DS(C) nº 218/11 del 11/9/2023

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Señorías, buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Los grupos parlamentarios han de comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Parlamentario Socialista?

LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:

Sí. Buenas tardes. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Consolación Pablos sustituye a Pedro González Reglero.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!?

LA SEÑORA GALLEGO GONZÁLEZ:

Sí. Gracias, presidente. Por parte de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego en sustitución de Ramón... José Ramón García.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA ESTEBAN AYUSO:

Sí. Gracias, señoría. Buenas tardes. Don Pedro Antonio Heras Jiménez en sustitución de doña Mercedes Cófreces Martín.

Elección Presidencia

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Muchísimas gracias. Pasamos, entonces, al primer punto del orden del día, que sería la Elección del presidente de la Comisión.

Al haber quedado vacante la Presidencia de la Comisión, es preciso proceder a cubrir este puesto. De conformidad con lo previsto en los Artículos 40.3 y 34 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, para resultar elegido presidente en primera votación es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Comisión. Si ningún grupo parlamentario se opone, y siguiendo el precedente establecido para la elección de la Mesa de esta Comisión en su sesión constitutiva, efectuaremos la votación a mano alzada. ¿Algún grupo parlamentario desea presentar candidato para ocupar la Presidencia de la Comisión? ¿Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA ESTEBAN AYUSO:

Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Popular propone a don José Alberto Castro Cañibano.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

¿Algún otro grupo parlamentario? Perfecto. Procedemos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor de la candidatura del procurador don José Alberto Castro? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con un resultado de diez votos a favor y ocho abstenciones, y ningún voto en contra, queda nombrado presidente de la Comisión don José Alberto Castro.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias a todos por su apoyo. Con el deseo de hacerlo por lo menos igual de bien que mi antecesora, la señora Vallejo, pues uno establece y recibe este momento con... con honor y con... y con gusto.

Y, ¿cómo no?, le damos una vez más la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas. Don Mario, está usted en su casa, y es siempre un honor y un placer tenerle aquí con... con nosotros.

Para el primer orden del... punto del orden del día, tiene... tiene la palabra el señor vicepresidente para que lea el oportuno punto del orden del día. Gracias.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, presidente. Segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe "Fiscalización de la contratación pública, vinculada a la COVID-19, celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio dos mil veinte".

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Para la presentación de este informe, tiene la palabra don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muy buenas tardes a... a todos y a todas. Sean mis primeras palabras para expresar mi felicitación al... al nuevo presidente de la Comisión de Hacienda, a mi viejo amigo Alberto Castro; y mi reconocimiento a la expresidenta Paloma Vallejo, que ha hecho una gran labor. Y, al mismo tiempo, saludarles a todos tras este paréntesis -entre comillas- "vacacional" que nos vuelve a convocar hoy precisamente para hablar algo que parece olvidado, pero que, evidentemente, si lo analizamos profundamente, está muy presente en nuestras vidas, que fue el... el COVID-19.

Como estaba diciendo, hoy voy a presentar dos informes: uno de la fiscalización de la contratación pública vinculada al COVID-19 y otro de la fiscalización de la contratación administrativa celebraba en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio dos mil veintiuno, que algo tiene también que ver todavía con el... la famosa pandemia del COVID-19.

Las dos fiscalizaciones corresponden al departamento que dirige el consejero Miguel Ángel Jiménez, y han sido realizadas con la coordinación técnica del subdirector, Pedro San Miguel. A los dos quiero hacer también un expreso reconocimiento por lo que yo considero un gran trabajo.

Ambos informes fueron aprobados el pasado mes de diciembre, quedando únicamente, desde el punto de vista del año dos mil veintidós, tres informes pendientes de comparecencia, también aprobados, precisamente, en este mes de diciembre... ese mes de diciembre, que pueden ser objeto de las próximas comparecencias, en su caso, como también lo pueden ser las cinco fiscalizaciones aprobadas ya en dos mil veintitrés, sin perjuicio de que en los próximos meses se irán aprobando pues ya a un ritmo muy creciente distintos informes.

En cuanto al estado del resto de las actuaciones, 15 fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual de dos mil veintidós -como decía- se encuentran en su última fase de elaboración, estando prevista su aprobación en los próximos días. Y, por otro lado, progresivamente se van acometiendo las actuaciones de 28 informes del Plan dos mil veintitrés. En suma, 51 informes en diferentes momentos de tramitación.

Así, hasta la fecha, durante el presente mandato he tenido la oportunidad de comparecer en esta Comisión de Economía y Hacienda en 41 ocasiones, con un total de 112 auditorías presentadas, lo que representa ya el 41 % de la serie histórica.

El Consejo de Cuentas entregó el pasado diecinueve de diciembre en estas Cortes el Informe de Fiscalización de la contratación de la Administración autonómica vinculada a la COVID-19 durante dos mil veinte, es decir, el primer año de la crisis sanitaria.

En este caso, el informe se enmarca en el ámbito de la colaboración establecida con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos para analizar los efectos de la pandemia. Sin perjuicio de todo ello, el Tribunal de Cuentas solo ha hecho público el informe relacionado con aquellas Comunidades Autónomas que adolecen de un órgano de control externo. Y, asimismo, dicho informe fue planteado en el Pacto para recuperar... para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla León suscrito en dos mil veinte, fruto de un amplio consenso parlamentario.

El propósito de este trabajo ha sido la realización de una... de una fiscalización de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia suscritos en dos mil veinte por la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma como consecuencia de la crisis sanitaria. El ámbito subjetivo de la fiscalización lo constituyen las entidades que forman parte de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, es decir, todas las Consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado. Así, se han verificado la adecuada formalización y... tramitación y registro conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de ocho de noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás normativa de aplicación.

Dentro del marco normativo, cobra singular relevancia, por la propia naturaleza del informe, la tramitación de emergencia establecida en el Artículo 120 de la Ley de Contratos y lo regulado en el Artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de doce de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Las comprobaciones realizadas se concretan en los siguientes tres aspectos: en primer lugar, el cumplimiento de la obligación de comunicar estos contratos al Consejo de Cuentas mediante su remisión al Registro Público de Contratos de Castilla y León; en segundo lugar, el cumplimiento de la normativa en materia de preparación y adjudicación de los contratos en relación con la justificación de la necesidad de contratar y de la utilización de la tramitación de emergencia, el cálculo del presupuesto base de licitación y el contenido de los pliegos; por último, se han verificado las obligaciones legales referidas a las fases de ejecución, cumplimiento, recepción y liquidación de las prestaciones objeto de los contratos suscritos.

El análisis correspondiente a la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales más significativos en los procedimientos de contratación se realizó sobre una muestra representativa de 100 expedientes, de los que 73 figuran en el Registro Público de Contratos de Castilla y León, por un importe de 96.173.537,08 euros y otros 27 contratos no incluidos en dicho registro, por una cuantía de 20 millones de euros, porcentualmente... o sea, ponderadamente.

En la selección de la muestra, entre otros criterios, se han incluido expedientes de todas las entidades, de todos los tipos, bien sea de servicios, obras o suministros, los de mayor importe; expedientes correspondientes a los contratistas que han obtenido las adjudicaciones más importantes; contratos de emergencia no suscritos en los momentos iniciales de la crisis; expedientes que no figuran en el Registro Duero o contratos con empresas no comunitarias. El órgano de contratación con mayor peso de la muestra es la Gerencia de Salud, con 75 expedientes, que suman un importe de 90.613.937,78 euros.

Antes de explicar el resultado de los trabajos, es preciso señalar -como suelo hacer habitualmente- que no han existido limitaciones, pero que, no obstante, la aportación de una gran cantidad de documentación en el trámite de alegaciones, que había sido previamente solicitada, ha generado retrasos en la elaboración del informe. En todo caso, las modificaciones a las que han dado lugar las alegaciones figuran reseñadas en el informe con anotaciones a pie de página. Es decir, las alegaciones han sido muy contradictorias, se han producido con mucho retraso, y cierto es que han dado lugar incluso a lo que se podría llamar la elaboración de un nuevo informe, en algunos supuestos.

Entrando ya con los aspectos concluyentes de la fiscalización, comenzaré señalando que, en opinión del Consejo de Cuentas, la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable en la tramitación de emergencia, en la contratación pública vinculada a la COVID-19, adjudicada en el ejercicio dos mil veinte, excepto por determinadas salvedades que detalla el informe, y que... y que quedan referidas a cinco de las quince conclusiones.

Las dos primeras conclusiones analizan la comunicación de los contratos. En el Registro Público de Contratos de Castilla y León, soportado por la aplicación Duero, figuran registrados en el año dos mil veinte un total de 842 expedientes tramitados por procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207.039.063,98 euros. No obstante, la información que ofrece el Registro no permite diferenciar aquellos que tienen su causa en actuaciones de emergencia relacionadas o no con la pandemia. Las importantes diferencias existentes entre los datos proporcionados por el registro público y los obtenidos de otras fuentes impiden la obtención de información fiable sobre el número de contratos y sus importes totales; y, por otra parte, también impide dificultades sobre sus diferentes desagregaciones por órganos de contratación, por clase de contrato o por objeto, de los tramitados como emergencia por la pandemia.

También da lugar a una deficiente cumplimentación de la obligación de comunicar al Consejo de Cuentas la información sobre estos contratos. En este sentido, la contratación que figura en el registro público es inferior, tanto en número de contratos como en importe, respecto a la que incluye el portal de datos abiertos de la Comunidad. En ese sentido, se han detectado unas diferencias totales de 354 contratos, lo que supone un 29,6 % menos, y 49.497.298,51 euros, es decir, un 18... un 18,9 % menos.

En el portal de datos abiertos de la página web de la Junta de Castilla y León se han identificado 573 contratos de emergencia vinculados a la COVID-19, por importe de 72.550.000 euros -redondeando-, que no figuran en el registro. Por contra, se han incluido en el registro público 232 contratos de emergencia, por importe de casi 39 millones de euros, que no figuran en la relación del portal de datos abiertos.

El siguiente bloque, de nueve conclusiones, es el relativo a la preparación y adjudicación de los contratos. Con carácter general, los órganos de contratación justificaron la necesidad de los contratos y acreditaron mayoritariamente la relación de dichos contratos con las medidas adoptadas por la pandemia, según lo que establece el Artículo 26 de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, nueve contratos, aunque pudieran quedar amparados formalmente por la normativa de medidas urgentes aplicadas por la pandemia, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta su adjudicación o sus plazos de duración, son incompatibles con la situación de emergencia. Concluye el informe que una adecuada planificación hubiese permitido procedimientos menos restrictivos de la competencia.

Con carácter general, se justifica la tramitación de emergencia, salvo en dos casos, en los que la necesidad parece surgir con anterioridad a la situación creada por la COVID-19 o bien no tiene relación con esta, pero se aprovecha esta circunstancia para acelerar la adjudicación de los contratos, lo que incumple, desde nuestro punto de vista, la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 12.

Se ha llevado a cabo una amplia reforma del edificio Rondilla, que forma parte del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con la adjudicación de cerca de cien contratos de emergencia, sobre la base de un proyecto global. Se ven afectados por esta situación nueve contratos de la muestra; algunos de ellos por el tiempo transcurrido para su adjudicación o por no corresponder a medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19, y entendiendo que no se corresponden, en este caso, con la necesidad de actuar de manera inmediata, establecida en la normativa específica sobre la pandemia.

Sobre el examen de la orden de adjudicación y ejecución de los contratos, podemos señalar que, con carácter general, en la documentación que establece la declaración de emergencia y la orden de adjudicación-ejecución se especifican los antecedentes y los principales elementos que identifican cada contrato. Aunque hay que señalar que en la mayoría de los expedientes no consta un cálculo previo por parte del órgano de contratación para la determinación del precio; estos contratos que acepta la propuesta u oferta formulada por la misma empresa a la que posteriormente se encomienda la ejecución del contrato.

En veintiún expedientes, de los que diecisiete son de la Gerencia Regional de Salud, no se define con precisión el objeto del contrato en la orden de ejecución-adjudicación, quedando sin concretar parte de sus prestaciones o sin determinar de forma precisa, siendo necesario para ello acudir a otra documentación para su conocimiento. No consta, por otra parte, la designación de un responsable del contrato en los expedientes de la Consejería de Sanidad, ni en los de la Gerencia... de la Gerencia de Servicios Sociales ni en la mayor parte de los tramitados por la Gerencia Regional de Salud. Estas tres últimas incidencias, precisamente, constan como salvedades en la opinión emitida por el Consejo de Cuentas.

El cumplimiento por los órganos de contratación de los principios de buena gestión en la tramitación de los expedientes se ha visto condicionado, en la mayor parte de los contratos, por la urgencia extrema de las medidas a adoptar. En este sentido, en 71 expedientes no hay constancia de haber solicitado o promovido algún tipo de concurrencia o negociación previa entre los posibles adjudicatarios; concurrencia o negociación que hubiera permitido la obtención de ofertas más ventajosas según las condiciones del mercado.

En once contratos no hay constancia de haberse realizado ninguna actividad por parte de los órganos de contratación tendente a identificar la solvencia y capacidad de los adjudicatarios.

En seis contratos suscritos por la Gerencia Regional de Salud con empresas de nacionalidad china no hay constancia de la existencia de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de aptitud para poder contratar con las Administraciones públicas españolas.

Sobre la formalización de los contratos, en 47 expedientes no consta la elaboración de un documento suscrito por ambas partes distinto del documento de declaración de emergencia en el que se concretaran, en su caso, los respectivos derechos y obligaciones, una vez que las circunstancias excepcionales lo permitieran. En este sentido, es criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la conveniencia de formalizar los contratos de emergencia una vez afrontadas las actuaciones inaplazables.

Sobre la publicidad de los contratos, en relación con la obligación de publicación en el perfil del contratante de la adjudicación y formalización de los contratos de emergencia, se ha realizado la publicación de la adjudicación, pero no de la formalización, en veinticinco contratos, y solo consta la publicación de la formalización en 7. De los contratos sujetos a regulación armonizada, no hay constancia de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en once expedientes: dos contratos de la Consejería de Educación y nueve de la Gerencia Regional de Salud.

Por otra parte, no se acredita haber dado cuenta a la Junta de Castilla y León de los acuerdos relacionados con seis contratos de la Gerencia Regional de Salud ni de las ampliaciones de gasto posteriores a la orden de adjudicación y ejecución de otros dos. Estos incumplimientos en la publicidad de los expedientes también figuran como salvedades en la opinión emitida por el Consejo de Cuentas.

Las cuatro últimas conclusiones analizan la ejecución y extinción de los contratos. En cuanto a la ejecución, en diecisiete expedientes no figura un plazo de inicio dentro del mes siguiente a la adjudicación. En dos, la propia resolución de la adjudicación señala un plazo de inicio superior al legalmente establecido. Y en otros dos, la efectiva ejecución se inició con posterioridad a este plazo.

En trece contratos no se establece en el documento de adjudicación el plazo de ejecución. En otros diecinueve contratos, estando determinado el plazo, no se cumplió. Y dos expedientes no documentan el efectivo cumplimiento del plazo.

Finalmente, sobre el cumplimento de los contratos, otra salvedad que refleja la opinión: en un total de veintitrés expedientes, que consta la firma electrónica del secretario general o certificados para determinar la conformidad de las prestaciones recibidas, no se han realizado actas de recepción o certificados de conformidad de cumplimiento de la totalidad del objeto. En otros seis expedientes, en los que sí existe, se aprecian otras incidencias.

Por último, en el cumplimiento de diez contratos adjudicados por la Gerencia Regional de Salud se han detectado diferentes incidencias que afectan a su ejecución, sin que en algunos casos pueda determinarse si corresponden a incumplimientos, retrasos en la ejecución o a la deficiente documentación de las actuaciones realizadas existentes en los expedientes.

Como consecuencia de las conclusiones y opinión que acabo de exponer, el Consejo de Cuentas llevó a cabo seis recomendaciones. Hay que entender que son recomendaciones hechas en el contexto de la pandemia, que esperemos que nunca más se vuelva a... a repetir.

En primer lugar, la Administración autonómica debe registrar adecuadamente todos los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia en el Registro Público de Contratos de Castilla y León, depurando los datos existentes sobre la contratación que tienen su causa en la pandemia, permitiendo la obtención de informes... de información fiable sobre los contratos adjudicados y sus importes totales, y de sus diferentes desagregaciones por órganos de contratación, clase de contrato, objeto y adjudicatarios.

En segundo lugar, la declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución deben contener las declaraciones necesarias que permitan identificar todos los elementos básicos del contrato, como su objeto, precio, plazos y adjudicatario.

Por otra parte, la Administración de la Comunidad debería promover algún tipo de concurrencia o de negociación previa entre las posibles empresas interesadas y comprobar sus condiciones de capacidad y solvencia, siempre que dichas actuaciones sean compatibles con la atención inmediata de las necesidades planteadas.

En la cuarta recomendación se plantea que, en los expedientes adjudicados por el procedimiento de emergencia, los órganos de contratación, en su caso, deben formalizar un documento, suscrito por ambas partes, donde se concreten los respectivos derechos y obligaciones, una vez que se hayan adoptado las medidas iniciales de carácter perentorio.

Asimismo, la Administración de la Comunidad debe cumplir las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos de emergencia, y dar cuenta a la Junta de Castilla y León de los acuerdos relativos a estos contratos en la forma precisamente establecida en la normativa.

Finalmente, los órganos de contratación deben vigilar el estricto cumplimiento de los contratos en sus propios términos, evitando demoras en los plazos de inicio y de ejecución, que son incompatibles con la situación que se pretende afrontar, y documentar adecuadamente su total cumplimiento mediante las certificaciones de buena ejecución o actas de recepción precisas.

Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, presidente. Se abre un turno de intervenciones por parte de los grupos políticos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el procurador don Juan Pablo Fernández Santos, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidente. En primer lugar, como siempre, agradecer al señor Amilivia y a todo su equipo la elaboración de esta... de esta fiscalización, de este informe de fiscalización, y agradecer la extraordinaria e ingente tarea que... que realizan.

En cuanto al informe en sí, hay que... evidentemente, todo el informe está condicionado por la situación absolutamente excepcional y extraordinaria que se vivió como consecuencia de... de la pandemia. Y, bueno, en primer lugar, remarcar que... que también el hecho de que se produjesen numerosas alegaciones conllevó un retraso importante en... en la elaboración del informe.

En cuanto al cumplimiento por parte de la Administración autonómica, bueno, pues un cumplimiento -como bien ha dicho el señor Amilivia- razonable. Usted ha dicho "excepto determinadas salvedades". Bueno, yo creo que... que se puede utilizar otro... otro eufemismo: que la Administración autonómica ha cumplido; pero creo que también se han producido numerosas -no sé si llamar- irregularidades o, desde luego, que la Junta de Castilla y León, en algunas materias, no... no se ha ajustado al procedimiento que debía haber llevado a cabo. Por ejemplo, en cuanto a la comunicación de... de contratos, a nuestro juicio, hay bastantes deficiencias en cuanto a... en cuanto a la comunicación de los mismos.

En cuanto a la preparación y adjudicación de los contratos, constatar que hay nueve contratos que son incompatibles con la situación de emergencia. Y yo creo que esto, bueno, pues es una cuestión a mejorar, y que la Junta de Castilla y León no debía haber incurrido en... en algo así.

También creemos que pone de manifiesto que se puede evidenciar una falta de adecuada planificación en cuanto a la preparación y adjudicación de los... de los contratos por parte de la Administración autonómica.

En cuanto a la, por ejemplo, orden de ejecución de los contratos, en numerosas ocasiones no existe un cálculo previo del órgano de contratación para el cálculo del precio de los contratos. Y en 71 expedientes no hay... en 71 expedientes no hay... no hay una explicación o no se... no se oferta una... no hay una concurrencia competitiva entre los diferentes adjudicatarios, lo cual redunda en tener precios menos competitivos a los que... a los que deberían haber sido.

En cuanto a la publicidad de los contratos, solo consta la publicación de la formalización en siete contratos. Y, por ejemplo, en cuanto a la ejecución de los... de los mismos, en diecisiete expedientes no consta el plazo de inicio de ejecución o, por ejemplo, en dos ese plazo de ejecución es superior al legalmente establecido. Yo creo que todas estas incidencias pues evidencian o revelan que -como digo- el cumplimiento por parte de la Administración autonómica, por parte de la Junta de Castilla y León, pues tiene... tiene lagunas y tiene aspectos negativos, en los que no se ha ajustado a la legalidad... a la legalidad vigente.

En cuanto a las recomendaciones, pues, evidentemente, suscribimos todas y cada una de las recomendaciones; eso sí, esperando y deseando que las mismas no tengan que volver a llevarse a efecto, porque esperemos que jamás volvamos a afrontar una situación tan tremenda como la acaecida a raíz de... de la crisis de la COVID-19.

Así que esperemos que la Junta de Castilla y León, insisto, teniendo en cuenta y considerando que afrontaba una situación verdaderamente excepcional, auténticamente anómala y a la que nunca se había enfrentado, pues entendemos que por la... por esa misma situación no ha podido haber un cumplimiento estricto de la normativa. Pero, insisto, creemos que hay lagunas y puntos negativos importantes y reseñables y remarcables en la actuación de la Junta de Castilla y León. Esperando que de toda... de toda esta situación se saquen las... las adecuadas consecuencias y deseando, insisto, que no tengan que llevarse a efecto las recomendaciones reseñadas por el Consejo de Cuentas, pues únicamente volver a agradecerle el... el informe. Y nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Gracias, señor Fernández. Por el turno del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, tiene la palabra la procuradora doña Alicia Gallego González, por un tiempo de diez minutos.

LA SEÑORA GALLEGO GONZÁLEZ:

Gracias, presidente. Pues buenas tardes, señorías. Bueno, pues agradecer las explicaciones que nos ha dado el presidente del Consejo de Cuentas, el señor Amilivia, porque creo que... que, al final, estos informes pues dan luz a lo que ha sucedido y a lo que hemos sufrido todos como consecuencia de la pandemia y el COVID-19, donde las Administraciones, pues efectivamente, se han encontrado en un momento duro, desconcertante, para poder afrontar muchas veces los problemas que... que surgían en el día a día, y que, efectivamente, bueno, pues han tenido que adoptar ciertas medidas a través de las vías legales, como eran estos contratos de emergencia.

Es cierto que la labor que se hace por parte del Consejo de Cuentas, pues se habla de esa... de ese ámbito al que afecta, el ámbito objetivo, subjetivo. Y, efectivamente, lo que, bueno, pues en el análisis que se ha hecho por parte del mismo sí que puede sorprender pues como, a veces, si no un abuso, sí que hay una cierta utilización, a veces, que se ha extralimitado -o así yo lo he entendido- por parte de algunas Consejerías en el uso de... de esta vía excepcional que son los contratos de emergencia.

Es verdad que... que, bueno, se nos viene a explicar pues que... que, dentro de la normativa y dentro del cumplimiento de... de la vía legal y para dar... dar alusión a la objetividad, a la transparencia, a la publicidad y todas las fases del procedimiento, pues se ponía de manifiesto, pues, efectivamente, que faltaba a veces esa concurrencia, faltaba a veces esa negociación.

Estoy de acuerdo con el ponente anterior al... al hecho de decir que quizá muchas de las explicaciones que deberían de hacerse por parte de los órganos gestores pues debía haber sido un poco más abundante, puesto que se debían, quizá, a esa falta de previsión al poder afrontar pues muchas de las competencias que luego se recogían en los contratos.

Del análisis y del estudio del mismo, cuando se hace alusión a las distintas fases del procedimiento, pues sí que sorprende, bueno, pues que, aun cuando se use la vía de emergencia, pues... bueno, pues no se piden a veces las garantías al proveedor en cuanto a la capacidad, la solvencia, y que, bueno, pues puede repercutir al final en la calidad del producto. Que no entendemos... o sea, que entendemos que muchas veces es fruto de la buena fe que existe a la hora de tomar medidas pues excepcionales, como son estas vías, pero que nunca pueden suponer pues el objetivo final, que es el suministro, la obra o el servicio, pero siempre dentro de las garantías legales que al final la utilización de los recursos públicos o el dinero público pues se hace necesario.

Es verdad también, bueno, pues que... que se pone de manifiesto, como muchas de... muchas -no sé exactamente cuáles, pero no tengo el dato ahora mismo- de los contratos que se desarrollaron, pues eran... eran ya finalizada la pandemia. Con lo cual, parece que tampoco obedecía, desde el punto de vista objetivo, a la... a la necesidad de la utilización de esta herramienta legal para sacar adelante pues la contratación necesaria. Y parece que obedece más a una falta de... de previsión o la... o la finalidad de eludir alguna de las reglas generales que a través de la vía de contratación ordinaria pues correspondería.

Dicho esto, pues nosotros nos... nos parece correcto pues que se haga mención a cada una de las distintas fases, las distintas, bueno, pues menciones que se hacen de... de falta de... de que el criterio del precio a veces no es el más objetivo, que no se han tenido en cuenta pues otros criterios, como son, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, medioambientales, o que, bueno, pues el técnico responsable pues no supervise de la manera más amplia lo que es la ejecución del contrato para evitar pues estos problemas de cara a futuro, sin perjuicio de que entendemos la excepcionalidad. Y también nos gustaría que nunca más se repitiesen estas... estas vivencias que todos pues tratamos de... de solventar como hemos podido y nunca, seguramente, de la forma mejor, puesto que ha sido una situación extraordinaria y excepcional en la que todos nos hemos visto involucrados.

Dicho esto, pues las recomendaciones, pues son, efectivamente, las... las correctas, ¿no? Efectivamente, corresponde que... que se dé toda la información en lo que es pues la... el registro oficial; que todos los elementos tienen que concurrir en base a los principios que establece la normativa de contratos; que, efectivamente, tienen que formalizarse esos derechos y obligaciones para que quede claramente reflejado en qué nos obligamos cada una de las partes; y el estricto cumplimiento a través de las actas y las certificaciones.

Por lo tanto, nosotros nos parece muy correcto el informe, y no tenemos mucho más que... que aportar. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señora Gallego. En representación del Grupo Parlamentario Vox de Castilla León, tiene la palabra el procurador don Francisco Javier Carrera Noriega, por un tiempo de diez minutos.

EL SEÑOR CARRERA NORIEGA:

Muchas gracias, presidente. Enhorabuena por su nombramiento. Señor Amilivia, señores consejeros del Consejo de Cuentas y equipo técnico, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí una vez más para presentarnos este... este informe sobre fiscalización de la contratación vinculada a la COVID-19.

Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con las palabras que se han dicho ya, en el sentido de que ojalá no se vuelva a producir una situación como la que hemos... como la que hemos vivido. Una situación que no solamente afectó a la salud de las personas, sino que también afectó a algo que se ha mencionado por parte de algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, cual es el tema de la legalidad, ¿verdad?, habiendo sido declarados por dos veces inconstitucionales los estados de alarma que estaban relacionados con el COVID; o qué mayor... qué mayor ilegalidad que la de declarar estados de alarma inconstitucionales. De ahí luego devino todo lo demás. La enfermedad, evidentemente, existe -o existió- y ahí está, sigue estando entre nosotros, pero no cabe la menor duda de que la inconstitucionalidad también existió por dos veces, insisto. Y si eso no es ilegal, que baje Dios y lo vea.

Pero bueno, ciñéndome al informe, voy a empezar por... por casi el final, por casi el final, que son las salvedades que el informe recoge sobre lo que son los aspectos. Recoge tres salvedades, que luego derivan en lo que son las conclusiones del informe. Porque, al final, todos los datos que vienen pues los vamos a ir repitiendo unos y otros, pero realmente lo... lo importante son las salvedades que son recogidas en el informe, porque son donde se determinan exactamente las debilidades que la Administración tiene o tuvo a la hora de realizar esto, de realizar lo que son las tramitaciones de las contrataciones de los diferentes contratos que se derivaban de la COVID-19.

La número 1 habla de falta de realización de los cálculos previos para la determinación y adecuación del precio de licitación, la imprecisa definición del objeto del contrato y la falta de designación de un responsable del contrato. Lo cierto es que esto parece evidente que se tenga que producir porque no existe previsión; es decir, para realizar un cálculo previo de algo o de un coste, hay que saber exactamente cuál es la previsión de lo que... en qué se va a gastar. Y, evidentemente, durante el momento en el que se produce la pandemia es prácticamente imposible saber las cuantías a las que la Administración va a llegar para poder gastar. Pero eso no obsta para que la Administración, de una manera responsable, intente aproximar, de la mejor de las maneras, cuáles son los cálculos de coste que va a desembolsar en razón de los contratos que va a realizar. Y esto es lo que realmente nos tiene que preocupar. Es decir, la Administración tiene la capacidad suficiente como para saber exactamente, o con mucha aproximación, qué es lo que va a necesitar; máxime cuando teníamos entre nosotros la mejor consejera de Sanidad del mundo. Entonces, me imagino que en ese momento tendría ya suficientes datos como para saber cuánto iba a necesitar y en qué momento lo iba a necesitar. Parece ser que no fue así.

Lo de la imprecisa definición del objeto del contrato también es preocupante, porque esto da... da pie a poder ser un poco -digamos- dúctil a la hora de contratar. Y esto también nos tendría que preocupar, en la medida en la que la definición del objeto del contrato es justamente lo que se necesita para saber qué se contrata y no para que se utilice en otras cosas. Y en esto enlazo con esto que se comenta en el informe de la amplia reforma del edificio Rondilla del Hospital Clínico Universitario. Espero que no tenga nada que ver la imprecisión del contrato con el hecho de que haya cien contratos de emergencia sobre la base de un proyecto global que hayan afectado de manera directa a lo que es -digamos- la ejecución de un global sobre la base de pequeños contratos. Creo que eso se podrá aclarar; porque, si no, podríamos estar en un supuesto también de indefinición del objeto del contrato, y esto podría afectar a lo que es un global.

La falta de formalización y publicación del contrato en el perfil del contratante en casos de contratos sometidos a regularización armonizada y la falta de notificación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados por emergencia pues es un problema recurrente. Y a mí esto es lo que más me preocupa de lo que se dice aquí, porque ya lo hemos visto en otros informes, lo hemos visto en otros informes. Es decir, hemos visto que en algunas áreas de contratación de la Junta de Castilla y León no se produce la comunicación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados. Con lo cual, sería necesario ver si este problema no solamente afecta de manera concreta a lo que se refiere esta contratación, sino que se esté produciendo de manera recurrente -como ya se ha dicho- en toda la Administración. Y eso sí que considero que también es un punto significativo dentro de lo que es el informe.

Y, por último, otra salvedad en la que se dice que no se han elaborado las correspondientes actas de recepción o certificado de conformidad de la totalidad del objeto del contrato, pues tengo que decir que también lo hemos visto en otras... en otros informes. Y, en este sentido, sí hemos hablado y hemos dicho aquí y desde nuestro grupo parlamentario hemos insistido de manera bastante fuerte en el hecho de que sea la Intervención General de la Comunidad la que tome las medidas adecuadas para evitar que esto se produzca. Es decir, tenemos que saber exactamente si se produce la recepción de aquello que se está contratando; lo mismo que tenemos que saber si se produce la contratación exacta de lo que se está pidiendo.

Por lo tanto, en este sentido, tenemos que tener la claridad suficiente, tal y como refleja el informe, de saber si estas actas de recepción o la ausencia de estas actas de recepción o de certificados de conformidad obedecen a una causa concreta o es que, sencillamente, el gestor -quien sea, no vamos a poner aquí nombres-, el gestor de la Consejería que sea, ha obviado el trámite que es imprescindible para determinar que el gasto se ha producido y se ha recibido aquello que se ha contratado. Por lo tanto, en ese sentido, sí me gustaría que, si es posible, se nos aclararan esos extremos, que no sé si será posible. Pero, en cualquier caso, sí quiero poner el dedo sobre estas cuestiones que el informe marca, y que considero que son significativas e importantes.

En cuanto a las recomendaciones que dice el informe, como siempre, las asumimos, consideramos que son adecuadas, mucho más cuando vienen traídas de aquello que acabo de exponer en este momento, que son las salvedades que de manera importante marca el informe.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y en el siguiente turno pues veré si se ven cumplidas un poco las explicaciones que solicito. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Carrera. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el procurador don Juan Luis Cepa Álvarez, por un tiempo de diez minutos.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señor presidente. Enhorabuena por su elección. Gracias, señor Amilivia, por la exposición de este informe, y todo su equipo. Efectivamente, cuando Vox tenía capacidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, se declaró dos veces ilegal el estado de alarma. Pero a lo mejor había que leer la sentencia en su conjunto, y lo que dicen es que con el estado de alarma no se podían tomar ciertas medidas y se tenía que haber utilizado otra fórmula; a lo mejor, el estado de excepción o de sitio. Yo creo que eso es un tema importante también a tener en cuenta.

Esta tarde, el presidente nos presenta este informe de fiscalización de la contratación vinculada al COVID-19 de la Administración autonómica, que es una fiscalización de legalidad. Cuando me encargaron tomar posición del Grupo Parlamentario Socialista a esta fiscalización, tuve siempre la intención de analizarlo con una visión amplia y no circunscribirme a los fallos o errores detectados en una fiscalización, que siempre los hay, ya que entendía que las circunstancias por las que se... por las que pasamos en esos primeros meses de pandemia les resultaría muy difícil a las Administraciones, a todas, en primer lugar, acertar siempre con la solución a los problemas que se iban planteando y dar respuesta a la escasez de material que existió en los primeros meses de la tragedia, de ansiedad, y en las que todos estábamos pendientes de la evolución de la pandemia, del número de fallecidos, etcétera.

Y desde luego, y quiero hacerlo constar desde el primer momento, que, para mí, para este grupo parlamentario -entiendo que para todos los presentes en esta Comisión-, lo más importante era salvar vidas. Así de angustiosa fue la situación. Y con este argumento se puede entender los posibles fallos o errores que se pudieran cometer en la contratación, que es a lo que se refiere el informe. Al que también hay que... hay que diferenciar las contrataciones que se realizaron en los primeros meses a las que ya... pasadas el verano del dos mil veinte o incluso en años posteriores.

Dicho lo anterior, me resulta difícil entender el primer párrafo de este informe, que dice: "La Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad". Desde luego, un criterio jurídico muy poco determinado. ¿A qué se refiere el presidente con el cumplimiento razonable? En una escala de 1 a 100, ¿cuál sería, a su juicio, este grado de cumplimiento de la legalidad?

Yo entiendo que, al celebrarse los contratos por vía de emergencia, algún trámite o paso no se dé correctamente aunque esté todo legislado, y, por tanto, hay que cumplirlo -y reglamentado-; y que no puede ser la excusa para cualquier fallo, y se sepa perfectamente cómo... pues sabíamos perfectamente cómo había que hacerlo. Pero -vuelvo a reiterar- fueron muchos y en muy poco tiempo. Pero hay que utilizar este término genérico "razonablemente" pues la verdad que es un poco difuso.

Me imagino, señor presidente, que estará conmigo que no es lo mismo que los contratos de emergencia no estén todos publicados en el Registro Público de contrataciones... de Contratos de la Comunidad Autónoma o que no coincida este registro con los datos de... los datos abiertos de la web de la Junta de Castilla y León, a que se adjudiquen contratos importantes de dinero a empresas sin NIF. Me parece que aquí hay una diferencia sustancial entre estos dos casos, por ejemplo.

También entiendo que no es lo mismo que no se pidiera, por... por la urgencia, al menos tres presupuestos a que un contrato se adjudique a una sociedad y luego lo justifique el pago de la misma sea a otra sociedad. Ejemplo: en la orden de adjudicación y ejecución del contrato número 8 figura como adjudicataria la empresa XPO Logistics sin identificar el NIF, mientras que los pagos y facturas figura la empresa XPO Transportes Soluciones Spain, S. L. -esta ya sí con NIF-. Pero no figura... encima no figura en el registro donde debe figurar, en el ROLECE. Tampoco se ha aportado documentación que acredite la capacidad del adjudicatario y no se ha podido determinar si se trata de la misma empresa. Esto me parece mucho más grave que el figure o no figure un contrato en el registro. Me parece que estos dos casos que he expuesto, y que usted analiza en el informe, son de mucha gravedad, y que el... y que el posible error u omisión de... que uno de los trámites.

O de aquellos casos en los que no se acredita la capacidad de la empresa para poder ser beneficiaria de esta contratación y que en su objeto... y que ni en su objeto social aparezca esta capacidad. Ejemplo: en los contratos número 6 y 10, el objeto social de la empresa adjudicataria SANELEC Logistic, con el NIF... -que no voy a decir cuál es- de conformidad con lo certificado por el... por el... descripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, es de la comercialización, venta al mayor y al menor, de aparatos sanitarios, electrodomésticos e instalaciones de fontanería; lo que no determina la idoneidad de la misma para ser adjudicataria de un contrato de suministro de mascarillas, guantes, gafas de protección, impermeables médicos de un solo uso -los contratos 6 y 10-.

No se analiza en este informe otros contratos que hemos conocido de empresas cercanas a dirigentes del Partido Popular, donde su objetivo... objeto social o su capacidad de contratación era inexistente, pero se hicieron.

Se analizan contratos de diferentes Consejerías o entes de la Administración en un estudio completo, desde que surge la necesidad hasta que se abordan los importes. En muchos contratos hay errores o fallos, podríamos llamarlos así; pero me llama poderosamente la atención que donde hay más fallos y hay situaciones más graves es, sin duda, en la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Supongo que será por eso de que "la Administración soy yo", y que este consejero siempre se cree que está por encima del bien y del mal.

Es curioso como la Consejería de Sanidad o la Gerencia de Salud, que tienen más contratos fiscalizados, fue mucho más dirigente... diligente -perdón- en la ejecución de los mismos. Aunque aquí volvemos a estar de acuerdo con... con numerosos... con numerosas propuestas y peticiones del... del Consejo de Cuentas, en el que siempre ha pedido una central de compras para los diferentes centros sanitarios. Pues imagínense ustedes esto sin una central de compras de los centros sanitarios, y encima metemos en medio a la Consejería de Fomento, pues el lío puede ser monumental.

Luego, por otro lado, aparecen una serie de contratos que se incluyen en esta fiscalización que es muy difícil justificar el carácter de emergencia, tanto por la materia del mismo, por el momento en el que se formalizan -ya ha pasado el tiempo de lo más peligroso- o el tiempo de ejecución de los mismos, que excede en mucho a lo que marca la ley, tal como dice usted en sus conclusiones.

La información que ofrece el Registro Público de Contratos no permite diferenciar aquellos que tienen una causa de actuación de emergencia de los órganos de contratación para hacer frente a la situación de pandemia planteada por la COVID-19. Aquí destaca, sobre todo, los contratos de la Consejería de Educación y algunas obras de la Consejería de Sanidad, que muy poco tienen que ver con la emergencia sanitaria. Pero esto no es muy difícil de extrañar en esta Administración autonómica, porque, por ejemplo, el reparto de los mil ordenadores de la Consejería de Movilidad están... están financiados con Fondos COVID, y ha sido en primavera de este año, no del año dos mil veinte.

Tampoco se hace... se habla de la financiación de estos contratos, ya que los más grandes, los de las compras de materiales sanitarios y de higiene, fueron o bien financiados por los Fondos REACT o por la excepcionalidad para el año dos mil veinte de la financiación FEDER, que permitió durante un año justificar estos gastos con una financiación cero para la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, podemos afirmar que de estos gastos... costes millonarios de euros, a la Junta de Castilla y León le costó poco. Así podemos ver la noticia que aparece hoy: como se ha multiplicado por cuatro el déficit público de la Comunidad Autónoma este verano.

Dejo casi para el final el tema -y que en el informe se le da mucha importancia- que no se ha hecho el cálculo previo para calcular el precio del contrato... el precio de los contratos obligados por la ley. Hay adjudicaciones en las que solo se dice el concepto y las cantidades, pero nunca se determina el precio del contrato. Y hay una comparativa curiosa del coste de material similar; desde luego, parece que encontraba mejores precios la Gerencia de Salud que la Consejería de Fomento, otra vez. Aquí quiero entender -y yo creo entender- que no es lo mismo los precios pagados en los primeros días de la pandemia para guantes, batas, mascarillas, etcétera, etcétera, que para los meses después. Desde luego, cuando hay diferencias de precios más elevados o diferencias entre lo adjudicado o certificado, siempre destaca la ineficacia de la Consejería de Fomento.

Esta forma de comprar o, mejor dicho, de denunciar... de posibles irregularidades, le costó la cabeza al líder del PP, al señor Casado, por denunciar hechos ocurridos en Madrid -o presuntamente ocurridos-, por lo... por lo tanto, que se puede ver el poder que tiene la señora Ayuso más que el conocimiento de la verdad.

Entiendo que para las Administraciones que les tocó gestionar esta situación no fue fácil, porque entiendo que, cuando se recibía los respectivos... los responsables los informes del número y evolución de afectados, de ingresos en uci, fallecimientos y su evolución, su única obsesión era solventar los problemas y limitar los daños. Pero tampoco nos engañemos, hubo tiempo también para la publicidad y la demagogia. Por ejemplo, el presidente de la Junta -y le quiero poner un ejemplo-, cuando en pleno confinamiento se nos hizo ir a los ayuntamientos a las capitales de provincias a buscar mascarillas; a mí, personalmente, me tocó ir a 140 kilómetros para recibir veinte mascarillas, y encima me tocó esperar a la puerta porque el señor Mañueco estaba allí para hacerse la foto.

Y tampoco nos engañemos en lo que se refiere a la gestión de los fondos públicos, tampoco hemos aprendido -o la Junta de Castilla y León no ha aprendido mucho- sobre esta situación; porque lo estamos viendo ahora ya cómo se están gestionando los Fondos Next Generation, en el cual lo único que se está haciendo es desempolvar viejos proyectos, cambiarles el nombre y ponerlos en marcha. De momento, nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Cepa. En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el procurador don David Beltrán Martín, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Muchas gracias, presidente. Y enhorabuena. Buenas tardes, señorías. Bienvenido, tras el paréntesis vacacional, al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León y a los técnicos que lo acompañan.

Como el tema que nos ocupa, sobre la fiscalización de la contratación pública vinculada a la COVID-19, y nadie la ha dicho, no está de más unas palabras de duelo y recuerdo por las vidas humanas que nos arrebató, y que todavía hoy nos está arrebatando este virus atroz, sobre todo entre nuestros mayores; una generación que sufrió y trabajó muchísimo, y a la que tanto debemos.

Tampoco está de más tener unas palabras de profunda y sincera gratitud, de reconocimiento, al entregado servicio del personal de nuestra sanidad, cuya talla humana y profesional nos dio y nos da una lección cada día, así como a todos y cada uno de los profesionales y voluntarios que nos facilitaron y nos facilitan nuestro quehacer diario.

Y yendo a la cuestión y poniéndolo en contexto -a ver si lo ponemos un poquito en contexto, por las intervenciones escuchadas-, no podemos olvidar que la fórmula de la contratación por la vía de emergencia, que debería ser excepcional, ha hecho posible la respuesta a la crisis sanitaria. De hecho, con el estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19 en dos mil veinte, las distintas Administraciones públicas -todas, podría decirse- emplearon los procedimientos de emergencia para garantizarse el acceso a material o servicios sanitarios, y lo hicieron por una buena causa.

Ahora bien, nos toca observar y tomar nota de las deficiencias en los trámites administrativos realizados, como las recogidas en el Informe de Fiscalización de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia suscritos en el primer año de la COVID-19 en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad de Castilla y León, ejercicio dos mil veinte, y todo sin perder la perspectiva de que se vivió una situación excepcional, para la que nuestro ordenamiento jurídico, en general, puede que no estuviera preparado; por lo que, sin duda, este informe de fiscalización servirá de mecanismo de mejora para situaciones excepcionales futuras. Aunque como todos esperamos y deseamos que no ocurran, pero puede que ocurran.

Y lo digo porque la situación de emergencia derivada de una pandemia a escala mundial supuso un reto de gestión hasta entonces inédito, sobre el que no existían precedentes. De hecho, el uno de abril de dos mil veinte se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la Comunicación de la Comisión de Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. En ella se lee: "En la práctica, esto significa que las autoridades pueden actuar con toda la rapidez que sea técnica y físicamente posible, y el procedimiento puede constituir una adjudicación directa de facto sujeta únicamente a limitaciones físicas o técnicas relacionadas con la disponibilidad real y la velocidad de entrega". Con ello, la propia Comisión Europea confirma y refuerza el uso del procedimiento de emergencia en la crisis sanitaria.

Señorías, la regulación que el Artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público hace sobre el procedimiento de emergencias está pensada para situaciones específicas y definidas en el tiempo y el espacio que justifican el quebrantamiento de los principios generales de libre concurrencia, transparencia y libre competencia.

Pero la crisis de la COVID-19 no está identificada o definida ni en los peligros reales o potenciales, ni en los daños que ocasiona ni en la duración de la misma, como pudimos observar todos. Y son estas incertidumbres las que impiden que el procedimiento de emergencia diseñado por nuestra Ley de Contratos del Sector Público tenga la eficiencia deseada, que, por otra parte, es la que alude la Comisión Europea en su Comunicación.

Señorías, no podemos obviar que desde el inicio de la pandemia se constató la enorme dificultad para acceder al mercado, incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia. La imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia (EPI, mascarillas, respiradores, guantes, etcétera), tanto en España como en otros países, implicaba una enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o incluso sin tener la certeza de si alguna de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podría llevarse a cabo.

Pero observamos que en Castilla y León, con carácter general, los órganos de contratación justificaron la necesidad de los contratos conforme a la normativa vigente, acreditando mayoritariamente la relación de estos con las medidas adoptadas por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.

Aquí se ha dicho claro -y esa es la explicación-: en opinión del Consejo de Cuentas, la Administración autonómica, por la razón que acabo de citar, cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de emergencia en la... en la contratación pública vinculada a la COVID-19, adjudicada en el ejercicio 2020; aunque, después del resultado del trámite de alegaciones, se comprobó que algunos expedientes carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa, incluido el tramitado por la vía de emergencia.

En otras palabras, en la mayoría de los contratos fiscalizados se han adoptado las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación, excepto por determinadas salvedades que detalla el informe, anotándose -y se ha citado- la falta de realización de los cálculos previos del precio de licitación, la imprecisa definición del objeto del contrato, la falta de designación de un responsable del contrato, la falta de formalización y publicación del contrato en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas -en caso de contratos sometidos a regulación armonizada-, o que no se han elaborado los correspondientes actas de recepción o certificado de conformidad de la totalidad del objeto del contrato. Algo que era previsible que ocurriera porque -como manifesté antes- la crisis sanitaria COVID-19 no está identificada o definida ni en los... ni en los peligros reales o potenciales, ni en los daños que ocasiona ni en la duración de la misma.

Pero, como no hay igualdad posible al margen de la legalidad, por más que el fin invocado para subvertir la norma se nos presente como digno y loable, es muy importante recoger las seis recomendaciones que realiza el Consejo de Cuentas en este informe como mecanismo de mejora para situaciones excepcionales futuras, que son: registrar adecuadamente todos los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia; también deben contener las declaraciones necesarias que permitan identificar todos los elementos básicos del contrato; la Administración de la Comunidad deberá promover algún tipo de concurrencia o negociación previa, siempre que sea posible; debe suscribir los respectivos derechos y obligaciones de las partes, una vez que se hayan adoptado las medidas iniciales de carácter perentorio; la Administración debe cumplir las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos de emergencia y dar cuenta a la Junta de Castilla y León de los acuerdos relativos a estos contratos en la forma prevista en la normativa de aplicación; y los órganos de contratación deben vigilar el estricto cumplimiento de los contratos en sus propios términos, evitando demoras en los plazos, en lo posible, y documentar las certificaciones de buena ejecución o actas de recepción precisas. Sin más, muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Beltrán. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos políticos, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, don Mario Amilivia.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todas sus señorías por sus distintas intervenciones sobre un mismo informe y, previsiblemente, con una visión muy diferente. Es decir, yo creo que el fin del Consejo de Cuentas con este informe del trabajo que ha llevado a cabo el departamento de Contratación, dirigido por Miguel Ángel Jiménez y el subdirector, don Pedro San Miguel, ha sido ofertarles a ustedes, ofrecerles a ustedes, sus señorías, una información yo creo que exhaustiva, muy clara, precisa, sobre cómo fue la contratación en relación con el COVID-19. Y creo que ese objetivo está cumplido, sin perjuicio de que la realidad se puede ver desde distintas perspectivas.

Cierto es que este es el quinto informe que llevamos a cabo sobre el COVID -recordarán-, dos en el ámbito local, tres en el ámbito autonómico: el impacto económico-financiero de la COVID, ayudas y subvenciones relacionadas con la COVID en la Comunidad Autónoma, contratación COVID; y luego, en el ámbito local, los respectivos.

Pero, sin duda, este es el informe más difícil, este es un informe complicado. Como han visto ustedes, es un informe que para... para leerlo en su conjunto no son necesarios... no son suficientes las alegaciones al informe... -perdón- las conclusiones del informe. Es un informe que requiere ponerlo en contraste con las alegaciones que, en su caso, formuló la Junta de Castilla y León, las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León, lo que llevó a cabo a un proceso de depuración del informe y, finalmente, a unas conclusiones y a una opinión, con salvedades a las que ha llegado el Consejo de Cuentas, porque considera que son absolutamente objetivas o inaplazables o indiscutibles. Es decir, pero el informe ha tenido un proceso de gran depuración como consecuencia de las alegaciones que llevó a cabo la Comunidad Autónoma.

¿Por qué dice el informe que cumple razonablemente la legalidad? Como les he dicho en alguna ocasión, esta es una fórmula de auditoría; en auditoría se puede establecer que un informe está... es conforme, por lo tanto, quiere decir que conforme es la plena satisfacción del auditor con los principios y normas que son de aplicación; disconforme, porque habría una discrepancia absoluta. Y en este caso, creemos que, dadas las circunstancias, desde el punto de vista de las incidencias cuantitativas y cualitativas, como ha ocurrido, por otra parte, en... en otras Comunidades Autónomas, se cumplió razonablemente con la legalidad. Lo que no quiere decir -reitero- que esas salvedades adolezcan de... de importancia. A partir de esta información que nosotros les hemos ofertado a ustedes, pues sus señorías, lógicamente, pues cada uno puede adoptar las decisiones que adopte.

Pero yo quiero decirles que este informe ha sido remitido, como es natural, a la Fiscalía del... del Tribunal de Cuentas del Reino de España, al Tribunal de Cuentas de España, y que es un informe que no se ha encontrado ningún tipo de responsabilidad contable.

Y es un informe que hay que ponerlo en relación con el informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas para los órganos de control externo... para aquellas Comunidades Autónomas que no tienen órgano de control externo, donde hay datos muy interesantes, que les animo a conocer y a leer, como son, por ejemplo, los precios unitarios en relación con mascarillas quirúrgicas, con mascarillas FP... FFP2 y KN95 en las distintas Comunidades Autónomas, lo que costó en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia. No se ha consolidado todavía como el informe de las Comunidades Autónomas que tienen OCEX, o sea, órgano de control externo; pero, evidentemente, ponen de manifiesto una relación muy similar, por no decir que... bueno, que es semejante en todas las... en todas las Comunidades Autónomas.

Es verdad que los precios, en este caso de la contratación, iban descendiendo a medida que iba pasando la fecha de inicio de la pandemia; es decir, que aquellas Comunidades Autónomas que compraron rápidamente mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, pagaron un precio superior, que luego fue descendiendo en el tiempo.

Pero creo que este informe hay que ponerlo en el contexto de un problema de... de Estado, que afectó a todos los españoles y que, sin duda, llevó a procedimientos de carácter especial. El informe dice lo que dice, y yo creo que es bueno.

Y, además, el cuerpo del informe yo creo que pone datos que son también interesantes, ¿no? Contratación por entidades; lógicamente, fue la Gerencia Regional de Salud la que contrató más, el... el 90,14 % de los contratos y el 83,34 de... del informe; los tipos de contratos, suministros -luego hablaremos cómo esto va a cambiar en el informe de contratación de dos mil veintiuno-, el 62,86 % del total. Procedimientos de adjudicación, lógicamente, negociados sin... sin publicidad.

La página 29 del informe habla de los contratos según el objeto, que es muy interesante, ¿eh? Los principales adjudicatarios fueron, fundamentalmente, españoles, salvo seis empresas, representando el... más del 90 % la... la nacionalidad, fundamentalmente, española. Los principales adjudicatarios, el 17,58 % de los adjudicatarios representó el 63,51 % del importe adjudicado. Y, finalmente, la comparativa de los precios unitarios, que les estoy diciendo que puede ser muy interesante.

Es decir, este informe es un informe como los informes del Consejo de Cuentas, que se hace a posteriori, que, lógicamente, no vive la tensión, en este caso, pues como es evidente, del momento de la... de la acción de la... de la Administración activa, y que, a posteriori, analiza las irregularidades que, a nuestro juicio, se han llevado a cabo. Y yo creo que es un informe muy objetivo, muy serio, que, sin duda, pone de manifiesto muchas salvedades al informe.

Pero les animo a que, si quieren seguir conociendo esas salvedades, ahí tienen nuestro informe, pero, sin duda, tienen otros mecanismos para seguir avanzando en su conocimiento, sin perjuicio de -como les acabo de decir- que yo creo que nuestra situación ha sido similar a la del resto de las Comunidades Autónomas. En un informe que... que, leyendo, como yo digo, que son de... de resumirlo es muy duro, sinceramente, es muy duro; pero, claro, es un informe formal sobre algo que no fue formal, sino que fue sustancial, que fue una crisis que afectó a la vida de las personas, y que, por nuestra propia naturaleza, tendemos a olvidar.

Yo hoy, que vengo muy acatarrado, es posible que haya traído el COVID a la contratación con el COVID, ¿no? Pero eso parece un chiste, ¿no? Hace... hace dos años no hubiera parecido nada gracioso, ¿a que no? Pues sí, es verdad que estoy muy... vengo muy acatarrado. El informe yo creo que es un informe que está muy bien hecho, y hago un reconocimiento a los autores del mismo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor presidente. Para consumir el turno de... de réplica, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el procurador don Juan Pablo Fernández, por un tiempo de cinco minutos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

No, no. No voy a hacer uso del turno. Simplemente volver a agradecer el informe al señor Amilivia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Como declina intervenir el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, le damos la palabra al señor Carrera, del Grupo Parlamentario Vox, por un tiempo de cinco minutos.

EL SEÑOR CARRERA NORIEGA:

No tengo nada más que añadir. Únicamente el agradecimiento al señor Amilivia y a todo su equipo por la elaboración de este informe. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Castilla y León, tiene la palabra el señor Cepa.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aparte de darle las gracias al señor Amilivia por... por las no respuestas, que la pregunta mía era muy concreta. Porque vuelvo a insistir que no es lo mismo un fallo en un... de no haber subido un... un contrato a la plataforma, aunque haya que subirlo, porque lo dice la ley, a que se dé un contrato a una empresa que no tiene NIF, que no tiene personalidad jurídica. A mí... ustedes dirán lo que digan; a mí eso me parece de una tremenda gravedad. O que se le adjudique a una empresa y después se certifique o se pague a otra, sin tener la constatación de que sea la misma empresa. Eso lo dice usted en su informe. Por tanto, eso es bastante más delicado que otras cosas formales, que hay que cumplirlas porque lo dice la ley.

Yo no... no he querido insistir en el tema de los precios, porque yo sí que entiendo que al principio de... de la pandemia y con la... con lo tensionado que estaba el mercado a nivel mundial, pues era imposible determinar; pero sí se determinaba... -y se lo quiero decir por otro que ha interviniendo anteriormente- que sí se determinaban el concepto y las cantidades; lo que no se determinaba era el precio, porque era imposible calcular el precio. Y eso lo entendemos... eso lo entendemos todos.

Pero esos matices que estoy diciendo, de empresas que no existen -porque si no tienen NIF no existen- o que no sea lo mismo la empresa adjudicataria que la empresa que certifica, sin tener constancia que sea la misma empresa, a mí eso sí me parece de cierta gravedad. Yo no sé a ustedes si no les parece o no, pero a mí eso me parece de cierta gravedad. Y aunque también... y aunque también sea ilegal no definir el... el coste del contrato con precios, en ese caso lo veo menos grave que no adjudicar a una empresa que no existe o empresas que no cumplían la capacidad, pues se veía en su... en su objeto social. Yo creo que eso son temas que es un poco en lo que yo he querido incidir, entendiendo que el resto de las cosas, tal como era la situación que había, de emergencia y de angustia, pues tuvo que ser así. Pero este tipo de cosas, dar... adjudicar a algo que no existe, pues dígame usted luego cómo se justificaba. Y si eso no es grave, pues bueno, ¿qué quiere... qué quiere que le hagamos?

Sí insistirle -y además ahí les quiero dar la razón al Consejo de Cuentas, que lo ha dicho muchas veces- en la necesidad de una central de compras, sobre todo en materia sanitaria, que aquí nunca se ha querido hacer. Pues si aquí no se hace y encima metemos a Fomento por medio... Porque, claro, en los Fondos FEDER, cuando se habilitó las medidas... la medida extraordinaria para... para poder justificar gastos... gastos corrientes de la crisis sanitaria, hay una adjudicación de 76 millones de euros a la Consejería de Fomento para la compra de materiales y, que yo sepa, solo hay una adjudicación de 15 millones a la Gerencia de Salud, también para la compra de materiales. Por tanto, sí que había responsabilidades.

Y usted, que hace... que hace también ahí una buena referencia a... a la diferencia de precios, es que no puede ser que la Consejería de Fomento comprara las mascarillas, por ejemplo, un 50 % más caras que la... que la Gerencia de Salud. Entonces, si eso lo vemos normal, porque lo justifica la... porque lo justifica la situación de crisis... etcétera.

Luego -ya para terminar-, decirles que nosotros, como siempre, estamos de acuerdo en las recomendaciones. Los demás grupos también lo han dicho, pero luego, a la hora de la verdad, votarán en contra cuando las traigamos, votarán en contra de las recomendaciones. Pero... pero en fin.

Pues nada, darle las gracias y que sigan trabajando en este ámbito, porque, efectivamente, independientemente del tema técnico, pues aquí hay unas responsabilidades políticas y hay unos argumentos políticos que se pueden utilizar pues para el ejercicio propio nuestro de estas Cortes. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Cepa. En el turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Beltrán, por un tiempo de cinco minutos.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

Muchas gracias, presidente. Señorías, fíjense la excepcionalidad y la dificultad, que el Gobierno de España adjudicó verbalmente uno de cada cuatro contratos de emergencias en dos mil veinte, verbalmente. Es posible, es legal, pero, verbalmente, uno de cada cuatro. Fíjense si el Tribunal de Cuentas reveló las múltiples deficiencias en los procesos de contratación de la COVID-19 en el conjunto de la Administración general del Estado. Fíjense que el Tribunal de Cuentas reprochó al Gobierno de España la falta de documentación justificativa de la recepción de los suministros, que ha impedido verificar la ejecución de muchos contratos. Y podría seguir y seguir.

Aparte de que los decretos de estado de alarma fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, como ha manifestado el señor Carrera, que también alteraban los recursos y procedimientos de contratación. Se podría decir que Sánchez canceló la democracia y, por lo que estamos viendo, lo volvería a hacer. [Murmullos]. Y esto lo digo... lo digo por lo que he dicho antes....

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Por favor, respeten el turno, por favor.

EL SEÑOR BELTRÁN MARTÍN:

... que no hay igualdad posible al margen de la legalidad -lo he dicho en mi anterior intervención-, por más que el fin invocado para subvertir la norma se nos presente como digno y loable. No hay nada por encima de la ley, ni tan siquiera la salud pública; pero no por una cuestión de jerarquía, sino porque en absoluto son incompatibles.

No puede ser que aquellas causas que el Gobierno identifique como nobles podrán perseguirse aun al margen de la legalidad. No puede ser ni para el Gobierno de España ni para la Junta de Castilla y León.

Y ya que usted decía que hay un consejero por encima del bien y del mal, hablaba de personal afín al Partido Popular, habla de asuntos archivados a la presidenta de la Comunidad Madrid. ¡Uf!, pues podríamos hablar del menosprecio de este Gobierno por la legalidad y por los contrapesos en su actuación, que alcanza cotas nunca vistas, ya que no solo omite asumir responsabilidad política alguna al Gobierno de España, sino que, además, alardea y se mofa de las inconstitucionalidades cometidas. Para mí, en mi opinión, la deslegitimación institucional a que nos hallamos embarcados no parece haber tocado aún techo, y basta con seguir la realidad política nacional día a día.

Pero, volviendo al tema que nos ocupa, entendemos que se hace necesario -y esto es algo... esto es una propuesta- establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias, en la que tanto los daños como la evolución en el tiempo sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública establecidos en el Artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Se hace necesario y estamos de acuerdo en extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas de los mismos.

Por lo que se agradece este informe -que, sin duda, es muy objetivo y muy serio- de fiscalización del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia suscritos en el primer año de la COVID-19, año dos mil veinte, en el ámbito de colaboración establecido entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos, para analizar los efectos de la pandemia, que fue planteado -y esto es muy importante- en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, suscrito en dos mil veinte, fruto de un amplio consenso parlamentario. Sin más, muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Beltrán. En el turno de dúplica, tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas, don Mario Amilivia.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Sí. Muchas gracias. Es decir, este informe es el que ha puesto de manifiesto las incidencias que están siendo objeto de debate en esta comparecencia. Es decir, por tanto, lo que tienen que ver es el informe en su conjunto; y el informe en su conjunto, parece una obviedad, pero ha puesto de manifiesto una serie de incidencias y ha hecho una opinión con salvedades. Tres salvedades, de las que sus señorías se han hecho reflejo, que es lo que permite pensar, bueno, que la... que la gestión se podría haber hecho, desde el punto de vista del Consejo de Cuentas, de una manera más adecuada a la legalidad.

Es decir, por lo tanto, cuando estamos aquí a veces intentando debatir, no debatan ustedes con el Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas les ha ofrecido a ustedes un informe con unas conclusiones, con unas recomendaciones y con una opinión con salvedades; opinión con salvedades que, evidentemente, se puede poner en un contexto de una crisis sanitaria o, como he intentado hacer yo, en un contexto ya del Estado español, del Tribunal de Cuentas del Reino de España, y lo que ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas.

Pero lo que está claro es que lo que dice el informe es lo que dice el informe y es lo que es objeto de debate, ¿eh?, por parte de sus señorías. Y yo creo que... que tendemos con cierta... no sé, yo creo que cierta, a veces, tentación parlamentaria a intentar debatir con el Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas es el que ha traído este informe a sus señorías, y ha traído este informe a la vista de la contratación COVID. Y yo creo que es un magnífico informe; es un informe que ha tenido un grandísimo trabajo, y -como les he dicho- que hay que ponerlo en relación no solamente con las conclusiones, sino también con todo el cuerpo del informe y con las alegaciones formuladas.

Y, sin duda, pues hay lagunas en la legalidad, que por eso se ha formado una opinión con salvedades. Que no es una opinión con salvedades que haga este presidente, es una opinión con salvedades que está diseñada así por las normas de auditoría; porque ..... una... una opinión totalmente conforme, totalmente disconforme o aplicada, en este caso, de acuerdo con las circunstancias, las incorrecciones, de carácter cuantitativo, con salvedades.

Además, este informe, como es natural, como el resto de los informes de los Tribunales de Cuentas y órganos de control externo, han sido remitidos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y lo cierto es, bueno, que... que no se han apreciado, en este contexto, indicios de responsabilidad contable.

Y, por lo tanto, no es que yo no quiera responder, es decir, es que yo... es que la respuesta que yo traigo es el informe que les he ofrecido, y espero que haya servido. Ojalá nunca más volvamos a tener una pandemia, y ojalá este tipo de recomendaciones que establece el informe no merezcan la pena porque no tengamos que vivir una circunstancia como la vivida. Pero también es verdad que la vida se vive día a día y que, lamentablemente, hemos tenido que sufrir lo que hemos tenido que sufrir. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Amilivia. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés a las catorce horas.

Para el tercer punto del orden del día, tiene la palabra el señor vicepresidente para su lectura.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SUÁREZ ARCA):

Gracias, presidente. Tercer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Para la presentación de este informe, tiene la palabra el excelentísimo señor don Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, presidente. El Consejo de Cuentas aprobó el pasado veintisiete de diciembre el Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio dos mil veintiuno, habiendo sido remitido a estas Cortes y publicado en la página web del Consejo de Cuentas el diez de enero del presente año.

Esta fiscalización, prevista en la Ley Reguladora del Consejo, consiste en una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual de la Administración autonómica en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia en los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato de los licitadores. Y todo ello en el ámbito de la Ley 9/2017, de ocho de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo y aplicación.

En concreto, la verificación efectuada se ha centrado en los siguientes objetivos: en primer lugar, comprobar el cumplimiento de la obligación de remisión de contratos al Consejo de Cuentas; en segundo lugar, analizar la estructura competencial de los diferentes órganos de contratación, así como el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos de control interno contemplados en la normativa; y, por último, verificar el cumplimiento de la legalidad del procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias como su adjudicación y ejecución, garantizando el respeto de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia de acceso y no discriminación e igualdad de trato en las licitaciones.

El alcance objetivo y temporal de la presente fiscalización abarca los contratos administrativos y privados celebrados por las Consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado que integran la Administración general e institucional de Castilla y León, anotados durante el año dos mil veintiuno en el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad, que se gestiona mediante la plataforma informática Duero.

La contratación comunicada por la Administración de la Comunidad a dicho registro, excluida la contratación menor, ascendió en dos mil veintiuno a 2.914 contratos, por importe de 764.514.054,80 euros. El mayor volumen de contratación corresponde a la Gerencia de Salud, con el 51,3 % del importe total. Le siguen, por importancia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el 18,1 %, y la Consejería de Educación, con un 7,5 %.

Por tipo de contratos, el 42,8 % del importe total corresponde a servicios, el 36,3 % a suministros, el 18,3 % a obras y el 2,5 % a otro tipo de contratos.

Si observamos el procedimiento de adjudicación, los contratos abiertos representan el 47,9 % del importe total; los negociados sin publicidad, el 17,4 %; y el resto han sido tramitados mediante otros procedimientos.

Finalmente, por forma de tramitación, el 9... el 90,9 % del importe contratado se formaliza por la vía ordinaria; el 6,5 % por el procedimiento de emergencia y el 2,5 % por urgencia.

Para la realización de esta fiscalización, por otra parte, tengo que señalar que se ha trabajado sobre una selección de una muestra representativa de noventa expedientes, por un importe total de, aproximadamente, 190.600.000 euros, que abarca a todas las clases de contratos, de procedimientos, de tipo de tramitaciones y el mayor importe de cada clase.

Antes de explicar las conclusiones, una vez más, tengo que decirles, en este caso concreto, que no han existido limitaciones y que las alegaciones formuladas al informe han sido, como siempre, objeto de un análisis pormenorizado, habiendo dado lugar las admitidas a modificaciones que quedan reseñadas en el informe definitivo.

Entrando ya en la exposición de los aspectos más destacables de las conclusiones, en lo referente a la comunicación de la contratación por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León, únicamente citar que existen diferencias ciertas entre los datos del registro y los proporcionados por la plataforma electrónica de contratación de la Gerencia Regional de Salud, debidas, fundamentalmente, a los distintos criterios aplicados en el registro de los expedientes de contratación.

En lo relativo a la publicidad de los contratos, los órganos de contratación cumplen lo requerido en el perfil del contratante, alojado en la plataforma de contratación del sector público, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Y ello excepto en cuatro expedientes, donde no se publicó alguna o ninguna actuación preparatoria; en nueve no consta, o tiene defectos, la publicidad de la designación de la Mesa de Contratación, del Comité de Expertos o de las actas de la Mesa; en tres presenta incidencias la publicidad de la adjudicación y de la formalización del contrato o de comunicación al Diario Oficial de la Unión Europea; y en cuatro no figura la publicidad de los modificados de los contratos.

Respecto a la organización y control interno de los órganos de contratación, la Administración autonómica ha cumplido con la normativa presupuestaria, excepto en dos expedientes, en los que no se tramitó un reajuste de anualidades presupuestarias, conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda y Sector Público de nuestra Comunidad.

Los órganos de contratación, excepto en dos expedientes, han comunicado a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto de los contratos de cuantía superior a 180.000 euros, aunque en tres contratos se hizo fuera de plazo. Además, en un expediente de emergencia no consta que se diese cuenta a la Junta de Castilla y León de su iniciación dentro de los sesenta días siguientes.

En relación con las actuaciones preparatorias y el expediente de contratación, se pone de manifiesto el cumplimiento razonable de las normas en la preparación de los contratos, al constar la justificación, naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir, la adecuada calificación de limitación y régimen jurídico del contrato, así como la adecuación al mercado del presupuesto de licitación.

Entre las incidencias observadas en este contexto, en seis contratos no figura los cálculos realizados para la correcta estimación del importe del contrato y su adecuación al precio general del mercado.

Los expedientes, con carácter general, documentan suficientemente las actuaciones realizadas conforme al principio de transparencia y en cumplimiento con lo dispuesto por la normativa, excepto en dos contratos de obras, en los que se detecta ausencia de proyecto... del proyecto y/o del replanteo previo.

En cuatro expedientes de urgencia, de los nueve tramitados de manera abreviada, no se justifica adecuadamente por los órganos de contratación la necesidad de esa especial forma de contratación.

Por lo que se refiere al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documentos equivalentes, así como los pliegos de prescripciones técnicas particulares, se observan las siguientes incidencias: en tres expedientes no existe o no está completo el informe jurídico del pliego; en dos no consta la designación de un responsable del contrato; en cinco la indicación de los medios para acreditar la solvencia de los licitadores no se realiza o se hace de forma deficiente; en dos no se establece el importe de la garantía definitiva o se hace de forma defectuosa.

Respecto a los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas, en catorce contratos se produce una incorrecta ponderación de la oferta económica; y en cinco, para determinadas ofertas con valores desproporcionados, se establecen criterios que no se referencian a la baja media, sino al precio de licitación, o no se refieren a la oferta en su conjunto, sino únicamente al precio.

En cuatro expedientes los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presentan un incorrecto o insuficiente desarrollo, al no permitir valorar las ofertas solo con lo expuesto en los pliegos. En seis contratos no se incluye... no se incluyen en el pliego condiciones especiales de ejecución de los contratos o no están correctamente definidas o no se determina la forma de justificación de su cumplimiento. En seis contratos hay incidencias en la definición de los modificados previstos. En dos expedientes se detectan incidencias en los pliegos de prescripciones técnicas particulares o documento equivalente.

En cuanto a las conclusiones sobre la adjudicación de los contratos, tengo que señalar que se cumplen los principios de transparencia en las actuaciones, excepto en cinco expedientes, en los que no se identifican suficientemente los miembros de la Mesa de Contratación; y en siete, en los que existen otras incidencias de sus actuaciones o en la documentación presentada por los licitadores.

Los principios de transparencia, libertad de acceso a las licitaciones e igualdad de trato se cumplen con carácter general, lo que se manifiesta en la adecuada valoración de las ofertas por las Mesas de Contratación y los órganos técnicos especializados de asesoramiento, teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios previstos en los pliegos.

No obstante, se observan las siguientes incidencias: en cuatro expedientes, el informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor no está suficientemente motivado, ya que introduce aspectos no previstos inicialmente en el pliego o contienen otro tipo de errores; en seis contratos, la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales o desproporcionadas presenta incidencias o falta de motivación de la aceptación o exclusión de los licitadores.

También, con carácter general, se cumplen las actuaciones y formalidades previas para la adjudicación de los contratos previstas y la motivación de las adjudicaciones, excepto por las siguientes incidencias: en veintidós contratos se incumple el plazo para efectuar la adjudicación desde la presentación por el licitador de la documentación o desde la apertura de las proposiciones; en cinco, la resolución de adjudicación no está suficientemente motivada o contiene otro tipo de defectos.

En lo relativo a la formalización de los contratos, con carácter general se cumplen... se cumple la forma y contenidos definidos en la normativa. No obstante, en cinco contratos el contenido del documento de formalización presenta omisiones, no se ajusta a lo establecido o no se suscribe por el órgano competente.

En cuanto a la fase de ejecución de los contratos, en 34 expedientes que incluyeron condiciones especiales de ejecución del contrato de naturaleza social, medioambiental, etcétera, no existe justificación documental que acredite su cumplimiento. Esta incidencia afecta a 10 de las 16 entidades que integran el ámbito subjetivo de la fiscalización.

Los órganos de contratación cumplen en la mayoría de los expedientes con las previsiones de los pliegos y de las disposiciones aplicables a la ejecución de los contratos en cuanto a su contenido y plazo, incorporando la documentación necesaria que lo acredita, y justificando las modificaciones de su objeto o las ampliaciones de su plazo de ejecución, excepto por las siguientes incidencias: en dos contratos de obras no existe el acta de comprobación de replanteo o se ha firmado fuera de plazo; en otros trece existen otras incidencias relacionadas con el inicio de la ejecución o con el programa del trabajo; y en otras dos no figuran en el expediente o presentan defectos las certificaciones de obras; en tres se incumple el plazo de inicio, los parciales o el de ejecución y no se justifica su ampliación; en dos contratos no se inicia el expediente de imposición de penalidades por incumplimiento o por demora, siendo procedente, en su caso, o existiendo el correspondiente acuerdo, no se acredita el efectivo ingreso en la Tesorería de la Comunidad o deducción de los pagos correspondientes; en cuatro hay incidencias en relación con los anticipos a cuenta por acopios o actuaciones preparatorias o con los pagos o los ingresos derivados del contrato.

Finalmente, en lo relativo a la extinción de los contratos, en los expedientes que se extinguen por su cumplimiento figura la acreditación formal de que el contrato ha sido cumplido por el contratista, verificando el órgano de contratación su correcta recepción o conformidad, a excepción de tres contratos, en los que no consta el acta de recepción con las formalidades previstas; otros tres en los que la recepción no se realiza dentro del mes siguiente a la conclusión del contrato o en el plazo determinado por el pliego; y dos más con otras incidencias referentes a su cumplimiento.

A la vista de estas conclusiones, el Consejo de Cuentas emite la siguiente opinión: en función de los expedientes examinados, la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio dos mil veintiuno, excepto por las salvedades que a continuación se detallan, y que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, habiendo quedado ya referidas en cinco de las quince conclusiones.

En primer lugar, el incumplimiento del Artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas detallados en los pliegos, así como el contenido de los informes técnicos de valoración y en la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales o desproporcionadas.

En segundo lugar, el incumplimiento de los plazos de adjudicación de los contratos, así como la insuficiente motivación en la resolución de adjudicación.

En tercer lugar, la falta de inclusión o de justificación de su cumplimiento de condiciones especiales de ejecución de naturaleza social, medioambiental en la ejecución del contrato.

Y, por último, el incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato y en la tramitación de las suspensiones y las prórrogas, así como la falta de documentación del inicio del expediente de imposición de penalidades o las incidencias señaladas en relación con los anticipos a cuentas o con los pagos o los ingresos derivados del contrato.

En función de los resultados del trabajo y de la opinión que acabo de comentarles, el Consejo realiza ocho recomendaciones, entre ellas:

El Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información.

Por su parte, los órganos de contratación deben establecer un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil del contratante, alojado en la plataforma de contratación del sector público.

En tercer lugar, los servicios jurídicos, en sus informes sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares, deberían incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor y en la definición de los criterios de adjudicación referentes a la oferta económica.

Los miembros de las Mesas de Contratación deben asegurarse de que queda constancia en las actas de todas sus actuaciones y deben velar por que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados, conforme a los criterios de adjudicación definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Otra recomendación: las unidades de contratación deben motivar suficientemente sus informes y propuestas de adjudicación, con indicación de las ventajas de cada una de las ofertas analizadas y justificar los acuerdos sobre la existencia de bajas presuntamente anormales o desproporcionadas.

Los órganos de contratación deben determinar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la forma de justificación y cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de naturaleza laboral, social y medioambiental, y dejar constancia expresa en los expedientes de esta circunstancia.

Asimismo, los órganos de contratación, en particular los de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Economía y Hacienda, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Instituto Tecnológico Agrario, deben extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo de duración y ejecución establecido.

Finalmente, el Consejo de Cuentas recomienda que la Consejería de Cultura y el Servicio Público de Empleo inicien el expediente para recuperar las cantidades susceptibles de ingreso como consecuencia de las penalidades impuestas en los procedimientos de contratación. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Amilivia. Abrimos un turno de intervenciones por parte de los grupos políticos. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, la señora doña Alicia Gallego González, por un tiempo de diez minutos.

LA SEÑORA GALLEGO GONZÁLEZ:

Gracias, presidente. Pues... bueno, pues agradecer nuevamente el informe que nos trae hoy el Consejo de Cuentas sobre la fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma durante el dos mil veintiuno. Y, evidentemente, pues ya quedó claro que... que solamente exponen los datos de quien gestiona los recursos y quien gestiona las políticas.

Pero también es verdad que al... al incidir en el término "que cumple razonablemente" se genera un concepto jurídico indeterminado en el que no sabemos si es mucho o poco, sin perjuicio de que los datos, que aquí se nos da la opinión y las recomendaciones, y -como digo- todos los datos expuestos, pues hacen que podamos valorarlos en su conjunto.

Pasando al tema de... de lo que nos ocupa, y viendo la importante, bueno, pues análisis que se hace de esta... de esta materia, sí que es verdad que sobresale pues el tema de que los informes técnicos de valoración pues... pues a veces son un poco carentes de la justificación necesaria, generando esa incertidumbre; o bien, en su caso, bueno, pues dando lugar a que, en una materia tan delicada como son siempre los recursos públicos, pues dé lugar a ciertas dudas o, en su caso, a interpretaciones que pudieran llevar a cabo de... de que no se está cumpliendo fielmente la legalidad en cuanto a la contratación pública.

Porque, evidentemente, cuando estamos, en este sentido, entendiendo que la Ley de Contratos lo que busca es esa publicidad, esa objetividad, esa transparencia en la contratación, y faltan los criterios de adjudicación, esa objetividad que se puede... bueno, pues se puede entender al no quedar plenamente, por parte de... de los informes, acreditados, pues da lugar a ciertas dudas. También, con respecto a que las actas de las Mesas de Contratación pues no han quedado claramente, bueno, pues motivadas, también daría lugar a dudar de su objetividad o transparencia.

Por lo tanto, me parece acertada que en esas recomendaciones se incida precisamente en que estos informes, estos criterios, tienen que estar lo suficientemente justificados para evitar cualquier tipo de duda al respecto; y, sobre todo, pues en materia -como digo- de bajas anormales o desproporcionadas, que darían lugar a ciertas arbitrariedades.

Creo que, bueno, pues que esto no es más que lo... lo indicado en el año dos mil veinte, en cuanto que hay ciertos contratos... antes eran de emergencia, ahora podríamos hacer un estudio más general en cuanto a los distintos procedimientos. Pero incidir en que yo creo que hay una... bueno, pues una obligación por parte de los gestores, por parte de la... de los responsables de las distintas Consejerías, de adoptar todas las medidas que sean correctas para que en esa tramitación de los procedimientos se dé pleno cumplimiento a los principios rectores (publicidad, objetividad, transparencia). Negociaciones que den lugar a que siempre la oferta sea más ventajosa, evitando pues esas bajas anormales o esas faltas de... de justificaciones en cuanto a los criterios o en cuanto al cumplimiento de esas condiciones especiales, que muchas veces lleva a la adjudicación de ciertos contratos, y luego, pues falta la justificación adecuada, como parece ser que se ha... se ha visto de todo lo... lo revisado o fiscalizado por parte de este órgano.

Por lo tanto, bueno, pues nuestra... bueno, pues nuestra enhorabuena en el sentido de... de que el examen tiene que ser exhaustivo en cuanto a los contratos. También es verdad que a quien corresponde la gestión debería de dar cumplimiento a lo que aquí se ha expuesto, con el fin básico de mejorar la gestión y, sobre todo, con el fin de dar explicaciones a los ciudadanos; porque, al final, son los... los dueños de esos recursos públicos, y, por lo tanto, no debe de quedar ninguna duda posible en cuanto a la contratación y los mecanismos y los criterios que llevan siempre a elegir a un... a un adjudicatario o a otro en un contrato.

Por lo tanto, bueno, pues esa opinión que se nos muestra por parte del Consejo de Cuentas en cuanto a los plazos, en cuanto a los criterios, pues esperamos que... que en el informe que se nos traiga para el dos mil veintidós, después de toda la tramitación y todas las alegaciones, pues sean, efectivamente, satisfechas. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

[Intervención sin micrófono].

EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:

Muchas gracias, señor presidente. Felicidades y mucha suerte en el desempeño de su función, que estoy seguro cumplirá con las mejores expectativas. Muchas gracias, señor Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, y todo el equipo técnico que le acompaña, por el esfuerzo, la profesionalidad y la excelencia que brillan en el informe que traen a nuestra consideración.

Pocas cosas, con razón, entiende peor la ciudadanía que el proceder negligente y opaco en la gestión de los recursos. De ahí la importancia de un informe como el presente, en el que, como siempre digo, sobresalen dos virtudes. Primero, la exhaustividad: vemos que el volumen de la muestra abarca prácticamente un cuarto del importe de las adjudicaciones; estamos hablando de 191 millones, sobre 765. Y, en segundo lugar, la segunda virtud o virtudes, la minuciosidad y la prolijidad del examen de los distintos aspectos elegidos: los criterios de registro, la publicidad de los contratos, la organización y el control interno, las actuaciones preparatorias y expedientes de contratación, la adjudicación, la formalización y la... la ejecución y extinción de los contratos, a propósito de cada uno de los cuales ha ido exponiendo puntualmente todas y cada una de las incidencias que se han ido identificando.

Una... una minuciosidad, en fin, que permite identificar -como digo- puntualmente las mencionadas salvedades, por cuanto, de hecho, son verdaderas... verdaderas debilidades, que estoy seguro serán subsanadas.

Asumimos -como no puede ser de otro modo- las ocho recomendaciones propuestas, pero -y sin que ello suponga menoscabo de las otras- nos parece relevante llamar la atención sobre la sexta, que hace referencia a las condiciones especiales de ejecución de naturaleza laboral, social y medioambiental; ello, en la medida en que puede permitir o derivar una reflexión sobre el exceso de burocracia y la necesidad de afrontar la necesaria simplificación administrativa que facilite el cumplimiento de los fines de la contratación, sin menoscabo, por supuesto, de la legalidad.

Las incidencias referenciadas remiten, fundamentalmente -podemos agruparlas, en el análisis de la legalidad-, a dos cuestiones: los plazos y la publicidad y transparencia, con carácter general, que afectan necesariamente a los otros principios básicos de legalidad que se anuncian en los objetivos: la concurrencia, la igualdad y la no discriminación.

En fin, para concluir, desde este grupo parlamentario queremos insistir en el valor de este trabajo, en la medida en que supone una llamada de atención fundamentada a la Administración, en aras del debido rigor, diligencia y legalidad, tanto más necesarias y valiosos en tiempos como los actuales, en los que, abrumados por la incertidumbre política y económica, la ciudadanía, trabajadores autónomos y empresas viven tensionados por normativas, plazos y exigencias financieras de todo orden. Y es todo por nuestra parte. Muchas gracias de nuevo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Teira. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la procuradora doña Laura Pelegrina Cortijo, por un tiempo de diez minutos.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Saludar al presidente del Consejo de Cuentas y al equipo que hoy le acompaña. Y agradecer, como siempre, el trabajo y la labor realizada en el... en el análisis de este informe de fiscalización. Informe relativo a la gestión contractual de la Administración general e institucional de nuestra Comunidad de dos mil veintiuno, cuya fiscalización es de cumplimiento de la legalidad. 2.914 contratos no menores, 764,5 millones de euros de dinero público, más las modificaciones y prórrogas de los mismos analizadas en una muestra de 90 contratos, y una cuantía total de 191 millones de euros.

Informe que ha cumplido con los objetivos generales que había fijado el Consejo de Cuentas, y que han derivado en la emisión de dieciséis conclusiones, ocho recomendaciones, que compartimos, como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Parlamentario Socialista, y lo más importante, ya que se trata de una auditoría de cumplimiento de la legalidad, de la opinión que emite el Consejo de Cuentas, ya que, aunque, si bien el Consejo determina que cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio dos mil veintiuno (764,5 millones de euros de dinero público de todos los castellanos y leoneses), existen incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en el Artículo 1 de esta ley, y que vienen recogidas en las conclusiones 9, 11, 12, 14 y 15 del... del informe.

Cuando hablamos de gestionar el dinero público, el de todos, la Administración autonómica tiene que llevar a cabo una contratación pública eficiente y que garantice mejores servicios a los usuarios. Por ello, no deja de sorprender el número de incidencias existentes en el procedimiento de contratación y contenido de los pliegos; incidencias que son incumplimientos de los principios de transparencia, libertad de acceso a las licitaciones e igualdad de trato, así como incumplimientos en los plazos de adjudicación, resolución de contratos, los incumplimientos en las condiciones especiales de ejecución relativas a las cláusulas sociales, laborales y medioambientales que no se cumplen o los incumplimientos de las previsiones de los pliegos de cláusulas... cláusulas administrativas particulares y disposiciones de ejecución de contrato.

El cuadro 17 del informe de fiscalización resume las incidencias del año dos mil veintiuno y recoge, en cada uno de los ámbitos objeto de fiscalización, y en base a la muestra de 90 contratos, los incumplimientos en el ámbito de contratación de nuestra Administración autonómica en el ejercicio dos mil veintiuno, siendo nada más y nada menos que 202 los incumplimientos de la ley procedentes de los nuevos... de los 90 contratos auditados de la Junta de Castilla y León: 20 en publicidad en el perfil de contratante, alojado en la plataforma de contratación del sector público; 4 en la organización y control interno, autorizaciones y comunicaciones preceptivas, aplicación de la normativa presupuestaria y de control; 4 en el procedimiento de contratación, actuaciones preparatorias; 4 en el procedimiento de contratación, expediente de contratación; 47 en el procedimiento de contratación, contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas; 50 en el procedimiento de contratación, adjudicación; 5 en el procedimiento de contratación, formalización del contrato; 60 en la ejecución del contrato; y 8 en la extinción del contrato.

Para la Junta de Castilla y León debería ser objeto de preocupación, cuando menos, el incumplimiento de la ley, cuando no consta la comunicación a la Junta de Castilla y León de la aprobación del gasto o de los modificados de los contratos de cuantía superior a 180.000 euros. Cuando no se justifican en el expediente suficientemente las causas de la tramitación por las vías de contratación de urgencia o emergencia, incumpliendo los Artículos 119 y 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, como llama poderosamente la atención en este caso que en el contrato número 49 de la Gerencia de Servicios Sociales no se entiende que tenga que tramitar por la vía de emergencia el Programa Conciliamos, cuando el desarrollo tiene lugar en períodos conocidos por todos; por tanto, entendemos que la tramitación por esta vía de este tipo de contrato corresponde o es fruto de una mala planificación por parte de la Gerencia de Servicios Sociales. O cuando hay catorce contratos, cinco de la Gerencia de Salud o cuatro de Educación, donde, en el criterio de adjudicación relativo a la oferta económica, existe una incorrecta ponderación. O cuando veintidós contratos, seis de ellos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente o cuatro de Cultura y Turismo, incumplen el plazo de adjudicación. O cuando hay trece contratos que incumplen el plazo de ejecución, ya sea el plazo de inicio, los parciales, el plazo final, y no se justifica su ampliación.

Y más grave aún cuando hay 34 contratos que incumplen las condiciones especiales de ejecución, ya que no existe en el expediente justificación de su incumplimiento; incumplimiento que -como bien ha dicho el presidente del Consejo de Cuentas- afecta a 10 de las 16 entidades objeto de fiscalización, y donde llama la atención los 11 contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente o los 7 de la Gerencia de Servicios Sociales.

Porque cuando hablamos de las condiciones especiales de ejecución de los contratos, hablamos del cumplimiento de las condiciones sociales, laborales y medioambientales; y la Junta de Castilla y León no debe olvidar que son requisitos específicos exigidos en la... en la ejecución del contrato, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades o a la resolución contractual.

Como he dicho al inicio de mi intervención, las conclusiones que emite el Consejo de Cuentas son claras, así como las recomendaciones, que -reitero- compartimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Lo relevante de este informe -que, insisto, es de cumplimiento de la legalidad- es la opinión que emite el Consejo de Cuentas; y la opinión es clara, aunque coincido con mi compañero en que estaría bien que el Consejo cuantificara qué es cumplir razonablemente, cuando la Junta de Castilla y León incumple varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, que el propio Consejo de Cuentas recoge en cuatro puntos en su apartado de Opinión, como es el incumplimiento del Artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público; el incumplimiento de los plazos de adjudicación de contratos; la falta de inclusión, justificación de su cumplimiento o de las condiciones especiales de ejecución de naturaleza social, laboral y medioambiental, que además es objeto de un informe de fiscalización específico que aún no se ha debatido en esta Comisión, y que pone de manifiesto que la Junta de Castilla y León no incluye medidas destinadas a promover la... la igualdad efectiva ni aplica la perspectiva de género en sus contratos; y también el incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato y la tramitación de las suspensiones y prórrogas.

Este informe de fiscalización constata que la Junta de Castilla y León incumple la Ley de Contratos del Sector Público, y la Junta de Castilla y León está obligada, como todas las Administraciones, a aplicar correctamente la legislación contractual, a promover la concurrencia competitiva y a combatir las ilegalidades en materia de contratación pública.

Difícilmente será eficiente la Junta de Castilla y León en la contratación pública mientras siga gobernada por quienes piensan que ellos son la Administración y por quienes piensan que, como Administración, pueden adjudicar un contrato de más de 100.000 euros sin IVA a la pareja de uno de sus cargos de confianza.

Agradecemos desde el Grupo Parlamentario Socialista de nuevo al Consejo de Cuentas el trabajo realizado en este informe de fiscalización. Y de momento, nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señora Pelegrina. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la procuradora doña Rosa... María Rosa Esteban Ayuso, por un tiempo de diez minutos.

LA SEÑORA ESTEBAN AYUSO:

Gracias, presidente. Enhorabuena por el cargo, y estoy convencida de que lo realizará... lo desempeñará de la mejor manera posible. Y muchas gracias, señor Amiliva, a los consejeros que le acompañan, así como los técnicos, por el trabajo realizado en función a la auditoría del cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual de la Administración general e institucional de la... de la Comunidad Autónoma.

En el dos mil veintiuno -como muy bien se ha dicho-, el número de contratos no menores formalizados ascendió a 2.914, por importe de adjudicación de cerca de 765 millones de euros, de los cuales ahí se incluyeron las incidencias, modificaciones, prórrogas de otros contratos formalizadas en el registro público durante el año dos mil veintiuno, en concreto de los ejercicios dos mil dieciocho y también del dos mil veinte.

No podemos obviar que durante el dos mil veinte salíamos de una pandemia... estábamos todavía con una pandemia, COVID-19, con las restricciones existentes en el momento; restricciones que sí afectaron muchas veces a la ejecución de los propios contratos con determinados retrasos, ya que... como consecuencia de las medidas extraordinarias que fue necesario realizar y adoptar para acometer la propagación de la enfermedad, así como que la situación de la pandemia lleva aparejada un impedimento logístico y también de escasez de materias primas, que ha habido que tenerlos en cuenta.

Estamos... en las 16 conclusiones de su informe, sí que destacar que la contratación comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro de Contratos de Castilla y León ha ascendido a 2.900 formalizaciones de contratos nuevos. Es decir, existen diferencias... también existen diferencias entre los datos del Registro Público de los Contratos y los proporcionados por la Gerencia Regional de Salud, que ahí habría que tomar determinadas medidas; al igual que los órganos de contratación han cumplido con las obligaciones de publicidad de los expedientes de contratación, en el perfil contratante alojado en la plataforma de contratación del sector, con unas excepciones.

Pero sí que quiero destacar respecto a los incumplimientos, es que la Administración general e institucional de la Comunidad ha cumplido, de forma general, con la normativa presupuestaria, al igual que los órganos de contratación han comunicado a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto de los contratos de la cuantía superior a 180.000 euros.

También ha dicho una... una nota que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y también lo ha dicho la señora Gallego, y es el... para que la contratación pública sea eficiente, es necesario que los miembros de la Mesa de Contratación, así como los técnicos intervinientes en dichos expedientes, tengan... sean más diligentes a la hora de... de incidir o a la hora de cumplimentar todos los expedientes, para evitar determinadas incidencias.

Aquí no es, como se pretende, por parte de la Administración pública, que el órgano de gobierno, porque es el Partido Popular, es totalmente... está incumpliendo la ley, sino aquí entra en juego una Administración que, en unas circunstancias muy excepcionales, como pueden ser las del ejercicio dos mil veintiuno, ha habido determinadas... se producen determinadas... determinadas irregularidades, que, por supuesto, hay que solventar; pero que no solo depende de un partido político, sino de una Mesa de Contratación, de los miembros de la Mesa de Contratación, de los técnicos intervinientes y de los responsables; porque a veces no se identifica al responsable del... del contrato, lo cual da lugar a... a determinadas deficiencias.

Respecto a las... a las conclusiones, las conclusiones o las recomendaciones son ocho. De las conclusiones, unas se sacaron, pero las recomendaciones son ocho; son ocho conclusiones, a las que estamos totalmente de acuerdo que hay que mejorar, hay que depurar, porque es necesario para mejorar la... la gestión, la transparencia y la legalidad, y con ello daremos todos seguridad jurídica a todos los licitadores, así como a todo el procedimiento de contratación.

Son ocho recomendaciones en las que el partido... el Grupo Popular está totalmente de acuerdo, pero nos quedamos con un hecho, y es que, al final, de toda una auditoría, lo que se mire... se mira es el conjunto de la actuación de una Administración; y, en su opinión, ha quedado muy claro que la Administración general e institucional de la Comunidad cumple con la legalidad aplicable, y todas las incidencias que se han puesto de manifiesto en las recomendaciones hay que subsanar para dar seguridad jurídica a todas las partes intervinientes en la contratación. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señora Esteban. Para contestar a todos los grupos políticos, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas, el señor don Mario Amilivia.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias, presidente. Bien, lo primero que querría es agradecerles a todos sus intervenciones y el tono de las mismas, a todos por igual, y especialmente al reconocimiento al trabajo del Consejo de Cuentas que han llevado a cabo en sus intervenciones.

Yo querría hacerles reflexionar sobre una idea que ya... ya he traído a colación antes. Es decir, nosotros somos una institución que traemos a esta Cámara informes de fiscalización con carácter externo, en este caso a la propia Administración en activo, y con el fin de suscitar un debate entre sus señorías y, en su caso, mejorar el control parlamentario. Es decir, este es el objetivo de mi comparecencia aquí; es decir, presentar un informe que previamente ha sido publicado, previamente ha sido remitido a las Cortes; que al mismo tiempo ha sido remitido al Tribunal de Cuentas, al ente fiscalizado, y también, ¿por qué no señalarlo?, todos los informes son remitidos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Reino de España, o de España.

Es decir, esta labor parlamentaria de control al Gobierno, en este caso, es nuestra principal función; y, por lo tanto, yo tengo la satisfacción de decir que, en estos cuatro años de mandato, pues he presentado casi el 41 % de los informes aprobados por el Consejo de Cuentas, precisamente para suscitar un debate entre sus señorías, no un debate contra los informes del Consejo de Cuentas. Los informes del Consejo de Cuentas pueden gustar más o menos, pero son los informes que hacen técnicamente los auditores y que aprobamos en el Pleno con un consenso que garantiza la independencia de la institución.

En este caso existen guías de auditoría, que son internacionales y nacionales, que establecen precisamente las fórmulas para determinar una opinión; que no es la opinión del Pleno, es la opinión de una guía de auditoría. Y como estoy diciendo muchas veces, cuando yo digo que hay una... cumplimiento razonable de la legalidad aplicable con salvedades, las salvedades, obviamente, son salvedades, en este caso, a la legislación aplicable o a los principios que tienen que, en este caso, cumplirse (libertad de trato... libertad... libre concurrencia, igualdad de trato, no discriminación entre los licitadores, publicidad y transparencia), o incumplimientos a, en este caso, la Ley de Contratos del Sector Público. Que no significa que un incumplimiento a una norma, con carácter general, o un incumplimiento a un principio sea... se pueda tipificar como un delito; confundimos lo que es una ilegalidad, que puede ocurrir. Por eso, cuando nosotros decimos que no hay responsabilidad contable, no significa que no haya habido un incumplimiento, en este caso, o que pueda haber un incumplimiento a los principios legales... a las normativas y a los principios legales que le son de aplicación.

Pero, evidentemente, la opinión que dice el Consejo, de acuerdo con una muestra que lleva a cabo de una serie de contratos, es que se cumple, con carácter general, con la legalidad aplicable. Y eso es una fórmula de auditoría, que es la que los técnicos del Consejo de Cuentas consideran razonable, sin perjuicio de esas salvedades que, con... con claridad, se han aquí detectado en cinco de las quince... dieciséis conclusiones del... del Consejo de Cuentas.

Y en esa línea, nosotros vamos a seguir haciendo distintos informes sobre la contratación. De hecho, llevamos hechos 39 informes sobre la contratación de la... de la Comunidad: 28 del sector público autonómico y 11 del sector público local.

Y recientemente, que sepan sus señorías, se ha aprobado en el mes de julio un informe sobre la contratación menor de la Comunidad; informe que abarca un... un total de 17.759 contratos menores, con un importe de 87.842.000 euros, de uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Informe que, en su momento, sin duda, pues presentaré a sus señorías, y que... y que yo creo que tiene también pues un gran... un gran interés.

Y, además, en este momento se está llevando a cabo un informe sobre los contratos realizados por las diputaciones, ejercicio dos mil veintiuno, que se encuentra ya en fase de alegaciones; y en el Plan Anual de dos mil veintitrés, además del de la contratación administrativa, que es de dos mil veintidós, que ya está en marcha, se van a iniciar dos trabajos: uno sobre los contratos de transporte urbano de los ayuntamientos de las capitales de provincia de Castilla y León; y otro sobre el contrato de prestación de servicios de ayuda a domicilio de las diputaciones, ejercicio dos mil veintidós. Les reitero, en este sentido, bueno, la importancia que tiene para el Consejo de Cuentas la... la fiscalización contractual.

En el contexto de las... de las anomalías o lo que podemos llamar como incumplimientos, bueno, siempre les pongo de manifiesto o les traigo a colación el informe de la OIReScon. El OIReScon, como saben, es la Oficina Independiente de Regulación de la contractual de... Oficina Independiente de Regulación de Contratos en España, ¿no? Hay un dato que es importante, quizá, desde el punto de vista cuantitativo, saber que en España se han licitado contratos en este ejercicio por 96 millones... noventa y seis mil millones ochocientos cincuenta y cinco millones, que la Administración estatal licitó 30.000 millones -casi 31.000 millones-, la local casi 30.500 millones, y que la autonómica 35.500 millones de euros. Y Castilla y León, en ese contexto, ha adjudicado contratos por 750... 754 millones, que aproximadamente es el 2 % del total.

Y la OIReScon manifiesta un año más las anomalías... hace un informe sobre los informes del Consejo... de los órganos de control externo y sobre los informes del Tribunal de Cuentas. Y en este sentido manifiesta que la mayor... los mayores incumplimientos se producen en la fase de preparación y adjudicación de los contratos, preparación y elaboración de los contratos; algo que es común también a Castilla y León. No es ningún consejo... consuelo, pero tienen que saber que eso es un poco lo que viene a decir el informe de la OIReScon en ese informe.

También me gustaría decirles -que yo creo que es importante- que año tras año venimos hablando de las anomalías detectadas en el Registro Público de Contratos, en este caso la plataforma Duero, la plataforma Saturno de la Consejería de Sanidad: primero se inscriben en la plataforma Saturno, luego, posteriormente, se inscriben en el Registro Público de Contratos de Castilla y León. Y, en este contexto, tengo que decirles que hemos firmado un convenio recientemente, el pasado veintisiete de marzo, entre el Tribunal de Cuentas y todos los órganos de control externo de España, ¿no?, en el que se ha creado una nueva plataforma de rendición de cuentas, que se va a llamar Fiscones (plataforma de revisión y fiscalización de la contratación, y también de los convenios).

En tal sentido, modificamos... modificó la Mesa de las Cortes nuestro Reglamento en el mes de diciembre pasado para que la Comunidad Autónoma ya no cumpla con la remisión al Registro Público de Contratos, sino que tendrá que, a partir... cuando entre en vigor esta... esta plataforma nueva, tendrá que remitir todos sus contratos a esta plataforma -que, como digo, se va a llamar Fiscones-, donde van a estar todos los contratos y convenios del sector público estatal, que va a estar automatizada con la plataforma del sector público de la contratación, y también va a tener una entrada con la plataforma del sector público local; porque saben que también hay que rendir las... los convenios y los contratos llevados a cabo por las entidades locales.

Es decir, va a ser un instrumento donde van a estar íntegramente todos los contratos de... en este caso, de todas las Administraciones, y que puede ser yo creo que muy interesante desde el punto de vista del control, y también va a afectar, obviamente, a la... a la Comunidad Autónoma, en la medida que tendrá que... que registrar los contratos en dicha plataforma a partir del momento que entre en vigor.

Y luego, decirles también -porque lo hemos hablado en la última comparecencia, aunque, como es natural, no lo recordarán- que estamos avanzando en la idea de superar la muestra. Es decir, nosotros hacemos una muestra sobre la contratación, una muestra que consideramos que es fiable, y sobre esa muestra establecemos salvedades y un juicio de carácter general. Pero que nuestra idea es seguir avanzando -y ahí están los trabajos de don Miguel Ángel Jiménez- en la idea de establecer, como hace el Tribunal de Cuentas, un tipo de... de informe que abarque una determinada fase del procedimiento de contratación para todo tipo de contratos o por una determinada cuantía; es decir, no aleatoriamente, sino que un año, por ejemplo, se haga, en el ámbito de este... de este informe, pues sobre la justificación y necesidad de los contratos, ¿eh?, en todos los contratos de la Comunidad Autónoma. En ese sentido estamos trabajando.

En esa línea, tuvimos una... una jornada de trabajo el Consejo de Cuentas con el secretario general del TARCCYL, y también asistió el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, para conocer las mayores debilidades de la contratación o las debilidades de la contratación detectadas desde el punto de vista del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Y en ese contexto también estamos... vamos a celebrar la próxima... el próximo día veintiocho de septiembre una jornada, a la que están todos invitados, en estas Cortes, precisamente sobre la Ley de Contratos del Sector Público de... de Castilla y León.

O sea, lo que yo creo es que este informe es muy útil, es un informe fiable, pero, sin duda, un informe sobre una contratación tan elevada, con una muestra que, aunque sea el 25 % del... del total de la contratación, pues, hombre, evidentemente, puede... puede tener... puede ser afinado más, ¿no?, puede ser afinado más. En ese sentido, yo sigo pensando y estamos trabajando -esto no es sencillo, ¿eh?, no es sencillo- en otro tipo de... de contrato que cumpla con la legalidad y que sea de contratación administrativa, donde pudiéramos, a lo mejor, cada vez analizar con mayor profundidad una distinta fase del procedimiento administrativo en materia... en materia contractual. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Amilivia. Para consumir el turno de réplica, y en representación del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, tiene la palabra la señora procuradora doña Alicia Gallego, por un tiempo de cinco minutos.

LA SEÑORA GALLEGO GONZÁLEZ:

Gracias, presidente. Pues nada, simplemente matizar cuatro cosas. Estoy totalmente de acuerdo con que esto tendría que abrir un debate político en cuanto a la posibilidad de mejora, en cuanto a... a la contratación, en cuanto a los problemas, en cuanto al... al uso, al final, de los recursos públicos, de los cuales somos responsables, y hay que dar explicaciones a los ciudadanos. Me reitero en eso nuevamente.

Considero que... que todo lo que sea avanzar hacia plataformas y que den lugar luego a una mayor transparencia pues siempre viene bien de cara a la ciudadanía. Que también es verdad que cada Administración tiene sus peculiaridades, y en esa reforma del tipo de contrato también tendrían que valorar la nueva situación que existe tanto en cuanto a empresa como en cuanto a las propias Administraciones a la hora de las dificultades en contratación y sacar adelante muchos de los proyectos que se hacen muchas veces inviables. Con lo cual, yo nunca echaré la culpa a los funcionarios que hacen su trabajo; lo que hago es hacer alusión a una serie de... de matizaciones que se ponen sobre la mesa con estos informes.

Y me reitero en lo mismo, es decir, si hay una falta de justificación en un informe, pues lo que se tiene que pedir es que quede reflejado en base a esa objetividad. Y es a lo que yo me refería cuando hablaba de que la Mesa de Contratación tiene que tener -si es así, porque así se pone de manifiesto- pues un asesoramiento -y así se dice, ¿no?- por parte de órganos técnicos especializados, en los cuales quede constatado pues unos criterios en los que se basan en juicios de valor. Y aquí se decía que no estaban suficiente motivados. Que sean muchos o pocos, o que contengan errores, muchos o pocos, los informes que se justificaban en este informe es simplemente una alusión a que entre más claro sea, más fácil es la justificación de quien usa los recursos públicos y quien gobierna, que en este caso es el Partido Popular y Vox.

Y con respecto al tema de... del responsable del contrato, ustedes saben bien que eso tiene que estar en los pliegos y eso tiene que estar plenamente identificado, puesto que es el que tendrá que dar explicaciones del cumplimiento del mismo. Con lo cual, creo que no es una... una obligación... creo que es una obligación el que así conste; porque también -y reitero nuevamente- creo que somos responsables del dinero público, y en eso tenemos que tener, bueno, pues todos los mecanismos activados para que no genere ninguna duda en que el cumplimiento es correcto.

Y aquí no consiste en atacar a funcionarios ni quiero que sobre la mesa se ponga que yo he dicho eso, puesto que yo formo parte de la Administración también, en ese sentido. Creo que los funcionarios, con muy pocos medios y muy poco personal, están sacando adelante muchos de los trabajos que... bueno, pues que, conforme a la ley y los requisitos, se hace muchas veces inviable.

Y reitero que, en cuanto a la reforma de los contratos, también habría que plantearse los problemas que tienen las Administraciones ahora, en cuanto a la posibilidad de sacar proyectos, por... por todos los requisitos y por todos los... los óbices que se van generando en esta materia. Y simplemente pues finalizo así la exposición. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señora Gallego. Para consumir el turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vox de Castilla y León, el procurador don Javier Bernardo Teira, por un tiempo de cinco minutos.

EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:

Muchas gracias, señor presidente. Nada más, sino reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación al Consejo de Cuentas, al señor presidente y a todo su equipo técnico por la profesionalidad y la excelencia y la utilidad de los informes que presentan para mejorar el... el cumplimiento de la Administración al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señor Teira. Para consumir el... el turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la procuradora doña Laura Pelegrina Cortijo, por un tiempo de cinco minutos.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidente. Y muy brevemente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que cuando en un informe de fiscalización el propio Consejo pone de manifiesto la existencia de 202 incumplimientos en la Ley de Contratos del Sector Público, y además lo.... lo justifica, en este caso, en cuatro apartados específicos de... de esa opinión, pues, sinceramente, echar la culpa a los técnicos intervinientes en las Mesas de Contratación o a los funcionarios públicos para justificar o, en este caso, para excluir que la Junta de Castilla y León no incumple la ley, pues yo creo que merecería, cuando menos, una disculpa por parte de la portavoz del Partido Popular a los funcionarios públicos. Y de no ser así, pues queremos que desde el Grupo Parlamentario Socialista conste en el Diario de Sesiones. Nada más. Y gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias. Para consumir el turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la procuradora doña Rosa María Esteban Ayuso, por un tiempo de cinco minutos.

LA SEÑORA ESTEBAN AYUSO:

Gracias, presidente. Cuando la demagogia es la premisa de determinados grupos políticos, entre ellos el PSOE, pues no hay nada más que decir. Solamente decir que yo no he hablado para nada de funcionarios, he hablado de miembros de Mesa. Y hablo de miembros de Mesa porque en las recomendaciones de esta auditoría -que no nos olvidemos que es una auditoría, no un tribunal que declare la ilegalidad de determinados procedimientos de contratación- dice:

"Los órganos de contratación, deberán establecer un protocolo que garantice el envío de documentación preceptiva al perfil de contratante".

Los Servicios Jurídicos -en la recomendación tercera-, en sus informes, deberán incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor que establezcan los pliegos, incidir en la definición, ponderación de los criterios.

"Los miembros... -la cuarta recomendación- los miembros de las Mesas de contratación deberán asegurarse de que quede constancia de las actas de todas sus actuaciones, y deben velar por que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados y motivados".

Quinto: las unidades de contratación deberán motivar suficientemente sus informes, propuestas, etcétera.

Sexto: los órganos de contratación deberán...

En ningún momento he hablado de funcionarios públicos, todo lo contrario. Tenemos... en Castilla y León, afortunadamente, tenemos un cuerpo de funcionarios que sabe realizar... muy diligentes, y que sabe realizar muy bien su trabajo. Y en ningún momento, señores del Partido Socialista, señora Pelegrina, he hablado de ellos y ni he echado la culpa de la falta de contratación a ellos. Eso sí, la mala fe del Partido Socialista, la búsqueda de una noticia no puede convertir un informe de una auditoría en un tribunal, porque aquí no somos ningún tribunal. De hecho, esto es una auditoría, y tenemos que tener muy claro qué es la auditoría; y es una auditoría para examinar las... que si las prescripciones que rigen la contratación administrativa cumplen con los principios de publicidad y transparencia de los... de los procedimientos y de concurrencia y no discriminación de trato igual.

Y por mucho que le pese, el informe y la conclusión es que dice... dicha auditoría, realizado por técnicos -que hoy parece ser que no le gusta el trabajo que realizan, por eso lo han puesto de manifiesto-, dice que la Comunidad cumple, con carácter general, con la legalidad aplicable.

Dicho esto, hay ocho recomendaciones, que hacemos nuestras, y toda... solamente porque es necesario mejorar la gestión, la transparencia y la legalidad, para que creemos una seguridad jurídica a todas las partes en la contratación pública de la Comunidad de Castilla y León. En ningún momento -y reitero- la culpa es de los funcionarios, ni muchísimo menos, ni la culpa es de nadie. Pero no olviden ustedes que aquí no estamos en un tribunal que declare la ilegalidad o no de los contratos -para eso hay otras vías- y ni para realizar manifestaciones demagógicas como las que han hecho.

Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena a usted, a los consejeros y a los técnicos que han... han elaborado el informe. Y estamos totalmente de acuerdo con las recomendaciones para crear la seguridad jurídica que necesita cualquier entidad y todas las partes en una contratación pública. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Muchas gracias, señora Esteban. En el turno de dúplica, tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Cuentas, don Mario Amilivia.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

No va a haber tal turno. Simplemente para agradecerles a todos sus intervenciones y que hayan aceptado las... las recomendaciones de nuestro informe. Y, bueno, seguiré a su disposición para seguir presentando los informes pertinentes los próximos días. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTRO CAÑIBANO):

Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril del dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el día dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés a las catorce horas.

Concluido el orden del día en esta Comisión, y agradeciendo la presencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos].

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