DS(P) nº 6/10 del 24/9/2019

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Buenos días. Se abre la sesión. Por el señor secretario se procederá a dar lectura al primer y único punto del orden del día.

Informe 2018 (PC/000001)

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Buenos días. Primer y único punto del orden del día. Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año dos mil dieciocho, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 12, de treinta de mayo de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para un turno de presentación, sin límite de tiempo, tiene la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León, don Tomás Quintana López.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Buenos días. Presidente de las Cortes de Castilla y León, miembros de la Mesa, consejeras y consejeros, procuradoras y procuradores, compañeros presidentes de las Instituciones Propias de Castilla y León, resto de autoridades, señoras y señores. Permítanme que, antes de iniciar el informe oral para el que estoy convocado, exprese mis condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos a consecuencia de las recientes inundaciones, y manifieste mi solidaridad con todos los damnificados.

Siendo este el primer el informe sobre las actuaciones realizadas por el Procurador del Común que tengo el honor de presentar ante las Cortes de Castilla y León, no quiero dejar pasar la oportunidad de iniciar mi intervención con un doble agradecimiento: en primer lugar, a esta Cámara, que en las postrimerías de la anterior legislatura me eligió para el desempeño del cargo, depositando en mí una confianza que espero no defraudar; y también, cómo no, en segundo lugar, agradecer el trabajo realizado por quienes me han precedido al frente de la Procuraduría, a don Manuel García Álvarez y a don Javier Amoedo Conde, haciendo extensiva mi gratitud a los equipos de trabajo con los que ellos contaron, pues, aunque el Procurador del Común sea una institución de carácter unipersonal, el trabajo que desempeña, sin duda, al menos así lo concibo yo, es colectivo.

También me parece oportuno dedicar algunos minutos, en esta mi primera intervención ante sus señorías, a realizar algunas consideraciones sobre ciertos aspectos que, a mi juicio, son de particular interés para el mejor cumplimiento de los cometidos que hemos de desarrollar al servicio de los ciudadanos de nuestra Comunidad, pues, más allá de las normas que regulan nuestra institución pautando su organización y funcionamiento, estoy convencido de que el titular puede y debe imprimir su impronta. Y, en este sentido, ya en mi toma de posesión tuve la oportunidad de manifestar algunas líneas de actuación que considero prioritarias en orden al mejor cumplimiento de nuestros cometidos como institución en defensa de los derechos de los ciudadanos de nuestra Comunidad; líneas de actuación a las que se unen otras dirigidas a que la Procuraduría gane en eficacia.

Permítanme, pues, que me refiera a las iniciativas adoptados en los primeros meses al frente de la Defensoría, en aras de los siguientes objetivos:

En primer lugar, para dar más visibilidad a la Institución, en la idea de que para ser útiles a los ciudadanos de la Comunidad tenemos que ser conocidos, y mi percepción, incluso antes de ponerme al frente de la misma, es que no se nos conoce en la medida en que sería conveniente para que la ciudadanía se pueda beneficiar de nuestra actuación en sus relaciones con las Administraciones. Para ello inicié, ya en los últimos meses de dos mil dieciocho, una ronda de visitas a las autoridades autonómicas, provinciales y municipales de la Comunidad, cuya continuidad se ha producido en los primeros meses del presente año, realizando las entrevistas que me requirieron los medios de comunicación con motivo de cada una de las visitas efectuadas.

Y también hemos remitido un cartel a todos los municipios de Castilla y León, con el ruego dirigido a los alcaldes de que sea expuesto en lugar bien visible, informando de lo que puede hacer el Procurador del Común en favor de los ciudadanos castellanos y leoneses en sus relaciones con las Administraciones de la Comunidad, máxime cuando uno de los objetivos y compromisos asumidos en mi toma de posesión fue hacer lo posible para llegar a todas las personas que residen en municipios rurales.

En segundo lugar, para dotar de mayor eficacia a las actuaciones del Procurador del Común, he promovido la reforma de los procedimientos que se inician a partir de la presentación de las quejas por parte de los ciudadanos o de oficio -es decir, por decisión del titular de la Institución-, con la finalidad de dotarles de más agilidad. En este sentido, me permito recordar al cordobés Lucio Aneo Séneca cuya sentencia "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía" -que estoy seguro que todos compartimos-, nos ha animado a deducir que los procedimientos que dan soporte a nuestras actuaciones han de realizarse en un tiempo prudencial, pues de ello depende, en realidad, que podamos contribuir a resolver los problemas que motivan las quejas o nuestras intervenciones de oficio.

Esto es lo que esperan los ciudadanos y eso es, justamente, lo que hemos pretendido al reducir el tiempo de tramitación de los procedimientos e implantar, a la máxima celeridad, desde el pasado mes de marzo, la sede electrónica, que ya resulta operativa, está operativa, desde este mes que me acabo de referir; lo cual, además de permitirnos relacionarnos mediante ella con todos los entes públicos y con los ciudadanos que así lo deseen, ha supuesto la apertura de nuevos canales de comunicación a añadir a los existentes con anterioridad, y, en definitiva, ajustar el funcionamiento del Procurador del Común a la legalidad en materia de Administración electrónica, cumpliendo también con todos los requerimientos que nos impone la legislación de protección de datos.

En tercer lugar, con la finalidad de practicar una especial sensibilidad con las personas y colectivos especialmente vulnerables, y para que la acción protectora de las Administraciones públicas de la Comunidad se proyecte de forma más intensa sobre ellos, con una particular atención a las personas que residen de forma habitual en el medio rural, entre otras iniciativas, hemos reforzado la Oficina de Atención al Ciudadano, pues, a nuestro juicio, resultaba prioritario, en el convencimiento de que la comunicación directa de los ciudadanos con el personal de esta oficina es insustituible, y seguirá siéndolo en el futuro, al menos para una parte importante de quienes requieran nuestra ayuda. Pese a que también parece razonable pensar que la reciente implantación de la sede electrónica pueda contribuir a facilitar la comunicación informática de los ciudadanos, tanto para la presentación de las quejas como para el seguimiento y comunicación de las resoluciones de los procedimientos a que aquellas dan lugar.

En cuarto lugar, para promover la colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común, pues sin ella es imposible que podamos realizar todo aquello que los ciudadanos esperan de nosotros, desde mi toma de posesión, no solamente venimos persuadiendo a todos los entes públicos cuya actuación se halla sometida a nuestra supervisión acerca de su deber de colaboración, sino que estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas legales que pone a disposición nuestro ordenamiento jurídico para que esa colaboración se produzca en términos reales y efectivos. Pues, al fin y al cabo, detrás de cada queja hay un ciudadano, un vecino, que solo pretende ejercer plenamente sus derechos.

En particular, esa colaboración de las Administraciones y demás entes públicos la necesitamos de forma especial en dos momentos diferentes: cuando los demandantes demandamos, a su vez, información que necesitamos sobre el contenido de las quejas para poder resolverlas, así como cuando, una vez resueltas dichas quejas, pedimos que nos manifiesten la aceptación o rechazo de nuestras resoluciones que, como es conocido, lo son en forma de recomendaciones o sugerencias.

Sobre el primer momento en que pedimos colaboración de las Administraciones y demás entes públicos, mediante la solicitud de información, consideramos que aquella es aceptable, pues, en general, unas y otras, Administraciones y el resto de entes públicos, nos informan de todos aquellos extremos que demandamos, aunque, ciertamente, no siempre con la celeridad deseable, haciendo necesaria con frecuencia la reiteración de los requerimientos, de manera que, hasta mi llegada a la Institución, se han venido realizando hasta en seis ocasiones hasta dar por finalizada nuestra intervención mediante el archivo de la queja en los casos en que no se hubiera recibido la información requerida.

Pues bien, la demora en las contestaciones a nuestras solicitudes de información ha supuesto tener que efectuar hasta cinco recordatorios a partir de la primera solicitud. Consideramos, sin embargo, que esto no está en absoluto justificado, pues venía retrasando indebidamente la resolución de las quejas, con el padecimiento que ello supone para los ciudadanos que han solicitado nuestra intervención.

Pero como fácilmente se comprenderá, la frustración para los ciudadanos, y también para nosotros, es absoluta cuando, después de haber efectuado la solicitud de información, y hasta cinco recordatorios no habiendo obtenido respuesta, hemos tenido que archivar la queja sin poder aportar ninguna solución. Para enfrentar esos indeseados efectos, como novedad, desde el uno de enero de dos mil diecinueve, hemos acortado el número de recordatorios de cinco a tres. Y ya, desde el primero, ponemos de manifiesto las consecuencias que puedan derivarse de la falta de colaboración con el Procurador del Común, que, como es conocido, puede determinar responsabilidades de índole penal en los casos en que con ello se nos impida realizar nuestras funciones.

El segundo momento que exige la colaboración de las Administraciones y demás entes del sector público surge una vez que hemos dictado la resolución y esta ha sido enviada al ciudadano que ha presentado la queja, así como a la entidad pública cuya actuación se halla sometida a nuestra supervisión, quedando a la espera de que esta, la Administración en concreto, manifieste si acepta o rechaza el contenido de nuestra resolución.

Pues bien, nos complace advertir que las entidades públicas de la Comunidad, como en años anteriores, en dos mil dieciocho han seguido siendo receptivas a aquellas resoluciones en las que normalmente incorporamos propuestas de solución a las quejas planteadas, incluso mediante la mejora de la actuación que llevan a cabo los entes públicos en el ejercicio de sus competencias. De manera que en un porcentaje superior al 72 % nuestras resoluciones han sido aceptadas; siéndolo en un solo... en un 62 % de forma total y en un 10 % parcialmente. Lo que se considera positivo, máxime como, cuando es sabido, la ley no obliga a los entes públicos a seguir el dictado de nuestras resoluciones.

No obstante, hay que lamentar que, aunque no sea frecuente, transcurrido el plazo de que dispone la entidad pública para contestarnos acerca de la aceptación o rechazo de nuestras resoluciones, no lo haga. Inactividad que determina la necesidad de que efectuemos hasta tres recordatorios, cada uno con su plazo de espera y, en el caso de que la contestación no se llegue a producir, hemos de hacer saber al ciudadano que promovió la queja que no hemos recibido respuesta a nuestra resolución y que, por lo tanto, cerramos el expediente, con la consiguiente contrariedad del ciudadano y, por supuesto, también la nuestra. Pues aunque admitimos, como no puede ser de otra forma, que se discrepe de nuestra solución y que, consecuentemente, se nos comunique de manera fundada que no va a ser atendida, lo que no resulta admisible es dar la callada por respuesta a nuestras recomendaciones o sugerencias que contengan las resoluciones que dictamos.

Por ello en estos casos -que ciertamente son los menos-, más allá de reflejar esa falta de colaboración de la Administración o ente público en el registro de entidades no colaboradoras, y de la mención que se hace de ello en el Informe que se eleva a las Cortes de Castilla y León, hacemos constar esa falta de respuesta en nuestra página web, con objeto de que la ciudadanía tenga cumplida noticia de la falta de colaboración de aquellas entidades públicas que, incumpliendo sus deberes incomprensiblemente, no manifiestan la aceptación o el rechazo a las resoluciones del Procurador del Común.

En quinto lugar, para dar publicidad a nuestras resoluciones, con objeto de reforzar la predisposición a que estas sean cumplidas, pese a que no tengan carácter vinculante para las entidades públicas a las que se dirigen -circunstancia que es común a todas las Defensorías-, consideramos estrictamente necesario que sean recibidas con el máximo interés por parte de los entes públicos a las que se dirigen, sin perjuicio de que finalmente sea aceptado o rechazado nuestro dictamen. Pues nuestra función no es imponer un determinado comportamiento a las entidades públicas concernidas, sino persuadir con la fuerza de los argumentos, jurídicos o extrajurídicos, para que actúen en la forma que consideramos respetuosa con los derechos de los ciudadanos, sin perjuicio de la legítima discrepancia que puedan mostrar frente al contenido de nuestras resoluciones.

De ahí nuestro empeño no solo sea el dar a conocer el contenido de la totalidad de las decisiones a través de los medios electrónicos de que disponemos -algo que venimos realizando desde principios de dos mil diecinueve, para lo cual hemos introducido reformas en nuestra página web con objeto de hacerla más accesible y clara-, sino también tenemos la convicción de que es necesario -y así lo hacemos- airear a través de los medios de comunicación, mediante notas de prensa, aquellas de... de nuestras resoluciones de mayor trascendencia para la ciudadanía.

Realizadas estas primeras consideraciones que atienden de forma particular a las novedades introducidas en la organización y funcionamiento de la Institución desde que me hice cargo de la Procuraduría, procedo ahora a centrar la atención en el balance general de la actividad desarrollada a lo largo del año -lógicamente, al que se refiere este... el presente informe, que es el año dos mil dieciocho-, sobre la base de las actuaciones que hemos promovido de oficio y de las quejas recibidas, en el entendido de que mi toma de posesión se produjo el veinticuatro de octubre del pasado año.

Pues bien, durante dos mil dieciocho fueron iniciadas 79 actuaciones de oficio y se presentaron 6.500 quejas; lo que supuso la apertura de un total de 6.579 expedientes.

Con referencia a los asuntos sobre los que el Procurador del Común ha actuado de oficio a lo largo de dos mil dieciocho, en este año se iniciaron, como acabo de indicar, 79 actuaciones de oficio, y se dictaron un total de 86 resoluciones; 70 en expedientes iniciados en dos mil dieciocho, 16 en expedientes iniciados en años anteriores. Y en el momento del cierre de este informe, es decir, a fecha treinta y uno de diciembre, de las 79 actuaciones de oficio iniciadas en dos mil dieciocho, 6 pasaron a dos mil diecinueve para su resolución.

De la totalidad de las actuaciones de oficio que han sido resueltas en el año al que se refiere el presente informe me referiré a aquellas de mayor relevancia.

Actuaciones de oficio relativas a la exclusión de la vigilancia sanitaria del agua. Esta Defensoría tuvo conocimiento de que algunos municipios habían requerido de la Consejería de Sanidad la exclusión de la vigilancia sanitaria del agua que suministran a través de las redes públicas, requerimiento que, al haber sido aceptado, suponía que a los usuarios del servicio no se les garantizaba la salubridad del agua abastecida. En conjunto, eran 167 las localidades excluidas del control sanitario, y más de 4.000 empadronados además de otros posibles afectados. Y como resultado de la actuación, se formuló una resolución dirigida a la Consejería de Sanidad en la que instábamos a dejar sin efecto la previsión normativa que permite la autoexclusión del control sanitario de los... para los abastecimientos menores, sobre la base de que la... de que la falta de vigilancia sanitaria del suministro de agua vulnera el derecho de los vecinos a acceder a la prestación del mencionado servicio público, así como los derechos de igualdad y no discriminación, ya que residir en una localidad de menor... de menor tamaño venía a determinar que el agua suministrada fuera o no segura desde el punto de vista sanitario. Con similares argumentos también nos dirigimos a los municipios concernidos por la actuación recomendándoles que dejaran sin efecto el acuerdo de autoexclusión, y de forma subsidiaria que se diera información sobre la falta de control sanitario del abastecimiento. Nuestra intervención supuso la emisión de 63 resoluciones, 19 de ellas fueron aceptadas en su totalidad, 5 lo fueron de forma parcial, 15 fueron rechazadas y 24 a... a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho aún no habían obtenido respuesta.

Actuación de oficio relativa a la calidad del aire en los grandes núcleos de población de Castilla y León. Como consecuencia de la actuación, se constató que salvo el Ayuntamiento de Valladolid, ni la Administración autonómica ni los Ayuntamientos de Salamanca, Burgos y León habían elaborado protocolos que previesen la adopción de medidas para reducir los contaminantes atmosféricos, pese a estar legalmente obligados a ello. Por lo tanto, esta Procuraduría instó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como a dichos ayuntamientos, a que elaborasen planes de mejora de la calidad del aire para intentar reducir los niveles de ozono troposférico en la atmósfera. Tanto la Consejería de Medio Ambiente como los Ayuntamientos de Burgos, León y Salamanca -que fueron los requeridos- nos comunicaron la aceptación de nuestra recomendación.

Actuación de oficio relativa a los problemas de la... de los alumnos con dislexia en el ámbito educativo. Mediante nuestra resolución se hizo hincapié en la falta de instrumentos genéricos que protocolicen las actuaciones que se deben llevar a cabo para la detección precoz de los alumnos con dislexia y que permitan adaptar nuestras medidas, revisables periódicamente, para dar respuesta a las necesidades que presenten dichos alumnos, en particular en lo que respecta a su evaluación. Con relación a ello, la Consejería de Educación nos anunció el inicio de la elaboración de un protocolo específico para la detección temprana de dificultades de aprendizaje en lectoescritura para el curso escolar 2018-2019.

Actuación de oficio relativa al alumnado que pudiera presentar disfemia. En nuestra resolución se indicó a la Consejería de Educación, entre otras recomendaciones, la elaboración de un protocolo que permitiera, además de otros objetivos, coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones y las familias, todo ello con el fin de facilitar la mejor respuesta a las necesidades de ese alumnado en el ámbito escolar. En su respuesta, la Consejería de Educación estimó que no era preciso elaborar un protocolo específico ligado a las necesidades que presenta el alumnado con disfemia, remitiéndose a las presentaciones del servicio de atención temprana previsto para los niños de 0 a 6 años, aceptando, sin embargo, el resto de nuestras recomendaciones.

Actuación de oficio relativa a los procedimientos de reconocimiento de discapacidad. Se constató que había... se había producido una mejora sustancial en lo relativo a la tramitación de procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad en casi todas las provincias con respecto a años anteriores, así como también una reducción en torno al 28 % en el número de solicitudes pendientes de valoración. Pero también constatamos que todavía en dos provincias de la Comunidad, concretamente en León y en Burgos, existía un retraso en la tramitación y resolución de este tipo de procedimientos; consecuentemente, se instó a realizar los esfuerzos necesarios para realizar la tramitación de las solicitudes pendientes de resolver y a la total eliminación de los retrasos en la resolución de los procedimientos de discapacidad en las dos provincias citadas.

A continuación, me voy a referir a los expedientes iniciados a partir de las quejas presentadas por los ciudadanos.

Pues bien, como he señalado anteriormente, se advierte que su número en el año dos mil dieciocho es superior al de años precedentes, si bien, de las 6.500 quejas recibidas, 3.984 lo han sido sobre un mismo asunto, en concreto, las deficiencias en la prestación del servicio de asistencia sanitaria en la especialidad de oncología en la provincia de Zamora, asunto sobre el que nos hemos pronunciado ya en el año en curso, y, por lo tanto, incorporaremos dicha resolución en el informe correspondiente a dos mil diecinueve.

Por ser la tramitación de los expedientes a que dan lugar las quejas que nos presentan los ciudadanos, y sobre todo las soluciones que proponemos para resolverlos, la parte sustancial de la actividad que desarrollamos, parece oportuno reparar en las áreas temáticas que se... a la que se refieren las quejas presentadas. Así, en el área de Sanidad y Consumo se han recibido 4.192 quejas, si bien, como acabo de señalar, más de 3.900 se referían a un mismo asunto; en el área de Función Pública han sido 812 las quejas presentadas; en la de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, Bienes y Servicios Municipales, 405; en el área de Fomento 189; en el de Medio Ambiente, 176; en el área de Educación, 172; en el área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud, 163; en el de Hacienda, 103, en el de Hacienda, 103, al igual que en el área de Industria, Comercio, Empleo y Seguridad Social, 103, por tanto; en el área de Interior, Extranjería e inmigración, 92; en la de Justicia, 36; en el área de Agricultura y Ganadería, 34; y, por último, en el área de Cultura, Turismo y Deportes se recibieron 23 quejas.

Por otro lado, considerando la procedencia geográfica de los ciudadanos que han presentado las quejas -excepción hecha de la provincia de Zamora por la razón a la que he hecho referencia anteriormente, de cuyos ciudadanos hemos recibido 3.859 quejas, por tanto, un 68 % del total-, ha seguido siendo León, la provincia de León, la que ha seguido también liderando la clasificación, como ha sido habitual casi casi desde la puesta en funcionamiento de la Institución, al proceder de León y su provincia 630 quejas, que representan el 10 % del total. Lo que supone o pone de manifiesto que la cercanía y sobre todo el conocimiento del Procurador del Común como institución por parte de los ciudadanos es determinante para que se sirvan de la Institución; lo que supone también para nosotros un acicate para seguir haciendo el máximo esfuerzo para darnos a conocer en el conjunto de la Comunidad.

Seguidamente, han sido los ciudadanos procedentes de la provincia de Valladolid los que han presentado el siguiente número mayor de quejas, siendo un total de 426, que supone el 7 % del conjunto de las presentadas. Provincia seguida de Palencia, de cuya procedencia se contabilizaron 367 quejas, el 6 %; siendo finalmente las provincias de Salamanca, con 277 quejas; Burgos, 266; Ávila, 166; Segovia, 102 y Soria 87, por este orden, en las que sus ciudadanos presentaron un menor número de quejas, lo que consecuentemente nos obliga a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que se nos conozca y que nuestra ayuda pueda servir, como es nuestro deseo, al máximo de ciudadanos de todas las provincias de la Comunidad.

También, como datos estadísticos, me parece oportuno dar a conocer el número de quejas recibidas según los tipos de Administraciones concernidas. Así, en relación con la actuación de la Administración autonómica hemos recibido 5.340 quejas, que representan el 82 % de total, si bien hay que reiterar de nuevo que, de ellas, más de 3.900 lo fueran... lo fueron sobre un mismo asunto.

De las actuaciones de las Administraciones locales nos llegaron 967 quejas, que representan el 15 % del total de las recibidas; y, de ellas, 879 afectaron a ayuntamientos, 45 a entidades locales menores, 38 a diputaciones provinciales.

De la actuación de la Administración del Estado recibimos 160 quejas, que representan el 2 % del total y fueron trasladados... fueron trasladadas al Defensor del Pueblo, en la medida en que reunían los requisitos necesarios, dado que el Procurador del Común no es competente para tramitar y resolver esas... las quejas de esa procedencia.

A continuación, señorías, me voy a referir a los expedientes resueltos, que ha supuesto la emisión de 980 resoluciones en dos mil dieciocho. Y lo voy a hacer sobre la base de una selección de los temas en los que se han recibido reclamaciones, dentro de las áreas temáticas sobre las que efectuamos nuestro trabajo; selección que ha sido necesaria realizar a la vista de las miles de quejas presentadas y los miles de expedientes tramitados, lo que, como comprenderán, hace que sea imposible que me refiera a todos.

Ahora bien, el hecho de que haya realizado una selección como fundamento del presente informe en absoluto supone que la Defensoría realice una graduación de las quejas sobre la base de la diferente importancia de aquellas, pues como Procurador del Común considero que tengo la obligación de ponerme en el lugar de... de la persona que plantea su problema, cualquiera que sea la importancia de su queja en términos objetivos, y con ello asumir que para el ciudadano que se duele ante nosotros el contenido de su queja es lo más importante, lo que nos obliga a dar a todas y cada una de las quejas que se nos presentan la máxima trascendencia, pues detrás de todas y cada una de ellas hay una persona, hay personas, que esperan que les proporcionemos la ayuda que demandan en defensa de sus derechos.

En materia de Función Pública -o empleo público, mejor-, en el año dos mil dieciocho se produjo un importante incremento de las quejas presentadas, pasando de 665 en dos mil diecisiete, a 812 en dos mil dieciocho. Dicho incremento se advierte tanto en el ámbito de la Función Pública general como en el de la Función Pública sanitaria. Por el contrario, no se produjo incremento alguno en el número de quejas en lo relativo a la Función Pública docente y a la Función Pública policial.

En concreto, más de 500 quejas en esta materia se relacionan con el proceso selectivo abierto para el ingreso por el sistema de acceso libre de la competencia funcional de personal de servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Y en otro orden de asuntos, pero también en materia de empleo público, en dos mil dieciocho concluyó la tramitación de más de 440 quejas en las que los reclamantes solicitaban la equiparación del personal sanitario no asistencial. En concreto, casi 2.000 profesionales, entre los que se incluyen veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, matronas y fisioterapeutas, que no desarrollan sus funciones en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. Recomendándose esa equiparación con el personal sanitario asistencial que realiza sus funciones en dicho ámbito, es decir, con el personal estatutario del servicio de salud de Castilla y León.

Sobre el particular se formuló una resolución dirigida a la Consejería de Sanidad en la que se instaba a asimilar a ambos colectivos de profesionales, en concreto, estableciendo como forma de acceso a los puestos de personal sanitario no asistencial el concurso-oposición, en el que se valorara la experiencia profesional y se dotara de efectividad el derecho a la carrera profesional del citado personal.

Con motivo de la resolución de otra queja sugerimos a la Consejería de Economía y Hacienda, también en materia de sanidad o relacionada con este sector, estudiar la posibilidad de que fuera modificado el Artículo 31 de la Ley 12/2001, de veinte de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, para incluir con carácter general la exención del pago de la tasa por derechos de examen para los aspirantes inscritos como demandantes de empleo. Para llegar a esta conclusión analizamos el régimen de la tasa por derechos de examen en el derecho autonómico comparado y comprobamos que Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra, Madrid, Aragón y Galicia hacían lo que nosotros íbamos a pedir a la Administración autonómica. También en esa línea, el régimen de la Administración del Estado abundaba en lo que nosotros después propusimos, porque constatamos que con carácter general se encontraban exentos del pago de la citada tasa los aspirantes que estuviesen inscritos como demandantes de empleo. Y dicha sugerencia fue aceptada por la citada Consejería.

En las materias agrupadas bajo la denominación de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales las quejas que nos han hecho llegar los ciudadanos abarcan aspectos diferentes, que van desde la participación ciudadana hasta el funcionamiento interno de sus órganos, pasando por la contratación, la responsabilidad patrimonial y el ejercicio de la potestad expropietaria. Me referiré exclusivamente a los dos primeros asuntos.

En lo atinente a la participación ciudadana, los reclamantes nos han transmitido el deseo de una mayor transparencia en la actividad local, y una más intensa sujeción a la legalidad de esa actividad y una mayor participación en los procesos de toma de decisiones. Deseo que es común, con independencia del tamaño de las entidades locales, pues, en general, se cuestiona la escasa participación ciudadana.

Relacionado también con la participación ciudadana, en la medida en que constituye su presupuesto, se halla también la información precisa... que precisa la ciudadanía para contribuir activamente a la realización de las políticas públicas. Para ello, hemos tenido que recordar con reiteración el cumplimiento del deber de publicidad activa que imponen las normas reguladoras de transparencia de la actuación de los entes públicos, cumplimiento que no requiere de la formulación de ninguna petición o exigencia por parte de la ciudadanía, en la medida en que los entes públicos se hallan directamente obligados, por la regla de publicidad activa, a proporcionar dicha información, pese a que estas se enfrentaran a importante dificultades para imponer de medios tecnológicos necesarios para dar cumplimiento a su deber en el caso de las entidades locales menores.

Con frecuencia, los ciudadanos también han demandado nuestra intervención para obtener respuesta de las entidades a las que habían formulado peticiones o interpuesto recursos sin obtenerlas. Ante lo cual, como venimos manteniendo desde tiempo atrás, hemos insistido en que los ciudadanos tienen derecho a obtener respuesta en tiempo y forma de las peticiones y recursos que formulen.

Tampoco las mujeres y hombres de Castilla y León, con independencia de que residan en grandes municipios o en pequeñas localidades, renuncian a su legítimo derecho a conocer la situación financiera de la entidad y a exigir una... una adecuada programación del gasto público. Lo que consideramos un control difuso, pero adecuado y efectivo, para que las... los entes locales destinen de forma equitativa los recursos económicos disponibles a la atención de las necesidades de los vecinos.

Algunos de los problemas analizados en el período temporal al que se refiere este informe no son nuevos, aunque la casuística, en parte, haya variado. Así sucede con los relacionados con el funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades, en particular con las convocatorias a las sesiones, lo que obstaculiza el ejercicio de las funciones por parte de los cargos electos. Consecuentemente, hemos tenido que emitir varios pronunciamientos exigiendo el respeto de los derechos y deberes que configuran el Estatuto de los miembros de las entidades locales, imprescindible, consideramos, para que estos puedan realizar el ejercicio de sus funciones públicas, toda vez que son quienes han sido elegidos democráticamente por los vecinos.

En todo caso, aun teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan los pequeños municipios y entidades menores de la Comunidad para cumplir con las normas que regulan su actuación, debido a las carencias económicas y de personal a su servicio, siempre hemos mantenido como principio que la escasez de medios no puede traducirse en un incumplimiento de las obligaciones para con los vecinos.

Se han elevado sustancialmente el número de quejas que han presentado los ciudadanos en materia de servicios y bienes locales. En concreto, con referencia a la prestación de servicios, un año más ha sido el de abastecimiento de agua... de agua potable el que más reclamaciones ha generado, fundamentalmente por los problemas causados en el suministro, debido a la contaminación de las aguas de consumo, la turbidez o la escasa presión que impide el funcionamiento ordinario de los aparatos eléctricos.

También se ha incrementado el número de reclamaciones frente a las entidades locales menores que prestan, por delegación o sin ella, determinados servicios municipales, denunciándose fundamentalmente una inadecuada prestación de los servicios. Incluso algunas entidades locales menores han demandado nuestra intervención, haciéndonos saber la discriminación que sufren a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones, o la progresiva disminución de las ayudas que reciben de otras Administraciones, ayudas que resultan -se comprenderá- indispensables para garantizar una prestación igualitaria de los servicios públicos, homologable a la que recibimos los ciudadanos en los núcleos más poblados.

El problema nos preocupa doblemente: por un lado, por lo que puede tener de discriminatorio el hecho de que... de que los ciudadanos, en función del lugar donde residan, reciban unos servicios de mayor o menor calidad; y por otro, porque la deficiente prestación de servicios en el medio rural contribuye, sin duda ninguna, a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación.

La tenencia y gestión de los servicios... de los bienes locales también es una fuente de quejas, de manera creciente, que ha llegado a la Procuraduría. Y, en efecto, a través de las reclamaciones que se nos presentan apreciamos como en demasiadas ocasiones el conjunto de bienes que integran el patrimonio municipal se halla en estado de abandono, de manera que las entidades locales con frecuencia permanecen inactivas ante las ocupaciones ilegales de espacios o terrenos de titularidad pública que realizan los particulares, lo que supone la sustracción de los bienes afectados al uso público.

En cuanto a los bienes de las entidades locales, como resultado de las investigaciones que realizamos a partir de las denuncias recibidas, seguimos apreciando irregularidades en los procedimientos que se siguen para permitir la explotación, particularmente, de los bienes comunales, lo que nos lleva a afirmar que la gestión de los patrimonios municipales sigue siendo manifiestamente mejorable, con el convencimiento de que la recuperación, la adecuada gestión y la puesta en valor de esta categoría de bienes públicos por parte de las entidades locales no solamente mejoraría su rentabilidad, sino que también, aunque limitadamente, podría contribuir a incentivar, en algunos casos, la permanencia en el medio rural de algunas personas, incluso de los más... jóvenes, ayudando también de esa forma a frenar la despoblación de determinadas zonas de nuestra Comunidad.

Por último, me parece oportuno destacar un año más el apoyo que deben seguir prestando las diputaciones provinciales a las entidades locales menores y pequeños municipios, no solamente para la prestación de servicios... servicios municipales, sino también para que estos servicios sean similares a los que reciben los ciudadanos de las localidades de mayor tamaño; y también para la gestión patrimonial de los bienes, de manera que las pequeñas entidades locales realicen de esta forma una eficiente explotación de los mismos, logrando así generar ingresos que contribuyan a paliar las carencias económicas que padecen.

En materia de urbanismo, tanto el escaso número como el objeto de las quejas, al igual que en ejercicios anteriores, se ha de seguir poniendo en relación con la crisis del sector inmobiliario, que tuvo lugar entre los años dos mil ocho y dos mil catorce, y que supuso una drástica... una drástica reducción de los desarrollos urbanísticos. Por este motivo, sigue siendo... siguen siendo pocas las quejas relativas al planeamiento y a la gestión urbanística, y algunas más de las registradas, en cambio, sobre protección de la legalidad y de fomento de la conservación y rehabilitación.

En concreto, en relación con el control de los usos del suelo, hemos tenido que reiterar, a partir de la Ley de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana de dos mil catorce, de la Junta... de la Comunidad de Castilla y León, varios actos de edificación y uso del suelo, que ya no... ya no se hallan sometidos al régimen de licencia, sino al de declaración responsable. También se ha considerado que, aunque la obra realmente ejecutada no se ajuste a la licencia otorgada, ello no constituye motivo suficiente para denegar la licencia de primera ocupación cuando se hubiere producido la prescripción de la infracción y la caducidad de la acción de restauración de la legalidad urbanística. La seguridad jurídica así lo exige.

En relación con el fomento de la conservación y rehabilitación, no queremos dejar de poner de manifiesto que la estructura geográfica y administrativa de nuestra Comunidad y la antigüedad de muchos inmuebles, ubicados además en localidades rurales y de reducido tamaño, dificultan el correcto desarrollo de la función municipal dirigida a garantizar que los propietarios cumplan con su obligación de mantener en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público, los inmuebles de los que sean titulares.

En las resoluciones formuladas sobre el particular, hemos atisbado, no solamente la necesidad de tramitar, según los casos, los expedientes de órdenes de ejecución y, en su caso, los de ruina, sino también la responsabilidad patrimonial en que puede incurrir la Administración en los casos en que, por no tramitarlos, se ocasionen daños a terceros.

En todos los supuestos en los que se hallan implicados pequeños municipios venimos insistiendo en que pueden y deben solicitar la asistencia de las diputaciones provinciales para ejercer sus competencias en materia urbanística.

En los expedientes relativos a la protección de la legalidad, constatamos con frecuencia la existencia de obras en curso de ejecución o terminadas, en unos casos sin licencia y en otros no amparados en licencia... la licencia otorgada, ante cuyos supuestos siempre realizamos la recomendación, según los casos, de paralizar la obra en curso, de ordenar la restauración de la legalidad y de ejercer la potestad sancionadora, en el entendido de que, acreditada la comisión de una infracción, la tramitación del expediente sancionador ya no tiene carácter discrecional para el municipio, sino que esta viene impuesta por la ley.

Por lo demás, y como en ejercicios anteriores, sigue siendo una práctica municipal frecuente la falta de contestación a las denuncias presentadas por los ciudadanos en materia urbanística. En estos casos se ha vuelto a poner de manifiesto que, con base en el Reglamento de Procedimiento Sancionador de la Administración de Castilla y León, se debe comunicar al denunciante la incoación y resolución del procedimiento sancionador, o, en otro caso, los motivos por los que no procede su iniciación, así como que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León viene imponiendo la obligación de resolver expresamente los expedientes de restauración de la legalidad.

Finalmente, también hemos recordado a los ayuntamientos que la ejecución de obras sin licencia y sin... o sin proyecto, cuando produzcan daños a las viviendas colindantes, puede determinar responsabilidad correspondiente al municipio, sin perjuicio de que... de la que también puede resultar atribuible al promotor de las obras.

Los dos problemas más importantes, más relevantes, que hemos detectado en dos mil dieciocho, en relación con el derecho a la vivienda de los ciudadanos de esta Comunidad, son las dificultades para acceder a un alquiler social, debido a la insuficiencia de viviendas destinadas a este fin, así como las dudas que suscita la regulación y tramitación de las ayudas económicas dirigidas a facilitar el arrendamiento y la rehabilitación de viviendas.

Comenzando con el primero de ellos, según los datos... los datos hechos públicos por la... por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el mes de agosto de dos mil dieciocho, el parque público de alquiler social de la Junta de Castilla y León constaba entonces de 2.876 viviendas a disposición de las personas y familias en situación de exclusión económica y social. No obstante, formulamos 6 resoluciones dirigidas tanto a la Administración autonómica como a alguno de los ayuntamientos afectados, en las que pusimos de manifiesto que en ciudades como León o Ávila no existía ninguna vivienda disponible para ser destinada al alquiler social de familias que no podían acceder de otra forma a una vivienda digna. Así, a la Administración autonómica, en la línea de lo actuado en... en años anteriores, la recordamos la obligación de disponer de un parque público de viviendas de alquiler, con un número de viviendas suficientes para atender las situaciones de necesidad.

En términos generales, las resoluciones que hemos formulado acerca de la insuficiencia de viviendas destinadas al alquiler social han sido aceptadas, pero sin que, por el momento, podamos constatar que tales aceptaciones se hayan traducido en un mayor o significativo número de viviendas disponibles para aquel fin.

En cuanto al fomento del arrendamiento y de la rehabilitación de viviendas a través de las subvenciones convocadas y resueltas por la Administración autonómica, hemos emitido varias resoluciones. En concreto, son destacables las relativas a la denegación del abono de la subvención para el pago del alquiler por parte de la Administración por la imposibilidad del inquilino de justificar el pago de la renta a través de un documento bancario, al haber sido efectuado dicho pago en metálico. Ante lo cual, formulamos una resolución sugiriendo la modificación de las bases de la convocatoria de las ayudas en el sentido de permitir, aun cuando fuera con carácter excepcional, justificar el pago de la renta por otros medios distintos al bancario.

Atendiendo a las ayudas destinadas a financiar actuaciones de rehabilitación, también recomendamos la eliminación, como posible fundamento de la denegación de la subvención, determinadas previsiones legales, como "otros o similares motivos", dado que consideramos que "otros o similares motivos" son previsiones normativas muy inespecíficas, por lo que su aplicación podía afectar negativamente a la seguridad jurídica, recomendación esta que fue aceptada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Precisamente en el área de Medio Ambiente, las quejas presentadas las agrupamos en las relativas a calidad ambiental, medio natural e información ambiental. En... el principal grupo de reclamaciones, el 78 % del total, se circunscribe al apartado de calidad ambiental, destacando las que se refieren a la contaminación acústica, tanto la procedente de establecimientos de ocio nocturno como... de otro de actividades.

Dado el minifundismo municipal que predomina en nuestra Comunidad Autónoma, esta Procuraduría también considera de primera importancia que las diputaciones provinciales colaboren con los pequeños municipios en las mediciones de ruido como paso previo para que aquellos, los propios municipios, puedan exigir a los titulares de dichas actividades la realización de las obras o los acondicionamientos de aislamiento acústico necesario.

También se han recibido algunas quejas sobre los malos olores que producen las explotaciones ganaderas en pequeñas localidades de la Comunidad, que han puesto de manifiesto una fuente de conflicto entre los usos residenciales característicos de las zonas urbanas, e incluso también las actividades de ocio o turísticas y las actividades ganaderas. Sobre el particular hemos insistido a los ayuntamientos para que lleven a cabo las inspecciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia ambiental otorgada, especialmente en lo referente a la gestión de los residuos ganaderos.

El segundo grupo de reclamaciones que hemos recibido se refieren al medio natural: montes, vías pecuarias, espacios y especies protegidas, caza, pesca, y ha supuesto el... el 18 % del total de las presentadas en materia de medio ambiente. Han predominado las quejas referidas a problemas derivados de los aprovechamientos de los montes, debido a supuestas actuaciones municipales arbitrarias e injustificadas, que menoscaban el derecho de los vecinos al aprovechamiento de aquellos.

Finalmente, el último grupo de reclamaciones recibidas en materia de medio ambiente han tenido como objeto el ejercicio del derecho a la información ambiental, suponiendo el 4 % de las quejas recibidas en esta materia. Sobre esta cuestión hemos recordado a las Administraciones la necesidad de facilitar los datos que les sean solicitados de manera ágil y eficaz, evitando demoras e interpretaciones restrictivas que impidan o menoscaben el ejercicio de este derecho de nuevo cuño, el derecho a saber, en definitiva, por particulares y asociaciones representativas, pues suele constituir -ese derecho a saber- el paso previo para el ejercicio de acciones en defensa del medio ambiente.

En lo referente al área de Educación, más allá de lo que hemos considerado por las actuaciones de oficio a que he hecho referencia, las ayudas en el ámbito de la enseñanza universitaria, en particular las ayudas al estudio convocadas por la Consejería de Educación en el curso dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, ha sido uno de los temas que más quejas han generado por parte de los alumnos de los centros asociados que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene en la Comunidad de Castilla y León, dado que dichos alumnos no tienen la posibilidad de acceder a estas ayudas.

Ante las quejas recibidas, esta Procuraduría recomendó que en las futuras convocatorias de ayudas al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios en las modalidades de matrícula para nuevos ingresos y de umbrales de renta, se incluyan como beneficiarios a los alumnos matriculados en los centros asociados que la citada Universidad a Distancia tiene en Castilla y León, siempre que los eventuales beneficiarios, como es lógico, cumplan el resto de requisitos establecidos al efecto. Sin embargo, la Consejería de Educación no aceptó nuestra recomendación, fundamentalmente sobre la base del ámbito estatal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En materia de Prestaciones Sociales, la Renta Garantizada de Ciudadanía también ha sido objeto de consideración en dos mil dieciocho por nuestra Institución. Como es conocido, se trata de un derecho subjetivo, reconocido a los ciudadanos de nuestra Comunidad, cuya regulación ha pasado por diferentes estadios desde que, en el año dos mil diez, se estableciera por ley las condiciones de acceso y disfrute a la prestación; para finalizar con un Decreto legislativo reciente, el 1/2019, de diez de enero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en la materia.

La reforma realizada en dos mil dieciséis acogió diversas recomendaciones planteadas por el Procurador del Común, que se consolidaron después en la Ley 4/2018, de dos de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

No obstante, en dos mil dieciocho, esta Procuraduría ha tenido ocasión de manifestar la oportunidad de llevar a cabo algunos cambios normativos más, en particular: uno, con objeto de superar la actual incompatibilidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía con otras prestaciones para su solicitante o titular, aun cuando estas sean de un importe superior a la cuantía básica de aquella; dos, para minimizar los efectos de la extinción de la prestación por motivos que determinan la imposibilidad de solicitar la misma durante los seis meses posteriores a la fecha de resolución; tres, para que se contemple el levantamiento de oficio de la suspensión de percepción de la prestación transcurrido un mes por el incumplimiento del deber de los interesados de estar inscritos como demandante de empleo; cuatro, para que se proceda al cambio del concepto de unidad familiar a los efectos de esta prestación; y cinco, por último, para que se contemple la aplicación de los incrementos en la cuantía de la prestación para quienes están abonando cantidades en concepto de adquisición de vivienda, con determinados límites en su caso, aunque no se trate de supuestos de vivienda protegida en promoción directa.

Finalmente, en cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, la demora en la tramitación de los expedientes relacionados con esta prestación ha seguido dando... dando lugar a quejas de los ciudadanos, incidiendo negativamente en esa esfera de las personas que tienen que acceder a esta última red de la protección social para satisfacer las necesidades más básicas.

Las materias relativas a Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud también han requerido nuestra intervención a partir de las quejas suscitadas, que, como en años anteriores, también en dos mil dieciocho han sido muy numerosas.

La realidad del sistema residencial dirigido a la población mayor pone de manifiesto las dificultades de acceso a los recursos públicos o concertados por parte de las personas mayores debido a la existencia de listas de espera. Por ello, en este ejercicio, nos hemos dirigido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en demanda de más plazas para la... por la insuficiente oferta pública existente, sobre todo para personas dependientes.

Junto a la necesidad de que aumenten los recursos residenciales destinados a las personas mayores, también se ha suscitado la conveniencia de que se realicen los máximos esfuerzos en favor del envejecimiento activo, con la finalidad de que sean promovidos programas sociales de vacaciones destinados a las personas mayores, con objeto de facilitar la realización de actividades turísticas a precios reducidos, y, con ello, también mantener la actividad y puestos de trabajo en un sector... en este sector durante la temporada baja.

A estos objetivos responde, como es conocido, el programa de viajes para personas mayores que la Administración autonómica desarrolla en Castilla y León. Sin embargo, para que el programa alcance los beneficios sociales que de él se esperan consideramos oportuno un aumento progresivo de la oferta de plazas para ajustarlo a la demanda real anual, así como el establecimiento de un sistema más riguroso y efectivo de las comunicaciones a los interesados en la gestión de las llamadas listas de reserva; y también la fijación de forma más reglada de los criterios de prioridad, con objeto de favorecer de una manera equitativa el acceso al programa de los solicitantes. Todas estas recomendaciones fueron aceptadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La tutela de las personas con discapacidad viene siendo también un objetivo prioritario de la intervención del Procurador del Común frente a las barreras físicas, sociales y culturales que impiden gozar plenamente de libertades y derechos básicos. Su situación de especial vulnerabilidad, relacionada con la ausencia de condiciones adecuadas en el entorno social y con la existencia de prácticas discriminatorias incorporadas en el desenvolvimiento ordinario y cotidiano de la sociedad, exige el desarrollo de políticas inclusivas para que alcancen una participación plena y en igualdad de oportunidades.

Aunque se han producido avances importantes en esta materia en los últimos años, que se han traducido, sin duda ninguna, en una mejora de las condiciones de accesibilidad universal, siguen detectándose deficiencias que obligan a continuar trabajando para lograr el desenvolvimiento de las personas con discapacidad y su integración real y efectiva en la sociedad. Por ello, hemos estado muy atentos a las quejas que nos han llegado por los problemas relacionados con el incumplimiento por parte de los poderes públicos de la... de la normativa sobre supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas, problemas que siguen estando en la base de un número muy importante de las reclamaciones que recibimos.

También nos hemos ocupado de los menores con discapacidad derivada de una cardiopatía congénita, en el pleno convencimiento de que vivir con esta patología produce múltiples dificultades, entre otras circunstancias porque las numerosas revisiones e intervenciones a las que se hallan sometidos les obligan a faltar a clase con mucha frecuencia, provocando un bajo rendimiento escolar y problemas de integración.

Pues bien, con independencia de los pasos que se están dando para la protección de estos menores y las familias afectadas, en el ámbito del reconocimiento de la discapacidad y de la compensación salarial por el cuidado de estos niños en los casos de hospitalización de larga duración, pudimos constatar la desprotección de aquellos progenitores que deben abandonar totalmente la vida laboral para dedicarse de forma permanente a la atención y cuidado diario de sus hijos aquejados de cardiopatías congénitas, que, como consecuencia de la enfermedad, no pueden acudir a una guardería, a una escuela infantil o a cualquier centro educativo.

Así, en consideración a los intereses y necesidades de estas familias, se recomendó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades valorar la necesidad de establecer algún tipo de ayuda o apoyo económico que permitiera compensar o reparar la pérdida de ingresos que supone el abandono o reducción de la vida laboral de los progenitores por el cuidado y atención diaria, directa y continua de sus hijos.

La resolución formulada para ello fue aceptada en el sentido de que la Administración iba a estudiar la creación de los apoyos necesarios teniendo en cuenta las especiales circunstancias que afectan a los padres menores que sufren estas patologías.

En materia de Sanidad, el año dos mil dieciocho ha supuesto un hito en cuanto a la presentación de quejas ante el Procurador del Común, pasando, como se ha expuesto anteriormente, de 4.100, si bien una gran parte de ellas constituyen esa queja múltiple relativa al servicio de oncología de Zamora al que ya me he referido.

Al margen de este caso concreto, en el año al que se refiere el presente informe, hemos tenido conocimiento de deficiencias en la situación del servicio público de salud que han afectado a diferentes localidades situadas en el medio rural y a diferentes especialidades médicas, como, por ejemplo, la asistencia pediátrica en Linares de Riofrío, en Salamanca, o el servicio de pediatría del centro de salud de la localidad de Alamedilla, localidad situada también en el entorno de Ciudad Rodrigo, en Salamanca.

Y también recibimos quejas formuladas por pacientes de tres pequeños núcleos de población de la provincia de Ávila, al tener que desplazarse para recibir el tratamiento anticoagulante debido a que los consultorios locales que les correspondían carecían de acceso a la red, lo que impedía que los facultativos pudieran conocer el resultado de las analíticas online y, por tanto, prescribir directamente el tratamiento adecuado.

Igualmente, mediante las correspondientes quejas, conocimos la situación de dos poblaciones de la provincia de Burgos en las que se había suspendido la asistencia sanitaria prevista con carácter periódico, debiendo acudir los pacientes a otros consultorios en los que pudieran ser atendidos.

Con todo, y más allá de los casos expuestos y de otros que no citamos, se percibe como problemática la prestación del servicio de salud especialmente en el medio rural, cuyo origen puede estar, entre otros, en la carencia de facultativos dispuestos a prestar sus servicios en los consultorios médicos de los pueblos, ante lo cual parece necesaria la reorganización del sistema, en su caso, para que resulte atractiva la ocupación por los facultativos de las plazas a cubrir en el medio rural.

Otra vertiente de la problemática que hemos analizado en relación con la gestión de los recursos y organización del servicio de salud afecta a las listas de espera.

Sobre el particular, hace ya algún tiempo, la Procuraduría ha pedido la regulación de un sistema de garantías para la realización de pruebas diagnósticas y para la atención especializada en la forma prevista para las listas de espera en intervenciones quirúrgicas. Además, de la información recibida, hemos constatado la existencia de importantes diferencias entre las provincias en lo referente al tiempo de espera de los pacientes.

Especial interés tiene a nuestro juicio las irregularidades denunciadas en relación con el Hospital del Bierzo, lo que determinó la iniciación de una investigación mediante la que pudimos comprobar y conocer el colapso del servicio de radiología, debido a que más de la tercera parte de la plantilla ejercía su derecho a la reducción de jornada, lo que perjudicaba seriamente la atención a los pacientes. Así como también la situación del servicio de traumatología del mencionado centro hospitalario.

Podíamos poner más ejemplos de quejas mediante las que se ha cuestionado diversos aspectos referentes a la prestación del servicio de salud; pero me parece que, mediante los expuestos, aun no siendo todo, ya se pone de manifiesto la necesidad de que la Administración autonómica haga el máximo esfuerzo para resolver los problemas detectados en la organización del servicio, anticipándose incluso a otros que previsiblemente puedan surgir a la vista de las características demográficas y territoriales de la Comunidad.

En el ámbito de la potestad tributaria de la Administración autonómica la mayor parte de las quejas recibidas se han referido al impuesto de transmisiones patrimoniales y al impuesto de sucesiones, quejas en las que de forma predominante se ha puesto en cuestión la metodología utilizada en la valoración de los bienes y derechos de la Administración.

En cuanto a la imposición local, la gestión del impuesto de bienes inmuebles sigue siendo un año más el asunto que suscita más quejas. Destacamos, no obstante, como cuestión novedosa la relacionada con la aplicación de las bonificaciones o beneficios fiscales en la liquidación de este impuesto a las familias numerosas. Con este objeto, debemos recordar que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales contempla que las ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra de este impuesto a favor de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.

Pues bien, algún ayuntamiento ha condicionado mediante previsión normativa y, por tanto, incorporada a la correspondiente ordenanza municipal, la concesión del beneficio fiscal al hecho de que todas las personas que constan en el título de familia numerosa estén empadronadas en el domicilio e inmueble que constituye el objeto tributario.

Esta Procuraduría, sin embargo, ha entendido que condicionar el derecho a obtener una bonificación en el impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas al empadronamiento de todos sus miembros en un determinado domicilio no se ajusta a la habilitación normativa prevista en el citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y, además, a nuestro juicio, resulta contrario a los principios constitucionales de capacidad económica e igualdad consagrados en los Artículos 31 y 14 del texto constitucional, motivo por el cual recomendamos, a los municipios concernidos, la modificación de las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de bienes inmuebles, de manera que se defina la vivienda habitual, a los efectos considerados, sin vincularlo a que la totalidad de los miembros del título de familia numerosa figuren empadronados en dicho municipio y en la... y en la vivienda afectada por la bonificación.

También ha suscitado numerosas quejas, como en años anteriores, la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, a causa del devengo de este tributo, en los supuestos en que los ciudadanos han enajenado un inmueble a un precio inferior al de adquisición, es decir, en los casos en que lo que realmente se produjo no es una plusvalía sino una minusvalía, y, sin embargo, se han debido... se ha debido tributar por este impuesto.

Pues bien, para resolver las quejas suscitadas, tuvimos que hacer uso de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, particularmente de la doctrina mantenida en una sentencia de la Sala Tercera del Alto Tribunal, de nueve de julio de dos mil dieciocho, doctrina desde la que desde entonces se ajustan a ella las numerosas actuaciones de esta Defensoría, instando a los ciudadanos que postulan una disminución del valor del inmueble transmitido a que aporten las pruebas de las que dispongan para acreditar la reducción del valor de los inmuebles transmitidos, en relación con el valor de adquisición del... de dicho inmueble, para con ello trasladar la carga probatoria de la existencia de plusvalías a la propia Administración.

Para finalizar, señorías, el informe oral correspondiente a este año, al año dos mil dieciocho, además de agradecerles a todos ustedes su infinita paciencia por haberme escuchado -seguramente con inmerecida atención-, no encuentro forma más adecuada que recordar el proemio, el conocido proemio de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de mil setecientos ochenta y nueve, en el que, como todos saben, se afirma que "la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos".

Y, justamente, la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de Castilla y León es lo que pretendemos día a día con nuestro trabajo, que asumimos con absoluta responsabilidad e intentamos realizar con el mayor empeño. Muchas gracias en nombre de todos los... quienes prestan servicios en nuestra Institución y en el mío propio. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchísimas gracias, señor Quintana. Para, en primer lugar, para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Santos Reyero por un tiempo máximo de tres minutos.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Buenos días. Señorías, bienvenidos a todos, a autoridades... Bienvenido, señor Quintana. Bien, mi primera reflexión en este Pleno donde nos presenta usted su... su estudio, sus memorias, digamos, es que parece ser que empezamos una nueva era, una nueva era en la que hemos perdido esa itinerancia donde se celebraba el Pleno del Procurador, y volvemos a esta sede. Y, claro, recordando muchas de las tonterías que el otro día respondía el señor Ibáñez, sobre las cuotas de reparto de León, pues parece también un poco sensible o, por lo menos, importante reconocer o recordar que, si la sede está en León, igual tampoco... tampoco era nada desdeñable que las... que la... que el Pleno del Procurador se celebrara también en León. Sería algo insuficiente; pero, probablemente, tendría algo que ver algo más de esa cuota de reparto que nos decía el otro día el señor Ibáñez que... que tenían.

Pero, centrándome en las cuestiones de este informe, entenderán que la disposición de tiempos que yo tengo, exactamente me queda un minuto y pico, no me permita centrarme en el detalle del informe que hoy usted nos presenta. Permítame que no le regale los oídos demasiado, señor Quintana, no se preocupe, hoy tendrá suficiente con lo que harán otros portavoces; le reconozco su esfuerzo por modernizar una institución como esta y, aunque, le repito, yo no le halague en demasía, sí que le reconozco ese esfuerzo y respeto su trabajo.

Fíjese, respeto más de lo que muchos de los que hoy le dirán lo orgulloso y satisfechos que están de usted y de sus resoluciones; aquellos que, después, no contestan el 30 %, y aquellos que, sobre todo, manejan las Consejerías de esta Administración autonómica. Le demuestro más respeto que aquellos que con su actuación han permitido que casi 4.000 de esas quejas versen sobre materias tan sensibles como son nuestra sanidad, nuestros profesionales sanitarios, nuestras listas de espera, la insuficiencia de servicios de oncología, insuficiencia de personal; más respeto que quienes permiten que siga incumpliendo la normativa de incompatibilidades en el sector sanitario; más de quienes siguen sin acabar con la supresión de barreras arquitectónicas en nuestros centros educativos, que permiten el mal funcionamiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía o, un clásico ya, la injusticia de una gestión deficiente de las listas de reserva del Club de los 60, que hacen que los programas de envejecimiento activo sean profundamente injustas.

Pero permítame que no siga de forma pormenorizada su informe y que le plantee determinadas consideraciones generales.

Primero, que de su informe se desprende un aumento importante de las quejas, hasta las 6.500 de este año, que, como antaño, son Zamora y León las provincias con más quejas y que, a mi juicio, es la expresión de que aquellos territorios son los más deprimidos de esta Comunidad Autónoma. Y, aunque se vislumbre un pico muy pronunciado en noviembre de este año y en Zamora, que tiene su identificación en un conflicto determinado de protesta con el sistema sanitario autonómico, creo que es importante reseñarlo.

Segundo, que tampoco hay que olvidar lo que venimos diciendo año tras año sobre las dudas que se plantean en la eficacia de sus resoluciones. Una eficacia de la que hemos teorizado en muchas ocasiones, primero por el incumplimiento flagrante de aquellas Administraciones que, sobre todo, han de dar ejemplo. Y aquí llama la atención, repito, ese 30 % de resoluciones que ni son contestadas, y otras 30 % que no son aceptadas en sus recomendaciones.

En fin, más que jabón -y con esto termino, señor Procurador-, más que jabón lo que usted necesita es que aquellos que hoy se sientan, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad y en Presidencia, den el ejemplo que no dieron sus antecesores. Eso sí dignificará su trabajo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. A continuación, por un tiempo máximo de tres minutos, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz.

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero agradecerle enormemente el informe presentado, mostrarle mi total acuerdo con que hay que dotar de mayor visibilidad a la Institución y acercarla a la ciudadanía. Es necesario agilizar los procedimientos, reduciendo el tiempo de tramitación y que la colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común sea en términos reales y efectivos.

Pero, a mi parecer, es una institución que gran parte de los castellanos y leoneses desconocen, tanto su existencia como su funcionamiento. Los ciudadanos que la conocen están muy satisfechos con la Institución, y yo creo que, si se conociera su excelente trabajo, sin duda sería mucho más utilizada. Eso supondría un refuerzo para la participación individual y colectiva de la población y un gran refuerzo para la democracia.

En cuanto al informe, me llama la atención que el área de Sanidad y Consumo se lleva la mayoría de las quejas, aunque bien es verdad que, de las 4.192 quejas, 3.278 se han producido en relación con la situación de la oncología en Zamora. Y también destacan las 812 quejas de las áreas de la Función Pública. Pero me llama aún más la atención, en el área sanitaria, el insignificante número de quejas -solo 2- en relación al transporte sanitario. Es un tema que conozco de cerca, por mi trabajo diario, y lo que reafirma mi convencimiento de que la figura del Procurador del Común es una gran desconocida.

En cuanto a la evolución de las quejas, se está en cifras similares, yo creo, que a dos mil dieciséis, si tenemos en cuenta lo que comentaba de las cifras de Zamora. Y sí me llama la atención también que hay mucha diferencia entre las quejas presentadas a nivel individual (6.158) que a nivel colectivo (244); al igual que en el estudio por sexos las diferencias en quejas con la Sanidad, Función Pública, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería.

Y para finalizar -no me quiero extender mucho, tampoco tengo mucho tiempo-, reiterarle mi agradecimiento. Felicitarle por su pormenorizado informe. Y mi reafirmación en que hay que hacer un mayor esfuerzo por dar a conocer la figura del Procurador del Común y ofrecer sus servicios, con actos, visitas institucionales, o con una campaña de difusión para dar a conocer esta Institución. Aunque entiendo que, por cuestión logística, sea más conocido en León o en Valladolid, sería de gran interés dar a conocer al Procurador del Común en provincias periféricas y muchas veces olvidadas, como es la mía, Ávila, en la que seguro, y lamentablemente, si fuera más conocida su figura, no tendríamos solo 121 quejas. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias, señor Pascual. A continuación, tiene la palabra el señor García-Conde del Castillo, por un tiempo también máximo de tres minutos.

EL SEÑOR GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO:

Buenos días. Señor presidente, señoras y señores procuradores. Señor Procurador del Común, señor Quintana. Desde el punto de vista de Vox, la figura del Procurador del Común es redundante con la del Defensor del Pueblo. De hecho, no ha conseguido que se hagan irrelevantes las quejas tramitadas a través de este último, que son más de 1.500 de media, por año, entre mil novecientos noventa y tres y dos mil dieciocho. Debido a esta redundancia y al hecho de que normativamente se exige una coordinación entre la figura del Defensor del Pueblo y la de los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, es, además, una figura ineficiente.

Por otro lado, junto al de... resto de Comisionados Parlamentarios Autonómicos, es exponente de la situación de desigualdad interregional que sufren los españoles. El Procurador del Común no solo busca la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, sino también de los derechos y principios reconocidos en el presente Estatuto, es decir, aparecen supuestos derechos al margen de la Constitución en cada territorio, que deben ser defendidos, y que es argumento justificativo para la existencia del Procurador del Común. Derechos subjetivos como el derecho a las prestaciones esenciales del sistema de servicios sociales, recogido en la Ley 16/2010, de veinte de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que dejó de ser derecho cuando se acabó el dinero, como consecuencia de la crisis en la que nos sumió el PSOE de Zapatero.

Como vemos en las estadísticas de los últimos diez años, incluidas en el último informe anual de la Institución, las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León son el primer motivo de queja de los castellanoleoneses, con un 82 % de las quejas. Seguramente, desde el punto de vista de los ciudadanos de la región sería más deseable prescindir de esta Institución, que nos cuesta más de 1,5 millones de euros, y que funcionara la Inspección de Servicios de la propia Administración regional, con sanciones para aquellos empleados públicos o para sus superiores que hayan propiciado las quejas fundadas.

El Procurador del Común, que no debería existir, se ha constituido en una capacidad de acción limitada a la emisión de recomendaciones y al traslado de quejas al Defensor del Pueblo. Las recomendaciones pueden ser o no asumidas por la Administración. Desde otra perspectiva, este volumen de quejas, creciente en el tiempo, solo es un indicio del nivel de complejidad y de discrecionalidad de la interpretación de las normas al que se enfrentan los ciudadanos de la región, es decir, de la indefensión ante la burocracia administrativa. En todas las legislaturas se habla de reducción, simplificación y racionalización de los procedimientos, pero el resultado es completamente opuesto al supuestamente deseado.

En resumen, nuestra propuesta es que se elimine la figura del Procurador del Común -que no es, en sentido estricto, una institución de autogobierno en el sentido que le da la Constitución Española-; se refuerce el autocontrol a través de la Inspección de Servicios -que sí tiene capacidad sancionadora, pero con una mayor operatividad e independencia-; se reduzcan, simplifiquen y racionalicen los procedimientos administrativos; se limite la producción legislativa y se armonice con la de la Administración general del Estado y, si es posible, con otras Administraciones regionales. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor García-Conde del Castillo. Tiene la palabra el señor Fernández Santos, para finalizar el turno del Grupo Mixto.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidente. Señorías, me satisface comparecer en esta Cámara en representación de Podemos Equo, para agradecer su presencia y felicitar al Procurador del Común por la presentación a estas Cortes de su informe de gestión anual, el primero en este caso, relativo al año dos mil dieciocho. Gratitud que hacemos vivamente extensible a todo su equipo, ya que este informe remarca la dedicación, la honestidad y la labor ejercida en defensa de los derechos e intereses de nuestra ciudadanía.

Nuestro grupo valora de forma de muy positiva su andadura al frente de la Procuraduría en este primer año, y ensalzamos especialmente el ahínco que usted y su equipo ha puesto en difundir y dar a conocer esta Institución a nuestros paisanos y paisanos... y paisanas. Porque es precisamente su... su actuación la que constituye un cauce, el medio por el cual nuestra ciudadanía puede poner sus quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de la Administración.

Es por ello que damos suma importancia a este Pleno, porque, a través de su informe, son las personas, las leonesas y castellanas, los castellanos y leoneses, quienes nos indican, quienes nos señalan, quienes nos dicen en qué se está fallando, en qué elementos las Administraciones no son capaces de remover los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos de nuestra ciudadanía.

En definitiva, hoy es un día para pasar por el tamiz político las actuaciones administrativas que derivan u obedecen no a decisiones indiscriminadas de un jefe de servicio o de un jefe de negociado, sino que fluyen y se materializan como consecuencia de una disposición política determinada, de una consciente voluntad política, de un programa político, del proyecto político, del partido político que lleva muchos años rigiendo los designios de esta Comunidad, ahora al alimón con su bastón naranja, Ciudadanos.

Su comparecencia, señor Quintana, y el relato cabal de las actividades realizadas traen a estas Cortes, con claridad y solvencia, alguno de los aspectos negativos y oscuros más notorios en la forma de administrar los asuntos de esta Comunidad. Formas y disposiciones de Gobierno que entroncan directamente con una determinada formulación política, sustentada en una ideología, la neoliberal, que se ha hecho más sangrante y palmaria en estos últimos años. Un tiempo de crisis para algunos, de estafa para la mayoría. De engañifa sin parangón, que se ha llevado por delante décadas y décadas dedicadas a construir, con el esfuerzo de todas y todos, una sociedad más amable, una sociedad más justa, una sociedad que perseguía y alcanzaba el estado de bienestar social.

Y he aquí la importancia de este Pleno, porque, desde antaño, la figura del Procurador del Común constituye un referente en la mejora de la calidad de nuestra democracia. Un emblema para garantizar a nuestros paisanos y paisanas el derecho inalienable a una adecuada Administración.

Por tanto, hemos realizado una lectura atenta de su informe: de los aspectos positivos, de los logros alcanzados en atención a sus requerimientos y propuestas; pero también de sus denuncias y consideraciones sobre determinadas respuestas o silencios, en relación con la situación y funcionamiento de las Administraciones, que están al servicio del contribuyente, y no a la inversa -y eso es bueno y necesario recordarlo hoy aquí, en este marco solemne-.

Y nos preocupa sobremanera que el Procurador del Común haya tenido que mantener actuaciones de oficio, en este caso 79, porque ello nos implica anunciar una realidad de mal funcionamiento, con carácter general, de la Administración autonómica, más allá de quejas individuales o colectivas planteadas. Y estamos hablando de actuaciones de oficio que versan sobre temas tan trascendentes como la tramitación de ayudas al alquiler o el acceso de los alumnos con discapacidad a los programas de enseñanza de régimen especial en Castilla y León.

Y de este hecho dimana, de este hecho deviene, más allá de lo concreto del informe de cada año, más allá incluso del tremendo incremento de las quejas ciudadanas en referencia a actuación de la Junta de Castilla y León, que lo que nos alarma, lo que nos desazona, lo que nos azora, es que, a pesar de la aceptación de la Junta de Castilla y León de las admoniciones que hace el Procurador, año tras año se repiten las mismas quejas, año tras año se repiten determinadas actuaciones de oficio. ¿Y cómo se explica esto, señorías? ¿Por qué año tras año idénticas o similares quejas? ¿Por qué año tras año las mismas o similares reivindicaciones en una suerte de eterno retorno de demandas desatendidas por parte de la Junta de Castilla y León?

Como ejemplos paradigmáticos de esta realidad pondré la perentoria necesidad de un plan autonómico de vivienda, del que dimane un parque público de vivienda de alquiler, adecuado y suficiente, sempiterna reivindicación tanto del Procurador del Común como de Podemos Equo. O podemos hablar también del constante deterioro de la sanidad pública en Castilla y León, que alcanza cotas máximas, como la dantesca situación acaecida en el servicio de oncología de Zamora. O también las reiteradas quejas sobre el maltrecho funcionamiento de la Función Pública. Perpetuas reclamaciones estas que ponen de manifiesto que de nada sirve que la Junta de Castilla y León acepte las reivindicaciones del Procurador del Común si eso no se traduce, si eso no se traslada en propuestas concretas de actuación de la Junta de Castilla y León que denoten una voluntad política real de abordar los problemas de forma efectiva, más allá de un simbólico y a veces falaz asentimiento en este Pleno.

Porque, señorías, está muy bien los ditirambos, las lisonjas, los parabienes y las palmadas en la espalda que hoy van a dar al Procurador del Común; pero estaría mucho mejor que el Gobierno autonómico, hoy en bicefalia, llevase a la praxis las propuestas y recomendaciones del Procurador del Común.

Desde luego, en lo que atañe a mi grupo, desde Podemos Equo damos la máxima importancia al Procurador del Común, de hecho, no es baladí ni es casual que somos el único grupo político que aparece en su informe, ya que hemos sido los únicos que nos hemos reunido con el señor Quintana en su despacho para atender sus necesidades y ponernos a su disposición. Y también es por eso que hoy pido a este hemiciclo su apoyo para la PNL que hemos registrado ayer mismo, de cara a impulsar, visibilizar y dar importancia a la labor que realiza el Procurador del Común.

Finalizo agradeciendo en nombre de mi grupo y en el mío propio a todos los integrantes de la oficina del Procurador del Común y, por supuesto, al señor Quintana, por su extensa labor defendiendo los derechos e intereses de nuestra ciudadanía. Porque, para usted, como para nosotros, las personas son lo primero. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Fernández Santos. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Amigo Piquero.

LA SEÑORA AMIGO PIQUERO:

Gracias, presidente. Procurador. Señorías. En primer lugar, quiero felicitar al señor Tomás Quintala por su nombramiento la pasada legislatura, a finales, y le... le deseamos suerte y acierto en esta tarea, desde mi grupo parlamentario y en el mío... en mi nombre propio.

En segundo lugar, y respecto al informe que nos ocupa, queremos agradecer desde Ciudadanos su trabajo y el de todo su equipo, ya que, revisando los datos, se comprueba la ardua tarea que en bien de la transparencia y en defensa y atención a las personas que presentan sus quejas desarrolla el Procurador del Común; y que debería, creemos, ser un ejemplo para todas las Administraciones.

Sorprende que siendo una figura del siglo XIX sigan siendo tan vigentes sus funciones, como defender los derechos de los individuos por abusos, errores o decisiones injustas de las Administraciones, y, con ello, mejorar la acción de los Gobiernos, además de lograr una Administración más transparente y más abierta para los administrados. Nos remontamos al siglo XIX, pero qué cercano y qué actual suena eso, especialmente para Ciudadanos, que, como saben, ha impulsado en esta décima legislatura, y por primera vez, una Consejería de Transparencia. La transparencia y el buen gobierno deben ser un tándem imprescindible en cualquier Administración.

Y ya centrándonos en el análisis del informe del Procurador y en las diferentes áreas que analiza, en lo que refiere... se refiere a la Función Pública, consideramos que hay que resaltar el importante incremento de las quejas con respecto al curso anterior (un 22 %), y, sobre todo, recalcar que el 51 de los expedientes son referidos a un... un mismo supuesto: el proceso selectivo para el personal de los servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Como saben, nuestra Constitución, en su Artículo 103.3, recoge el acceso a la Función Pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Por ello, consideramos que es imperativo que la Administración asegure la imparcialidad y objetividad de las pruebas selectivas, adecuando el desarrollo de las mismas a los contenidos de los programas oficiales.

Otra cuestión que nos parece reseñable son las dificultades que plantean algunos aspirantes en procesos selectivos públicos, especialmente para hacer frente al pago de las tasas por derechos de examen cuando se encuentran en situación de desempleo. Consideramos, en este caso, acertado el criterio seguido por el Procurador del Común de establecer una exención del pago de tasas a los aspirantes inscritos como demandantes de empleo, o establecer una tasa mínima, facilitando así la participación en estos procesos de aquellos ciudadanos castellanos y leoneses a los que hemos hecho referencia.

En relación al Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se constata que la ciudadanía demanda cada vez más una mayor intervención en la actividad pública, con una participación más activa en los procesos de toma de decisión y en el control de los procedimientos. La Administración debe esforzarse en facilitar esa participación, aplicando la transparencia y la rendición de cuentas en todas y cada una de sus actuaciones, y no permitiendo desviación alguna al respecto de estos principios. Es muy importante recordar a todas las Administraciones locales que el trabajo de una institución, como es el del Procurador del Común, está al servicio de la ciudadanía y su papel es vital para la política. La misma debe centrarse en el servicio a los castellanos y leoneses, sin un uso partidista del mismo. Por ello, nos preocupa el alto nivel de desafección de las entidades locales, e instamos desde aquí a que se cumplan todos los dictámenes y recomendaciones del Procurador del Común, en la medida de lo posible.

Desde Ciudadanos, somos conscientes de las dificultades con las que se encuentran las entidades locales más pequeñas, tanto para la implantación de la Administración electrónica como para las reformas que las nuevas normas les vienen exigiendo; pero nuestra apuesta es clara por la defensa del medio rural, y deben ser capaces de afrontar y resolver positivamente el desafío que esto supone. Nuestro compromiso en Ciudadanos con las entidades locales es, como no puede ser de otro modo, total, contribuyendo activamente a políticas que favorezcan la capacidad de los ayuntamientos de la Comunidad.

Al igual que apostamos por que la calidad con la que se prestan los servicios públicos por parte de los pequeños municipios esté en condiciones equiparables a la que se ofrece en nuestras ciudades. Debemos multiplicar nuestros esfuerzos para asegurar que la prestación de estos servicios públicos se realice con eficiencia y calidad y, de este modo, contribuir a asentar población en el mundo rural.

Ciudadanos entiende que la Administración, lejos de ser un obstáculo en la vida de los castellanos y leoneses, debe convertirse en el instrumento que dé respuesta a sus necesidades reales, resolviendo las deficiencias que este informe pone de relieve; y en ello pondremos todo nuestro esfuerzo.

En otro orden de cosas, en el apartado relativo a la Educación en nuestra Comunidad, se quiere volver a recordar en este Pleno que Ciudadanos, desde dos mil quince, ha venido apostando por la gratuidad de los libros de texto en Castilla y León. Nuestro compromiso está en que esta ayuda favorezca al mayor número de familias, aumentando las exenciones progresivamente. Por otro lado, no podemos olvidar que nuestro grupo apuesta por la defensa de la enseñanza pública y de calidad, permitiendo también la coexistencia de los centros concertados, así como los centros inclusivos y especiales, de forma que todos los alumnos puedan optar a unos centros u otros sin que sufran por ello ningún tipo de discriminación en lo referente a la obtención de ayudas, como reflejan las quejas de este informe, y que creemos deben basarse en cuestiones económicas y no de elección del centro.

Por último, y en virtud de algunos de los casos mencionados en el informe sobre abusos y agresiones sexuales, recalcamos desde Ciudadanos nuestro compromiso por aumentar las buenas prácticas y los protocolos de prevención, y conseguir acabar con la lacra del acoso escolar en nuestras escuelas para impedir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.

La educación está fuertemente ligada a la cultura, y en este apartado tenemos que mencionar la parte relativa a la Cultura de nuestra Comunidad. Nuestra tierra, Castilla y León, tiene un rico y grandioso patrimonio, uno de los más importantes de Europa, que, por desgracia, y debido al escaso presupuesto que se dedicaba a su mantenimiento y protección, está en peligro. Desde Ciudadanos apostamos por que la cultura y la defensa de nuestro patrimonio estén en el centro de nuestras políticas públicas. Y por ello manifestamos la apuesta de la actual Consejería de Cultura por racionalizar y reorganizar el gasto, anuncio que el consejero realizó, con el objetivo de que no se pierdan los recursos que poseemos. Esta es la fórmula, señorías, para que puedan liberarse fondos para destinarlo a lo verdaderamente importante, proteger y fomentar nuestro formidable patrimonio cultural.

En relación a las quejas formuladas por los ciudadanos acerca de la mala señalización de las distintas rutas del Camino de Santiago, son rutas que debemos cuidar, no solo por la riqueza histórico-cultural que ostentan, sino, principalmente, por el impacto socioeconómico que conllevan. Nuestra postura no puede ser otra que la de potenciar el mundo rural como polo de cultura y turismo. Y por ello consideramos fundamental implementar acciones en la línea de mejorar la señalización de las rutas del Camino de Santiago que pasan por nuestras tierras. Dos mil veintiuno es Año Jacobeo, y para esa fecha no debe haber dudas de la importancia y de lo que representa el Camino de Santiago en nuestra Comunidad.

Con la cultura y el turismo está muy relacionada, no podemos olvidarnos, la parte referida en el informe al Empleo. Un área en la que se vuelven a incrementar mínimamente las quejas con respecto al ejercicio anterior. Estas quejas versan principalmente sobre los problemas ocasionados en la transparencia que se ofrece en los procesos selectivos de los programas mixtos de formación y empleo a la hora de optar a un puesto.

Desde Ciudadanos recalcamos que la publicidad, la claridad y la transparencia son los principios primordiales en el trabajo de cualquier Administración; el mérito, la capacidad e igualdad son y deben ser las bases de los procesos selectivos, evitando así toda posible discrecionalidad que hasta el momento haya podido intervenir en los mismos.

Por otro lado, para conseguir ponernos a la altura de las nuevas profesiones que están en auge, debemos potenciar los planes de formación continua y dual, adaptando la formación a las actuales necesidades laborales. En ello pone su empeño actualmente la Consejería de Empleo e Industria.

En otro orden de cosas, y en lo que se refiere a las quejas presentadas con cargo a la Renta Garantizada de la Ciudadanía -y que antes ya se ha mencionado-, debemos dejar claro, como ha dicho el Procurador, que el otorgamiento de estas rentas constituye un derecho de los castellanos y leoneses que está recogido en el Estatuto de Autonomía. Por todo ello, desde las Administraciones debemos reforzar nuestro compromiso para que estas rentas lleguen a todos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos necesarios para su percepción.

Para Ciudadanos, las personas que más necesitan de los recursos de la Administración por carecer de ellos deben ser una prioridad en nuestras políticas públicas. En ese sentido, y partiendo del reconocimiento de que nuestro modelo asistencial viene dando muy buenos resultados, sin embargo, siempre es mejorable. La lentitud a la hora de resolver los expedientes con dependencia vuelve a ser una de las reclamaciones más frecuentes. A este tipo de quejas se suman otras, como las barreras a las que se enfrentan las personas mayores y sus familias, o la falta de plazas residenciales públicas. Desde Ciudadanos apostamos por la agilización de los trámites y la cercanía al ciudadano.

La protección de las personas con discapacidad debe ser un objetivo prioritario en la intervención de todas las Administraciones frente a posibles barreras culturales, sociales y físicas que puedan impedir gozar plenamente de sus libertades y derechos básicos. Desde nuestra Comunidad se debe trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad con plena normalidad, es por ello que Ciudadanos apuesta por el desarrollo de políticas inclusivas que garanticen su igualdad de oportunidades, con especial atención a la supresión de barreras arquitectónicas y a minimizar la dilación de los procesos de valoración de la discapacidad, como ha reflejado en sus quejas el Procurador del Común.

Y relacionado con la discapacidad está un tema que para Ciudadanos es estratégico y de máxima importancia, que es la Sanidad. Constatamos que la ciudadanía reclama mejoras en la atención médica en el ámbito rural, siendo esta una queja recurrente junto con la falta de cobertura de las plazas de especialistas.

Desde Ciudadanos recordamos que existe un buen número de profesionales en bastantes especialidades, pero tenemos problemas para su sustitución cuando se producen bajas.

Desde la Consejería de Sanidad ya se anunció una reorganización de las zonas básicas de salud, zona por zona, evaluando las necesidades actuales y los recursos sanitarios existentes.

En cuanto al medio rural, cuenta con tres veces más medios que el urbano, sin embargo, existe una mala planificación que está en estudio para adecuarla a las necesidades reales del medio rural. Por otro lado, potenciaremos el uso de la telemedicina, las consultas de alta resolución, las unidades de diagnóstico rápido y mejoraremos la comunicación entre profesionales de Primaria y Especializada que, junto con el aumento de la capacidad resolutiva de los centros de Primaria, evitarán los desplazamientos innecesarios para pruebas sencillas.

Otra de las quejas reiteradas de los ciudadanos se refiere a las listas de espera. En ese sentido, desde nuestro grupo compartimos la preocupación por el tema y por ello nos comprometimos -y así lo estamos haciendo- a publicar las listas reales de espera y a mejorar los sistemas de registro de la información para unificar en todos los centros el mismo procedimiento. Desde la Consejería de Transparencia y desde la de Sanidad se tiene el firme compromiso de garantizar que cada paciente conozca su situación real en cuanto a esperas en consultas.

Respecto a las quejas del servicio de oncología de Zamora, las mismas se solucionaron reorganizando el servicio en colaboración con el Hospital de Salamanca. Esta colaboración con hospitales y la reorganización que realiza la actual Consejería es un objetivo prioritario de la misma para que esta falta de servicio a los pacientes no vuelva a ocurrir.

No podemos dejar de destacar desde Ciudadanos que en el área de Hacienda las reclamaciones sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el impuesto de sucesiones y donaciones, indican la percepción que los ciudadanos tienen sobre el grado de presión fiscal que soportan.

Ciudadanos ya en su programa recogía la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que será una realidad en esta legislatura gracias al acuerdo de Gobierno alcanzado para la misma.

Señorías, Castilla y León es una gran Comunidad, y lo es en sentido estricto también. Una Comunidad extensa que se ocupa de los suyos, una Comunidad en la que prestar los servicios esenciales es más gravoso que en otras, por esta razón somos la segundos en porcentaje de PIB dedicado a gastos sociales -necesitamos mejorar, seguro que sí, para eso vinimos a la política-, los datos del informe lo corroboran; pero podemos estar legítimamente orgullosos del esfuerzo de nuestros conciudadanos y de la dedicación de nuestros trabajadores públicos. Este Parlamento ha de mostrarse a su altura, a la altura de ciudadanos y servidores públicos, huyamos, por tanto, de la política estéril y la descalificación, y centremos nuestros esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de aquellos que más nos necesitan. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señora Amigo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, para fijar posición, el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias, presidente. Señorías. Señor Procurador del Común, seas... sean mis primeras palabras, lógicas, para agradecerle su detallada presentación ante esta Cámara, su primera presentación del Informe del Procurador del Común correspondiente a la anualidad dos mil dieciocho. Un agradecimiento que permita haga extensivo a los colaboradores que forman parte de su equipo y también, lógicamente, al anterior equipo del Alto Comisionado, a la cabeza del mismo se encontraba el señor Amoedo, titular de la Institución hasta octubre del año pasado y, por tanto, permítaseme la expresión "coprotagonista" de una buena parte de las actuaciones a las que se refiere su informe presentado hoy.

Podría el hecho de haber sido un año de cambio en el Procurador del Común haber planteado el año dos mil dieciocho como un año de transición en la historia de la Institución; pero he de reconocerle que, tal y como usted mismo reconoció en su intervención en la toma de posesión el día veinticuatro de octubre del año pasado en la sede de la Institución, en León, su voluntad de, desde el primer día, plasmar su impronta, creo que está dando sus frutos en una concepción -que desde luego nosotros compartimos- de trabajo al frente de la Institución.

Recuerdo que en su declaración de voluntad dio especial importancia al reto de dar una mayor visibilidad a la Institución, y, junto a ello, es... prestar una especial atención a los más vulnerables e, igualmente, a aquellos que residen en el medio rural. Compartimos con usted plenamente esos objetivos.

Es evidente que para que los ciudadanos de Castilla y León entiendan la utilidad de la Institución primero deben conocerla, sentirla cercana, sentirla accesible, asequible. Y, para ello, somos conscientes del importante esfuerzo que usted está haciendo para acercarse a los ciudadanos de todas las provincias, pero también por dar a conocer a los medios de comunicación el contenido de sus resoluciones. En este sentido, permítame que le señale lo que, desde nuestro punto de vista, supone un éxito, cual es la actualización de su página web, así como la puesta en marcha de la sede electrónica, habilitando, por tanto, la posibilidad de la presentación de quejas por esta vía, una forma de alcanzar ese fin de acercamiento, sin duda, a la sociedad.

Los otros dos objetivos que expresó en su toma de posesión es imposible no compartirlos: atención a los más necesitados y especial consideración a aquellos que viven en el medio rural. Acercarse a sus problemas, conocer cuáles son sus carencias en relación con la actuación de los poderes públicos, con el fin de contribuir a unos mejores y más eficientes servicios públicos, debe ser, como está siendo para usted, un compromiso ineludible; ineludible también para la Junta de Castilla y León, y, entendemos, ha de ser así para el resto de Administraciones, las cuales, como usted ha señalado, están obligadas a colaborar con usted a tal fin.

En este sentido, vemos un año más que sigue, desgraciadamente, habiendo Administraciones locales, de todo color político, que se muestran, en ocasiones, reacias a colaborar con la Institución en algunas materias especialmente sensibles; aunque coincidimos con usted en que el grado de colaboración de las Administraciones de Castilla y León con el Alto Comisionado resulta aceptable, sobre todo si lo comparamos también con lo que le está sucediendo en otras Comunidades Autónomas, donde el Alto Comisionado por tal motivo se queja de forma frecuente.

Y si la colaboración y aceptación de las recomendaciones del Procurador del Común van año tras año creciendo en Castilla y León, eso es, sin duda, gracias al respeto que la misma se ha ido ganando a lo largo del tiempo por el trabajo de quienes le han precedido en el cargo, y por el que, sin duda -y así se lo reconocemos-, está usted realizando en lo poco más... menos de un año que lleva usted al frente de la Institución.

Permítame que a continuación me centre en el contenido de su informe correspondiente al año dos mil dieciocho, que es, por otro lado, para lo cual es... nos ha convocado aquí. Es cierto que para algunos este debate se constituye como una excusa, una justificación, para dedicar un tiempo de su intervención a criticar al Gobierno de esta Comunidad, intentando hacer ver que las quejas, por muy insignificantes que resulten respecto del volumen total de actividad de la Junta de Castilla y León, y también de los servicios que presta, son ni más ni menos que la punta de un iceberg de una Administración que, poco más o menos, al oírles a ustedes, pudiera parecer que languidece. Y por... para tal fin sobran los escrúpulos si lo que se pretende es, sencillamente, titular que las... las quejas han crecido de forma desorbitada, o que las quejas se han duplicado respecto del año anterior.

Por cierto, que estos son los mismos que seguro no se han dado por aludidos ayer, al escuchar la denuncia que hacía la fiscal superior de Castilla y León, cuando decía -y leo textualmente-, cuando denunciaba "el uso infundado que, en ocasiones, y en especial en época electoral, se pretende hacer de la Justicia, con denuncias con escaso fundamento y escaso rigor, que lo único que persiguen es la destrucción o descrédito del adversario". Cuando escuchaba a la fiscal superior -permítanme el inciso-, me vino a la cabeza una denuncia, supuestamente anónima, que se presentó el mismo día que el Partido Popular comenzaba sus negociaciones con Ciudadanos. También me vino a la cabeza la sorprendente reacción de algunos políticos, alguno aquí presente, que, como resortes, no tardaron ni un minuto en pedir la dimisión de quien es hoy el presidente de la Comunidad Autónoma. [Aplausos]. La denuncia... la denuncia, por supuesto, fue archivada, en primera y en segunda instancia, sin que... sin que conste que, a día de hoy, nadie haya pedido perdón ni por sus hechos ni por sus palabras.

Señorías, coincidirán conmigo si afirmo que es sinceramente infantil construir un discurso sustentado en el escenario... en el extraordinario volumen de las quejas cuando el mismo se debe, única y exclusivamente, a que el hecho... a que de las 6.500 quejas presentadas, nada más y nada menos que 3.984, es decir, más del 60 % de las mismas sean todas idénticas y referidas a una misma cuestión: la falta, por traslado, durante dos semanas de uno de los cinco oncólogos con los que cuenta el servicio de oncología del hospital de Zamora, lo que llevó a la asociación Unidos Contra el Cáncer a presentar una queja colectiva... no una queja colectiva, perdón, sino casi 4.000 quejas individuales, pese a que los afectados por dicha falta de un profesional no superaban los 200. Conviene aclarar, por cierto, y al respecto, que hoy en el servicio de oncología del Hospital de Zamora no falta un oncólogo, sino que hay un oncólogo más, es decir, seis oncólogos en dicho servicio.

Si atendemos al número de quejas admitidas, es decir, excluyendo aquellas que se han acumulado, las que se han cerrado sin tramitación, las rechazadas y las remitidas a otros organismos, vemos que su número en el año dos mil dieciocho, en total fueron 1.058 quejas, es algo inferior a las admitidas en el año dos mil diecisiete, cuando estas fueron de 1.104 quejas, y algo superior a las presentadas en el año dos mil dieciséis, cuando fueron de 1.024. En general, y como vemos, el número de quejas admitidas se mantiene parejo en los últimos años.

No es este, ni mucho menos lo pretende ser, un argumento evasivo. No es intención de este portavoz ni de este grupo justificar los errores o las deficiencias en la prestación de los servicios públicos, pues es evidente que la prestación de los mismos genera siempre ineficiencia. Por ello, siempre van a haber quejas; nunca, es imposible, un servicio público puede prestarse de forma íntegramente satisfactoria para los usuarios, porque el mismo se presta por personas, y las personas no fuera perfectas. Si fuera... si no fuera así, evidentemente, no existiría esta Institución.

El análisis del Informe del Procurador del Común a nosotros, al menos, nos sirve como herramienta para detectar esas ineficiencias y para corregirlas en la medida de lo posible, para, en consecuencia, seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. De hecho, en Castilla y León hemos visto como en varias ocasiones lo que comenzaron siendo quejas de particulares han provocado, tras la intervención del Procurador del Común, modificaciones normativas en materias tan dispares como la Renta Garantizada, como el acoso escolar, el tratamiento de los alumnos con déficit de atención, el acceso a los salones de juego o la vivienda a... pública.

Así es, desde nuestro punto de vista, como se da sentido a una institución creada para la protección y defensa de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, un año más comprobamos como la mayor parte de las recomendaciones que hizo el Procurador del Común en el año dos mil dieciocho fueron total o parcialmente aceptadas por la Administración autonómica, el 72 %; un porcentaje idéntico al de las Administraciones locales. La Administración autonómica, la Junta de Castilla y León no aceptó el año pasado únicamente 40 de las recomendaciones que le realizó el Procurador. Si 40 recomendaciones dirigidas a la Junta de Castilla y León no aceptadas, de las 6.500 quejas formuladas, es mucho o es poco tendremos que analizarlo en comparación con las otras Administraciones. Veamos.

Las Administraciones locales de Castilla y León no atendieron el año pasado 78 recomendaciones, el doble de las que no aceptó la Junta de Castilla y León. Si tenemos en cuenta que de las 6.500 quejas formuladas, 5.340 fueron dirigidas a la Administración autonómica y solo 967 a los ayuntamientos, creo que nos movemos en unos números que dicen bastante de la atención y consideración que la Junta de Castilla y León hace de las recomendaciones que recibe del Procurador del Común, y que, a la vez, desmontan ese tópico de la Oposición de que la Junta de Castilla y León no atiende a las recomendaciones que se le formulan.

Pero sigamos con el informe. Un año más llama la atención que, al margen de esas casi 4.000 quejas idénticas a las que me he referido antes en Zamora, solamente el 21 % de las quejas se refieran a la prestación de servicios sociales por parte de la Junta de Castilla y León. Educación acumula el 7 % de las quejas, Familia el 6 % y Sanidad -excluidas esas quejas de Zamora-, el 8 %. Si es destacable comprobar que solamente el 21 % de las quejas en Castilla y León se corresponden con los servicios sociales básicos -que, recordemos, absorben el 80 % de los recursos de los que dispone la Junta de Castilla y León-, más destacable resulta aún si lo comparamos con otras Comunidades Autónomas, como la Comunidad Valenciana, donde las quejas en el área social acumulan el 60 % del total; o en Aragón, donde dicho porcentaje llega al 51 %.

Un dato comparativo más del que ustedes pueden extraer las consecuencias que consideren oportunas, pero que desde nuestro punto de vista demuestran lo buenos, los excelentes profesionales con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma, nuestro servicio sanitario, nuestro servicio educativo y nuestros servicios asistenciales. Un dato, por cierto [aplausos], que además está en consonancia con los indicadores objetivos y externos que vamos conociendo de forma reiterada.

Permítame, en el escaso tiempo que me queda, que me adentre en algunos aspectos concretos de su informe referidos a las áreas sociales.

En materia sanitaria, al margen de esas 3.984 quejas, vemos que el número de quejas es de 188, un número similar al del año pasado, dos mil diecisiete. Es evidente que detrás de cada unas de esas 188 quejas hay una persona, y eso hace que sea imprescindible trabajar en la mejora de los aspectos que han llevado a esos 188 ciudadanos a reclamar una mejora de la Administración sanitaria. Ahora bien, a la hora de realizar una valoración justa de nuestro sistema sanitario, se deben de contextualizar esas 188 quejas.

La sanidad de Castilla y León atendió durante el año dos mil dieciocho a casi 25 millones de consultas en Atención Primaria, 4.500.000 de consultas hospitalarias, 1.600.000 estancias hospitalarias, 300.000 intervenciones quirúrgicas, 1.000.000 de urgencias en nuestros hospitales. Estamos hablando de más de 30 millones de actos sanitarios que podrían haber generado quejas y que generaron 188 quejas -26, por cierto, sobre listas de espera-. El servicio de... de salud de Castilla y León es el de mayor despliegue de todo el territorio nacional, es el más cercano a los ciudadanos, eso es. Cierto que en ocasiones la falta de médicos en Atención Primaria y de algunas especialidades hospitalarias ha provocado que, en algunas épocas del año, no se haya podido prestar el servicio tal y como se venía haciendo. No obstante, debemos de recordar que contamos con casi 40.000 profesionales que desempeñan su labor con oficio, con sacrificio y con dedicación. Somos conscientes de que a veces la falta de solo uno de ellos genera un problema social de extraordinaria repercusión, como ha sucedido en Zamora.

En el área... -y voy concluyendo, señor presidente- en el área Educativa se han presentado 172 quejas que... que conviene también poner en contexto de un sistema educativo constituido por más de 350.000 alumnos de enseñanza no universitaria, 35.000 profesores y casi 1.500 centros educativos. Por ejemplo, en el año dos mil dieciocho se han tramitado 2 expedientes en materia de comedores escolares. Diariamente, en Castilla y León, utilizan el servicio de comedor 44.000 niños. Hay otros 2 expedientes sobre transporte escolar, 35.000 niños son transportados día a día en nuestra Comunidad Autónoma.

Y, por último -concluyo, presidente-, lo mismo sucede en materia de Familia y Servicios Sociales. Se han presentado 163 quejas -menos, incluso, que el año anterior-: 3 sobre un sistema de dependencia que atiende a 116.700 personas; 11 sobre el acceso a una red de residencias que, en este momento, alcanza las 47.000 plazas; 21 quejas en materia de menores, habiéndose atendido en el año dos mil dieciocho a 42.000 menores por parte de los servicios sociales; o 4 sobre prestaciones de la red de protección a las familias, que alcanza a las 52 familias.

Unos datos que, con independencia de que un año puedan subir o puedan bajar al siguiente, reflejan la realidad de una Comunidad Autónoma que creo, sinceramente, puede sentirse moderadamente orgullosa de los servicios públicos que presta a lo largo de estos treinta y seis años de existencia en favor de los castellanos y leones.

Concluyo -señor presidente- como comenzaba, agradeciéndole el trabajo que lleva usted haciendo al frente de la Institución en estos once meses al cargo. Venía usted, como expresó, con la voluntad de dejar su impronta, y a fe, a... al menos al juicio de este grupo parlamentario, que lo está usted consiguiendo. Gracias a su trabajo está consiguiendo usted que el Procurador del Común sea hoy más ágil, más visible y también más accesible para los castellanos y leoneses. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias, señor De la Hoz. Para finalizar la fijación de posiciones, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores de las Cortes, estimado señor Quintana, Procurador del Común de Castilla y León, una vez más, un año más, nos encontramos en este Pleno de las Cortes para analizar el informe anual de una de las instituciones con más prestigio de la Comunidad. Yo le ruego, señor Quintana, que no haga excesivo caso del único procurador en esta Cámara que hoy ha pedido la disolución de su institución; entienda que hoy es un mal día para él. Pero lo que es un mal día para la extrema derecha en este país es un gran día para los demócratas [aplausos], porque hoy estamos mucho más cerca de que este país, por fin, deje de rendir honores a un dictador y de que se repare a las víctimas de la Dictadura.

Y no es un año cualquiera tampoco, porque al inicio de la legislatura se le suma la vuelta a la sede oficial de nuestro Parlamento tras varios años celebrándolos de forma itinerante por lugares emblemáticos de nuestra tierra. Hemos hecho Plenos en León, en Burgos, en Salamanca; y cuando hicimos aquel Pleno en León, conmemorando también y celebrando y reconociendo el aniversario de las primeras Cortes del Reino de León, ya dije que no se debió esperar treinta años para que ese Pleno se celebrara en León. Y confío que no esperemos, no tengamos que esperar treinta años más para que eso vuelva a hacerse y sigamos haciendo estos Plenos itinerantes.

Y, por supuesto, nos encontramos ante la primera comparecencia ante este Pleno del señor don Tomás Quintana López, tras su elección como nuevo Procurador del Común, en octubre del año pasado, tras relevar al señor Amoedo; el señor Amoedo que tantos desvelos dedicó a esta Institución y al que hoy de nuevo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer su trabajo. [Aplausos].

Déjenme comenzar diciendo, en todo caso, que coincido con el señor Quintana, tal y como señala en su informe, en que más allá de las normas que regulan esta Institución, más allá de su organización y su funcionamiento ordinario, el actual Procurador del Común puede y debe imprimir su impronta. Las instituciones permanecen las ocupe quien las ocupe; pero, sin duda, es nuestra obligación hacer de forma responsable y efectiva nuestro trabajo, dedicarnos con pasión a nuestra tarea, porque eso las fortalece.

Y comparto también, como él mismo ha manifestado desde el primer momento, que debemos ganar en eficacia en todas las instituciones. Y para eso se han emprendido algunas líneas de actuación muy importantes:

En primer lugar, dotar de mayor visibilidad a la Institución, con un mayor esfuerzo para acercarla a los ciudadanos. He podido comprobar, no solo a través de los medios de comunicación, sus esfuerzos, señor Quintana, en este sentido; yo mismo le contaba un día como en una ocasión en la que me encontraba visitando las instalaciones sanitarias en Melgar de Fernamental pude ver también en el tablón de anuncios del ayuntamiento anunciada una de las visitas de la Procuraduría del Común. Acercarse al territorio y conocer de primera mano los problemas de los ciudadanos es la mejor manera, la única, de hacer útil una institución.

En segundo lugar, agilizar los procedimientos, reduciendo el tiempo de tramitación de los mismos, implantando la máxima celeridad la sede electrónica de la Institución. Una respuesta que llega tarde de nada sirve, y, desde luego, provoca una frustración en los ciudadanos que deteriora la percepción que se tiene de las instituciones.

En tercer lugar, mejorar la colaboración de todas las Administraciones con el Procurador del Común, dispuestos a utilizar todas las herramientas legales que pone a nuestra disposición el ordenamiento jurídico para que esa colaboración se produzca en términos reales y efectivos. Una institución que depende de otras para la ejecución de sus recomendaciones tiene que ser exigente.

Y, en cuarto lugar, debemos de dar publicidad de las resoluciones del Procurador con objeto de reforzar el interés en cumplirlas, claro que sí. No solo se trata de dar a conocer el contenido de sus decisiones a través de los medios electrónicos de que dispone, o en este Pleno anual, sino de airear la aceptación o rechazo, y, en el peor de los casos, la falta de contestación incluso por parte de las Administraciones a las recomendaciones que se les hacen. Y aquí, evidentemente, todas aquellas Administraciones que no cumplen deberían ser señaladas, aunque permítame que señale que lo primero debería ser el ejemplo, y no parece muy ejemplar que en el año dos mil dieciocho fuera incluida en el Registro de Administraciones y Entidades que no colaboran con el Procurador del Común nada más y nada menos que el Ayuntamiento de Salamanca mientras estaba gobernado por el hoy presidente de la Junta de Castilla y León. Mal ejemplo y mal camino para demostrar el compromiso con la Institución y la capacidad de escuchar a los ciudadanos. [Aplausos].

Y no quiero dejar, en todo caso, de señalar el importante papel que el Procurador ha adquirido como Comisionado de la Transparencia, con el fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de que dispongan las Administraciones. La garantía de la transparencia no es una mera función, sino que tenemos el convencimiento de que se trata un... de un instrumento especial... esencial para mejorar la calidad democrática de nuestro Estado de derecho, y no tengo la sensación, lamentablemente, de que la nueva y flamante Consejería del ramo vaya a hacer innecesaria esa función, sino más bien todo lo contrario, señor Procurador. [Aplausos].

Señoras y señores procuradores, si alguien tuviera dudas sobre la necesidad o la utilidad de la Institución o su percepción por parte de los ciudadanos no tendríamos más que echar un vistazo al número de quejas. En dos mil dieciocho se presentaron 6.500, cuatro veces más que en dos mil diez; el doble que el año pasado. Y si analizamos solo las relativas a la Administración autonómica vemos como estas han pasado, en ese mismo período, de las 667 a las 5.340. Ya son varios años los que he tenido el honor de analizar los informes del Procurador, y nos permiten seguir el curso de un río que desemboca lamentablemente siempre en el mismo lugar: una Comunidad con un enorme potencial, en la que los problemas son obvios desde el punto de vista de los ciudadanos, pero que nunca, nunca, se solucionan, que son desoídos una y otra vez por parte de la Junta. Un año más tenemos más quejas que nunca sobre los mismos problemas de siempre. Y eso no puede seguir así. Esta Comunidad se merece que los ciudadanos y las ciudadanas sean por fin escuchados, señoras y señores procuradores. [Aplausos].

Señor... señor De la Hoz, eso de traer su discurso para responderme antes de escucharme hace que utilice las declaraciones de ayer de la Fiscalía... de la Fiscalía en su discurso de la apertura del curso judicial. Yo supongo que los reproches de hoy se los dedica a sus socios de Ciudadanos, que han dicho que no quieren ir en las listas con ustedes porque no quieren sumar imputados, y no por las palabras de la fiscal ayer sobre las denuncias contra la corrupción de su partido.

Pero el trabajo del... [aplausos] ... En todo caso, el trabajo del Procurador no se limita al trámite de las quejas, sino, como bien ha dicho, se han iniciado 79 actuaciones de oficio, sobre los llamamientos de la bolsa de empleo de enfermería en Zamora, el control sanitario del abastecimiento de agua potable, la justificación del pago de la renta, los beneficiarios de ayudas de alquiler, el impacto medioambiental de las explotaciones porcinas, la atención a alumnos con dificultades o la falta de atención médica en la comarca de la Sobarriba, en León. Actuaciones que ponen de manifiesto el interés de la Institución por problemas acuciantes en la vivienda, en la sanidad, en el campo, en la educación... en fin, una vez más las mismas carencias en los mismos ámbitos desde hace demasiado tiempo.

Pero ahora permítame hacer un análisis de la Comunidad que dibujan las quejas presentadas por los ciudadanos ante el Procurador del Común, y discúlpeme de antemano la repetición de algunos asuntos que ya han citado otros portavoces y el esfuerzo de síntesis que inevitablemente hay que hacer dado el prolijo informe del Procurador.

Uno de estos ámbitos en los que sin duda ha habido más conflicto es la Función Pública. Los empleados públicos son un elemento esencial para el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Son la savia que recorre y hace funcionar los engranajes de la Administración, y, sin embargo, han sido maltratados sin piedad por la Administración autonómica. A los recortes de derechos y al empeoramiento de sus condiciones de trabajo se ha sumado una política de empleo público repleta de litigiosidad y de conflicto. Coincido una vez más con el señor De la Hoz: son indispensables para el buen funcionamiento de la Administración. Tanto es así que más valdría que les escucharan, por ejemplo a los representantes sindicales, que hoy les han dicho que cumplan su palabra, o a los trabajadores de la medicina, que hoy le piden la dimisión al gerente de Sacyl de nuestra Comunidad... [aplausos] ... ya les podrían escuchar.

Como ejemplo, en el informe del Procurador, tenemos las tres quejas acumuladas sobre el personal sanitario no asistencial, 2.000 profesionales. Una vez analizada esa problemática en dichos expedientes, se remitió a la Consejería de Sanidad una resolución en la que se instaba a realizar actuaciones oportunas para asimilar a ambos colectivos profesionales, para establecer una forma de acceso a los puestos de personal sanitario no asistencial -el concurso-oposición-, en el que se valorara la experiencia profesional, y en dicha resolución se justificaba el concurso-oposición, en el caso del Cuerpo de Veterinarios, para justificarlo como consecuencia del reducido número de procesos selectivos que se habían convocado durante los últimos años, porque muchos de los profesionales son interinos de larga duración. A pesar de ello, la Consejería de Sanidad rechazó la resolución, demostrando una vez más su escasa sensibilidad hacia los empleados públicos y hacia la Institución. Pero tuvo que ser una proposición de ley de todos los demás grupos parlamentarios de la Oposición, utilizando los argumentos del Procurador, que iniciara una propuesta para solucionar este problema. Por fin eso movió a quienes antes se oponían, y cambiando de criterio se aprobaron sendas reformas que, en todo caso, necesitan desarrollo.

Convendría que en el futuro, ante reivindicaciones justas, con recomendaciones argumentadas de forma sólida, los ciudadanos no tendrían que esperar, no tuvieran que esperar, un traumático proceso de protestas y movilizaciones para quienes gobiernan hagan caso y tengan... y hagan lo que tienen que hacer para solucionar los problemas de los empleados públicos. [Aplausos]. En todo caso, está por ver que el desarrollo completo de la carrera profesional se haga con el respeto debido a las promesas realizadas.

Por otro lado, tenemos más de 500 quejas del proceso selectivo del personal de servicios. Aquí el Procurador recomendó a la Consejería de Presidencia que se emitiera un informe sobre la adecuación de las preguntas; y una vez más, en el examen, y una vez más dicha resolución fue rechazada por la Consejería de Presidencia para después terminar estimando los recursos de alzada presentados contra el examen realizado y ordenando su repetición. Otro procedimiento caótico en materia de Función Pública.

Estos son solo algunos casos que deberían hacer reflexionar a la Administración autonómica sobre sus actuaciones en materia de Función Pública. Es descorazonador ver cómo se trata a quienes con su esfuerzo han sostenido los servicios públicos durante los últimos años a pesar de los recortes y la precariedad, en ocasiones, de los medios disponibles. Y ahora solo confiamos que la Junta les devuelva, por fin, las 35 horas, así no tendremos que ver como en el informe del año que viene hay cientos de quejas de los empleados públicos de la Comunidad porque no se cumple lo que se firmó y se prometió a los representantes de los empleados públicos de la Comunidad. [Aplausos].

Y como bien ha dicho también el Procurador, hubo una queja para que se eximiera de los derechos de... de la tasa por los derechos de examen a los aspirantes que se encontraban inscritos como demandantes de empleo, esto pasaba en la mayoría de las Comunidades Autónomas, también en la Administración General del Estado, y en otra maniobra para cerrar el expediente y evitar el tirón de orejas la Consejería acepta la recomendación de estudiar la posibilidad de modificar el artículo al que se refería el Procurador. Bueno, pues deben seguir estudiando, porque en este momento todavía no se ha eximido a los empleados públicos..., a quienes quieren concurrir a una oposición y se encuentran en situación de desempleo, de esa tasa por examen.

Otro caso más de desigualdad provocada por las políticas de la Junta que hacen que los castellanos y los leoneses paguen por lo que no se paga en otras Comunidades Autónomas; por no recordar que tardaron dos años en devolverle las tasas de los exámenes a las opositoras de enfermería después de haber anulado la oposición. Nada más y nada menos que dos años.

Señoras y señores procuradores, como hemos podido escuchar al Procurador en su discurso, se han hecho también un análisis sobre las insuficientes políticas de vivienda. Y, aunque es imposible detenerse en todas las materias que han sido objeto de queja, en el ámbito educativo sí quiero decir que se han triplicado las quejas fruto de las referidas al programa de ayudas de libros de texto Releo Plus, quejas que evidentemente terminarían si se estableciera la gratuidad de los libros de texto en toda la etapa obligatoria, tal como ha defendido mi grupo en este Parlamento recientemente. Gratuidad que sería una realidad... [aplausos] ... solo con que todo el mundo mantuviera la palabra que dio la pasada legislatura.

Hemos visto de nuevo quejas sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Consejería de Agricultura, conciliación, listas de espera, para el acceso a las residencias de las personas mayores -aquí nos encontramos todavía con el triste récord de no haber construido todavía ni una sola plaza residencial nueva desde que asumieron las competencias por parte de la Comunidad Autónoma-... Pero permítanme volver a la sanidad, ha sido la gestión de la sanidad pública la que ha provocado gran parte de la conflictividad social en Castilla y León: suspensiones de las oposiciones, la situación de los profesionales, deterioro de las infraestructuras, falta de médicos, bloqueo del sistema informático, fin de la universalidad... En fin, ha sido la sanidad pública el objeto de numerosas iniciativas por parte de mi grupo, y esto coincide con las quejas que aparecen en el Informe del Procurador del Común.

Podemos comenzar con el medio rural, donde el informe habla, literalmente, de serias deficiencias en la asistencia sanitaria en el medio rural, que se agravan con el evidente déficit de especialistas. La vida, dice literalmente, de los habitantes de núcleos de población situados en el entorno rural se dificulta enormemente dada la dispersión geográfica, la mala situación de las infraestructuras y que las plazas de personal sanitario carecen de atractivos suficientes para que los profesionales quieran optar a las mismas.

Esto es absolutamente demoledor, porque dice el Procurador que la perspectiva no es halagüeña para la vida cotidiana del habitante del medio rural. Esta es la terrible realidad ante la que algunos insisten en taparse los ojos una y otra vez. [Aplausos].

El Procurador alerta de quejas a lo largo y ancho de toda la Comunidad, en tres municipios de Ávila; en los consultorios de Santa Cristina de la Polvorosa y el de Micereces de Teresa, en Zamora; en Vegaquemada y Lugán, en la provincia de León; Barriosuso del Val. En fin, la solución adoptada en estos consultorios rurales es revolucionaria, atentos: se suspendió la asistencia mensual -mensual, un lujo, por lo visto- por la asistencia a la demanda. ¿Les suena? Esta es la fórmula revolucionaria de la nueva consejera para el nuevo modelo de sanidad rural. Más de lo mismo. El contraste entre la realidad de nuestro medio rural y la ficción en la que viven los responsables de la Administración autonómica es cada vez mayor, señoras y señores procuradores, y hay que ponerle remedio. [Aplausos].

Termino. Termino ya, señor presidente. Porque una de las últimas quejas en materia sanitaria tiene que ver con la situación de la oncología en Zamora. Y quiero saludar a los representantes de la asociación Unidos Contra el Cáncer de Zamora y agradecerles su trabajo. No hemos avanzado absolutamente nada, siguen haciendo oídos sordos a sus demandas. Durante los últimos años hemos visto como se producía la anulación de decenas de citas de pacientes oncológicos, citas para realizar pruebas diagnósticas a meses vista, y calvarios auténticos para recibir el tratamiento prescrito, fruto del deficiente transporte sanitario y de la falta de aceleradores lineales en varias áreas de salud. Pocos ejemplos son tan explícitos de la crueldad con la que en ocasiones se trata a los ciudadanos.

Así que no es posible que volvamos al discurso de que faltan profesionales, de que hay que escuchar, que hay que reorganizar, reestructurar, planificar o váyase... vaya usted a saber qué eufemismo de nuevos recortes. Nos negamos a aceptar que 15 años después de las primeras promesas volvamos a escuchar que esta vez tampoco llegarán a tiempo las unidades de radioterapia a Palencia, a Segovia, a Soria, a Ávila y al Bierzo, porque es una cuestión de justicia. [Aplausos].

Termino reconociendo su trabajo, señor Procurador, su empeño y el de todos los profesionales que prestan sus servicios en la Institución. El informe que hoy ha desgranado es el mejor ejemplo de que la Institución funciona, y el número de ciudadanos que se dirigen a ella el mejor ejemplo de su necesidad. Ahora solo falta que esa voz que representa la conciencia de la Comunidad sea escuchada y atendida por quienes tienen la responsabilidad de los Gobiernos. Muchísimas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias, señor Tudanca. Para un turno de contestación, tiene la palabra, el señor Quintana López.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer expresamente las intervenciones de aquellos portavoces de los grupos parlamentarios de esta Cámara que han manifestado su comprensión y el reconocimiento al trabajo del Procurador del Común que, como antes decía, no se trata de una figura -aunque formalmente lo sea- unipersonal, sino un trabajo colectivo que desempeñamos muchas personas... no muchas personas se puede decir, porque somos una treintena de ellas, pero que con el máximo empeño y dedicación tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señorías, no se pueden hacer fotos en el... Perdón.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

(Sí). ... tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento con objeto de servir a los ciudadanos de Castilla y León. Porque bien sabemos que nuestra actividad, aunque sea gratuita para quienes son los destinatarios de la mismas, es decir, quienes procuran nuestro trabajo a través de las quejas que nos envían, sin embargo, no somos gratuitos, y bien lo sabemos, costamos. Ciertamente una cantidad moderada, un poco menos de la que aquí se ha dicho, pero una cantidad. Y somos conscientes de que tenemos que devolver esa... ese... el dinero que costamos, en definitiva, los recursos que consumimos, en definitiva, de todos los ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León, lo debemos devolver con creces a estos mismos, para eso estamos, de eso somos conscientes.

Y, dicho esto, y reiterando ese agradecimiento a quienes han expresado un... de forma muy amable y muy comprensiva hacia nuestro trabajo unas palabras que yo, sinceramente, agradezco, también quiero manifestar mi deseo de que en la próxima comparecencia ante esta Cámara, dentro de un año o cuando sea -quizás antes, porque este año se ha retrasado por las circunstancias que todos conocemos mi comparecencia ante todos ustedes-, en ese momento la persona que, pues, ha discrepado de la existencia de la figura, el señor García-Conde del Castillo, espero que con mi trabajo el próximo año le pueda convencer a usted y a todos los que a usted... todos que usted representa que, a lo que, sinceramente, respeto su opinión y la de todos los demás... como la de todos los demás, pues pueda convencerles de que esta Institución es... esta Institución es válida... [aplausos] ... esta Institución trabaja por los ciudadanos de Castilla y León, y que esas 6.500 personas que se han dirigido a nosotros representan algo en nuestra Comunidad Autónoma como para que les dediquemos nuestro trabajo, nuestra comprensión y saber que, con ello, pues estamos haciendo algo por ellos.

Por lo demás, y en relación con las intervenciones que han realizado sus señorías, los señores portavoces de los grupos, pues debo decir que las he escuchado con atención, con la atención que merecen, porque debo reflexionar sobre ellas. Debo... lo voy a hacer, estudiar una vez que se publiquen sus intervenciones en el Diario de Sesiones de la Cámara, con objeto de deducir de las mismas aquellas cosas que yo todavía puedo hacer, que la Institución puede hacer, en beneficio de los ciudadanos de la Comunidad.

Porque saben ustedes, lo he dicho anteriormente -pero ya ustedes estoy seguro que lo conocían-, aparte de resolver las quejas que nos presentan los ciudadanos, el Procurador del Común tiene que estar muy atento a todo lo que ocurre en la Comunidad para actuar de oficio. Y en ese... en esa idea de que nada de lo que ocurra en la Comunidad puede ser ajeno al Procurador del Común -seguro que esta expresión la conocen, porque es parafrear... parafrasear un viejo adagio latino-, en esa idea de estar muy atento a lo que ocurre, ¿cómo no voy a estar atento a lo que me dicen... nos dicen quienes representan a los ciudadanos de la Comunidad? Por tanto, a partir de ahí... de ahí me comprometo a estudiar detenidamente sus intervenciones con objeto de deducir aquello que puedo... que puedo intentar mejorar, a través de mi actuación, mediante las actuaciones de oficio correspondiente.

Y nada más. Muchas gracias. No quiero entretenerles a ustedes más, porque sé que hay otras actividades previstas para la mañana de hoy. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchísimas gracias, señor Quintana. Señorías, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas diez minutos].