DS(C) nº 280/11 del 4/12/2023

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. ¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Parlamentario Socialista?

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Luis Briones sustituye a Miguel Hernández Alcojor.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias. Entiendo que el Grupo UPL-Soria ¡Ya! no. Grupo Mixto, tampoco. Grupo Vox Castilla y León, tampoco. ¿Grupo Popular?

LA SEÑORA CÓFRECES MARTÍN:

Sí, presidente. Doña Noemí Rojo Sahagún en sustitución de María... María de los Ángeles Prieto Sánchez, Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares en sustitución de Rosa María Esteban Ayuso, Ramiro Felipe Ruiz Medrano en sustitución de David Beltrán Martín y, por último, Juan Jesús Blanco Muñiz en sustitución de José Alberto Castro Cañibano.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias. Como saben, por acuerdo entre los portavoces, el debate se llevará a cabo de manera conjunta de los tres puntos. Cada grupo contará con quince minutos para la intervención y el grupo proponente también con otros quince minutos para el cierre del texto final. Por lo tanto, se procederá, por parte del señor secretario, a dar lectura de los tres puntos del orden del día.

PNL/000098, PNL/000110 y PNL/000113

EL SECRETARIO (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Punto primero: Proposición no de ley 98, presentada por los Procuradores doña Rosa María Rubio Martín, José Francisco Martín Martínez, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo y Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar las modificaciones normativas y actuaciones administrativas necesarias para ampliar la plantilla de trabajadores públicos dedicados a la Inspección Tributaria en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 31, de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

Punto segundo: Proposición no de ley 110, presentada por los Procuradores Rosa Rubio Martín, José Francisco Martín Martínez, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo y Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a que se impulsen las modificaciones necesarias para ampliar la plantilla de trabajadores públicos destinados al control tributario, de forma que en el año veintitrés haya al menos un inspector y dos subinspectores en cada provincia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 31, de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

Punto número tres: Proposición no de ley 113, presentada por los Procuradores Rosa Rubio Martín, José Francisco Martín Martínez, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo y Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a duplicar en la presente legislatura los medios personales y materiales dedicados a la función recaudadora, disminuyendo el importe de los cargos que se remiten para su gestión indirecta por la Agencia Tributaria, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 31, de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor secretario. Recordarles que estas tres proposiciones no de ley se votarán por separado al terminar su debate. Para la presentación de la... de las proposiciones no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de quince minutos, doña Rosa Rubio Martín.

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes a todas y a todos, señorías. Lo primero, agradecer la decisión por parte de todos los portavoces de los grupos parlamentarios de esta Comisión de aunar el debate de las tres proposiciones no de ley que componen el orden del día de hoy, ya que, como comprobarán a lo largo de mi intervención, el argumento es muy similar para las tres proposiciones no de ley.

Este es un debate clásico que traemos a estas Cortes una legislatura tras otra, intentando conseguir únicamente un sistema tributario en Castilla y León al servicio de los ciudadanos, más eficaz y más eficiente de lo que... de lo que queda, del que heredó la Junta de Castilla y León del... del Estado. Hemos discutido muchas veces acerca del mismo y, como siempre, han sido rechazadas todas nuestras propuestas, excepto en el año dos mil dieciséis, en que se acordó por unanimidad el siguiente texto que paso a leerles, además de manera textual: "... un incremento del 30 % de los puestos con competencias en materias de inspección en ese ejercicio, para conseguir al final de la legislatura doblar el número de trabajadores públicos dedicados a estas funciones en el momento actual, garantizando, al menos, un trabajador público con nivel A1 y uno con nivel A2 por provincia".

Evidentemente, el Gobierno de la Junta y el Partido Popular no solo no cumplieron su promesa, como era de esperar, sino que siguieron en su labor de demolición del sistema, de forma que, con los últimos datos de la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda, el personal dedicado a inspección no solo no se incrementó, sino que bajó de 20 a 18 personas entre el dos mil dieciséis y el dos mil veintiuno y de 38 a 25 personas dedicadas a la labor de recaudación.

¿Y por qué sucede esto? Pues porque están empeñados en destruir el sistema que heredaron, porque su objetivo es que en Castilla y León solamente se paguen los impuestos que gestiona el Estado, y cuyo rendimiento, en el caso del IRPF, el IVA e impuestos especiales (en un 50 % los dos primeros impuestos y un 58 % en el último), nos transfiere el Estado directamente a través del tan denostado sistema de financiación. Pero en aquellos tributos en los que además se nos cedió la gestión, la Junta de Castilla y León no hace nada por su recaudación, jugando el rol de poli bueno, frente al Gobierno, al que le asignan el rol de poli malo, pero del que se nutren sin ningún tipo de reparo.

¿Qué sería de nuestra Comunidad, de nuestra tierra, sin los ingresos procedentes de los tributos estatales? Invito a que los portavoces de los Grupos Parlamentarios Vox y Partido Popular, que sostienen al Gobierno, me contesten a esta pregunta: ¿Cómo íbamos a aumentar el presupuesto de la Junta de Castilla y León año tras año si no fuera por las entregas a cuenta que se nos envía año tras año desde el Gobierno de España? Y, de paso, les pregunto también: ¿de dónde creen Vox y Partido Popular que sale el dinero del Gobierno de España? ¿De dónde creen ustedes que proceden esos fondos que llegan a la Junta de Castilla y León? Esperando sus respuestas.

Y, como les decía, señorías, esta forma torticera de gestión de la Junta respecto a los tributos que nos cedió el Estado ha llevado a que haya disminuido en 1.008 millones de euros en dos mil siete a 672 en dos mil veintidós. Hemos perdido la tercera parte de lo recaudado en dos mil siete, ni más ni menos.

A estas escandalosas cifras hay que añadir que Castilla y León es la Comunidad Autónoma que menos impuestos propios ha puesto en marcha: dos; con una ridícula recaudación de 74 millones de euros en dos mil veintidós. Porque es mucho más fácil hacer política victimista pidiendo constantemente financiación al Estado -solo cuando no gobierna el Partido Popular, por supuesto- que gestionar bien los tributos cedidos o implantar tributos propios. ¿Se imagina alguien, a la vista de estos datos y de todos los que voy a decir a lo largo de mi intervención, el caos que sería la cesión a la Junta de Castilla y León del cien por cien de los impuestos de la Comunidad? Tendrían que cerrar a los dos años por quiebra fraudulenta.

Porque, además, su filosofía es que paguen los demás, los demás españoles; y dentro de la Comunidad, los demás, pero nunca ustedes ni sus amigos y familiares, que para eso ya están las amnistías fiscales, tanto directas, como hicieron cuando gobernaban en España, o indirectas, como han hecho con la gestión de los tributos cedidos. Efectivamente, de los 40.000 millones que, a través de su amnistía fiscal, la amnistía inconstitucional de Montoro, estafaron al resto de los españoles. Nunca les oímos ni una queja ni una reclamación por los más de 700 millones de euros que las arcas de la Comunidad dejaron de ingresar de los defraudadores de Castilla y León a través de nuestra participación en el 50 % de ese impuesto de la renta de las personas físicas que ustedes se autoamnistiaron.

¿Cuántas manifestaciones organizaron? ¿Cuántas pulseras y banderas de España se pusieron? ¿O entonces no se dañaba nuestra tierra? ¿No fuimos perjudicados gravemente por la decisión política de amnistiar a delincuentes fiscales? Evidentemente, sí; pero ustedes, españolitos solo a ratos, estuvieron completamente mudos.

Pero fueron a más. Y, no contentos con eso, establecieron, con la complicidad imprescindible de Ciudadanos, su propia amnistía en Castilla y León, eliminando el impuesto de sucesiones para los herederos que reciben individualmente una herencia superior a 400.000 euros. Los que reciben menos no pagaban nada por la reducción estatal -repito, nada, no se pagaba ni un solo euro por la reducción estatal-; y el impuesto de donaciones para poder blanquear dinero oculto a través de donaciones de padres a hijos, o al revés, y entre hermanos. Gracias a esa autoamnistía, en los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, 1.201 herederos que recibieron más de 400.000 euros cada uno se han ahorrado 96,3 millones de euros, que no se pudieron dedicar a educación o a sanidad. 177 heredaron más de 1.000.000 de euros, y no pagaron nada, absolutamente nada. Y gracias a esta autoamnistía, en estos dos años se han hecho más de 34.000 donaciones, que se han ahorrado 237 millones de euros, que no se han podido destinar a servicios públicos, como, por ejemplo, educación y sanidad; 75 de ellas por un valor superior a 1.000.000 de euros.

Para poder afrontar el debate de estas tres iniciativas conjuntamente, hay que tener en cuenta que tanto la inspección tributaria como la recaudación ejecutiva son dos de los últimos eslabones de toda la cadena tributaria, por lo que debemos analizar el resto de la cadena en cada uno de los tributos cuya gestión ha sido cedida a la Comunidad Autónoma.

Así, en relación al impuesto de sucesiones y donaciones, hay que destacar que, en el año dos mil veintidós, de los 646 millones aplicados en beneficios fiscales, 200 se corresponden con la amnistía fiscal de dos mil veintiuno; pero el mayor porcentaje del resto de dichos beneficios se corresponden con la legislación estatal, que permitía que los herederos que recibían menos de 400.000 euros ya no pagaran nada; como les he dicho anteriormente.

En el impuesto sobre patrimonio, cuya gestión corresponde al Estado, estando cedido el cien por cien de su rendimiento a la Comunidad, así como la inspección de las declaraciones presentadas, es de destacar la elusión fiscal permitida y favorecida por la Junta durante todos estos años, que ha implicado, en contra de lo ocurrido en el resto de las Comunidades Autónomas, que el número de declarantes sea en dos mil veintidós prácticamente el mismo que en el año dos mil trece y que la recaudación haya descendido de 44 millones en el dos mil trece a 39 millones en el año dos mil veintidós. En esto tiene, evidentemente, mucho que ver el hecho de que la Junta solamente haya instruido por el impuesto sobre el patrimonio 317 actas de inspección en dos mil veintidós, por el ridículo importe de 6,8 millones, y gestionado solamente 165 expedientes sancionadores, por un importe de 391.000 euros.

Lo mismo se puede decir del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, donde el ingreso importante (más del 80 %) se recibe a través de las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes. Pero donde realmente se ve la actividad de la Junta es en las declaraciones complementarias de aquellas autoliquidaciones, es decir, el ajuste de las mismas a la legalidad, fundamentalmente en lo que se refiere a la valoración de los bienes objetos del impuesto. Pues bien, el número de liquidaciones complementarias ha disminuido de 20.000 en el año dos mil trece a poco más de 17.000 en el año dos mil veintidós; pero es que además su importe ha disminuido de 28 millones en el dos mil trece a 17 millones de euros en el año dos mil veintidós. Pero es que no queda ahí la cosa, es que en el año dos mil veintidós se han devuelto ingresos indebidos por este impuesto por más de 37 millones de euros, es decir, por encima de las liquidaciones complementarias giradas en dicho año. Es decir, recaudo 17 y devuelvo 37. Por cierto, que esta cifra no coincide con la recogida en la... la cifra recogida en la Memoria no coincide con la que figura en la cuenta general de la Comunidad del año dos mil veintidós. Todo muy propio del Partido Popular y la Junta de Castilla y León.

Todo esto tiene su explicación, una... una vez más, en la actividad inspectora, pues, frente a las 302.000 autoliquidaciones entregadas en dos mil veintidós y 16.000 liquidaciones complementarias giradas, se instruyeron 310 actas de inspección, por un montante de 900.000 euros -ridículo, 900.000 euros- ,y se tramitaron 25 expedientes sancionadores, 25 expedientes en todo un año, por importe de 67.000 euros.

Como ustedes sabrán, una de las funciones más importantes atribuidas a los servicios de inspección en Castilla y León es la comprobación de valor de los bienes objeto de los impuestos gestionados por la Junta, además de la actividad inspectora propiamente dicha. Pues bien, es aquí donde nos encontramos el mayor caos en la gestión tributaria de la Junta por la falta absoluta de medios personales y materiales, así como de criterios razonables a la hora de la realización de dichas valoraciones. Así, podemos ver como en el dos mil veintidós, en relación a las valoraciones realizadas por las unidades facultativas de valoración, y en lo que se refiere a bienes urbanos, el incremento de valor atribuido a los bienes fue de un 12 % respecto al declarado por los contribuyentes en Soria y de un 6 % en Ávila; de lo que se podría presumir que en Ávila son bastante santos y en Soria bastante defraudadores. Pero, sin embargo, si hablamos de las valoraciones de fincas rústicas, la santidad hay que buscarla en Burgos, con un incremento del 7 %, y la defraudación en Salamanca, con un incremento nada menos que del 18 %.

Todo lo anterior está basado, evidentemente, en la existencia de un sistema hecho para evadir impuestos y que no pase nada, porque es precisamente en uno de los eslabones finales de la cadena tributaria donde más falla todo el sistema. En efecto, en la actividad inspectora es donde tiene el talón de Aquiles todo el sistema. Y así, frente a las decenas de miles de expedientes que entran cada año por los diferentes impuestos, nos encontramos que la inspección prácticamente no existe. Y así, en dos mil veintidós, solamente se instruyeron 851 actas, por un importe de 11 millones de euros. Diez se habían instruido... 10 millones procedentes de las actas que se habían instruido en el dos mil trece; y casi diez años después solamente se incrementa 1.000.000 el montante. Pero es que además de las cuales 785 fueron de conformidad; esto significa un trabajo mínimo para el inspector o la inspectora, por un importe de 9.000.000, es decir, de 11 liquidados, 9 fueron de conformidad.

Por impuestos, el número de actas instruidas es absolutamente ridículo respecto a los expedientes entrados y despachados, como ya hemos adelantado impuesto por impuesto; pero es de destacar que desde dos mil trece y hasta la actualidad solamente se hayan instruido tres actas de la tasa sobre el juego. Y, curiosamente, las tres en dos mil quince, y por un importe de 72.000 euros.

El colmo de la desidia es el análisis del número de actas de inspección instruidas por provincia. Y así, en dos mil veintidós, frente a las 360 instruidas en Burgos, en León solamente se instruyeron 87 y en Valladolid 80, frente a las 70 de Zamora, por ejemplo. Y comparen ustedes el volumen de operaciones de Valladolid con Zamora.

En el año dos mil veintidós se puso a disposición de los órganos de inspección la posibilidad de realizar comprobaciones limitadas, que implican un importante ahorro en tiempo y actuaciones en virtud del Artículo 141 de la Ley General Tributaria. Pues bien, solamente se hicieron 23 comprobaciones limitadas, por un importe de 10.000 euros, sin que se hiciera ninguna ni en Burgos, ni en León, ni en Salamanca, ni en Segovia, ni en Soria, y haciéndose la mitad en Valladolid.

Bien, llegando al último eslabón, que es el de la recaudación ejecutiva, hay que decir que la misma se realiza por la Junta, tanto de forma directa como de forma indirecta, a través de un convenio del dos mil seis con la Agencia Tributaria. En relación a la recaudación ejecutiva indirecta, hay que decir que los ingresos disminuyeron de 17 millones recaudados en dos mil trece a menos de 13 millones en el año dos mil veintidós, y que por estos últimos la Junta tuvo que pagar 1.000.000 de euros, es decir, el 6 %.

Si la recaudación ejecutiva indirecta es un auténtico fracaso, buscado y consentido, la que realiza directamente la Junta con su personal supera todos los niveles de desidia, desinterés e incitación a la defraudación fiscal, pues, de los escasísimos 9.000.000 que se recaudaron en el año dos mil trece, hemos pasado a recaudar 308.000 euros en dos mil veintidós, ni medio millón de euros; una caída en la recaudación de 8,5 millones de euros como consecuencia de la falta de medios personales, materiales y de interés político, que hemos venido denunciando en legislaturas anteriores, y que legislatura a legislatura siguen agravándose.

Con estos datos, está claro que en Castilla y León el que no paga los impuestos gestionados por la Junta de Castilla y León es porque sabe que no pasa nada, que no va a ser objeto de ninguna inspección y que no se le va a ejecutar ningún ingreso pendiente de ejecución. Todo esto es, evidentemente, consecuencia de una decisión política adoptada por el Partido Popular desde que llegó al Gobierno de la Comunidad, en la que han sido no solamente cómplices necesarios sino idiotas entusiastas -permítanme la expresión- todos sus socios de gobierno a lo largo de estos años. Y por esa misma causa ya podemos afirmar, salvo que venga un tsunami, que no van a aprobar ustedes ninguna de estas tres proposiciones no de ley.

Las oficinas de inspección, gestión y recaudación estarán más vacías de personal cada año, se comprobará menos, se gestionará peor y se recaudarán cantidades ridículas, porque el Partido Popular está empeñado en destruir el sistema fiscal de nuestra Comunidad para tener contentos a sus amigos y utilizarlo de excusa para atacar al Gobierno de España; eso sí, siempre y cuando no esté el Partido Popular al frente. Cuatro años, cuatro años tienen ustedes por delante, señorías, para repetir sus mantras faltando a la verdad.

Y termino ya. Pero, a pesar de ello, el Grupo Parlamentario Socialista, una vez más, nos quedaremos más tranquilos, porque todos los datos oficiales anteriores van a quedar para siempre reflejados en el Diario Oficial de estas Cortes de Castilla y León. Nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señora Rubio. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra el señor procurador don Juan Pablo Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidente. Pues, en primer lugar, manifestar nuestro voto favorable a las tres iniciativas que se plantean esta tarde, y que tienen un evidente nexo común, que yo creo que es el reforzar el sistema tributario para hacerlo más eficaz y para hacerlo más eficiente, ante una política del Partido Popular -ahora al alimón con Vox- que yo creo que lo que está haciendo es algo insólito, algo inaudito por parte de un Gobierno autonómico, que es promover, que es fomentar y que es propiciar la evasión o la ilusión... elusión de... de impuestos. El Partido Popular lleva años eliminando impuestos, eliminando tributos cedidos y propios y sin crear nuevas figuras impositivas en Castilla y León, provocando una enorme merma de la recaudación en esta Comunidad Autónoma. Y esto se traduce, esto deviene, en pues peores servicios públicos en Castilla y León.

Cuando desde nuestra formación política reclamamos y reivindicamos la necesidad imperiosa de fortalecer los servicios públicos, o de propiciar un cambio de modelo productivo, o la necesidad de reindustrializar nuestra Comunidad Autónoma para empezar a generar empleo de calidad, o de acometer un plan de lucha contra la despoblación, o de la necesidad de realizar políticas públicas en materia de vivienda, bueno, pues todas esas cuestiones es evidente que precisan, que necesitan, de financiación.

Y es cierto que el sistema de financiación autonómica perjudica a Castilla y León, pero también es verdad que el Gobierno del Partido Popular y Vox no hace absolutamente nada, absolutamente nada, por tener una política fiscal que sea verdaderamente progresiva. Es más, lo que hacen es lo contrario, una política fiscal que es regresiva, y luego, como digo, están eliminando tributos propios y cedidos. Yo creo que el ejemplo paradigmático de cómo ustedes están quitando o destruyendo estos... estos impuestos es lo que ha ocurrido con el impuesto de... con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Con su decisión, con esa medida, que, evidentemente, favorece únicamente a quien más tiene, lo que hacen es detraer, lo que hacen es quitar, de las arcas públicas casi 320 millones de euros; porque la recaudación que se deja de ingresar por su supresión del impuesto de sucesiones asciende hasta los casi 93 millones de euros y por eliminar el impuesto de donaciones, casi 240 millones de euros. Y así, señorías del Partido Popular, es muy difícil acometer políticas públicas que refuercen nuestros servicios públicos, que generen empleo de calidad, que creen vivienda pública o que luchen contra la despoblación. Es absolutamente imposible. No se puede, no se puede, insisto, porque ustedes no tienen esa voluntad política: ni ustedes apuestan por lo público, ni apuestan por tener una política tributaria y fiscal acorde a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma.

Con lo cual, partiendo de ese planteamiento, que es eminentemente ideológico, ustedes van a seguir perpetrando políticas que únicamente benefician a los más... a los más pudientes, que favorecen a los privilegiados y que... y que gustan únicamente a aquellas personas pues que son... que son más ricas -es así... así de claro-, perjudicando al resto, a la mayoría social de los castellanos y leoneses.

Y para evitar esa política que tienen ustedes, pues se necesitaría una inspección tributaria mucho más potente, mucho más fuerte y más dotada de medios personales y materiales que la que tenemos ahora. Y eso es básicamente lo que se demanda en estas iniciativas, en la... en las propuestas de resolución que comparten las tres iniciativas: el impulsar las modificaciones normativas y actuaciones administrativas necesarias para ampliar la plantilla de trabajadores públicos dedicadas... dedicados a la Inspección Tributaria en la Junta de Castilla y León; también, para ampliar la plantilla de trabajadores públicos destinados al control tributario; y para duplicar, en la presente legislatura, los medios personales y materiales dedicados a la función recaudadora.

Es una cuestión de evidente voluntad política. Yo tengo absolutamente claro y cristalino que ustedes van a votar en contra, porque van a continuar en esa senda de menoscabar, de achicar, de menguar cada vez más la inspección tributaria en Castilla y León porque, como digo, ustedes no tienen ningún interés ni tienen ninguna voluntad en incrementar la financiación de nuestra Comunidad vía... vía impuestos y vía... vía tributaria.

Yo creo que esto perjudica enormemente a nuestra Comunidad. Ahí están las cifras de despoblación, ahí están los datos de cómo se encuentran los servicios públicos en Castilla y León; y qué flaco favor van a hacer ustedes votando en contra de esta iniciativa. En fin, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su línea política. Y yo creo que sí que es preocupante y creo que es inquietante, desde luego es descorazonador y mala noticia para Castilla y León, tener un Gobierno que lo que hace es promover la elusión de impuestos. Ustedes sabrán. Nada más. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor Fernández. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, y por un tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ramón García Fernández.

EL SEÑOR GARCÍA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como debatimos las tres PNL en conjunto, pues el... la posición que voy a demostrar, bueno, pues influye sobre las tres y va en este sentido.

La prevención y la lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales retos que debería abordarse para modernizar el sistema fiscal como elemento clave para asegurar la justicia tributaria e incrementar la eficacia recaudatoria del sistema tributario. Esto incluiría reformas centradas en el... en el refuerzo de la prevención y la lucha contra el fraude, para evitar nuevas formas de fraude fiscal, que permitan aumentar la eficacia del control tributario, incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias, avanzar en el cumplimiento cooperativo e incorporar reformas que se ajusten a las acciones adoptadas en el ámbito internacional. Y para ello es necesario tener los recursos tanto materiales como humanos necesarios.

El control tributario es un instrumento de organización y regulación; está relacionado más bien con la sexta acepción del término en el Diccionario de la Real Academia Española. Esta define el control como la regulación manual automática sobre un sistema. En este caso se trata del sistema fiscal. Existe una extensa normativa sobre cómo deben ser los tributos, sin embargo, eso no cumple... no se cumple de forma automática. Puede haber incumplimientos con diversas repercusiones, como de deudas tributarias sin aflorar, infracciones administrativas o penales, una ilegítima posición de ventaja competitiva de quienes incumplen las normas. Ante estas situaciones, se necesita la actuación de los poderes públicos. No obstante, resulta prácticamente imposible garantizar un cumplimiento exacto en todos los casos. Por lo tanto, hay que establecer unos planes de actuación que se centren en las prioridades de la lucha contra el fraude fiscal. El control tributario busca dirigir los recursos disponibles en cada momento para mantener regulado el sistema tributario de la forma más justa y eficiente posible.

Los principales recursos de control tributario los podríamos dividir en dos vertientes principales: los protocolos normativos, adaptados a la realidad tecnológica de su tiempo -por ello, las obligaciones formales van cambiando en la línea de un control más exhaustivo-, pero que implique menor presión fiscal indirecta; y planes de control tributario, que organizan las actuaciones de la Administración, su detalle es el reservado y de uso interno para la Agencia Tributaria, sin embargo, las directrices principales son publicadas y las podemos consultar.

Las prioridades que deberían de tener el control tributario serían las siguientes -serían y se dividirían en cinco grandes ejes-:

Primero, la formación y asistencia. Hay que seguir trabajando en servicios que ayuden a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros aspectos, se debería de trabajar en un sistema que integre todos los canales de atención y en el avance de la automatización del cumplimiento de ciertas obligaciones.

El segundo sería la prevención de los incumplimientos. En este apartado entraría todo lo que pretende evitar que el fraude llegue a producirse y que los obligados tributarios cumpliesen voluntariamente.

El tercer eje sería la investigación y la comprobación. Por un lado, se debería realizar un análisis de riesgo con el que se visualicen los principales objetivos de la lucha contra el fraude; por otro, se definirían los colectivos y operaciones que serían prioritarios en las actividades de investigación.

El cuarto eje sería el control del fraude en fase recaudatoria. Se organizarían tanto las acciones dirigidas al cobro de las deudas como a evitar comportamientos de los deudores que pudieran poner en peligro los procedimientos recaudatorios.

Y el quinto eje sería la colaboración entre las Administraciones estatales y autonómicas, principalmente. Se manifestaría en el intercambio de información.

En la última ley antifraude se... con ella se pretendía promover el control tributario con medidas en varias direcciones. Las principales son las restricciones a los pagos en efectivo; la obligación de que el software contable de facturación y gestión garantice la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros sin interpolaciones, omisiones o alteraciones, de lo que no quede la debida anotación en los sistemas de los mismos; elevación de determinadas sanciones tributarias, paralelamente, se permite reducir más las sanciones en los casos en los que haya acuerdo o conformidad en las actas, además, la reducción de la sanción por pronto pago también es mayor; incentivos para el cumplimiento voluntario, aunque sea fuera de plazo, de las obligaciones tributarias, para ello se ha modificado la regulación de recargos e intereses de demora; modificaciones en la regulación de los procedimientos recaudatorios y de las listas de morosos; nuevas reglas de valoración de bienes, que se sitúan en general en la línea del valor de mercado; creación de una unidad central que controla los grandes patrimonios; nuevas obligaciones informativas sobre tenencia de monedas virtuales y su operativa.

Aunque parezca obvio, el primer paso para pagar tributos es que estos impuestos existan previamente. El que tiene la capacidad de establecer los tributos es el Estado, y las Constituciones de los diferentes países suelen reconocer una obligación de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la potestad del Estado para crear tributos.

En España existen diversos niveles de descentralización -como ya sabemos-, además de la central, están las Comunidades Autónomas, entidades locales, como municipios y diputaciones provinciales, con delimitación de las competencias en las diversas potestades relacionadas con los tributos. El Estado debe concretar esa obligación, que solo se puede establecer mediante una ley aprobada en el Parlamento -en el caso español, el nacional o los autonómicos-; pero la complejidad de la vida moderna hace que solamente con la ley sea muy complicado determinar cómo se tiene que exigir los tributos. Normalmente, la ley prevé su propio desarrollo para unas normas aprobadas por el Gobierno, que dispone de los medios materiales y humanos para entrar en detalles de carácter más técnico y que escapan a las posibilidades de los representantes parlamentarios elegidos por los ciudadanos.

Dentro de la ley se establece una pieza clave que se denomina "hecho imponible". Se trata de un hecho que, una vez realizado, genera el nacimiento de la obligación del pago del tributo. Es decir, algunos de los hechos del ciudadano generan la obligación de pagar impuestos o cualquier otro tributo. Los hechos imponibles pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, como ya sabemos, en el caso de los impuestos sobre la renta -el IRPF en España-, esta obligación surge de la obtención de una renta por parte del contribuyente. Pero una cosa es que surja esta obligación y otra cosa es que se pague. Puede haber personas que decidan que no van a pagar impuestos. Por ello, la ley prevé mecanismos para evitar que los ciudadanos dejen de pagar los tributos que les corresponda. Una vez clarificado lo que debe de ser la ley, el contribuyente debe cumplir con lo que dicta la Administración; pero, no obstante, puede discrepar. Existen mecanismos para ello. Se pueden plantear diversos tipos de recursos ante la Administración, y después ante la Justicia.

Está claro que los impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios, sin que exista una contraprestación directa por su pago; son necesarios para sostener el estado del bienestar. Dado que suponen un gasto para empresas y familias, la planificación fiscal es fundamental para mantener una buena salud financiera, tanto en el ámbito personal como empresarial, y por hacer frente a su pago.

Lo que pasa que el ciudadano ya se cansa de ver como sus impuestos no se dedican enteramente a lo que se tienen que dedicar, como hemos visto a lo largo de nuestra historia reciente: malversación, corrupción, independentismo, condonación de deuda a cierta Autonomía... (por cierto, a una de las más ricas). Diferentes derechos depende de donde se viva; parece que ciertas Autonomías más que otras, ya que tienen ciertas ventajas fiscales que otras; y, por lo tanto, sus ciudadanos son favorecidos en contra de los demás, que no tienen esas ventajas y tratos favorables. Se supone que todos los ciudadanos somos iguales ante los derechos y deberes, pero en realidad no es así. En este país hay ciudadanos de primera, de segundo e incluso de tercera, ya que no tenemos los mismos servicios públicos, ni las mismas comunicaciones, ni telecomunicaciones, penalizando así a los que menos tenemos y favoreciendo siempre a los que más tienen. No es lo mismo ser catalán, vasco, navarro, madrileño, vallisoletano que un abulense, soriano, salmantino, zamorano, leonés o berciano. No todos tenemos las mismas infraestructuras y, por lo tanto, no tenemos las mismas oportunidades de desarrollo. Y aquellos que tienen que velar por lo que... para que todos seamos iguales, ya sea el Gobierno central como el Gobierno autonómico, pues no lo hacen.

La teoría es muy bonita, el exigir deberes a todos por igual es muy bonito; pero después, en los hechos, vemos que los derechos son para algunos pocos. Y así vemos lo que vemos, y los ciudadanos solo perciben que los únicos que son merecedores de sus derechos es donde más se concentra el voto. Cuanto más votantes, más derechos; cuanto menos votantes, menos derechos. Y me atrevería a decir que, cuanto más independentistas -que no regionalistas, que quede claro-, también más derechos. Y después se extrañan que haya economía sumergida; aunque este tema es largo y tendido para hablar.

¿Es lo mismo pagar impuestos para un berciano, por ejemplo, que tiene unas comunicaciones de pena, que no tenemos nada más que una autovía y en mal estado, unas carreteras que dan pena en el estado en el que se encuentran, un ferrocarril con un trazado del siglo XIX, con un transporte público casi inexistente, por no decir inexistente del todo, con un sistema sanitario en precario y centros educativos penosos? En general, con unos servicios públicos precarios, que lo que hace es ahondar aún más en el aislamiento, envejecimiento y empobrecimiento de esta comarca.

Hoy he escuchado que las cifras del paro... hoy he escuchado las cifras del paro, y, mientras en el conjunto nacional el paro bajaba, en esta comarca subía en más de 6.700 personas; en una comarca de unas 120.000 personas. ¿Es lo mismo pagar impuestos a un berciano que pagar impuestos un barcelonés, un vasco o un madrileño? ¿Quién disfruta más del pago de los impuestos de todos los españoles?

No obstante, como he dicho, la labor de la Inspección Tributaria es esencial en esta Comunidad. Y por eso creemos que el deber de pagar impuestos es necesario por parte de los ciudadanos, como es deber de las Administraciones, en este caso de la Comunidad Autónoma, hacer la recaudación. Y por eso, como creemos que es necesario pagar impuestos, apoyaremos estas PNL, más cuando ya se han debatido en el año dos mil dieciséis y dos mil dieciocho y... y se han aprobado en esta misma Comisión. Pero también les recuerdo que tanto deber tenemos como derechos tenemos. Y a ver si es verdad que, de una vez por todas, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, tanto leoneses como castellanos, empezando por esta Autonomía, y tanto leoneses y castellanos como catalanes, vascos, navarros, madrileños, a nivel nacional. A ver si es verdad. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor García. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, y por un tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra el procurador don Javier Carrera Noriega.

EL SEÑOR CARRERA NORIEGA:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes a todos, señorías. Después de escuchar algunas de las intervenciones que se han pronunciado aquí esta tarde, me gustaría, en primer lugar, hacer un reconocimiento expreso hacia la labor de todos los funcionarios de la Consejería de Economía y Hacienda, por cuanto que de las palabras que he podido oír parece que se genere algún tipo de duda sobre la eficacia y la eficiencia de su trabajo, y sobre todo sobre lo que es su trabajo. En primer lugar, insisto, mi reconocimiento hacia todos los funcionarios.

En segundo lugar, la verdad es que tenía una intervención preparada, pero voy a olvidarla. Lo que sí me gustaría comentar o decir que la señora portavoz socialista ha iniciado su intervención con una pregunta, que era más o menos que de dónde pensábamos los representantes de Vox y del Partido Popular que le salían los... los recursos que se generan por el Estado. Pues yo le voy a devolver la pregunta: ¿de dónde cree que salen esos impuestos? ¿Acaso piensa su señoría que salen de la máquina o de la cartera del señor Sánchez? Pues no, usted sabe perfectamente, porque además se dedica a ello y es profesional de este mundo tributario, de dónde salen perfectamente los recursos que se generan en la Comunidad Autónoma de Castilla y León: y salen de los impuestos de los castellanos y leoneses. Eso lo sabe usted perfectamente. Luego entiendo que la retórica pues le lleve a usted a plantear cuestiones que... de las que usted conoce perfectamente la respuesta.

Luego, me llama la atención que los representantes del Grupo Socialista, en general, que han sido capaces de negociar con un Gobierno independentista 15.000 millones de euros, que es una cantidad mayor que lo que es el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año, pues se permitan el lujo de venir a decirnos aquí lo que he podido oír; y poco menos que acusar a todos los castellanos... castellanos y leoneses de ser unos defraudadores en potencia y de ser nosotros un Gobierno, o ser el Gobierno de la Junta de Castilla y León, un Gobierno amnistiador. Curioso, ¿verdad?, que el Gobierno de la amnistía acuse al Gobierno de la Junta... de la Junta de Castilla y León de ser un Gobierno amnistiador porque, dentro de sus potestades legislativas, regule pues una bonificación en un impuesto. Curiosa comparación, desde luego. Su intervención ha estado trufada constantemente del término amnistía. Algo les ha debido quedar dentro en estos días con lo de la palabra amnistía. Ustedes sabrán por qué.

Y hay una cuestión también que me llama la atención: la transparencia, transparencia de aquellos que están ahora en Suiza negociando Dios sabe qué. Pues este Gobierno sí es transparente; es transparente porque todos los datos aparecen en la Memoria tributaria del dos mil veintidós. Curioso es que usted esté utilizando la Memoria de dos mil veintiuno para algunos de los datos y que no utilice la de dos mil veintidós, donde también vienen datos comparables. Se pueden comparar datos de los que usted ha ido citando, entre ellos los que son objeto de esta proposición no de ley a las que ustedes... las que ustedes presentan, ¿no?, es decir, la dotación de personal. Una dotación de personal que la Junta de Castilla y León se ha encargado de complementar pues por medio de la dotación de cinco nuevas plazas de funcionarios A1 y manteniendo unos ratios que se encuentran pues dentro de unos parámetros, comparativamente con otras Comunidades Autónomas, pues bastante digamos que aceptables. La quinta Comunidad en inspectores normalizados por la ponderación de funcionarios A1 y A2 y la tercera por las actas tramitadas; eso en el año dos mil veintiuno. En el año dos mil veintidós, pasa de 8,3 a 9,3 la ponderación de A1 y A2 y en actas se pasa directamente al 86,87 a 91,5.

Quiero decir que esos datos, que usted sabe que están aquí en la Memoria de la Junta de Castilla y León, la Memoria que presenta la gestión tributaria, pues son una demostración palpable -a no ser que usted quiera acusar a la Junta de Castilla y León de falsear los datos, cosa que es bastante habitual en sus intervenciones-, pues son datos que están aquí, que usted puede encontrar y que puede leer perfectamente, y que vienen a demostrar que la situación de la Inspección en la... o por lo menos en la dotación de personal de la Junta de Castilla y León no es tan deficiente como usted quiere hacer ver.

Por otro lado, hay un aspecto que me llama también la atención de su intervención, y es que es constante la alusión a la actividad inspectora. Entiendo que eso imagino que será un poco deformación profesional, pero la actividad inspectora nos está llevando también a tener algún tipo de problema como las empresas que están trasladando su domicilio fiscal por el incremento de presión fiscal en esa Comunidad a otras; algo que no se menciona, o usted no quiere mencionar, y que, sin embargo, por ejemplo, no es solo mis palabras, son palabras del presidente de la CEOE, don Santiago Aparicio -que supongo que no será sospechoso de ser de extrema derecha, como dicen ustedes-, ha denunciado en varias ocasiones.

Por otro lado, me gustaría también decirle que... ¿la caída de la recaudación? Pues la recaudación no es algo constante, y usted también lo debería saber, depende, por ejemplo, también de los ciclos económicos. En Castilla y León, entre el año dos mil siete y el dos mil catorce se produjo un valle bastante importante, como consecuencia de la crisis económica que se produjo en esos años, en la recaudación. Entre dos mil siete y dos mil catorce se ha venido recuperando. Y entre dos mil catorce y dos mil veintiuno se ha producido también una mejora que es evidente. Lo cual viene recogido en las estadísticas que nos proporciona la propia Junta de Castilla y León. Claro que, si no nos las queremos creer, pues da igual lo que digamos.

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la recaudación total se ha incrementado entre... del año dos mil diecinueve al dos mil veintiuno un 7,54 %. Y esto también es un dato que está aquí recogido.

Claro, como su obsesión es la del impuesto de sucesiones y donaciones, porque es el impuesto de los ricos, que pagan los ricos, pues claro, vamos a marcar y vamos a cargar las tintas sobre ese impuesto de sucesiones y donaciones.

Yo vuelvo a decir lo mismo - creo que ya se lo dije en alguna ocasión-: el modelo fiscal que ustedes defienden y el que nosotros defendemos, afortunadamente, no tiene nada que ver. Y claro, acusar a los ciudadanos de Castilla y León de vamos a decir que defraudar porque tienen una ventaja que les ha otorgado su Gobierno de tener una bonificación fiscal sobre un determinado impuesto pues me parece, cuando menos, un poco grave; o bastante grave, diría yo.

La gente no es ni más ni menos rica, la gente, sencillamente, trabaja y pretende dejar a sus hijos algo el día de mañana. Y si ustedes lo que pretenden es que pase como pasó en su día en Andalucía, donde, como consecuencia de no poder heredar la gente, tenía que dejar las herencias en manos del Gobierno autonómico, pues allá ustedes. Eso lo saben ustedes perfectamente que así ocurrió. Por cierto, que la consejera de Economía era nuestra actual ministra de Hacienda -algo... algo me dice que no es casual ese aspecto- y actual vicepresidenta cuarta del Gobierno.

En cualquier caso, otro aspecto en el que ustedes basan sus proposiciones no de ley: el coste que se deriva de la gestión indirecta de la gestión... de la recaudación ejecutiva. Yo he hecho unos simples números, con el objeto de centrar un poco cuál era realmente el coste. En el año dos mil trece, supuso un 2,20 % sobre el total de... -perdón- sobre el pendiente inicial y en el año dos... y sobre el pendiente final, el 1,98 %. En el año dos mil veintidós, si bien sobre el total de datos, sobre el total... la total... el total data, es el cuatro uno... el 4,1 %, sobre el pendiente inicial supone un 2,379 % y sobre el pendiente final, un 2,644 %. Es decir, pasamos del año dos mil trece de un coste de 1.702.000 euros a 1.006.000 euros en el dos mil veintidós. Es decir, se ha ido reduciendo el coste. También es cierto que se ha reducido la recaudación.

Pero claro, también hay que tener en cuenta que no solamente las crisis económicas afectan a la recaudación, también le afecta el hecho de que haya mucha gente, mucha gente, señora Rubio, que paga sus impuestos en voluntaria, no en ejecutiva, afortunadamente. Y yo creo que ese es precisamente la... o esa debe ser la tendencia a la que cualquier sistema tributario debe tender: la de conseguir que todos sus ciudadanos, todos los contribuyentes, lo hagan en un periodo voluntario, en un periodo... y no en un periodo ejecutivo; a no ser que usted me diga lo contrario, claro. Si usted lo que pretende es que todo el mundo pague en ejecutiva, pues a lo mejor no hace falta el sistema tributario, lo que hace falta es un sistema exclusivamente sancionador, para que todos paguemos impuestos porque sí, porque yo lo valgo.

Luego, señora Rubio, evidentemente, nos vamos a oponer a las proposiciones no de ley que ustedes están planteando. Y, por mi parte, pues nada más. Por cierto -y quiero concluir con esto- no sé si usted ha dicho que éramos idiotas útiles o algo por el estilo -algo así ha dicho-, pues, mire, prefiero ser un idiota útil a un traidor negociador oculto. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor Carrera. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra el señor procurador don Emilio Berzosa Peña.

EL SEÑOR BERZOSA PEÑA:

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. El control tributario, como todos sabemos, es una potestad que ostenta tanto la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como las Comunidades Autónomas, para comprobar e investigar los datos sobre los bienes, derechos, rentas o actividades económicas de los tributos obligados. Generalmente se ejerce a través de un plan para... para facilitar la detección de riesgos fiscales y la selección de los obligados que serán objeto de comprobación, a veces por dudas sobre sus devengos y otras veces de forma aleatoria. Siempre es importante contar con un departamento y personal capacitado para desempeñar su función, entre otras, la Inspección Tributaria.

En relación a las PNL 98 y 110, cabe destacar que la Junta de Castilla y León, en su objeto y compromiso de luchar contra el fraude fiscal, en dos mil veintiuno, se dotó de una nueva Unidad de Inspección Fiscal, unidad integrada con todo el personal con funciones de inspección, en dependencia directa del Servicio de la Inspección Tributaria, favoreciendo de esta manera la organización única de toda la Inspección Tributaria en Castilla y León, mejorando la especialización del personal y aumentando la productividad de la unidad.

Esta nueva unidad, creada -como decía anteriormente- en el año dos mil veintiuno, ha llevado consigo la mejora de dotación de personal, incrementándose en cinco nuevas plazas de inspectores tributarios A1, añadidos a los cuatro ya existentes, incrementando en un total de un 125 % este personal, a los que hay que sumar nueve jefaturas de Sección de Inspección A2 en todas las provincias.

Con la creación de esta unidad se ha dado respuesta, como no podía ser de otra manera, al Acuerdo de esta Comisión del día doce de febrero de dos mil dieciséis, a la que el Partido Socialista hace referencia en su PNL 98, en la que se aprobó, en su día, la PNL 139, y en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a ampliar la plantilla de trabajadores públicos dedicados a la Inspección Tributaria; por lo que desmonta la afirmación realizada por el Partido Socialista en la que indica que "poco o nada se ha hecho para cumplir dicha resolución", la cual solicitaba bastante menos de lo que se ha realizado.

Cabe destacar que, actualmente, tanto en los servicios centrales como en los Servicios Territoriales de Hacienda existe un número adecuado de personal técnico y administrativo para garantizar las correctas actuaciones inspectoras. El número actual de plazas cubre de forma amplia y suficiente las necesidades de la Comunidad.

Cabe destacar que en el Informe comparativo de dos mil veintiuno sobre tributos cedidos a las Comunidades Autónomas de la Inspección del Servicio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde se detallan las plazas de inspectores normalizados, Castilla y León -como ha dicho el compañero de Vox- ocupa la quinta posición en todo el conjunto nacional, con cifras muy superiores a las de otras Comunidades Autónomas, estando por encima de Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia o La Rioja. Y analizando el número de actas tramitadas por inspector, Castilla y León se sitúa en la tercera posición.

En dos mil veintidós, se constata, por los datos del Informe de la inspección de los servicios para Castilla y León, que se ha continuado mejorando la dotación de personal inspector, aumentándose el número de inspectores normalizados y el ratio de actas por inspector; y se prevé que este año dos mil veintitrés se hayan mejorado las cifras de años anteriores.

Castilla y León siempre ha realizado modificaciones normativas para implantar medidas contra el fraude fiscal; pero cabe destacar que quien tiene que realizar el mayor esfuerzo para la lucha contra la economía sumergida debe ser la Administración general del Estado. Y siendo consciente de ello, de hecho, aprobó la Ley 11/2021, del nueve de julio, en materia de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

También recordar que el componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de la nación se ha comprometido a realizar un estudio sobre el impacto de la economía sumergida desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos. En este sentido, el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria entregará un segundo informe en este cuarto trimestre de dos mil veintitrés, donde se verá reflejado, al igual que en el primero, que el mayor volumen de fraude fiscal está en tributos en los que no está cedida su gestión a las Comunidades Autónomas; como puede ser el caso del IVA.

En relación a su PNL 113 sobre la recaudación ejecutiva, como todos sabemos, comprende la totalidad de ingresos de derecho público no ingresados por el contribuyente en periodo voluntario y que depende únicamente del número de deudas no pagadas en el... en ese periodo. Esta recaudación se realiza a través de un convenio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con todas las Comunidades Autónomas desde el año dos mil seis, mandando a las Comunidades Autónomas las deudas que... que consideren oportunas para su gestión, recibiendo la Agencia Estatal una remuneración en función de la deuda generada. La ventaja de este convenio para las Comunidades Autónomas es que se incrementa la eficiencia en la gestión de los mismos, por lo que Castilla y León hace un uso intensivo de dicho convenio.

La PNL afirma que el resultado del convenio es totalmente irregular, pero el uso que se está realizando de los datos es erróneo. Indican que desde el año dos mil catorce la gestión recaudadora indirecta ha ido cayendo, existiendo un descenso superior al 60 % en el ejercicio dos mil veintiuno y una recaudación efectiva del 57,12 % en ese año. Y, efectivamente, la gestión indirecta ha descendido un 63 % en dos mil veintiuno respecto a dos mil catorce; pero no por la mala gestión o no efectividad del convenio, sino por varios motivos que no evalúa la propia PNL, como puede ser que se haya generado menos deuda, que las deudas generadas hayan sido pagadas en periodo voluntario en mayor proporción que otros años (algo que también se tiene que evaluar por la mayor concienciación de la propia sociedad en el pago de impuestos) y el refuerzo también, lógicamente, de la dotación del personal, que ha ido... que ha incidido positivamente en la disminución del fraude fiscal.

Por ello, hay que tener una lectura positiva, es decir, ha aumentado el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes de Castilla y León en sus obligaciones tributarias, lo que conlleva una disminución de la recaudación de la vía ejecutiva, lógicamente. La recaudación ejecutiva ha venido mejorando año tras año, aumentando del 26,77 % en dos mil catorce hasta el 57,12 en dos mil veintiuno.

También se afirma en su PNL, señorías del Partido Socialista, que el coste del convenio en dos mil veintiuno ha sido del 10 % sobre las cantidades ingresadas. Pues bien, conforme a los datos del año dos mil veintiuno de la Memoria sobre Gestión Tributaria, el coste sería de un 7 % y no del 10 %, como indican. Pero, si vemos las medidas correctoras que aparecen en el gráfico 9.4 de la Memoria, comparando el coste anual con el importe de las deudas gestionadas, este coste es poco superior al 5 %, la mitad de lo que ustedes indican. Pero en el año dos mil veintidós el coste del convenio se reduce incluso hasta el 4,1 %.

Por todo lo indicado y porque se ha llevado a cabo las actuaciones solicitadas en las PNL presentadas por parte de la Junta de Castilla y León, carece de sentido en este momento las PNL presentadas.

Sí que decir que habla la representante del Partido Socialista, la señora Rosa Rubio, sobre las amnistías fiscales del Partido Popular, pues, según los expertos, especialistas tributarios de este país, no hubo una amnistía fiscal, fue una declaración tributaria especial para que aflorara el dinero oculto que había en ese momento. Sin embargo, sí que ha habido otras amnistías recientemente, las que condonan más de 15.000 millones al año.

Y al señor Pablo Fernández, de Podemos, que hablaba de que el Partido Popular quiere eliminar impuestos, pues por supuesto que queremos eliminar impuestos, los que creamos que son injustos a nuestro parecer. Y convendrá conmigo, además, que son dos modelos diferentes la visión de la economía: la del Partido Popular y la de Podemos. Nuestra visión no es la de gravar al ciudadano, sino de que el dinero, en la mayoría de lo posible, en la mayor medida de lo posible, esté en el bolsillo de los contribuyentes. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos votar a favor de las mismas. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor Berzosa. Para cerrar el debate y fijar los textos definitivos de las diferentes propuestas de resolución que se están proponiendo, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, doña Rosa Rubio Martín.

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, por orden, a ver si les puedo contestar a todos. Bueno, señor Fernández, de Podemos, del Grupo Mixto, muchas gracias por el apoyo a las tres proposiciones no de ley. El señor García Fernández, de UPL-Soria ¡Ya!, también, aunque le reconozco que en algún momento de su intervención no sabía de qué estaba hablando; pero, como al final ha dicho que apoyaba las... las PNL, me voy a... me voy a quedar con eso. Porque también me pasa con los de enfrente lo mismo, no saben ni de lo que están hablando, los demás no nos enteramos, para luego al final decir que... que no están de acuerdo, que van a votar en contra. Pero bueno, muchas gracias, señor García Fernández.

Señor Carrera, mire, cuando yo le preguntaba que de dónde salían los recursos financieros, de dónde salían los recursos públicos, de dónde salía el dinero, se lo pregunto... bueno, no era retórica, era expresa y directa la pregunta tanto a usted como a... a las señorías del Partido Popular. Porque, mire, yo, más que en esta Comisión, sobre todo en la Comisión de Sanidad, me canso a escuchar como desde ese lado de la bancada de la Comisión, por parte de los procuradores de Vox y del Partido Popular, están constantemente solicitando dinero al Gobierno de España. El otro día -aún no me sé el nombre porque se ha incorporado hace nada, me parece que es de Segovia, se siente... se sentó en la Comisión de Sanidad donde está sentado ahora el señor Berzosa- expresamente decía: "¡Más dinero, más dinero, más dinero!". ¿De dónde? Por eso le pregunto: ¿de dónde sale el dinero? ¿Ustedes de dónde se creen que sale el dinero? El dinero sale de los impuestos, sale del bolsillo de todos los españoles. Pues claro, pues claro.

Pero vamos, me parece que fue en una Comisión de Medio Ambiente, hace poco, donde también desde ese lado reclamaban que lo que teníamos que hacer era quitarle el dinero a una... a españoles que residen en Cataluña para dárselo a Castilla y León. Y luego constantemente sale el señor Carriedo diciendo: "Nosotros lo único que queremos y creemos es en el trato igual". Pues que me lo expliquen, porque yo no veo dónde está la igualdad, que se lo quito a este para dárselo al otro.

Lo que sí que le voy a decir es una cosa: mire, yo, aparte de ser socialista -a mucha honra-, procuradora de las Cortes de Castilla y León, como todos ustedes saben, trabajo en la Agencia Tributaria, soy funcionaria. Entonces, no me ofenda, señor Carrera, no me ofenda diciendo que yo he criticado a los funcionarios. Evidentemente, mejor hubiera hecho usted leyendo la intervención que ha traído y no improvisando, porque luego dice las barbaridades que dice, porque son de lengua fácil.

Todos los datos que yo he dado en la intervención, todos, absolutamente todos, salen de la Memoria de Gestión Tributaria. ¿Pero sabe quién elabora la Memoria de Gestión Tributaria? Funcionarios. Por eso precisamente me lo creo. Por eso precisamente me creo cada dato que hay en la Memoria de Gestión Tributaria, porque no la elaboran los asesores que ustedes eligen a dedo, sino que la elaboran los funcionarios; y cada dato que pone es real. Con lo cual, ni me ofenda a mí, ni les ofenda a ellos. Ni yo considero -porque, como profesional- que ningún castellano y leonés ni ningún español es defraudador de pro, ¿sabes?, no voy a decir -vamos, ni mucho ni menos, ya digo, y no ofenda- que los funcionarios son vagos, o son mentirosos, o falsean los datos. Bueno, que usted lo diga de mí como política pues qué me va a extrañar de lo que venga de ese lado, pues nada; pero que lo diga de los funcionarios, ahí sí me ofende. Con lo cual, yo creo que debería de retirar usted de... usted esas palabras.

Luego, yo, mire, cuando hablan de Cataluña y cuando hablan de la deuda, a mí me gustaría, de verdad, que todo el empeño que ustedes ponen de hablar de la deuda de Cataluña lo hicieran de hablar del PIB de Cataluña. ¿Por qué no trabajan ustedes para que el PIB de Castilla y León se acerque al PIB de Cataluña en lugar de que la deuda de Castilla y León se acerque a la deuda de Cataluña? Y ya que quieren ustedes hablar de los 15.000 millones, del FLA y de la deuda, hombre, también estaría bien que ustedes supieran -y, si no lo saben o se lo callan, y es peor si lo saben y se lo callan- es que Castilla y León tiene menos deuda del FLA porque no cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria del año dos mil diecinueve y no pudo pedir dinero al Gobierno de España, y tuvo que ir a pedirlo al BBVA, al Santander y a La Caixa, que nos han inflado a intereses que hemos pagado todos los castellanos y leoneses, por la buena gestión del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Eso es lo que ha pasado. ¿No se lo han explicado a ustedes? Pues, si no se lo han explicado, ya se lo he dicho yo en minuto y medio para que lo interioricen y lo puedan decir; porque vienen aquí, sueltan los 15.000 millones, que no saben ni de dónde... ni de dónde vienen.

Y mire, yo lo de las amnistías... bueno, es que lo del señor Berzosa, la definición que ha hecho, y me lo viene a decir a mí. ¡Hombre!, señor Berzosa, se lo cuenta usted a cualquiera que pase por la calle, vale, pero no me hable usted a mí de la amnistía fiscal, que yo vi con mis ojos. Pero, vamos, para que yo... para que se lo explique yo, pues mejor que se lo explique a usted Bárcenas y Rato, que blanquearon su dinero con la amnistía fiscal. Fíjese, dinerito que tenían metido en el colchón en su casa y que, de repente... schupp! [expresión gestual de la oradora acompañando la onomatopeya]: blanqueado, y no pagaron ni un solo... ni un solo euro en impuestos.

Pero, es más, es que a Castilla y León dejaron... no llegan los 700 millones de euros. ¿Qué hizo el Partido Popular? ¿Cuántas veces reclamó esos 700 millones de euros al Gobierno de España? Que también era Gobierno de España, aunque lo dijera el... lo gobernara el Partido Popular. ¿Salían ustedes con las pulseritas y las banderas de España a manifestarse por las calles, a pedir nuestro dinero, que nos lo estaban robando? ¿Por qué no? ¿O entonces no teníamos infrafinanciación y no necesitábamos dinero para médicos, para hospitales, para profesores, para servicios sociales? Como decía el señor de Segovia el otro día: ¡más dinero, más dinero!. Que me recordaba aquella película de los hermanos Marx de "más madera". Pues lo mismo. ¿Salieron ustedes a reclamarlo? No. ¿Por qué? Porque quien estaba al frente del... del Gobierno de España y quien gestionó esa vergonzosa amnistía fiscal, que eran defraudadores -y ahí sí se les puede llamar, con todas las letras de la palabra, defraudadores- a toda España, evitaron que a las arcas de la Junta de Castilla y León, a todos los castellanos y leoneses, llegaran 700 millones de euros. Y ustedes pues calladitos. Pero claro, Puigdemont, ¿verdad? Ahora.

Cuando usted ha hablado de los datos, bueno, yo le voy a dar creo que pocos datos de personal, porque la Memoria de Gestión Tributaria está a su disposición. Está claro que no la han leído. Una pena, porque la hubieran... hombre, la hubieran hojeado un poquito, ya que veníamos a tratar... a tratar estas proposiciones no de ley. Le voy a dar solo dos datos: por un lado, el tema de la plantilla, porque he oído por ahí decir que tenemos unos ratios aceptables de plantilla y que... que, bueno, que no sé ni para qué traemos las PNL, ¿verdad? Total, es volver a perder el tiempo.

Pues les voy a dar, si a ustedes le parece y yo lo encuentro -y me van a perdonar-, el dato aceptable de plantilla, que tenemos menos plantilla en dos mil veintidós que en el año dos mil siete. ¿A ustedes les parece aceptable eso, que tengamos menos plantilla de funcionarios en el dos mil veintidós que en el dos mil siete? ¿Esos son ratios aceptables? Por cierto, la relación de puestos de trabajo que elaboró la Junta de Castilla y León se la tiró abajo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y de todas esas plazas que usted ha dicho, señor Berzosa, de inspectores, ¿cuántas están cubiertas y cuántas están vacantes? ¡Ah!, que ese dato no lo ha querido dar, ¿verdad? Claro.

Mire, la oferta de empleo público de la Junta de Castilla León del año veintidós, del año veintidós, la publicaron ustedes el diecinueve de diciembre del dos mil veintidós, pasado prácticamente todo el ejercicio. La del veintitrés ni está ni se la espera. Y la del dos mil veinticuatro: ¿qué le voy a decir, si están ustedes de brazos cruzados en lugar de ponerse a trabajar como están haciendo en todas las Comunidades Autónomas de España para elaborar los presupuestos y para poder aprobar la oferta de empleo público? ¿Ustedes que están haciendo? ¡Ah!, gritando por la calle, poniéndose banderas en las... en las pulseras, en la... pulseritas de banderas en las manos y gritando por las calles, en lugar de trabajar para los castellanos y leoneses, ¿no? Porque, ¿los presupuestos dónde están? ¿El techo de gasto dónde está, señor Carrera? ¡Ah!, que, claro, probablemente el consejero de Empleo, como anda gritando por ahí "puto rojo el que no bote", pues no puede elaborar los presupuestos de... de su Consejería, ¿no? Será por eso.

O el otro, que no hace nada, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que le pagamos de todos los bolsillos, de todos los impuestos de todos los castellanos y leoneses, 90.000 euros y un chófer, se coge un megáfono y se va a insultar a las calles. Por eso no elaboran los presupuestos, por eso no elaboran los presupuestos de la Junta de Castilla y León y por eso no aprueban la oferta de empleo público para que el personal, que se necesita tanto en la Inspección, en Gestión como en Recaudación, sea acorde al año dos mil veintitrés y no al dos mil... al dos mil seis.

Por cierto, cuando yo hablaba de la Inspección, señor Carrera y señor Berzosa, no hablo de la Inspección de la Agencia Tributaria, yo estoy hablando de la Inspección de la Junta de Castilla y León, lógicamente; hombre, no cometan ustedes ese error de bulto tan gordo. Por cierto, la Agencia Tributaria... a la Agencia Tributaria no le paga la Junta de Castilla y León por recaudar las deudas en ejecutiva; la Agencia Tributaria detrae un porcentaje de las deudas que recauda, que no es lo mismo. Pues ya que se pone usted a hablar, pues por lo menos pues con un poquito de propiedad. Yo, sobre todo, porque como han aludido aquí a mi profesión, que no era mi intención, ni mucho ni menos, porque yo aquí como vengo... vengo como procuradora del... del Partido Socialista y no vengo como funcionaria de la... de la Agencia Tributaria.

Y luego, también le digo, yo no había mirado la fecha, señor Berzosa, en que habíamos registrado estas proposiciones no de ley, pero es que son de junio, de junio del año veintidós; un año y medio. Y claro, usted me dice, ustedes, que el presidente de esta Comisión es de su partido y es el que marca el orden del día, un año y medio después me viene usted diciendo que es que las PNL están desactualizadas y que los datos están desactualizados. ¡Hombre!, pues lo hubieran ustedes metido en la Comisión de septiembre del año veintidós, y seguramente los datos estaban actualizadísimos. Por favor, claro, es que... no, no, ahora niega con la cabeza, pero, claro, como usted lo traía escrito y lo ha leído, y después ahora yo se lo recuerdo, y dice: "¡Ay!, igual lo que he dicho pues... pues no tenía... no tenía que haberlo dicho".

Y miren, para nosotros el impuesto de sucesiones y donaciones, señor Carrera, ha hecho usted aquí una definición que me parece que decía que era... como que era como nuestra obsesión, o algo así me parece que le ha llamado. ¡Hombre!, yo creo que más bien es la vergüenza fiscal del Partido Popular, porque lo que hizo fue una modificación en la ley para que sus amigos ricos pudieran hacer donaciones sin pagar un euro y sin que entrara dinero en la Junta de Castilla y León para poder contratar médicos. A lo mejor por eso, si lo hubieran hecho bien, si no hubieran hecho esa exención fiscal de prácticamente el 99 % del impuesto, pues a lo mejor el... el señor consejero de Sanidad no tenía que andar contratando médicos sin especialidad de... de familia, podía contratar médicos como Dios manda para que no haya ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta, como decía por aquí el señor regionalista de León. Porque, ¿dónde van a ir esos médicos, a atender al señor Mañueco en el Hospital de Salamanca o atenderme a mí en el centro de salud de Saucelle, en el consultorio médico? ¿A que acierto dónde van a ir los médicos sin especialidad?

Bueno, pues, evidentemente, esto es un mecanismo, el mecanismo tributario, el mecanismo de los impuestos -a ver si lo entienden ustedes- es como como una gran máquina donde hay ejes que van... ruletas que van girando y se van engarzando una con otra, ¿vale? Y si la inspección no funciona, la gestión no funciona y la recaudación no funciona, al final, en esta caja, que es donde tiene que entrar el dinero, entre otras cosas, para pagar los sueldos de los funcionarios públicos no llega. ¿Y cómo hacemos las carreteras? ¿Qué hacemos, llamamos, Pedro Sánchez, mándanos dinero, no? Claro. ¿Y cómo... cómo pagamos a los médicos? Pedro Sánchez, mándanos dinero.

Por cierto, otra cosa que también no puedo dejar de decirles. Mire, cuando hablamos de los fondos europeos, que esta Comunidad ha sido la sexta Comunidad más beneficiada en el reparto de los fondos europeos, claro que el dinero no era del señor Pedro Sánchez, pero es que los Fondos Next Generation para que llegaran a España, y, por tanto, a Castilla y León, hubo que presentar un documento de reformas que había que cumplir. El dinero no era que llegaba allí el señor Pedro Sánchez -pin, pin, pin- a la puerta de Europa: "35.000 millones que me los llevo para España, y he traído carretillo". No, hombre, no. Pero es que luego esas reformas que se han llevado al Parlamento para poder obtener el dinero ustedes han votado en contra; pero, eso sí, que nos mande dinero Pedro Sánchez, que nos mande dinero Pedro Sánchez. ¿No se dan cuenta que... que ustedes lo que hacen es continuamente tomar decisiones contrarias a lo que están diciendo?

Pero bueno, yo cuando ya le escuché a usted aquí, en una Comisión, señor Carrera, hablar de la financiación de las Comunidades Autónomas, a un partido político que no cree en las Comunidades Autónomas. Pues ya, claro, es de apaga y vámonos, es de apaga y... claro, de la que usted cobra, claro, de las que ustedes cobran. Yo no creo en las Comunidades Autónomas, no quiero a Pedro Sánchez, pero que Pedro Sánchez mande dinero a la Comunidades Autónomas en las que yo no creo para que me pague mi sueldo. ¡Hombre!, es que están ustedes constantemente tomando decisiones y votando cosas contradictorias una con otra.

Pero, eso sí, Puigdemont. ¿A que sí? Puigdemont, ¿no? Puigdemont, Puigdemont; claro, evidentemente. ¿Tiene usted la bandera bien puestita para que se la vean? [Murmullos]. Pues... pues esa es la defensa que ustedes hacen de Castilla y León, con una pulsera en la muñeca. Esa es toda la defensa que hacen. Eso sí, ahora la va a levantar para votar en contra de que haya los medios que están pidiendo los propios funcionarios de Inspección, Gestión y Recaudación de la Junta de Castilla y León. Nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señora Rubio. Concluido el debate, vamos a proceder a someter a votación las diferentes proposiciones no de ley. Para votarlas por separado, volveremos a repetir la literalidad de cada una. Empezaremos por la votación de la proposición no de ley número 98. Por favor, señor secretario.

Votación PNL/000098

EL SECRETARIO (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Proposición no de ley número 98, presentada por los Procuradores doña Rosa Rubio Martín, José Francisco Martín Martínez, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo, Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar las modificaciones normativas y actuaciones administrativas necesarias para ampliar la plantilla de trabajadores públicos dedicados a la Inspección Tributaria en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla León, número 31, de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones: cero. Por lo tanto, con votos a favor ocho, votos en contra diez, abstenciones cero, queda rechazada la proposición de ley número 98.

Procedemos ahora a leer la proposición de ley número 110.

Votación PNL/000110

EL SECRETARIO (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Proposición no de ley 110, presentada por los Procuradores Rosa Rubio Martín, José Francisco Martín Martínez, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo, Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a que se impulsen las modificaciones necesarias para ampliar la plantilla de trabajadores públicos destinados al control tributario, de forma que en el año dos mil veintitrés haya al menos un inspector y dos subinspectores en cada provincia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 31, de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación de la proposición no de ley número 110. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones: cero. Con votos a favor dieciocho... o sea, con votos dieciocho, a favor ocho, en contra diez, queda rechazada la proposición no de ley número 110.

Procedemos a leer la proposición no de ley número 113.

Votación PNL/000113

EL SECRETARIO (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Proposición no de ley número 113, presentada por los Procuradores Rosa Rubio Martín, José Francisco Martín Martínez, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo, Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla León a duplicar en la presente legislatura los medios personales y materiales dedicados a la función recaudadora, disminuyendo el importe de los cargos que se remiten para su gestión indirecta por la Agencia Tributaria, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 31, de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación de la proposición no de ley número 113. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones: cero. Con votos emitidos dieciocho, votos a favor ocho, votos en contra diez, queda rechazada la proposición no de ley número 113.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas quince minutos].