DS(P) nº 62/10 del 11/5/2021

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Por el señor secretario se procederá a dar lectura al primer y único punto del orden del día.

Informe 2020 (PC/000003)

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Primer y único punto del orden del día: Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año dos mil veinte, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 231, de veinte de abril de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Para la presentación del Informe anual, tiene la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León, el señor Quintana López.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Con permiso. Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de las Cortes y miembros de la Mesa, vicepresidente de la Junta, consejeras, consejeros, portavoces, procuradoras, procuradores y demás autoridades, señoras y señores. Mi última comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León se produjo el veintiséis de mayo de dos mil veinte, con motivo de la presentación del Informe del Procurador del Común correspondiente al año dos mil diecinueve. Y, como entonces, lamentablemente, en el día de hoy debo comenzar mi intervención manifestando mis condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos desde entonces a causa del terrible virus que todavía nos sigue azotando.

Era aquel veintiséis de mayo un tiempo sembrado de contradicciones e incertidumbres, pues habiendo sido golpeados por la pandemia con extrema dureza durante las semanas precedentes, por fin la curva de contagios y fallecimientos estaba cediendo y habíamos iniciado pocos días antes la desescalada o proceso de abandono gradual de las duras medidas restrictivas que habíamos vivido durante más de dos meses a partir de la declaración del estado de alarma decretado el catorce de marzo y sus sucesivas prórrogas, con alguna confianza entonces en que lo peor había pasado, si bien, siendo conscientes de que íbamos a tener que afrontar unas consecuencias de orden económico y social negativas, certeza a la que entonces se sumaba la incertidumbre que nos generaba la posibilidad de una segunda ola de contagios que, según vaticinaban las personas más informadas, se produciría pasado el verano, recordando el trágico rebrote otoñal de la mal llamada gripe española de mil novecientos dieciocho.

Pues bien, los peores augurios se vieron superados por la realidad antes de lo que nos habíamos imaginado, pues no había finalizado el verano cuando la letal COVID-19 se volvió a hacer presente entre nosotros con dureza, mostrando otra vez gran virulencia y dejando en lo que restaba de año un nuevo rastro de muerte y sufrimiento, de forma que, cuando cerramos el Informe anual, a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, estando todavía saliendo de la segunda ola de contagios y fallecimientos, teníamos el temor, casi certeza, de una tercera, una tercera ola, favorecida por el relajamiento de las medidas de seguridad durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, augurios que, lamentablemente, se cumplieron, y, en paralelo al inicio de la campaña de vacunación, la expansión del virus se fue haciendo sentir con gran intensidad, dejando nuevamente tras de sí sufrimiento y muerte.

En consecuencia, por lo que concierne al presente Informe anual, todo el año dos mil veinte, excepto las primeras semanas del mismo, en que aún no estábamos avisados del terrible virus, que, pese a que todo parece indicar que ya estaba entre nosotros, el trabajo del Procurador del Común, aunque no ha sido ajeno a los asuntos que de forma más habitual los ciudadanos nos vienen planteando año tras año, ha estado marcado por la crisis sanitaria. Y desde el primer día en que, a mediados de marzo, se oficializó la existencia de la pandemia ocasionada por la SARS-CoV-2, asumimos la idea de que formaba parte de nuestra responsabilidad prestar a nuestros conciudadanos, con la máxima entrega, toda la ayuda que nos fuera posible; pero también con la convicción de que había que proteger a quienes desempeñan su trabajo en la Defensoría, para lo que, desde el primer día en que fue decretado el estado de alarma -lógicamente, el primer estado de alarma-, prácticamente toda la plantilla nos confinamos en nuestros domicilios, pasando a realizar el trabajo a distancia, aunque sin ninguna limitación en cuanto al nivel de dedicación, merced, fundamentalmente, a la aplicación informática que meses antes habíamos adquirido con objeto de implantar la Administración electrónica y, con ello, modernizar la organización y funcionamiento de la Institución para hacerla más eficaz y eficiente. Para, posteriormente, iniciado ya el período de desescalada, sin solución de continuidad, alternar el trabajo a distancia con el presencial, con el fin de evitar la presencia de toda la plantilla en el centro de trabajo y, con ello, reducir el contacto y el riesgo de contagio, situación en la que hemos finalizado el año dos mil veinte.

En relación con el personal que presta sus servicios en la Institución, permítanme destacar su esfuerzo y especial dedicación durante el transcurso de un año tan aciago, consciente de la responsabilidad que tenemos ante la sociedad que nos da soporte y a la que tenemos el inquebrantable compromiso de servir, porque a ella, en definitiva, nos debemos.

Pero también quiero reconocer expresamente el esfuerzo de colaboración realizado con nuestra Institución por parte de las Administraciones públicas (quizás no de todas, pero en general así ha sido) con... para cumplir con nuestros requerimientos, pues a ellas nos hemos dirigido incluso en los momentos más complicados para pedirles información sobre todos los asuntos que estábamos conociendo a través de nuestra labor de defensa de los derechos de los ciudadanos de la Comunidad; asuntos que en muchos casos eran extraordinariamente delicados, y para los que requeríamos que nos informasen en un corto espacio de tiempo, pues, a la vista de la urgencia de muchos de los temas que tratábamos, al inicio de la situación de emergencia sanitaria acordamos la reducción de los plazos de tramitación de las quejas y actuaciones de oficio relacionadas con la COVID-19 con la expresa voluntad de resolverlos con la máxima celeridad.

Efectuadas las anteriores consideraciones, procede ahora exponer algunos datos del balance general de la actividad que hemos desarrollado durante el pasado dos mil veinte, en concreto, dar cuenta de las quejas que hemos recibido y de las actuaciones de oficio que hemos promovido, con indicación de los expedientes que a fecha de cierre del presente Informe, es decir, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ya habían sido resueltos, bien mediante cierres motivados, en algunos casos, por no haber apreciado irregularidad en la actuación sometida a control, o bien mediante resoluciones dirigidas a las Administraciones, con la singularidad de hacer constar en esta ocasión, debido a las especiales circunstancias que hemos vivido a causa de la pandemia que aún estamos sufriendo, aquellos expedientes -que son numerosos, como veremos- relacionados con la crisis sanitaria producida por la COVID-19.

Pues bien, durante el año dos mil veinte nos fueron presentadas 6.248 quejas e iniciamos 94 actuaciones de oficio, un total, por tanto, de 6.342 expedientes abiertos; lo que supone algún incremento frente a los 5.728 abiertos en dos mil diecinueve, que derivaron de 5.694 quejas recibidas y 34 actuaciones de oficio iniciadas.

Con referencia a las actuaciones de oficio, en dos mil veinte dictamos 122 resoluciones motivadas, formulamos 80 recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a las Administraciones o entidades públicas competentes, de las cuales, 7 pusieron fin a expedientes iniciados en dos mil diecinueve y 73 a expedientes iniciados en dos mil veinte.

En relación con estas resoluciones, a fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, hemos recibido 53 comunicaciones aceptando las resoluciones dictadas, 18 de aceptación parcial y 4 de rechazo. En 4 supuestos, a esa misma fecha aún no habíamos recibido contestación, si bien la Administración o entidad pública destinataria se encontraba aún en plazo de hacernos llegar su respuesta; y en un caso tuvimos que archivar el expediente sin llegar a conocer la postura de la Administración ante nuestra resolución.

Por el contrario, mediante 42 resoluciones motivadas, dictadas también a partir de actuaciones iniciadas de oficio, apreciamos que no existía irregularidad en la actuación administrativa, procediendo, consecuentemente, al archivo de los correspondientes expedientes. De estas 42 resoluciones de archivo, 19 correspondían a expedientes iniciados en dos mil diecinueve y 23 a expedientes abiertos en dos mil veinte.

Por lo que se refiere a las quejas que nos han sido presentadas, durante dos mil veinte hemos recibido un número bastante superior al que en general ha sido habitual en la Institución años atrás; en efecto, como ya he indicado, recibimos 6.248 quejas, destacando 19 asuntos, en los cuales, en cada uno de los cuales, hemos podido acumular un amplio número de quejas al referirse a unos mismos temas.

Hemos dictado 966 resoluciones en expedientes abiertos a partir de las quejas recibidas; en 695 de ellas, de estas resoluciones, realizamos recomendaciones, sugerencias o recordatorios dirigidos a las correspondientes Administraciones o entidades públicas; y mediante 271 resoluciones motivadas pusimos fin a otros tantos expedientes sin haber apreciado irregularidad en la actuación administrativa o entidad pública correspondiente, por lo que en estos casos, como es evidente, no dirigimos ningún tipo de recomendación.

En relación con las 695 resoluciones en las que hemos realizado recomendaciones, sugerencias o recordatorios, a fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno habían sido objeto de contestación 584, es decir, el 84,03 %, por parte de las Administraciones o entidades públicas destinatarias; 63 resoluciones, a esa misma fecha, aún no habían sido objeto de respuesta, el 9,06 %, si bien las Administraciones o entidades concernidas en esa fecha estaban todavía en plazo para contestar. Por el contrario, 39 resoluciones, es decir, el 5,61 % de las emitidas, no obtuvieron respuesta, habiendo ya finalizado el plazo para responder.

De las 584 resoluciones que obtuvieron respuesta, el 66,01 % fueron aceptadas en su totalidad, el 12,67 % fueron rechazadas parcialmente -o aceptadas parcialmente, dicho de forma positiva- y el 20,72 % fueron rechazadas.

A la vista de los datos expuestos, advertimos que en dos mil veinte estos se sitúan en la misma línea o en una línea muy similar a los reflejados en informes correspondientes a años anteriores, y, por ello, una vez más tengo que expresar nuestra preocupación por que, en este caso, este año, 39 de nuestras resoluciones, es decir, el 5,61 % de las que hemos dictado, no hayan obtenido respuesta por parte de las Administraciones a las que nos hemos dirigido, es decir, no hayan sido objeto ni de aceptación ni de rechazo, pues, aunque no han sido muchos los casos en los que finalmente se ha producido esta situación, como fácilmente se entenderá, han supuesto no solamente una falta de aprecio hacia el trabajo realizado por nuestra Institución, sino también el incumplimiento de un deber legal, pero sobre todo una desconsideración hacia el ciudadano que ha presentado la queja y que, con todo el derecho, espera una respuesta de la Administración a la resolución emitida por el Procurador del Común.

Atendiendo a las áreas temáticas a que corresponden las quejas recibidas, teniendo en cuenta las materias conforme a las que desarrollamos nuestra actividad, su distribución, de mayor a menor, en cuanto al número de quejas, ha sido el siguiente:

Así, en el área de Sanidad y Consumo hemos recibido 2.224 quejas, de las cuales han sido múltiples... -es decir, quejas que han sido promovidas por un número importante de ciudadanos- han sido múltiples, por tanto, las referidas a los siguientes asuntos: deficiencias en la sanidad del medio rural, solicitud de reapertura de los consultorios locales en las localidades de Armellada y Liegos, así como en el municipio de Santa Cristina de Valmadrigal, todas ellas en la provincia de León. También, por último, las diversas quejas presentadas por las deficiencias en el suministro de sensores de glucosa.

En el área de... en el área de Educación, nos han sido presentadas 1.826 quejas, destacando las múltiples sobre los siguientes temas: disconformidad con el procedimiento para la modificación de la jornada escolar; solicitud de prórroga de la jornada continua por motivo de la COVID-19; disconformidad con la resolución denegatoria de la jornada continua; organización de la actividad lectiva en los centros educativos para el curso dos mil veinte-dos mil veintiuno, considerando, lógicamente, los riesgos derivados del coronavirus; y finalmente, también, solicitud de cierre de centros e instalaciones educativas debido a la pandemia.

En el área de Familia e Igualdad de Oportunidades y Juventud, las quejas que hemos recibido han sido 468, de las cuales han sido numerosas las referidas a la disconformidad con la reapertura de centros privados de Educación Infantil de 0 a 6 años, tras el primer estado de alarma.

En el área de Empleo Público, los ciudadanos nos han remitido 397 quejas, contabilizándose múltiples sobre, respectivamente, las condiciones laborales del personal operativo de prevención y extinción de incendios y las medidas de prevención de riesgos frente a la COVID-19 en las escuelas infantiles.

En el área de Administración Local hemos contabilizado 388 quejas, ninguna de las cuales ha tenido la consideración de múltiple.

En el área de Hacienda hemos registrado 215 quejas, habiendo sido numerosas las que han manifestado la disconformidad con la tasa por el abastecimiento de agua en un municipio de la provincia de Ávila.

En el área de Medio Ambiente han sido presentadas 207 quejas, sin que se hayan recibido quejas múltiples en esta materia.

En el área de Fomento hemos recibido 197 quejas, siendo numerosas las presentadas sobre la instalación de un punto wifi de acceso libre en una pedanía de la provincia de Burgos.

En el área de Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones recibimos 127 quejas, algunas de ellas sobre la convocatoria de ayudas económicas para establecimientos hosteleros afectados por el toque de queda.

En el área de Interior y Movimientos Migratorios recibimos 82 quejas.

En el área de Cultura, Turismo y Deportes fueron 48 quejas, algunas de ellas motivadas por la disconformidad con el toque... el toque de queda acordado; fueron presentadas estas por varios ciudadanos relacionados con el sector de la hostelería.

En el área de Justicia, 42 quejas. Y en área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 27 quejas.

Considerando la procedencia geográfica de los ciudadanos que han presentado las quejas, o bien sus representantes, la provincia de León, nuevamente, se ha situado en primer lugar, con 1.759 quejas, que representan el 28,15 % del total; seguidamente, y por este orden, fueron los ciudadanos de las provincias de Burgos, que presentaron 1.011 quejas, el 16,18 %; de Palencia, 709 quejas, el 11,35 %; de Soria, 526 quejas, el 8,42 %; de Valladolid, 480 quejas, el 7,68 %; de Zamora, 441 quejas, el 7,06 %; de Segovia, 386 quejas, el 6,18 %; de Ávila, 230 quejas, el 3,68 %; y de Salamanca, 214 quejas, el 3,43 %.

También recibimos 298 quejas, es decir, el 4,77 %, procedentes de ciudadanos de otras provincias y 2 quejas procedentes del extranjero. 191 quejas, el 3,06 % presentadas por ciudadanos que, aun estando identificados, como es exigible, no hacían constar su procedencia, dato cuya manifestación, a nuestros efectos, en estos momentos ya no es imprescindible. Y, por último, también recibimos una queja que era... fue presentada con la firma de cinco ciudadanos de cinco provincias diferentes.

Con referencia a los tipos de Administraciones concernidas por las quejas, la distribución ha sido la siguiente:

En relación con la actuación de la Administración autonómica, hemos recibido 4.936 quejas, que representan el 79 % del total. De las actuaciones de la Administración local nos llegaron 1.098 quejas, que representan el 16,45 % del total; y, de ellas, 924 afectaron a la actuación de Ayuntamientos, el 89,88 %; 70 a entidades locales menores, que representan el 6,81 %; 28 actuaciones de Diputaciones Provinciales, el 2,72 %; 5 a mancomunidades, el cual... el 0,49 %; y una queja referente a la actuación de un ente del sector público local.

De la actuación de la Administración del Estado recibimos 219 quejas, que representan el 3,51 %, y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo, en la medida en que reunían los requisitos necesarios, dado que, como es sabido, el Procurador del Común no es competente para tramitar y resolver quejas procedentes o frente a la actuación de la Administración estatal.

Si atendemos al género de las personas que han presentado las quejas, se constata que el 53,35 % han sido presentadas por mujeres, frente al 46,65 % que fueron presentadas por varones.

Conforme he adelantado, como parte del balance general de la actividad desarrollada por la Institución en dos mil veinte, voy a hacer una referencia a los asuntos directamente relacionados con la pandemia producida por la COVID-19, pues desde el momento en que se reconoció oficialmente la envergadura de la crisis sanitaria, sin solución de continuidad, pasamos a compartir con la ciudadanía el desasosiego que produjo la primera ola de contagios, a partir de las quejas que recibíamos o bien actuando de oficio, cuando lo consideramos oportuno.

Así, primeramente, conocimos las carencias de medios de protección frente al contagio que sufrían colectivos de personas situadas en primera línea de lucha contra la pandemia, y casi simultáneamente los padecimientos en sus propios domicilios o en residencias de mayores de los enfermos infectados por el virus, así como las dificultades del sistema sanitario para prestar la atención requerida y el dolor y la angustia que esto estaba causando a los enfermos y sus familiares.

Conocimos también desde las primeras semanas los problemas generados por la pandemia en numerosas residencias de mayores pues pronto se evidenciaron las dificultades, más allá incluso de la atención sanitaria, entre otras, para separar a los enfermos de los contagiados, la angustia de los residentes a consecuencia de las medidas de aislamiento adoptadas y la falta de comunicación con los familiares; problemas estos, entre otros, que han puesto en tela de juicio la capacidad del modelo residencial, cuando menos, para afrontar situaciones como las vividas; de forma que, coincidiendo ya con el final del año, dictamos una resolución prospectiva sobre las mejoras que, a nuestro juicio, requiere el modelo residencial.

También fuimos conocedores de los inconvenientes que el drástico confinamiento decretado con el primer estado de alarma estaba produciendo para que muchos alumnos pudieran continuar su formación, sobre todo en las etapas educativas inferiores.

Con el paso de las semanas, cuando la curva de contagios se fue doblegando y en mayo comenzó la desescalada, desde el Procurador del Común realizamos numerosas actuaciones de oficio en diversos ámbitos relacionados con la vida ciudadana y determinadas actividades económicas, para que se desarrollaran en condiciones de seguridad desde el punto de vista sanitario.

Y ya avanzado el verano, ante la evidencia de que el virus en absoluto estaba vencido y que, en paralelo al relajamiento de nuestras prevenciones, los contagios se iban incrementando día a día, comprobamos, a través de las quejas que íbamos recibiendo, como los temores de numerosas familias se iban acrecentando ante el inicio del curso académico; temores de los que participaba, lógicamente, la Procuraduría. De manera que a principios de agosto iniciamos una actuación de oficio para conocer los términos en los que se preveía el comienzo y desarrollo del nuevo curso escolar y, a la vez, realizar las aportaciones que consideráramos oportunas. Algo que días antes del inicio de la actividad académica hicimos mediante la correspondiente resolución emitida y... enviada a la Consejería de Educación.

Más allá de las consideraciones generales anteriores, parece oportuno incorporar también algunos datos numéricos referidos exclusivamente a las actuaciones llevadas a cabo por la Procuraduría en relación con la COVID-19.

Así, del total de las 6.248 quejas recibidas en dos mil veinte, 1.766 estuvieron relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el virus; lo que representa el 28,27 % del total de las quejas presentadas. Y en lo referente a las actuaciones de oficio, del total de las 94 iniciadas en dos mil veinte, 41 lo han sido sobre cuestiones relativas a la pandemia; lo que representa el 43,62 %.

De las 13 áreas en las que dividimos las materias en que interviene la Defensoría en ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas, han sido 3 las que han acumulado el mayor número de nuestras actuaciones, en relación, lógicamente, con la COVID-19. En concreto, con referencia a las quejas, de las 1.766 recibidas, 702 lo han sido en materia de Sanidad; 456 en materia de Educación; y, por último, 337 en materia de Familia e Igualdad de Oportunidades, incluyendo en ellas las quejas habidas en relación con el funcionamiento de las residencias de mayores y de personas con discapacidad.

En lo referente a las actuaciones de oficio, de las 41 relacionadas con la COVID-19, 18 se han dirigido a las entidades locales, la mayor parte del resto a las... a la Administración autonómica. Y, en particular, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 6; a la Consejería de Sanidad, 5; a la Consejería de Educación, 5; a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 3; a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 1; a la Consejería de Empleo e Industria, 1; y también a las universidades públicas, 2.

Expuesto el balance general de lo realizado por la Institución durante el pasado año, seguidamente me voy a referir a dicha actividad considerando las distintas áreas en las que dividimos nuestro trabajo, con especial atención a los asuntos relacionados más directamente con la crisis sanitaria sufrida, siendo consciente de que hay muchas razones que me obligan a ser prudente en el uso del tiempo, en particular por las prevenciones de orden sanitario, por lo que voy a intentar no extenderme demasiado en cuanto a la duración de mi comparecencia ante sus señorías.

Comenzando con el área de Empleo Público, de las 397 quejas que recibimos, 135 se referían a las deficientes condiciones laborales del personal fijo discontinuo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales; y 106 a las condiciones del personal en el momento de reanudación del curso, a finales de junio, en los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, hasta la finalización del mismo, que se produjo a mediados de julio.

A partir de las quejas recibidas, hemos formulado 69 resoluciones, 45 dirigidas a la Administración autonómica, 21 a la Administración local y 3 a las universidades públicas.

En el marco de una actuación de oficio, mediante nuestra resolución pusimos de manifiesto a la Consejería de Presidencia la conveniencia de aprobar una instrucción en la que se reconozca el derecho del personal de la Administración autonómica al abono de los incrementos salariales producidos, así como de los trienios percepcionados durante la situación de incapacidad temporal, a lo que dicha Consejería nos comunicó que trasladaría dicha resolución a las Secretarías Generales y a las Delegaciones Territoriales.

En lo referente a la organización, funcionamiento y régimen jurídico de los entes locales de la Comunidad, nos han sido presentadas 218 quejas y se han abierto 3 actuaciones de oficio. Hemos emitido 113 resoluciones, de las que hasta el veintiocho de febrero de dos mil veinte hemos recibido 87 respuestas, de las cuales el 42,53 % han sido de aceptación total, el 14,94 % lo han sido de aceptación parcial y el 42,53 % han sido de rechazo -insisto en este porcentaje, porque me parece muy relevante por lo que después diré-; es decir, 42,53 % han sido de rechazo en lo que se refiere a quejas relativas a la organización, funcionamiento y régimen jurídico de los entes locales. Ocho resoluciones en esta misma materia no fueron objeto de contestación, aun habiendo transcurrido el plazo para ello.

He reparado en estos porcentajes porque su mera lectura pone de relieve que los entes locales, y en particular debo decir que los de menor tamaño, pero no solo, también en esto hay municipios de un tamaño medio, y, por tanto, pues este dato me parece relevante. Digo que los entes locales son, en general, más renuentes a aceptar nuestras resoluciones que el resto de Administraciones, incluso a colaborar con el Procurador del Común mediante la emisión de los informes que solicitamos.

Apreciación esta que nos ha llevado a reflexionar sobre las posibles causas y a relacionarlas con las deficiencias que detectamos al estudiar las frecuentes quejas que nos llegan sobre aspectos relativos a la organización y funcionamiento de los pequeños municipios y entidades locales menores, tales como en lo que se refiere a la rendición de cuentas, a la formación de presupuestos, el funcionamiento de los órganos de gobierno, la actividad contractual que desarrollan o la emisión de informes previos a la adopción de acuerdos.

Deficiencias que intuimos que pueden tener su causa, al menos en muchos casos, en la ausencia de la figura del secretario en numerosas entidades locales por las dificultades que estas tienen para cubrir estos puestos de trabajo, debido fundamentalmente al insuficiente número de funcionarios que integran a día de hoy la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

De ahí que iniciáramos una actuación de oficio para que las Administraciones competentes aborden la solución de este problema, para lo cual nos dirigimos a la Administración del Estado, a través del Defensor del Pueblo, a las Diputaciones Provinciales, a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a la Consejería de Presidencia, con cuyo titular mantuvimos un encuentro de trabajo sobre este tema el pasado mes de noviembre en León.

Los bienes y servicios municipales también han sido, un año más, objeto de atención de la Procuraduría. En concreto, hemos recibido 170 quejas y hemos iniciado 46 actuaciones de oficio, habiendo emitido 146 resoluciones en esta materia.

Me parece oportuno destacar sobre el particular que desde la Procuraduría hemos promovido diversas actuaciones de oficio conforme se iban retornando las actividades ordinarias después del severo confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado a mediados de marzo, en particular sobre la reapertura de zonas de recreo infantil, la instalaciones... las instalaciones deportivas municipales, los mercadillos tradicionales al aire libre, la recogida y tratamiento de residuos, entre otras, realizando a los ayuntamientos las indicaciones oportunas para la adopción de medidas que evitaran el contacto social y los contagios, en aras de una vuelta a la normalidad más segura. Todo ello ocurrió, evidentemente, como consecuencia de los primeros pasos que se dieron en la desescalada de mayo el pasado año.

En fin. Puesto que veníamos observando también cómo en los últimos años veníamos recibiendo quejas, numerosas quejas ciudadanas, en relación con la conservación de parques y jardines públicos y la protección del arbolado urbano en nuestro ámbito territorial, dando cumplimiento a un compromiso que asumimos en nuestro informe pasado, el correspondiente al año dos mil diecinueve, iniciamos y concluimos en dos mil veinte una actuación de oficio en relación con estas cuestiones, y además hemos elaborado un informe especial sobre esta materia, con el objetivo de impulsar en todos los ayuntamientos, en todos los municipios de nuestra Comunidad, y parcialmente... y especialmente en los de mayor población, que son los que sufren mayores problemas de contaminación, una mayor atención de los órganos de gobierno locales hacia las zonas verdes urbanas y su puesta en valor.

En materia de urbanismo, en el año dos mil veinte los ciudadanos han presentado ante nuestra Institución un número menor de quejas que en años precedentes, lo que podría obedecer, entendemos, no solo a la escasa actividad de planeamiento y gestión urbanística que arrastramos durante la última década como consecuencia de la crisis sanitaria que... perdón, la crisis económica, y también que afectó al desarrollo urbanístico de forma muy particular a partir del año dos mil siete-dos mil ocho, sino también, y sobre todo, consideramos que esta disminución de quejas en materia urbanística puede obedecer a la... no solamente a esa escasa actividad de planeamiento y gestión urbanista a que me acabo de referir, sino también a las excepcionales circunstancias vividas durante el pasado año.

No obstante, como en ejercicios anteriores, la mayoría de las que hemos recibido se referían a la intervención municipal y en el control de los usos del suelo, y en particular al deficiente estado de conservación de fincas y solares o al estado de ruina y abandono de inmuebles localizados en numerosas pequeñas localidades de la Comunidad como consecuencia -una más, una consecuencia más- del grave problema de despoblación que sufre nuestro medio rural.

También promovimos, en materia de urbanismo, una actuación de oficio a la vista de que la legislación del suelo, es decir, la de urbanismo de Castilla... la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento de desarrollo, prevén... no prevén un plazo para resolver los procedimientos de restauración de la legalidad, carencia que genera inseguridad en la tramitación de las decenas de expedientes que se cursan cada año en esta materia, por lo que, como resultado de nuestra actuación, dirigimos una resolución a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente instando a que valorase la oportunidad de establecer, mediante las reformas normativas correspondientes en materia urbanística, un plazo de caducidad para resolver los problemas de restauración de la legalidad, recomendación esta que fue aceptada.

Las 26 quejas recibidas en materia de vivienda se basan, en este año dos mil veinte, en unos supuestos no muy diferentes a los de años anteriores, y que justificaron la presentación de reclamaciones ante nuestra institución en un número similar al de este año -al de este año, me refiero al que se refiere el informe, dos mil veinte-, lo que pone de manifiesto que las consecuencias de la crisis generada por la COVID-19 no han impactado de lleno aún en el derecho de todos a una vivienda digna.

No obstante, considerando que la afectación de este derecho iría en aumento conforme las consecuencias de la crisis sanitaria se dejaran sentir en la economía, en medio de la primera ola de contagios promovimos una actuación de oficio instando, mediante resolución dirigida a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a que considerase la oportunidad de ampliar los beneficios previstos en el Decreto-ley 2/2020, de dieciséis de abril, aprobado por la Junta de Castilla y León para la protección de las familias y colectivos vulnerables, a todos los arrendatarios de viviendas de protección pública de la Comunidad, no solo a los de viviendas de protección... promoción directa de la Junta de Castilla y León; e incluso a favor de los arrendatarios de viviendas libres no protegidas que se lleguen... cuando se lleguen a encontrar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida y hubieran visto mermada su capacidad para hacer frente a los gastos básicos y necesarios para el mantenimiento de sus hogares, como es el alquiler de vivienda habitual. Resolución esta que fue aceptada parcialmente.

Al inicio del pasado ejercicio, culminamos también una actuación de oficio motivada por la preocupación que mantiene la Procuraduría por la brecha digital que afecta a una parte importante del medio rural de la Comunidad. Brecha entendida como las dificultades existentes para que algunos grupos sociales puedan utilizar las tecnologías de la información y comunicación debido a la ausencia o insuficiente calidad del acceso a los servicios de internet y telefonía móvil de quienes residen en muchos municipios de Castilla y León, lo que, con grave quiebra del principio de igualdad, les dificultas o impide no solamente interactuar con normalidad, sino también el emprendimiento y desarrollo de actividades económicas; o incluso el acceso a los servicios públicos y sus relaciones con las Administraciones en los términos que hoy impone la Ley 39/2015, de uno de octubre, de Procedimiento Administrativo Común; u otras relaciones de carácter privado, cada vez más generalizadas, como las impuestas por las entidades bancarias o las aseguradoras, por ejemplo.

Unas necesidades insatisfechas como consecuencia de la brecha digital que, ya concluida la actuación de oficio mediante resolución dirigida a la Administración autonómica y a las Diputaciones Provinciales, se vieron incrementadas por la disminución de las relaciones presenciales impuestas, en mayor o menor medida, durante la crisis sanitaria que vivimos desde mediados del mes de marzo del pasado año. En concreto, a la vista de la información y las conclusiones obtenidas, instamos a la Administración autonómica, en particular a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a plantear a los órganos competentes de la Administración central la conveniencia de modificar la normativa a fin de que, entre otros aspectos, se garantice la velocidad de internet en el servicio universal a 30 megabytes, incluso mediante el incremento de la participación pública en la financiación del servicio universal. Se eliminen también las barreras que impiden que las Administraciones públicas puedan actuar libremente en aquellos lugares donde las operadoras no lleguen siguiendo criterios de estricta rentabilidad económica, contando para ello con la colaboración de las Diputaciones Provinciales. Y a estas les pedimos que, además de realizar actuaciones coordinadas con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, habiliten puntos de acceso wifi en emplazamientos de titularidad pública municipal.

En relación con el área de Medio Ambiente, la pandemia que sufrimos ha provocado una disminución considerable del número de quejas recibidas a consecuencia, entendemos, al menos en parte, de las restricciones acordadas por las Administraciones competentes durante la vigencia de los estados de alarma, decretados en sendos Reales Decretos 463/2020, de catorce de marzo, y 926, también 2020, de veinticinco de octubre. Reducción que atribuimos también a la prohibición de los festejos patronales, al cierre de los locales de peñas en época estival, a la limitación de la movilidad de las personas en horario nocturno y al cierre o limitación del horario de funcionamiento de las actividades hosteleras durante gran parte del año dos mil veinte, al haber supuesto todo ello una radical disminución de actividades susceptibles de causar molestias a una parte de la ciudadanía y, consecuentemente, también una disminución de quejas ante nuestra Institución.

Considerando que el patrimonio natural es uno de los valores esenciales declarados en nuestro Estatuto de Autonomía, lo que requiere, como es natural, la protección y fomento de las especies protegidas, a partir de algunas quejas que recibimos, manifestamos nuestro parecer a favor de que esa protección y fomento, que sin duda resultan necesarios, no repercutan negativamente en la actividad que desarrollan los ganaderos de nuestra Comunidad Autónoma, debido a los ataques que sufren los animales de explotaciones ganaderas extensivas por aves necrófagas. Lo que nos llevó a sugerir a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a que valorase la aprobación de un sistema específico de ayudas que permita compensar económicamente los daños producidos en el ganado, en la línea de lo que tienen previsto algunas otras Comunidades Autónomas.

Y en el marco de una serie de actuaciones de oficio promovidas sobre diferentes materias en el inicio de lo que conocimos como período de desescalada, en aras de la normalización de la vida ciudadana en un entorno seguro, a la que ya me he referido -a esas actuaciones de oficio me he referido, a algunas de ellas-, formulamos también una dirigida a los ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León, para que adoptasen una serie de medidas que permitieran compatibilizar la vuelta de los establecimientos hosteleros a la actividad con una adecuada protección de la salud pública de los ciudadanos. Así, instamos a las corporaciones municipales a que colaborasen con dicho sector para que, de manera inmediata, se ampliase la superficie destinada a terrazas, con el fin de permitir la ubicación de la totalidad de los veladores autorizados con anterioridad, pero, eso sí, respetando en todo caso tanto los itinerarios peatonales accesibles como los límites de los niveles acústicos establecidos por la normativa vigente. Y como medida de fomento y apoyo al sector, se sugería también en esa resolución que se valorara al establecimiento de exenciones o reducciones de las tasas que genera la ocupación de la vía pública por terrazas, garantizando, en todo caso, el principio de suficiencia financiera municipal.

En lo referente al área de Educación, aunque hemos recibido numerosas quejas ajenas a la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, en la línea de lo acontecido en ejercicios anteriores, sin quitar importancia a estas quejas y a algunas actuaciones de oficio desvinculadas de la situación producida por la pandemia -como, por ejemplo, la que promovimos en aras de una estrategia específica en materia educativa para la integración de la población de etnia gitana-, me parece del máximo interés referirme a lo que de especial ha tenido la actuación del Procurador del Común a lo largo de dos mil veinte en relación con el servicio público de educación.

Para ello, me centraré en algunas de las actuaciones de oficio que hemos promovido, en el entendido de que, con ellas, hemos pretendido ayudar a resolver los graves problemas derivados de la crisis sanitaria que han afectado al esencial servicio público de educación desde la primera declaración de estado de alarma. Así, a través de dichas actuaciones, se hizo hincapié en el deber de garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos durante el cierre de los centros educativos, tanto en el ámbito de la enseñanza no universitaria como en la universitaria. En particular, pensábamos en los alumnos con necesidades educativas especiales, así como en aquellos que pudieran requerir medios tecnológicos para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera no presencial.

Asimismo, la enseñanza no presencial impuesta por el estado de alarma, el primer estado de alarma, también llevó a la Procuraduría a recordar que, en todo caso, las familias no debían abonar el importe correspondiente a los servicios y actividades complementarias y extraescolares que no hubieran podido ser desarrolladas con motivo de la suspensión de la actividad escolar presencial.

También actuamos para determinar la contribución realizada, o que pudiera realizar la comunidad educativa, y en particular las universidades públicas de la Comunidad, poniendo a disposición sus equipos (laboratorios, talleres), así como también a los investigadores y demás personal con conocimientos y habilidades, que pudieran contribuir en lo que fuera preciso para luchar contra la COVID-19 en las primeras semanas de pandemia.

Cuando todavía no había pasado el verano, el cinco de agosto del dos mil veinte, iniciamos una actuación de oficio a la que se fueron acumulando numerosas quejas presentadas por los ciudadanos en las que nos manifestaban las incertidumbres que les generaba el inicio de curso, solicitando, según los casos, el inicio del curso escolar de forma no presencial, el aumento de profesorado para hacer frente a las necesidades que requería la actividad docente, la implantación de la jornada continua con carácter generalizado para minimizar los riesgos de contagio de la COVID-19 y, con un carácter más genérico, la concreción de medidas que resultaran efectivas para iniciar el curso con las máximas garantías.

Valorando todas las medidas que las Administraciones educativas, la autonómica, también la estatal, habían protocolizado para que... para lo que iba a ser el inicio del curso académico, formulamos antes del inicio de... del mismo una extensa resolución dirigida a la Consejería de Educación en la que incidimos, entre otros aspectos, en la conveniencia de que la Administración dote a los centros de personal de enfermería; pedimos que se considerara la implantación, de forma excepcional, de la jornada continua sobre la base de que con ello se limitaría el tiempo y las ocasiones en las que se facilita la transmisión vírica; alertamos también del riesgo que podía suponer que en los servicios complementarios, como, por ejemplo, el comedor escolar, un mínimo... un mismo monitor pudiera atender a los alumnos procedentes de varios grupos estables de convivencia, entre otras muchas recomendaciones que no procede ahora citar.

La preservación de diferentes elementos significativos del patrimonio arquitectónico tradicional de Castilla y León también nos preocupa a la vista del abandono que presentan algunos de sus elementos más significativos, como los palomares, tan abundantes en la zona de Tierra de Campos y muchos de ellos a lo largo del Camino de Santiago; o los molinos de la ribera del río Adaja en las... en localidades de la provincia de Ávila. Para ellos pedimos la aplicación de las medidas de protección dispensadas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, entre las que se incluye la declaración de Bien de Interés Cultural y otras medidas de tipo económico para su puesta en valor, en función, lógicamente, de su interés y de su singularidad.

Relacionado con el sector de servicios de hostelería, debo hacer referencia a una veintena de escritos de queja que nos fueron presentados en la Procuraduría en relación con la limitación parcial y temporal de la libertad de circulación de personas y vehículos para el control de los riesgos de transmisión de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad Autónoma entre las 22 horas de cada día y las 6 horas del día siguiente; quejas que mostraban disconformidad con la medida, argumentando que repercutían negativamente en el sector.

Pues bien, a la vista del Acuerdo 9/2020, de veinticinco de octubre, del presidente de la Junta de Castilla y León, adoptado ya con la cobertura de la que proporcionaba en ese momento ya el Real Decreto 926/2020, de veinticinco de octubre, aprobado por el Gobierno de la Nación, nada cabía objetar a ese acuerdo desde el punto de vista formal, en cuanto a su legalidad, aunque éramos bien conscientes de que la medida que contenía y sobre la que versaron las quejas, aun siendo formalmente ajustada a derecho y, posiblemente, estar justificada desde el punto de vista de la preservación de la salud y de la lucha contra la pandemia, estaba generando otro tipo de consecuencias, señaladamente, en la actividad propia del sector de la hostelería. Por lo que se entendía como de estricta necesidad -así lo entendimos y así lo manifestamos en nuestra resolución- la... la aprobación de líneas de ayudas para beneficiar a un sector especialmente afectado por las limitaciones de horario, como es el de la hostelería.

El impulso de la movilidad del medio... por medio de vehículos eléctricos, en la medida en que, frente a los convencionales, reducen la contaminación atmosférica y acústica y suponen un ahorro del consumo de combustibles fósiles y, por tanto, de emisión de gases de efecto invernadero, junto a las dificultades que sufren los residentes en municipios del medio... del medio rural para acceder a los puntos de recarga, fue el fundamento de una nueva actuación de oficio finalizada mediante resolución en la que instamos a la Consejería de Empleo e Industria a que, en el marco de una nueva estrategia... Estrategia Regional de Vehículos de... de Energías Alternativas en Castilla y León, se valorara la conveniencia de establecer algún tipo de discriminación positiva que facilitara la implantación normalizada de los puntos de recarga de los vehículos eléctricos en los ámbitos rurales de la Comunidad. Resolución que fue aceptada y que se materializó en un acuerdo, el Acuerdo 85/2020, de diecinueve de noviembre, de la Junta de Castilla y León, así como en la petición de esta a la Secretaría de Estado de Energía para que se prioricen los entornos rurales en el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, el Plan Moves, de ámbito estatal.

La mayor parte de las quejas recibidas en materia de agricultura se derivan de los procesos, como en años anteriores, de concentración parcelaria que se están llevando a cabo en la Comunidad. Sobre el particular, me parece oportuno destacar la actuación de oficio promovida el pasado año en la que estudiamos el retraso en la entrega de los títulos de propiedad de las fincas resultantes de procesos de concentración parcelaria, llegando a la conclusión de que la citada demora impide inscribir en el Registro de la Propiedad, lo que puede suponer una dificultad para la realización de actos de disposición sobre las fincas y, en particular, para presentar esas fincas debidamente registradas como garantía para la obtención de créditos y préstamos bancarios, lo que puede constituir un obstáculo a la modernización y mejora de las explotaciones.

En consecuencia, formulamos una resolución dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que se refuercen los medios materiales y personales con el fin de solventar el problema detectado a través de las quejas que venimos recibiendo sobre el particular.

Junto a la educación -a que ya me he referido- y a la sanidad -de la que me ocuparé más adelante-, sin duda han sido los servicios sociosanitarios el otro ámbito de actuación pública que ha estado, en mayor medida, presente en la actividad de la Institución a lo largo de dos mil veinte, sobre la base, en lo referente a este último sector, de la gran afectación causada por la COVID-19 en las residencias de mayores de la Comunidad.

En efecto, si la atención que se presta a las personas mayores usuarias de centros residenciales ha venido siendo objeto de consideración constante por parte de la Defensoría, la virulenta irrupción de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en muchas de las residencias de mayores a lo largo del pasado año ha determinado un continuo seguimiento de lo que acontecía en ellas, a través de la información que íbamos recabando, como parte del estudio de las quejas que nos llegaban y de las actuaciones de oficio que iniciábamos. Información que ponía ante nuestros ojos una verdadera crisis sanitaria, humanitaria y social, lo que me lleva a pensar que el colectivo de los mayores, en sus últimos años de vida, sobre todo en los últimos años de vida, es el colectivo más amplio de personas vulnerables de nuestro país, y seguramente el más vulnerable. Por lo que, como sociedad, tenemos el deber de hacer todo lo posible para contribuir no solo que no se repitan episodios de sufrimiento y muerte en las residencias de mayores que hemos conocido, sino mejorar las condiciones de vida de los mayores en condiciones de normalidad, una vez superada, por tanto, la crisis sanitaria.

Como fundamento de lo que acabo de decir, voy a hacer un breve relato de lo que ha sido la actuación de nuestra Institución en relación con las residencias de mayores, desde la primera declaración de estado de alarma por el Gobierno de la Nación, a mediados del mes de marzo del pasado año. Pues desde ese momento comenzamos a recibir quejas ciudadanas relacionadas con la situación crítica y angustiosa de no pocas personas mayores institucionalizadas, lo que nos causaba honda preocupación, por lo que promovimos diferentes actuaciones de oficio, con objeto de completar la información que íbamos recabando como parte de los expedientes de queja, con la voluntad de hacernos una idea lo más completa posible del impacto que la pandemia estaba causando en las residencias de mayores.

Según nuestra percepción de los hechos, en los primeros momentos la Administración tuvo que responder a la situación de colapso sanitaria sufrido... sufrida por el sistema en su conjunto, por lo que se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales a los hospitalarios. Consecuentemente, las residencias asumieron, al menos inicialmente, unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas, por falta de personal y de medios de protección, lo que, posiblemente, contribuya a explicar, junto con otras causas, evidentemente, la morbilidad, la mortalidad y la letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como también la acusada prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores.

En este contexto inicial, fueron varias las resoluciones que dirigimos a la Consejería de Sanidad y también a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como competente en la materia, fruto de las quejas que recibíamos y las actuaciones de oficio emprendidas, en las que proponíamos diferentes actuaciones y estrategias sociales y sanitarias, en un intento de minimizar el impacto y de intentar mejorar la gestión de la crisis en los centros residenciales.

El paso del tiempo y la aparente mejoría de la situación sanitaria durante el verano nos permitió dirigir nuestra mirada más allá de la difícil coyuntura derivada de la crisis sanitaria para acercarnos a lo que consideramos un problema no coyuntural, sino estructural del modelo residencial. De ahí que, mediante una resolución emitida ya en el mes de noviembre, nos dirigimos nuevamente a ambas Consejerías, después de realizar un análisis pormenorizado de los diferentes flancos que consideramos de interés, manifestándonos en favor de un cambio del modelo residencial centrado en las personas y proponiendo una batería de medidas concretas para mejorar la asistencia social y sanitaria de los residentes, su calidad de vida y garantizar la protección de sus derechos en un ambiente respetuoso con los principios éticos fundamentales.

No solo las residencias de mayores, también la situación sociosanitaria de los centros residenciales para personas con discapacidad reclamó nuestra atención a través de diferentes resoluciones motivadas por las quejas que nos llegaban y actuaciones de oficio que emprendimos, en la mayor parte de los casos, relacionadas con la afectación por la COVID-19, instando a la colaboración entre Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidad y Sanidad en el control epidemiológico de los residentes y trabajadores de dichos recursos.

Nos ocupamos igualmente, a partir de algunas quejas que recibimos, de la red de recursos para personas mayores, bien para estancias temporales o para convalecencias sociosanitarias, manifestando en nuestras resoluciones dirigidas a la Consejería de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades la conveniencia de planificar las necesidades, con objeto de crear las plazas que permitan cubrir una demanda no satisfecha.

En fin, también la irrupción de la COVID-19 motivó una temprana actuación de oficio planteando la situación de aquellos niños cuyos padres, representantes legales o cuidadores directos tuvieran que ingresar en un centro sanitario y no contaran con ningún apoyo familiar o social que pudiera hacerse cargo de su cuidado mientras durase el ingreso hospitalario. Actuación que finalizó mediante resolución dirigida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la que recomendábamos la aplicación del protocolo de desprotección de menores.

Si la atención sanitaria viene estando año tras año muy presente en el trabajo que desarrolla nuestra institución, el pasado año lo ha estado, lógicamente, con mayor intensidad. No obstante, la contención en el uso del tiempo que entiendo debe guiar mi intervención ante sus señorías me lleva a ser conciso en la exposición.

Pues bien, con la pretensión, por tanto, de exponer la síntesis de nuestro trabajo y resultados en relación con la tutela de los derechos de los ciudadanos relativos a la salud, me parece oportuno indicar que, además de los sustanciales problemas directamente vinculados a la COVID-19 de los que hemos conocido, el resto de cuestiones que se nos han planteado en forma de quejas o bien que hemos abordado de oficio, aun obedeciendo a lo que podíamos considerar manifestaciones de un déficit estructural de nuestro sistema sanitario, en todos los casos ha estado presente, con proyección transversal, la crisis sanitaria.

Con referencia a los problemas derivados de los... exclusivamente de la afectación por la COVID-19, hemos de destacar los surgidos en los primeros meses de la crisis sanitaria, en particular las quejas recibidas durante el primer impacto de la pandemia, momento en el que nos llegaron algunas quejas sobre las limitaciones que afectaban al acceso a centros hospitalarios o la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, así como la limitación del uso de respiradores. Las dudas que nos surgieron, a la vista de estos casos, nos llevaron a promover una actuación de oficio ante la Consejería de Sanidad para conocer los protocolos que se estaban utilizando para determinar el acceso y la utilización de los recursos sanitarios ante el eventual triaje o selección que se estuviera haciendo en perjuicio de las personas mayores; actuación en la que se nos informó sobre los criterios, avalados por sociedades científicas, que se estaban aplicando, negando que fuera determinante la edad de los pacientes.

A la vista de otras quejas que nos fueron presentadas, en diferentes expedientes nos ocupamos de la forma en que se estaba dispensando la atención sanitaria a enfermos afectados por la COVID en sus propios domicilios; en una de cuyas resoluciones pedimos a la Administración sanitaria que se investigase la atención recibida por una paciente que, después de pasar algunos días en su casa, finalmente falleció, poco después de ser ingresada en un centro hospitalario.

También llegaron a nosotros quejas por la falta de equipos de protección individual para los profesionales sanitarios, o incluso por las mascarillas defectuosas que en algunos casos fueron distribuidas.

Pero, como he señalado, otra gran parte de nuestras actuaciones en materia de... sanitaria se ha referido a problemas crónicos de nuestro sistema sanitario, sobre los cuales se ha proyectado la pandemia que estamos sufriendo, agravándolos. Así, por ejemplo, la asistencia sanitaria en el medio rural ha dado lugar a muchas quejas, en particular motivadas por el cierre de los consultorios locales durante el período de confinamiento y, sobre todo, por la falta de reapertura con posterioridad. De manera que, a la vista de las primeras quejas que recibimos sobre este particular, intuyendo que... -como así fue- que se iban a multiplicar esas quejas, iniciamos una actuación de oficio para estudiar de forma integral no solo los tradicionales déficits de la atención sanitaria en el medio rural, sino los nuevos problemas derivados del cierre de los consultorios locales, resultando de lo cual... evidenciamos que, junto a los viejos problemas derivados de la interrupción del servicio sanitario por diversas causas vinculadas a la falta de medios personales y materiales disponibles, tanto en la medicina familiar y comunitaria como en determinadas especialidades, el cierre de los consultorios locales acordado al inicio de la pandemia estaba produciendo una merma en la atención sanitaria al sustentarse principalmente en la atención telefónica, lo que provocaba limitaciones de variado orden en la prestación del servicio y las correspondientes quejas.

Otro de los problemas endémicos de nuestra sanidad, las listas de espera, también se ha agravado como un efecto más de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, debido a la suspensión durante meses de una gran parte de la actividad prestacional en materia de sanidad. Suspensión que, si bien se pudo entender por parte de la ciudadanía como un efecto inevitable de la irrupción de la pandemia, levantando... levantado el primer confinamiento comenzamos a recibir quejas demandando la reanudación de las prestaciones sanitarias; un asunto que nos... nos preocupa especialmente, máxime a la vista de las sucesivas olas de contagio y las negativas consecuencias que ello va teniendo sobre las listas de espera.

En fin, han sido muchos los asuntos de los que nos hemos ocupado, resolviendo las quejas que nos han sido presentadas, o bien a iniciativa nuestra en materia de sanidad.

De ellos, para no extenderme demasiado, simplemente citaré algunos. Como las quejas por el colapso de las líneas telefónicas en los centros de salud para atender a pacientes aquejados por la COVID-19 o bien sospechosos de padecerlo, o las que nos han transmitido algunos familiares que no pudieron acompañar a sus deudos hospitalizados, en algunos casos en sus últimos días, y los problemas de transporte sanitario en algunas provincias de la Comunidad, en concreto en Ávila, en Segovia y en algunos municipios de la Montaña Palentina.

En materia de Hacienda, la tributación local, un año más, es la que ha generado un mayor número de quejas ante nuestra Institución, aunque los asuntos no son nuevos y, consecuentemente, las soluciones que hemos aportado mediante nuestras resoluciones no son distintas a las formuladas en ejercicios anteriores. Por ello, me parece suficiente hacer un escueto recordatorio de los asuntos más reiterados y sus soluciones.

Por un lado, la gestión de la tasa municipal por el suministro de agua ha sido reiteradamente contestada por los contribuyentes por muy distintos motivos, pero siempre relacionados con el excesivo montante puesto al cobro. Así, apreciamos en algunos casos que lo recaudado mediante este tributo sería para financiar otros servicios municipales, lo cual supone una vulneración del... de un principio básico en la regulación de las tasas.

También instamos a distintos ayuntamientos, en aras de la equidad, a que incorporen sus... en sus reglamentos de servicio y ordenanzas fiscales la atenuación de las facturas de aquellos consumos desorbitados generados por averías en las instalaciones particulares, en aquellos casos en los que los contribuyentes y usuarios del servicio hayan obrado con la debida diligencia para detectar y subsanar las averías tan pronto fueran... tuvieran constancia de las mismas.

Por otro lado, la liquidación municipal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, como en años anteriores, ha generado controversias que se han traducido en quejas que nos han planteado los ciudadanos cuando el valor de enajenación de sus inmuebles ha sido inferior al de adquisición, quejas que, a la espera de una reforma de la ley de haciendas locales -que ya está tardando demasiado-, hemos resuelto sobre la base que proporciona la jurisprudencia, la cual posibilita que el vendedor pruebe que no ha existido incremento del valor de terrenos en... del terreno enajenado y, de esa forma, quedar eximido del pago del citado impuesto.

Y ya, para terminar, me voy a referir a tres actuaciones de oficio que promovimos en relación con la transparencia pública, relacionadas todas ellas con la crisis sanitaria generada por la pandemia, en el entendido de que en situaciones excepcionales -como la vivida el año pasado- la transparencia de los entes públicos no solo no debe de evitarse, sino, muy al contrario, ha de fortalecerse, en especial en relación con aquellas cuestiones relativas a la protección de las personas y al resto de medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19.

Por este motivo, sin perjuicio de las funciones que corresponden en el ámbito de la transparencia al Comisionado y a la Comisión de Transparencia, hemos promovido desde el Procurador del Común tres actuaciones de oficio cuyos objetos fueron:

En un caso, la publicación de los contratos públicos relacionados con la COVID-19, como cumplimiento del deber de publicidad activa, publicación que se estaba realizando por parte de la Junta de Castilla y León, pero sobre la que sugerimos alguna mejora y que... mejoras que sugeridas y que se materializaron poco después.

En las otras dos actuaciones de oficio nos interesamos en conocer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante la vigencia de la declaración del primer estado de alarma sobre temas relacionados con la... con la crisis sanitaria, actuaciones que nos permitieron comprobar que la Administración estaba cumpliendo con el deber de información en tiempo y forma ante las solicitudes recibidas.

Y ya, con esto, he terminado. Por tanto, muchas gracias, en nombre propio y también en el de las personas que prestan sus servicios en la Institución, por su atención, confiando en no haber sobrepasado los límites de su paciencia. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Quintana López. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, y en un turno compartido, en primer lugar, tiene la palabra, en representación de Por Ávila, el señor Pascual Muñoz.

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, agradecer la comparecencia del señor Quintana, así como el esfuerzo y el trabajo realizado por todo su equipo en un año atípico marcado por la pandemia del coronavirus y que ha tenido como telón de fondo una crisis sanitaria y económica que, sin duda, va a suponer un punto de inflexión en la vida de todos los castellanos y leoneses.

Ha sido un año muy duro a todos los niveles. Familias rotas por el fallecimiento de familiares y amigos, por la pérdida de su trabajo, personas que nunca se hubiesen imaginado tener que hace cola para poder comer. Se han vivido y se siguen viviendo situaciones desesperadas. Y aún nos falta para volver a la normalidad, si es que llegamos a lo que conocíamos antes como normalidad. Sabemos que la situación sanitaria y la situación económica han ido de la mano. Seguramente recuperaremos poco a poco la situación económica, pero las vidas perdidas no.

En este contexto, la figura del Procurador del Común cobra una gran relevancia, tal y como vemos reflejado en este Informe, en el que se puede comprobar como el número de quejas ha aumentado con respecto al año dos mil diecinueve, algo que ya se podía prever el año pasado, y que con toda seguridad también suceda en este año. Esto pasa siempre que hay una inestabilidad, ya sea política, económica o social.

La realidad que usted nos traslada, y que yo también percibo, es que la gente está harta; y sobre todo está harta de sus gobernantes, de las decisiones que se adoptan, están cansados de escuchar una cosa y al día siguiente la contraria. Todo este malestar se traslada en su Informe, que no es más que un reflejo de lo que la sociedad demanda. No es de extrañar, entonces, que la mayoría de las quejas recibidas estuvieran relacionadas con la crisis sanitaria, pero otra parte importante hicieron referencia al funcionamiento de las residencias de personas mayores de la Comunidad.

La provincia de Ávila no es un caso aparte, y pasamos de 129 quejas en el año dos mil diecinueve a 230 en el año dos mil veinte. Los abulenses no son los que más se dirigen al Procurador del Común, y, como ya he dicho en otras ocasiones, seguro que es porque una gran mayoría desconoce su existencia o su función; por ello, siempre que tengo oportunidad, insisto en la importancia que tiene, para darle una mayor visibilidad y protagonismo a esta Institución, que sirve para canalizar las preocupaciones de los castellanos y leoneses con el funcionamiento de la Administración, y darles voz.

Mire, señor Quintana -y ya termino-, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero, tras haber leído su Informe, llego a la conclusión de que hay temas y preocupaciones de la población que se repiten año tras año: los temas de funcionamiento de las residencias de mayores y los recursos destinados a esta población, la sanidad rural, la falta de profesionales, las dificultades de toda esa población para acceder a servicios básicos, las listas de espera, el funcionamiento del transporte sanitario, la saturación en muchos centros de salud. Temas pendientes y recurrentes que los ciudadanos trasladan a través de esta Institución para que nosotros, sus representantes, busquemos soluciones, y no para esperar a que usted vuelva el año que viene con un magnifico Informe a contarnos que todo sigue igual. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO):

Muchas gracias, señor Pascual Muñoz. A continuación, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Quintana. Antes de nada, aunque suene a tópico, agradecerle una vez más el trabajo, el suyo y el de su equipo. Y, antes de empezar, también me gustaría expresar desde esta tribuna mi apoyo expreso a la situación que están viviendo los trabajadores directos e indirectos de Laboratorios Ovejero en León, que están pasando por unos momentos difíciles y están... están en una lucha muy dura.

Intentaré ser lo más escueto posible y adecuarme un poco al tiempo que dispongo, señor Quintana. Saben ustedes que yo no soy un encendido defensor de la figura que usted representa, no por usted, ni siquiera por lo que representa, sino por el escaso poder ejecutivo y también por lo deteriorado que está el aspecto institucional autonómico en el territorio que yo represento.

Aun así, vuelve hoy una vez más a repetirse ese carácter reivindicativo en su Informe de la provincia de León. Una situación que muchos querrán creer tiene que ver con un carácter inconformista de los leoneses, y la verdad, a nuestro juicio, tiene más que ver con una situación no casual y relacionado con que sea uno de los territorios con más problemas económicos y de gestión de esta mancomunidad de provincias llamado Castilla y León. Un ejercicio, el de dos mil veinte, en el que, a pesar de la parálisis presencial, a pesar del stand-by de nuestra economía, León vuelve a encabezar, con más de 1.700 quejas... de... con más de 1.700 quejas.

Y, señor De la Hoz, siento volver a tener razón, ya lo advertíamos en su momento, a pesar de su optimista alusión del año pasado: como cabía esperar, se han incrementado las quejas, como ya advertíamos, en casi un 8 %. Y había que plantear que, a pesar de la situación pandémica en la que vivimos, también es importante resaltar que esa situación de anormalidad en la que hemos vivido, preservados de esa presencialidad, ha ayudado a que el incremento no fuera mayor. A pesar de esa situación, ustedes y su gestión autonómica lidera, con casi el 80 % y más de 4.900 quejas, el grado de insatisfacción de los ciudadanos con el ejercicio de sus competencias.

Y me gustaría poner el acento en cuestiones tan lógicas que parece... parecería innecesario resaltar, sobre todo en esa falta de asistencia sanitaria en consultorios locales, nuestra maltrecha sanidad rural -una evidencia que a nadie le puede sorprender con la gestión y modelo que esta Comunidad ha planteado-; problemas en el transporte sanitario; el aumento de las listas de espera en Atención Especializada y en pruebas diagnósticas; las listas de espera terribles en el Hospital del Bierzo; o, señoría, aquellas que ni siquiera están en esas listas, quejas que afectan a miles de personas a la espera de citación, que ni siquiera se computan como listas de espera; las relacionadas propiamente con la gestión del COVID. Y, me anticipo, señor De la Hoz, verá como se incrementan en el próximo año, sobre todo las de oncología en el Bierzo y, en general, las de Asistencia Primaria en esa comarca, a pesar de sus numerosas visitas institucionales.

Y es que, señorías, podemos aceptar que la situación sanitaria dificulta enormemente su gestión, y eso es algo entendible y comprensible, pero la soberbia es también una mala consejera para gestionar algo tan sensible. El empecinamiento y la ceguera política tampoco ayudan a dar un servicio adecuado.

Fijarnos también en una materia que no es la sanitaria, pero que sufre un incremento importante, como son las casi 2.000 quejas en educación. Y podríamos hablar aquí de cómo se perpetró ese regreso a las aulas, del descontrol y de la falta de previsión. Pero a nosotros nos gustaría resaltar aquellos aspectos que tienen repercusión con las competencias impropias, o, si me lo permiten, con la costumbre que esta Autonomía tiene de eludir su responsabilidad y descargar la misma en la Administración local. Son ustedes como quien invita a tomar algo, pero luego se escaquea a la hora de abonar la consumición. Deficiencias en colegios como Lope de Vega, o la que está sufriendo ahora en San Claudio, con las AMPAS en tensión mientras ustedes quieren pasar su responsabilidad y regalárselas a los... al Ayuntamiento de León.

Y mire, finalizo ya mi breve exposición recordándoles que la tercera materia con más quejas es la referida a familia y servicios sociales. Y ahí, fíjese, ni siquiera voy a bajar a la arena. Solo les pido que lean su informe, señor Quintana, y leyendo su informe y recordándoles que la mayoría de esta Cámara, ante su obstinación y su querer esconder, ante su falta de transparencia, ha dicho y ha mantenido que es necesaria una... crear una Comisión de Investigación, y no tanto para depurar responsabilidades políticas -que también-, sino sobre todo para que tengamos claro todo aquello que se ha hecho mal y no repetirlo en el futuro. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para continuar con el Grupo... con el tiempo compartido por el Grupo Mixto, y en representación de Vox, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández.

LA SEÑORA PINACHO FERNÁNDEZ:

Buenos días a todos, señorías. En primer lugar, agradecer al señor Quintana López su intervención y su completo informe anual, teniendo además en cuenta que este año, efectivamente, ha venido marcado fuertemente por las consecuencias de la pandemia COVID-19, que han afectado a todos los sectores: sociales, económicos y fundamentalmente el sector sanitario. Y, como no podía ser de otra manera, también ha afectado a la actividad de este órgano, del Procurador del Común. Como bien se ha indicado, unas 1.807 quejas tramitadas han sido en relación con la pandemia.

Pues bien, señorías, yo hoy, desde esta tribuna, les diré lo mismo que ya dijimos el año pasado, lo mismo que decimos en todos los Parlamentos en los que Vox tiene representación y lo mismo que seguiremos diciendo año tras año mientras se siga manteniendo a una... mientras se siga manteniendo una figura que, desde nuestro punto de vista, consideramos innecesaria y prescindible, y que no es más que la... que el resultado de cuarenta años de Estado de Autonomías, que lo único a lo que ha llevado es que proliferen entes y organismos que lo único que provocan es una duplicidad de funciones y un gasto innecesario.

Pues bien, la figura del Procurador del Común en Castilla y León no es más que la réplica del Defensor del Pueblo, ya que su finalidad, y tal como establece la ley que lo regula, es la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de estas dependen, y su acción se limita -y leo literalmente- a la posibilidad de recomendar o sugerir al organismo competente las medidas que a su criterio sean las más adecuadas, incluidas las modificaciones normativas. Todo lo cual, al fin y al cabo, resulta un simple brindis al sol, al no resultar de obligado cumplimiento sus resoluciones y sus informes no preceptivos.

Pues bien, con la llegada de las sucesivas crisis económicas, desde luego se ha exigido a los ciudadanos, y sobre todo a los castellanos y leoneses, un esfuerzo, sacrificio económico, una contención en el ahorro, y estos nuestros ciudadanos no han visto que esto se haya llevado a cabo de forma correlativa por parte de la Administración pública y de la clase política. Y, realmente, este adelgazamiento de la Administración institucional que se ha demandado no solo no está teniendo lugar, sino que vemos como año tras año se está incrementando el gasto.

En concreto, además, el presupuesto con el que ha contado esta institución, el Procurador del Común, el pasado año dos mil veinte ha ascendido a 1.628.750 euros. Pues bien, señorías, tenemos más de un millón y medio de euros dedicados a una institución cuya tónica es, como además ha señalado el señor Procurador del Común, una falta generalizada de cumplimiento y de respuesta por parte de las Administraciones implicadas, y además podemos... podemos resumir en una falta de cumplimiento y ejecución de la mayoría de las decisiones adoptadas.

Para ser más concretos, a fecha de veinte de julio del año pasado, tres de cada diez resoluciones del Procurador del Común tramitadas en el año dos mil diecinueve no se habían ejecutado y, por lo tanto, no se habían cumplido, así como tampoco la quinta parte de las adoptadas hace dos años.

Con estos datos, como comprenderán, lo único que podemos hacer desde Vox es echarnos las manos a la cabeza con una institución que precisamente no nos cuesta barata a los castellanos y leoneses.

Pues bien, finalmente, desde luego nosotros no ponemos en duda la calidad del trabajo de las personas implicadas y las personas que forman parte de esta Institución, pero desde luego consideramos que es una figura totalmente redundante y que debe ser eliminada. Sus funciones y competencias pueden ser asumidas perfectamente por el Defensor del Pueblo, y más en un año en el cual la emergencia social y económica lo que aconseja es un reajuste tanto en los recursos públicos como en la eliminación del gasto innecesario. Nada más, señorías. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para finalizar el turno de fijación de posición por parte del Grupo Mixto, y en representación de Podemos-Equo, tiene la palabra el señor Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidente. Señorías, me complace comparecer un año más ante esta Cámara para agradecer su presencia y felicitar al Procurador del Común por su informe de gestión anual referido al año dos mil veinte, gratitud que hacemos vivamente extensible a todo su equipo, pues este informe remarca la dedicación, la honestidad y la labor ejercida por su institución en defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía de nuestra Comunidad, mucho más en un año tan aciago y difícil como este, marcado por la pandemia, que además ha generado una tremenda crisis sanitaria, social y económica que los poderes públicos tienen la obligación de revertir y de mitigar.

Su comparecencia, señor Quintana, y el relato cabal de las actividades realizadas traen a estas Cortes con claridad y solvencia algunos aspectos negativos y oscuros más notorios de la forma de ejercer los asuntos en esta Comunidad. Formas y disposiciones de Gobierno que derivan u obedecen no a consecuencia de decisiones indiscriminadas de un jefe de servicio o un jefe de negociado, sino que fluyen y se materializan como consecuencia de disposiciones políticas, de una consciente voluntad política, de un proyecto político de un grupo político que lleva muchos años rigiendo los designios de esta Comunidad, ahora al alimón con su bastón naranja de Ciudadanos.

En definitiva, actos que dimanan de una forma de ejercer la política en base a una ideología muy concreta, la neoliberal, que se ha hecho más palmaria y sangrante en estos últimos años.

Por el contrario, nosotros creemos que es más necesario que nunca reforzar lo público, lo común, lo colectivo, lo que es de todos y de todas. Y creo que si hay alguna enseñanza de la pandemia es que, cuando vienen mal dadas, es precisamente lo público lo que nos salva y ampara. Y, de hecho, eso se deja traslucir en su informe.

Señor Quintana, usted conoce de primera mano el respeto que profeso a su institución, a su persona y a su equipo y a la labor que ustedes realizan, y, precisamente por eso, siempre que llega la sesión monográfica del pleno del Procurador del Común me pregunto para qué vale esta sesión parlamentaria. Porque el Partido Popular y Ciudadanos frecuentemente se pasan por el arco del triunfo sus dictámenes y resoluciones, especialmente los de más enjundia, los de mayor calado, los que afectan a cuestiones más trascendentales y que ponen de manifiesto la mala gobernanza del Ejecutivo autonómico.

¿Cuál es, por tanto, el sentido de esta jornada anual si, además, la Procuraduría no dispone de las herramientas normativas, como reivindicamos desde Podemos, para que sus dictámenes sean obligatorios, para compeler al Ejecutivo autonómico a llevar a la praxis sus recomendaciones y dictámenes? Pues para mí la respuesta es que este día pone de manifiesto de manera descarnada, de forma palmaria, la falsedad de los partidos que sustentan al Gobierno. Y es que la panoplia de lisonjas y de palabras melifluas, de reconocimientos que le profieren hoy Partido Popular y Ciudadanos, es directamente proporcional al incumplimiento de sus resoluciones.

Hoy asistimos a una mascarada en la que las derechas le agradecen usted... a usted vivamente un informe que es demoledor y que deja al aire todas las vergüenzas de la gestión de Partido Popular y de Ciudadanos. Para eso sirve este Pleno, para constatar públicamente, en sesión parlamentaria, que el rey está desnudo.

Nosotros hemos escrutado, escudriñado y escuchado su informe, lo que nos lleva a colegir que hoy es el día en el que Partido Popular y Ciudadanos llevan al paroxismo su demagogia y su hipocresía. ¿Y por qué? Porque varios pasajes de su informe, señor Procurador, reproducen literalmente lo que desde Podemos llevamos meses reivindicando y denunciando, muy especialmente en lo relativo a lo acaecido en las residencias de mayores. Así que imagino, señor Procurador del Común, que usted para PP y Ciudadanos sea un peligroso bolchevique o un subversivo bolivariano que exige transparencia y que pretende una mejora integral del sistema de residencias.

Porque su informe dice literalmente: "No puede permitirse que se produzcan situaciones inhumanas e indignas, el mantenimiento de personas enfermas y críticas en los centros sin atención médica adecuada, sin priorizar las derivaciones de las contagiadas a los hospitales o a recursos alternativos o viables y sin contemplar al residente como centro de cualquier medida a adoptar en función de sus necesidades". U otro fragmento de su informe: "... muchos residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con diagnóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios o conocimientos para atender sus necesidades médicas, lo que impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los usuarios, y probablemente fue causa de fallecimientos.

Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado o una alternativa de manejo consensuada con la familia y los clínicos. E incluso en algunos supuestos con diagnóstico de derivación (...) esta les fue denegada alegando colapso hospitalario".

Todo esto que usted reproduce en su informe llevamos meses denunciándolo desde Podemos, y desde el Partido Popular y Ciudadanos nos han llamado de todo, de todo. Y hoy usted lo señala y lo expone en su informe y todo son parabienes, lisonjas y palabras melifluas de Partido Popular y Ciudadanos, que esta mañana se prosternan ante usted y por la tarde tirarán su informe a la basura. Esto son Partido Popular y Ciudadanos, que llevan meses negándonos la información que solicitábamos sobre las residencias privadas de mayores so pretexto de proteger los intereses económicos de las empresas propietarias de las mismas, y esa información usted mismo la calificó como de especial interés público, volviendo a dejar en evidencia al Ejecutivo de Castilla y de León.

Así que, señor Procurador del Común, muchas gracias por su labor; gracias por su tarea, porque está claro que para usted, al igual que para nosotros, las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas, son lo primero. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros. Un momento, señor Castaño. Ahora.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Señor Procurador del Común, estimado señor Quintana, nos alegra volver a tenerle en estas Cortes, en su Casa y en la de todos los castellanos y leoneses, especialmente tras este último año lleno de dolor, de pérdida, de tragedia, porque hoy el eco de sus palabras está cargado del sufrimiento que esta pandemia ha generado a centenares de familias de nuestra tierra. A todas ellas, y especialmente a quienes han sufrido y sufren por esta enfermedad, a quienes han perdido a un familiar o a un ser querido, quiero enviar mi más sentido reconocimiento y homenaje, un mensaje que deseo trasladar en este caso a través de la institución a la que usted representa.

Señor Quintana, analizar su labor en este último año merece que, antes de evaluarla de forma detallada, intente condensarla en pocas palabras. Y si existe, a nuestro juicio, una característica que refleja la labor durante este año dos mil veinte, esa es la lealtad. En esta Memoria usted ha dejado patente que servir a los castellanos y leoneses es respetar y cumplir con sus atribuciones, y, al mismo tiempo, colaborar con las Administraciones para superar esta crisis.

La unidad y la responsabilidad son indispensables para gestionar una pandemia, y su institución representa un ejemplo a seguir. Ejercer de contrapoder no implica ser un obstáculo para el funcionamiento de la Administración. Por desgracia, las Comunidades Autónomas afrontamos la salida del estado de alarma con la sensación de asomarnos a un precipicio. Avanzamos con cautela y precaución, esperando que el ritmo de vacunas y la incidencia acumulada tengan una evolución inversamente proporcional.

A este desafío nos presentamos atados de pies y manos; sin herramientas jurídicas suficientes es imposible tomar las decisiones oportunas, y sobre todo tomarlas a tiempo. Castilla y León se encuentra en un delicado equilibrio que amenaza con romperse.

Mire, señor Quintana, coincidirá con nosotros en que la defensa del derecho a la vida debe ser el valor supremo que guíe nuestras decisiones políticas. Señorías, sin este principio, nuestras libertades, individuales o colectivas, quedan en entredicho. Por todo ello, señor Quintana, queremos agradecerle la entrega y el sacrificio con el que ha colocado este derecho elemental en la cúspide de su labor por la defensa de los intereses de todos los ciudadanos.

Porque, mire, la lealtad solo se alcanza... solo alcanza su máximo valor si es acompañado por la transparencia. Un principio que está cambiando la forma de relacionarnos con los ciudadanos. Abrir las puertas de las instituciones a la ciudadanía es dar un sentido total a la vocación de servicio público de nuestro trabajo.

Es por ello, señor Quintana, que vamos a colocar al Procurador del Común en el centro de este principio. Le otorgaremos, le otorgaremos las herramientas y los recursos que sean necesarios para velar por la aplicación de la futura ley de transparencia en nuestro sistema institucional. Y para ello, señor Quintana, es necesario concederle capacidad sancionadora, en aras de garantizar el cumplimiento estricto de la ley. Al mismo tiempo, como presidente de la Comisión de Transparencia, su papel en la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública supondrá un antes y un después en el blindaje de este derecho en Castilla y León. Porque creemos en la institución, nosotros creemos en la institución que usted, señor Quintana, representa. Porque reconocemos su trabajo, pegado a tierra y cercano al ciudadano, y absolutamente necesario por la configuración, por la configuración de nuestra Comunidad Autónoma.

Mire, el año dos mil veinte ha sido un año muy difícil, un año marcado por la incertidumbre, un año desgraciado, un año de debilidades, pero también de fortalezas. Independientemente de lo que escuche hoy aquí, señor Quintana, Castilla y León afrontó los peores momentos siempre unida, como una Comunidad. Un año difícil, que claramente se ve reflejado en su informe, en el que casi un 30 % de las quejas y las actuaciones de oficio son como consecuencia directa de los efectos de la pandemia.

Y, de ellos, debemos destacar los referentes a sanidad, a educación y, ¿cómo no?, a residencias. Nos interesa el número y el cariz de las quejas, la caución de las Consejerías implicadas y la evolución hasta el día de hoy. Es indudable el esfuerzo de nuestro sistema de salud, de sus profesionales sanitarios y de todos los implicados en la lucha contra la pandemia para hacer frente a la enfermedad, que en sus cuatro grandes acosos no ha provocado el colapso del sistema, porque nuestra sanidad es robusta. Hubo que reinventar el sistema en tiempo récord, habilitar protocolos de bioseguridad, equipos COVID en residencias, dobles circuitos para evitar contagios en los centros de salud, aumentar la capacidad hospitalaria en planta y en ucis, planes de contingencia para emergencias, etcétera.

En el momento actual, se constata la normalización de las actividades hospitalarias, con la excepción de las actividades quirúrgicas y bastante... y también la presión en las ucis, la cual parece estancada. Nos preocupa también que, al centrar los esfuerzos en el COVID, se baje la guardia en el tratamiento de otras enfermedades.

Otra cuestión destacada en su informe fue la forma en que se abordó la sanidad en el mundo rural, recibiéndose multitud de quejas relativas a los consultorios locales de varias provincias de nuestra Comunidad. Esto es una preocupación que ha aparecido de forma recurrente en los informes anuales del Procurador del Común. Monitorizar las necesidades de los profesionales para desarrollar su actividad en condiciones seguras, mejorar la conectividad de los consultorios y la receta electrónica, mejorar el transporte sanitario, ayudar a hacer viables las farmacias rurales, son actuaciones absolutamente necesarias, como mejorar, como mejorar la relación médico-paciente, porque la presencialidad en la asistencia sanitaria no debe ser sustituida por la digitalidad o la presencialidad analógica, sino que deben complementarse, siendo una asignatura pendiente de los diferentes sistemas de salud.

La introducción de la inteligencia artificial o el uso del big data son aliados para alcanzar la óptima planificación de los servicios sanitarios y el control de factores de riesgo para detectar, entre otras cosas, futuras pandemias.

Al respecto de las residencias de mayores, estas se convirtieron en el epicentro de la pandemia, con importantes cifras de contagiados y de fallecidos. Ante una situación sin precedente, que requería de actuaciones rápidas y certeras, las Consejerías de Familia y Sanidad implementaron medidas urgentes, intensificando las labores de control, inspeccionando los centros residenciales con el fin de actual con el máximo rigor, velando por la salud de residentes y trabajadores, mejorando la comunicación y la información a las familias de los usuarios residentes, elaborando planes de contingencia y detección sociosanitaria. No se ha escatimado en esfuerzos, ni organizativos ni presupuestarios. Lo importante era salvar vidas y minimizar al máximo el impacto negativo de la pandemia.

La incertidumbre en cómo se iba a desarrollar lo que resultaba... lo que restaba, perdón, del curso escolar del dos mil veinte también se refleja, señor Quintana, en su Informe; en especial, los inconvenientes que los alumnos de zonas rurales o pequeñas localidades tienen al no disponer de acceso a un internet o una banda ancha adecuada.

Las primeras semanas fueron complejas, tanto para el profesorado como para el alumnado, pues se encontraban ante una situación desconocida, donde entraban en juego múltiples variables a considerar, como la adaptación a las nuevas tecnologías, las nuevas vías de comunicación entre el profesorado y los centros educativos, por poner un... un par de ejemplos.

Se aumentó el profesorado para hacer frente a las necesidades requeridas para la actividad docente. Se implantó la jornada continua con carácter generalizado para minimizar riesgos de contagio de la COVID-19. Se aprobó el protocolo de prevención y organización de regreso a la actividad lectiva en los centros de Castilla y León para el curso dos mil veinte-dos mil veintiuno. Y, en general, se diseñaron medidas para garantizar el derecho a la educación de los alumnos y los protocolos necesarios para hacer de los centros educativos entornos seguros, como así se ha demostrado, medidas vitales para asegurar la educación presencial, algo que en países vecinos, como en Francia y Portugal, no se ha logrado.

La limitación de los derechos fundamentales, las exigentes medidas de prevención, el cierre intermitente de negocios y de hasta sectores enteros, así como su apertura, en muchas ocasiones parcial, para evitar la transmisión del virus, ha afectado seriamente a la situación económica, psicológica y social de una gran parte de la población, sobre todo los dedicados a la hostelería, gimnasios, turismo, restauración y sector de la cultura.

Al respecto, y con el ánimo de coordinar la sanidad con la economía, se flexibilizaron las restricciones, pero siempre vinculándolo y sometiéndonos a los principales indicadores sanitarios, al rigor científico.

Igualmente, se puso en marcha un abanico de ayudas públicas para aliviar y compensar las pérdidas económicas, aunque reconocemos que nunca... que nunca serán suficientes. Lamentablemente, y ante una situación de emergencia en el que muchos ciudadanos han perdido sus trabajos, es inevitable el aumento de personas en situación de vulnerabilidad -situación reflejada en su Informe-, siendo necesarias políticas públicas de apoyo urgente para su protección adicionales a las actuales, recomendación aceptada parcialmente por la Administración autonómica.

Recogida y manejo de residuos urbanos, ubicación y seguridad de los mercadillos tradicionales, al suspenderse en todo el territorio nacional actividades al aire libre que pudieran aglutinar un gran número de personas, la vigilancia y la garantía sanitaria correspondiente en el servicio de agua potable, la cancelación de los festejos tradicionales son quejas destacadas también en su Informe, que la Administración local y también la autonómica han aceptado en gran medida y han resuelto.

Voy concluyendo. Señor Quintana López, la pandemia claramente es un fenómeno disruptivo, que nos afecta individualmente y como sociedad, que muestra nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. En su Informe se refleja la dureza, sobre todo la de los primeros meses de la pandemia. Más de 11.000 muertos en nuestra Comunidad, millones de muertos a nivel de mundial, invitan, señor Quintana, a la reflexión.

Las frases o los lemas "la nueva normalidad", "que nadie se quede atrás" deben ser tratados y aplicados de forma global por todos los países, los ricos y los menos ricos. Implica no utilizar la geopolítica de las vacunas como una ventaja estratégica, porque, sin duda, esto aumentará la desigualdad entre los países. Implica que el gran esfuerzo por derrotar al virus no se quede a medio camino porque algunos países, poco comprometidos, cierren... cierren acuerdos bilaterales haciendo de la vacunación un juego de suma cero.

Porque, señor Quintana, si el interés sanitario global no está por encima del interés geopolítico, no seremos capaces de erradicar la enfermedad a nivel global, y el año que viene en su Informe no se reflejará la superación de esta extraordinaria prueba.

De nuevo, muchas gracias, señor Quintana, a usted y a todo su equipo. Gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias. Buenos días, presidente, señorías. Procurador del Común, bienvenido a esta que es su casa. Permíteme... permítame que comience mi intervención agradeciéndole, por supuesto, no solo el trabajo que ha realizado usted durante el año dos mil veinte, sino su completa y detallada presentación del Informe. Un agradecimiento que permita extienda también, por supuesto, a todo su equipo por el trabajo realizado en este año dos mil veinte y por el resumen profuso y detallado que hacen ustedes en esas 684 páginas que usted nos ha presentado hoy.

Una gestión, la del Procurador del Común en el año dos mil veinte, marcada, como prácticamente todo durante el año dos mil veinte, por la situación extraordinaria que, desgraciadamente, nos ha tocado a muchos sufrir y a todos vivir. Recuerdo que hace un año en su intervención en este Pleno nos sirvió a todos para retomar la actividad de la Cámara, y recuerdo también cómo terminó su intervención, reivindicando La lucha por el derecho que titulaba la obra del profesor Von Ihering, que en los tiempos que corren, como usted decía, se tiene que traducir necesaria y forzosamente en la defensa diaria de los derechos de los ciudadanos. Eso es, precisamente, lo que titularía el trabajo que usted ha realizado en este año dos mil veinte.

Un trabajo que recoge de forma fidedigna las preocupaciones, las incertidumbres que se han generado en un año tan convulso y tan difícil también para usted, que, como nos ha explicado, se ha visto obligado a adaptar su forma de trabajar para intentar, si cabe, en un momento tan difícil, ser más útil a toda la sociedad castellano y leonesa.

Ha logrado usted, se lo reconocemos, no solo mantener el cumplimiento de lo que han sido sus objetivos, marcados al inicio de su mandato como Procurador del Común, sino incluso superarlos y hacerlo además en una situación, que ha dicho, ciertamente difícil.

Ha logrado usted ser más visible, ser más cercano, ser más accesible, ser más útil también, a los ciudadanos de Castilla y León, en una visibilidad, en un ejercicio, cierto es, más telemático que presencial.

Resulta también destacable señalar cómo este año ha incrementado usted de forma importante su actividad de oficio, pasando de las 34 resoluciones del año dos mil diecinueve a las nada menos que 94 de este año dos mil veinte, orientadas a los dos aspectos a los que usted siempre... los que usted siempre ha tomado como bandera en el ejercicio de su actividad: la atención a los más necesitados y especial relación con el medio rural.

En ese sentido, valoramos también de forma especial que haya tenido usted a bien agrupar toda la actividad relacionada con el COVID en una adenda al informe; por cierto, es el único... la única institución de este tipo que lo ha hecho en toda España, y créame que resulta ciertamente útil.

Entrando ya en el análisis de su informe, un año más, y como no podía ser de otra manera, lamentar que algunos hayan utilizado, como siempre, su intervención y su informe como excusa o como justificación única y exclusivamente orientada a dar continuidad a su discurso radical de trinchera. Una estrategia desgraciada, en la que -y lo hemos visto año tras año- la sola existencia de una queja, por muy insignificante que sea en relación con el volumen de quejas presentadas o en relación con el volumen de la actividad de la Administración, da congruencia a sus argumentos negativistas de la realidad, aunque esta venga refrendada por datos objetivos. Ya lo hemos dicho alguna vez: ¿qué es un informe de la OCDE, del Ministerio de Sanidad, de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, si hay una queja presentada que dice que la sanidad, que la educación, que los servicios sociales que se prestan en la Comunidad tienen alguna carencia?

Y ahora, con ocasión del COVID y de las consiguientes tensiones que se han generado en la prestación ordinaria de servicios públicos, es... era fácil imaginar que, como ha sucedido, algunos vinieran aquí a intentar apoyarse en la existencia de quejas sobre la gestión del COVID en materia sanitaria o en materia residencial para tratar, como siempre, de obtener ventaja política de ellas, haciendo, ¿cómo no?, a la Junta siempre responsable de todo lo malo que le ha sucedido a la sociedad castellana y leonesa, como si la sociedad castellana y leonesa no tuviera la madurez suficiente como para saber, como para extraer sus propias conclusiones de la realidad que percibe.

Lo he dicho cada vez que he intervenido durante la crisis en este Pleno: por mucho que algunos intenten manipular a la opinión pública, los ciudadanos -lo acaban de demostrar con creces también los madrileños- tienen capacidad más que suficiente para discernir lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en relación con la crisis.

Los castellanos y leoneses saben muy bien qué ha hecho cada Administración pública en relación con sus competencias para luchar contra la crisis, saben muy bien quién ha dado la cara, saben muy bien quién se ha escondido, quién ha dicho la verdad, quién ha mentido, quién ha estado a su lado siempre, aunque se haya podido equivocar, y quién ha estado durante todo este tiempo moviéndose única y exclusivamente por tacticismo político, intentando generar inestabilidad de la cual obtener ventaja política.

Y, en esa estrategia, pues nada mejor que un informe que revela un incremento en el número de quejas presentadas respecto del año pasado -por cierto, no así respecto del año dos mil dieciocho, cuando se presentaron bastantes más quejas que las que se han presentado en este año dos mil veinte-.

Como sucede año tras año, el incremento o decremento del total de quejas está íntimamente vinculado a la presentación organizada de quejas individuales de idéntico contenido, quejas que se acumulan después en su tramitación.

Este año, por ejemplo, hemos visto cómo en relación con el centro de salud de Roa de Duero se han presentado 1.411 quejas, idénticas todas -por cierto, la mayoría de fuera de la provincia de Burgos-, y cómo otras 1.061 se han presentado sobre el procedimiento establecido para la modificación de la jornada escolar continua, que, hemos visto después, se ajustaba completamente a derecho.

En total, el número de quejas presentadas asciende a 6.248, de las cuales casi 5.000 se refieren a la Administración autonómica y otras 1.000 a Administraciones locales. De esas casi 6.250 quejas, 4.500 se acumulan a otros expedientes, dando lugar posteriormente a poco más de 1.000 expedientes de queja. Así, por los motivos que acabamos de explicar, las dos Consejerías que más quejas presentan son Sanidad y Educación, un dato que, ya hemos visto, ha llevado a algunos a afirmar con rotundidad que son la máxima expresión de lo mal que se han gestionado los servicios educativos y sanitarios durante la crisis.

La verdad es que el argumento no puede ser más infantil, y, como ya hemos visto y hemos comprobado, responde a otros... realidades. Además, si lo utilizamos como válido, ¿qué podríamos decir del hecho de que en Ávila se hayan presentado 10 quejas en materia sanitaria, 8 en Palencia, 20 en Salamanca, 6 en Soria? ¿Aquí la sanidad ha funcionado perfectamente? O en materia educativa se han presentado 9 quejas en Ávila, 19 en Salamanca, 26 en Segovia, 13 en Zamora. Aquí el servicio educativo ha sido impecable; sin embargo, en otras provincias debe haber sido absolutamente horroroso.

Por ello, este Grupo Popular, que en eso también le gusta ser riguroso, analizamos o utilizamos, año tras año, el mismo razonamiento respecto de las quejas que se presentan: su número -con independencia de que un año pueda subir, de que otro puedan bajar, por circunstancias extraordinarias, o simplemente porque cada vez, y eso es bueno, la figura del Procurador es más conocida- no es lo importante; lo importante son las materias sobre las que se centran y su utilidad para detectar la existencia de errores y deficiencias en la prestación de los servicios. Porque la prestación de los servicios genera siempre ineficiencias, y por eso siempre van a haber quejas. Nunca -es imposible- un servicio público puede prestarse de forma íntegramente satisfactoria.

El informe del Procurador del Común -a nosotros, al menos- nos sirve para... como herramienta para detectar esas ineficiencias y corregirlas, en la medida de lo posible, para, en consecuencia, seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Esa y no otra es la utilidad que para nosotros tiene la institución del Procurador del Común.

Pues bien, ya hemos dicho que, descontadas las quejas acumuladas a otros expedientes más las rechazadas, las cerradas sin tramitación y las remitidas a otros organismos, se han admitido a trámite en dos mil veinte 1.042 quejas, un número similar al de años precedentes, excepción hecha del año dos mil diecinueve, cuando su número bajó sensiblemente (en el año dos mil dieciocho fueron 1.058; en el año dos mil diecisiete, 1.104; en el año dos mil dieciséis, 1.024).

Y, en consonancia con lo anterior, se han dictado 1.088 resoluciones: de ellas, 407 estaban dirigidas a la Junta de Castilla y León; y de estas, 266 formulaban recomendaciones a la Junta, siendo aceptadas, total o parcialmente, un 85 %, porcentaje, por cierto, idéntico al del año anterior. La Junta de Castilla y León no aceptó única y exclusivamente 34 recomendaciones que le realizó el Procurador del Común. Creo que nos movemos en unos números que dicen bastante de la atención y respeto que la Junta de Castilla y León tiene de las recomendaciones que recibe del Procurador del Común.

Permítame que, a continuación y de forma rápida, entre en el análisis cualitativo, siquiera somero, de su informe correspondiente al año pasado. Que la Comunidad Autónoma tiene unos servicios públicos de máxima calidad es algo que se han encargado de reconocernos un buen número de organismos nacionales e internacionales. El alto nivel de nuestros servicios públicos nos ha servido para contrarrestar, sin duda mejor que otros, el impacto de la crisis sobre los mismos, aunque es evidente que, tal y como usted recoge en su informe, se han generado tensiones, en ocasiones tensiones muy importantes. Las hemos visto en el ámbito sanitario, en especial con los consultorios médicos, la atención en el medio rural, aunque el dato que hoy hemos dicho puede ser... resultar importante, debe ser mediatizado por esa queja masiva presentada en el centro de salud de Roa, que, por cierto, todavía no ha... no ha dado lugar a... a resolución alguna.

En primer lugar, y al tiempo que lógicamente lamentamos todas y cada una de las quejas presentadas, creo que es importante ponerlas en relación con la actividad que se realiza por parte del Servicio de Salud de Castilla y León. Cabría recordar, y creo que es bueno saber, que durante la primera ola, en un solo día, ha habido 2.350 pacientes ingresados en nuestros hospitales, 2.100 en la tercera ola; que en un solo día se ha atendido a 350 pacientes en UCI en la primera ola, 325 en la tercera. Ha habido tensión hospitalaria, mucha. Pero, ojo, nunca ha habido colapso hospitalario en nuestra Comunidad Autónoma, que sí, por cierto, ha existido en otras.

En general, el Servicio de Salud atendió en el año dos mil veinte casi 25 millones de consultas en Atención Primaria; 4,5 millones de consultas Hospitalarias; 1.600.000 estancias hospitalarias; 300.000 intervenciones quirúrgicas; 1.000.000 de urgencias en nuestros hospitales. Estamos hablando de más de 30 millones de actos sanitarios de los que todos y cada uno de ellos, potencialmente, podrían haber generado quejas, y que, cuando se valoran en su conjunto, se permite valorar su eficacia.

Somos conscientes, lógicamente, de que la sanidad tiene problemas y que quizás la parte más sensible del Servicio de Salud de Castilla y León sea la Atención Primaria. Según el informe para... de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, esta Comunidad es la que presenta un mayor número de médicos y de enfermeras de Atención Primaria en relación con la población, a la vez que somos también la Comunidad que cuenta con una red de Atención Primaria más extensa de todo el territorio nacional. Algo, sin duda, que es una fortaleza, pero que también, en situación de falta de especialistas, se convierte en una debilidad.

También se han presentado quejas en relación con la falta de presencialidad de las consultas en Atención Primaria que ya hemos dicho. La situación de mejora que vivimos hoy en la situación de COVID, con la práctica totalidad de personal sanitario y un elevado porcentaje de la población mayor de 85 años con al menos una dosis ya vacunada, permite plantear, lógicamente, la presencialidad de nuestros centros de salud y consultorios locales con mayores cotas de seguridad que lo que ha ocurrido en meses anteriores, lo cual -se ha anunciado- va a hacer efectivo próximamente.

En el área de Familia, se han presentado 468 quejas, menos que en el año dos mil diecinueve, aunque ha dado lugar a más expedientes de quejas. Se han presentado 39 quejas en relación con las residencias de mayores, lo digo para dimensionar las palabras a algunos al respecto.

Nuestro sistema residencial al inicio de la pandemia se vio sometido a una situación extrema y excepcional, en la misma medida que el conjunto de la sociedad y con el mismo desconocimiento y preparación que el conjunto de la Comunidad. Castilla y León se hallaba posicionada entre las que tenían sin duda mayor riesgo por factores incontrolables, dentro de un país que lideró, y sigue liderando, muchas de las peores estadísticas de la pandemia por razones que aún hoy no conocemos con exactitud y que algunos se niegan a intentar conocer.

El sistema de protección residencial, en su conjunto, y el de la atención sanitaria pública al mismo dio la mejor respuesta que pudo para hacer frente al inmenso desafío que supuso inicialmente el virus. Los esfuerzos realizados por muchos trabajadores, directores, funcionarios y entidades en las peores condiciones posibles han sido encomiables y no suficientemente reconocidos, y, con demasiada frecuencia, desgraciada e injustamente maltratados. No obstante, una primera prueba de la fortaleza de nuestro sistema de atención residencial es que, una vez que este ha empezado a disponer de los medios necesarios, los resultados obtenidos a partir de la segunda ola han sido, sin duda, mucho mejores.

Según los datos publicados por el IMSERSO, Castilla y León fue la sexta Comunidad en cuanto a mortalidad en residencias de mayores, y ello que Castilla y León tiene la mayor tasa de plazas residenciales de España con respecto a la población mayor de 65 años. Es, por tanto, potencialmente, la que mayor riesgo relativo tenía al impacto del COVID. Como es bien sabido, los contagios ya se estaban dando de manera importante de los... desde los primeros días del mes de marzo y existía transmisión comunitaria en Castilla y León diez días antes de que se acordara el cierre de los centros, que no acordó la Junta de Castilla y León, como ustedes bien conocen.

Según estudio del Complejo Asistencial de Palencia, el 80 % de los ingresos de la primera ola se habría evitado adelantando una semana el estado de alarma y... y, por tanto, también se habría evitado el 79 % de las defunciones por coronavirus, algo que quienes se empeñan en investigar las residencias en Castilla y León se niegan siquiera a plantearse en otros ámbitos, y que nosotros, por supuesto, analizaremos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Señor De la Hoz, tiene que ir terminando.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... también en esta Comunidad.

(Concluyo, presidente). Me gustaría también, aunque, por falta de tiempo, no podré hacerlo, hacer referencia a... al ámbito educativo, pero concluyo. Concluyo afirmando que este análisis que acabo de realizar, necesariamente poco profundo, del informe que usted nos ha presentado, nos reflejan que, año tras año, con independencia de que puedan subir un año y bajar al siguiente los... las quejas, reflejan la realidad de una Comunidad Autónoma que, sinceramente, creo que puede sentirse moderadamente orgullosa de dos cosas: una, primero, de la calidad de sus servicios públicos después de treinta y ocho años de existencia; y también de la forma en la que se ha afrontado esta crisis sanitaria.

Le reitero el agradecimiento de mi grupo al trabajo que ha realizado al frente de la Institución. Gracias, sobre todo, por hacer a la Procuraduría del Común más visible; gracias por convertirla en una herramienta ágil, accesible y, sobre todo, útil, necesariamente útil para los castellanos y leoneses. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para finalizar la fijación de posiciones, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores. Señor Quintana, Procurador del Común, es un verdadero placer y un honor recibirle de nuevo en esta Cámara, en las Cortes de Castilla y León, para presentar el informe anual de sus actividades durante el año dos mil veinte.

Y quiero comenzar, obviamente, sumándome al reconocimiento, al agradecimiento de la extraordinaria labor y... la de usted y la de todo el personal a su cargo que presta servicio en la Institución. Porque el año dos mil veinte ha sido, probablemente, uno de los más difíciles de nuestras vidas, para todos. Lo más dramático, sin duda, ha sido el dolor, el sufrimiento provocado por una pandemia que se ha llevado por delante la salud y las vidas de miles de castellanos y leoneses. Y hoy también, de nuevo, quiero trasladar todo nuestro recuerdo y toda nuestra solidaridad.

Pero, sin duda, la pandemia tampoco se lo ha puesto nada fácil a las instituciones y a su funcionamiento ordinario. A usted y a todo el personal de la Procuraduría tampoco. En primer lugar, porque para el desempeño de su labor es imprescindible el contacto con los ciudadanos y con otras Administraciones, y las restricciones a la movilidad, los confinamientos, los enormes riesgos que hemos afrontado todos y todas, fruto de la emergencia sanitaria, han puesto a prueba a una institución que, como hemos hablado usted y yo personalmente en tantas ocasiones, ha tenido que hacer un enorme esfuerzo personal y colectivo para adaptarse y para modernizarse, a una velocidad de vértigo, a esta nueva situación y para responder a las demandas de esta tierra y seguir siendo útiles.

Pero es que, además, las quejas, las súplicas, las exigencias que llegan al Procurador del Común son el reflejo de los anhelos de los ciudadanos ante las Administraciones, hacia lo público, aquello que nos protege y que nos iguala a todos y a todas ante las dificultades. Y ante la mayor dificultad que hemos afrontado en las últimas décadas, el Procurador del Común ha recibido miles de quejas, que, mucho más allá de los números, representan el sufrimiento y el dolor de toda una sociedad. Y ante ello, como siempre, el Procurador del Común ha respondido de la única manera que se puede y se debe: con sensibilidad y con empatía. Así que muchas gracias, señor Procurador del Común. [Aplausos].

Por eso, seguramente los ciudadanos siguen dirigiéndose a esta institución, a la que tantas veces he llamado la conciencia de la Comunidad. Y es una conciencia que en el fatídico año dos mil veinte está resonando como un aldabonazo, ante la evidencia de que, en muchos casos, no se ha estado a la altura a la hora de proteger a los que más queríamos.

En todo caso, los números que hay detrás de cada caso y circunstancia personal -que no al revés- son un indicador también del volumen de un trabajo cada vez mayor, cada vez más intenso, que realizan. Y permítanme que hoy, obviamente, por respeto institucional, me dedique a hablar del informe, a pesar de incluso haber escuchado aquí que su informe y sus quejas... hemos debido leer los portavoces documentos diferentes y escuchado intervenciones diferentes, incluso hemos escuchado que su informe y sus quejas no valen de nada porque en Madrid ganó las elecciones Ayuso, algo absolutamente incomprensible. Por respeto institucional, me dedicaré a su informe. [Aplausos].

Porque, como usted bien ha relatado, ha habido un incremento de quejas muy significativo durante el año anterior, además de las actuaciones de oficio que usted ha realizado. Y, sinceramente, creo que es un síntoma que se hayan incrementado de forma muy muy importante, de las 3.091 hasta las casi 5.000, las quejas concernientes a la Administración autonómica. Esto es un síntoma de que cuanto más necesitábamos que la Administración autonómica funcionase, cuanto más nos jugábamos, más se le han visto las costuras a la Junta de Castilla y León.

Este año, usted ha relatado de forma especial, como hace su informe, todas las quejas y actuaciones relacionadas de forma específica sobre la pandemia. Pero lo que ha relatado sobre las residencias o el sistema sanitario público es simplemente demoledor. No es nada nuevo, no es nada que haya dicho aquí en numerosas ocasiones, que hayamos dicho casi todos, pero su informe no deja de darle un marchamo de autoridad, y espero que llame a una reflexión honda sobre lo que pasó y nunca debe volver a pasar.

Pero es que, además, aunque usted haga un análisis por separado -digamos- de las quejas ordinarias y las relacionadas con la pandemia, en realidad tiene mucho que ver. No hay más que repasar los informes del Procurador del Común durante los últimos años para darse cuenta de que una parte del sufrimiento que hemos soportado tiene que ver con las debilidades de nuestros servicios públicos, fruto de muchos años de recortes. Debilidades que ya conocíamos y que habíamos denunciado mucho antes de que la pandemia estuviera siquiera en nuestras pesadillas.

Y comenzaré con las residencias para personas mayores. En primer lugar, se refiere a una actuación referida a la publicidad de las listas de espera en residencias para personas mayores, que es, en sus propias palabras, "insuficiente para dar respuesta a la actual demanda social de una gestión transparente". Al mismo tiempo que sugirió a la Consejería de Familia sobre la necesidad de homologar la gestión de las listas de espera en todas las provincias para evitar disfunciones. En resumen: falta de transparencia y criterios dispares en toda la Comunidad.

Pero, obviamente, una de las partes más estremecedoras de su informe y de su intervención hoy, señor Quintana, es el relato sobre lo que ha sucedido en las residencias de mayores. Y, sinceramente, reitero hoy aquí de nuevo lo que es un clamor social: lo que pasó no puede volver a pasar nunca. [Aplausos]. Pero para lograrlo, para que nuestros mayores no vuelvan a quedar abandonados a su suerte tenemos que hacer un análisis crítico de lo que sucedió, y corregirlo; de lo que falló, y corregirlo. Las familias merecen saber la verdad, claro, y nuestros mayores merecen saber que al menos hemos aprendido la lección.

Fíjense que lo primero que señala es que, con independencia de las medidas adoptadas y su eficacia, había una necesidad de aumentar las inspecciones. Parece obvio, ¿verdad? De nada sirve implantar medidas si no se vigila su cumplimiento con el máximo rigor; pues lo vio todo el mundo menos la Consejería de Familia. Se trataba, desde el principio, de proteger de la mejor manera posible a los residentes y a los trabajadores, también, de estos centros.

¿Hasta qué punto hemos llegado en esta Comunidad para que el Procurador tenga que advertir de que se trataba de diseñar nuevos protocolos de actuación para hacer frente a la pandemia sin que -cito literalmente- "en ningún caso, por razones económicas o presupuestarias, se... puedan ser pretexto ni condicionar, en modo alguno, la aplicación de los protocolos existentes, y menos aún para privar a los... a los ancianos, por su edad avanzada, de la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad para el resto de la población". Llegamos a que se tenga que advertir de que no se pueden escatimar recursos ni medios a la hora de aplicar todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestros mayores en los centros residenciales. Todo ello para finalizar con una recomendación que comparto sobre la necesidad de abordar la reforma en profundidad del sistema de cuidados en nuestra Comunidad.

Recordaré en este punto, para que no se olvide, que el último texto normativo de la Administración autonómica antes de la pandemia era para disminuir el personal sanitario en las residencias. Recordaré que la necesidad de cambiar el modelo residencial era una demanda insistente por parte de mi grupo durante los últimos años. Todas las exigencias de refuerzo y reformas eran enfrentadas -hoy de nuevo- a esos supuestos dieces que recibía como nota nuestra Comunidad, dieces que son hoy un triste consuelo para nuestros mayores, un triste consuelo. [Aplausos].

Usted relata numerosas quejas de los ciudadanos sobre la situación crítica y angustiosa de no pocas personas mayores institucionalizadas y con el temor por su salud física y psíquica; sobre la necesidad de mejorar la comunicación con las familias para que tuvieran al menos algo de información sobre los residentes; y lo peor, lo más dramático, es escucharle decir que se limitaron las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales a los hospitales y que tuvo que defender -y cito de nuevo de forma literal- "el derecho de las personas que enferman en un centro residencial a la atención sanitaria pública en condiciones de igualdad, no siendo admisible su privación por razón de su edad avanzada, debiendo ser los residentes trasladados, en todo caso, a los recursos hospitalarios si sus condiciones de salud así lo demandasen". En fin.

No repetiré los datos de contagios y de fallecimientos, que son suficientemente esclarecedores. Si ser la tercera Comunidad Autónoma del país con más fallecidos no remueve algunas conciencias, yo ya no sé qué lo hará. [Aplausos].

El Informe del Procurador del Común y su intervención de hoy alerta de la falta de planes de contingencia al inicio de la crisis, que tuvo efectos devastadores, tanto en contagios como en fallecimientos; alerta también sobre un déficit de asistencia médica; sobre la indefinición del papel de la Atención Primaria; la ausencia de soluciones para gestionar los casos necesitados de cuidados médicos, cuidados paliativos y al final de la vida; la frialdad en los aspectos humanos del confinamiento; las dificultades en el suministro de materiales de protección; las carencias en la formación específica del personal; la falta de medidas para cubrir las bajas de personal; y la falta de estrategias para la prevención del contagio.

Usted mismo relata como la organización Médicos Sin Fronteras comprobó directamente que a muchas personas se les negó la asistencia de urgencia y los ingresos hospitalarios. La falta de atención -en sus propias palabras- "impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los usuarios y probablemente fue causa de fallecimientos". Demoledor. Demoledor. [Aplausos].

Casi tan demoledor como las risas que llevo escuchando toda la intervención cada vez que se habla de lo que pasó en las residencias de nuestra Comunidad y que está indignándome profundamente, señores del Partido Popular. [Aplausos]. Es que no... es que no lo puedo entender.

Nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas murieron -dice su Informe- "sin un diagnóstico clínico individualizado", negándoles en ocasiones la derivación alegando colapso hospitalario -que no existió, por lo visto-. No se garantizó "ni el consentimiento informado del paciente sobre las prácticas que debían realizársele, ni el respeto a su autonomía y dignidad, ni sus últimas voluntades, ni la despedida de sus familias". Estoy citando el Informe, no son palabras mías. "Hubo -como sabíamos- fallecimientos en soledad, incluso deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos".

En todo caso, no se trataba solo de denunciar, usted también, como hicimos todos, hicimos propuestas, y me sumo, en todo caso, a la necesidad de transformar cuanto antes el sistema de atención residencial de Castilla y León con un modelo participado, consensuado y con un mayor peso de lo público. Este es el ánimo constructivo con el que nos gustaría afrontar el futuro. [Aplausos].

Obviamente... obviamente, otra de las grandes áreas de las que se ocupa el Informe es la sanidad, aunque buena parte de las quejas proviene de la situación de... de pandemia, las causas tampoco son nuevas. Recuerdo hoy aquí, por ejemplo, que en el año dos mil diecisiete el Procurador ya advertía que se había obligado a recordar a la Consejería, nada más y nada menos, que debe garantizar en términos de igualdad la asistencia sanitaria de todos los castellanos y leoneses vivan donde vivan. De aquellos polvos, una vez más, estos lodos.

Hoy el Procurador vuelve a hablar de los problemas endémicos, de un déficit estructural de la asistencia sanitaria en la llamada España vaciada: falta de profesionales, falta de conexión a internet en los consultorios, problemas de acceso por la configuración del territorio y las características de la población, quejas sobre la situación de la sanidad y también sobre la forma de abordarla en el futuro.

Hoy se vuelve a poner de manifiesto que los consultorios locales no se han reabierto conforme avanzaba la desescalada, evitando el contacto personal con el paciente y -en palabras literales de nuevo- "dando lugar en algún caso a errores de diagnóstico, ante la imposibilidad de los facultativos de apreciar correctamente la situación de los pacientes y provocando la desconfianza de los usuarios". La telemedicina tampoco fue la panacea, dado que las líneas telefónicas estaban colapsadas y que muchos pacientes no podían contactar con los sanitarios. Falta de información acerca de las fechas y horas en las que tendrían lugar las consultas y las circunstancias de las mismas. Y esto vulneraba gravemente los derechos de quienes carecen medios de desplazamiento o que, por su avanzada edad, no pueden utilizarles.

Algunos ejemplos de las quejas de los ciudadanos -dice el Procurador- ponen de manifiesto un sustrato común en la situación de nuestra sanidad. Por ejemplo, en Tábara y Quiruelas de Vidriales, en Sayago, en el Tozo, en Castropodame, en Turcia, problemas para la dispensación del Sintrom; tenemos quejas sobre la falta de asistencia, pese a la existencia de citas, en Villamartín de Villadiego; hemos visto quejas en Quintanadueñas, Quintanar de la Sierra, Benamariel, Trabadelo o Barcones. La falta de profesionales denunciada por los ciudadanos y atendida por el Procurador del Común llega, por ejemplo, a la falta de pediatra también en el centro de salud de Guardo o de urólogo en el centro de especialidades de Benavente. Si hablamos de falta de recursos sanitarios, podemos citar la necesaria instalación de un PET en el Hospital Universitario de Burgos o de un electrocardiógrafo portátil en la zona básica de salud de la Robleda en Salamanca. Numerosas quejas procedentes del medio rural, pero no solo, también hablamos del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, del centro de salud del Crucero de León y de otros en Burgos y Valladolid.

Todo ello, todo ello, pone de manifiesto que la atención presencial se ha eliminado en la práctica durante meses en Castilla y León, que la Junta acudió a una atención telefónica, además deficiente, sobre todo en el medio rural, y todo ello a pesar de que ya en junio de dos mil veinte se comprometió a reabrir los consultorios médicos rurales y a recuperar una atención presencial, que hoy por hoy sigue siendo un sueño para los pacientes de nuestra tierra. [Aplausos].

Por no hablar de la situación de las listas de espera sanitarias, que empeorarán seguro con mucho, después de este año de pandemia. Especialmente, las quejas en el Virgen de la Concha o en la sanidad berciana, especial y reiteradamente castigada, no solo en lo que se refiere a las listas de espera. Pero usted, casi todos en esta Comunidad Autónoma, como Casandra, hace predicciones que siempre se cumplen, pero que nunca son creídas ni atendidas por la Junta de Castilla y León, que son ignoradas.

No dispongo el tiempo para analizar lo prolijo de su intervención y de su Informe. No quiero olvidar de las más de 1.800 quejas que ha tramitado en relación con la educación, en temas tan sensibles como poco atendidos, como la jornada continua o la reducción de la brecha digital. Tampoco las más de 100 quejas de las... por la disconformidad con las condiciones laborales del personal del operativo de prevención y extinción de incendios. O las relacionadas con el deficiente estado de conservación de algunas carreteras, ya sean de la red autonómica, provincial o local. También tiene importancia, no cabe duda, la advertencia que hoy ha reiterado aquí sobre la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda en Castilla y León con un parque de viviendas de alquiler social bien coordinado por todas las Administraciones. Empleo, industria, hostelería, agricultura, cultura, turismo, medio ambiente.

En definitiva, un año más su Informe es un buen reflejo de la vida en Castilla y León. En un año dramático -y ya termino, señor presidente-, es el espejo donde se ven reflejados los problemas y los anhelos de los ciudadanos; es ahí donde los poderes públicos, donde los representantes de los ciudadanos, deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos y recursos.

Termino como empecé: gracias, señor Quintana, por su dedicación y por su trabajo. Le ruego traslade este agradecimiento y reconocimiento, en nombre de todo el Grupo Socialista, a todos los trabajadores y trabajadoras de su Institución, por su empatía y por el compromiso en la atención a todos los castellanos y los leoneses; creo que pueden estar, honestamente, satisfechos. Y por nuestra parte, el compromiso de estar siempre a su disposición y de la Institución que usted representa para defender la voz de los ciudadanos de esta tierra. Muchísimas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Gracias. Para un... para un turno de contestación, tiene la palabra el Procurador del Común de Castilla y León, el señor Quintana López.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias. De distinta forma y con distintos términos, con diferentes palabras, quiero -y creo que no me confundo en ello- reconocer en sus intervenciones, las intervenciones de los diferentes intervinientes, los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, un reconocimiento hacia el trabajo realizado por la Institución, que yo represento, pero que está integrada, como se ha dicho -y he dicho yo mismo muchas veces-, por un conjunto de trabajadores, de empleados públicos, que tienen una especial dedicación y un especial compromiso no solamente con la Institución, sino también, y sobre todo, con la sociedad, con los ciudadanos de Castilla y León.

Por tanto, quiero advertir, en ese reconocimiento hacia el trabajo que realizamos, una renovación por mi parte y por parte de la Institución que represento del compromiso con los ciudadanos de Castilla y León en que seguiremos trabajando. Y, precisamente, ese reconocimiento que he escuchado en las palabras de la mayor parte de quienes han intervenido nos va a servir de estímulo para seguir trabajando en el futuro; porque esa es nuestra obligación, no es porque eso sea, bueno, pues debido a que tenemos... bueno, pues forma parte de nuestro trabajo: es nuestra obligación; y, si cabe, más allá... va más allá del compromiso que tenemos como trabajadores públicos, como empleados públicos, porque tenemos necesariamente una especial, o debemos tener, una especial sensibilidad con los problemas que acucian a los ciudadanos de la Comunidad, a nuestros conciudadanos de Castilla y León, para mejorar su forma de vida, que es para lo que estamos.

Yo siempre he querido dejar claro, y lo he hecho de puertas adentro ante el personal de la Institución, y también de puertas afuera, cuando he tenido oportunidad para ello, que nuestra única razón de ser es trabajar por los ciudadanos de la Comunidad, no es otra. De manera que, en la medida en que cumplamos ese... esa obligación, pues se justifica nuestra existencia. Y bien sabemos que consumimos recursos públicos, soy el primero en reconocerlo -y no voy a decir que lamentarlo, porque, evidentemente, sin recursos no se puede trabajar-, pero soy el primero en reconocer que sustraemos recursos públicos de otras necesidades, muchas necesidades, que también tiene la sociedad de Castilla y León. Se ha dicho aquí, y, por tanto, me hago eco de ello, pero no porque no lo reconozca, sino porque soy consciente de ello y en ello coincido en que esa es una realidad.

Pero también es una realidad que tengo la firme convicción de que tenemos que devolver a la sociedad, como en la cita bíblica, uno por cien de lo recibimos. Y yo mismo tengo ese compromiso, asumido desde el primer día en que tomé posesión del cargo. Y, en la medida en que, si en algún momento llego a percibir que no somos útiles para la sociedad, debo decirlo, y lo digo aquí, en este... con toda la solemnidad que exige estar ante los ciudadanos representantes... ante los representantes de los ciudadanos de Castilla y León, no tardaría ni un minuto en dejar la Institución, si yo viera que mi presencia era superflua y que no iba a... a repercutir de forma positiva en los ciudadanos de Castilla y León, de una forma positiva y de una forma perfectamente tangible.

De manera que, en unos casos, a nuestras resoluciones... nuestras resoluciones tienen repercusión en la medida en que, efectivamente, se traducen en aquello que se reivindica a través de las quejas que se nos presentan o bien de las actuaciones de oficio que promovemos, y eso no llena de satisfacción. Como nos... nos llena también de satisfacción cuando recibimos innumerables cartas, muchas cartas de... o comunicaciones de los ciudadanos que nos agradecen nuestra intervención. Pues nos... nos llena de satisfacción, ciertamente. Y eso es lo que también nos estimula para seguir trabajando.

De manera que pueden estar ustedes tranquilos que, si yo, en un momento determinado, percibiera que la Institución es superflua o que no cumple los objetivos que yo me propongo, desde luego pues dejaría el puesto inmediatamente para que alguien lo ocupara seguramente con mejor fortuna que lo que yo he hecho.

De momento esto no es así, y, por tanto, seguiré al frente de la Institución en la medida que siga teniendo la... la aceptación y también pues el reconocimiento, como aquí se ha dicho, por parte de la mayor parte, si no de todos, los... los participantes en este... en este acto, los intervinientes en este acto, que entiendo son el... el eco de lo que sienten todos y cada uno de los parlamentarios presentes.

También, como en anteriores ocasiones, he escuchado con mucha atención las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, y he podido advertir también en ellas pues, de una forma u otra, aspectos que yo considero que pueden ser objeto de consideración por parte del Procurador del Común para iniciar actuaciones, en el ejercicio, evidentemente, de nuestras funciones, con las limitaciones que tenemos, evidentemente, de todo tipo, y, fundamentalmente, impuestas por la legalidad que... que regula nuestra actividad, poder actuar y tratar de colmar esas necesidades que se han puesto de manifiesto en sus intervenciones.

Me comprometo también este año a repasar sus intervenciones, cuando sean objeto de publicación en el Diario de Sesiones, y con ello también promover las actuaciones de oficio que considere oportunas y que considere que forman parte del ejercicio de mis competencias como mis funciones o mis responsabilidades como Procurador del Común, para tratar con ello de contribuir a ayudar a mejorar el bienestar de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Desde luego, no vean en mis palabras ni un... ni una mota de complacencia en el trabajo que realizamos. En absoluto, no hay complacencia por parte de mi persona y estoy seguro que por parte de ninguna de quienes trabajamos en la Institución. De manera que, simplemente, quiero poner de manifiesto que lo que... a lo que me lleva escuchar sus intervenciones es a seguir trabajando, si cabe, con más ilusión y más ímpetu que lo que hasta ahora vengo... venimos realizando desde el Procurador del Común. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ):

Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Quintana López.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos].