DS(P) nº 11/11 del 12/7/2022

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión del Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León para sustanciar el único punto del orden del día.

Por el señor secretario se procederá a dar lectura del único punto del orden del día.

DLEY/000001 (convalidacin Decreto-ley 2/2022)

EL SECRETARIO (SEÑOR MORENO CASTRILLO):

Único punto del orden del día: Convalidación del Decreto-ley 2/2022, de veintitrés de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, número 121, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación del proyecto de ley, por la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Carnero García, por un tiempo máximo de quince minutos.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR CARNERO GARCÍA):

Señor presidente, muchas gracias. Señorías, estos dos últimos años han estado marcados por una situación desconocida en los últimos siglos: una pandemia que ha condicionado todo el actuar, tanto de las Administraciones públicas como del conjunto de los ciudadanos. Tras la recesión iniciada en el dos mil veinte como consecuencia de la pandemia, vemos como el incipiente crecimiento que arranca en el año dos mil veintiuno no logra compensar la pérdida previa. Un crecimiento que se ha visto completamente paralizado, entre otros motivos, por la injusta invasión rusa de Ucrania. Este conflicto bélico y sus consecuencias, a través de las sanciones impuestas a Rusia y la práctica paralización de las exportaciones de materias primas de Ucrania, han provocado un aumento del precio de la energía y de los alimentos, que se reflejan ya en nuestro quehacer diario.

Pero este no es el único motivo: junto a una inflación desbocada con unos costes energéticos desorbitados, tenemos un estancamiento de la actividad industrial y una deuda pública elevada que condiciona el futuro de las cuentas públicas; un déficit estructural; un aumento de impuestos. Todo ello repercute negativamente en el producto interior bruto y en el objetivo de alcanzar los niveles previos a la pandemia.

A pesar de que Castilla y León cuenta con mejores datos de producto interior bruto y empleo que la media española, no podemos aislarnos de este escenario, máxime cuando tiene una considerable participación en los sectores más amenazados por la crisis.

Por ello, el pasado veintiuno de abril, en el primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura, se aprobaba el Plan de Iniciativas de Respuesta ante el agravamiento de la situación económica: 20 ejes y 75 medidas, con un impacto estimado para la Junta de Castilla y León de más de 470 millones de euros. La puesta en marcha de estas iniciativas ha sido inmediata, y ya son efectivas muchas de las mismas que no requerían de modificaciones legales.

Respecto a aquellas medidas que sí requieren cambios en las normas que tienen rango de ley, desde la Junta de Castilla y León hemos impulsado, en primer lugar, el Anteproyecto de Ley de rebaja impositiva urgente ante el agravamiento de la situación económica, del que se han realizado los trámites de consulta, y confiamos en su pronta y exitosa tramitación ante estas Cortes. Y, en segundo lugar, el presente Decreto-ley 2/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. En línea con el documento de iniciativas, este decreto-ley recoge medidas de carácter general, sectorial y de protección social, entre otras, que iré presentando a continuación.

Con este nuevo decreto-ley debemos dar un paso firme que refleje claramente que la agilización de trámites en los procedimientos administrativos no implica una merma en sus garantías y controles. Es el momento de dar un paso más y alcanzar no solo una buena regulación, sino la mejor regulación posible, pasar de un buen procedimiento al procedimiento más adecuado (que no es el más extenso, sino el que mejor sirva para alcanzar el objetivo final).

Es por eso, señorías, que las modificaciones normativas que prevé este decreto-ley persiguen un único objetivo: asegurar la efectiva ejecución de fondos que se reciben a través del mecanismo de recuperación y resiliencia y garantizar que su gestión sea lo más ágil posible.

Permítanme destacar, principalmente, tres importantes modificaciones normativas:

En primer lugar, se modifica la Ley 2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en lo relativo a las autorizaciones y compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros y se amplían las excepciones a los límites establecidos en la ley para incluir los gastos financiados con recursos finalistas, logrando una mayor agilidad en los procedimientos. Así, una vez que la Consejería de Hacienda autorice la correspondiente generación de crédito, cualquier autorización posterior resultará redundante.

En segundo lugar, se incluyen dentro de los supuestos extraordinarios previstos en la Ley 5/2008, de subvenciones, para la aprobación y el compromiso de gastos que puedan ser autorizados por la Junta de Castilla y León, las subvenciones financiadas total o parcialmente con los fondos de los Planes Next Generation.

Y, en tercer lugar, se modifica la Ley 1/2021, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, exceptuándose de la obligación de incluir en los planes estratégicos de subvenciones aquellas que se concedan con cargo a los fondos de los Planes Next Generation, y exigiendo tan solo el informe de los Servicios Jurídicos para la tramitación de sus bases reguladoras.

En el ámbito del sector público autonómico, se modifican las competencias reconocidas al Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León para, entre otras cuestiones, dotarle de capacidad para tramitar y conceder subvenciones a fondo perdido a entidades públicas, entidades privadas y particulares con plazos de gestión muy reducidos, que requieren de entidades especializadas para tramitar con solvencia, agilidad y eficacia proyectos de carácter técnico, así como gestionar nuevos registros oficiales en materia de eficiencia energética y de energía renovable, que requieren una especialización para su gestión, automatización, explotación e intercambio de datos con la Administración estatal.

Y recoge también este decreto-ley la colaboración entre la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León con la Gerencia Regional de Salud para flexibilizar y reducir trámites administrativos para ejecutar infraestructuras sanitarias o financiar con fondos europeos. De esta manera, se habilita a SOMACYL la realización de obras, estudios, proyectos, la dirección de obras, consultorías o asistencias técnicas para la construcción, reforma o ampliación de infraestructuras sanitarias que tengan carácter urgente, previo encargo de la Gerencia Regional de Salud.

Quiero destacar, asimismo, la importancia de las medidas de carácter social que se adoptan en este decreto-ley. Ya hemos referido la tremenda crisis económica a la que estamos empezando a hacer frente, por eso debemos proteger más a aquellos que son más vulnerables en esta situación. La prestación económica para situaciones de urgencia social, que se dirige a personas que no pueden cubrir por sus propios medios gastos tan esenciales como son la alimentación, vestido e higiene, vivienda y suministros del hogar, u otras necesidades básicas consideradas esenciales, ha demostrado su eficacia en estos últimos nueve años desde su creación.

Pero ha llegado el momento de actualizarla y adaptar su cuantía a la realidad económica y social actual, incrementando el umbral de ingresos de los posibles beneficiarios, así como el importe máximo a recibir, mejorando la protección social de los más vulnerables y protegiendo a un espectro más amplio de población que anteriormente quedaba excluido. La vida de dos mil trece, año en que se crea esta prestación, no es la vida de dos mil veintidós.

Además, creamos el bono de urgencia social para atender a aquellas personas en situación de necesidad sobrevenida y que requieren un apoyo puntual y urgente de la Junta de Castilla y León. Con la modificación que aprueba este decreto-ley se activa este nuevo mecanismo que permite conceder subvenciones directas a las personas con mayor vulnerabilidad que están incluidas en el sistema de acceso unificado de los servicios sociales, y ello sin tener que realizarse la aceptación por parte de los interesados.

En materia de vivienda y urbanismo, se modifican las normativas reguladoras del urbanismo y la vivienda para tratar de ajustar los procedimientos de la Junta a la gestión de los fondos europeos, que exigen una agilidad extraordinaria en la tramitación. Para lograr una recuperación más justa, el instrumento Next Generation plantea líneas específicas de financiación para incrementar el parque de vivienda social. Con estas líneas se pretende revertir aceleradamente la situación de vulnerabilidad sobrevenida que afecta a la capacidad de familias y jóvenes para acceder al mercado inmobiliario. Permítanme destacar alguna de las medidas que se van a adoptar.

Así, en primer lugar, la Junta de Castilla y León incorpora a su regulación un nuevo modelo de vivienda, la vivienda colaborativa protegida, que puede beneficiarse de un programa específico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2025... 2022-2025, perdón. Este nuevo modelo residencial permite a los más jóvenes desarrollar su proyecto de vida en hogares independientemente... independientes, sufragando servicios esenciales de forma común.

En segundo lugar, para impulsar la promoción de viviendas de protección pública en el medio rural, se elimina la exigencia de que dichas viviendas fueran promovidas exclusivamente para uso propio. Eliminar esta restricción va a permitir canalizar fondos europeos hacia suelos de zonas rurales, donde la Junta de Castilla y León puede revertir situaciones de carestía de vivienda para colectivos vulnerables y de especial protección, y, al mismo tiempo, luchar contra la despoblación.

En tercer lugar, se reconoce a la Administración autonómica la condición de posible beneficiario de ayudas estatales destinadas al incremento del parque público de viviendas.

Y, finalmente, en cuarto lugar, se exime del procedimiento de autorización excepcional en suelo rústico a los supuestos de adecuación, renovación o ampliación de usos vinculados a la generación de energía, al ciclo de aguas o a las telecomunicaciones que hayan sido previamente autorizados.

En materia de sostenibilidad ambiental, se actualiza y agiliza el procedimiento de autorización de instalaciones de energía renovable, tratando reducir la dependencia de combustibles fósiles y países terceros en materia de energía, en sintonía con las medidas aprobadas por el Estado. Se trata de estimular los proyectos de energías renovables, pero asegurando que no se ubiquen en zonas con las que resulten incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales, urbanísticos o agrícolas.

También se va a agilizar la tramitación de cerca del 50 % de los procedimientos de modificación del planeamiento urbanístico que se tramitan actualmente, especialmente en el medio rural. Se trata de aliviar la carga burocrática, una vez que se ha constatado a lo largo de estos años que determinados instrumentos del planeamiento carecen de incidencia sobre el medio ambiente. De esta manera, se habilita de forma eficiente la ejecución de multitud de inversiones necesarias -infraestructuras básicas, viviendas, industria, servicios-, muchas de las cuales se financian con fondos europeos de recuperación y resiliencia, muy estrictos en cuanto a la ejecución de las dotaciones previstas en dos mil veintidós y dos mil veintitrés.

En el ámbito del patrimonio natural y política forestal, para fomentar el desarrollo socioeconómico y la implantación de energías renovables, se pasa a considerar compatibles las actividades que no sean susceptibles de generar un efecto apreciable en el lugar, siendo por tanto compatibles con los objetivos de conservación.

Y, entre otras medidas, para agilizar la puesta en el mercado del aprovechamiento maderable o leñoso de nuestros montes, se elimina la obligatoriedad de presentar con quince días de antelación la declaración responsable requerida, cumpliendo así el compromiso adquirido con la Administración.

En materia de comercio, se incluye el programa de modernización del comercio a través del fondo tecnológico. El objetivo general perseguido con esta línea de inversión es de ayuda a las pequeñas y medianas empresas de adaptarse a la digitalización del sector comercial y al cambio en el comportamiento de los consumidores. Atendiendo a la agilidad que requieren los fondos europeos, se habilita la concesión de estas subvenciones en región... -perdón- en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes, hasta el... hasta el agotamiento del crédito presupuestario y cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria. Los proyectos que se van a apoyar están dirigidos a nuevas tecnologías para la transformación digital y del punto de venta del comercio y a proyectos de soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia del consumo y la sostenibilidad. Este fondo tecnológico y la línea de ayudas que lleva aparejado permitirá incorporar a las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en el tejido empresarial de Castilla y León, a nuevas tecnologías que den respuesta a los actuales hábitos de consumo de los ciudadanos e impacten no solo en la propia sostenibilidad del establecimiento, en la competitividad del mismo en su modelo de negocio, sino también en el conjunto de la actividad económica y del empleo de nuestra Comunidad.

En definitiva, señorías, este decreto-ley que hoy viene a las Cortes para su convalidación recoge numerosas medidas, todas ellas dirigidas a buscar agilizar la gestión de los programas financiados con los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos permitan asegurar una eficiente ejecución de los mismos e impulsar en Castilla y León -que es el objetivo prioritario que debemos perseguir todos los que hoy aquí debatimos- un impulso de nuestra Comunidad que se refleje en todos los ámbitos -económicos, laborales, sanitarios y sociales- y que a quien beneficie sea siempre a nuestros ciudadanos, las personas de Castilla y León. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Para un turno de fijación de posición compartido, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en nombre de Por Ávila, el señor Pascual Muñoz, por un tiempo máximo de tres minutos.

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nos ocupa hoy el debate de este decreto-ley con el fin de adoptar medidas que posibiliten agilizar la gestión de los fondos europeos e impulsar la actividad económica en nuestra Comunidad. Para ello, se nos presentan propuestas basadas en líneas que, en efecto, de manera general, consideramos deben ser de absoluta prioridad. De esta forma, entendemos que debe producirse un ajuste en el sector público autonómico acorde a las necesidades actuales y que no olvide que su fin es, como siempre, pero hoy más que nunca, la atención a los ciudadanos; para lo cual, creemos que debe basarse en principios de equidad, poniendo el foco en medidas que afecten a aquellos que se ven más afectados por la situación y a aquellos cuyas circunstancias más hayan cambiado.

Es recomendable acortar plazos y facilitar la burocracia, pero, dadas las peculiaridades características de nuestra Comunidad, y para que no se pierdan fondos, la Administración autonómica podría colaborar con la local, destinando fondos, recursos o asesoramiento a los distintos municipios o diputaciones, con el objetivo de evitar que, por ejemplo, los pueblos más pequeños puedan llegar a quedarse sin fondos por no contar con recursos suficientes.

La Junta debe financiar la parte de cofinanciación que deben aportar los ayuntamientos, dado que muchos de ellos pueden llegar, como digo, a perder fondos por no poder hacer frente a los costes de cofinanciación, gestión e implementación de estos.

Pero también, señorías, entendemos necesario establecer medidas de la actividad comercial, enfocadas tanto a su potenciación como a la defensa, en especial, de todos esos autónomos y pequeños empresarios que están sufriendo la situación económica actual y que ven como en los próximos meses puede llegar a peligrar la subsistencia misma de su comercio o empresa. Además, todos sabemos -como cualquier consumidor- que están... estamos notando ya de forma directa las consecuencias no solo de la guerra de Ucrania, sino de la desorbitada inflación.

En tiempos de crisis, son los ciudadanos más vulnerables los que tienen mayores dificultades de sobreponerse a la misma, por lo que urge realizar un reparto en base a criterios de equidad. Y es aquí donde de nuevo cobra relevancia la Administración local, dado que se multiplican los gastos por asuntos sociales, que, como saben, en la práctica son realizados y soportados de manera directa, en gran parte, por Administraciones diferentes a la Junta de Castilla y León, al estar delegadas estas funciones, que en realidad serían de competencia autonómica. Por ello, debería haberse considerado que la Junta financie el 100 % del coste de los servicios sociales llevados a cabo por diputaciones y ayuntamientos, realizándose los cálculos en base a lo presupuestado por cada una de estas Administraciones.

Por último, desde Por Ávila, entendemos necesaria una adecuada política forestal, así como la debida adaptación a criterios de... de sostenibilidad. Por eso, quiero valorar positivamente el esfuerzo que se persigue de hacer el procedimiento de instalación de energía renovables más ágil; pero, a la vez, siendo más cuidadoso con el medio natural y el patrimonio, así como las leves modificaciones que plantea para los procedimientos de las autorizaciones de estos aprovechamientos forestales.

Creemos que deben considerarse, dadas las circunstancias, todos estos comentarios. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Para continuar con el turno de fijación compartido, por el Grupo Parlamentario Mixto, en nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta, por un tiempo máximo de siete minutos.

EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Muchas gracias, señor presidente. Nos trae hoy aquí, señor consejero, un decreto-ley de medidas urgentes; de medidas urgentes para dos mil veintiuno, no para dos mil veintidós. Nos trae un decreto-ley de medidas urgentes para facilitar el gasto de los Fondos Next Generation. Estas eran las urgencias de dos mil veintiuno. Las de dos mil veintidós son otras urgencias.

Esas eran las urgencias que obligaban a esta Comunidad a tener unos presupuestos, que obligaban a esta Comunidad a llegar a acuerdos con el diálogo social. Eran las urgencias que en dos mil veintiuno afrontaba esta Comunidad; pero entonces ustedes decidieron que la urgencia era Casado, que la urgencia era el presidente, que la urgencia era pactar con Vox. Por eso estamos hoy debatiendo aquí las urgencias de dos mil veintiuno.

Porque las urgencias de dos mil veintidós, después de la entrada de Rusia en Ucrania, de la invasión de Ucrania, de la crisis agroalimentaria que estamos viviendo, sin precedentes -una crisis agroalimentaria sin precedentes-, búsquense medidas en ese decreto para el sector. La urgencia de la crisis energética que estamos viviendo, con una elevación de los costes sin precedente, sin precedentes, no es la urgencia que se resuelve con este decreto, ¿eh?

Porque ¿cuáles son las medidas?, ¿cuáles son las medidas de ahorro energético que se proponen cuando se está incrementando, duplicando, el consumo, cuando se está duplicando el gasto? ¿Qué ha ocurrido en esta Comunidad con el gasto energético de la Administración pública? Pues solo hay que ir a la página de visualización del datahub energético de esta Comunidad para saber que en dos mil veintiuno gastamos más gas, más gasóleo, más electricidad que en dos mil diecinueve. ¿Cuáles son las medidas a ese respecto? Ninguna hay en este decreto, ¿eh?

¿Qué vamos a hacer para favorecer a nuestras empresas que utilicen los Fondos Next Generation? Habilitar a SOMACYL para poner un enchufe, vender helados, para lo que haga falta. SOMACYL lo va a hacer todo, y así podemos gastar los Fondos Next Generation, porque, si no, no podemos hacerlo.

¿Qué vamos a hacer con nuestra industria del automóvil? Bueno, pues mandar a nuestro vicepresidente a Europa para que diga una cosa muy muy útil -de verdad, es el sueño... el sueño de cualquier fabricante de automóviles, ¿verdad?-, que es: oiga, vamos a alargar la vida media de los automóviles. Esto ha dicho el señor vicepresidente en Europa. Supongo que en Renault están encantados con esta idea.

¿Qué vamos a hacer? Pues generar conflicto, ¿eh?, romper el diálogo, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer. Y de todas estas cosas, pues, no se habla, porque lo urgente de verdad es tener, si fuera posible, un Gobierno, con un presidente que... que liderase alguna crisis (la del coronavirus, la del diálogo social, la de Siro), porque tenemos un presidente que no está, está ausente, está ausente y poco atento, como es su costumbre; un vicepresidente que se dedica a repartir homilías preconciliares, que abren los titulares de Europa; un consejero de Empleo que busca comunistas por Castilla y León, mientras le cierran Siro, mientras le cierran industrias auxiliares en Palencia en estos momentos, y él se dedica a perseguir comunistas; un consejero de Sanidad que se sorprende de que los sanitarios enfermen de coronavirus y escribe cartas al ministro a ver si se lo soluciona, ¿eh?; un consejero de Cultura y Turismo que tampoco tiene ninguna medida en este decreto para un sector muy afectado; un consejero de Economía quemado, intentando explicar la acción de un Gobierno que ya casi nadie consigue explicar. A propósito de quemados, ¿cuántas hectáreas se necesitan para que dimita un consejero de Fomento, 30.000, 50.000, 100.000?

Eso es lo que necesita esta Comunidad: medidas para proteger a la clase media y trabajadora, que va a sufrir la mayor crisis que se ha vivido en este país. Por eso es urgente el diálogo, por eso es urgente el liderazgo, por eso son urgentes medidas que no figuran en este decreto. Necesitamos un Gobierno que atienda las urgencias de los ciudadanos de Castilla y León; ahora solo tenemos un Gobierno que atiende las urgencias de los partidos que sustentan este Gobierno. Nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Santos Reyero, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien, nos encontramos hoy para convalidar este real... este Decreto-ley 2/2022. Un decreto donde no se alcanza realmente, señor Carnero, a entender si lo que se pretende es dar respuesta a la motivación de esta figura jurídica, legislando sobre una cuestión de urgente necesidad, o si, al final, se está convirtiendo en esta Comunidad Autónoma en una práctica tramposa, que consiste en legislar no ya como un recurso de urgencia, sino como una vía mediante la cual el Ejecutivo incorpora leyes al ordenamiento ahorrándose el tiempo que dura la aprobación de una ley; lo que sería una ley de medidas (la ley de medidas del Presupuesto que no se aprobó en estas Cortes).

La verdad es que, si creyéramos que su motivación es la de ahorrarse procesos, acortar tiempos, nos resultaría extremadamente difícil aprobar algo emanado de un Gobierno de coalición perezoso, un Ejecutivo poco proactivo en una situación de urgencia económica como la que está viviendo León, Castilla y España.

Si optamos por la generosidad y creemos que es la respuesta urgente a una situación que no exige demora, coincidirán conmigo en que muy diligentes tampoco han sido; muy urgentes y proactivos, desde luego, no han sido.

En fin, lo primero que se puede concluir aquí es la falta de celeridad de un Gobierno de coalición que, en una situación extremadamente difícil, después de una pandemia, con el agravamiento que ha supuesto la guerra de Ucrania -como usted mismo ha reconocido-, con un escenario económico muy difícil, no ha reaccionado lo rápido que debería haberlo hecho. Todo ello en un escenario en el que, además de los dos grandes problemas -COVID y guerra-, se le unen hoy los efectos terribles de una crisis inflacionista gravísima, con los intereses galopando al alza, con una deuda financiera que lastra al país, con un encarecimiento energético inimaginable y con el euro y las bolsas cayendo a pasos agigantados.

Así las cosas, el objeto de este decreto-ley, que es impulsar una serie de medidas para estimular la recuperación en un contexto de crisis y su impacto en la inflación, es poco creíble, cuando desde hace tiempo observamos alguna... observamos a alguna Comunidad Autónoma tomar medidas urgentes para ayudar en la batalla, como, por ejemplo, contra la subida del precio de los carburantes, y ustedes no siguen... o siguen -perdón- sin hacer absolutamente nada.

Hace pocos días, la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA) reclamaba a esta Comunidad Autónoma un esfuerzo adicional para que bonifique el combustible ante el aumento de la recaudación autonómica por carburantes; casi el 60 % de la mitad del coste se va a las arcas de las Comunidades, que son las únicas que, hasta ahora -la mayoría-, no han tomado cartas en las medidas necesarias para poder ayudar al colectivo de autónomos, después de una subida del carburante -que no debemos de olvidar- de más de un 40 % en los últimos meses.

Y, señor Carnero, en una Comunidad en la que el crecimiento industrial, además, es uno de los peores del país, según los últimos datos de julio, que confirman que la economía de este modelo de éxito llamado Castilla y León crece y se recupera en menor medida que el resto del país.

Así las cosas, la disyuntiva es si con nuestro voto ayudamos más votando "no" a este decreto de ley tardío o si, por responsabilidad, hay que darles un margen de confianza. Así que votaremos pensando en lo menos malo para los ciudadanos de León y Castilla.

Porque nos da cierto temor, señor... señor Carnero, como usted ha dicho, por ejemplo, cuestiones como esa ampliación de la excepción a los límites añadiendo gastos con recursos finalistas, o encomendarnos realmente a la discrecionalidad del propio SOMACYL. Porque tenemos también cierto miedo de algunos aspectos que se contienen en este decreto. Porque mucho tendríamos que hablar, señor Carnero, sobre la regulación de la vivienda compartida o la eliminación de la prohibición de dar ayudas a viviendas que no sean promovidos para uso propio en nuestro medio rural; también del apoyo a la digitalización o la sensibilidad con las personas más vulnerables, o de las medidas planteadas como límite a esta proliferación desmedida de los parques renovables, que a nosotros nos preocupa mucho.

Y es que, a pesar de sentirnos bien y conforme con algunas modificaciones de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que ustedes han modificado en ese Artículo 13, donde se introducen limitaciones destinadas a respetar los montes arbolados, los bienes de interés cultural, las áreas naturales y especies protegidas, o la prohibición en los lugares que hayan sido transformados a regadío, nos sigue pareciendo todavía escasa, y nos da cierto miedo o nos preocupa la pretensión de simplificar los trámites y acortar los plazos marcando un sistema en el que, si se cumplen estas exigencias adicionales y las básicas de seguridad, medioambientales y urbanísticas, los proyectos deberían ser autorizados en un proyecto semiautomático. Lo cual no nos gusta demasiado, señor Carnero, porque limita la posibilidad social de dar respuesta a proyectos dañinos, añadido al miedo que nos da la modificación de la Ley de Montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable.

En fin, maduraremos el voto y decidiremos al final del debate cuál es la decisión menos mala para los ciudadanos de León y de Castilla.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Para continuar con el turno de fijación de posición compartido, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, tiene la palabra el señor Ceña Tutor, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR CEÑA TUTOR:

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nuestro Estatuto de Autonomía habilita a la Junta de Castilla y León a sortear la clásica división de poderes y a dictar disposiciones legislativas provisionales en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Y como dice la propia exposición de motivos del decreto que hoy convalidamos, del Decreto-ley 2/2022, la naturaleza de las medidas adoptadas por esta norma ha de ser urgente y excepcional, medidas cuya aprobación e implementación no admite demora.

Y esto es lo que hoy hemos de analizar aquí, si las medidas normativas adoptadas por este decreto-ley revisten la urgencia y la excepcionalidad necesaria y si son adecuadas esas... a esas circunstancias o si pudieran haberse tramitado de manera ordinaria, con más reflexión por parte de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, en el uso del poder legislativo del que son titulares.

Se modifican catorce leyes, un decreto legislativo, dos decretos, aparte de configurar algunos procedimientos simplificados y algunos criterios para la autorización de proyectos de energías renovables. Una incidencia, pues, en nuestro ordenamiento bastante notable y muy variada en cuanto a los sectores afectados: desde la ejecución presupuestaria, las subvenciones, el sector de la energía, hasta la vivienda y los servicios sociales.

En muchos casos podemos observar que el procedimiento legislativo utilizado no parece el apropiado, se trata de modificaciones que es cierto que en la mayoría de las ocasiones tienden a simplificar o a reducir trámites, estudios o controles por parte de la Administración, pero, claro, esos trámites estaban ahí, en normas aprobadas por esta Cámara, para salvaguardar intereses o derechos, que en algún momento se habían considerado dignos de ser protegidos.

Por eso hay que ser especialmente escrupulosos con estas modificaciones normativas que, además, se adoptan desde el Ejecutivo, hay que analizar cuidadosamente qué se está autorizando en aras a una supuesta racionalización y a una mejor utilización de los fondos europeos. No se puede dar carta blanca sin los controles necesarios, porque el hecho de que se nos concedan millones de euros en fondos europeos tampoco justifica la supresión de los controles para verificar su destino o tramitación adecuada.

Por ejemplo -y es algo que sorprende sobremanera-, el incremento de la posibilidad de autorizar y comprometer gastos al director del Ente de... Regional de la Energía, que pasa de 30.000 euros a 600.000. Parece que un incremento tan considerable debería estar más justificado que la breve mención a la posibilidad de -y cito textualmente- "gestionar de forma ágil y eficaz las convocatorias de ayudas y subvenciones". Da la sensación de que se deja fuera de lo previsto inicialmente en las leyes al Consejo de la Administración... al Consejo de Administración del Ente Regional de Energía, pasando la competencia de autorizar y comprometer gastos a un órgano unipersonal; cuando menos, están muy... muy pobremente explicadas las razones de un cambio tan radical en las competencias del ente.

Otra cuestión que nos causa cierta preocupación es la reforma que este decreto-ley contiene sobre los proyectos de energías renovables. Bien es cierto que estamos en un contexto internacional en el que se están buscando apresuradamente opciones energéticas que reduzcan nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y que una de las opciones más viables es la de las energías renovables, pero esto no puede ser a costa del patrimonio de las zonas rurales, no se pueden aprobar los proyectos de instalación de parques eólicos o solares en cualquier sitio ni de cualquier manera sin los estudios adecuados, porque, al final, se lanza el mensaje de que siempre han de pagar los mismos.

Es necesario apostar por las energías renovables, pero hay que hacerlo de manera cuidadosa para no dañar el patrimonio monumental, ambiental y paisajístico, y lo que se hace con alguna de las modificaciones normativas de este... de este decreto-ley es, precisamente, flexibilizar algunos criterios para la autorización de instalación en suelo rústico de proyectos de energías renovables. Es el caso de la reducción de las distancias mínimas para su... para su instalación respecto a núcleos urbanos o bienes de interés cultural y también el caso de las autorizaciones o evaluaciones ambientales.

Nos gustaría que estas modificaciones normativas, que pueden afectar gravemente a las zonas rurales instalando parques eólicos o fotovoltaicos en los lugares inadecuados, se usen realmente como una simplificación de trámites administrativos -que es cierto que son muy engorrosos-, y no para dar a estas empresas una carta blanca respecto a las instalaciones de energías renovables en el mundo rural. De hecho, estaríamos muy a favor de estas medidas siempre que se cambiara el modelo o el enfoque actual de desarrollo de las energías renovables hacia unas instalaciones de pequeño y mediano tamaño y, sobre todo, favoreciendo el autoconsumo. De hecho, sería muy interesante crear comunidades energéticas sostenibles en los municipios aprovechando los recursos energéticos de la zona.

Y en cuanto a la modificación de la Ley de Caza, parece interesante, pero no entendemos que pueda entrar en los requisitos para haberla tramitado como una modificación a través de un decreto-ley. Yo, particularmente, no veo por ningún lado las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Igual es que se me escapa algo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. A continuación, para un turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, tiene la palabra el señor Menéndez Blanco, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El objeto de este decreto-ley es impulsar medidas de distinta naturaleza que contribuyan a crear un marco que gradualmente impulse la recuperación de la actual situación de crisis, ciertamente agravada por la invasión militar rusa a... a Ucrania -perdón-, y tengan también su impacto en la inflación, siendo imprescindibles modificaciones urgentes de carácter normativo y modificaciones de normas con rango de ley.

Porque, a pesar de la puesta en marcha de esa respuesta común contra la crisis desde la Unión Europea, acordando el instrumento europeo de recuperación llamado Next Generation, vía Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, del doce de febrero del dos mil veintiuno, para cuya aplicación en España se aprobó, por Acuerdo del Consejo de Ministros del veintisiete de abril del dos mil veintiuno, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que en Castilla y León dio lugar, como respuesta a esa crisis, al Decreto-ley 4/2020, de dieciocho de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, a pesar de eso, digo, es preciso seguir adoptando medidas orientadas a ámbitos de actividad específicos que impulsen la recuperación económica en las que concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, habilitando a la Junta de Castilla y León a estas disposiciones bajo la forma del decreto-ley.

Miren, es fácil echar la culpa de la crisis económica a la pandemia o a la guerra de Ucrania; pero la realidad es que los irresponsables del Gobierno de la Nación, y Sánchez en particular, nunca asumen las consecuencias de sus actos.

Analizando alguno de los datos macroeconómicos de los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, podríamos ver como ya se estaban dando señales de que algo no funcionaba. Y, mientras tanto, el Gobierno de España, asentado en el populismo de izquierdas, comunistas, secesionistas y herederos de los terroristas, hacían oídos sordos de quienes advertían que el crecimiento del producto interior bruto caía un 0,4 % en términos interanuales; o de que, agarrados a una senda que nos llevan a tener el mayor déficit público de la historia, la deuda del Estado crecía un 1,1 % sobre el PIB, que se debilitaba. Pero es que, además, los costes laborales por unidad producida crecían de un 1,2 a un 1,4... perdón, de un 1,2 a un 2,4, el doble entre el dos mil dieciocho y el dos mil diecinueve; pero es que en el dos mil veinte sube hasta un 5,6. Y eso permitía adelantar un inminente crecimiento de la inflación.

Y de aquellos barros vienen estos lodos, del desgobierno y de la ausencia de criterio más allá que el hacer populismo. Ahora viene la necesidad de tomar medidas con las que corregir la deriva por la que nos llevan quienes derrochan el futuro de España.

No voy a entrar respecto al contenido de estas medidas o en el detalle de las disposiciones, pero sí voy a aprovechar este turno para destacar detalles y conexiones entre las diferentes medidas por materias.

En primer lugar, en el Capítulo 1 se agrupan medidas en materia de hacienda y de sector público autonómico, donde el objetivo es buscar una sociedad eficiente energéticamente, disminuyendo la dependencia energética de otros países, deduciéndose el carácter urgente por los altos niveles actuales de la inflación, agravados por la guerra de Ucrania, eso sí. Miren, señorías, ¿les suena el concepto de soberanía energética y de Agenda España? Porque esto es lo que llevamos defendiendo en Vox, por escrito, desde más de cuatro años.

En el Capítulo 2 recoge medidas relativas al Programa de Modernización del Comercio, con ayudas para incorporar nuevas tecnologías a pymes del comercio local, facilitando que puedan dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y que redunden también en la transformación digital del establecimiento y de su modelo de negocio.

Capítulo 3, con medidas en materia de vivienda y urbanismo, modificando la Ley de Urbanismo, la Ley de Vivienda de Castilla y León, con el fin de eliminar los obstáculos que dificultan el desarrollo de un proyecto de vida para los más jóvenes, apostando por el modelo de vivienda colaborativa protegida, dando respuesta al problema de acceso a la vivienda para grupos vulnerables, como los jóvenes, y frente a la escasez de suelo, subida de precios, estancamiento de salarios e inestabilidad laboral; e impulsando también la promoción de viviendas de protección pública en el medio rural, permitiendo así la llegada de fondos europeos a suelos de zonas rurales y posibilitando revertir la carestía de vivienda, luchando al mismo tiempo contra la despoblación. Esto es, señorías, de nuevo, medidas recogidas en los apartados 5 y 17 de la Agenda España de Vox.

En el Capítulo 4, en materia de sostenibilidad ambiental, con modificaciones legislativas donde la extraordinaria y urgente necesidad derivan de la urgencia de reducir la dependencia existente en materia de energía, tocando de nuevo el problema de la soberanía energética a la que me referí anteriormente.

En el Capítulo 5, articulando medidas en materia de patrimonio natural y política forestal, se plantea la modificación de varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León, Ley de Montes de Castilla y León, Patrimonio Natural de Castilla y León, simplificando marcos de evaluación ambiental e informes de afección al medio natural para facilitar el desarrollo socioeconómico, y agilizando procedimientos de autorización de aprovechamiento forestal frente a la actual amenaza del cierre de la industria transformadora de la madera por falta de materia prima, provocando destrucción del tejido productivo y desempleo en el medio rural. Frente a ello, más Agenda España, señorías, además de acciones del Pacto de Gobierno entre el PP y Vox.

Por último, en el Capítulo 6, respecto a medidas en materia de servicios sociales, ya que es necesario dar respuesta a nuevas situaciones de vulnerabilidad de la población residente en Castilla y León, y con la finalidad, por tanto, de evitar que personas y familias vulnerables social y económicamente agraven su situación por el alza extraordinaria de precios, partiendo de que el IPC está ya en máximos; siendo urgente, por tanto, adoptar medidas que amortigüen el impacto en toda la población, y especialmente en esos colectivos con la situación más complicada.

Frente a estas medidas, nos encontramos con el último decreto anticrisis del Gobierno de España, que, con los informes que disponemos, el Gobierno vuelve a hacer la trampa de siempre: mentir en el relato. Porque la crisis no está motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis está motivada por las nefastas políticas del Gobierno de la Nación durante más de un año y medio. La crisis está motivada porque, como hemos denunciado, se ha producido un incremento brutal de la subida del precio de la luz desde la aprobación de la llamada "ley de cambio climático". Y porque la crisis está motivada porque en el Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de Vox, cortó las alas a la economía española, impidiendo, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos o la explotación de determinados recursos minerales.

Y en contra -y para ir finalizando-, el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León fija posición en este Pleno cumpliendo lo que dice y cumpliendo lo que firma. Porque este Decreto-ley 2/2022, de Medidas urgentes para la agilización de fondos europeos e impulso de la actividad económica son medidas anticrisis, fruto del Gobierno de coalición de PP y Vox; y una muestra más de que, desde el primer día, los dos socios de Gobierno han estado trabajando, poniendo en el centro a los castellanos y leoneses, porque Vox nunca abandona a los ciudadanos y porque siempre hemos estado y estaremos a lo que de verdad importa. Que vienen tiempos muy difíciles, y por eso queremos, y es importante y necesario, recortar gasto superfluo que no repercuta en el beneficio de los ciudadanos, simplificación administrativa y adoptar más medidas, como la anunciada ayer por el consejero Veganzones, en apoyo a los trabajadores autónomos y al incremento de la actividad económica, que supone que los autónomos de Castilla y León vean subvencionada totalmente sus cuotas sociales durante el tiempo en el que dure la ayuda.

En definitiva, señorías, políticas de hechos frente a políticas del ruido. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. A continuación, para un turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gómez Urbán, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

Gracias, presidente. El señor Carnero nos trae hoy aquí, a esta sesión plenaria, para convalidar el Decreto-ley 2/2022, de veintitrés de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. Y, una vez más, señores de la Junta de Castilla y León, señor consejero, llegan tarde y mal. Así que vamos a contar las cosas como son.

Y lo primero que hay que decir es que si hoy traen aquí la convalidación de este decreto, deprisa y corriendo, con tanta premura que hasta han tenido que convocar una sesión... un Pleno extraordinario fuera de las sesiones ordinarias, es porque no han hecho su trabajo cuando debían; porque llevan meses de inacción.

Sí, es cierto que, para recibir los fondos, la Comisión Europea ha marcado una serie de objetivos e hitos que se tienen que cumplir; y sí, también es cierto que, sí, el dinero que... que manda Europa tiene unos plazos y unos requisitos a los que hay que dar debido cumplimiento, porque, si no se hace, habría que devolver los fondos no ejecutados y pondrían en peligro las futuras entregas. Y, para ello, es necesario que las Comunidades Autónomas adopten medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos. Y también es verdad que la mayoría de las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha, ha optado por la figura del decreto-ley para adoptar estas medidas.

Pero, fíjense, ¿sabe cuál es la diferencia entre Castilla y León y el resto de las Comunidades? Pues la diferencia es que el resto de las Comunidades Autónomas sí que hicieron los deberes cuando tocaba, y ya cuentan con esas medidas de agilización de la gestión de los fondos desde hace más de un año. Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Galicia, Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid adoptaron esas medidas en el año dos mil veintiuno.

El problema no es, como dicen ustedes, que los plazos sean cortos, el problema es que, una vez más, lo que se queda corto es su trabajo y su interés por esta tierra. [Aplausos]. Porque mientras el resto de Comunidades Autónomas estaban ocupadas y preocupadas en la llegada y gestión de los fondos a su territorio, ustedes, señorías del Partido Popular, estaban a sus cosas: a los intereses personales del señor Mañueco, a una convocatoria irresponsable de elecciones, a un reparto de sillones, a sus cuitas y a sus luchas de poder. Y mientras, los intereses de los castellanos y leoneses, una vez más y como siempre, en segundo plano.

Llevan más de un año de trabajo perdido. Los fondos europeos que el Gobierno ha transferido a Castilla y León para la gestión directa suman la cantidad, a día de hoy, de 983 millones de euros; y, de ellos, hay una gran cantidad que no ha podido ejecutarse porque no se han aprobado todavía, no se han adoptado las medidas urgentes para la agilización de la gestión de esos fondos europeos. Así estamos hoy, a fecha doce de julio, y los... y las medidas sin adoptar.

Miren, los fondos europeos son la última oportunidad que tiene esta tierra para su modernización, para cambiar su modelo económico y productivo; y, sin embargo, ustedes han puesto por delante sus intereses personales a cumplir de una manera ágil y eficaz aquellos requisitos básicos que debían cumplirse para empezar a ejecutar los fondos europeos, que, repito, ya han llegado.

Y, como les decía, además de llegar tarde, también llegan mal. Es cierto que tanto el Estatuto de Autonomía, en su Artículo 25.4, como la Constitución Española, en el apartado primero del Artículo 86, así como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, avalan la utilización del decreto-ley para que, cuando concurran las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, se puedan dictar disposiciones legislativas provisionales bajo esta forma. Pero también es cierto que se viene exigiendo de manera reiterada una conexión de sentido-relación entre el presupuesto habilitante, es decir, la necesaria y urgente necesidad, y las medidas adoptadas. Y aunque es verdad que ustedes se han esforzado, tanto en la parte expositiva del decreto como en la dispositiva, de hacer un esfuerzo por convencernos que en las distintas medidas adoptadas y previstas en este decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, lo cierto es -y usted... y usted lo sabe, señor Carnero- que no es así. Que las medidas previstas en este decreto-ley responden a la urgente y extraordinaria necesidad para la agilización de la gestión de los fondos europeos son solo las medidas contenidas en la Sección primera del Capítulo primero, relativas a medidas en materia de hacienda; el resto de las medidas, o nada tienen que ver con el objeto de este decreto-ley, o bien no hay justificación de su extraordinaria y urgente necesidad para adoptarlas. Del resto, podríamos decir que más bien responden a una extraordinaria y urgente necedad por su parte, porque han utilizado este decreto-ley como un cajón de sastre, como un coladero, para incluir todo aquello que tenían pendiente de legislar porque llevan más de un año sin trabajar. [Aplausos].

Miren, de las 17 leyes que se modifican en este decreto-ley, 7 ya estaban previstas, de manera total o parcial, en el Proyecto de la Ley de Medidas que acompañaban al Proyecto de Presupuestos para el año dos mil veintidós, y que, le recuerdo, no pudo llegar a debatirse pues porque el señor Mañueco estaba a sus cosas, decidió convocar elecciones, y, por tanto, se tuvo que disolver esta Cámara. Seis meses después han pasado ya desde... desde que se llevaron en el... en el Proyecto de Presupuestos, y ahora no nos van a decir ustedes que son urgentes y necesarias; además de no tener nada que ver con el objeto de este decreto-ley.

Dentro de estas modificaciones, se incluye la ley de creación de SOMACYL (Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León), añadiéndole una nueva competencia, como es la realización de obras, estudios, informes y proyectos en infraestructuras sanitarias. La Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León encargándose de la construcción de hospitales; miedo me da cuáles son las verdaderas intenciones que tienen ustedes para ampliar las competencias del SOMACYL, teniendo en cuenta su historial y sus antecedentes. [Aplausos].

Incluyen también otra medida de extraordinaria y urgente necesidad para que lleguen los fondos europeos, como es ajustar el Anexo segundo de la Ley de Caza para que en la caza mayor se puedan cazar tres o más días consecutivos cabra montesa, ciervos, gamos y jabalíes sin necesidad de solicitar autorización. Esto debe ser muy importante y necesario para que lleguen los fondos europeos. Más bien parece que responde a las exigencias de sus socios de Gobierno.

Mire, como les decía, hoy traen tarde y mal la convalidación del decreto-ley. Nosotros, este grupo parlamentario, no seremos, al contrario que ustedes, un obstáculo para que se convalide y se puedan adoptar las medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos; pero, como les hemos dicho, y dado que este decreto-ley contiene otra serie de medidas que nada tienen que ver con el objeto de este decreto, solicitaremos la tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y se pueda... pueda tener lugar el oportuno debate parlamentario.

Nuestro voto, en principio, es abstención a este decreto-ley; pero, si ustedes acceden a tramitarlo como proyecto de ley, el voto del Grupo Parlamentario Socialista será a favor.

Mire, como les he dicho, nosotros, al contrario que ustedes cuando hacen oposición al Gobierno de España, no vamos a ser un obstáculo para la ejecución de los fondos europeos; nosotros, al contrario que ustedes, que piensan que cuanto peor para España mejor para ustedes, queremos siempre lo mejor para Castilla y León, y con eso estamos trabajando y siempre trabajaremos. [Aplausos].

Y, miren, señores... señores de la derecha, si hoy en España han llegado los fondos europeos, si hoy España tiene fondos europeos, más de 70.000 millones de euros, ha sido gracias al Gobierno de Pedro Sánchez... [aplausos] ... sí, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, y a pesar, una vez más, de ustedes, que lo único que han hecho y a lo que se han dedicado ha sido a boicotear, criticar y poner palos en la rueda. Y esta vez incluso han llegado más lejos, y, en una demostración de ese patriotismo de pacotilla que ustedes demuestran a diario, han ido a Bruselas a criticar la gestión y el reparto de los fondos europeos. Pero, fíjese, es que lo primero que hicieron ustedes fue, el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, votaron en contra en el Congreso de los Diputados de la convalidación del real decreto que regulaba la ejecución de los fondos europeos, poniendo en peligro la llegada de estos más de 70.000 millones de euros. Y, como les he dicho, a principios de este año, lanzaron una ofensiva en Europa contra el Gobierno de España por el reparto de los fondos, cuando cinco de las Comunidades que salen más beneficiadas están gobernadas por el Partido Popular: Andalucía, Madrid y Castilla y León; tres de las Comunidades... de las cinco Comunidades que salen más beneficiadas en el reparto de los fondos. Castilla y León ha recibido ya 1.000... más de 1.300 millones de euros del Gobierno de España de fondos europeos. De ellos, 983 millones para que sean gestionados por la Junta de Castilla y León, y que, como les he dicho, hay buena parte que no se pueden gestionar y no se han podido gestionar porque ustedes no habían hecho las modificaciones necesarias; y el resto, 440 millones de euros, la Administración general del Estado los ha ejecutado directamente.

Ustedes fueron a Bruselas a quejarse, y a patalear y a protestar. ¿Y qué les hizo Bruselas? Pues, miren, desoyeron todas sus quejas, les dijeron -así, en un lenguaje cotidiano- que se dejasen de pataletas y se pusieran a remar a favor de obra. [Aplausos].

Y, fíjese, además de esos 1.383 millones de euros, hay que sumar los 416 millones de euros que Castilla y León ha recibido desde el Programa de Ayudas a la Recuperación para la cohesión territorial. Y, además, Castilla y León es la Comunidad en la que se están realizando mayores inversiones para la banda ancha. El Gobierno de España ha invertido ya 54 millones de euros en dos mil veintiuno, a través del Programa ÚNICO-Banda, más del 20 % del total de 250 millones de euros para toda España, para llevar banda ancha a 1.066 municipios de Castilla y León. Y esto el señor Mañueco lo sabe porque se lo comunicó la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en la carta que le remitió el pasado veinticinco de marzo. Lo único que el señor Mañueco en esa fecha estaba a otras cosas, estaba más a contentar al señor Abascal que a pensar en los intereses de los ciudadanos de Castilla y León.

Miren, el único que ha cumplido aquí, con esta tierra, con Castilla y León, se llama Gobierno de España; lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. [Aplausos].

Mire, crisis... a ver, si yo entiendo que les duela escuchar las verdades, no se preocupen. Miren, crisis... crisis hay muchas...

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Señorías, por favor.

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

(Tranquilo, presidente, no se preocupe, la bancada del Partido Popular se pone muy nerviosa cuando se dice lo bueno que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez por esta Comunidad). Miren, señores de la derecha... [aplausos] ... se lo hemos dicho, crisis hay muchas, lo que nos diferencia es cómo salimos de ellas. El Gobierno de España ha dejado claro que ha trabajado... [Murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Señorías, por favor. [Murmullos].

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

(Son ustedes muy pero que muy cansinos). El Gobierno de España lo ha dejado claro: ha trabajado, está trabajando y seguirá trabajando, cosa que no hacen ustedes -usted mucho menos, señor De la Hoz-, para no dejar a nadie atrás.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Tiene que ir terminando, señoría.

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

(Ya termino, señor presidente). Ustedes, por el contrario, seguirán viendo pasar el tres, sin interés, con desidia y con nula preocupación e implicación con los problemas e intereses de esta tierra. Se lo he dicho más veces y se lo digo y se lo repito hoy a ustedes: señorías del Partido Popular, Castilla y León les queda muy pero que muy grande. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Para finalizar, para un turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ibáñez Hernández... Hernando, perdón, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidente. No sé si seguiremos mirando el tren, pero lo que ya no vamos a ver en Castilla y León son paradas de autobús en decenas de pueblos de esta tierra... [aplausos] ... porque ustedes los están quitando.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con la convalidación del Decreto 2/22, y, en primer lugar, quiero dar las gracias al consejero de la Presidencia por la exposición realizada; y también quiero hacer extensiva la mención al resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Así, como hemos podido conocer, este decreto-ley desarrolla medidas fundamentales en relación con la llegada y adecuada gestión de los fondos europeos, con medidas de modernización tecnológica en el ámbito del comercio, con la decidida apuesta por el impulso al sector de las energías renovables en nuestra Comunidad, que es líder en este ámbito; pero también apuesta por la mejora de las cuestiones relacionadas con el sector de las viviendas de protección, especialmente en el mundo rural, y en el acceso a viviendas para jóvenes.

Muy destacable es el capítulo social de este decreto-ley, porque estamos en un momento en el que el Estado se está haciendo más rico que nunca por la recaudación del IVA, y el presidente Sánchez consiente una cesta de la compla... de la compra repleta de una inflación galopante, que es un lastre auténtico para las economías familiares. Y ahora al Gobierno no le importa que llenar el depósito o poner el horno haga que cada vez muchos españoles sean más pobres y vulnerables.

Por eso saludamos este decreto-ley, que permite modificar y flexibilizar las condiciones del mecanismo de ayudas a la emergencia social, lo que va a permitir alcanzar a 21.500 familias de Castilla y León para ayudarles en esta crítica situación. Pero también porque, gracias a esta nueva normativa, los bonos de urgencia social, que ya el año pasado alcanzaron a 43.200 hogares en nuestra Comunidad ante el desorbitado incremento de la luz, no solamente les va a ser más sencillo acceder a esta ayuda, sino que, adicionalmente, se podrá emplear esta vía para incrementar ni más ni menos que un 15 % las cuantías que reciben los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía que no tienen el acceso al ingreso mínimo vital. Y esto, señorías, va a permitir beneficiar a 3.000 familias de Castilla y León, las que más lo necesitan. Todos -familias, hogares, usuarios- podrán ver como la Junta sí se ocupa de ellos, mientras el Gobierno de España les da la espalda.

Y es que, señorías, el texto aprobado por el Gobierno de Castilla y León es especialmente relevante para nuestros paisanos, por ello, basta hacer una comparativa entre Gobiernos para despejar cuál es la situación de lo que está haciendo el Gobierno de España y lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. Porque, frente a un presidente Sánchez atenazado, paralizado, temeroso del cambio político que se les avecina, y que exclusivamente está centrado en su futuro político, el legítimo Gobierno de Castilla y León que salió de las urnas, desde su primer Consejo de Gobierno, celebrado apenas hace dos meses y medio, ya ha aprobado cerca de 350 asuntos, movilizando más de 1.300 millones de euros en todo este tiempo. Un Gobierno, el autonómico, que ya en su primera reunión aprobó un ambicioso plan de actuación para hacer frente a la situación económica, por importe de 470 millones de euros, con veinte ejes y setenta y cinco medidas concretas.

Porque, frente a un Sánchez que aprovecha la fiscalidad para hacer una suculenta caja, el Gobierno de Castilla y León tramita ya cinco bajadas de impuestos para beneficiar a las rentas medias y a las rentas bajas, lo que va a permitir alcanzar en esta legislatura el objetivo de tener la fiscalidad más baja de la historia en Castilla y León.

O porque mientras Sánchez mercadea de modo sectario con sus pretendidas descentralizaciones entre ciudades y rompe la cohesión y la igualdad entre territorios, este Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha un fondo de cohesión territorial que alcanzará los 80 millones de euros para toda la legislatura y que permitirá desarrollar proyectos en todos y cada uno de los más de 2.200 municipios de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León.

Señorías, tenemos un Gobierno de la Nación que da la espalda a los servicios públicos, mientras que Castilla y León no deja de avanzar en su mejora, y así se puede acreditar. Y es que, por ejemplo, en el ámbito sanitario, mientras que el Gobierno de España hace caso omiso a la petición de cambiar el sistema de elección mir para que no se queden plazas desiertas, como ha ocurrido este año, o mientras Sánchez lanza al aire engañifas sobre la estabilización del personal sanitario, que queda fuera de sus competencias, el Gobierno de Castilla y León sí se preocupa por la sanidad, y por eso este año se convocarán 150 procesos selectivos para estabilizar casi 6.000 plazas sanitarias en Castilla y León, reduciendo la interinidad por debajo de las tasas que nos pide Europa.

Y porque también este Gobierno se ocupa de la sanidad, el plan de reducción de listas de espera quirúrgica ya ha permitido una minoración en un 6 %, y tiene como objetivo reducir en veintiún días durante el próximo semestre.

Y como la sanidad es un pilar fundamental de esta Comunidad, el nuevo contrato de transporte sanitario que se acaba de licitar permitirá también incrementar en más de 100 el número de ambulancias para garantizar la atención sanitaria por debajo de los treinta minutos en todo el territorio de nuestra extensa Comunidad.

Pero es que, si hablamos de educación, mientras que en España el Gobierno nos impone leyes educativas sectarias, que además arrinconan con su carga académica y denuestan valores fundamentales, como el mérito y el esfuerzo, en Castilla y León este Gobierno sí se ocupa de la calidad educativa. Por eso, en el ámbito de sus competencias, la Junta va a incluir en el currículo de Bachillerato los contenidos que sin duda son cruciales para continuar el éxito educativo.

Pero no queda ahí la cuestión: este Gobierno ya ha puesto en marcha en esta legislatura la educación gratuita para niños de 2 a 3 años, con un 80 % de familias que tienen hijos en esa edad, incorporándose en alguno de los casi 700 centros que ofrecen esta posibilidad; medida de la que se beneficiarán casi 10.000 familias a partir de septiembre. Y también porque este Gobierno trabaja, se han movilizado ya cerca de 20 millones de euros este verano para realizar obras de mejora, y también inversiones, en 350 centros educativos de Castilla y León.

Y porque este Gobierno se preocupa de dar facilidades en esta tierra, la Junta acaba de aprobar una nueva reducción de más del 27 % en el precio de las primeras matrículas de máster habilitante, es decir, 400 euros menos para nuestros estudiantes, a lo que se suman otras reducciones y exenciones en el ámbito universitario.

Y quiero también hacer mención a uno de los servicios públicos por excelencia. Recientemente conocíamos que de nuevo Castilla y León es la Comunidad de régimen común que obtiene la mejor calificación en el desarrollo de los servicios sociales en toda España. Tomen nota: por octavo año consecutivo, Castilla y León presta los mejores servicios sociales de toda España. Tomen nota. [Aplausos]. Y eso se debe al trabajo del Gobierno de la Junta, que se traduce, por ejemplo, en la aprobación de 40 millones de euros para impulsar la teleasistencia, del que se beneficiarán más de 42.000 familias este año. O también el Programa de Telemedicina Avanzada, dirigido a nuestros mayores, y que se extenderá a todas las residencias de la Junta en el año dos mil veintitrés. O el incremento aprobado del 8 % en las cuantías de las plazas de concierto de residencias. Y también se traduce en el trabajo que ha motivado un acuerdo que establece la convocatoria de una línea de subvenciones para atender a situaciones de pobreza, exclusión social o vulnerabilidad, por más de 20 millones de euros, que está dirigido al tercer sector.

Y es que, señorías, nos sentimos muy orgullosos de que los servicios sociales de Castilla y León, ante la galopante crisis económica, van a ser el dique de contención de las políticas y la inacción de Sánchez, que está haciendo cada vez más pobres a los castellanos y leoneses.

Señorías, estas cuestiones afectan a los servicios públicos por excelencia, pero no quiero olvidar muchas otras medidas que se han tomado estos dos meses, como, por ejemplo, los 41 millones de euros aprobados para planes de modernización y mejora de dieciocho destinos turísticos; los 27 millones de euros que se han resuelto ya para ayudas a industrias agroalimentarias para mantener el tejido empresarial y la población en nuestro mundo rural; o los 37 millones de euros destinados a familias en ayudas a la rehabilitación de edificios y a la mejora de la eficiencia energética en las viviendas.

Ya ven, señorías, acciones determinantes de impulso, medidas, presupuestos, actuaciones, acuerdos. Y es que quienes mantienen la tesis de la inacción no se enteran de nada, porque están más a ponerse detrás de las pancartas, se dedican al insulto, se dedican a la difamación, al ruido mediático. Dedican sus esfuerzos a arrancar carteles que no les gustan para poner banderas que sí les gustan y, sobre todo, se centran más en las declaraciones que en las verdaderas acciones que toma el Gobierno de la Junta de Castilla y León. [Aplausos].

Y al final, señorías... y al final, señorías, lo que de verdad importa a los castellanos y leoneses son estas acciones de gobierno, de las cuales solamente he hecho un pequeño resumen. Por eso daremos un sí rotundo a este decreto-ley, que sigue esta senda y que significa un impulso decidido para nuestra Comunidad, para Castilla y León. Y, desde este grupo parlamentario, animamos a todas las Consejerías a seguir en esta línea intensa de trabajo, porque es lo que nuestros ciudadanos merecen, ante un Gobierno de España que les da la espalda y no se ocupa de las cosas que de verdad les importan.

Termino ya, presidente. Pero, antes de finalizar, quiero pedirles comprensión por traer a colación una cuestión no incluida en el decreto-ley que hoy debatimos, pero entenderán que no podemos olvidar que tal día como hoy, hace veinticinco años, millones de españoles nos lanzamos a la calle implorando y suplicando que no se hiciera una ejecución sumaria de un compañero del Partido Popular, de Miguel Ángel Blanco. De modo deleznable, los asesinos, con la complicidad de su rama política, ejecutaron a Miguel Ángel; y así también hicieron con varias decenas de políticos del Partido Popular, pero también del Partido Socialista y de otras formaciones.

Hoy, señorías, es un día para la reflexión común, para pensar si todo vale, para recapacitar en qué lado de la historia queremos estar. En el Partido Popular lo tenemos claro: estuvimos, estamos y estaremos siempre con las víctimas, apoyando su dignidad, recordando su memoria y reclamando siempre justicia para ellas. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Una vez debatido este punto de convalidación del decreto-ley, pasamos a su votación.

Votación DLEY/000001 (convalidación Decreto-ley 2/2022)

Procedemos a someter a votación la convalidación del Decreto-ley 2/2022, de veintitrés de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, número 121, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación. Los votos negativos se entenderán favorables a la derogación.

Comienza la votación. Votos emitidos: setenta y siete. Sí: cuarenta y cuatro. En contra: ninguno. Abstenciones: treinta y tres. En consecuencia, queda convalidado el Decreto-ley 2/2022, de veintitrés de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, número 121, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

Convalidado dicho decreto-ley, ¿algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia?

LA SEÑORA GÓMEZ URBÁN:

Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista solicita que el decreto-ley sea tramitado por el procedimiento de proyecto de ley.

EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Procedemos a someter a votación la solicitud de que se tramite como proyecto de ley.

Comienza la votación. Votos emitidos: setenta y siete. A favor: treinta y uno. En contra: cuarenta y cuatro. Abstenciones: dos. Queda rechazada la solicitud.

Me van a permitir, antes de levantar la sesión, que, en nombre de... del Pleno de las Cortes de Castilla y León, traslade el... mi más sentido pésame y el de toda la... y el de toda la Cámara al expresidente Luis Fuentes, que su padre falleció en el día de ayer.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las once horas quince minutos].