DS(C) nº 57/11 del 22/9/2022

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario comunica alguna sustitución?

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

Sí, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista le comunica que Alicia Palomo Sebastián va a ser sustituida por Consolación Pablos Labajo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

¿Consolación Pablos...?

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

Pablos Labajo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

¿Algún otro grupo?

EL SEÑOR SANZ MERINO:

Sí. En el Grupo Popular, José Luis Sanz Merino sustituye a don Ángel Ibáñez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muy bien. ¿Sí? ¿Alguno más?

EL SEÑOR PALOMAR SICILIA:

Sí. El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia sustituye a José Ángel Ceña Tutor.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Juan Antonio, ¿perdón?

EL SEÑOR PALOMAR SICILIA:

Palomar.... Palomar Sicilia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Por el señor secretario se da lectura del primer punto del orden del día.

Memoria Anual 2021

EL SECRETARIO (SEÑOR GUERRERO ARROYO):

Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Comisionado de Transparencia, para la presentación de la Memoria Anual del Comisionado de Transparencia correspondiente al año dos mil veintiuno, remitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 13.2, apartado a), de la Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Damos la bienvenida al excelentísimo señor Comisionado de Transparencia, don Tomás Quintana, y al equipo que le acompaña. Y, directamente, tiene la palabra el... el excelentísimo señor Comisionado de Transparencia.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias. Señoras y señores procuradores, como saben, en el mes de diciembre de dos mil trece, con cierto retraso en relación con algunos países de nuestro entorno, aunque ciertamente con antecedentes en determinados ordenamientos sectoriales de nuestro país, se aprobó por primera vez en España una ley reguladora de la transparencia de la actividad pública. Con ella, el legislador estatal fijó los principios y normas generales que habrían de regir la transparencia de las Administraciones y el resto de entidades públicas, asumiendo, con ello, que la actuación transparente de los entes públicos son elementos esenciales que contribuyen a dotar de calidad democrática a la sociedad en nuestros días. Dos años más tarde, estas Cortes, en las que nos encontramos, aprobaron la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

Si se mira con perspectiva temporal, ciertamente han pasado pocos años desde que la actuación transparente de los entes públicos ha pasado de ser una aspiración solo en la mente de los académicos estudiosos de la materia a constituir, en la actualidad, una demanda de la ciudadanía, que exige saber cómo se ejercen las competencias que las normas atribuyen a los entes públicos y cómo se gestionan los recursos públicos que los ciudadanos ponemos en sus manos para que atiendan nuestras necesidades, en el más amplio sentido de la expresión, conforme a las reglas de que dispone el ordenamiento jurídico en un Estado de derecho.

Por ello, en este nuevo contexto, dominado por esta relativamente reciente exigencia de la ciudadanía, surge como cuestión esencial la necesidad de garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, que es precisamente a lo que atiende la legislación de transparencia.

Pues bien, en Castilla y León, la normativa de la Comunidad atribuye al Procurador del Común la posición podríamos decir que de garante de la transparencia, añadiendo esta responsabilidad a su primigenia función de defensor de los derechos constitucionales y estatutarios de los castellanos y leoneses, al reconocerle... reconocer la condición al Procurador del Común de Comisionado de la Transparencia y, como tal, de presidente de la Comisión de Transparencia.

Consecuentemente, desde el mes de octubre de dos mil dieciocho, cuando tomé posesión como Procurador del Común, asumí también el deber de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, para lo que ha sido especialmente valiosa la experiencia atesorada por esta institución en la defensa de los derechos de la ciudadanía, defensa ejercida siempre con objetividad e independencia; al igual que hacemos en el ejercicio de nuestras funciones como garantes del derecho a saber de los ciudadanos, derecho del que me considero un convencido defensor, siempre en el marco diseñado por la legislación que lo regula.

Como parte de nuestros deberes, la ley autonómica impone al Comisionado de Transparencia el deber de presentar ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común una Memoria Anual donde se evalúe el grado de aplicación de la normativa de transparencia de Castilla y León, informando... informando sobre el cumplimiento en la Comunidad de las obligaciones previstas en materia de... de publicidad activa y de acceso a la información por parte de las entidades que conforman el sector público autonómico, por las entidades locales, y también por las corporaciones de derecho público existentes en Castilla y León.

La Memoria correspondiente al año dos mil veintiuno, a disposición de sus señorías desde principios del pasado mes de agosto, y simultáneamente publicada en la página web institucional, es la sexta elaborada por el... por el Comisionado de Transparencia. Y en ella, como en los cinco años anteriores de funcionamiento de la institución, además de plasmar la referida evaluación ordenada por la ley, se hace un repaso de la actividad desarrollada durante ese año por el Comisionado y por la Comisión de Transparencia, con especial detenimiento en la llevada a cabo por esta última con motivo de la tramitación y resolución de las reclamaciones recibidas en materia de acceso a la información pública; reclamaciones sobre las que me permito recordar que sustituyen a los recursos administrativos ordinarios cuando los ciudadanos no obtienen respuesta a las solicitudes de... de información efectuadas o la que reciben no les satisfacen, por ser denegatoria, total o parcialmente, de la información interesada.

Con la elaboración y presentación de la Memoria, se pretende, más allá del mero cumplimiento de una obligación legal, realizar una radiografía, necesariamente limitada en los detalles, de la situación de la transparencia pública en la Comunidad, así como analizar, de forma también necesariamente acotada, la... la evolución de esta en el tiempo.

Para comenzar la presentación del contenido de la Memoria propiamente dicha ante sus señorías, expondré, con la brevedad que requiere esta comparecencia, cuál ha sido la actuación de la Comisión de Transparencia.

Interesa, en primer lugar, destacar que en dos mil veintiuno hemos recibido el mayor número de reclamaciones desde la creación desde la Comisión... de la Comisión de Transparencia. En efecto, fueron 495 las ocasiones en las que los ciudadanos acudieron a la Comisión para reclamar frente a la falta de acceso a la información pública que habían promovido.

Pero, más allá de que el número de reclamaciones haya sido el mayor desde el inicio de su creación, resulta destacable el incremento de 166 respecto a las reclamaciones presentadas en dos mil veinte; es decir, un 33 % más frente a las recibidas el año anterior. Lejos quedan, además, las 102 recibidas en dos mil dieciséis -es decir, el primer año de funcionamiento de la Comisión-, frente a las 495 presentadas -como acabo de señalar- en dos mil veintiuno.

En seis años, por lo tanto, se han casi quintuplicado las reclamaciones formuladas. Sin duda, esta cifra resulta reveladora de la voluntad de los ciudadanos de hacer valer su derecho de acceso a la información, impugnando las actuaciones u omisiones que, a su juicio, lo vulneran. Pero es posible que también ponga de manifiesto la confianza de los ciudadanos en la Comisión de Transparencia como órgano garante del ejercicio de su derecho a conocer la información en poder de las Administraciones y de otras entidades públicas; lo que, si así fuera, constituiría un motivo de satisfacción para quienes integramos este órgano colegiado.

Si hemos destacado el número de reclamaciones recibidas en dos mil veintiuno, también lo hemos de hacer con referencia a las presentadas por medios electrónicos, pues el 65 % de ellas lo han sido en soporte electrónico, y casi la mitad se han recibido a través de la sede electrónica del Comisionado; lo que ha supuesto que prácticamente se haya duplicado el número de las formuladas a través de esta vía, pues en dos mil veintiuno fueron 240, frente a 124 en dos mil veinte. Además, la utilización por los ciudadanos de las nuevas tecnologías, como lo demuestra el dato anterior, se ha visto acompañada en dos mil veintiuno por un incremento notable del tráfico de nuestra página web. Todo lo cual pone de manifiesto que las medidas que venimos adoptando con la finalidad de acercar a los ciudadanos los mecanismos de garantía de la transparencia y de incentivar su utilización, por ejemplo, a través de la implantación y fomento de la utilización de la sede electrónica, continúan dando sus frutos, siendo especialmente destacables, en este sentido, los datos del último año.

Se mantiene, como en años anteriores, el predominio de las reclamaciones presentadas frente a la ausencia de respuesta a las peticiones de información. En efecto, tres de cada cuatro reclamaciones recibidas han estado motivadas en el silencio de las Administraciones o entidades a las que se dirigieron los particulares solicitando información. Continúa siendo, por ello, preocupante la frecuencia con la que los ciudadanos no obtienen ninguna respuesta cuando acuden pidiendo información a las Administraciones y entidades públicas; circunstancia que también se produce con frecuencia cuando los ciudadanos que piden ser informados son cargos de corporaciones locales de la Comunidad. Si bien aquí, en atención a la legislación de régimen local, el plazo de que disponen las entidades locales para resolver es mucho más reducido que el general establecido en la legislación de transparencia.

En relación, precisamente, con los cargos locales, es relevante que una cuarta parte del número total de reclamaciones que hemos recibido las presentaran aquellos en ejercicio de su cualificado derecho de acceso a la información. Así, de las 121 reclamaciones promovidas por representantes locales, 94 las formularon concejales, 24 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales y 3 por diputados provinciales.

En relación, precisamente, con las reclamaciones promovidas por cargos locales, me parece oportuno citar la Sentencia del Tribunal Supremo de diez de marzo del año dos mil veintidós -es decir, de este mismo año-, y ello pese a que, como pueden ustedes advertir, excede del ámbito temporal al que se refiere esta Memoria, que corresponde al año dos mil veintiuno. Pero la importancia, que me parece indiscutible, de este... de esta sentencia también aconseja que la traiga aquí ante ustedes, pues en ella se ratifica el criterio que viene manteniendo la Comisión de Transparencia desde el año dos mil diecinueve, junto con otros órganos de garantía de la transparencia, acerca de nuestra competencia -es decir, la competencia de la Comisión de Transparencia- para resolver las reclamaciones presentadas por los cargos locales, al amparo de la legislación de transparencia, precisamente.

Junto a los cargos locales, también destacan, por el número de reclamaciones dirigidas a la Comisión -aunque sea en menor medida-, las asociaciones ecologistas, que presentaron 36, así como también, y destacadamente, los profesionales de los medios de comunicación, los cuales acudieron en 21 ocasiones a la Comisión para reclamar ante la falta de acceso a la información que previamente habían solicitado.

En cuanto a los sujetos afectados por las reclamaciones, las entidades locales acaparan el 75 % de ellas; por lo tanto, tres de cada cuatro reclamaciones que recibimos se referían a entidades locales. Y, dentro de estas, destacan las 310 presentadas frente a ayuntamientos, muy por encima de las 47 que tuvieron por objeto actuaciones denegatorias en cuanto a la información solicitada por parte de... de entidades locales menores; o, por la misma razón, también recibimos 15 reclamaciones frente a diputaciones provinciales.

Por otra parte, el 21 % de las reclamaciones que nos llegaron lo fueron frente a la actuación denegatoria de la Administración General de la Comunidad; en este caso, dos puntos por debajo respecto del año anterior. Y, dentro de esta -es decir, de la Administración de la Comunidad Autónoma-, es la antigua Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con 43 reclamaciones, seguida de las Consejerías de Sanidad y de Educación, cada una de ellas con 19 reclamaciones, las que más reclamaciones han suscitado.

Considerando las materias sobre las que versaron las peticiones de información cuya denegación fue impugnada ante la Comisión de Transparencia, como ha sucedido en años anteriores, la casuística es muy amplia, por lo que detallarla en este momento sería una tarea, además de ardua, consideramos que no demasiado útil. Nos limitaremos, por ello, a señalar que son cuatro las materias en las que se han presentado un mayor número de reclamaciones. Concretamente, y en orden descendente: la información económica, es decir, la negativa... o la relativa a los ingresos y gastos de las entidades públicas; el urbanismo, especialmente en lo relacionado con el otorgamiento de licencias y otras actividades públicas reguladas en este sector del ordenamiento, como, por ejemplo, el desarrollo de la actividad de disciplina urbanística por parte de las entidades locales; el empleo público; y también, y por último, también en este orden descendente, en la materia ambiental.

En cuanto a las resoluciones emitidas por la Comisión en dos mil veintiuno, también la cifra ha sido la más elevada desde su creación, de manera que adoptamos a lo largo de ese año 260, es decir, 9 resoluciones más que en dos mil veinte; de ellas, 148 fueron estimatorias y en 51 de ellas declaramos la desaparición del objeto de la reclamación, al ser concedida la información cuya denegación había sido impugnada una vez que iniciamos la... iniciamos la tramitación de los correspondientes expedientes. Por lo que hemos vuelto a comprobar, también en relación con el año dos mil veintiuno, que solo el inicio de nuestra intervención anima a los entes públicos a cumplir con su deber de proporcionar la información solicitada.

En todos estos casos, sea por haber emitido nuestra resolución o bien por haber desaparecido el objeto de la reclamación, el resultado final es, o al menos debería ser, que el ciudadano haya obtenido... hubiera obtenido la información pública solicitada a que tenga derecho.

También, en la Memoria de dos mil veintiuno incluimos una parte dedicada al contenido material de las resoluciones emitidas. En ella, en esa parte, exponemos la doctrina mantenida por la Comisión en materia de derecho de acceso a la información, con base en la formulación amplia y expansiva con que está configurada en el ordenamiento jurídico. Concretamente, para la exposición del contenido de las resoluciones, se ha utilizado una sistemática que permite agruparlas en apartados que se corresponden con distintos aspectos regulados en la ley, y en particular los siete siguientes:

En primer lugar, los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información y vinculados por la legislación de transparencia, cuyo ámbito de aplicación recuérdese que se extiende, más allá de las Administraciones públicas propiamente dichas, a otros entes que integran el sector público.

En segundo lugar, el concepto de... de información pública, tanto en su delimitación negativa, es decir, lo que no es información pública, como en su delimitación positiva, lo que es, en definitiva y realmente, información pública.

En tercer lugar, la aplicación de la Ley de Transparencia a los regímenes especiales de acceso a la información, como es la solicitada por los cargos locales, sometida, inicialmente al menos, a la legislación de régimen local, o la información en materia ambiental, que también tiene su propio régimen jurídico, aunque no de una forma tan extensiva como el que prevé la legislación de transparencia.

En tercer lugar, las cuestiones de procedimiento, tales como los requisitos que deben cumplir las solicitudes, el trámite de alegaciones de los terceros afectados por la información solicitada o aquellas cuestiones que afectan al procedimiento de reclamación ante la Comisión.

En quinto lugar, las causas de inadmisión de las solicitudes, especialmente las relativas a la reelaboración o al carácter abusiva... abusivo de la petición.

Seguidamente, los límites al derecho de acceso, con referencia especial a la protección de datos personales.

Y por último, en séptimo lugar, la materialización del acceso a la información, con atención a cuestiones tales como la posibilidad de la consulta personal de esa información, la exigencia de una contraprestación económica según el formato en el que se facilita la información al solicitante o la obtención de esta -de la información- cuando se encuentra ya publicada, conforme a las exigencias impuestas por lo que se conoce como publicidad activa.

Todas las resoluciones se encuentran publicadas en nuestra página web. Previa disociación de los datos personales que aparecen en ellas y para facilitar su consulta, por vez primera, como han podido comprobar, este año hemos incluido en un anexo de la Memoria la relación de todas las resoluciones adoptadas en dos mil veintiuno con los... con los enlaces electrónicos correspondientes a su publicación.

Un tema de capital importancia es lo... lo referente al derecho de acceso a la información requerida a partir de la intervención de la Comisión: es el tema relativo al cumplimiento de las resoluciones que esta emite. Dichas resoluciones, o estas resoluciones de la Comisión de Transparencia, como es conocido, se adoptan siguiendo un procedimiento de reclamación sustitutivo de los recursos administrativos, y estas resoluciones participan, por ello, de la naturaleza propia de los actos administrativos. Consecuentemente, son ejecutivas; y, en razón de esto, debieran poder llevarse a efecto de manera forzosa en los... en los casos de falta de cumplimiento voluntario por parte de los entes públicos concernidos.

Sin embargo, el empleo de los conocidos medios de ejecución forzosa, y en particular en estos casos de la denominada multa coercitiva, con este fin de ejecución forzosa, debe estar previsto expresamente en una norma con rango de ley; lo cual, en la legislación de Castilla y León, por el momento, no se recoge. Ausencia que constituye una evidente limitación a la eficacia real de la actividad de la Comisión de Transparencia, lo que evidencia el hecho incontestable de que, año tras año, se incrementen el número de resoluciones estimatorias incumplidas. Ante lo cual, únicamente podemos publicar ese incumplimiento en nuestra página electrónica y hacerlo constar en la Memoria Anual, como así consta en la Memoria que hemos presentado relativa al año dos mil veintiuno.

Y sirva como evidencia de lo que acabo de señalar que, cuando finalizamos la elaboración de la Memoria correspondiente a ese año dos mil veintiuno -es decir, el pasado quince de julio-, más de una de... más de una de cada tres resoluciones adoptadas en ese año dos mil veintiuno aún se hallaban pendientes de ser cumplidas. Es decir, que en julio de dos mil veintidós todavía más de una de cada tres del año dos mil veintiuno se hallaban pendientes de ser cumplidas. Y si nos retrotraemos al año dos mil veinte, en esa misma fecha, es decir, el quince de julio de dos mil veintidós, sin haber sido recurridas judicialmente, aún se hallaban sin cumplir una de cada tres resoluciones emitidas en dos mil veinte.

Como fácilmente comprenderán sus señorías, si una resolución de la Comisión de Transparencia en la que se reconoce el derecho de un ciudadano a acceder a determinada información pública no es cumplida en sus propios términos por la entidad destinataria de aquella, se frustra el derecho de acceso y, por ende, también se frustra la función del órgano de garantía.

Con este fundamento, una vez más, permítanme que insista en la necesidad de incorporar la multa coercitiva como medio de ejecución forzosa de las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia, en la línea... en la línea de lo que ya han incorporado algunos ordenamientos autonómicos, al ser un instrumento jurídico este que permite forzar el cumplimiento de dichas resoluciones y, con ello, satisfacer el legítimo derecho de los ciudadanos a obtener la información que soliciten.

Con todo, el sistema de equilibrios que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico administrativo en general no es ajeno al tema que nos ocupa. De manera que, junto al carácter vinculante de las resoluciones de la Comisión de... de Transparencia -aunque con las limitaciones derivadas de todo lo que acabo de señalar, pero que se halla reconocido ese carácter vinculante-, dichas resoluciones, como contrapeso, pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa; pero lo que no resulta admisible es que, en algunos casos -más de los que nos imaginamos, quizás-, nuestras resoluciones ni se cumplen por las Administraciones concernidas ni estas tampoco, como podrían hacerlo legítimamente, las impugnan en el ámbito jurisdiccional. Situación esta que deja a nuestras resoluciones en una suerte de limbo, frente al que, día a día, carecemos de un medio como el que reivindicamos, es decir, la posibilidad de forzar el cumplimiento mediante la imposición de multas coercitivas, para que esas resoluciones que han alcanzado firmeza por no haber sido recurridas puedan finalmente ser objeto de cumplimiento.

Con referencia, precisamente, a la impugnación judicial de las resoluciones de la Comisión de Transparencia, que también se dan estos supuestos, en el año dos mil veintiuno han recaído tres sentencias judiciales a partir de otras tantas resoluciones recurridas judicialmente. Sentencias dictadas, en un caso, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y, en otros dos, por sendos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de León. Sentencias todas ellas desestimatorias de los recursos interpuestos, y confirmatorias, por tanto, de los criterios que mantuvimos en nuestras resoluciones.

Tras esta visión general, y necesariamente sumaria, de la actuación de la Comisión de Transparencia en dos mil veintiuno, paso a exponer los resultados generales de la evaluación del cumplimiento por los entes públicos de sus deberes en materia de publicidad activa y de acceso a la información; evaluación que también tiene que engrosar el contenido de la Memoria del Comisionado, de acuerdo con lo previsto, precisamente, en la Ley de Transparencia de Castilla y León.

Esta evaluación se halla fuertemente condicionada por dos factores, es decir: la evaluación que hacemos de la publicidad activa, por una parte, que realizan las Administraciones públicas; y, por otra parte, del cumplimiento del derecho de acceso a la información que pueden promover los particulares. Esas dos funciones, que también incorporamos a nuestra... a nuestra Memoria -porque así lo dispone la norma que... que regula, en este caso, al Comisionado de Transparencia-, se halla, como digo, condicionada por dos factores: por un lado, el elevado número de sujetos obligados en nuestra Comunidad por la normativa de transparencia, pues son más de 5.000, contando exclusivamente con las Administraciones públicas, la mayor parte de ellas pequeñas entidades integrantes de la Administración local; y de otro, por la carencia de mecanismos formales -o insuficiencia de mecanismos formales, si se quiere- o de... y de medios personales y materiales específicos para el desempeño específicamente de esa función.

En consecuencia, para la realización de esta evaluación, es preciso contar con la colaboración de las Administraciones y entidades afectadas; en concreto, mediante la cumplimentación por parte de ellas de cuestionarios de autoevaluación elaborados y puestos a su disposición por parte del Comisionado de Transparencia.

Pues bien, en dos mil veintiuno se remitieron 111 cuestionarios de autoevaluación de publicidad activa, adaptados a las obligaciones previstas para cada uno de los sujetos destinatarios. Un 57 % de las entidades a las que nos hemos dirigido nos han remitido el cuestionario cumplimentado -poco más de la mitad, por tanto-, cifra que supone un ligero descenso en cuanto al grado de colaboración que se nos prestó en el año anterior.

Resulta especialmente llamativo que 5 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, uno de ellos capital de provincia, no hayan colaborado con la cumplimentación del correspondiente cuestionario de autoevaluación; y también lo es que, de los 60 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a los que nos hemos dirigido solicitando su colaboración para, en el cumplimiento de nuestras funciones, elaborar la Memoria, hayan cumplido con su obligación 26, es decir, menos de la mitad. Contrariamente, se ha mantenido la colaboración de la mayor parte de las entidades que conforman el sector público autonómico.

Con todo, a la vista de los cuestionarios recibidos, hemos formulado varias conclusiones generales acerca del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley a los entes del sector público; conclusiones que se encuentran desarrolladas en la Memoria. Por lo que, por la brevedad que exige esta comparecencia, y con la brevedad que también lo exige, paso a exponer.

En cuanto a la publicación de información, se han mantenido y reforzado las mejoras introducidas en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, con especial referencia a la ampliación de los conjuntos de datos abiertos disponibles y al impulso de la denominada transparencia voluntaria. Una manifestación de ello ha sido -puede considerarse- la información que se ha continuado publicando acerca de la COVID-19 y de las medidas adoptadas para hacer frente a sus consecuencias.

En relación con las entidades integrantes del sector público autonómico, es destacable, un año más, el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de las universidades públicas. Además, en dos mil veintiuno se han llevado a cabo varias iniciativas dirigidas a mejorar la reutilización de la información publicada y a la creación de portales específicos de datos abiertos.

Respecto a las fundaciones públicas y consorcios, persiste una gran heterogeneidad en el nivel de cumplimiento de sus obligaciones y, con ello, del esfuerzo que realizan para que la información, en términos de publicidad activa, responda a las exigencias impuestas por la ley.

En el ámbito de la Administración local, apreciamos, un año más -y, por tanto, lo tengo que poner de manifiesto- una doble realidad: la propia de las diputaciones provinciales, ayuntamientos capitales de provincia y otros de amplia población, en los que se observa, en términos generales, un cumplimiento aceptable de los deberes de publicidad activa impuestos por la legislación de transparencia; y, en paralelo, la específica de los municipios y entidades de más reducido tamaño, aquellos con escasos recursos a su disposición, para los cuales la observancia de la normativa que impone la publicidad activa se cumple solo escasamente. Por lo que, una vez más, considerando la estructura administrativa de nuestra Comunidad, hemos de apelar al necesario apoyo de la Administración autonómica y también, y de forma muy especial, de las diputaciones provinciales para ir superando las dificultades que impiden el cumplimiento de esta vertiente de la transparencia pública por una gran parte de los entes que integran la Administración local.

Considerando el caso de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de mayor tamaño, las deficiencias más generalizadas que seguimos apreciando son las relativas a la ausencia casi generalizada de formatos reutilizables para publicar la información. Si bien, en este sentido, resultan positivas algunas medidas dirigidas a poner a disposición de los ciudadanos datos abiertos para que estos puedan ser conocidos y reutilizados.

En relación con los ayuntamientos de menos de 7.500 habitantes, volvemos a observar la frecuente omisión, total o parcial, de la publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, circunstancia esta llamativa si consideramos que se trata de una obligación específicamente dirigida a las entidades locales, y seguramente relevante a los efectos de su rendición de cuentas.

En relación con las obligaciones de publicidad activa impuestas a las corporaciones de derecho público, advertimos el grado... el alto grado de cumplimiento por parte de las cámaras de comercio, puesto que todas las que han colaborado con la... en la elaboración la Memoria, mediante la remisión de los cuestionarios puestos a su disposición, cuentan con un portal de transparencia propio en el que se publica la información de forma clara y estructurada.

Y en lo referente al cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información, se ha observado un... un crecimiento notable del número de solicitudes de información, no solamente de las dirigidas a las nueve Consejerías de la Administración autonómica, como ya venía ocurriendo en años anteriores, sino también de las presentadas ante las diputaciones provinciales, ayuntamientos de mayor tamaño y universidades públicas.

Entendemos que las facilidades ofrecidas para la presentación de las solicitudes por vía electrónica, así como la eliminación de requisitos no previstos en la ley, han contribuido a ese incremento. Y, en la misma dirección, la mejora de la tramitación de las peticiones, garantizando su correcta identificación por parte de la Administración destinataria como tales solicitudes de... de información pública -cuestión sobre cuya relevancia ya hemos llamado la atención en anteriores... en anteriores memorias anuales-, también creemos que está contribuyendo a explicar -o contribuye a explicar- este aumento en el número de peticiones de información; lo que, en todo caso, valoramos muy positivamente.

No obstante, como contrapunto, también hay Administraciones con un tamaño considerable que afirman recibir pocas o incluso ninguna solicitud de información; lo cual no deja de ser llamativo, e incluso podríamos decir que preocupante, en cuanto pone... puede poner de manifiesto... puede ser un indicio que ponga de manifiesto que las solicitudes de información que reciben no las consideran como tales, y como tales no las tramitan.

El porcentaje de las solicitudes de acceso de cuya presentación hemos sido informados por las correspondientes entidades públicas -pero, insisto, solamente de las que hemos sido informados-, fueron estimadas expresamente el 71 %; lo cual supone un descenso ligero en relación con las estimadas en el año dos mil veinte. Y en el caso de la Administración autonómica, ese porcentaje de estimaciones expresas fue de un 76 %. Y, considerando en su conjunto a las Administraciones y entidades públicas de la Comunidad, algo más de cada siete solicitudes de información recibidas, y que se computaron como tales solicitudes de información, fueron estimadas expresamente.

Por lo tanto, cabe deducir de esto que la mayor parte de aquellas solicitudes de información que se consideran como tales por parte de las Administraciones destinatarias de esas solicitudes de información son estimadas. Otra cosa es que muchas de las solicitudes que se presentan ante las Administraciones públicas no se han considerado como tales, y, por tanto, pues caen en el vacío y no son objeto de resolución. Y de ello se deriva que, en muchos casos, las reclamaciones que se interponen ante la Comisión de Transparencia lo sean ante resoluciones presuntas; es decir, ante lo que se considera el silencio administrativo.

Bueno, seguimos en el orden previsto, señalando que, en los supuestos de denegación expresa de la información solicitada predominan, en todos los grupos de sujetos obligados, al igual que en años anteriores, las causas de inadmisión de las solicitudes sobre la aplicación de los límites del derecho de acceso, inclusión hecha del relativo a los... la protección de datos personales. Y dentro de las primeras, en dos mil veintiuno, las causas aplicadas que de forma más frecuente han seguido siendo: la falta de disposición de la información solicitada, el carácter abusivo de la solicitud y la necesidad de reelaborar la información para su... su divulgación.

En la Memoria de dos mil veinte incluimos un apartado específico referido a la transparencia en lo relativo a la crisis sanitaria. Por lo que, al mantenerse algunas de las circunstancias y efectos de la pandemia, sobre todo en la primera mitad del año dos mil veintiuno, a la hora de confeccionar la Memoria correspondiente a este año, también consideramos conveniente introducir en ella un apartado específico sobre la COVID-21 y la transparencia, si bien con una amplitud mucho más reducida que la existente o la que introdujimos en la Memoria del año dos mil veinte.

Pues bien, en cuanto a la publicación de información relacionada con la COVID-19 por parte de las Administraciones y entidades públicas, atendiendo a la información que hemos recibido para la elaboración de esta Memoria correspondiente al año dos mil veintiuno, se aprecia que las medidas de publicidad activa, que de forma novedosa se introdujeron en dos mil veinte, se han ido consolidando en el año dos mil veintiuno; de manera que se ha mantenido la publicación de la información como medio para que la ciudadanía dispusiera de los datos actualizados sobre la situación sanitaria, sobre las obligaciones establecidas en cada momento, así como las recomendaciones realizadas desde las instancias competentes.

Destaca, en este sentido, en razón de las competencias que ostenta en la materia... que se ostenta en la materia, la información proporcionada por la Administración autonómica. Igualmente, también debe ser objeto de una valoración positiva la transparencia informativa mantenida por las universidades públicas de la Comunidad, dirigida fundamentalmente a lograr el desenvolvimiento normal -o casi normal- de la actividad académica.

Y respecto de las entidades locales, las que son... nos han informado de sus actuaciones específicas, han puesto en nuestro conocimiento que han utilizado sus portales de transparencia y sus redes sociales como vías de comunicación e incluso de acompañamiento de los ciudadanos en los complicados momentos que todavía vivimos, o hemos vivido, en la primera mitad del año dos mil veintiuno.

Por otra parte, a través de una actuación de oficio llevada a cabo por el Procurador del Común, se pretendió contribuir a mejorar y a ampliar la información pública de la Administración autonómica sobre la campaña de vacunación frente a la COVID-19 en el mes de enero del año dos mil veintiuno -es decir, cuando la campaña comenzaba-, pues se consideró que la transparencia de esta actuación -la vacunación, en definitiva-, que entonces resultaba vital -supongo que ahora también, quizás en menor medida, afortunadamente-, era entonces, como digo, de capital importancia.

Asimismo, en el año dos mil veintiuno también se han adoptado por la Comisión de Transparencia resoluciones relativas a reclamaciones frente a la falta de acceso a la información pública relacionada, directa o indirectamente, con la actuación administrativa vinculada a la COVID-19.

En varias de estas resoluciones se tuvo en cuenta tanto el interés general de la información solicitada como el hecho de que los autores de la... de las solicitudes de información y de las reclamaciones, en definitiva, fueran profesionales de los medios de comunicación, a quienes se reconoce una posición cualificada en estos casos, al estar vinculado su derecho de acceso a la información a la libertad de... de recibir y difundir informaciones, que contempla el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Y ya para ir finalizando, creo oportuno reiterar lo que ya he manifestado en anteriores comparecencias ante esta Comisión parlamentaria. En particular, la deficiente regulación de algunos de los instrumentos jurídicos previstos para el ejercicio de las funciones de garantía de transparencia, atribuidos... atribuidas dichas funciones al Comisionado, en su labor de evaluación de la publicidad activa, como a la Comisión de Transparencia, en lo que son sus funciones específicas. Entre los que destacadamente esas deficiencias se halla la falta de un instrumento jurídico que contribuya a hacer efectiva la ejecutividad de las resoluciones de este órgano colegiado, es decir, de la Comisión de Transparencia, así como, en ambos casos, tanto en lo referente a la Comisión de Transparencia como al Comisionado de Transparencia, la falta de medios específicos para realizar tales funciones inherentes a la condición de garantes de la transparencia en la Comunidad; al margen de los medios propios del Procurador del Común que venimos utilizando.

Sobre esta carencia, aun contando... no somos... somos conscientes de ello, de que el contexto actual está caracterizado por unas circunstancias económicas y unos requerimientos sociales derivados de una larga crisis económica, a la que ha sucedido nada más y nada menos que una pandemia, y más recientemente una guerra en Europa, provocada por la invasión de un país soberano por otro, con consecuencias que todavía hoy... hoy quizás más que nunca podemos considerar imprevisibles, aun considerando todo ello... considerando que todo ello plantea muchas exigencias -y algunas de ellas vitales-, creemos que ello no justifica postergar la respuesta de... a nuestras necesidades -como son la dotación de medios necesarios que requiere el cumplimiento de las funciones encomendadas a los órganos de transparencia, en el entendido de que las funciones que realizamos, al proyectarse de forma transversal sobre la actividad de todos los entes que integran el sector público, contribuye decisivamente a que esa actividad -la actividad que realizan los entes públicos- redunde plenamente en la satisfacción de los intereses públicos que estos tienen encomendados; que, en definitiva, no es otra cosa que la satisfacción de los intereses de la ciudadanía.

Con todo, cualquiera que sean los medios de que dispongamos, seguiremos cumpliendo con nuestro deber, como hasta ahora, actuando con objetividad e independencia al frente de los órganos de transparencia de Castilla y León, en el entendido de que, cuanto más intenso sea nuestro trabajo, mayor será nuestro grado de satisfacción, precisamente porque estamos convencidos de que la actuación transparente de los entes públicos es un preciado bien de las sociedades democráticas, entre las que, afortunadamente, nos encontramos. Nada más por mi parte. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Ahora, para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Juan Pablo Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, al señor Tomás Quintana y a todo su equipo por la encomiable y por la extraordinaria labor que realizan, promoviendo la transparencia, fomentando este derecho esencial de toda nuestra ciudadanía; promover la transparencia de la Junta de Castilla y León, de las entidades integrantes del sector público autonómico, de las entidades locales y de las corporaciones de derecho público, por esa tarea de fomentar la cultura de la transparencia entre la ciudadanía; y también por su labor de alentar el derecho de los ciudadanos a conocer cómo emplean los poderes públicos los recursos humanos y económicos de que disponen. Nosotros entendemos que, en estos días más que nunca, reivindicar la transparencia sigue siendo algo imprescindible en nuestra sociedad. Y esa labor que realizan ustedes es encomiable.

Precisamente por ello, y también al hilo de lo que ha expresado usted al... al final de su alocución, desde nuestro grupo parlamentario, desde Unidas Podemos, y como hemos hecho ya también en las comparecencias expresamente del Procurador del Común, pero en esta materia de... de Comisionado de Transparencia también estamos de acuerdo con lo que usted expone en la necesidad de incrementar los recursos materiales y personales de... del Comisionado de Transparencia. Porque el hecho de que estén como están, y también el factor de que es la propia legislación la que impide que puedan tener mayores recursos materiales y personales, creemos que obstruye, que dificulta, que limita y que constriñe de forma importante su labor.

Y creo que, si todas y todos coincidimos y estamos de acuerdo, siendo este un consenso generalizado, en que la transparencia es una materia fundamental y en que su labor es importante en este sentido, pues también considero que entre todos los grupos parlamentarios deberíamos buscar los instrumentos o las herramientas necesarias para poder mejorar los medios materiales y personales de... de los que dispone el Comisionado de... de la Transparencia; precisamente, porque es esencial que el ciudadano conozca también la existencia de... de las garantías institucionales de transparencia y que sepa que tiene derecho a acceder a ellas.

Creemos que su labor está siendo pues bien recibida, que su labor está calando, está penetrando en nuestra sociedad, y que eso se refleja en el incremento de visitas a su página web y en el tráfico también de la misma, que ha aumentado en el último año respecto de... del año anterior.

También destaca un acrecentamiento en las reclamaciones hechas mediante sede electrónica: 240 en el año dos mil veintiuno, frente a las 54 realizadas, por ejemplo, en el año dos mil diecinueve.

Otra cuestión que a nuestro juicio es crucial, y en la... en la que también queremos hacer hincapié y remarcar especialmente, es que, en materia de incumplimientos en materia de publicación activa por parte de las Administraciones, no existe un mecanismo específico o un... o un cauce formal mediante el cual el Comisionado pueda ejercer su función genérica de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la normativa. Desde Unidas Podemos consideramos que es importante subsanar esta omisión legislativa, que limita, cuando no impide, que se tramiten de forma eficaz las denuncias por dichos incumplimientos. En el año dos mil veintiuno, se realizaron 21 denuncias en este... en este sentido, 8 menos que en el año dos mil veinte.

En cuanto a los datos estadísticos, pues en el año dos mil veintiuno: 495 reclamaciones recibidas, 52 % por parte de personas físicas, 25 % por parte de cargos representativos locales y 23 % de personas jurídicas.

En cuanto al soporte: el 65 % soporte electrónico -creemos que es un dato importante-, pero también hay que destacar que todavía el 35 % se hacen en papel; con lo cual, también hay que, bueno, pues reforzar esa tarea de asistencia a aquellas personas que, por determinadas cuestiones y que por diferentes causas, no son capaces todavía de acceder vía electrónica al... al Comisionado de Transparencia.

Y en cuanto a las Administraciones afectadas por las reclamaciones: las entidades locales un 75 % y la Administración general de la Comunidad un 21 %; dentro de la cual, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la que más reclamaciones tiene, 43, 19 la de Educación, y 19 la de... la de Sanidad.

En cuanto cumplimiento de resoluciones estimadas, en dos mil veintiuno, cumplidas el 62 %, pendientes el 37 %.

Destacamos que en dos mil veintiuno es el año que más reclamaciones se han presentado -como decía anteriormente-, 495, frente a, por ejemplo, las 329 del año dos mil veinte.

En cuanto a otro aspecto clave, como son las resoluciones del... del Comisionado de Transparencia en materia de derecho de acceso a la información pública, estas resoluciones de... de su Comisionado es cierto que vinculan a la Administración o a la entidad afectada, pero también es verdad que esto queda en un plano meramente teórico. Y creo que también esto es... es importante y es esencial reseñarlo, porque no hay medios efectivos para proceder a la ejecución forzosa en los términos previstos en los Artículos 99 a 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Esto -creo que es lo más destacado- cuestiona gravemente la ejecutividad real de las decisiones estimatorias de las reclamaciones en materia de acceso a la información. Y, por tanto, nosotros consideramos que hay que aprobar la cobertura legal para que... para que esto no suceda. Y además, entendemos que, si otras Comunidades Autónomas ya lo han hecho, en Castilla y León también se puede acometer esta tarea que permita, por ejemplo, imponer multas coercitivas a las Administraciones o entidades interpeladas para que, pues, cumplan de forma eficaz y efectiva esas resoluciones.

En cuanto... en cuanto a las obligaciones de las Administraciones en materia de publicidad activa, consideramos que es conveniente implementar una ampliación de las obligaciones adicionales de publicidad activa recogidas en la ley, porque, con el régimen actual, el Comisionado de Transparencia tiene unas facultades limitadas en esta materia. De hecho, parece, en ocasiones, que sería casi más conveniente acudir directamente a la Procuraduría del Común que hacer una... una reclamación en esta materia.

En cuanto a la materia de aquellas Administraciones o aquellas entidades que han incumplido su deber para con el Comisionado de Transparencia, bueno, queremos recalcar y remarcar que el SOMACYL no ha remitido el cuestionario solicitado por... por el Comisionado de Transparencia, tampoco la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León. Y también queremos remarcar -y esto es una cuestión que nos preocupa de forma importante- la falta de colaboración de un Ayuntamiento como el de Palencia. Creemos que hablamos de una capital de provincia, de un ayuntamiento que debería contar con los medios necesarios y, sobre todo, con la voluntad de colaborar con... con el Comisionado de Transparencia; y esta falta de colaboración nos parece grave. Y también queremos mencionar otra serie de ayuntamientos que son importantes y que no han colaborado con... con ustedes, como son: el Ayuntamiento de Astorga, Benavente, Toro, Cuéllar, Villablino, Béjar y Bembibre.

En cuanto al portal de... de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, es cierto que en su informe usted señala y establece que está funcionando correctamente, aunque también hay que remarcar que ustedes indican que hay un margen de maniobra importante en cuanto a la reutilización de la información y en materia de transparencia voluntaria.

Y en cuanto a las obligaciones en materia de acceso a la información, hay que destacar el crecimiento notable del número de solicitudes de acceso a la información, aunque también es cierto que hay que poner de manifiesto que hay Administraciones que tienen un tamaño importante que dicen, que esgrimen, tener pocas o incluso ninguna solicitud de información. Y esto también creo que... que hay que remarcarlo, porque es una cuestión en la que se debería mejorar. Y hay que hacer o hay que lograr que... que la ciudadanía entienda o que la ciudadanía sea consciente de que tiene... de que tiene ese derecho.

Y para... para concluir, consideramos que, como he expuesto en mi... en mi argumentación, que las dos cuestiones más reseñables, que las... los dos aspectos esenciales que nosotros queremos remarcar en esta Comisión, porque son los que verdaderamente pueden facilitar la labor del Comisionado de Transparencia, son los dos puntos, los dos aspectos, a los que ya me he referido: en primer lugar, la necesidad de implementar, de articular, un instrumento jurídico que obligue a hacer efectivas las resoluciones de su Comisionado; y en segunda... en segunda instancia, en segundo término, la necesidad imperiosa, urgente -y así lo viene remarcando el Comisionado de Transparencia en sus distintos informes anuales-, de contar con un mayor número de medios materiales y personales, que permitan desempeñar su tarea de forma más... más eficaz.

Nosotros insistimos mucho en esto porque consideramos que, siendo su labor importante y encomiable, podría ser todavía mucho mejor, pero, para eso, sin duda que ustedes tienen que tener a su disposición los medios necesarios y adecuados. Y creo que entre todos los grupos parlamentarios podríamos generar un consenso y, como digo, buscar ese cauce para dotarles de los medios materiales y personales necesarios.

Y nada más. Finalizar reiterando nuevamente mi gratitud para con usted y para con todo su equipo por la labor que realizan, a veces en condiciones precarias, pero que, sin duda, es fundamental y es esencial para garantizar y para fortalecer un derecho, como es el derecho a la transparencia y el acceso a la información de toda la ciudadanía castellana y leonesa. Así que muchísimas gracias, don Tomás. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Santos. Por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Juan Antonio Palomar Sicilia.

EL SEÑOR PALOMAR SICILIA:

Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Y, señor Quintana, agradecer su labor y a la de su equipo, tan minucioso y completo para realizar esta Memoria. Y tiene una gran importancia la labor que aquí se realiza en esta... en estas Memorias, ya que nos permite tener acceso a la información pública y nos da la posibilidad de supervisar y evitar los posibles casos donde se obstaculice el acceso a estos contenidos o documentos de carácter público, al que tenemos derecho todos los ciudadanos para conocer y corroborar así el correcto funcionamiento por parte de nuestras instituciones.

Respecto a la Memoria que nos concierne, me gustaría hacer una serie de consideraciones al respecto. Por un lado, en cuanto a la elaboración de este Comisionado de Transparencia, señalar que se ha reducido respecto a años anteriores este grado de cooperación en cuanto al desarrollo de la función evaluadora. Más de un 40 % de las Administraciones y entidades a las que se ha solicitado información no han atendido la petición de colaboración para la... la elaboración de esta Memoria.

Viendo esta Memoria... esta Memoria con perspectiva, casi la mitad de las entidades existentes no se encuentran representadas en esta Memoria; es decir, no se ha hecho un examen exhaustivo de las mismas. Por poner un ejemplo: de 2.188 ayuntamientos de esta Comunidad con una población inferior a 5.000 habitantes a los que se le ha solicitado esta colaboración, solo han recibido contestación de 249. Un hecho... un hecho que es a tener en cuenta. Y, desde luego, estamos ante una situación que hay que modificar.

No es de extrañar que el año pasado, en esta Comisión de Transparencia, recibiera 495 reclamaciones, 166 más que el año anterior; lo que supone un incremento del 33 %. Del mismo... del mismo modo, tampoco es de extrañar que más de las tres cuartas partes de estas reclamaciones se dirigieran precisamente contra entidades locales a las que acabo de hacer referencia. ¿La principal causa? Pues la falta de acceso a la información solicitada o la ausencia de respuesta a la petición de información realizada a la propia Administración.

Otro punto a tener en cuenta: no solo... no solo es reseñable esta falta de colaboración, sino también la insuficiencia de los medios personales y materiales para ejercer de manera efectiva la labor que ejerce este Comisionado para el correcto estudio y verificación de la información publicada por las distintas Administraciones y entidades obligadas.

Del mismo modo, también considero que sería conveniente dotar de medios jurídicos a este Comisionado para que se acaten sus resoluciones. Ya sabemos que la supervisión se basa fundamentalmente en formularios y cuestionarios, y no en auditorías realizadas a las Administraciones. De manera que la lucha contra esa... esa falta de transparencia, reunidos todos estos puntos, no es, a mi entender, tan efectiva como debería ser. Y esto es un problema que la Junta debe... debe modificar y solucionar. Y es que ¿de verdad está... está interesada en cumplir su mandato? Si está... la Junta está interesada en cumplir su mandato en esta materia tan sensible para los ciudadanos, ya que yendo... yendo otras sesiones... viendo otras sesiones realizadas en años anteriores sobre esta materia, lo cierto es que estamos hablando de una insuficiencia de la colaboración de algunas Administraciones, que se vienen reclamando año tras año, sin que se tomen medidas al respecto para solucionarlas.

En relación con el derecho de acceso a la información, garantizar su eficacia exigente... exige, en primer lugar, poner a disposición de aquellos un cauce fácil y ágil para su ejercicio. Y, en este sentido, señalar que, en relación a las solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos, se observa un incremento notable de las dirigidas no solo a los servicios de las nueve Consejerías de la Administración autonómica, sino también las recibidas ante las diputaciones provinciales, ayuntamientos de mayor tamaño y universidades públicas.

Las facilidades ofrecidas para la presentación de las solicitudes por vía electrónica y la eliminación de las... la exigencia de requisitos no previstos en la ley para presentar una solicitud de información han contribuido a este incremento y así como el del establecido de los medios necesarios para garantizar su correcta identificación como solicitudes de información pública. Y es algo que debe ser valorado positivamente.

Especial mención -y lo acaba... lo ha nombrado usted- es el análisis que se vuelve a realizar de esta Memoria de la... de la enfermedad del... de la COVID-19. En dos mil veintiuno, se ha mantenido en alguno de los aspectos de... de esta crisis y se ha considerado conveniente introducirlos. En este sentido, y relacionando... y relacionando la crisis de la COVID-19 sobre la transparencia de la actividad pública, se continúa actualizando diariamente la información relativa al coronavirus; y más tarde, coincidiendo con la disminución de la incidencia de la enfermedad, la información pasó a actualizarse los días... los días laborables, en lugar de todos los días. Y en cuanto a las actuaciones realizadas para hacer frente a esta crisis sanitaria, han sido resueltas en el plazo más breve posible, lo cual deja... no deja de ser reseñable.

Y ya para finalizar, me gustaría reiterar mi agradecimiento a este Comisionado de Transparencia, porque no solo nos muestra los análisis relativos a nuestras Administraciones, sino que, como ya he dicho, también pone de manifiesto las insuficiencias que tienen... que siguen existiendo a día de hoy para... para verla, esa transparencia, y ese derecho al acceso a la información pública. Y son realidades que, por omisión, ya que muchas Administraciones no contestan a las solicitudes, pues constatan que es necesaria la existencia de este órgano para que se siga avanzando en su labor. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Palomar Sicilia. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don Miguel Suárez Arca.

EL SEÑOR SUÁREZ ARCA:

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia y la exposición... la explicación sobre este informe que ha dado aquí el excelentísimo señor don Tomás Quintana López como Comisionado de Transparencia. No queremos olvidar tampoco a doña Ana Belén Casares Marcos, quien, como responsable... también es responsable de la elaboración de este informe; hasta hace poco fue adjunta a la... al Procurador del Común.

Y, empezando ya a adentrarnos en este... en esta Memoria Anual, esta es la sexta Memoria Anual, y, bajo el amparo de la actual Ley de Transparencia, la ley de dos mil quince, se hace referencia a que las atribuciones referentes a la garantía de transparencia de la actividad pública respecto de la publicidad activa y del derecho de acceso de la información recaen sobre la Institución Propia del Procurador del Común.

A partir de aquí, ya vemos claramente un reclamo por parte del Comisionado referente a los medios personales y materiales de la Comisión de Transparencia y del Procurador del Común -se ha citado previamente-, pero también hace referencia al fundamento de la Comisión en cuanto a contención del gasto público. Este fundamento nos parece bien; es más, consideramos que debería regir todas las actuaciones de cualquier institución pública.

Una opción que tiene el Comisionado, en esta situación actual, es empezar a derivar las quejas a su análogo nacional a través de la firma del correspondiente convenio. No consideramos que, en la situación actual en nuestro país, ampliar el gasto público sea la medida adecuada, por lo que el principio de contención del gasto es esencial y adecuado. Consideramos, por lo tanto, que las palabras del consejero de Presidencia, considerando más prudente esperar a los avances en la reforma de la Ley de Transparencia estatal, son acertadas.

También hemos encontrado un reclamo de un cauce formal mediante el cual se pueda ejercer el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la normativa; también la atribución de una competencia para instar a la incoación de procedimientos sancionadores. Este es un reclamo que hemos encontrado repetidas veces en otras instituciones propias, que solicitan que sus dictámenes puedan iniciar expedientes sancionadores.

Entrando ya en las denuncias por incumplimientos en materia de publicidad activa, nos gustaría citar algunas cosas que nos han llamado la atención. En primer lugar, nos interesa que nos facilite una explicación -si puede ser- del por qué la falta de publicación del informe de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, que había avalado el adelanto de la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno. Nos gustaría entender el por qué esta información no era de obligada publicación específicamente, por mucho que los denunciantes, evidentemente, y como dice en el propio informe, pudiesen solicitarla y acudir de nuevo a la Comisión de Transparencia en caso de no encontrar atendida su petición.

Este caso llama especialmente nuestra atención, debido a lo escandaloso de la medida, declarada ilegal por el Tribunal Supremo y amparada en uno de los estados de alarma que el Tribunal Constitucional encontró, a la postre, inconstitucionales. Nos llama la atención la no obligación de la publicación de esta información. Nos sorprende este tema, especialmente cuando, unas páginas después, se comenta abiertamente que la situación derivada de la crisis de la COVID-19 -pandemia en la que se profundiza en el informe en un epígrafe concreto- pone en boga la necesidad de que las decisiones deban ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida posible para poder ser aceptadas plenamente por la ciudadanía; ya saben, convencer, no imponer; no como Sánchez; bueno, aquí tuvimos nuestro propio miniautócrata, hoy devenido youtuber. Visto lo visto, se impuso y no se convenció. Y además, no se dio la... no se dio el carácter de publicidad obligatoria a los informes referentes a las decisiones tomadas, como es el caso de este... de este que estamos reseñando.

También comentar que volvemos a encontrarnos con un déficit al respecto del cumplimiento en materia de publicidad activa referente a los pequeños ayuntamientos, con menores recursos. Y empezamos a preguntarnos seriamente cómo puede ser que este problema se repita año tras año y en todos los informes sin una solución aparente.

Entrando ya en los datos revelados en el segundo epígrafe... -perdón- en el epígrafe "Actividad de la Comisión de Transparencia", nos llaman la atención algunos puntos concretos, que pasaré a consultar.

En lo referente a las reclamaciones por mes presentadas por personas físicas, vemos un pico importante en el mes de marzo. Nos gustaría saber si tiene constancia de cuál puede ser el motivo. Entendemos el bajón en los meses veraniegos, pero ese pico en concreto puede ser que tenga algún motivo concreto que desconocemos.

Por otro lado, en la relación de reclamaciones por materias, encontramos una excesiva cantidad de reclamaciones englobadas bajo el concepto "Otra información". Lo ha citado usted en su exposición de hoy, o sea, que imagino que la pregunta iba enfocada a si existe algún desglose más detallado de las materias de las... de las reclamaciones; imagino que... que es así.

Nos gustaría también conocer la razón que, a su parecer, subyace en el hecho de que el porcentaje de cumplimiento de las resoluciones por parte de los afectados por las mismas se haya reducido desde el año dos mil dieciséis, donde era del 92,5 %, hasta el 62,16 del dos mil veintiuno. En este caso -usted lo ha comentado también-, nos sorprende el cambio de porcentaje, no el cambio del número de reclamaciones que no se ven atendidas, dado que eso es razonable, viendo el incremento de las reclamaciones; pero que se... que el porcentaje se mantuviese más o menos estable sería lo lógico, excepto que haya alguna causa concreta.

Queremos resaltar también que volvemos a encontrarnos, como en informes pasados del Procurador del Común y de otras instituciones propias, que los principales afectados son entidades locales: 75 % de las reclamaciones, de las que 310, de 373, se refieren a ayuntamientos.

Avanzando en el informe, encontramos de nuevo alusión a la petición de incorporación de la capacidad de imposición de multas coercitivas para poder hacer efectiva la ejecución forzosa de las... de las resoluciones estimatorias no cumplidas por las Administraciones. Sinceramente, no vemos nada claro que la capacidad coercitiva a través de multas dada a una Institución Propia pueda servir como solución, como es el caso del Procurador del Común en su apartado del Comisionado de Transparencia, aunque podríamos llegar a considerar una solución a través de la elaboración de un protocolo de actuación, que, en caso de incumplimiento de la resolución del Comisionado, se realice un apercibimiento de que se dará traslado del incumplimiento a Fiscalía en caso de no facilitarse la información, a fin de que la Fiscalía, en caso de, ya en este apercibimiento, no tomar en consideración la resolución del Comisionado de Transparencia, la Fiscalía ejerza las acciones penales oportunas.

Respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, nos llama poderosamente la atención la metodología utilizada para medirlas, porque, como dice un conocido gallego, lo que es medible no es opinable; pero todo depende de cómo midamos las cosas. Y el método para medir el cumplimiento son cuestionarios de autoevaluación. Yo espero que este modelo no sea el que se exporte a la educación en España, aunque ya nos tememos lo peor a este respecto. Y este tema me llama la atención por una serie de cuestiones:

Por un lado, solo el 57 % de los sujetos a los que se dirige el cuestionario responden, muchos de ellos reincidentes, según el informe.

El Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León se limita a señalar que no publica ninguno de los contenidos; cosa sorprendente. Ya no es que no contesten, sino que afirman directamente no publicarlo. Nos gustaría saber el porqué, si es que existe una razón específica.

Especialmente curioso es que los ayuntamientos de menos de 5.000 residentes son evaluados mediante un cuestionario enviado a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y a los 249 ayuntamientos que tuvieron a bien contestar el cuestionario, el 11,38 % del total. Pero lo más llamativo es que en el análisis se parte de la idea de que 225 de esos ayuntamientos afirman publicar información, 178 de ellos afirman que es de acuerdo a la ley, y el informe asume que el porcentaje de los ayuntamientos cumplidores es mucho mayor entre los que han cumplimentado el cuestionario que en el resto. Con un 11,38 % de contestación, este método de... esta metodología de análisis es bastante intuitiva, realmente.

Resaltar el cumplimiento de las diputaciones y del Consejo Comarcal, que también merece ser citado. Y resaltar también el nulo margen de mejora que se cita específicamente de la Diputación de Ávila; es algo que siempre es de agradecer.

Me referiré a algunas de las conclusiones que ofrece el informe que creemos importantes, algunas de ellas. En la primera conclusión, evidentemente, el 57 % de cobertura de los cuestionarios de autoevaluación; en la segunda, la ampliación de los datos del portal de Gobierno Abierto de la Junta; el tercero, el alto grado de cumplimiento de las universidades; en cuarto lugar, la situación cada día más acuciante de los municipios pequeños que no llegan a cumplir con la ley, al contrario que ayuntamientos más grandes y diputaciones; en el séptimo, aumento de las solicitudes de información pública a todas las Administraciones en general, que hemos podido ver en el... en el paso de los años; en el décimo, la reclamación de la reforma legal para que amplíen los recursos del Comisionado, que se repite a lo largo de todo el informe; en el duodécimo, que casi el 70 % de las reclamaciones han sido consecuencia de la ausencia de respuesta ante la información -de ahí que consideremos que un protocolo pueda ser una manera de instar a esas Administraciones a que cumplan con las resoluciones pertinentes-; y en el decimotercero, el aumento antes referido del número de resoluciones estimatorias incumplidas año a año.

Con todo esto, y ya para concluir, podemos deducir que, por una parte, la ciudadanía cada día está más interesada en acceder a la información pública; el segundo, que las Administraciones de cierto calado van profundizando a buen ritmo en el ejercicio de la transparencia; que existe un bajo grado de colaboración con el Comisionado, que, en caso de continuar con estas atribuciones, deberá ser resuelto de alguna manera; que existe una problemática referente a la transparencia de los pequeños municipios, que se ha de atajar -y hemos visto que no es solo en el caso del Comisionado de Transparencia, sino que el resto de... el resto de instituciones propias nos transmiten lo mismo en casi todos los temas-; que se está produciendo un incremento del incumplimiento en materia de transparencia, en la medida que aumentan las solicitudes, pero de manera exponencial; y que estos indicadores deben servirnos de guía para seguir profundizando en esta materia.

Por lo tanto, y sin más, muchísimas gracias por la comparecencia. Y espero poder conseguir alguna respuesta de alguna de las cuestiones que hemos planteado. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Suárez Arca. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, la procuradora doña Elisa Patricia Gómez Urbán.

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

Gracias, presidente. Lo primero, en primer lugar, agradecerle al señor Quintana su comparecencia hoy aquí, al igual que agradecerle la ardua labor que hace al frente del Comisionado de Transparencia, siendo garante de que se cumpla la transparencia de la actividad pública y defendiendo también ese derecho que tiene la ciudadanía, el derecho a saber y a conocer toda la actividad de las Administraciones públicas. Y gracias, a pesar de hacerlo con las trabas con las que ha contado desde el primer momento.

Desde el primer momento en que se aprobó la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana en Castilla y León, el... el diez de diciembre del dos mil quince, y en el que no se le dotaba a este Comisionado de Transparencia ni de los medios materiales ni humanos adecuados para poder hacer su labor; una labor que requiere de unos medios materiales y humanos específicos, y que desde el primer momento, y aludiendo a una contención del gasto, se le... se le impidieron tener, al fin y al cabo, al Comisionado de Transparencia. Esta falta de... tanto de material humano como... de material humano como de todos aquellos medios que hacen que ustedes puedan desarrollar mejor su labor, lo ha denunciado el... el Comisionado de Transparencia -la denunció usted el año pasado en esta misma sede-, pidiendo que, por favor, se incrementasen ese número... ese número de materiales, por una razón, además, muy sencilla: porque cada año ha aumentado el número de reclamaciones recibidas, y se le está atribuyendo a usted un mayor número de... de funciones.

Sí que, además, felicitarle, porque usted fíjese si ha conseguido algo, que es, por lo menos, que Vox, el Grupo Parlamentario Vox, ya no... ya no pida que se elimine la figurado... la figura del Procurador del Común.

Y en cuanto a la contención del gasto, a mí lo que sí que me gustaría decir es que hay quien piensa que siempre hay que reducir el gasto en aquello que redunda en el beneficio e interés de los ciudadanos. El derecho a saber es un interés que tienen los ciudadanos, un interés que debería ser público, y que es público, a pesar de que algunos quieran reducirlo; igual que lo es la sanidad o lo es la educación. Siempre son gastos en los que los mismos siempre quieren reducir.

Y en cuanto a la contención del gasto público, que algunos han dicho aquí ahora mismo que están de acuerdo en que no se le dote a usted de esos medios materiales y humanos porque... - la contención del gasto- porque hay que contener, a mí se me ocurre un listado de medidas para... para contener este gasto público que no afectaría a los ciudadanos. Por ejemplo, si vamos a hablar de contención del gasto público, mejor eliminar algunas vicepresidencias sin funciones que quitarle a usted medios materiales y humanos.

Y, fíjese, el otro... el otro gran problema o la otra gran preocupación, que usted, además, ha plasmado también desde el primer momento, y que este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, lo dijo desde el momento de la tramitación de esta ley, dijo que la Junta de Castilla y León... que Castilla y León había perdido una oportunidad de hacer una ley importante, una ley en la que no hubiera estos... estos efectos. Yo no sé si había perdido la oportunidad o es más que a la Junta de Castilla y León no le interesaba, y a su Gobierno, que hubiera una ley que verdaderamente pusiera sobre la mesa todos los medios materiales y humanos para que, al final, el ciudadano supiera qué tipo de actividades se realizan en sus Administraciones públicas.

Pero el otro... el otro gran problema que le afecta a la labor encomendada es que el... el Comisionado de Transparencia no tiene un poder ejecutivo: sus resoluciones, al final, no tienen un poder ejecutivo, no pueden ejecutarlas, y usted... no tienen de los... y no cuentan con los instrumentos jurídicos adecuados para poder llevar a cabo una labor de... una labor de ejecución.

Sí que decir -simplemente como aclaración- que hay algunos conceptos jurídicos que sí que a mí me gustaría que los trajéramos por lo menos aprendidos de casa en relación a lo que he escuchado aquí, en relación a ir a Fiscalía. Las competencias... deberíamos saber cuáles son las competencias del Comisionado de Transparencia, del Procurador del Común y cuándo se acude a Fiscalía o no. Eso es algo que simplemente, porque se está aquí, en esta sede, y ante la importancia de la comparecencia, sí que deberíamos... sí que deberíamos saberlo.

Y es necesaria, usted lo decía y nosotros estamos también de acuerdo en una reforma legislativa que permita el uso de multas coercitivas para garantizar su ejecución. ¿Y por qué es necesario? Pues es necesario esta reforma simplemente viendo que... que cada año se incrementan el número de resoluciones incumplidas. Hay quien, algunas Administraciones, algunos organismos públicos, no entienden que las resoluciones del Comisionado de Transparencia deben cumplirse, porque cumplirse esas resoluciones es respetar el derecho que tienen los ciudadanos a saber, y que, cuando no se... cuando se incumplen esas resoluciones, con quien se está incumpliendo y a quien se le está faltando el respeto no solo es al Comisionado de Transparencia, sino, sobre todo, a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

Y en cuanto a aquellos organismos públicos y entidades que no hayan... por una parte, no han remitido el autocuestionario de evaluación, a mí sí que me parece muy grave que el SOMACYL sea... incumpla este deber que tiene de... de remitir... de remitir este... este cuestionario de autoevaluación. Y, fíjese, lo que me parece más preocupante de esta reflexión es que este... este organismo, el SOMACYL, que incumple con la labor de transparencia, sea a quien la Junta de Castilla y León le premia dándole más competencias de las que tenía. No sabemos... o la reflexión que se podía hacer es que si, al final, con el SOMACYL terminará siendo el ADE de la nueva... de la nueva época, y termine como ha terminado todo lo que... donde ha terminado toda la actividad del ADE, en los juzgados, en este caso en la Audiencia Provincial de Valladolid, a la espera de un juicio oral, con toda la excúpula de... de Economía imputada por delitos bastante graves. Esperemos que el SOMACYL no acabe así. Pero esta... esta ardua labor que hace la Junta de Castilla y León de dotar de más funciones al SOMACYL, cuando no cumple ni siquiera con su labor de transparencia, la verdad es que es preocupante.

Y también es preocupante que el Ayuntamiento de Palencia, un ayuntamiento de capital de provincia, por segunda vez -y así lo dice en su... en su informe-, no haya cumplido con la labor de remitir el cuestionario de autoevaluación. Repito lo mismo: es a los ciudadanos de Palencia, ciudadanos y ciudadanas de Palencia, a quien tendrá que dar cuenta el Ayuntamiento de Palencia sobre no cumplir un requisito fundamental, y es saber qué hace el ayuntamiento y esa labor de información.

Y respecto al otro de los... otra de las cuestiones que sí que nos han llamado la atención es referente al derecho al acceso de la información pública. En el dos mil veintiuno -lo dice usted-, se han adoptado por la Comisión de Transparencia resoluciones relativas frente a la falta de acceso a la información pública relacionada, directa o indirectamente, con la actuación administrativa vinculada al COVID-19. Como ya se indicó en la Memoria del dos mil veinte, en varias de estas resoluciones se tuvo en cuenta tanto el interés general de la información solicitada como el hecho de que los autores de la solicitud de información y de reclamación fueran profesionales de los medios de comunicación.

Y a este respecto, sí que recuerdo que en el año dos mil veinte, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, respecto de quien era la consejera en ese momento y quien es hoy, públicamente manifestó que no tenía ninguna intención de cumplir la resolución del Comisionado de Transparencia que la obligaba a dar información a esa Consejería a un medio de comunicación sobre el número de fallecidos en las residencias por tema del COVID. Recuerdo que, de forma airada, la consejera dijo que no se iba a cumplir. También tengo que decir que quien era entonces el vicepresidente de la Junta de Castilla y León la enmendó la plana, y dijo que por supuesto que se iba a cumplir.

Por eso me parece importante la... la regulación ejecutiva que usted pide para que puedan poner multas coercitivas o, en su caso, aquellas... o derivar en que haya algún tipo de sanción para aquellos que no cumplen. Y sí que me parece importante y peligroso que, en esta Comunidad, a los medios de información, a los medios de comunicación, que quieren hacer su trabajo de manera objetiva y veraz, se les impida el acceso a la información solicitada por parte de la Administración. Supongo que será porque en esta Comunidad quienes gobiernan prefieren la propaganda a la información.

Pero el Grupo Parlamentario Socialista seguirá manifestando su... su acuerdo con todo lo que usted denuncia en este informe, señor Quintana. Estamos completamente de acuerdo que tienen que dotar de medios materiales y personales para que ustedes puedan hacer su labor de una manera eficaz -ya lo están haciendo-, pero sin contar con trabas y sin hacerlo de una manera casi a pulmón, porque no cuentan con los medios que... que deberían contar.

Y, por supuesto, que la ley cambie, para que ustedes puedan tener, como ya lo tienen en otras Comunidades Autónomas -y lo han hecho-, una... una regulación de los instrumentos jurídicos adecuados para que se puedan llevar a cabo algún tipo de sanción a los que incumplen. Agradecerle una vez más su labor. Y, bueno, y nada más. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señora Gómez Urbán. A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de quince minutos, el procurador don José Luis Sanz Merino.

EL SEÑOR SANZ MERINO:

Sí. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, quiero agradecer a don Tomás Quintana su presencia hoy aquí como Comisionado de Transparencia, y, por supuesto, hacer extensivo el agradecimiento a todo su equipo, y en especial a doña Ana Belén Casares Quiroga, que participó en... en la confección de esta Memoria y en... y en la ejecución de la misma, de las acciones de la misma.

A nuestro juicio, es muy importante conocer la actividad que desarrolla una de las instituciones de Castilla y León que, además, es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos, y conocer, por supuesto, con esta Memoria, cómo evoluciona ese cumplimiento.

Quiero enmarcar la valoración que hacemos de su quehacer en el contexto que el presidente de la Junta de Castilla y León pronunció en su Discurso de Investidura, donde dejó sentadas las bases del modo de actuar de su Gobierno y de la Administración autonómica durante toda la legislatura, al afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas serán un denominador común de la acción de Gobierno. Y es que la transparencia no es algo aislado, la transparencia es un principio general de actuación que debe calar en toda la organización. La transparencia es un valor, es un derecho y es una obligación legal.

La Memoria que nos ha presentado, señor Comisionado, desarrolla prolijamente los esfuerzos que todos los agentes del sector público están realizando. Y por ello nos congratulamos de que las instituciones que prestan servicio a la mayoría de los ciudadanos, comenzando por la Administración autonómica y culminando con los ayuntamientos de más de 7.000... 7.500 habitantes, según su propia segmentación, y las diputaciones provinciales, estén implementando y abordando esta materia de un modo aceptable; dicho con sus propias palabras.

Como ya hubo ocasión de reiterar en el pasado, este grupo parlamentario considera que ha existido un avance importante en el ámbito de la transparencia pública en los últimos años en Castilla y León, por la labor de todas las instituciones y sus empleados públicos y por la tarea específica desarrollada por el Comisionado y la propia Comisión de Transparencia.

El incremento del número de reclamaciones, al que usted ha hecho referencia, en materia del derecho de acceso a la información, por ejemplo, más allá de acreditar la certeza de un presunto incumplimiento por el sujeto responsable, lo que sí que aclara es la preocupación de los ciudadanos por este tema, por la transparencia pública. Y tiene un aspecto positivo desde ese punto de vista.

Nos ha relatado usted el denodado esfuerzo del Comisionado y la Comisión de Transparencia por hacer efectivos estos principios, pero quiero resaltar el principio de colaboración, del que se ha hecho eco usted.

A tenor de las cifras enunciadas, aunque aún queda recorrido, se observa un alto grado de compromiso en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley de Transparencia y demás normativa exigen a los poderes públicos, observándose, no obstante, una dualidad de realidades en Castilla y León, dicho en sus propias... con sus propias palabras.

Por un lado, los sujetos supervisados con un nivel de medios personales y materiales importantes -las Administraciones públicas, digamos, mayores-, en las... en los que el recorrido progresivo va implantando la cultura de la transparencia y el respeto del derecho a saber y a conocer de todos los ciudadanos, pese a determinadas disfunciones de carácter técnico, que, en un cierto número de casos, tiene que ver con el formato de presentación de los datos y el estado de actualización de los propios medios tecnológicos.

Dos acciones de colaboración tiene en cartera la Junta a propósito de esta dificultad, y el grupo parlamentario que... que postula, en este caso, y que apoya al Gobierno de la Junta, quiere resaltar:

En primer lugar, que, en el ámbito del acceso a la información pública, y realizadas las adaptaciones requeridas, como puede ser el uso de la aplicación de notificaciones electrónicas, este mismo mes de septiembre se va a iniciar la formación para la explotación del aplicativo ESTHER; un tema realmente importante, pues es un gestor de expedientes propio de la Junta de Castilla y León, que permitirá dejar una huella informática de los trámites realizados; y, por lo tanto, la exigencia de responsabilidad cuando no haya una actuación acorde a derecho.

En segundo lugar, quiero resaltar también que, con el objetivo de ayudar a nuestras entidades locales a cumplir con la transparencia -muy necesitadas de ello-, la Junta está trabajando en la puesta en marcha del portal de transparencia para las entidades locales, facilitando así a nuestros municipios la infraestructura tecnológica.

En este momento, se está desarrollando un proyecto piloto de este portal en el Ayuntamiento de Ponferrada, que está ya muy avanzado. De la valoración de esta experiencia, y analizadas las nuevas necesidades que puedan surgir, se procederá a mejorar el portal y a extender su aplicación al resto de entidades locales que lo demandan, sin que eso signifique relevar a los servicios de asesoramiento a municipios de las diputaciones, que tienen su propia responsabilidad y papel protagonista en igual esfuerzo para con los pequeños municipios.

Estas acciones de impulso y liderazgo de la Junta de Castilla y León están permitiendo avanzar de forma exponencial en la implantación de la cultura de la transparencia en el sector público, amén de la implicación de todos los centros directivos y empleados públicos.

Habló, como ya hemos dicho, de dualidad de realidades en Castilla y León. Y, en efecto, los más de 2.000 pequeños municipios, 2.188 -se ha dicho aquí-, y las entidades locales que de ellos dependen -en un número también que supera el millar- singularizan nuestra Comunidad en muchos aspectos; y este de la transparencia no escapa a tal diagnóstico.

Usted mismo ha dicho que, respecto a las entidades integrantes de la Administración local, cada año que pasa se consolida más este hecho en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de publicar información. Las diputaciones provinciales, los ayuntamientos capitales de provincia y otros con una población cuantitativamente relevante son entidades en las que se observa un cumplimiento aceptable de la legislación de transparencia, pese a algún caso incidental como se ha comentado aquí, caso del Ayuntamiento de Palencia, como también el de Miranda de Ebro, el de San Andrés del Rabanedo, Cuéllar, Benavente o Toro. Sin embargo, en las entidades locales de reducido o muy reducido tamaño y sin recursos a su disposición, donde la observancia de la normativa es, cuando menos, un deseo muy difícil de alcanzar.

También ha dicho que, en una Comunidad con una estructura administrativa como la que tiene Castilla y León, esta dualidad resulta poco menos que inhabitable. Compartimos su análisis y su valoración, si bien debe ser confrontada esta realidad a través del apoyo de la Administración autonómica y, especialmente, de las diputaciones provinciales.

El principal problema a la hora de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia por estas entidades se encuentra, a nuestro juicio, en la falta de medios personales. La problemática endémica que acompaña a las mismas, por la precaria disponibilidad de secretarios, es, quizá, la principal dificultad a la hora de cumplir con estas obligaciones, y no un pretendido ánimo de incumplimiento por las mismas, que desde hace tiempo está acreditado por todos estos municipios y ayuntamientos.

El decreto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León esperamos contribuya a paliar dicho problema; pero debe ser el Gobierno central el que aborde de forma notable y... y concreta, mediante una oferta de empleo público suficiente, este grave problema que atenaza e impide el cumplimiento de obligaciones legales por parte de los pequeños ayuntamientos. A ello, además, se suma la falta de consideración diferenciada de la normativa de transparencia, que no encuentra diferencias con otras entidades de mayor tamaño.

El problema para estos sujetos de supervisión no creemos que sea exclusivamente la falta de herramientas coercitivas del Comisionado de la Transparencia o del propio Consejo, como se ha demandado; es... creemos que también es la falta de personal cualificado y unas exigencias legales que, a veces, no se compadecen con la realidad social en la que se desenvuelven. La frecuente omisión, total o parcial, de la publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales es un ejemplo palmario de esta falta de adecuación para los pequeños municipios.

Por tanto, sin duda, debe abordarse el problema de la falta de medios personales y materiales del Comisionado, y también de las normas que rigen su actuación, que, a tenor de la Declaración de Alicante, no es un problema exclusivo de la Comunidad de Castilla y León, sino que es más extendido de lo que creemos. Pero no lo es menos que la prudencia debe regir, como en cualquier innovación normativa.

Y abordar estas cuestiones parece razonable, como ha comprometido el consejero de la Presidencia recientemente, esperar a la aprobación de la ley estatal -les recuerdo que esta normativa básica, en este momento, tiene cumplido el trámite de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados; el pasado día catorce ha concluido este plazo, y la tramitación continuará-, para, a continuación -como digo-, desarrollar nuestra ley autonómica, que, como se ha indicado, requiere de un tratamiento diferenciado de las pequeñas entidades locales, según nuestro parecer. Mientras tanto, habrá que desarrollar los otros aspectos que ha enumerado en su intervención, y específicamente en sus conclusiones.

El Grupo Popular cree en la transparencia, y, por ello, creemos que el Gobierno autonómico, a quien apoyamos, no va a bajar el listón en cuanto a número de datos actualmente publicados ni en cuanto a la periodicidad de su actualización.

Ha señalado, señor Quintana, que en dos mil veintiuno se han consolidado las mejoras adaptadas en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León como uno de los aspectos positivos, con especial referencia a la ampliación de los datos abiertos disponibles y al impulso de la denominada transparencia voluntaria.

El propósito, anunciado recientemente por la Junta de Castilla y León, de ir aumentando paulatinamente tanto los contenidos del propio portal de transparencia como la calidad de los mismos ya se ha concretado en lo que llevamos de legislatura; y, desde el inicio de esta, se han incorporado nueve conjuntos de datos al catálogo de datos abiertos. En realidad, son ocho, porque el de la agenda de los altos cargos se renueva con cada legislatura, pero ya existía anteriormente.

Como usted ha indicado, el impulso de los datos abiertos dará como resultado la incorporación de nuevos datos, que se complementarán con la realización de visualizaciones que mejoren su comprensión, y de datos abiertos en bruto que permitan la reutilización de la información.

En la Administración del futuro va a tener un gran protagonismo la minería de datos, que, si en otros ámbitos tiene un contenido económico y de gestión indudable, en el ámbito de las Administraciones públicas y demás sujetos del sector público son un activo, una materia prima sobre la que construir y mejorar los servicios públicos, por lo que debe contribuir a la mejora de la calidad democrática mediante el denominado "gobierno del dato", unificando criterios de calidad, interoperabilidad o combinación de fuentes, para multiplicar el valor añadido que pueda obtenerse de los datos. El proyecto de la Junta de Castilla y León sobre el gobierno del dato profundiza y concreta esta cuestión.

Para finalizar, quiero destacar desde este grupo parlamentario el trabajo que han desarrollado, pues, a pesar de los escasos medios personales y materiales de que disponen, a pesar de las dificultades que aún hemos tenido durante dos mil veintiuno como consecuencia de la pandemia, creemos que se ha hecho una buena labor por parte suya y por parte de todo el equipo de... del Comisionado de la Transparencia. Por lo que agradecemos el esfuerzo adicional que han realizado usted, la Comisión y el personal de su institución.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Sanz Merino. Ahora, para contestar a las observaciones y preguntas de los grupos, tiene la palabra el excelentísimo señor Comisionado de Transparencia.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo quiero, en primer lugar, agradecer las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos en esta Comisión, porque, en general, al menos esa ha sido mi percepción, pues me he sentido reconfortado al escuchar una valoración positiva del trabajo... en general, una valoración positiva del trabajo realizado por la Comisión y el Comisionado de Transparencia a lo largo del año dos mil veintiuno, evidentemente, con los medios de que disponemos; que sobre los cuales pues no voy a insistir, porque ya lo he puesto de manifiesto. Simplemente, citar un dato objetivo y claramente contrastable: que, por ejemplo, en materia de lo que son las reclamaciones de información, pues hemos pasado de 102 a 495 en el año dos mil veintiuno, y este año ya llevamos, en lo que llevamos del año dos mil veintidós, ya pasamos de 500... de 570. Los medios materiales y los medios humanos, sobre todo humanos, son los mismos.

Y hablando de medios humanos -permítanme esta... esta pequeña confesión que hago ante todas sus señorías-, es que, bueno, pues también, como se han citado algunos nombres de personas que han colaborado con la Comisión de Transparencia a lo largo de estos tiempos anteriores, pues quiero expresamente agradecer el trabajo del secretario de la Comisión de Transparencia, Rubén García, que, bueno, pues es una persona que... -además, nos acompaña en esta... en esta sesión- y que podríamos decir que es el alma mater de la Comisión de Transparencia, por su dedicación, su entrega y su compromiso con... con el trabajo en materia de transparencia y su formación técnica, que es de un nivel muy muy elevado.

Más allá de los... del agradecimiento que expreso de forma muy sincera a sus señorías, y comprensión acerca del trabajo que... que realizamos, y que seguiremos realizando -como he tratado de indicar en mi exposición- con los medios de que dispongamos y con nuestra mejor voluntad, yo quisiera hacer una reflexión general en relación con todo lo que he escuchado. Y es que, con independencia de las ideas que cada cual mantiene acerca de... de las funciones, el ejercicio de nuestras funciones por parte de la Comisión de Transparencia, incluso su oportunidad y demás, pues yo entiendo que la transparencia es algo que... la transparencia de las actuaciones de las Administraciones públicas, de los entes públicos en general, es algo que ha venido -digamos- impuesto por la normativa europea y que se va acrecentando en nuestro país, como... como en tantos otros países de nuestro entorno geográfico, y vinculados fundamentalmente a la Unión Europea, y, por tanto, es algo con lo que no vamos a prescindir en absoluto.

La forma de organizar la... la garantía de la transparencia pues pueden ser distintas, y todas opinables, pero lo cierto es que hemos dado un paso, hemos dado un paso. Primero, se dio, como he tratado de indicar también en mi exposición, en unos ordenamientos sectoriales, a modo de prueba, podríamos decir; y después, de una forma general, a través de una Ley de Transparencia estatal y las correspondientes autonómicas; como ejemplo, la de... la de nuestra Comunidad Autónoma. Pero es simplemente un paso, un paso no digo que fuera tímido en su momento, es un... fue un paso pues razonable en aquel momento, pero que creo que hay que seguir avanzando.

La forma de avanzar, yo no estoy en condiciones de decirles a ustedes, que son los parlamentarios, y, por tanto, los titulares de la potestad legislativa en esta... en esta Comunidad Autónoma, cuáles son los que hay que dar. Ustedes son, como en la... como en la poesía de Bécquer: "La poesía son ustedes". Por tanto, ustedes son los que tienen que legislar y poner las cosas en el punto en el que... en el que deban... deban estar según su criterio. Pero lo que sí me permito decir es que partamos de lo que tenemos, que es un paso el que... en el que hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando en todos los sentidos.

Desde luego, la publicidad activa, tal como está configurada en nuestro ordenamiento jurídico, pues no responde a la realidad de nuestra organización administrativa, con unas... con miles de pequeñas entidades locales, que difícilmente pueden cumplir con... en una situación en la que -digamos- el personal técnico que asesora y que es responsable, por tanto, de la gestión administrativa, al menos en términos de cumplimiento de la legalidad en las Administraciones locales, pues es un... es un personal realmente escaso; escaso en el sentido de que hay muchas que no disponen de ello o disponen de muy poco tiempo para... para poder cumplir con sus funciones.

De manera que tenemos que ser conscientes, desde luego, de lo que es, y, quizás, atendiendo a alguna... o coincidiendo con alguna consideración que se ha hecho, hay que tener muy... muy bien puestos los pies en tierra para saber exactamente que la publicidad activa que se puede exigir a una diputación provincial o a un ayuntamiento capital de provincia tiene que ser, necesariamente, distinta de aquella que se exija a un pequeño municipio; no digo que esté excluida de la publicidad activa, pero sí en términos mucho más limitados.

Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Como hay que tener en cuenta también los límites en los que nos movemos no solamente en lo que constituye la publicidad activa, sino en lo que constituye el... el derecho a saber a través de la solicitud de información. Tengamos en cuenta que, como he tratado de señalar en mi exposición -y creo que queda reflejado también en la Memoria-, solamente una de cada siete solicitudes de información son consideradas como tales y respondidas en términos positivos o en términos negativos, pero respondidas; las demás, es muy probable que no se... -ese es nuestro cálculo- es muy probable que no se consideren como tales. Y, de hecho, la experiencia que tenemos, desde nuestra... en el ejercicio de nuestras funciones de... de funciones de tramitación y resolución de las reclamaciones en la materia, pues resulta que la mayor parte de estas reclamaciones lo son frente a denegaciones por silencio administrativo. Es decir, que las Administraciones no tienen conciencia de un incumplimiento en relación con la... con las solicitudes de información que reciben. De manera que esto es algo que hay que superar mediante una labor pedagógica. Y también apelo a sus señorías, en la medida en que ustedes quieran o consideren oportuno realizarlo, también apelo a la labor pedagógica que se debe hacer también desde las propias Cortes en relación con otros instituciones o entidades de la... de la propia Comunidad Autónoma; digamos, en la Administración local de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, todos tenemos nuestros deberes que cumplir en relación con la... con las reformas -digamos- que yo creo que son necesarias. Quizás la oportunidad de la reforma y el momento de realizarla pues es de su responsabilidad; se puede hacer antes de esa implementación de la legislación básica, que parece ser que se está tramitando en las Cortes Generales y... o puede ser con anterioridad. Desde luego, nosotros hemos apelado a algo que algunas de estas reformas que consideramos prioritarias, y entre ellas, pues precisamente hacer efectiva esa vinculatoriedad de las resoluciones que emite la Comisión de... la Comisión de Transparencia.

Desde luego, debo decir que no comparto, cuando hay un instrumento jurídico bien contrastado, porque viene determinado por la legislación de procedimiento administrativo y se utiliza habitualmente por las Administraciones públicas para conseguir la... el cumplimiento de los actos administrativos, un método, un mecanismo, que no es -digamos- tan compulsivo como puede ser la... la intervención... -la última ratio, que dicen los penalistas- la intervención del derecho penal, no entiendo por qué se va a... puede ir o debe irse a máximos, a la tipificación futura de un... de un posible delito, porque no habría otro... entiendo que no hay un delito tipificado que pudiera -digamos- atender a esa... a esa falta de cumplimiento, cuando se puede hacer uso de un mecanismo mucho menos coercitivo y un mecanismo más -digamos- liviano desde el punto... y bien contrastado en su uso, como es la... la multa coercitiva, que considero que puede ser utilizada. Y, además, incluso la... entiendo que la... la sola configuración o la sola existencia de un mecanismo de ese tipo en la normativa vigente ya ayudaría al cumplimiento, incluso sin hacer uso de él, o hacer un uso de él -digamos- anunciando su propio uso; su uso en un... en un espacio más o menos breve de tiempo, yo creo que ya ayudaría al cumplimiento de las resoluciones administrativas.

Y, claro, en esa situación en la que -digámoslo así, y permítanme la expresión- todos vamos aprendiendo, pues resulta que, al ver que no pasa nada con el incumplimiento, pues puede ser que de ahí... ahí esté la razón o la explicación de que -digamos- haya una deriva hacia el incumplimiento de nuestras resoluciones, porque se va percibiendo que no ocurre nada con ese incumplimiento. Por tanto, eso es algo que hay que reflexionar sobre ello y atenderlo a través del mecanismo menos invasivo de la libertad, que es, pues, una actuación administrativa, más que una actuación penal; una actuación penal que tendría que venir impuesta por una reforma, evidentemente, del Código Penal; si no, pues no sé si a través de una interpretación extensiva, que no cabe en el derecho penal, de un delito de desobediencia, pudiera ser -digamos- llevar a ese... a ese camino, que me parece que no es un camino transitable en estos momentos.

Bien. También tenemos que decir una cosa, y es que, aludiendo a alguna de las cuestiones que... que han surgido a lo largo de sus intervenciones, no todo... no toda la información que tiene que... que puede estar en la... digamos, en los recursos informáticos al servicio de la publicidad activa no toda... no toda la información de que dispone una Administración pública tiene que estar incluida en esa... en esos recursos informáticos a los que me refiero, sino que, evidentemente, más allá de aquello que supone una obligación legal de... de cumplimiento, y, por tanto, de... de elevación a... a esos instrumentos informáticos en los que tiene que aparecer esa información, más allá de eso, los ciudadanos podemos solicitar esa información; siempre queda ese camino, el camino de la... de la solicitud de la información, aquella que no está incorporada a la... lo que se conoce como publicidad activa. Es decir, que hay muchas cosas que consideramos o podemos considerar que debemos conocer, y que no están en... en la página web de tal... de tal Administración, pero podemos solicitar esa información. Y para eso está el otro recurso, que es las posibles -incluso en última instancia- reclamaciones ante la Comisión de... de Transparencia. Por tanto, la obligación de elevar a publicidad activa determinada información es la que impone la norma; más allá de eso, es una implementación voluntaria. Y si esa voluntariedad no se produce, pues siempre cabe la posibilidad de solicitarlo por parte de quienes estamos en condiciones de exigirla; es decir, de la ciudadanía.

Yo no he pedido aquí poder sancionador. No sé, debo de... de aclararlo; creo que en alguna ocasión ya me he referido a esta cuestión. Yo no he pedido aquí una reforma legislativa en el que la Administración, la Comisión de Transparencia o el Comisionado de Transparencia, en su caso, si hablamos de publicidad activa, se le capacite, se le otorgue la potestad sancionadora. Incluso habría que... yo tengo mis dudas, desde el punto de vista estrictamente, incluso, constitucional, si eso podría ser; no lo sé, pero habría que pensar sobre ello. Yo no he pedido eso, y no he pedido eso porque creo que ni siquiera sería necesario hacer uso o incorporar un mecanismo sancionador en favor de... o a disposición de cualquiera de los dos instrumentos de... de transparencia, es decir, el Comisionado y Comisión de Transparencia.

En su caso, si alguien tiene que sancionar, será la propia Administración a quien no cumple la... con la legislación de transparencia en el ámbito interno de la propia... de la propia Administración; algo que habría que pensar muy bien. Pero para eso están sus señorías: para buscar una solución a ese... a esa cuestión, siempre que se hable de un mecanismo sancionador en favor del cumplimiento de la publicidad activa.

Lo demás, en lo que es la... insisto, en lo que es la otra vertiente de la publicidad, es decir, las reclamaciones frente al incumplimiento de las solicitudes de información, ahí no se tiene por qué recurrir ni siquiera al derecho sancionador. Porque no... no debemos confundir, pese a que pues a veces los términos jurídicos puedan llevar a una cierta confusión cuando no se analizan con el debido... la debida pulcritud desde el punto de vista técnico, cuando hablamos de multa coercitiva, no estamos hablando de un derecho sancionador, no estamos hablando del ejercicio de la potestad sancionadora, que responde a otras claves jurídicas de otra naturaleza distinta a lo que constituye la multa coercitiva, que no deja de ser un mecanismo de... un mecanismo de coerción para el cumplimiento de una resolución administrativa firme, trasladable -perfectamente, entiendo, y así lo han entendido otros legisladores autonómicos- al ejercicio de... de funciones por parte de las... del Comisionado, de la Comisión de Transparencia en este caso.

Yo no sé si hay alguna cuestión más que... que seguramente se me queden muchas cosas en el tintero. Han sido muchas las intervenciones de sus señorías y muy distintas, en distintas vertientes.

Yo entiendo que... aun respetando todas las opiniones sobre el particular, entiendo que, si tenemos una normativa, tenemos unos instrumentos ya en funcionamiento, con una trayectoria, con unos años de funcionamiento y con una... bueno, pues con una... una dotación relativamente escasa, pero que de momento sigue... puede realizar las funciones que tiene encomendadas legalmente, yo creo que no hay que apelar a otras... a otras instancias distintas, o por lo menos no me parece que sea el momento de apelar a otras instancias distintas, porque a lo mejor resulta que, a través de esa vía, pues cortamos esa... esa trayectoria que hemos iniciado en favor de la transparencia.

Yo me atrevo a afirmar -y puedo equivocarme, puedo equivocarme- que, si las reclamaciones en materia de transparencia tuvieran que tramitarse ante el órgano central, es decir, el órgano del Estado, no habríamos tenido en dos mil veintiuno 495 reclamaciones, habríamos tenido muchas menos. La cercanía, desde luego, también anima a... a los ciudadanos a ejercer sus derechos. Creo que eso es así.

Y, bueno, puedo estar equivocado, pero realmente nuestra... el ejercicio de nuestras funciones creo que lo hacemos con toda dignidad, con los medios de que disponemos. Y que, si ustedes, sus señorías, tienen a bien reflexionar sobre la necesidad de implementar... no digo que hacer una reforma absoluta de la legislación de transparencia en... en la Comunidad Autónoma, sino de dar algunos pequeños pasos en lo que hemos ido poniendo de manifiesto a lo largo de estos últimos años en nuestras comparecencias, creo que podíamos ir avanzando en aumentar esa cultura de la transparencia y conseguir mejores resultados, que es lo que seguramente ustedes y yo, por supuesto, pretendemos. Nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Muchas gracias, señor Quintana. Ahora, ¿si algún portavoz desea consumir un turno de réplica? Señor Suárez Arca, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR SUÁREZ ARCA:

Muchas gracias. Nada, no consumiré ni un minuto. Simplemente para darle las gracias por las respuestas que nos ha facilitado.

Decirle que, evidentemente, cuando nos referíamos al protocolo de apercibimiento, pensábamos lo mismo que usted: que muchas veces este protocolo no tendría ni que aplicarse, precisamente porque el mero apercibimiento ya serviría para instar a la... al cumplimiento de las resoluciones.

Por otra parte, entendemos que, respecto a la documentación previamente hablada en el tema de los horarios nocturnos, no había obligatoriedad legal, porque, si no, sí se habría publicado. La duda no iba por ahí. Simplemente nos sorprendía la alusión a que esta... a que esta información no se había publicado, y justamente después hablaban en el propio informe de la necesidad de profundizar, esencialmente durante el período de pandemia, en la transparencia para lograr convencer a los ciudadanos. De ahí nuestra alusión.

Y nada, simplemente agradecerle la presencia, agradecer la presencia también al secretario. Y desearles a todos los demás buenas tardes. Muchas gracias.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

He entendido su... su reflexión, y yo creo que en esa línea iba mi contestación. Es decir, más allá de lo que constituye la obligación de publicar en términos de publicidad activa, pues las Administraciones públicas deben, y lo hacen en algunos casos -no en todos, pero en algunos casos- digamos, aumentan, incrementan esa... la información en términos de publicidad activa. Y nosotros siempre animamos, evidentemente, a que eso se produzca.

Y, de hecho, precisamente en esa... en esa misma línea, ese mismo... este mismo año dos mil veintiuno -y también lo hicimos en el año dos mil veinte, en función también de las circunstancias tan... tan extraordinarias que vivimos como consecuencia de la crisis sanitaria-, a través del Procurador del Común -porque no... desde la Comisión de Transparencia y Comisionado de Transparencia no disponemos de capacidad para hacerlo, pero sí a través del Procurador del Común-, nos interesamos en la necesidad de implementar la información que tenía que incorporarse por parte, en este caso, de la Junta de Castilla y León en materia... en materia COVID. Y, de hecho, si mal no recuerdo, en el año dos mil... dos mil veinte promovimos tres-cuatro actuaciones de oficio en esta línea.

Y en esta misma línea iba la actuación de oficio que hicimos para que se publicaran determinadas... determinada información en relación con el proceso... en el proceso de vacunación, que se iniciaba a finales del año dos mil... dos mil veinte. Un proceso que ahora nos queda muy lejos, pero que ya sabemos que quedó salpicado de muchas pequeñas manchas que necesitaban ser clarificadas -no digo en relación con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino en general-, y que, por tanto, necesitábamos que se hicieran públicos los criterios, la forma en que se estaba realizando el proceso de vacunación, porque nos parecía que en aquellos momentos era vital; nos parecía, y creo que... sigo pensando que era vital en aquellos momentos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

¿Algún otro portavoz? Señor Igea Arisqueta, esta comparecencia -me informa el señor letrado- se... se sustancia por el Artículo 143, por remisión del 168, y no pueden intervenir procuradores asistentes.

EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Señor presidente, es la primera vez que en una comparecencia ocurre esto. Yo no dudo de su... pero en todas las comparecencias que hemos asistido hasta el momento los portavoces, al final, tiene un turno de pequeñas preguntas.

EL PRESIDENTE (SEÑOR TEIRA LAFUENTE):

Esas... ese tipo de comparecencias se corresponden con las reguladas en el 147. Lo siento.

Agradeciéndole al Comisionado de Transparencia las informaciones que ha proporcionado a esta Comisión, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas veinte minutos].