es crucial para facilitar el posterior control y recuperación de la situación.

Urgía, por lo tanto, una acción rápida y precisa desde el Gobierno, con el fin de paliar en lo posible esas previsiones. Urgía reducir los trámites burocráticos, urgía apoyar a la economía y al empleo. Fruto de esa urgencia, llega aquí hoy este decreto-ley justo en el momento en que finaliza el estado de alarma, y lo hace para reactivar el tejido productivo y apoyar a nuestras empresas, especialmente a las pymes.

En Ciudadanos creemos en una Administración consciente de que debe tomar una posición activa, con el fin de dar confianza a la sociedad y demostrar a todos los actores sociales su compromiso firme con el impulso de la actividad económica que la situación actual exige. La rapidez a la hora de tomar medidas tiene dos consecuencias positivas: el propio marco favorable, fruto de esas medidas concretadas en el decreto, y, además, el mensaje de tranquilidad que supone comprobar que el Gobierno es plenamente consciente de la situación y está actuando rápida y contundentemente. Eso aporta tranquilidad y genera confianza. Desde la Administración no se pueden generar dudas ni contribuir a agravar la crisis, la Administración debe ser parte fundamental a la hora de solucionar los problemas.

El decreto se desarrolla en varios frentes, presentando atención a las autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica, a las instalaciones ganaderas, agroalimentarias, servicios de restauración, hostelería, industria textil, del mueble, actividades recreativas y comerciales, entre otras. En él se dan facilidades, entre otros, al pequeño comercio, ópticas, relojerías, peleterías, encuadernación, cristalería, albañilería, fontanería, calefacción y aire acondicionado, reparación de electrodomésticos, viveros, obradores, academias, balnearios, clínicas veterinarias, farmacias, campings, campamentos, alojamientos de turismo rural, albergues, centros de interpretación, museos, instalaciones deportivas, cafeterías, restaurantes, ortopedias, panaderías o ludotecas.

Estas medidas de las que hablamos suponen una mayor carga para la Administración en favor de empresas y particulares. La Administración cede espacio y da libertad para facilitar el arranque de la actividad económica, pero a cambio compromete mucho más esfuerzo posterior para conseguir que no se vulnere el ordenamiento jurídico. De la misma manera que se puede inyectar liquidez económica y financiera al sistema, también se le puede inyectar rapidez y confianza. Se podría decir, pues, que son las dos caras de la moneda: por un lado los paquetes económicos y por otro los administrativos.

De igual manera que ha sido la Administración la que en situación de crisis ha arrimado el hombro con paquetes económicos destinados a ayudar a empresas y personas, con este tipo de actuaciones es de nuevo la Administración la que asume la carga en relación con el cumplimiento de la ley para que de nuevo empresas y particulares lo tengan más fácil. Por un lado, tenemos la obligación de reactivar la economía y apoyar a las empresas y familias ante el escenario que viene; y, por otro, el deber de respetar la legalidad vigente. Creo que este decreto resuelve ambas necesidades de manera rápida y diligente. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno en contra de la convalidación del decreto-ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Buenos días, señor presidente, señorías. Se trae a debate a este Parlamento la convalidación del Decreto 4/2020, de dieciocho de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. Decreto inusual porque es aprobado a propuesta de la Consejería de Hacienda, pero participan precisamente 6 Consejerías. A tenor de lo que ha dicho el... el señor vicepresidente, ya nos ha dicho que vamos a votar en contra, y de paso casi... casi nos insulta. ¿Cómo quiere que apoyemos este decreto? ¿Cómo lo vamos a apoyar, señor... señor vicepresidente? [Aplausos]. Mire, hombre, vamos... vamos, si usted quiere que nosotros nos alleguemos allí, tendremos que intentar participar todos, ¿no?, pero...

Fíjese usted, modifican una serie de leyes a lo que los servicios jurídicos denominan decreto-ley ómnibus, porque consideran que puede ser expresión de una deficiente técnica normativa, y que ha de justificarse porque no admite demora la regulación de todas las medidas contenidas en el mismo, pero no se fundamentan los motivos de extraordinaria y urgente necesidad. Esto no lo digo yo, lo dicen los servicios jurídicos. Hasta tal punto... habla inclusive de incongruencia. Es decir, que algunas de las previsiones fruto del cambio normativo que se pretenden -fíjese qué incongruencia- dicen los servicios jurídicos que no simplifican, sino que incrementan la actividad administrativa.

Este decreto, además, como usted ha dicho -que se ha dedicado muy poquito a explicarlo, pero bueno, se lo agradezco-, modifica me parece que son, pues... 8 disposiciones legisla... legales, perdón. El Decreto 126/2003 -todo son supresiones de trámites administrativos en autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica-. Modifica el Decreto 189/97, la autorización precisamente de instalación de energía eléctrica eólica, modificando informes preceptivos para la instalación de los parques eólicos. Mire usted, aquí no nos hable mucho de eso. Aquí, en este decreto, o a través de este decreto, se está... o estamos recordando muchos lo que ha pasado con la famosa trama eólica en esta Comunidad Autónoma. [Aplausos]. Por cierto, por cierto, señor vicepresidente, ¿por qué se omite, por qué se omite la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas? Porque claro, es cierto, ahora parece que pasa a ser centro directivo competente; y se rebajan los plazos de los informes previos de tres meses a un mes.

Lo más grave de todo esto no es lo... lo que he dicho hasta ahora. Lo más grave fundamentalmente es la modificación de la Ley de Urbanismo, la 5/99 de Castilla y León. Se suprime el apartado 1 del Artículo 97. Ya no estarán sujetos a licencia, y se van a sustituir por declaraciones responsables: la primera ocupación, utilización de toda clase de construcciones de nueva planta, de instalaciones; incluso la corta, derogada. Vamos a ver, esto va a llevar a un caos -y ustedes lo saben-, va a llevar a un caos para los ayuntamientos, sobre todo para los más pequeños, y un desorden de las normas urbanísticas. ¿Quién va a comprobar si una construcción en régimen sometido a mera comunicación a la Administración, cuando se termine la obra, no cumple con lo estipulado en la licencia? ¿Quién, dónde y cómo? No se puede comprobar, no se puede, señor consejero, y usted lo sabe perfectamente, que lo debatimos en la anterior ley.

Se modifica la Ley de Prevención Ambiental. Ya hemos oído -por ahí ya hay mucho ruido, y ustedes lo saben perfectamente, y le afecta más a usted, señor consejero- que pretenden garantizar fundamentalmente... Vamos a ver, modifican dos artículos importantísimos, el 17 y el 31. Es decir, solamente pretenden garantizar este derecho para los interesados. Se genera, por tanto, una falta absoluta de seguridad jurídica, ya que de un plumazo se elimina el trámite para colindantes, vecinos, en instalación o actividad.

También hay un cambio sustancial en el Artículo 43.1, donde se pasa -que no lo hemos entendido, y también espero que me lo expliquen- de la exigencia de declaración de impacto ambiental ahí -es decir, la necesidad de contar, además, con el informe ambiental favorable- a sacarse de la manga, como añadido nuevo, el informe de impacto ambiental en el que se determine que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. O sea, que es menos malo o es un poquito menos bueno. Es decir, o... o pasa o no pasa la declaración ambiental. Vamos a ver, claramente cambian la declaración de impacto ambiental por un informe de impacto ambiental correspondiente.

Se modifica también el Artículo 45.6, relativo a la modificación no sustancial de la licencia ambiental. Es decir, fíjense ustedes, se otorgará si en el plazo de un mes el órgano competente para resolver no dice lo contrario, no dice lo contrario. A nuestro entender, es una clara patada a la Ley de Procedimiento Administrativo, y va a tener sus efectos, seguramente, a través de recursos.

Se modifica el Anexo I, y se modifica también el Anexo III. Ahí está la clave, ¿eh?, porque el Anexo I prácticamente establece tres casos para la evaluación de impacto ambiental; esto es decir, salvo que sea una central térmica o industrias -perdón- de residuos peligrosos, todo lo demás pasa al Anexo III. En el Anexo III. Es decir, solamente es necesaria la comunicación ambiental para instalar granjas ganaderas, actividades de trashumancia, instalaciones para compostaje agrario de residuos, mataderos de instalaciones de procesados de productos cárnicos, harineras, instalaciones para construcción de obras públicas. ¡Cabe todo! Esto... cabe todo, es un cajón de sastre de multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias y ocasionar lesividad, que podrán implantarse -fíjese usted- e iniciar su actividad con una simple comunicación al ayuntamiento del término municipal en el que se ubiquen. Sin información pública, sin informes previos ni audiencia a los vecinos. ¡Es un disparate! Es un disparate normativo en la forma, pero también en el fondo. Es un disparate sustancial lo que ustedes pretenden hacer hoy aquí.

Por lo tanto, no se justifica una modificación de esta trascendencia y no vemos la urgencia de aprobar este decreto como decreto-ley, con una incongruencia de normas multisectoriales absolutamente deslavazadas. El informe jurídico es contundente. No se lo han leído. Por cierto, no vemos más informe que ese; no vemos más informe. Porque, aparte del de las Consejerías, se extraña aquí que, por ejemplo, no aparezca el de los órganos externos: el Consultivo, que no aparezca el CES. Es decir, es muy importante lo que estamos modificando hoy, y a alguno le traerá a colación quizá lo que pasó con la Ley del Suelo del noventa y ocho. ¡Pero es muy grave!

Y por lo tanto... mire, y para nosotros, que se ha hablado del Pacto de Reconstrucción, el Pacto de Recuperación de Castilla y León, que firmaron la mayoría de las fuerzas políticas, nos han tenido al margen. ¡Nos han tenido al margen! No se puede aprobar un decreto en cinco días y traerlo aquí para debatir. ¿No hay otro... otra forma de hacer las cosas, para que se pueda hacer vía enmienda? Se puede hacer. ¿Tienen ustedes voluntad? Pues no. No. Usted lo ha justificado diciendo, prácticamente: la situación de la pandemia lo puede todo y, por lo tanto, tenemos que intentar... [Murmullos]. Bueno, más o menos; amenazan que lo tenemos que aprobar sí o sí.

Mire usted, entendemos que... que no se entiende. A mí me preocupa muchísimo también, fundamentalmente, porque se les ve el plumero con el tema de la... la Ley del Suelo. Una cosa es adoptar esas medidas extraordinarias, que pudieran ser transitorias, para impulsar la economía, consecuencia de la pandemia que nos sigue afectando. Pero otra muy diferente, y es lo que se va a votar hoy aquí, hoy aquí, es que se aproveche la terrible situación económica para imponer recetas económicas absolutamente desregulatorias, de la legislación liberal más salvaje.

Y miren, señorías, por ahí, lamentando mucho, no lo vamos a pasar, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos. [Aplausos]. No podemos apro... no podemos tolerar que aprovechen la pandemia para eliminar controles ambientales, vulnerar el derecho a la participación ciudadana, sin que haya realizado los trámites de participación... de participación pública; lo que establece el Artículo 75. Yo, en cuanto vi que esto se tramitaba a través del Artículo 76, dije "date, el vice... tiene que ser del vicepresidente". Y se lo digo a mis compañeros. Porque esto se debía haber tramitado -y usted lo sabe- de otro modo. Yo no sé si ustedes no ven más que la urgencia, pero yo creo que eso no es así.

Mire usted, señor vicepresidente, este grupo parlamentario, en su conjunto, considera que es necesario que nuestra Comunidad Autónoma mejore aún las condiciones óptimas para la implantación de nuevas empresas. Creemos que es necesario que se mejore, pero una cosa es facilitar una mayor dinamización empresarial y otra la eliminación de actividades previas de control para... o que habrá de conllevar el establecimiento y refuerzo de las actividades inspectoras. No vemos nada, en la modificación, de eso. Es decir, actividades ex post, a partir de. Que por parte de la Administración, en materias tan sensibles, bueno, se pueda realmente aprobar. Pero es que yo no las he visto, no las he visto, señorías. Y creo que mis compañeros tampoco.

Se ha pre... es decir, todos los trámites de participación pública prácticamente han desaparecido; el artículo... va todo por el Artículo 76. Pero nosotros, mire, no lo podemos aprobar el decreto, pese a su insistencia inicial, como le he dicho, ¿no? No lo vamos a... porque, mire, modifica diferentes disposiciones, disposición de créditos, deroga normas, Órdenes. Han... bueno, es una dispersión total; y yo, bueno, tengo una preocupación, porque esto, habitualmente, no se estaba haciendo en este Parlamento, salvo en la... en las leyes, precisamente, de los Presupuestos. Se han puesto de acuerdo para algo que yo creo, mire usted, y lo voy a calificar, el decreto, de buenismo administrativo; es decir, todo está permitido si se somete a comunicación. Pero hay un término... usted... usted ha hablado del término pacta sunt servanda; yo le voy a aplicar otro término jurídico, ¿eh? fumus boni iuris, apariencia de buen derecho; eso es lo que parece, pero en realidad se quitan los controles previos de legalidad de los actos administrativos, lo que nos lleva, sin duda, a hablar de inseguridad jurídica en la tramita... en la tramitación, perdón, de estos procedimientos.

Llama la atención, como he dicho, que en la documentación adjunta pues faltan informes determinantes. Esos no están aquí. ¿Por qué no los han pedido? Sería interesantísimo haberlos tenido. Y con relación a... al informe de los Servicios Jurídicos, que es el que lo... Yo me lo he leído de arriba abajo, ¿eh?, y es... es amplio y largo, como la memoria suya, muy amplia, pero ¿sabe cómo califica el decreto? Como incongruente. Como incongruente. Así, a partir de ahora, y termino, señorías, cualquier empresa podrá implantarse, iniciar su actividad, con una simple comunicación al ayuntamiento del término en el que se ubiquen, sin necesidad de licencia ambiental, sin información pública, sin informes previos ni audiencia a los vecinos o colindantes, sino solo a los interesa... a los interesados en los procedimientos.

Este es en esencia su multidecreto: dejar su cumplimiento a la buena fe -usted lo ha dicho, a la buena fe- de los interesados mediante una simple comunicación. Pero no... esto no es...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señor Briones, tiene otro turno posterior.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

... la normativa del procedimiento. (Termino) Y termino diciéndole, señor... señor consejero, vamos a ver, ¿dónde queda la autonomía local, señorías del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos? ¿Dónde queda? Y le pregunto si esta es la propuesta...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Tiene que terminar, señor Briones.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

... para la despoblación y la recuperación del mundo rural. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Un momento, señor consejero. Cuando termine el debate entre los intervinientes, le doy la palabra, no tenga problema.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ):

Sí, señoría, al amparo del Artículo 75.4...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Sí. Pero, un momento, señor... un momento, señor consejero. Le digo que... que terminen el debate los intervinientes, y, una vez terminado el debate de... dúplica...

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ):

Me da la palabra.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

... le doy la palabra, sin ningún tipo de problema.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ):

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Rodrigo.

EL SEÑOR GONZÁLEZ RODRIGO:

Gracias, señor presidente. Bueno, señoría, usted ha hablado... nos ha hablado de técnica normativa, de liberalismo salvaje, de procedimiento administrativo, de trama eólica. Yo le he hablado de personas, de pymes, de impulso económico, de futuro. [Aplausos]. Y así es difícil encontrar un punto de convergencia.

Le voy a plantear un escenario en el que sí que coincidimos, que convergemos, que es el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, pacto que hemos firmado ambos grupos, ¿no? Y le leo textualmente el punto 34 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. "Profundizar en la simplificación y agilización administrativa, así como en la reducción de plazos, eliminación de trámites y modificación del sentido del silencio administrativo, así como en la reducción del número de normas de nuestro ordenamiento jurídico, disminuyendo en lo posible las obligaciones administrativas establecidas por la normativa autonómica para los municipios de escasa población. Todo ello como factor de impulso de la actividad económica".

Esto lo han firmado ustedes, y lo que alegan para votar en contra de la simplificación administrativa es técnica normativa, burocracia. O sea, me sorprende. Fíjese que la última frase dice "como factor de impulso de la actividad económica", es decir, convienen en que hace falta impulsar la actividad económica; asumen, porque han corroborado, han rubricado el punto, que hace falta una simplificación administrativa, además tomando especial conciencia en los municipios rurales. Y, con la situación a la que nos vamos a enfrentar, se oponen al decreto. Bueno.

Escuchándoles además en la Cámara deduzco que el Gobierno no les inspira ninguna confianza. Ahí se sienta el eje del mal. [Murmullos]. Bueno, pues explíquenme, la semana pasada han debido tener...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señorías, un momento.

EL SEÑOR GONZÁLEZ RODRIGO:

... un ataque de extrema candidez, puesto que han firmado... [aplausos] ... con el eje del mal un pacto. O igual lo que pasa simplemente que piensan no cumplir ese pacto. Hemos empezado por el punto 34 y seguiremos por los siguientes. O se me ocurre otra opción, si cabe más inquietante que las dos anteriores, y es que después de 30 años de Oposición no saben hacer otra cosa... [aplausos] ... son incapaces de arrimar el hombro.

En cualquier caso, querría aprovechar el tiempo que me queda para hacer dos pequeños apuntes, iba a decir para tranquilizar, evidente, a usted no, pero unos pequeños apuntes para ajustar algunas cuestiones que no he comentado antes en mi intervención. No hay cambios en la normativa medioambiental, no hay ninguno, solo hay cambios en la tramitación, ¿de acuerdo? [Murmullos]. A pesar de las reticencias que pueda...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señorías, por favor.

EL SEÑOR GONZÁLEZ RODRIGO:

Se simplifican trámites en actividades de bajo impacto ambiental y se eliminan trámites que ya estaban duplicados en... por otra normativa, es básicamente lo que se ha hecho. O sea que, insisto, no hay cambios en la normativa medioambiental, que es una de las suspicacias que parece que se había puesto encima de la mesa.

Además, la Administración sigue siendo la garante de que se cumpla la normativa vigente mediante el control, la inspección y la sanción. Pero es que además el decreto incluye su revisión en dos años para asegurar su idoneidad. Puesto que obedece además a una situación de excepcionalidad, el propio decreto se autorregula en el plazo de dos años.

Señoría, nadie ha dicho que esta es una situación fácil; y, como en casi todas las situaciones difíciles, hay que moverse con delicados equilibrios, pero no podemos permitirnos ser obtusos, no es una cuestión de técnica normativa, lo que tenemos encima de la mesa es muchísimo más grave; facilitar la tramitación no supone dar una carta blanca al incumplimiento, implica confiar y exige controles. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Se han puesto un poquito nerviosos. Vamos a ver. Y además creo que se han equivocado, sobre todo... empezando por Ciudadanos. Yo he dicho que nosotros podíamos haber llegado a un acuerdo en el tema de la simplificación administrativa, claro que podíamos haber llegado, si hubiera sido así el decreto; pero la recomendación, la recomendación que en principio no fuera a través de un decreto multisectorial, no es nuestra, esa lo hacen los servicios jurídicos. Otra cosa es que ustedes no han querido, ustedes han hecho una mezcolanza ahí, normativa, que al final es un desastre. Y eso es lo que dicen los servicios jurídicos. Y yo me... yo estoy avalando sobre todo mi posición en base a lo que ellos dicen, nada más.

Políticamente, mire usted, políticamente, nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento que ustedes hacen, lo saben. ¿Que no cumplimos los compromisos el grupo parlamentario?, ¿que no cumple los compromisos? Si los que tienen que hacerlo fundamentalmente... Yo creo que mayor muestra de buena fe, de talante, de llegar a acuerdos que el que tiene precisamente nuestro portavoz, y todo el grupo parlamentario, no existe parangón prácticamente en España. Entonces, ¿cómo pueden poner en duda eso? Por favor, ¿cómo lo pueden poner en duda?

Pero lo cierto, lo cierto es que, mire usted, dice -a costa de la pandemia-, "mira, si las empresas no ganan dinero, esto es la ruina". Se han ustedes extractado a esos prácticamente, señor... señor vicepresidente y señor consejero de Presi... perdón, de Transparencia. Pero... pero le voy a decir una cosa, ¿a costa de qué, a costa de quién, a costa de quién? Dentro de diez años, ¿va a pasar como la Ley del Suelo, la ley del año noventa y ocho, aquella que iba... iba a abaratar las viviendas, y resulta que hizo todo lo contrario, que estalló la burbuja inmobiliaria? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué turismo vamos a exportar con las granjas de porcino, que van a ser prácticamente la ruta que van... que están haciendo ya en las macrogranjas desde... desde Cataluña? [Aplausos]. Se están deslocalizando para venir a Castilla y León. Esto es el... el efecto llamada va a ser, pero el efecto llamada de las granjas, de las microgranjas, precisamente a nuestra Comunidad Autónoma. [Aplausos]. Y eso no lo queremos nosotros.

Y estoy convencido que ustedes tampoco lo quieren, que ustedes no sé si... se han visto en la medida de, bueno, pues tirar para adelante y punto. Es decir, mire usted, nosotros creemos que hay un control a priori, que se pueda saber realmente, y que haya informes que nos dicen que se puede ubicar o implantar una determinada... una determinada empresa. Pero esos no los hay, a priori no hay nada, no hay nada. Ustedes se com... hay régimen de comunicación y hay prácticamente para todo.

Por lo tanto, miren, yo lo que... lo que les decía, es decir, esta desregulación -yo las palabras las hago... las estoy utilizando porque se han utilizado por parte de los servicios jurídicos-, esta desregulación autonómica no ha sido objeto de... previa de un proceso de participación pública. ¿Por qué? Yo pregunto por qué. ¿Por... solamente por la situación en la que estamos? ¿No se podía... en un mes no se podía haber avanzado mucho más? Cuando se quiere se puede llegar a un acuerdo en 15 minutos, pero no se ha querido, no se ha querido.

Porque aquí, porque aquí, de verdad, bueno, pues el decreto -fíjese ustedes los... los errores y matizaciones del mismo- que nace con un objeto y finalidad que son, realmente... El objetivo era reducir prácticamente los plazos; de repente pega un giro copernicano con el resto de las modificaciones, mire, que no tienen nada que ver con estos objetivos; y aprovechando, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han modificado y regulado a su antojo todo aquello que han querido -por la puerta de atrás- que suena a control por parte de... o que, perdón, que suene a control por parte de la Administración. ¿Con qué objetivos, con qué objetivos?

Dice el señor de Ciudadanos que, bueno, que no... que prácticamente no se ha modificado nada. ¿Se ha leído usted el Anexo III? Pues léaselo, que es muy amplio, hasta 100... 100 actividades han pasado prácticamente a... a ser reguladas a través de la comunicación, mera comunicación. Y, por lo tanto...

Y hay algo también que creo que es importante. Mire, no han calibrado, yo creo, me da la impresión de que no han calibrado bien este decreto, ni tampoco los efectos. Y le pedimos, de verdad, se lo pedimos, sería oportuna su retirada, fundamentalmente para evitar males mayores, porque con él, y hablando de la nueva normalidad, hemos pasado de esa, como digo, nueva normalidad, a los malos y viejos hábitos de siempre. Señores del Partido Popular, que han arrastrado a Ciudadanos, estamos aprovechando un decreto con la excusa de la simplificación para legalizar explotaciones agrarias y ganaderas y otras actividades que de otro modo no podría hacerse. Y un sinfín de actividades lesivas y nocivas para los ciudadanos.

Eso lo dicen los... atiendan, esto lo dicen los servicios jurídicos. No se... no se echen las manos a la cabeza. Mire, no sé... no sé qué turismo vamos a... va a exportar a partir de... de la aprobación de este decreto Castilla y León, pero, desde luego, como he dicho, el efecto llamada es tremendo.

Termino, señorías. Si el objetivo final inconfesable, entre otros, es facilitar a través de este decreto la implantación de proyectos como las macrogranjas de porcino, tengan en cuenta que la riqueza para una empresa es la ruina y la despoblación para nuestros pueblos. Ancha es Castilla con... precisamente con esta regulación que ustedes plantean, pero la van a arruinar.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señor Briones, tiene que terminar.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Por lo tanto, este decreto, señorías, y nunca mejor dicho, huele muy mal. Gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. ¿Sí, señor Suárez-Quiñones? Sí, sí. Tiene la... tiene la palabra.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra en nombre del Gobierno, muy brevemente, porque quiero ser proporcional con las intervenciones, únicamente por una precisión. Yo creo que los debates en grueso, los debates de brocha gorda, el tratar de confundir, es peligroso, porque queda constancia en las actas de esta Cámara y damos un mal ejemplo a la ciudadanía. Yo creo que hay que leerse las cosas y no achacar o pedir, no pedir al... al portavoz del Grupo Ciudadanos que lea algo que ustedes parece ser que no han leído.

En absoluto, lo que ustedes llaman "macrogranjas", que son instalaciones ganaderas intensivas, tienen modificación alguna en el régimen. Han estado, están y estarán sometidas a autorización ambiental previa, con todos los trámites correspondientes, ¡sí! Están, han estado y estarán sometidas a declaración de impacto ambiental, y todo ello por una norma estatal que hay que aplicar a rajatabla y que no se modifica por esta norma autonómica. Por lo tanto, no es cierto, no mientan; no es cierto que las granjas intensivas estén sometidas a un régimen distinto al que estaba hace un mes, hace un año, y que estarán dentro de un año. Por lo tanto, eso no es cierto. [Aplausos].

Pero vamos más allá. Las explotaciones ganaderas no intensivas, las medianas y pequeñas, hay muchas de ellas que no están modificadas en el régimen. Todas aquellas que afectan a la Red Natura 2000, que pueden suponer invasión a valores naturales, están sometidas a informe de Red Natura 2000, previo, de la Junta de Castilla y León, o sometidas incluso a declaración de impacto ambiental previo de la Junta de Castilla y León.

Por lo tanto, vamos disminuyendo el objeto de la reforma. Y la reforma es para aquellas instalaciones pequeñas, medianas, que no tienen ninguna afectación, en principio, a ningún valor ambiental destacable, esas son las que ahora están sometidas a una licencia municipal ordinaria, una licencia ambiental municipal de pequeños ayuntamientos que tiene muy poca capacidad técnica para determinar su adecuación a los valores, al resto de valores ambientales que están vigentes.

Y lo que hace este decreto-ley, mire, es dar más garantías ambientales. Es cierto que lo somete a un... sí, sí, sí, sí, sí. Es cierto que lo somete a una declaración responsable, sí, acompañada de un informe técnico de un profesional, porque aquí esto es una cuestión de confianza. Ustedes quieren tutelarlo todo. No. Confíen en los ciudadanos, confíen en los emprendedores, confíen en los profesionales, en los ingenieros agrónomos, que tienen que acompañar... [aplausos] ... que tienen que acompañar a la declaración responsable un informe técnico en el que certifican que se cumplen unas nuevas exigencias que el Decreto 4/2018, que aprobamos en esta Cámara, establece una pauta extraordinariamente amplia de exigencias que antes el ayuntamiento no tenía por qué verificar, porque tampoco tiene capacidad. Hablamos de pequeños ayuntamientos; eso sí, ayuntamientos que a lo mejor no tienen secretario, y ayuntamientos que hacen que esa iniciativa empresarial se vaya de Castilla y León porque no puede esperar a que obtenga una licencia ambiental previa.

Por lo tanto, no se puede nadar y guardar la ropa, no se puede defender a nuestros pueblos, defender la población en el medio rural, la actividad económica, el empleo, y venir a impedir que esto sea una realidad; y es una realidad a través de la modernización de la Administración; miren a Europa, miren a otros países más modernos. La Administración tiene que ser un control, pero no un muro; lo que está siendo, en muchos casos, es un muro a la actividad económica y a nuestros pueblos. Y eso lo pretendemos acabar con esta reforma, que, desde luego, va a ser para bien de Castilla y León. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Sí, señor Briones. Sí, dígame.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Señor, presidente, en aplicación del Artículo 75.4 del Reglamento, pido la... la palabra.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Se la concedo, por un tiempo de tres minutos y medio, que es lo que ha utilizado el consejero.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Me va... me va a sobrar tiempo, señor presidente. Mire usted, es peligroso muchas de las cosas que se están diciendo aquí. Prácticamente, la levedad de la reforma que se va a hacer a través de estos decretos, a través de lo... de lo que usted está diciendo, no tiene nada que ver con la realidad. Lo que yo le he dicho, precisamente, de la legalización de las macrogranjas, véase y léase públicamente el informe, el informe jurídico, que lo dice claramente... [aplausos] ... de facto, diez años que no tiene licencia. Alguno está en los tribunales y se van a acabar... se van a acabar legalizando.

Mire, por lo tanto, no sé, usted dice que nadamos y guardamos la ropa. No, somos claros; si nuestro planteamiento es muy claro. Se lo hemos dicho, que no estamos a favor, que queremos un control a priori, que queremos informes previos. ¿Por qué no está el informe del Consejo Consultivo aquí? Explíquenlo por qué. O del CES, ¿por qué no? Porque no lo quieren, porque no les interesa... [aplausos] ... porque, en cuanto vieron el informe jurídico, que es demoledor -y usted, como jurista, lo sabe-, dice: no pidamos más, no pidamos más, que a lo mejor tenemos que retirarlo.

Y yo les pido hoy aquí que lo retiren, que lo retiren, porque es un auténtico desastre y que va a generar a Castilla y León un serio problema. Y no le voy a hacer... [aplausos] ... y no quiero, señor... señor consejero, no quiero que se lo tome a mal, pero usted ha acuñado aquí un texto, además, y sobre todo... que sé que no le gusta, pero, mire, la Administración no es usted. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, en representación del partido de Unión del Pueblo Leonés, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Señor Santos Reyero, tiene la palabra.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, señorías, ya no está el señor Mañueco, lástima. Permítanme leer el artículo... el punto 34 del acuerdo histórico de recuperación. No, lo voy a leer... oiga, lo voy a leer porque ayer me acusó de que no lo había leído; pues entonces yo... Yo sí lo he leído, igual el que no lo ha leído es él, u otros, no lo sé quién no lo ha leído. Bueno. "Profundizar en la simplificación y agilización administrativa (...), eliminación de trámites, y modificación del silencio administrativo, así como en la reducción del número de normas de nuestro ordenamiento jurídico, disminuyendo en lo posible las obligaciones administrativas establecidas por la normativa autonómica para los municipios de escasa población. Todo ello como factor de impulso de la actividad económica".

Bien, señorías, de aquellos barros vienen estos lodos. ¿Incumple el decreto el acuerdo que ustedes firmaron? Pues la verdad es que no. ¿Reducen los plazos? Sí. ¿Elimina trámites? Sí. ¿Reduce normas? Sí. ¿Disminuye obligaciones administrativas? Sí. ¿Se puede encaminar esa recuperación productiva? Claro. ¿Se puede ocultar algo detrás de este decreto? Hombre, por supuesto; por supuesto que se oculta.

Miren, nosotros estamos de acuerdo siempre, y siempre lo hemos pedido, en ser capaces de... de aligerar los trámites administrativos que ayuden a... a favorecer a los emprendedores y a fortalecer estas iniciativas productivas, pero si algo hemos aprendido en estos convulsos tiempos es que las irresponsabilidades medioambientales tienen un coste importantísimo a corto, a medio y a largo plazo. Este decreto supone una puerta de... una puerta atrás muy peligrosa -incluso con un informe jurídico que plantea serias dudas normativas-; que permite que la Junta de Castilla y León exima la licencia... exima de licencia ambiental a todas las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, así como a multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias considerables, como a otras actividades, a las que para iniciar solo se les exigirá una simple comunicación al ayuntamiento, sin información pública y sin informes previos.

La realidad es que, por mucho que diga el señor consejero, es que todas aquellas granjas intensivas de bovino, porcino, bovino o aves podrán ubicarse en cualquier pueblo sin que sus vecinos se enteren hasta que las vean ya en funcionamiento. En definitiva, señorías, este es el problema de lo vago y de lo poco concreto. Se puede estar de acuerdo con... en el esfuerzo para la simplificación de trámites, pero creo que es importante también respetar la transparencia, señor Igea, y el derecho a las audiencias de quien... a la audiencia de quien pueda sentirse perjudicado por la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.

Por eso, no va a contar con nuestro apoyo, y por eso, hoy más que nunca, hoy más que nunca, estamos especialmente contentos de no haber firmado ese acuerdo, vago y poco concreto, que ustedes firmaron no hace mucho.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para un turno compartido, también por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación de Podemos-Equo, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Silencio, señorías.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidente. Señorías, estamos hoy ante un... una nueva muestra de por qué el Ejecutivo autonómico es un Gobierno antisistema, cuya seña de identidad es conculcar sistemáticamente el ordenamiento jurídico, vulnerar de forma reiterada la normativa.

Y es que ustedes, con este decretazo, que nosotros rechazamos de plano, lo que quieren es legitimar de forma subrepticia algo que en su día ya tumbó, ya desestimó, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. TSJ que el año pasado ya propinó sendos varapalos judiciales a la Junta de Castilla y León cuando ustedes quisieron eliminar las licencias ambientales.

Ahora, aprovechando la coyuntura de la pandemia, ustedes vuelven a la carga, pretendiendo desregular determinadas actividades a su antojo y conveniencia. Porque, señorías, bajo el eufemismo de simplificación administrativa lo que realmente persiguen es poner una alfombra roja a determinadas actividades intensivas cuyo ejemplo paradigmático son las macrogranjas. Macrogranjas que causan un enorme menoscabo al medio ambiente, que perjudican gravemente a los agricultores y ganaderos a título principal, que dañan a los pequeños y medianos productores, y especialmente a los moradores del medio rural, a los habitantes de los pueblos, a los que van a echar con este tipo de proyectos.

Curiosamente, algunos de los pocos favorecidos por esta tropelía que pretenden hoy realizar aquí son primos de Pablo Casado. ¡Qué casualidad!, ¡oh sorpresa!, ¡no me lo puedo creer!, el Partido Popular y sus adláteres de Ciudadanos pretenden imponer de forma torticera algo que en su día rechazó el Tribunal Superior de Justicia, para favorecer, entre otros, a los primos de Pablo Casado. Me pinchan y no sangro, señorías, me pinchan y no sangro.

Otra de las cosas que va a propiciar este decreto es una involución normativa a mil novecientos sesenta y uno, poniendo de manifiesto su añoranza y su nostalgia de épocas pretéritas, de los tiempos del No-Do, del franquismo, vamos, donde los señoritos campaban a sus anchas sin que nadie les tosiera. Ustedes, con este decreto, lo que pretenden es instaurar una suerte de remedo de Los santos inocentes.

Desde luego, nosotros vamos a votar en contra porque, entre otras cosas también, ustedes lo que van a provocar es la erradicación de la información pública, de los informes técnicos y de la audiencia a los vecinos, en un proceso que conculca derechos constitucionales como el de la tutela judicial efectiva y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Lamentamos profundamente que el Partido Popular y que Ciudadanos sigan en esa senda antisistema. Ya les aventuro, ya les auguro y vaticino que este tema, este decreto, terminará en los tribunales, que es su particular hábitat, su "red natura" natural, los tribunales, donde ustedes están más a gustos. Y desde luego nosotros seguiremos trabajando, luchando y peleando para que la que salga favorecida de todo lo que se trata en estas Cortes no sea una minoría de afines y privilegiados, sino que sea el conjunto de la ciudadanía castellana y leonesa, leoneses y castellanos, que para nosotros son lo primero. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente. Vamos a ver si ponemos un poquito de orden en un debate bastante desordenado. Porque claro, a uno, cuando escucha desde su escaño atentamente las intervenciones de los que le han precedido en el uso de la palabra y que se oponen radicalmente a este decreto-ley, y escucha hablar al Grupo Socialista de mezcolanza normativa, y de que este decreto no se sustenta en la urgente necesidad, y sustentan a un Gobierno que lleva dos años gobernando bajo la figura del decreto-ley y no dicen absolutamente nada... [aplausos] ... y aprovechan el decreto-ley del estado de alarma para, por ejemplo, modificar la normativa del CNI para que esté el vicepresidente segundo del Gobierno, eso no es mezcolanza normativa, eso es seriedad y rigor.

Pero bueno, al final aquí vamos a fijar las posiciones claramente de aquellos que trabajan para la reconstrucción, aquellos que cumplen lo que firman, y aquellos que se ponen de perfil y lo justifican de cualquier manera. Porque claro, todos lo han utilizado, firmar la semana pasada un Acuerdo para la Reconstrucción de esta Comunidad, que desde luego es un acuerdo importante y que tiene responsabilidad para todos los que lo firman; fíjense, para los que más responsabilidad tiene ese acuerdo es para el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que no tengo la menor duda que va a cumplir -y lo está poniendo de manifiesto- todos y cada uno de esos 86 puntos, pero también tienen responsabilidad aquellos que lo firman en colaborar para sacarlo adelante.

Y claro, cuando se cita el Artículo... el precepto número 34 -porque no es un texto legal-, en el que se habla de simplificar normativamente, fíjense, yo cuando lo leí me sorprendió que el Partido Socialista hubiese firmado ese documento con esa regulación, porque es verdad que la Junta hoy está haciendo un decreto de impulso de simplificación de la actividad normativa en nuestra Comunidad, pero no es la única, ni el único decreto ni la única ley que ha venido a esta Cámara en los últimos años.

Yo tuve la oportunidad de ser ponente de la ley de la reforma de la Administración, yo tuve la oportunidad de ver como aquí se aprobaba la ley de reducción de cargas administrativas, y, qué curioso, siempre el Partido Socialista o votó en contra o se abstuvo, nunca votó a favor de la simplificación administrativa. Por tanto, me sorprendió que hubiese firmado ese acuerdo que contenía ese punto número 34.

Y la reforma de la Administración y la simplificación normativa no es algo caprichoso, es algo que solo plantean los Gobiernos serios, modernos y que escuchan lo que piden los ciudadanos, y más en un contexto como el actual, en el que creo estamos olvidando que estamos en un proceso de reconstrucción tras una crisis sanitaria devastadora, en el que la economía de nuestra Comunidad va a decrecer sustancialmente. Es verdad que menos que la media nacional, y es verdad que estaremos, afortunadamente, un poquito mejor que los datos que ayer, estremecedores, apuntaba el gobernador del Banco de España en una comparecencia en el Congreso, en el que decía que la economía de este país había caído en el segundo semestre del año entre el 16 y el 22 %.

Y no todo se puede solventar, señorías, con más gasto público. Y la Administración tiene que ser proactiva, y la Administración tiene que hacer reformas para facilitar la... e incentivar la actividad económica. Y eso es lo que está haciendo básicamente la Junta de Castilla y León con la regulación contenida en este decreto.

Y aquí se utilizan cuestiones, y dicen "es que ustedes, es gravísimo, están modificando la Ley de Urbanismo". Oiga, están modificando la Ley de Urbanismo para hacer algo que es lo contrario de lo que hizo en su momento la Junta de Castilla y León, y que le pareció mal a todos los ayuntamientos, que fue darles la capacidad del control de la licencia de primera utilización, traspasarla de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos con la ley del noventa y nueve. Pero si es que ahora lo que estamos haciendo es facilitar que los controles sean a posteriori.

¿Ustedes saben que hay gente que está meses esperando para ocupar una vivienda por problemas en el Registro de la Propiedad, porque no tienen la primera utilización porque hay ayuntamientos que tiene una capacidad muy pequeña, técnicamente, para hacer los controles? Hay que tener, obviamente, necesidad y confianza en el ciudadano. Y esa... esa carga de la confianza -lo explicaba muy bien el vicepresidente-, no se puede estar presuponiendo sistemáticamente que el ciudadano quiere incumplir; el ciudadano quiere cumplir. [Aplausos]. Y esa es la realidad. Y la Administración tiene que coadyuvar a esa situación y poner... y eliminar los frenos. ¡La gente quiere cumplir la legalidad, si lo acabamos de ver cómo un país ha estado en un estado de alarma cumpliendo la normativa! Y vienen ustedes a plantear aquí que estamos cambiando algo. Algo que es absolutamente necesario es tener confianza en el ciudadano, que, como digo, quiere cumplir la legalidad, desde luego.

Y fíjense, hay cuestiones importantes. Ustedes obvian que, por ejemplo, se está haciendo un esfuerzo importante para que aumente el autoconsumo en las viviendas de Castilla y León, eliminando burocracia innecesaria, por ejemplo, la primera ocupación. El hecho de que las soluciones habitacionales para personas vulnerables puedan ser financiadas con el patrimonio público del suelo, con la modificación del 125, es un avance importante también que van a agradecer el conjunto de los ayuntamientos, porque hay que adaptar la realidad legal a la realidad social también, y a la realidad que se está planteando. Hay muchos ayuntamientos que no tienen capacidad económica para hacer grandes promociones de vivienda pública, pero sí pueden plantear pequeñas soluciones habitacionales, y podrán financiarlas con patrimonios públicos del suelo. Y eso es positivo para el conjunto de la sociedad de Castilla y León. Pero ustedes, una vez más, se ponen en contra.

Pero fíjense, claro, cuando un partido sustenta desde hace mucho tiempo la oposición sistemática hablando de la despoblación, de la falta de actividad económica, y viene aquí y vota en contra para que haya actividad económica en el medio rural, y lo sustenta en una mentira, es insostenible, señor Briones. Mire, aquí hay que leer los anexos, efectivamente, y lo ha explicado muy bien el consejero de Fomento. Dice "no, es que están eliminando los controles a las macrogranjas". No mientan, no mientan. Mire, Anexo número 3, Decreto-ley 4/2020. Mire, Agricultura y Ganadería. De acuerdo con las condiciones ambientales mínimas establecidas en el Decreto 4/2018, de veintidós de febrero, para las actividades las cuales les sea de aplicación... "2.1. Instalaciones ganaderas menores -leo textualmente-, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias orientadas al autoconsumo doméstico, según está definido en las normas sectoriales de ganadería y aquellas que no superen 2 UGM, que se obtendrán en la suma de todos los animales, de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor, que figura a continuación, y siempre con un límite máximo de 100 animales.

No mientan sistemáticamente en esta Cámara para generar alarma social. ¡Esto no favorece para nada a las macrogranjas!, favorece las instalaciones pequeñas, industrias pequeñas de menos de 500 metros, actividad económica en nuestro medio rural, para que haya empleo, y para que con ese empleo podamos seguir luchando contra el reto demográfico.

Mire, yo quiero plantearles una realidad. Si ustedes firmaron un acuerdo la semana pasada -y aprovecho que está aquí hoy el señor Tudanca-, ustedes saben perfectamente que para convalidar este decreto-ley no es necesario su voto afirmativo. Pero yo creo que la sociedad de Castilla y León tiene que conocer la realidad de si ustedes tienen realmente voluntad de cumplir aquello que firman. Yo no tengo la menor duda de que la Junta de Castilla y León, lo he dicho antes y lo reitero, la tiene de forma inequívoca.

Y les voy a plantear una cuestión muy fácil: no les voy a pedir el voto a favor para este decreto-ley, porque se va a convalidar sin la necesidad de sus votos. Pero miren, si quieren demostrar a la Junta... a la sociedad de Castilla y León que quieren ayudar a la Junta de Castilla y León para reconstruir realmente esta Comunidad, y que están en el sentido común, en el apoyo a la actividad económica, y... y quieren demostrarlo, por lo menos, absténganse.

Si no lo hacen, estarán situándose con aquellos que están en contra realmente de esta normativa, y que seguro, como ya ha anunciado el procurador de Podemos, la recurrirán, que no son otros que aquellos que sustentan el ecologismo radical y que están continuamente atacando a nuestro campo. [Aplausos]. [Murmullos]. Demuestren con la abstención de qué lado de la sociedad de Castilla y León están ustedes. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

Votación Convalidación DLEY/000004 (Decreto-ley 4/2020)

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Procedemos a la votación para la convalidación del decreto-ley.

Procedemos a someter a votación la convalidación del Decreto-ley 4/2020, de dieciocho de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 122, de diecinueve de junio del dos mil veinte. Comenzamos la votación. ¿Votos a favor de la convalidación? Cuarenta y dos. ¿Votos en contra de la convalidación? ¿Treinta y ocho? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: ochenta y uno. A favor de la convalidación: cuarenta y dos. En contra de la convalidación: treinta y ocho. Abstención: una. En consecuencia, queda convalidado el decreto-ley.

¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley por procedimiento de urgencia? De acuerdo. Muchas gracias.

Por el señor secretario, se procederá a dar lectura del séptimo punto del orden del día.

Convalidación DLEY/000005 (Decreto-ley 5/2020)

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Convalidación del Decreto-ley 5/2020, de dieciocho de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 122, de diecinueve de junio de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para la presentación del decreto ley por parte de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra la consejera de Familia, la señora Blanco Llamas.

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SEÑORA BLANCO LLAMAS):

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la situación de la pandemia que hemos vivido ha obligado a las Administraciones públicas a adoptar medidas extraordinarias, especialmente relacionadas con los centros de atención residencial de personas mayores y personas con discapacidad. Ante la flexibilización progresiva de las medidas de aislamiento y ante la situación de nuevos brotes que se pudieran producir en otoño, tal y como indican los expertos, resulta necesario adoptar medidas extraordinarias para prevenir estos rebrotes, bien de este virus, o bien por la aparición de nuevas situaciones de crisis de salud pública que incidan sobre las personas más vulnerables, las personas más mayores y las personas más dependientes.

El presente decreto-ley que hoy sometemos a su convalidación, y que es el primero en España en este sentido, tiene por objeto la regulación de medidas extraordinarias e indispensables para reforzar la cobertura ofrecida de forma ordinaria por el sistema de servicios sociales ante la declaración oficial de una situación extraordinaria por causas de salud pública, ya sea el estado de alarma, la declaración de riesgo sanitario o la activación del correspondiente plan de protección civil, en la atención a las personas usuarias y trabajadoras de los centros de atención residencial de personas mayores y de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León.

Estas medidas extraordinarias permitirán a las Administraciones públicas prevenir y afrontar cualquier contingencia de carácter extraordinario que pudiera acontecer para paliar los efectos de la situación derivada de la correspondiente crisis sanitaria, así como establecer la oportuna formación, sensibilización y equipamiento de las personas que en estos centros desarrollan sus funciones, y, en última instancia, garantizar con ello el adecuado funcionamiento y la atención social prestada a las personas usuarias de los centros residenciales. Las medidas que se contemplan en el decreto son las siguientes.

Los planes de contingencia. Los centros de atención social de carácter residencial de personas mayores y de personas con discapacidad, ya sean de naturaleza pública o privada, deberán disponer de un plan específico de contingencia dirigido a prevenir y dar una respuesta urgente ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública, con el fin de velar por la seguridad y salubridad de los usuarios y profesionales que desarrollan sus funciones en este tipo de centros residenciales.

Este plan, que se revisará anualmente, deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: un análisis detallado de las infraestructuras del centro -número de plantas, número de habitaciones, sistemas de acceso-; un análisis detallado de las características de los residentes; los recursos humanos disponibles, incluido el personal sanitario; una relación detallada de los equipos de protección individual disponibles y del material de protección sanitaria para uso de los residentes, con las que deberán poder hacer frente, al menos durante un período de cinco semanas, a las necesidades derivadas de un escenario de aumento acusado del número de casos de residentes en el centro afectados por una crisis sanitaria -esta dotación de existencias deberá ser revisada periódicamente, al objeto de verificar su correcto estado de uso-; la garantía de la provisión de jabón, papel, disoluciones desinfectantes eficaces frente a bacterias y virus; un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la epidemia; y la previsión de designar a un profesional de enlace para situaciones de emergencia en cada centro, identificando teléfono, correo electrónico, en aras a permitir la coordinación inmediata de los profesionales de las Administraciones competentes en razón de la emergencia de que se trate. El objeto es poder sectorializar, poder separar rápidamente a los residentes en caso de que se produzcan nuevos brotes o nuevas situaciones.

Respecto al material, a las entidades titulares de los centros de atención social les corresponderá cubrir... cumplir la obligación de disponer en los centros de las existencias de equipos de protección individual, según se determine en cada caso por los servicios de prevención de riesgos laborales en aplicación de la correspondiente normativa, que les permita hacer frente a situaciones extraordinarias por causas de salud pública con su depósito de existencias, al menos durante un período de cinco semanas. Dicho depósito de existencias también deberá incluir material de protección para uso de los residentes en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención.

Al objeto de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, se crea una línea de subvenciones de concesión directa cuyos beneficiarios serán las entidades privadas sin ánimo de lucros que sean titulares de estos centros, una línea similar a la que existe en la Consejería de empresa... de Empleo, y a la que pueden acogerse las empresas que no son entidades con ánimos de lucro.

El objeto de la subvención es colaborar en la financiación del coste originado de las entidades titulares de los referidos centros de atención social en la adquisición de equipamiento de seguridad que se determine por los respectivos servicios de prevención de riesgos laborales. Se subvencionará la adquisición de los equipos, la adquisición de material de protección sanitaria destinados a los usuarios, la asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia, el asesoramiento e información a las personas trabajadoras y usuarios de los centros residenciales de atención social en materia de prevención de contagios en situaciones de crisis epidemiológicas o de salud pública.

Respecto al personal, las entidades titulares de estos centros están obligadas a facilitar formación adicional ante emergencias sanitarias a su personal sobre medidas de autoprotección, desinfección y limpieza de las distintas zonas del centro. Será competencia de la dirección del centro garantizar que los trabajadores cuenten con la formación suficiente para el abordaje de estos supuestos y especialmente para el adecuado uso de los equipos de protección individual. En atención a las necesidades de incremento de la asistencia de los usuarios de los centros de atención social de carácter residencial derivadas de estas situaciones extraordinarias, aquellas personas calificadas como usuarias válidas que resulten afectadas por dichas situaciones computarán, a efectos de exigencia de los ratios de personal de los centros, como personas dependientes, teniéndose que aumentar este en esos momentos.

En aras de garantizar la máxima profesionalidad en las personas responsables de la gestión, organización y funcionamiento de los centros, solo podrán desempeñar la dirección de los centros aquellas personas que cuenten con titulación universitaria y formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia.

Las entidades titulares de este tipo de centros deberán garantizar la comunicación de los usuarios y sus familias, para cuya efectividad deberán poner a disposición de los mismos la utilización de dispositivos de comunicación directa o telemático... telemática adaptados a su situación. Del mismo modo, deberán, en situaciones excepcionales de salud pública, mantener informados, a través de la dirección del centro, al representante designado por el usuario o su tutor legal sobre la situación general en que se encuentra el centro residencial, porcentaje de usuarios afectados por la situación de crisis sanitaria y recursos disponibles para hacer frente a la situación de crisis. Deberá articularse un sistema de prestación de reclamaciones en formato electrónico, accesible a todos los usuarios y familiares. La dirección de los centros deberá comunicar las quejas presentadas y la respuesta ofrecida a la persona interesada mediante este formato, tanto a la entidad titular del centro como a los servicios de inspección de la Administración competente en materia de servicios sociales.

Los titulares de los centros deberán suministrar información permanente actualizada, a través del dispositivo informático habilitado a estos efectos por la Comunidad, relativa a la relación nominal del total de residentes del centro y el personal contratado -y situación laboral- que preste sus servicios en el centro para atender a estas personas, así como cualquier otra información sobre sus circunstancias y necesidades de atención de las previstas en los artículos correspondientes del decreto. Esta información se utilizará con el fin de realizar un seguimiento permanente y en tiempo real del cumplimiento de la normativa vigente.

Y, por último, se reforzarán las inspecciones; al objeto de garantizar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que trabajan en los centros residenciales, se acordará, para hacer frente a las situaciones excepcionales de salud pública, que se exija un refuerzo de la... de la actividad habitual de supervisión, inspección y control, y la atribución de funciones inspectoras a personal funcionario destinado en la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Señorías, este... esta norma que hoy traemos aquí para su convalidación responde a los compromisos adquiridos, y sobre todo da respuesta a la necesidad de actuar ante posibles brotes o ante nuevas situaciones de crisis sanitarias que puedan surgir. Es una norma pionera, como decía, es la primera norma que se aprueba en España de estas características. Nos estamos anticipando a lo que pueda ocurrir. Es un punto de partida que esperemos culminar, con el consenso de todos, con la aprobación de la ley de atención residencial, que a partir de hoy empieza también el trabajo con los distintos grupos de trabajo que se constituirán. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para fijar posición, en un turno compartido, por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación del partido Vox, tiene la palabra el señor García-Conde del Castillo.

EL SEÑOR GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO:

Señor presidente, señora consejera. Aunque votaremos a favor de la convalidación de este decreto-ley, nos preocupan las consecuencias que puedan tener para las residencias de personas mayores que son negocios familiares. Creemos que la Administración tiene que facilitar el cumplimiento de los requisitos contemplados en esta disposición en una medida mayor que la que viene reflejada en el Artículo 7, subvenciones para el acopio de EPI y asesoramiento e información al personal. Es fundamental que se establezcan subvenciones para la redacción de los planes específicos de contingencias (Artículo 1), que ya vemos insufi... ya que vemos insuficiente la guía publicada en el Artículo 2.3; para la formación del personal (Artículo 6), para la implementación o adaptación del sistema de información propio y la integración con el de la Gerencia de Servicios Sociales (Artículo 4), y para adaptarse al requisito de la capacidad de las habitaciones que figura en la Disposición Transitoria Primera.

Finalizo. En estos momentos en el que el desagrado y evitable fallecimiento de cientos de personas mayores ha vaciado las residencias, tendencia que aumentará por la crisis económica, que hará que los familiares vuelvan a acoger en sus hogares a sus mayores, como ya sucedió en la crisis del dos mil ocho, es imprescindible no forzar sobrecostes que aboquen a estos negocios a su cierre. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno compartido, por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación de Podemos-Equo, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, hoy me gustaría empezar primero en positivo. Es verdad que algunas de las cuestiones que se van a dictar en este decreto van a ser buenas para afrontar posibles rebrotes de la COVID-19: va a ser positiva la existencia de un plan de contingencia, la obligatoriedad de la provisión de material de protección o las medidas de información -estamos de acuerdo-; va a ser positivo que se amplíen las inspecciones, aunque convendrán conmigo que a este respecto pocas medidas o ninguna medida concreta han puesto sobre el papel ni tampoco las ha dicho aquí.

En todo caso, bien, creemos que este puede ser el inicio de un cambio en la atención residencial. Ha dicho que es un punto de partida, pero claro, para nosotros es un punto de partida que es insuficiente. Nos alegra que se solucione una parte, pero creemos que lo que se aprueba no va a solucionar ni una mísera punta del iceberg que es el problema de las residencias, que fue, que ha sido y que va a seguir siendo si no tomamos medidas mucho más integrales y profundas que las que aquí se toman.

Yo quiero que la Consejería se responda a una pregunta crucial: ante un posible rebrote del COVID-19 o ante una nueva situación de emergencia sanitaria por otros motivos, ¿van a estar preparadas las residencias simplemente con la aprobación, y esperemos que aplicación, de este decreto? Yo creo que si sinceramente nos queremos responder a esta pregunta, sabemos que la respuesta es que no. Y es que no porque -nosotros lo hemos denunciado en esta Cámara numerosas veces- la política residencial de la Junta sufre carencias estructurales, pero no solucionadas, desde hace años.

¿Y saben qué? Que nosotros denunciábamos esto ya antes del catorce de marzo. Que decíamos ya el año pasado que las bolsas de empleo estaban caducadas, que hacía falta modificar las ratios para ampliarlas, que el personal no era suficiente, que las infraestructuras estaban obsoletas. Decíamos, hace uno y hace dos y hace tres años, que había una serie de carencias en el modelo "En mi casa", que no consiste en pintar paredes y poner unas cortinas bonitas, sino en reforzar el personal y en instalaciones adecuadas para dependientes grado III.

El modelo residencial de Castilla y León no ha hecho aguas por esta crisis, es que estaba ahogado desde hace años. Pero claro, no ha sido hasta marzo del año dos mil veinte cuando, de repente, el mejor sistema posible residencial, que tanto defendían el Partido Popular y Ciudadanos, ahora ya no valía. Ahora todos dicen que hay que cambiar el modelo. Pues, bueno, bienvenidos, porque Podemos lleva diciéndolo al menos cinco años.

Por eso, porque el modelo era deficiente desde mucho antes, no es suficiente con este decreto. No puede ser la medida única, porque significará que no hemos aprendido nada de todo lo que hemos vivido. No hemos aprendido que durante la crisis del COVID-19 se agotaron las bolsas de empleo y no había auxiliares no porque se estuviesen infectando los... las auxiliares, sino porque esas bolsas de empleo llevaban obsoletas diez años.

Ayer escuchábamos decir al consejero de la Presidencia, con una tranquilidad total, que la provisión de puestos había funcionado perfectamente. Claro, a base de contratar a gente sin formación y a base de dejar a residencias incumplir las ratios porque no había personal suficiente para contratar. Hombre, yo creo que la gestión no ha sido la más adecuada. Un personal, por otro lado, que ya era deficiente antes de la crisis.

En la comparecencia del gerente regional en esta Cámara -el máximo responsable, junto a la consejera de Familia, de lo que ha ocurrido en las residencias de Castilla y León-, yo le hice una pregunta muy sencilla de la que todavía no he obtenido respuesta: ¿cómo supervisan en esta Comunidad Autónoma que una ratio de grado II cuenta con 1 auxiliar por cada 5 residentes? ¿O cómo saben con certeza que exista un auxiliar por cada 10 dependientes de grado I? Fíjese si tendremos obsoleta la ley que el grado III ni siquiera se contempla en esa ley del dos mil uno. Todavía no tengo respuesta para saber cómo se supervisa esta cuestión. Con COVID y sin COVID, el Partido Popular nunca ha controlado que las ratios se cumplan. Dicen que con este nuevo decreto van a mejorar el control. Vale, pues díganme cuáles son las medidas concretas de control, porque el único artículo que habla de control no especifica ninguna.

Por último, en cuanto a la cuestión de las ratios. Claro, aquí ha defendido, señora consejera, que las van a reducir con el siguiente argumento: en caso de crisis sanitaria, las plazas de válidos van a convertirse en plazas de dependientes al cómputo de las ratios. Bien, pues vamos a analizar esta propuesta. Según la guía de recursos sociales, ahora mismo hay 1.999 plazas de válidos en Castilla y León; 47.000 hay en total en la Comunidad; con una sencilla regla de tres, el 4,2 % del total de las plazas son para válidos en Castilla y León. Consecuente pregunta lógica: ¿ustedes, su idea estrella de reducción de ratios es que solo el 4,2 % de las plazas van a ser aumentadas en sus ratios? A mí explíquenme cómo pueden decir que esto es reducir las ratios. Es una mentira, o sea, están mintiendo a la gente y están intentando tomarnos el pelo.

Por otro lado, para nosotros es fundamental cuidar a quienes cuidan, y este es otro de los problemas que ha habido en las residencias, ya digo, desde hace muchos años, no por la crisis del COVID. Las auxiliares de enfermería en las residencias, convenios colectivos con unas condiciones laborales que son de miseria, una vergüenza que las auxiliares de enfermería que se dedican al cuidado de nuestros mayores tengan esos convenios colectivos, y con un agobio por la sobrecarga de esas ratios, que no son suficientes, que no pueden ya aguantar.

Vamos a hablar de las enfermeras de las residencias públicas, cuya experiencia puntúa el 50 % en la carrera profesional respecto a las de Sacyl, y cuyas retribuciones son mucho más bajas que las enfermeras de Sacyl, que ya de por sí cobran poco, ya que Castilla y León es la Comunidad Autónoma de toda España donde menos cobran nuestras enfermeras. ¿Y qué van a hacer aquí? Pues no lo sabemos, porque la consejera de Familia nos dice una cosa y el consejero de Presidencia nos dice otra, y no sabemos qué va a pasar con las enfermeras de servicios sociales.

Y hablemos también de los médicos, de los fisios, de los terapeutas ocupacionales o de los trabajadores sociales, de todo ese personal sanitario y técnico que hay en las residencias. ¿Van a apostar ahora ustedes por equipos multidisciplinares o, como en sus decretos de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, van a reducir a la... a la mínima expresión a esos equipos? Porque ustedes lo que proponían era eliminar a los equipos técnicos y multidisciplinares, es decir, quitar a médicos, quitar a enfermeras, quitar a fisios, quitar a terapeutas ocupacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues miren, bofetada de realidad que les ha dado ahora la crisis sanitaria.

Ya... además de las ratios y la situación del personal, más elementos que se unen a esto: infraestructuras de los años cincuenta y sesenta en la mayoría de nuestras residencias públicas -es que de eso es de lo que estamos hablando-; una incapacidad absoluta para implantar el modelo "En mi casa" de forma eficiente; o la famosa situación denunciada por este grupo de la privatización de las residencias.

Redondeando, 47.000 plazas en Castilla y León, 15.000 públicas y 32.000 privadas; un 33 % de plazas públicas -o concertadas, ojo, que dentro de ese 33 % también están las concertadas- y un 67 % privadas. Claro, cómo van a poder controlar lo que gestionan, si es que no gestionan nada; si lo gestionan sus empresas amigas, no lo gestionan de manera pública. ¿Cómo van a poder ser transparentes -lo denunciaba ayer mi compañero- y publicar los datos, si no tienen datos, porque son las empresas las que gestionan esos datos y no la Gerencia de Servicios Sociales?

Y esto no va a... no va a cambiar, lógicamente, con este decreto, porque el Partido Popular y Ciudadanos no quieren un modelo público de residencias, como han defendido aquí en todo momento. Podemos sí, y no solo por una cuestión ideológica, que también, porque entendemos que los cuidados es un eje vital de la economía; también por eficiencia, por calidad y sobre todo por control, porque si algo ha demostrado esta crisis es que no hemos sido capaces de controlar lo que sucede en nuestras residencias; un poco en las públicas, nada en las privadas, que, insisto, son el 67 % de las que hay en esta Comunidad Autónoma.

Finalizo ya. Miren, esto ya está en manos de la Fiscalía, la cuestión de las pautas de no derivación y de la falta de recursos y personal sanitario, que veremos si tienen consecuencias legales. Nosotros aquí no estamos para juzgar, evidentemente, porque eso lo tiene que hacer la Fiscalía, pero bastante tendrán ya con escapar de esta situación. Nosotros aquí estamos para controlar lo que se hizo desde una responsabilidad política, y se equivocan no queriendo hacer esa Comisión de Investigación que este grupo ha pedido. Creemos que deberían replantearse hacer una Comisión de Investigación, porque, es cierto, hay que mirar a futuro, hay que mirar a ese nuevo modelo de atención residencial, pero también hay que mirar en qué hemos fallado, y una Comisión de Investigación, insisto, está para pedir responsabilidades políticas, y es eso lo que les pedimos ahora.

Tenemos 2.595 muertos en las residencias de esta Comunidad, con COVID o con síntomas compatibles. Este decreto no va a impedir que esto vuelva a suceder si hay un rebrote. Urge un nuevo modelo. Miremos lo que ha sucedido, miremos también hacia delante. Desde luego, desde este grupo vamos a poner sobre la mesa todas las cuestiones que creemos que se deben modificar, y, sobre todo, entiendan que no se puede hacer de esto economía de mercado, como bien defendía el portavoz de Vox, sino que hay que hacer economía del cuidado. Si no, no salvaremos nuestras residencias públicas ni a nuestros mayores.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. [Aplausos]. Para un turno de fijación de posiciones, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Gómez Jiménez.

LA SEÑORA GÓMEZ JIMÉNEZ:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías, a todos. Es evidente que esta crisis nos ha enfrentado a situaciones desconocidas y difícilmente previsibles en un escenario razonable, o, debiera decir, de lo que antes de esa crisis nos hubiera parecido razonable. Es una crisis que ha cambiado muchas cosas en nuestro día a día, que nos ha enfrentado a retos a todos y a cada uno de nosotros, en todos y cada uno de los sectores.

Es indiscutible también que las personas mayores han asumido, y aún asumen, mayor riesgo en esta pandemia, siendo muy vulnerables a sus consecuencias. Sabemos que la gran mayoría de los fallecidos lo han hecho en condiciones impuestas de aislamiento y soledad, sin contacto directo con sus familiares y seres queridos. Es difícil, muy difícil, recordar estas situaciones y que no se nos quiebre la voz.

Esta vulnerabilidad especial, junto con el hecho de la alta transmisibilidad del virus SARS COVID-19, ha golpeado duramente muchos centros residenciales donde se atienden, en modelos de convivencia grupales, las necesidades de las personas mayores y personas dependientes, por lo que se han convertido en el segmento prioritario de la población que más protección necesita.

Castilla y León dispone de una red de 1.214 residencias y viviendas tuteladas, sumando alrededor de 53.000 plazas; 25, como se ha comentado, de sus residencias son de titularidad... de titularidad de la Junta; el resto se reparte entre ayuntamientos y diputaciones, aunque la gestión en algunos casos se contrata a asociaciones, empresas, órdenes religiosas y también a organizaciones del ámbito social y empresas privadas. Más de 42.000 personas residen en estos centros.

Según los datos comunicados este mismo lunes, veintidós de junio, específicos respecto de las personas que viven en centros residenciales, los fallecidos ascienden a 2.595, de los cuales 870 han fallecido en hospitales y 1.725 en los propios centros residenciales, incluyendo tanto confirmados como aquellos con síntomas compatibles, porque, a juicio de quien les habla, así es como hay que informar de los fallecimientos. 2.595, los números son muy fríos. Me gustaría recordar que detrás de cada cifra hay una persona, hay una familia, y no considerar como víctimas a aquellos que han fallecido sin confirmación por test no ayuda a nadie. Aprovecho para agradecer a la portavoz del Grupo Podemos que, al menos en Castilla y León, haga esta consideración, en este sentido.

Pero quiero también destacar otras cifras: más de un 78 % de nuestros centros residenciales no han tenido fallecidos entre sus residentes, 73 % sin siquiera infectados y 6.965 residentes han conseguido superar la enfermedad, lo que muestra que, a pesar de la dureza y crudeza con que la COVID-19 ha atacado a nuestros mayores y a estos centros residenciales, los esfuerzos realizados han permitido que la mayor parte de infectados, casi un 73 % entre este sector, haya conseguido superar la... la enfermedad. En todo caso, muchos menos de los que nos hubiera gustado.

Hasta la fecha, la gravedad de la situación ha obligado a adoptar medidas complejas en momentos de gran incertidumbre, en un contexto sumamente acelerado, circunstancias que han requerido la toma de decisiones de forma rápida y en constante cambio. Sabemos que ya desde el veintiocho de febrero la Consejería de Familia, en estrecha colaboración con la Consejería de Sanidad, ha trabajado en medidas destinadas a la prevención y seguridad sociosanitaria de los centros. Dos días antes de la declaración del estado de alarma, el once de marzo, a través de la Orden de Sanidad 295/202, se restringen las visitas a las residencias, salvo casos excepcionales. El doce de marzo se publica esa misma disposición para todo el territorio, y el trece nuestra Comunidad fuera... fue la primera en solicitar la restricción de los desplazamientos y la toma de medidas excepcionales que luego se implementaban mediante el estado de alarma.

La anticipación y la prevención han sido determinantes en el abordaje de esta pandemia. Y a medida que hemos ido aprendiendo más de este virus, sabemos que son el arma más eficaz que tenemos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento médico eficaz.

También lo es la información. Todos desearíamos decir que no ha habido fallecidos, pero, por desgracia, no ha sido así, y un buen análisis de datos es muy importante ante cualquier crisis, sobre todo cuando son datos de calidad, acompañados de metadatos y con coherencia en el seguimiento de las series. Nos aportan información muy valiosa sobre lo que está pasando y nos dan una idea de qué ha ido mal y dónde, para aportar soluciones de cara al futuro. Y en esto estamos.

Desde Ciudadanos creemos que la transparencia mejora la relación con los ciudadanos en su papel de fiscalizadores de la actuación de las Administraciones públicas. La COVID-19 ha puesto de manifiesto su tremenda importancia en la toma de decisiones públicas y ha permitido adoptar criterios de eficacia, proporcionalidad, eficiencia y seguridad. Desde nuestro grupo parlamentario nos sentimos orgullosos del esfuerzo realizado en transparencia en esta crisis por la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, los grupos... los llamados grupos COVID-Residencias han permitido un seguimiento minucioso de la situación de centros residenciales. Se han reunido diariamente para, entre otras cuestiones, determinar las residencias en situación crítica, valorar las necesidades de desinfección, revisar los datos epidemiológicos, los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas, los informes de las inspecciones llevadas a cabo y la planificación de nuevas visitas.

Toda esta experiencia acumulada en esta situación debe marcar las pautas para las medidas de prevención y también de actuación en los próximos meses ante posibles rebrotes.

En todo caso, creo que todos los grupos coincidirán conmigo en que la crueldad de... con el que el coronavirus ha tratado muchos de nuestros centros de mayores, hasta colocarles en una situación de emergencia humanitaria que ha obligado a tomar medidas extraordinarias, nos tiene que llevar a plantear la reorientación del modelo de atención sanitaria en las residencias de la tercera edad y de personas con discapacidad. Y digo que todos los grupos, o al menos la mayoría de la Cámara, espero coincidirán conmigo en este diagnóstico, porque son varios los puntos del reciente firmado Pacto para la Recuperación Económica del Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León que abordan esta cuestión -también nos lo adelantaba la señora consejera-. En concreto, los puntos 43 y 44 llaman a revisar el modelo de atención residencial y elaborar una ley a este respecto. En el 52 se recoge la voluntad de crear líneas de ayudas dirigidas al tercer sector que presta servicios en el ámbito de los servicios sociales, para que se doten adecuadamente de equipos de protección individual, o EPI, para evitar riesgos de contagio de COVID-19, así como los apoyos técnicos que en el ámbito residencial regula el decreto que hoy debatimos su... en esta Cámara.

Podría pensarse que estas medidas que se contemplan en el decreto-ley deberían estar mejor contenidas en esa futura ley de atención residencial mencionada en el punto 44 del mencionado pacto, pero, señorías, sabemos que el consenso, altamente deseado y muy positivo, fundamentalmente para los ciudadanos, que es a quien nos debemos, y así lo hemos visto durante estos meses, también lleva su tiempo. Y yo les pregunto, señorías, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿Hasta el otoño, un mes? ¿Alguien se atrevería a poner una vida humana en juego ante estas incógnitas? ¿Sería justo, habiendo identificado medidas que pueden ayudar a mitigar o paliar el riesgo de nuevos contagios, dejar estas medidas sin implementar a la espera de ese consenso?

Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que las medidas planteadas responden a una situación excepcional y son medidas de carácter urgente para las que este vehículo del decreto-ley es pertinente aquí y ahora, dejando una situación, sí, de mínimos, de base, sobre la que trabajar y dialogar para revisar de forma más profunda el modelo de atención residencial, como está previsto en el mencionado pacto.

Partiendo de todas estas premisas, coincidimos en el desarrollo de este decreto, que construye un armazón de protección a los más vulnerables, las personas dependientes y mayores de Castilla y León. Se trata de un decreto que da forma a una norma... da forma de norma a nuestra experiencia en la lucha contra la COVID-19, un decreto que permite aprender de nuestros errores, saber qué ha fallado y prepararnos para un posible rebrote.

Encontramos dos vectores que permiten hilvanar las medidas desarrolladas en este decreto: la previsión y la agilidad, expresados en los planes de contingencia. Se refuerza la asistencia sociosanitaria, al mismo tiempo que se mejora la seguridad de las personas mayores y con discapacidad, así como de los profesionales que las atienden.

Mención especial merece la Disposición Adicional Primera, relativa a los créditos presupuestarios. Al respecto, recuerdo que este decreto se realiza con cargo a las disponibilidades presupuestarias existentes en la Consejería competente en materia de servicios sociales. Por desgracia, en este apartado resulta de un agravio inaceptable la anulación del reparto de fondos de las Comunidades Autónomas en materia de servicios sociales, teniendo en cuenta la magnitud y la trascendencia de estos fondos para poder atender las necesidades financieras en el mantenimiento de las políticas públicas en materia de atención social y a la dependencia.

Es necesario seguir reclamando una financiación justa y equitativa al Gobierno de España. El escudo social del Gobierno de Sánchez se resquebraja cuando es necesario habilitar mayores esfuerzos para quienes han sufrido especialmente el impacto de esta pandemia. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos insistimos en la demanda al Gobierno de la Nación para que rectifique el anunciado recorte de 58 millones de euros por los servicios sociales, en cuyo blindaje llevamos trabajando desde el inicio de esta legislatura en nuestra Comunidad Autónoma a través del acuerdo para la gobernabilidad.

Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que el epicentro de las políticas públicas deben ser las personas; es nuestro principio rector, aún más en situaciones de crisis como las que hemos vivido recientemente. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de fijación de posición, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Nieto.

EL SEÑOR GARCÍA NIETO:

Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se posiciona a favor del Decreto 5/2020, y no solo votaremos a favor, sino que creemos que es una iniciativa muy positiva por varias razones que trataré de explicar. Pero vaya por delante que responde a la necesidad urgente y extraordinaria de proteger a las personas más vulnerables ante un posible rebrote de la enfermedad.

Tanto la OMS como el resto de organismos sanitarios internacionales, las autoridades sanitarias del Estado y la propia nuestra de la Comunidad coinciden en la alta probabilidad de que hacia el mes de octubre se pueda producir un rebrote de la enfermedad, y este decreto, con buen criterio, lo que hace es anticiparse en el tiempo, evitar que nos vuelva a sorprender y estar preparados para evitar contagios tanto a los usuarios de los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad como al personal que ofrece sus servicios en esas instalaciones.

Hemos sufrido mucho, pero también hemos aprendido mucho de la tremenda experiencia vivida que le ha costado la vida a más de 43.000 personas, y tenemos la obligación y la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para evitar una situación similar en el futuro.

Quiero aprovechar este momento para agradecer el tremendo esfuerzo, el trabajo, los riesgos que han asumido, los desvelos y la plena dedicación que han ejercido desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para paliar y minimizar los tremendos efectos sociales y sanitarios que ha provocado la pandemia en los centros residenciales.

Han sido muchas las personas que han hecho frente a una amenaza invisible y desconocida que provoca enfermedad y muerte, pero también soledad, pena, cierre de empresas, desempleo, necesidades, exclusión y un tremendo desconcierto social.

A pesar de las trágicas pérdidas de personas, el esfuerzo de tantos, la celeridad de tomas de... en la toma de decisiones, la aplicación de criterios estrictamente epidemiológicos y priorizar salvar vidas antes de cualquier otro criterio ha valido para que el 73 % de las residencias de nuestra tierra hayan estado libres de la enfermedad; ha servido para que los más vulnerables no se hayan visto desasistidos; ha servido para que los servicios sociales, en un momento de extrema necesidad, no hayan parado ni un minuto; han servido, en definitiva, ahora lo podemos decir, para contener el virus.

Por tanto, es de justicia trasladar un agradecimiento expreso a la señora consejera, la señora Blanco, a sus equipos y a todos los profesionales y voluntarios, que se han dejado lo mejor de sí mismos, han trabajado mucho, han dado la cara y se han esforzado hasta el límite para combatir un fenómeno hasta ahora desconocido, de efectos demoledores y de consecuencias extraordinariamente trágicas.

Ayer le acusaban a usted de haber hecho las cosas mal, incluso de no haber hecho todo lo que estaba en su alcance. Yo niego la mayor. Yo le quiero felicitar porque ha estado usted siempre en primera línea de fuego, plantando cara al virus. Le quiero felicitar porque no ha hecho lo que el vicepresidente, señor Iglesias, que primero se presentó como un pavo real, el día diecinueve de marzo, día de san José, y afirmaba públicamente que él era el mando único de las residencias y del resto de servicios sociales, y, cuando se puso la cosa fea, el pavo se convirtió en avestruz, metió la cabeza debajo de la tierra y dio instrucciones a sus acólitos para culpar a las Comunidades Autónomas de su inacción. [Aplausos].

Cuando el Gobierno asume el mando único, la autoridad se concentra en el Gobierno, y la responsabilidad última -lo están diciendo los fiscales y los tribunales, no solo lo digo yo- corresponde a la autoridad central; y a las autonomías... y las autonomías han actuado a sus órdenes, por delegación o por inacción del Gobierno. Nunca en esta Comunidad se prohibió el traslado de ningún residente al hospital. Siempre se aplicó el criterio médico, nunca el criterio político. Así es que, señora Blanco, gracias por estar donde tenía que estar y gracias por hacer lo que tenía que hacer.

Pero esto ya es pasado, y se trata de aprender y de anticiparse para evitar que se vuelva a repetir. No hace muchos días, la Comunidad Autónoma de Extremadura y el propio vicepresidente del Gobierno pedían públicamente medidas extraordinarias y urgentes anticipándose a posibles rebrotes de la enfermedad, pero, una vez más, en materia de protección social, en la Comunidad de Castilla y León es la primera en pasar de las musas al teatro, es decir, del dicho al hecho, y es la primera Comunidad de España que plasma negro sobre blanco las medidas imprescindibles para proteger a nuestra población más vulnerable.

Se trata de un decreto que recoge una serie de medidas extraordinarias -quiero recalcar lo de extraordinarias- para garantizar la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad en nuestra tierra y reforzar la cobertura ofrecida por nuestros servicios sociales ante una situación como la actual. Pero, fundamentalmente, trata de prevenir y de afrontar en mejores condiciones los riesgos que puedan derivarse de un posible rebrote de la enfermedad y de contingencias de carácter similar que pudieran darse en el futuro.

Ciertamente, en el mes de febrero, cuando irrumpe la enfermedad en España, desconocíamos el alcance, el alto poder de contagio, la incidencia en los diferentes grupos de población y un largo etcétera; lo desconocíamos todo. Quiero recordar que algún representante del Gobierno lo tildó de algo similar a una gripe leve. Hoy, sin embargo, señorías, conocemos más cosas. Conocemos que es una enfermedad muy peligrosa, con una facilidad de contagio extraordinaria, con una alta tasa de letalidad, que afecta más intensamente a los sectores de población más vulnerables, como son las personas mayores y los que tienen patologías previas, y tenemos la penosa certeza de que se ha llevado por delante a más de 43.000 personas en España y a más de 3.700 en nuestra Comunidad Autónoma.

Ante esta realidad, no podemos permanecer impasibles, necesitamos, como decía el domingo el presidente Alfonso Fernández... Alfonso Fernández Mañueco, necesitamos iniciativa y anticipación.

La semana pasada se deba un paso importante para afrontar juntos esta crisis, con la firma del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, que firmaron los grupos más importantes de esta Cámara. En él se plasmó el compromiso de impulsar algunos de los aspectos que precisamente recoge este decreto, un decreto que avanza la puesta en marcha de algunas de las medidas recogidas en el pacto, las más urgentes y las más perentorias en el tiempo, para garantizar una mejor posición de defensa ante un nuevo ataque de la enfermedad, posiblemente en otoño, si no antes.

Pero, señorías, este decreto no interrumpe, no sustituye, no impide ni retrasa el objetivo que comprometió el presidente Mañueco y la propia consejera, que recoge el punto 44 del pacto, de elaborar una nueva ley de atención residencial que defina explícitamente el nuevo modelo residencial de Castilla y León.

De manera inmediata se pondrán en marcha los grupos de trabajo necesarios, con amplia representación y participación, para tener el mejor modelo residencial posible, fruto del mayor consenso político y social para hacer una buena ley. Es este un objetivo prioritario para el Grupo Parlamentario Popular, y me consta que también lo es para la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Esa futura ley necesitará tiempo, mucha reflexión, mucho diálogo, mucho consenso, pero también sacar conclusiones de lo que hemos aprendido de los tremendos efectos que ha provocado la aparición de la pandemia. Pero, señorías, habrá que hacer la ley con moderación, con cautela, con serenidad, con tranquilidad y con frialdad para alcanzar el mejor modelo posible.

En este sentido, me quiero hacer eco de las palabras expresadas por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, eminente socialista, la semana pasada, en una entrevista radiofónica, y decía textualmente: "Las residencias no han sido nunca un conflicto en España hasta que ha llegado un virus. Ojo, no nos carguemos algo de lo que dependen miles de personas y miles de puestos de trabajo, y que, además, nos hace ser un país con la mayor esperanza de vida; es decir, las residencias, como sistema sociosanitario, contribuyen a que la gente viva más, y, por tanto, a que vivan mejor". Fin de la cita.

Y yo comparto estas palabras, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por buscar el mejor modelo residencial posible, sin estridencias, sin demonizar a nada ni a nadie y sin prejuicios ideológicos. Debemos aprender del funcionamiento del modelo anterior, debemos aprender de la tensión a la que ha sido sometido el modelo con la aparición de la pandemia, debemos aprender de la estupenda respuesta que se ha dado ante esta situación de estrés, debemos sacar conclusiones, reconocer los errores, asesorarnos bien, escuchar a los profesionales, a los usuarios, a las familias, y tomar las decisiones necesarias para seguir siendo la punta de lanza de los servicios sociales de España.

Ese es el compromiso, y a eso estamos convocados todos en el futuro próximo; pero para hacer esta ley bien necesitamos tiempo, tiempo que no tenemos, ante la amenaza de un posible rebrote, de ahí la necesidad de este decreto de medidas extraordinarias que hoy se somete a convalidación. Este decreto da respuesta y cumplimiento a varios puntos del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León, por lo que no se entendería, señorías, no se entendería que los grupos parlamentarios firmantes se opusieran a su desarrollo. De ser así, lo tendrían que explicar muy bien a los ciudadanos. Gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gonzalo Ramírez.

LA SEÑORA GONZALO RAMÍREZ:

Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Desde este decreto-ley, la primera conclusión que se obtiene es el ejercicio de malabarismo que se ha realizado para redactarlo, y que pone en evidencia el lío que tiene la Consejería a causa de decisiones políticas que no estaban dirigidas a mejorar la vida de las personas, sino a consolidar una política de recortes y satisfacer a los sectores empresariales.

En relación con los centros de personas mayores, tiene que recurrir a la norma del año dos mil uno, porque los decretos que aprobaron en el dos mil dieciséis y en el dos mil diecisiete fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia, y, si no hubiera surgido la pandemia, hubieran vuelto a aprobar el decreto que abundaba en la desatención a las personas mayores, como lo habían hecho los anulados. Esperemos que esta situación sirva para que en el futuro, muy próximo -y así parece que va a ser, por las palabras de la señora consejera-, podremos redactar una ley que garantice de verdad los derechos de las personas mayores.

Este decreto-ley, si lo tenemos que calificar de alguna forma, sería de incompleto. Señora consejera, este grupo le aportó un documento de propuestas para construir este decreto; de manera unilateral, lo ha presentado sin tener la deferencia de llamarnos para poder negociar y llegar a un acuerdo que enriqueciera el texto; ha dejado de lado cuestiones que para el Grupo Socialista son esenciales, y que no son tratadas adecuadamente. Me voy a centrar en tres... en tres grupos, para dar explicaciones, como son las ratios profesionales, la labor inspectora y la coordinación sanitaria. Creemos que no están adecuadamente desarrollados en el caso de rebrote de la COVID-19 atender debidamente... para atender debidamente a nuestros residentes. Al fin y al cabo, de lo que estamos tratando aquí es sobre un decreto de ley para garantizar, no para parchear.

Sobre los ratios de personal que ustedes proponen, y leo textualmente: "Como medida excepcional, que al objeto de contar con un mayor número de profesionales de atención social en los centros residenciales, aquellas personas inicialmente consideradas como válidas y que resulten afectadas por las situaciones excepcionales de salud pública computarán, a efectos de exigencia de ratios, de personal... como el personal... personas dependientes".

No deja de ser curioso que en este decreto-ley la única forma de elevar los ratios de personal, tan necesario por ser excesivamente escasos, sea porque una persona válida enferme, pero solo ante una situación excepcional de salud pública, y pase a persona dependiente. Lógicamente, esto sucede en... de un día para otro, y sería necesario que se dispusiera de una bolsa de empleo de auxiliares de geriatría y de otros profesionales para permitir atender con diligencia este requisito.

Señora consejera, uno de los problemas más serios que hemos tenido es la falta de personal, que ha obligado a realizar esfuerzos sobrehumanos a los profesionales de nuestros centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad. Y usted me dirá que la situación era extraordinaria e imprevisible. Y estamos de acuerdo, pero es que antes, en otra medida, también pasaba, y haber hecho los deberes hace tiempo podría haber supuesto una mejor respuesta ante la crisis. Y ahora lo sabemos, y seguimos sin poner los medios adecuados, y esto sí es responsabilidad exclusivamente suya, señora consejera. [Aplausos]. Entenderá usted que, con los antecedentes, me duela ver la expresión "medida excepcional" y, sobre todo, la contabilidad que se va a hacer de los residentes para justificar más personal.

Si se... si se modifica el Decreto 14/2001, como se ha hecho a lo largo de la elaboración de este decreto, con el problema que existe con los escasos ratios de personal, ¿por qué no se ha modificado también el Artículo 39 del 14/2001, incorporando unos ratios que permitan garantizar la atención correcta a las personas usuarias de los centros? Le recuerdo que no solamente el Grupo Socialista en reiteradas ocasiones lo ha puesto de manifiesto; también el Procurador del Común ya nos alertó de las carencias de medidas, de medios y personal en muchos de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad que se reparten por la geografía de nuestra Comunidad, y seguimos sin hacerle caso.

Pero continuemos con el texto propuesto. En el Artículo 2.2 establece que el plan ha de contemplar la organización de las... de la prestación de los servicios mediante la constitución de áreas diferenciadas, formados por agrupaciones de usuarios en un número limitado". ¿Limitado respecto a qué criterio?, le pregunto. Sigue el texto: "... atendidos por un equipo de profesionales no sometidos a rotaciones". Y estamos de acuerdo con que no se someta a rotaciones, porque las rotaciones pueden ser perjudiciales para nuestros mayores, además de un foco de contagio. Pero, como ya hemos apuntado antes, con los raties... con las ratias tan exiguas que se contemplan en la regulación actual no creemos que sea posible que se disponga de suficientes profesionales para dar cumplimiento a este requisito. Llevamos mucho tiempo anunciando la mala gestión normativa y la aplicación de los ratios, y nos da mucha pena que el tiempo nos haya dado la razón. Solo deseamos que se recapacite y no se tarde mucho en dar una solución a este problema.

En cuanto a las inspecciones, otro apartado fundamental en el que también ustedes han tenido muchas carencias antes de la pandemia, nos reconoce la importancia que nosotros le damos, indicando que el objeto de la inspección es garantizar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que trabajan en los centros residenciales. Y la solución propuesta, literalmente, dice: "... para hacer frente a situaciones excepcionales de salud pública que exija un refuerzo en la actividad habitual de supervisión, inspección y control, es atribuir funciones inspectoras a personal funcionario destinado a la Consejería competente en materia de servicios sociales". Creemos que se debería aclarar la forma y categoría que estos inspectores provisionales han de tener. Eso sí, el informe económico nos indica que el coste del esfuerzo de inspectores tendrá una repercusión presupuestaria en un momento posterior con la aprobación de las modificaciones de las correspondientes RPT.

Y me ha sido grato escuchar en esta Cámara una y otra vez destacar la importancia de los inspectores, que ahora no tenemos. No se puede... las inspecciones no se pueden hacer cada dos años o cada tres por falta de inspectores, ni sustituirlas por visitas; hay que hacer las comprobaciones con cierta celeridad y profesional. Deseamos que todo esto signifique que ustedes se han tomado en serio la función inspectora y que tendremos, definitivamente, un equipo de inspectores adecuado al número de centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad que hay en Castilla y León.

Finalmente, echamos en falta en el decreto-ley el tercer punto fundamental del... del que creemos que carece el decreto. Debería aclarar cómo se va a coordinar la atención sanitaria en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad con los centros de salud y hospitales. Nos surgen dudas. ¿Quién va a prestar los cuidados sanitarios en cada residencia? ¿Con qué periodicidad? ¿Quién será el responsable de coordinar con el sistema público de salud?

Creemos que también deben de incluirse medidas de información a los trabajadores, además de las medidas de formación del Artículo 6, porque ellos también deben estar informados de las condiciones en que se... en las que van a realizar su trabajo.

Y por último, y no menos importante, este decreto-ley solo regula los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, no los centros de día o estancias diurnas para personas mayores. Solo los cita de pasada en un artículo, pareciendo un error de redacción. Con estos centros ¿qué va a pasar, señora consejera?

Visto todo esto, el Grupo Socialista se tiene que abstener, con la esperanza y confianza de que en breve iniciaremos los trabajos para... que nos llevarán a sustituir esta excepcionalidad por la elaboración de esta ley nueva tan necesaria. Porque, señora consejera, esté usted segura que, como ha sido hasta ahora, el Grupo Socialista seguirá al lado de todos los castellanos y leoneses, aportando trabajo y propuestas. ¡Ojalá a nivel del Estado la Oposición actuara de forma tan constructiva y leal como se hace en esta Comunidad! Muchas gracias. [Aplausos].

Votación Convalidación DLEY/000005 (Decreto-ley 5/2020)

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Procedemos a someter a votación la convalidación del Decreto-ley 5/2020, de dieciocho de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 122, de diecinueve de junio del dos mil veinte. ¿Votos afirmativos para la convalidación? ¿Votos en contra de la convalidación? ¿Abstenciones? Gracias.

Votos emitidos: ochenta y uno. A favor de la convalidación: cuarenta y cuatro. Abstenciones: treinta y siete. Por lo tanto, queda convalidado el decreto-ley.

Convalidado el decreto-ley, ¿algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? Gracias.

Señorías, antes de levantar la sesión plenaria, para que quede constancia en el Diario de Sesiones, aunque el resultado de la votación de la Proposición No de Ley 545 ya se ha proclamado y no puede modificarse, pongo en conocimiento de la Cámara que el número de votos favorable a dicha proposición no de ley ha sido setenta y ocho votos a favor y no setenta y nueve, como se ha proclamado.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las quince horas quince minutos].