DS(C) nº 167/11 del 17/4/2023

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Señorías, se abre la sesión. Buenas tardes, señorías. ¿Los grupos parlamentarios tienen alguna sustitución que comunicar? ¿Grupo Parlamentario Socialista?

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Virginia Jiménez sustituye a Rosa Rubio.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!?

EL SEÑOR GARCÍA FERNÁNDEZ:

Ninguna sustitución. Soy yo el portavoz. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Ninguna sustitución. Grupo Mixto ha indicado que, si se puede incorporar, se incorporará tarde. ¿Grupo Parlamentario Vox Castilla y León?

EL SEÑOR CARRERA NORIEGA:

Ninguna sustitución.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

¿Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Sí, presidenta. Don Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares en sustitución de doña Rosa María Esteban Ayuso y doña Beatriz Coelho Luna en sustitución de doña Mercedes Cófreces Martín.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los informes, al tratarse de informes de fiscalización, se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Por el señor vicepresidente se dará lugar a la lectura del primer punto del orden del día.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe "Análisis de las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma on-line utilizada en los centros educativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, durante los cursos diecinueve-veinte y veinte-veintiuno", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Abrimos de esta forma el turno de palabra al excelentísimo señor don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Tiene la palabra.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas, señorías. Y mi saludo en nombre también de la representación del Consejo de Cuentas que me... que me acompaña esta tarde.

Esta es la quinta comparecencia de este período de sesiones, y la vamos a dedicar a... a dos informes sobre el uso de las nuevas tecnologías: uno, en el ámbito del sector público autonómico; otro, en el ámbito del sector público local. Dos fiscalizaciones fundamentalmente de carácter operativo, si bien las... la segunda, la de Administración electrónica en las entidades locales, tiene también un combinado de operativa y de legalidad; y, por cierto, ambas pioneras, o especialmente la primera que voy a... con la que voy a comparecer, pioneras en el ámbito de los órganos de control externo. Continuamos, por lo tanto, con las agrupaciones de informes de carácter temático, hoy con dos sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Dicho esto, como siempre acostumbro a decir, quiero agradecer el trabajo de los técnicos que han elaborado estos informes. En relación con el primer informe, que depende del departamento que a mí me compete, pues tengo que agradecer la coordinación técnica de Santiago Martín Nájera. Y la segunda fiscalización corresponde al departamento de Emilio Melero -hoy ausente-, bajo la coordinación técnica de Vidal Delgado, que aquí nos acompaña.

Con esta comparecencia ya solo hay 13 informes aprobados pendientes de presentación. Y en cuanto al resto de los trabajos, otras 20 fiscalizaciones, correspondientes al plan anual del veintidós, se encuentran en elaboración; y, progresivamente, se van iniciando las actuaciones de los 29 informes que integran el plan de dos mil veintitrés; por cierto, alguno ya se va a aprobar... algún informe se va a aprobar inmediatamente. En suma, 62 informes en diferentes momentos de tramitación que conforman la actividad de la Institución.

Hasta la fecha, durante el presente mandato he tenido la oportunidad de comparecer en un total de 36 ocasiones para presentar 102 auditorías, lo que representa el 38 % de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas.

Entrando ya en el primer informe que nos ocupa en la sesión de hoy, el "Análisis de las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación on-line utilizadas en los centros educativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, durante los cursos diecinueve-veinte y veinte-veintiuno", señalar que es una de las fiscalizaciones más recientes. Fue remitido a estas Cortes y publicado en la web del Consejo de Cuentas el pasado cinco de diciembre de dos mil veintidós.

La crisis ocasionada por la COVID supuso el cierre de la actividad presencial en los centros educativos a partir del mes de marzo del curso... del mes de marzo del curso diecinueve-veinte. Esta situación, como conocen sus señorías, implicó que las plataformas para educación on-line se convirtieran en un recurso imprescindible para el acceso al servicio educativo y no en un elemento accesorio como sucedía hasta entonces.

Todo tratamiento de datos personales en este contexto debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, reglamento que establece que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos es un derecho fundamental. Sin embargo, como todo derecho, no es un derecho de carácter absoluto, sino que debe considerarse en relación con la... con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales en virtud del principio de proporcionalidad.

Si bien la normativa se refiere a personas físicas en general, debe tenerse en cuenta que los usuarios de las plataformas para la educación on-line son en su mayor parte menores, y que el Reglamento establece que los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales.

Como ya he mencionado, el informe que nos ocupa consiste en una auditoría de carácter operativa, cuyo objetivo general es analizar las actuaciones llevado a cabo por la Administración en este ámbito al objeto de proponer recomendaciones de mejora. Es, además, en razón de la materia analizada, un informe pionero en el contexto del conjunto de los órganos de control externo.

De acuerdo con el objetivo general de esta fiscalización, se han realizado las siguientes actuaciones específicas:

En primer lugar, el análisis de la regulación contenida en el contrato, convenio o acto jurídico utilizado como base para el uso de la plataforma, especialmente en cuanto a las herramientas que debe usar el prestador del servicio para garantizar la protección de la privacidad de los usuarios.

En segundo lugar, el análisis de las medidas concretas tomadas por la Administración para la protección sistemática y constante de la privacidad de los usuarios en la plataforma. Asimismo, se han comprobado las medidas tomadas por la Administración autonómica para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los interesados.

Y, por último, también se ha verificado si las medidas adoptadas por la Administración autonómica están alineadas con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en materia de enseñanza on-line.

En lo que concierne a la realización de los trabajos, con carácter general, el ente fiscalizado ha mantenido una actitud de colaboración.

Respecto al trámite de presentación de alegaciones por parte de la Administración autonómica, la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital presentó un escrito que no... que no consideraba... manifestando que no consideraba necesaria la realización de ninguna alegación. Por su parte, la consejera de Educación presentó, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, alegaciones al informe provisional; dado que el plazo establecido finalizó un día antes, dichas alegaciones tuvieron la consideración de extemporáneas. Según lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, si bien las alegaciones han sido extemporáneas y no se incorporan al informe, pueden ser y son examinadas para su valoración.

En todo caso, sí resulta relevante subrayar que la Consejería presentó, adicionalmente, junto a las alegaciones, una serie de propuestas de actuaciones derivadas del contenido del informe, lo que pone de manifiesto su receptividad y aceptación del mismo. Sin perjuicio de que se valore, como he dicho antes, muy positivamente esta voluntad, la implementación de dichas propuestas será objeto de análisis en el próximo informe de seguimiento de las recomendaciones correspondiente al ejercicio dos mil veintidós y que en estos momentos está en elaboración.

Entrando ya en el resultado de los trabajos, este se concreta en 28 conclusiones, que procedo a explicar de una manera muy resumida.

En primer lugar, en relación al entorno tecnológico, la Consejería de Educación proporciona el servicio de enseñanza on-line a través de dos plataformas: aulas virtuales basadas en el software Moodle y el paquete Microsoft 365, que incluye, entre otras, la aplicación Teams.

La Consejería dispone de un sistema de información, denominado Stilus, que proporciona la gestión de las identidades de los usuarios, tanto alumnos como profesores, que acceden a las plataformas, así como otros servicios de gestión educativa.

Ambas plataformas de educación on-line y el sistema de información Stilus tratan datos personales de los usuarios, siendo la Consejería de Educación la responsable del tratamiento de los mismos.

En lo referente al encargado de tratamiento, en relación con la plataforma Moodle y conforme a la estructura competencial de la Administración autonómica, la Consejería de Educación es la encargada de su desarrollo y mantenimiento; y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, de la explotación y administración de las infraestructuras informáticas de soporte. Sin embargo, no se ha desarrollado ningún instrumento o documento para acordar las relaciones o la resolución de incidencias entre ambas específicamente aplicables a la protección de datos personales.

El uso de la plataforma Microsoft 365 se encuentra regulado mediante una serie de contratos formalizados por la Consejería de Educación. En los contratos se detallan el contenido y funciones del responsable del tratamiento, es decir, la Consejería de Educación, y del encargado del tratamiento, esto es, Microsoft.

Los contratos, en cuanto al contenido y funciones del encargado, la firma Microsoft, no han sido objeto de negociación, aceptándose las condiciones del servicio y la adenda de protección de datos redactadas por la empresa. La Consejería no ha introducido cláusulas adaptadas específicamente a sus necesidades para determinar distintos aspectos concretos.

Existe un documento de adenda de la privacidad y datos personales con un contenido claro y preciso, pero del resto de los documentos resulta muy complejo tener una visión clara de qué cláusulas se aplican. La adenda recoge los puntos básicos que deben especificarse según el Reglamento General de Protección de Datos.

De manera adicional, la empresa publica en su web una política de privacidad con respecto a los datos personales de los estudiantes que utilicen Microsoft 365, ofrecido por su centro educativo, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos. El contenido de esta política de privacidad es modificado libremente por la empresa.

En cuanto a la entidad responsable del tratamiento, la Consejería de Educación, está aplicando medidas de protección orientadas, según la política de seguridad de la información y protección de datos de la Comunidad, que se alinean con el Reglamento General de Protección de Datos, recogiendo de manera explícita los principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la... de la finalidad, minimización de datos, integridad y calidad y limitación en el plazo de conservación.

La política vigente se aprobó en septiembre de dos mil veintiuno, por lo que durante los cursos diecinueve-veinte y veinte-veintiuno aún se encontraba en vigor la Orden de la Consejería de Hacienda de dos mil catorce sobre la política de seguridad de la información de la Administración autonómica, que, dado su año de aprobación, cumplía los estándares legales a esa fecha, pero, lógicamente, no los actuales.

Existen medidas de seguridad dirigidas a la protección de datos, pero su selección no se ha fundamentado en un análisis formal de los riesgos del tratamiento. El registro de actividades de tratamiento de la Consejería de Educación establece que se aplicarán a los sistemas de información afectados las medidas correspondientes según el Esquema Nacional de Seguridad. Sin embargo, no se ha acometido el proceso para asegurar su conformidad.

En lo que atañe al apartado sobre la protección de los derechos del interesado, en primer lugar se concluye que los datos para el alta de las plataformas no... no se recaba... no se recaba específicamente para tal fin. Se utilizan los proporcionados durante el proceso de matrícula, en el caso de los estudiantes, y los procedentes del sistema de gestión del personal, en el caso de los docentes.

La finalidad de los datos recogidos en el proceso de matrícula es la gestión del proceso de matriculación. No se informa expresamente de otras finalidades, especialmente el alta de los usuarios, en las plataformas de educación on-line. Las instrucciones para el ejercicio de los derechos del interesado no se detallan en el formulario de matrícula, sino que se realizan en revisiones genéricas a la página de la sede electrónica de la Junta y del portal de educación. El delegado de protección de datos de la Consejería de Educación realiza un control de las solicitudes recibidas relacionadas con el ejercicio de los derechos.

En relación con el registro de actividades del tratamiento, la Consejería de Educación ha elaborado uno disponible en la web de transparencia. Dicho registro incluye tratamientos relativos a las aulas virtuales y usuarios del portal, referidos ambos a los datos... a los datos personales que recopila la Consejería para el alta y gestión de usuarios de las plataformas. También se incluye un tratamiento referente a la admisión y matriculación de los alumnos en los centros docentes sostenidos por los fondos públicos de la... de la Comunidad, que resulta de relevancia al ser en este proceso el momento en el que se recogen los datos de los alumnos que luego serán utilizados para el alta en las plataformas mencionadas.

No se incluyen tratamientos relacionados con otros datos personales presentes en las plataformas para la educación on-line y que agregan los propios usuarios o que recopilan las aplicaciones para su funcionamiento.

Las medidas de seguridad aplicadas a los tratamientos hacen referencia al Esquema Nacional de Seguridad, regulado en el Real Decreto 3/2010. Todavía no se han adaptado al Real Decreto 311/2022, de tres de mayo, por el que se regula el actual Esquema Nacional de Seguridad, estando, eso sí, dentro del plazo para su realización.

No se han aportado por parte de la Consejería medidas encaminadas a verificar la existencia y adecuación del registro de actividades de tratamiento del encargado del tratamiento, en el caso de Microsoft, y que este contenga al menos todas las categorías de actividades de tratamiento que realizan... que realiza por cuenta del responsable.

En lo relacionado con la evaluación del impacto de protección de datos y código de conducta, cabe señalar, en primer lugar, que por parte de la Consejería de Educación no se han realizado... no se ha realizado dicha evaluación, al considerar que el riesgo de todos los tratamientos asociados a las plataformas de educación es bajo. En las decisiones acerca de las medidas de seguridad no se ha seguido una metodología concreta ni se ha documentado el proceso, lo que resultaría básico para su revisión y reevaluación periódica.

Por otra parte, la Consejería no ha hecho uso de la posibilidad de desarrollar un código de conducta para autorregular su actividad en materia de protección de datos.

Por lo que se refiere a la figura del delegado de protección de datos, es nombrado por la Consejería de Educación y desempeña dicha función para todos los centros educativos públicos de la Comunidad. El desempeño de las funciones de delegado de protección de datos no está contemplado específicamente en ningún puesto de la RPT de la Comunidad.

La forma en que se ha provisto el puesto es provisional, situación que no proporciona las mismas garantías de independencia e inamovilidad en el puesto que otras formas de provisión definitiva contempladas en la normativa en materia de Función Pública. Su actividad incluye, entre otras funciones, el asesoramiento a empleados, fundamentalmente docentes, que tratan la información, las respuestas a consultas de interesados y la interlocución con la Agencia Española de Protección de Datos.

El último bloque de las conclusiones analiza las actuaciones adoptadas en línea con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Las recomendaciones propuestas por la Agencia Española de Protección de Datos para centros educativos constituyen una selección de buenas prácticas que la Consejería de Educación aplica parcialmente. Por ejemplo, la Consejería ha emitido una instrucción a los centros, junto a un modelo específico, para recabar el consentimiento del interesado cuando los datos personales se tratan para una finalidad distinta de la educativa y que contiene información sobre esta finalidad: derechos de los interesados, medios en los que se autoriza la difusión de datos, etcétera.

La Comunidad pone a disposición de los centros educativos un conjunto de aplicaciones que cubren las necesidades de aprendizaje on-line y de comunicación con las familias. El mantenimiento de la privacidad de los datos en estas aplicaciones es objeto de atención por parte de la Consejería y existen directrices para la obligatoriedad en el uso de los medios corporativos para la comunicación con las familias, evitando el uso de otros medios que puedan comprometer la privacidad de los alumnos. Sin embargo, no consta una evaluación del grado de eficacia de dicha información.

La prevención, finalmente, del ciberacoso y otros malos usos de las nuevas tecnologías es un objetivo principal del plan de seguridad que se está llevando a cabo desde el año dos mil quince. Al igual que en el caso de la formación, no se ha aportado tampoco aquí una... una evaluación de su grado de eficacia.

Finalizo ya enunciando las siete recomendaciones realizadas por el Consejo, que, como en toda auditoría operativa, representan el sentido último de la fiscalización, con el ánimo de contribuir a la mejora de la gestión.

En primer lugar, sin perjuicio de lo ya detallado en los decretos y órdenes de estructura de las Consejerías, la relación entre la Consejería de Educación y la de Movilidad y Transformación Digital debería estar detallada en un instrumento de encargo del tratamiento que contenga los detalles acerca de la naturaleza, finalidad y duración del tratamiento, clases de interesados, tipos de datos, entre otras.

Las seis recomendaciones restantes se dirigen en exclusiva a la Consejería de Educación.

En primer lugar, debería adoptar un instrumento jurídico para futuros contratos con prestadores de servicios educativos on-line que adapte a las circunstancias específicas de la Comunidad las condiciones en que se presta el servicio en lo referido a la protección de datos personales de los usuarios, y que no permita cambios en estas condiciones, salvo acuerdo expreso entre ambas partes.

Por otra parte, debería describir con más detalle la finalidad de los datos recopilados en los formularios de matrícula para incluir su uso para el alta en las plataformas de educación on-line.

Asimismo, la Consejería debería valorar actualizar el registro de actividades de tratamiento para incluir tratamientos o tipologías de datos personales en el contexto del uso de las plataformas educativas on-line, que actualmente no se contemplan.

Además, debería realizar de forma sistemática y normalizada el proceso de gestión de riesgos contemplado en la política de seguridad de la información y protección de datos de la Junta de Castilla y León.

La Consejería también debería instar la modificación de su relación de puestos de trabajo, de forma que contemple una posición y sistema de provisión del puesto de trabajo de delegado de protección de datos que garantice su independencia y protección en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, debería adoptar un sistema para evaluar la efectividad de la formación impartida... se debería adoptar un sistema para evaluar la efectividad de la formación impartida en materia de privacidad, específicamente aplicada a las plataformas de educación on-line, y muy especialmente en lo referente al rol de los docentes en el mantenimiento de la privacidad de los grupos que gestionan. Asimismo, deberían disponer de un mecanismo sistemático de supervisión para asegurar que las configuraciones aplicadas son correctas. Por mi parte, muchas gracias, nada más.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar tendría la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto. Al no encontrarse presente, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el procurador don José Ramón García Fernández, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR GARCÍA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias al presidente del Consejo de Cuentas, el señor Amilivia, y a todo su equipo, por el informe que nos han traído... que nos ha traído aquí y nos ha expuesto, los dos informes. En este caso estamos hablando de lo que pasó en la... con la plataforma de educación on-line en los... en el curso diecinueve-veinte y veinte-veintiuno; un curso, el diecinueve-veinte, que fue muy llamativo por la situación en la que se encontró el sistema educativo debido a la pandemia por el COVID... por la COVID-19.

A partir de marzo, como todos sabemos, el sistema educativo se paralizó -el sistema presencial-, y, de repente, de un viernes a un lunes, los profesores y los alumnos se tuvieron que adaptar a la nueva situación, y se hizo todo lo posible para que los alumnos no perdieran la... perdieran pues las clases, la impartición de clases, con lo cual, pues se hizo de la modalidad... con la modalidad on-line. Una modalidad que tuvo sus luces y sus sombras, porque, como todos sabemos, no todas las familias disponían de internet, no todas las familias disponían de ordenadores portátiles u ordenadores fijos, incluso ni móvil. Con lo cual, bueno, pues nos consta que se hizo todo lo posible por parte de los centros para que todas las familias pudieran adaptarse a la nueva situación.

Y, bueno, pues a partir de ahí pues surgió pues todo lo que ha mencionado en este... en este informe, en el cual, bueno, pues vemos que la Junta pues ha hecho todo lo posible para asegurar la privacidad de los datos personales, tanto de los alumnos, que en muchos casos eran menores, y de los profesores.

Sí que es verdad pues que nos llama la atención que no haya una coordinación o que no hubiera una coordinación de aquella con... con la Consejería de Educación y la Consejería de Movilidad. Con lo cual, bueno, pues como ustedes hacen referencia aquí, pues sería bueno que entre ellas tuvieran un... una manera de trabajar, un... un posicionamiento acorde a las necesidades del sistema educativo y la necesidad de la tecnología adecuada para ella.

No me voy a extender mucho, porque el informe lo hemos visto todos aquí. Se hacen unas recomendaciones que supongo tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, espero, las tengan en cuenta. Pero sí que me gustaría recalcar en las conclusiones ciertos puntos, que, como usted bien ha dicho, son 28 puntos, en los cuales el punto 1, donde la Consejería proporciona el servicio de enseñanza on-line a través de dos plataformas: aulas virtuales basadas en el software Moodle y el paquete Microsoft 365, que incluye, entre otras, la aplicación Teams.

Sí que es verdad que ahora en el año veintitrés, o en el curso veintidós-veintitrés, pues los profesores y los alumnos están más... bueno, hechos a esta... a estas aplicaciones, pero de aquella, bueno, pues fue una situación bastante difícil para ambos colectivos; y sobre todo también para las familias, porque muchos padres tenían que ayudar a sus hijos en el manejo de estas... de estas aplicaciones. Sí que hoy lo vemos todos de una manera diferente, pero de aquella, la verdad que... que se pasó... bueno, tuvimos una situación bastante complicada y difícil. Entonces, sí que me gustaría recalcar que, bueno, pues que ahora lo vemos todo de una manera mucho mejor, más sencilla, pero ya les digo que tuvo sus luces y sus sombras.

En cuanto al tratamiento de los... de los datos, bueno, la Consejería... en el punto número 5, la Consejería de Educación, como responsable del tratamiento, identificó como encargados al tratamiento como... del tratamiento a Microsoft para las herramientas proporcionadas por la empresa, cosa que la Consejería aceptó lo que la empresa le dijo, como bien han dicho ustedes en el informe -cosa que me sorprende, porque supongo que alguna mejora o alguna adaptación tendría que haber hecho la Consejería de Educación, pero lo aceptó totalmente-. Y después la persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en el caso de las aulas virtuales Moodle.

Después, en el punto 6, nos recalca que la Consejería de Educación -la encargada del desarrollo y mantenimiento- y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital -de la explotación y administración de las infraestructuras informáticas de soporte- no desarrollaron ningún instrumento o documento para acordar las relaciones en la relación de incidencias entre ambas. Espero que esa situación se haya corregido, porque consideramos que es fundamental.

También nos llama bastante la atención el punto 7, donde el uso de la plataforma Microsoft 365 se encuentra regulado mediante una serie de contratos formalizados por la Consejería de Educación. En los contratos se detallan el contenido y las funciones del responsable del tratamiento, que es la Consejería de Educación, y el encargado, Microsoft. Y en estos contratos firmados no han sido objeto de ninguna negociación, que es lo que he dicho anteriormente, cosa que nos... nos llama bastante la... la atención.

En cuanto a la... el responsable de los tratamientos, bueno, pues como bien se ha comentado, la política vigente se aprobó en septiembre de dos mil veintiuno. El problema fue en el curso dos mil... en el curso dos mil diecinueve-dos mil veinte y dos mil veinte-dos mil veintiuno. El curso, en el dos mil veintiuno, como todos sabemos, acaba en junio, es decir, que hasta el curso veintiuno-veintidós pues no se ha hecho una... no se ha aprobado una... una instrucción o una... una normativa vigente para lo que ha pasado, y entonces se ceñían a la orden, como bien dicen aquí, la HAC/858 dos mil... del dos mil catorce. Con lo cual, bueno, pues supongo que, por lo que he dicho, fue por la premura de la situación, por la pandemia acaecida y demás. Pero, bueno, en el curso diecinueve-veinte tiene un poco de disculpa, pero ya en el veinte-veintiuno yo creo que ahí ya se tenían que haber... bueno, pues haber reaccionado adecuadamente y adaptarse a la normativa.

En cuanto a la protección de los derechos del interesado, me llama la atención el punto 13, ¿no?, en donde los datos de alta de las plataformas no se... se recababan específicamente para tal fin, se utilizaban los proporcionados durante el proceso de matrícula, en el caso de los estudiantes, y los procedentes del sistema de la gestión de personal, en el caso de los docentes. Lo que pasa que la finalidad de estos datos recogidos en el proceso de matrícula es la gestión del proceso de matriculación; no... no expresaba otras finalidades. Con lo cual, repito que en el curso diecinueve-veinte, lógico; pero en el veinte-veintiuno, pues me llama la atención que todavía pues no se haya solucionado ese tema.

En cuanto al punto 19, las medidas de seguridad aplicadas a los tratamientos, hace referencia al Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 30/2010. No se ha procedido aún a la adaptación del Real Decreto 311/2022, del tres de mayo, por lo que se regula el actual Esquema Nacional de Seguridad en vigor, estando dentro del plazo para su realización. Bueno, pues esto, yo creo que aquí deberían, lo dicho, en cuanto a regulación... regularización de la normativa deberían ser un poco más ágiles.

En cuanto al delegado de Protección, me llama la atención que solamente haya uno para todos los centros educativos públicos; es decir, 1.045 centros públicos divididos entre 424 municipios, y solamente hay un delegado, con lo cual me llama la atención; y encima no está regulado cuáles son sus funciones, cómo es... cómo tiene que trabajar y demás. Con lo cual, creo que ahí la Junta debería de tomar nota, y, en este caso, la Consejería de Educación y la Consejería de Movilidad y... y Transformación Digital.

¿En cuanto a las recomendaciones? Son siete recomendaciones que supongo estarán en conocimiento ya de la Consejería de Educación y de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, y espero las tengan en cuenta; sobre todo el punto 1, en el cual pues tiene que haber un instrumento encargado del tratamiento que contenga los detalles acerca de la naturaleza, finalidad y duración del tratamiento, clases e interesados, tipos y demás, ¿no?, en donde se pongan de acuerdo la Consejería de Educación y la de Movilidad; el punto número 2, el instrumento jurídico para futuros contratos prestadores entre... de servicios on-line; y el punto 3, que la Consejería de Educación debería escribir con más detalle la finalidad de los datos recopilados en los formularios de matrícula para incluir su uso para el alta de las plataformas de educación on-line; y, bueno, pues el 5 y el 6, no me quiero repetir porque ya los conocemos todos, los hemos leído todos, pero esos serían fundamentales.

Con lo cual, como le he dicho al principio, muchas gracias por este informe. Y espero que la Consejería de Educación y Movilidad y Transformación Digital tomen en cuenta todas estas recomendaciones. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor García. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, el procurador don Javier Teira Lafuente, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:

Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor presidente del Consejo de Cuentas y equipo que le acompaña, enhorabuena por la exhaustividad y la precisión del informe que traen aquí esta tarde.

Con motivo de las restricciones que se impusieron con la pandemia, el sistema, todo el sistema en general, pero el sistema educativo en particular, se enfrentó por la vía de los... de los hechos a la... a toda la complejidad del principal reto al que se... se enfrenta la sociedad actual, que no es otro que el de la digitalización.

Este reto tiene dos vertientes, que están muy bien precisadas en el informe: una vertiente técnica, que exige tomar las... las medidas técnicas necesarias para responder a las necesidades objetivas; y una vertiente política -jurídica, pero eminentemente política-, por la gravedad de los derechos fundamentales que están en juego: el derecho a la privacidad, el derecho al honor, el derecho a la conciencia, el derecho, en definitiva, a la libertad, puesto que, si somos transparentes, ya el derecho a no declarar en su propia contra pues carece de sentido. En ese sentido, el informe es doblemente útil, desde mi punto de vista, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político y social.

La privacidad de los datos en educación, en la educación en línea, es un tema importante y crítico que debe ser abordado adecuadamente para proteger la información personal de los actores (profesores y estudiantes, y familias también). Alguno de los puntos clave a considerar para garantizar la privacidad de los datos en la educación en línea son los siguientes: primero, el consentimiento informado -las escuelas y las instituciones deben obtener el consentimiento informado antes de recopilar la información-; en segundo lugar, la protección de los datos; en tercer lugar, las políticas de privacidad claras; en cuarto lugar, la limitación en la recopilación de datos; en quinto lugar, el uso limitado de terceros, todo lo cual está... se encuentra en situación crítica a la luz del informe; en sexto lugar, los derechos de acceso y eliminación, como se hace referencia en varios puntos; y en séptimo lugar, la capacitación personal necesaria.

En suma, el informe nos ha puesto, o nos pone, delante no solo de las necesidades técnicas, sino también de las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades del sistema.

En sí, del informe cabe destacar la adecuación de la metodología, sólida y adecuada al propósito; la misma valoración merece el análisis de las fuentes de información, confiables a los efectos que se pretenden; y, finalmente, el informe puede decirse que identifica bien los riesgos de la privacidad de los datos y proporciona las recomendaciones necesarias para abordarlos. De lo que se trata, en última instancia, es de la utilidad de este informe para mejorar la privacidad y la seguridad de los datos en las plataformas educativas utilizadas (Microsoft 365, en particular la aplicación Teams, y Moodle).

No voy a insistir en... en los parágrafos detallados de las... de los objetivos y de las conclusiones, que se han desarrollado ya cumplidamente aquí, y voy a pasar directamente al capítulo de recomendaciones, porque creo que es lo más importante de este informe.

De las siete recomendaciones que da el Consejo, nosotros vamos a destacar las siguientes -en las que ya se ha... se ha insistido, por... además-; la segunda, que aconseja adoptar ese instrumento jurídico para futuros contratos con prestadores de servicios adaptados a las necesidades específicas de nuestra Comunidad que, fundamentalmente, no prohíba o no impida cambios en estas condiciones, salvo acuerdo expreso entre las partes; a continuación, la recomendación tercera, según la cual la Consejería de Educación debería describir mejor, con más detalle, la finalidad de los datos recopilados a la hora de la matrícula, incluyendo, claro está, su uso para el alta en las plataformas; a continuación, la quinta recomendación, que recomienda realizar de forma sistemática y normalizada el proceso de gestión de riesgos; la sexta recomendación, también, según la cual la Consejería debería impulsar la modificación de la relación de puestos de trabajo, no solo incluyendo ese puesto de una forma precisa y adecuada, sino probablemente incluyendo, como acaba de poner de relieve el anterior procurador que ha tomado la palabra, incluyendo más personas dedicadas a tal efecto y garantizando, en todo caso, la independencia y la protección en el ejercicio de sus funciones; y, finalmente, la séptima recomendación, que subraya la necesidad de adoptar un sistema para evaluar la efectividad de la formación en general y, sobre todo, en materia de privacidad, específicamente, cuando se trata de las plataformas de educación on-line.

Como balance general, entendemos, por tanto, que se trata de un informe valioso, que resalta algunas áreas de preocupación importantes en relación con la privacidad y la seguridad de los datos personales. Es un informe que identifica claramente los entornos tecnológicos utilizados en la educación en línea, los encargados del tratamiento y las normativas aplicables. Además, sugiere adecuadamente a la Consejería de Educación que realice de forma sistemática y normalizada el proceso de gestión de riesgos contemplado en la política de seguridad de la información y protección de datos de la Junta de Castilla y León, y que describa con más detalle la finalidad de los datos recopilados.

También se señalan las debilidades importantes en la forma en que se manejan los datos personales, como la falta de un instrumento o documento que acuerde las relaciones o la resolución de incidencias entre las Consejerías de Educación y Movilidad y Transformación Digital, tal y como se ha puesto de relieve, específicamente aplicables a la protección de los datos y la falta de cláusulas adaptadas específicamente a las necesidades de la Consejería en los contratos formalizados con Microsoft.

En general, se podría concluir que el informe proporciona una... una evaluación detallada de la situación actual de la privacidad y la seguridad de los datos en la plataforma de educación en línea, identificando los riesgos y deficiencias en la gestión de los datos personales y ofreciendo recomendaciones concretas y pertinentes para mejorar esa protección de datos en el futuro. Muchísimas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor Teira. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador don Javier Campos de la Fuente, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR CAMPOS DE LA FUENTE:

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Bienvenido nuevamente a una sesión; bienvenido su equipo colaborador, que hoy también nos acompaña.

Y, bueno, pues lo cierto es que esta semana quizás acudimos con menor aparataje quirúrgico, pero también interesante, ciertamente. Es una temática, desde mi punto de vista, curiosa a analizar y... y, bueno, siempre... siempre es bueno analizar para aprender.

Se centra el tiro en el análisis de las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios. Esa es... eso es exactamente lo que se valora en este informe, no otras cuestiones ni... ni otras consideraciones; es decir, estas garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación on-line, utilizada en los centros educativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los cursos diecinueve-veinte y veinte-veintiuno.

El presidente ya ha expresado con claridad en qué entornos nos hemos movido en el ámbito temporal y distintas consideraciones, resumidas en veintiocho conclusiones que han dado como consecuencia siete recomendaciones. Básicamente, lo que consiste es en el análisis del sistema de privacidad de los usuarios de los estudios on-line de la Junta, y en especial de los más jóvenes por el hecho de ser los más vulnerables. Las plataformas objeto de análisis son las descritas aquí, Moodle y Microsoft, que han sido suficientemente descritas, insisto.

El uso de la educación por medios telemáticos y de forma generalizada ha venido con la... como consecuencia de la reciente pandemia como agente acelerador, ¿verdad? En un breve lapso de tiempo hemos tenido que pasar de una educación plenamente presencial, prácticamente presencial, a una on-line, con las distintas problemáticas que ello conlleva; una de ellas es la derivada del mantenimiento y la salvaguarda de los aspectos relacionados con la privacidad de nuestros datos como usuarios.

Ese es el... es exactamente de lo que hablamos, no de lo que ocurrió, ni de si fue difícil o fácil; estamos hablando de esto, de cómo se han... de cómo es la gestión de... de nuestros datos como usuarios de la privacidad. Insisto, no hablamos de si ha sido útil, si se puede mejorar, si la gestión de la educación ha sido buena, mala, etcétera.

En este ámbito nos hemos encontrado con una serie de consideraciones y recomendaciones por parte del Consejo de Cuentas que para este grupo parlamentario no son menores, y es que el conjunto de ellas nos dibuja un escenario en el que, si bien se puede mantener perfectamente la funcionalidad del sistema, sí que se podría poner en entredicho ciertas profundidades de su control, evaluación y gestión; o por lo menos entrarían en un claro ámbito de mejora.

Además, en este caso, a diferencia de otras muchas ocasiones, la Administración autonómica sí que ha ejercido el derecho a alegar -en este caso sí, en concreto-. De las dos Consejerías afectadas, la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital se ha mostrado conforme con el análisis emitido, mientras que la Consejería de Educación sí que las ha presentado, aunque sea fuera de plazo. No entendemos muy bien como... como una Administración como la Junta de Castilla y León, con el peso que tiene y las posibilidades que tiene la Consejería de Educación, puede ir tarde en un tema de estas características, y sobre todo por quién solicita la información -un día tarde-. Se me antoja, no sé, por lo menos curioso, curioso sí que es. No sé si tiene algo detrás, pero curioso es.

Según se indica en el informe, el órgano auditor aun así... efectivamente, eso, que llegan tarde, y según el órgano auditor pues las ha tenido en cuenta y ha aceptado ciertas propuestas realizadas desde la propia Consejería.

Indicábamos que las recomendaciones analizadas, o según la perspectiva de su conjunto, proyectaban una imagen de cierta falta de control y poca evaluación. Y es que, fíjense, en las recomendaciones, según el punto 1, se advierte una falta de coordinación entre Consejerías -es lo que nos dicen-. En la segunda, un desajuste en las condiciones en las que se presta el... el servicio, en esas... en esos servicios educativos on-line. O la tercera, la falta de concreción; para qué se usan esos datos, nos llegamos a preguntar, ¿no?, en este... en estas consideraciones. O en el cuarto, relativo al registro de actividades y tratamiento, que están desactualizados. El quinto, que la Consejería de Educación debería realizar de forma sistemática y normalizada el proceso de gestión de riesgos contemplado en la política de seguridad de la información y protección de datos de la Junta de Castilla y León -¿qué se hace, de forma discrecional se hace?-. En el punto número 6, relativo... -ya se ha hablado- relativo al delegado; yo entiendo que sea un representante, un representante de esa actividad, pero que tenga como mínimo ciertos colaboradores que le ayuden a realizar ese trabajo, evidentemente -entiendo yo, ¿eh?, entiendo yo-. O, bueno, relativo al punto 7... relativo... es que es norma ya casi de la casa, ¿verdad?, marca de la casa, que la... que la Junta de Castilla y León tenga algún tipo de falta de... de evaluación.

Bien, todo ello en el marco de garantizar la protección de los datos de los usuarios de la educación on-line y, sobre todo, como decíamos, en los menores de edad. El Consejo de Cuentas pone, desde nuestro punto de vista, en un cierto brete a la Consejería de Educación, que lo cierto es que, defendiéndose como pan... como gato panza arriba, hace causa de esto que a veces en política se recurre tanto, que no es otra cosa que no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿verdad?

Pues, en este caso, sí que nos gustaría saber, si hay posibilidad, en qué... cuáles han sido esas... cuáles han sido esas alegaciones y cuáles han sido esas aportaciones de la... de la Consejería de Educación a... a este tema. Ya sabemos, ya nos... ya lo hemos oído, ya nos ha indicado, que será objeto de estudio en el siguiente... en el siguiente informe de fiscalización, ¿verdad? Pero sí que -solo que sea por curiosidad- nos gustaría que nos... nos diera alguna pincelada de estas propuestas de mejora o de aceptación de lo que ustedes trasladan que... que vienen de la... de la Consejería de Educación.

Nosotros, desde luego, desde la creencia en la objetividad de su informe, pues defenderemos estas recomendaciones, que, como siempre, pues serán elevadas, como en otras ocasiones, a propuestas de resolución para esta... para esta Comisión, para que sean debatidas y aprobadas en esta Comisión. Y, en principio, bueno, pues nada más que agradecerle nuevamente el esfuerzo que realizan. Y... y nada más. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor Campos. En un turno de palabra, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la procuradora doña María Paloma Vallejo Quevedo, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA VALLEJO QUEVEDO:

Gracias, vicepresidente. Señorías, de nuevo, buenas tardes. Señor presidente del Consejo de Cuentas, tras el pormenorizado análisis que ha realizado sobre los informes que nos acaba de presentar de estos... la privacidad de estos datos de... de los alumnos y de la plataforma educativa durante los cursos dos mil diecinueve-dos mil veinte y dos mil veinte-dos mil veintiuno, además de agradecerle su exposición en esta Comisión de Hacienda y el trabajo de todo su equipo, y, si me lo permite, muy especialmente a don Santiago Martín Nájera, que ha sido el encargado de elaborar este informe, poco más; va a ser difícil que podamos añadir nada más, pero nuestra obligación es intentarlo. Y creo que desde el Grupo Parlamentario Popular intentaremos dar una visión no sé si distinta o, incluso, si pudiésemos ampliarla un poquito, pues vamos a intentarlo.

Es evidente que, y lo hemos remarcado todos, que nos vimos sorprendidos por una pandemia mundial, la COVID-19, y que en tiempo récord nos vimos obligados a reaccionar. Es difícil saber si ha transcurrido el tiempo necesario para poder aseverar si con la pandemia hemos sido capaces de aprender mucho, poco, algo, nada o lo suficiente; pero, sin duda ninguna, sí que hay algunos ámbitos que se han visto impulsados.

En este momento, cualquier trámite administrativo se puede realizar on-line, y en el teletrabajo se han dado pasos de gigante, prácticamente el papel ha desaparecido.

Pero, entrando en el análisis del informe sobre el que estamos disertando, la pandemia supuso, como ha indicado el señor Amilivia, que pasó a ser la educación on-line, pasó de ser algo accesorio a ser algo fundamental y extremadamente importante, y que debido a que estamos hablando de datos personales de menores es evidente que el cuidado y la seguridad tiene que ser infinitamente mayor, porque los riesgos que corren de ciberacoso u otras malas prácticas debido a su menor capacidad para defenderse, el riesgo, como decimos, es aún mayor.

Como ha indicado el señor Amilivia, en los dos cursos estudiados en este informe, la Consejería de Educación, siempre siempre alineada con el Reglamento General de Protección de Datos, aplicó la Orden de la Consejería de Hacienda de dos mil catorce, vigente en ese momento, dado que la actual se aprobó en septiembre de dos mil veintiuno. Esto significa que la Consejería cumplió siempre -volvemos a insistir- con todos los estándares legales fijados y establecidos hasta esa fecha. En ningún momento hubo ningún tipo de vacío legal, que me ha parecido que alguno de los procuradores que me ha precedido en el turno de palabra parecía como indicar. Nunca ha habido; siempre se ha estado la Consejería dentro de los estándares legales establecidos hasta esa fecha.

Ese cumplimiento de la legalidad vigente por parte de la Consejería de Educación garantizó la protección de los datos personales de los usuarios de las plataformas educativas on-line. Pero si en todos los ámbitos es necesario actualizarse, renovarse y mejorar, en el de las nuevas tecnologías, en el informático, es obligado; porque tenemos que tener en cuenta que el ciberacoso en redes sociales, los hackers, los crackers, en definitiva, los ciberdelincuentes, son como los amigos de lo ajeno: no descansan y siempre están buscando nuevas técnicas para delinquir. Por eso es obligado continuar mejorando en ciberseguridad. Esa es la gran apuesta de la Junta de Castilla y León.

Desde la Consejería de Educación, siendo plenamente conscientes de estos riesgos, no solo han asumido las siete recomendaciones que propone en su informe el Consejo de Cuentas, sino que, además, como se ha indicado, han propuesto adoptar algunas medidas, y están adoptando algunas medidas para poderlas mejorar. Voy a intentar citar muy brevemente algunas de las medidas que se están tomando en relación con estas siete recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas.

Por lo que respecta a esa recomendación de una plataforma, una gran compañía como es Microsoft, que entiende la Consejería de Educación que, efectivamente, tiene un ámbito de mejora y que efectivamente puede asumir compromisos, no es menos cierto que la Consejería de Educación entiende que esos compromisos deben ser asumidos y adoptados siempre en el seno del grupo de trabajo que tienen creados los delegados de Protección de Datos de las diferentes Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación; así como entienden también que debe de estar, y está, en ese... en ese grupo de trabajo la Agencia Española de Protección de Datos, porque será la única forma de ir todos de la mano en un tema que entendemos que es tan importante para nuestros menores, que son a los que más tenemos que cuidar.

Por respecto al análisis de riesgos y evaluaciones de impacto, utilizando herramientas y modelos proporcionados por la Agencia Española de Protección de Datos, se pondrán a disposición de los diferentes responsables del tratamiento de la Consejería de Educación utilidades para realizar análisis de riesgos y evaluaciones que, en caso de impacto, en todos aquellos procesos en que ambas cuestiones puedan estar requeridas, de conformidad con las instrucciones de la Agencia respecto a esa guía de gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales.

Por lo que respecta al procedimiento electrónico para la reclamación de derechos, pues volvemos a estar de acuerdo, y el Servicio de Protección de Datos de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de Presidencia será la que estará operativa, de forma que para evitar cualquier tipo de dualidad, cuando esté totalmente implementado, el procedimiento específico de la Consejería de Educación, para -como decimos- evitar cualquier tipo de confusión, dejará de funcionar.

El cumplimiento del deber de informar en la matriculación -creo que todos los que me han precedido en el turno de palabra han hecho especial hincapié-, pues, efectivamente, la Consejería va a completar ese formulario de matriculación en los centros públicos de Castilla y León, de acuerdo con las recomendaciones que ha establecido el Consejo de Cuentas, y va a especificar la habilitación para el uso de estas plataformas digitales puestas a disposición, tanto por los padres como por los alumnos, en el ámbito educativo de Castilla y León. Pero es que no olvidemos que ya en el año dos mil seis hay una Ley Orgánica, de tres de mayo, de Educación, que establece que los padres, los tutores y los propios alumnos deben facilitar al centro no solo los datos académicos, también los de salud, los de ambiente familiar y sociales que se consideren necesarios para el ejercicio de una buena función educativa.

Ha hablado también y se ha hablado también del Registro de Actividades del Tratamiento, del RAT. Pues estamos exactamente en la misma situación, que, de común acuerdo con la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, se va a actuar, y este RAT se va a adecuar a la normativa vigente, y se van a incorporar a él todos los tratamientos que han sido normalizados por la Junta de Castilla y León. Y se seguirá y se continuará con esas recomendaciones de las reuniones periódicas que se celebran entre los delegados de Protección de Datos de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación, y que siempre se hace con el asesoramiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

El delegado de protección de datos. Desde el año dos mil dieciocho el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales adoptó este modelo de delegado de protección de datos; un modelo que es único para los servicios centrales, territoriales y centros educativos públicos de Castilla y León, y que, efectivamente, en algún momento puede que se planteen que se incremente su número. Pero sí me gustaría que todos los procuradores sepan que este planteamiento se reproduce, el de un único delegado, se reproduce con mínimas diferencias en todas las Comunidades Autónomas, y que fue una decisión que se tomó en el seno de ese grupo de trabajo precisamente para evitar que, en ese momento, pudiese haber duplicidades u opiniones que pudiesen de alguna forma distorsionar o crear más confusión; algo que no sé si en su momento decidirán tomar alguna otra determinación al respecto.

Por razones de tiempo no voy a poder entrar en las buenas prácticas y acciones formativas. Simplemente, como una brevísima pincelada, les diré que en el portal de educación se están ya introduciendo y se están incluyendo datos precisamente para reforzar esta protección de datos. Y estos datos, constará en el registro de actividades, constará el incremento de acciones formativas. En esa segunda intervención, si alguno de ustedes lo requiere, podremos ampliarlo.

Simplemente finalizo mi intervención aseverando que en ningún momento han estado o se han producido riesgo para la privacidad de los datos personales de los usuarios de las plataformas educativas on-line. Nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señora Vallejo. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, don Mario Amilivia.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Sí. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchas gracias a todas sus señorías por las intervenciones que han llevado a cabo, por el tono constructivo y, si me permiten, incluso por haber aportado luz, aún a mayores, a la... a la información que yo he facilitado.

Una primera reflexión que tenemos que tener todos es que la Administración electrónica es un camino sin retorno; es decir, la Administración será electrónica o no será Administración -así lo señaló en su día la Comisión Europea-. Es decir, la pandemia ha sido un acelerador, en este caso concreto, de carencias, riesgos, también ventajas, que tiene la Administración electrónica. Pero la obligación de estar dotados de una Administración electrónica acorde a las necesidades que hoy demanda una Administración es consustancial a la existencia de la Administración. Es decir, o hay Administración electrónica o no hay Administración, no hay alternativa.

Todos los procedimientos administrativos, como lo veremos en el siguiente informe, se sustancian, se sustancian con carácter electrónico, y, lógicamente, se usan datos, se usan datos que deben, como un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, que deben tener la adecuada privacidad y deben estar protegidos, en su caso, del ciberacoso. Pero, por lo tanto, la... la pandemia es un acelerador; pero, sin perjuicio de la pandemia, las obligaciones de la Administración son de carácter permanente, anteriores a la pandemia y posteriores a la pandemia.

Este informe yo creo que es un informe muy oportuno, porque precisamente es un hito que tiene una gran trascendencia pública porque se produce tras la pandemia, lo que hace que todo el mundo seamos conscientes de la importancia, en este caso, de la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma on-line en materia de educación. Es decir, pero si no hubiera habido pandemia, ¿este informe no hubiera sido tan tan tan vigente como es, tan necesario como es? Pues no. Hubiera sido igualmente vigente e igualmente necesario.

Y esas son las cosas que tiene claro el Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas, cuando ha... cuando ha apostado por este tipo de fiscalizaciones de carácter informático, bien analizando riesgos, como ocurre en ciberseguridad, como estamos haciendo en ayuntamientos, o riesgos específicos como este, está no siendo pionero, está siendo coherente con lo que es la actual Administración, y ya, como digo antes, sin retorno y con carácter inevitable.

¿Por qué considero, además, que el... que el informe es especialmente vigente? Bueno, es verdad que las alegaciones han sido extemporáneas. Que las alegaciones sean extemporáneas pues significa, lógicamente, que se han presentado fuera de plazo, pero pueden... pueden modificar el contenido del informe. Pueden. Lo que no se pueden es publicar las alegaciones.

¿Por qué se presentan tantas alegaciones con carácter extemporáneo? Bueno, pues es una pregunta que no me corresponde a mí contestarla, pero es verdad que hay un plazo legal para presentar alegaciones, que se puede resolver el primer día del plazo o el último. O sea, que hay suficiente distancia; el primero y el último hay suficiente plazo para presentarlas.

Y, en este caso concreto, la... la contestación de la Consejería de Educación, como... como aquí se ha señalado y como lo he hecho público en mi primer informe, bueno, ha aceptado el informe, ha sido receptiva con el informe, ha considerado la oportunidad del informe y ha establecido una serie de propuestas; propuestas que yo no tengo por qué conocer si se están aplicando o no, obviamente, pero sí lo conocerá, porque es nuestra obligación, el informe de seguimiento de recomendaciones del año veintidós.

Pero que esas... esas propuestas de mejora por parte de la Administración se manifiesten en esos términos significa sin duda que este informe, que es una fiscalización de carácter operativo, que lo que busca es, en determinadas áreas, mejorar el funcionamiento de la Administración, podemos concluir que ya ha conseguido su éxito este informe. Es decir, lo grave hubiera sido para nosotros que la Administración hubiera dicho que no aceptaba las recomendaciones, que no tenía intención de cumplirlas, que ocurre, como veremos en el siguiente Informe en algún caso concreto; pero aquí se han aceptado, por lo menos en ese escrito de alegaciones, las... el contenido del informe y se han hecho algunas propuestas de mejora, en las que yo no voy a entrar. Simplemente, si... las tengo aquí, pero yo creo que... que tendremos tiempo, ¿no?

Pero, básicamente, es cierto que la Comunidad ha estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia, durante la pandemia; es cierto que hay un margen de mejora que lo... que lo señala el informe; y es cierto que, en esa línea, la... la Consejería de Educación se siente sensible con la... con el contenido de informe.

Por ejemplo, en relación con el contrato de Microsoft, bueno, pues aquí se ha... se ha señalado algún dato, ¿no?, pero señala que la vinculación a través de un contrato no suele contemplarse por estas grandes multinacionales. Es cierto, es cierto. Estas grandes multinacionales hacen contratos de adhesión. Y es cierto que, en el ámbito del conjunto de las Comunidades Autónomas, se puede intentar modificar dichas condiciones a los efectos de que los contratos no sean modificados con carácter unilateral. Evidentemente, un contrato de carácter institucional con una empresa de estas, de carácter multinacional, yo creo que deben tener un tratamiento jurídico diferente y una sensibilidad especial, en este caso, con el contenido del contrato.

Se habla también del... del delegado de protección de datos. Es verdad que... que hay una situación en la que la Administración adolece, a mi juicio, de un modelo organizativo deficiente, porque hay un único delegado de protección de datos, que no está en la RPT de la Comunidad Autónoma, y con un nombramiento de carácter provisional. Es decir, puede haber, efectivamente, un solo delegado en cada Comunidad Autónoma, pero la provisión del puesto de trabajo debería ser de carácter definitivo. La provisión de puesto de trabajo debería estar contemplada en la relación de puestos de trabajo.

Y en este contexto, la Administración acepta totalmente la propuesta. Señala que, desde el punto de vista jurídico y competencial, entiende como modelo de protección más coherente el que haya un solo responsable, en este caso como delegado, pero, sin embargo, plantea adaptar este modelo estableciendo delegados de Protección de Datos en las Direcciones Provinciales de Educación de cada provincia, coordinados -que parece lógico- por el delegado de protección de datos de la Comunidad. Es decir, un sistema descentralizado. Que es presumible que en la práctica ya exista, porque aquí hay muchos funcionarios y saben cómo funciona la Administración; que en la práctica ya exista. Ya habrá un señor de una determinada Dirección Provincial que está actuando en coordinación, como es inevitable, con el delegado de protección de datos; pero debe quedar reflejado a efectos también de responsabilidades, de competencias que se pueden, en su caso, exigir.

¿En cuanto al formulario de... de matrícula, que es el momento en que la... en el que la Junta usa los datos, en este caso, de los menores? Pues se plantea ya la Comunidad Autónoma modificar este formulario, completar el formulario y hacer un consentimiento específico para otros usos distintos del de la propia matriculación, que, por otra parte, no creo que tenga mayor dificultad en esto. Pero es evidente que, bueno, cuando uno se matricula, se está matriculando, no está... no está dando paso o... o permitiendo que esos datos se utilicen también para otra actividad, legal, decente, razonable, pero distinta o ajena al hecho de la matriculación. En todo caso, pues así se manifiesta por parte de la Consejería que se va a hacer.

Y la verdad es que, si tuviera que hacer un diagnóstico de la situación de la educación on-line -y es un poco coincidente con el equipo técnico que lo ha llevado, con Santiago Martín Nájera-, Castilla y León está bien. Castilla y León ha estado bien, ha estado a la altura de las circunstancias, pero, sin duda, tiene margen de... margen de mejora, que es un poco la.... el contenido de las recomendaciones que he mantenido. Por mi parte, nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor Amilivia. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el procurador don José Ramón García, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR GARCÍA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señor Amilivia. Suscribo todo lo que usted ha comentado; pero, bueno, quiero recordar que la formación on-line en Castilla y León funciona, pero muchas veces, y como siempre defenderé y defiendo, gracias a la voluntad del funcionariado, en este caso de los funcionarios profesores y profesoras de... de los... -y maestros y maestras, vaya- profesores, maestros de... del sistema de educación público. Porque, como ya he dicho, fue una situación que nos vino sobrevenida, de repente, y nos tuvimos que adaptar en un fin de semana.

No voy a decir más, porque yo creo que en el informe queda claro todo lo que se ha expuesto en este informe; totalmente de acuerdo con este informe. Y, repito, espero que las Consejerías de Educación y de Movilidad y Transformación Digital tomen en cuenta estas recomendaciones teórica y prácticamente, es decir, que las hagan prácticas; porque muchas veces la teoría es muy bonita, pero la práctica, al final, queda... queda sin realizar. Con lo cual, muchas gracias por el informe a usted y a todo su equipo. Y nada más que añadir. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor García. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, el procurador don Javier Teira, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy brevemente. En este segundo turno quiero precisar, en primer lugar, la... el convencimiento de que tanto la Junta de Castilla y León como el personal al servicio de... de las Consejerías de Educación y de Movilidad, en un momento crítico como fue el COVID, de aceleración por la vía de los hechos del proceso de digitalización, estuvieron a la altura.

Y, en segundo lugar, subrayar y resaltar la idoneidad y la utilidad del informe para señalar esas debilidades, esos puntos críticos y las líneas de mejora para... para el trabajo futuro.

Nada más, sino felicitar a... al Consejo de Cuentas y al equipo que ha realizado el informe, y animarles a seguir trabajando en esta buena dirección. Muchísimas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor Teira. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador don Javier Campos, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR CAMPOS DE LA FUENTE:

Gracias, presidente. Bueno, pues agradecer al señor Amilivia todo lo que nos ha mostrado esta tarde. También le agradezco que, sin poder decir nada por no saberlo, porque usted no es Administración, me ha dejado perfectamente bien claro por qué la Junta se ha retrasado un día, porque, si no, estaríamos hablando en esta tarde de hoy también de sus alegaciones y de sus propuestas. Entonces, evidentemente, bueno, pues ha sido una... una forma de esquivar la actividad parlamentaria; que, bueno, no es esquivar, sino que es retrasar, ¿verdad?, porque en las próximas... en el próximo informe sí que vendrá.

Efectivamente, yo creo que es razonable pensar que haya más gente trabajando con un único delegado. También es razonable pensar que no es lo mismo la Comunidad Autónoma de Castilla y León que la Comunidad Autónoma de Asturias, por ejemplo, ¿no?, ¿verdad? Entonces, es razonable pensar que hay que amoldar al número de personas que trabajan a... a ese trabajo que tienen que realizar. No es el mismo todos los trabajos.

E insisto que yo hubiera tenido un discurso totalmente distinto si... si estuviéramos hablando o tuviéramos que hacer juicios de valor de qué es la enseñanza, cómo está la enseñanza on-line en Castilla y León, a lo que traemos realmente, que solo hace referencia a la privacidad de los datos de la gente que participa de esa modalidad de... de educación. Yo, si hubiéramos estado evaluando este tipo de educación telemática, pues podría haber hablado de medios, de recursos, de equipos, de formación del profesorado, de un montón de cosas; que no voy a abrir debate, por supuesto, es verdad, pero sí hubiera hablado de ello, porque hay margen... no estoy diciendo que... que se dé una mala educación, pero yo creo que hay margen de mejora.

Pero bueno, yo, insisto, quiero... quiero ajustarme a lo que... a lo que traemos a la Comisión. Y bueno, pues en mis consideraciones, aquí me quedo. Simplemente agradecer nuevamente el trabajo que realiza el... el equipo del señor Amilivia y el señor Amilivia. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, señor Campos. También para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la procuradora doña María Paloma Vallejo, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SEÑORA VALLEJO QUEVEDO:

Gracias, vicepresidente. Efectivamente, comparto toda la exposición y... que acaba de hacer el... el presidente del Consejo de Cuentas, y prácticamente todas las aportaciones que han hecho desde los grupos parlamentarios. Esto no suele ser lo habitual, pero algunas veces pasa, y hoy parece que estamos en esa tesitura.

Pero sí me gustaría puntualizar cuando ha dicho el señor García Fernández que, bueno, que la situación en ese momento, gracias a los docentes. Sin duda ninguna. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la actuación de los docentes durante la pandemia, antes y después de la pandemia, es absolutamente ejemplar. Quizás por eso contamos con una de las mejores educaciones en España y a nivel mundial.

Pero también no es menos cierto que, indicando también y haciendo hincapié en lo que parecía un poco iniciar el señor Campos de la Fuente, no es menos cierto que las acciones formativas desde la Consejería de Educación a todo el profesorado y a todo el personal de educación, a los inspectores de educación, es constante y es continua. Son numerosos los cursos que, ajustándose al Plan Anual de Formación del Profesorado, intensifican los contenidos específicos en el Plan de Seguridad y Confianza Digital. Y esos contenidos específicos no solo se imparten en los centros de formación e innovación del profesorado, también, como he indicado, se imparten a los inspectores de educación y a todo el personal que trabaja y que desea participar dentro de ese plan sectorial educativo de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.

Se ha apuntado también muy muy muy rápido, y, no sé, como que hubo luces, que hubo sombras. Yo creo que, efectivamente, como indicaba el señor Campos de la Fuente, solo estamos analizando la privacidad de los datos, pero sí me gustaría dar algunas cifras. Se adquirieron por el método de urgencia 10.000 portátiles convertibles; se adquirieron 10.000 tarjetas SIM; se mejoraron los servidores existentes, porque en ese momento no podían abarcar el volumen que había; a través del portal y de redes sociales, se mantuvo informado al profesorado y a los alumnos para que conociesen la evolución de las plataformas y las alternativas que tenían a esas aulas virtuales; diariamente se respondían más de 200 correos electrónicos a profesores y alumnos, consultando dudas sobre distintos... y sobre inquietudes y temas que surgían en ese momento.

Creo sinceramente que la labor no solo de la Consejería de Educación -pero bueno, estamos en el informe que... sobre todo compete a la Consejería de Educación-, la Consejería de Educación durante la pandemia realizó un trabajo ímprobo, que se vio, desde luego, reforzado por la actitud del profesorado en ese momento, que fue intachable.

Y yo creo que desde el Grupo Parlamentario Popular es el momento de agradecer al profesorado y a la Consejería de Educación que tuviesen esa capacidad de trabajo, esa capacidad de reacción, y que de verdad fuesen capaces de garantizar esa privacidad de los datos de los usuarios de las plataformas educación on-line. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señora Vallejo. Para finalizar este primer punto del orden del día, tiene de nuevo la palabra del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el señor don Mario Amilivia.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Nada, simplemente para agradecer sus intervenciones y hacer otra... otra reflexión de carácter final. Es decir, evidentemente la pandemia ha traído como consecuencia que las Administraciones -todas, todas; en cualquier Comunidad Autónoma, de carácter educativo y en otras materias- hayan tenido que hacer un esfuerzo de carácter extraordinario. Pero ese esfuerzo de carácter extraordinario deviene de que la Administración, como he dicho antes, o es electrónica o no será Administración. Y en su consecuencia, era necesario hacerlo, sin perjuicio de la pandemia. Y ese es el futuro. Es decir, es verdad que la pandemia nos ha puesto... nos ha alertado y ha hecho que en alguna materia -como en esta- la Administración haya empezado a adoptar medidas claramente de mejora, pero es también evidente que, sin perjuicio de la pandemia, los problemas eran los mismos.

Es decir, que yo creo que tenemos que ser conscientes de que la pandemia, en algún momento dado, ha sido una especie de reto para las Administraciones, pero que muchas de las medidas que se han adoptado con carácter coyuntural lo van a ser con carácter estructural o definitivo, porque, obviamente, eso es lo que marcan los tiempos.

Y sobre las alegaciones, señalar lo siguiente: como he dicho antes, son extemporáneas; que las alegaciones extemporáneas pueden modificar el contenido del informe con notas a pie de página, como ocurre en algún supuesto concreto -sin ir más lejos, en el informe que presenté la semana pasada; o que presenté hace 15 días, mejor dicho-, pero, en este caso, las alegaciones, si bien han sido tratadas y no están publicadas porque son extemporáneo, no podían modificar el informe porque son propuestas de mejora; es decir, no han sido alegaciones al informe, no han sido discrepancias con el contenido del informe, han sido propuestas de mejora de la propia Administración, lo cual es muy positivo.

Pero, por otra parte, como señalo, eso tendrá que ser objeto de seguimiento en otro informe distinto, porque no han sido estrictamente alegaciones. Han sido, en este caso, propuestas de mejora, a la luz del informe aprobado. Por mi parte, nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias, señor Amilivia. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el veinticuatro de abril a las catorce horas.

Informe

Damos lectura del segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización relativo a la "Fiscalización de la implantación y gestión de la Administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Para la presentación de este informe, tiene la palabra el excelentísimo señor don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias. El informe mencionado fue remitido a estas Cortes y publicado el once de enero de dos mil veintidós. La Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público -Leyes 39 y 40 de dos mil quince- han convertido la tramitación electrónica en su actuación habitual, tanto para sus procesos de gestión interna como para las relaciones con los ciudadanos y entre distintas Administraciones. Esta ha sido la razón por la que la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos acordaron en dos mil veinte llevar a cabo una fiscalización coordinada en materia de Administración electrónica.

Este trabajo combina la auditoría de cumplimiento de la legalidad y la de gestión: por una parte, verifica el ejercicio por parte de las diputaciones de sus competencias en la prestación de servicios de Administración electrónica a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y la aplicación por los ayuntamientos de la normativa relacionada; y, por otro, examina los programas presupuestarios destinados a la Administración electrónica y analiza la transformación digital de los siete ayuntamientos con población en Castilla y León entre 10.000 y 20.000 habitantes (en la provincia de León: Astorga, La Bañeza y Villaquilambre; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes en La Bañeza... -perdón- en Salamanca; y Benavente en Zamora).

A los efectos previstos en esta fiscalización, se han establecido objetivos específicos para cada uno de los dos grupos diferenciados, es decir, diputaciones y ayuntamientos:

En relación con las diputaciones, verificar la asistencia prestada y analizar la ejecución de los programas presupuestarios.

Por su parte, los objetivos referidos a los siete ayuntamientos han sido: valorar la eficacia de la implantación, verificar los aspectos básicos de cumplimiento de la normativa de protección de datos, examinar la ejecución de programas presupuestarios de los ejercicios dos mil diecinueve-dos mil veinte, verificar las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de las últimas previsiones relativas a la Administración electrónica contenidas en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, finalmente, analizar la transformación digital, su planificación, así como las medidas más relevantes adoptadas, evaluando la mejora en la facilidad del acceso a los procedimientos por parte de los ciudadanos que ha supuesto la implantación de la Administración electrónica.

El ámbito temporal de la fiscalización abarca el ejercicio dos mil diecinueve y se extiende hasta el dos de abril de dos mil veintiuno, fecha en la que, tras sucesivas demoras, entraron en vigor las últimas previsiones relativas a la Administración electrónica. En este sentido, para la realización de esta fiscalización se han identificado, en dos de ellas referidas, por una parte, ocho servicios de Administración electrónica, cuya entrada en vigor tuvo lugar el dos de octubre de dos mil dieciséis, y, por otra parte, otros cinco servicios, cuya entrada en vigor se produjo el dos abril de dos mil veintiuno.

Los ocho servicios de la primera fase son: la sede electrónica, el sistema de identificación y firma, el sistema de notificación electrónica, el expediente electrónico, el archivo electrónico, la plataforma de intermediación de datos, la carpeta ciudadana y el servicio de verificación de datos y códigos seguros de verificación.

En cuanto a los cinco servicios de la segunda fase son los siguientes: el punto de acceso general electrónico, el registro electrónico, el registro electrónico para apoderamientos, el registro de empleados públicos habilitados y el archivo electrónico único.

La obtención de la información se ha llevado a cabo mediante la cumplimentación, por parte de las entidades fiscalizadas, de un cuestionario y la realización de las pruebas de funcionalidad de los servicios prestados por parte de las diputaciones y ayuntamientos. Con carácter general, no han existido limitaciones.

Y, dentro del plazo establecido, presentaron alegaciones al informe provisional las Diputaciones de Palencia y Soria y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Las aceptadas han dado lugar a las modificaciones reseñadas a pie de página en el informe definitivo.

Entrando ya en los resultados de los trabajos, estos quedan sintetizados en 41 conclusiones, de las cuales expondré, a continuación, los aspectos más destacables.

El primer bloque, de 12 conclusiones, es el referido a la planificación y organización del servicio ofrecido por las diputaciones. En este sentido, todas las diputaciones ofrecen el servicio de Administración electrónica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Por otra parte, lo hacen porque están obligados según el Artículo 36.1 de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Cinco de ellas (Diputaciones de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria) no disponen de planes específicos para implantar la Administración electrónica en sus ayuntamientos. Como norma general, las diputaciones incluyen este servicio entre los que prestan los servicios de asistencia técnica de las diputaciones, sin crear una estructura diferenciada. En el caso de la Diputación de Salamanca se encarga esta prestación, como el resto de su actividad informática, a un organismo autónomo.

Más de la mitad de las diputaciones carecen de disposiciones normativas que regulen de forma específica los servicios de Administración electrónica a prestar por las entidades locales. El servicio prestado por las diputaciones se utiliza por la práctica totalidad de los 2.232 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Es decir, exactamente se utiliza por 2.194 ayuntamientos, que representan el 98,3 % del total.

En todos los casos, el servicio se presta íntegramente sin contraprestación económica, a excepción de la Diputación de Segovia. La Diputación de Segovia financia el servicio mencionado a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes -como es, por otra parte, su obligación-, y a los de más les ofrece... les hace... les pone a su disposición una oferta vinculante. Ellos mismos corren con el coste de la misma, sin perjuicio de que dicha herramienta pueda ser cofinanciada o subvencionada, en su caso, por la Diputación de Segovia.

Todas las diputaciones han externalizado el servicio integral, habiendo recaído todas las licitaciones en una misma empresa. Ninguna de las diputaciones, salvo Valladolid, aporta informes o estudios para fundamentar el modelo elegido. Tampoco sobre la reutilización y... de soportes propiedad de la Administración, a lo que está obligado según la normativa, salvo por cuestiones de eficiencia.

Únicamente la Diputación de Salamanca utiliza la figura del convenio para formalizar con los ayuntamientos la prestación del servicio de Administración electrónica. Otras, como las de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora, requieren a los ayuntamientos la presentación de una solicitud de adhesión al servicio.

Ninguna diputación ha firmado convenios con otras Administraciones para colaborar en la prestación del servicio de Administración a los ayuntamientos o a los municipios de población inferior a... a 20.000 habitantes. Aunque el modelo elegido por las diputaciones ha sido la licitación, para la obtención de unos servicios integrales, debe garantizarse la íntegra operabilidad y el acceso a los servicios comunes de la Administración general del Estado.

Finalmente, en este apartado, señalar que la implantación de la Administración electrónica es reconocida por todas las diputaciones como factor clave a la hora de superar los límites impuestos por la pandemia, dada las buenas prácticas que se han producido. En todos los casos, el servicio, como he dicho antes, se presta íntegramente, con carácter general, sin contraprestación económica.

Las siguientes ocho conclusiones tratan sobre el detalle del servicio de Administración electrónica prestado. A cierre de dos mil diecinueve, el conjunto de las nueve diputaciones ha implantado en los ayuntamientos un 81,9 % de los ocho servicios de la Administración electrónica cuya entrada en vigor no fue objeto de prórroga. Dicha prestación alcanza al 100... el 100 % en cinco diputaciones.

En cuanto a los cinco servicios objetos de prórroga hasta su entrada en vigor en abril de dos mil veintiuno, el nivel general de prestación se sitúa en el 71 %. Las diputaciones también ofrecen otros servicios accesorios para la implantación de la Administración electrónica. Todas las diputaciones prestan asistencia a los ayuntamientos para la elaboración de la normativa en materia de Administración electrónica. Adicionalmente, las Diputaciones de Ávila, Burgos, León y Zamora han elaborado modelos de normativa para su utilización por los ayuntamientos.

Todas las diputaciones, salvo la de Palencia, imparten formación al personal de los ayuntamientos a los que se presta el servicio. No obstante, la de Palencia incluye en el pliego de contratación formación continua a cargo de la adjudicataria.

La mayoría de las diputaciones aporta como indicadores del seguimiento de la prestación informes extraídos de la plataforma que no proporcionan una visión completa al no ofrecer datos sobre la actividad total del ayuntamiento.

La mayoría de las diputaciones carece de carta de servicios para ofrecer a los ayuntamientos garantías de calidad. La de Palencia tiene aprobada una carta de servicios del SAM que incluye el servicio de la Administración electrónica y varios indicadores. Únicamente la Diputación de Segovia solicita sistemáticamente a los ayuntamientos una evaluación del servicio prestado mediante una encuesta pública.

Para completar el apartado relativo a las diputaciones, las diez siguientes conclusiones analizan el coste del servicio prestado. En dos mil diecinueve, la prestación del servicio de Administración electrónica representó, en conjunto, el 17,2 % del gasto de los servicios de asistencia técnica a las diputaciones. En términos absolutos, las Diputaciones de Burgos, Salamanca y Valladolid fueron las que mayores recursos destinaron, superando en los tres casos los 300.000 euros.

Las diputaciones realizaron pagos a la adjudicataria del servicio de Administración electrónica por un importe total de un millón doscientos setenta y dos mil... doscientos setenta mil doscientos ochenta y dos euros. El análisis comparativo del coste del servicio contratado muestra que, aunque se presta por la misma empresa, en las distintas provincias existen importantes diferencias, posiblemente por la falta de homogeneidad de los criterios organizativos o de implantación presupuestaria.

Para el correcto funcionamiento del servicio, es necesario disponer de elementos accesorios como certificados digitales o equipos de usuario, que deben costearse los propios ayuntamientos, ofreciendo las Diputaciones de Burgos, Palencia y Salamanca diferentes sistemas para sufragar estos... estos costes. Las diputaciones no han recibido ninguna ayuda económica específica para financiar estos servicios, aunque sí realizan... reciben subvenciones para el sostenimiento de los SAT.

Pasamos ya a las conclusiones referidas al detalle del servicio del que disponen los ayuntamientos mencionados. Los siete ayuntamientos de la Comunidad con población entre 10.000 y 20.000 habitantes disponen en mayor o menor medida de un sistema de Administración electrónica. Los sistemas implantados cumplen con una buena parte de los requisitos que marcan las dos leyes de referencia. Únicamente Astorga presentaba un nivel global negativo al no alcanzar un resultado satisfactorio en varios de los ítems revisados.

Ninguno de los ayuntamientos dispone de la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Aunque se cumplen algunos preceptos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, las cuestiones relacionadas con el intercambio de datos entre Administraciones obtienen peores resultados. De manera generalizada, tampoco cumplen con la mayor parte de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, con la excepción de Benavente y de La Bañeza.

Sobre el coste de la transformación digital para los siete ayuntamientos, los cuatro que utilizan el sistema que proporcionan las diputaciones, de carácter gratuito, refieren coste cero o muy bajo, es decir, Béjar, Ciudad Rodrigo, La Bañeza y Santa Marta de Tormes. Los tres restantes (Astorga, Benavente y Villaquilambre) implantaron con recursos propios dichos servicios mediante contratación con una empresa antes de ser ofrecidos por las diputaciones. En concreto, los costes son 98... 98, 53 y 155.000 euros, respectivamente.

Sobre las actuaciones ante la plena entrada en vigor de la normativa sobre la Administración electrónica, los ayuntamientos tienen pendiente de implantar algunos sistemas relevantes para cumplir con los preceptos de las dos leyes de aplicación en esta materia. Entre los sistemas que no se encuentran generalizados, destaca el archivo electrónico único, que garantiza el archivado electrónico a largo plazo de los expedientes que ya no tienen soporte en papel. También registran un bajo nivel de utilización en la plataforma de intermediación de datos, que permite a los ciudadanos no aportar documentos que ya se encuentran en la Administración pública, en virtud del principio de "una sola vez".

Además, la transformación de los registros en oficinas de asistencia en materia de registro todavía no se han realizado en aspectos claves, como son, o como es la disponibilidad de medios de firmas sencillos que faciliten al ciudadano el iniciar los trámites de manera electrónica, con excepción del Ayuntamiento de La Bañeza.

Y para concluir, las últimas conclusiones se refieren a la estrategia de transformación digital seguida en los ayuntamientos. La mayoría de los siete... siete ayuntamientos analizados no ha seguido un plan definido para su transformación digital: Béjar, Ciudad Rodrigo, La Bañeza y Santa Marta de Tormes no habían realizado actuaciones hasta que la diputación comenzó a prestar el servicio; Benavente y Villaquilambre disponían de un sistema implantado años atrás; y Astorga se encontraba en un proceso de licitación cuando la diputación ofreció el servicio.

Los siete ayuntamientos han ejecutado medidas para impulsar el cambio de su funcionamiento interno al formato digital. Sin embargo, esta adaptación no se ha trasladado con la misma intensidad al ciudadano, siendo mayoritaria la ausencia de indicadores de uso que pudieran servir de alerta de sus necesidades o carencias, salvo el Ayuntamiento de Benavente.

Finalmente, conviene destacar que la transformación digital de los ayuntamientos ha sido un factor clave para mantener su actividad durante las restricciones de movilidad impuestas por la crisis sanitaria de la COVID-19, al facilitar de manera sencilla o incluso inmediata el teletrabajo de los funcionarios, el funcionamiento telemático de los órganos colegiados y la relación no presencial con el ciudadano.

Concluyo esta presentación detallando las ocho recomendaciones emitidas. En primer lugar, las referidas a las diputaciones provinciales:

Deberían regular la prestación de los servicios de Administración electrónica a los municipios menores de 20.000 habitantes, bien sea mediante la aprobación de nuevos instrumentos normativos o modificando y adaptando la normativa ya existente, referida generalmente al funcionamiento de los servicios de asistencia técnica.

En segundo lugar, las diputaciones, en atención a las ventajas que implica para los ciudadanos la prestación conjunta de servicios, deberían incrementar sus esfuerzos para impulsar la interoperabilidad de los servicios de Administración electrónica de los ayuntamientos con el resto de las Administraciones.

Como tercera recomendación, en atención al grado de implantación de los trece servicios de Administración electrónica puesto de manifiesto en este informe para cada una de las provincias, las diputaciones afectadas deben acometer las correspondientes actuaciones para su definitiva puesta en funcionamiento en los ayuntamientos de su ámbito territorial.

De manera singular, las Diputaciones de Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid deberían desarrollar acciones de apoyo a los ayuntamientos de sus respectivas provincias que lo precisen, en este sentido, para la elaboración de normativa en materia de Administración electrónica.

Por otra parte, las diputaciones deberían diseñar y poner en funcionamiento indicadores de seguimiento de la prestación de los servicios de Administración electrónica por parte de los ayuntamientos.

En cuanto a los ayuntamientos, los siete con población entre 10.000 y 20.000 habitantes, en los términos y con el alcance señalado en esta fiscalización, deben incrementar sus esfuerzos para alcanzar la plena adaptación de sus servicios de Administración electrónica a los requerimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, incidiendo de forma particular en los servicios señalados en este informe. En este sentido, las principales carencias puestas de manifiesto en este informe, referidas al archivo electrónico único, a la utilización de la plataforma de intermediación de datos y a la transformación de los registros en oficinas de asistencia en materia de registro, deberían merecer una atención prioritaria en dichas actuaciones.

Asimismo, los siete ayuntamientos deben adecuar sus sistemas de funcionamiento al cumplimiento de la vigente normativa del Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Nacional de Interoperabilidad y sobre protección de datos de carácter personal.

Y como octava y última recomendación, los ayuntamientos fiscalizados deberían adoptar las medidas oportunas para informar a los ciudadanos de las posibilidades que ofrece la Administración electrónica, impulsando la utilización habitual de dichos sistemas por parte de los vecinos y estableciendo los correspondientes sistemas de evaluación que permitan disponer de información respecto a su implantación real y a las necesidades de las Administraciones... de los administrados, perdón. Como en este caso sí ha habido un informe de seguimiento de recomendaciones aprobado con posterioridad, me referiré a él en mi segunda intervención. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas. De esta forma, abrimos ahora el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. Por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, don José Ramón García Fernández.

EL SEÑOR GARCÍA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas por este otro informe, y a todo su equipo.

Bueno, en él hemos visto que verdaderamente hay colaboración entre las diputaciones y los ayuntamientos en cuestión de organización y gestión, en este caso, en la Administración electrónica. Sí que es verdad que me ha llamado la atención pues las limitaciones que ustedes indican en... en el informe en cuanto a que el tratamiento de la información obtenida a través de los cuestionarios remitidos por las entidades fiscalizadas se ha visto dificultado en ocasiones por el retraso en la presentación de dichos cuestionarios, y, en otros casos, por la falta de respuesta de algunas de las preguntas formuladas; omisión que ha afectado con mayor intensidad a determinados aspectos que se detallan a lo largo del informe, pese a la permanente disponibilidad del equipo de auditoría para prestar la asistencia técnica en caso necesario. Sí que es verdad que a veces la Administración y ciertos organismos ven estas auditorías como un ataque en vez de como una ayuda. Y es verdad que a veces pues estas limitaciones, esta falta de... de información o... o dar la información requerida pues retrasa... retrasa los informes.

En cuanto a las alegaciones, bueno, pues se ha visto que ha habido alegaciones por parte de las Diputaciones de Palencia, Soria y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, con lo cual, bueno, pues las han tenido en cuenta.

Y bueno, ya me meto con el tema de las conclusiones. Es decir, son 41 conclusiones, repartidas en varios grupos, y en la cual destacamos, o desde nuestro grupo queremos destacar, pues el punto número 2, ¿no?, donde de las... donde las nueve diputaciones provinciales existentes en Castilla y León no todas disponen de planes o proyectos específicos para la implantación o desarrollo de la Administración electrónica en los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. Dichas carencias afectan a cinco Diputaciones, que son Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria, entre las que afirman haber realizado una planificación estratégica únicamente la Diputación de Segovia.

También queríamos destacar el punto número 3. Como norma general, las diputaciones incluyen este servicio entre los que prestan los servicios de asistencia técnica a municipios, sin que esta nueva obligación haya supuesto la creación de una estructura diferenciada para llevar a cabo. Y la Diputación de Salamanca encarga la prestación, como el resto de su actividad informática, al organismo autónomo CIPSA.

Sí que nos gustaría destacar también el punto 5 y 6, donde el punto 5, de manera general, el servicio prestado por las diputaciones se está utilizando por la práctica totalidad de los 2.232 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, el 98,3 %, es decir, en 2.194. Sí que es verdad que por los años en los que estamos hablando, donde se ..... el Informe dos mil nueve... dos mil diecinueve-dos mil veinte, pues todo lo que sean los trámites -antes hemos hablado de educación, ahora estamos hablando de Administración provincial y local-, bueno, pues ciertas gestiones y demás, pues al no poderse hacer de manera presencial, pues se ha tenido que hacer de manera electrónica.

Sí que es verdad que esto ayuda a los ciudadanos a gestionar sus... bueno, las gestiones del día a día locales y demás, pero sí que es verdad que el ciudadano muchas veces se ha visto pues un poco perdido a la hora de emplear esta... esta herramienta informática, porque muchas veces, bueno, pues aunque está a disposición de los ciudadanos, sí que es verdad que falta cierta formación para la utilización de... de las plataformas utilizadas por los ayuntamientos para la gestión del día a día de la documentación y demás. Pero bueno, es un buen dato que el 98,3, es decir, de los... de las diputaciones estén... de los ayuntamientos, de las diputaciones, estén utilizando esta... esta herramienta. Con lo cual, el punto 5, como ya he dicho, ¿no?, lo queremos destacar.

Y el punto 6, que en la mayoría de los casos el servicio se presta íntegramente sin contraprestación económica para todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Todas las diputaciones están utilizando una contratación externa del servicio, en este caso ha recaído sobre la empresa esPublico, Servicios de Administraciones, S. A.

También el punto 9, que únicamente la Diputación de Salamanca manifiesta utilizar la figura del convenio como instrumento jurídico para formalizar con los ayuntamientos la prestación del servicio de Administración electrónica.

El punto 12, con la implantación de la Administración electrónica reconocían todas las diputaciones como factor clave a la hora de superar las limitaciones impuestas por la pandemia.

Quisiéramos también destacar el punto 14, dentro del grupo sobre el detalle del servicio de la Administración electrónica prestado, en la cual, en cuanto a los cinco servicios cuya exigibilidad fue objeto en la prórroga dos de abril de dos mil veintiuno, el nivel general de prestación se ve reducido a once puntos porcentuales, al situarse, a nivel global, en el 71,11 %, afectando dicho descenso básicamente a dos... a dos servicios: el registro de empleados públicos habilitados y el archivo electrónico único, con valores, respectivamente, del 44,4 % y del 33,3 %. Bien es cierto que el resto de las prestaciones pertenecientes a este grupo de entre los afectados por la reseña... reseñada eficacia legal diferida presentan resultados considerablemente más elevados, alcanzando incluso el 100 %.

En cuanto al número 15, las diputaciones ofrecen otros servicios accesorios, pero relevantes para el éxito de la implantación de la Administración electrónica. Entre los servicios más destacados están:

Las cuatro diputaciones... prestan... cuatro diputaciones -perdón- prestan a ayuntamientos de su provincia asistencia en materias relacionadas con el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales.

Las Diputaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Segovia afirman prestar servicios a los ayuntamientos para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Y únicamente la Diputación de Burgos aporta información detallada del proceso integral que lleva a cabo, es decir, solamente la de Burgos.

Las Diputaciones de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Valladolid indican que prestan servicios para que los ayuntamientos puedan cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, consistiendo fundamentalmente en el asesoramiento y ayuda de adhesión a plataformas y servicios de la AGE.

En cuanto al punto 16, todas las diputaciones prestan asistencia a los ayuntamientos para la elaboración de normativa en materia de Administración electrónica. Adicionalmente, las Diputaciones de Ávila, Burgos, León y Zamora han elaborado modelos de normativa para su utilización por los ayuntamientos. Y las Diputaciones de Palencia y Salamanca, Soria y Valladolid no... no desarrollaron este último servicio. Nos llama un poco la atención.

Todas las diputaciones, salvo Palencia, declaran haber impartido formación para la utilización de la solución o aplicación de la Administración electrónica al personal de los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes a los que se presta el servicio. No obstante, la Diputación de Palencia incluye en el pliego de contratación el desarrollo de un plan de formación continua... continua en el aula a cargo de la empresa adjudicataria. Aquí la... lo que me he referido antes: es buena la formación -evidentemente- para todo el personal de los ayuntamientos, pero también sería bueno hacer una pequeña formación para los ciudadanos. Aparte de publicidad y de... y empujar a los ciudadanos a utilizar la Administración electrónica, sería bueno darles una pequeña formación.

¿Qué más? Sobre el coste del servicio prestado, bueno, pues nos llama la atención que con referencia al ejercicio dos mil diecinueve, el porcentaje del gasto de la prestación del servicio de Administración electrónica representó, con respecto al gasto devengado a nivel agregado por los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones, se elevó el 17,2 %. En términos absolutos, las Diputaciones de Burgos, Salamanca y Valladolid fueron las que mayores recursos destinaron a la Administración electrónica de sus ayuntamientos en el ejercicio indicado, superando los tres casos los 300.000 euros.

Hay otro punto, el 23, que durante el ejercicio dos mil diecinueve las diputaciones provinciales realizaron pagos a la empresa externa adjudicataria del servicio de Administración electrónica por un importe total de 1.270.282,27 euros. Estos pagos en algunas diputaciones son los únicos considerados asociados al coste del servicio, mientras que en otros se imputan a dicho concepto el gasto "otro tipo de prestaciones". Nos llama la atención ahí.

Y sí que quisiera destacar un punto, el punto 27. En términos relativos a coste por habitante, las diferencias siguen siendo muy significativas, registrándose en Palencia la desviación más elevada, el 75,9 % superior a la media, mientras que, en este sentido contrario, las Diputaciones de León, Salamanca y Segovia son las que presentan mayores desviaciones negativas, en todos los casos por debajo de la media de 1,4 euros, inferiores en un 49 %, 48,3 % y 37,5 %, respectivamente, al coste medio por habitante. Eso sí que nos gustaría... bueno, pues nos llama la atención y no sé qué explicación podría... podrían dar.

Las diputaciones no han recibido una ayuda económica específica para financiar el servicio, aunque sí reciben subvenciones para el sostenimiento de los SAT.

Y después sí... bueno, no me va a dar tiempo, con lo cual, sí que suscribo todas las recomendaciones que... que han hecho. Y esperemos que tanto las diputaciones como los ayuntamientos pues las tengan en cuenta, sobre todo la 2, la 4 y la 5 y la 6. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Por un tiempo máximo de diez minutos, y por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, tiene la palabra don Francisco Javier Carrera Noriega.

EL SEÑOR CARRERA NORIEGA:

Muchas gracias, señora presidenta. Saludos, señor Amilivia, y al equipo que le acompaña, como es habitual. Nos encontramos ante una fiscalización de carácter combinado. Yo creo que debe ser... no sé si será quizás la primera que veamos de estas características en... en todas las comparecencias que lleva el Consejo de Cuentas. Y es combinada porque, por un lado, se está viendo lo que... lo que es el cumplimiento de la verificación de las competencias de las diputaciones por la prestación de los servicios de Administración electrónica a ayuntamientos y municipios menores de 20.000 habitantes, y, de otro, es operativa al examinar los programas presupuestarios que se están dedicando a esa Administración y a la transformación digital.

Es una fiscalización, como bien apuntaba antes, coordinada con el Tribunal de Cuentas. Y también, como ha dicho, se determinaron dos grupos sujetos... o dos grupos diferenciados para el control: las diputaciones y un grupo de siete ayuntamientos con una población igual o superior a 10.000 habitantes e inferior a 20.000. Para esto se han fijado una serie de objetivos, que no voy a repetir, pues se encuentran en el informe y han sido citados. El ámbito de fiscalización... el ámbito temporal también se ha citado ya, determinándose 7 objetivos principales, 17 objetivos detallados y 52 criterios a analizar, que ya han sido, de alguna manera, mencionados a lo largo de la exposición del presidente del Consejo.

Se realizaron alegaciones al informe, alguna de las cuales fue admitida, dando lugar a la correspondiente modificación del informe.

Y voy a referirme someramente a lo que son las conclusiones. Si bien las 41 conclusiones distribuidas entre los ocho apartados en los que se han sistematizado tienen importancia, también hay que considerar que no es menos cierto que hay algunas que tienen mayor trascendencia y que son aquellas que luego conforman las 8 recomendaciones que emite el informe.

Hablando de la organización y planificación del servicio ofrecido por las diputaciones, es importante señalar que no todas las diputaciones tienen planes o proyectos para la implantación de la Administración electrónica para las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, y que esas carencias afectan especialmente a cinco diputaciones, y son solo dos las que cuentan con una planificación, que son la de Segovia, que aporta un documento, y Valladolid, que declara la existencia de una Estrategia Smart, territorio dos mil quince-dos mil veinte, que, curiosamente, no estaba aprobada por la diputación. Y aquí uno de los problemas que creemos esenciales para el desarrollo de cualquier acción: donde no hay planificación se va a producir improvisación; y esto nos llevará a gestionar de forma poco eficiente o bien hará que se destinen recursos que son innecesarios.

Otro aspecto destacable es la carencia de una regulación expresa del servicio de Administración electrónica a prestar en sus ayuntamientos, y aquí nos estamos refiriendo a la SAT. También es destacable que el servicio se presta sin contraprestación económica a los... a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y que solo Segovia, como bien ya se ha dicho aquí, financia a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, ofreciendo condiciones especiales a través de una oferta vinculante para el resto de las corporaciones locales.

Las diputaciones han realizado una contratación externa llave en mano, y todas las adjudicaciones han recaído sobre la misma empresa -como se ha mencionado aquí, es la empresa EsPublico, Servicios para la Administración, Sociedad Anónima-, sin que nadie haya aportado informes para fundamentar la elección del modelo concesional frente a otros. Solo la Diputación de Valladolid realizó un examen con el que ver qué necesidades debían ser cubiertas, así como las alternativas, justificando la solución por la falta de recursos humanos y materiales para optar por otra alternativa.

Sobre el detalle del servicio prestado, se informa que a treinta y uno del doce del diecinueve todas las diputaciones tenían implantados los ocho servicios de Administración que no fueron objeto de prórroga, salvo por la vacatio legis establecida por la Ley 39/2015, de uno de octubre. El grado general de implantación para esos servicios era del 81,9 %, y, sin embargo, para los otros cinco servicios que fueron objeto de prórroga el nivel de prestación se encuentra pues a 11 puntos de diferencia, en un 71,1 %, como también se ha dicho. Se ofrecen servicios accesorios, como el de cumplir con las... con la ENS o con el ENI.

Y en cuanto al análisis de la calidad del servicio prestado, solo Segovia lo hace de forma sistemática y recurrente, sin que las demás diputaciones tengan un sistema de calificación por calidad o por... o por puntos o por parámetros para ver cuál es el funcionamiento.

Sobre el coste del servicio prestado por las diputaciones provinciales, como ya se ha apuntado también, se elevó un 17,2 %, siendo Burgos, Salamanca y Valladolid las que mayores recursos destinaron. Y sí que llama la atención la falta de uniformidad de los criterios elegidos en la imputación de gastos al servicio de Administración electrónica, como también es destacable las diferencias que hay en el análisis comparativo en el coste del servicio si se pone en relación con el número de municipios atendidos y los habitantes de los municipios en los que se presta el servicio. Y aquí sería conveniente ver los cuadros que se recogen en la página 68 y 70 del informe, donde realmente se ve que esas diferencias son bastante apreciables.

Lo que no parece demasiado confiable, y que también dice el... apunta el informe, es el hecho de que exista discrepancia entre la información remitida al Consejo a través de los cuestionarios, que detecta... que detectan inconsistencias entre esa información y el comparable obtenido a través de la cuenta general de la Comunidad. Y aquí, claro, lo que... lo que ocurre es que me lleva a plantearme una pregunta, y es si las diputaciones son conocedoras de lo que cuesta el servicio que prestan, o acaso existe algún tipo de explicación que pueda darse para que se produzcan esas mencionadas inconsistencias.

Por otro lado, la falta de uniformidad a la que aludía anteriormente refleja una falta de homogeneidad ante la diferencia organizativa y de imputación presupuestaria de cada diputación. Parece una contradicción que se esté buscando la homogeneidad en la gestión administrativa de los ayuntamientos incorporando herramientas de Administración electrónica y las instituciones que ofrecen el servicio no sean homogéneas a la hora... a la forma de administrar las herramientas y sus imputaciones, de forma que algunas diputaciones no consideran como gastos asociados los pagos al concesionario y otras incorporan otro tipo de prestaciones. Es decir, hay como una especie de discrepancia entre unas y otras, que llama un poco la atención. Un poco o bastante, porque también queda bastante claramente reflejado en el informe.

Y sobre el detalle del servicio de que disponen los ayuntamientos, todos los ayuntamientos disponen de un sistema de Administración electrónica. Del estudio de los doce ítems analizados se cumplen en su totalidad cuatro, y dos de esos ítems no son cumplidos por ningún ayuntamiento, en concreto, el plan de digitalización y el del directorio geográfico de oficinas. Y sí cabe destacar que Astorga tiene un resultado global que se considera como deficiente.

Luego, sobre el cumplimiento por los ayuntamientos en aspectos relativos al ENS o al ENI o a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, se... se cumplen algunos criterios del ENI, pero el intercambio de datos entre Administraciones no queda bien parado en el informe.

Y algo que también debe preocupar, y esto sí que es importante, es la falta de cumplimiento en lo referido a la protección de datos de los ciudadanos. Pero también lo que es grave es que no haya ningún ayuntamiento que disponga de la certificación de lo que es el Sistema de Seguridad Nacional, lo cual, pues deja a los ayuntamientos, en este caso, pues digamos que a los pies de los caballos en cuanto a lo que se refiere a este aspecto.

Sobre el coste de la transformación digital para los ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes, está relacionado con el uso que se realice de los servicios ofrecidos por las diputaciones, con lo que se hace gratuito salvo para el caso de Segovia. Cuatro ayuntamientos usan los servicios de las diputaciones y otros tres tienen sistemas propios al tener implantados sistemas que parece ser son anteriores a la implantación por las diputaciones de estos sistemas. El coste para esos ayuntamientos en su conjunto es de 307.173,49 euros, mientras que para el resto de los otros cuatro ayuntamientos el coste es prácticamente cero, según dicen.

Sería deseable saber si el coste y la posibilidad técnica de migrar de sus actuales sistemas a un sistema de coste asumido por las diputaciones sería rentable para esos ayuntamientos, posibilitando la reasignación de esos recursos, de esos 307.000, a otras facetas de la gestión municipal.

Y voy concluyendo. Hay temas pendientes que son trascendentes para tener un modelo avanzado, tal como es el archivo único o el principio de una sola vez, o la aplicación del principio de una sola vez, lo que genera continuas incomodidades a los ciudadanos. Y, en ese sentido, creo que sería importante que todos, las corporaciones locales y diputaciones, avanzaran.

En cuanto a las recomendaciones, nosotros, considerando que las ochos son importantes, consideramos que son las fundamentales las que se refieren a los puntos 1, 2, 4 y 7 como recomendaciones a seguir de manera especial por parte del Consejo de Cuentas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Pedro González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Presidente del Consejo de Cuentas, señor Amilivia, saludo en nombre del Grupo Socialista. Y sirva también, traslade las felicitaciones a los ponentes y a los que han elaborado el presente Informe de Fiscalización. Fiscalización que yo creo que ha resumido usted muy bien en su intervención y que... y que, básicamente, pues mi intervención va a ser un poco parecida a la que... a la que usted ha hecho.

Una fiscalización de la implantación y gestión de la Administración electrónica en las entidades locales que fue acordada por la... por la Comisión de la Coordinación del Tribunal de Cuentas y por parte también de los órganos de control externos autonómicos. Dicha fiscalización mezcla la auditoría de cumplimiento de la legalidad y la auditoría de gestión. Verifica, por un lado, el ejercicio de las diputaciones en cuanto a sus competencias en la prestación de servicios de la Administración electrónica a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y la aplicación, por otra parte, de los ayuntamientos, de la normativa relacionada.

En cuanto al ámbito temporal, esta fiscalización abarca el ejercicio dos mil diecinueve y se extendió hasta el dos de abril del año veintiuno.

En cuanto al servicio ofrecido por las diputaciones, todas las diputaciones ofrecen el servicio de Administración electrónica -como decía anteriormente- a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes; pero hay cinco diputaciones (Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria) que no disponen de planes específicos para implantar la Administración electrónica en los ayuntamientos. Vienen gobernándolas desde hace bastantes años el Partido Popular, por lo tanto, es bastante contradictorio que ofrecen un servicio y no disponen de un plan concreto para implantarlo. Ver para creer.

Todas las diputaciones han externalizado el servicio integral, habiendo recaído todas las licitaciones en una misma empresa, lo cual llama la atención que no se aporte ningún informe o estudio para fundamentar el por qué eligen el citado modelo.

La mayoría de las diputaciones provinciales aportan, como indicadores de seguimiento de la... de la prestación, informes extraídos de la plataforma, que no proporciona una visión completa al no ofrecer datos sobre la actividad total del ayuntamiento. Sorprendente. La mayoría de las diputaciones carece de carta de servicios para ofrecer a los ayuntamientos garantías de calidad. No nos deja de sorprender tampoco. Esta es la realidad de cómo gobierna el Partido Popular en las diputaciones, ya que desde hace muchos años lo vienen considerando un cortijo particular y poco o nada les preocupa el mundo municipal.

Las diputaciones, que son el ayuntamiento de los ayuntamientos, deberían de... de suponer algo más que un título: deberían de implicarse un poco más en cuanto a la asistencia técnica que prestan a los municipios tan necesitados de esa asistencia.

En cuestiones de seguridad, como las que aquí hemos visto hoy, como las que hace mención este informe, las diputaciones provinciales mencionadas se las deben de... se lo deben tomar más en serio, ya que llevan tiempo gobernadas por el Partido Popular y supongo, imagino, creo, que no culparán también al Gobierno de España de esto, aunque cualquier cosa nos puede sorprender.

Si a las diputaciones gobernadas por el Partido Popular les da absolutamente igual lo que pasa en el mundo municipal, qué decir de la Junta de Castilla y León, que, parece ser, vive ajena a esta situación, donde lleva años prometiendo la cobertura de internet a toda la Comunidad y nunca llega. Son los secretarios de los ayuntamientos, a los cuales desde aquí hacemos un reconocimiento implícito, los que desde sus propios domicilios trabajan para sacar el trabajo adelante, y no por la ayuda de la Junta de Castilla y León.

La mayoría de los ayuntamientos no ha seguido un plan definido para su transformación digital. Los siete ayuntamientos entre 10.000 y 20.000 habitantes han ejecutado medidas para impulsar el cambio de su funcionamiento interno al formato digital. La citada adaptación no se ha trasladado con la misma intensidad al ciudadano, que es, en definitiva, quien debe... a quien se debe servir, siendo mayoritaria la ausencia de indicadores de uso que pudieran servir de alerta o de sus necesidades o carencias, excepto el Ayuntamiento de Benavente.

Desde mi grupo también consideramos que debemos de ser prudentes con este tipo de informes, no detallando las carencias que pudiera haber... que pudiera haber desde el punto de vista electrónico, sobre todo para no dar pistas a los cacos, a los malos.

Asumimos las ocho recomendaciones, que no voy a leer porque ya las ha leído el presidente del Consejo de Cuentas anteriormente, y esperamos, y deseosos, en su segundo turno de intervención, presidente, para ver cuál ha sido el seguimiento de esas recomendaciones por parte de las entidades. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don David Beltrán Martín.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Muchas gracias, presidenta. También me gustaría destacar el gran trabajo de este Informe de Fiscalización de la implantación y gestión de la Administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León. Sin duda, un informe oportuno, un informe vigente y necesario.

Destacar también, como ha dicho el señor García Fernández, esa colaboración entre las diputaciones y ayuntamientos con el Consejo de Cuentas.

Pero, sobre todo, también destacar esa fiscalización -que ha dicho el señor Carrera- de carácter combinado, de carácter operativo, de gestión y de legalidad para mejorar el funcionamiento de las Administraciones, que sin duda es pionera y coherente en el ámbito del control externo, lo que refleja el extraordinario trabajo que viene realizando el Consejo de Cuentas.

Y por no ser repetitivo, sí me gustaría resaltar cosas que se han dicho en esta Comisión: que la Administración electrónica es un camino sin retorno, la Administración es electrónica o no lo es, y que la pandemia ha sido un acelerador que ha requerido un esfuerzo y un carácter extraordinario. Sin duda, la transformación digital de los ayuntamientos ha sido un factor clave para mantener su actividad durante la COVID-19. Eso ha permitido facilitar de manera sencilla el teletrabajo de los funcionarios, el funcionamiento telemático de los órganos colegiados y la relación no presencial con el ciudadano.

Pero me gustaría destacar algo clave que ha dicho el señor Amilivia, clave para nuestro futuro, clave para el futuro de la Administración electrónica, que es que el funcionamiento interno digital de los ayuntamientos no se ha trasladado con la misma intensidad al ciudadano. Y esto es una verdad; una verdad, pues se sigue recibiendo información obsoleta en las webs municipales, con formularios sin adaptar, etcétera; y una verdad que tenemos que mejorar. Por eso es muy importante este Informe de Fiscalización y lo que aporta.

Y otra cosa que se ha dicho, muy importante, que es muy significativa que entre los elementos que mayoritariamente no se han implantado se encuentre el uso de la plataforma de intermediación de datos, que eso permitiría a los ciudadanos no aportar documentos que ya se encuentren en las Administraciones públicas. Esto sería otro grandísimo avance en el cual tenemos que avanzar y trabajar.

Yo entiendo que también no se ha nombrado, pero lo nombro, que algo muy positivo e importante que ha aportado el Ayuntamiento de La Bañeza y que... y que yo creo que tiene que ir el camino por ahí, también es la adopción de sistemas de firma biométrica, y que sobre todo en la Administración local sigue teniendo un reto muy importante en el campo de la gestión e implantación de la Administración electrónica, sobre todo los municipios de pequeña población, donde es cierto que es difícil y está pendiente de alcanzar, a pesar del esfuerzo, el gran esfuerzo que están haciendo las diputaciones provinciales para ayudar a los municipios más pequeños. Y sin olvidar que para una población envejecida como la que existe en Castilla y León, que tiene un reto demográfico claro, es necesaria también la presencialidad.

Y por aportar algo más en cuanto a una visión de futuro, yo entiendo que el objetivo de este plan, el objetivo que nos marcamos, es que la Administración electrónica desarrolle proyectos que permitan un trabajo más eficiente de los empleados públicos y una relación más accesible, segura y personalizada y proactiva para los ciudadanos y para las empresas, que también tienen una relación con los ayuntamientos. Y hemos hablado principalmente de los ciudadanos con los ayuntamientos o diputaciones, cuando las empresas también tienen que tener una relación con... con la Administración pública, sin duda.

Y lo que no hay duda también es que los cambios tecnológicos están transformando la manera de diseñar y gestionar las políticas públicas. Incluso, a futuro, no tengo duda de que habrá de que tener en cuenta la inteligencia artificial como herramienta de gestión, que permitirá tomar decisiones ahorrando tiempo y esfuerzos, predecir y simular situaciones futuras o con asistentes inteligentes -que esto puede ser muy interesante- que ayuden a la ciudadanía.

Por tanto, la Administración tiene grandes retos, retos que afrontar para dar una adecuada respuesta a la futura demanda de los ciudadanos, por lo que cobra más importancia esta fiscalización tanto del servicio ofrecido por las diputaciones como del servicio ofrecido para los siete ayuntamientos comprendidos entre 10.000 y 20.000 habitantes que se han citado (Villaquilambre, Benavente, Santa Marta de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Astorga y La Bañeza), con las importantes recomendaciones.

Sí me gustaría me respondiera, porque lo ha... lo ha dicho, pero lo ha dicho un poco de forma rápida o no he estado muy atento, en ese análisis comparativo de los costes del servicio contratado, que muestra que las diputaciones, aunque se presta por la misma empresa en las distintas provincias, existen importantes diferencias -el porqué-. Lo ha dicho un poco rápido, creo que el señor Carrera también se lo ha pedido de alguna forma, y me gustaría que nos aclarara ese punto.

Y destacar, para finalizar, pues esas recomendaciones importantes que tienen... que ha hecho a las diputaciones, que deberían regular la prestación de los servicios de Administración electrónica con nueva normativa o adaptando la existente; deberían impulsar la interoperabilidad de los ayuntamientos con el resto de las Administraciones, especialmente mediante el acceso a los servicios comunes que pone a disposición la Administración General del Estado; acometer actuaciones para completar la puesta en funcionamiento en los ayuntamientos; aplicar indicadores de seguimiento de la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos; analizar, alcanzar la plena adaptación de sus servicios a los requeridos en las leyes, tanto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; adecuar su funcionamiento al cumplimiento de la normativa del Esquema Nacional de Seguridad, del Esquema Nacional de Interoperabilidad y sobre Protección de los Datos de Carácter Personal, debiendo informar a los ciudadanos también de las posibles... de las posibilidades que ofrece la Administración electrónica, estableciendo sistemas de evaluación sobre su implantación real.

Yo creo que es un informe muy bueno, pionero, que se anticipa -como he dicho-, oportuno, vigente, necesario, que sin duda va a hacer que... que la Administración electrónica en Castilla y León siga avanzando por el camino que debe ser, que es dar un servicio a esos ciudadanos, a las empresas y a la propia gestión pública de nuestros ayuntamientos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Señor presidente del Consejo de Cuentas, para dar respuesta a las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Bien. Muchas gracias a todos por sus... por sus intervenciones y por el reconocimiento al... al informe. Y permítanme que haga un reconocimiento, una vez más, a... al señor Vidal Delgado, subdirector de Fiscalización, que es el que ha llevado a cabo yo creo que este magnífico trabajo.

Esta es una fiscalización, como aquí se ha dicho, combinada de legalidad y operativa. ¿El de legalidad? Desde el punto de vista que las diputaciones tienen la obligación legal, de acuerdo con el Artículo 36.1 de la Ley de Bases de Régimen Local y la legislación sectorial a la que he hecho mención en el informe, y otras, de prestar esos servicios, que en este momento alcanzan al 98,3 % de los ayuntamientos. Pero estamos dando una obligación legal, es decir, lo idóneo sería alcanzar ya el 100 % de los ayuntamientos. Quiero decir, porque estos matices se nos escapan, es decir, no es algo discrecional por parte de las diputaciones; es de mandato legal; de mandato legal de la Ley de Bases de Régimen Local.

Se prestan en el ámbito de los servicios de asistencia técnica a las diputaciones, de los que me han oído hablar en algún otro momento. Dice el informe que, aproximadamente, representan el 17 % del... del presupuesto de los servicios de asistencia técnica de las diputaciones, y que la cuantía está en torno a 1.276.000 euros. Es decir, los presupuestos de los SAT en las nueve diputaciones provinciales, por lo tanto, estaría en torno a los 16.000.000 de euros. 16.000.000 de euros que, además, son cofinanciados o subvencionados especialmente por la Comunidad Autónoma.

Y yo, que soy un autonomista local convencido, convencido, porque, bueno, conozco la Administración local y creo en ella, díganme ustedes si las diputaciones no podrían hacer un mayor esfuerzo económico para dotar aún más los servicios de asistencia técnica de las diputaciones, que, fundamentalmente, son sostenidos por la Administración autonómica, cuando tenemos diputaciones que, año tras año, vemos sus resultados presupuestarios y nos encontramos con que tienen remanentes de tesorería para gastos generales elevadísimos. Y cuando digo elevadísimos, en algunos casos superiores al presupuesto de la respectiva capital de provincia. Es decir, yo creo que eso requiere, por parte de todos, una reflexión.

¿Por qué el informe dice que no se sabe con exactitud las diferencias de ese presupuesto, siendo la misma empresa, en relación a unas provincias o a unas diputaciones en resto a otras? El informe hace una reflexión, y, por ejemplo, dice que no es lo mismo la estructura territorial en torno a más ayuntamientos o ayuntamientos con más habitantes, que puede ser más barata por habitante, aunque sea más cara por ayuntamiento.

Pero, en todo caso, son criterios que no son homogéneos -así lo señala el informe-, que pueden ser de carácter organizativo, que puede ser de imputación presupuestaria también, pero el dato más relevante yo creo que es que está en relación al que he dicho antes: a los Servicios de Asistencia Técnica de las diputaciones.

Y, en todo caso, como también he dicho muchas veces, las diputaciones no llevan a cabo una contabilidad analítica, es decir, no existe una contabilidad de costes, por tanto, en este caso, ese dato se puede conocer, se puede preguntar. Pero... pero también es curioso, ¿no?, que son nueve diputaciones, un mismo contrato; si uniéramos fuerzas, seguro que se conseguía optimizar, desde el punto de vista económico, los precios de ese mismo contrato. Es decir, yo creo que eso también sería algo que tendría que reflexionar la Federación Regional de Municipios y Provincias. Sin embargo, esto es autonomía local y, por lo tanto, hay que respetar plenamente la autonomía local.

Señalar también que este informe es parte de un informe publicado, de ámbito nacional, que es el informe que aprobó el Tribunal de Cuentas, y que utilizó, en este caso, la información que le facilitó el Consejo de Cuentas de Castilla y León para hacer una comparativa de la situación nacional. Es decir, sepan también, como ya lo sabemos todos los castellanos y leoneses, que aquí está aproximadamente el 95 %, en este caso concreto, de los ayuntamientos... de los 8.131 ayuntamientos que en España tienen menos de 20.000 habitantes, y que en nuestra Comunidad se encuentra el 29 % de esos. Es decir, cuando hablamos de cumplir el 98,3, estamos hablando de cumplir el 98,3 del 29 % de los ayuntamientos de España, lo cual, creo que el dato adquiere más... más fuerza, ¿verdad?

Y en ese informe, que está a su servicio, que se analiza cada una de las prestaciones que se prestan en todas las diputaciones, consejos insulares, cabildos o, en su caso, las Comunidades Autónomas uniprovinciales, se ve -y además es que es cierto- que las diputaciones de Castilla y León están al frente; están al frente en la prestación de servicios y están al frente en la asistencia de los ayuntamientos. Clarísimamente sale reforzado el papel que aquí se ha prestado por parte de las diputaciones provinciales. También, es verdad, porque posiblemente en ningún sitio son tan necesarias las diputaciones como en Castilla y León, con una estructura municipal de 2.248 ayuntamientos, mayoritariamente de escasa población.

En relación con las... con las recomendaciones, bueno, decir que hay dos tipos de recomendaciones: las que se refieren a las diputaciones y las que se refieren a los ayuntamientos.

En la lista de cumplimiento de las recomendaciones en relación con las diputaciones se considera que está en torno a un 90 %; y en relación con los ayuntamientos, bien... la valoración del Consejo, bien sea por ser tomadas en consideración, corregidas o aplicadas parcialmente, están en torno al 82 %; 82 % ayuntamientos, 90 % de las diputaciones.

Y dicho ya concretamente, en Astorga, por ejemplo, se hicieron tres recomendaciones y las tres han sido tomadas en consideración; en Béjar se hicieron tres recomendaciones y no han sido contestadas, en este caso concreto -no significa que no las hayan... no las vayan a llevar a cabo, han sido no aplicadas, no contestadas-; en Benavente también se hicieron tres recomendaciones y, de la misma manera, no han sido aplicadas o no han sido contestadas; en Ciudad Rodrigo, dos han sido tomadas en consideración y una corregida; en relación a la Diputación de Ávila, la Diputación de Ávila tuvo cuatro recomendaciones: tres no aplicadas -no contabilizadas-, una corregida... -son cinco, perdón- y una aplicada parcialmente; la Diputación de Burgos, dos corregidas, una aplicada parcialmente y otra tomada en consideración; la Diputación de León, tres corregidas y una aplicada parcialmente; la Diputación de Palencia, que tenía seis recomendaciones, las seis corregidas; la Diputación de Salamanca, dos corregidas, una aplicada parcialmente y una no corregida, pero tomada en consideración; Diputación de Segovia, las cuatro corregidas; Diputación de Soria, dos aplicadas parcialmente y tres corregidas; Diputación de Ávila... de Valladolid, perdón, tres corregidas, una aplicada parcialmente y otra tomada en consideración; y Diputación de Zamora, finalmente, dos tomadas en consideración y dos corregidas.

Me faltaban los Ayuntamientos de La Bañeza, sobre tres recomendaciones -igual que los demás-, dos corregidas, una aplicada parcialmente; Santa María de Tormes, dos aplicadas parcialmente... Santa Marta de Tormes, dos aplicadas parcialmente, una corregida; y Villaquilambre, tres aplicadas parcialmente.

Es decir, yo creo que el... que el grado de aceptación de las recomendaciones es muy elevado. Y yo creo que se puede manifestar la satisfacción del Consejo en este sentido. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas. Iniciamos de esta forma en turno de réplica, y por un tipo máximo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, don José Ramón García Fernández.

EL SEÑOR GARCÍA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente recalcar el agradecimiento al presidente del Consejo de Cuentas, señor Amilivia, y a todo ese equipo por este informe; recalcar que las recomendaciones sería muy interesante que todas las diputaciones y los ayuntamientos las tuvieran en cuenta; y recalcar que, si se puede evitar la duplicidad de información en la Administración e informar y formar a los ciudadanos sobre las ventajas de la Administración electrónica pues sería mucho mejor. Con lo cual, muchísimas gracias por este informe. Y nada más que añadir. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra don Francisco Javier Carrera Noriega.

EL SEÑOR CARRERA NORIEGA:

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amilivia, por su respuesta, pero hay alguna cosa que no me queda del todo clara. Por ejemplo, en el tema que comentábamos de las inconsistencias de información que se recogían en el informe en relación a lo que habían respondido las diputaciones y lo que se podía sacar de la cuenta general de la Comunidad, no me queda claro si... si esas discrepancias que se producen es porque las diputaciones no mandan bien la información o desconocen realmente qué es lo que están gastando; porque si se les manda un cuestionario en el que se supone que tienen que poner unos datos que son objetivos, y luego en la cuenta general se contabiliza de alguna manera ese mismo gasto, pues tendría que ser coincidente. Entonces, ¿a qué se debe esa inconsistencia que el informe refleja? Esta es una primera... una cuestión que no me ha quedado clara.

Y una segunda cuestión. Estoy completamente de acuerdo con... con usted en que, efectivamente, la unión hace la fuerza. Y, en este caso, pues si se pudiera realizar la unión de las diputaciones en el sentido de que pudieran ir juntas a contratar con el mismo proveedor de servicios, posiblemente pudieran realizar mayor... una mayor fuerza ante él para obtener un mayor precio... o un menor precio.

Sin embargo, hay otra cosa que también me llama la atención, y es que, por ejemplo, antes hablaba de que la causa de las diferencias de precio podrían estar en que las diputaciones, por cuestiones de territorio o cuestiones de habitantes, se pudieran... pudieran tener una... esas diferencias, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que, por ejemplo, la Diputación de Palencia es la que tiene un importe anual mayor en el año dos mil diecinueve, por 201.367,7 euros, siendo una de las provincias más pequeñas. Esto hace que su coste por habitante sea de 2,4 euros, el coste por municipio de 1.059, frente a diputaciones que, homogéneamente, como la de Palencia, como podría ser -vamos a suponer- Soria y Ávila, los costes están en 1,9 por habitante y en 1,8. Es decir, hay diferencias sustanciales en lo que se refiere al coste por habitante.

Entonces, es decir, que, efectivamente, el argumento que usted nos estaba dando de que, posiblemente, al... o a un servicio contratado que es homogéneo con diferentes precios, pues haya que hacer algo que tenga... sí, habrá que respetar la autonomía de las diputaciones y la autonomía municipal, pero, evidentemente, es dinero de los contribuyentes que se está yendo a pagar un servicio que es homogéneo para todos. Entonces, desde ese punto de vista, sí me gustaría también hacer la matización correspondiente.

Y también, en este mismo sentido, pues recalcar el tema de la homogeneidad, que es un poco la misma idea en la que estaba hablando hace un momento. Es decir, es necesario que la información que se aporte sea homogénea para que sea igualmente comparable. Porque si cada diputación, cada municipio, da un modelo de información distinta o registra de manera... de manera diferente aquellos datos que tiene que consignar, pues evidentemente va a ser difícil obtener una comparación de los... de esos mismos datos, o por lo menos va a costar más extraer esos... esos datos de cara a elaborar estadísticas que sean esenciales, como esta, para poder analizar cuál es el nivel de... de eficacia y de eficiencia de las Administraciones.

Y por mi parte, nada más. Espero su respuesta en el próximo turno. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra don Pedro González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidenta. Sí, señor Amilivia, reitero las felicitaciones de... de mi grupo al informe que ha presentado. Creo que usted ha dado la clave en esta segunda intervención que ha tenido, que esto es una obligación legal por parte de las diputaciones, la prestación de este servicio, que no están haciendo nada extraordinario, y que, por lo tanto, si en alguno de los casos en las recomendaciones pone, o deja manifiestamente claro, la dejación que tiene en esa prestación, pues está yo creo que incumpliendo doblemente esa... Lo que pasa que las diputaciones pues en... en Castilla y León hemos visto como el Partido Popular las ha usado pues eso, como decía anteriormente, como un cortijo muy particular, y servía para otras cuestiones que no eran las que debieran de servir.

Hablaba usted también y decía que veía en algunos casos como había un exceso de remanentes por parte de las diputaciones. Pues yo creo que la... la clave la ha dado usted también, y nosotros nos... nos hacemos eco de ello, ¿no?: cuando se está a otra cosa y no a prestar servicios a los ciudadanos y a los municipios, pues es lo que tiene estas circunstancias o estas situaciones.

Hablaba también de que si hubiesen ido a esa central de compras o esa compra conjunta en el sentido de la empresa adjudicataria, que es la misma para la totalidad de las diputaciones... Claro que, conociendo cómo funciona el Partido Popular, pues a saber quién está detrás de esta empresa, ¿no? La verdad es que, como ya les conocemos, pues preguntaremos, preguntaremos a ver quién está, que seguramente será algún amigo o algún conocido o algún favor que tendrá que... [Murmullos]. (No se ponga nerviosa; estese, tranquila, hombre. Se pone muy nerviosa). Digo que... que, conociéndoles los quehaceres del Partido Popular, pues cualquier cosa nos puede sorprender, o no nos puede sorprender, que recaiga siempre en una misma empresa. Nada más, presidente. Felicitaciones de nuevo. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra don David Beltrán Martín.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Muchas gracias, presidenta. Agradecer al señor Amilivia las respuestas e interesantes reflexiones, donde también ha puesto de manifiesto que Castilla y León es un ejemplo y el esfuerzo que hacen las diputaciones es un ejemplo en toda España.

Felicitar, desde el Grupo Parlamentario Popular, al Consejo de Cuentas y a todo su equipo por este pionero y extraordinario trabajo. Y animarles, animarles a seguir trabajando en esta dirección, porque, sin duda, los cambios tecnológicos están transformando la manera de diseñar y gestionar las políticas públicas. Sin más, muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Muchas gracias. Para finalizar este segundo punto del orden del día, tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Bien. Muchas gracias a todos otra vez por sus intervenciones. Y voy a intentar contestar a alguna cuestión que aquí se ha suscitado, si bien el contenido del informe es el contenido del informe, y, por lo tanto, yo no me puedo salir del contenido estricto del informe.

¿Las discrepancias en relación a las distintas comparativa de costes por las diputaciones? Pues mire, lo tienen ustedes en el cuerpo del informe, en las páginas 70 y 71, una explicación que señala el coste anual por municipio, desviación del coste medio por municipio, coste anual por habitante, desviación del coste medio, total importe anual dos mil veinte, municipios... Es decir, hemos intentado comparar lo que posiblemente no es homogéneo, para dar datos. Tengan en cuenta que nosotros desconocemos la relación contractual concreta y los servicios que cada diputación, en el ámbito de su derecho, ha suscrito con la empresa adjudicataria. Es decir, puede ser que alguna tenga, y de hecho es así, servicios adicionales.

Pero, evidentemente, el informe lo que viene a decir es: mire usted, no es uniforme -que es lo que dice el informe-, porque los criterios elegidos por la diputación... diputaciones correspondientes en la imputación presupuestaria correspondiente no son homogéneos. Luego si es que esa es la conclusión del informe. La pregunta es la... es la conclusión del informe. Evidentemente, los datos no son homogéneos y, por lo tanto, no es fácil determinar el coste de estos servicios. En todo caso, se apuntan, en este caso, problemas organizativos, problemas de imputación presupuestaria, problemas de tamaño de los municipios, problemas de los... de los habitantes... número de habitantes atendidos y, en todo caso, como decía, la propia relación contractual, que puede ser diferente en función de cada diputación que lo haga.

Evidentemente, la autonomía local hace imposible pensar que se hiciera un contrato conjunto para todas las diputaciones, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de la Federación Regional de Municipios y Provincias se podría avanzar en pliegos conjuntos, en trabajos en esa línea que permitieran, posiblemente, mejorar. La empresa es la empresa Gestiona, esPúblico Gestiona. Es decir, es una empresa que, hoy por hoy, realmente, pues como todos saben, presta servicio a casi todas las Administraciones.

¿Y las discrepancias? Hombre, el informe debe estar al cuestionario, como es natural; pero es cierto que el informe demuestra su seriedad al contrastar el cuestionario con la cuenta general rendida por cada corporación local; cuenta que, como saben, es responsable de presentarla el presidente de la entidad correspondiente, pero que elabora la Intervención. Y que yo, obviamente, creo que, si hay una discrepancia entre el cuestionario y la cuenta general rendida, deberíamos -y aquí sí se ha hecho por parte del informe- ponerlo de manifiesto, porque la cuenta general rendida no deja de ser un documento público, ¿eh?, un documento público parte de la rendición de cuentas.

Pero yo creo que la... el resumen de todo que lo acabo de decir en mis varias intervenciones es que este informe aporta mucha luz sobre el funcionamiento de la Administración electrónica, aporta mucha luz sobre cómo se financia la Administración electrónica en los ámbitos de algo tan útil para las diputaciones como es el Servicio de Asistencia Técnica a las diputaciones, que en la práctica se está convirtiendo ya en la expresión de un ayuntamiento de ayuntamientos. En mi caso concreto, yo apostaría por fortalecer aún más los servicios de asistencia técnica de las diputaciones y en el avance tan relevante que ha tenido Castilla y León, que, significando nosotros el 29 % de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, estamos consiguiendo, o han conseguido las diputaciones, mejor dicho, que el 98,3 % de los ayuntamientos estén recibiendo esos tipos de prestaciones, con las dificultades que todos conocemos.

Cuando ahora nos marchemos cada uno a nuestras casas, en la... en la gran Comunidad Autónoma de la que formamos parte, su extensión territorial, deberíamos ir pensando: hasta aquí, hasta aquí, hasta este ayuntamiento, hasta aquel otro está llegando la... la Administración electrónica, con sus prestaciones tan complejas. Es decir, estamos llegando hasta ahí, lo cual demuestra que la Administración electrónica, como decía antes, es un camino sin retorno -si no, no hay Administración electrónica-, pero que está permitiendo cohesionar, consolidar, un territorio tan extenso y tan complicado para prestar servicios como es el territorio de Castilla y León. Por mi parte, nada más. Y muchas gracias a todos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VALLEJO QUEVEDO):

Gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas. Finalizado el debate, y de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el veinticuatro de abril a las catorce horas.

Y, señorías, concluido el debate del orden del día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo el trabajo y la presencia del excelentísimo señor don Mario Amilivia González, de sus consejeros y del resto de su equipo técnico, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos].