DS(C) nº 234/11 del 28/9/2023

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días, señor presidente. Hay dos sustituciones en el Grupo Parlamentario Socialista: don Pedro González Reglero sustituye a doña Patricia Gómez Urbán y doña Consolación Pablos Labajo sustituye a doña Alicia Palomo Sebastián. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

¿Grupo UPL-Soria ¡Ya!?

LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:

Gracias, presidente. De UPL-Soria ¡Ya!, Vanessa García sustituye a José Ángel Ceña Tutor.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

¿Grupo Vox?

EL SEÑOR SICILIA DOMÉNECH:

Sí, señor presidente. Ignacio Sicilia Doménech sustituye a Carlos Menéndez Blanco y José Antonio Palomo sustituye a Miguel Suárez Arca.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

¿Grupo Popular?

LA SEÑORA RANEDO GÓMEZ:

Sí, presidente. Don David Beltrán Martín sustituye a doña Lorena de la Fuente Ruiz y don Antonio Mendoza Toribio en sustitución de Raúl Hernández López.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias. Por el señor secretario se dará lectura al primer punto del orden del día.

Elección Vicepresidencia

EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):

Primer punto del orden del día: Elección del vicepresidente de la Comisión.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Al haber quedado vacante la Vicepresidencia de la Comisión, es preciso proceder a cubrir este puesto. ¿Algún grupo parlamentario desea presentar candidato para ocupar la Vicepresidencia de la Comisión?

LA SEÑORA RANEDO GÓMEZ:

Sí, presidente. El Grupo Parlamentario Popular propone a don Javier Carpio Guijarro como vicepresidente de la Comisión.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Siguiendo el precedente establecido en la elección de la Mesa de esta Comisión, efectuaremos una votación a mano alzada. ¿Votos a favor de la candidatura del procurador don Javier Carpio Guijarro? ¿Votos en contra? Pues votos... ¿Abstenciones? [Murmullos]. El resultado de la votación es: votos a favor, diez; votos en contra, cero; abstenciones, cinco. En consecuencia, ha resultado elegido vicepresidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común el procurador don Javier Carpio Guijarro. [Murmullos]. Seis abstenciones, perdón. Votos a favor: diez. Abstenciones: seis. Votos en contra: cero.

Segundo punto del orden del día. Por el señor secretario se dará cuenta al segundo punto del orden del día.

Memoria Anual 2022

EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):

Segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Comisionado de Transparencia para la presentación de la Memoria Anual del Comisionado de Transparencia correspondiente al año dos mil veintidós, remitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 13.2.a) de la Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Tiene la palabra el excelentísimo señor Comisionado de Transparencia, don Tomás Quintana.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Señoras procuradoras, señores procuradores, buenos días. Con la venia. Pasaré a exponer un resumen de la Memoria de Transparencia, que ha sido presentada en su momento y que ya todos los presentes -y algunos de los ausentes, entiendo- ya han podido tener conocimiento de la misma.

El próximo nueve de diciembre se cumplirán diez años desde que fuera aprobada la primera Ley General de Transparencia de España, hoy en vigor. Solo un año y tres meses después de su aprobación, veía la luz la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de nuestra Comunidad.

Estas dos leyes pautan la actuación de los sujetos públicos en esta materia mediante la regulación de un sistema que permite a la ciudadanía conocer la actividad de aquellos en todas sus dimensiones. Obviamente, estas normas no han surgido huérfanas de referencias normativas superiores y precedentes, como son determinados principios constitucionales y estatutarios e incluso ciertas previsiones del Derecho de la Unión Europea; conjunto normativo cuya vigencia y real aplicación está contribuyendo, sin duda positivamente, al funcionamiento de las organizaciones públicas en el contexto de democracia avanzada en el que se sitúa nuestro país.

Ambas leyes, la estatal y la autonómica, regulan una serie de instrumentos para garantizar la transparencia de las entidades públicas, entre los que se encuentran, desde el punto de vista institucional, los órganos encargados de que aquella sea efectiva, es decir, la transparencia sea una realidad.

En concreto, en Castilla y León, la citada ley autonómica encomendó al Procurador de Común actuar de garante de la transparencia, función que se acumula a la de defensor de los derechos constitucionales y estatutarios de los castellanos y leoneses, para cuyo cumplimiento ha de actuar como Comisionado de Transparencia y, como tal, también como presidente de la Comisión de Transparencia.

Consecuentemente, cuando tomé posesión del cargo de Procurador del Común, ahora ya hace casi cinco años, asumí también la tarea de garantizar el cumplimiento de la legislación de transparencia y de proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública en relación con los entes públicos de la Comunidad, en los términos que establece la legislación estatal y autonómica; tarea esta que vengo cumpliendo con el firme convencimiento -personal, además- de que la transparencia de los entes públicos en el ejercicio de sus funciones contribuye decisivamente no solamente a dotar de calidad democrática al sistema en su conjunto, sino también a mejorar la prestación de los servicios públicos que aquellos tienen encomendados.

Pues bien, la ley autonómica prevé que este Comisionado, con la finalidad de evaluar el grado de aplicación de la legislación de transparencia en Castilla y León, presente una Memoria Anual que informe sobre el cumplimiento de los deberes previstos en materia de publicidad activa y de acceso a la información por parte de los entes públicos obligados a ello; labor para la que se ha de evaluar el respeto de las leyes de transparencia por parte de los entes que integran el sector público autonómico, las entidades locales y las corporaciones de derecho público de Castilla y León, evaluación esta que es positivo... es bueno recordar que no lleva a cabo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado.

El resultado de este trabajo queda reflejado en la Memoria que hemos puesto a disposición de todas sus señorías. Pero, como habrán podido advertir, este contenido mínimo que deben incluir las Memorias de Transparencia lo venimos complementando desde la primera Memoria Anual presentada con una referencia a la actividad desarrollada por el Comisionado, y la Comisión, en orden a garantizar la eficacia de los derechos reconocidos a los ciudadanos en este ámbito, con especial mención de las resoluciones adoptadas por la Comisión de Transparencia a partir de las reclamaciones que los ciudadanos nos presentan en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

Esta es la séptima Memoria del Comisionado de Transparencia, por lo que ha transcurrido ya un período de tiempo desde que fuera presentada la primera, que consideramos suficiente para poder realizar un análisis comparativo; necesariamente limitado, de la presente Memoria de Transparencia, en relación con las precedentes, al objeto no solamente de obtener una visión del estado de la transparencia en Castilla y León en dos mil veintidós, que es el objeto precisamente de la Memoria que ahora presentamos, sino también para reconocer de dónde venimos e incluso vislumbrar el futuro en lo que se refiere al derecho de los ciudadanos a conocer cómo ejercen estos sus competencias, es decir, las competencias por parte de las Administraciones y por el resto de entidades públicas. Y para ello, como habrán advertido también con la lectura de la Memoria correspondiente a dos mil veintidós que se les ha entregado, se realizan las comparaciones correspondientes con años precedentes, en la idea de conocer la observancia de la legislación de transparencia por parte de los entes públicos a lo largo del tiempo, así como la propia evolución de la actividad desarrollada por el Comisionado de Transparencia.

Por una cuestión de orden, voy a comenzar refiriéndome al contenido de la Memoria de dos mil veintidós con una exposición general sobre los resultados obtenidos en la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a la información, para, seguidamente, detenerme en la actuación desarrollada por la Comisión de Transparencia en lo correspondiente a la resolución de las reclamaciones que los ciudadanos nos han presentado.

La evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a la información constituye -como acabo de indicar- el contenido legalmente exigido, y, por ello, mínimo contenido de la Memoria del Comisionado, según prevé la Ley de Transparencia de Castilla y León. En relación con esta evaluación, como en años anteriores, debo destacar que se halla fuertemente condicionada por dos factores: de un lado, el elevado número de sujetos obligados en esta Comunidad por la normativa de transparencia, es decir, más de 5.000 solo contando con las Administraciones públicas; y de otro, por la ausencia de mecanismos formales y también de medios personales y materiales específicamente destinados al desempeño de esta función.

En consecuencia, el desarrollo de esta evaluación requiere la cumplimentación por parte de estas -es decir, las Administraciones y entidades públicas obligadas o corporaciones de derecho público- a resolver o dar cumplimiento a unos cuestionarios de autoevaluación elaborados por el Comisionado y puestos a disposición por los sujetos cuya transparencia se evalúa; cuestionarios en los que, a través de diferentes ítems, fundamentalmente se interroga sobre la percepción que tienen los propios entes públicos en relación con el cumplimiento de las exigencias de transparencia recogidas en la normativa.

Pues bien, a la vista de las respuestas dadas a los 111 cuestionarios enviados, se puede concluir, en primer lugar, que en dos mil veintidós se ha incrementado la colaboración, puesto que un 67 % de los sujetos a los que nos hemos dirigido nos han remitido el cuestionario cumplimentado; cifra que supone en este caso un aumento de diez puntos en relación con el grado de colaboración, si lo comparamos con el ejercicio anterior.

Se ha mantenido también la colaboración de la gran mayoría de las entidades que conforman el sector público autonómico, cuya publicidad activa se encuentra sujeta a las obligaciones adicionales que prevé la Ley de Transferencia... Transparencia de la Comunidad, así como de todas las diputaciones provinciales. De los 60 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a los que nos hemos dirigido solicitando su colaboración para la elaboración de esta Memoria, han cumplido su obligación 31, cinco más que en el año dos mil veintiuno. Por último, de las 20 corporaciones de derecho público a las que hemos remitido el correspondiente cuestionario, lo han enviado cumplimentado con la información requerida 16.

Más allá del grado de colaboración que acabo de señalar, se han alcanzado varias conclusiones generales acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley; conclusiones que se encuentran desarrolladas -entendemos que ampliamente, o suficientemente al menos- en la Memoria y que voy a señalar o exponer de una forma breve en esta comparecencia.

En cuanto a la publicación de información, el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León mantiene un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación de transparencia, lo cual no impide que se puedan aplicar algunas mejoras, que consideramos que pueden aplicarse algunas mejoras, que también relacionamos en la propia Memoria y que yo ahora, brevemente, también voy a citar, como son las relativas a la publicación de la información a la que están obligadas las denominadas entidades del... del tercer sector social, la utilización de un lenguaje menos técnico y más sencillo y la incorporación de nuevos gráficos o cuadros que faciliten visualmente la comprensión de la información por parte de cualquier ciudadano, así como la mejora en la localización y del acceso a la información relacionada con los altos cargos de la Administración de la Comunidad; o también, por último, el incremento de los contenidos, que debieran ser publicados en formato reutilizable.

En relación con las entidades integrantes del sector público autonómico, entre las fundaciones públicas destacan por su grado de cumplimiento, un año más, las Fundaciones Siglo para el Turismo y las Artes, Hemoterapia y Hemodonación, Universidades y Enseñanzas Superiores, siendo también destacables las mejoras introducidas en dos mil veintidós por la Fundación Santa Bárbara.

Los consorcios presentan también un alto grado de cumplimiento; si bien continúa siendo limitada la posibilidad de reutilizar la información que allí aparece.

Finalmente, respecto a las universidades públicas, un año más debemos reconocer altos estándares de cumplimiento de la normativa de transparencia en cuanto a las obligaciones de publicidad... de publicidad activa se refiere, extendiéndose este cumplimiento a la accesibilidad y a la posibilidad de reutilizar la información que se encuentra publicada.

En relación con las... las entidades integrantes de la Administración local, es evidente, y así lo venimos poniendo de manifiesto año tras año, la existencia de dos... dos realidades en cuanto al cumplimiento por parte de aquellas de sus obligaciones de publicidad activa:

La primera de ellas, integrada por las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño, donde se aprecia el cumplimiento de las exigencias normativas en la materia, aun cuando en algunos casos sea parcial y con limitaciones. En este primer grupo, en el año dos mil veintidós, se ha observado además una progresiva mejora de la publicación de la información, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Y la segunda realidad, es decir, la que se corresponde con el resto de entidades locales de la Comunidad, la observancia de las obligaciones legales de publicar la información supone, en el mejor de los supuestos, el deseo de hacerlo, pero no la posibilidad real de llevarlo a cabo, debido, lógicamente, a las limitaciones de medios materiales y personales que estas entidades locales, pequeñas entidades locales, deben enfrentar.

Por este motivo, insistimos en que es relevante el papel de apoyo y orientación que en relación con las pequeñas entidades locales deben jugar las Administraciones de mayor tamaño, especialmente las diputaciones provinciales y también la Administración autonómica, en el ejercicio, cada cual, de las competencias que les corresponde.

En el caso de las diputaciones provinciales se puede concluir que se mantiene, en términos generales, un alto nivel de observancia de sus obligaciones de publicidad activa. Los puntos más débiles en relación con este grado de cumplimiento continúa siendo la todavía generalizada utilización de formatos no reutilizables para suministrar la información y el déficit de accesibilidad que presenta la información proporcionada en relación con las personas con discapacidad. No obstante, en lo tocante a la primera cuestión, se ha advertido la existencia de diversas iniciativas dirigidas a mejorar la reutilización de la información mediante la paulatina introducción de conjuntos de datos abiertos y la ampliación de estos.

Los ayuntamientos, por su parte, de más de 20.000 habitantes también presentan, en términos generales, un grado relativamente alto de cumplimiento de sus obligaciones de publicar la información. No obstante, existe todavía un margen de mejora notable en cuanto a la posibilidad de reutilizar la información publicada, observándose en este grupo, sin embargo, sin perjuicio de algunas iniciativas positivas concretas, un menor impulso en cuanto a la creación y desarrollo de portales de datos abiertos en comparación con las diputaciones provinciales.

En relación con el resto de ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes, el nivel de cumplimiento de la publicación de contenidos desciende a medida que se reduce el tamaño, incrementándose en cambio aquellos contenidos que, siendo de publicación obligatoria, no se publican. En este sentido se mantiene el frecuente incumplimiento de publicar un contenido específicamente exigido a las entidades locales, como son las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.

Por último, en el grupo de las corporaciones de derecho público, las cámaras de comercio mantienen una especial implicación en el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, al disponer casi todas ellas de un portal de transparencia donde se ofrece la información, a cuya publicación están obligadas, de una forma clara y estructurada. En el caso de los colegios profesionales, solo dos de aquellos a los que nos hemos dirigido cuentan con este portal de transparencia.

Por otra parte, acerca del cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información, se confirma la evolución hacia un número cada vez mayor de solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos. Cada vez es más evidente el deseo de saber por parte de los ciudadanos que se dirigen a las Administraciones públicas para solicitar información. Así, en dos mil veintidós, las solicitudes de acceso se han incrementado no solo en el ámbito de la Administración general de la Comunidad, sino también lo han hecho en relación con el resto de Administraciones públicas y entidades, destacando el notable incremento de las solicitudes de información dirigidas a las Consejerías de la Administración autonómica, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos de mayor tamaño y también a las universidades públicas.

Como venimos manteniendo, consideramos que una mejor identificación y cómputo de las peticiones de información por parte de las entidades receptoras facilita su adecuada tramitación. Y, en este sentido, facilitar y promover la presentación de solicitudes por vía electrónica, establecer un cauce adecuado para la identificación de las peticiones que han de ser calificadas como solicitudes de acceso a la información pública y coordinar adecuadamente su tramitación son medidas eficaces para garantizar buenos resultados en el ámbito de la transparencia.

No obstante, en relación con lo que acabo de señalar, no deja de extrañarnos que todavía haya algunas Administraciones de tamaño considerable, como determinados ayuntamientos o incluso capitales de provincia, que han afirmado haber recibido solamente una o dos solicitudes de información a lo largo de todo el año dos mil veintidós.

El porcentaje de las solicitudes de acceso de cuya presentación hemos sido informados y que fueron estimadas expresamente ha sido del 76 %, superior en cinco puntos porcentuales al que hicimos constar en la Memoria correspondiente al año anterior. En este caso, en el caso de la Administración autonómica, este porcentaje de estimaciones expresas fue similar al general, concretamente en un 74 %, mientras que en las diputaciones provinciales y las universidades el porcentaje de estimaciones expresas fue aún mayor, es decir, al alcanzar el 85 y el 90 % respectivamente.

Con carácter general, pues, tres de cada cuatro solicitudes de información presentadas y que fueron computadas como tales -esto es importante subrayarlo-, que fueron computados como tales, finalmente fueron objeto de estimación expresa por parte de la entidad requerida.

Tras esta referencia necesariamente genérica a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en dos mil veintidós, pasaré a explicar también -con la brevedad que resulta adecuada, entiendo, a esta comparecencia- la actuación de la Comisión de Transparencia a lo largo de este año.

Es conveniente recordar a estos efectos que a esta, a la Comisión de Transparencia, le corresponde tramitar y resolver las reclamaciones que sustituyen a los recursos administrativos ordinarios cuando los ciudadanos no obtengan respuesta a una solicitud de información pública o bien la que reciben no les satisface por ser denegatoria total o parcialmente de aquella información que se le ha solicitado.

En dos mil veintidós se han presentado ante la Comisión de Transparencia 794 reclamaciones. Esta cifra supone el mayor número de las reclamaciones desde la creación de la Comisión, y un incremento muy notable respecto a las recibidas en el año dos mil veintiuno. Debemos recordar que en dos mil dieciséis, primer año de funcionamiento de la Comisión, se recibieron 102 reclamaciones. Es decir, en siete años se han multiplicado casi por ocho las reclamaciones formuladas por los ciudadanos.

Es evidente la voluntad de la ciudadanía, cada vez más explícita, de hacer valer su derecho de acceso a la información, impugnando actuaciones u omisiones que, a juicio de quien reclama, se ha vulnerado. Igualmente, la cifra de reclamaciones recibidas también revela -al menos así lo consideramos- la confianza depositada por parte de la ciudadanía en la Comisión de Transparencia como órgano garante del derecho de acceso a la información de que disponen los ciudadanos frente a las Administraciones y demás entidades públicas.

Sobre la cuestión que nos ocupa, cabe preguntarse algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién acude en mayor medida a la Comisión para presentar sus reclamaciones? Pues bien, 112 de las reclamaciones recibidas fueron presentadas por representantes locales, 93 de ellas por concejales. Sobre esta cuestión debemos señalar que en dos mil veintidós el Tribunal Supremo ratificó el criterio mantenido por varios órganos de garantía de transparencia, y entre ellos también la Comisión de Transparencia de Castilla y León; aunque esta posición no era mantenida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y alguna otra... algún órgano... algún otro órgano de transparencia autonómico, pero sí por nosotros. Se trataba en la cuestión de resolver las reclamaciones presentadas por cargos locales al amparo de la legislación de transparencia, y si para resolver esas reclamaciones era competente la correspondiente Comisión de Transparencia de Castilla y León o cualquier otra -porque la sentencia, como digo, es del Tribunal Supremo-. Y, en este caso, se ratificó la posición que veníamos manteniendo la Comisión de Transparencia de Castilla y León y otras Comisiones de Transparencia autonómicas.

Otros colectivos que también han destacado por el número de reclamaciones presentadas han sido, también por un orden decreciente, las asociaciones ecologistas, representantes de los trabajadores, profesionales de los medios de comunicación y también asociaciones de ciudadanos.

Otra cuestión de interés es la relativa a cómo se han presentado las reclamaciones en dos mil veintidós. Y sobre este particular debemos indicar que cerca del 70 % de las reclamaciones nos han llegado a través de la sede electrónica, cuando en dos mil veintiuno, es decir, el año precedente, habían sido simplemente la mitad de las recibidas las que fueron presentadas a través de este canal. Con carácter general, pues, podemos observar una creciente utilización por parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías puestas a su disposición para informarse tanto de las funciones como de la actividad del Comisionado y de la Comisión de Transparencia, lo que también se pone de manifiesto por el constante incremento de las visitas de nuestra página web.

También podemos preguntarnos: ¿frente a qué presentan reclamaciones los ciudadanos? Y la respuesta a este interrogante, un año más, pasa por reconocer el predominio de las reclamaciones motivadas por la ausencia de respuesta a las peticiones de información. Tal es así que más del 80 % de las reclamaciones todavía se presentan frente a ausencia de respuesta expresa de la petición de información presentada.

Por ello, continúa preocupándonos la frecuencia con la que los ciudadanos obtienen como respuesta a su solicitud de información el silencio cuando acuden a solicitar, como digo, informaciones tanto a las Administraciones... Administración autonómica o a la... a las Administraciones locales u otras corporaciones de derecho público; circunstancia que también se produce de forma reiterada cuando son incluso los propios cargos locales los que piden la información como parte del ejercicio de sus funciones, si bien en estos casos el plazo previsto de que disponen las entidades locales para resolver -en definitiva, el alcalde de la corporación o bien el presidente de la diputación, etcétera- el plazo es mucho más reducido que el general previsto en la legislación de transparencia. Y, además, a ello se añade que el sentido del silencio en estos casos es positivo.

Por materias, aquellas que han generado mayor número de solicitudes de información cuya generación ha sido impugnada ante la Comisión de Transparencia han sido las referidas a la protección del medio ambiente, el empleo público, obras públicas, contratación, urbanismo y vivienda.

También es de interés conocer frente a quiénes se presentan estas reclamaciones. Pues bien, son las entidades locales las que acaparan el 73 % de las reclamaciones recibidas, por lo que siete de cada diez reclamaciones se dirigieron frente a alguna entidad local. Y dentro de estas destacan las recibidas frente a ayuntamientos, concretamente 515, de las cuales debo decir que 260 de ellas fueron presentadas por una asociación que se había dirigido previamente a otros tantos municipios pidiendo información sobre un mismo asunto. Muy por debajo de estos números, 42 reclamaciones tuvieron por objeto la actuación de entidades locales menores, 22 estuvieron referidas a actuaciones de diputaciones provinciales. Por su parte, 137 reclamaciones, es decir, el 17 % de las recibidas, se interpusieron frente a la actuación de la Administración general de la Comunidad; porcentaje que es inferior en cuatro puntos respecto del año anterior.

En número de reclamaciones, destaca muy por encima del resto las 43 presentadas en relación con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; seguidas de las 28 y 22 reclamaciones que se recibieron, respectivamente, frente a las Consejerías de Educación y de Presidencia. En relación con el resto del sector público... público autonómico se recibieron 60 reclamaciones.

En cuanto a las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia, su número ha sido de 262, el mayor desde su creación; de ellas, 154 han sido estimatorias y 67 han servido para declarar la desaparición del objeto de la reclamación, al ser concedida la información cuya denegación había sido recurrida ante la Comisión de Transparencia durante la tramitación del procedimiento ante la propia Comisión. En todos estos casos, el resultado final es -o al menos debería ser- que el ciudadano obtenga la información que ha solicitado, salvo que la resolución emitida por parte de la Comisión de Transparencia hubiera sido objeto de recurso contencioso-administrativo, en cuyo caso habrá que estar a lo que disponga la sentencia correspondiente.

En cuanto al resto de resoluciones que emitimos, 18 fueron de inadmisión, 14 tuvieron un sentido desestimatorio -muy pocas, por tanto, en relación con el conjunto- y 9 declararon el archivo de la reclamación por otras causas.

Un año más, en la Memoria de dos mil veintidós se incluye una parte dedicada al contenido material de nuestras resoluciones. En esta parte se expone la doctrina mantenida por la Comisión en materia de derecho de acceso a la información, con base en la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado en el ordenamiento jurídico este derecho. Para la exposición del contenido de las resoluciones, en la Memoria se ha utilizado una sistemática que agrupa las resoluciones en apartados que se corresponden con distintos aspectos regulados por la ley. Así, nos ocupamos en ella de los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información, los cuales no se debe olvidar que no son solo las Administraciones públicas propiamente dichas sometidas a supervisión... la supervisión que corresponde al Procurador del Común, sino también otras entidades distintas, en particular las corporaciones de derecho público.

El concepto de información pública también ha sido objeto de consideración en nuestras resoluciones, tanto en su delimitación positiva como negativa; la aplicación de la Ley de Transparencia a los regímenes especiales de acceso, como son, por ejemplo, la información solicitada por cargos locales, que tiene su regulación específica, aunque incompleta, en la propia legislación de transparencia; o la solicitud de información en materia ambiental, que tiene también su regulación específica, aunque no completa, en la normativa propiamente de protección ambiental; así como la competencia de la Comisión para resolver las reclamaciones presentadas por los cargos locales o en estas materias que tienen una regulación específica.

Las cuestiones de procedimiento también han sido objeto de consideración en nuestras resoluciones, tales como la legitimación para presentar las solicitudes de acceso a la información, que comprende también a los sujetos públicos; los requisitos que deben cumplir las solicitudes; el trámite de alegaciones de terceros afectados por la eventual resolución que dictemos en la Comisión de Transparencia, así como las que afectan al procedimiento de reclamación ante la Comisión.

También las causas de inadmisión de las solicitudes, ocupándonos especialmente de las relativas a la información que se encuentra en curso de elaboración o aquella que tenga un carácter simplemente auxiliar o de apoyo a la información que se solicita; así como la necesidad de ser reelaborada esa información o el carácter abusivo de la petición, que también las hay; los límites del derecho de acceso con referencia fundamentalmente a la protección de datos personales; y, por último, también en lo que se refiere a la materialización del acceso, tratando de cuestiones como el acceso a la información que ya se encuentra publicada -y por tanto, lo que procede en estos casos es una simple remisión al lugar específico y concreto donde ya se encuentra publicada esa información-, o bien la posibilidad de consulta personal de los documentos cuando estos pues obran en poder de la Administración y es más fácil -digamos- dar la vista de ese... de esa documentación que proceder a remitirla al interesado. Todo esto, lógicamente, en este caso, con la anuencia del propio interesado en la información que ha solicitado.

Todas las resoluciones se encuentran publicadas en nuestra página web -así lo venimos haciendo desde el inicio del funcionamiento de la Comisión de Transparencia-, previa disociación de los casos personales que aparecen... de los datos personales que aparecen en ellas. No obstante, se ha incluido también en un anexo de la Memoria, como habrán podido observar, la relación de todas las resoluciones que hemos adoptado a lo largo de dos mil veintidós con los correspondientes enlaces electrónicos a su publicación.

Una cuestión de especial trascendencia es la del cumplimiento de las resoluciones de la Comisión. Ya se ha señalado que estas se adoptan en un procedimiento de reclamación sustitutivo de los recursos administrativos y, por tanto, participan de la naturaleza propia de los actos administrativos. Es decir, nuestras resoluciones son propiamente actos administrativos. Y por este motivo entendemos que deberían ser ejecutivas, como lo son todos los actos administrativos que dictan todas las Administraciones públicas en nuestro país, y, por ello, deberían poder llevarse a puro y debido efecto de manera forzosa cuando fuera necesario; para lo cual sería... sería preciso realizar una reforma legislativa que permita el empleo de un medio de coacción forzosa, como son las llamadas multas coercitivas, como medio, insisto, de ejecución forzosa para exigir el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia. Con las multas coercitivas no se trata de sancionar, sino simplemente de forzar el cumplimiento de una resolución que per se, como acto administrativo, tendría que ser ejecutiva.

La necesidad de esta reforma se pone de manifiesto con solo considerar el número de resoluciones estimatorias incumplidas por parte de los entes concernidos, pues, como simple ejemplo, de las 154 resoluciones estimatorias que emitimos en dos mil veintidós, a fecha quince de julio de dos mil veintitrés, que es la fecha en que pusimos fin a la redacción, a la elaboración de la Memoria de Transparencia correspondiente a dos mil veintidós, eran 47 las resoluciones que aún no habían sido objeto de cumplimiento. Ante lo cual no podemos hacer otra cosa que publicar el incumplimiento en nuestra página electrónica y hacerlo constar también en la Memoria Anual, como han podido advertir.

No obstante, nos alegra constatar que en este año al que nos estamos refiriendo el nivel de incumplimiento ha descendido ligeramente respecto al año dos mil veintiuno, a pesar de lo cual, en la fecha de finalización de la elaboración de la Memoria -que, como he señalado, es el quince de julio de este año dos mil veintitrés-, tres de cada diez resoluciones estimatorias en dos mil veintidós no habían sido objeto aún de cumplimiento por parte de los entes destinatarios y concernidos por nuestras resoluciones.

Es evidente que si ese proceso de cumplimiento se prodiga con el paso del tiempo, pues a lo mejor no es necesario recurrir a una reforma legislativa que proporcione un instrumento de ejecución forzoso. Pero eso el tiempo nos lo dirá.

En fin, una vez más he de reiterar que cada vez que una resolución de la Comisión en la que se reconoce el derecho de acceso de un ciudadano a determinada información pública y no es cumplida por parte de la entidad destinataria de aquella se frustra el derecho de acceso y, por ende, la propia función de la Comisión; por lo que habilitar la posibilidad de adoptar una medida como la anteriormente indicada puede ser una solución viable para, por un lado, dotar de mayor efectividad el derecho a saber que se reconoce a los ciudadanos y, por otra, permitir que el trabajo de la Comisión de Transparencia sea realmente efectivo en todos los casos.

Con todo, debe advertirse, aunque es causa sabida, que, frente al carácter vinculante de las resoluciones de la Comisión y esa reivindicación del carácter ejecutivo de las resoluciones que mantenemos en los términos que acabo de expresar, frente a ello está la posibilidad de que las resoluciones de la Comisión de Transparencia sean impugnadas, puedan ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como garantía inherente al Estado de derecho.

Pues bien, sobre este particular debemos decir que las tres sentencias que en dos mil veintidós han resuelto otros tantos recursos frente a tres resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia han sido confirmatorias de la posición que adoptamos mediante nuestras resoluciones.

Y más allá de esto, debemos recordar que, tras siete años de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, se han dictado 16 sentencias recaídas para resolver recursos interpuestos frente a la Comisión de Transparencia, y 15 de ellas han sido confirmatorias de las resoluciones recurridas.

En la Memoria correspondiente a dos mil veintidós, por vez primera, se ha incluido un anexo... en un anexo un enlace electrónico a todas las sentencias que han resuelto recursos presentados frente a la resolución de la Comisión de Transparencia desde el inicio de su funcionamiento. Por tanto, podemos tener acceso, en la Memoria de... en la Memoria que se ha... que se ha entregado, de todas las sentencias que se han... de las 16 sentencias que se han dictado por los correspondientes órganos jurisdiccionales en relación con otras tantas resoluciones impugnadas dictadas por la Comisión de Transparencia.

Y, ya para terminar, permíteme... permítanme que exprese una vez más la convicción de que la transparencia en la actuación de los entes públicos, al menos en mi consideración, y creo que en la de todos ustedes, es un pilar fundamental en el que se han de asentar las sociedades democráticas, por lo que, sin mengua del valor de reconocerse a los pasos dados a lo largo de los diez años que lleve... que lleva institucionalizado este derecho de la ciudadanía, estoy convencido que vamos a seguir avanzando hasta interiorizar completamente la idea de que la actuación de los entes públicos, con las limitaciones, evidentemente, que establezca el propio legislador -como realmente las establece en la legislación vigente-, se debe desarrollar con absoluta transparencia esa actuación de las Administraciones o entidades públicas. Y, si me permiten el símil, se debe desarrollar en edificios de cristal. Para lo que es necesario no solamente que los ciudadanos dispongan de instrumentos normativos para hacer efectivo ese derecho -entre los que sin duda se hallan los órganos de garantía de la transparencia, o al menos ese papel es el que queremos jugar-, sino que los entes públicos -y esto también es muy importante- asuman plenamente que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Por nuestra parte, las personas que prestamos nuestros servicios en Castilla y León, como Comisionado de la Transparencia en mi caso y presidente también de la Comisión de Transparencia, pero también los miembros de la Comisión de Transparencia (en particular, el secretario de la Comisión de Transparencia, aquí presente, don Rubén García), seguimos manteniendo nuestro compromiso firme con que ese derecho sea... ese derecho de la ciudadanía sea un derecho real y efectivo. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Quintana. Por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, la procuradora doña Vanessa García Macarrón.

LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:

Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bienvenido, señor Quintana y señor García. Y muchas gracias por su intervención. Respecto a esta séptima Memoria Anual del Comisionado de Transparencia que nos presenta, me gustaría felicitarle por el trabajo que ha supuesto llevarla a cabo, ya que en muchas ocasiones es complicado poder evaluar convenientemente las mejoras introducidas en esta materia, así como las deficiencias que siguen existiendo para las distintas Administraciones y entidades afectadas, y más aún cuando son más de 5.000 sujetos los que han de facilitar esta información.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones relativas a la publicidad activa, basado en el examen de cuestionarios cumplimentados por las propias Administraciones, señalar que, si bien es positivo el aumento de la colaboración en diez puntos más con relación al año pasado, no deja de ser reseñable el hecho de que estos cuestionarios se basen en la propia percepción de las Administraciones, ya que son ellas mismas quienes los complementan, de manera que esa evaluación no es realizada por un tercero ajeno a las mismas; algo que puede hacer que diste mucho la objetividad real de la plasmada en los mismos. También es destacable, para mal, la falta de colaboración por parte de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, que solo ronda el 50 %.

Como mejoras que se piden para las Administraciones, destacar la utilización de un lenguaje más accesible para el ciudadano o el acceso mismo a la información y la actualización de la misma, así como incrementar los contenidos publicados. Mencionar también, en cuanto a las Administraciones locales -tal y como señala la propia Memoria- en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales de publicar información, que supone un deseo más que una posibilidad real, por lo que debería ser también algo a mejorar.

En cuanto a las diputaciones provinciales, destacar, como ha dicho, el déficit que presenta la información suministrada en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, algo que limita el derecho al acceso a la información pública por parte de los mismos.

En cuanto a los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes, es destacable que la obligatoria publicación de sus contenidos disminuye a medida que se reduce el tamaño de los mismos. Por ejemplo, no se publican las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, algo que debería realizarse. En este sentido, señalar que la Diputación de Soria, si bien publica en su propia página web la mayor parte de los contenidos, no hace lo mismo en cuanto a los planes y programas, Memorias e informes, ni el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Además, no se han introducido mejoras en relación a la transparencia más allá de las actualizaciones, por lo que también debería mejorarse estos aspectos.

En cuanto al acceso a la información, la identificación y cómputo de estas peticiones, así como la presentación de las mismas por vía electrónica, es algo que todavía no se encuentra en pleno rendimiento.

Por otro lado, en cuanto a la garantía del derecho a la transparencia, cabe destacar que cerca del 80 % de las reclamaciones todavía se presentan frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada. Es decir, sigue existiendo un grado muy alto de falta de comunicación con el ciudadano en este sentido.

La importancia de la transparencia sobre la actuación que llevan a cabo nuestros poderes públicos es vital para conocer todas las fuentes de información administrativa y reforzar el carácter democrático de aquellos. Además, esto permite que podamos formarnos una opinión crítica y fundada sobre el real funcionamiento de nuestra organización política y administrativa. Y estas mejoras sirven para evaluar si efectivamente se está dando cumplimiento, así como el grado del mismo, a esta materia. De modo que le agradecemos la elaboración de las mismas porque nos dan una idea de cómo se encuentran nuestras Administraciones actualmente y su nivel de transparencia con el ciudadano, que, repito, es fundamental en una sociedad democrática. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Iñaki Sicilia Doménech.

EL SEÑOR SICILIA DOMÉNECH:

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Quintana López. Bueno, el informe yo creo que nos da toda... todo lo necesario para... para hacernos una idea de cómo está el cumplimiento de la transparencia por las Administraciones que son objeto de... de seguimiento, de control. Nosotros en la introducción hay una cosa que sí que nos llama la atención positivamente, que es la contención del gasto... del gasto público y que desde el Procurador del Común se lleve este Comisionado. Y aunque sé que siempre se reclama... porque he visto el informe el año pasado, se reclama más medios, bueno, yo creo que se está haciendo el trabajo y...

Hay una duda que nos surge al leerlo. De todas las reclamaciones que se han puesto, hay resueltas, de las 794, hay resueltas 262; resueltas, ya sea estimadas, desestimadas o que hayan caído. Pero las otras, las otras -le lanzo una pregunta-, ¿las otras están en trámite? ¿Qué pasa? No he visto referencia por ningún lado, o no lo he encontrado, no he sido capaz. Eso es algo que sí, porque sí que he visto que todos los años, más o menos, más o menos, se resuelven unas 260, 250-260, 262 en los últimos tres años. Entonces, no sé si ese es el tope de capacidad de resolución que tiene la Comisión o el Comisionado, ¿vale? Eso es una... una observación que hago.

Porque, por ejemplo, he estado... a veces está bien estas cosas para... para ver bien la página, he entrado ya no sé cuántas veces para irla viendo cómo funcionaba e incluso el Excel que nos ha dicho usted sobre las sentencias. Todo está perfectamente reflejado, se ve bastante bien. Echo de menos una cosa: a la hora de... el buscador de las distintas reclamaciones aparece por... bueno, por... por períodos de tiempo, pero echaba de menos que guiasen un poquito; si alguien quiere buscar qué tipo de reclamaciones y por qué motivos, que viniesen por los motivos. Yo sé que eso igual es difícil, porque los motivos pueden ser tantos como ciudadanos hay en la Comunidad, pero sí que he echado de menos a la hora del buscador para poder delimitar.

Porque también nos llamó mucho la atención esas 260 reclamaciones de una asociación ecologista, que tampoco sé muy bien... -quería mirar a ver- sé muy bien el motivo; me imagino que será el mismo para todos, para todos los ayuntamientos. Y también cómo estaba ese tema, si está estimado, desestimado o si está en proceso de... Era por curiosidad, porque es verdad que se resalta en el informe y, bueno, pues también nos llamó... nos llamó la atención.

Por otro lado, bueno, pues las estadísticas, bueno, pues yo creo que están bien, porque se sabe un poco lo que hay. Hay veces que... -que he preguntado a algún ayuntamiento, y aquí hay alcaldes, exalcaldes, concejales- yo entiendo que a veces el cumplimiento de una ley -porque hay que cumplirla, es una ley- que no... que no tiene... no tiene... al final no tiene ninguna consecuencia si no la cumples, hoy por hoy, más que un mero aviso. Entonces entiendo que algunos pues no lo ven, dicen: pues, bueno, como no pasa nada, no... no lo... no cumplo. No creo que sea por dejadez, creo que será por... por falta de medios, sobre todo las entidades locales pequeños, en los pueblos pequeños.

Y además, creo -eso me decía Vanessa- que sí se da la información por norma general; si no, estaría esto lleno de reclamaciones con la cantidad de... de entidades, más de 5.000, o 5.000, como... como aparece el informe. Y sí que es verdad que... que yo creo que ellos, los ayuntamientos, cumplen en la medida de sus posibilidades para dar la información al ciudadano así la reclama. Y creo que eso también es lo importante. Al final, lo importante de todo esto es que... es que el ciudadano que quiera acceder a una información pública tenga... tenga la posibilidad. O sea que ahí lanzo una... una... una lanza en favor de los pequeños ayuntamientos, que, aunque no puedan cumplir a la hora de cumplimentar las... los anexos o los cuestionarios, pero, sí, sí dan la información a los ciudadanos. Esa es mi percepción.

Luego, bueno, hay algunas cosas que sí que me llaman la atención con algunos de los que no cumplen. A ver, que un ayuntamiento pequeño no cumpla o una... pues una entidad local menor, bueno, pues bueno... creo que se debe cumplir, para eso hay una ley, pero bueno, es menos grave. Pero sí que hay algunas... algunos que no... que no están cumpliendo. Sobre todo, hay una cosa que ya por... por de... por... ¿cómo se diría?, por... por vergüenza torera -ya que tengo aquí uno del mundo del toro-, sí que... sí que deberían por lo menos contestar a los cuestionarios que se demandan desde el Comisionado. Creo que las entidades que sí que tienen estructura deberían hacerlo. Es algo que yo creo que es de obligado cumplimiento. Y sí que tienen medios. Y eso, he estado viendo los cuestionarios, tampoco es... a ver, tampoco es nada del otro mundo. O sea, hay que... hay que rellenarles y ya está. Pero eso lo hace cualquier empresa cuando le llega desde... por ejemplo, yo, que me dedico al mundo de la hostelería, en los hoteles te llega la... las estadísticas del INE y tienes que... tienes que rellenarlo, y es una obligación. Y eso sí que le garantizo que es mucho más... más engorroso.

Bueno, por nuestra parte, en principio, bueno, pues hemos visto un poco... A mí me... me causa un poco de... de... Aunque he visto que las universidades... yo veo que la Universidad de Burgos no ha mandado el cuestionario, pues como burgalés pues me pica y no... pero sí que es verdad que he visto que está cumpliendo, que tiene acceso a la información, y simplemente que no ha mandado el cuestionario. Y eso, bueno, pues, hombre, me llama un poco la atención. Obviamente, cada uno tira para su provincia.

Por lo demás, hay ayuntamientos que no lo hacen, por ejemplo, Zamora o Aranda, y, bueno, y San Andrés, de los ayuntamientos grandes. Eso es lo que... lo que más me choca un poquito, sobre todo porque seguramente lo puedan hacer.

Y aparte, no sé qué alegan. Yo otra cuestión que lanzo -y termino-, les preguntan: oye, ¿por qué no... qué pasa, no tenéis capacidad de mandarlo o no lo habéis recibido? Que, bueno, puede haber mil causas. ¿Qué alegan para no mandarlo, el cuestionario? Por curiosidad, ¿eh?; es un poco por entender todo eso.

Y, en principio, pues nada, agradecer su trabajo. Y el informe, bueno, pues veo que todos los años más o menos el... es la misma estructura, y, bueno, pues en un momento puedes sacar conclusiones. Y, bueno, pues... pues muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, agradecer la presencia del Comisionado de Transparencia y también del secretario general que nos acompaña. Y agradecerles, sin duda alguna, esa labor, ardua a veces, que están haciendo al frente del Comisionado, siendo... -y además en el inicio lo plasman así en su intervención- siendo garantes de que se cumple la transferencia... la transparencia de la actividad pública y defendiendo ese derecho que tiene la ciudadanía, ese derecho tan bonito y tan importante que es el derecho a saber y a conocer la actividad de las Administraciones públicas de esta Comunidad Autónoma.

Y gracias, a pesar de hacerlo con las trabas con las que ha contado desde el primer momento, y que pone de manifiesto, año tras año, que en Castilla y León se está ejerciendo la facultad señalada mediante la aprobación de la ley, en el año... -la ley autonómica- el año dos mil quince, con dos figuras claramente institucionales que se crearon y que, lamentablemente, lamentablemente, tienen que hacer frente a las dos, es decir, al Procurador del Común y al Comisionado de Transparencia.

Desde entonces, el Procurador del Común, además de defensor de los derechos constitucionales y estatutarios de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, ejerce, por tanto, las funciones de Comisionado de Transparencia y presidente de la Comisión, erigiéndose, dentro de su ámbito de actuación, en garante de lo que hemos denominado el derecho a saber.

Entre estas funciones se encuentra la de promover la transparencia en la Junta de Castilla y León, entidades integrantes del sector público autonómico, entidades locales y corporaciones de derecho público, sujetos todos ellos que desarrollen una actividad pública.

Vuelve a incidir el Comisionado de Transparencia en la inexistencia de medios personales y materiales específicos destinados al ejercicio de sus funciones para el... para su desarrollo, sobre todo si tenemos en cuenta el constante incremento de la actividad de la Comisión debido al crecimiento en el número de reclamaciones recibidas. En total, durante el año dos mil veintidós, se recibieron, por poner un ejemplo, y además hacen mención a ello, más de 17.000 visitas a la página, por 10.000 en el año dos mil diecinueve; y 794 reclamaciones en dos mil veintidós, por 495 el año pasado; o por el ejemplo que había puesto el propio... el propio Comisionado: 102 en el año dos mil dieciséis. Se ha multiplicado prácticamente por ocho. Esto, señorías, tiene pinta de que puede colapsar si no se pone remedio.

Pero, aun así, el compromiso de la institución del Procurador del Común ha sido y es firme con su papel de garantía de la transparencia en esta Comunidad y defensa de los derechos de sus ciudadanos, y de realizar este sobreesfuerzo. Y no vamos a cejar los socialistas en seguir pidiendo los medios instados por el Comisionado a quien tiene la obligación de procurarlos, que es la Junta de Castilla y León, que está más preocupada en gastar el dinero, probablemente, en una Vicepresidencia sin funciones, con buenos sueldos, y en chiringuitos poco operativos, más preocupado, como digo... digo, que en facilitar estos medios necesarios para que puedan ejercer correctamente sus funciones.

En cuanto a la actividad del Comisionado de Transparencia, los sujetos que se encuentran incluidos dentro del ámbito de la supervisión del Comisionado y de la Comisión de Transparencia se han si... -perdón- sistematizado en tres grandes grupos: el sector público autonómico, habla de 40 sujetos; las entidades locales y el sector público, casi 4.800; y las corporaciones de derecho público, es decir, fundamentalmente los colegios profesionales. Es decir, más de 5.000 son el número de sujetos incluidos en el ámbito de la supervisión del Comisionado de Transparencia como órgano de garantía.

La vulneración de los supuestos de incumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia se produce fundamentalmente en materia de acceso a la información pública. Pero la ausencia de previsiones normativas, y lo vamos diciendo año tras año, la previsión normativa que permita la ejecución forzosa de aquellas resoluciones determina, sin duda alguna, la falta de virtualidad práctica de su carácter ejecutivo y, por ende, permite su incumplimiento. Y esto lo venimos diciendo año tras año, sin que se haya adoptado medida alguna, y dudamos de la composición actual del Gobierno (Partido Popular y Vox) vaya a haber algún avance.

En cuanto a la actividad de la Comisión de Transparencia, hablábamos, por tanto, de las 794 reclamaciones. Es verdad, y ahí es un hecho constatable, que la gran mayoría, 585, son de las entidades locales, y fundamentalmente derivadas del número también de habitantes: a menor número de habitantes de la entidad local, mayor, fundamentalmente, también mayor incumplimiento; la Administración general de la Comunidad, 137; y el resto del sector público autonómico son 60.

En cuanto a las reclamaciones que afectan a la Administración de la Comunidad, hablábamos de 137, y es la Consejería, que hoy llama la atención, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la que más... la que más reclamaciones tiene, seguida de Presidencia, Educación, Sanidad y Agricultura y Ganadería.

Las resoluciones emitidas por el Comisionado de Transparencia son -estimadas- 154 -creo que lo ha puesto de manifiesto también el Comisionado-. Y ahí es donde yo quiero llegar: en cuanto al grado de cumplimiento de las estimadas, hemos pasado del 92,50 % en dos mil dieciséis al 69,48 % en dos mil veintidós. 21 puntos menos.

Por tanto, la reflexión, señorías, es clara, porque el número de resoluciones estimatorias de la Comisión de Transparencia que no son cumplidas por las Administraciones y entidades destinatarias de ellas evidencia la necesidad, la necesidad nuevamente reiterada, de que es necesario darles cobertura legal que permita ejecutar forzosamente tales resoluciones, como... cuando se va obligada a ello, no... Tiene que haber imperativo legal para que pueda ser así. Es decir, superando, como bien decía el Comisionado, la incongruencia normativa que supone que estas participen de la naturaleza jurídica ejecutiva de los actos administrativos, pero que no pueda garantizarse mediante ejecución forzosa su cumplimiento. Vinculadas, pero no se pueden ejecutar.

¿Qué es lo que procede? Lo sabemos todos: la imposición de multas coercitivas, como, de hecho, como, de hecho, se ha realizado en otras Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana.

Pero en esta Comunidad Autónoma hay diversas Administraciones locales, con 68 reclamaciones entre los años dos mil veintiuno-dos mil veintidós, que siguen sin hacer caso a los requerimientos y están pendientes de cumplimiento. De ahí que el carácter vinculante de las resoluciones de la Comisión de Transparencia se quede en papel mojado muchas veces, o solo en el plano teórico. El castigo es aparecer en la prensa y aparecer, seguramente, en las páginas web.

En cuanto a la evaluación del grado de aplicación de la normativa de transparencia, fundamentalmente en cuanto a las obligaciones en materia de publicidad activa, se trata de determinar el cumplimiento de estos deberes de publicidad al que están sometidos el conjunto de las Administraciones y entidades. Y el método sigue siendo el envío de diversos cuestionarios, concretamente eran cinco, con una serie de obligaciones exigidas por la Ley de Transparencia de Castilla y León, siendo el resultado el siguiente: de los 111 cuestionarios de publicidad activa enviados han sido devueltos cumplimentados solo el 67 %. A mí me parece... puede ser mejor que datos anteriores, pero me parece un dato demoledor, demoledor. Es decir, más del 30 % no ha contestado ni ha atendido la petición. Incluso algunas, que es lo más grave, son reincidentes.

Así, no han remitido el cuestionario, por ejemplo, la Fundación Pública de Patrimonio Natural, el Consorcio de la Institución Ferial, la Universidad de Burgos y Ayuntamientos tan importantes como Zamora, Aranda de Duero o San Andrés del Rabanedo. Otros menores, Tordesillas. Y una mayoría -y es verdad, se ha dicho por anteriores intervinientes y por el propio Comisionado-, o sea, a partir de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

En cuanto al grado de cumplimiento de las obligaciones de... de publicidad activa remitidas en el cuestionario, vemos nuevamente como el Comisionado no dispone de esos medios adecuados para verificar, que es muy importante, la información publicada. Por lo que, ¿qué es lo que se valora? Pues la percepción de su cumplimiento y una breve valoración que en absoluto es una auditoría. Es decir, los datos se supone que son datos fidedignos, pero evidentemente no están y no se pueden contrastar.

Así, quiero destacar que en el portal del Gobierno de la Junta de Castilla y León, un examen del mismo revela un grado de claridad -y lo ha dicho, lo ha puesto de manifiesto el Comisionado y en la Memoria- en cuanto a la información pública... publicada, no se puede abandonar una labor de revisión continua de la forma en la cual se publica la información, e incide en que se debe de realizar un esfuerzo continuo en orden a garantizar que la información sea también comprensible para cualquier ciudadano. Para ello cabe la utilización de un lenguaje menos técnico y más próximo al usual, e incorporar más elementos audiovisuales -tales como gráficos e imágenes- que hagan más asequible y accesible la información al ciudadano. Es, por tanto, exigible realizar un esfuerzo para hacer más sencillo el acceso a la información, por ejemplo -ya lo han dicho, me parece, alguno de los otros portavoces-, la relacionada con los altos cargos de la Administración autonómica, que es de claro interés público, y faltan datos clarísimos que... bueno, que parece incomprensible precisamente.

De igual modo, hay algunos contenidos que están en formatos no reutilizables, como las bolsas de empleo, los acuerdos y las retribuciones o incentivos, por lo que se proponen cinco recomendaciones al portal del Gobierno en este sentido, que esperamos que en el próximo año, por lo menos por parte de la Administración, en este caso de la Comunidad Autónoma, estén cumplidas, ya que han de servir para dar ejemplo al resto de las Administraciones.

¡Hombre!, mención aparte este año merece el... el SOMACYL. Ha mejorado un poquito con relación al año pasado, pero... Porque digo que ha mejorado un poco porque por lo menos ha remitido el cuestionario, que el año pasado ni lo remitió. Sin embargo, en materia de... de publicidad activa -perdón- mantiene las deficiencias que ya fueron observadas en años anteriores, sin que se aprecie mejora.

En relación a las fundaciones públicas, la mayoría se encuentra en la misma situación que el año pasado, sin que existan mejoras apreciables, a excepción de la Fundación Siglo para el Turismo y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores. Y, reiteramos, la Fundación Patrimonio Natural, al igual que el año pasado, no ha remitido el cuestionario.

En cuanto a las universidades, la mayoría están cumpliendo, a excepción de la Universidad de Burgos, que no ha remitido el cuestionario de autoevaluación.

Y en cuanto al cumplimiento de los ayuntamientos, la mayoría de los de 20.000 habitantes, como se ha dicho, cumplen; pero hay tres que ya... a los que me he referido, que no están cumpliendo. Y, es verdad, seguramente está condicionada por los medios de los que disponen, los ayuntamientos más pequeños, evidentemente, no están cumpliendo de modo significativo.

En cuanto a las obligaciones en materia de acceso a la información, el cumplimiento de las obligaciones, fundamentalmente por parte de la... o la información que se facilita en Castilla y León, siendo... me parece que únicamente los obligados son el sector público autonómico, las entidades locales y las corporaciones de derecho público. Y el procedimiento de evaluación es análogo: se ha seguido el mismo prácticamente, los mismos cuestionarios. Y los incumplidores, lamentablemente, son los mismos. Ni lo uno ni lo otro. Hablo fundamentalmente de estas localidades.

En el caso de la Administración general de la Comunidad Autónoma, se recibieron 784 solicitudes de información (la mayoría de Presidencia, Sanidad, Medio Ambiente y Educación), siendo resueltas estimatoriamente -y nos tenemos que congratular- el 76 %. Es decir, aquí hay una mejora notable, de cinco puntos, con relación al año pasado. Pero esto sigue siendo insuficiente, señorías.

Para ir terminando, este grupo parlamentario hace suyas las 15 conclusiones de cumplimiento en materia de... de publicidad activa, de acceso a la información y como sistema de garantía de la transparencia, haciendo especial eco en la conclusión número 15, que creo que es muy importante, que habla de la calidad técnica y jurídica de las resoluciones de la Comisión de Transparencia, ya que no se ha interpuesto ningún recurso judicial frente a sus resoluciones, y, de los interpuestos, todos son confirmatorios de la posición adoptada en cada caso por la Comisión.

Voy finalizando. Señor Quintana, estas conclusiones no solo deben servir -o pueden servir- para ir señalando, año tras año, las deficiencias, porque lo vamos constatando, es decir, vamos señalándolo: la falta de información en la Memoria Anual, los... los cumplidores e incumplidores; y, posteriormente, tenemos la sensación, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que esto se está quedando en papel mojado. Hay que hacer una reflexión definitiva y convencer al actual Gobierno del Partido Popular y Vox, si es posible, que, aunque algunos es verdad que ni tan siquiera creen en la propia existencia de la Comunidad Autónoma y de las instituciones como las que usted representa -que es necesaria, necesaria-, modificar, modificar la ley.

Es decir, a veces estamos exigiendo cosas que son prácticamente imposibles, pero hay que cumplir, empezando por los grupos del Gobierno, por ejemplo, el propio Reglamento de la Cámara.

Por tanto, ¿qué necesitamos para que la Comisión de Transparencia, el Comisionado de Transparencia, pueda hacer su labor fundamental? Más medios técnicos, personales, económicos y hacer viable el cumplimiento exigido de las obligaciones del Comisionado de Transparencia. Y esto, como digo, es reiterativo año tras año.

Por lo tanto, señorías, hay que cambiar la ley, hay que modificar la ley, hay que dar cobertura legal para poder exigir el cumplimiento de las normas a través de todos los instrumentos jurídicos adecuados; también, también -sé que es duro y es difícil-, los coercitivos, que ya existen en otras Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, termino agradeciéndole su comparecencia y explicaciones de la Memoria. Para nosotros, su labor, desde luego, es importantísima: ni más ni menos -y empiezo con... tal y como usted ha empezado, y quiero acabar precisamente con las mismas palabras- que servir de garante de transparencia y del derecho de los ciudadanos a saber y conocer del contenido de la actividad pública en esta Comunidad Autónoma y todos los entes derivados, que hasta ahora no lo podemos constatar totalmente, un cien por cien. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Briones. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, la procuradora doña María Inmaculada Ranedo Gómez.

LA SEÑORA RANEDO GÓMEZ:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, quiero yo también agradecer a don Tomás Quintana su presencia aquí hoy en esta Comisión y también al secretario general, porque, bueno, es muy importante conocer la actividad que desarrolla una de las instituciones de Castilla y León, que además es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de toda la ciudadanía y conocer, por supuesto, con esta Memoria, cómo evoluciona este cumplimiento, que, como usted ya ha dejado claro, pues es una labor ardua, dado los más de 5.000 entes con los que se trabaja, y también en algún momento, como usted ha indicado, también la falta de medios a veces para... para desarrollar toda esta labor.

Decir a este respecto, en cuanto al Gobierno de la Junta de Castilla y León se refiere, el presidente de la Junta ya en su Discurso de Investidura dejó sentadas cuáles son las bases del actuar de este... de este Gobierno, de la Administración autonómica, durante toda la legislatura. Afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas será -y está siendo- el denominador común de la acción de gobierno. Y es que para... para el Grupo Parlamentario Popular y también para la Junta de Castilla y León la transparencia no es algo aislado, es un principio general de actuación que debe calar en toda la organización y de una manera transversal para todo lo que se realiza en el día a día. La transparencia es un valor, es un derecho y es una obligación legal. Por ello, la Administración autonómica está inmersa en un proceso riguroso y dinámico de mejora.

La... la Memoria que se nos ha presentado desarrolla de manera prolija los esfuerzos de todos los agentes del sector público están realizando en favor de la transparencia, y por ello nos alegramos de que la Administración autonómica, los ayuntamientos, los más grandes sobre todo, también las diputaciones provinciales estén implementando y abordando esta materia de una vez... cada vez de una manera más comprometida.

Es indudable que ha existido un avance importante en el ámbito de la transparencia pública en los últimos años en Castilla y León por la labor de todas las instituciones, del personal también empleado público y por la tarea específica desarrollada, por supuesto, por este Comisionado y por la propia Comisión de Transparencia.

El incremento de número de reclamaciones en materia del derecho a acceso a la información demuestra la preocupación que tiene la ciudadanía por este tema y por la transparencia pública. Y de las conclusiones de su Memoria deducimos que cada vez, efectivamente, los ciudadanos reclaman más información, que también a su vez tienen más conocimientos para poder acceder a ella y que las instituciones son cada vez más proclives a mejorar su calidad de la información. Por lo tanto, se consolida la evaluación hacia un número cada vez mayor de peticiones presentadas por la ciudadanía.

En dos mil veintidós, como ya se ha indicado, se ha incrementado no solo en el ámbito de la Administración general de la Comunidad, sino también que se ha hecho en otras Administraciones y entidades afectadas, con un crecimiento notable también en las Consejerías de la Administración autonómica, las diputaciones provinciales y en los ayuntamientos de mayores... de mayor habitantes y en las universidades públicas.

Es destacable el alto porcentaje de solicitudes de información pública que a su vez han sido... vamos, que, una vez tramitadas como tales, quería decir, son resueltas expresamente de forma estimatoria. Es importante, es destacable y es bueno que cada vez más pues sean... sean estimatorias, por supuesto. El 76 % de las solicitudes de información pública, de cuya presentación ustedes fueron informados a través de los cuestionarios públicos, han sido estimadas y, por tanto, su formulación ha dado lugar al acceso de la información que se había solicitado.

También se destaca en esta Memoria que la Junta de Castilla y León es clara cumplidora con su compromiso con la transparencia, y estoy segura que tomará nota de las recomendaciones que ustedes hacen en su... en su Memoria; por ejemplo, reitero algunas de ellas, como la utilización de un lenguaje menos técnico, más sencillo; la utilización de gráficos y de cuadros que faciliten, por ejemplo, la comprensión de la información para cualquier persona. Igualmente, desde nuestro grupo parlamentario creemos que todas las instituciones, todas las entidades, deberían hacer un mayor esfuerzo para hacer más accesible la información a las personas con discapacidad.

A tenor de las cifras expuestas en su Memoria, aunque siempre queda recorrido, por supuesto, se observa un alto y progresivo grado de compromiso en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y demás normativa que se exige a los poderes públicos. Y, en este sentido, la Junta de Castilla y León, en el ámbito de acceso a la información pública, y realizadas las adaptaciones requeridas, como puede ser el uso de la aplicación de notificaciones electrónicas, está poniendo en marcha la aplicación ESTHER, un tema que es muy importante; es una aplicación interna, de gestión propia, para poder hacer más fácil la comunicación con las... información con las diferentes Consejerías, y que la... los plazos del cumplimiento de la transparencia sean... sean más ágiles y se haga con... con mayor efectividad.

También, en favor de ayudar a las entidades... a las entidades locales, se está haciendo o llevando a cabo un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Ponferrada, que, una vez que se valore la experiencia que se está teniendo y cuáles son las mejoras que se pueden llevar a cabo, se pondrá de manifiesto en todos los ayuntamientos -entidades locales- que así lo quieran y lo... y lo necesiten, pues para poder favorecer también este grado de cumplimiento con la... con la transparencia. Lo que pretende la... la Junta de Castilla y León es hacer también una labor de apoyo a las entidades, una labor pedagógica de cómo se tiene que cumplir la Ley de Transparencia, más que llegar a sanciones o multas, que a veces, evidentemente, pues pueden ser necesarias, pero creemos que es mejor poner los medios y ayudar a que haya una labor pedagógica en favor de la transparencia. Estas acciones de impulso y de liderazgo que lleva a cabo la Junta de Castilla y León pues están permitiendo avanzar, como digo, en la implantación de esta cultura de la... de la transparencia.

Y decir también que de los 2.248 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que ustedes han supervisado en el año dos mil veintidós, pues muchos de ellos, efectivamente, tienen grandes problemas para cumplir con la Ley de Transparencia; pero porque sus... sus medios son muy limitados y porque ha habido una gran carencia también de... de puestos de... de secretarios-interventores. Entonces, yo creo que también la apuesta de la Junta de Castilla y León por la bolsa de secretarios puede paliar de alguna manera, bueno, pues ciertas carencias que tienen los ayuntamientos al no contar con los medios humanos o materiales, siempre necesarios para... para ello.

Y bueno, pues habiendo hecho así una visión general de cuál es nuestra... nuestra posición y ver un poco cuál es su... la... la Memoria, pues quisiera finalizar destacando que su trabajo es muy importante, que es muy... muy necesario y que, evidentemente, bueno, pues hay que... hay que seguir en esta línea. Habrá que, si fuera necesario, pues poner los medios para que su labor sea más... sea más fácil y pueda de alguna manera verse recompensado todo el trabajo arduo que se realiza para poder llevar un control de la transparencia en nuestra Comunidad. Así que, por lo tanto, reiterar el agradecimiento e insistir en la concienciación, en el ejercicio pedagógico para la implicación en la obligación de cumplir con la transparencia y la dotación de medios a aquellas entidades que más dificultades tienen. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias. Para contestar a las cuestiones planteadas, es el turno de contestación del excelentísimo señor Comisionado de Transparencia. Don Tomás Quintana, tiene la palabra.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias. En primer lugar, y sobre todo, quiero agradecer las palabras de reconocimiento que... -al menos he entendido; creo que lo he entendido bien- que han expresado los portavoces de los distintos grupos en relación con el trabajo que venimos realizando desde el Comisionado y la Comisión de Transparencia. Como en algunas otras ocasiones similares a esta, pues suelo decir -y lo digo porque así lo siento-: sus palabras de reconocimiento no las recibo como mera adulación, sino como un estímulo para seguir trabajando, y, por tanto, ese agradecimiento por ello es doble.

Voy a contestar o voy a tratar de realizar algunas reflexiones en relación con las cuestiones que he escuchado. Es posible que no responda a todas las cuestiones, y, si es así, pues yo gustosamente me someto a un turno posterior si la Presidencia así lo considera; pero lo voy a hacer de una forma global en relación con las cuestiones que se han dicho, porque en algunos casos, pues yo creo que han coincidido sus señorías en algunos aspectos que se refieren a la Memoria que hoy tengo la satisfacción de presentar ante todos ustedes.

Efectivamente, la labor de velar por el cumplimiento de las obligaciones o deberes de publicidad activa por parte de las entidades públicas obligadas a ello es un deber que se realiza a partir de los cuestionarios que presentamos a las Administraciones correspondientes, o entidades correspondientes, corporaciones correspondientes, y, sobre esa base, nosotros hacemos esa... esa valoración, que supone también cumplimiento de la obligación de velar, de velar por el cumplimiento de esos deberes.

Y no podemos ir mucho más allá de eso, pero sí vamos un poquito más allá en algunos casos; y en algunos casos, pues dentro de las limitaciones que tenemos, sobre las que no voy a insistir porque ya son conocidas, pues recurrimos a los instrumentos de información, de comunicación, que tienen las propias entidades sometidas a ese... a ese deber y sometidas también al cumplimiento, por nuestra parte, de velar por el cumplimiento del mismo. Y confrontamos o verificamos que, efectivamente, lo que se corresponde... lo que se enuncia en los cuestionarios cumplimentados se corresponde, efectivamente, con lo que en la realidad existe en ese espacio virtual en el que se hace... se materializa la publicidad activa. Lógicamente, no lo podemos hacer, es evidente, en los 5.000 -o más de 5.000, porque 5.000 hablando de Administraciones públicas, pero hay otras que no lo son y que también están sometidas al deber de publicidad activa-, no podemos hacerlo con todos, ni muchísimo menos, ni con la mayoría, ni con una parte siquiera, pero sí en aquellos casos en los que advertimos que es necesario una labor de confrontación. Y dentro de los límites en que nos movemos, lo hacemos. Por tanto, con ello yo creo que no es que despeje una duda, pero sí matizo una consideración que realizó la procuradora del Grupo Soria ¡Ya! y también entiendo que también lo ha hecho en esa misma dirección el procurador portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista.

Una cuestión que se ha planteado, dicho, así, en una... de una forma muy sucinta, es que hay más reclamaciones que resoluciones -al menos así he entendido la... la cuestión, ¿no?-, hay más reclamaciones que resoluciones que se dictan. ¿Esto qué genera? Lógicamente un retraso en la producción... en nuestra producción y en la resolución de las reclamaciones. No lo voy a negar: se van acumulando las reclamaciones y, por tanto, el nivel de resolución es el que es con los medios de que disponemos.

Por cierto, hago un inciso en relación con los medios, porque a partir del mes de agosto -por tanto, hace un mes, casi dos meses- se ha incorporado una persona como asesor al Procurador del Común, que nosotros internamente, que es hasta donde podemos llegar, le hemos destinado a labores relacionadas con la transparencia. Por tanto, en estos momentos disponemos de un medio a mayores del que disponíamos hasta el final del mes de julio de este mismo año. Y esto se va a notar; se está notando ya, se está notando ya.

Por tanto, aquí podemos avanzar sobre todo en lo que es la resolución de las reclamaciones. Va a haber muchas más resoluciones dictadas a lo largo de dos mil veintitrés que a lo largo de dos mil veintidós y dos mil veintiuno, etcétera, etcétera. Va a haber más. De hecho, a día de hoy, frente a las 262 resoluciones que dictamos en dos mil veintidós, ya tenemos 350 resoluciones resueltas. No voy a... también tengo que aclarar, para que, en fin, el dato sea valorado en su... en su total... totalmente correcta, de forma correcta, es cierto que muchas de estas resoluciones que componen ese grupo de 350, a día de hoy ya finalizadas -por tanto, como tales resoluciones, expedientes, procedimientos resueltos-, muchas de ellas obedecen a esa queja masiva que decían, o reclamación masiva, sobre un mismo asunto planteada por una misma organización en relación con 260 municipios. Aquí hemos hecho una labor... Claro, hay que tener en cuenta que la resolución es la culminación de un procedimiento; el procedimiento hay que seguirle uno a uno en los 260 expedientes a que dan lugar cada una de esas 260 reclamaciones. Y aunque el procedimiento sea similar en todos los casos, pero hay que realizar la comunicación con el reclamante, la comunicación con la Administración requerida, y eso pues lleva un procedimiento. Y ese procedimiento lo hemos hecho. Ahora estamos ya en fase de resolución y gran parte de ellas son similares, son similares y, por tanto, se va a avanzar mucho en la resolución de estos... de estos procedimientos.

Pero eso no -digamos- oscurece la otra realidad, que es la realmente valiosa; y es que con los medios de que disponemos este año dos mil veintitrés y sucesivamente vamos a poder avanzar e ir -digamos- eliminando ese viejo... ese cajón de asuntos que todavía tenemos pendientes de, incluso, si no años anteriores, sí del último año, del año dos mil veintidós.

Por tanto, algo vamos a avanzar. Yo soy optimista. Y aunque el hecho de incorporar una persona con una dedicación particularmente destinada a la... a la Comisión de Transparencia, pues va a agilizar mucho las cosas, y yo creo que el resultado va a ser positivo. Y ya se está viendo ese resultado en los dos meses escasos que lleva ya trabajando con nosotros este... este asesor.

Vamos a intentar, es algo que coincido con el señor Sicilia como portavoz del Grupo Vox, en que hay que facilitar el acceso a las reclamaciones a través de algún tipo de criterio discriminador que nos permita una búsqueda más sencilla. Y eso lo vamos a implementar en el próximo ejercicio. Vamos a hacer una... una reformulación de nuestra página web para incorporar la posibilidad de que a través de materias se puedan localizar las resoluciones de una forma -digamos- más allá de lo que se viene haciendo ahora, que es una búsqueda -digamos- por fechas y, bueno, pues una relación que, como cada vez van siendo más las resoluciones que dictamos, lógicamente esa búsqueda se hace más dificultosa. Incluso, según pretendemos y según... casi seguro que vamos a conseguir, van a ser mucho más las resoluciones que vamos a dictar en el futuro, pues esa búsqueda, lógicamente, se va a ser... va a ser más complicada. Y, por tanto, vamos a introducir un criterio de sistematización por materias para conseguir una búsqueda más ágil.

Yo quiero dejar claro una cosa en relación con esa reivindicación que venimos haciendo sobre la posibilidad de forzar el cumplimiento de nuestras resoluciones. Yo no pido, ni mucho menos, la Comisión... el presidente de la Comisión de Transparencia o el presidente... la Comisión de la Transparencia, que es en realidad en el ámbito competencial en el que nos movemos, no pido ni solicito una reforma normativa que implemente un mecanismo sancionador. No. No quiero ejercer ninguna potestad sancionadora. Lo que pretendo es que haya un instrumento que -digamos- anime, por así decirlo. Y yo creo que la palabra está bien utilizada, porque lo que se necesita en muchos casos es animar al cumplimiento. Porque si no se anima a ese cumplimiento mediante, permítanme la expresión, esa espada de Damocles, es decir, "es que, si no, me van a imponer una multa coercitiva, que pueden reiterar incluso cada mes o cada dos meses, con una cantidad que me va a afectar y yo voy a tener que dar cuentas de esa... de esa multa", pues va a facilitar las cosas.

En muchos casos yo no estoy en la cabeza ni en la motivación de cada una de las personas que tienen que dar cumplimiento a una reclamación, pero intuyo que en muchos casos -digamos- hay una cierta relajación; que a veces esa relajación no es tal y se obedece pues a unas dificultades -digamos- por carencia de personal o de medios para poder dar cumplimiento. Pero yo intuyo que en algunos casos hay una cierta relajación en el cumplimiento de estas... de estos deberes.

Y, por eso, pues un cierto empuje o impulso a través de esa espada de Damocles que supone la posibilidad de que me pongan una multa coercitiva; que no es una sanción, porque la sanción, como todos podemos entender, se trata de -digamos- castigar un comportamiento hecho. Aquí lo que tratamos es no de castigar un comportamiento hecho, sino forzar a que se cumpla. Por tanto, en el destinatario de esa eventual multa coercitiva está perfectamente -digamos- no ser objeto de esa multa coercitiva cumpliendo lo que es su deber, que es satisfacer el derecho a saber que ha sido reconocido por la Comisión de Transparencia a través de su resolución.

Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que no es un instrumento invasivo de... -digamos- de las personas o un instrumento que lleve esa carga peyorativa que supone la imposición de una sanción; porque no lo es una sanción, no es una sanción. No es una sanción en tanto en cuanto tú puedes no ser objeto de esa multa simplemente cumpliendo lo que es tu deber. Punto. Por tanto, yo creo que eso sí puede animar.

Y soy consciente, soy consciente porque conozco la Comunidad, no solamente como Comisionado de la Transparencia o presidente de la Comisión de Transparencia, sino también por ser un ciudadano de esta Comunidad y por ser, además, ya con años, por tanto, me he recorrido la Comunidad varias veces en mi vida; conozco la Comunidad, también conozco la Comunidad sobre todo a través de la labor que realizamos como Procurador del Común. Y sé que hay muchos municipios pequeños, muchos municipios que carecen de medios materiales y también humanos. Lo que ha dicho la procuradora... la señora... -señora Ranedo, ¿verdad?- señora Ranedo, procuradora portavoz del Grupo Popular, la carencia de secretarios-interventores en los pequeños municipios es un da... es un hecho real; y que eso dificulta mucho no solamente el cumplimiento de las eventuales reclamaciones o resoluciones de las reclamaciones en materia de transparencia, sino que supone, en muchos casos, dificultades añadidas a la gestión en el pequeño municipio para la prestación de servicios básicos y obligatorios, como son los que... en fin, los que facilitan la vida a los vecinos de ese municipio.

O sea que todo esto está relacionado y soy consciente de eso; hemos hecho algunas actuaciones de oficio dirigidas a las diputaciones, dirigidas a la Junta de Castilla y León. Incluso nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo para que el Defensor del Pueblo incida en el propio Ministerio, que es el que -digamos- tiene la capacidad de... de promover el procedimiento selectivo de los funcionarios locales, particularmente de los habilitados nacionales, nos hemos dirigido para que tenga en cuenta esta realidad de nuestra Comunidad Autónoma, y de otras, pero particularmente en esta por -digamos- la distribución municipal de nuestra... la organización municipal de nuestra... de nuestro territorio.

Por tanto, de eso soy consciente y, como consciente que soy de ello, pues, lógicamente, actúo en consecuencia. A ver, lo que no es posible es... -y esto también creo que se... se entiende fácilmente- esto lo relaciono con una cuestión que planteaba o que suscitaba el procurador del grupo... del Grupo Socialista, el señor Briones, cuando decía que "bueno, algo bueno está haciendo la Comisión de Transparencia -y lo agradezco esa precisión, más o menos es lo que yo he entendido- en cuanto que ya no se recurre ante el Contencioso". La gente se aquieta porque entiende que nuestras resoluciones están fundadas. Y yo lo agradezco y creo que en muchos casos es así; pero también es cierto que, pensando un poquito mal -y esto, ahora que no nos oye nadie, permítanme que lo diga-, pues también es cierto que es más fácil no recurrir y no cumplir que recurrir y que te dicten una sentencia en tu contra y con costas, de la cual tendrás que dar cuenta al Pleno de la corporación.

Por tanto, vamos a cerrar el círculo, vamos a intentar cerrar el círculo; porque no facilitemos las cosas al incumplidor -que también los hay-, al incumplidor, diciendo "yo ni cumplo ni lo recurro, porque nadie me obliga; ni cumplo, ni lo recurro". Porque ya sé que si lo recurro voy a tener una sentencia en contra, o puedo tener una sentencia en contra, incluso con costas, como se han dado casos. Por tanto, hay que cerrar el círculo.

Y yo no sé si me habré quedado supongo que muchas cosas en el tintero y, por tanto, en esta primera intervención, por mi parte, pues yo la doy por finalizada. Pero si alguien tiene... quiere matizar alguna cosa o volver a insistir sobre algún tema del que, por inadvertencia, no he dado contestación, pues me pongo a disposición de la Presidencia para que obre como él considere.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Quintana. ¿Algún portavoz desea consumir un turno de réplica?

EL SEÑOR SICILIA DOMÉNECH:

Sí, señor presidente. Vale, nada. Muy brevemente. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Y me alegro de que... de que se mejore la búsqueda de la página. Y bueno, es que yo creo que debe imperar, como dice usted, en el tema de la potestad sancionadora o la capacidad sancionadora, debe imperar el hecho de hacer las cosas bien, como... como parte de la responsabilidad de cada uno en sus funciones. Pero bueno, sí que es verdad que a veces da un poco de rabia que no se cumpla; o sea, que, en ese sentido, yo entiendo que hay que imperar en convencer a la gente de que se tienen que hacer las cosas bien por principio, porque se está al servicio público.

Hablando de obligaciones y funciones, pues obligaciones tiene mucha gente en la actividad pública, entre ellas obligaciones tiene el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León, que lleva desde el dos mil quince ganando 815.000 euros y no va ni a la Junta de Portavoces, que es parte de sus funciones y sus obligaciones. Ni siquiera ha venido hoy.

Y las funciones, como se ha dejado en algún momento decir, las funciones del vicepresidente de la Junta, que también tiene sus funciones y obligaciones, están recogidas en el Decreto 2/2022, de diecinueve de abril, que dictó el presidente de la Junta de Castilla y León. Así que todos tenemos obligaciones, todos tenemos deberes que hacer. Y nada, y yo simplemente agradece al procurador de... y al Comisionado su... su informe, su labor y sus explicaciones. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Sicilia. Señor Briones, tiene la palabra.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente. Yo creo que el que comparece es, en principio, el Comisionado de Transparencia, ¿no? No voy a entrar en la contestación a quien, evidentemente, no cree ni... en el título VIII de la Constitución, y, por lo tanto, bueno, sobra... sobre eso.

Me preocupa algo de lo que ha dicho, señor... señor Quintana López. Me preocupa que diga usted prácticamente o que usted deje al socaire el que, si no tenemos instrumentos, hay que convencer, hay que convencer, en este caso a las Administraciones, que cumplan de buena fe. De acuerdo. Eso, si usted revisa un poquito el diario... bueno, seguramente no lo ha mirado, pero en la Comunidad Valenciana al principio era así. Y le invito a que mire también algunas resoluciones del Consejo de Cuentas, del Consultivo, para que vea lo que está sucediendo.

Yo no soy partidario de las muestras... de las multas coercitivas, ni soy partidario, en principio, de que se les tenga que obligar así a los ayuntamientos... a los ayuntamientos a cumplir; pero si no valoramos lo que es la transparencia y la... por parte de las Administraciones, al final se nos va a ir de la mano, se nos va a ir de la mano.

Y me preocupa hoy algo que ha dejado usted, bueno, pues sobre la mesa. No sé si al final usted está de acuerdo con las multas coercitivas, ¿sí o no? Doy por hecho que usted, ahora... y creo que hay un cambio precisamente en la institución con relación a lo que es la necesidad de modificar la ley, para darle precisamente esa vinculación que se tiene, esa vinculación, se pueda cumplir. Es que, si no, prácticamente es imposible.

Y yo creo que yo me he leído prácticamente casi todas las Memorias de... en este caso, de la Comisión de Transparencia, y creo que hay un cambio, y, no sé, un cambio importante. Es decir, me gustaría que nos aclarara si usted está de acuerdo o no, en principio, con relación a las multas coercitivas para vincular el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia, por un lado, y también con relación a la necesidad o no de la modificación legal, porque nosotros creemos que, si no se tiene esa fuerza obligatoria o esa fuerza imperativa, al final no se cumple. Es lo único. Porque claro, si usted me dice que no es necesario eso, ¿qué instrumentos? Es que yo creo... ¿qué instrumentos tenemos para exigir el cumplimiento? Ahora mismo, dígame usted cuáles son los cumplimientos que existe... -perdón- los instrumentos que existen para cumplir.

Porque, que yo sepa, aparte de la condena social que pueda aparecer en los medios de comunicación y que el ayuntamiento, bueno, pues de turno o la institución o la fundación no cumple, ¿qué otros instrumentos tenemos? Eso es... esa es la preocupación, porque al final tengo la sensación -y voy terminando, señor presidente-, tengo la sensación de que en principio esta institución del Comisionado de Transparencia, que además tiene que hacer el trabajo precisamente el mismo... aparte del trabajo que tiene que hacer como el Procurador del Común, al final se va... -y lo siento- creo que se va a ir deslavando, creo que va a ir perdiendo fuerza, y creo que eso no es nada bueno para la institución y no es nada bueno para la transparencia. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Briones. Señora Ranedo, tiene la palabra.

LA SEÑORA RANEDO GÓMEZ:

Sí. Gracias. Nada, muy... muy brevemente. Poner en... poner en valor la... la contratación de una... de una persona, de un asesor dentro de la... dentro de sus... de sus competencias. Y bueno, pues es un compromiso de que seguramente, si ustedes van necesitando más... más apoyos, pues bueno, esperemos que con el tiempo esos apoyos se... se sigan dando y, por supuesto, pues haya fluidez en sus resoluciones.

Y me gustaría simplemente también destacar que en cuanto a las... no sanciones sino las multas coercitivas, o cómo poner de alguna manera una acotación para que las entidades cumplan... cumplan su... con la... con la transparencia, claro, ¿cómo hacemos ante las desigualdades que existen entre unas y otras? Porque es muy diferente. Si estamos hablando de que las más pequeñas tienen problemas porque no tienen medios, ¿cómo las comparamos con las grandes, que sí que lo tienen? Creo que es... para... para mi forma de... de ver, pues quizás sea una forma un poco desigual a la hora de... de establecer este tipo de... de multas o de... o de cómo hacer ver a las entidades que tienen que cumplir con la transparencia. Bueno, agradecerle de nuevo su presencia. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señora Ranedo. Para cerrar el debate, tiene la palabra de nuevo el excelentísimo señor Comisionado de Transparencia.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Bueno, muchas gracias. Me parece que exigen alguna... algún comentario las intervenciones del señor Briones y la señora Ranedo. Bueno, simplemente, en relación con lo que decía el señor Sicilia también, aprovecho la ocasión para manifestar que, bien, hay que tener, hablando de recursos económicos, pues hay que considerar que la función -digamos- de la Comisión de Transparencia o el Comisionado de Transparencia, indirectamente, en cuanto sustrae medios del Procurador del Común, también está consumiendo recursos económicos. Y, por tanto, hacer más eficaz en lo posible el ejercicio de las funciones que realiza la Comisión y el Comisionado de Transparencia, y particularmente, por lo que ahora nos estamos refiriendo, la Comisión de Transparencia en las resoluciones... en las resoluciones que emite y en su cumplimiento, pues evidentemente también es eficiente desde el punto de vista económico; porque si dictamos resoluciones que en una parte de ellas no se cumplen, pues estamos consumiendo recursos sin conseguir el objetivo que se pretende. Por tanto, también tiene una vertiente, esta cuestión tiene una vertiente económica, que es a la que aludía, si no he entendido mal, el señor Sicilia.

Es decir, que el cumplimiento de nuestras resoluciones no solamente cubre lo que supone el derecho a saber de los ciudadanos, que quizás sea lo más importante, sino que también tiene una vertiente -digamos- desde el punto de vista económico y de eficiencia del gasto público, en cuanto que nosotros consumimos recursos, nosotros consumimos recursos. Y, por tanto, esos recursos estarán por bien empleados, se darán por bien empleados si se cumple su función. Me parece que esto nadie puede discutirlo. Y no sé si me he explicado bien.

Donde no me he debido explicar bien -y creía que sí- es en relación con la cuestión que planteaba el señor Briones; porque, si no he entendido mal, me cuestiona si yo estoy o no a favor de la multa coercitiva; no ahora, sino vengo diciéndolo en anteriores exposiciones ante sus señorías. Y creo que en mi exposición, no solamente en la Memoria que ustedes ya disponen, sino en la exposición mía, digo que es necesario un... un medio de ejecución forzosa, que exige necesariamente una reforma legislativa. Blanco y en botella, creo. Es decir, si no se hace esa reforma legislativa, estamos como estamos.

Sé que... coincido con usted que la Comunidad Autónoma de Valencia lo ha implementado, pero con anterioridad lo implementó la Comunidad Autónoma de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto, ya en algunos ámbitos hay, y en alguna otra más.

Por tanto, yo soy partidario de eso, de hacer un uso... el uso necesario, el uso ponderado, el uso proporcional. Y ahí contesto a la señora... también quiero contestar a la señora Ranedo. Puede graduarse el montante de las multas colectivas: no será igual a la Administración tal que tiene un presupuesto de no sé cuántos millones de euros de la Administración equis que tiene un presupuesto de 80.000 euros, por ejemplo. Estoy refiriéndome que se puede ponderar y graduar el montante de la multa coercitiva en función... por ejemplo, es un criterio, que yo no soy quien legisla, son ustedes, son ustedes, y ustedes son los que tienen que verificar todas estas cosas. Simplemente se me ocurre decir que es un criterio, pues de ponderación; es decir, pues a un gran municipio la multa coercitiva puede alcanzar esta cantidad y reiterada cada un mes o cada dos meses, tal. Y a un municipio de menos de... pues se le puede poner una multa coercitiva... se le puede amenazar, por así decirlo, con una multa coercitiva de menos cantidad y, digamos, reiterar o repetir esa multa coercitiva en un plazo de tiempo más dilatado para permitirle también cumplir, si es que tiene voluntad de cumplir o medios para ello.

Y también se puede establecer una salvaguarda en la que se puede dar un plazo mayor para poder dar cumplimiento a las... a las... a nuestras resoluciones, para facilitar ese cumplimiento a Administraciones que coyunturalmente no tienen medios; porque son muchas veces las que los propios alcaldes de los municipios nos dicen: mire usted, yo quería cumplir con esto, pero resulta que no tengo secretario; el secretario que tuve se ha ido, ha venido otro, y se ha ido otra vez, y ahora ya no tengo. Entonces, en fin, todas estas cosas se pueden -digamos- con una... con unas previsiones legales que faciliten la... una interpretación flexible, pues se puede hacer.

Pero contestando a su pregunta: soy partidario de la multa coercitiva. No soy partidario de la sanción, porque la multa coercitiva no es sanción. Y tiene que quedar muy claro, porque a veces se confunde, y no es así. Por mí, he terminado. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Quintana. Según el Artículo 148.3, los procuradores que no hayan actuado como portavoces pueden, escuetamente, formular preguntas o solicitar aclaraciones. ¿Algún procurador desea intervenir?

En ese caso, agradeciéndole al Comisionado de la Transparencia las informaciones, la exposición y su presencia aquí con su secretario general, como cada vez que se le requiere, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas diez minutos].