DS(C) nº 314/11 del 27/2/2024

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. ¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Grupo Parlamentario Socialista?

LA SEÑORA PABLOS LABAJO:

Gracias. Buenos días. Consolación Pablos Labajo sustituye a Alicia Palomo Sebastián.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

¿Grupo UPL-Soria ¡Ya!?

LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:

Gracias, presidente. Vanessa García sustituye a Juan Antonio Palomar Sicilia.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

¿Grupo Parlamentario Vox?

LA SEÑORA PINACHO FERNÁNDEZ:

Buenos días, presidente. Gracias. Iñaki Sicilia sustituye a Javier Carrera y Ana Rosa Hernando sustituye a Miguel Suárez.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

¿Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA VALLEJO QUEVEDO:

Gracias, presidente. Don Emilio Berzosa Peña sustituye a don Ramiro Ruiz Medrano y don José María Sánchez sustituye a doña Elena Rincón Iglesias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. Bueno, pues damos la... de nuevo la bienvenida a estas Cortes a la directora general de Economía Social y Autónomos, a doña María Emma Fernández Rodríguez. Y comenzamos con el primer punto del orden del día. Por el señor secretario se dará lectura del primer punto del orden del día.

POC/000131

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Primer punto del orden del día: Pregunta para su respuesta oral 131, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores doña María Paloma Vallejo Quevedo, don David Beltrán Martín, don Juan Jesús Blanco Muñiz, don Pedro Antonio Heras Jiménez, doña Elena Rincón Iglesias, don Ramiro Felipe Ruiz Medrano y don Pablo Trillo-Figueroa Martínez-Conde, relativa a cómo ha repercutido el incremento en las líneas de ayudas a la contratación de trabajadores con discapacidad en su contratación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 239, de treinta de enero de dos mil veinticuatro.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Formula la pregunta y la expone, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora del Grupo Parlamentario Popular doña María Paloma Vallejo Quevedo.

LA SEÑORA VALLEJO QUEVEDO:

Gracias, presidente. Buenos días. Desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos la presencia, la comparecencia en esta Comisión de la ilustrísima señora doña Emma Fernández Rodríguez, directora general de Economía Social y Autónomos.

Señora directora general, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos conocer, queremos que nos informe de las distintas actuaciones, de los distintos programas y de los resultados que están obteniendo de todos los programas que han puesto en marcha para favorecer el empleo de las personas con discapacidad.

En la última Comisión, el gerente de Empleo nos informó, entre otros, sobre el Programa ELEX, que, dotado con 6.000.000 de euros, ha contratado a casi 1.000 personas con discapacidad que se encontraban inscritas como demandantes de empleo desocupadas; un programa que ha obtenido un notable éxito.

Señora Fernández Rodríguez, hemos buscado datos para refrendar las preguntas que le queremos realizar, pero, como puede imaginarse, es posible que algunos de estos datos estén desactualizados, o que haya habido algún tipo de modificación y lo desconozcamos, porque le... por lo que le pido de antemano disculpe los posibles errores, y no dude en corregirlos. Al fin y al cabo, es precisamente el sentido de su comparecencia en esta Comisión.

Desde su Dirección General, en el dos mil veintitrés han destinado casi 28 millones de euros para centros especiales de empleo a través de tres convocatorias distintas, destinadas a fomentar el mantenimiento y la creación de puestos de empleo para personas con discapacidad: una primera línea dotada con 24,2 millones de euros para fomentar el mantenimiento de los trabajadores con discapacidad; una segunda, con 2 millones, para financiar unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo; y, por último, 1,6 millones para proyectos de mejora en estos centros.

Los centros especiales de empleo en el dos mil veintidós aglutinaron en nuestra Comunidad el 74 % de las contrataciones. Entendemos que ese es el motivo por el que se incrementaron en dos mil veintitrés a casi el doble, a 24,2 millones de euros, la aportación con respecto al año anterior, con respecto al año dos mil veintidós.

Con esta subvención se financian parcialmente los costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo, a través de la financiación del 50 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada anualidad por cada trabajador con discapacidad que realice una jornada laboral completa y esté de alta en la Seguridad Social. Contamos con 320 centros especiales de empleo -no sé si ha variado la cifra-.

Todas las aportaciones han sufrido un notable incremento. La Junta destinó en dos mil veintitrés casi el doble que en el ejercicio anterior para financiar los costes laborales y de Seguridad Social de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo que tuvieron contrato con carácter indefinido, estableciendo un máximo de 1.440 euros anuales por cada destinatario final.

La tercera línea de subvención, con más de 1,6 millones de euros, se convoca para financiar parcialmente proyectos de interés social en los centros de empleo, que aseguren empleo estable para trabajadores con discapacidad.

Señora directora general, queremos pensar que este notable incremento en la dotación económica para estas 3 convocatorias se habrá visto reflejado en el número de empleos que se han creado para personas con discapacidad, y nos gustaría saber este incremento cómo ha repercutido, cómo se ha visto reflejado en esa creación de empleo para personas con discapacidad.

Pudimos observar, cuando compareció en la anterior Comisión el gerente de Empleo, que uno de los medios que están utilizando para promocionar la difusión y conocimiento de estas convocatorias es a través de webinars informativas, con la intención de llegar, en este caso concreto, al mayor número de centros especiales de empleo.

Parece que una pandemia mundial, que consiguió parar el mundo durante tres meses y costó millones de vidas, hemos sido capaces de aprender muy poco -evidentemente, esta es una opinión personal, que pueden compartir o no-. Pero sirva esta reflexión para preguntarle si estas webinars informativas, que entendemos en parte, como el resto de comunicación on-line o gestiones administrativas telemáticas, se han puesto en marcha o se han potenciado desde la pandemia, y que evitan desplazamientos innecesarios, costes añadidos, coste medioambiental, le decíamos o le queríamos preguntas si son realmente útiles, si sirven para de verdad resolver dudas a los posibles beneficiarios, en este caso a los centros especiales de empleo, y si han contado con una buena acogida, con una buena participación. En definitiva, queremos saber la valoración que realizan desde su Dirección General.

Señora Fernández Rodríguez, a la vista de los datos, ¿nos podría decir si nuestra Comunidad, con respecto al resto de Comunidades Autónomas, se encuentra entre las más garantistas por lo que respecta a la inserción laboral de las personas con discapacidad? ¿En qué posición nos encontramos con respecto a otras Comunidades Autónomas?

Este apoyo al empleo de las personas con discapacidad se financia a través de transferencias finalistas del Estado para políticas activas de empleo. Si es posible, nos gustaría también que nos informase si con estas transferencias finalistas se cubre el importe total, si estas transferencias finalistas contemplan todos los incentivos que se necesitan. Dicho de otra forma, nos gustaría saber si la Junta de Castilla y León aporta recursos propios para financiar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Espero su respuesta, y, en función de su respuesta, veremos qué... cómo hacemos o cómo utilizamos la dúplica. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. Contesta, por parte de la Junta de Castilla y León, la directora general de Economía Social y Autónomos, María Emma Fernández Rodríguez. Tiene la palabra.

LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS (SEÑORA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Señores procuradores, buenos días. Señora Vallejo, muchas gracias por su interés. Y es en virtud de su interés por el que comparezco ante esta Comisión de Industria, Comercio y Empleo, al objeto de atender la solicitud formulada a la Mesa de las Cortes de Castilla y León por su grupo parlamentario, y dar cuenta de las medidas que está adoptando la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en materia de inserción laboral de personas con discapacidad.

Nuestra Consejería tramita anualmente ayudas dirigidas al fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad, como bien dice, tanto en el mercado protegido como también en el mercado ordinario, y esto se hace a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos.

Tal y como apunta el Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2023-2025, que ha sido aprobado por acuerdo de Junta de Castilla y León, en Consejo de Gobierno, el pasado veintiuno de diciembre, la población activa de personas con discapacidad en Castilla y León presenta edades muy superiores a las de otras regiones y a las de la media de España. Y, del mismo modo, con referencia a la media española, la población activa con discapacidad en Castilla y León presenta unas mayores dificultades de empleabilidad, puesto que no solo cuenta con edades más avanzadas, sino también con grados de discapacidad más elevados en mayor proporción.

Este hecho, como indicaba en su pregunta, es indicativo de la mayor necesidad que presenta Castilla y León, con respecto a la media nacional, de potenciar aquellas fórmulas más adaptadas para fomentar la contratación de personas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad, y es a través de entidades que realizan un trabajo productivo, asegurando una remuneración a las personas trabajadoras.

Estamos hablando de los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son las fórmulas de inserción laboral del mercado protegido para personas con discapacidad. Y, es que, para determinados tipos y grados de discapacidad, así como de su edad, estos son la única oportunidad, en muchas ocasiones, de inserción laboral para estas personas. El apoyo a los centros especiales de empleo está garantizado por nuestra Consejería a través de diferentes fórmulas de ayuda, y todas ellas están recogidas tanto en el Plan de Fomento de la Economía Social, al que me he referido anteriormente, como en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.

Me estoy refiriendo a las siguientes ayudas, que también ha comentado usted, señora Vallejo: las subvenciones para la financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, las subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, las subvenciones destinadas a la financiación de inversiones de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo y las subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo. Si me permiten, resumiré, dentro de estas cuatro líneas de apoyo al mercado protegido, cuál ha sido la dotación financiera y los resultados alcanzados.

Bien, pues a través de estas cuatro líneas se ha contado en dos mil veintitrés con un crédito definitivo de 40.326.245,19 euros; esto ha supuesto un incremento de más del 31 % con respecto a la legislatura anterior. Se ha ejecutado, a través de estas cuatro líneas, en dos mil veintitrés treinta y nueve... 38.985.573,72 euros; es una ejecución cercana al 97 %. Y esta ejecución ha sido más de un 27 % superior a lo ejecutado en la legislatura anterior. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, pues aquí es importante conocer no solo los beneficiarios directos, que son los centros especiales de empleo, sino los destinatarios finales, que son las personas con discapacidad, cuya inserción laboral queremos promocionar.

Estas medidas han beneficiado a 316 centros especiales de empleo, que han permitido mantener los puestos de trabajo de 6.615 personas con discapacidad, de las cuales, 979 con especiales dificultades de empleabilidad; también ha permitido la creación de 261 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Estamos hablando, en términos de beneficiarios directos y un 3 % más de centros especiales de empleo, de un 11,1 % más de puestos de trabajo mantenidos. En lo que respecta especiales dificultades de empleabilidad, estaríamos hablando de casi un 30 % más de puestos mantenidos, y más de un 66 % de puestos de trabajo creados para personas con discapacidad.

Pero sí me gustaría comentar que, además de la especial protección a las entidades del mercado protegido, como son los centros especiales de empleo, y por la especial idiosincrasia que ya referimos que presenta Castilla y León en cuanto a tipos y grados de discapacidad, así como de pirámide de edad, nuestra Consejería, y en el marco de las conclusiones del Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social, no solo se refuerza el apoyo protegido, el mercado protegido, a las personas con discapacidad, sino que también consideramos especialmente prioritario el tránsito desde el mercado protegido al mercado ordinario, con el objetivo de que cualquier persona con discapacidad que desee trabajar en la empresa ordinaria pueda hacerlo en igualdad de condiciones, lo que supone poner en marcha no solo actuaciones de incentivo, sino también de sensibilización, de información y de apoyo en favor del empleo de las personas con discapacidad.

¿A qué actuaciones me estoy refiriendo? En primer lugar, subvenciones a empresas, dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, de adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal, y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.

También articulamos subvenciones destinadas a financiar los profesionales de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción de empresas del mercado ordinario de trabajo.

Y una línea pionera, el pasado año: el fomento de la transición del empleo protegido al empleo ordinario para personas con discapacidad y también para personas en riesgo o situación de exclusión social.

Del mismo modo a como realicé para el mercado protegido, me gustaría dar el apunte de dotación financiera y resultados de estas tres líneas de mercado ordinario. De forma consolidada, en dos mil veintitrés, para estas tres líneas, se ha contado con un crédito definitivo de 402.023 euros; esto supone un 68,68 % más que la legislatura anterior. De este importe se ha ejecutado 326.480,83 euros, una ejecución superior al 81 %. Y una ejecución que supone también un 32 % más de lo ejecutado en la legislatura anterior.

Beneficiarios directos e indirectos -aquí estamos hablando de empresas y entidades sin ánimo de lucro que prestan el apoyo y contratan a personas con discapacidad-: se han beneficiado 93 empresas, que han permitido la formalización de 96 contratos indefinidos para personas con discapacidad; se ha apoyado a 31 trabajadores con discapacidad a través de 13 técnicos de apoyo. Estamos hablando de casi un 35 % más de empresas beneficiadas, que han permitido la formalización de contratos indefinidos a trabajadores con discapacidad en un 52 % adicional, se han apoyado a un 41 % más de trabajadores y tenemos un 30 % más de técnicos de apoyo.

Como resumen a lo citado, y de forma agregada, si consideramos el apoyo que se realiza desde la Consejería tanto a mercado protegido como a mercado ordinario, podemos inferir lo siguiente: el crédito definitivo en dos mil veintitrés se incrementó casi un 11 % con respecto al año precedente y un 31,55 % con respecto a la legislatura anterior. En cuanto al importe ejecutado: en dos mil veintitrés se... se incrementó un 7,86 % con respecto a dos mil veintidós y un 27,30 % con respecto a la legislatura anterior.

Si tomamos como referencia el alcance que tuvieron las ayudas en la... que se convocaban en la legislatura anterior, podemos concluir, efectivamente, que el año dos mil veintitrés ha sido especialmente positivo en lo relativo a la contratación de trabajadores con discapacidad, puesto que en el mercado protegido se ha incrementado un 11,1 % el número de puestos mantenidos para trabajadores con discapacidad; de esos, más de un 29 % ha sido para especiales... de incremento ha sido para trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. El número de puestos creados en mercado protegido se ha incrementado más del 66 % y el número de trabajadores apoyados, a través de las unidades de apoyo en centros especiales de empleo, se ha incrementado un 17,4 %.

Vamos al mercado ordinario. El número de contratos indefinidos formalizados a personas con discapacidad se ha incrementado, con respecto a la legislatura anterior, en un 52,38 %, y en un 40,9 % se ha incrementado el número de trabajadores apoyados en las empresas del mercado ordinario.

Con respecto a los webinars, procede decir que ha sido una iniciativa específica y personal de nuestro consejero de Industria y Empleo. En el mercado... Se han realizado tres webinars en dos mil veintitrés: uno, destinado a medidas del mercado protegido, a centros especiales de empleo; otro, destinado a la empresa ordinaria; y otro, destinado a esta pionera línea de transición del mercado protegido al mercado ordinario, donde se pretende apoyar a las entidades asociativas de centros especiales de empleo y de empresas de inserción, puesto que entendemos que son ellas quienes mejor conocen cuáles son las necesidades de los trabajadores con discapacidad, y sobre todo aquellos con especiales dificultades de empleabilidad, para que se puedan insertar en igualdad de condiciones en el mercado ordinario.

En estos tres webinars se ha invitado a más de 700 empresas en total, si consideramos centros especiales de empleo -que, por descontado, se ha invitado a todo el registro: todos los centros especiales de empleo, tanto de iniciativa social como de iniciativa empresarial registrados- y a empresas del mercado ordinario -a través de sus asociaciones y entidades representativas-, a entidades sin ánimo de lucro -que también son destinatarias de las ayudas-. Y en estos webinar, como digo, es una iniciativa, un compromiso específico y personal del consejero, que participa en todos y cada uno de los webinars que son convocados.

Cada vez que se publica una orden de convocatoria en el BOCYL, se hace un webinar para explicar a sus beneficiarios potenciales cuáles son las condiciones para concurrir a la línea. Personalmente participo yo también en todos y cada uno de los webinars que se han convocado. En este caso, personas con... inserción laboral de personas con discapacidad estamos hablando de tres.

Y en ese webinar, donde digo pues han participado cerca de 700 entidades, además de explicar las características de la orden de convocatoria y de sus bases reguladoras, se habilita la última media hora, vía chat, para que se formulen cuantas preguntas al respecto sean necesarias; en el propio webinar se da respuesta a todas y cada una de las preguntas. Es más, se facilita una dirección de correo electrónico de nuestra Dirección General, donde se pueden trasladar y formular todas aquellas preguntas que consideren necesarias los beneficiarios potenciales; todas y cada una de ellas son respondidas individualmente. Estamos hablando de cientos de consultas; cientos de consultas que, entendemos, nos hacen suponer que estos webinars sí son muy beneficiosos, puesto que estamos hablando de líneas de ayuda que no son nuevas, se venían convocando con anterioridad, año tras año. Con lo cual, si sigue habiendo cientos de preguntas, pues entendemos que, bueno, pues había una necesidad importante en el sector de cercanía por parte de la Administración a la hora de articular las ayudas.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. En turno de réplica, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Vallejo Quevedo.

LA SEÑORA VALLEJO QUEVEDO:

Gracias de nuevo, presidente. Muchas gracias, señora Fernández Rodríguez, por sus respuestas. Es evidente que las cifras de empleabilidad de las personas con discapacidad que se han alcanzado, con los datos que nos acaba de facilitar, han superado con creces las expectativas previstas; algo que, como es lógico y como es previsible, desde el Grupo Parlamentario Popular nos alegramos.

Nos ha dado cifras que, bueno, que sorprenden, y que sorprenden gratamente. Nos ha dicho que la ejecución de los programas, entre unos y otros, rondan el 87 %; que se ha llegado a un 97 % de esa empleabilidad de los... de las distintas convocatorias que han... que han puesto en marcha. Y, bueno, nos ha parecido especialmente interesante esa apuesta por que no solo se potencie ese empleo de alguna forma protegida, sino también ese empleo para el comercio... para el comercio y empleabilidad exterior, porque creemos, y así lo apuntamos en la pasada Comisión, que lo más importante es que estas personas puedan de verdad tener un empleo estable, porque eso... gracias a eso van a conseguir tener esa plena integración en la sociedad.

Nos ha estado dando, eso, unas cifras extremadamente buenas. Y, sobre todo, con respecto a los ejercicios anteriores, me ha sorprendido que nos dice que 93 empresas han participado y que han conseguido 96 contratos indefinidos. Y también esa... esa idea pionera o ese proyecto pionero, que incluye también no solo a las personas con discapacidad, sino a las personas que están en riesgo de exclusión social. Nos parece extremadamente interesante e importante proteger también a estas personas que están en esas situaciones límite en muchas ocasiones.

Nos ha corroborado que, efectivamente, las webinars informativas son útiles: más de 700 empresas nos ha dicho que han participado. Son útiles y qué duda cabe que economizan tiempo, costes, desplazamientos innecesarios y contaminación, como decíamos. Parece que, bueno, afortunadamente algo sí hemos aprendido de la pandemia, porque la realidad nos dice que algunos lo único que aprendieron es a lucrarse con el bien más preciado que tenemos, que es la vida -desgraciadamente-.

Dicho esto, no me ha dado respuesta a cómo estamos... -imagino que lo irá... tendrá pensado en la dúplica- a cómo estamos, cómo somos de garantistas en el empleo de las personas con discapacidad; nuestra Comunidad cómo está con respecto a otras Comunidades Autónomas. Y tampoco -o a lo mejor lo ha dicho en un inicio, pero de forma muy somera- si la Junta de Castilla y León aporta recursos propios -creo recordar que en un inicio algo... ha hecho una pequeña alusión, pero no nos... Si lo pudiese volver a matizar, se lo agradecería-, si la Junta de Castilla y León aporta recursos propios para la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Y dicho esto, simplemente, desde el Grupo Parlamentario Popular solo podemos decir que nos alegra los buenos resultados obtenidos, y que, ¿cómo no?, les animamos, desde su Dirección General y desde el resto de la Consejería y de la Junta de Castilla y León, a continuar con estas líneas de trabajo, a continuar apostando por el empleo de las personas con discapacidad, porque, como decimos, será la única forma de que de verdad puedan conseguir esa integración en nuestra sociedad. Dándole de nuevo las gracias, de momento, nada más.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de dúplica, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Fernández Rodríguez.

LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS (SEÑORA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Pues, señora Vallejo, muchas gracias por recordarme la pregunta, porque sí que... sí que es verdad que me gustaría dar detalles al respecto y no... no ha sido posible en mi intervención anterior, con lo cual le agradezco me recuerde la pregunta.

He de decir que, en primer lugar, las medidas destinadas al fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad se articulan a través de políticas activas de empleo. Tres de los cuatro programas de mercado protegido y uno de los tres programas de mercado ordinario que he comentado anteriormente y que se convocan anualmente se recogen en la normativa estatal, que es la que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Estos deberían financiarse con cargo a la transferencia finalista que se recibe del Estado, y debo realizar varias matizaciones:

En primer lugar, para preservar la sostenibilidad financiera de los beneficiarios de las ayudas, las convocamos en el primer trimestre del año y se van liquidando con periodicidad mensual. No obstante, las órdenes de distribución de fondos no se publican hasta bien entrado el segundo trimestre del año y los fondos son transferidos en el segundo semestre. Con lo cual, los importes son anticipados todos los años.

En segundo lugar, la normativa que regula los programas comunes no establece la obligatoriedad de convocar todos los programas, pero la Junta de Castilla y León convoca la totalidad de los programas comunes para la inserción laboral de personas con discapacidad. Es que, además, nos amparamos en las disposiciones generales de la normativa para exceder las cuantías de referencia en un 30 %.

En tercer lugar, para garantizar la convocatoria de todas las líneas y hacerlo con esas cuantías tan garantistas que exceden las cuantías de referencia que nos permiten las disposiciones generales, anualmente aportamos una media de 2.000.000 de euros, porque la cuantía finalista percibida siempre es insuficiente.

Y, finalmente, tenemos que decir que se resuelven todas las solicitudes de todas las convocatorias de subvenciones que tienen como destinatarias a personas con discapacidad. ¿Cómo? En concurrencia competitiva, incrementamos los créditos; o, en concesión directa, implementamos cláusulas de rescate.

Incido, además, que Castilla y León amplía el abanico de ayudas posibles, de ayudas a la inserción laboral de personas con discapacidad -estamos hablando de una línea de ayuda propia para el mercado protegido y dos líneas de ayuda propias para el mercado ordinario, que convocamos anualmente-: por un lado, un complemento autonómico, que incrementa los porcentajes de financiación del SMI de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad en centros especiales de empleo; y dos líneas autonómicas en mercado ordinario para financiar empleo con apoyo y fomentar el tránsito del mercado protegido al mercado ordinario. ¿De cuánto estamos hablando? Importes cercanos al millón de euros anuales.

Con lo cual, podemos decir que Castilla y León, sí, es, por lo tanto, una de las regiones más garantistas respecto al fomento de la inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Cómo? Gracias al compromiso específico y personal, también, del consejero de priorizar el destino de los fondos autónomos que se puedan reasignar hacia la inserción laboral de personas con discapacidad. Este compromiso en dos mil veintitrés ha permitido incrementar el crédito inicial de las líneas en un 19 %, crédito sobre el que se ha ejecutado un porcentaje cercano al 97 %.

Y, en segundo lugar, también me gustaría indicar, sin perjuicio de los resultados positivos que vengo de comentar y que bajo ningún concepto nos sitúan en la autocomplacencia, por ello en dos mil veinticuatro vamos a continuar mejorando las ayudas a quienes más lo necesitan, que son aquellas personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. Especiales dificultades, señorías, que no vienen motivadas por razón de sexo, sino por el tipo y grado de discapacidad, así como por la edad.

A nuestro criterio, y en sintonía por lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratifica en dos mil ocho, todas las personas con discapacidad merecen el mismo trato y los mismos derechos, con independencia de su sexo. Y son sus condiciones físicas o psíquicas las que deben determinar la intensidad del apoyo que se les debe prestar. Es que el INE, en su informe relativo al empleo de las personas con discapacidad, corrobora este criterio: establece que, en dos mil veintidós, la tasa de paro de mujeres con discapacidad fue inferior a la de los hombres en más de 1 punto. El diferencial, además, de las tasas de empleo entre hombre y mujeres con discapacidad fue casi 10 puntos porcentuales inferior a la de la población sin discapacidad. Pero si nos vamos a las personas mayores de 45 años con discapacidad, su tasa de empleo es hasta 47 puntos porcentuales inferior a la de la población sin discapacidad. ¿Esto qué hace? Desbaratar la oportunista maniobra del Ejecutivo central por introducir en la Carta Magna un sesgo ideológico de desigualdad por razón de sexo en el colectivo de personas con discapacidad, con la pretensión de desviar la atención sobre asuntos de más difícil argumentación.

Procede recordar -y por eso digo oportunista y utilitarista- que estamos hablando del mismo Gobierno que en dos mil veintidós introdujo el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral, con una batería de medidas que atentaba contra el mantenimiento de 100.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad en España. Y es que el propio sector calificó aquella propuesta como -abro comillas- "el peor retroceso producido respecto del empleo de personas con discapacidad en nuestra etapa democrática" -cierro comillas-.

La Junta de Castilla y León, a través de nuestra Consejería, se sitúa en una posición diametralmente opuesta, que no recurre a maniobras, sino a hechos; hechos a través de los cuales no nos instalamos en la inercia continuista, como he explicado, sino que, en estrecho y continuo diálogo con el sector, incrementamos presupuestos, diseñamos nuevas líneas en base a las necesidades detectadas y mejoramos las existentes, algo que se ha podido comprobar ya en las bases reguladoras que publicamos el año pasado y que no he comentado, puesto que aquí estamos hablando de ejecución del dos mil veintitrés.

Pero sí vamos a incentivar muy especialmente la contratación de personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, y entre estas consideramos que son las de mayor edad, al objeto de fomentar la productividad y competitividad de los centros especiales de empleo, mientras se promueve y se fomenta la innegable y encomiable labor social que estos desempeñan.

Y todo esto -y ya finalizo, señorías- nos motiva y nos impulsa hacia el alcance de una de las medidas prioritarias de nuestro pacto de Gobierno de coalición, que en su primer eje persigue vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, garantizando la igualdad social, la igualdad laboral, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas gracias.

POC/000132

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Segundo punto del orden del día: Pregunta para su respuesta oral número 132, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores doña María Paloma Vallejo Quevedo, don David Beltrán Martín, don Juan Jesús Blanco Muñiz, don Pedro Antonio Heras Jiménez, doña Elena Rincón Iglesias, don Ramiro Felipe Ruiz Medrano y don Pablo Trillo-Figueroa Martínez-Conde, relativa a distintas cuestiones en materia de cooperativismo y economía social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 239, de treinta de enero de dos mil veinticuatro.

Formula la pregunta, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador del Grupo Parlamentario Popular don Raúl Hernández López.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Reiterar a la señora directora general hoy el agradecimiento por su presencia para aclararnos una serie de dudas, que a este grupo se le han planteado a lo largo de esta legislatura, en relación a las materias que tiene su Dirección General, y, por tanto, agradecerle su disponibilidad para estar hoy aquí de nuevo para responder a lo que consideramos importante para este grupo y para esta Comunidad.

La economía social, señorías... -bueno, y buenos días, señorías- la economía social es aquella que aglutina las empresas que trabajan por producir bienes, servicios y conocimientos, que atienden a las necesidades de la comunidad a la que sirven con objeto de lograr objeticos sociales y medioambientales específicos y de fomentar solidaridad. Aquí se incluyen cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, empresas de inserción, mutuas o mutualidad y microemprendimientos asociativos.

En Castilla y León, señorías, esta economía supone el 10 % del PIB, engloba 12.500 trabajadores aproximadamente y abarcaría un entorno de 2.500 empresas, creando un 12,5 % del empleo de Castilla y León.

El tercer sector es un elemento clave en el desarrollo económico del mundo rural, y destaco que uno de los objetivos de la Junta, indudablemente, es incrementar su peso. Estamos, señorías, ante la economía del futuro en Castilla y León.

Siguiendo estos datos, podemos afirmar que uno de los objetivos de la presente legislatura para el Gobierno autonómico es el impulso de la economía social, para que alcance el reconocimiento que se merece. Si analizamos hoy el mundo del cooperativismo y su peso en la Comunidad, aparte ya de los datos que les he mencionado, no quiero olvidar hoy también citar la importancia del cooperativismo en el sector agroalimentario de Castilla y León, y más en este momento en el que agricultores y ganaderos están luchando por salir de esa crisis que les tiene casi a algunos en la ruina.

El movimiento cooperativista tiene una importante extensión territorial y sectorial en Castilla y León, que la convierte en una de las regiones más significativas de España en este ámbito. No en vano, en Castilla y León se ubican 1.120 cooperativas, de las que 563 son agroalimentarias y las otras 557 son de explotación comunitaria de la tierra. No vamos a recordar que tienen más de 40.000 socios, superan más de 2.900 millones de euros la facturación, y que incluso cuatro de ellas están en el top 10 a nivel nacional, cosa que habría que destacar y siempre valorar.

Pero volviendo a su Dirección General, nos gustaría en esta primera intervención -si da tiempo; si no, en la segunda también- nos hable hoy de las actuaciones que en este amplio campo se están poniendo en marcha desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León en materia de fomento del cooperativismo y de la economía social. Y también nos gustaría conocer en qué medida la creación de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social en Castilla y León puede ayudar a promover y dar a conocer la fórmula de la economía social en nuestra Comunidad. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. Contestación, por parte de la Junta de Castilla y León, por parte de la directora general de Economía Social y Autónomos, doña María Emma Fernández Rodríguez.

LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS (SEÑORA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Gracias. Señor Hernández López, me congratula, antes de nada, ese reconocimiento al importantísimo músculo del movimiento cooperativo agroalimentario de Castilla y León, y suscribo ese reconocimiento. Muchas gracias por esa aportación.

Y sí me gustaría trasladar: en materia de economía social, sabemos que el cooperativismo y las cooperativas son una de las entidades que forma parte de la economía social en virtud de la Ley 5/2011, de Economía Social. Y en la materia, nuestra Consejería ha sido pionera en el abordaje del fomento del cooperativismo y la economía social, a través de un planteamiento, por primera vez, holístico e integrador, que se ha plasmado de forma estratégica a través del primer Plan de Fomento de la Economía Social, aprobado mediante acuerdo de Junta de Castilla y León, también... en Consejo de Gobierno celebrado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, y que ha sido publicado en el BOCYL el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.

Estamos hablando de una estrategia que va a representar la hoja de ruta que va a marcar las previsiones de actuación a nuestra Consejería en materia de economía social. Es verdad que la Dirección General de Economía Social y Autónomos cuenta con 20 años de trayectoria, pero nunca antes, hasta nuestra llegada al Gobierno autonómico, se abordó la necesidad de elaborar un planteamiento estratégico para el sector. Por ello, se trata de la primera estrategia para la economía social en la historia de Castilla y León.

Me gustaría comentar la estrategia, y es que en la luz... a la luz del análisis de situación que se realiza y se presenta en la estrategia, nos centramos en el alcance de un objetivo general, que es la promoción y el estímulo del empleo en Castilla y León, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a través de fórmulas de la economía social, y tres objetivos específicos: por un lado, promover y divulgar las bondades de las fórmulas de economía social; en segundo lugar, promover y favorecer la incorporación a la vida laboral de personas con discapacidad y personas en riesgo o situación de exclusión social; y, en tercer lugar, la promoción del emprendimiento colectivo a través de fórmulas de la economía social, a través de las empresas de participación de la economía social.

Todos estos objetivos vienen cuantificados a través de indicadores y de impactos esperados. Es decir, se marca un resultado esperado de aquí a dos mil veinticinco, el horizonte temporal es veintitrés-veinticinco. Y está cuantificado mediante indicadores específicos.

Todos los resultados los pretendemos alcanzar poniendo en marcha una serie de medidas. El plan contempla un total de 27 medidas: tres corresponden al Objetivo general, ocho al Objetivo específico 1, trece al Objetivo específico 2, y tres al Objetivo específico 3.

La estimación es que en tres años se destinarán alrededor de 113 millones de euros al fomento de la economía social y a sus actores. Y, como ya he indicado, es hasta nuestra entrada en el Gobierno regional que no se trabajaba un modelo integrador, que aglutinase los intereses compartidos por todas las entidades de la economía social. Por ello, en el Objetivo específico 1, que he comentado, respectivo a promoción y divulgación, prácticamente todas las medidas son de carácter novedoso, pero además también incluimos novedades en los Objetivos específicos 2 y 3, porque queremos fomentar la competitividad de las empresas y entidades de la economía social individualmente consideradas.

Entre las principales novedades del plan, contemplamos: en primer lugar, el impulso a una Cátedra de Economía Social para Castilla y León; en segundo lugar, la confección de estadísticas especializadas en materia de economía social; y, en tercer lugar, el fomento de las actuaciones de difusión y promoción de la economía social de Castilla y León, no solo en el ámbito regional, sino también a nivel europeo, con actuaciones como, por ejemplo, la reciente adhesión de la Consejería a la Red de Regiones Europeas de Economía Social.

A estos tres importantes hitos sin precedentes, logrados por la implementación de nuestras políticas, hay que sumar la incorporación de nuevas ayudas al sector, como, por ejemplo, y en primer lugar, el impulso del tránsito desde el empleo protegido al ordinario para personas con discapacidad y aquellas en riesgo o situación de exclusión social, al que antes me he referido; en segundo lugar, la financiación parcial de inversiones generadoras de empleo en empresas de inserción; y, en tercer lugar, el fomento de actuaciones de difusión de la economía social a través de sus entidades asociativas.

Esta estrategia, señorías, viene acompañada de un plan de acción específico ya para dos mil veintitrés. En él se contemplan 28 actuaciones concretas y específicas, y es que muchas de las cuales ya han podido ser implementadas por la Consejería en el curso del año dos mil veintitrés. ¿Cómo? Gracias a las previsiones presupuestarias, que permitieron incrementar el presupuesto de la economía social en un 46 % para dos mil veintitrés.

Voy a centrarme en una de las medias del plan: la M14, medida 14. Se establece que "Se impulsará la creación de una Cátedra de Cooperativismo y Economía Social y se fomentará su viabilidad para potenciar la investigación en materia de economía social". Junto a otras cuatro medidas adicionales, esta M14 ¿qué persigue? Aumentar el nivel de conocimiento de la población general y especializada en economía social y fomentar la generación de nuevas iniciativas empresariales de economía social. ¿Qué pretendemos? Contribuir al alcance del Objetivo específico 1, de "Promover y divulgar las bondades de las fórmulas de economía social".

Gracias al impulso político de nuestro consejero de Industria, Comercio y Empleo, la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social ya es una realidad. Fue creada formalmente por la Universidad de Valladolid, mediante acuerdo de su Comisión de Gobierno, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Posteriormente, nuestra Consejería firma, el cuatro de julio de dos mil veintitrés, el convenio de adhesión a la cátedra. En virtud de este convenio, nos hemos entidad... convertido -perdón- en entidad miembro de pleno derecho de la misma.

Para impulsar las actuaciones de la cátedra, la Junta de Castilla y León acordó, en Consejo de Gobierno, el veintisiete de julio del veintitrés, autorizar al consejero la concesión de una subvención directa por importe de 30.000 euros para la dotación del apoyo financiero necesario para sufragar las actuaciones de creación y lanzamiento de la cátedra. ¿Qué hemos hecho? El lanzamiento de la identidad corporativa, como la cátedra, y realización de jornadas de promoción y difusión de la economía social. En estas jornadas, se han desarrollado hasta 14 ponencias y 4 mesas redondas, con ponentes de primera línea de la economía social no solo de Castilla y León, sino de fuera de Castilla y León.

De forma adicional, y en virtud de la firma del convenio de adhesión a la cátedra, nuestra Consejería se compromete a la concesión de una subvención directa con carácter anual para la financiación de determinadas actuaciones contenidas en el reglamento interno de la cátedra. Y, para ello, hemos modificado el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería. Una de las modificaciones practicadas en dicho Plan Estratégico de Subvenciones obedece al objeto de incluir un nuevo objetivo estratégico, que es el fomento de la economía social. Bajo este objetivo, contemplamos la concesión de una subvención directa a la Universidad de Valladolid, destinada a la financiación de actuaciones de fomento de la economía social por la cátedra.

¿Qué vamos a hacer a través de esta cátedra? En primer lugar, una labor de investigación, que nos va a permitir generar evidencia a favor de las fórmulas económicas y empresariales de la economía social; vamos a cuantificar el impacto respecto a la creación de empleo y de valor añadido para los territorios en los que se asientan.

En segundo lugar, también queremos despertar el interés por parte del público universitario hacia esta forma diferente de hacer empresa que es la economía social: queremos democratizar una oferta formativa universitaria especializada, que contribuya a formar a los futuros gestores de las entidades de la economía social, para crear, administrar y gestionar de forma adecuada estas entidades. Y es que esto ya lo sugiere el Consejo Económico y Social en la recomendación 223 de su Informe sobre la situación económica y social en Castilla y León en dos mil veintidós. Y tomamos el guante, recogemos el guante de estas recomendaciones y las ratificamos en el Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social.

Además, y en tercer lugar, la cátedra realizará acciones de información y comunicación, que van a reforzar la visibilidad de la economía social y que van a complementar las restantes medidas de difusión y promoción que ya se contemplan en la estrategia.

Y, en cuarto lugar, y no menos importante: la cátedra va a fomentar la transferencia de conocimiento, tan importante, entre la universidad y las empresas de la economía social. Queremos explorar el desarrollo de proyectos colaborativos y acompañar en el diseño de proyectos de emprendimiento social.

Pasamos ya al ámbito específico del cooperativismo. Y es que, tal y como ha aprobado el Pleno del Consejo Regional de Economía Social, en sesión celebrada el pasado diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, está previsto además que la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social ejecutará diversas actuaciones de fomento del cooperativismo en dos mil veinticuatro. Y todo ello con cargo al Fondo de Fomento del Cooperativismo, que custodia la Administración regional, según le encomienda la Ley 4/2002, de Cooperativas de Castilla y León.

En virtud de esa aprobación, está previsto que en el año dos mil veinticuatro se destinen un total de 90.000 euros tanto a la relación de... a la realización -perdón- de campañas publicitarias a nivel regional de fomento del cooperativismo como a la realización de jornadas de fomento y divulgación del cooperativismo, que van a estar destinadas a estudiantes universitarios, a especialistas en la materia y al público en general de Castilla y León.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de réplica, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Hernández López.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señora Fernández Rodríguez, muchas gracias por sus explicaciones. Creo que de su intervención se puede resumir en algo muy claro: que para la Junta de Castilla y León, de verdad que hay que... ha quedado muy claro la importancia del tercer sector para esta Comunidad, el fomento del cooperativismo con este primer Plan de Fomento de la Economía Social, con ese compromiso presupuestario ya de esos 113 millones de euros, y con esas 27 medidas, y con esa puesta ya en marcha de esa Cátedra de Cooperativismo y Economía Social con la Universidad de Valladolid.

Indudablemente, creo que para la Junta de Castilla y León queda claro que tienen que cumplir un objetivo primordial para esta Comunidad, que era el de resolver los grandes retos que tiene Castilla y León para el presente y para el futuro. Pero me sigue planteando una duda, que, a lo mejor, no le ha dado tiempo, a lo mejor, a desarrollarnos más, ¿no?, porque el tiempo para usted es muy limitado -a nosotros nos sobran los diez minutos, pero para usted, indudablemente, le faltarían más, ¿no?-, pero, sinceramente, ¿cree usted que cuenta la economía social de Castilla y León con el reconocimiento que se merece? No a nivel institucional -que ha quedado muy claro los pasos, los logros, los objetivos, el camino que tiene marcado ya la Junta en esta Comunidad-, sino ya me refiero a un poco más a nivel de otras Administraciones, externo, la opinión pública. Es decir, ¿qué opina usted? Es lo que a mí me llama la... si todas esas medidas sirven para que realmente estemos todos reconociendo la labor del cooperativismo del tercer sector en esta Comunidad.

Por mi parte, agradecerle de nuevo su intervención, su presencia hoy aquí. Espero su respuesta ahora. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Muchas gracias. En turno de dúplica, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Fernández Rodríguez.

LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS (SEÑORA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Gracias, señor Hernández López. Bueno, pues sí que he de decir que es un momento especialmente proclive para... para el fomento del cooperativismo y de la economía social, porque se le está dando un impulso importante a nivel europeo, y... y ello debemos agradecerlo al especial esfuerzo realizado por la Confederación Empresarial Española para la Economía Social, CEPES, cuya presidencia lo es también de la organización representativa europea, Social Economy Europe.

Nosotros pensamos desde la Consejería que la economía social es aquella fórmula que nos va a permitir resolver los grandes retos a los que nos enfrentamos en nuestra región, en sintonía también con lo que defiende CEPES. Y nuestro consejero siempre se ha referido a la economía social en todas y cada una de sus intervenciones al respecto como la economía del futuro. Es verdad -lo comentaba usted al inicio-: es un modelo económico y empresarial que, a nivel regional, se estima supone, a día de hoy, el 8 % del PIB regional, pero es que se ubica mayoritariamente en municipios de menos de 40.000 habitantes, y esto a diferencia de la empresa mercantil tradicional.

Es importante... la evidencia que se ha generado recientemente al respecto estima que, si las empresas de economía social no atendiesen a su compromiso de cohesión social y territorial, se ha cuantificado que hasta 192.000 personas que residen en el medio rural tendrían que desplazarse a zonas urbanas, al no contar con servicios básicos que suministra la economía social. Y es por eso que, desde el inicio de la legislatura actual, nos hemos marcado como prioridad absoluta en materia de inserción laboral despertar este proyecto del letargo continuista que venía experimentando en la legislatura anterior.

En materia de fomento del cooperativismo... -voy a dar algún ejemplo de lo que acabo de decir- en materia de cooperativismo, y desde que se instara a la Junta de Castilla y León a su creación ya con la Ley 4/2002, de Cooperativas, el fondo de cooperativismo, que hoy asciende a 800.000 euros, nunca en los veinte años desde que existe el centro directivo de Economía Social y Autónomos había sido utilizado para el fomento del cooperativismo. Tampoco se había avanzado en el desarrollo reglamentario al que obliga la modificación de la Ley de Cooperativas, efectuado en dos mil dieciocho, y que otorgaba el plazo de un año para la adaptación al decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas.

En materia de reconocimiento de la economía social -ya lo he comentado antes-, y pese que se cuenta desde dos mil seis con unos premios de reconocimiento al cooperativismo y la economía social, se incumplió en diversas ocasiones la periodicidad anual a la que obliga la normativa que lo regula. Y también se obvió la sesión del pleno del Consejo Regional de Economía Social, que debió haberse celebrado en dos mil veintiuno, para respetar la periodicidad anual de las reuniones.

Estas cuestiones que vengo de comentar, unidas al hecho de que Castilla y León también figuraba entre las pocas regiones de España que la anterior legislatura no se habían dotado de una estrategia de economía social, estaban deteriorando el posicionamiento que para la economía social había adoptado Castilla y León hacía ya veinte años, como primera región con un centro directivo específico para esta materia. Es por eso, y por la importancia que la economía social tiene en materia de fomento de la cohesión social y territorial de nuestra región, que con nuestra llegada al Gobierno regional no solamente retomamos las obligaciones normativas en la materia que vengo de referir, sino que, además, articulamos una estrategia política de primer orden, generando una ilusión renovada entre las familias de la economía social y que ahora sienten que cuentan con una Administración que realmente les está escuchando.

Así, en menos de dos años, se han alcanzado los siguientes hitos: aprobación de la primera Estrategia Regional de fomento de la Economía Social; incremento del 46 % en el presupuesto para el fomento de la economía social; impulso a una Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, que gestionará actuaciones de fomento de la economía social y las específicas de fomento del cooperativismo, con un Fondo de Fomento del Cooperativismo, que existe desde dos mil dos y que será utilizado por primera vez; en cuarto lugar, revisión y mejora de la práctica totalidad de ayudas para fomentar la competitividad de las entidades de la economía social; en quinto lugar, vamos a diseñar nuevas medidas para fomentar y visibilizar la economía social e incentivar la competitividad de las... los actores que la componen; en sexto lugar -ya lo he comentado-, la adhesión a la Red de Regiones Europeas de Economía Social. Y muy recientemente, por la importancia que tiene la economía social para la cohesión territorial, la propuesta de incluir un capítulo específico para el fomento de la economía social en el anteproyecto de Ley de Desarrollo del Medio Rural y Dinamización Demográfica de Castilla y León.

Todas estas actuaciones no suponen sino el inicio de un proyecto estratégico que garantizará a la economía social de Castilla y León el posicionamiento que se merece. Y es que, haciéndonos eco de las propias palabras de los representantes de la economía social, nunca hasta nuestra llegada al Gobierno regional se había mostrado tanto interés por la economía social. Y esperamos, señorías, en este sentido, que desde el Gobierno central nos acompañen con medidas que verdaderamente refuercen nuestra economía social, puesto que obras son amores y no buenas razones. Y por ello vamos a continuar reivindicando al Gobierno central:

Uno: la reforma del régimen fiscal de cooperativas, que data de mil novecientos noventa.

Dos: el desarrollo reglamentario del Artículo 6 de Economía Social, que encomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social la elaboración y actualización de un catálogo de entidades de la economía social, y que trece años después sigue sin existir.

Tres: la ejecución de lo estipulado en la disposición adicional primera de la Ley de Economía Social, que encomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social la elaboración y actualización de información estadística en materia de economía social.

Y cuatro, y no por ello menos importante -y, de hecho, considero lo más importante-, la protección del producto de nuestro campo y de nuestra industria, que emana con muchísima frecuencia de las entidades de la economía social por su compromiso con el territorio, que aprovechan el recurso autóctono, que no se deslocalizan, pero que tienen que confrontar la competencia desleal del producto extracomunitario, que no cumple con los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores en la economía social, en virtud, señorías, de los perniciosos dictados de una aparentemente ofensiva, pero letal, Agenda 2030. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Querida directora general de Economía Social y Autónomos, agradecemos su atención, su exposición y las respuestas dadas. Muchas gracias. Y hacemos un receso de dos minutos para poder despedirla.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Tercer punto del orden del día. Por el señor secretario se dará lectura al tercer punto del orden del día.

PNL/000773

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Tercer punto del orden del día: Proposición no de ley 773, presentada por los Procuradores doña María Soraya Blázquez Domínguez, don Juan Luis Cepa Álvarez, don Eugenio Miguel Hernández Alcojor, doña Virginia Jiménez Campano, don Luis Briones Martínez, don Rubén Illera Redón y doña Noelia Frutos Rubio, instando a la Junta de Castilla y León a reducir el coste de la ITV para los tractores y la maquinaria remolcada, equiparándola al de otras Comunidades Autónomas, y ampliar la red de estaciones móviles que faciliten el acceso a este servicio a los agricultores y ganaderos de las zonas rurales; igualmente, a instar a las empresas concesionarias del servicio de ITV a que apliquen un descuento del 50 % en el coste de la inspección de la maquinaria agrícola arrastrada, como sembradoras, empacadoras, remolques, palas de carga o rodillos, respecto al de los tractores, teniendo en cuenta la menor complejidad y riesgo de estos accesorios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 239, de treinta de enero de dos mil veinticuatro.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña María Soraya Blázquez Domínguez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Pues hoy traemos aquí una proposición, una propuesta, que, bueno, es fácil de entender, fácil de explicar, y espero que igualmente sea fácil de aprobar. Porque la inspección técnica de vehículos, ITV, es un servicio público esencial que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y protección del medio ambiente por parte de los vehículos que circulan por las vías públicas. Creo que eso todos los aquí presentes lo sabemos. Y también sabemos que esta inspección es obligatoria para todos los vehículos, incluyendo, desde luego, tractores y maquinaria agrícola arrastrada, y que asimismo pues se deben de someter a revisiones periódicas según su antigüedad y según las características.

En Castilla y León el coste de pasar la ITV resulta que es más alto que en otras Comunidades. Según la alianza UPA-COAG, en Castilla y León, que es una de las regiones donde resulta pasar la ITV más cara a los tractores y a la maquinaria remolcada, ¿qué significa esto? Pues esto al final significa que no deja de desincentivar la revisión y el mantenimiento de estos vehículos, que todos entendemos que es muy necesario. Al final esto es preocupante, pues porque, según el Ministerio de Agricultura, da unas cifras: entre el dos mil cuatro y dos mil diecinueve el Ministerio nos dice que se produjo un promedio de 96 muertes al año en España precisamente por accidentes con tractores, y que las víctimas eran mayoritariamente hombres, y estos mayores de 65 años, porque utilizaban maquinaria obsoleta.

Entendemos que estas dos premisas con las que, evidentemente, parte este... estos datos del Ministerio, en Castilla y León, pues tienen razón de ser y sentido, porque, como todos conocemos, pues en el tema de agricultores y ganaderos la edad también es muy avanzada. Si a eso lo sumamos precisamente lo de la maquinaria obsoleta, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para que formemos parte de este ranking.

Asimismo, en dos mil veinticuatro, la ITV de Castilla y León se ha encarecido, se ha encarecido un 3,5 % más debido a la inflación. Y a esto se suma que ya veníamos... lo traíamos arrastrado: ya en dos mil veintitrés, mientras que un agricultor de Castilla y León pagaba 39 euros al pasar la ITV de los tractores o de la maquinaria remolcada, pues teníamos en otras regiones, como Galicia o Cantabria, que pagaban 21 y 29, respectivamente. Ahora la media, con esta subida, está en unos 51,35 euros de media. Como ven ustedes, es a tener en cuenta.

Esta situación además es especialmente preocupante precisamente en un momento en el que los costes de producción son elevados y la rentabilidad es mínima para los profesionales del sector. Es algo que traemos a colación a diario y que, evidentemente, ahora mismo lo tenemos muy presente. Por lo tanto, no tiene además sentido: a estas cargas se suma el que, al final, se está cobrando lo mismo por un tractor complejo que por un accesorio más sencillo, como, por ejemplo, un remolque. Entendemos que tampoco tiene esto mucho sentido ni razón de ser.

Tenemos que añadir que a todo esto se suma que Castilla y León es la tercera Comunidad con un mayor número de vehículos inscritos, solo por detrás de Andalucía y de Galicia. Y según también los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Castilla y León en el dos mil veintitrés se contabilizaba que tenía 154.217 tractores, a finales de dos mil veintitrés.

Si analizamos otros datos, también ofrecidos por el Ministerio, como el parque estimado en tractores y cosechas de cereales que estaban en uso en este dos mil veintitrés, al cierre del dos mil veintitrés, pues resulta que Castilla y León dispone de 132.368 de los primeros y 6.387 de los segundos, de las cosechadoras. Desde luego, es una cifra que mantiene a nuestra Comunidad como una de las que más maquinarias tiene de España. Por provincias, podemos decir, bueno, pues que se sitúan León, Burgos y Zamora como las que más tractores tienen, y que a esto se suma que durante el año pasado se produjeron en Castilla y León un total de 2.748 cambios de titularidad, y que la mayoría eran con máquinas de más de 20 años de antigüedad, dato importante y a tener en cuenta a la hora de lo que en esta propuesta traemos hoy. Y de esos 20 años de antigüedad... o sea, de eso... perdón, de esos 2.748, que, como decimos, la mayoría con 20 años de antigüedad, tan solo 131 tenían menos de 2 años. Esto al final, bueno, pues es lo que ya comentaba y es ¿qué significa? Pues significa, evidentemente, también el envejecimiento del parque de maquinaria en Castilla y León.

En conclusión, señorías, el sector de los tractores de Castilla y León está sufriendo un agravio comparativo con respecto a otras Comunidades, y sería conveniente que, por parte del Gobierno autonómico, desde luego, se tomaran medidas para aliviar esta situación y para garantizar que todos los usuarios tengan una seguridad en la vía pública.

Además, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que las competencias en materia de gestión de las ITV corresponden a las Comunidades Autónomas, y que son estas, en definitiva, las que deciden el modelo de gestión de las mismas, y que deben de ser aplicadas según lo que esto decidan. Y que, desde luego, entendemos que deben de ser supervisadas y que estas revisiones se lleven a cabo de una manera adecuada y acorde con los requisitos que marca... que marca la ley.

Por ello mismo -volvemos a insistir- es por lo que esta propuesta nos parece adecuada y mayormente con los tiempos que corren. Y nuestro grupo parlamentario, no solamente porque ahora, precisamente, tengamos a los tractores en las carreteras, sino que ya estábamos pendientes de este tema; es un tema que nos preocupa y ocupa. Y ya presentamos en noviembre del dos mil veintidós, y presentábamos una enmienda a los Presupuestos: en dicha enmienda ya proponíamos la revisión de las zonificaciones de las estaciones de ITV, la reducción de las tarifas aplicables a la inspección de vehículos y la exención de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las operaciones de compraventa de tractores y de maquinaria agrícola en particular, entre particulares -perdón-.

Por todo ello, y con los datos dados -que, volvemos a insistir, son conveniente tener en cuenta-, creemos que esta propuesta deben de sus señorías votarla a favor, y para ello les voy a pasar a leer la propuesta que traemos, con 2 puntos, a esta Comisión hoy: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:

Primero, reducir el coste de la ITV para los tractores y la maquinaria remolcada, equiparándola al de otras Comunidades Autónomas, y ampliar la red de estaciones móviles que faciliten el acceso a este servicio a los agricultores y ganaderos de las zonas rurales.

El punto 2, instar a las empresas concesionarias del servicio de ITV a que apliquen un descuento del 50 % en el coste de la inspección de la maquinaria agrícola arrastrada, como sembradoras, empacadoras, remolques, palas de carga o rodillos, respecto al de los tractores, teniendo en cuenta la menor complejidad y riesgo de estos accesorios". Y de momento, eso es todo.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Francisco Igea Arisqueta.

EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Bien, señora Blázquez, pues, naturalmente, contará con nuestro apoyo en esta propuesta, no por la... el impacto económico que esto pueda tener sobre nuestros agricultores (hay que decir que estamos hablando de una rebaja de 20 euros; que en unos vehículos que sabe que no pasan ITV nada más que pasados los 8 años y luego bianualmente, estaríamos hablando pues alrededor de 10 euros por cada uno de ellos; no parece que esto nos vaya a sacar de la dramática situación en la que están nuestros agricultores), pero sí por una cuestión que yo comparto completamente con usted, que es la cuestión que usted ha argumentado de la igualdad.

Usted ha dicho: hay una situación de agravio comparativo. Y yo estoy muy de acuerdo en eso, y, de hecho, además, me alegra verles como van introduciéndose por este camino, ¿no?, de luchar contra la desigualdad fiscal provocada por esta, en fin, alocada carrera de dumping fiscal entre Autonomías, provocada, entre otras cosas, por esta manera de pactar Gobiernos y legislaturas.

Y yo en eso estoy completamente de acuerdo con usted, y creo que la igualdad es un asunto importante, aunque solo sea en lo ejemplar, ¿eh? Porque imagínese usted, ¿no?, que uno estuviera pidiendo la dimisión de un señor no imputado y mantuviera un alcalde imputado en Olmedo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sería un clarísimo ejemplo de desigualdad, ¿no? Que uno mantuviera un alcalde imputado en Olmedo y viniera aquí, a esta Comisión, a dar lecciones. Pero oiga, estas cosas a veces pasan, ¿verdad? Y hay que recordarlas.

Así que, en nombre de la igualdad, de la igualdad fiscal, de la igualdad de nuestros agricultores, naturalmente que usted va a contar con nuestro voto.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Vanessa García Macarrón.

LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:

Gracias, presidente. Buenos días a todos. Esta iniciativa va a contar con nuestro apoyo, y más aún teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo actualmente. Con la asfixia que está sufriendo nuestro sector primario, es evidente que cualquier ayuda pueda... que puedan recibir va a ser más que bienvenida por nuestra parte, tal y como se pudo constatar el pasado Pleno a través de una pregunta oral que formulamos exigiendo que se tomaran medidas para poder ayudar a nuestros agricultores y ganaderos.

Si a este hecho le añadimos además que en otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Cantabria o de Galicia, el coste de pasar la ITV es un 40 % más barato que la nuestra, queda evidenciado que se trata de una posibilidad real y que es perfectamente asumible por parte de nuestra Administración. Y por ello nos unimos a esta solicitud.

Es absolutamente lamentable que en Castilla y León se pague una media de entre 10 y 18 euros más que en la mayoría de las Comunidades para poder pasar este tipo de inspección. Y como bien enuncia la iniciativa de esta propuesta, la alianza UPA-COAG, que también lo ha nombrado usted, ha puesto este hecho de manifiesto en repetidas ocasiones, denunciando esta situación; una situación que califican de abusiva, con una única finalidad: el afán recaudatorio. Por ello piden, según la información a la que he podido acceder, que en ningún caso este tipo de inspecciones superen los 25 euros, cifra con la que coincidimos, pero que dista mucho de la realidad en la que actualmente nos encontramos.

A esta medida pueden añadirse otras, como es el caso que se da en nuestra Comunidad colindante, en Aragón, donde se ha aplicado un descenso del 50 % del coste de la inspección respecto a la maquinaria remolcada. La explicación es sencilla: no existe una lógica coherente para que se cobre lo mismo como consecuencia de tener que pasar esta inspección una maquinaria compleja, como puede ser un tractor, que un accesorio del mismo, ya que se trata de un mecanismo mucho más sencillo; y, por ello, el coste de tal inspección debería ser acorde a esta complejidad. Otro caso que tampoco se da en nuestro territorio.

Como he dicho, no es solo una posibilidad que ya se da en otras Comunidades, sino que es una propuesta que debe ser llevada a cabo para mejorar el estrangulamiento al que se ven sometidos nuestros agricultores y ganaderos en el día de hoy. Solo hay que encender la televisión o salir a la calle para evidenciar que están pasando por una situación muy difícil. Así que nuestra formación va a votar sí a esta iniciativa. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña María de Fátima Pinacho Fernández.

LA SEÑORA PINACHO FERNÁNDEZ:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien. Debatimos a continuación esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista sobre las tarifas de la inspección técnica de vehículos; en concreto, en relación con la maquinaria agrícola. Instan ustedes a la Junta de Castilla y León en dos puntos de su propuesta de resolución, el primero de los cuales, a reducir el coste de la ITV de los tractores y la maquinaria remolcada, equiparándolo al de otras Comunidades Autónomas, y ampliar la red de estaciones móviles que faciliten el acceso a este servicio a los agricultores y ganaderos de las zonas rurales. Y en el segundo de ellos, a instar a las empresas concesionarias del servicio de la ITV a que apliquen un descuento del 50 % en el coste de la inspección de la maquinaria agrícola arrastrada, como sembradoras, empacadoras, remolques, palas de carga o rodillos, respecto al de los tractores, teniendo en cuenta la menor complejidad y riesgo de estos accesorios.

Pues bien, en primer lugar, me gustaría indicar que esta proposición no de ley se registró en un primer momento dirigida a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, siendo acordada posteriormente su tramitación ante esta Comisión de Industria, Comercio y Empleo de forma acertada, ya que, efectivamente, dentro de las competencias de la Dirección General de Industria se encuentra la materia que hoy nos ocupa y que es objeto de esta proposición no de ley, en cuanto a la inspección técnica de vehículos.

Pues bien, respecto a la primera de las cuestiones que ustedes nos plantean, la de reducir el coste de la ITV para tractores y maquinaria remolcada, equiparándolo al de otras Comunidades Autónomas, si echamos un vistazo a la tabla de tarifas de la ITV agrícola para las diferentes Autonomías en el año dos mil veintitrés, Castilla y León se sitúa en el séptimo puesto, por detrás de Comunidades como Asturias, con un coste de 37,25 euros; seguida de País Vasco, con 35,27; Ceuta, 32,20; Aragón, 31,94; Melilla, 30,60; y Extremadura, con un coste de 29,26 euros.

Como podemos observar, la tarifa de ITV de los vehículos agrícolas en Castilla y León es 38,61 euros, estando ligeramente por encima de la media nacional, que se sitúa en 25,15. Y, con razón, me dirán ustedes que este coste se sitúa por encima de la media, pero tendríamos que tener en cuenta, y quizá no les parezca a ustedes tanto, si consideramos las peculiaridades y las particularidades de una Comunidad como la nuestra: Castilla y León, como sabemos, es la región más extensa de España, y, además, lo que hace más específica y más trabajosa también la prestación de este servicio en Castilla y León es la gran dispersión de sus núcleos de población. En concreto, el servicio de la ITV agrícola en Castilla y León se presta en este momento con 15 unidades móviles que se desplazan a todos los municipios de las 13 zonas concesionales en las que se encuentra dividido nuestro territorio. Estas unidades móviles acuden a lo largo del año hasta a más de 3.000 emplazamientos y localidades en Castilla y León, planificándose en diferentes itinerarios comunicados a la Dirección General de Industria.

Y miren, señorías, no podemos obviar que con estas unidades móviles itinerantes conseguimos un doble beneficio, porque, por un lado, evitamos que se desplacen a las estaciones de ITV fijas esta maquinaria, que, además, sabemos que cuenta con una escasa velocidad y con una gran envergadura, y incluso evitan el causar molestias o situaciones de riesgo a otros usuarios, porque no tienen necesidad de circular por las carreteras para acudir a la inspección; y, por otro lado, además, con este tipo de gestión se elimina también los gastos y molestias a los propios usuarios del servicio, ya que no tienen que salir de su municipio.

De todos modos, no podemos obviar que el servicio de inspección técnica de vehículos se lleva a cabo mediante concesión del Gobierno autonómico a empresas encargadas de la prestación del mismo, a través de las diferentes estaciones de la ITV, contándose en la actualidad con 41 acciones explotadas por Itevelesa, Atisae y ATI; y que la actualización de las tarifas, autorizada por la Consejería, se fija siempre aplicando la variación anual del IPC y tomando también como referencia la inflación del mes de septiembre.

Pero lo que nos más... lo que más nos sorprende, señorías del Partido Socialista, es que ustedes nos planteen esta cuestión sobre todo considerando que ya en el año dos mil doce la Junta de Castilla y León decidió congelar los precios, aplicando una rebaja del 20 %, para intentar equiparar la tarifa de Castilla y León con la media nacional; medida que además se aplicó y se puso en marcha durante cuatro años, pero que provocó que las empresas concesionarias recurrieran la misma ante los tribunales, que fallaron a su favor con una sentencia que fijaba que el contrato de concesión obligaba a la actualización automática de las tarifas. Ello, señorías, junto a que, como he mencionado antes, Castilla y León es muy extensa y muy dispersa, con un gran número de localidades a visitar y pocos vehículos para inspeccionar en cada una, pero con grandes distancias que salvar.

Además, tenemos que hacer hincapié en que los servicios de las unidades móviles también conllevan un segundo recorrido, sin coste adicional ninguno para los usuarios, en el caso de que tengan que volver a realizar alguna inspección porque las primeras fueron desfavorables.

Por todo lo expuesto, señorías, no procede la pretensión de revisar los precios de la ITV de los vehículos agrícolas, dado que la prestación de este servicio se encarece por las especiales características de nuestra Comunidad. Y, además, las pretendidas diferencias con otras Comunidades Autónomas no son tales: para ello basta con echar un vistazo a las tarifas que tienen Comunidades limítrofes, como son Extremadura, País Vasco o Asturias, que, además, como sabemos, son mucho más pequeñas en extensión y cuya tarifa es superior a la de Castilla y León.

Y en cuanto a ampliar la red de estaciones móviles para facilitar el servicio a los agricultores y ganaderos de las zonas rurales, señorías, tampoco deja de sorprendernos que no conozcan ustedes las últimas ampliaciones de este servicio que se han llevado a cabo, y, que, además, se han ido adecuando en cuanto se han detectado necesidades específicas. Miren, las últimas dos nuevas incorporaciones han sido ampliaciones con dos unidades móviles agrícolas en la zona de León y de Aranda de Duero. Por lo tanto, deberían de conocer ustedes que este servicio está cubierto y que su prestación es absolutamente satisfactoria.

Y en cuanto a la segunda cuestión que nos plantean sobre la aplicación de un descuento del 50 % en el coste de inspección de la maquinaria agrícola arrastrada, señalar que este procedimiento de inspección está regulado en el Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV, aprobado por el Ministerio de Industria y Turismo para todo el territorio nacional. En este manual se especifican los ensayos y pruebas que se llevan a cabo a dicha maquinaria, ya sea autopropulsada o remolcada, pudiéndose comprobar que dichos ensayos difieren en muy poco. Tanto es así que casi ninguna Comunidad Autónoma establece una tarifa diferenciada en función de que la maquinaria sea autopropulsada o sea remolcada. Y en el caso particular de Castilla y León, hay que hacer hincapié también que uno de los costes más importantes que configuran esta tarifa es el que tiene que ver con el desplazamiento de las unidades móviles hasta cada uno de los municipios, coste que, además, es fijo, con independencia del tipo de maquinaria que se revise y con independencia también del número de inspecciones que sea necesario llevar a cabo.

Por otro lado, la tarifa agrícola es única y similar a la tarifa de inspección de seguridad para los vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la maquinaria agrícola supera ampliamente dicho peso, y no por ello se le aplica una tarifa superior, como sí que ocurre con otros vehículos.

Por último, particularizar la tarifa de inspección para cada vehículo agrícola en función de su alcance de inspección por sistema de autopropulsión, peso, dimensiones, motor, etcétera, conllevaría una gran complejidad y disparidad tarifaria, que en poco beneficiaría el servicio prestado, creando quizá una mayor confusión y posibles agravios comparativos para los usuarios, que, además, como todos conocemos, suelen contar con diferente tipo de maquinaria: tractores, remolques, cosechadoras, etcétera.

Por todo ello, entendemos que la tarifa abonada se ajusta perfectamente al servicio que se está prestando, señorías. Y, sobre todo, teniendo en cuenta, como ya hemos indicado, que la principal virtud de este servicio es la de acercarla al usuario final. Por todo ello, comprenderán que no podemos apoyar su proposición no de ley. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Juan Jesús Blanco Muñiz.

EL SEÑOR BLANCO MUÑIZ:

Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este es un tema que, bueno, es el "a ver cómo rebajamos o cómo salimos pidiendo una cosa que tampoco es tan importante", ¿no?

El... primero hay que tener en cuenta que esto es un régimen concesional. Es decir, que se ha llamado a las empresas para que vayan a un concurso, y, sujeto a unas bases que tienen que cumplir, pues ofrecen un precio que es el mejor que pueden ofertar, ¿no? Y ese concurso no termina... esa adjudicación no termina hasta el año veintinueve. Luego, hasta entonces, teóricamente, esta empresa que ha ganado este concurso es en base a unas cuestiones que estaban planteadas de inicio, ¿no?, donde tiene que pasar unas revisiones de una forma y que, a su vez, las tarifas máximas están aprobadas dentro de la propia concesión y con la revisiones, como se ha comentado antes, ¿no?

Hay 13 zonas móviles, como ya se ha dicho, digo 13 zonas concesionales, y 15 unidades móviles; había 13, se incorporaron 2 últimamente.

Hay... no sé, yo, por ejemplo, por el tema de Palencia, en Palencia hay unas 600 posiciones aproximadamente anuales de unidades móviles, que van o mañana o tarde, además en los distintos municipios. Por ejemplo, van corriendo la provincia de norte a sur, sur a norte, y, en función de su calendario, van incorporando 1 o 2 unidades móviles en función de la época en el que... en la que se esté, ¿no? Por ejemplo, en febrero ha habido una unidad en una zona determinada y 10 días que se ha incorporado otra, que luego, en marzo, son 2 unidades móviles las que funcionan por toda la provincia.

Los... por ejemplo, en febrero han estado en Cevico Navero... o están, o van a estar, en Cevico Navero, Cascón de la Nava, Torremormojón, Grijota, Villaumbrales, Castrillo de Onielo, Mazariegos, Baltanás, Villamuriel, Dueñas, Meneses, Valle de Cerrato, Frechilla, Capillas, Abarca de Campos, Belmonte de Campos, Bustillo de la Vega, Quintanilla de Onsoña, Bárcena de Campos, Villasila de Valdavia, Villanuño de Valdavia, Arenillas de San Pelayo.

Yo creo que ofrecen un servicio digamos que muy adecuado en el tema de acercarse a los municipios o localidades donde puedan ir las maquinarias agrícolas, para que puedan pasar la ITV, evitando otros desplazamientos.

Indudablemente, el tener 15 unidades móviles significa un coste indudable de esa propia maquinaria, de esa gente que está haciendo esas inspecciones, y algunas veces están en algunos pueblos, algunas localidades, toda una mañana para hacer una inspección, que a lo mejor el número de vehículos que llegan en ese día, esa mañana, no son ni siquiera los que cubren el horario, por lo...

Hay una fórmula de poder bajar los precios. Una cosa es que nosotros digamos que en las concesiones el canon anual se rebaje en esa circunstancia, y, a su vez, también hay una fórmula, que es que no tengan tantas unidades móviles, que es un coste desmedido. Si en vez de 15 pues tienen 10, y que los tractores, en vez de recorrer 5 kilómetros, 1 o 2 vayan a tal... Incluso podíamos pedir muchísimas más cosas. ¿Por qué un tractor tiene que desplazarse a una localidad a 3 kilómetros, 4 o 5, con su tractor y sus aperos? ¿Por qué no va la ITV móvil a cada localidad, sin faltar ninguna? Es más, ¿por qué no va a cada nave ganadera, nave agrícola o tierra donde tenga depositado...? O sea, podemos ir pidiendo todo lo que sea necesario.

Yo creo que el tema digamos que de precios, que hay un precio que en el régimen de otras Comunidades puede estar un poco más elevado, 10 o 13 %, también corresponde a la complejidad, por supuesto, que conlleva la prestación de este servicio con esas unidades móviles, que, como bien digo, bien podía mermarse en función de que no tuvieran tantas unidades móviles y con ese... con ese gasto.

Por otra parte, he oído que si es que había una... que por temas de seguridad, ¿no?, que ha habido veintitantos accidentes debidos a maquinaria obsoleta y personas de edad avanzada. Yo no sé si las personas de edad avanzada tenían carnet o no de conducir y si la maquinaria obsoleta que se alude había pasado la ITV. Imagino que sí; imagino, porque este es lo que estamos hablando, de pasar ITV o no. Yo me imagino que sí. Y el hecho de que haya habido un tractor con una persona avanzada, y que tenía seguramente que la ITV y el seguro, no creo que sea... que sea más barato pasar la ITV lo que conlleve que ese tractor la hubiera pasado o no, porque seguramente que les han pasado todos esos... esas ITV.

Y, bueno, yo creo que a los agricultores se les puede ayudar de muchas otras formas. Sobre todo vemos la batalla que tienen con la normativa ambiental abusiva, quizás, y, sobre todo, con las cláusulas espejo, la competitividad entre países, la burocracia, los formularios, posiblemente reconversión y agrupación de la ganadería y la agricultura, que son otros problemas distintos que es donde está de verdad el meollo de la cuestión y no en el chocolate del loro que estamos hablando ahora de imponer una merma de costes a una concesión administrativa. Por lo tanto, votaremos en contra de las dos propuestas. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Soraya Blázquez Domínguez.

LA SEÑORA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ:

Gracias, presidente. Gracias también al señor Igea Arisqueta y a la señora García Macarrón, porque su voto va a ser favorable a esta propuesta nuestra.

Decirle al señor Igea Arisqueta que, fíjese si lo tenían fácil, dado que la cuantía es menor y que es fácilmente asumible, podían desde luego haberlo asumido, pero, evidentemente, vemos que ni por esas. Y en cuanto a la igualdad, sí, creo que, en nuestro partido, si algo preconizamos y llevamos a cabo es precisamente la igualdad. El ejemplo que ha traído además a colación está bien traído, sí, muy bien. Lo que pasa es que tenemos una memoria bastante frágil, porque, en este caso en concreto, por lo que usted ha puesto este ejemplo entiendo que era por la intervención anterior, y, evidentemente, digo que tenemos una frágil memoria porque creo que otros ya han andado por ahí. Así que, claro, evidentemente, hay ocasiones en las que es preferible cuando menos callarse. Pero, bueno, evidentemente, por fortuna, estamos en un país libre -esperemos seguir- y las opiniones pues son, desde luego, como tal, también libres.

Bueno, señora Pinacho Fernández, es verdad, está en lo cierto. Esta propuesta, en un primer momento, bueno, pues entendimos que podía tener cabida en la Comisión de Agricultura, pero luego, al final, ha pasado a esta Comisión, que, además, ya en otras ocasiones también se ha traído alguna otra propuesta que hacía mención a las ITV.

Y también, bueno, pues aclararle que lo que comentaba antes de las unidades móviles que tienen, sí que es verdad que es cierto, es verdad que eso facilita la labor a los agricultores y a los ganaderos a la hora de llevar la maquinaria. Usted ha estado dando datos y números, y tengo que decirle -y además ha puesto en comparación con otras Comunidades y daba también las cifras del dos mil veintitrés-, yo tengo aquí cifras que he sacado en la comparativa de precios y en concreto las tengo sacadas desde el dos mil veintiuno: tengo para los tractores, que estábamos hablando una media de 34,70; dos mil veintidós, 35,97; dos mil veintitrés, 38,80; hasta llegar al dos mil veinticuatro, que, además, tiene la subida correspondiente del tres y medio por inflación. Y en el caso de la maquinaria agrícola, pues ahí van casi al doble, porque dos mil veintiuno tiene 66,89; dos mil veintidós, 69,44; dos mil veintitrés, 75,24; y en dos mil veinticuatro, 77,74. Evidentemente, sí que ha ido... los precios han tenido la subida correspondiente en los años que hemos ido viendo.

Por otro lado, mire que no teníamos... -y aquí ya también paso para el señor Blanco Muñiz- no teníamos muchas... no teníamos grandes alharacas de que esto fuera a llegar a buen término, pero también es cierto que creíamos que -volvemos a insistir-, dada la cuantía, que era menor, era un gesto por su parte, porque es verdad que al final no es una cuantía muy amplia y se podía... se podía asumir. Yo entiendo que por las ITV también se podía asumir, y que ustedes lo hubieran aprobado.

Y ya sabemos cómo funciona la aprobación de... en estas Comisiones de muchas de las propuestas que aquí se traen; algunas de ellas, por otro lado, con bastante enjundia y con bastante contenido, y que ustedes igualmente rechazan. E incluso las que ustedes tienen a bien aprobar, pues al final no sabemos cuándo se llevarán a puerto, a buen puerto, a buen término. Porque esa es otra: entendemos que debería de haber alguna manera de... bueno, pues de que al final ustedes, en las que tienen a bien aprobar, esas que aprueban, que son tan pocas, por lo menos las realizaran. Porque hasta el momento tenemos muchos ejemplos de muchas de las mociones aprobadas, dentro de las pocas -valga la contradicción, si tiene, o el contrasentido-, de las pocas que ustedes tienen a bien aprobar, que se hayan ejecutado. Y llevamos años esperando que eso se realice.

Por eso, sí que entendíamos que, bueno, que esta era complicado que ustedes... su voto fuera afirmativo, pero era un gesto, un gesto. Porque lo que sí que tienen a bien es presentar luego mociones en las diferentes instituciones, en esas en las que ustedes van instando para que sea el Gobierno de España a su vez el que cumpla. En agricultura últimamente, ayer mismo, sin ir más lejos, en mi provincia, en Ávila, en la Diputación fueron dos las presentadas, en las cuales se instaba a la Junta de Castilla y León para que a su vez instase al Gobierno de Espana... de España a llevar a cabo. Ya incluso... -bueno, aquí esta mañana también lo hemos escuchado otra vez- ustedes ya incluso no tienen ningún tipo de pudor a la hora de pedir que, bueno, que la Agenda 2030, que es la culpable de todos los males absolutamente. Porque por parte de Vox era algo que teníamos claro, pero por parte del Partido Popular, el que, bueno, el que ya no tengan ningún tipo de pudor a la hora de renegar de la Agenda 2030 nos parece doblemente... doblemente grave, doblemente contradictorio. Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes, el Partido Popular, en Europa, pues la Agenda 2030 es algo que sí que aprobaron, que sí tienen en cuenta y que estas políticas que ahora... en las que ahora nos hallamos son consecuencia de que hemos creído conveniente, tanto unos como otros, que teníamos que hacer algo para que este planeta siga vivo, para que este planeta y las futuras generaciones puedan estar.

Con lo cual, nos parece, bueno, pues eso, que podían haber tenido un gesto, que era un gesto que además no costaba mucho; que aquí no hay que instar al Gobierno de España. ¡Ah!, a lo mejor resulta que por eso ustedes han tenido a bien no aprobarlo. Era tener una respuesta afirmativa. Y vuelvo a insistir: como tienen a bien dilatarlo en el tiempo, pues tampoco hubiera sido necesario, dado que ya nos aclaraba el señor Blanco Muñiz que tienen la concesión hasta el año veintinueve. Bueno, pues mire, hubieran tenido ustedes tiempo de sobra para ponerse a ello, poder redactar un contrato para la siguiente mesa en la que... en la que al final fuera con unas cuantías que se asemejen y que estén en igualdad con el resto de Comunidades. Pero vemos que ni por esas. Así que, bueno, como por más vueltas que demos al final esto va a quedar como todos sabemos, buena gana. Gracias.

Votación PNL/000773

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR BELTRÁN MARTÍN):

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. ¿Votos en contra? Diez. Pues el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. A favor: siete. En contra: diez. Ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cinco minutos].