DS(P) nº 74/11 del 7/5/2024

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Buenos días, señorías, tomen asiento, por favor, tomen asiento. Se abre la sesión. Por el señor secretario se procederá a dar lectura del primer y único punto del orden del día.

Informe 2023

EL SECRETARIO (SEÑOR MORENO CASTRILLO):

Primer y único punto del orden del día: Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 277, de veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación del Informe, tiene la palabra el ilustrísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, don Tomás Quintana López. [Aplausos].

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias. Buenos días. Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de las Cortes y miembros de la Mesa, vicepresidente de la Junta, consejeras y consejeros, señorías, presidentes de las Instituciones Propias de Castilla y León, señoras y señores, comparezco ante ustedes para dar cuenta del trabajo que hemos realizado en el Procurador del Común a lo largo del año dos mil veintitrés, a cuyo efecto, en cumplimiento de las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de la Institución, ha sido elaborado el Informe que pusimos a su disposición el pasado tres de abril.

Como consideración previa, me parece oportuno recordar que en el Informe correspondiente a dos mil veintitrés, como en los referidos también a los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, para el cómputo estadístico de las quejas presentadas por los ciudadanos, hemos distinguido entre quejas recibidas y expedientes a que estas han dado lugar, pues, durante el último ejercicio, como en los años anteriores, hemos recibido algunas quejas que, aun refiriéndose a unos mismos asuntos, fueron presentadas por una pluralidad de personas, por lo que estas quejas, que denominamos "múltiples", computan a efectos estadísticos como una única queja, y ello pese a que tramitemos tantos expedientes como personas las hubieren presentado.

Realizada la precedente aclaración, expondré seguidamente los datos generales que en una primera aproximación permitan conocer la actividad desarrollada por la Institución a lo largo de dos mil veintitrés.

Pues bien, han sido 2.687 personas las que se han dirigido a la Defensoría para presentar sus reclamaciones, aunque, a efectos estadísticos, computamos 1.774 quejas, conforme al criterio a que me acabo de referir.

Derivadas tanto de expedientes de quejas como de actuaciones de oficio, a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés habíamos dictado un total de 1.042 resoluciones; de ellas, 183 sirvieron para motivar el archivo de los expedientes, al no apreciar ninguna irregularidad en la actuación de la Administración o entidad pública correspondientes. En cambio, en 859 resoluciones efectuamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a las Administraciones o entidades concernidas. Y a fecha veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, que es la considerada a efectos del presente Informe para determinar la aceptación o rechazo de las resoluciones dictadas en dos mil veintitrés, habíamos recibido 659 contestaciones, correspondientes al 76,72 % de las resoluciones emitidas, habiendo sido aceptadas nuestras recomendaciones, recordatorios o sugerencias formuladas en 557 ocasiones, es decir, el 84,52 % de ellas; de las cuales, 449 lo fueron en su totalidad, el 68,13 %, y 108 parcialmente, el 16,39 %. En cambio, fueron rechazadas ciento... en 102 casos, que representan el 15,48 % de las contestaciones recibidas.

Con referencia ahora solo a las resoluciones formuladas a partir de quejas presentadas, emitimos 909, de las cuales 732 consistieron en recomendaciones, sugerencias o recordatorios dirigidos a las correspondientes Administraciones o entidades públicas, sobre las que estas han manifestado o podrían manifestar la aceptación o rechazo de nuestro dictamen al estar todavía en plazo para ello a esa fecha de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro. En concreto, ya lo habían hecho a esa misma fecha en 548 ocasiones, representativas del 76,26 %. En cambio, 76 resoluciones estaban aún pendientes de contestación a esa misma fecha, que representan el 16,36 %. Contrariamente, tuvieron que ser archivados 96 expedientes sin haber obtenido respuesta, el 13,11 %, al haber finalizado el plazo dispuesto para responder. Habiendo sido cerrados otros 2 expedientes, uno por haber sido resuelto el problema con anterioridad a la recepción de nuestra resolución y otro por haberse iniciado un procedimiento judicial en relación con el asunto sobre el que versaba.

Más allá de los datos expuestos, de las 558 resoluciones dictadas que han recibido contestación en expedientes de queja, han sido aceptadas el 82,62 %; habiéndolo sido en su integridad el 64,87 %, de aceptación parcial lo han sido un 17,74 % y fueron rechazadas diecisiete... un 17,38 %. Dictamos además 177 resoluciones motivadas sin haber apreciado ninguna irregularidad en la actuación de la Administración o entidad pública correspondiente, por lo que en estos casos, consecuentemente, no dirigimos ningún tipo de recomendación.

Con referencia a las actuaciones de oficio, a lo largo de dos mil veintitrés promovimos 97 y dictamos 133 resoluciones dirigidas a las correspondientes Administraciones o entidades públicas; mediante 127 resoluciones, formulamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a distintas Administraciones o entidades, de las cuales una correspondía a un expediente iniciado en dos mil veintiuno -de oficio-, 22 correspondían a expedientes promovidos en dos mil veintidós y 104 se referían a procedimientos iniciados en el propio año dos mil veintitrés. A fecha de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro habíamos recibido 87 comunicaciones aceptando las resoluciones dictadas en su totalidad, 9 de aceptación parcial y 5 de rechazo. En 25 supuestos, a esa misma fecha, aún no habíamos recibido contestación, si bien la Administración o entidad pública destinataria se encontraba aún en plazo para hacernos llegar su respuesta. Y en un caso, lamentablemente, tuvimos que archivar el expediente sin conocer la postura de la correspondiente Administración ante nuestra resolución.

Todo ello ha supuesto la aceptación del 95,05 %, siéndolo en su integridad el 86 % -86,14 %- de las 101 resoluciones que han recibido contestación en expedientes iniciados de oficio. Parcialmente, un 8,91 % fueron en ese sentido. Y fueron rechazadas el 4,95 %. Se han dictado, así mismo, 6 resoluciones motivadas de archivo por inexistencia de irregularidad en la actuación pública, correspondiendo una de ellas a un expediente iniciado en dos mil veintidós y 5 a expedientes abiertos en dos mil veintitrés.

Daré cuenta seguidamente del número de quejas tramitadas en las distintas áreas en las que dividimos nuestro trabajo, y haré una somera referencia sobre las quejas múltiples que hemos tramitado.

En el área de Administración local hemos recibido 359 quejas. En el área de Empleo Público, 248. Y recibimos las siguientes 4 quejas múltiples: una presentada por 190 personas referida a la deficiente dotación de vestuario y EPI al personal que prestaba servicios con funciones educativas en la Consejería de Educación; una segunda promovida por 173 personas que se refería a la gestión de las bolsas de empleo de personal laboral de la misma Consejería; también recibimos 22 quejas en relación con la bolsa de empleo de técnicos de Documentación y Administración Sanitaria; y una cuarta, integrada por 13 reclamaciones, sobre el borrador del nuevo convenio colectivo de cuidadores técnicos de servicios asistenciales.

En el área de Sanidad y Consumo recibimos 181 queja. Se han tramitado 16 expedientes en relación con una queja múltiple presentada en dos mil veintidós sobre las deficiencias de la asistencia sanitaria de la zona básica de salud de Tábara, en Zamora.

En el área de Medio Ambiente recibimos 172 quejas, y también una queja múltiple presentada por setenta y siete... 87 personas sobre las molestias y ruidos provocados por el campo de tiro de Candeleda, en la provincia de Ávila.

En el área de Familia e Igualdad de Oportunidades y Juventud, 163 quejas. En el área de Fomento, 158. En el área de Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones, 105. En el área de Hacienda, 101 quejas. En el área de Educación, 99; se ha tramitado... se han tramitado como quejas múltiples las cuatro siguientes: 127 reclamaciones sobre las obras de ampliación del Colegio Rural Agrupado de Carbajal de la Legua, en la provincia de León; 62 sobre la disconformidad mostrada con los horarios de las rutas 328 y 331 de transporte escolar de León; 35 sobre el proceso de admisión para el cambio de ciclo en un mismo centro educativo; y 12 sobre el horario de realización de prácticas externas en el Grado de Enfermería en la Universidad de Burgos.

En el área de Interior recibimos 95 quejas. En el área de Justicia, 36. En el área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 31. En el área de Cultura, Turismo y Deportes, 26 quejas; se ha registrado una queja múltiple que ha dado lugar a la tramitación de 12 expedientes sobre las obras en el entorno de la Cruz de Ferro, en Santa Colomba de Somoza, en la provincia de León.

Considerando la procedencia geográfica de las personas que han presentado las quejas o de sus representantes, León ha sido la provincia que ha aportado un mayor número de quejas, concretamente 402, representativas del 22,66 % del total. Seguida de la provincia de Valladolid, con 298 quejas, el 16,80 %. Burgos, 183 quejas, el 10,32 %. Salamanca 153 quejas, el 8,62 %. Palencia, 132 quejas, el 7,74 %. Segovia, 95 quejas, el 5,36 %. Ávila y Zamora, 88 quejas en cada una de las provincias, que representan el 4,96 % considerando cada una de ellas. Y Soria, 65 quejas, el 3,66 %.

También recibimos 121 quejas, es decir, el 6,82 %, presentadas por personas de otras provincias. Además, 138 quejas, el 7,78 %, fueron remitidas por ciudadanos que no habían... no hacían constar su procedencia, un dato cuya manifestación no resulta imprescindible para la tramitación del expediente correspondiente, pero que, como es exigible, resultaban plenamente identificadas. Por último, 10 quejas, el 0,56 %, fueron presentadas por ciudadanos de varias provincias, entre las que se encontraba alguna de Castilla y León. Y una queja fue presentada por un ciudadano residente en el extranjero.

Con referencia a los tipos de Administraciones concernidas por las quejas, la distribución fue la siguiente:

De las actuaciones de las Administraciones locales nos llegaron 807 quejas, representativas del 45,49 % del total de las recibidas. De ellas, 712 afectaron a ayuntamientos, el 88,23 %; 54 a entidades locales menores, el 6,69 %; 35 a diputaciones provinciales, el 4,34 %; 4 a mancomunidades, el 0,50 %; 2 a entidades del sector local, en concreto consorcios, el 0,25 %.

En relación con la Administración autonómica, la actuación de la Administración autonómica, hemos recibido 762 quejas, representativas del 42,95 del total.

De la actuación de la Administración del Estado recibimos 150 quejas, que representan el 8,46 % del total, y que fueron trasladadas al Defensor del Pueblo después de comprobar que reunían los requisitos legalmente previstos, dado que como somos... no somos competentes -como bien se sabe- para tramitar y resolver reclamaciones frente a la Administración del Estado.

Otras 29 quejas trataban sobre discrepancias entre particulares, 23 afectaban a la Administración de Justicia y 3 se referían a entidades u organismos sobre los que, conforme a la normativa reguladora de la Institución, no podemos ejercer nuestras funciones de supervisión, por lo que en cada caso se dio el trámite correspondiente. Y, en su conjunto, estas representaban el 3,10 % de las quejas recibidas.

Una vez expresados los datos que nos proporcionan una idea general de lo realizado por la Institución durante el pasado año, voy a exponer una síntesis de la actividad que hemos llevado a cabo en la mayor parte de las materias en que hemos intervenido, considerando las resoluciones dictadas tanto en expedientes iniciados a partir de las quejas recibidas como en los promovidos de oficio.

En materia de empleo público, el año dos mil veintitrés recibimos 248 quejas y también registramos 398 reclamaciones, contabilizadas a efectos estadísticos como 4 quejas múltiples, sobre las cuestiones a las que anteriormente me referí. Y emitimos en este área de trabajo 58 resoluciones.

En relación con el empleo público al servicio de la Administración autonómica, dirigimos 7 resoluciones a la Consejería de Presidencia, todas ellas aceptadas, de las cuales me referiré a 5, en el marco de otros tantos expedientes en los que se ponían de manifiesto retrasos injustificados en la resolución de los procesos selectivos de funcionarios, ante los cuales recomendamos, entre otras medidas, que, en el contexto de la tramitación del anteproyecto de ley de función pública, se valorara la modificación del Artículo 44, apartado 4, de la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de Función Pública de Castilla y León, estableciendo expresamente que el plazo en el que las pruebas deberán estar finalizadas se computen desde la convocatoria, en la línea de lo dispuesto en algunas normas autonómicas, como, por ejemplo, lo establecido en el Artículo 55, apartado 3, de la Ley 4/2021, de dieciséis de mayo, de la Función Pública de la Comunidad Valenciana.

En relación con la Consejería de Educación, dictamos una resolución, que también fue aceptada, en la que, atendiendo a 173 reclamaciones, consideramos que la Dirección Provincial de Educación debe disponer del... -en concreto de la de León- debe disponer de los medios suficientes para gestionar de manera ágil y eficaz la cobertura de los puestos que resulten necesarios en los centros educativos de la provincia.

En relación con la Administración local, me referiré a 4 resoluciones dirigidas a otras tantas entidades, que igualmente fueron aceptadas. En 2 de ellas, ante las reclamaciones que denunciaban la ausencia de un pronunciamiento expreso, hemos entendido que siempre que circunstancias sobrevenidas aconsejen no continuar los procesos selectivos iniciados, atendiendo a los principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica, se agilice la adopción de la resolución motivada que proceda y su traslado a los interesados.

En otra resolución nos hemos pronunciado sobre las bases de las bolsas de empleo, concluyendo que fijar la experiencia como requisito de acceso puede impedir a potenciales candidatos participar en procesos selectivos, lo que, en consecuencia, puede resultar incompatible con los principios de mérito y capacidad.

Finalmente, a partir de otra queja, en nuestra resolución pusimos de manifiesto que el disfrute de permisos por razones particulares se encuentra condicionado, en efecto, por las necesidades del servicio, pero la denegación debe ser, en todo caso, motivada, por cuanto supone una restricción a los derechos reconocidos a los empleados públicos.

Sobre el empleo público docente nos parece oportuno recordar una resolución que remitimos a la Consejería de Educación mediante la que instamos a modificar el programa mediante la que... el Programa de Atención Psicológica en Situaciones de Acoso y Violencia Escolar en Centros Docentes no Universitarios Sostenidos con Fondos Públicos de Castilla y León, con la finalidad de hacer extensiva la posibilidad de proporcionar el apoyo psicológico con el que ya cuentan alumnos y profesorado al personal no docente. En su respuesta, la Consejería de Educación nos comunicó su compromiso de ofrecer el mismo grado de protección al personal no docente que se depara ya al personal docente y a los alumnos. Por lo que consideramos, en ese sentido, parcialmente aceptada nuestra resolución.

Como parte de las resoluciones formuladas en materia de empleo público sanitario, destacamos 2 dirigidas a la Consejería de Sanidad sobre las bolsas de empleo, relativas cada una de ellas a la de celador y de auxiliar administrativo. En ambas resoluciones recomendamos agilizar los futuros procedimientos de actualización como consecuencia del establecimiento de una nueva fecha de corte. Y, en concreto, en la resolución referente a la bolsa de celador, además recomendamos también agilizar el procedimiento de actualización de la misma como consecuencia del corte establecido en la Resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, y, por lo tanto, publicar las resoluciones por las que se aprueben las relaciones provisionales y definitivas de candidatos.

La voluntad manifestada por la Consejería de Sanidad en respuesta a nuestras resoluciones, textualmente: "... de seguir trabajando en la mejora del procedimiento, en aras de conseguir rapidez en la tramitación", entendimos que suponía la aceptación de las recomendaciones efectuadas.

Bajo el rótulo que alberga la materia régimen jurídico de las entidades locales, hemos tramitado los expedientes correspondientes a 162 quejas, suscitadas sobre la organización y funcionamiento de estos sujetos públicos, y hemos dictado 121 resoluciones.

Como en años anteriores, nos han sido presentadas reclamaciones por defectos en la convocatoria para la celebración de plenos, por irregularidades en la contratación de bienes y servicios de las entidades locales, en relación con daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos, entre otros temas. Asuntos sobre los que no me parece necesario que me detenga en estos momentos por ser similares a otros sobre los que ya he informado en comparecencias anteriores.

Por el contrario, entiendo que por su novedad resulta oportuno hacer referencia a ciertas quejas mediante las que algunas personas han denunciado la falta de asistencia en el uso de medios electrónicos por las correspondientes Administraciones municipales; quejas a partir de las cuales hemos emitido 4 resoluciones, de las que 3 fueron aceptadas y una, que había sido dirigida en este caso a un pequeño municipio, no ha recibido contestación, por lo que el expediente tuvo que ser archivado después de notificar nuestra resolución.

La denominada "publicidad activa", a la que las entidades locales están obligadas por la legislación de transparencia, también ha suscitado algunas resoluciones ante la falta de contenido o de la actualización de estos en las correspondientes sedes electrónicas. A la vista de la problemática que se ponía de manifiesto en las quejas recibidas, y sin perjuicio de haber sido resueltas individualmente, nos pareció oportuno promover una actuación de oficio, que dirigimos a todas las diputaciones de la Comunidad y también a la comarca del Bierzo, para que, considerando en particular la importancia de la actividad contractual de los entes locales en su conjunto y los intereses que encierra, las instituciones provinciales y el ente comarcal citado formularan una circular informativa a los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes y a las entidades locales menores por ser los que acusan un mayor grado de incumplimiento de los deberes de publicidad activa, exhortándoles a cumplir la legislación contractual y de transparencia, con indicación de los contenidos que deben ser objeto de difusión, recomendando, en fin, a las entidades supramunicipales a las que nos dirigimos que prestaran la asistencia necesaria para que los pequeños municipios y entidades locales menores puedan cumplir los referidos deberes legales. Todas las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo aceptaron nuestra resolución.

También relacionadas con las entidades locales, pero con referencia a los bienes y servicios que prestan, en el año dos mil veintitrés se han presentado 197 quejas, hemos promovido 29 actuaciones de oficio y hemos formulado 134 resoluciones, 28 de las cuales se referían a expedientes promovidos de oficio.

En la línea de lo que hemos... ha venido sucediendo en ejercicios anteriores, en el que ahora estamos considerando, el dos mil veintitrés, hemos recibido un importante número de quejas en las que se ponían de manifiesto una deficiente prestación de algunos servicios públicos por parte de pequeños municipios. Pues bien, sin perjuicio de la importancia que tiene para... para la población que reside de forma habitual en las miles de pequeñas localidades la prestación de servicios públicos básicos de responsabilidad municipal, importancia que venimos encareciendo en nuestras resoluciones año tras año, así como en las dictadas en dos mil veintitrés, a lo largo de este año -ese año dos mil veintitrés al que me estoy refiriendo- también hemos recibido algunas quejas suscitadas por personas que son residentes de temporada y que en esa condición demandan también una adecuada prestación de servicios.

Pues bien, en las ocasiones en las que nos hemos pronunciado al respecto, hemos insistido en que los residentes no habituales han de ser tenidos en cuenta en la organización de los servicios municipales, tales como el abastecimiento de agua potable, la recogida de residuos, la limpieza viaria o el alumbrado público, entre otros. Y no solo por el deber de prestar esos servicios a todos los que de forma habitual o temporal residen en el municipio, sino porque la mayoría de los residentes de temporada son también propietarios de inmuebles situados en el municipio y, por ello, también contribuyen al sostenimiento de la hacienda municipal. Incluso, desde otra perspectiva nada desdeñable, su presencia en determinadas épocas del año, por muchas razones, ayuda a la pervivencia del propio municipio.

Por tratarse de un servicio básico y esencial de prestación municipal, el abastecimiento de agua potable ha sido objeto de 17 actuaciones de oficio en dos mil veintitrés, al haber tenido conocimiento de que en otros tantos pequeños municipios se habían detectado contaminantes en el agua destinada al suministro, en algunos casos de forma reiterada, supuestos estos últimos para los que, en nuestras resoluciones, consideramos que las soluciones ya no pueden ser coyunturales, sino que en estos casos se han de implicar otras Administraciones, al tratarse ya de un problema estructural, por lo que nos hemos dirigido a la mancomunidad -de existir- y siempre a la diputación correspondiente y a la Administración autonómica, para que presten la necesaria colaboración técnica y económica que requiera la prestación del servicio.

De oficio, nos hemos ocupado también de las pintadas y grafitis que afean nuestras ciudades, solicitando información sobre las actuaciones que estaban promoviendo los ayuntamientos de los municipios de mayor población de la Comunidad para combatir este fenómeno. Y, tras el análisis de los datos obtenidos, formulamos las correspondientes resoluciones a cada una de ellos, en las que instamos a adoptar diferentes medidas, como, por ejemplo, la elaboración y aplicación de un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a estos actos vandálicos; intensificar las labores de vigilancia policial, sobre todo en las zonas que se prevea que tras la limpieza pueden verse nuevamente afectadas; realizar campañas de concienciación y de educación, incluso promoviendo el grafiti o el muralismo autorizados; así como adaptar la normativa, en el caso de que no lo contemple, para poder ejercer la potestad sancionadora y el resarcimiento de los daños al patrimonio público.

En lo referente a la materia urbanismo, hemos contabilizado 81 quejas y hemos emitido 68 resoluciones, todas ellas dirigidas a las Administraciones de ámbito local, excepto una que lo fue a la Administración autonómica.

La mayoría de las reclamaciones presentadas, como en años anteriores, estuvieron relacionadas con el deficiente estado de conservación de construcciones y solares, debido al incumplimiento del deber de conservación impuesto por la normativa urbanística a los propietarios y a causa de la inactividad municipal, incluso pese a las denuncias que hubieran sido presentadas, o por los retrasos también en la emisión de las órdenes de ejecución o las declaraciones de ruina, dejación que afecta no solo a la estética de las pequeñas localidades, sino que puede llegar a comprometer la seguridad pública.

También ha vuelto a ser motivo de queja la falta de intervención municipal en defensa de la legalidad urbanística ante usos indebidos del suelo, por ser contrarios a las licencias urbanísticas otorgadas o por... bien por carecer de ellas o de las correspondientes declaraciones responsables, así como la disconformidad con la denegación o excesiva demora en la resolución de solicitudes de licencia urbanística presentadas. Pues bien, en estos supuestos, en nuestras resoluciones exhortamos a las autoridades locales a ejercer sus competencias en materia urbanística con la diligencia debida, solicitando en su caso el auxilio de la diputación provincial, de las diputaciones provinciales correspondientes, cuando carezcan de medios para ello.

Además de la tramitación y resolución de los expedientes de queja -a los que me he referido de forma muy sumaria, evidentemente-, hemos promovido dos actuaciones de oficio, de las que destaco la dirigida a las diputaciones provinciales con la voluntad de contribuir al fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad de pequeños municipios, en muchos casos en deficiente estado de conservación. Titularidad que, lejos de considerarse una carga para ellos, consideramos que debe ser tomada como una oportunidad para ampliar las viviendas disponibles y con ello como un instrumento de lucha frente a la despoblación del medio rural. Por ello, ante las dificultades de tipo organizativo, técnico o económico que tienen los pequeños ayuntamientos para promover la rehabilitación de viviendas de su titularidad, consideramos oportuno instar a las diputaciones provinciales a que, en ejercicio de sus competencias en relación con los municipios de escasa capacidad económica y de gestión, activen los medios necesarios para proporcionarles la asistencia técnica y jurídica que sea precisa para concurrir a los procedimientos que se abran para obtener financiación de proyectos de dinamización geográfica en Castilla y León. Todas las diputaciones provinciales, a excepción de la de Ávila que aún no nos ha respondido, aceptaron nuestra resolución.

En relación con el constitucional derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, recibimos 37 quejas y dictamos 10 resoluciones en expedientes de queja y 2 actuando de oficio. De las reclamaciones recibidas, 24 se referían a la resolución de la primera convocatoria del llamado bono de alquiler joven y otros procedimientos destinados a financiar el alquiler o la rehabilitación de viviendas.

A la vista de 13 quejas en las que, con unos u otros matices, se evidenciaba la necesidad de contar con viviendas suficientes para atender mediante el alquiler social situaciones de emergencia habitacional, las necesidades de personas especialmente vulnerables, de familias sin recursos o en riesgo de exclusión social, más allá de resolver los correspondientes expedientes a que dieron lugar -en todos los casos exhortando a que fueran adoptadas las soluciones ante situaciones denunciadas-, tramitamos un expediente de oficio en cuya resolución insistimos en la necesidad de contar en Castilla y León con un parque público de viviendas que permita el alquiler de un número de ellas acorde a las dimensiones y necesidades existentes en nuestra Comunidad. Para lo que es necesario aunar los esfuerzos de todas las Administraciones y agentes sociales implicados con objeto de garantizar a las personas más vulnerables el ejercicio de su derecho a una vivienda digna y adecuada. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aceptó nuestra resolución.

También relacionado con la vivienda, me parece de interés mencionar un expediente -igualmente promovido de oficio- en el que abordamos la transformación de locales comerciales en viviendas en las ciudades y grandes poblaciones de la Comunidad, posibilidad derivada, en gran medida, de los cambios que están teniendo los hábitos de consumo, al menos de una parte de la población, y que, como efecto indirecto, puede contribuir a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente por parte de las personas jóvenes.

En nuestra resolución, que dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, partiendo de la reciente modificación introducida en la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en la que se habilita la transformación de uso... del uso de locales comerciales en viviendas mediante las reformas de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico, consideramos que la revitalización y regeneración de las áreas urbanas, dotando de nuevos usos a los espacios comerciales desocupados, ha de realizarse evitando la proliferación de infraviviendas carentes de condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, salubridad e iluminación natural, y con el cumplimiento de exigencias tales como la ventilación, aislamientos térmicos y acústicos.

Para ello, recomendamos a la Administración autonómica que valorara establecer unas directrices comunes y criterios mínimos y homogéneos de ámbito autonómico, a modo de estándares urbanísticos, para ser incorporados a los instrumentos de planificación y desarrollo urbanístico municipal que prevean la conversión de locales comerciales en viviendas, además de disponer un reforzamiento de las facultades de inspección y control administrativo de los resultados de todos esos procesos. La resolución fue aceptada.

En dos mil veintitrés el número de quejas presentadas en lo referente a la protección del medio ambiente han sido 172, habiéndose formulado 66 resoluciones.

En relación con la implantación de las energías renovables, además de una resolución que formulamos a partir de las quejas recibidas en relación con el parque eólico de Miravete, en Burgos, emitimos sendas resoluciones dirigidas a la Consejería... a las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, Ordenación... Vivienda y Ordenación del Territorio, como culminación de una actuación de oficio en la que recomendamos, entre otras medidas, que se incentivase la búsqueda de acuerdos económicos entre los propietarios de los terrenos y las empresas promotoras de las instalaciones para evitar tener que recurrir al ejercicio de la potestad expropiatoria; también, que se garantizase el cumplimiento de los requisitos ambientales legalmente previstos, debiendo ser denegadas las autorizaciones a aquellas instalaciones que los incumplan. Y así mismo, instamos a la Administración autonómica a que tratara de reforzar la coordinación con la del Estado, para que las exigencias dispuestas en la normativa de Castilla y León también se aplique a los proyectos de generación de energía eólica y fotovoltaica de autorización estatal. Resoluciones que fueron aceptadas con algunas observaciones en relación con este último aspecto.

Las fiestas populares, que sin duda son motivo de regocijo y de estrechamiento de relaciones personales en nuestros pueblos, como contrapunto a veces generan cierta conflictividad, sobre todo por la elección de determinados lugares para realizar conciertos y verbenas, por el ruido y molestias que producen. A la vista de las 8 quejas que recibimos en dos mil veintitrés, en nuestras resoluciones hemos reiterado que no nos corresponde determinar el lugar en el que se han de llevar a cabo, pues esa decisión debe ser el resultado del ejercicio de una potestad discrecional, debidamente motivada, por parte de la corporación municipal correspondiente. Y más aún en el caso de que el órgano municipal acuerde suspender temporalmente los límites de los niveles sonoros, conforme a lo previsto en el Artículo 10, apartado 1, de la Ley del Ruido de Castilla y León, se debe valorar previamente la incidencia acústica de las actividades programadas. Nuestras resoluciones, en general, fueron aceptadas.

También los ruidos generados por establecimientos de ocio nocturno siguen dando... dando lugar a la presentación de quejas. Por ello, más allá de los expedientes tramitados a partir de las 26 quejas recibidas y de las resoluciones que formulamos, promovimos una actuación de oficio dirigida a todos los municipios de más de 20.000 habitantes, así como también al de Benavente, para transmitirles nuestra preocupación por este fenómeno y, más aún, con objeto de contribuir a mitigar las molestias que sufren los vecinos más inmediatos a estos establecimientos. Para lo que efectuamos algunas recomendaciones, de las que destacamos la vigilancia que han de ejercer tanto los técnicos municipales como los agentes de policía local, cada uno en el ejercicio de sus funciones, para que el funcionamiento de los locales se ajuste a las características de la licencia otorgada y dentro de las franjas horarias establecidas, incluyendo también la medición del ruido a fin de que no se superen los límites de los niveles sonoros previstos en la Ley de ruido de Castilla y León. Incluso recomendamos a las corporaciones correspondientes que valoraran la conveniencia de modificar las ordenanzas municipales para exigir, entre otras medidas, la instalación de limitadores controladores en los equipos de reproducción sonora en el interior de las discotecas y bares especiales. Al día de la fecha, nuestra resolución ha sido aceptada por todos los ayuntamientos, a excepción de los de San Andrés del Rabanedo y Benavente, que aún no se han pronunciado.

Por último, daré cuenta de otra actuación de oficio que dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque también recabamos información de la Confederación Hidrográfica del Duero en razón del tema al que se refería.

El asunto que tratamos afectaba a la muerte por ahogamiento de numerosos animales silvestres, fundamentalmente jabalíes y corzos, en el canal de Arriola, situado en la provincia de León. En nuestra resolución instamos a la Consejería competente a que reforzara los mecanismos de colaboración y coordinación con el organismo de cuenca, para que cada uno de ellos, en el ámbito de sus respectivas competencias, contribuya a paliar esa mortandad, y, en particular, a que, en la línea de lo previsto en la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, fueran revisados los planes cinegéticos de los cotos de caza limítrofes al citado canal, con el fin, en su caso, de ajustar las capturas a la eventual sobrepoblación de los... de corzos y jabalíes. La resolución fue parcialmente aceptada por la mencionada Consejería, y, en el caso del organismo de cuenca, hemos sabido por los medios de comunicación que a lo largo del presente año se vallará una parte importante del canal.

En lo relativo al servicio público de educación, hemos recibido 99 quejas, tramitado 7 expedientes de oficio y hemos dictado 54 resoluciones. En 15 de ellas nos hemos dirigido a la Administración autonómica y a los municipios correspondientes para que, en el ejercicio de sus correspondientes responsabilidades, contribuyan a que las instalaciones de los centros educativos sean adecuadas a los fines a que se hallan destinadas. Todas las resoluciones fueron aceptadas por las Administraciones requeridas.

Con un carácter más específico, también fue tramitada una actuación de oficio, que concluyó con una resolución dirigida la Consejería de Educación para que implante conexión a internet de calidad en todos los centros educativos de la Comunidad sin excepción, y, en particular, en los centros educativos de ámbito rural, con el fin de garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades en la educación. La resolución fue aceptada.

Promovimos, igualmente, una actuación de oficio relacionada con el consumo de frutas y hortalizas en los comedores escolares de los centros educativos de Castilla y León, al tener conocimiento de que se estaba ofreciendo fruta procedente de un país extranjero, pese a contar en nuestra Comunidad con un sector agroalimentario que proporciona productos de gran calidad, además de desempeñar un papel importante en la economía y empleabilidad de Castilla y León.

En atención a lo expuesto, dirigimos una resolución a las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Educación para que, en lo sucesivo, los pliegos de condiciones de los contratos públicos vinculados al suministro de productos alimentarios que se ofrecen en los comedores escolares incorporen criterios medioambientales y sociales, dando prioridad, en aplicación de estos criterios, a la adquisición de los productos frescos de temporada y de proximidad, al minimizar el impacto negativo que produce el transporte en el medio ambiente y constituir un factor positivo, desde el punto de vista social, para mantener población en el medio rural de la Comunidad.

La Consejería de Educación aceptó la resolución en lo relativo a la licitación de los servicios de comedor escolar. Y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en su contestación, compartió con la Procuraduría la necesidad de incorporar cláusulas sociales y medioambientales en la contratación, salvaguardando, como no puede ser de otra forma, los principios de concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre las empresas licitadoras, como, por otra parte, insisto, es exigible.

En lo referente a la Educación Especial, fueron presentadas 16 quejas, en las que se demandaba en la mayoría de los casos apoyos personales como los prestados por los ayudantes técnicos educativos, así como las adaptaciones requeridas por alumnos con altas capacidades o con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Demandas que tuvieron su reflejo en 9 resoluciones; las cuales, en general, con unos u otros matices, fueron aceptadas.

Para finalizar la referencia a nuestro trabajo en el ámbito de la educación, recordaré una actuación de oficio promovida en relación con la oferta de actividades extraescolares, en la medida en que en muchas ocasiones los menores con cualquier tipo de discapacidad se ven privados de realizar algunas de estas actividades al no estar diseñadas para ellos ni estar prevista la correspondiente adaptación.

En nuestra resolución recordamos a la Consejería de Educación que las actividades extraescolares constituyen una parte fundamental del derecho a la educación, y que los menores con discapacidad deben tener garantizada su participación en las mismas bajo el principio de inclusión, por lo que estas han de responder a las exigencias de diseño universal y garantizar, en cada caso, los ajustes que permitan dar respuesta a las necesidades que presente cualquier alumno. La resolución fue aceptada por la Consejería.

En lo referente al ámbito de la cultura, hemos recibido 14 quejas, de las que destacan 10 referidas a la protección del patrimonio cultural. Hemos tramitado 6 actuaciones de oficio y hemos dictado 14 resoluciones.

Así, promovimos un expediente de oficio en cuya resolución requerimos a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que valorara la aprobación de un nuevo Plan Estratégico en materia de Patrimonio Cultural, considerando los recursos disponibles, en particular los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea. Resolución que fue aceptada por la citada Consejería, informándonos además de que próximamente se aprobaría el nuevo Plan Estratégico de Patrimonio Cultural de Castilla y León 2023-2026.

Con referencia al patrimonio religioso, también desarrollamos una actuación de oficio, teniendo presente que en la Lista Roja de la Asociación Hispania Nostra estaban registrados un total de 168 bienes, tales como iglesias y capillas, ermitas, oratorios, conventos, monasterios, y uno más en la Lista Negra. En nuestra resolución, dirigida a la misma Consejería, pedimos que promoviera gradualmente la conservación y mantenimiento de estos bienes, resolución que fue aceptada, poniéndonos de manifiesto la colaboración que se estaba prestando a los titulares y gestores de aquellos bienes mediante la convocatoria pública de líneas de subvención.

El canal de Castilla -como es de todos conocido- es un bien excepcional por su historia y envergadura, declarado de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, al que se encuentran asociadas exclusas, puentes, acequias, acueductos, dársenas, molinos, fábricas de harina, centrales hidroeléctricas, talleres y viviendas, muchos de los cuales se hallan en un deficiente estado de conservación e incluso en estado de ruina, lo que motivó la apertura de una actuación de oficio con el objetivo de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras Administraciones, señaladamente la estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, y en colaboración con este... con esta, diseñe un plan que permita impulsar la conservación de aquellos bienes que merezcan ser conservados, actuando frente a la omisión de los deberes de conservación por parte de aquellos a quienes obliga la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Y también que pida, anime, a los ayuntamientos por cuyos términos transcurre el canal de Castilla a que ejerzan las competencias que les atribuye la normativa urbanística vigente para garantizar la seguridad y el ornato de los inmuebles, así como la demolición de los que se encuentren en estado de ruina, incluso en peligro de ruina. En este caso, nuestra resolución no fue aceptada.

Finalmente, en cuanto se refiere al patrimonio cultural, ya fuera mediante actuaciones de oficio, ya fuera con motivo de las quejas presentadas, hemos dirigido a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte una serie de resoluciones para la debida conservación de concretos Bienes de Interés Cultural, como, por ejemplo, el conocido como la "Casa de las Muertes" en Salamanca, en relación con el cual dictamos una resolución en un expediente iniciado de oficio que fue aceptada.

En materia de turismo, recibimos seis quejas y emitimos dos resoluciones; además, promovimos dos actuaciones de oficio, de las cuales una estaba relacionada con la llamada "Ruta del Cares", en el Parque Nacional de los Picos de Europa, con un doble fundamento: por un lado, considerando la necesidad de prevenir accidentes; y, por otro, para que el atractivo de la ruta contribuya, si es posible, en mayor medida, al desarrollo de los pueblos de montaña del entorno. Así, en nuestra resolución, en relación con la primera cuestión, solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que, ante la elevada afluencia de visitantes en la Ruta del Cares, dadas las características de la misma, se valorara la conveniencia de limitar el número de personas que puedan acceder a la senda, en especial en determinados días de mayor afluencia o época del año en que también es grande la afluencia, así como la oportunidad de prohibir realizar la ruta acompañados de perros e impedir o restringir el acceso de niños de menor edad.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, recordamos a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que mantenga una información actualizada de calidad sobre las características de la Ruta del Cares, sobre las condiciones que se requieren para acceder a la misma, sobre las dificultades para poder... que puede entrañar y cuanta información complementaria contribuya a mejorar la experiencia. Además, requerimos a la misma Consejería que mantenga la debida supervisión de las actividades relacionadas con el turismo en las localidades que acogen a los visitantes atraídos por la Ruta del Cares y su entorno, para que se lleven a cabo conforme a la normativa vigente, de modo que se garantice la calidad de los servicios. La resolución fue aceptada por ambas Consejerías.

En el área que, a efectos de la organización de nuestro trabajo, agrupamos bajo el rótulo de Industria, Comercio, Empleo y Seguridad Social y Prestaciones, en dos mil veintitrés hemos recibido 105 quejas, de las cuales 40 las remitimos al Defensor del Pueblo y 1 al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, por afectar a cuestiones ajenas a nuestras funciones.

Una parte importante de las quejas recibidas y tramitadas tenían relación con la mejora de la eficiencia energética; cuestiones sobre las que hemos dictado 6 resoluciones, de las cuales voy a hacer referencia a algunas. Así, a partir de una queja, nos dirigimos a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para que valorara la conveniencia de admitir que las solicitudes de subvenciones para la sustitución de calderas y calentadores de más de 10 años de antigüedad, contrariamente a como se venía haciendo en convocatorias precedentes, pudieran presentarlas no solamente los instaladores autorizados, sino también los propietarios de las viviendas en las que se pretenda realizar los... la sustitución. Nuestra resolución fue aceptada.

También fueron objeto de quejas los retrasos en la concesión de ayudas en materia de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables, también para la rehabilitación energética de edificios existentes y en un expediente de autoconsumo en régimen de compensación de excedentes de energía eléctrica. Quejas en relación con las que emitimos 3 resoluciones dirigidas a la Consejería de Economía y Hacienda en las que exhortábamos a que se adoptara las medidas de tipo organizativo que considerara oportunas para evitar las demoras denunciadas y otras que, sin haber sido objeto de queja, considerábamos que podían haberse producido. Las tres resoluciones fueron aceptadas.

Sobre la actividad comercial, además de 3 quejas que hemos recibido en relación con la venta no sedentaria, me parece oportuno referirme a una actuación de oficio que promovimos sobre el comercio en el medio rural, un tema que ya suscité en una anterior comparecencia, y sobre el que nos parecía que era necesario reflexionar. Pues bien, en nuestra resolución argumentamos la conveniencia de adoptar hasta 19 medidas que consideramos podrían contribuir a reactivar el comercio en el medio rural y, con ello, a que esta actividad siguiera cumpliendo la función social, además de la económica, que consideramos esenciales para el medio rural. La resolución fue aceptada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

En el año dos mil veintitrés, también, al que nos referimos, recibimos 31 reclamaciones en materia de agricultura y ganadería, y hemos formulado 15 resoluciones. De las quejas referidas, para no reiterar asuntos sobre los que nos hemos pronunciado en anteriores informes, me referiré a tres quejas presentadas sobre la gestión de poblaciones felinas en libertad, es decir, colonias de gatos sin dueño conocido, abandonados y sin esterilizar; un problema cada vez más frecuente, que ha de ser abordado en el marco normativo que contiene la vigente Ley 7/2023, de veintiocho de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales, ley en la que se atribuyen las competencias a las Administraciones autonómica y municipales. Por lo que, a la vista de los nuevos deberes que pesan particularmente sobre los municipios, dada la escasez de medios con que cuentan los pequeños municipios de la Comunidad, consideramos que las diputaciones provinciales han de colaborar con aquellos para que el servicio sea adecuadamente prestado. Las resoluciones que hemos formulado en esa línea a municipios y diputaciones fueron aceptadas.

Tramitamos también un expediente, de oficio, para conocer las medidas que estaba llevando a cabo la Administración autonómica conforme al compromiso adoptado a raíz de una resolución que dictamos en un expediente que promovimos de oficio en dos mil veintiuno, al objeto de aligerar el retraso que existía en la entrega de los títulos de propiedad de las fincas de reemplazo resultantes de los procesos de concentración parcelaria. Para lo cual, en el marco del expediente iniciado en dos mil veintitrés, solicitamos información al Colegio Notarial de Castilla y León y al Decanato autonómico del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad de Castilla y León, con el fin de conocer las razones de la demora, tanto en la protocolización como en la inscripción de las actas de reorganización de la propiedad. Tras analizar la documentación allegada, si bien comprobamos una mejora considerable en lo que se refiere a los retrasos existentes con anterioridad, formulamos una resolución a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la que, entre otras recomendaciones, abogamos por que se incluyan en las nuevas actas de reordenación de la propiedad una representación georreferenciada de las fincas de reemplazo, así como por que se actúe coordinadamente con los Registros de la Propiedad para que las futuras actas de reordenación de la propiedad se ajusten al modelo de registro electrónico que entra en vigor, precisamente, este mes de mayo. Nuestra resolución fue aceptada.

En las materias que agrupamos bajo el rótulo de "Interior", recibimos 82 quejas, de las cuales, las más numerosas, 59, estaban relacionadas con el tráfico y la seguridad vial, 15 sobre asuntos relativos a la seguridad ciudadana y 8 se referían a cuestiones de protección civil; y también promovimos una actuación de oficio, de la que también sucintamente daré cuenta más adelante. Emitimos, en este área, 38 resoluciones.

En relación con el Servicio de Protección Civil, nos fue planteada una queja en la que se cuestionaba la gestión indirecta del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número telefónico 1-1-2 que se viene realizando, queja en la que se propugnaba el cambio por un sistema de gestión directa, al entender que esa forma de gestionar el servicio se ajustaba mejor al carácter esencial del mismo, además de garantizar un marco más adecuado para las condiciones laborales de los trabajadores. En nuestra resolución, una vez analizado el asunto, considerando que podía concitar diversidad de opiniones, recomendamos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que, en ejercicio de sus atribuciones, las atribuciones de que goza la Administración autonómica para organizar la prestación de los servicios públicos de su competencia, valorara todos los aspectos que habíamos puesto de manifiesto en el cuerpo de la resolución en aras de un posible de cambio del sistema de gestión del servicio y, a la vista de los resultados de esa valoración, adoptara la decisión más adecuada sobre la forma de gestión, directa o indirecta, de la prestación del servicio de atención a las... a partir de las llamadas de emergencia. Nuestra resolución fue parcialmente aceptada, pues, según se nos indicó, la Consejería iba a incluir en el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios para dos mil veinticuatro la auditoría sobre la gestión indirecta del servicio de referencia para evaluar la prestación del mismo, con el fin de ofrecer un servicio público de calidad y hacer un uso eficiente de los recursos públicos.

También promovimos una actuación de oficio -a la que antes me refería- sobre la regulación, ordenación, vigilancia y disciplina de vehículos de tráfico en horario de carga y descarga de mercancías en las zonas peatonales de las nueve... de las nueve capitales de provincia de la Comunidad y el municipio de Ponferrada, a la vista de los problemas que genera al tránsito de personas la circulación y estancia de vehículos de reparto, así como la erradicación de mobiliario, principalmente de hostelería. Pues bien, a la vista de la información que nos fue proporcionada por las Administraciones a las que nos dirigimos, efectuamos diferentes recomendaciones dirigidas a la optimización de la gestión del espacio, con el doble fin de garantizar el derecho de las personas a transitar con seguridad por las vías públicas y de que se sigan realizando, de forma compatible con el ejercicio de ese derecho, la reposición de productos y la ocupación del espacio para usos de hostelería. Nuestra resolución ha sido aceptada por todos los municipios a los que nos dirigimos, a excepción del Ayuntamiento de Palencia, que todavía no se ha pronunciado sobre ella.

En materia de sanidad y consumo, ámbitos que integran una misma área a efectos de la organización del trabajo en la Procuraduría, hemos recibido 181 quejas, de las cuales 167 lo fueron en materia de sanidad y 14 en materia de consumo. A las quejas presentadas debemos añadir 7 actuaciones de oficio. Emitimos un total de 49 resoluciones; de las cuales 48 lo fueron en materia de sanidad y 1 en materia de consumo.

Con referencia a las quejas recibidas en relación con la sanidad, un año más, la gestión de las listas de espera y las demoras en atención sanitaria han dado lugar a la presentación de un importante número de quejas; lo que refleja la preocupación de la ciudadanía por este aspecto de la prestación del servicio público de sanidad. Pues bien, a la vista de las quejas recibidas, aunque la Consejería de Sanidad nos ha informado de las actuaciones que viene llevando a cabo para reducir las listas de espera, en nuestras resoluciones hemos ido manteniendo siempre la necesidad de reforzar esas medidas -que, según se nos ha informado, se estaban adaptando- o incluso implementar otras diferentes, en aras a reducir las listas de espera, y con ello evitar los retrasos en la atención sanitaria requerida. Más allá de las quejas recibidas en relación con este problema, resolvimos también en este año dos mil veintitrés al que nos venimos refiriendo una actuación de oficio sobre la evolución de las listas de espera generadas durante la pandemia y la incidencia de las... que las medidas adoptadas habían tenido... habían tenido en la reducción de esas listas.

En atención a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, consideramos que, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas, así como en relación con las intervenciones quirúrgicas a pacientes de niveles de prioridad 2 y 3, se deberían adoptar medidas que permitieran recortar los tiempos de espera, ya que, si bien, en aplicación del criterio de prioridad clínica, pudiera haber supuestos que no tenían su origen en una... en un problema grave de salud, en general se trata de cuadros clínicos que alteran la vida personal y laboral de los pacientes, lo que sin duda supone un problema añadido que afecta al derecho a la tutela de la salud. La resolución fue aceptada parcialmente, manifestándonos la Consejería de Sanidad que se estaban poniendo los medios para paliar los efectos causados por la pandemia.

La prestación de la asistencia sanitaria a las personas que residen en el medio rural ha seguido estando presente en la actividad desarrollada por la Defensoría, aunque, a la vista de las quejas recibidas, con una menor incidencia que en años anteriores. Aun así, hemos abordado aspectos como la atención geriátrica y de fisioterapia en el centro de salud de Tábara, en la provincia de Zamora; las deficiencias en la conexión a Internet en el centro de salud de Villavellid, en la provincia de Valladolid; los problemas planteados en determinadas zonas rurales a causa del incremento de la población en época estival; o, en fin, también los problemas que suscita el sistema de cita previa telefónica.

En las resoluciones dictadas en relación con estas cuestiones hemos puesto de manifiesto, insistiendo en lo que ya hemos expresado en actuaciones llevadas a cabo en ejercicios anteriores, que las personas que residen en el medio rural deben ser atendidas mediante un sistema sanitario público fundado en los principios de equidad, proximidad y presencialidad, de manera que se garantice a la población de las zonas rurales una atención sanitaria adecuada a las necesidades derivadas en general del predominante envejecimiento de las personas que residen en ellas.

Nos hemos ocupado también, y a partir de las quejas presentadas, de otros asuntos sobre los que hemos emitido las correspondientes resoluciones, como, por ejemplo, el estado en que se encontraba el material textil ofrecido a los pacientes en el Hospital Universitario de Burgos, recomendando a la Consejería de Sanidad que extreme el cuidado para que el material se haga... sea de adecuada calidad y se halle en perfecto estado de uso, resolución sobre el que se nos ha informado que la Consejería estaba actuando conforme a ese objetivo.

También dictamos una resolución el pasado mes de diciembre dirigida a la Consejería de Sanidad en la que pedíamos la inclusión de la enfermedad de la acidemia metilmalónica en la conocida como "prueba del talón", que se realiza en los recién nacidos, ya que esta enfermedad congénita no se encontraba incluida en los programas de cribado neonatal que se realizaban en Castilla y León. Nuestra resolución fue aceptada.

Hemos analizado, a partir de una queja, la situación de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, considerando de forma particular el dato dispensado en Atención Primaria, las deficiencias de la atención presencial y la necesaria coordinación entre la Atención Primaria y Especializada, coordinación entre... poniendo de manifiesto en nuestra resolución la importancia de dispensar a estos pacientes una atención humanizada, priorizando las consultas presenciales, y la necesidad de que estas patologías sean abordadas de forma multidisciplinar con objeto de que sea efectuado un diagnóstico sin dilaciones y prescrito el tratamiento más adecuado. Nuestra resolución fue aceptada parcialmente.

También fueron objeto de queja las deficiencias de climatización en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Pues bien, con la finalidad de garantizar el mayor confort térmico a los pacientes hospitalizados, y ante la situación climatológica, en la que las olas de calor son cada vez más frecuentes y duraderas, formulamos una resolución para que se reparara el funcionamiento del sistema de climatización existente, o, en caso contrario, fuera renovado. Consideramos parcialmente aceptada nuestra resolución al habernos sido indicado que estaban realizando actuaciones en la línea de lo que habíamos recomendado.

Sobre el funcionamiento del transporte sanitario, hemos emitido dos resoluciones, destacando el incumplimiento del tiempo de respuesta para iniciar el traslado por alta hospitalaria, resoluciones mediante las que hemos pedido a la Consejería de Sanidad que lleve a cabo la fiscalización de la forma en la que se estaba prestando el servicio en relación con los aspectos cuestionados y, como resultado de la misma, adoptara las medidas oportunas para corregir las deficiencias y con ello hacer efectivo el derecho de los usuarios a un servicio de calidad. Consideramos aceptadas nuestras resoluciones al habernos manifestado que se estaban aplicando los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de los pliegos del contrato.

Para finalizar, daré cuenta de una actuación de oficio motivada por la necesidad de seguir avanzando en la prevención del cáncer de mama, a la vista de los nuevos criterios de la Unión Europea sobre la detección precoz de esta patología. En nuestra resolución nos manifestamos a favor de ampliar el cribado de mama a mujeres residentes en Castilla y León con edades comprendidas entre los 70 y 74 años, así como sobre la oportunidad de plantear en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la incorporación de las recomendaciones de la Unión Europea sobre la ampliación del rango de edad de las mujeres destinatarias de este cribado a la cartera de servicios y prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestra resolución fue aceptada en cuanto a la realización del cribado a las mujeres de 70 a 74 años.

En materia de familia e igualdad de oportunidades, recibimos 163 quejas durante dos mil veintitrés y hemos emitido 50 resoluciones. También promovimos 17 actuaciones de oficio y hemos formulado 10 resoluciones sobre ellas.

Por lo que se refiere a las reclamaciones, el mayor número lo registramos en materia de discapacidad, al haber recibido 70 quejas. Consecuentemente, una parte importante de nuestro trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos de estas personas frente a las condiciones inadecuadas que todavía han de soportar en diferentes ámbitos del entorno social. Así, a partir de las quejas que hemos recibido a causa de la persistencia de barreras urbanísticas y arquitectónicas, en nuestras resoluciones hemos reclamado, principalmente a los municipios correspondientes, su eliminación, de forma que se garantice a todas las personas el disfrute de entornos plenamente accesibles en nuestros pueblos y ciudades. En todos los casos nuestras resoluciones han sido aceptadas.

También hemos intervenido a instancia de parte en favor de la gratuidad del transporte público urbano, en concreto en el municipio de Burgos, para los acompañantes de aquellas personas con discapacidad que, por sus concretas circunstancias, precisan de ayuda de terceros para realizar sus desplazamientos. Dicho ayuntamiento, el Ayuntamiento de Burgos, aceptó nuestra resolución.

Actuamos de oficio frente a los municipios de más de 50.000 habitantes con la finalidad de que todos los autobuses urbanos que integran sus respectivas flotas se adapten plenamente a la exigencia legal consistente en que todos los vehículos dispongan de espacios suficientes para alojar dos sillas de ruedas, culminando la actuación con la emisión de las correspondientes resoluciones, las cuales han sido aceptadas por los Ayuntamientos de Palencia, Ponferrada, Soria, Valladolid y Zamora, que fueron los que... a los que finalmente emitimos nuestra resolución.

A partir de una queja en la que se denunciaba la tipografía de los modelos descritos utilizados en expedientes sancionadores en materia de tráfico por parte del Ayuntamiento de León, al suponer una barrera a la comunicación, solicitamos que dichos modelos fueran de lectura fácil y comprensible para todos, en especial para las personas con dificultades visuales. Nuestra resolución también fue aceptada.

También a raíz de algunas quejas recibidas, hemos pedido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que elimine los retrasos en los procedimientos de valoración del grado de discapacidad, resoluciones que fueron aceptadas en todos los casos.

En relación con la población mayor, que también ocupa una parte importante de nuestro trabajo, hemos formulado 5 resoluciones, en las que hemos pedidos... hemos pedido que se realizaran actuaciones de control e inspección sobre determinados centros residenciales de Castilla y León con objeto de garantizar la prestación de un servicio de calidad. De las 5 resoluciones emitidas en estos casos, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aceptó 3 y rechazó 2.

En cuanto a los servicios sociales no residenciales para mayores, destacamos una resolución formulada a la Diputación Provincial de Valladolid, como titular del servicio de ayuda a domicilio en múltiples municipios de la provincia, con objeto de que dispusiera lo necesario para que el tiempo de desplazamiento del personal no suponga una reducción del tiempo de atención reconocida a los usuarios. La resolución fue aceptada.

También en relación con la población mayor, como resultado de una actuación de oficio, recomendamos a la Consejería de Presidencia que valorara la oportunidad de implantar y desarrollar un programa específico de apoyo preferente y personalizado para las personas mayores en el conjunto de los sistemas de información administrativa y de atención al ciudadano de cada uno de los servicios de la Administración autonómica. La citada Consejería dio respuesta positiva a nuestra resolución.

En otra actuación de oficio, esta promovida en defensa de niños y jóvenes con necesidades especiales, a la vista de la falta de campamentos que presten servicios de ocio inclusivo, formulamos una resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la que exhortamos a que sean diseñados y convertidos los campamentos del Instituto de la Juventud en entornos plenamente adaptados para atender a niños y jóvenes con capacidades diferentes. Nuestra resolución fue aceptada en relación con los campamentos organizados por la Administración autonómica.

Para finalizar, mencionaré dos actuaciones que, a instancia de parte, desarrollamos en relación con la Consejería de Educación sobre los apoyos destinados a las familias de la Comunidad. En una reclamamos a la citada Consejería que las bonificaciones económicas destinadas a las familias numerosas para hacer frente a los gastos derivados de la utilización del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos se extendieran a los centros concertados; en respuesta a nuestra resolución, se nos comunicó que se iba a estudiar en relación con las familias que tuvieran especiales necesidades socioeconómicas. En la otra... en la otra actuación, también iniciada a instancia de parte, solicitamos también a la Consejería de Educación la incorporación del desayuno escolar dentro de los servicios prestados en los centros docentes públicos en el horario de acogida matinal antes del inicio de la jornada escolar con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la buena alimentación y en bienestar de los alumnos más pequeños; esta recomendación no fue aceptada por la mencionada Consejería, considerando que este apoyo no forma parte de las funciones del personal encargado, a día de hoy, en el servicio de... del servicio denominado "Madrugadores".

La gestión y liquidación tributaria por parte de determinadas Administraciones ha suscitado la presentación de 101 quejas, cuestiones sobre las que hemos formulado 47 resoluciones. Cuantitativamente, como en ejercicios anteriores, el mayor número de quejas, concretamente 47, se referían a la gestión y liquidación de tributos locales, es decir, impuestos, tasas, contribuciones especiales y también precios públicos que giran las entidades locales por la realización de diferentes prestaciones. Y, como en ejercicios anteriores, en los que se cuestionaba, por ejemplo, la facturación por el consumo de agua o la fijación de tasas o precios públicos diferentes en función de los usuarios... de que los usuarios de las instalaciones municipales fueran o no personas empadronadas, en todos estos... las quejas resolvimos de una forma similar a como lo venimos haciendo en ejercicios anteriores, y, por tanto, no me parece necesario incidir para no reiterar argumentos que ya expuse en comparecencias anteriores.

Sí me parece de interés referirme a una queja presentada por un contribuyente, en la que manifestaba que no había podido relacionarse con el órgano tributario por medios electrónicos, por lo que nuestra resolución, a la vista de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de uno de octubre, y el Real Decreto 2003/2021, de treinta de marzo, dado el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor a estos efectos, y aun teniendo en cuenta las dificultades tanto desde el punto de vista material como personal que supone la implantación de sistemas que permitan a los ciudadanos relacionarse electrónicamente con la Administración, consideramos que resulta inaplazable en estos momentos ya el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas precisas, y, en su caso, o en caso de ser necesario, la capacitación de los empleados públicos para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. La Consejería de Economía y Hacienda aceptó nuestra resolución.

La aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por parte de los municipios que lo tienen incorporado como recurso tributario ha seguido estando en la base de la presentación de algunas quejas que hemos resuelto en dos mil veintitrés. En el contexto derivado de la jurisprudencia constitucional relativa a la regulación de este impuesto, una de las cuestiones que aún se hallaba pendiente de clarificación tenía que ver con los plazos para impugnar las liquidaciones y autoliquidaciones relativas al mencionado impuesto. En concreto, se hacía cuestión del momento en que habían de considerarse consolidadas y firmes las liquidaciones y autoliquidaciones realizadas, de lo que dependía la posibilidad de impugnarlas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad de su regulación mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de veintiséis de octubre, dado que la sentencia en cuestión fue dictada, en efecto, en esa fecha a la que me acabo de referir, pero fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el veinticinco de noviembre de ese año, es decir, casi un mes después de haber sido emitida.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en Sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés, fijó como doctrina jurisprudencial que no podrían ser impugnados con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad de la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana aquellas liquidaciones que no hubieran sido recurridas a la fecha de dictarse la sentencia, es decir, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; y tampoco podría solicitarse con fundamento en la mencionada declaración de inconstitucionalidad la rectificación, conforme al Artículo 120, apartado 3, de la Ley General Tributaria, de las autoliquidaciones sobre las que no se hubiera efectuado esa solicitud antes de haberse dictado la sentencia, es decir, en la fecha anteriormente indicada de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en que fue declarada la inconstitucionalidad de la regulación de este impuesto.

De igual modo, pocos meses antes, también el Tribunal Supremo, en una Sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, había mantenido que debían anularse todas las liquidaciones tributarias correspondientes al mencionado impuesto que hubieran sido recurridas en plazo a esa fecha de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, sin que el Alto Tribunal, en esta ocasión, entrara a valorar la necesidad o no de que las liquidaciones tributarias recurridas se hubieran puesto o no de manifiesto en las mismas un incremento real del valor de los terrenos con motivo de su transmisión; porque, en definitiva, en la ratio decidendi de esa sentencia del Tribunal Supremo descansaba exclusivamente en la inexistencia del impuesto, al haber sido declarada la inconstitucionalidad de la regulación contenida en la ley de haciendas locales.

Como no podía ser de otra forma, las... las siete resoluciones que hemos dictado en dos mil veintitrés a partir de las quejas recibidas en esta materia se han basado en los fundamentos expresados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo -al que me acabo de referir- y, por supuesto, en la anterior del Tribunal Constitucional. Y todas nuestras resoluciones fueron aceptadas por los ayuntamientos a los que nos dirigimos.

Pues bien, con la apelación a la jurisprudencia como base... como fuente del derecho, y que como tal ha servido de fundamento a las resoluciones que hemos emitido para resolver las quejas recibidas en relación con la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -a que acabo de hacer referencia-, ya finalizo mi intervención, agradeciéndoles muy sinceramente la atención con que han seguido esta ya larga comparecencia, agradecimiento que expreso, por supuesto, en nombre propio, pero también, y de forma muy destacada, en nombre de las personas que desempeñan el trabajo en nuestra Institución. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Quintana. Me van a permitir antes de... de dar el turno a los grupos parlamentarios que salude al presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que no lo había realizado al principio de la sesión.

Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz.

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Quintana, quiero comenzar agradeciéndole su presencia y también todo el trabajo que, a lo largo del año, ustedes realizan para atender las demandas y preocupaciones de los ciudadanos, algo para lo que también estamos nosotros aquí, y se debería hacer caso de sus resoluciones.

Un problema que estamos viendo es que el interés general a veces se desvirtúa por los intereses de los partidos que priman sobre los de los ciudadanos, algo que, lamentablemente y de forma frecuente, vemos con debates acalorados que dejan apartados los problemas concretos que tienen los ciudadanos, pero que, en cambio, su Memoria sí que refleja.

Por eso, señor Quintana, sigo pensando que sus informes son un termómetro que mide las preocupaciones de la gente y, por tanto, son un instrumento al que debemos prestar especial atención a la hora de orientar las políticas de la Comunidad. Y, de hecho, los ciudadanos nos siguen transmitiendo pues las mismas preocupaciones.

Y en cuanto a la instrucción... institución del Procurador del Común y su relevancia, compruebo que muchos siguen desconociendo la existencia de esta Institución. Tal vez se deba al tamaño de nuestra Comunidad o la concentración de las sedes de la mayoría de sus instituciones, pues quizá eso no colabore ni en su conocimiento ni en el sentimiento de pertenencia a la Comunidad. Como seguramente tampoco los desequilibrios territoriales, que, en cierta forma, también se desprenden al analizar su informe, en el que aparece que el número de quejas repunta, aumentando el malestar de la población respecto al funcionamiento de las diferentes Administraciones. Esto pues pueda ser debido a que las Administraciones que tienen las competencias no siempre actúan en consonancia con los intereses de los ciudadanos. Un ejemplo claro lo tenemos con las unidades de ictus, que, como vemos en el caso de Ávila, pese a que es un deseo general de toda la sociedad y que incluso ha sido apoyado por todos los grupos políticos tanto en diputación como en el ayuntamiento, la Junta sigue sin atender y sin tener prevista su realización, confundiendo y crispando en ocasiones a la sociedad con declaraciones ambiguas.

En todo caso -como le decía-, sigo teniendo la sensación de que la Institución no es suficientemente conocida, por lo que se debería hacer algo por darle mayor visibilidad. En este sentido, me gustaría destacar la mención que hace a la Oficina de Atención al Ciudadano (la OAC) como cauce directo entre la Institución y la ciudadanía, que ofrece, además, diferentes vías de comunicación para acercar la Institución a los ciudadanos.

Es evidente que tenemos una brecha digital importante que dificulta que muchas personas, especialmente las de mayor edad y aquellas con problemas de conectividad en las zonas rurales, se puedan comunicar a través de medios electrónicos.

Pero, al margen de esto, lo que se desprende de su informe son ciertos problemas esenciales de la Comunidad que se repiten año tras año. La Administración local es la que más quejas aglutina, aunque, en mi opinión, es porque es la institución más cercana a los ciudadanos y la que se encarga de los problemas más inmediatos y del día a día. Destacan reclamaciones sobre el mal estado de caminos, la falta de iluminación en las calles, el estado de las travesías, y, un año más, la sanidad, algo lógico porque resulta pues fundamental para... para el resto de los asuntos.

En este sentido, sí me gustaría referirme a algo que preocupa mucho a los ciudadanos, que hemos debatido en muchas ocasiones en este Parlamento, y donde los datos pues yo creo que no son buenos. Hablo de las esperas para someterse a una intervención quirúrgica o para una prueba diagnóstica o por una consulta médica.

Y me llama muchísimo la atención, señor Quintana, que el número de reclamaciones, que ronda cerca de 40.000 -39.000/40.000-, es muy superior al número de quejas que le llegan a usted. Tenemos un problema fundamental, como ustedes han dicho, y que requiere un abordaje urgente.

Seguimos teniendo problemas recurrentes en nuestra Comunidad, y no podemos olvidar las características de nuestra Comunidad. Quiero relacionar esto último con el hecho de que, a la vista del informe, la mayor parte de las quejas provienen de municipios pequeños, que no son capitales de provincia, donde las preocupaciones pues son otras, y quizás en ciertos momentos estas personas pues se puedan ver desatendidas.

Y ya, para finalizar, si me permite, me gustaría apelar, y a todos los grupos políticos, para alcanzar entre todos el consenso y poder llegar a un acuerdo para proceder a la renovación del mandato del Procurador del Común y el resto de las Instituciones Propias. Y también a seguir trabajando desde nuestras diferencias, que todos las tenemos, pero todos juntos en la búsqueda del bien común.

Así que, sin más, termino agradeciendo de nuevo su presencia, señor Quintana, en esta Cámara. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Gracias, señor Pascual Muñoz. A continuación tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Muchas gracias, señor presidente. Señor Quintana, bienvenido; bienvenido por segundo año consecutivo incumpliendo la obligación de renovar a las Instituciones Propias.

Está hoy aquí presente el responsable de que esto no suceda -se va a sorprender cuando le nombre-, que es el señor Teira Lafuente; porque, a la sazón, es el presidente de la Comisión; usted lo recuerda, ¿verdad? Y recuerda también que es su obligación convocar a la Comisión para empezar a buscar candidatos. Es que a uno no le ponen de presidente de las Comisiones solo para complementar, en fin, los ingresos. Pero es que el siguiente responsable está a mi espalda, que es el presidente de las Cortes, quien debería de haber convocado a la Comisión, si no lo convoca el presidente, e iniciar el procedimiento, que lleva dos años caducado el mandato.

Este es el sentido de la responsabilidad institucional de quienes hoy dirigen esta Institución; hay que recordar que las Instituciones Propias dependen del funcionamiento de las Cortes. Y este es el sentido de la regeneración que tienen los miembros del Partido Popular y de Vox. Eso sí, se manifestarán en la calle contra la corrupción -que eso está muy bien, manifestarse está muy bien-. No estaría de más que hicieran su tarea; y su tarea es que los controladores sean independientes y que se renueven de acuerdo a la norma.

Porque la tarea -y así lo ha dicho el señor Muñoz- es una tarea importante, es el termómetro del funcionamiento de nuestra Administración: tiene la obligación de supervisar el funcionamiento y de garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de esta Comunidad. Ahí es nada.

¿Cómo ha evolucionado este termómetro, cómo ha evolucionado la temperatura en estas últimas legislaturas? Es verdad que desde que se cambió el sistema de control de las quejas múltiples es difícil hacer una comparación. La pasada legislatura se pasaron, de las 6.500 reclamaciones, 5.340 a la Junta de Castilla y León, a las 733, pero es cierto que hubo ese cambio, lo cual es difícil de medir.

En la actual legislatura se ha producido un incremento respecto al año pasado de un 12 % -estamos en 762 quejas-, pero ¿sobre qué versan las quejas que usted ha expuesto aquí? Básicamente, la primera de ellas, en lo que a la Autonomía se refiere, al Gobierno autonómico, es, una vez más, la sanidad. Y más de la mitad de ellas, más de la mitad, 91, sobre las listas de espera.

Pero hagamos una reflexión: ¿cuántas quejas se presentan al año en los servicios de atención al paciente de nuestra Comunidad? 39.000 en el año dos mil veintidós -en el año dos mil veintitrés no lo sabemos porque aún no se ha publicado; supongo que se publicarán en algún momento, como es obligatorio-, exactamente el doble de la media de los últimos diez años. La media de quejas en sanidad era de 19.000, estamos en 39.000.

El incumplimiento de los objetivos de lista de espera en prioridad 2 -usted lo ha dicho- llega en algunos casos a cotas escandalosas: por ejemplo, en Salamanca no llega al 40 % de quienes están en prioridad 2 -deberían de operarse en menos de 90 días- que se operan efectivamente en ese tiempo. Lo mismo ocurre en el Bierzo: más de 2.200 pacientes están superando las esperas de prioridad 2.

Pero con las listas de espera de Especializada pues ocurre exactamente lo mismo: donde había 200.000 en dos mil veintiuno estamos en 244.000.

Por tanto, deberíamos de plantearnos todos de qué sirve todo este esfuerzo, si estamos de verdad utilizando la Institución de manera efectiva y si el hecho de que se acepten las resoluciones. Usted ha venido aquí y lo ha dicho en múltiples ocasiones: "Se acepta la resolución", "se aceptó nuestra resolución". Bueno, se aceptó nuestra resolución, pero las cosas están exactamente donde están.

Por tanto, a mí me gustaría concluir, primero, instando a la Cámara, al presidente de la Cámara, al presidente de la Comisión del Procurador a que haga su trabajo, señor Teira. Es su trabajo; no es el del señor De la Hoz, es el suyo. Tiene usted que convocar a la Comisión para que se empiecen a buscar candidatos. Es su trabajo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Igea. A continuación tiene la palabra el señor Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidente. Señorías, me complace comparecer un año más ante esta Cámara para agradecer su presencia y felicitar al Procurador del Común por la presentación ante estas Cortes de su Informe de gestión anual referido al año dos mil veintitrés. Gratitud que hacemos vivamente extensible a todo su equipo, pues dicho Informe remarca la dedicación, la honestidad y la labor ejercida por esta Institución en defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía castellana y leonesa.

Y creo que precisamente en este contexto, cuando uno de los partidos que sustentan el Gobierno, Vox, pretende eliminar la Procuraduría del Común, es más importante que nunca realzar su figura y su encomiable tarea. Aunque también debería ir siendo hora de renovar de una vez por todas esta Institución; para nosotros usted es un buen candidato, pero creemos que hemos de llegar ya a un acuerdo para que deje de estar en funciones.

Su comparecencia, señor Quintana, y el relato cabal de las actuaciones que ha realizado traen a estas Cortes, con claridad y solvencia, alguno de los puntos negativos y oscuros más notorios de la forma de administrar los asuntos de esta Comunidad, formas y disposiciones de Gobierno que derivan y obedecen no a consecuencia de decisiones indiscriminadas de un jefe de servicio o de un jefe de negociado, sino que fluyen y se materializan como consecuencia de decisiones políticas, de una consciente voluntad política, del programa político, del proyecto político del partido político que lleva muchos años rigiendo los designios de esta Comunidad, ahora al alimón con la ultraderecha. En definitiva, actos que dimanan de una forma de ejercer la política en base a una ideología muy concreta, la neoliberal, que se ha hecho más palmaria y sangrante en estos últimos años.

Y frente a ello, señor Procurador, nosotros consideramos que la sociedad ha de reforzar, debe fortalecer lo público, lo común, lo colectivo, con el ejemplo paradigmático de la educación, de la sanidad o de los servicios sociales públicos, porque creo que está sobradamente demostrado que cuando vienen mal dadas es precisamente lo público lo que nos salva y ampara.

Señor Quintana, usted conoce de primera mano el respeto que profeso a la Institución que representa, a su persona y equipo y a la tarea que realiza, y, precisamente por ello, cada vez que llega la sesión monográfica del Procurador del Común me pregunto: ¿para qué sirve este Pleno, si las más de las veces el Partido Popular y Vox se pasan por el arco del triunfo sus dictámenes y resoluciones, especialmente las de más enjundia, aquellas que afectan a cuestiones esenciales y que ponen en cuestión la gestión del Gobierno autonómico? Y, señor Quintana, no vale que usted diga que aceptan sus resoluciones cuando año tras año las están incumpliendo sistemáticamente.

¿Cuál es, por tanto, el sentido de esta jornada anual, cuando la Procuraduría no dispone, como planteamos desde Unidas Podemos, de herramientas normativas que hagan obligatorio sus dictámenes y obligaciones que compelan al Ejecutivo a llevarlas a la praxis? Pues la respuesta que yo tengo es que hoy es el día del año en el que se hace patente de forma más descarnada la falsedad de los partidos que sustentan el Gobierno. Porque la pantomima de lisonjas y de reconocimientos, de parabienes, que le van a proferir hoy Partido Popular y Vox es directamente proporcional al incumplimiento que de sus resoluciones hacen. Hoy asistimos a una mascarada en la que las derechas le agradecen a usía un Informe que es demoledor y que deja al aire las vergüenzas de la gestión del Gobierno autonómico. Y año tras año asistimos a este espectáculo. Para eso sirve la jornada de hoy, para constatar públicamente, en sede parlamentaria, que el rey está desnudo.

Señor Quintana, yo he escudriñado y he escrutado su Informe, y he escuchado atentamente su alocución esta mañana, y ello me permite colegir que hoy Partido Popular y Vox llevan al paroxismo su demagogia y su hipocresía, porque varios pasajes de su dosier reproducen literalmente lo que desde Unidas Podemos llevamos meses, cuando no años, demandando y denunciando, por ejemplo, las sangrantes condiciones del transporte sanitario en Castilla y León, o la deplorable situación de la sanidad pública en el medio rural, o las interminables listas de espera, o la problemática de las residencias de mayores, o la lacerante carencia de un parque público de vivienda, o la penosa falta de internet en buena parte de nuestro territorio, o los déficits en materia de transporte, o el lamentable estado del servicio de comedor en hospitales y en escuelas por la apuesta de Partido Popular y Vox por la línea fría. Y así un largo etcétera de asuntos que ponen de manifiesto la nefasta gestión del Gobierno autonómico y que refrendan nuestras quejas y reivindicaciones porque cuentan, precisamente, con el incontrovertible aval de su Informe, ese dosier que radiografía perfectamente el estado de Castilla y de León.

Finalizo ya, señor Procurador, agradeciendo, una vez más, la labor de todas las personas que integran el equipo de la Oficina de la Procuraduría del Común y, por supuesto, la labor que hace usía. Señor Quintana, muchas gracias. Gracias, porque para usted, al igual que para nosotros, las castellanas y las leonesas, los leoneses y los castellanos, las personas son lo primero.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Fernández Santos. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Quintana. Antes de nada, aunque corremos el riesgo de repetirlo tantas veces y que estas repeticiones se conviertan palabras vacías, le quiero reconocer y agradecer a usted y a su equipo su trabajo. No sé realmente, señor Quintana, si se puede decir que en esta Institución, en las Cortes, las Cortes esté a la altura de su trabajo y de su esfuerzo, no solo el de su Institución, sino el de todas las que depende las Cortes de Castilla y León (el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas); en definitiva, todas las Instituciones Propias.

Y, miren, no seré yo, o por lo menos no debo de ser yo quien me preocupe en demasía por el desprestigio y el desinterés en el funcionamiento de una Comunidad Autónoma en la que no creo y a la que llegamos por imposición; pero mi labor parlamentaria poco favor haría a la ciudadanía si no pusiera en evidencia, señor Quintana, la falta de respeto y la falta de trabajo que ha acontecido en esta Cámara.

Porque, señorías, se está volviendo costumbre en esta Cámara generar grupos de trabajo, provocar reuniones, inventar encuentros, que solo sirven para entretener y para producir titulares vacíos que acaban por convertirse en fugaces ideas de mentes brillantes, cuyo propósito es enredar sin mayor interés que perder el tiempo; perder el suyo y hacernos perder el nuestro a los demás.

Por eso, señoría, en un momento en el que deberían haberse producido la renovación de las Instituciones Propias, estamos en la prórroga de sus nombramientos. Uno no sabe muy bien si se debe a la falta de interés de quien tiene que generar esos acuerdos y consensos o es más bien producto de la soledad de quien no puede acordar porque no es capaz ni siquiera de abrir canales de diálogo más allá que con los que dicen no creer en el sistema de las Autonomías, aunque luego navegan perfectamente acoplados en los sillones de la misma.

Aún recuerdo, señor Quintana, las reuniones para valorar posibles acuerdos. Eso, como casi todo en esta Comunidad de éxito, se difuminará con la poca vergüenza de quien tiene la obligación y no la ejerce por desidia y dejadez.

Pero vayamos a su Informe correspondiente a dos mil veintitrés. Un Informe cerrado con mil setecientos... 1.774 quejas ciudadanas, sobre las 1.807 del año anterior, y con 97 actuaciones de oficio, frente a las 63 del pasado ejercicio; y en el que la Administración local, el empleo público, la sanidad y medio ambiente suman el 54 % de las demandas, y que -como viene siendo habitual- León repite como la primera en el ranking autonómico desde el punto de vista numérico.

Dos cuestiones previas, señor Quintana, si me lo permite, que en principio se pueden deducir de estas cifras globales que presenta su Informe.

La primera, sin duda, es que los datos numéricos, más o menos, plantean una cifra constante y estable en las quejas, con numerosos indicadores muy similares al pasado ejercicio. Prácticamente, si sumamos las actuaciones de oficio crecientes en el año dos mil tres, con el ligero descenso de las quejas presentadas por los ciudadanos, nos daría un número casi idéntico entre ambos ejercicios.

Nada sorprende, por otro lado, que los temas donde más se repite la queja sea la sanidad, el medio ambiente o la Administración local. Viene siendo habitual los temas o estos temas en los anteriores informes.

El segundo aspecto que se pone de manifiesto, y que vuelve hoy a repetirse, es ese carácter reivindicativo en su Informe de la provincia de León; una situación que muchos querrán creer tiene que ver con un carácter inconformista de los leoneses; y la verdad, a nuestro juicio, tiene más que ver con una situación no casual y relacionado con que sea uno de los territorios con más problemas económicos y de gestión de esta mancomunidad de provincias llamada Castilla y León.

Y es que, señorías, durante tiempo... durante mucho tiempo la ceguera de muchos de los políticos de esta Comunidad ha provocado argumentaciones tan absurdas en contra de esta posición, utilizando términos despectivos como el victimismo o la queja, olvidándose de que la enjundia del problema tiene raíces mucho más profundas que el carácter inconformista de los leoneses. Generalmente responde al desequilibrio generado por quien ha gobernado la práctica totalidad de esta Comunidad, la totalidad de la vida de esta Comunidad, y que ha generado una Comunidad desarrollada a doble velocidad.

Usted nos constata que ha emitido 1.042 resoluciones, de las que 183 se archivaron y en 859 se formularon resoluciones o recomendaciones a las Administraciones, con una aceptación del 84,52 % de las 659 respondidas. Con estos datos, tanto usted como nosotros, señor Quintana, podemos concluir una razonable satisfacción en la respuesta de las instituciones a las que se dirige, más aún si tenemos en cuenta su afirmación sobre que, a día de... de la presentación del Informe, no existía ninguna queja de las recibidas sin resolver; lo cual habla bien de su proactividad y de la mayoría de las Administraciones, siempre teniendo en cuenta que algunos municipios, en su mayoría pequeños, no han facilitado la información y hasta 151 no han respondido en tiempo si aceptan o no la resolución emitida.

A nosotros -como a usted- también nos parece muy razonable el grado de aceptación y la inexistencia de quejas sin resolver. Sin duda, se puede concluir que es un balance muy positivo, poniendo también en evidencia -y eso no lo debemos de olvidar- la dificultad que a veces acontece en la Administración local por la escasez de medios, de recursos humanos en la mayoría de los pequeños ayuntamientos, que, unido, si se me permite, a la grave problemática -no resuelta aún- con la insuficiencia de secretarios municipales habilitados, entorpece y ralentiza el trabajo administrativo de muchos ayuntamientos. Para muchas Administraciones locales, la interinidad o inexistencia de ese elemento genera una disfunción en el normal desempeño, que afecta por igual a estos ayuntamientos, y también a las propias entidades locales menores. Este es un problema en el que Junta y la propia Administración central, el Gobierno de España, tienen un alto grado de responsabilidad.

Y, en este sentido, si me lo permite, señor Quintana, también le pido a usted y a su equipo que se emplee con ganas y con fuerza para no provocar la indefensión en asuntos y quejas, como, por ejemplo, los de Almaraz de Duero, en Zamora, donde se provoque la indefensión de aquellos representantes locales que no pueden acceder ni siquiera a la información de los propios ayuntamientos.

Del montante de quejas, 807 corresponden a la Administración local, 762 a la autonómica, 150 a la central, 29 fueron de naturaleza privada, 23 del ámbito de la Justicia y 3 a otros departamentos. En el caso del funcionamiento de la Administración autonómica, 205 tuvieron como destino la Sanidad, 138 la Educación y 103 la Presidencia.

Permítame entrar en algunos temas concretos que ustedes plantearon, sobre todo en actuaciones de oficio, sobre las que comentar alguna de las cuestiones.

Por ejemplo, hablemos de la queja sobre la vía que une los municipios de Páramo del Sil y Degaña por Valdeprado. Porque estamos hablando, señor Procurador, de una carretera cuya titularidad no forma parte de ninguna Administración, pero que se plantea como una oportunidad estratégicamente hablando; una opción que la Consejería no quiere aprovechar, para la que pone muchas excusas y en la que, a pesar de su recomendación y a pesar de lo que opinan los propios habitantes y del clamor social, sigue sin desarrollarse, a pesar de haber sido aceptada por la propia Consejería.

La solicitud de ordenación del desarrollo de las energías renovables en el medio rural, creo que con muy buen criterio se inició por parte del Procurador un proceso preguntando sobre cuáles son las actuaciones de la Comunidad Autónoma para conseguir un equilibrio entre la implantación de las energías renovables y el desarrollo socioeconómico del medio rural. Es lo mismo que desde este partido llevamos tiempo exigiendo en estas Cortes: un mapa de ordenación equilibrado que impida esa proliferación agresiva de macropuentes... de macroparques -perdón- solares y eólicos.

De poco sirve aceptar sus recomendaciones, señor Quintana, si la propia Consejería de Medio Ambiente no garantiza ni la tramitación de los expedientes de evaluación de impacto ambiental conforme a lo legalmente establecido, como tampoco en los procedimientos de autorización de uso excepcional de suelo rústico. "Acepto la recomendación, esta y la anterior; pero luego hago lo que me da la gana": ejercicio, sin duda, de hipocresía política a la que estamos últimamente muy acostumbrados en estas Cortes.

Deficiencias en centros educativos en León, como las Anejas, el Lope de Vega, el CEIP de Puente Castro y, fíjese, señor Quintana, que es un tema extremadamente fácil de solucionar, pero complejo en tanto en cuanto se difumina en la exigencia del cumplimiento y en la asunción de competencias. Y entramos de lleno en el duro mundo de las competencias impropias, esas que la Junta no quiere asumir y descarga en los propios ayuntamientos: un conflicto entre el ayuntamiento y la Comunidad Autónoma en la que los únicos que lo sufren son los niños de estos tres colegios. Lo mismo también en el CEIP de Villablino.

Siguiendo en el tema educativo, también compartimos la exigencia para que la Consejería de Educación amplíe el servicio de comedores escolares en colegios rurales no solo a los alumnos que se trasladan en transporte público, sino a aquellos que residen donde está el colegio para facilitar la conciliación. Igualmente, a que los contratos incluyan cláusulas sociales y medioambientales de los productos frescos, y que sean, si es posible -y eso lo hemos defendido aquí muchas veces-, de cercanía. Estamos hartos de ver sucesos como los que ha pasado... como lo que ha pasado en el Complejo Hospitalario de León, lo mismo que sucedió también con determinados colegios: gorgojos en la sopa o alimentos en mal estado por concesionarias amigas, a las que se premia a pesar de estos sucesos.

También estamos de acuerdo, en lo que se refiere a la educación, al proceso... a lo que se refiere en la educación, al proceso que sucedió aquí con las quejas múltiples por el retraso de la renovación de la Dirección Provincial de Educación de León, una prueba más de lo que a nuestro juicio fue una dejación de funciones de la Consejería. Igual que con las 127 reclamaciones, a las que usted se ha referido, sobre las obras de ampliación del CRA del Maestro Emilio Alonso, de Carbajal de la Lengua... de la Legua. Ambas cuestiones, si me lo permite, denunciadas en estas Cortes en iniciativas parlamentarias de la UPL.

En materia sanitaria, señorías, aplaudimos y compartimos su resolución recomendando a la Consejería del señor Vázquez no solo que se incrementen... no solo a que se incrementaran las medidas que se están aplicando, sino que se busquen nuevas fórmulas para agilizar las listas de espera, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas, así como a reducir tiempos de espera en las intervenciones quirúrgicas. Así como avanzamos que seguiremos luchando por mejorar nuestra asistencia sanitaria, por resolver los problemas de falta de profesionales y por volver a tener abiertos todos los consultorios locales. No vamos a renunciar a ello, es nuestra obligación: la suya, señor Quintana, y la de los grupos que representamos seguir poniendo en evidencia las deficiencias y problemas que nuestra maltratada sanidad pública encara.

Coincidimos también, porque así lo hemos puesto de manifiesto en el último Debate sobre el Estado de esta Autonomía, en su intento de aconsejar a la Junta para que apoye el comercio local en las pequeñas localidades, extremo este que presentamos en ese citado debate, que también fue aceptado en aquel momento por los grupos que mantienen al Gobierno, aunque, como en todas las ocasiones, no ha pasado más allá de aceptar la recomendación, sin hacer nada al respecto.

Para finalizar, reconocemos su esfuerzo en una materia que para nosotros se ha tornado clave y muy importante en los últimos tiempos: la salud infantojuvenil. Y compartimos su exigencia de una mayor proactividad de la Administración sanitaria en la mejora de la asistencia psiquiátrica, una proactividad que se recoge en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, imponiendo el abordaje de forma precoz de los problemas de salud mental, desde las etapas de la infancia y de la adolescencia, como línea estratégica para hacer frente a los problemas de salud mental. También planteamos... o esto -perdone- también lo planteamos en el pasado debate de los Presupuestos, aunque tampoco nos hicieron excesivo caso.

También estamos de acuerdo con la implantación de un servicio de atención administrativa personalizada y preferente a personas mayores, el mantenimiento de las farmacias en el medio rural, el fomento de la rehabilitación de vivienda de propiedad municipal en desuso, la promoción de campamentos de verano inclusivo, un transporte público adaptado a personas con discapacidad, entre otras actuaciones de oficio que ustedes han llevado, a mi juicio, en buena lid y que han llevado a cabo.

Y hasta aquí... Hasta aquí, señor Quintana. Creo que no es necesario seguir profundizando en un Informe completo y trabajado. Sí creemos que es importante que siga usted siendo comprensivo con aquellas Administraciones más pequeñas, que no disponen de medios materiales y humanos para afrontar como ellos quisieran esa atención a la figura que usted representa. Y también le pedimos que sea menos comprensivo con aquellos que sí disponen de esos medios y les falta voluntad política, como la propia Administración autonómica. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, tiene la palabra el señor Menéndez Blanco.

EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:

Bien. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Quintana, buenos días, bienvenido a estas Cortes. Y, en primer lugar, bueno, reconocerle el trabajo que ha presentado en el Informe Anual del dos mil veintitrés y que ha expuesto de una manera yo creo que concisa y, si no extensa, pero sí que hace un reflejo de lo que ha sido los datos y las conclusiones que vienen en el Informe que nos ha presentado.

Un análisis que, tal y como le recordábamos el año pasado, responde a esas funciones recogidas en el Artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que consideramos que no está de más recordarlo, ¿no?, que es "el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, designado por éstas, con el que actúa con independencia para lograr la protección y la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el presente Estatuto frente a la Administración de la Comunidad y la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan".

Y es la Ley 2/1994, de nueve de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, donde quedan recogidas las funciones y su figura en el título preliminar. Y, además, como recoge también este mismo texto legislativo, el Procurador del Común debe cumplir sus funciones con autonomía, con independencia y con objetividad, no estando sometido a mandato imperativo ni a recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Bien, pues, bajo estas premisas, en segundo lugar -y aunque sean datos, como digo, que están recogidos en su Informe y que ha expuesto durante su intervención-, sí quiero destacar alguno de ellos, porque consideramos que son relevantes y que no está tampoco de más el repetirlos.

Y es que, en el dos mil veintitrés, han sido presentadas 1.774 quejas por los ciudadanos de Castilla y León. Que, partiendo de ese cambio de criterio, de metodología, aplicado ya en el dos mil veintiuno -desde el dos mil veintiuno-, se recoge que varias quejas de ciudadanos sobre un mismo tema computan como una queja solo; de tal manera que tenemos ese cómputo global de 1.774. De estas, el cuarenta y cinco y medio por ciento -en concreto, el 45,49 %-, corresponden a competencias de entidades locales, reclamaciones sobre competencias de entidades locales, y el 42,95 % -en concreto, 762-, a competencias de la Administración autonómica. Esto, si no me equivoco mal -y algún portavoz anteriormente ya lo ha referenciado-, pero implica un incremento en torno al 12 % respecto de las dos mil veintidós.

Bien, al final, en cuanto al resto de esas 1.774 quejas -por dejar el dato que tengo aquí apuntado-, finalmente, 205 corresponden a Administración estatal u otro tipo de entidades, o Administración de Justicia.

Y en cuanto a las resoluciones formuladas a partir de esas quejas de los ciudadanos, de las 558 dictadas, han sido aceptadas el 82,62 %; de las que estas, un 64,87 lo fueron en su integridad y 17,74 % parcialmente.

Por otro lado, 97 han sido las actuaciones llevadas a cabo de oficio por parte de su Procuraduría, en las que se han dictado resoluciones a las distintas Administraciones, siendo 66 las que afectan a la Administración de alguna Consejería de Castilla y León, y el resto a Administraciones provinciales, locales, o a la Administración central. Y, en este caso, la aceptación de resoluciones dictadas por actuaciones de oficio, de 133 en total, han sido aceptadas 95,05 %, siendo en su integridad el 86,14 %, y parcialmente el 8,91 %.

Bueno, al margen de estos datos que, como ya digo, considerábamos interesante al menos repetirlos o recordarlos durante mi intervención, para nosotros estos datos significan cumplimiento de los principios a los que hacía referencia al principio de mi intervención, de mi exposición, que es ese respeto por la autonomía, la aceptación crítica que conlleva una mejora de los servicios en la prestación de los servicios públicos que la Administración ofrece y debe prestar a los ciudadanos, pero sobre todo el respeto por los derechos de los ciudadanos. Y esto, a nuestro juicio, es evidente que también se está produciendo por parte del actual Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, a pesar de los marios... de los malos augurios anunciados por los partidos de la Oposición y por sus acólitos mediáticos. De tal manera que nos encontramos a día de hoy, pasado el ecuador de esta legislatura, en la que Vox entra por primera vez a formar parte de un Gobierno, en este caso del Gobierno coalición de la Junta de Castilla y León, y, en relación con los datos del informe -cifras aparte-, sí que entendemos que no está de más el traer a colación o hacer mención a algunas de las actuaciones llevadas a cabo por mi grupo parlamentario dentro de la actividad como tal parlamentaria, pero también por parte de los compañeros de mi formación política en el Gobierno de la Junta de Castilla y León fundamentalmente en aquellas Consejerías sobre las que tenemos una responsabilidad directa en su gestión. ¿Por qué? Porque con ello entendemos que se hace referencia a algunas de estas quejas trasladadas por parte de los ciudadanos, o incluso también se hace referencia a algunas de las actuaciones en determinadas materias sobre las que se ha llevado a cabo una actuación de oficio por parte de la institución del Procurador del Común.

Y es que en agricultura, en competencias de agricultura, ganadería y desarrollo rural -como digo-, es importante -al menos para nosotros, y así lo voy a hacer- destacar la inversión millonaria en concentraciones parcelarias; es importante destacar la aprobación que se llevó a cabo de una iniciativa de nuestro grupo parlamentario en estas Cortes para impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo, con una estrategia de conservación y gestión de la convivencia con las actividades del medio rural y para su exclusión del LESPRE; es importante destacar ayudas extraordinarias contra la tuberculosis bovina, que se han llevado a cabo mediante la convocatoria de ayudas a las explotaciones ganaderas afectadas por la prohibición de movimientos en zonas declaradas de especial incidencia para la tuberculosis bovina, por la que los ganaderos han podido, podrán recibir hasta 5.000 euros para compensar las pérdidas derivadas de la no utilización de los pastos para la alimentación animal. Todo ello -como digo- desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pero también es importante destacar el impulso a la modernización y el relevo generacional en el campo que desde esta misma Consejería se han llevado a cabo mediante una línea de ayudas para favorecer la primera instalación de jóvenes agricultores y para la creación de empleo en zonas rurales, con una dotación presupuestaria importante.

Es importante también -valga la redundancia- el traer a colación las ayudas de esta misma Consejería contra la enfermedad hemorrágica. Son ayudas directas que se han concedido de hasta 1.000 euros por explotación para paliar los costes de limpieza, desinfección y desinsectación, además de 500 euros de media por vaca afectada. Son importantes también las bonificaciones en las tasas veterinarias, que se han llevado a cabo de una manera conjunta desde los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, Partido Popular y Vox, pero que implicaron, por otro lado, esa bonificación del 95 % hasta el año dos mil veinticinco de esas tasas para la prestación de servicios veterinarios.

Es importante destacar que Castilla y León se encuentra a la cabeza en el pago de la PAC, siendo la única región que ha pagado todas las líneas de intervención de ayudas directas posibles del Plan Estratégico de la PAC dos mil veintidós... perdón 2023-2027.

Es importante destacar las ayudas récord a la sequía que se han aprobado en Castilla y León, siendo nuestra región la de España con mayores indemnizaciones al campo por este concepto, al margen de ayudas, en esta misma línea, para la construcción de balsas en provincias con problemas destacados, como Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora, donde tienen -como digo- de una manera más señalada esta problemática.

Es importante destacar también la ayuda a más de 13.000 agricultores y ganaderos que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se han puesto esta línea de ayudas referidas a la bonificación de intereses preferenciales por... por todo el tema de la sequía, e incluso ayudas directas complementarias para la indemnización abonada por Agroseguro, que supone un beneficio de más 12.000 agricultores y ganaderos.

Pero, por otro lado, desde el punto de vista del comercio y de la industria, pues tenemos que destacar también esas... esfuerzo presupuestario de más de dos millones y medio de euros para la modernización del comercio, con ayudas para proyectos de contenido tecnológico, innovador y sostenible, que incidan en la gestión, en un modelo de negocio de comercio adaptado a los nuevos hábitos de consumo, a modalidades de venta, posicionamiento, distribución, o mejorando la competitividad de las empresas de Castilla y León.

O destacar también los planes de bienestar laboral, por los que se promueven planes que integran cuidados físicos y mentales, y se busca la... reducir, o la reducción de la siniestrabilidad laboral y la retención de trabajadores en las empresas.

O destacar los datos mínimos de paro en Castilla y León, donde nuestra región ha cerrado, cerró, el año dos mil veintitrés con una cifra de parados la más baja desde el año dos mil veintisiete, con 112.000; lo que supone 10.000 menos que hace un año antes. Además, mientras el desempleo ha descendido en un 4,59 % en el conjunto de España, en Castilla y León disminuye un 7,69 %. Se invierte también en seguridad laboral desde esta Consejería de Comercio, Industria y Empleo.

En Cultura se ha conseguido -y yo creo que es, desde luego, destacable, y así lo hago- el desatascar procedimientos BIC, donde, cuando nos hacemos cargo de la Consejería, en el año dos mil veintidós, nos encontramos con 76 expedientes atascados, y se han resuelto más de 50; muchos de ellos, además, se encontraban sin documentación, abandonados, etcétera.

Bien, todas estas actuaciones, entre otras muchas, tienen por objeto, por un lado, la mejora de la prestación de los servicios públicos que se ofrece -y que debe ofrecerse- a los ciudadanos de Castilla y León y, por otro lado también, la mejora de las condiciones de los castellanos y leoneses desde el punto de vista social, económico, laboral, etcétera. Con ello -y es el trabajo que, como le decía al principio, se lleva a cabo desde nuestro grupo parlamentario-, en relación con esa problemática o con esas quejas que se les trasladan a... le trasladan a usted como Procurador del Común de Castilla y León, por un lado, nosotros, desde luego, tenemos claro que se da solución a alguno de estos asuntos sobre los que luego versan esas resoluciones o recomendaciones o informes; y, por otro lado, que se está ayudando en un cómputo general a mejorar las circunstancias de vida, a mejorar las circunstancias de empleo y a mejorar las circunstancias sociales de los castellanos y leoneses en Castilla y León, con lo que tenemos al menos la conciencia y la seguridad de que estas quejas continuarán, estas quejas que se le trasladan al Procurador del Común, continuarán en esa línea descendente que llevamos apreciando desde ya el dos mil veintiuno -como digo-, cuando se aplicó esa nueva metodología en cuanto a las quejas que se reciben por parte de los ciudadanos.

Por lo tanto, recordarle también -para finalizar ya-, como hicimos en el año anterior por parte de nuestro grupo, que la Administración autonómica gestiona actualmente diez Consejerías y sus servicios en un entorno geográficamente extenso, en nueve... nueve provincias, en las que, evidentemente, es... es difícil... desde luego no es fácil ser infalible, aunque nuestro deber y nuestra metodología de trabajo está en conseguir trabajar para que así sea.

Con ello, nada más. Simplemente, volver a reconocerle su trabajo llevado a cabo en esta Institución, y, desde luego, su comparecencia y su presencia en estas Cortes. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Menéndez Blanco. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores, muy buenos días. Señor Quintana, Procurador del Común, bienvenido de nuevo a estas Cortes de Castilla y León. Quiero saludar también, por supuesto, a los presidentes del Consejo Consultivo y el de Cuentas, y al resto de consejeros también de estas Instituciones.

Siempre le he dicho, señor Quintana, que usted es la voz de la conciencia de Castilla y León, la voz que despierta a nuestra tierra. Y hay voces que son, sin duda, imprescindibles; lo es la del Procurador del Común, ocupe quien ocupe la Institución. Pero ayer, sin embargo, perdimos otra de esas voces imprescindibles; ayer recibíamos con tristeza la noticia del fallecimiento de Vicente Ballester. Se apagó la voz de un periodista irrepetible, y quiero que sirva esto de homenaje a su trayectoria y de afecto también a su familia, la de sangre y a toda la familia periodística de Onda Cero, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, y estoy seguro de que también de todas las Cortes. [Aplausos].

El artículo segundo de la Ley del Procurador del Común dice literalmente que el Procurador del Común es elegido por las Cortes de Castilla y León para un período de cuatro años, conforme al procedimiento establecido en la presente ley. Solamente será... podrá ser reelegido para un segundo mandato.

¿Por qué quiero empezar mi intervención así? Porque el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós expiró el mandato de cuatro años para el que fue elegido el actual Procurador; y hoy, un año y medio después, sigue desempeñando sus funciones sin que su renovación se haya producido. Y esto no es buena noticia. No porque no siga cumpliendo con sus funciones sin tacha, con diligencia y compromiso con nuestra tierra; vaya por delante mi reconocimiento a su trabajo y al de todo su equipo, porque han sabido adaptarse a una época muy difícil y salir fortalecidos, teniendo en cuenta su labor de servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

Pero no es bueno para la Institución, no lo es para ninguna, el bloqueo, consciente y responsable, a la renovación en los tiempos que marca la ley. No es bueno para la democracia el incumplimiento de la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial y no lo es el incumplimiento de la obligación legal de renovar el mandato del Procurador del Común y del resto de las Instituciones Propias. También el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas tienen su mandato caducado.

Hemos sido prudentes, precisamente por salvaguardar el prestigio y la estabilidad de las Instituciones Propias; pero no seremos corresponsables del bloqueo. Prudencia, paciencia, respeto institucional; pero también responsabilidad.

El Grupo Parlamentario Socialista apostó por la renovación en tiempo y forma. No hay problema alguno. El procedimiento está establecido, nada hay que discutir, ni había disenso hace algo más de un año. El Grupo Socialista apuesta por la continuidad de quien ocupa la Procuraduría. Y si algún otro grupo, especialmente el Partido Popular y Vox, tienen algún inconveniente o alguna otra propuesta, que lo digan, con transparencia y con honestidad; porque, si no, pensaremos que el bloqueo al que someten a las Instituciones Propias y su consecuente degradación tiene otras motivaciones, otros fines.

España es un Estado social y democrático de Derecho, donde el imperio de la ley debe servir como protección de la propia democracia, para lo cual es importante el fondo, pero también la forma y los procedimientos. No se pueden incumplir las normas por capricho, no se puede dejar pudrir las Instituciones por conveniencia. Si por el Grupo Socialista fuera, esta misma semana quedarían renovadas todas las Instituciones Propias. Yo le tiendo la mano, señor Mañueco, porque no tiene sentido esperar más. Hagamos las propuestas en función de lo que establece la ley y de la representación que a cada uno le han dado los ciudadanos en este Parlamento, y haremos un buen servicio a Castilla y León, señor Mañueco. [Aplausos].

En todo caso, mientras usted se decide, afortunadamente aquí seguimos trabajando; lo hace también el señor Quintana, porque en las páginas de su Informe de nuevo se forma con toda su crudeza la Castilla y León real, con sus muchas luces, con sus sombras, las personas de carne y hueso de cada rincón de esta tierra milenaria se ven reflejadas en sus actuaciones y en sus recomendaciones. No le han tocado, señor Quintana, años fáciles, no lo han sido para nadie; pero siempre se aprecia en sus actuaciones un compromiso y una sensibilidad que se agradece en tiempos de zozobra. Usted no alza la voz en estas Cortes ni en ningún sitio, pero discretamente logra que se escuche esa voz de quienes a veces no tienen otra manera de llegar a los oídos de la Junta. Y lo hace sin caer en la frustración. No es sencillo, porque, año tras año, como han referido el resto de portavoces, de las actuaciones o las recomendaciones que realiza se deduce que son las mismas, y, por tanto, que es el mismo resultado: ningún cambio de rumbo.

De aquel profundo y estremecedor análisis que realizó sobre lo que pasó en la pandemia y la desprotección de nuestros mayores en las residencias, hemos llegado a una nueva ley de residencias, recientemente aprobada en esta Cámara, que nada tiene de aquella profunda revisión del sistema de cuidados que propugnábamos, usted también. Nada cambia: ni les protege más ni les cuida mejor.

De todas las carencias de nuestra sanidad, de la falta de atención a la sanidad rural, de la falta de profesionales, de las listas de espera, que lleva denunciando años, ningún avance, salvo porque, afortunadamente, las tensiones del sistema aflojaron tras la pandemia.

Vivienda, empleo público, medio ambiente, educación, servicios sociales, bono social térmico... en fin, problemas reales de gente real. No está todo, claro. Déjenme aclararlo, porque, si no, luego, uno tiene que escuchar algunas cosas.

El Procurador tiene unas funciones definidas: ni es Poder Ejecutivo, ni es Poder Legislativo, ni es juez. Lo digo porque el año pasado tuvimos que escuchar al portavoz del Partido Popular decir que no había ningún problema grave en Castilla y León sobre violencia de género, porque el Procurador no había recibido ninguna queja. En fin, no sé, 6.553 denuncias en los tribunales en dos mil veintitrés -donde se deben presentar, porque se trata de delitos, señor De la Hoz-, un 14 % más que el año anterior. ¿Les parece un problema o no les parece un problema grave? Porque a mí sí me lo parece. [Aplausos].

Usando su argumento al absurdo, podríamos estimar que en Castilla y León no hay problemas de corrupción -a pesar de que están desfilando la Consejería de Economía en el caso de "la perla negra"-, ni con la caza, ni con el impuesto de sucesiones que ha perdonado a los ricos, porque sobre todo eso no hay ninguna queja. Mire, sobre lo que no hay ni en el Procurador del Común ni en ningún sitio, tampoco en sus oficinas, hay un problema de ocupación, porque nadie siquiera va a quejarse en esos chiringuitos que ustedes crearon con dinero público, señores de Vox y del Partido Popular. [Aplausos].

Pero el Procurador se limita a hacer su trabajo y lo hace bien. Y nosotros nos sentimos reflejados en ese espejo: muchas de las iniciativas que hemos traído se refieren a sus recomendaciones. Por ejemplo, la falta de profesionales sanitarios y la especial dificultad de cubrir puestos en algunas zonas de la Comunidad. El Procurador recuerda cómo en el año dos mil diecinueve ya se creó o se anunció un grupo de trabajo para definir lo que significaba los puestos de difícil cobertura. Se trata de poder establecer incentivos a la contratación de profesionales sanitarios en zonas periféricas de la Comunidad o en el medio rural nada más y nada menos que para garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad pública de todos los castellanos y leoneses vivan donde vivan. Pues, oigan, sin prisa: lleva la Junta anunciándolo, ha sido requerida y, trascurridos más de cuatro años, seguimos sin actuación alguna ni ley para la ocupación de plazas sanitarias de difícil cobertura; y así todo.

El Procurador denunciaba el año pasado el cierre de los consultorios en el medio rural, y siguen cerrados año tras año. Tenemos un grave problema con la captación de profesionales sanitarios, fruto de los bajos salarios y las malas condiciones laborales y de carrera profesional. Los mejores mir no eligen Castilla y León, muchas de las plazas de Familia quedan desiertas; y la Junta no hace nada. Tampoco poner en marcha, por cierto, nuevas Facultades de Medicina en Soria, en León y en Burgos, que es una reivindicación que hoy vuelvo a manifestar aquí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista... [aplausos] ... y que arreglaría, seguro, uno de los problemas de falta de profesionales que tiene nuestra Comunidad.

Las listas de espera, en fin, lleva desde dos mil veintiuno reclamando actuaciones para su reducción; y la única respuesta es plan de choque tras plan de choque. Usted mismo expresa la buena voluntad de la Junta en este sentido; pero, como dice el dicho: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Está feo mentir al Procurador del Común, señor consejero de Sanidad, porque en la recomendación que le hacen les dice la... que lo que están haciendo es la optimización de los recursos propios, las consultas de alta resolución y las unidades de diagnóstico rápido y la estabilización de las plantillas. No, señores, no; lo único que están haciendo es privatizar y privatizar.

De hecho, el propio consejero hace muy poco decía que la apuesta por la sanidad privada es muy buena para reducir las listas de espera. Estupenda declaración de intenciones, y coherentes, ¿verdad?, coherente: 1.000.000 de euros para privatizar la colocación de prótesis de cadera y rodilla en Burgos, 35 millones de euros para un macroconcierto en Traumatología. Pero es que hoy mismo hemos conocido una nueva privatización: 22 millones de euros más para derivar intervenciones a la sanidad privada. No puede ser. Y no nos sigan haciendo trampas, porque el canon de 94 millones de euros para el Hospital privado de Burgos también es privatizar.

La jugada es redonda: estropean la sanidad pública, cronifican las listas de espera y, al final, hacen negocio con nuestra salud sin que logren, además, reducciones significativas. No: las listas de espera se tienen que reducir con inversión en la sanidad pública, señor consejero, señor Mañueco. [Aplausos]. Hace falta una acción estructural y, como reclamamos desde hace años el Procurador y el Grupo Socialista, una legislación específica para establecer plazos máximos de demora en nuestra sanidad pública.

Y aquí llegamos a una actuación que ejemplifica muy bien el trabajo del Procurador, pero que también desnuda a la Junta: el cáncer de mama es un tumor maligno, el más frecuente en las mujeres; los cribados a través de mamografías son una herramienta fundamental para su detección precoz y la supervivencia de las mujeres. Pues, miren, la Unión Europea actualiza su criterio, el Procurador recomienda a la Junta que amplíe el cribado a las mujeres de entre 70 y 74 años. ¿Y qué hizo la Junta? Pues un nuevo sí pero no, un nuevo "ya estamos trabajando en ello". Pero la realidad es que, cuando trajimos la propuesta el Grupo Socialista a estas Cortes, el Partido Popular y Vox votaron en contra. Sin confrontación, sin ninguna duda científica, sin ninguna discusión ideológica, solo una propuesta para mejorar la atención y la salud de las mujeres, con todo el aval de las instituciones sanitarias, pero se eligió desproteger a las mujeres ante una enfermedad porque lo proponíamos nosotros. Muy triste. Y, para redondear, meses después la Junta anuncia que hará lo que el Procurador y el Grupo Socialista pedíamos; más importante un titular que la salud de miles de mujeres. Este es el Gobierno que tenemos, lamentablemente.

Y hay muchas más quejas en el ámbito sanitario: la necesidad del convenio con el País Vasco para que los vecinos de las Merindades tengan garantizado el acceso a la educación de calidad y en igualdad, como el resto de los habitantes de nuestra Comunidad. Esto podría llevarse a todas las zonas periféricas de la Comunidad. Siempre tienen que ser otros territorios los que arreglen nuestros problemas porque la Junta, que tiene las competencias, es incapaz.

Pero hay problemas en la zona de Tábara, en Geriatría y Fisioterapia; el colapso en el consultorio de Litos; los problemas de la cita previa; los problemas de Cardiología, Reumatología y Traumatología en el Bierzo; las demoras excesivas en el transporte sanitario; las listas de espera en Traumatología en Burgos, Cardiología en Soria, Traumatología y Urología en Salamanca, Oftalmología en Segovia. Estos son problemas de la sanidad que el Procurador denuncia, y que vulnera, en sus propias palabras, el derecho a la adecuada tutela de la salud. Pero, además, dibuja el mapa de la desigualdad: aquí no está garantizada la atención sanitaria se viva donde se viva. Estos son los desequilibrios que le competen a la Junta, las desigualdades que la Junta no soluciona.

Y, por último, en el ámbito sanitario, hay que hablar de la acidemia metilmalónica. También se trajo a estas Cortes por parte del Grupo Socialista: hay que ampliar el cribado, 10 Comunidades Autónomas ya lo incluían; les costó, hicieron reproches; la Consejería accedió a incluirlo. Pero seguimos siendo una Comunidad que incluye solo 15 enfermedades en el cribado neonatal, cuando la media es de 21... de 21 enfermedades.

Y, desde luego, tampoco me voy a olvidar de la recomendación que se hace para impulsar medidas en atención a la salud mental, especialmente la infantojuvenil; uno de los problemas de nuestro tiempo. Nosotros apoyamos fervientemente la necesidad de poner en marcha un plan completo de atención a la salud mental infantojuvenil de forma inmediata, tal y como existe en otras Comunidades Autónomas. A esto no podemos llegar también tarde, no podemos. [Aplausos].

Desde luego, en el ámbito más allá de la sanidad, otro de los problemas es la vivienda. Siempre es paradójico explicar que somos la Comunidad más extensa, con menos población, más envejecida, y, sin embargo, los jóvenes se tienen que marchar por problemas de emancipación, dificultad en el acceso a las familias más vulnerables. Y, desde luego, hay que recordar que esto es una competencia exclusiva, recogida en el Artículo 70.6 de nuestro Estatuto -por si los que quieren disolver el Estado autonómico se muestran sorprendidos, ¿no?-. Pero resulta que el Plan de Vivienda de Castilla y León cuenta con 123 millones de euros de presupuesto, incluido el bono alquiler joven, y la aportación de la Junta son 23,7; la aportación del Gobierno de España, 99,3. Es decir, el malvado Gobierno de España aporta el 80 % de los fondos para las políticas de vivienda, que son competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León una vez más. [Aplausos].

El bono social térmico siguen siendo incapaces de gestionarlo, se colapsa la tramitación de las ayudas, el Procurador les pide un procedimiento específico, y ustedes lo rechazan.

Pero, en fin, es imposible glosar todas las actuaciones del Procurador, que, como bien saben, me gustaría dedicarme a valorar muchos otros asuntos.

En Medio Ambiente, hay un crecimiento de las quejas, y es una de las principales riquezas y fuente de calidad de vida. Han intentado modificar la Ley del Ruido por la puerta de atrás, en la Ley de Medidas; ahora lo hacen vía proposición de ley; hacen oídos sordos a sus recomendaciones.

En empleo público, el retraso injustificado de la OPE de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte y los problemas con las bolsas de empleo y las diferencias entre el personal de área y el de equipo.

En el ámbito de Educación, quejas y quejas sobre comedores y transporte escolar. En fin... Y sí que quiero anunciarles también que vamos a presentar una iniciativa para que todos los niños y niñas de esta Comunidad Autónoma vean garantizado su derecho a recibir una educación gratuita en esta tierra de acogida que es Castilla y León, ante el rechazo de la Consejería de Educación... [aplausos] ... de la recomendación del Procurador para que todos los niños y las niñas, vengan de donde vengan y estén en la situación legal en la que se encuentren, tengan los mismos derechos.

Y no me gustaría terminar... en tres breves mensajes, señor presidente. Uno, mandar todo mi afecto y el apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Centro Zambrana. Ha iniciado usted una actuación de oficio, esperemos a su resolución; pero, desde luego, espero que la consejera no espere a su resolución para tomar medidas ante la grave situación que atraviesa el centro. No espere, señora consejera, a que sea tarde.

Y, por último, no sé si este será su último Pleno, señor De la Hoz, pero seguro que es el último debate que usted y yo compartimos en esta Cámara. No sé si se va a quedar al Debate del Estado de la Comunidad, pero, en todo caso, ahora que su partido le ha encomendado nuevas responsabilidades, y a pesar de que tenemos muchísimas diferencias y en los últimos años han sido pocas las veces en las que nos hemos puesto de acuerdo, yo sí quiero reconocer el servicio que usted ha prestado a esta Comunidad Autónoma: 25 años de procurador en las Cortes, 25 años de servicio a Castilla y León, creo que merecen el respeto de toda esta Cámara; desde luego, el del Grupo Parlamentario Socialista y el mío propio, señor De la Hoz. [Aplausos].

Y, por último, señor Quintana, por último, señor Quintana, una vez más mi reconocimiento a su labor y a la de todo su equipo. Confío en verle el año que viene aquí, confío en verle renovado en su mandato. Y, ya puestos a pedir, si podemos celebrar esta sesión en el claustro de San Isidoro para conmemorar el lugar donde se celebraron las primeras Cortes leonesas, mejor todavía. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Tudanca. Para finalizar la fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintana.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, señor presidente. Y, por comenzar por el final, agradezco sinceramente las palabras. Sí que es cierto que espero aguantar todavía algo, no sé cómo va todavía el asunto de las incompatibilidades, pero, sin duda, espero aguantar algo más aquí. Pero, en todo caso, de verdad, le agradezco sinceramente sus palabras. Es verdad que hemos, desgraciadamente, tenido pocos encuentros; pero creo que usted y yo somos de esas personas que, aunque no lo consigamos siempre, intentamos, al menos, separar nuestras diferencias política de las personales. Y diferencias políticas hemos tenido muchas; diferencias personales, pocas. Y a usted y a mí, como creo que a la mayoría de los que estamos aquí, nos une a todos la voluntad común de trabajar, desde nuestro posicionamiento, desde nuestra ideología, desde nuestras formaciones políticas, por un objetivo que es común, que es de todos, y que es Castilla y León. [Aplausos]. Y, por lo tanto, para mí es un extraordinario honor haber podido trabajar con usted, con todos ustedes, en esta Cámara por lo que creo que es bueno para Castilla y León.

Pero, bueno, no creo... no tocaba, porque no era mi idea, ni mucho menos, empezar por aquí, sino por lo que realmente hoy nos convoca, que es la comparecencia del Procurador del Común, dando cumplimiento a ese mandato estatutario. Y... y me gustaría comenzar la intervención, porque ha surgido en los debates de... en las intervenciones de otros portavoces, dejando claro algo desde el principio, y es que su mandato, su responsabilidad, su configuración jurídica, el funcionamiento de la Institución para nada, en absoluto, se encuentra afectado por el hecho de que usted se encuentre en funciones. Usted, porque así estamos de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular, continuará, si usted lo desea, como Procurador del Común; así acordamos en su momento proponerlo, y ojalá usted, en su momento, acepte esta propuesta y pueda seguir usted desempeñando su mandato con la misma calidad, con el mismo rigor y con el mismo tesón que hasta ahora mismo lo ha estado haciendo.

Y, en segundo lugar, una afirmación de la absoluta necesariedad de la Institución. El Procurador del Común sigue siendo una Institución extraordinariamente necesaria en nuestra Comunidad Autónoma. Es una Institución para la protección y la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y esos derechos ha demostrado hoy, una vez más, aquí, en la presentación de su Informe, están también perfectamente preservados gracias a su actuación. Una necesidad de su existencia, de su trabajo, que justifica, una vez más, en ese Informe, en esas 387 páginas de extraordinario trabajo, sobre ese sello propio, ese sello que usted ha instaurado desde que llegó a la Procuraduría de rectitud, de integridad, de honestidad; y algo que para mí es muy importante, especialmente en estos últimos días de súbita alteración política, es usted una persona extraordinariamente moderada en lo personal y también en su trabajo, y eso, en una Institución como esta, deviene en algo absolutamente fundamental.

Por lo tanto, comienzo agradeciéndole, por supuesto, su trabajo, no solo el suyo, sino el de todo el equipo que conforma la Procuraduría del Común de Castilla y León. Un año en el que usted ha vuelvo a centrar -como siempre- sus preocupaciones en aquellos que resultan más necesitados, en aquellos que son más vulnerables, en aquellos que necesitan más de la atención y de los servicios públicos en nuestra Comunidad Autónoma. Y destacamos también como, un año más, vuelve a usted a sentirse extraordinariamente preocupado por los ciudadanos que viven en el medio rural, para que puedan tener la misma calidad de vida, la misma prestación de los servicios públicos que tenemos en el medio urbano.

Por lo tanto, y sin más dilación, permítame que pasemos ya a analizar algunas de las cuestiones -no todas, evidentemente- que usted pone... en las que usted pone especial énfasis.

Ha tratado usted en sus informes de oficio, en sus actuaciones de oficio, temas de gran repercusión social. Se ha hablado aquí y se ha dicho: la salud mental y la prevención de las conductas suicidas para nosotros es un tema extraordinariamente importante -hemos traído incluso una proposición no de ley a esta Cámara-, en un ámbito en el que se está trabajando bien, de forma coordinada, por parte de las Administraciones... de las Consejerías de la Junta de Castilla y León.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista "llegamos tarde". La estrategia que está actualmente en vigor, señor Tudanca, es del año dos mil uno. Creo que no llegamos tarde si estamos trabajando bien, de forma sensata -y lea el Informe al respecto del Procurador del Común-, en esta materia.

Por cierto, una Comunidad Autónoma que, aunque los datos nunca pueden ser buenos en esta materia, presenta los mejores datos de España. En los últimos quince años, perdón, en los últimos diez años, solo ha habido dos suicidios en menores de quince años en nuestra Comunidad Autónoma. Repito: mal dato; pero el mejor dato de todo nuestro país.

Se pone también especial relevancia a la cuestión de las listas de espera un año más, y se cuestionan las medidas que han sido adoptadas por parte de la Junta de Castilla y León. Pero al final los datos cantan, señor Procurador del Común y señor Tudanca: ahí están los informes del Sistema Nacional de Salud, que nos dicen que en el año dos mil tres la lista de espera se ha reducido en Castilla y León en 2.111 pacientes; que la reducción en Castilla y León ha sido del 6 %; que la reducción en Castilla y León ha sido la mayor reducción de la lista de espera de España, solo por detrás del País Vasco; mientras que la lista de espera quirúrgica, señor Tudanca, se incrementaba en la media nacional por encima del 7 %. Nosotros descendemos un 6 -los segundos que más descendemos-, la media de España asciende un 7 %. Tan mal no se estará haciendo. [Aplausos]. Situando, por cierto, nuestra tasa 5 puntos por debajo de la media nacional.

Y se dice: no, pero es que esto se hace privatizando la sanidad pública -lo hemos escuchado hoy también-. Oiga, cómo es posible mantener el discurso de la... de la privatización cuando, simultáneamente, tenemos datos, no de la Junta de Castilla y León, sino del Ministerio de Sanidad, que nos dicen que Castilla y León es la Comunidad Autónoma de España que menor cuantía del gasto sanitario público destina a conciertos sanitarios. Es imposible mantener que estamos privatizando la sanidad y a la vez destinamos únicamente el 3 % del gasto público a conciertos sanitarios. Los que menos de toda España. [Aplausos].

¿Saben cuál es la media de nuestro país, la media de lo que destinan las Comunidades Autónomas a conciertos sanitarios con entidades privadas? El 9 %. No basta con trasladar a la Comunidad Autónoma los argumentarios que nos llegan desde Ferraz, es más efectivo analizar la realidad, constatar y, a partir de ahí, construir la crítica.

Lo mismo en materia de vivienda, donde hemos visto como se habla de lo que aportan unos o lo que aportan otros. Con lo que construimos, y vamos a poner en marcha más de 1.500 viviendas de parque público, no es una concesión graciosa del Gobierno de España, son fondos cogestionados con la Unión Europea, son Fondos Next Generation, que, evidentemente, se canalizan a través del Gobierno de España. Pero, en todo caso, será una más, una medida más que nos permitirá -y así lo reconoce, por cierto, también el Procurador del Común- avanzar en una política cierta para la consecución de viviendas, especialmente en el medio rural y especialmente también para los más necesitados.

Pero, centrándonos ya en las quejas presentadas por los ciudadanos, se han formalizado 1.775 quejas, que es un número algo más bajo que el de otros años, repartidas -y esto es algo destacable- de forma muy irregular entre las provincias -también se ha puesto en consonancia por algún otro grupo parlamentario-. Nos llama, por cierto, la atención que se hayan presentado más quejas desde fuera de la Comunidad Autónoma (121) que las se han presentado en la provincia de Segovia (95), o en Ávila o Zamora (88) o en la provincia de Soria, donde se han presentado únicamente 65.

También nos llama la atención que Ávila presente únicamente 36 quejas en materia competencia de la Junta de Castilla y León, y que solo por ejemplo, presente Ávila 5 quejas en materia sanitaria. O en Soria: 23 quejas referidas a la actuación, o a la actividad o a la prestación de servicios de la Junta de Castilla y León, y una única queja en materia educativa. O, por último, Zamora, con 46 quejas, y solo 3 quejas en materia de servicios sociales.

Y centrándonos, por otro lado, en las resoluciones dictadas, vemos -también se ha dicho aquí- que una tercera parte de las... perdón, dos terceras partes de las resoluciones son dirigidas a los ayuntamientos, y solamente una tercera parte son dirigidas a la Junta de Castilla y León, 334, de las cuales 90 han concluido declarando la inexistencia de ninguna irregularidad, y las otras con un 85 % de aceptación.

Por cierto, otra cuestión que nos llama la atención en relación con los expedientes abiertos a entidades locales: vuelve a haber muchos ayuntamientos que no colaboran con el Procurador del Común. Y esto es algo que debemos de denunciar aquí los representantes de los ciudadanos de Castilla y León. Evidentemente, se ha dicho aquí, hay ayuntamientos pequeños, y no tan pequeños: el ayuntamiento de más de 20.000 habitantes que más desatiende al Procurador del Común, que menos colabora con el Procurador del Común, es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Está bien venir aquí a rasgarse las vestiduras diciendo "es que no se... la Junta no hace caso al Procurador del Común". Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, con algunas cuestiones del año anterior, el que más, el ayuntamiento que menos obedece -perdón- a la... a la Institución del Procurador del Común. Y en los ayuntamientos pequeños, otro, en este caso del Partido Socialista, el Ayuntamiento de Antigüedad.

Quería... quizás convendría que más que rasgarse las vestiduras por lo que hace o no hace la Junta de Castilla y León nos preocupáramos por lo que hacen aquellas personas que dependen orgánicamente de nosotros.

Pero, bien, centrándome en las quejas, en materia sanitaria, por ejemplo: 167 quejas en materia de sanidad, algo menos que años anteriores; 21 quejas en materia de listas de espera o 12 quejas en materia de sanidad en el medio rural. Reconoce el Procurador el gran esfuerzo que se está realizando, por parte de la Junta de Castilla y León en esta materia. Es cierto, en relación con la sanidad en el medio rural se está poniendo encima de la mesa una extraordinaria dotación de medios económicos, también de recursos personales, para atajar un problema que es de todo... la sanidad de nuestro país, pero que es especialmente acuciante en nuestra Comunidad Autónoma por motivo de la dispersión.

Es también cierto que tenemos un gran problema de financiación de nuestros servicios públicos y, en concreto, de la sanidad, pero bien, pese a esa infrafinanciación de la Junta de Castilla y León -contra la que espero nos ayuden ustedes a luchar frente al Gobierno de España-, pues vemos como recientemente acabamos de aprobar el Presupuesto de la Junta de Castilla y León, que destina nada más y nada menos que el... más de un 20 % del presupuesto de la Gerencia, es decir, 800 millones de euros, a la Atención sanitaria Primaria.

Seguimos manteniéndonos como una de las Comunidades que más gasto sanitario destinan a servicios primarios de salud. Saben ustedes, además, que hemos traído a estas Cortes una proposición de ley que precisamente trata de garantizar el mantenimiento de los 3.600 consultorios locales de nuestra Comunidad Autónoma, que es el más extenso de nuestra... de nuestro país.

Pero, claro, siempre nos quedará la demagogia de aquellos que se suben a esta tribuna única y exclusivamente para hablar del cierre de los consultorios. Pero, frente a la demagogia, los datos. Y otra vez, no los datos de la Junta de Castilla y León, los datos del Ministerio. Miren, en Castilla y León existen 163 centros de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes; 163 por cada 100.000. En España, 28 centros por cada 100.000. Somos la Comunidad Autónoma con más médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, la primera con más médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, y la segunda -por cierto- en enfermeras. Estos son los datos objetivos, que valoran el esfuerzo no solo presupuestario, sino también material y de recursos humanos que está realizando la Junta de Castilla y León.

Y podríamos extenderlo al ámbito educativo. Aquí hemos... conocimos el Informe PISA -que tan poco les gusta-, algo que ha sido reconocido por todo nuestro país, fuera también de nuestro país, menos por parte de la Oposición socialista en Castilla y León a la cual los datos que reconocen a la educación de Castilla y León como la mejor de España y una de las mejores del mundo de nuevo no les gusta. 350.000 alumnos en Castilla y León en educación no universitaria, 69 quejas. 35.000 alumnos transportados diariamente, 8 quejas. 40.000 alumnos que hacen uso del servicio del comedor escolar diariamente, 4 quejas.

Lo mismo pasa en el ámbito de Familia -no voy a entrar- y en otras áreas. Por cierto -y voy concluyendo-, en el ámbito de la violencia de género yo no dije... -perdone, señor Tudanca- es... lo que dije es que no había quejas en materia de violencia de género, pero sabe usted que eso no tiene nada que ver con los casos de violencia de género. Porque estamos hablando de los servicios que presta la Junta de Castilla y León: este año tampoco hay ninguna queja en materia de violencia de género. ¿Qué significa eso? Pues que, al menos, alguien está mintiendo en relación con la prestación de servicios que la Junta de Castilla y León está dando, cada vez mejor, a las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma. [Aplausos]. Y eso no tiene que ver nada, señor Tudanca, con las desgraciadas cifras de violencia de género que siguen acosando a nuestra Comunidad Autónoma como al resto de Comunidades Autónomas.

Pero, bien, concluyo, señor presidente. Señor Procurador del Común, lejos de las críticas, lejos de los insultos que a veces recibimos en esta Cámara y fuera de ella, su Informe, una vez más, pone de manifiesto lo lejos que están las críticas de alguno... de algunos con lo que de verdad importa a los ciudadanos de Castilla y León. Lejos del ruido, lejos de la demagogia, creo sinceramente, a la vista de su Informe, que aún quedan muchos campos en los que debemos y podemos seguir trabajando juntos, desde la lealtad que usted demuestra con su trabajo, desde el rigor que usted un año más transmite a esta Cámara y desde la responsabilidad en su labor.

Aún nos queda mucho por mejorar, aún nos queda mucho por trabajar juntos; y, como decía al inicio de mi intervención, si no hay ningún problema, ojalá pueda usted seguir trabajando para Castilla y León desde su alta responsabilidad en la Procuraduría del Común. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Para un turno de contestación, tiene la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León, el señor don Tomás Quintana López.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar esta breve intervención para poner fin a esta sesión, entiendo, con el reconocimiento que se ha expresado por parte de los intervinientes, en sus correspondientes turnos de palabra, hacia el trabajo que realiza la Institución del Procurador del Común. Un reconocimiento que sin duda, debo decir, lo digo muy conscientemente, como es lógico y natural, un reconocimiento que también me obliga y me anima a seguir trabajando mientras ustedes lo tengan por conveniente.

También he apreciado en sus intervenciones distintos motivos que ponen de manifiesto el cuestionamiento de algunas actividades o de algunas prestaciones de servicios que tienen relación, una estrecha relación, con el trabajo que venimos realizando. Porque, en definitiva, la prestación de servicios públicos, que es lo que, en realidad, una de las partes fundamentales, si no la más fundamental -seguramente, la más fundamental-, que realizan las Administraciones públicas tiene que ver también con el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Y ese ejercicio de los derechos y su tutela, su protección, es lo que el ordenamiento jurídico vigente nos atribuye, nos obliga a realizar, a la Institución del Procurador del Común.

Por tanto, a la vista de sus intervenciones, aunque he tomado alguna nota de forma telegráfica conforme los... las he ido escuchando con toda la atención, como en años anteriores, como en comparecencias anteriores, voy también a... a revisarlas de forma muy pormenorizada y con toda la atención que me sea posible, para deducir de ella la posibilidad de intervenir, como otras veces he intervenido, mediante -digamos- el instrumento jurídico que proporciona nuestro ordenamiento a la Institución del Procurador del Común, es decir, actuando de oficio, con objeto de intentar remover los obstáculos que ustedes han puesto de manifiesto y -posiblemente yo también comparta cuando lo estudie detenidamente-, y, con ello, actuar de oficio en la idea de mejorar la prestación de los servicios públicos por parte de quien tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Todo en beneficio de esa... de ese pleno ejercicio de derechos que es la aspiración a la que tenemos todos que mirar y, particularmente, me es obligatorio a mí, como Procurador del Común, hacerlo. Y lo hago, o lo intento hacer, de la mejor manera que... que sé y que puedo.

También permítanme que... -creo que nunca lo he hecho en estas comparecencias ante el Pleno de la Cámara, pero ahora creo que es oportuno hacerlo-: quiero agradecer muy especialmente a todas las autoridades, y también empleados públicos, que, en el cumplimiento de lo que es su deber -eso debo de también destacarlo, cumplimiento de su deber, pero también lo agradezco, porque hay que agradecer, por lo menos así lo siento, el cumplimiento del deber-, nos ayudan al ejercicio de nuestras funciones mediante la remisión en tiempo y forma, y además con calidad, en los informes que requerimos para poder ejercer nuestras funciones. Sin esos informes difícilmente podríamos ejercerlas. Las intentamos ejercer en todos los casos -y creo que lo conseguimos-, pero debo decir que ese cumplimiento, el cumplimiento de ese deber, lógicamente, nos ilustra de una forma suficiente, en la mayor parte de los casos, si se hace debidamente, para conocer los asuntos en detalle y poder adoptar una resolución que sea lo más equitativa posible y, desde luego, que aspira, en definitiva, a ayudar al ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.

Pero también quiero poner de manifiesto que no todo... no todas las autoridades, y posiblemente no todos los empleados públicos, tienen la misma predisposición en cumplimiento... en el cumplimiento de ese deber, y por ello me veo obligado a exhortarles a que lo hagan sin ninguna reserva y, además, con la mayor diligencia posible; porque no están ayudando al Procurador del Común en el ejercicio o en el cumplimiento de ese deber, sino que lo que están haciendo -y deben ser conscientes de ello-, lo que hacen, lo que deben hacer es posibilitar que nosotros ejerzamos nuestras funciones para poder realizarlas de la mejor manera posible y con ello contribuir a que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

Por tanto, cuando a nosotros nos informan en cumplimiento de ese deber, están ayudando a los ciudadanos a que puedan ejercer sus derechos. Eso lo deben de tener muy... muy claro y, por tanto, lo deben hacer sin ninguna reserva y, además, con diligencia y de la mejor posible... de la mejor manera posible mediante la emisión de informes de calidad, no para salir del paso -permítanme la expresión-, sino informes de calidad que se ajusten a la realidad.

Y a ello, ya para finalizar, debo añadir que, evidentemente, las autoridades, que son los responsables últimos del ejercicio de las competencias que a las Administraciones les tiene atribuido el ordenamiento jurídico, son... por supuesto, tienen la posibilidad y la potestad, la capacidad de decidir si aceptan o no aceptan nuestras resoluciones. Y, por tanto, en ese aspecto yo no voy a... no voy a, digamos, señalar ningún camino a seguir.

Pero también es verdad, y al menos así lo creemos en la Institución -no solamente es una opinión mía, sino compartida por el personal que trabajamos en la misma-, que creo que deben de ver, estoy completamente seguro y completamente persuadido de que tienen que ver en nuestro trabajo ningún tipo de hostilidad, nadie debe ver ningún tipo de hostilidad en el trabajo que realizamos hacia lo que realizan las Administraciones públicas, sino... ni siquiera ninguna censura, ningún tipo de censura, lo que único que pretendemos es ayudar; ayudar a que el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a las Administraciones públicas, y pone en manos de las autoridades unos recursos para ello, se haga de la mejor forma posible.

Por tanto, en este sentido, creo que se debe de ser corresponsables -yo al menos intento serlo, corresponsable- con las... con las Administraciones públicas, porque todos estamos en la misma dirección, todos servimos a los ciudadanos, que son a los que, en definitiva, nos debemos.

Y con ello quiero terminar mi intervención, agradeciéndoles nuevamente la... el reconocimiento del trabajo que realizamos porque, en definitiva, para eso estamos y, por tanto, no hacemos nada, igual que tampoco quienes ejercen sus funciones en las Administraciones públicas, no hacemos con ello nada extraordinario, sino intentar cumplir con nuestro deber. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Señor Quintana López, le agradecemos su presencia y a todo su equipo.

Y, señorías, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta minutos].