DS(P) nº 4/11 del 11/5/2022









Orden del Día:




1. Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2021, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, núm. 12, de 6 de mayo de 2022.


Sumario:






 ** Se inicia la sesión a las once horas cinco minutos.

 ** El presidente, Sr. Pollán Fernández, abre la sesión.

 ** Primer punto del orden del día. PC/000001.

 ** El secretario, Sr. Moreno Castrillo, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Quintana López, Procurador del Común de Castilla y León, para presentar su informe.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Pascual Muñoz (Grupo Mixto).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Igea Arisqueta (Grupo Mixto).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Fernández Santos (Grupo Mixto).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Ceña Tutor (Grupo UPL-SORIA ¡YA!).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Santos Reyero (Grupo UPL-SORIA ¡YA!).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Menéndez Blanco (Grupo VOX Castilla y León).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Tudanca Fernández (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. De la Hoz Quintano (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Quintana López, Procurador del Común de Castilla y León, para contestar a los grupos parlamentarios.

 ** El presidente, Sr. Pollán Fernández, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos.




Texto:

[Se inicia la sesión a las once horas cinco minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Por el secretario se procederá a dar lectura del primer y único punto del orden del día.

Informe 2021


EL SECRETARIO (SEÑOR MORENO CASTRILLO):

Primer y único punto del orden del día: Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2021, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 12, de seis de mayo de dos mil veintidós.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación del Informe tiene la palabra -le doy la bienvenida- el señor Procurador del Común de Castilla y León, el señor Quintana López.


EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de las Cortes y miembros de la Mesa, vicepresidente de la Junta, consejeras, consejeros, portavoces, procuradoras, procuradores, compañeros presidentes de las Instituciones Propias de Castilla y León, el resto de autoridades aquí presentes, señoras y señores, mis primeras palabras quiero que sean para expresar mi consternación y solidaridad con el pueblo ucraniano, por lo que está sufriendo a causa de los horrores provocados por la invasión de su territorio por Rusia.

En lo que ahora nos convoca, aunque me hubiera gustado comenzar esta intervención ante sus señorías celebrando la total superación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 a lo largo de dos mil veintiuno, lo cierto es que, ajustándome a la realidad, lamentablemente he de iniciarla reconociendo, por segundo año, que la pandemia, con sus múltiples efectos, ha seguido marcando en parte el desarrollo de nuestras vidas, en alguna medida también el desarrollo del trabajo que realizamos en el Procurador del Común. Aunque bien es cierto, los efectos que hemos sufrido en dos mil veintiuno han sido mucho menos traumáticos que los soportados en el año precedente, merced, fundamentalmente, a la masiva vacunación de la mayor parte... de la mayor parte de la población, que hemos venido recibiendo desde finales del año dos mil veinte.

En efecto, la vacunación ha contribuido de forma determinante, junto con el mayor conocimiento de la enfermedad, derivado de la experiencia adquirida durante los largos meses de lucha contra la misma, a la progresiva normalización -nunca total- de nuestras vidas, de manera que con referencia al año dos mil veintiuno, habiendo comenzado con las severas restricciones impuestas al ejercicio de derechos en razón del masivo contagio que sufrimos, coincidiendo con el inicio del proceso de vacunación, pronto pudimos constatar, sin embargo, sus efectos benéficos en la lucha contra la pandemia, lo que iba permitiendo que, aunque manteniendo muchas prevenciones y soportando posteriores olas de contagios, pudiéramos ir recomponiendo poco a poco nuestros hábitos de vida a lo largo del pasado año.

Esa progresiva recuperación de la normalidad ha sido también la tónica del desarrollo del trabajo en el Procurador del Común, de manera que el uno de marzo de dos mil veintiuno recobramos el trabajo presencial de forma casi general en la Institución, dado que desde el mes de junio del año anterior la mayor parte del personal venía realizando alternativamente el trabajo en la oficina o en el domicilio.

Hubo que esperar, sin embargo, al uno de septiembre del año dos mil veintiuno para que la plantilla recuperara en su totalidad la presencialidad, situación en la que nos encontramos desde entonces.

En definitiva, hemos tratado de conseguir en cada momento el mayor equilibrio entre, por una parte, el cumplimiento de nuestro deber -que no es otro que la defensa de los derechos de los ciudadanos sin ninguna limitación- y, por otra, dotar de la máxima protección tanto al personal que presta sus servicios en la Institución como a las personas que acceden a la oficina para presentar sus quejas; para lo cual hemos ido adoptando, según las circunstancias, y siempre en relación con la entidad de prevención de riesgos, las medidas precautorias que dentro de las previsiones legales se han considerado más adecuadas, lo que permite apreciar, con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, la progresiva normalización de la prestación del servicio a lo largo del año dos mil veintiuno.

Una prueba de esta tendente normalización es que después de la interrupción por más de un año de las visitas periódicas a las capitales de las provincias y otros grandes municipios de la Comunidad para recibir las quejas que los ciudadanos nos presentan, en octubre de dos mil veintiuno reiniciamos esas visitas con la periodicidad con que lo veníamos haciendo antes de la declaración del primer estado de alarma, ello sin perjuicio de que en la actualidad sigamos manteniendo operativos todos los canales de comunicación no presenciales que abrimos en el momento en que fue decretado el primer estado de alarma, y con él el confinamiento de la población en marzo de dos mil veinte, en la medida en que esos canales se han revelado muy útiles para la presentación de quejas y, más aún, para mantener la comunicación con la ciudadanía... de la ciudadanía con la Institución.

Pero la normalización del trabajo del Procurador del Común también se ha ido manifestando a través del tipo de quejas que hemos recibido a lo largo del año dos mil veintiuno, en la medida en que, progresivamente, conforme avanzaba el año, en términos generales, se iban recibiendo menos quejas relacionadas con la crisis sanitaria y sus efectos, lo que, consecuentemente, iba acompañado de un menor número de actuaciones de oficio -es decir, promovidas por la propia Institución- vinculadas a la pandemia provocada por el coronavirus. Así lo ponen de manifiesto los números y la simple comparación de estos con referencia a las dos anualidades en que hemos sufrido el azote de la pandemia.

De manera que mientras que en dos mil veinte más del 28 % del total de las quejas recibidas tenían relación directa o indirecta con la COVID-19, y más del 43 % de las actuaciones de oficio estaban vinculadas con la crisis sanitaria, en contraste con ello, en el año dos mil veintiuno, poco más del 10 % del total de las quejas presentadas ante la Institución han estado relacionadas con la pandemia, mientras que solo el 18 % de las actuaciones de oficio promovidas en ese ejercicio han traído su causa en el coronavirus y sus efectos.

Por esta... por esta razón, a diferencia del Informe presentado sobre el año dos mil veinte, en que consideramos oportuno incorporar un apartado específico, a modo de adenda, para reflejar la actuación de la Institución en relación con los asuntos relacionados directa o indirectamente con la pandemia, que en el año... que en ese año sufrimos de forma especialmente intensa, en el Informe referente al año dos mil veintiuno hemos entendido que no era necesario redactar un apartado con esa finalidad; sin perjuicio de lo cual, a lo largo del mismo -al igual que haré en la presente exposición- hemos realizado las acotaciones necesarias para dar cumplida información sobre la actuación de la Institución en relación con la crisis sanitaria y sus consecuencias, a partir de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio promovidas.

Realizadas las anteriores consideraciones previas, conforme exige el Artículo 31 de la Ley 2/1994, de nueve marzo, reguladora de la Institución, procede ahora exponer el balance general de la actividad que hemos desarrollado durante el pasado año dos mil veintiuno, dando cuenta de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio que hemos promovido, con indicación de los expedientes que a fecha de cierre del presente Informe -es decir, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno- ya han sido resueltos, bien mediante cierres motivados sin haber apreciado irregularidad en la actuación sometida a control o bien mediante resoluciones dirigidas a las Administraciones; en este último caso, expresando el resultado obtenido en términos de aceptación o rechazo a nuestras resoluciones por parte de las Administraciones públicas concernidas.

Antes de dar cuenta de los números y porcentajes, conviene poner de manifiesto que para el cómputo estadístico de las quejas presentadas por los ciudadanos ante el Procurador del Común durante el año dos mil veintiuno, hemos distinguido por vez primera entre quejas y expedientes a que han dado lugar las quejas recibidas, con la voluntad de reflejar de la forma más fidedigna posible el trabajo realizado por la Institución durante la anualidad a la que se refiere el presente Informe.

Así, la mencionada distinción entre quejas recibidas y expedientes a que ha dado lugar... a que han dado lugar dichas quejas viene determinada por el gran volumen de quejas que se han presentado en catorce asuntos diferentes, que han dado lugar a otras tantas -según nuestra denominación- quejas múltiples. Es decir, catorce quejas múltiples sobre otros tantos temas, que han sido presentadas por decenas, centenares e incluso miles de ciudadanos; lo que ha determinado que haya habido que tramitar tantos expedientes como ciudadanos han presentado sus quejas, incluidas aquellas referidas a cada una... a cada uno de los asuntos que dieron lugar a esas catorce quejas múltiples. De ahí que contabilicemos, a efectos estadísticos, 2.030 quejas, en las que se incluyen 14 quejas múltiples, a las que hay que añadir el inicio y tramitación de 44 actuaciones de oficio; lo que ha determinado la apertura y tramitación de un total de 38.345 expedientes.

Derivadas tanto de los expedientes de queja como de las actuaciones de oficio, dictamos un total de 1.235 resoluciones durante dos mil veintiuno. De ellas, en 263 motivamos el archivo de las... de los correspondientes expedientes por ausencia de irregularidad en la actuación administrativa, y en 972 resoluciones formulamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias dirigidas a las Administraciones afectadas.

A fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintidós se habían recibido contestación a 738 resoluciones, el 75,93 % de las 972 emitidas, habiendo sido aceptadas nuestras recomendaciones, recordatorios o sugerencias en 636 ocasiones, es decir, el 86,18 %. 523 de ellas en su totalidad, es decir, el 70,87 %, y 113 parcialmente, es decir, el 15,31 %. En cambio, no fueron aceptadas 102 resoluciones, que representan, porcentualmente, el 13,82 %.

En concreto -ahora con referencia a las quejas recibidas de los ciudadanos-, emitimos 1.100... 1.005 resoluciones; de las cuales 784 consistieron en recomendaciones, sugerencias o recordatorios dirigidos a las correspondientes Administraciones o entidades públicas, sobre las que estas -las Administraciones- han manifestado o han de manifestar -al estar todavía en plazo para ello- la aceptación o el rechazo de nuestro dictamen. Ya lo han hecho en 613 ocasiones, es decir, el 78,19 %, encontrándose 98 resoluciones todavía pendientes de contestación a fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno; es decir, el 12,50 %.

Se archivaron sin respuesta, en cambio, una vez finalizado el plazo correspondiente para responder a nuestras resoluciones, 71 expedientes, el 9,06 %; lo que, como fácilmente comprenderán, supone no solamente una falta de consideración todas estas faltas de atención a nuestras resoluciones por parte de las Administraciones concernidas, una falta de consideración -digo- al trabajo que realiza la Institución, sino -lo que es peor y sobre todo- una inadmisible indiferencia hacia el ciudadano que espera respuestas de la Administración concernida por nuestras resoluciones.

Todo ello ha supuesto, en lo referente a las resoluciones emitidas para resolver expedientes iniciados por quejas ciudadanas, la aceptación del 84,01 % de las mismas, habiéndolo sido en su integridad el 67,21 % de las 613 resoluciones formuladas que han recibido contestación, la aceptación parcial ha sido de un 16,80 % y, finalmente, el rechazo, del 15,99 % de las mismas.

Por otra parte, también dictamos 221 resoluciones motivadas sin haber apreciado ninguna irregularidad en la actuación de la Administración o entidad pública correspondiente. Por lo que en estos casos, consecuentemente, no dirigimos ningún tipo de recomendación.

Con referencia ahora a las actuaciones de oficio, a lo largo de dos mil veintiuno -como he dicho- promovimos 44 y dictamos un total de 230 resoluciones dirigidas a las correspondientes Administraciones o entidades públicas. Mediante 188 resoluciones, formulamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a dichas Administraciones o entidades. Y a fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno hemos recibido 111 comunicaciones aceptando totalmente la resolución dictada, 10 de aceptación parcial sobre el contenido de las mismas y, finalmente, 4 de rechazo. Lo que ha supuesto la aceptación del 96,80 %, siéndolo en su integridad el 88,80 % de las 125 resoluciones que han recibido contestación; de aceptación parcial han sido un 8 %; y, por último, de rechazo, un 3,20 %.

En 59 supuestos, a esa misma fecha aún no habíamos recibido contestación, si bien la Administración o entidad pública destinataria se encontraba aún en plazo para hacernos llegar su respuesta. Y, lamentablemente, también en relación con las resoluciones dictadas a partir de actuaciones de oficio, tuvimos que archivar 4 expedientes sin conocer la postura de la Administración ante nuestra resolución, lo que, en el caso de las actuaciones de oficio -al igual que he señalado en relación con las... expedientes promovidos a partir de quejas ciudadanas, nos merece, en este caso, el mismo juicio crítico que ya hemos expresado anteriormente, con referencia, como he dicho, a la falta de respuesta ante nuestras resoluciones dictadas a partir de las quejas presentadas por la ciudadanía. Se han dictado, asimismo, 42 resoluciones motivadas de archivo de actuaciones de oficio por inexistencia de irregularidad en la actuación de la Administración pública.

Considerando el criterio, a efectos estadísticos, antes expuesto, atendiendo a las áreas temáticas conforme a las que realizamos nuestra actividad, damos cuenta a continuación del número de quejas recibidas, de mayor a menor, en cada área, aportando, además, información sobre las quejas múltiples recibidas también en cada una de las áreas, así como el número de las... de personas que las han presentado.

Así, en el área de Administración local hemos recibido 483 quejas. Una de ellas presentada como queja múltiple frente al Ayuntamiento de Guardo, en Palencia, que tenía por objeto el uso de un local municipal por un club deportivo, y que fue suscrita por 60 personas.

En el área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud recibimos 251 quejas.

En el área de Fomento, 222. Como queja múltiple, contabilizamos la presentada por 889 personas de una localidad de Zamora, Litos, y de su entorno, sobre el funcionamiento del servicio de transporte interurbano de viajeros.

En el área de Empleo Público recibimos 195 quejas. Y como quejas múltiples, debemos hacer mención a la referida al Acuerdo de la Junta de Castilla y León 32/2020, de dos de julio, que excluye del ámbito de aplicación al personal que presta servicios en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, y que fue presentada por 990 personas; también como queja múltiple, a la suscrita por 88 ciudadanos a propósito de la incidencia de la crisis sanitaria sobre contratos predoctorales y su prórroga por parte de las universidades públicas de Castilla y León. Asimismo, también fue presentada otra queja múltiple por 79 personas frente a la falta de resolución del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Y, finalmente, también a la constituida por 218 reclamaciones sobre la decisión de la Consejería de Educación de convocar el procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas en el primer trimestre del curso dos mil veintiuno-dos mil veintidós.

En el área de Sanidad y Consumo recibimos 191 quejas. Y como quejas múltiples hay que anotar la relativa al funcionamiento del servicio de oncología del Hospital del Bierzo, en Ponferrada, suscrita por 31.408 personas. Otra, sobre el funcionamiento del centro de salud de Tábara, presentada por 889 ciudadanos. Una tercera, sobre la atención a pacientes con trastornos del comportamiento alimentario, suscrita por 129 personas. Y, finalmente, una cuarta, sobre la falta de apertura del consultorio local de Valles de Palenzuela, en Burgos, que fue presentada por 29 ciudadanos.

En el área de Medio Ambiente recibimos 181 quejas.

En el área de Interior y Movimientos Migratorios, 114 quejas.

En el área de Hacienda, también 114 quejas.

En el área de Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones, 93.

En el área de Educación, 79. Y en ellas contabilizamos las siguientes quejas múltiples: sobre la afectación de la actividad de las academias y centros privados de enseñanza no reglada a causa de la COVID-19, que fue remitida por 805 ciudadanos; una segunda, sobre el mantenimiento del ciclo de Educación Primaria en Hontanares de Eresma, en Segovia, que fue presentada por 389 personas; otra, sobre la disconformidad con el cambio de gestión de un centro de Educación Infantil en la ciudad de Soria, presentada por 131 ciudadanos; y una cuarta, y última en esta materia, pidiendo un protocolo de prevención de trastornos del comportamiento alimentario en el ámbito educativo, que fue presentada por 129 personas.

En el área de Justicia recibimos 42 quejas.

En el área de Cultura, Turismo y Deportes, 38.

En el área Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 29.

Y considerando ahora la procedencia geográfica de los ciudadanos que han presentado las quejas, o bien de sus representantes, la provincia de León nuevamente se ha situado en primer lugar, con 418 quejas, que representan el 20,59 % del total; seguidamente, fueron los ciudadanos de las provincias de Burgos, que presentaron 305 quejas, representativas del 15,02 %; de Valladolid, 293, quejas, el 14,43 %; de Palencia, 167 quejas, el 8,23 %; de Salamanca, 149 quejas, el 7,34 %; de Ávila, 118 quejas, que representan el 5,81 %; de Segovia, 116 quejas, el 5,71 %; Zamora, 107 quejas, el 7,27... 5,27 %; y Soria, finalmente, los ciudadanos de Soria presentaron 66 quejas, el 3,25 %.

También recibimos 137 quejas, representativas del 6,75 %, que fueron presentadas por ciudadanos de otras provincias. 6 quejas fueron presentadas por ciudadanos de varias provincias, entre las que se encontraban también alguna de Castilla y León. 4 quejas procedían del extranjero. Y 144 quejas, el 7,09 %, fueron remitidas por ciudadanos que no hacían constar su procedencia; un dato cuya manifestación no es imprescindible para la tramitación y resolución de las quejas.

Con referencia a los tipos de Administraciones concernidas por las quejas, la distribución fue la siguiente:

En relación con la Administración autonómica, hemos recibido 733 quejas; es decir, el 36,11 %.

De las actuaciones de las Administraciones locales, nos llegaron 1.084 quejas, representativas del 53,40 %. De ellas: 952 afectaron a ayuntamientos, el 87,82 %; 76 a entidades locales menores, el 7,01 %; 48 a diputaciones provinciales, el 4,43 %; 7 a mancomunidades, el 0,65 %; y una queja fue presentada contra la actuación de un ente del sector público local.

De la actuación de la Administración del Estado recibimos 167 quejas, representativas del 8,23 % del total, y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo después de comprobar que reunían los requisitos legalmente previstos, dado que el Procurador del Común, como es conocido, no es competente para tramitar y resolver quejas presentadas frente a la Administración del Estado.

Como en comparecencias anteriores efectuadas con motivo de la presentación del informe anual relativo a la actividad desarrollada por el Procurador del Común, una vez expuesto el balance general de lo realizado por la Institución durante el año al que se refiere el presente informe, intentaré realizar una síntesis de la actividad que hemos llevado a cabo a lo largo del pasado ejercicio, considerando las distintas áreas en las que dividimos nuestro trabajo atendiendo a lo realizado a partir de las quejas que nos han sido presentadas por los ciudadanos, pero también a las actuaciones de oficio que hemos promovido por la propia Institución.

Comenzando con el empleo público, en dicha área recibimos 195 quejas, contabilizadas conforme al criterio utilizado para el cómputo de las quejas múltiples al que me he referido, de manera que 4 de ellas, como he dicho, fueron presentadas por un considerable número de personas. Y, a partir de las quejas recibidas, hemos formulado 84 resoluciones.

En relación con el empleo público, en general, considerando las Administraciones públicas a las que nos hemos dirigido, hemos formulado las siguientes resoluciones. A la Administración autonómica dirigimos 7.

Cuatro de ellas a la Consejería de Presidencia, sobre el Decreto 21/2018, de veintiséis de julio, por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal en la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos, resoluciones en las que instamos a la Consejería a valorar tanto la modificación del Artículo 8 sobre méritos baremables como a suprimir, atendiendo al principio de mérito y capacidad, el criterio del desempate basado en el azar que contempla el Artículo 11, apartado 1. Dichas resoluciones fueron aceptadas.

También a la Consejería de Presidencia dirigimos una resolución en la que manifestábamos que, de conformidad con recientes sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, se debían motivar los nombramientos de libre designación. Dicha resolución también fue aceptada.

Finalmente, se formularon dos resoluciones a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, relacionadas ambas con la crisis sanitaria, que no fueron aceptadas. En la primera, se instó a la Gerencia de Servicios Sociales a extender la aplicación del Acuerdo 32/2020, de dos de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19 en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al personal que presta sus servicios en los centros dependientes de dicha Gerencia. En la segunda, se recomendó equiparar a efectos de gratificaciones al personal de las residencias juveniles que permanecieron abiertas a disposición de los profesionales sanitarios y otros colectivos como consecuencia de la crisis sanitaria, con el personal de los centros de personas mayores, personas con discapacidad y menores.

También hemos dirigido varias resoluciones a diferentes entes locales, en algunas de ellas partiendo del Artículo 70, apartado 1, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual se establece que la ejecución de la oferta de empleo deberá desarrollarse dentro del plazo de tres años. Y a partir de ahí lo hemos recomendado, que se agilice la convocatoria y el desarrollo de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo dentro del plazo de tres años desde la publicación de las mismas.

Finalmente, en tres resoluciones hemos puesto de manifiesto que, de conformidad con el Artículo 60, apartado 2, del Estatuto Básico del Empleado Público, no pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política. En dichas resoluciones hemos añadido que, atendiendo a la doctrina del Consejo Consultivo de Castilla y León, el incumplimiento de este precepto legal tiene encaje en la categoría de nulidad de pleno derecho, lo que supondría, en definitiva, la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal.

Con incidencia en particular en el empleo público docente, formulamos una resolución a la Consejería de Educación en la que instábamos a reconsiderar la decisión de convocar el procedimiento para el ingreso en los cuerpos... en el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en el primer trimestre del curso dos mil veintiuno-dos mil veintidós, a la vista de que el Congreso de los Diputados, en su sesión de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, había acordado la convalidación y la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 14/2021, de seis de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Es cierto que la Consejería, en la contestación a nuestra sugerencia, nos trasladó que no se advertían motivos para modificar la planificación educativa en cuanto a la convocatoria. Sin embargo, no nos consta que, a fecha de hoy, se haya efectuado dicha convocatoria.

En lo correspondiente al empleo público sanitario, dictamos tres resoluciones a la Consejería de Sanidad, todas ellas aceptadas, en el marco de tres expedientes iniciados a partir de las correspondientes quejas, cuyos promotores manifestaban su disconformidad con la falta de resolución de los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de las categorías, respectivamente, de auxiliar administrativo, celador y técnico de cuidados auxiliares de enfermería. En dichas resoluciones instamos a la Consejería de Sanidad a agilizar la tramitación de los mismos.

En relación con las bolsas de empleo, mediante resolución, indicamos también a la Consejería de Sanidad que, si bien es cierto que en determinadas circunstancias, y al margen del orden de prelación en las listas de los aspirantes, la contratación debe recaer en personas... en las personas más indicadas, en función de los conocimientos de que estas dispongan y acrediten. Dicha posibilidad debería contemplarse expresamente en las normas reguladoras de selección del personal estatutario temporal de la Gerencia de Salud. Esta fue nuestra recomendación, que la Consejería aceptó.

Contrariamente, no fue aceptada nuestra resolución en la que, en relación con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, que está previsto en el Artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, recomendamos a dicha Consejería que reconsideran la desestimación que había efectuado de una solicitud de reducción de jornada del 99 %, recomendación que apoyábamos en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de tres de junio de dos mil veinte.

Las reclamaciones sobre materias relacionadas con el régimen jurídico de las entidades locales dieron lugar a la apertura de 264 expediente, dictamos 115 resoluciones, habiendo mejorado la disposición de las entidades locales supervisadas a seguir nuestras indicaciones, si lo comparamos con las cifras del año anterior.

A raíz de una queja presentada cuyo autor ponía de manifiesto la falta de asistencia a los municipios de la provincia de León de menos de cinco mil habitantes por parte de la Diputación Provincial, consideramos esencial que han de... el papel que han de cumplir las instituciones provinciales en relación con los pequeños municipios de cada provincia, e iniciamos una actuación de oficio dirigida al resto de diputaciones de la Comunidad para conocer cómo estaban cumpliendo sus funciones.

Y, a la vista de la información recabada, emitimos las resoluciones correspondientes, en las que, según los casos, se instó a las nueve diputaciones provinciales a valorar, entre otras actuaciones posibles, la prestación de... de las actuaciones incluidas en los planes provincial... la contratación de las actuaciones incluidas en los planes provinciales promovidos por las propias diputaciones, salvo en lo... en los casos en los que los ayuntamientos soliciten la delegación.

También promovimos la idea de que fuera prestado por las propias diputaciones el servicio de contratación centralizada, así como también indicamos la necesidad, la conveniencia, de la formación de un modelo de convenio para la tramitación de los expedientes de ruina y órdenes de ejecución en materia urbanística; así como de un protocolo para la prestación del servicio de tesorería. Nuestras resoluciones fueron en todos los casos aceptadas por las diputaciones provinciales.

Entre los temas que también hemos abordado a partir de quejas recibidas se encuentran la implantación de medidas especiales que permitan la continuación de la actividad de las corporaciones locales en forma distinta a la presencial, para combatir la propagación de la COVID-19, utilizando para ello los canales electrónicos; en particular, permitiendo que, en situaciones excepcionales, los órganos de gobierno local puedan constituirse y adoptar acuerdos de forma telemática. Pues bien, mediante nuestras resoluciones hemos recordado que la celebración telemática tenía cabida en situaciones excepcionales, como las que estamos viviendo en estos momentos, siempre que se tratase de evitar riesgos para la salud, como el derivado de la propagación de la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2.

En materia de bienes y servicios de las entidades locales, se han presentado 220 quejas individuales, habiendo formulado un total de 126 resoluciones a las correspondientes Administraciones. Además, hemos promovido en esta materia 14 actuaciones de oficio, que han concluido con la formulación de 146 resoluciones, dirigidas a otros tantos ayuntamientos de la Comunidad.

Así, con referencia a las actuaciones de oficio, hemos iniciado y concluido una relacionada con la situación del arreglado urbano en nuestras ciudades, mediante la que hemos dirigido resoluciones a los 23 ayuntamientos de la Comunidad que superan los 20.000 habitantes, con objeto de conocer los planes de gestión que al respecto vienen aplicando; y también proporcionar pautas de actuación que permitan mejorar la supervivencia y desarrollo del arbolado, para que siga cumpliendo sus importantes funciones en el medio urbano. Nuestra resolución fue aceptada, en algunos casos parcialmente, por todo lo... los municipios a los que nos dirigimos.

En una línea similar a la que seguimos en la anterior actuación, iniciamos otro expediente de oficio, movidos por el interés en que los 60 municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad conserven los caminos periurbanos de titularidad municipal, al considerar que el mantenimiento y buen estado de estas infraestructuras viarias resulta de interés para garantizar no solamente la libertad de circulación, sino el libre acceso y disfrute a las zonas verdes y de naturaleza de los entornos urbanos; y la utilización por los vecinos entendemos que resulta muy saludable. La resolución que he formulado, que formulamos, fue aceptada por todos los municipios a los que no... que hasta el momento nos han contestado.

Y, por último, me referiré a otra actuación de oficio en la que hemos tratado de la ocupación de los espacios públicos por las terrazas de hostelería y la utilización de elementos calefactores en ellas, cuya proliferación nos preocupaba por la incidencia que podía tener en los derechos de la ciudadanía, especialmente el derecho... en el derecho al uso común y general de los espacios de dominio público, también en el derecho a la movilidad y la vida privada de la ciudadanía en un ambiente adecuado y seguro. Actuación que dio lugar a la emisión de 60 resoluciones que dirigimos a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, en las que manifestábamos las medidas que, a nuestro juicio, debían adoptarse para compatibilizar el ejercicio de esos derechos con el disfrute de las prestaciones que ofrecen las empresas del sector de la hostelería y el mantenimiento de esta... de este importante motor de la actividad económica. También en este caso las resoluciones que formulamos fueron aceptadas por todos los municipios que ya nos han contestado.

En lo referente a las quejas recibidas y las correspondientes resoluciones emitidas podemos decir que abundan los asuntos similares a los tramitados en... en expedientes de años anteriores, los cuales, aunque sea brevemente, merecen ser recordados, al poner de manifiesto las debilidades que presentan, sobre todo las más pequeñas entidades locales de nuestra Comunidad para ejercer lo que constituyen sus competencias.

Por ello, recordaré las numerosas quejas individuales en las que se denunciaba, por ejemplo, la prestación de los más básicos servicios públicos por los correspondientes municipios. Así: 16 quejas debido a la falta de funcionamiento adecuado del alumbrado público; 23, por la deficiente prestación del servicio de recogida de residuos urbanos; 17 quejas en las que se denunciaban carencias en la pavimentación; o, en fin, también 29 en las que se ponían de manifiesto irregularidades en cuanto al abastecimiento de agua potable. Quejas, todas y cada una de ellas, que deben ser consideradas, más allá de las situaciones particulares denunciadas, como llamadas de atención de las personas que residen en el medio rural ante el declive de la vida ciudadana que representa la insuficiente prestación de los servicios básicos municipales; factor que también incide -como es evidente- en el proceso de despoblación de nuestros pueblos.

En dos mil veintiuno, en el área de Fomento se presentaron 222 quejas, y hemos emitido 124 resoluciones. En concreto, en el ámbito del urbanismo hemos recibido 156 reclamaciones, y hemos dictado 105 resoluciones. No han variado, sin embargo, los temas predominantes en materia urbanística sobre los que han versado las quejas recibidas en relación con años anteriores, al seguir haciendo referencia, en muchos casos, al deficiente estado de conservación de fincas e inmuebles abandonados o incluso en estado de ruinas en diferentes municipios de la Comunidad, generalmente en pequeñas localidades; aunque no faltan reclamaciones sobre esos mismos asuntos en poblaciones menores.

En todo caso, en la mayor parte de nuestras resoluciones hemos recordado a los correspondientes municipios que deben iniciar y tramitar los expedientes cuya culminación permita que los inmuebles alcancen un adecuado estado de conservación o sean, en su caso, previa declaración de ruina, rehabilitados o demolidos.

Otros asuntos que, como en ejercicios anteriores, nos han ocupado han tenido que ver con la protección de la legalidad urbanística, al constatar, a partir de las quejas recibidas, la existencia de obras en curso de ejecución o finalizadas sin contar con el debido título habilitante para ello o no amparadas en las condiciones otorgadas en el mismo. Supuestos en los que hemos instado a las corporaciones locales afectadas a incoar y resolver los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores, o recordando también a las entidades locales que deben ejercer la inspección urbanística, en su caso, previa autorización judicial, conforme prevé la normativa procesal contencioso-administrativa.

Tuvimos conocimiento, a través de 18 quejas recibidas en dos mil veintiuna... veintiuno, de otras tantas circunstancias relacionadas con la satisfacción del constitucional derecho a una vivienda digna y adecuada.

En cuanto a las cuestiones suscitadas, en 14 expedientes se reflejaron diversos problemas relacionados con el acceso a la vivienda de titularidad pública. En algunas ocasiones, las dificultades afectaban a ciudadanos de colectivos vulnerables que pretendían disponer de una vivienda pública en régimen de alquiler social. Sobre el particular, en nuestras resoluciones seguimos insistiendo en la necesidad de que las Administraciones públicas se impliquen en la constitución y gestión de un parque público de viviendas en la Comunidad que permita superar el déficit existente, con el objetivo de garantizar eficazmente ese derecho, sobre todo en situaciones de especial necesidad.

Las quejas relacionadas con las subvenciones dirigidas a financiar la adquisición, alquiler o rehabilitación de viviendas han experimentado una merma considerable en el último año, habiendo pasado de 12 en dos mil veinte a 3 en dos mil veintiuno. Disminución que es posible que se deba a la articulación por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de una serie de medidas extraordinarias en materia de vivienda ante la especial situación creada por la COVID-19, en particular las subvenciones al alquiler para viviendas vulnerables y afectadas por la irrupción de la crisis; lo cual entendemos que debe ser objeto de consideración y análisis para deducir de ello su eventual mantenimiento posterior, al margen de la crisis sanitaria vivida.

Sobre el funcionamiento de los servicios públicos de transporte hemos recibido 13 quejas. Y, precisamente en relación con esta materia, voy a hacer referencia a una queja múltiple presentada por 889 personas, que denunciaban las deficiencias de las condiciones de comunicación que tiene la localidad de Litos, en el municipio de Tábara, al que deben desplazarse los vecinos de aquel pueblo para acudir a su centro de salud, en algunos casos de forma periódica por razones sanitarias.

El expediente finalizó con una resolución que dirigimos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que pedimos que se estableciera o reorganizara el sistema de transporte a la demanda, de forma que, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, permitiera a los residentes de Litos y otras localidades de su entorno acceder al centro de salud de Tábara en mejores condiciones que las denunciadas. Resolución esta que fue también aceptada.

Las quejas presentadas en materia de comunicaciones y sociedad del conocimiento -es decir, telefonía, internet y televisión- fueron 23. Como en años anteriores, hemos destacado que la brecha digital, entendida como las dificultades existentes para que algunos grupos sociales puedan acceder y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, tiene especial relevancia en Castilla y León dada la dispersión de parte de la población y las dificultades orográficas que afectan a muchos núcleos rurales.

Por ello, en nuestras resoluciones hemos insistido, una vez más, en que la ausencia o la insuficiente calidad en el acceso a los servicios de internet y telefonía móvil, incluida también la señal de televisión, por parte de muchas personas que residen en el medio rural atenta contra el principio de igualdad, suponiendo un obstáculo, a veces insuperable, para el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales, el acceso a los bienes y servicios que ofrece la sociedad de la comunicación, el inicio y desarrollo de actividades económicas, e incluso el cumplimiento de deberes legales con las Administraciones públicas en los términos previstos tal como impone la Ley 39/2015, de uno de octubre. Y así un largo etcétera. Situaciones que merman los efectos, entendemos, de cualquier política mediante la que se pretenda luchar contra la despoblación.

Un año igual... un año más, al igual que en dos mil veinte, en el último ejercicio, las quejas recibidas en materia ambiental, que han sido en este año 174, ha disminuido en relación con años anteriores, lo que consideramos que se explica por las restricciones acordadas por las Administraciones competentes durante la vigencia del segundo estado de alarma, declarado por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 926/2020, de veinticinco de octubre, y el resto de limitaciones fijadas en los distintos acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León, en la medida en que supusieron la limitación de aforos, el horario de las actividades hosteleras durante parte del año, así como las condiciones o restricciones de algunas actividades de ocio, cuyos excesos suelen ser fuente de reclamaciones ante la Procuraduría.

Con todo, los ruidos generados por los establecimientos de ocio nocturno han seguido siendo una fuente de incomodidad para los ciudadanos, pudiendo llegar a suponer un menoscabo de la vida privada y familiar, tal como ha declarado reiteradamente... viene declarando reiteradamente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se han recibido también algunas quejas en las que los vecinos mostraban su disconformidad con la instalación de crematorios en zonas residenciales. En la actualidad, el Decreto 16/2005, de diez de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, permite que, como dotaciones urbanísticas con carácter de equipamientos, aquellos puedan ser ubicados sobre terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, siempre que lo permita la normativa aplicable, dada su naturaleza de servicios básicos para la comunidad.

Sin embargo, la "Guía de consenso sobre sanidad mortuoria", elaborada por representantes de la Administración del Estado y de todas las Comunidades Autónomas, y que fue aprobada por la Comisión de Salud Pública en dos mil dieciocho, recomienda que los nuevos hornos crematorios se sitúen preferentemente en suelos calificados de uso industrial. Por lo tanto, se instó a la Consejería de Sanidad y Fomento a que modificase en ese sentido el Reglamento autonómico de policía sanitaria mortuoria, con el fin de recoger esta recomendación que había sido suscrita también por el representante de la Comunidad de Castilla y León. La Administración autonómica aceptó esta recomendación, comprometiéndose a elaborar un nuevo decreto teniendo en cuenta esta orientación.

En el área de Educación, el número de quejas presentadas en el año dos mil veintiuno ha sido de 79, si bien hemos tramitado también varias quejas múltiples presentadas por una pluralidad de ciudadanos, que a algunas de ellas me referiré seguidamente.

Así, recibimos 129 quejas sobre la respuesta dada en el ámbito educativo a los problemas de los alumnos con trastornos de comportamiento alimentario; quejas estas que resolvimos dirigiéndonos a la Consejería de Educación para que valorara la conveniencia de elaborar una guía o protocolo de actuación en el ámbito de los centros educativos que permita pautar las actuaciones a desarrollar para la detección de posibles casos de trastorno de comportamiento alimentario y su valoración, así como la adopción de las medidas precisas que en cada caso conduzcan al tratamiento pertinente del trastorno. Resolución esta que fue aceptada por la citada Consejería.

También, como queja múltiple, fueron presentadas 805 reclamaciones por academias privadas con la pretensión de mantener la actividad presencial en los mismos términos que se disponía para los centros docentes que impartían enseñanzas regladas, con las medidas, evidentemente, de prevención que fueran necesarias; ante lo cual dirigimos sendas resoluciones a las Consejerías de Educación y de Economía y Empleo en la medida de lo reclamado por dichos centros educativos, que ambas Consejerías rechazaron.

En atención a las quejas individuales recibidas, debo referirme a las presentadas a causa de las necesidades educativas especiales que presentan algunos alumnos. Pues bien, mediante las correspondientes resoluciones hemos recordado la necesidad de incrementar los medios materiales y de personal especializado que sean requeridos para el logro del máximo desarrollo de las capacidades de cada uno de los alumnos que lo necesiten; así como el principio de inclusión, al ser este el máximo referente a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de hacer sus propuestas de escolarización, habiendo sido en este caso la Consejería de Educación receptiva en... a nuestras indicaciones.

Para finalizar las referencias al servicio público educativo realizaré algunas indicaciones sobre determinadas actuaciones de oficio que hemos promovido en este ámbito. Así, con vistas al comienzo del curso escolar dos mil veintiuno-dos mil veintidós iniciamos un expediente de oficio para analizar las novedades que presentaban las medidas dirigidas a la prevención y organización de la actividad lectiva frente a la COVID-19 en un escenario que se preveía más favorable que el inicio del curso académico precedente, fundamentalmente, por la vacunación masiva de la población, que ya en aquel momento se había producido.

La actuación concluyó con una resolución en la que incidíamos en aquellos aspectos que podían ser mejorados, a nuestro juicio, conforme a la experiencia acumulada del curso anterior, como, por ejemplo, entre otros, pero de forma muy particular, el de las alternativas al proceso de enseñanza-aprendizaje presencial que debieran ponerse a disposición de las familias que optaran, con un fundamento real, por un absentismo escolar preventivo. La Consejería de Educación aceptó nuestra resolución en todos sus extremos, salvo en lo relativo a la propuesta que hicimos de que, en la prestación del servicio de comedor escolar, cada grupo estable de convivencia contara con un monitor, con objeto de prevenir el contacto entre niños de dos o más grupos estables de convivencia.

También tramitamos un expediente de oficio sobre la segregación escolar en Castilla y León, con el propósito de contribuir a hacer realidad un sistema educativo de calidad, exigente e integrador, que garantice la igualdad de oportunidades y que permita a cada alumno desarrollar el máximo de sus potencialidades. Para ello, entre otras medidas que propusimos en nuestra resolución, hacíamos hincapié en las siguientes: la concreción de datos oficiales sobre la situación actual para poder cuantificar, abordar y hacer un seguimiento del problema de la segregación escolar; la adaptación de la normativa reguladora de los procedimientos de admisión de los alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para incluir garantías de escolarización equilibrada del alumnado.

En particular, en relación con el colectivo de etnia gitana consideramos que a través de la estrategia... una estrategia específica se han de intentar conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: evitar la concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos, con objeto de promover su integración; la escolarización normalizada de todos los niños y niñas de esa etnia en todas las etapas educativas, incluida la Infantil, previa a la escolarización obligatoria; así como el incremento del nivel educativo de la población gitana adulta.

La Consejería de Educación nos comunicó que comparte la idea global sobre la necesidad de eliminar la segregación escolar en la Comunidad, y, en concreto, ha procedido a modificar el Decreto 52/2018, de veintisiete de diciembre, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, mediante el Decreto 32/2021, de veinticinco de noviembre, para atribuir a las comisiones de escolarización funciones que permitan dar cumplimiento a alguna de nuestras recomendaciones.

En el área de Cultura, Turismo y Deporte se registraron un total de 38 quejas en el año dos mil veintiuno, y emitimos 14 resoluciones a partir de expedientes de queja; 9 de ellas relativas a la protección y conservación del patrimonio histórico, 3 en materia de turismo y 2 en el ámbito del deporte. Además, tramitamos 2 expedientes iniciados de oficio, que han dado lugar cada uno de ellos a la correspondiente resolución.

Como muestra de las quejas referidas a la protección y disfrute de los bienes que integran el patrimonio histórico o artístico de la Comunidad, recordemos las que ponían de manifiesto la existencia de cableados y otros elementos accesorios apoyados en determinados inmuebles, algunos de ellos singularísimos, como la catedral de Burgos, la catedral de Palencia, la Casa del Cordón, también en Palencia, o la iglesia de la Asunción, en el municipio de Autilla del Pino, en la provincia de Palencia. En todos los casos las Administraciones se mostraron dispuestas a cumplir con el contenido de nuestras resoluciones.

También a partir de una queja nos dirigimos a la Consejería de Cultura y Turismo reclamando el acceso gratuito a los museos gestionados por la Comunidad de Castilla y León, tanto los de titularidad estatal como de titularidad autonómica, para las familias numerosas, para las familias monoparentales y para las familias con parto múltiple o adopción simultánea, en la medida en que estas familias pueden verse afectadas por circunstancias desfavorables, tales como los menores niveles de renta, en términos absolutos o relativos.

Nuestra resolución fue aceptada, materializándose poco después en una Instrucción de la Dirección General de Políticas Culturales, fechada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, que fue dirigida a los Servicios Territoriales de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

De las dos actuaciones de oficio promovidas en este área me parece oportuno recordar una en la que, finalmente, mediante resolución instamos a la Consejería de Cultura y Turismo a la creación de rutas, itinerarios y espacios culturales relacionados con criterios geográficos o temáticos que tuvieran como elementos catalizadores los castillos, las fortalezas y otros bienes de la arquitectura defensiva que, con desigual estado de conservación, salpican el territorio de Castilla y León y constituyen sin duda un testimonio de incontestable interés de nuestro pasado, en la medida en que con ello se podría contribuir a divulgar nuestra historia y cultura, así como a dinamizar social y económicamente los pueblos del medio rural en que se asientan. Dicha resolución también la enviamos a las nueve diputaciones provinciales y fue favorablemente acogida por la Consejería de Cultura y Turismo.

En el área de Industria, Comercio y Empleo y Seguridad Social y Prestaciones a lo largo de dos mil veintiuno se registraron 93 quejas. En materia de industria, como en ejercicios anteriores, hemos recibido algunas quejas por la deficiente tramitación por los servicios territoriales de la Administración de reclamaciones presentadas en relación con el suministro de energía eléctrica; en todos los casos hemos insistido en la garantía que supone para los usuarios del servicio la correcta tramitación de las reclamaciones que estos presentan ante los órganos competentes de la Administración. Nuestras resoluciones fueron aceptadas en todos los casos.

En el ámbito de la actividad comercial, de las tres quejas recibidas, me parece oportuno referirme a una, presentada por varios vecinos de una pequeña localidad, de la provincia de Salamanca, mediante la que se dolían de la decisión municipal de modificar las condiciones en que se venía realizando la provisión de artículos de primera necesidad mediante un camión-tienda. Queja que resolvimos atendiendo a las circunstancias concretas, pero que nos ha hecho reflexionar sobre las dificultades que sufren los residentes de pequeñas... de pequeños municipios de la Comunidad, en gran medida personas mayores y personas con serias limitaciones de movilidad, para adquirir los bienes de primera necesidad ante la falta de establecimientos comerciales en las localidades de residencia. Un problema que, más allá de la queja concreta y su solución, someto a la consideración de sus señorías, porque es una situación que afecta a buena parte de las personas que residen en el medio rural de la Comunidad.

En lo tocante a las quejas recibidas en materia de empleo, me voy a referir a dos y a las correspondientes resoluciones que emitimos.

La situación de las personas mayores de 45 años que se encuentran en situación de desempleo nos llevó a reflexionar sobre las limitaciones que sufren las personas de este colectivo para acceder al mercado de trabajo, y, consecuentemente, dirigimos una resolución a la Consejería de Empleo e Industria en la que pedíamos que se valorara la posibilidad de que, sin disminuir las medidas de fomento del empleo previstas para otros colectivos, se incrementaran las dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas a las que se refería la queja; y que se considerara también la oportunidad de recoger en un solo instrumento la totalidad de las medidas que desde los diferentes ámbitos se hayan adoptado o, de acuerdo con nuestra recomendación, se adoptaran para favorecer el empleo de los mayores de 45 años. Nuestra resolución fue aceptada.

La denegación de una subvención dirigida a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada por causas de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19, puso de manifiesto que el procedimiento de concesión directa habilitado daba lugar a la estimación de las solicitudes presentadas con más celeridad ante la Administración que había de resolver los expedientes, hasta el agotamiento del crédito dispuesto al efecto.

Sin embargo, los posibles beneficiarios no siempre contaban con los mismos recursos o disponibilidad de acceso a las vías previstas para la presentación de solicitudes, por la dificultad o imposibilidad de utilizar medios electrónicos o de desplazarse a los lugares en los que podía presentarse la solicitud de forma presencial, por lo que sufrían situaciones de desigualdad, claro.

Considerando lo expuesto, dirigimos una resolución a la Consejería de Empleo e Industria para que en sucesivas convocatorias de subvenciones, como la referida, se valorara la oportunidad de acudir a un procedimiento de concurrencia competitiva que favoreciese a aquellos que, entre los solicitantes, fueran los más necesitados, en lugar de dar prioridad a aquellos que logren presentar su solicitud con mayor rapidez. Nuestra resolución fue aceptada.

En materia de Seguridad Social y prestaciones, de las 45 quejas registradas en dos mil veintiuno, 35 fueron remitidas al Defensor del Pueblo, dado que en ellas se planteaban cuestiones excluidas de la competencia de esta Procuraduría, al no estar basadas en la actuación de la... de la Administración autonómica, de los entes locales o de los diferentes organismos que de una y otra dependen.

Del resto de quejas registradas en esta materia debemos destacar, por un lado, las 5 relacionadas con la gestión de la renta garantizada de ciudadanía, número que pone de manifiesto el progresivo descenso de las quejas presentadas año tras año en esta materia; y, por otro, también debemos destacar las promovidas frente a la gestión de ayudas por parte de determinados municipios.

Y, en relación con estas últimas, mediante las correspondientes resoluciones, hemos llamado la atención sobre el necesario cumplimiento de los plazos de tramitación, máxime tratándose de solicitudes presentadas por personas en situación de emergencia social, así como sobre... también, la exigencia legal de que los acuerdos denegatorios de las ayudas solicitadas estén motivados, específicamente, con fundamentos de hecho y de derecho.

El número de quejas presentadas en el año dos mil veintiuno en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural ha sido de 26. La mayor parte de las quejas presentadas y sus resoluciones versaron, como en años anteriores, fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos de concentración parcelaria.

Me parece, sin embargo, de interés destacar 12 resoluciones formuladas en el marco de un expediente que iniciamos de oficio, de las cuales 9 las dirigimos a las Diputaciones Provinciales y tres a otras tantas Consejerías de la Administración autonómica. Dicha actuación de oficio la promovimos con el fin de conocer el impacto que la previsible proliferación de proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas podría tener sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero, en la idea de que tendría que buscarse un equilibrio entre dos sectores estratégicos para Castilla y León: el desarrollo del sector primario y la promoción de las energías renovables (en este caso se trataba de las de origen fotovoltaico).

Una vez analizado el tema, recomendamos a las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Fomento y Medio Ambiente, que, en los expedientes de autorización de uso excepcional de suelo rústico para la instalación de los denominados huertos solares por parte de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo de cada provincia, se evitase la implantación de aquellos suelos... en aquellos suelos rústicos que dispongan de algún tipo de protección territorial reconocida, en particular aquellos terrenos que hubieran sido objeto o hubieran recibido algún tipo de inversión pública para la construcción de infraestructuras de regadío o la modernización de las explotaciones agrarias existentes.

De igual forma, se recomendó a la Consejería de Economía y Hacienda que asegurara que, cuando se proceda a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones fotovoltaicas, los terrenos ocupados queden en estado que permita el retorno a los usos primarios del suelo.

Por último, al constatar que algunos de estos proyectos pretendían instalarse en terrenos públicos, propiedad de ayuntamientos o juntas vecinales, se instó a las instituciones provinciales -a las diputaciones provinciales- para que, en aquellos expedientes que fuera necesaria su autorización, se asegurara el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, fundamentalmente en lo referido a los bienes comunales, dado que en estos casos la labor de las diputaciones debe dirigirse a comprobar la inviabilidad económica del aprovechamiento agropecuario tradicional que hasta el momento se viniera realizando, y que, por tanto, la única opción posible sería la adjudicación a un tercero para la instalación de plantas de producción de energía fotovoltaica a cambio de un precio.

Durante el año dos mil veintiuno, los diversos temas que configuran el área de interior han dado lugar a la presentación de un total de 108 quejas. De ellas, la mayor parte estaban relacionadas con el ejercicio de las competencias en materia de tráfico. Así, las sanciones impuestas en materia de... de tráfico han sido objeto de numerosas quejas y de diferentes resoluciones. Sobre el particular, he de dar cuenta de dos cuestiones que se ponen de manifiesto en varios expedientes que hemos tramitado en esta materia. Por un lado, la escasa atención que, en general, las Administraciones prestan a las alegaciones de los denunciados... que los denunciados formulan dentro del procedimiento sancionador, dado que a menudo se despachan con la ratificación de los hechos por parte de los agentes denunciantes, sin entrar a examinar su contenido. Y por otra... por otro lado tampoco, en los expedientes sancionadores, con demasiada frecuencia, se hace uso de documentos normalizados que no reflejan suficientemente ni las infracciones cometidas ni, sobre todo, la fundamentación jurídica que sirve de base a la sanción en cada uno de esos expedientes. Prácticas que siempre instamos a que sean corregidas por parte de las Administraciones concernidas en cada caso.

También haré referencia a una actuación de oficio que promovimos para comprobar si los aparatos denominados "fotorrojo", utilizados en algunos municipios de la Comunidad como medios auxiliares para el ejercicio de la potestad sancionadora, se hallan sometidos a control metrológico o han sido homologados por el Centro Español de Metrología. Lo que motivó que nos dirigiéramos a los ayuntamientos de la Comunidad de más de 20.000 habitantes con el fin de conocer los que contaban con este tipo de dispositivos, resultando ser los Ayuntamientos de Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid.

A la vista de la información recabada, dirigimos las correspondientes resoluciones a dichos ayuntamientos, manifestando que, aun siendo conocedores de que no es una cuestión pacífica en la jurisprudencia, considerábamos que los aparatos fotorrojo hacen mediciones de tiempo que transcurre... del tiempo que transcurre entre los distintos estados semafóricos, por lo que, si dichas mediciones se utilizan como prueba en los expedientes sancionadores -como así ocurre-, los aparatos deberían estar sujetos a un control metrológico o, en su defecto, al correspondiente procedimiento de certificación por parte del Centro Español de Metrología, pues en los procedimientos de naturaleza sancionadora, como bien se sabe, se debe respetar el constitucional principio de presunción de inocencia, de manera que la Administración no puede sancionar sino en virtud de concluyentes pruebas de cargo, por lo que la falta de control metrológico indicado puede determinar que no quede acreditada la comisión de la infracción. A fecha de cierre de nuestro Informe anual, no todos los ayuntamientos concernidos nos habían dado respuesta a nuestra resolución.

En el pasado ejercicio, en materia de Sanidad y Consumo, ámbitos que integran un mismo área a efectos de la organización del trabajo de la Procuraduría, hemos recibido 191 quejas; de las cuales 176 lo fueron en materia de sanidad, y, de ellas, 75 se referían a cuestiones relativas a la pandemia; otras 15 quejas lo fueron en materia de consumo.

Con referencia a las quejas en materia de sanidad, hemos de destacar que recibimos cuatro quejas múltiples, que ya hemos citado con anterioridad. No obstante, alguna de ellas me parece oportuno que dé cuenta más adelante.

A las quejas presentadas en materia de sanidad también han de añadirse seis actuaciones de oficio que hemos promovido. Tres de ellas relacionadas con la COVID-19 y otras tantas ajenas al coronavirus.

Por lo que se refiere a las quejas y resoluciones dictadas sin específica relación con la COVID-19, la prestación del servicio de sanidad en el medio rural ha determinado la tramitación de algunos expedientes que traían su causa en las quejas recibidas por la falta de atención presencial, las deficiencias de la atención telefónica o la falta de profesionales que afectaban a algunos consultorios locales, como los de Pedrajas de San Esteban (en Valladolid), Buenavista de Valdavia (en Palencia), Valverde-Enrique (en León), Villangómez, Puentedura, Tordueles, Villafruela, Royuela del Río Franco, Veguecilla, Mecerreyes, Tordomar, Quintanilla, Torrepadre (en Burgos).

En nuestras resoluciones, como venimos haciendo desde... desde tiempo atrás, expresamos nuestra preocupación por la prestación del servicio de Atención Primaria en el medio rural, máxime cuando, como es bien conocido, se trata de una atención dirigida predominantemente a población de edad avanzada, afectada de pluripatologías y con dificultades para realizar desplazamientos. Población que necesariamente ha de ser debidamente informada cuando se producen incidencias que afectan a la prestación del servicio de asistencia sanitaria.

También con referencia a la atención sanitaria en el medio rural, hemos examinado una vez más la situación de la especialidad de Pediatría, y las carencias han determinado, en algunos casos, que los menores fueran atendidos por médicos de familia, como venía ocurriendo, por ejemplo, en El Barco de Ávila, Piedrahíta, Miñana (en Ávila), en determinadas localidades de la comarca del Bierzo y de la Ribera del Duero, e incluso en el municipio de Benavente. Por ello, en nuestras resoluciones instamos a la Consejería de Sanidad a realizar un estudio exhaustivo de las necesidades de la atención pediátrica en cada provincia, tanto en el ámbito rural como urbano, llevando a cabo una adecuada organización de los recursos materiales y personales que permita garantizar el derecho de los menores a recibir una asistencia sanitaria por parte de especialistas.

Como ya he indicado anteriormente, un número muy elevado de personas dirigieron a la Defensoría otras tantas reclamaciones por la situación del servicio de oncología del Bierzo, habiéndonos sido denunciada la falta de profesionales de esta especialidad, lo que daba lugar a que los pacientes únicamente fueran atendidos por una oncóloga en horario de mañana con la siguiente... consiguiente retrasos en cuanto a la realización de las consultas y la prescripción de los tratamientos.

En la información proporcionada por la Administración se ponía de manifiesto que los problemas que había habido, derivados de la... de esta situación, se estaban paliando gracias a la labor de los facultativos del Complejo Asistencial Universitario de León como solución provisional, situación ante la que instamos a la Consejería de Sanidad a llevar a cabo un análisis a fondo de la situación del servicio de oncología del Hospital del Bierzo con objeto de buscar fórmulas organizativas duraderas que permitan la prestación de un servicio estable y de calidad.

Un año más hemos continuado recibiendo quejas derivadas de la gestión de las listas de espera, situación esta agravada por la pandemia sufrida, que es necesario revertir.

También a partir de algunas quejas recibidas, hemos conocido problemas que no habían llegado a la Institución con anterioridad o, en su caso, lo habían hecho con muy escasa frecuencia, sobre las que emitimos también las correspondientes resoluciones, como, por ejemplo, el tratamiento de enfermos de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica y las diferencias entre los recursos habilitados en las distintas provincias de la Comunidad, cuya resolución fue parcialmente aceptada. O sobre la creación de una unidad terapéutica para el tratamiento de las personas electrosensibles, asunto sobre el que nuestra resolución también fue aceptada. Y, en fin, también una resolución dictamos en relación con la decoformulación de retrovirales en pacientes aquejados de VIH, en cuyo caso la resolución que emitimos no fue aceptada.

Mediante otra queja, se nos trasladó un problema hasta ahora tampoco abordado por la Procuraduría, ligado a la coyuntura económica que vivimos en la actualidad.

Queja en la que se nos manifestaban las dificultades para hacer frente a la factura eléctrica que sufrían los pacientes que... que requerían... que requerían tratamientos de terapia domiciliaria con dispositivos conectados a la red. Por lo que, mediante la correspondiente resolución, nos dirigimos a la Consejería de Sanidad a fin de que regulara ayudas que permitieran afrontar a estas personas un gasto que resulta imprescindible para su supervivencia, al menos mientras se mantenga el precio de la luz tan elevado como en la actualidad. La resolución fue parcialmente aceptada.

Por último, en asuntos relacionados con la COVID-19, hemos examinado cuestiones como la vacunación de los agentes medioambientales, para lo que... para los que sugerimos que fueran incluidos en el grupo 6-A del Plan Nacional de Vacunación, por su similitud con los profesionales de Protección Civil y Emergencias; sugerencia que fue aceptada. E igualmente abogamos por que fueran recabados informes científicos con objeto, en su caso, de revisar los protocolos entonces vigentes sobre la repetición de pruebas diagnósticas antes de dar el alta a pacientes positivos en coronavirus, atendiendo a circunstancias concretas del enfermo y de su unidad familiar. Recomendación esta que fue aceptada.

En fin, también nos pronunciamos sobre la necesidad de reanudación de los programas de salud bucodental para garantizar la asistencia básica de los menores. Propuesta esta que también fue aceptada por la Consejería de Sanidad.

Y en cuanto a las resoluciones emitidas en actuaciones de oficio promovidas por la Institución, me parece oportuno recordar dos:

Una primera motivada por la supresión del teléfono de urgencias pediátricas, al pasar esta línea a ser la llamada "línea COVID", en cuya resolución mantuvimos la conveniencia de que fuera de nuevo habilitada como teléfono de urgencias pediátricas para que las familias no tuvieran que usar los recursos asistenciales de forma presencial en un momento en que la situación desaconsejaba esta opción. Nuestra resolución fue aceptada.

La segunda, relativa a la vacunación de los mutualistas y beneficiarios de las llamadas "mutualidades de previsión social", alternativas al sistema de Seguridad Social obligatoria, en cuya resolución pedíamos una estrecha colaboración de las mutualidades con la Administración sanitaria para que esta dispusiera de los datos precisos para vacunar a los mutualistas en el orden previsto por el Plan Nacional de Vacunación; máxime cuando ya en aquel momento se preveía la inoculación de sucesivas dosis de refuerzo. En este caso, también nuestra resolución fue aceptada.

En materia de Familia e Igualdad de Oportunidades, en dos mil veintiuno recibimos 251 quejas, de las cuales 34 trataban de cuestiones relacionadas con la COVID-19. Emitimos 69 resoluciones, 13 de ellas también relacionadas con el coronavirus. También promovimos 5 actuaciones de oficio y formulamos 5 resoluciones en expedientes iniciados de oficio; 4 de ellas relacionadas con problemas derivados de la pandemia.

En una parte importante de las quejas recibidas se ha reclamado el pleno ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Consecuentemente, hemos formulado las correspondientes resoluciones con ese objetivo en diferentes ámbitos materiales. Así, en lo referente a la movilidad, nos hemos dirigido, principalmente, a las autoridades municipales para reivindicar el derecho de todos a disfrutar de un medio... de un entorno adecuado, accesible y en igualdad de condiciones, reclamando la eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas, así como la adaptación de las edificaciones y de las vías públicas de nuestros pueblos y ciudades a las exigencias normativas que garantizan el pleno ejercicio del derecho a la movilidad. En estos casos, nuestras resoluciones, generalmente, han sido aceptadas.

No lo fueron, sin embargo, dos resoluciones emitidas: en un caso, para promover el nombramiento o llamamiento de determinadas personas con discapacidad en los procesos de selección de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León; y en otro, para solicitar de la Consejería de Empleo e Industria que diera las instrucciones precisas a un centro especial de empleo para proporcionar una nueva oportunidad de desarrollo profesional, mediante un empleo remunerado, a una persona con discapacidad.

Relacionada con los problemas generados por la pandemia, se nos planteó, mediante la queja correspondiente, la situación de las personas con discapacidad psíquica o intelectual que no podían asistir a los centros de día y ocupacionales por el riesgo de contagio. Ante lo cual, recomendamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que reconociera el derecho de reserva de plaza cuando no fuera aconsejable que la persona se reincorporara al centro por circunstancias debidamente acreditadas, dejando, a su vez, en suspenso, en esos casos, la obligación del usuario de participar en la financiación del servicio durante ese período de reserva de plaza. En este caso, nuestra recomendación no se aceptó.

Otra de las cuestiones que nos han seguido preocupando un año más es la demora en la tramitación de los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad, a la vista de la existencia de retrasos en la resolución, sobre todo en algunas provincias. Por ello, formulamos una resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con la finalidad de que se adopten las medidas organizativas necesarias para agilizar la tramitación de este tipo de procedimientos en las provincias afectadas. Esta resolución sí fue aceptada.

La población mayor también ha ocupado una parte del trabajo realizado por la Defensoría, mediante el cual, a partir de las quejas recibidas, hemos conocido los problemas suscitados en diversos centros residenciales de personas mayores, en algunos casos relacionados con la prevención y control de la enfermedad generada por el SARS-CoV-2; habiendo sido emitidas diferentes resoluciones dirigidas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; en algunos casos, también a la Consejería de Sanidad. En las que hemos pedido que se extremen las labores de inspección y control por parte de la Administración sobre los correspondientes recursos, para garantizar la protección y el bienestar de los usuarios, así como la protección del personal. Algunas de nuestras resoluciones fueron aceptadas, y en otros casos se pusieron en nuestro conocimiento las actuaciones que se venían realizando por parte de la Administración, las cuales resultaban ser total o parcialmente coincidentes con las que habíamos propuesto en nuestras resoluciones.

También en relación con las personas mayores institucionalizadas, tras completar la vacunación en todos los centros residenciales de la Comunidad, consideramos oportuno recomendar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que interviniera para garantizar el derecho a recibir visitas y las salidas también al exterior de las personas mayores, con las excepciones exigidas por las circunstancias... por circunstancias determinadas por la evolución de la crisis sanitaria. Esta resolución sí fue aceptada.

En lo atinente a la protección de las personas con enfermedad mental, se ha constatado que existen dificultades para que el sistema público de salud consiga un tratamiento adecuado de personas... en personas con trastorno mental severo, escaso o nulo reconocimiento de la enfermedad o reiterados fracasos terapéuticos. Para favorecer su adecuada... su adecuada asistencia, se recomendó a la Consejería de Sanidad que valorara la necesidad de dotar el sistema... al sistema de Castilla y León del instrumento jurídico necesario para la instauración del tratamiento involuntario, destinado a mejorar el control y estabilización clínica de estos pacientes. La Administración aceptó nuestra resolución, considerando procedente la creación de una comisión o grupo de trabajo de expertos para establecer las recomendaciones pertinentes.

Y con referencia a las actuaciones de oficio y sus correspondientes resoluciones, me permito recordar dos, relacionadas con la crisis sanitaria:

La primera, promovida a la vista de que, además de las personas mayores institucionalizadas, una parte de la población mayor reside en sus propios domicilios, en atención a los cuales, y a las personas que los cuidan, consideramos oportuno, como culminación de la correspondiente actuación de oficio, recomendar el desarrollo de un... de un protocolo único, común y específico, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León, en el que se deberían establecer las pautas específicas de actuación y las medidas de prevención concretas para el desarrollo de la actividad con toda seguridad, tanto para quienes reciben los cuidados como también para los cuidadores, máxime en un entorno de crisis sanitaria que entonces se vivía. Nuestra recomendación, sin embargo, no fue aceptada ni por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni por la Consejería de Sanidad.

La segunda actuación de oficio se justificaba en la falta de actividad presencial en los puntos de encuentro familiar como consecuencia de la situación de crisis sanitaria. Y recomendamos, a través de la resolución correspondiente que dirigimos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la elaboración de un protocolo de actuación específico en estos recursos que permitiera el desarrollo de las funciones de forma presencial y compatible con la protección y seguridad de los usuarios, y también de los profesionales, frente al posible contagio de la enfermedad. Esta propuesta tampoco fue aceptada.

Durante el año dos mil veintiuno, en el área de Hacienda se han presentado 114 quejas. Como en ejercicios anteriores, la tributación, cuya gestión nutre las haciendas de las entidades locales, en sus distintas modalidades de impuestos, tasas, contribuciones especiales, precios públicos, etcétera, ha sido la que ha contribuido de forma... cuantitativamente ha sido más conflictiva, a la vista de las 86 quejas presentadas; ámbito este en el que hemos dictado 45 resoluciones.

Como consideración general, volvemos a apreciar, un año más, que, en el marco tributario local, los ciudadanos frecuentemente sufren la falta de respuesta de las Administraciones públicas a las reclamaciones que estas reciben sobre asuntos de su competencia, lo que supone un incumplimiento del deber de resolver y notificar la resolución que impone la legislación de procedimiento administrativo y, desde un perspectiva más general, una quiebra también del principio de la... del derecho de la ciudadanía al principio de una buena Administración.

Considerando las cuestiones materiales que se refería... a que se referían las quejas, también dentro del ámbito tributario local, las más numerosas tenían que ver con diversos motivos relacionados con la liquidación de las tasas por la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. Y también se han vuelto a repetir las quejas relativas a la distinción entre empadronados y no empadronados que algunos municipios realizan a la hora de determinar la cuota de distintas tasas o precios públicos. Y de nuevo ha sido necesario recordar a las entidades locales la ilegalidad de aquellas ordenanzas que contemplan este tipo de previsiones discriminatorias entre empadronados y no empadronados, conforme viene manteniendo una jurisprudencia muy consolidada.

Otro motivo de queja en el ámbito tributario de las haciendas locales durante el año al que me vengo refiriendo han sido algunas liquidaciones efectuadas del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, a la vista de cuyos expedientes pudimos acreditar que, en algunos casos, con la transmisión no se había puesto de manifiesto un incremento del valor de los terrenos; o bien, existiendo ese incremento, aquel, o este incremento, era menor que el que había sido reconocido en la liquidación, superando incluso la confiscación de ese incremento patrimonial. En todos los casos, nuestras resoluciones fueron aceptadas.

En fin, con estas referencias a la actividad que hemos llevado a cabo por parte de la Procuraduría en materia tributaria pongo fin a mi intervención ante sus señorías. Y con ella, he tratado de exponer de forma muy resumida, intentando respetar siempre los límites de su paciencia -que ya posiblemente hayan sido sobrepasados con mi intervención-, he puesto de manifiesto, he intentado poner de manifiesto lo realizado por la Institución a lo largo del año dos mil veintiuno. Un período de tiempo en el que hemos podido vivir cada vez con mayor normalidad, aun siendo conscientes de que el virus seguía entre nosotros. Un año, el dos mil veintiuno, en el que, como en los anteriores, conforme a las funciones que tiene atribuidas el Procurador del Común en sus normas reguladoras, las personas que servimos en la Institución hemos seguido trabajando para tutelar los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en sus relaciones con las Administraciones públicas, con la voluntad de cumplir nuestro deber con la máxima objetividad y con la máxima independencia, poniendo siempre empeño... el empeño, el máximo empeño, en ejercer nuestras competencias de forma que las Administraciones públicas ejerzan las suyas con el máximo respeto a los derechos de las personas. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Quintana López. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Pascual Muñoz, por un tiempo máximo de cinco minutos.


EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo primero, agradecer, ¿cómo no?, la presencia del señor Quintana y su exposición en estas Cortes. Ya iba siendo hora de que comenzase la actividad parlamentaria después de más de cuatro meses de inactividad.

Este oportuno Pleno de hoy, en el que el señor Quintana nos ha detallado el informe elaborado por la Institución que preside, es un termómetro que refleja a la perfección las preocupaciones de los ciudadanos y nos da indicaciones de por dónde deberían enfocarse las políticas de la Comunidad. Muchas de las quejas son recurrentes y focalizadas en determinadas áreas. Es cierto que el trabajo de todas las Consejerías es importante, pero hay aspectos que tocan más de cerca a los ciudadanos, y es ahí donde debe ir el grueso de las intervenciones y de las políticas.

Creo firmemente en la política de la calle, de cercanía con los ciudadanos, porque es ahí donde mejor se puede saber qué preocupa a la gente, y no solamente desde un despacho.

La presentación de este informe es una oportunidad para conocer de primera mano todo lo que no va bien en nuestra sociedad, en nuestra Comunidad, y donde debemos concentrar nuestros esfuerzos para corregir errores y mejorar la vida de los ciudadanos. Y es, como digo, en esa calle donde sigo percibiendo un desconocimiento de lo que es la institución y lo que representa el Procurador del Común. Lo he dicho ya varias veces: mucha gente no sabe ni que existe el Procurador del Común. Y es... y, por ello, creo que se debería trabajar de forma conjunta para darle una mayor visibilidad y protagonismo. Y como tengo una intervención breve, me centraré sobre todo en un tema que es uno de los que más preocupa a los ciudadanos, por su exposición, y es el tema de nuestro servicio sanitario.

Sabíamos desde hace mucho tiempo, y se llevaba avisando, llevábamos avisando que había muchos problemas y carencias, así como graves desigualdades. Para colmo, como muy bien ha dicho, llegó la pandemia y vimos como esos problemas se agravaron. Y lo peor de desoír durante tantos años estas demandas, como se puede ver en su informe, es que las consecuencias las están pagando ahora todos los ciudadanos. Estábamos avisados, pero desde las Administraciones se ha hecho caso omiso.

Hay varias resoluciones del Procurador del Común que ponen de manifiesto algunas de esas demandas de los sanitarios y algunos de los problemas estructurales de la sanidad. Sabemos que hay falta de determinados especialistas, como ya ha comentado también lo... lo de los pediatras rurales, etcétera, etcétera. Es muy importante la inestabilidad laboral de los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad. Hay falta de recursos en muchas zonas por la mala gestión de los recursos. Y las deficiencias del transporte sanitario ya de eso ni hablamos, que van a ir a peor encima.

Todas estas cuestiones aparecen reflejadas ya no solo en el informe de dos mil veintiuno, sino también en años anteriores. Pues este ejemplo demuestra, como ya he dicho antes, que hay preocupaciones recurrentes y a las que no se les pone solución desde la Junta de Castilla y León, y en este caso es la Administración competente.

Muchas de esas preocupaciones las he detectado ya no solo por mi trabajo como médico, sino a través de diferentes reuniones con colectivos y la sociedad civil. Las he trasladado aquí en numerosas ocasiones y la realidad es que, después de dos años y medio que llevo aquí, todo prácticamente sigue igual. Y aunque el número de quejas este año sea menor que en el año anterior, y siempre y cuando esa demanda o esa queja sea objetiva y razonable, creo que algo no funciona bien en nuestra Comunidad.

Valoro muchísimo, señor Quintana, el trabajo que desempeña y quiero agradecer también el esfuerzo de todo su equipo para realizar este informe. Por ello me gustaría pedir a este nuevo Gobierno que analice en detalle lo que ustedes han trabajado tan concienzudamente para ver por dónde deben orientar sus políticas.

Termino ya. El año pasado, por estas mismas fechas, además fue cuando usted vino a presentarnos el informe correspondiente al año dos mil veinte, el contexto era muy diferente al actual. Sin ir más lejos, todos los aquí presentes llevábamos mascarilla de forma obligatoria. Hice referencia entonces a la inestabilidad que estábamos viviendo, la inestabilidad sanitaria, la inestabilidad social y económica, y que eso podía ser una de las posibles causas del aumento del número de quejas. Dije también que esperaba que este año usted no tuviese que venir aquí a decirnos que todo seguía más o menos igual. Por desgracia, y aunque, como digo, la Institución haya recibido menos quejas, creo que lo único que ha cambiado con respecto a hace un año es que hoy la mascarilla no es obligatoria. Muchas gracias, de nuevo, señor Quintana.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Pascual Muñoz. A continuación, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.


EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Procurador, y bienvenidos todos los representantes de las instituciones propias de la Comunidad, nuestros controladores.

La verdad es que pensaba haber hecho otra intervención, pero ayer me vi obligado a cambiar la intervención a última hora, a raíz de unas gravísimas declaraciones que se hicieron en esta sede sobre el funcionamiento de las instituciones propias.

He de decirles que estaba preocupado por tener un vicepresidente que calificaba la labor del Procurador del Común y de las instituciones como la paguita de los que viven del cuento, ¿eh? Bueno, ahora estoy menos preocupado porque le han nombrado embajador ante las instituciones propias. Ahora supongo que ya no pensará que son unos chiringuitos.

También estaba preocupado por tener un portavoz en un grupo de Gobierno diciendo que esto era duplicar los cargos, innecesario y un gasto innecesario. Quien ayer decía eso hoy es secretaria tercera de estas Cortes, ¿eh? Si no le gusta la duplicidad, hay que decir que no parece el caso.

Pero lo que me preocupó enormemente, ¿eh?, es lo que ha ocurrido con las declaraciones de ayer del portavoz del Partido Popular, anunciando a todos los ciudadanos de esta Comunidad que va a excluir a la mitad de la Cámara de la negociación de las instituciones, porque se han negado a votar a un señor como senador que no sabía ni cuántas provincias tiene esta Comunidad.

Y, mire, esto es inaudito. Van ustedes mucho más allá, mucho más allá, de lo que ha ido el Gobierno de Sánchez. Ustedes acusan al Gobierno de la Nación -y hacen bien- de invadir a los controladores; y ustedes devuelven exactamente la misma moneda. Ustedes acusan al Gobierno de la Nación -y hacen bien- de gobernar con quienes no creen en la Nación; y ustedes gobiernan la Autonomía con quienes no creen en la Autonomía. Van ustedes mucho más allá. Voy a decírselo con claridad para que lo entienda, señor De la Hoz: es usted el Echenique de Castilla y León.

Pero, dicho esto, voy a intentar analizar en el breve tiempo que me queda las líneas generales del informe de Castilla y León... del Procurador de Castilla y León. Mire, el número de quejas ha disminuido. Eso es una buena noticia, es una buena noticia, ¿eh?, para nuestra Comunidad. Y ha disminuido también en lo que refiere a la Administración autonómica, más que la Administración local. Eso es una buena noticia para quienes ocupaban las Consejerías durante el año dos mil veintiuno. El número de quejas se ha reducido notablemente.

Pero la Administración local sigue sin contestar en muchos casos a las solicitudes de información del Procurador. Diecinueve ayuntamientos del Partido Socialista y dieciocho del Partido Popular no han contestado ni siquiera a las solicitudes de información, en un total de 76 expedientes. Esto dice poco de la fe que tienen los partidos mayoritarios en la acción del Procurador del Común. Debería de corregirse esto mediante un sistema parecido al que nosotros propusimos para la ley de transparencia, de multas coercitivas, que obligasen a las Administraciones a contestar a estas peticiones de información.

Con respecto... y voy a dedicar este minuto y medio que me queda a las quejas de las Consejerías que ocuparon los miembros de Ciudadanos, he de decir que tuvimos ninguna queja en Transparencia, y que bajaron en Trabajo y que bajaron en Sanidad. Y respecto a las principales quejas, he de decirle que, con respecto a las quejas de Sanidad, de falta de facultativos, durante estos dos años se ha trabajado intensamente, incrementándose como no se ha incrementado nunca la formación de especialistas; que se ha puesto una herramienta al servicio de la Administración autonómica que permite saber cuánta actividad, qué facultativos, cuántas consultas, cuántas tarjetas tienen centro por centro, consultorio por consultorio.

Le voy a poner el ejemplo que figura en el Informe del Procurador. En ese consultorio, en ese consultorio de Litos, hay una media de 18 consultas, 358 tarjetas por facultativo. En muchos consultorios de León, de Palencia, de Burgos capital, hay más de 50, 70 consultas diarias, hay más de 1.500, 2.000 tarjetas por facultativo. Lo que ocurre en esta Comunidad es que no se toman decisiones; que nadie quiere tomar decisiones. Porque las decisiones en sanidad las están tomando los alcaldes del Partido Popular. Mantendrán las diputaciones mientras esas decisiones las tengan, las sigan tomando, los alcaldes del Partido Popular, pero perderán a los facultativos. No habrá facultativos; no vendrán a una Comunidad en la cual quien decide cómo se gestiona la sanidad son los alcaldes del Partido Popular. Y entonces, entonces también perderán las diputaciones.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Igea Arisqueta. A continuación, tiene la palabra el señor Fernández Santos, por un tiempo máximo de cinco minutos.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí, gracias, presidente. Señorías, me satisface comparecer un año más ante esta Cámara en representación de Unidas Podemos para agradecer su presencia y, al mismo tiempo, felicitar al Procurador del Común por la presentación ante estas Cortes de su informe de gestión anual referido al año dos mil veintiuno. Gratitud que hago vivamente extensible a todo su equipo, pues dicho Informe remarca la dedicación y la honestidad y la labor ejercida por esta Institución en defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses, de las leonesas y castellanas. Y precisamente hoy, cuando la ultraderecha, cuando Vox, uno de los partidos que sustentan este Gobierno, pretende eliminar la Procuraduría del Común, es más importante que nunca reivindicar su figura y su encomiable tarea.

Su comparecencia, señor Quintana, y el relato cabal de las actividades que ha realizado traen a estas Cortes, con claridad y solvencia, alguno de los aspectos negativos y oscuros más notorios de la forma de administrar los asuntos de la ciudadanía castellana y leonesa. Formas y disposiciones de Gobierno que derivan u obedecen no como consecuencia de decisiones indiscriminadas de un jefe de servicio o de un jefe de negociado, sino que fluyen y se materializan por decisiones políticas, como resultado de una consciente voluntad política del proyecto político del grupo político que lleva muchos años rigiendo los designios de esta Comunidad. En definitiva, actos que dimanan de una manera de ejercer la política en base a una ideología concreta, la neoliberal, que se ha hecho más palmaria y sangrante en estos últimos años.

Y, frente a ello, nosotros consideramos que las Administraciones, que las instituciones y los poderes públicos deben reforzar lo común, lo colectivo, lo que es de todos y de todas, con el ejemplo paradigmático de la educación, la sanidad y los servicios públicos. Porque, si algo nos ha demostrado la terrible pandemia que hemos atravesado, es que, cuando vienen mal dadas, es precisamente lo público lo que nos cuida, nos salva y nos ampara.

Señor Quintana, usted conoce de primera mano el respeto que profeso a la institución que usted representa, a su persona y equipo, y a la labor que realizan; y precisamente por ello, cada vez que llega el Pleno monográfico del Procurador del Común me pregunto: ¿para qué sirve esta sesión parlamentaria? Porque el Partido Popular frecuentemente se pasa por el arco del triunfo sus resoluciones, especialmente las de mayor enjundia, aquellas que afectan a cuestiones esenciales, y que ponen de manifiesto la mala gobernanza del Ejecutivo autonómico.

¿Cuál es, por tanto, el sentido último de esta fecha anual, si la Procuraduría del Común no dispone, como planteábamos desde Unidas Podemos, de herramientas normativas que hagan obligatorio sus dictámenes y resoluciones, que compelan al Ejecutivo a llevarlas a la praxis? Pues yo la respuesta que hallo es que hoy es la jornada en la que se escenifica de forma indubitable, de manera más descarnada, la falsedad del Partido Popular. Porque la pantomima de lisonjas y de reconocimientos que hoy le profesará el Partido Popular es directamente proporcional al incumplimiento que de sus resoluciones hace.

Hoy asistimos, como digo, a una mascarada en la que la derecha le agradece a usía un informe que realmente es demoledor y que deja en evidencia, que pone al aire todas las vergüenzas de la mala gestión del Ejecutivo autonómico. Para eso sirve, realmente, el Pleno de hoy, para dejar constancia públicamente, en sede parlamentaria, que el rey está desnudo.

Nosotros hemos escrutado y escudriñado su informe, y hemos escuchado atentamente su alocución de esta mañana, y ello nos permite colegir que hoy es la jornada en la que el Ejecutivo del señor Mañueco lleva al paroxismo la hipocresía y la demagogia. ¿Y por qué? Porque varios pasajes de su dosier reproducen literalmente lo que desde Unidas Podemos llevamos meses denunciando y reivindicando, muy especialmente lo que atañe a las sangrantes deficiencias del Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo, o lo relativo al cierre de consultorios médicos en el medio rural, o a la problemática de las residencias, o la lacerante carencia de un parque público de vivienda en Castilla y León, o los déficits en materia de transporte, o la penosa ausencia de internet en muchos territorios de esta Comunidad, o la necesidad de una educación en igualdad entre hombres y mujeres en esta tierra. Y así un largo etcétera de asuntos que llevamos mucho tiempo poniendo en el debe de la gestión del Gobierno autonómico. Cuestiones todas ellas que suponen un serio rapapolvo para la acción del Ejecutivo y que exponen claramente que nuestras denuncias están sobradamente fundadas porque cuentan con el incontrovertible aval de su informe, que refleja fielmente cuál es la realidad del Gobierno que tenemos que sufrir.

Finalizo agradeciendo una vez más, en mi nombre propio y en el de mi grupo político, la tarea que realizan todas las personas que integran el equipo de la oficina del Procurador del Común y, por supuesto, muchas gracias a su figura, señor Quintana. Gracias, porque para usted, al igual que para nosotros, las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas son lo primero. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Fernández Santos. Para fijar posición por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Ceña Tutor, por un tiempo máximo de siete minutos y medio.


EL SEÑOR CEÑA TUTOR:

Señor presidente, señorías, señor Procurador del Común. Los ciudadanos se encuentran en este siglo XXI con una pluralidad de Administraciones con las que relacionarse, y en muchos casos sienten en esa relación con las Administraciones una sensación de desamparo y también de desatención o de agravio. Se enfrentan como simples ciudadanos a entidades omnipotentes. Es por eso por lo que una institución como la del Procurador del Común es tan necesaria en una Comunidad como la nuestra.

Por ello, lo primero que quiero hacer desde esta tribuna es darle las gracias al señor Procurador del Común por su trabajo. En un mundo ideal, quizá, su labor no sería tan relevante, pero en el año dos mil veintiuno y en la Comunidad de Castilla y León es una labor todavía muy necesaria; 38.301 solicitudes de intervención del Procurador del Común en dos mil veintiuno demuestran lo necesario de la Institución. Y eso teniendo en cuenta, además, que la cultura de la queja y de la reclamación no está suficientemente arraigada en Castilla y León. Eso es algo obvio. Yo mismo no soy proclive a quejarme, y sé que hago mal, ¿eh?, cuando una Administración o una empresa de servicios o suministros me desagravia.

Finalmente se han tramitado 2.030 quejas, de las cuales en Soria solo 66. No parece que sea precisamente porque en la provincia de Soria los servicios públicos funcionen correctamente o funcionen mejor que en otras, sino más bien otra vez porque no hay una cultura de la queja, porque pensamos que estas quejas no van a prosperar en resultados prácticos y no hacemos el esfuerzo.

Y esa es la razón por la que pensamos que desde la institución del Procurador del Común se debería avanzar más decididamente para que la Institución pueda llegar a más capas de la sociedad y a más territorios de la Comunidad.

Es significativo que un amplio porcentaje de las quejas presentadas proceda de la provincia de León, donde se conoce más la Institución y se pueden atender en mejor medida las reclamaciones de los ciudadanos de manera presencial.

Desde nuestro punto de vista es importante tener que llegar... intentar llegar a los territorios más alejados de la Comunidad. Por ejemplo, un ciudadano de Arcos de Jalón, en la provincia de Soria, para tener una cita presencial en la ciudad de Soria con el personal de la oficina de atención al ciudadano del Procurador del Común ha de desplazarse hasta la capital en un viaje de casi una hora de duración (más otra hora de vuelta, claro). Y muchas veces la cobertura telefónica o de internet en las áreas rurales alejadas no es la más adecuada para presentar una queja de forma telemática. Hay que tener un interés muy esencial a veces para presentar una queja o una reclamación, porque, si no, el ciudadano renuncia a ella.

En otro orden de cosas, de las quejas presentadas motivadas en una actuación de la Administración autonómica -el 36 % del total- destacan las que tienen un contenido sanitario. Desde el Gobierno autonómico se está siempre presumiendo de las bondades de la sanidad castellanoleonesa, del puesto privilegiado que ocupa comparada con la de los servicios de salud de otras Comunidades Autónomas, pero la realidad va por otro camino.

Un buen ejemplo es el expediente 5955/2020 que el señor Procurador del Común cita en su informe. Dicho expediente trata de la situación de un paciente de Soria que se encontraba pendiente de diversas citas de Atención Especializada (Neumología, Oftalmología, Aparato Digestivo) desde principios del año diecinueve. La primera de esas citas en concretarse -la de Digestivo- no se llevó a cabo hasta finales de dos mil veinte, lo que supone un ejemplo paradigmático de la situación de la Atención Especializada en la provincia de Soria.

De hecho, la resolución del Procurador del Común en esta queja estima que podría haber concurrido responsabilidad patrimonial de la atención sanitaria. Pero es que estamos hablando de más de año y medio de retraso para que un paciente tenga acceso a una cita médica.

Bien es cierto que el contexto de la pandemia es probable que haya provocado que muchas de las quejas del sector sanitario hayan aumentado. Pero también es cierto que muchas de las quejas son sintomáticas de las deficiencias en la prestación de estos servicios, como desde Soria ¡Ya! venimos tiempo denunciar... hace tiempo denunciando. La debilidad de los servicios sanitarios que se prestan en Soria es abrumadora. Y esta queja es un buen ejemplo de ello.

Ahora mismo, mientras estaba escuchándole, he recibido un mensaje de un vecino de Rejas de San Esteban, en la provincia de Soria, en el que me decía que llevan en el municipio -en la entidad local, porque no es un municipio- 790 días sin médico ni enfermera, pero sin embargo no utilizan el recurso del Procurador del Común para quejarse. Es paradigmático también de esta falta de la cultura de la queja.

También me gustaría referirme a la efectividad de la actuación en su Institución, el grado de cumplimiento de sus resoluciones o recomendaciones, que es cierto que es muy mejorable, pero no vamos a ver todo lo negativo. Quizá las Administraciones destinatarias de las mismas podrían concienciarse algo más sobre la importancia de cumplir estas resoluciones. Aunque haya un... haya incumplimientos importantes y relevantes, lo cierto es que el porcentaje de aceptación de las resoluciones es alto, y tampoco hay que caer en el pesimismo.

En la página 272 de su Informe aborda una cuestión muy interesante y en la que Soria ¡Ya! lleva tiempo incidiendo: el comercio de proximidad en el mundo rural. Allí dice textualmente: "En las zonas rurales el comercio de proximidad debe ser considerado efectivamente como una contribución fundamental a la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en estas áreas. Ayuda a luchar contra la despoblación rural, ya que la supervivencia de muchas pequeñas zonas depende en gran medida del mantenimiento de los comercios establecidos en ellas, que acercan a sus habitantes productos y servicios de primera necesidad".

Mi abuelo materno regentaba un comercio de este estilo, que desapareció ya hace mucho tiempo, y conozco perfectamente lo que estos comercios suponen en los pequeños núcleos de población. Pero este tipo de comercios han de ser promovidos y apoyados decididamente por las Administraciones locales, también por la Junta de Castilla y León.

Como bien señala en su Informe, es un servicio básico imprescindible, que contribuye a frenar la despoblación y mejorar la calidad de vida de los residentes en el mundo rural. También son servicios que se encuentran con muchas... muchas dificultades para salir adelante. Desde la Administración autonómica se ha de apostar claramente por este comercio rural de proximidad, los que más los... lo que los modernos llaman tiendas de conveniencia, y llevar a cabo de una vez las anunciadas rebajas fiscales para los autónomos en el mundo rural, anunciadas siempre de forma oportuna en marcos electorales o en este mismo Parlamento, pero que todavía estamos esperando. Estos comercios han de poder modernizarse y tener los instrumentos para responder a la enorme competencia que suponen las grandes distribuidoras con la oferta de productos, incluso on-line. No puedo estar más de acuerdo con usted en esta cuestión, señor Quintana.

Y para finalizar, volver a agradecerle, señor Quintana, su trabajo y el de todo su equipo. Y desearle que la Institución que representa pueda crecer y llegar a más personas y a más territorios en el ejercicio de su importante labor. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Ceña Tutor. A continuación, por un tiempo máximo de siete minutos y medio, tiene la palabra el señor Santos Reyero.


EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Procurador. Señor Quintana, como la cortesía manda, antes de entrar en el Informe que usted nos presenta hoy, quiero agradecer el trabajo, suyo y el de todo su equipo. Siempre, desde nuestra parte, un trabajo reconocido, pero en los tiempos que nos ha tocado vivir aún más, si cabe. Unos tiempos difíciles en los que, como a nadie se le escapa, la normalidad de este tiempo pandémico ha influido directamente en el trabajo que usted y su equipo han realizado. Una situación que sin duda ha marcado la impronta de su Comisionado y el de toda la Administración pública por la forma incluso de relacionarnos con los administrados.

Hoy aquí, seguro, como siempre, un debate de guante blanco, siempre y cuando su informe guste a quien maneja el poder. Y es que, señor Quintana, sabe usted de mi respeto hacia usted y hacia su equipo, y, aunque no desconoce lo que yo pienso de esta Comunidad, también sabe cómo nos comportamos nosotros. Nosotros, señor Quintana, no le vamos a dar una palmada en el debate y mañana, cuando se levante, vamos a decir a los medios que su informe es malo, que su informe adolece de rigor o que meramente es su opinión.

Por lo tanto, señor Procurador, todo mi respeto, repito, a su trabajo y al de su equipo. Aunque, como le digo habitualmente, su papel... a su papel le falte un mayor carácter ejecutivo y represente usted una institución de una Comunidad Autónoma cuyo papel institucional está muy deteriorado, tan deteriorado como ayer... como que ayer fueron capaces de aprobar o de elegir a un cunero paracaidista vasco para defender los intereses de los leoneses y los castellanos.

Pero entrando en el informe ya directamente, le tengo que decir que las solicitudes de auxilio y quejas que usted recoge están en su mayoría repartidas por todas las provincias, aunque León, una vez más, está liderando el número, y tengo miedo a decir que es por su proximidad, la proximidad geográfica de la Institución, radicada en León, no sea que alguno interprete que el proceso descentralizador ya está concluido con su presencia en León.

Números, señor Quintana, que con la nueva concepción de quejas múltiples referidas al mismo problema recortan las mismas de 30.000 a 2.000. Lo cual no es ni bueno ni malo desde el punto de vista estadístico, puede tener su importancia desde la perspectiva de lo funcional, pero sin duda a mí lo que me llama la atención es que más de 36.000 ciudadanos expresaron su queja ante la figura que usted representa, sin más maquillaje. Entiendo la funcionalidad ante el aumento de solicitudes múltiples y el desarrollo de un protocolo específico, pero es relevante la repetición de la queja o, dicho de otra forma, la coincidencia del problema.

Permítame centrarse... centrarme en alguna de las que usted ha planteado aquí. Por ejemplo, en las más de 31.408 sobre deficiencias, especialmente del personal facultativo, en el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo. Recordemos el problema, señor Quintana: un hospital donde se llegó a dar la circunstancia de que solo un profesional llegaba a dar servicio que debían de cubrir seis compañeros, por distintas causas. ¿La solución de la Consejería? Desvestir un santo para malvestir otro, apoyándose en el Servicio de León, que trasladaba tres profesionales ciertos días a la semana.

Por eso en su resolución, y leo textualmente, refleja usted que se deben de evitar situaciones límites y pide a la Junta que trabaje de manera preventiva para que no suceda esto más, adelantando soluciones ante la concurrencia de circunstancias como las que han dado lugar a este expediente.

Además, también usted en la resolución -y creo que es importante resaltarlo- solicita a la Consejería de Sanidad que realice un análisis y seguimiento a fondo del servicio, organizándolo adecuadamente, tanto de la perspectiva del personal como de la planificación de consultas. Considera -y continúo leyendo- en su resolución que la Junta debe buscar una fórmula organizativa que garantice no solo la prestación del servicio, sino la mejora de la calidad del mismo, así como la equidad en el acceso al sistema sanitario. Y esto, señor Procurador, creo que es muy grave, que usted ponga en duda, con todo el derecho y a la vista de los acontecimientos, la equidad en el acceso al sistema sanitario de esta Comunidad Autónoma. Y a lo que yo, si me permite, añado también, señor Quintana, que también podría ser interesante que en esta Cámara se cumpla lo que se dice; que se dé valor a la palabra dada; que se sea coherente cuando se dice que los servicios van a tener suficientes profesionales, se cumpla; que cuando se diga que la radioterapia en el Bierzo será una realidad, que se cumpla; que cuando se dice que se ampliará una infraestructura como la UCI del CAULE, se cumpla.

En fin, señor Procurador, gestión eficaz y mantenimiento de la palabra. Porque seguro que si, cuando el señor Mañueco decía que el funcionamiento de los consultorios y de los centros de salud era exquisito, si esto hubiera sido verdad, hubiéramos excusado de ver las casi mil quejas del centro de salud de Tábara, por ejemplo. Y es que es verdad, señorías, y no lo oculto, que muchas de las quejas múltiples que aquí se reflejan tienen una relación directa con la pandemia que ha asolado a este país, con la dificultad que ello supone. Pero también hay que decir que, a pesar de las dificultades de gestión ante una situación inédita, lo que no les han perdonado los ciudadanos es que ustedes negaran la evidencia y que se escondieran en plena pandemia y que, encima, mintieran.

Muchas quejas también en el área de empleo público, relacionados con la Gerencia de Servicios Sociales, en Educación -con solicitudes de protocolo y mantenimiento de ciclos- o deficiencias en el transporte interurbano, por ejemplo, de Litos (Zamora).

Y, verá, sobre la modificación y sobre la publicación de las Administraciones en el Registro de "no colaboradoras", los datos están ahí, y se pueden comprobar. Se puede comprobar quién cumple y quién no, para que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Sin embargo, a mí me gustaría extraer cuatro conclusiones, sobre todo, de este Informe:

La primera es que, a pesar de que las entidades locales menores tienen un aparato administrativo muy justo; a pesar de que no disponen en muchos casos ni de personal administrativo y ni mucho menos de habilitados nacionales, son más cumplidoras que las Administraciones que sí lo tienen.

La segunda de las conclusiones es que hay algo que a mí siempre me resulta injustificable y que en este caso se identifica casi con un 20 % de las resoluciones en las que el Procurador formulaba recomendación-recordatorio de deber legal o sugerencia. Y no es tanto que se acepten o no, sino que ni siquiera se cumpla con la contestación que atestigüe en un sentido o en el otro. Y sobre todo, si nos referimos en este caso a una Administración como la autonómica.

La tercera, señorías, que nos olvidemos en el inicio de esta legislatura los apuntes que el propio Procurador planteó también en el Informe de dos mil veinte. No nos debemos de olvidar, debemos seguir investigando qué ha pasado con las residencias de ancianos; debemos trabajar para afrontar este déficit estructural de la asistencia sanitaria en nuestro medio rural; debemos de incrementar el número de profesionales y facilitar un correcto relevo entre los que por edad acaban su vida profesional y quienes deben sustituirles; y debemos reabrir nuestros consultorios locales y dotarles de los instrumentos y profesionales necesarios.

Y la cuarta, y con esto finalizo, poner en valor lo que usted ha dicho hoy aquí, de la recomendación que realiza usted sobre los proyectos de macroparques solares y eólicos, invitando a la ordenación de los mismos, frenando el abuso y revertiendo... revirtiendo los terrenos públicos a su antiguo uso cuando dejen de utilizarse.

Por lo tanto, simplemente, volverle a dar las gracias por su trabajo y las gracias a su equipo también. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, tiene la palabra el señor Menéndez Blanco, por un tiempo máximo de quince minutos.


EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:

Gracias, señor presidente. Señorías, señor Procurador del Común, buenos días. Hoy se presenta en esta Cámara el Informe Anual dos mil veintiuno del Procurador del Común, alto comisionado de las Cortes de Castilla y León para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de estas dependen, aunque con una actuación limitada a la posibilidad de recomendar o sugerir al organismo competente las medidas que a su criterio son más adecuadas, incluidas modificaciones normativas. Un informe que retrata el funcionamiento de las Administraciones en Castilla y León y ante el que los grupos parlamentarios tenemos que fijar posición.

Pues en esta labor, desde el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, destacamos la existencia de una deficiente dotación de recursos a la Administración local, la más cercana a los ciudadanos, frente a un sistema autonómico que pretende homogeneizar artificialmente a toda Castilla y León y que enfrenta a los territorios. Por ello, el objetivo debe ir encaminado a prestar más atención a los municipios y a las provincias. Esta oposición responde objetivamente a los datos del Informe dos mil veintiuno del Procurador del Común. Y así, a modo de ejemplo, en el área de Administración local es la que representa mayor porcentaje de quejas, con un 53,40 %, con una tendencia estable en relación a años anteriores. En este área, en relación a bienes de entidades, el Informe recoge quejas respecto a la inactividad en la defensa de bienes de dominio público. Y nos llama la atención también la reiteración, año tras año, del abandono de las actividades agrícolas y de los entornos rurales, y la debilidad de los servicios administrativos de los ayuntamientos más pequeños y de las entidades locales menores, favoreciendo la consolidación de situaciones de ocupación de dominio público o de explotación de bienes locales por los particulares sin contar con título habilitante, observando cómo algunos expedientes demoran su tramitación durante años, llegando en algunos casos a declararse su caducidad.

Esto, señorías, tiene otra lectura, y es la despoblación, condenando a la España rural a convertirse en la España silenciada por la estigmatización del modo de vida rural, de la agenda globalista aplicada por las élites progres. Por ello es necesario y es nuestro objetivo en Vox aplicar medidas que garanticen la persistencia y el crecimiento de un modo de vida crucial para Castilla y León y para España, defendiendo el mundo rural y sus tradiciones.

En Familia e Igualdad de Oportunidades y Juventud el mayor número de quejas se concentra en materia de discapacidad, incluso su cuantía, 143 quejas, se han duplicado con creces en relación con las del año anterior. Este tema nos preocupa enormemente, pues permite concluir que las personas con discapacidad en Castilla y León siguen encontrándose con diferentes barreras y obstáculos que dificultan o entorpecen el normal desarrollo de su vida diaria y su plena incorporación a la sociedad.

Le siguen en número las reclamaciones relativas a la protección de personas mayores. En Vox apoyamos toda medida de ayuda y protección en este ámbito, pues a nuestros mayores, que lo han dado todo por nosotros y que han levantado este país hay que cuidarles y lograr que la última etapa de su vida la desarrollen en las mejores condiciones y procurando una máxima calidad de vida para ellos.

En el apartado referente a las prestaciones a la familia también nos encontramos que se han registrado 11 reclamaciones, por encima de las recibidas en el dos mil veinte, que eran 4. En Vox somos acérrimos defensores de la familia y creemos que la aplicación de la perspectiva de familia en la política y en la sociedad implica que las políticas públicas deben tener en cuenta sus necesidades y problemas y estar siempre orientadas al apoyo, a la maternidad y a la conciliación. En Vox queremos convertir a las familias en el centro de las políticas públicas para que se tengan en cuenta sus necesidades. Asimismo, creemos necesaria la realización de un estudio que evalúe el impacto en la vida de las familias de cualquier nueva norma que se apruebe o se pretenda aprobar. Siguiendo el modo de... el modelo de éxito de otros países europeos, en Vox apostamos por la creación de incentivos a la formación de familias y a la maternidad. Esto es lo que en Vox denominamos la perspectiva de familia.

En Fomento, otro área, Urbanismo. Respecto de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico e intervención en el uso del suelo, las reclamaciones son mayoritariamente respecto a la inacción y demora ante las consultas de los ciudadanos en los ayuntamientos. De nuevo, falta de medios en la Administración más cercana al ciudadano, la Administración local.

En Comunicaciones y Sociedad de la Información y del Conocimiento: problemas de conexión y cobertura. Expedientes múltiples, destacando 889 expedientes sobre comunicación interurbana entre dos pueblos, en los que en uno de ellos está el centro de salud, resulta que la parada del autobús del transporte público se encuentra a un kilómetro del centro de salud y, casualmente, en cuesta, dificultando su acceso a un servicio prioritario y fundamental como es el de la sanidad pública.

Señoría, esto no es más que otro ejemplo de la España silenciada: la falta de servicios públicos cercanos y de calidad. Y desde nuestro Grupo Parlamentario Vox Castilla y León reiteramos que la mayor parte de las quejas vienen del ámbito local por ausencia de recursos o de recursos insuficientes.

En Medio Ambiente destacamos el problema de abastecimiento de agua potable en el municipio de Oncala, provincia de Soria, y en este sentido la posición de Vox es clara y ya conocida: el acceso a los recursos hídricos es un derecho esencial para los españoles y urge desarrollar un proyecto que permita una gestión eficiente de estos recursos, por lo que es esencial poner en marcha un nuevo plan hidrológico nacional que garantice estos extremos, dotando al mismo de los recursos necesarios para poder alcanzar estos objetivos. En Vox, además, nos oponemos al... al Plan Hidrológico del Duero.

Por otro lado, se aborda el tema de la explotación cinegética y el control de poblaciones, haciendo referencia expresa a dos cuestiones: la prohibición de la caza del lobo al norte del Duero y el control de la población de conejos. Estos datos ponen de relevancia la inquietud que genera en los ganaderos de la región los ataques del lobo a los rebaños; ataques que generan un perjuicio enorme en el sector ganadero, actividad con un gran peso en el sistema económico de Castilla y León.

Y no hablamos únicamente de las bajas causadas en los rebaños o en las explotaciones, o en las cabezas de ganado en las explotaciones, sino al lucro cesante causado a los ganaderos por estas pérdidas. Por ello, otra cuestión que este Informe nos obliga a abordar es la de la indemnización que perciben los ganaderos por las reses que el lobo ataca mortalmente, dejando claro también que en Vox defendemos la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En el área de Educación, las relativas al ámbito no universitario fueron las más numerosas, que han tenido por objeto la adjudicación de plazas escolares, las deficiencias existentes en las instalaciones de centros educativos, la participación en el programa de gratuidad de libros de texto, el cierre de una guardería municipal, la prestación del servicio de transporte escolar, ciertos problemas de convivencia en centros escolares y la respuesta dada en el ámbito educativo a la problemática de los alumnos con trastornos de comportamiento alimentario.

Bien, en esta legislatura debemos abordar todos estos temas, estos temas que tanto preocupan a los castellano y leoneses y que son objeto de sus quejas. En Vox creemos firmemente que la educación es un pilar fundamental sobre el que se desarrolla el futuro y la prosperidad de nuestra nación. La educación debe ser el ascensor social que permita a los jóvenes españoles alcanzar sus metas sin que sus condiciones sociales o económicas supongan un impedimento para su progreso. Ningún español puede quedarse sin estudiar por falta de recursos económicos.

Consideramos, tal y como hemos dicho en la legislatura pasada, que la mejora del servicio de transporte escolar debe ser uno de los objetivos primordiales, ya que es imprescindible para evitar el aislamiento de las zonas rurales, y, asimismo, la mejora del transporte es una medida para la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

En cuanto a las quejas sobre las instalaciones en los centros educativos, en Vox siempre hemos abogado por los principios de eficacia y eficiencia si nos enfrentamos a asuntos de Administración pública.

Cambiando de tercio, pero dentro de este área, en lo referente a quejas sobre la respuesta dada por los centros en los casos de trastornos alimentarios, en Vox creemos que hay que prestar una especial atención a los problemas que pueden tener los alumnos relacionados con la salud mental y que se debe protocolizar al máximo en los centros las actuaciones que se deben seguir por parte de los equipos docentes para detectar e intentar atajar lo antes posible este tipo de situaciones que tanto preocupan y que pueden afectar gravemente a la salud de nuestros hijos.

Finalmente, en Vox nos preocupa mucho que en materia de Educación Especial haya existido un aumento significativo de las quejas respecto del año dos mil veinte, relativas a la respuesta educativa prevista para el alumnado con altas capacidades, a la disconformidad con ciertas propuestas de escolarización para alumnado con necesidades educativas especiales, así como las necesidades de establecer las medidas necesarias para que los alumnos con necesidades específicas en atención educativa se integren convenientemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el conjunto de sus compañeros y profesorado.

En Vox creemos que intentar poner solución a esta serie de problemas debe ser una más de nuestras metas. Al alumnado que, por su sistema inmunológico, por sus patologías de base o por... o circunstancias similares, que necesite unas atenciones especiales en el aula, hay que intentar ayudarle. Recordamos que en Vox respetamos la libertad de los padres para elegir entre llevar a su hijo a un centro especial o bien integrarlo en un centro ordinario, porque son los padres quienes mejor y más conocen cuáles son las necesidades de sus hijos y dónde van a estar mejor integrados. Los hijos no son del Estado ni de los organismos supranacionales, los hijos son de los padres.

En el área de Cultura, Turismo y Deportes, centrándonos en las quejas mayoritarias, referentes al ámbito de la cultura en concreto, destacar que sigue teniendo por objeto la necesidad de que determinados bienes que integran el patrimonio cultural de Castilla y León, en particular los declarados Bienes de Interés Cultural, sean conservados, protegidos y se cumpla su régimen de acceso público, tal y como defendemos las medidas propuestas por Vox en la Agenda España, exactamente igual.

En el área de Industria, Comercio y Empleo, detrás de las cifras se esconde un mal funcionamiento de la Administración autonómica, que, a título de ejemplo, tardan hasta dos años en resolver un expediente, alegando baja de un funcionario -el asunto... la queja 3370/2021-. También se observan criterios que consideramos arbitrarios y poco objetivos a la hora de conceder subvenciones, aplicando criterios de concurrencia directa en lugar de criterios de concurrencia competitiva -como bien ha dicho usted en su intervención, señor Procurador del Común-, lo que provoca situaciones en las personas con derecho a subvención que puedan quedarse sin acceso a las mismas, por ejemplo, por problemas de fechas; o que subvenciones destinadas a la formación... a formación -perdón- que nunca llegan a los trabajadores ni a jóvenes en busca de su primer empleo; o como también ocurre con subvenciones destinadas a organizaciones sindicales.

El área de Sanidad y Consumo, de las 176 quejas de sanidad, 4 son quejas múltiples, y han generado tantos expedientes como escritos de queja han sido recibidos. Entre ellos, destacar -de los que nos hemos hecho referencia todas las intervenciones anteriores- las 31.407 quejas sobre las deficiencias en el servicio de oncología del Hospital del Bierzo. Este caso del Hospital del Bierzo es un ejemplo más de flagrante fallo de la estructura del Estado autonómico, generando diferencias entre las provincias. Por eso, desde Vox hemos defendido y seguiremos defendiendo la devolución al Estado de las competencias de sanidad, educación y justicia.

En el área de Justicia -pasando a otra área-, en dos mil veintiuno, los problemas relacionados con el régimen penitenciario han sido los de mayor número. Desde aquí instamos al Gobierno a reconsiderar su posición de abandono a los funcionarios de prisiones. Queremos destacar las siguientes palabras contenidas en el Informe, y que reproduzco a continuación: "Conviene destacar, en todo caso, que ninguno de los expedientes tramitados en el Área de Justicia han derivado en la formulación de resolución alguna por parte de esta Institución, ya que, como se ha puesto de relieve en los sucesivos Informes anuales, se refieren a actuaciones de poderes públicos o administraciones excluidas del ámbito competencial del Procurador del Común de Castilla y León". Pues bien, al respecto, señalar que en Vox creemos que el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia pasan por garantizar la independencia del poder judicial de cualquier intento de control, sobre todo el llevado a cabo por los partidos políticos. Los jueces deben elegir a los jueces y los partidos políticos no deben meter las manos en el nombramiento de altos cargos judiciales. El sistema de elección debe guiarse por criterios de mérito y de capacidad, y no por intereses o lealtades partidistas.

Finalmente, indicar que España debe tener una justicia rápida y transparente, sometida solo a la ley y con más y mejores medios materiales y humanos. Eso sí que es verdad.

En el área de Hacienda, los recursos de las entidades locales relativas a cuestiones vinculadas con las tasas municipales han sido, como viene siendo habitual, el ámbito cuantitativamente más conflictivo. El incorrecto funcionamiento de la Administración se basa en la ausencia de respuesta de muchos de los recursos que son presentados por los ciudadanos, sin que ello paralice las actuaciones de ejecución contraviniendo sentencias del Tribunal Supremo. La inseguridad jurídica y el coste que genera para los ciudadanos esta forma de actuar, amén de su coste procesal, es una práctica que debe ser erradicada.

Quiero hacer una última referencia al apartado 3.7 del Informe, en cuanto a la referencia al sexo de las personas que han presentado las quejas. Como ustedes comprenderán, nos resulta indiferente que la mayoría sean mujeres u hombres, puesto que de lo que se trata es de derechos de los ciudadanos en general, tal y como defiende el Artículo 14 de la Constitución Española. Porque no olvidemos que nuestra norma marco, la norma de la Constitución Española como norma suprema, está por encima de cualquiera de sus leyes de imposición ideológica.

En este sentido es donde encontrarán siempre a Vox: implicados en los problemas y en las quejas de los españoles. Este Informe no hace sino plasmar, a través de las quejas y cuestiones planteadas por la ciudadanía durante el dos mil veintiuno, los problemas que Vox lleva denunciando desde hace tiempo, y que otros ignoran.

Por último, termino diciendo que el sistema autonómico, a través de su ineficiente estructura y del ejercicio de competencias innecesarias, se encuentra en la base de muchos de estos problemas; otros provienen de la adopción de las disolventes agendas globalistas, que buscan acabar con nuestra prosperidad y con nuestra soberanía. Y al final, encontramos el adoctrinamiento ideológico que persigue acabar con nuestra forma de vida, ataca a la familia y corroe el sistema educativo y sanitario.

Sin embargo, algo ha cambiado: los problemas de los españoles no volverán a caer en saco roto, pues ahora existe una alternativa social y patriótica de lucha por una España sin distinciones...


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Tiene que ir acabando, señor Menéndez.


EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:

... ni fronteras. (Sí, voy terminando ya). Un Estado al servicio de la unidad, que fortalezca los vínculos entre los españoles, fortalezca la solidaridad entre las personas, entre los territorios y garantice el funcionamiento óptimo de la Administración, velando por el buen común. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Menéndez Blanco. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández, por un tiempo máximo de quince minutos.


EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores. Señor Quintana, Procurador del Común, de nuevo las Cortes se honran en recibirle para que dé cuenta del informe anual, del relato de lo que ha sucedido en esta Comunidad durante el año dos mil veintiuno, del relato exhaustivo, que nos pone en muchas dificultades a los portavoces para, en quince minutos, poder hacer al análisis que su trabajo merece.

Pero, en todo caso, me gustaría empezar recalcando que es un relato plagado de empatía y de sensibilidad. El Procurador del Común es el lugar al que acuden las personas más vulnerables cuando no encuentran quien les escuche, cuando no encuentran la respuesta que merecen de las Administraciones; es el lugar donde se les escucha y donde se analizan las causas de su problema; y es quien alza la voz para proponer y recomendar las soluciones justas que son precisas. Pero es, además, como ha dicho algún que otro portavoz, un magnífico termómetro social para saber por dónde van las preocupaciones ciudadanas.

Y así, después de pasar el año dos mil veinte, el que ha sido, probablemente, uno de los años más difíciles de nuestras vidas, se ve ya en este informe sobre el año dos mil veintiuno cómo fuimos capaces poco a poco de superar la pandemia; sin dejar de recordar, obviamente, a todos aquellos que la pandemia se llevó y a los que, lamentable, aunque en mucha menor medida, se sigue llevando. A todos ellos, a todos los que estuvieron también en primera fila luchando contra la COVID, de nuevo, creo que esta Cámara merece nuestro homenaje. [Aplausos].

En todo caso, como usted también señalaba, no ha terminado aún, claro que no, pero hemos pasado tanto, por tanto durante estos últimos dos años, que a veces no está de más volver la vista atrás para recordar, como usted mismo hace en el Informe, que la efectividad de la vacunación frente a la COVID-19, iniciada en diciembre de dos mil veinte, ha contribuido de forma muy importante a mitigar de forma determinante los efectos de la pandemia. No lo olvidemos, porque, sin duda, ha sido gracias a la fortaleza de nuestro estado de bienestar, a nuestra sanidad pública y a la labor también de nuestros profesionales, ha sido gracias a la ciencia y al compromiso social como hemos logrado superar estos años tan terribles. Y no debemos olvidarlo porque, como también se ha demostrado durante la pandemia, y relata en sus informes, señor Quintana, el sistema de protección social en Castilla y León mantiene algunas carencias que han debilitado la respuesta ante esta crisis. Carencias que deberían corregirse antes de que vuelvan a tener consecuencias para los ciudadanos, como las derivadas, por ejemplo, de un sistema de atención residencial que no era, ni con mucho, tan perfecto como algunos pretendían.

En todo caso, quiero comenzar haciendo también un reconocimiento expreso a todo el personal de la Institución. No ha sido tampoco un año fácil, y de nuevo han estado a la altura todos y cada uno de ellos. Se han adaptado, se han modernizado, han utilizado nuevas herramientas para seguir llegando a todo el territorio y para seguir escuchando a todo castellano y leonés que lo necesitaba. El esfuerzo individual y colectivo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Institución es, como siempre, encomiable, y ayuda a seguir consolidando una Institución, la del Procurador del Común, que demuestra año tras año su utilidad. Así que, una vez más, nuestro agradecimiento más sincero, señor Quintana. [Aplausos].

Y quiero recalcarlo una vez más, en un momento en el que volveremos a escuchar dudas sobre la utilidad de la... algunas instituciones, también de esta, por parte de aquellos a quienes siempre les sobra lo público, lo de todos, porque saben que en el individualismo siempre ganan los mismos: los que más tienen, los más poderosos. El Procurador del Común es precisamente esa institución que escucha a quienes no reciben respuesta; y sigue siendo necesaria. En todo caso, no es la primera vez que el lobo amenaza con venir; pero las instituciones son sólidas, han aguantado y, una vez más, aguantarán. Estoy convencido, señor Quintana. [Aplausos].

Ya... ya ha relatado usted el importante volumen de quejas, de actuaciones realizadas de oficio por el Procurador, que no solo escucha, que propone. Y de ahí esas 1.235 resoluciones, 972 recomendaciones, 230 resoluciones, dirigidas a diferentes Administraciones. De sus recomendaciones -lo ha recordado hoy también-, afirma que el 86 % fueron aceptadas, señor Procurador. Aunque luego me permitirá hacer algún comentario al respecto.

Ya ha realizado usted, como decía, una exhaustiva intervención, pero me gustaría no olvidarme del enorme abanico de asuntos antes de centrarme en algunos importantes: quejas relacionadas con el funcionamiento del servicio de transporte interurbano de viajeros en Litos (Zamora); otras quejas múltiples relacionadas con la prórroga de contratos predoctorales en las universidades públicas de Castilla y León; con el proceso selectivo de técnicos auxiliares de enfermería; con la situación del profesorado interino del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Como todos los años, varias quejas múltiples, firmadas por cientos y cientos de ciudadanos, sobre las deficiencias de nuestro sistema sanitario. O respecto a la enseñanza, afectada la actividad de las academias y centros privados de enseñanza, fruto de la COVID; o sobre el mantenimiento del ciclo de Educación Primaria en Hontanares de Eresma, en Segovia, firmada por 389 ciudadanos.

Con respecto a sus actuaciones de oficio, sí me gustaría detenerme en algunas de especial transcendencia. En primer lugar, la realizada sobre la segregación escolar. Compartimos su anhelo por lograr una verdadera educación inclusiva. Inclusión que, como bien relata en su informe, no se refiere únicamente a la problemática del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad o cualesquiera tipo de necesidades educativas especiales, sino el conjunto del alumnado, y en particular aquel que es objeto de segregación étnico-racial o de segregación asociada a factores socioeconómicos de cualquier tipo, incluso al margen de la pertenencia a un grupo cultural minoritario. Incluso habría que extenderse al alumnado que, por vivir en el medio rural de nuestra Comunidad, podría recibir un servicio educativo que no se corresponde a los estándares de calidad que... del que recibe la mayoría.

El Procurador propuso una... propuso una estrategia orientada a la eliminación de la segregación escolar de Castilla y León que haga compatible el derecho a la libertad de elección de centro con una distribución equitativa entre centros escolares de los alumnos en situación vulnerable. Para ello se requiere una adaptación de la normativa sobre los procesos de admisión de alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos -todos- y que se eviten los obstáculos de acceso a determinados centros educativos derivados de los costes de escolarización.

Este es el primer ejemplo de cómo actúa la Administración autonómica ante las recomendaciones del Procurador. Según sus propias palabras, vino a compartir las ideas expuestas en la misma, pero, en cuanto a la implementación de las concretas medidas que se habían propuesto de cara a la eliminación de toda segregación escolar, se remitió a las medidas que ya se estaban adoptando. Dicho de una manera más coloquial: tiene usted razón, pero no voy a hacer nada o voy a seguir haciendo lo mismo.

No es de extrañar la desazón, que compartimos, de la plataforma social compuesta por veintinueve organizaciones que trabajan contra la segregación educativa, y que considera que no se pueden considerar sus recomendaciones, ni siquiera parcialmente aceptadas, cuando no se facilita ninguna evaluación sobre la repercusión de los programas ni se facilitan los datos reales de los alumnos con necesidades y en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Convendría, como siempre, que, si el Procurador y todas las organizaciones que trabajan sobre la segregación escolar coinciden, se las escuche y se las atienda, por el bien del interés general, que es lo que defienden estas organizaciones. [Aplausos].

La segunda actuación de oficio es la que ha realizado sobre prevención de violencia de género en el ámbito educativo. Y esta actuación, que ya es importante, desde la perspectiva del año dos mil veintiuno cobra una especial trascendencia, a la vista de la formación del nuevo Gobierno de Castilla y León, que niega la mera existencia de la violencia de género. Permítame reiterar, con la autoridad de sus propias palabras, señor Procurador, que la violencia de género es un problema de base fundamentalmente cultural y educativa, y que la educación es un elemento clave para la formación integral de las personas. Claro que hemos avanzado mucho, y, precisamente por eso, no podemos permitir un solo paso atrás, dado que, efectivamente, hoy tenemos una constancia real y peligrosa de las resistencias que existen para la superación del machismo y la desigualdad por razón de género.

Alabamos, por tanto, su actuación, que, como bien dice, surge de la necesidad de fomentar que el tratamiento educativo específico contra la violencia de género llegue a toda la población escolarizada, con una actuación más eficaz de los centros que todos los miembros de... de la comunidad educativa se sientan implicados.

Y pese a que, nuevamente, la Junta de Castilla y León consideró adecuadas sus recomendaciones, uno se pregunta si hoy, con este nuevo Gobierno, la lucha contra la violencia de género en nuestras escuelas se considera ya adoctrinamiento ideológico, como acabamos de volver a escuchar, tal y como han firmado en el acuerdo de Gobierno.

Por cierto, me ha dado tiempo a revisar la Convención Internacional de Derechos del Niño, y no he encontrado que los niños sean propiedad de sus padres. No, son sujetos de derechos... [aplausos] ... de derechos. Eso es lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista quiere afirmar de nuevo hoy de forma clara y contundente: primero, que la violencia de género existe y, segundo, que la lucha contra la desigualdad y contra la violencia de género empieza en la educación y debe abordarse de forma integral por parte de todas las instituciones. [Aplausos]. Ese es nuestro compromiso.

En último lugar, me gustaría centrarme en las actuaciones que ha realizado tanto este ejercicio como el anterior sobre la situación de las residencias. De nuevo, y ante la incidencia que aún se mantenía en ellas durante las sucesivas olas que nos han azotado, el Procurador realizó una serie de recomendaciones a las Consejerías de Familia y Sanidad. Es cierto, de nuevo, que, gracias a la vacunación, se redujo la incidencia; de ahí que las acciones propuestas, en todo caso, se siguieran centrando en proteger de la forma más adecuada a residentes, a trabajadores, a visitantes. Y ciertamente, cuesta entender el retraso en contestar, siquiera, al Procurador por parte de la Consejería de Familia.

Pero es que aún resuena en esta Cámara el estremecedor análisis que usted hizo sobre lo que le pasó a nuestro sistema de atención residencial. Usted propuso la necesidad de aumentar las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las medidas, la advertencia de que hay que diseñar nuevos protocolos de actuación; la recomendación sobre la necesidad de abordar una reforma en profundidad del sistema de cuidados de nuestra Comunidad para no volver a afrontar el futuro en esta situación de debilidad; y la escalofriante afirmación de que se limitaron las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales. Esas son algunas de las denuncias que usted hacía, que compartía Médicos sin Fronteras. Y recuerdo esto hoy de nuevo porque conviene no olvidar lo que pasó y, desde luego, porque los familiares no olvidan; pero también para compartir en esta Cámara la frustración de que, desde entonces, se siga sin hacer nada.

Hoy nos enfrentaríamos a una nueva crisis -y confiemos que no la haya- con las mismas debilidades, sin haber corregido nada: ningún avance hacia un nuevo modelo de atención residencial, ningún incremento de las plazas públicas que garantice la accesibilidad al sistema, la igualdad y la protección de lo público a nuestros mayores. Hoy el sistema adolece de las misma... de la misma autocomplacencia que nos llevó a aquel drama. Hoy debo lamentar que no han aprendido la lección. Pero no cejaremos en la lucha por proteger de forma adecuada y digna a nuestros mayores nunca. [Aplausos].

Las costuras rotas por la pandemia en nuestros servicios públicos aún no se han remendado, y lo recuerdan algunos otros aspectos, como el servicio de ayuda a domicilio, que se ha convertido en una prestación de proximidad fundamental para facilitar la permanencia de los mayores en su casa en una situación satisfactoria y con calidad de vida; una afirmación que usted hace y que comparto. Y por eso nos parece oportuna su actuación para recomendar una actuación y un protocolo coordinado que garantice una actuación... una atención de calidad y la máxima protección también para sus trabajadoras y usuarios. Sumo a sus recomendaciones, aprovechando este momento, la reivindicación de una mejora significativa de las condiciones laborales de estas trabajadoras, casi todas trabajadoras. Sin buenas condiciones de trabajo, nunca hay calidad en el servicio público, y, desde luego, estas trabajadoras de la ayuda a domicilio lo merecen. Merecen nuestro respaldo... [aplausos] ... y merecen una mejora de sus condiciones laborales.

Y otro clásico: por supuesto, la sanidad. El año pasado advertía de falta de profesionales, de falta de conexión a internet de los consultorios, de problemas de acceso por la configuración del territorio, las características de nuestra población -envejecida y con pluripatologías-, cierre de los consultorios locales, errores de diagnóstico, telemedicina con enormes carencias. Así estábamos y así seguimos. Las deficiencias de la sanidad vuelven a ocupar un lugar destacado en las preocupaciones ciudadanas; "problemas recurrentes" los denomina usted; endémicos, podríamos decir. Y mientras algunos han seguido negando el cierre de consultorios médicos, pues volvemos a ver que en Valverde-Enrique, Pedrajas de San Esteban, Buenavista de Valdivia, Villangómez, Puentedura, Tordueles, Villafruela, Mecerreyes, y tantos otros, los consultorios seguían cerrados.

Y volvía... volvemos a hablar de ese modus operandi del que les hablaba: el Procurador emite recomendaciones pidiendo que se corrijan estas limitaciones en el acceso a la sanidad, la Junta acepta esas recomendaciones, en su infinita bondad; pero los consultorios siguen cerrados. Esa es la realidad: consultorios que han estado cerrados meses y meses, pero que se ha negado el acceso a la sanidad pública y se ha negado su cierre; consultorios que no se cerraron ni se cerrarían, pero que, de hecho, lo están; planes para cerrarlos que no existían, pero que el presidente de la Junta el otro día acusaba a su exvicepresidente de tener un plan para desmantelarlos en la pasada legislatura. Y así año tras año.

Y podemos seguir: Barco de Ávila, Piedrahíta, Muñana, que denunciaron el fin de la asistencia pediátrica, como antes había sucedido en el Bierzo, en la ribera del Duero o en Guardo; una vez más, resolución aceptada, problema sin resolverse. O la situación sanitaria del Bierzo, que merece siempre, lamentablemente, un capítulo especial: las listas de espera especialmente disparadas, la falta de unidad de radioterapia y, en esta ocasión, 31.407 quejas sobre la situación precaria del servicio de Oncología.

La enorme dimensión de esta queja debería hacernos reflexionar sobre lo que está pasando en la atención sanitaria en la comarca berciana. Hoy se estaban manifestando, junto también a la gente de Laciana, de muchos lugares del norte de León. Pero, aunque la situación de Oncología se parcheó, hoy podíamos estar hablando -y seguro que el Procurador está recibiendo, y lo veremos en el informe del año pasado... del año que viene- de la misma situación en los servicios de Cirugía o de Cardiología.

Como señala el Procurador: garantizar la misma asistencia sanitaria en todo el territorio es una cuestión de equidad, y debe garantizarse en todo el territorio. [Aplausos]. Las listas de espera, por supuesto, absolutamente disparadas y con falta de transparencia; el parque público de vivienda en alquiler, nuevamente reivindicado y sin ponerse en marcha; las deficiencias en las comunicaciones de la señal de televisión, telefónica, de internet en las zonas rurales; problemas en la... el servicio de la ITV; la advertencia de que en algunos casos no se ha podido confirmar la idoneidad de algunas decisiones dirigidas a la suspensión de acogimientos familiares a menores en situación de desprotección dan cuenta de la variedad y de la sensibilidad de los asuntos que usted trata; desde luego, la situación del SERLA y el incumplimiento de los acuerdos del diálogo social para garantizar el funcionamiento de un servicio esencial, en el marco de la conciliación laboral, y, de forma incomprensible, vulnerando estos acuerdos con CEOE Castilla y León, con Comisiones Obreras y con UGT.

Y, en fin, termino ya, señor presidente. Señor Procurador, su trabajo y la institución sirve, son útiles. Lo son para este Parlamento, que estudia siempre con mucha atención sus informes y sus recomendaciones, y nos sirve para plantear iniciativas de mejora; pero lo son, sobre todo, para los ciudadanos, que encuentran siempre alguien que les escucha, quien les ampare. Así que, una vez más, mi reconocimiento, señor Quintana, a usted y a todo su equipo. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Tudanca Fernández. Para finalizar la fijación de posición... de posiciones -perdón-, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano, por un tiempo máximo de quince minutos.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Procurador del Común, señor Quintana, comenzar, por supuesto, agradeciéndole su detallada intervención de esta mañana, reflejo de... sin duda, del completo desempeño de su actividad durante el año pasado, durante el año dos mil veintiuno, que se resume en ese documento que nos ha sido entregado a todos los parlamentarios, de 626 páginas, a modo de dación de cuentas de su excelente actividad durante ese año. Un documento que resulta, sin duda, imprescindible para entender no solo el contenido de su trabajo, sino también, por supuesto, las inquietudes, las preocupaciones de los ciudadanos de Castilla y León.

Agradecimiento que permita tras... le ruego traslade al resto de trabajadores de la Procuraduría, por el trabajo que han desempeñado, en unas circunstancias que, como sucedió en el año anterior, tampoco han sido fáciles. Y, por cierto, quiero darle también por el buen desarrollo de la sede electrónica, tal cual comprometió usted al inicio de su mandato, y que ya hemos visto se ha constituido como la principal fuente de recepción de las quejas; y que, además, permite una mayor cercanía y también una mejor visibilidad de la Institución, en un año de transición hacia la normalidad, y que, lógicamente, dicha transición ha tenido su reflejo en el informe.

Permita a... que mi intervención -eso sí- no la centre sobre usted, sobre la Institución, sino sobre lo que ha sido el objeto de su trabajo. Así pues, vamos a ello.

Tras el incremento de las actuaciones de oficio que surgieron en el año anterior como consecuencia del COVID, ha pasado usted a las 44 actuaciones de oficio, en la que vuelve a mostrar usted la preocupación por cuestiones que también preocupan en buena medida a la ciudadanía de Castilla y León.

Evidentemente, por falta de tiempo, no nos podemos centrar en todas ellas, ni siquiera en algunas de ellas, pero permítame que lo haga en una que ha sido también finalmente puesta de manifiesto por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Es la resolución en la que instaba usted a la Junta de Castilla y León a fomentar el tratamiento educativo específico contra la violencia de género. Lo que hacía usted, a través de esa resolución, es solicitar del Gobierno de Castilla y León la... el desarrollo de las medidas del Informe de Evaluación del grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, el denominado Informe GREVIO del Consejo de Europa. Informe que lo que pedía a todas las Administraciones públicas es el desarrollo de políticas específicas en el tratamiento educativo contra la violencia de género, en virtud con lo establecido en el Convenio de Estambul.

La Junta de Castilla y León le contestó que, efectivamente, lo estaba haciendo. Y, de hecho, la Junta de Castilla y León le comunicó que en el cinco de enero del año dos mil veintidós fuimos una de las primeras Comunidades Autónomas de España que aprobó un plan estratégico de igualdad de género adaptado a ese informe. Este tipo de cosas, claro, se le olvidan, sin duda, a la Oposición, en un informe, tanto el Informe GREVIO como el Informe... como la resolución que usted planteaba, en la que se reconoce que Castilla y León está mucho más avanzada que el resto de Comunidades Autónomas en la lucha contra la violencia de género, desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista laboral ... [aplausos]... reconociendo, por cierto, que las medidas que se están adoptando resultan loables.

Pero, claro, esta es la realidad y otra cosa es la interpretación que algunos hacen de la misma. Porque la realidad está que, en concreto, referidos a quejas en materia de violencia de género, no hay ninguna, no hay ninguna queja. Solo una mujer víctima de violencia de género presentó una queja solicitando amparo al Procurador del Común porque había sido desahuciada por una entidad financiera. Lo que ocurrió es que, al tener conocimiento de esa situación, tanto la Consejería de Familia como la Consejería de Fomento actuaron de inmediato para proveer a esta persona de un hogar. [Aplausos]. Eso es la política que realmente sirve para ayudar a las personas que están sufriendo. Luego está la política de pancarta feminista que practican otros y que en situaciones como lo de esta pobre mujer en absoluto resultan útiles.

Sobre las quejas presentadas... (Sí). Sobre las quejas presentadas, agradecemos, por supuesto, al Procurador el cambio metodológico y las razones. Compartimos, por supuesto, las razones que usted ha invocado para ello. Aunque algunos, desde luego, valoren la importancia de su trabajo sencillamente al peso, apoyando, cuando no promoviendo, a través de plataformas la presentación de quejas para tratar de utilizarlas, como hemos visto hoy, en su discurso radical de trinchera contra la Junta de Castilla y León. Y para eso nada más y nada menos que 36.230 quejas.

Fíjense, al... al Defensor del Pueblo, en España, se le han presentado el año pasado 29.000 quejas; al Síndic de Greuges valenciano, 4.000; al Defensor del Pueblo Vasco, 1.000; o al Defensor del Pueblo Andaluz, 9.000. Menos mal que usted tiene el rigor y la prudencia -que no vemos en la Oposición- para expresar de forma fidedigna el contenido de su trabajo de forma sensata, separando las quejas múltiples de los expedientes a los que esas quejas dan lugar.

Quejas múltiples algunas de cuales, por cierto, están impulsadas por aquellos que confunden la Institución del Procurador del Común con la plataforma Change.org, y que llevan a situaciones, cuando menos, paradójicas y alejadas de la función social institucional que usted tiene otorgada.

La queja más llamativa al respecto es la referida al Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo -también se ha expuesto aquí de manera interesada-: 31.500 quejas referidas al Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo, impulsadas, no por casualidad, por la Plataforma por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Lo ocurrido es que, efectivamente, existía un problema en el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo por falta temporal de profesionales en el servicio. Cuando se presentan las 31.500 quejas resulta que el problema estaba ya resuelto, no solo porque la plantilla estaba cubierta -bueno, realmente faltaba una profesional que estaba de baja por maternidad-, pero además se recibía el soporte de dos especialistas del Servicio de Oncología del Bierzo. Por cierto, en el momento en el que se presentan 31.500 quejas, la lista de espera de consultas oncológicas en el Hospital del Bierzo es de 14 días, por debajo de la media nacional y también, por supuesto, debajo... por debajo de la media de la Comunidad. [Aplausos]. Pero ¡qué más da! ¡Qué más da! Es evidente que estos pequeños detalles no van a detener, en absoluto, a la leal Oposición parlamentaria en Castilla y León.

Lo cierto es que a algunos les da lo mismo realmente lo que diga su Informe o las circunstancias concretas que concurren en cada caso; se trata de pintar -como hemos visto esta mañana- todo absolutamente de negro; se trata de intentar reflejar un estado caótico de los servicios públicos, absolutamente ficticio y alejado por completo de la realidad. Y, claro, en esa narración ficticia de la realidad, se obvia por completo informes objetivos de valoración de la calidad de los servicios públicos de Castilla y León, que no emite la Junta de Castilla y León, sino que emiten organismos nacionales, internaciones, de absoluta reputación, y que, por ejemplo, sitúan a la educación de Castilla y León a la cabeza no de España, sino de Europa en el Informe PISA; o que, acabamos de verlo recientemente, sitúan a los servicios de atención a la dependencia en Castilla y León, un año más, a la cabeza de España.

Fíjense, la nota media de España en los servicios de atención a la dependencia que otorga el... el Observatorio Estatal de la Dependencia es del 5,1. La nota de Castilla y León, que es la primera, es del 8,4, siendo, por cierto, Castilla y León la Comunidad Autónoma con un porcentaje más bajo de personas en lista de espera; prácticamente en Castilla y León no existe lista de espera en dependencia, cuando la lista de espera en España está en el 14 %. [Aplausos].

Pero, claro, ¿qué es el Informe de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, qué es el Informe PISA de la OCDE, cuando hay una queja que podemos lucir en un debate como hoy ante los ciudadanos de Castilla y León?

Ya lo he señalado con ocasión de debates anteriores en esta misma tribuna: por mucho que algunos se empeñen en intentar manipular a la opinión pública, los ciudadanos -lo acaban de demostrar de nuevo en las urnas- tienen la capacidad más que suficiente para discernir lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en la gestión de nuestras responsabilidades, tanto en el Gobierno como en la Oposición. Los castellanos y leoneses, ténganlo claro, saben muy bien lo que está haciendo cada Administración pública en relación con la crisis económica que estamos viviendo, como también lo tuvieron claro en relación con la crisis sanitaria que hemos vivido. Saben muy bien quién está dando la cara, quién se está escondiendo; quién se está intentando aprovechar de la situación que estamos viviendo; quién dice la verdad, quién miente reiterada y constantemente a los ciudadanos; quién está al lado de los ciudadanos para aportarle soluciones y quién está única y exclusivamente preocupado de su mantenimiento en el Palacio de la Moncloa. Eso lo saben ciertamente bien los ciudadanos de este país y también de esta Comunidad Autónoma. [Aplausos].

Pero volvamos al Informe. En total, el número de quejas tramitadas, excluidas las acumuladas a otros expedientes, ascendió a 1.992, un número muy similar al de años anteriores. Como también es similar el número de las quejas que fueron admitidas a trámite y el número de resoluciones dictadas (1.235 resoluciones). De esas 1.235 resoluciones dictadas, 366 estaban dirigidas a la Junta de Castilla y León, un 10 % menos que en el año precedente, y 869 -mucho más del doble que las dirigidas a la Junta de Castilla y León- estaban dirigidas a las Administraciones locales.

Pues bien, de las 366 resoluciones dirigidas a la Junta de Castilla y León, 109 fueron archivadas por inexistencia de irregularidades y 257, 9 menos que en el año dos mil veinte, formulaban recomendaciones a la Junta; de ellas, fueron aceptadas total o parcialmente un 83 %.

Es decir, en resumen, la Administración autonómica, la Junta de Castilla y León no aceptó el año pasado únicamente 34 recomendaciones que le realizó el Procurador del Común. Si 34 recomendaciones dirigidas a la Junta de Castilla y León que no han sido aceptadas es mucho o es poco tendremos que analizarlo en comparación con otras Administraciones. Pues bien, las Administraciones locales, los ayuntamientos de Castilla y León, recibieron 715 recomendaciones; de ellas, no fueron aceptadas 49, y ni siquiera recibieron respuesta 262. Más de 300 resoluciones sin aceptar.

Creo que, por tanto, nos estamos moviendo en unos números que dicen bastante de la atención y respeto que la Junta de Castilla y León le tiene a usted, le tiene a la Institución del Procurador del Común, y que un año más desmontan el tópico de la Oposición en Castilla y León. Ya lo hemos visto, el 85 % de las resoluciones han sido aceptadas, y únicamente 34 no lo fueron.

La Consejería que más quejas ha recibido fue Sanidad, 217; Familia, 167; y Educación, 108. Pues bien, con estas cifras, ya hemos escuchado las lindezas que nos ha dedicado la Oposición en Castilla y León. Una queja sobre educación en la provincia de Soria; y ya han visto ustedes lo que hemos escuchado aquí. Seis quejas en materia de sanidad en la provincia de Palencia; y al escucharles a alguno, pareciera que estuvieran hablando de la sanidad en Extremadura o en la Comunidad Valenciana. Seis quejas sobre familia en Ávila. [Aplausos].

Permítanos, señor Quintana, que en esto también nosotros intentemos ser rigurosos. El análisis de su Informe, a nosotros, al menos, sí nos sirve como herramienta para detectar cuáles son las ineficiencias que tiene nuestra Administración y corregirlas en la medida de lo posible, con el único objetivo de intentar seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos a los castellanos y leoneses. Y así es, y no manipulando su informe, como se da sentido a una institución creada para la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos. Eso es para nosotros, y sinceramente creo que también para usted, señor Quintana, la utilidad que tiene la Institución del Procurador del Común.

Evidentemente, con más tiempo podríamos entrar más pormenorizadamente en el análisis cualitativo de su informe en las áreas que más quejas han recibido. Al respecto, únicamente, permítame que le diga alguna cuestión, antes de terminar, en relación con lo que hemos escuchado aquí. Se han recibido en materia de Atención Primaria, en sanidad, 11 quejas -han escuchado ustedes a la Oposición-, 11 quejas, para una Atención Primaria que atiende diariamente 5.000 urgencias, 40.000 consultas médicas o 22.000 consultas de enfermería. 11 han sido las quejas.

Han... han oído usted las quejas en el ámbito del área de Familia. ¿Saben ustedes cuántas quejas se han presentado en relación con la atención de los servicios a la dependencia? 7 quejas. Eso es lo sucedido también en este ámbito.

Y, por último, en el ámbito educativo, ¿saben cuántas quejas se han presentado en el ámbito de la educación no universitaria, que les recuerdo tiene 350.000 alumnos y 34.000 profesores? 34 quejas.

En definitiva, cifras que creo que resumen a las claras la situación de esta Comunidad Autónoma, que ni... en absoluto sirven para maquillar las carencias que tiene la prestación de los servicios públicos, pero que, desde luego, dejan muy a las claras que no cabe la manipulación de las cifras en aras a intentar mantener el discurso radical y oscurantista que practica la Oposición en Castilla y León.

Concluyo, presidente, este análisis, necesariamente poco profundo, del amplio informe que nos ha sido presentado. Le repito, unos datos que reflejan la realidad de una Comunidad Autónoma que creo puede sentirse moderadamente satisfecha después de 39 años de gestión de servicios públicos líderes en España.

Le reitero el agradecimiento por su trabajo al frente de la Institución. Y esperemos seguir contando con usted en el futuro y sobre todo con su excelente trabajo. Nada más. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor De la Hoz Quintano. Para un turno de contestación, tiene la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León, señor Quintana López.


EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Bueno, de nuevo comparezco ante ustedes, ante este nuevo turno que me permite la Presidencia utilizar, sobre todo para manifestar que he escuchado con toda la... el interés que merecen las intervenciones de los portavoces, y no solamente interés, sino con el mayor respeto hacia las manifestaciones que se han ido vertiendo desde distintos puntos de vista por parte de quienes han hecho uso de su palabra.

Sin duda ninguna, sus intervenciones, con independencia de los distintos puntos de vista que han expuesto, para mí suponen un estímulo importante, muy importante, para seguir trabajando; lo he dicho en anteriores ocasiones en que he tenido la oportunidad de comparecer ante sus señorías y lo digo hoy. Esas... sus opiniones, sus manifestaciones, sus puntos de vista acerca de todas las cuestiones que se han tratado a lo largo de las distintas intervenciones nos suponen, a mí me suponen, como digo, un... un gran estímulo para seguir trabajando y también para el resto de personas que trabajan en la Institución, en la idea de que con ello vamos a seguir contribuyendo con la misma ilusión, con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación que desde el primer día en que tomé posesión del cargo del Procurador del Común en defensa de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León.

Más allá de esa indicación que les acabo de hacer y frente a la posibilidad que me brinda esta oportunidad que me da el presidente de intervenir en esta suerte de réplica ante sus intervenciones, de improvisar algunas consideraciones, observaciones, reflexiones, acerca de lo que he escuchado, me permitan que vuelva sobre las mismas una vez que sean objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente para así poder reflexionar con mayor profundidad y poder tomar decisiones en el ámbito de las competencias de las funciones que ejerce el Procurador del Común para, en su caso, promover las correspondientes actuaciones de oficio y mejorar con ello, en definitiva, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León, que, en definitiva, es la forma de vida de nuestros conciudadanos.

De manera que me van a permitir finalizar esta brevísima intervención reiterando mi agradecimiento por el reconocimiento que he escuchado hacia el trabajo que realizamos en la Institución por parte de quienes han intervenido en sus correspondientes turnos y se... manifestar mi compromiso hasta el último día en que ejerza el cargo de Procurador del Común con los ciudadanos de Castilla y León y también con quienes les representan y tuvieron en su momento a bien proponerme para ejercer el mismo. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Quintana López. Señorías, al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos].


DS(P) nº 4/11 del 11/5/2022

CVE="DSPLN-11-000004"





Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pleno
DS(P) nº 4/11 del 11/5/2022
CVE: DSPLN-11-000004

DS(P) nº 4/11 del 11/5/2022. Pleno
Sesión Celebrada el día 11 de mayo de 2022, en Valladolid
Bajo la Presidencia de: Carlos Pollán Fernández
Pags. 131-179

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2021, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, núm. 12, de 6 de mayo de 2022.

SUMARIO:

 ** Se inicia la sesión a las once horas cinco minutos.

 ** El presidente, Sr. Pollán Fernández, abre la sesión.

 ** Primer punto del orden del día. PC/000001.

 ** El secretario, Sr. Moreno Castrillo, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Quintana López, Procurador del Común de Castilla y León, para presentar su informe.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Pascual Muñoz (Grupo Mixto).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Igea Arisqueta (Grupo Mixto).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Fernández Santos (Grupo Mixto).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Ceña Tutor (Grupo UPL-SORIA ¡YA!).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Santos Reyero (Grupo UPL-SORIA ¡YA!).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Menéndez Blanco (Grupo VOX Castilla y León).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Tudanca Fernández (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. De la Hoz Quintano (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Quintana López, Procurador del Común de Castilla y León, para contestar a los grupos parlamentarios.

 ** El presidente, Sr. Pollán Fernández, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos.

TEXTO:

[Se inicia la sesión a las once horas cinco minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Por el secretario se procederá a dar lectura del primer y único punto del orden del día.

Informe 2021


EL SECRETARIO (SEÑOR MORENO CASTRILLO):

Primer y único punto del orden del día: Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2021, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 12, de seis de mayo de dos mil veintidós.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación del Informe tiene la palabra -le doy la bienvenida- el señor Procurador del Común de Castilla y León, el señor Quintana López.


EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Muchas gracias, señor presidente. Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de las Cortes y miembros de la Mesa, vicepresidente de la Junta, consejeras, consejeros, portavoces, procuradoras, procuradores, compañeros presidentes de las Instituciones Propias de Castilla y León, el resto de autoridades aquí presentes, señoras y señores, mis primeras palabras quiero que sean para expresar mi consternación y solidaridad con el pueblo ucraniano, por lo que está sufriendo a causa de los horrores provocados por la invasión de su territorio por Rusia.

En lo que ahora nos convoca, aunque me hubiera gustado comenzar esta intervención ante sus señorías celebrando la total superación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 a lo largo de dos mil veintiuno, lo cierto es que, ajustándome a la realidad, lamentablemente he de iniciarla reconociendo, por segundo año, que la pandemia, con sus múltiples efectos, ha seguido marcando en parte el desarrollo de nuestras vidas, en alguna medida también el desarrollo del trabajo que realizamos en el Procurador del Común. Aunque bien es cierto, los efectos que hemos sufrido en dos mil veintiuno han sido mucho menos traumáticos que los soportados en el año precedente, merced, fundamentalmente, a la masiva vacunación de la mayor parte... de la mayor parte de la población, que hemos venido recibiendo desde finales del año dos mil veinte.

En efecto, la vacunación ha contribuido de forma determinante, junto con el mayor conocimiento de la enfermedad, derivado de la experiencia adquirida durante los largos meses de lucha contra la misma, a la progresiva normalización -nunca total- de nuestras vidas, de manera que con referencia al año dos mil veintiuno, habiendo comenzado con las severas restricciones impuestas al ejercicio de derechos en razón del masivo contagio que sufrimos, coincidiendo con el inicio del proceso de vacunación, pronto pudimos constatar, sin embargo, sus efectos benéficos en la lucha contra la pandemia, lo que iba permitiendo que, aunque manteniendo muchas prevenciones y soportando posteriores olas de contagios, pudiéramos ir recomponiendo poco a poco nuestros hábitos de vida a lo largo del pasado año.

Esa progresiva recuperación de la normalidad ha sido también la tónica del desarrollo del trabajo en el Procurador del Común, de manera que el uno de marzo de dos mil veintiuno recobramos el trabajo presencial de forma casi general en la Institución, dado que desde el mes de junio del año anterior la mayor parte del personal venía realizando alternativamente el trabajo en la oficina o en el domicilio.

Hubo que esperar, sin embargo, al uno de septiembre del año dos mil veintiuno para que la plantilla recuperara en su totalidad la presencialidad, situación en la que nos encontramos desde entonces.

En definitiva, hemos tratado de conseguir en cada momento el mayor equilibrio entre, por una parte, el cumplimiento de nuestro deber -que no es otro que la defensa de los derechos de los ciudadanos sin ninguna limitación- y, por otra, dotar de la máxima protección tanto al personal que presta sus servicios en la Institución como a las personas que acceden a la oficina para presentar sus quejas; para lo cual hemos ido adoptando, según las circunstancias, y siempre en relación con la entidad de prevención de riesgos, las medidas precautorias que dentro de las previsiones legales se han considerado más adecuadas, lo que permite apreciar, con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, la progresiva normalización de la prestación del servicio a lo largo del año dos mil veintiuno.

Una prueba de esta tendente normalización es que después de la interrupción por más de un año de las visitas periódicas a las capitales de las provincias y otros grandes municipios de la Comunidad para recibir las quejas que los ciudadanos nos presentan, en octubre de dos mil veintiuno reiniciamos esas visitas con la periodicidad con que lo veníamos haciendo antes de la declaración del primer estado de alarma, ello sin perjuicio de que en la actualidad sigamos manteniendo operativos todos los canales de comunicación no presenciales que abrimos en el momento en que fue decretado el primer estado de alarma, y con él el confinamiento de la población en marzo de dos mil veinte, en la medida en que esos canales se han revelado muy útiles para la presentación de quejas y, más aún, para mantener la comunicación con la ciudadanía... de la ciudadanía con la Institución.

Pero la normalización del trabajo del Procurador del Común también se ha ido manifestando a través del tipo de quejas que hemos recibido a lo largo del año dos mil veintiuno, en la medida en que, progresivamente, conforme avanzaba el año, en términos generales, se iban recibiendo menos quejas relacionadas con la crisis sanitaria y sus efectos, lo que, consecuentemente, iba acompañado de un menor número de actuaciones de oficio -es decir, promovidas por la propia Institución- vinculadas a la pandemia provocada por el coronavirus. Así lo ponen de manifiesto los números y la simple comparación de estos con referencia a las dos anualidades en que hemos sufrido el azote de la pandemia.

De manera que mientras que en dos mil veinte más del 28 % del total de las quejas recibidas tenían relación directa o indirecta con la COVID-19, y más del 43 % de las actuaciones de oficio estaban vinculadas con la crisis sanitaria, en contraste con ello, en el año dos mil veintiuno, poco más del 10 % del total de las quejas presentadas ante la Institución han estado relacionadas con la pandemia, mientras que solo el 18 % de las actuaciones de oficio promovidas en ese ejercicio han traído su causa en el coronavirus y sus efectos.

Por esta... por esta razón, a diferencia del Informe presentado sobre el año dos mil veinte, en que consideramos oportuno incorporar un apartado específico, a modo de adenda, para reflejar la actuación de la Institución en relación con los asuntos relacionados directa o indirectamente con la pandemia, que en el año... que en ese año sufrimos de forma especialmente intensa, en el Informe referente al año dos mil veintiuno hemos entendido que no era necesario redactar un apartado con esa finalidad; sin perjuicio de lo cual, a lo largo del mismo -al igual que haré en la presente exposición- hemos realizado las acotaciones necesarias para dar cumplida información sobre la actuación de la Institución en relación con la crisis sanitaria y sus consecuencias, a partir de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio promovidas.

Realizadas las anteriores consideraciones previas, conforme exige el Artículo 31 de la Ley 2/1994, de nueve marzo, reguladora de la Institución, procede ahora exponer el balance general de la actividad que hemos desarrollado durante el pasado año dos mil veintiuno, dando cuenta de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio que hemos promovido, con indicación de los expedientes que a fecha de cierre del presente Informe -es decir, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno- ya han sido resueltos, bien mediante cierres motivados sin haber apreciado irregularidad en la actuación sometida a control o bien mediante resoluciones dirigidas a las Administraciones; en este último caso, expresando el resultado obtenido en términos de aceptación o rechazo a nuestras resoluciones por parte de las Administraciones públicas concernidas.

Antes de dar cuenta de los números y porcentajes, conviene poner de manifiesto que para el cómputo estadístico de las quejas presentadas por los ciudadanos ante el Procurador del Común durante el año dos mil veintiuno, hemos distinguido por vez primera entre quejas y expedientes a que han dado lugar las quejas recibidas, con la voluntad de reflejar de la forma más fidedigna posible el trabajo realizado por la Institución durante la anualidad a la que se refiere el presente Informe.

Así, la mencionada distinción entre quejas recibidas y expedientes a que ha dado lugar... a que han dado lugar dichas quejas viene determinada por el gran volumen de quejas que se han presentado en catorce asuntos diferentes, que han dado lugar a otras tantas -según nuestra denominación- quejas múltiples. Es decir, catorce quejas múltiples sobre otros tantos temas, que han sido presentadas por decenas, centenares e incluso miles de ciudadanos; lo que ha determinado que haya habido que tramitar tantos expedientes como ciudadanos han presentado sus quejas, incluidas aquellas referidas a cada una... a cada uno de los asuntos que dieron lugar a esas catorce quejas múltiples. De ahí que contabilicemos, a efectos estadísticos, 2.030 quejas, en las que se incluyen 14 quejas múltiples, a las que hay que añadir el inicio y tramitación de 44 actuaciones de oficio; lo que ha determinado la apertura y tramitación de un total de 38.345 expedientes.

Derivadas tanto de los expedientes de queja como de las actuaciones de oficio, dictamos un total de 1.235 resoluciones durante dos mil veintiuno. De ellas, en 263 motivamos el archivo de las... de los correspondientes expedientes por ausencia de irregularidad en la actuación administrativa, y en 972 resoluciones formulamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias dirigidas a las Administraciones afectadas.

A fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintidós se habían recibido contestación a 738 resoluciones, el 75,93 % de las 972 emitidas, habiendo sido aceptadas nuestras recomendaciones, recordatorios o sugerencias en 636 ocasiones, es decir, el 86,18 %. 523 de ellas en su totalidad, es decir, el 70,87 %, y 113 parcialmente, es decir, el 15,31 %. En cambio, no fueron aceptadas 102 resoluciones, que representan, porcentualmente, el 13,82 %.

En concreto -ahora con referencia a las quejas recibidas de los ciudadanos-, emitimos 1.100... 1.005 resoluciones; de las cuales 784 consistieron en recomendaciones, sugerencias o recordatorios dirigidos a las correspondientes Administraciones o entidades públicas, sobre las que estas -las Administraciones- han manifestado o han de manifestar -al estar todavía en plazo para ello- la aceptación o el rechazo de nuestro dictamen. Ya lo han hecho en 613 ocasiones, es decir, el 78,19 %, encontrándose 98 resoluciones todavía pendientes de contestación a fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno; es decir, el 12,50 %.

Se archivaron sin respuesta, en cambio, una vez finalizado el plazo correspondiente para responder a nuestras resoluciones, 71 expedientes, el 9,06 %; lo que, como fácilmente comprenderán, supone no solamente una falta de consideración todas estas faltas de atención a nuestras resoluciones por parte de las Administraciones concernidas, una falta de consideración -digo- al trabajo que realiza la Institución, sino -lo que es peor y sobre todo- una inadmisible indiferencia hacia el ciudadano que espera respuestas de la Administración concernida por nuestras resoluciones.

Todo ello ha supuesto, en lo referente a las resoluciones emitidas para resolver expedientes iniciados por quejas ciudadanas, la aceptación del 84,01 % de las mismas, habiéndolo sido en su integridad el 67,21 % de las 613 resoluciones formuladas que han recibido contestación, la aceptación parcial ha sido de un 16,80 % y, finalmente, el rechazo, del 15,99 % de las mismas.

Por otra parte, también dictamos 221 resoluciones motivadas sin haber apreciado ninguna irregularidad en la actuación de la Administración o entidad pública correspondiente. Por lo que en estos casos, consecuentemente, no dirigimos ningún tipo de recomendación.

Con referencia ahora a las actuaciones de oficio, a lo largo de dos mil veintiuno -como he dicho- promovimos 44 y dictamos un total de 230 resoluciones dirigidas a las correspondientes Administraciones o entidades públicas. Mediante 188 resoluciones, formulamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a dichas Administraciones o entidades. Y a fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno hemos recibido 111 comunicaciones aceptando totalmente la resolución dictada, 10 de aceptación parcial sobre el contenido de las mismas y, finalmente, 4 de rechazo. Lo que ha supuesto la aceptación del 96,80 %, siéndolo en su integridad el 88,80 % de las 125 resoluciones que han recibido contestación; de aceptación parcial han sido un 8 %; y, por último, de rechazo, un 3,20 %.

En 59 supuestos, a esa misma fecha aún no habíamos recibido contestación, si bien la Administración o entidad pública destinataria se encontraba aún en plazo para hacernos llegar su respuesta. Y, lamentablemente, también en relación con las resoluciones dictadas a partir de actuaciones de oficio, tuvimos que archivar 4 expedientes sin conocer la postura de la Administración ante nuestra resolución, lo que, en el caso de las actuaciones de oficio -al igual que he señalado en relación con las... expedientes promovidos a partir de quejas ciudadanas, nos merece, en este caso, el mismo juicio crítico que ya hemos expresado anteriormente, con referencia, como he dicho, a la falta de respuesta ante nuestras resoluciones dictadas a partir de las quejas presentadas por la ciudadanía. Se han dictado, asimismo, 42 resoluciones motivadas de archivo de actuaciones de oficio por inexistencia de irregularidad en la actuación de la Administración pública.

Considerando el criterio, a efectos estadísticos, antes expuesto, atendiendo a las áreas temáticas conforme a las que realizamos nuestra actividad, damos cuenta a continuación del número de quejas recibidas, de mayor a menor, en cada área, aportando, además, información sobre las quejas múltiples recibidas también en cada una de las áreas, así como el número de las... de personas que las han presentado.

Así, en el área de Administración local hemos recibido 483 quejas. Una de ellas presentada como queja múltiple frente al Ayuntamiento de Guardo, en Palencia, que tenía por objeto el uso de un local municipal por un club deportivo, y que fue suscrita por 60 personas.

En el área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud recibimos 251 quejas.

En el área de Fomento, 222. Como queja múltiple, contabilizamos la presentada por 889 personas de una localidad de Zamora, Litos, y de su entorno, sobre el funcionamiento del servicio de transporte interurbano de viajeros.

En el área de Empleo Público recibimos 195 quejas. Y como quejas múltiples, debemos hacer mención a la referida al Acuerdo de la Junta de Castilla y León 32/2020, de dos de julio, que excluye del ámbito de aplicación al personal que presta servicios en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, y que fue presentada por 990 personas; también como queja múltiple, a la suscrita por 88 ciudadanos a propósito de la incidencia de la crisis sanitaria sobre contratos predoctorales y su prórroga por parte de las universidades públicas de Castilla y León. Asimismo, también fue presentada otra queja múltiple por 79 personas frente a la falta de resolución del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Y, finalmente, también a la constituida por 218 reclamaciones sobre la decisión de la Consejería de Educación de convocar el procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas en el primer trimestre del curso dos mil veintiuno-dos mil veintidós.

En el área de Sanidad y Consumo recibimos 191 quejas. Y como quejas múltiples hay que anotar la relativa al funcionamiento del servicio de oncología del Hospital del Bierzo, en Ponferrada, suscrita por 31.408 personas. Otra, sobre el funcionamiento del centro de salud de Tábara, presentada por 889 ciudadanos. Una tercera, sobre la atención a pacientes con trastornos del comportamiento alimentario, suscrita por 129 personas. Y, finalmente, una cuarta, sobre la falta de apertura del consultorio local de Valles de Palenzuela, en Burgos, que fue presentada por 29 ciudadanos.

En el área de Medio Ambiente recibimos 181 quejas.

En el área de Interior y Movimientos Migratorios, 114 quejas.

En el área de Hacienda, también 114 quejas.

En el área de Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones, 93.

En el área de Educación, 79. Y en ellas contabilizamos las siguientes quejas múltiples: sobre la afectación de la actividad de las academias y centros privados de enseñanza no reglada a causa de la COVID-19, que fue remitida por 805 ciudadanos; una segunda, sobre el mantenimiento del ciclo de Educación Primaria en Hontanares de Eresma, en Segovia, que fue presentada por 389 personas; otra, sobre la disconformidad con el cambio de gestión de un centro de Educación Infantil en la ciudad de Soria, presentada por 131 ciudadanos; y una cuarta, y última en esta materia, pidiendo un protocolo de prevención de trastornos del comportamiento alimentario en el ámbito educativo, que fue presentada por 129 personas.

En el área de Justicia recibimos 42 quejas.

En el área de Cultura, Turismo y Deportes, 38.

En el área Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 29.

Y considerando ahora la procedencia geográfica de los ciudadanos que han presentado las quejas, o bien de sus representantes, la provincia de León nuevamente se ha situado en primer lugar, con 418 quejas, que representan el 20,59 % del total; seguidamente, fueron los ciudadanos de las provincias de Burgos, que presentaron 305 quejas, representativas del 15,02 %; de Valladolid, 293, quejas, el 14,43 %; de Palencia, 167 quejas, el 8,23 %; de Salamanca, 149 quejas, el 7,34 %; de Ávila, 118 quejas, que representan el 5,81 %; de Segovia, 116 quejas, el 5,71 %; Zamora, 107 quejas, el 7,27... 5,27 %; y Soria, finalmente, los ciudadanos de Soria presentaron 66 quejas, el 3,25 %.

También recibimos 137 quejas, representativas del 6,75 %, que fueron presentadas por ciudadanos de otras provincias. 6 quejas fueron presentadas por ciudadanos de varias provincias, entre las que se encontraban también alguna de Castilla y León. 4 quejas procedían del extranjero. Y 144 quejas, el 7,09 %, fueron remitidas por ciudadanos que no hacían constar su procedencia; un dato cuya manifestación no es imprescindible para la tramitación y resolución de las quejas.

Con referencia a los tipos de Administraciones concernidas por las quejas, la distribución fue la siguiente:

En relación con la Administración autonómica, hemos recibido 733 quejas; es decir, el 36,11 %.

De las actuaciones de las Administraciones locales, nos llegaron 1.084 quejas, representativas del 53,40 %. De ellas: 952 afectaron a ayuntamientos, el 87,82 %; 76 a entidades locales menores, el 7,01 %; 48 a diputaciones provinciales, el 4,43 %; 7 a mancomunidades, el 0,65 %; y una queja fue presentada contra la actuación de un ente del sector público local.

De la actuación de la Administración del Estado recibimos 167 quejas, representativas del 8,23 % del total, y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo después de comprobar que reunían los requisitos legalmente previstos, dado que el Procurador del Común, como es conocido, no es competente para tramitar y resolver quejas presentadas frente a la Administración del Estado.

Como en comparecencias anteriores efectuadas con motivo de la presentación del informe anual relativo a la actividad desarrollada por el Procurador del Común, una vez expuesto el balance general de lo realizado por la Institución durante el año al que se refiere el presente informe, intentaré realizar una síntesis de la actividad que hemos llevado a cabo a lo largo del pasado ejercicio, considerando las distintas áreas en las que dividimos nuestro trabajo atendiendo a lo realizado a partir de las quejas que nos han sido presentadas por los ciudadanos, pero también a las actuaciones de oficio que hemos promovido por la propia Institución.

Comenzando con el empleo público, en dicha área recibimos 195 quejas, contabilizadas conforme al criterio utilizado para el cómputo de las quejas múltiples al que me he referido, de manera que 4 de ellas, como he dicho, fueron presentadas por un considerable número de personas. Y, a partir de las quejas recibidas, hemos formulado 84 resoluciones.

En relación con el empleo público, en general, considerando las Administraciones públicas a las que nos hemos dirigido, hemos formulado las siguientes resoluciones. A la Administración autonómica dirigimos 7.

Cuatro de ellas a la Consejería de Presidencia, sobre el Decreto 21/2018, de veintiséis de julio, por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal en la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos, resoluciones en las que instamos a la Consejería a valorar tanto la modificación del Artículo 8 sobre méritos baremables como a suprimir, atendiendo al principio de mérito y capacidad, el criterio del desempate basado en el azar que contempla el Artículo 11, apartado 1. Dichas resoluciones fueron aceptadas.

También a la Consejería de Presidencia dirigimos una resolución en la que manifestábamos que, de conformidad con recientes sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, se debían motivar los nombramientos de libre designación. Dicha resolución también fue aceptada.

Finalmente, se formularon dos resoluciones a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, relacionadas ambas con la crisis sanitaria, que no fueron aceptadas. En la primera, se instó a la Gerencia de Servicios Sociales a extender la aplicación del Acuerdo 32/2020, de dos de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19 en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al personal que presta sus servicios en los centros dependientes de dicha Gerencia. En la segunda, se recomendó equiparar a efectos de gratificaciones al personal de las residencias juveniles que permanecieron abiertas a disposición de los profesionales sanitarios y otros colectivos como consecuencia de la crisis sanitaria, con el personal de los centros de personas mayores, personas con discapacidad y menores.

También hemos dirigido varias resoluciones a diferentes entes locales, en algunas de ellas partiendo del Artículo 70, apartado 1, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual se establece que la ejecución de la oferta de empleo deberá desarrollarse dentro del plazo de tres años. Y a partir de ahí lo hemos recomendado, que se agilice la convocatoria y el desarrollo de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo dentro del plazo de tres años desde la publicación de las mismas.

Finalmente, en tres resoluciones hemos puesto de manifiesto que, de conformidad con el Artículo 60, apartado 2, del Estatuto Básico del Empleado Público, no pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política. En dichas resoluciones hemos añadido que, atendiendo a la doctrina del Consejo Consultivo de Castilla y León, el incumplimiento de este precepto legal tiene encaje en la categoría de nulidad de pleno derecho, lo que supondría, en definitiva, la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal.

Con incidencia en particular en el empleo público docente, formulamos una resolución a la Consejería de Educación en la que instábamos a reconsiderar la decisión de convocar el procedimiento para el ingreso en los cuerpos... en el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en el primer trimestre del curso dos mil veintiuno-dos mil veintidós, a la vista de que el Congreso de los Diputados, en su sesión de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, había acordado la convalidación y la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 14/2021, de seis de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Es cierto que la Consejería, en la contestación a nuestra sugerencia, nos trasladó que no se advertían motivos para modificar la planificación educativa en cuanto a la convocatoria. Sin embargo, no nos consta que, a fecha de hoy, se haya efectuado dicha convocatoria.

En lo correspondiente al empleo público sanitario, dictamos tres resoluciones a la Consejería de Sanidad, todas ellas aceptadas, en el marco de tres expedientes iniciados a partir de las correspondientes quejas, cuyos promotores manifestaban su disconformidad con la falta de resolución de los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de las categorías, respectivamente, de auxiliar administrativo, celador y técnico de cuidados auxiliares de enfermería. En dichas resoluciones instamos a la Consejería de Sanidad a agilizar la tramitación de los mismos.

En relación con las bolsas de empleo, mediante resolución, indicamos también a la Consejería de Sanidad que, si bien es cierto que en determinadas circunstancias, y al margen del orden de prelación en las listas de los aspirantes, la contratación debe recaer en personas... en las personas más indicadas, en función de los conocimientos de que estas dispongan y acrediten. Dicha posibilidad debería contemplarse expresamente en las normas reguladoras de selección del personal estatutario temporal de la Gerencia de Salud. Esta fue nuestra recomendación, que la Consejería aceptó.

Contrariamente, no fue aceptada nuestra resolución en la que, en relación con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, que está previsto en el Artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, recomendamos a dicha Consejería que reconsideran la desestimación que había efectuado de una solicitud de reducción de jornada del 99 %, recomendación que apoyábamos en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de tres de junio de dos mil veinte.

Las reclamaciones sobre materias relacionadas con el régimen jurídico de las entidades locales dieron lugar a la apertura de 264 expediente, dictamos 115 resoluciones, habiendo mejorado la disposición de las entidades locales supervisadas a seguir nuestras indicaciones, si lo comparamos con las cifras del año anterior.

A raíz de una queja presentada cuyo autor ponía de manifiesto la falta de asistencia a los municipios de la provincia de León de menos de cinco mil habitantes por parte de la Diputación Provincial, consideramos esencial que han de... el papel que han de cumplir las instituciones provinciales en relación con los pequeños municipios de cada provincia, e iniciamos una actuación de oficio dirigida al resto de diputaciones de la Comunidad para conocer cómo estaban cumpliendo sus funciones.

Y, a la vista de la información recabada, emitimos las resoluciones correspondientes, en las que, según los casos, se instó a las nueve diputaciones provinciales a valorar, entre otras actuaciones posibles, la prestación de... de las actuaciones incluidas en los planes provincial... la contratación de las actuaciones incluidas en los planes provinciales promovidos por las propias diputaciones, salvo en lo... en los casos en los que los ayuntamientos soliciten la delegación.

También promovimos la idea de que fuera prestado por las propias diputaciones el servicio de contratación centralizada, así como también indicamos la necesidad, la conveniencia, de la formación de un modelo de convenio para la tramitación de los expedientes de ruina y órdenes de ejecución en materia urbanística; así como de un protocolo para la prestación del servicio de tesorería. Nuestras resoluciones fueron en todos los casos aceptadas por las diputaciones provinciales.

Entre los temas que también hemos abordado a partir de quejas recibidas se encuentran la implantación de medidas especiales que permitan la continuación de la actividad de las corporaciones locales en forma distinta a la presencial, para combatir la propagación de la COVID-19, utilizando para ello los canales electrónicos; en particular, permitiendo que, en situaciones excepcionales, los órganos de gobierno local puedan constituirse y adoptar acuerdos de forma telemática. Pues bien, mediante nuestras resoluciones hemos recordado que la celebración telemática tenía cabida en situaciones excepcionales, como las que estamos viviendo en estos momentos, siempre que se tratase de evitar riesgos para la salud, como el derivado de la propagación de la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2.

En materia de bienes y servicios de las entidades locales, se han presentado 220 quejas individuales, habiendo formulado un total de 126 resoluciones a las correspondientes Administraciones. Además, hemos promovido en esta materia 14 actuaciones de oficio, que han concluido con la formulación de 146 resoluciones, dirigidas a otros tantos ayuntamientos de la Comunidad.

Así, con referencia a las actuaciones de oficio, hemos iniciado y concluido una relacionada con la situación del arreglado urbano en nuestras ciudades, mediante la que hemos dirigido resoluciones a los 23 ayuntamientos de la Comunidad que superan los 20.000 habitantes, con objeto de conocer los planes de gestión que al respecto vienen aplicando; y también proporcionar pautas de actuación que permitan mejorar la supervivencia y desarrollo del arbolado, para que siga cumpliendo sus importantes funciones en el medio urbano. Nuestra resolución fue aceptada, en algunos casos parcialmente, por todo lo... los municipios a los que nos dirigimos.

En una línea similar a la que seguimos en la anterior actuación, iniciamos otro expediente de oficio, movidos por el interés en que los 60 municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad conserven los caminos periurbanos de titularidad municipal, al considerar que el mantenimiento y buen estado de estas infraestructuras viarias resulta de interés para garantizar no solamente la libertad de circulación, sino el libre acceso y disfrute a las zonas verdes y de naturaleza de los entornos urbanos; y la utilización por los vecinos entendemos que resulta muy saludable. La resolución que he formulado, que formulamos, fue aceptada por todos los municipios a los que no... que hasta el momento nos han contestado.

Y, por último, me referiré a otra actuación de oficio en la que hemos tratado de la ocupación de los espacios públicos por las terrazas de hostelería y la utilización de elementos calefactores en ellas, cuya proliferación nos preocupaba por la incidencia que podía tener en los derechos de la ciudadanía, especialmente el derecho... en el derecho al uso común y general de los espacios de dominio público, también en el derecho a la movilidad y la vida privada de la ciudadanía en un ambiente adecuado y seguro. Actuación que dio lugar a la emisión de 60 resoluciones que dirigimos a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, en las que manifestábamos las medidas que, a nuestro juicio, debían adoptarse para compatibilizar el ejercicio de esos derechos con el disfrute de las prestaciones que ofrecen las empresas del sector de la hostelería y el mantenimiento de esta... de este importante motor de la actividad económica. También en este caso las resoluciones que formulamos fueron aceptadas por todos los municipios que ya nos han contestado.

En lo referente a las quejas recibidas y las correspondientes resoluciones emitidas podemos decir que abundan los asuntos similares a los tramitados en... en expedientes de años anteriores, los cuales, aunque sea brevemente, merecen ser recordados, al poner de manifiesto las debilidades que presentan, sobre todo las más pequeñas entidades locales de nuestra Comunidad para ejercer lo que constituyen sus competencias.

Por ello, recordaré las numerosas quejas individuales en las que se denunciaba, por ejemplo, la prestación de los más básicos servicios públicos por los correspondientes municipios. Así: 16 quejas debido a la falta de funcionamiento adecuado del alumbrado público; 23, por la deficiente prestación del servicio de recogida de residuos urbanos; 17 quejas en las que se denunciaban carencias en la pavimentación; o, en fin, también 29 en las que se ponían de manifiesto irregularidades en cuanto al abastecimiento de agua potable. Quejas, todas y cada una de ellas, que deben ser consideradas, más allá de las situaciones particulares denunciadas, como llamadas de atención de las personas que residen en el medio rural ante el declive de la vida ciudadana que representa la insuficiente prestación de los servicios básicos municipales; factor que también incide -como es evidente- en el proceso de despoblación de nuestros pueblos.

En dos mil veintiuno, en el área de Fomento se presentaron 222 quejas, y hemos emitido 124 resoluciones. En concreto, en el ámbito del urbanismo hemos recibido 156 reclamaciones, y hemos dictado 105 resoluciones. No han variado, sin embargo, los temas predominantes en materia urbanística sobre los que han versado las quejas recibidas en relación con años anteriores, al seguir haciendo referencia, en muchos casos, al deficiente estado de conservación de fincas e inmuebles abandonados o incluso en estado de ruinas en diferentes municipios de la Comunidad, generalmente en pequeñas localidades; aunque no faltan reclamaciones sobre esos mismos asuntos en poblaciones menores.

En todo caso, en la mayor parte de nuestras resoluciones hemos recordado a los correspondientes municipios que deben iniciar y tramitar los expedientes cuya culminación permita que los inmuebles alcancen un adecuado estado de conservación o sean, en su caso, previa declaración de ruina, rehabilitados o demolidos.

Otros asuntos que, como en ejercicios anteriores, nos han ocupado han tenido que ver con la protección de la legalidad urbanística, al constatar, a partir de las quejas recibidas, la existencia de obras en curso de ejecución o finalizadas sin contar con el debido título habilitante para ello o no amparadas en las condiciones otorgadas en el mismo. Supuestos en los que hemos instado a las corporaciones locales afectadas a incoar y resolver los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores, o recordando también a las entidades locales que deben ejercer la inspección urbanística, en su caso, previa autorización judicial, conforme prevé la normativa procesal contencioso-administrativa.

Tuvimos conocimiento, a través de 18 quejas recibidas en dos mil veintiuna... veintiuno, de otras tantas circunstancias relacionadas con la satisfacción del constitucional derecho a una vivienda digna y adecuada.

En cuanto a las cuestiones suscitadas, en 14 expedientes se reflejaron diversos problemas relacionados con el acceso a la vivienda de titularidad pública. En algunas ocasiones, las dificultades afectaban a ciudadanos de colectivos vulnerables que pretendían disponer de una vivienda pública en régimen de alquiler social. Sobre el particular, en nuestras resoluciones seguimos insistiendo en la necesidad de que las Administraciones públicas se impliquen en la constitución y gestión de un parque público de viviendas en la Comunidad que permita superar el déficit existente, con el objetivo de garantizar eficazmente ese derecho, sobre todo en situaciones de especial necesidad.

Las quejas relacionadas con las subvenciones dirigidas a financiar la adquisición, alquiler o rehabilitación de viviendas han experimentado una merma considerable en el último año, habiendo pasado de 12 en dos mil veinte a 3 en dos mil veintiuno. Disminución que es posible que se deba a la articulación por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de una serie de medidas extraordinarias en materia de vivienda ante la especial situación creada por la COVID-19, en particular las subvenciones al alquiler para viviendas vulnerables y afectadas por la irrupción de la crisis; lo cual entendemos que debe ser objeto de consideración y análisis para deducir de ello su eventual mantenimiento posterior, al margen de la crisis sanitaria vivida.

Sobre el funcionamiento de los servicios públicos de transporte hemos recibido 13 quejas. Y, precisamente en relación con esta materia, voy a hacer referencia a una queja múltiple presentada por 889 personas, que denunciaban las deficiencias de las condiciones de comunicación que tiene la localidad de Litos, en el municipio de Tábara, al que deben desplazarse los vecinos de aquel pueblo para acudir a su centro de salud, en algunos casos de forma periódica por razones sanitarias.

El expediente finalizó con una resolución que dirigimos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que pedimos que se estableciera o reorganizara el sistema de transporte a la demanda, de forma que, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, permitiera a los residentes de Litos y otras localidades de su entorno acceder al centro de salud de Tábara en mejores condiciones que las denunciadas. Resolución esta que fue también aceptada.

Las quejas presentadas en materia de comunicaciones y sociedad del conocimiento -es decir, telefonía, internet y televisión- fueron 23. Como en años anteriores, hemos destacado que la brecha digital, entendida como las dificultades existentes para que algunos grupos sociales puedan acceder y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, tiene especial relevancia en Castilla y León dada la dispersión de parte de la población y las dificultades orográficas que afectan a muchos núcleos rurales.

Por ello, en nuestras resoluciones hemos insistido, una vez más, en que la ausencia o la insuficiente calidad en el acceso a los servicios de internet y telefonía móvil, incluida también la señal de televisión, por parte de muchas personas que residen en el medio rural atenta contra el principio de igualdad, suponiendo un obstáculo, a veces insuperable, para el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales, el acceso a los bienes y servicios que ofrece la sociedad de la comunicación, el inicio y desarrollo de actividades económicas, e incluso el cumplimiento de deberes legales con las Administraciones públicas en los términos previstos tal como impone la Ley 39/2015, de uno de octubre. Y así un largo etcétera. Situaciones que merman los efectos, entendemos, de cualquier política mediante la que se pretenda luchar contra la despoblación.

Un año igual... un año más, al igual que en dos mil veinte, en el último ejercicio, las quejas recibidas en materia ambiental, que han sido en este año 174, ha disminuido en relación con años anteriores, lo que consideramos que se explica por las restricciones acordadas por las Administraciones competentes durante la vigencia del segundo estado de alarma, declarado por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 926/2020, de veinticinco de octubre, y el resto de limitaciones fijadas en los distintos acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León, en la medida en que supusieron la limitación de aforos, el horario de las actividades hosteleras durante parte del año, así como las condiciones o restricciones de algunas actividades de ocio, cuyos excesos suelen ser fuente de reclamaciones ante la Procuraduría.

Con todo, los ruidos generados por los establecimientos de ocio nocturno han seguido siendo una fuente de incomodidad para los ciudadanos, pudiendo llegar a suponer un menoscabo de la vida privada y familiar, tal como ha declarado reiteradamente... viene declarando reiteradamente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se han recibido también algunas quejas en las que los vecinos mostraban su disconformidad con la instalación de crematorios en zonas residenciales. En la actualidad, el Decreto 16/2005, de diez de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, permite que, como dotaciones urbanísticas con carácter de equipamientos, aquellos puedan ser ubicados sobre terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, siempre que lo permita la normativa aplicable, dada su naturaleza de servicios básicos para la comunidad.

Sin embargo, la "Guía de consenso sobre sanidad mortuoria", elaborada por representantes de la Administración del Estado y de todas las Comunidades Autónomas, y que fue aprobada por la Comisión de Salud Pública en dos mil dieciocho, recomienda que los nuevos hornos crematorios se sitúen preferentemente en suelos calificados de uso industrial. Por lo tanto, se instó a la Consejería de Sanidad y Fomento a que modificase en ese sentido el Reglamento autonómico de policía sanitaria mortuoria, con el fin de recoger esta recomendación que había sido suscrita también por el representante de la Comunidad de Castilla y León. La Administración autonómica aceptó esta recomendación, comprometiéndose a elaborar un nuevo decreto teniendo en cuenta esta orientación.

En el área de Educación, el número de quejas presentadas en el año dos mil veintiuno ha sido de 79, si bien hemos tramitado también varias quejas múltiples presentadas por una pluralidad de ciudadanos, que a algunas de ellas me referiré seguidamente.

Así, recibimos 129 quejas sobre la respuesta dada en el ámbito educativo a los problemas de los alumnos con trastornos de comportamiento alimentario; quejas estas que resolvimos dirigiéndonos a la Consejería de Educación para que valorara la conveniencia de elaborar una guía o protocolo de actuación en el ámbito de los centros educativos que permita pautar las actuaciones a desarrollar para la detección de posibles casos de trastorno de comportamiento alimentario y su valoración, así como la adopción de las medidas precisas que en cada caso conduzcan al tratamiento pertinente del trastorno. Resolución esta que fue aceptada por la citada Consejería.

También, como queja múltiple, fueron presentadas 805 reclamaciones por academias privadas con la pretensión de mantener la actividad presencial en los mismos términos que se disponía para los centros docentes que impartían enseñanzas regladas, con las medidas, evidentemente, de prevención que fueran necesarias; ante lo cual dirigimos sendas resoluciones a las Consejerías de Educación y de Economía y Empleo en la medida de lo reclamado por dichos centros educativos, que ambas Consejerías rechazaron.

En atención a las quejas individuales recibidas, debo referirme a las presentadas a causa de las necesidades educativas especiales que presentan algunos alumnos. Pues bien, mediante las correspondientes resoluciones hemos recordado la necesidad de incrementar los medios materiales y de personal especializado que sean requeridos para el logro del máximo desarrollo de las capacidades de cada uno de los alumnos que lo necesiten; así como el principio de inclusión, al ser este el máximo referente a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de hacer sus propuestas de escolarización, habiendo sido en este caso la Consejería de Educación receptiva en... a nuestras indicaciones.

Para finalizar las referencias al servicio público educativo realizaré algunas indicaciones sobre determinadas actuaciones de oficio que hemos promovido en este ámbito. Así, con vistas al comienzo del curso escolar dos mil veintiuno-dos mil veintidós iniciamos un expediente de oficio para analizar las novedades que presentaban las medidas dirigidas a la prevención y organización de la actividad lectiva frente a la COVID-19 en un escenario que se preveía más favorable que el inicio del curso académico precedente, fundamentalmente, por la vacunación masiva de la población, que ya en aquel momento se había producido.

La actuación concluyó con una resolución en la que incidíamos en aquellos aspectos que podían ser mejorados, a nuestro juicio, conforme a la experiencia acumulada del curso anterior, como, por ejemplo, entre otros, pero de forma muy particular, el de las alternativas al proceso de enseñanza-aprendizaje presencial que debieran ponerse a disposición de las familias que optaran, con un fundamento real, por un absentismo escolar preventivo. La Consejería de Educación aceptó nuestra resolución en todos sus extremos, salvo en lo relativo a la propuesta que hicimos de que, en la prestación del servicio de comedor escolar, cada grupo estable de convivencia contara con un monitor, con objeto de prevenir el contacto entre niños de dos o más grupos estables de convivencia.

También tramitamos un expediente de oficio sobre la segregación escolar en Castilla y León, con el propósito de contribuir a hacer realidad un sistema educativo de calidad, exigente e integrador, que garantice la igualdad de oportunidades y que permita a cada alumno desarrollar el máximo de sus potencialidades. Para ello, entre otras medidas que propusimos en nuestra resolución, hacíamos hincapié en las siguientes: la concreción de datos oficiales sobre la situación actual para poder cuantificar, abordar y hacer un seguimiento del problema de la segregación escolar; la adaptación de la normativa reguladora de los procedimientos de admisión de los alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para incluir garantías de escolarización equilibrada del alumnado.

En particular, en relación con el colectivo de etnia gitana consideramos que a través de la estrategia... una estrategia específica se han de intentar conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: evitar la concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos, con objeto de promover su integración; la escolarización normalizada de todos los niños y niñas de esa etnia en todas las etapas educativas, incluida la Infantil, previa a la escolarización obligatoria; así como el incremento del nivel educativo de la población gitana adulta.

La Consejería de Educación nos comunicó que comparte la idea global sobre la necesidad de eliminar la segregación escolar en la Comunidad, y, en concreto, ha procedido a modificar el Decreto 52/2018, de veintisiete de diciembre, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, mediante el Decreto 32/2021, de veinticinco de noviembre, para atribuir a las comisiones de escolarización funciones que permitan dar cumplimiento a alguna de nuestras recomendaciones.

En el área de Cultura, Turismo y Deporte se registraron un total de 38 quejas en el año dos mil veintiuno, y emitimos 14 resoluciones a partir de expedientes de queja; 9 de ellas relativas a la protección y conservación del patrimonio histórico, 3 en materia de turismo y 2 en el ámbito del deporte. Además, tramitamos 2 expedientes iniciados de oficio, que han dado lugar cada uno de ellos a la correspondiente resolución.

Como muestra de las quejas referidas a la protección y disfrute de los bienes que integran el patrimonio histórico o artístico de la Comunidad, recordemos las que ponían de manifiesto la existencia de cableados y otros elementos accesorios apoyados en determinados inmuebles, algunos de ellos singularísimos, como la catedral de Burgos, la catedral de Palencia, la Casa del Cordón, también en Palencia, o la iglesia de la Asunción, en el municipio de Autilla del Pino, en la provincia de Palencia. En todos los casos las Administraciones se mostraron dispuestas a cumplir con el contenido de nuestras resoluciones.

También a partir de una queja nos dirigimos a la Consejería de Cultura y Turismo reclamando el acceso gratuito a los museos gestionados por la Comunidad de Castilla y León, tanto los de titularidad estatal como de titularidad autonómica, para las familias numerosas, para las familias monoparentales y para las familias con parto múltiple o adopción simultánea, en la medida en que estas familias pueden verse afectadas por circunstancias desfavorables, tales como los menores niveles de renta, en términos absolutos o relativos.

Nuestra resolución fue aceptada, materializándose poco después en una Instrucción de la Dirección General de Políticas Culturales, fechada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, que fue dirigida a los Servicios Territoriales de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

De las dos actuaciones de oficio promovidas en este área me parece oportuno recordar una en la que, finalmente, mediante resolución instamos a la Consejería de Cultura y Turismo a la creación de rutas, itinerarios y espacios culturales relacionados con criterios geográficos o temáticos que tuvieran como elementos catalizadores los castillos, las fortalezas y otros bienes de la arquitectura defensiva que, con desigual estado de conservación, salpican el territorio de Castilla y León y constituyen sin duda un testimonio de incontestable interés de nuestro pasado, en la medida en que con ello se podría contribuir a divulgar nuestra historia y cultura, así como a dinamizar social y económicamente los pueblos del medio rural en que se asientan. Dicha resolución también la enviamos a las nueve diputaciones provinciales y fue favorablemente acogida por la Consejería de Cultura y Turismo.

En el área de Industria, Comercio y Empleo y Seguridad Social y Prestaciones a lo largo de dos mil veintiuno se registraron 93 quejas. En materia de industria, como en ejercicios anteriores, hemos recibido algunas quejas por la deficiente tramitación por los servicios territoriales de la Administración de reclamaciones presentadas en relación con el suministro de energía eléctrica; en todos los casos hemos insistido en la garantía que supone para los usuarios del servicio la correcta tramitación de las reclamaciones que estos presentan ante los órganos competentes de la Administración. Nuestras resoluciones fueron aceptadas en todos los casos.

En el ámbito de la actividad comercial, de las tres quejas recibidas, me parece oportuno referirme a una, presentada por varios vecinos de una pequeña localidad, de la provincia de Salamanca, mediante la que se dolían de la decisión municipal de modificar las condiciones en que se venía realizando la provisión de artículos de primera necesidad mediante un camión-tienda. Queja que resolvimos atendiendo a las circunstancias concretas, pero que nos ha hecho reflexionar sobre las dificultades que sufren los residentes de pequeñas... de pequeños municipios de la Comunidad, en gran medida personas mayores y personas con serias limitaciones de movilidad, para adquirir los bienes de primera necesidad ante la falta de establecimientos comerciales en las localidades de residencia. Un problema que, más allá de la queja concreta y su solución, someto a la consideración de sus señorías, porque es una situación que afecta a buena parte de las personas que residen en el medio rural de la Comunidad.

En lo tocante a las quejas recibidas en materia de empleo, me voy a referir a dos y a las correspondientes resoluciones que emitimos.

La situación de las personas mayores de 45 años que se encuentran en situación de desempleo nos llevó a reflexionar sobre las limitaciones que sufren las personas de este colectivo para acceder al mercado de trabajo, y, consecuentemente, dirigimos una resolución a la Consejería de Empleo e Industria en la que pedíamos que se valorara la posibilidad de que, sin disminuir las medidas de fomento del empleo previstas para otros colectivos, se incrementaran las dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas a las que se refería la queja; y que se considerara también la oportunidad de recoger en un solo instrumento la totalidad de las medidas que desde los diferentes ámbitos se hayan adoptado o, de acuerdo con nuestra recomendación, se adoptaran para favorecer el empleo de los mayores de 45 años. Nuestra resolución fue aceptada.

La denegación de una subvención dirigida a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada por causas de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19, puso de manifiesto que el procedimiento de concesión directa habilitado daba lugar a la estimación de las solicitudes presentadas con más celeridad ante la Administración que había de resolver los expedientes, hasta el agotamiento del crédito dispuesto al efecto.

Sin embargo, los posibles beneficiarios no siempre contaban con los mismos recursos o disponibilidad de acceso a las vías previstas para la presentación de solicitudes, por la dificultad o imposibilidad de utilizar medios electrónicos o de desplazarse a los lugares en los que podía presentarse la solicitud de forma presencial, por lo que sufrían situaciones de desigualdad, claro.

Considerando lo expuesto, dirigimos una resolución a la Consejería de Empleo e Industria para que en sucesivas convocatorias de subvenciones, como la referida, se valorara la oportunidad de acudir a un procedimiento de concurrencia competitiva que favoreciese a aquellos que, entre los solicitantes, fueran los más necesitados, en lugar de dar prioridad a aquellos que logren presentar su solicitud con mayor rapidez. Nuestra resolución fue aceptada.

En materia de Seguridad Social y prestaciones, de las 45 quejas registradas en dos mil veintiuno, 35 fueron remitidas al Defensor del Pueblo, dado que en ellas se planteaban cuestiones excluidas de la competencia de esta Procuraduría, al no estar basadas en la actuación de la... de la Administración autonómica, de los entes locales o de los diferentes organismos que de una y otra dependen.

Del resto de quejas registradas en esta materia debemos destacar, por un lado, las 5 relacionadas con la gestión de la renta garantizada de ciudadanía, número que pone de manifiesto el progresivo descenso de las quejas presentadas año tras año en esta materia; y, por otro, también debemos destacar las promovidas frente a la gestión de ayudas por parte de determinados municipios.

Y, en relación con estas últimas, mediante las correspondientes resoluciones, hemos llamado la atención sobre el necesario cumplimiento de los plazos de tramitación, máxime tratándose de solicitudes presentadas por personas en situación de emergencia social, así como sobre... también, la exigencia legal de que los acuerdos denegatorios de las ayudas solicitadas estén motivados, específicamente, con fundamentos de hecho y de derecho.

El número de quejas presentadas en el año dos mil veintiuno en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural ha sido de 26. La mayor parte de las quejas presentadas y sus resoluciones versaron, como en años anteriores, fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos de concentración parcelaria.

Me parece, sin embargo, de interés destacar 12 resoluciones formuladas en el marco de un expediente que iniciamos de oficio, de las cuales 9 las dirigimos a las Diputaciones Provinciales y tres a otras tantas Consejerías de la Administración autonómica. Dicha actuación de oficio la promovimos con el fin de conocer el impacto que la previsible proliferación de proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas podría tener sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero, en la idea de que tendría que buscarse un equilibrio entre dos sectores estratégicos para Castilla y León: el desarrollo del sector primario y la promoción de las energías renovables (en este caso se trataba de las de origen fotovoltaico).

Una vez analizado el tema, recomendamos a las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Fomento y Medio Ambiente, que, en los expedientes de autorización de uso excepcional de suelo rústico para la instalación de los denominados huertos solares por parte de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo de cada provincia, se evitase la implantación de aquellos suelos... en aquellos suelos rústicos que dispongan de algún tipo de protección territorial reconocida, en particular aquellos terrenos que hubieran sido objeto o hubieran recibido algún tipo de inversión pública para la construcción de infraestructuras de regadío o la modernización de las explotaciones agrarias existentes.

De igual forma, se recomendó a la Consejería de Economía y Hacienda que asegurara que, cuando se proceda a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones fotovoltaicas, los terrenos ocupados queden en estado que permita el retorno a los usos primarios del suelo.

Por último, al constatar que algunos de estos proyectos pretendían instalarse en terrenos públicos, propiedad de ayuntamientos o juntas vecinales, se instó a las instituciones provinciales -a las diputaciones provinciales- para que, en aquellos expedientes que fuera necesaria su autorización, se asegurara el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, fundamentalmente en lo referido a los bienes comunales, dado que en estos casos la labor de las diputaciones debe dirigirse a comprobar la inviabilidad económica del aprovechamiento agropecuario tradicional que hasta el momento se viniera realizando, y que, por tanto, la única opción posible sería la adjudicación a un tercero para la instalación de plantas de producción de energía fotovoltaica a cambio de un precio.

Durante el año dos mil veintiuno, los diversos temas que configuran el área de interior han dado lugar a la presentación de un total de 108 quejas. De ellas, la mayor parte estaban relacionadas con el ejercicio de las competencias en materia de tráfico. Así, las sanciones impuestas en materia de... de tráfico han sido objeto de numerosas quejas y de diferentes resoluciones. Sobre el particular, he de dar cuenta de dos cuestiones que se ponen de manifiesto en varios expedientes que hemos tramitado en esta materia. Por un lado, la escasa atención que, en general, las Administraciones prestan a las alegaciones de los denunciados... que los denunciados formulan dentro del procedimiento sancionador, dado que a menudo se despachan con la ratificación de los hechos por parte de los agentes denunciantes, sin entrar a examinar su contenido. Y por otra... por otro lado tampoco, en los expedientes sancionadores, con demasiada frecuencia, se hace uso de documentos normalizados que no reflejan suficientemente ni las infracciones cometidas ni, sobre todo, la fundamentación jurídica que sirve de base a la sanción en cada uno de esos expedientes. Prácticas que siempre instamos a que sean corregidas por parte de las Administraciones concernidas en cada caso.

También haré referencia a una actuación de oficio que promovimos para comprobar si los aparatos denominados "fotorrojo", utilizados en algunos municipios de la Comunidad como medios auxiliares para el ejercicio de la potestad sancionadora, se hallan sometidos a control metrológico o han sido homologados por el Centro Español de Metrología. Lo que motivó que nos dirigiéramos a los ayuntamientos de la Comunidad de más de 20.000 habitantes con el fin de conocer los que contaban con este tipo de dispositivos, resultando ser los Ayuntamientos de Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid.

A la vista de la información recabada, dirigimos las correspondientes resoluciones a dichos ayuntamientos, manifestando que, aun siendo conocedores de que no es una cuestión pacífica en la jurisprudencia, considerábamos que los aparatos fotorrojo hacen mediciones de tiempo que transcurre... del tiempo que transcurre entre los distintos estados semafóricos, por lo que, si dichas mediciones se utilizan como prueba en los expedientes sancionadores -como así ocurre-, los aparatos deberían estar sujetos a un control metrológico o, en su defecto, al correspondiente procedimiento de certificación por parte del Centro Español de Metrología, pues en los procedimientos de naturaleza sancionadora, como bien se sabe, se debe respetar el constitucional principio de presunción de inocencia, de manera que la Administración no puede sancionar sino en virtud de concluyentes pruebas de cargo, por lo que la falta de control metrológico indicado puede determinar que no quede acreditada la comisión de la infracción. A fecha de cierre de nuestro Informe anual, no todos los ayuntamientos concernidos nos habían dado respuesta a nuestra resolución.

En el pasado ejercicio, en materia de Sanidad y Consumo, ámbitos que integran un mismo área a efectos de la organización del trabajo de la Procuraduría, hemos recibido 191 quejas; de las cuales 176 lo fueron en materia de sanidad, y, de ellas, 75 se referían a cuestiones relativas a la pandemia; otras 15 quejas lo fueron en materia de consumo.

Con referencia a las quejas en materia de sanidad, hemos de destacar que recibimos cuatro quejas múltiples, que ya hemos citado con anterioridad. No obstante, alguna de ellas me parece oportuno que dé cuenta más adelante.

A las quejas presentadas en materia de sanidad también han de añadirse seis actuaciones de oficio que hemos promovido. Tres de ellas relacionadas con la COVID-19 y otras tantas ajenas al coronavirus.

Por lo que se refiere a las quejas y resoluciones dictadas sin específica relación con la COVID-19, la prestación del servicio de sanidad en el medio rural ha determinado la tramitación de algunos expedientes que traían su causa en las quejas recibidas por la falta de atención presencial, las deficiencias de la atención telefónica o la falta de profesionales que afectaban a algunos consultorios locales, como los de Pedrajas de San Esteban (en Valladolid), Buenavista de Valdavia (en Palencia), Valverde-Enrique (en León), Villangómez, Puentedura, Tordueles, Villafruela, Royuela del Río Franco, Veguecilla, Mecerreyes, Tordomar, Quintanilla, Torrepadre (en Burgos).

En nuestras resoluciones, como venimos haciendo desde... desde tiempo atrás, expresamos nuestra preocupación por la prestación del servicio de Atención Primaria en el medio rural, máxime cuando, como es bien conocido, se trata de una atención dirigida predominantemente a población de edad avanzada, afectada de pluripatologías y con dificultades para realizar desplazamientos. Población que necesariamente ha de ser debidamente informada cuando se producen incidencias que afectan a la prestación del servicio de asistencia sanitaria.

También con referencia a la atención sanitaria en el medio rural, hemos examinado una vez más la situación de la especialidad de Pediatría, y las carencias han determinado, en algunos casos, que los menores fueran atendidos por médicos de familia, como venía ocurriendo, por ejemplo, en El Barco de Ávila, Piedrahíta, Miñana (en Ávila), en determinadas localidades de la comarca del Bierzo y de la Ribera del Duero, e incluso en el municipio de Benavente. Por ello, en nuestras resoluciones instamos a la Consejería de Sanidad a realizar un estudio exhaustivo de las necesidades de la atención pediátrica en cada provincia, tanto en el ámbito rural como urbano, llevando a cabo una adecuada organización de los recursos materiales y personales que permita garantizar el derecho de los menores a recibir una asistencia sanitaria por parte de especialistas.

Como ya he indicado anteriormente, un número muy elevado de personas dirigieron a la Defensoría otras tantas reclamaciones por la situación del servicio de oncología del Bierzo, habiéndonos sido denunciada la falta de profesionales de esta especialidad, lo que daba lugar a que los pacientes únicamente fueran atendidos por una oncóloga en horario de mañana con la siguiente... consiguiente retrasos en cuanto a la realización de las consultas y la prescripción de los tratamientos.

En la información proporcionada por la Administración se ponía de manifiesto que los problemas que había habido, derivados de la... de esta situación, se estaban paliando gracias a la labor de los facultativos del Complejo Asistencial Universitario de León como solución provisional, situación ante la que instamos a la Consejería de Sanidad a llevar a cabo un análisis a fondo de la situación del servicio de oncología del Hospital del Bierzo con objeto de buscar fórmulas organizativas duraderas que permitan la prestación de un servicio estable y de calidad.

Un año más hemos continuado recibiendo quejas derivadas de la gestión de las listas de espera, situación esta agravada por la pandemia sufrida, que es necesario revertir.

También a partir de algunas quejas recibidas, hemos conocido problemas que no habían llegado a la Institución con anterioridad o, en su caso, lo habían hecho con muy escasa frecuencia, sobre las que emitimos también las correspondientes resoluciones, como, por ejemplo, el tratamiento de enfermos de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica y las diferencias entre los recursos habilitados en las distintas provincias de la Comunidad, cuya resolución fue parcialmente aceptada. O sobre la creación de una unidad terapéutica para el tratamiento de las personas electrosensibles, asunto sobre el que nuestra resolución también fue aceptada. Y, en fin, también una resolución dictamos en relación con la decoformulación de retrovirales en pacientes aquejados de VIH, en cuyo caso la resolución que emitimos no fue aceptada.

Mediante otra queja, se nos trasladó un problema hasta ahora tampoco abordado por la Procuraduría, ligado a la coyuntura económica que vivimos en la actualidad.

Queja en la que se nos manifestaban las dificultades para hacer frente a la factura eléctrica que sufrían los pacientes que... que requerían... que requerían tratamientos de terapia domiciliaria con dispositivos conectados a la red. Por lo que, mediante la correspondiente resolución, nos dirigimos a la Consejería de Sanidad a fin de que regulara ayudas que permitieran afrontar a estas personas un gasto que resulta imprescindible para su supervivencia, al menos mientras se mantenga el precio de la luz tan elevado como en la actualidad. La resolución fue parcialmente aceptada.

Por último, en asuntos relacionados con la COVID-19, hemos examinado cuestiones como la vacunación de los agentes medioambientales, para lo que... para los que sugerimos que fueran incluidos en el grupo 6-A del Plan Nacional de Vacunación, por su similitud con los profesionales de Protección Civil y Emergencias; sugerencia que fue aceptada. E igualmente abogamos por que fueran recabados informes científicos con objeto, en su caso, de revisar los protocolos entonces vigentes sobre la repetición de pruebas diagnósticas antes de dar el alta a pacientes positivos en coronavirus, atendiendo a circunstancias concretas del enfermo y de su unidad familiar. Recomendación esta que fue aceptada.

En fin, también nos pronunciamos sobre la necesidad de reanudación de los programas de salud bucodental para garantizar la asistencia básica de los menores. Propuesta esta que también fue aceptada por la Consejería de Sanidad.

Y en cuanto a las resoluciones emitidas en actuaciones de oficio promovidas por la Institución, me parece oportuno recordar dos:

Una primera motivada por la supresión del teléfono de urgencias pediátricas, al pasar esta línea a ser la llamada "línea COVID", en cuya resolución mantuvimos la conveniencia de que fuera de nuevo habilitada como teléfono de urgencias pediátricas para que las familias no tuvieran que usar los recursos asistenciales de forma presencial en un momento en que la situación desaconsejaba esta opción. Nuestra resolución fue aceptada.

La segunda, relativa a la vacunación de los mutualistas y beneficiarios de las llamadas "mutualidades de previsión social", alternativas al sistema de Seguridad Social obligatoria, en cuya resolución pedíamos una estrecha colaboración de las mutualidades con la Administración sanitaria para que esta dispusiera de los datos precisos para vacunar a los mutualistas en el orden previsto por el Plan Nacional de Vacunación; máxime cuando ya en aquel momento se preveía la inoculación de sucesivas dosis de refuerzo. En este caso, también nuestra resolución fue aceptada.

En materia de Familia e Igualdad de Oportunidades, en dos mil veintiuno recibimos 251 quejas, de las cuales 34 trataban de cuestiones relacionadas con la COVID-19. Emitimos 69 resoluciones, 13 de ellas también relacionadas con el coronavirus. También promovimos 5 actuaciones de oficio y formulamos 5 resoluciones en expedientes iniciados de oficio; 4 de ellas relacionadas con problemas derivados de la pandemia.

En una parte importante de las quejas recibidas se ha reclamado el pleno ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Consecuentemente, hemos formulado las correspondientes resoluciones con ese objetivo en diferentes ámbitos materiales. Así, en lo referente a la movilidad, nos hemos dirigido, principalmente, a las autoridades municipales para reivindicar el derecho de todos a disfrutar de un medio... de un entorno adecuado, accesible y en igualdad de condiciones, reclamando la eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas, así como la adaptación de las edificaciones y de las vías públicas de nuestros pueblos y ciudades a las exigencias normativas que garantizan el pleno ejercicio del derecho a la movilidad. En estos casos, nuestras resoluciones, generalmente, han sido aceptadas.

No lo fueron, sin embargo, dos resoluciones emitidas: en un caso, para promover el nombramiento o llamamiento de determinadas personas con discapacidad en los procesos de selección de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León; y en otro, para solicitar de la Consejería de Empleo e Industria que diera las instrucciones precisas a un centro especial de empleo para proporcionar una nueva oportunidad de desarrollo profesional, mediante un empleo remunerado, a una persona con discapacidad.

Relacionada con los problemas generados por la pandemia, se nos planteó, mediante la queja correspondiente, la situación de las personas con discapacidad psíquica o intelectual que no podían asistir a los centros de día y ocupacionales por el riesgo de contagio. Ante lo cual, recomendamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que reconociera el derecho de reserva de plaza cuando no fuera aconsejable que la persona se reincorporara al centro por circunstancias debidamente acreditadas, dejando, a su vez, en suspenso, en esos casos, la obligación del usuario de participar en la financiación del servicio durante ese período de reserva de plaza. En este caso, nuestra recomendación no se aceptó.

Otra de las cuestiones que nos han seguido preocupando un año más es la demora en la tramitación de los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad, a la vista de la existencia de retrasos en la resolución, sobre todo en algunas provincias. Por ello, formulamos una resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con la finalidad de que se adopten las medidas organizativas necesarias para agilizar la tramitación de este tipo de procedimientos en las provincias afectadas. Esta resolución sí fue aceptada.

La población mayor también ha ocupado una parte del trabajo realizado por la Defensoría, mediante el cual, a partir de las quejas recibidas, hemos conocido los problemas suscitados en diversos centros residenciales de personas mayores, en algunos casos relacionados con la prevención y control de la enfermedad generada por el SARS-CoV-2; habiendo sido emitidas diferentes resoluciones dirigidas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; en algunos casos, también a la Consejería de Sanidad. En las que hemos pedido que se extremen las labores de inspección y control por parte de la Administración sobre los correspondientes recursos, para garantizar la protección y el bienestar de los usuarios, así como la protección del personal. Algunas de nuestras resoluciones fueron aceptadas, y en otros casos se pusieron en nuestro conocimiento las actuaciones que se venían realizando por parte de la Administración, las cuales resultaban ser total o parcialmente coincidentes con las que habíamos propuesto en nuestras resoluciones.

También en relación con las personas mayores institucionalizadas, tras completar la vacunación en todos los centros residenciales de la Comunidad, consideramos oportuno recomendar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que interviniera para garantizar el derecho a recibir visitas y las salidas también al exterior de las personas mayores, con las excepciones exigidas por las circunstancias... por circunstancias determinadas por la evolución de la crisis sanitaria. Esta resolución sí fue aceptada.

En lo atinente a la protección de las personas con enfermedad mental, se ha constatado que existen dificultades para que el sistema público de salud consiga un tratamiento adecuado de personas... en personas con trastorno mental severo, escaso o nulo reconocimiento de la enfermedad o reiterados fracasos terapéuticos. Para favorecer su adecuada... su adecuada asistencia, se recomendó a la Consejería de Sanidad que valorara la necesidad de dotar el sistema... al sistema de Castilla y León del instrumento jurídico necesario para la instauración del tratamiento involuntario, destinado a mejorar el control y estabilización clínica de estos pacientes. La Administración aceptó nuestra resolución, considerando procedente la creación de una comisión o grupo de trabajo de expertos para establecer las recomendaciones pertinentes.

Y con referencia a las actuaciones de oficio y sus correspondientes resoluciones, me permito recordar dos, relacionadas con la crisis sanitaria:

La primera, promovida a la vista de que, además de las personas mayores institucionalizadas, una parte de la población mayor reside en sus propios domicilios, en atención a los cuales, y a las personas que los cuidan, consideramos oportuno, como culminación de la correspondiente actuación de oficio, recomendar el desarrollo de un... de un protocolo único, común y específico, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León, en el que se deberían establecer las pautas específicas de actuación y las medidas de prevención concretas para el desarrollo de la actividad con toda seguridad, tanto para quienes reciben los cuidados como también para los cuidadores, máxime en un entorno de crisis sanitaria que entonces se vivía. Nuestra recomendación, sin embargo, no fue aceptada ni por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni por la Consejería de Sanidad.

La segunda actuación de oficio se justificaba en la falta de actividad presencial en los puntos de encuentro familiar como consecuencia de la situación de crisis sanitaria. Y recomendamos, a través de la resolución correspondiente que dirigimos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la elaboración de un protocolo de actuación específico en estos recursos que permitiera el desarrollo de las funciones de forma presencial y compatible con la protección y seguridad de los usuarios, y también de los profesionales, frente al posible contagio de la enfermedad. Esta propuesta tampoco fue aceptada.

Durante el año dos mil veintiuno, en el área de Hacienda se han presentado 114 quejas. Como en ejercicios anteriores, la tributación, cuya gestión nutre las haciendas de las entidades locales, en sus distintas modalidades de impuestos, tasas, contribuciones especiales, precios públicos, etcétera, ha sido la que ha contribuido de forma... cuantitativamente ha sido más conflictiva, a la vista de las 86 quejas presentadas; ámbito este en el que hemos dictado 45 resoluciones.

Como consideración general, volvemos a apreciar, un año más, que, en el marco tributario local, los ciudadanos frecuentemente sufren la falta de respuesta de las Administraciones públicas a las reclamaciones que estas reciben sobre asuntos de su competencia, lo que supone un incumplimiento del deber de resolver y notificar la resolución que impone la legislación de procedimiento administrativo y, desde un perspectiva más general, una quiebra también del principio de la... del derecho de la ciudadanía al principio de una buena Administración.

Considerando las cuestiones materiales que se refería... a que se referían las quejas, también dentro del ámbito tributario local, las más numerosas tenían que ver con diversos motivos relacionados con la liquidación de las tasas por la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. Y también se han vuelto a repetir las quejas relativas a la distinción entre empadronados y no empadronados que algunos municipios realizan a la hora de determinar la cuota de distintas tasas o precios públicos. Y de nuevo ha sido necesario recordar a las entidades locales la ilegalidad de aquellas ordenanzas que contemplan este tipo de previsiones discriminatorias entre empadronados y no empadronados, conforme viene manteniendo una jurisprudencia muy consolidada.

Otro motivo de queja en el ámbito tributario de las haciendas locales durante el año al que me vengo refiriendo han sido algunas liquidaciones efectuadas del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, a la vista de cuyos expedientes pudimos acreditar que, en algunos casos, con la transmisión no se había puesto de manifiesto un incremento del valor de los terrenos; o bien, existiendo ese incremento, aquel, o este incremento, era menor que el que había sido reconocido en la liquidación, superando incluso la confiscación de ese incremento patrimonial. En todos los casos, nuestras resoluciones fueron aceptadas.

En fin, con estas referencias a la actividad que hemos llevado a cabo por parte de la Procuraduría en materia tributaria pongo fin a mi intervención ante sus señorías. Y con ella, he tratado de exponer de forma muy resumida, intentando respetar siempre los límites de su paciencia -que ya posiblemente hayan sido sobrepasados con mi intervención-, he puesto de manifiesto, he intentado poner de manifiesto lo realizado por la Institución a lo largo del año dos mil veintiuno. Un período de tiempo en el que hemos podido vivir cada vez con mayor normalidad, aun siendo conscientes de que el virus seguía entre nosotros. Un año, el dos mil veintiuno, en el que, como en los anteriores, conforme a las funciones que tiene atribuidas el Procurador del Común en sus normas reguladoras, las personas que servimos en la Institución hemos seguido trabajando para tutelar los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en sus relaciones con las Administraciones públicas, con la voluntad de cumplir nuestro deber con la máxima objetividad y con la máxima independencia, poniendo siempre empeño... el empeño, el máximo empeño, en ejercer nuestras competencias de forma que las Administraciones públicas ejerzan las suyas con el máximo respeto a los derechos de las personas. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Quintana López. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Pascual Muñoz, por un tiempo máximo de cinco minutos.


EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo primero, agradecer, ¿cómo no?, la presencia del señor Quintana y su exposición en estas Cortes. Ya iba siendo hora de que comenzase la actividad parlamentaria después de más de cuatro meses de inactividad.

Este oportuno Pleno de hoy, en el que el señor Quintana nos ha detallado el informe elaborado por la Institución que preside, es un termómetro que refleja a la perfección las preocupaciones de los ciudadanos y nos da indicaciones de por dónde deberían enfocarse las políticas de la Comunidad. Muchas de las quejas son recurrentes y focalizadas en determinadas áreas. Es cierto que el trabajo de todas las Consejerías es importante, pero hay aspectos que tocan más de cerca a los ciudadanos, y es ahí donde debe ir el grueso de las intervenciones y de las políticas.

Creo firmemente en la política de la calle, de cercanía con los ciudadanos, porque es ahí donde mejor se puede saber qué preocupa a la gente, y no solamente desde un despacho.

La presentación de este informe es una oportunidad para conocer de primera mano todo lo que no va bien en nuestra sociedad, en nuestra Comunidad, y donde debemos concentrar nuestros esfuerzos para corregir errores y mejorar la vida de los ciudadanos. Y es, como digo, en esa calle donde sigo percibiendo un desconocimiento de lo que es la institución y lo que representa el Procurador del Común. Lo he dicho ya varias veces: mucha gente no sabe ni que existe el Procurador del Común. Y es... y, por ello, creo que se debería trabajar de forma conjunta para darle una mayor visibilidad y protagonismo. Y como tengo una intervención breve, me centraré sobre todo en un tema que es uno de los que más preocupa a los ciudadanos, por su exposición, y es el tema de nuestro servicio sanitario.

Sabíamos desde hace mucho tiempo, y se llevaba avisando, llevábamos avisando que había muchos problemas y carencias, así como graves desigualdades. Para colmo, como muy bien ha dicho, llegó la pandemia y vimos como esos problemas se agravaron. Y lo peor de desoír durante tantos años estas demandas, como se puede ver en su informe, es que las consecuencias las están pagando ahora todos los ciudadanos. Estábamos avisados, pero desde las Administraciones se ha hecho caso omiso.

Hay varias resoluciones del Procurador del Común que ponen de manifiesto algunas de esas demandas de los sanitarios y algunos de los problemas estructurales de la sanidad. Sabemos que hay falta de determinados especialistas, como ya ha comentado también lo... lo de los pediatras rurales, etcétera, etcétera. Es muy importante la inestabilidad laboral de los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad. Hay falta de recursos en muchas zonas por la mala gestión de los recursos. Y las deficiencias del transporte sanitario ya de eso ni hablamos, que van a ir a peor encima.

Todas estas cuestiones aparecen reflejadas ya no solo en el informe de dos mil veintiuno, sino también en años anteriores. Pues este ejemplo demuestra, como ya he dicho antes, que hay preocupaciones recurrentes y a las que no se les pone solución desde la Junta de Castilla y León, y en este caso es la Administración competente.

Muchas de esas preocupaciones las he detectado ya no solo por mi trabajo como médico, sino a través de diferentes reuniones con colectivos y la sociedad civil. Las he trasladado aquí en numerosas ocasiones y la realidad es que, después de dos años y medio que llevo aquí, todo prácticamente sigue igual. Y aunque el número de quejas este año sea menor que en el año anterior, y siempre y cuando esa demanda o esa queja sea objetiva y razonable, creo que algo no funciona bien en nuestra Comunidad.

Valoro muchísimo, señor Quintana, el trabajo que desempeña y quiero agradecer también el esfuerzo de todo su equipo para realizar este informe. Por ello me gustaría pedir a este nuevo Gobierno que analice en detalle lo que ustedes han trabajado tan concienzudamente para ver por dónde deben orientar sus políticas.

Termino ya. El año pasado, por estas mismas fechas, además fue cuando usted vino a presentarnos el informe correspondiente al año dos mil veinte, el contexto era muy diferente al actual. Sin ir más lejos, todos los aquí presentes llevábamos mascarilla de forma obligatoria. Hice referencia entonces a la inestabilidad que estábamos viviendo, la inestabilidad sanitaria, la inestabilidad social y económica, y que eso podía ser una de las posibles causas del aumento del número de quejas. Dije también que esperaba que este año usted no tuviese que venir aquí a decirnos que todo seguía más o menos igual. Por desgracia, y aunque, como digo, la Institución haya recibido menos quejas, creo que lo único que ha cambiado con respecto a hace un año es que hoy la mascarilla no es obligatoria. Muchas gracias, de nuevo, señor Quintana.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Pascual Muñoz. A continuación, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.


EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Procurador, y bienvenidos todos los representantes de las instituciones propias de la Comunidad, nuestros controladores.

La verdad es que pensaba haber hecho otra intervención, pero ayer me vi obligado a cambiar la intervención a última hora, a raíz de unas gravísimas declaraciones que se hicieron en esta sede sobre el funcionamiento de las instituciones propias.

He de decirles que estaba preocupado por tener un vicepresidente que calificaba la labor del Procurador del Común y de las instituciones como la paguita de los que viven del cuento, ¿eh? Bueno, ahora estoy menos preocupado porque le han nombrado embajador ante las instituciones propias. Ahora supongo que ya no pensará que son unos chiringuitos.

También estaba preocupado por tener un portavoz en un grupo de Gobierno diciendo que esto era duplicar los cargos, innecesario y un gasto innecesario. Quien ayer decía eso hoy es secretaria tercera de estas Cortes, ¿eh? Si no le gusta la duplicidad, hay que decir que no parece el caso.

Pero lo que me preocupó enormemente, ¿eh?, es lo que ha ocurrido con las declaraciones de ayer del portavoz del Partido Popular, anunciando a todos los ciudadanos de esta Comunidad que va a excluir a la mitad de la Cámara de la negociación de las instituciones, porque se han negado a votar a un señor como senador que no sabía ni cuántas provincias tiene esta Comunidad.

Y, mire, esto es inaudito. Van ustedes mucho más allá, mucho más allá, de lo que ha ido el Gobierno de Sánchez. Ustedes acusan al Gobierno de la Nación -y hacen bien- de invadir a los controladores; y ustedes devuelven exactamente la misma moneda. Ustedes acusan al Gobierno de la Nación -y hacen bien- de gobernar con quienes no creen en la Nación; y ustedes gobiernan la Autonomía con quienes no creen en la Autonomía. Van ustedes mucho más allá. Voy a decírselo con claridad para que lo entienda, señor De la Hoz: es usted el Echenique de Castilla y León.

Pero, dicho esto, voy a intentar analizar en el breve tiempo que me queda las líneas generales del informe de Castilla y León... del Procurador de Castilla y León. Mire, el número de quejas ha disminuido. Eso es una buena noticia, es una buena noticia, ¿eh?, para nuestra Comunidad. Y ha disminuido también en lo que refiere a la Administración autonómica, más que la Administración local. Eso es una buena noticia para quienes ocupaban las Consejerías durante el año dos mil veintiuno. El número de quejas se ha reducido notablemente.

Pero la Administración local sigue sin contestar en muchos casos a las solicitudes de información del Procurador. Diecinueve ayuntamientos del Partido Socialista y dieciocho del Partido Popular no han contestado ni siquiera a las solicitudes de información, en un total de 76 expedientes. Esto dice poco de la fe que tienen los partidos mayoritarios en la acción del Procurador del Común. Debería de corregirse esto mediante un sistema parecido al que nosotros propusimos para la ley de transparencia, de multas coercitivas, que obligasen a las Administraciones a contestar a estas peticiones de información.

Con respecto... y voy a dedicar este minuto y medio que me queda a las quejas de las Consejerías que ocuparon los miembros de Ciudadanos, he de decir que tuvimos ninguna queja en Transparencia, y que bajaron en Trabajo y que bajaron en Sanidad. Y respecto a las principales quejas, he de decirle que, con respecto a las quejas de Sanidad, de falta de facultativos, durante estos dos años se ha trabajado intensamente, incrementándose como no se ha incrementado nunca la formación de especialistas; que se ha puesto una herramienta al servicio de la Administración autonómica que permite saber cuánta actividad, qué facultativos, cuántas consultas, cuántas tarjetas tienen centro por centro, consultorio por consultorio.

Le voy a poner el ejemplo que figura en el Informe del Procurador. En ese consultorio, en ese consultorio de Litos, hay una media de 18 consultas, 358 tarjetas por facultativo. En muchos consultorios de León, de Palencia, de Burgos capital, hay más de 50, 70 consultas diarias, hay más de 1.500, 2.000 tarjetas por facultativo. Lo que ocurre en esta Comunidad es que no se toman decisiones; que nadie quiere tomar decisiones. Porque las decisiones en sanidad las están tomando los alcaldes del Partido Popular. Mantendrán las diputaciones mientras esas decisiones las tengan, las sigan tomando, los alcaldes del Partido Popular, pero perderán a los facultativos. No habrá facultativos; no vendrán a una Comunidad en la cual quien decide cómo se gestiona la sanidad son los alcaldes del Partido Popular. Y entonces, entonces también perderán las diputaciones.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Igea Arisqueta. A continuación, tiene la palabra el señor Fernández Santos, por un tiempo máximo de cinco minutos.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí, gracias, presidente. Señorías, me satisface comparecer un año más ante esta Cámara en representación de Unidas Podemos para agradecer su presencia y, al mismo tiempo, felicitar al Procurador del Común por la presentación ante estas Cortes de su informe de gestión anual referido al año dos mil veintiuno. Gratitud que hago vivamente extensible a todo su equipo, pues dicho Informe remarca la dedicación y la honestidad y la labor ejercida por esta Institución en defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses, de las leonesas y castellanas. Y precisamente hoy, cuando la ultraderecha, cuando Vox, uno de los partidos que sustentan este Gobierno, pretende eliminar la Procuraduría del Común, es más importante que nunca reivindicar su figura y su encomiable tarea.

Su comparecencia, señor Quintana, y el relato cabal de las actividades que ha realizado traen a estas Cortes, con claridad y solvencia, alguno de los aspectos negativos y oscuros más notorios de la forma de administrar los asuntos de la ciudadanía castellana y leonesa. Formas y disposiciones de Gobierno que derivan u obedecen no como consecuencia de decisiones indiscriminadas de un jefe de servicio o de un jefe de negociado, sino que fluyen y se materializan por decisiones políticas, como resultado de una consciente voluntad política del proyecto político del grupo político que lleva muchos años rigiendo los designios de esta Comunidad. En definitiva, actos que dimanan de una manera de ejercer la política en base a una ideología concreta, la neoliberal, que se ha hecho más palmaria y sangrante en estos últimos años.

Y, frente a ello, nosotros consideramos que las Administraciones, que las instituciones y los poderes públicos deben reforzar lo común, lo colectivo, lo que es de todos y de todas, con el ejemplo paradigmático de la educación, la sanidad y los servicios públicos. Porque, si algo nos ha demostrado la terrible pandemia que hemos atravesado, es que, cuando vienen mal dadas, es precisamente lo público lo que nos cuida, nos salva y nos ampara.

Señor Quintana, usted conoce de primera mano el respeto que profeso a la institución que usted representa, a su persona y equipo, y a la labor que realizan; y precisamente por ello, cada vez que llega el Pleno monográfico del Procurador del Común me pregunto: ¿para qué sirve esta sesión parlamentaria? Porque el Partido Popular frecuentemente se pasa por el arco del triunfo sus resoluciones, especialmente las de mayor enjundia, aquellas que afectan a cuestiones esenciales, y que ponen de manifiesto la mala gobernanza del Ejecutivo autonómico.

¿Cuál es, por tanto, el sentido último de esta fecha anual, si la Procuraduría del Común no dispone, como planteábamos desde Unidas Podemos, de herramientas normativas que hagan obligatorio sus dictámenes y resoluciones, que compelan al Ejecutivo a llevarlas a la praxis? Pues yo la respuesta que hallo es que hoy es la jornada en la que se escenifica de forma indubitable, de manera más descarnada, la falsedad del Partido Popular. Porque la pantomima de lisonjas y de reconocimientos que hoy le profesará el Partido Popular es directamente proporcional al incumplimiento que de sus resoluciones hace.

Hoy asistimos, como digo, a una mascarada en la que la derecha le agradece a usía un informe que realmente es demoledor y que deja en evidencia, que pone al aire todas las vergüenzas de la mala gestión del Ejecutivo autonómico. Para eso sirve, realmente, el Pleno de hoy, para dejar constancia públicamente, en sede parlamentaria, que el rey está desnudo.

Nosotros hemos escrutado y escudriñado su informe, y hemos escuchado atentamente su alocución de esta mañana, y ello nos permite colegir que hoy es la jornada en la que el Ejecutivo del señor Mañueco lleva al paroxismo la hipocresía y la demagogia. ¿Y por qué? Porque varios pasajes de su dosier reproducen literalmente lo que desde Unidas Podemos llevamos meses denunciando y reivindicando, muy especialmente lo que atañe a las sangrantes deficiencias del Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo, o lo relativo al cierre de consultorios médicos en el medio rural, o a la problemática de las residencias, o la lacerante carencia de un parque público de vivienda en Castilla y León, o los déficits en materia de transporte, o la penosa ausencia de internet en muchos territorios de esta Comunidad, o la necesidad de una educación en igualdad entre hombres y mujeres en esta tierra. Y así un largo etcétera de asuntos que llevamos mucho tiempo poniendo en el debe de la gestión del Gobierno autonómico. Cuestiones todas ellas que suponen un serio rapapolvo para la acción del Ejecutivo y que exponen claramente que nuestras denuncias están sobradamente fundadas porque cuentan con el incontrovertible aval de su informe, que refleja fielmente cuál es la realidad del Gobierno que tenemos que sufrir.

Finalizo agradeciendo una vez más, en mi nombre propio y en el de mi grupo político, la tarea que realizan todas las personas que integran el equipo de la oficina del Procurador del Común y, por supuesto, muchas gracias a su figura, señor Quintana. Gracias, porque para usted, al igual que para nosotros, las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas son lo primero. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Fernández Santos. Para fijar posición por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Ceña Tutor, por un tiempo máximo de siete minutos y medio.


EL SEÑOR CEÑA TUTOR:

Señor presidente, señorías, señor Procurador del Común. Los ciudadanos se encuentran en este siglo XXI con una pluralidad de Administraciones con las que relacionarse, y en muchos casos sienten en esa relación con las Administraciones una sensación de desamparo y también de desatención o de agravio. Se enfrentan como simples ciudadanos a entidades omnipotentes. Es por eso por lo que una institución como la del Procurador del Común es tan necesaria en una Comunidad como la nuestra.

Por ello, lo primero que quiero hacer desde esta tribuna es darle las gracias al señor Procurador del Común por su trabajo. En un mundo ideal, quizá, su labor no sería tan relevante, pero en el año dos mil veintiuno y en la Comunidad de Castilla y León es una labor todavía muy necesaria; 38.301 solicitudes de intervención del Procurador del Común en dos mil veintiuno demuestran lo necesario de la Institución. Y eso teniendo en cuenta, además, que la cultura de la queja y de la reclamación no está suficientemente arraigada en Castilla y León. Eso es algo obvio. Yo mismo no soy proclive a quejarme, y sé que hago mal, ¿eh?, cuando una Administración o una empresa de servicios o suministros me desagravia.

Finalmente se han tramitado 2.030 quejas, de las cuales en Soria solo 66. No parece que sea precisamente porque en la provincia de Soria los servicios públicos funcionen correctamente o funcionen mejor que en otras, sino más bien otra vez porque no hay una cultura de la queja, porque pensamos que estas quejas no van a prosperar en resultados prácticos y no hacemos el esfuerzo.

Y esa es la razón por la que pensamos que desde la institución del Procurador del Común se debería avanzar más decididamente para que la Institución pueda llegar a más capas de la sociedad y a más territorios de la Comunidad.

Es significativo que un amplio porcentaje de las quejas presentadas proceda de la provincia de León, donde se conoce más la Institución y se pueden atender en mejor medida las reclamaciones de los ciudadanos de manera presencial.

Desde nuestro punto de vista es importante tener que llegar... intentar llegar a los territorios más alejados de la Comunidad. Por ejemplo, un ciudadano de Arcos de Jalón, en la provincia de Soria, para tener una cita presencial en la ciudad de Soria con el personal de la oficina de atención al ciudadano del Procurador del Común ha de desplazarse hasta la capital en un viaje de casi una hora de duración (más otra hora de vuelta, claro). Y muchas veces la cobertura telefónica o de internet en las áreas rurales alejadas no es la más adecuada para presentar una queja de forma telemática. Hay que tener un interés muy esencial a veces para presentar una queja o una reclamación, porque, si no, el ciudadano renuncia a ella.

En otro orden de cosas, de las quejas presentadas motivadas en una actuación de la Administración autonómica -el 36 % del total- destacan las que tienen un contenido sanitario. Desde el Gobierno autonómico se está siempre presumiendo de las bondades de la sanidad castellanoleonesa, del puesto privilegiado que ocupa comparada con la de los servicios de salud de otras Comunidades Autónomas, pero la realidad va por otro camino.

Un buen ejemplo es el expediente 5955/2020 que el señor Procurador del Común cita en su informe. Dicho expediente trata de la situación de un paciente de Soria que se encontraba pendiente de diversas citas de Atención Especializada (Neumología, Oftalmología, Aparato Digestivo) desde principios del año diecinueve. La primera de esas citas en concretarse -la de Digestivo- no se llevó a cabo hasta finales de dos mil veinte, lo que supone un ejemplo paradigmático de la situación de la Atención Especializada en la provincia de Soria.

De hecho, la resolución del Procurador del Común en esta queja estima que podría haber concurrido responsabilidad patrimonial de la atención sanitaria. Pero es que estamos hablando de más de año y medio de retraso para que un paciente tenga acceso a una cita médica.

Bien es cierto que el contexto de la pandemia es probable que haya provocado que muchas de las quejas del sector sanitario hayan aumentado. Pero también es cierto que muchas de las quejas son sintomáticas de las deficiencias en la prestación de estos servicios, como desde Soria ¡Ya! venimos tiempo denunciar... hace tiempo denunciando. La debilidad de los servicios sanitarios que se prestan en Soria es abrumadora. Y esta queja es un buen ejemplo de ello.

Ahora mismo, mientras estaba escuchándole, he recibido un mensaje de un vecino de Rejas de San Esteban, en la provincia de Soria, en el que me decía que llevan en el municipio -en la entidad local, porque no es un municipio- 790 días sin médico ni enfermera, pero sin embargo no utilizan el recurso del Procurador del Común para quejarse. Es paradigmático también de esta falta de la cultura de la queja.

También me gustaría referirme a la efectividad de la actuación en su Institución, el grado de cumplimiento de sus resoluciones o recomendaciones, que es cierto que es muy mejorable, pero no vamos a ver todo lo negativo. Quizá las Administraciones destinatarias de las mismas podrían concienciarse algo más sobre la importancia de cumplir estas resoluciones. Aunque haya un... haya incumplimientos importantes y relevantes, lo cierto es que el porcentaje de aceptación de las resoluciones es alto, y tampoco hay que caer en el pesimismo.

En la página 272 de su Informe aborda una cuestión muy interesante y en la que Soria ¡Ya! lleva tiempo incidiendo: el comercio de proximidad en el mundo rural. Allí dice textualmente: "En las zonas rurales el comercio de proximidad debe ser considerado efectivamente como una contribución fundamental a la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en estas áreas. Ayuda a luchar contra la despoblación rural, ya que la supervivencia de muchas pequeñas zonas depende en gran medida del mantenimiento de los comercios establecidos en ellas, que acercan a sus habitantes productos y servicios de primera necesidad".

Mi abuelo materno regentaba un comercio de este estilo, que desapareció ya hace mucho tiempo, y conozco perfectamente lo que estos comercios suponen en los pequeños núcleos de población. Pero este tipo de comercios han de ser promovidos y apoyados decididamente por las Administraciones locales, también por la Junta de Castilla y León.

Como bien señala en su Informe, es un servicio básico imprescindible, que contribuye a frenar la despoblación y mejorar la calidad de vida de los residentes en el mundo rural. También son servicios que se encuentran con muchas... muchas dificultades para salir adelante. Desde la Administración autonómica se ha de apostar claramente por este comercio rural de proximidad, los que más los... lo que los modernos llaman tiendas de conveniencia, y llevar a cabo de una vez las anunciadas rebajas fiscales para los autónomos en el mundo rural, anunciadas siempre de forma oportuna en marcos electorales o en este mismo Parlamento, pero que todavía estamos esperando. Estos comercios han de poder modernizarse y tener los instrumentos para responder a la enorme competencia que suponen las grandes distribuidoras con la oferta de productos, incluso on-line. No puedo estar más de acuerdo con usted en esta cuestión, señor Quintana.

Y para finalizar, volver a agradecerle, señor Quintana, su trabajo y el de todo su equipo. Y desearle que la Institución que representa pueda crecer y llegar a más personas y a más territorios en el ejercicio de su importante labor. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Ceña Tutor. A continuación, por un tiempo máximo de siete minutos y medio, tiene la palabra el señor Santos Reyero.


EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Procurador. Señor Quintana, como la cortesía manda, antes de entrar en el Informe que usted nos presenta hoy, quiero agradecer el trabajo, suyo y el de todo su equipo. Siempre, desde nuestra parte, un trabajo reconocido, pero en los tiempos que nos ha tocado vivir aún más, si cabe. Unos tiempos difíciles en los que, como a nadie se le escapa, la normalidad de este tiempo pandémico ha influido directamente en el trabajo que usted y su equipo han realizado. Una situación que sin duda ha marcado la impronta de su Comisionado y el de toda la Administración pública por la forma incluso de relacionarnos con los administrados.

Hoy aquí, seguro, como siempre, un debate de guante blanco, siempre y cuando su informe guste a quien maneja el poder. Y es que, señor Quintana, sabe usted de mi respeto hacia usted y hacia su equipo, y, aunque no desconoce lo que yo pienso de esta Comunidad, también sabe cómo nos comportamos nosotros. Nosotros, señor Quintana, no le vamos a dar una palmada en el debate y mañana, cuando se levante, vamos a decir a los medios que su informe es malo, que su informe adolece de rigor o que meramente es su opinión.

Por lo tanto, señor Procurador, todo mi respeto, repito, a su trabajo y al de su equipo. Aunque, como le digo habitualmente, su papel... a su papel le falte un mayor carácter ejecutivo y represente usted una institución de una Comunidad Autónoma cuyo papel institucional está muy deteriorado, tan deteriorado como ayer... como que ayer fueron capaces de aprobar o de elegir a un cunero paracaidista vasco para defender los intereses de los leoneses y los castellanos.

Pero entrando en el informe ya directamente, le tengo que decir que las solicitudes de auxilio y quejas que usted recoge están en su mayoría repartidas por todas las provincias, aunque León, una vez más, está liderando el número, y tengo miedo a decir que es por su proximidad, la proximidad geográfica de la Institución, radicada en León, no sea que alguno interprete que el proceso descentralizador ya está concluido con su presencia en León.

Números, señor Quintana, que con la nueva concepción de quejas múltiples referidas al mismo problema recortan las mismas de 30.000 a 2.000. Lo cual no es ni bueno ni malo desde el punto de vista estadístico, puede tener su importancia desde la perspectiva de lo funcional, pero sin duda a mí lo que me llama la atención es que más de 36.000 ciudadanos expresaron su queja ante la figura que usted representa, sin más maquillaje. Entiendo la funcionalidad ante el aumento de solicitudes múltiples y el desarrollo de un protocolo específico, pero es relevante la repetición de la queja o, dicho de otra forma, la coincidencia del problema.

Permítame centrarse... centrarme en alguna de las que usted ha planteado aquí. Por ejemplo, en las más de 31.408 sobre deficiencias, especialmente del personal facultativo, en el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo. Recordemos el problema, señor Quintana: un hospital donde se llegó a dar la circunstancia de que solo un profesional llegaba a dar servicio que debían de cubrir seis compañeros, por distintas causas. ¿La solución de la Consejería? Desvestir un santo para malvestir otro, apoyándose en el Servicio de León, que trasladaba tres profesionales ciertos días a la semana.

Por eso en su resolución, y leo textualmente, refleja usted que se deben de evitar situaciones límites y pide a la Junta que trabaje de manera preventiva para que no suceda esto más, adelantando soluciones ante la concurrencia de circunstancias como las que han dado lugar a este expediente.

Además, también usted en la resolución -y creo que es importante resaltarlo- solicita a la Consejería de Sanidad que realice un análisis y seguimiento a fondo del servicio, organizándolo adecuadamente, tanto de la perspectiva del personal como de la planificación de consultas. Considera -y continúo leyendo- en su resolución que la Junta debe buscar una fórmula organizativa que garantice no solo la prestación del servicio, sino la mejora de la calidad del mismo, así como la equidad en el acceso al sistema sanitario. Y esto, señor Procurador, creo que es muy grave, que usted ponga en duda, con todo el derecho y a la vista de los acontecimientos, la equidad en el acceso al sistema sanitario de esta Comunidad Autónoma. Y a lo que yo, si me permite, añado también, señor Quintana, que también podría ser interesante que en esta Cámara se cumpla lo que se dice; que se dé valor a la palabra dada; que se sea coherente cuando se dice que los servicios van a tener suficientes profesionales, se cumpla; que cuando se diga que la radioterapia en el Bierzo será una realidad, que se cumpla; que cuando se dice que se ampliará una infraestructura como la UCI del CAULE, se cumpla.

En fin, señor Procurador, gestión eficaz y mantenimiento de la palabra. Porque seguro que si, cuando el señor Mañueco decía que el funcionamiento de los consultorios y de los centros de salud era exquisito, si esto hubiera sido verdad, hubiéramos excusado de ver las casi mil quejas del centro de salud de Tábara, por ejemplo. Y es que es verdad, señorías, y no lo oculto, que muchas de las quejas múltiples que aquí se reflejan tienen una relación directa con la pandemia que ha asolado a este país, con la dificultad que ello supone. Pero también hay que decir que, a pesar de las dificultades de gestión ante una situación inédita, lo que no les han perdonado los ciudadanos es que ustedes negaran la evidencia y que se escondieran en plena pandemia y que, encima, mintieran.

Muchas quejas también en el área de empleo público, relacionados con la Gerencia de Servicios Sociales, en Educación -con solicitudes de protocolo y mantenimiento de ciclos- o deficiencias en el transporte interurbano, por ejemplo, de Litos (Zamora).

Y, verá, sobre la modificación y sobre la publicación de las Administraciones en el Registro de "no colaboradoras", los datos están ahí, y se pueden comprobar. Se puede comprobar quién cumple y quién no, para que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Sin embargo, a mí me gustaría extraer cuatro conclusiones, sobre todo, de este Informe:

La primera es que, a pesar de que las entidades locales menores tienen un aparato administrativo muy justo; a pesar de que no disponen en muchos casos ni de personal administrativo y ni mucho menos de habilitados nacionales, son más cumplidoras que las Administraciones que sí lo tienen.

La segunda de las conclusiones es que hay algo que a mí siempre me resulta injustificable y que en este caso se identifica casi con un 20 % de las resoluciones en las que el Procurador formulaba recomendación-recordatorio de deber legal o sugerencia. Y no es tanto que se acepten o no, sino que ni siquiera se cumpla con la contestación que atestigüe en un sentido o en el otro. Y sobre todo, si nos referimos en este caso a una Administración como la autonómica.

La tercera, señorías, que nos olvidemos en el inicio de esta legislatura los apuntes que el propio Procurador planteó también en el Informe de dos mil veinte. No nos debemos de olvidar, debemos seguir investigando qué ha pasado con las residencias de ancianos; debemos trabajar para afrontar este déficit estructural de la asistencia sanitaria en nuestro medio rural; debemos de incrementar el número de profesionales y facilitar un correcto relevo entre los que por edad acaban su vida profesional y quienes deben sustituirles; y debemos reabrir nuestros consultorios locales y dotarles de los instrumentos y profesionales necesarios.

Y la cuarta, y con esto finalizo, poner en valor lo que usted ha dicho hoy aquí, de la recomendación que realiza usted sobre los proyectos de macroparques solares y eólicos, invitando a la ordenación de los mismos, frenando el abuso y revertiendo... revirtiendo los terrenos públicos a su antiguo uso cuando dejen de utilizarse.

Por lo tanto, simplemente, volverle a dar las gracias por su trabajo y las gracias a su equipo también. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, tiene la palabra el señor Menéndez Blanco, por un tiempo máximo de quince minutos.


EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:

Gracias, señor presidente. Señorías, señor Procurador del Común, buenos días. Hoy se presenta en esta Cámara el Informe Anual dos mil veintiuno del Procurador del Común, alto comisionado de las Cortes de Castilla y León para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de estas dependen, aunque con una actuación limitada a la posibilidad de recomendar o sugerir al organismo competente las medidas que a su criterio son más adecuadas, incluidas modificaciones normativas. Un informe que retrata el funcionamiento de las Administraciones en Castilla y León y ante el que los grupos parlamentarios tenemos que fijar posición.

Pues en esta labor, desde el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, destacamos la existencia de una deficiente dotación de recursos a la Administración local, la más cercana a los ciudadanos, frente a un sistema autonómico que pretende homogeneizar artificialmente a toda Castilla y León y que enfrenta a los territorios. Por ello, el objetivo debe ir encaminado a prestar más atención a los municipios y a las provincias. Esta oposición responde objetivamente a los datos del Informe dos mil veintiuno del Procurador del Común. Y así, a modo de ejemplo, en el área de Administración local es la que representa mayor porcentaje de quejas, con un 53,40 %, con una tendencia estable en relación a años anteriores. En este área, en relación a bienes de entidades, el Informe recoge quejas respecto a la inactividad en la defensa de bienes de dominio público. Y nos llama la atención también la reiteración, año tras año, del abandono de las actividades agrícolas y de los entornos rurales, y la debilidad de los servicios administrativos de los ayuntamientos más pequeños y de las entidades locales menores, favoreciendo la consolidación de situaciones de ocupación de dominio público o de explotación de bienes locales por los particulares sin contar con título habilitante, observando cómo algunos expedientes demoran su tramitación durante años, llegando en algunos casos a declararse su caducidad.

Esto, señorías, tiene otra lectura, y es la despoblación, condenando a la España rural a convertirse en la España silenciada por la estigmatización del modo de vida rural, de la agenda globalista aplicada por las élites progres. Por ello es necesario y es nuestro objetivo en Vox aplicar medidas que garanticen la persistencia y el crecimiento de un modo de vida crucial para Castilla y León y para España, defendiendo el mundo rural y sus tradiciones.

En Familia e Igualdad de Oportunidades y Juventud el mayor número de quejas se concentra en materia de discapacidad, incluso su cuantía, 143 quejas, se han duplicado con creces en relación con las del año anterior. Este tema nos preocupa enormemente, pues permite concluir que las personas con discapacidad en Castilla y León siguen encontrándose con diferentes barreras y obstáculos que dificultan o entorpecen el normal desarrollo de su vida diaria y su plena incorporación a la sociedad.

Le siguen en número las reclamaciones relativas a la protección de personas mayores. En Vox apoyamos toda medida de ayuda y protección en este ámbito, pues a nuestros mayores, que lo han dado todo por nosotros y que han levantado este país hay que cuidarles y lograr que la última etapa de su vida la desarrollen en las mejores condiciones y procurando una máxima calidad de vida para ellos.

En el apartado referente a las prestaciones a la familia también nos encontramos que se han registrado 11 reclamaciones, por encima de las recibidas en el dos mil veinte, que eran 4. En Vox somos acérrimos defensores de la familia y creemos que la aplicación de la perspectiva de familia en la política y en la sociedad implica que las políticas públicas deben tener en cuenta sus necesidades y problemas y estar siempre orientadas al apoyo, a la maternidad y a la conciliación. En Vox queremos convertir a las familias en el centro de las políticas públicas para que se tengan en cuenta sus necesidades. Asimismo, creemos necesaria la realización de un estudio que evalúe el impacto en la vida de las familias de cualquier nueva norma que se apruebe o se pretenda aprobar. Siguiendo el modo de... el modelo de éxito de otros países europeos, en Vox apostamos por la creación de incentivos a la formación de familias y a la maternidad. Esto es lo que en Vox denominamos la perspectiva de familia.

En Fomento, otro área, Urbanismo. Respecto de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico e intervención en el uso del suelo, las reclamaciones son mayoritariamente respecto a la inacción y demora ante las consultas de los ciudadanos en los ayuntamientos. De nuevo, falta de medios en la Administración más cercana al ciudadano, la Administración local.

En Comunicaciones y Sociedad de la Información y del Conocimiento: problemas de conexión y cobertura. Expedientes múltiples, destacando 889 expedientes sobre comunicación interurbana entre dos pueblos, en los que en uno de ellos está el centro de salud, resulta que la parada del autobús del transporte público se encuentra a un kilómetro del centro de salud y, casualmente, en cuesta, dificultando su acceso a un servicio prioritario y fundamental como es el de la sanidad pública.

Señoría, esto no es más que otro ejemplo de la España silenciada: la falta de servicios públicos cercanos y de calidad. Y desde nuestro Grupo Parlamentario Vox Castilla y León reiteramos que la mayor parte de las quejas vienen del ámbito local por ausencia de recursos o de recursos insuficientes.

En Medio Ambiente destacamos el problema de abastecimiento de agua potable en el municipio de Oncala, provincia de Soria, y en este sentido la posición de Vox es clara y ya conocida: el acceso a los recursos hídricos es un derecho esencial para los españoles y urge desarrollar un proyecto que permita una gestión eficiente de estos recursos, por lo que es esencial poner en marcha un nuevo plan hidrológico nacional que garantice estos extremos, dotando al mismo de los recursos necesarios para poder alcanzar estos objetivos. En Vox, además, nos oponemos al... al Plan Hidrológico del Duero.

Por otro lado, se aborda el tema de la explotación cinegética y el control de poblaciones, haciendo referencia expresa a dos cuestiones: la prohibición de la caza del lobo al norte del Duero y el control de la población de conejos. Estos datos ponen de relevancia la inquietud que genera en los ganaderos de la región los ataques del lobo a los rebaños; ataques que generan un perjuicio enorme en el sector ganadero, actividad con un gran peso en el sistema económico de Castilla y León.

Y no hablamos únicamente de las bajas causadas en los rebaños o en las explotaciones, o en las cabezas de ganado en las explotaciones, sino al lucro cesante causado a los ganaderos por estas pérdidas. Por ello, otra cuestión que este Informe nos obliga a abordar es la de la indemnización que perciben los ganaderos por las reses que el lobo ataca mortalmente, dejando claro también que en Vox defendemos la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En el área de Educación, las relativas al ámbito no universitario fueron las más numerosas, que han tenido por objeto la adjudicación de plazas escolares, las deficiencias existentes en las instalaciones de centros educativos, la participación en el programa de gratuidad de libros de texto, el cierre de una guardería municipal, la prestación del servicio de transporte escolar, ciertos problemas de convivencia en centros escolares y la respuesta dada en el ámbito educativo a la problemática de los alumnos con trastornos de comportamiento alimentario.

Bien, en esta legislatura debemos abordar todos estos temas, estos temas que tanto preocupan a los castellano y leoneses y que son objeto de sus quejas. En Vox creemos firmemente que la educación es un pilar fundamental sobre el que se desarrolla el futuro y la prosperidad de nuestra nación. La educación debe ser el ascensor social que permita a los jóvenes españoles alcanzar sus metas sin que sus condiciones sociales o económicas supongan un impedimento para su progreso. Ningún español puede quedarse sin estudiar por falta de recursos económicos.

Consideramos, tal y como hemos dicho en la legislatura pasada, que la mejora del servicio de transporte escolar debe ser uno de los objetivos primordiales, ya que es imprescindible para evitar el aislamiento de las zonas rurales, y, asimismo, la mejora del transporte es una medida para la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

En cuanto a las quejas sobre las instalaciones en los centros educativos, en Vox siempre hemos abogado por los principios de eficacia y eficiencia si nos enfrentamos a asuntos de Administración pública.

Cambiando de tercio, pero dentro de este área, en lo referente a quejas sobre la respuesta dada por los centros en los casos de trastornos alimentarios, en Vox creemos que hay que prestar una especial atención a los problemas que pueden tener los alumnos relacionados con la salud mental y que se debe protocolizar al máximo en los centros las actuaciones que se deben seguir por parte de los equipos docentes para detectar e intentar atajar lo antes posible este tipo de situaciones que tanto preocupan y que pueden afectar gravemente a la salud de nuestros hijos.

Finalmente, en Vox nos preocupa mucho que en materia de Educación Especial haya existido un aumento significativo de las quejas respecto del año dos mil veinte, relativas a la respuesta educativa prevista para el alumnado con altas capacidades, a la disconformidad con ciertas propuestas de escolarización para alumnado con necesidades educativas especiales, así como las necesidades de establecer las medidas necesarias para que los alumnos con necesidades específicas en atención educativa se integren convenientemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el conjunto de sus compañeros y profesorado.

En Vox creemos que intentar poner solución a esta serie de problemas debe ser una más de nuestras metas. Al alumnado que, por su sistema inmunológico, por sus patologías de base o por... o circunstancias similares, que necesite unas atenciones especiales en el aula, hay que intentar ayudarle. Recordamos que en Vox respetamos la libertad de los padres para elegir entre llevar a su hijo a un centro especial o bien integrarlo en un centro ordinario, porque son los padres quienes mejor y más conocen cuáles son las necesidades de sus hijos y dónde van a estar mejor integrados. Los hijos no son del Estado ni de los organismos supranacionales, los hijos son de los padres.

En el área de Cultura, Turismo y Deportes, centrándonos en las quejas mayoritarias, referentes al ámbito de la cultura en concreto, destacar que sigue teniendo por objeto la necesidad de que determinados bienes que integran el patrimonio cultural de Castilla y León, en particular los declarados Bienes de Interés Cultural, sean conservados, protegidos y se cumpla su régimen de acceso público, tal y como defendemos las medidas propuestas por Vox en la Agenda España, exactamente igual.

En el área de Industria, Comercio y Empleo, detrás de las cifras se esconde un mal funcionamiento de la Administración autonómica, que, a título de ejemplo, tardan hasta dos años en resolver un expediente, alegando baja de un funcionario -el asunto... la queja 3370/2021-. También se observan criterios que consideramos arbitrarios y poco objetivos a la hora de conceder subvenciones, aplicando criterios de concurrencia directa en lugar de criterios de concurrencia competitiva -como bien ha dicho usted en su intervención, señor Procurador del Común-, lo que provoca situaciones en las personas con derecho a subvención que puedan quedarse sin acceso a las mismas, por ejemplo, por problemas de fechas; o que subvenciones destinadas a la formación... a formación -perdón- que nunca llegan a los trabajadores ni a jóvenes en busca de su primer empleo; o como también ocurre con subvenciones destinadas a organizaciones sindicales.

El área de Sanidad y Consumo, de las 176 quejas de sanidad, 4 son quejas múltiples, y han generado tantos expedientes como escritos de queja han sido recibidos. Entre ellos, destacar -de los que nos hemos hecho referencia todas las intervenciones anteriores- las 31.407 quejas sobre las deficiencias en el servicio de oncología del Hospital del Bierzo. Este caso del Hospital del Bierzo es un ejemplo más de flagrante fallo de la estructura del Estado autonómico, generando diferencias entre las provincias. Por eso, desde Vox hemos defendido y seguiremos defendiendo la devolución al Estado de las competencias de sanidad, educación y justicia.

En el área de Justicia -pasando a otra área-, en dos mil veintiuno, los problemas relacionados con el régimen penitenciario han sido los de mayor número. Desde aquí instamos al Gobierno a reconsiderar su posición de abandono a los funcionarios de prisiones. Queremos destacar las siguientes palabras contenidas en el Informe, y que reproduzco a continuación: "Conviene destacar, en todo caso, que ninguno de los expedientes tramitados en el Área de Justicia han derivado en la formulación de resolución alguna por parte de esta Institución, ya que, como se ha puesto de relieve en los sucesivos Informes anuales, se refieren a actuaciones de poderes públicos o administraciones excluidas del ámbito competencial del Procurador del Común de Castilla y León". Pues bien, al respecto, señalar que en Vox creemos que el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia pasan por garantizar la independencia del poder judicial de cualquier intento de control, sobre todo el llevado a cabo por los partidos políticos. Los jueces deben elegir a los jueces y los partidos políticos no deben meter las manos en el nombramiento de altos cargos judiciales. El sistema de elección debe guiarse por criterios de mérito y de capacidad, y no por intereses o lealtades partidistas.

Finalmente, indicar que España debe tener una justicia rápida y transparente, sometida solo a la ley y con más y mejores medios materiales y humanos. Eso sí que es verdad.

En el área de Hacienda, los recursos de las entidades locales relativas a cuestiones vinculadas con las tasas municipales han sido, como viene siendo habitual, el ámbito cuantitativamente más conflictivo. El incorrecto funcionamiento de la Administración se basa en la ausencia de respuesta de muchos de los recursos que son presentados por los ciudadanos, sin que ello paralice las actuaciones de ejecución contraviniendo sentencias del Tribunal Supremo. La inseguridad jurídica y el coste que genera para los ciudadanos esta forma de actuar, amén de su coste procesal, es una práctica que debe ser erradicada.

Quiero hacer una última referencia al apartado 3.7 del Informe, en cuanto a la referencia al sexo de las personas que han presentado las quejas. Como ustedes comprenderán, nos resulta indiferente que la mayoría sean mujeres u hombres, puesto que de lo que se trata es de derechos de los ciudadanos en general, tal y como defiende el Artículo 14 de la Constitución Española. Porque no olvidemos que nuestra norma marco, la norma de la Constitución Española como norma suprema, está por encima de cualquiera de sus leyes de imposición ideológica.

En este sentido es donde encontrarán siempre a Vox: implicados en los problemas y en las quejas de los españoles. Este Informe no hace sino plasmar, a través de las quejas y cuestiones planteadas por la ciudadanía durante el dos mil veintiuno, los problemas que Vox lleva denunciando desde hace tiempo, y que otros ignoran.

Por último, termino diciendo que el sistema autonómico, a través de su ineficiente estructura y del ejercicio de competencias innecesarias, se encuentra en la base de muchos de estos problemas; otros provienen de la adopción de las disolventes agendas globalistas, que buscan acabar con nuestra prosperidad y con nuestra soberanía. Y al final, encontramos el adoctrinamiento ideológico que persigue acabar con nuestra forma de vida, ataca a la familia y corroe el sistema educativo y sanitario.

Sin embargo, algo ha cambiado: los problemas de los españoles no volverán a caer en saco roto, pues ahora existe una alternativa social y patriótica de lucha por una España sin distinciones...


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Tiene que ir acabando, señor Menéndez.


EL SEÑOR MENÉNDEZ BLANCO:

... ni fronteras. (Sí, voy terminando ya). Un Estado al servicio de la unidad, que fortalezca los vínculos entre los españoles, fortalezca la solidaridad entre las personas, entre los territorios y garantice el funcionamiento óptimo de la Administración, velando por el buen común. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Menéndez Blanco. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández, por un tiempo máximo de quince minutos.


EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores. Señor Quintana, Procurador del Común, de nuevo las Cortes se honran en recibirle para que dé cuenta del informe anual, del relato de lo que ha sucedido en esta Comunidad durante el año dos mil veintiuno, del relato exhaustivo, que nos pone en muchas dificultades a los portavoces para, en quince minutos, poder hacer al análisis que su trabajo merece.

Pero, en todo caso, me gustaría empezar recalcando que es un relato plagado de empatía y de sensibilidad. El Procurador del Común es el lugar al que acuden las personas más vulnerables cuando no encuentran quien les escuche, cuando no encuentran la respuesta que merecen de las Administraciones; es el lugar donde se les escucha y donde se analizan las causas de su problema; y es quien alza la voz para proponer y recomendar las soluciones justas que son precisas. Pero es, además, como ha dicho algún que otro portavoz, un magnífico termómetro social para saber por dónde van las preocupaciones ciudadanas.

Y así, después de pasar el año dos mil veinte, el que ha sido, probablemente, uno de los años más difíciles de nuestras vidas, se ve ya en este informe sobre el año dos mil veintiuno cómo fuimos capaces poco a poco de superar la pandemia; sin dejar de recordar, obviamente, a todos aquellos que la pandemia se llevó y a los que, lamentable, aunque en mucha menor medida, se sigue llevando. A todos ellos, a todos los que estuvieron también en primera fila luchando contra la COVID, de nuevo, creo que esta Cámara merece nuestro homenaje. [Aplausos].

En todo caso, como usted también señalaba, no ha terminado aún, claro que no, pero hemos pasado tanto, por tanto durante estos últimos dos años, que a veces no está de más volver la vista atrás para recordar, como usted mismo hace en el Informe, que la efectividad de la vacunación frente a la COVID-19, iniciada en diciembre de dos mil veinte, ha contribuido de forma muy importante a mitigar de forma determinante los efectos de la pandemia. No lo olvidemos, porque, sin duda, ha sido gracias a la fortaleza de nuestro estado de bienestar, a nuestra sanidad pública y a la labor también de nuestros profesionales, ha sido gracias a la ciencia y al compromiso social como hemos logrado superar estos años tan terribles. Y no debemos olvidarlo porque, como también se ha demostrado durante la pandemia, y relata en sus informes, señor Quintana, el sistema de protección social en Castilla y León mantiene algunas carencias que han debilitado la respuesta ante esta crisis. Carencias que deberían corregirse antes de que vuelvan a tener consecuencias para los ciudadanos, como las derivadas, por ejemplo, de un sistema de atención residencial que no era, ni con mucho, tan perfecto como algunos pretendían.

En todo caso, quiero comenzar haciendo también un reconocimiento expreso a todo el personal de la Institución. No ha sido tampoco un año fácil, y de nuevo han estado a la altura todos y cada uno de ellos. Se han adaptado, se han modernizado, han utilizado nuevas herramientas para seguir llegando a todo el territorio y para seguir escuchando a todo castellano y leonés que lo necesitaba. El esfuerzo individual y colectivo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Institución es, como siempre, encomiable, y ayuda a seguir consolidando una Institución, la del Procurador del Común, que demuestra año tras año su utilidad. Así que, una vez más, nuestro agradecimiento más sincero, señor Quintana. [Aplausos].

Y quiero recalcarlo una vez más, en un momento en el que volveremos a escuchar dudas sobre la utilidad de la... algunas instituciones, también de esta, por parte de aquellos a quienes siempre les sobra lo público, lo de todos, porque saben que en el individualismo siempre ganan los mismos: los que más tienen, los más poderosos. El Procurador del Común es precisamente esa institución que escucha a quienes no reciben respuesta; y sigue siendo necesaria. En todo caso, no es la primera vez que el lobo amenaza con venir; pero las instituciones son sólidas, han aguantado y, una vez más, aguantarán. Estoy convencido, señor Quintana. [Aplausos].

Ya... ya ha relatado usted el importante volumen de quejas, de actuaciones realizadas de oficio por el Procurador, que no solo escucha, que propone. Y de ahí esas 1.235 resoluciones, 972 recomendaciones, 230 resoluciones, dirigidas a diferentes Administraciones. De sus recomendaciones -lo ha recordado hoy también-, afirma que el 86 % fueron aceptadas, señor Procurador. Aunque luego me permitirá hacer algún comentario al respecto.

Ya ha realizado usted, como decía, una exhaustiva intervención, pero me gustaría no olvidarme del enorme abanico de asuntos antes de centrarme en algunos importantes: quejas relacionadas con el funcionamiento del servicio de transporte interurbano de viajeros en Litos (Zamora); otras quejas múltiples relacionadas con la prórroga de contratos predoctorales en las universidades públicas de Castilla y León; con el proceso selectivo de técnicos auxiliares de enfermería; con la situación del profesorado interino del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Como todos los años, varias quejas múltiples, firmadas por cientos y cientos de ciudadanos, sobre las deficiencias de nuestro sistema sanitario. O respecto a la enseñanza, afectada la actividad de las academias y centros privados de enseñanza, fruto de la COVID; o sobre el mantenimiento del ciclo de Educación Primaria en Hontanares de Eresma, en Segovia, firmada por 389 ciudadanos.

Con respecto a sus actuaciones de oficio, sí me gustaría detenerme en algunas de especial transcendencia. En primer lugar, la realizada sobre la segregación escolar. Compartimos su anhelo por lograr una verdadera educación inclusiva. Inclusión que, como bien relata en su informe, no se refiere únicamente a la problemática del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad o cualesquiera tipo de necesidades educativas especiales, sino el conjunto del alumnado, y en particular aquel que es objeto de segregación étnico-racial o de segregación asociada a factores socioeconómicos de cualquier tipo, incluso al margen de la pertenencia a un grupo cultural minoritario. Incluso habría que extenderse al alumnado que, por vivir en el medio rural de nuestra Comunidad, podría recibir un servicio educativo que no se corresponde a los estándares de calidad que... del que recibe la mayoría.

El Procurador propuso una... propuso una estrategia orientada a la eliminación de la segregación escolar de Castilla y León que haga compatible el derecho a la libertad de elección de centro con una distribución equitativa entre centros escolares de los alumnos en situación vulnerable. Para ello se requiere una adaptación de la normativa sobre los procesos de admisión de alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos -todos- y que se eviten los obstáculos de acceso a determinados centros educativos derivados de los costes de escolarización.

Este es el primer ejemplo de cómo actúa la Administración autonómica ante las recomendaciones del Procurador. Según sus propias palabras, vino a compartir las ideas expuestas en la misma, pero, en cuanto a la implementación de las concretas medidas que se habían propuesto de cara a la eliminación de toda segregación escolar, se remitió a las medidas que ya se estaban adoptando. Dicho de una manera más coloquial: tiene usted razón, pero no voy a hacer nada o voy a seguir haciendo lo mismo.

No es de extrañar la desazón, que compartimos, de la plataforma social compuesta por veintinueve organizaciones que trabajan contra la segregación educativa, y que considera que no se pueden considerar sus recomendaciones, ni siquiera parcialmente aceptadas, cuando no se facilita ninguna evaluación sobre la repercusión de los programas ni se facilitan los datos reales de los alumnos con necesidades y en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Convendría, como siempre, que, si el Procurador y todas las organizaciones que trabajan sobre la segregación escolar coinciden, se las escuche y se las atienda, por el bien del interés general, que es lo que defienden estas organizaciones. [Aplausos].

La segunda actuación de oficio es la que ha realizado sobre prevención de violencia de género en el ámbito educativo. Y esta actuación, que ya es importante, desde la perspectiva del año dos mil veintiuno cobra una especial trascendencia, a la vista de la formación del nuevo Gobierno de Castilla y León, que niega la mera existencia de la violencia de género. Permítame reiterar, con la autoridad de sus propias palabras, señor Procurador, que la violencia de género es un problema de base fundamentalmente cultural y educativa, y que la educación es un elemento clave para la formación integral de las personas. Claro que hemos avanzado mucho, y, precisamente por eso, no podemos permitir un solo paso atrás, dado que, efectivamente, hoy tenemos una constancia real y peligrosa de las resistencias que existen para la superación del machismo y la desigualdad por razón de género.

Alabamos, por tanto, su actuación, que, como bien dice, surge de la necesidad de fomentar que el tratamiento educativo específico contra la violencia de género llegue a toda la población escolarizada, con una actuación más eficaz de los centros que todos los miembros de... de la comunidad educativa se sientan implicados.

Y pese a que, nuevamente, la Junta de Castilla y León consideró adecuadas sus recomendaciones, uno se pregunta si hoy, con este nuevo Gobierno, la lucha contra la violencia de género en nuestras escuelas se considera ya adoctrinamiento ideológico, como acabamos de volver a escuchar, tal y como han firmado en el acuerdo de Gobierno.

Por cierto, me ha dado tiempo a revisar la Convención Internacional de Derechos del Niño, y no he encontrado que los niños sean propiedad de sus padres. No, son sujetos de derechos... [aplausos] ... de derechos. Eso es lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista quiere afirmar de nuevo hoy de forma clara y contundente: primero, que la violencia de género existe y, segundo, que la lucha contra la desigualdad y contra la violencia de género empieza en la educación y debe abordarse de forma integral por parte de todas las instituciones. [Aplausos]. Ese es nuestro compromiso.

En último lugar, me gustaría centrarme en las actuaciones que ha realizado tanto este ejercicio como el anterior sobre la situación de las residencias. De nuevo, y ante la incidencia que aún se mantenía en ellas durante las sucesivas olas que nos han azotado, el Procurador realizó una serie de recomendaciones a las Consejerías de Familia y Sanidad. Es cierto, de nuevo, que, gracias a la vacunación, se redujo la incidencia; de ahí que las acciones propuestas, en todo caso, se siguieran centrando en proteger de la forma más adecuada a residentes, a trabajadores, a visitantes. Y ciertamente, cuesta entender el retraso en contestar, siquiera, al Procurador por parte de la Consejería de Familia.

Pero es que aún resuena en esta Cámara el estremecedor análisis que usted hizo sobre lo que le pasó a nuestro sistema de atención residencial. Usted propuso la necesidad de aumentar las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las medidas, la advertencia de que hay que diseñar nuevos protocolos de actuación; la recomendación sobre la necesidad de abordar una reforma en profundidad del sistema de cuidados de nuestra Comunidad para no volver a afrontar el futuro en esta situación de debilidad; y la escalofriante afirmación de que se limitaron las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales. Esas son algunas de las denuncias que usted hacía, que compartía Médicos sin Fronteras. Y recuerdo esto hoy de nuevo porque conviene no olvidar lo que pasó y, desde luego, porque los familiares no olvidan; pero también para compartir en esta Cámara la frustración de que, desde entonces, se siga sin hacer nada.

Hoy nos enfrentaríamos a una nueva crisis -y confiemos que no la haya- con las mismas debilidades, sin haber corregido nada: ningún avance hacia un nuevo modelo de atención residencial, ningún incremento de las plazas públicas que garantice la accesibilidad al sistema, la igualdad y la protección de lo público a nuestros mayores. Hoy el sistema adolece de las misma... de la misma autocomplacencia que nos llevó a aquel drama. Hoy debo lamentar que no han aprendido la lección. Pero no cejaremos en la lucha por proteger de forma adecuada y digna a nuestros mayores nunca. [Aplausos].

Las costuras rotas por la pandemia en nuestros servicios públicos aún no se han remendado, y lo recuerdan algunos otros aspectos, como el servicio de ayuda a domicilio, que se ha convertido en una prestación de proximidad fundamental para facilitar la permanencia de los mayores en su casa en una situación satisfactoria y con calidad de vida; una afirmación que usted hace y que comparto. Y por eso nos parece oportuna su actuación para recomendar una actuación y un protocolo coordinado que garantice una actuación... una atención de calidad y la máxima protección también para sus trabajadoras y usuarios. Sumo a sus recomendaciones, aprovechando este momento, la reivindicación de una mejora significativa de las condiciones laborales de estas trabajadoras, casi todas trabajadoras. Sin buenas condiciones de trabajo, nunca hay calidad en el servicio público, y, desde luego, estas trabajadoras de la ayuda a domicilio lo merecen. Merecen nuestro respaldo... [aplausos] ... y merecen una mejora de sus condiciones laborales.

Y otro clásico: por supuesto, la sanidad. El año pasado advertía de falta de profesionales, de falta de conexión a internet de los consultorios, de problemas de acceso por la configuración del territorio, las características de nuestra población -envejecida y con pluripatologías-, cierre de los consultorios locales, errores de diagnóstico, telemedicina con enormes carencias. Así estábamos y así seguimos. Las deficiencias de la sanidad vuelven a ocupar un lugar destacado en las preocupaciones ciudadanas; "problemas recurrentes" los denomina usted; endémicos, podríamos decir. Y mientras algunos han seguido negando el cierre de consultorios médicos, pues volvemos a ver que en Valverde-Enrique, Pedrajas de San Esteban, Buenavista de Valdivia, Villangómez, Puentedura, Tordueles, Villafruela, Mecerreyes, y tantos otros, los consultorios seguían cerrados.

Y volvía... volvemos a hablar de ese modus operandi del que les hablaba: el Procurador emite recomendaciones pidiendo que se corrijan estas limitaciones en el acceso a la sanidad, la Junta acepta esas recomendaciones, en su infinita bondad; pero los consultorios siguen cerrados. Esa es la realidad: consultorios que han estado cerrados meses y meses, pero que se ha negado el acceso a la sanidad pública y se ha negado su cierre; consultorios que no se cerraron ni se cerrarían, pero que, de hecho, lo están; planes para cerrarlos que no existían, pero que el presidente de la Junta el otro día acusaba a su exvicepresidente de tener un plan para desmantelarlos en la pasada legislatura. Y así año tras año.

Y podemos seguir: Barco de Ávila, Piedrahíta, Muñana, que denunciaron el fin de la asistencia pediátrica, como antes había sucedido en el Bierzo, en la ribera del Duero o en Guardo; una vez más, resolución aceptada, problema sin resolverse. O la situación sanitaria del Bierzo, que merece siempre, lamentablemente, un capítulo especial: las listas de espera especialmente disparadas, la falta de unidad de radioterapia y, en esta ocasión, 31.407 quejas sobre la situación precaria del servicio de Oncología.

La enorme dimensión de esta queja debería hacernos reflexionar sobre lo que está pasando en la atención sanitaria en la comarca berciana. Hoy se estaban manifestando, junto también a la gente de Laciana, de muchos lugares del norte de León. Pero, aunque la situación de Oncología se parcheó, hoy podíamos estar hablando -y seguro que el Procurador está recibiendo, y lo veremos en el informe del año pasado... del año que viene- de la misma situación en los servicios de Cirugía o de Cardiología.

Como señala el Procurador: garantizar la misma asistencia sanitaria en todo el territorio es una cuestión de equidad, y debe garantizarse en todo el territorio. [Aplausos]. Las listas de espera, por supuesto, absolutamente disparadas y con falta de transparencia; el parque público de vivienda en alquiler, nuevamente reivindicado y sin ponerse en marcha; las deficiencias en las comunicaciones de la señal de televisión, telefónica, de internet en las zonas rurales; problemas en la... el servicio de la ITV; la advertencia de que en algunos casos no se ha podido confirmar la idoneidad de algunas decisiones dirigidas a la suspensión de acogimientos familiares a menores en situación de desprotección dan cuenta de la variedad y de la sensibilidad de los asuntos que usted trata; desde luego, la situación del SERLA y el incumplimiento de los acuerdos del diálogo social para garantizar el funcionamiento de un servicio esencial, en el marco de la conciliación laboral, y, de forma incomprensible, vulnerando estos acuerdos con CEOE Castilla y León, con Comisiones Obreras y con UGT.

Y, en fin, termino ya, señor presidente. Señor Procurador, su trabajo y la institución sirve, son útiles. Lo son para este Parlamento, que estudia siempre con mucha atención sus informes y sus recomendaciones, y nos sirve para plantear iniciativas de mejora; pero lo son, sobre todo, para los ciudadanos, que encuentran siempre alguien que les escucha, quien les ampare. Así que, una vez más, mi reconocimiento, señor Quintana, a usted y a todo su equipo. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Tudanca Fernández. Para finalizar la fijación de posición... de posiciones -perdón-, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano, por un tiempo máximo de quince minutos.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Procurador del Común, señor Quintana, comenzar, por supuesto, agradeciéndole su detallada intervención de esta mañana, reflejo de... sin duda, del completo desempeño de su actividad durante el año pasado, durante el año dos mil veintiuno, que se resume en ese documento que nos ha sido entregado a todos los parlamentarios, de 626 páginas, a modo de dación de cuentas de su excelente actividad durante ese año. Un documento que resulta, sin duda, imprescindible para entender no solo el contenido de su trabajo, sino también, por supuesto, las inquietudes, las preocupaciones de los ciudadanos de Castilla y León.

Agradecimiento que permita tras... le ruego traslade al resto de trabajadores de la Procuraduría, por el trabajo que han desempeñado, en unas circunstancias que, como sucedió en el año anterior, tampoco han sido fáciles. Y, por cierto, quiero darle también por el buen desarrollo de la sede electrónica, tal cual comprometió usted al inicio de su mandato, y que ya hemos visto se ha constituido como la principal fuente de recepción de las quejas; y que, además, permite una mayor cercanía y también una mejor visibilidad de la Institución, en un año de transición hacia la normalidad, y que, lógicamente, dicha transición ha tenido su reflejo en el informe.

Permita a... que mi intervención -eso sí- no la centre sobre usted, sobre la Institución, sino sobre lo que ha sido el objeto de su trabajo. Así pues, vamos a ello.

Tras el incremento de las actuaciones de oficio que surgieron en el año anterior como consecuencia del COVID, ha pasado usted a las 44 actuaciones de oficio, en la que vuelve a mostrar usted la preocupación por cuestiones que también preocupan en buena medida a la ciudadanía de Castilla y León.

Evidentemente, por falta de tiempo, no nos podemos centrar en todas ellas, ni siquiera en algunas de ellas, pero permítame que lo haga en una que ha sido también finalmente puesta de manifiesto por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Es la resolución en la que instaba usted a la Junta de Castilla y León a fomentar el tratamiento educativo específico contra la violencia de género. Lo que hacía usted, a través de esa resolución, es solicitar del Gobierno de Castilla y León la... el desarrollo de las medidas del Informe de Evaluación del grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, el denominado Informe GREVIO del Consejo de Europa. Informe que lo que pedía a todas las Administraciones públicas es el desarrollo de políticas específicas en el tratamiento educativo contra la violencia de género, en virtud con lo establecido en el Convenio de Estambul.

La Junta de Castilla y León le contestó que, efectivamente, lo estaba haciendo. Y, de hecho, la Junta de Castilla y León le comunicó que en el cinco de enero del año dos mil veintidós fuimos una de las primeras Comunidades Autónomas de España que aprobó un plan estratégico de igualdad de género adaptado a ese informe. Este tipo de cosas, claro, se le olvidan, sin duda, a la Oposición, en un informe, tanto el Informe GREVIO como el Informe... como la resolución que usted planteaba, en la que se reconoce que Castilla y León está mucho más avanzada que el resto de Comunidades Autónomas en la lucha contra la violencia de género, desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista laboral ... [aplausos]... reconociendo, por cierto, que las medidas que se están adoptando resultan loables.

Pero, claro, esta es la realidad y otra cosa es la interpretación que algunos hacen de la misma. Porque la realidad está que, en concreto, referidos a quejas en materia de violencia de género, no hay ninguna, no hay ninguna queja. Solo una mujer víctima de violencia de género presentó una queja solicitando amparo al Procurador del Común porque había sido desahuciada por una entidad financiera. Lo que ocurrió es que, al tener conocimiento de esa situación, tanto la Consejería de Familia como la Consejería de Fomento actuaron de inmediato para proveer a esta persona de un hogar. [Aplausos]. Eso es la política que realmente sirve para ayudar a las personas que están sufriendo. Luego está la política de pancarta feminista que practican otros y que en situaciones como lo de esta pobre mujer en absoluto resultan útiles.

Sobre las quejas presentadas... (Sí). Sobre las quejas presentadas, agradecemos, por supuesto, al Procurador el cambio metodológico y las razones. Compartimos, por supuesto, las razones que usted ha invocado para ello. Aunque algunos, desde luego, valoren la importancia de su trabajo sencillamente al peso, apoyando, cuando no promoviendo, a través de plataformas la presentación de quejas para tratar de utilizarlas, como hemos visto hoy, en su discurso radical de trinchera contra la Junta de Castilla y León. Y para eso nada más y nada menos que 36.230 quejas.

Fíjense, al... al Defensor del Pueblo, en España, se le han presentado el año pasado 29.000 quejas; al Síndic de Greuges valenciano, 4.000; al Defensor del Pueblo Vasco, 1.000; o al Defensor del Pueblo Andaluz, 9.000. Menos mal que usted tiene el rigor y la prudencia -que no vemos en la Oposición- para expresar de forma fidedigna el contenido de su trabajo de forma sensata, separando las quejas múltiples de los expedientes a los que esas quejas dan lugar.

Quejas múltiples algunas de cuales, por cierto, están impulsadas por aquellos que confunden la Institución del Procurador del Común con la plataforma Change.org, y que llevan a situaciones, cuando menos, paradójicas y alejadas de la función social institucional que usted tiene otorgada.

La queja más llamativa al respecto es la referida al Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo -también se ha expuesto aquí de manera interesada-: 31.500 quejas referidas al Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo, impulsadas, no por casualidad, por la Plataforma por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Lo ocurrido es que, efectivamente, existía un problema en el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo por falta temporal de profesionales en el servicio. Cuando se presentan las 31.500 quejas resulta que el problema estaba ya resuelto, no solo porque la plantilla estaba cubierta -bueno, realmente faltaba una profesional que estaba de baja por maternidad-, pero además se recibía el soporte de dos especialistas del Servicio de Oncología del Bierzo. Por cierto, en el momento en el que se presentan 31.500 quejas, la lista de espera de consultas oncológicas en el Hospital del Bierzo es de 14 días, por debajo de la media nacional y también, por supuesto, debajo... por debajo de la media de la Comunidad. [Aplausos]. Pero ¡qué más da! ¡Qué más da! Es evidente que estos pequeños detalles no van a detener, en absoluto, a la leal Oposición parlamentaria en Castilla y León.

Lo cierto es que a algunos les da lo mismo realmente lo que diga su Informe o las circunstancias concretas que concurren en cada caso; se trata de pintar -como hemos visto esta mañana- todo absolutamente de negro; se trata de intentar reflejar un estado caótico de los servicios públicos, absolutamente ficticio y alejado por completo de la realidad. Y, claro, en esa narración ficticia de la realidad, se obvia por completo informes objetivos de valoración de la calidad de los servicios públicos de Castilla y León, que no emite la Junta de Castilla y León, sino que emiten organismos nacionales, internaciones, de absoluta reputación, y que, por ejemplo, sitúan a la educación de Castilla y León a la cabeza no de España, sino de Europa en el Informe PISA; o que, acabamos de verlo recientemente, sitúan a los servicios de atención a la dependencia en Castilla y León, un año más, a la cabeza de España.

Fíjense, la nota media de España en los servicios de atención a la dependencia que otorga el... el Observatorio Estatal de la Dependencia es del 5,1. La nota de Castilla y León, que es la primera, es del 8,4, siendo, por cierto, Castilla y León la Comunidad Autónoma con un porcentaje más bajo de personas en lista de espera; prácticamente en Castilla y León no existe lista de espera en dependencia, cuando la lista de espera en España está en el 14 %. [Aplausos].

Pero, claro, ¿qué es el Informe de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, qué es el Informe PISA de la OCDE, cuando hay una queja que podemos lucir en un debate como hoy ante los ciudadanos de Castilla y León?

Ya lo he señalado con ocasión de debates anteriores en esta misma tribuna: por mucho que algunos se empeñen en intentar manipular a la opinión pública, los ciudadanos -lo acaban de demostrar de nuevo en las urnas- tienen la capacidad más que suficiente para discernir lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en la gestión de nuestras responsabilidades, tanto en el Gobierno como en la Oposición. Los castellanos y leoneses, ténganlo claro, saben muy bien lo que está haciendo cada Administración pública en relación con la crisis económica que estamos viviendo, como también lo tuvieron claro en relación con la crisis sanitaria que hemos vivido. Saben muy bien quién está dando la cara, quién se está escondiendo; quién se está intentando aprovechar de la situación que estamos viviendo; quién dice la verdad, quién miente reiterada y constantemente a los ciudadanos; quién está al lado de los ciudadanos para aportarle soluciones y quién está única y exclusivamente preocupado de su mantenimiento en el Palacio de la Moncloa. Eso lo saben ciertamente bien los ciudadanos de este país y también de esta Comunidad Autónoma. [Aplausos].

Pero volvamos al Informe. En total, el número de quejas tramitadas, excluidas las acumuladas a otros expedientes, ascendió a 1.992, un número muy similar al de años anteriores. Como también es similar el número de las quejas que fueron admitidas a trámite y el número de resoluciones dictadas (1.235 resoluciones). De esas 1.235 resoluciones dictadas, 366 estaban dirigidas a la Junta de Castilla y León, un 10 % menos que en el año precedente, y 869 -mucho más del doble que las dirigidas a la Junta de Castilla y León- estaban dirigidas a las Administraciones locales.

Pues bien, de las 366 resoluciones dirigidas a la Junta de Castilla y León, 109 fueron archivadas por inexistencia de irregularidades y 257, 9 menos que en el año dos mil veinte, formulaban recomendaciones a la Junta; de ellas, fueron aceptadas total o parcialmente un 83 %.

Es decir, en resumen, la Administración autonómica, la Junta de Castilla y León no aceptó el año pasado únicamente 34 recomendaciones que le realizó el Procurador del Común. Si 34 recomendaciones dirigidas a la Junta de Castilla y León que no han sido aceptadas es mucho o es poco tendremos que analizarlo en comparación con otras Administraciones. Pues bien, las Administraciones locales, los ayuntamientos de Castilla y León, recibieron 715 recomendaciones; de ellas, no fueron aceptadas 49, y ni siquiera recibieron respuesta 262. Más de 300 resoluciones sin aceptar.

Creo que, por tanto, nos estamos moviendo en unos números que dicen bastante de la atención y respeto que la Junta de Castilla y León le tiene a usted, le tiene a la Institución del Procurador del Común, y que un año más desmontan el tópico de la Oposición en Castilla y León. Ya lo hemos visto, el 85 % de las resoluciones han sido aceptadas, y únicamente 34 no lo fueron.

La Consejería que más quejas ha recibido fue Sanidad, 217; Familia, 167; y Educación, 108. Pues bien, con estas cifras, ya hemos escuchado las lindezas que nos ha dedicado la Oposición en Castilla y León. Una queja sobre educación en la provincia de Soria; y ya han visto ustedes lo que hemos escuchado aquí. Seis quejas en materia de sanidad en la provincia de Palencia; y al escucharles a alguno, pareciera que estuvieran hablando de la sanidad en Extremadura o en la Comunidad Valenciana. Seis quejas sobre familia en Ávila. [Aplausos].

Permítanos, señor Quintana, que en esto también nosotros intentemos ser rigurosos. El análisis de su Informe, a nosotros, al menos, sí nos sirve como herramienta para detectar cuáles son las ineficiencias que tiene nuestra Administración y corregirlas en la medida de lo posible, con el único objetivo de intentar seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos a los castellanos y leoneses. Y así es, y no manipulando su informe, como se da sentido a una institución creada para la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos. Eso es para nosotros, y sinceramente creo que también para usted, señor Quintana, la utilidad que tiene la Institución del Procurador del Común.

Evidentemente, con más tiempo podríamos entrar más pormenorizadamente en el análisis cualitativo de su informe en las áreas que más quejas han recibido. Al respecto, únicamente, permítame que le diga alguna cuestión, antes de terminar, en relación con lo que hemos escuchado aquí. Se han recibido en materia de Atención Primaria, en sanidad, 11 quejas -han escuchado ustedes a la Oposición-, 11 quejas, para una Atención Primaria que atiende diariamente 5.000 urgencias, 40.000 consultas médicas o 22.000 consultas de enfermería. 11 han sido las quejas.

Han... han oído usted las quejas en el ámbito del área de Familia. ¿Saben ustedes cuántas quejas se han presentado en relación con la atención de los servicios a la dependencia? 7 quejas. Eso es lo sucedido también en este ámbito.

Y, por último, en el ámbito educativo, ¿saben cuántas quejas se han presentado en el ámbito de la educación no universitaria, que les recuerdo tiene 350.000 alumnos y 34.000 profesores? 34 quejas.

En definitiva, cifras que creo que resumen a las claras la situación de esta Comunidad Autónoma, que ni... en absoluto sirven para maquillar las carencias que tiene la prestación de los servicios públicos, pero que, desde luego, dejan muy a las claras que no cabe la manipulación de las cifras en aras a intentar mantener el discurso radical y oscurantista que practica la Oposición en Castilla y León.

Concluyo, presidente, este análisis, necesariamente poco profundo, del amplio informe que nos ha sido presentado. Le repito, unos datos que reflejan la realidad de una Comunidad Autónoma que creo puede sentirse moderadamente satisfecha después de 39 años de gestión de servicios públicos líderes en España.

Le reitero el agradecimiento por su trabajo al frente de la Institución. Y esperemos seguir contando con usted en el futuro y sobre todo con su excelente trabajo. Nada más. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor De la Hoz Quintano. Para un turno de contestación, tiene la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León, señor Quintana López.


EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR QUINTANA LÓPEZ):

Bueno, de nuevo comparezco ante ustedes, ante este nuevo turno que me permite la Presidencia utilizar, sobre todo para manifestar que he escuchado con toda la... el interés que merecen las intervenciones de los portavoces, y no solamente interés, sino con el mayor respeto hacia las manifestaciones que se han ido vertiendo desde distintos puntos de vista por parte de quienes han hecho uso de su palabra.

Sin duda ninguna, sus intervenciones, con independencia de los distintos puntos de vista que han expuesto, para mí suponen un estímulo importante, muy importante, para seguir trabajando; lo he dicho en anteriores ocasiones en que he tenido la oportunidad de comparecer ante sus señorías y lo digo hoy. Esas... sus opiniones, sus manifestaciones, sus puntos de vista acerca de todas las cuestiones que se han tratado a lo largo de las distintas intervenciones nos suponen, a mí me suponen, como digo, un... un gran estímulo para seguir trabajando y también para el resto de personas que trabajan en la Institución, en la idea de que con ello vamos a seguir contribuyendo con la misma ilusión, con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación que desde el primer día en que tomé posesión del cargo del Procurador del Común en defensa de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León.

Más allá de esa indicación que les acabo de hacer y frente a la posibilidad que me brinda esta oportunidad que me da el presidente de intervenir en esta suerte de réplica ante sus intervenciones, de improvisar algunas consideraciones, observaciones, reflexiones, acerca de lo que he escuchado, me permitan que vuelva sobre las mismas una vez que sean objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente para así poder reflexionar con mayor profundidad y poder tomar decisiones en el ámbito de las competencias de las funciones que ejerce el Procurador del Común para, en su caso, promover las correspondientes actuaciones de oficio y mejorar con ello, en definitiva, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León, que, en definitiva, es la forma de vida de nuestros conciudadanos.

De manera que me van a permitir finalizar esta brevísima intervención reiterando mi agradecimiento por el reconocimiento que he escuchado hacia el trabajo que realizamos en la Institución por parte de quienes han intervenido en sus correspondientes turnos y se... manifestar mi compromiso hasta el último día en que ejerza el cargo de Procurador del Común con los ciudadanos de Castilla y León y también con quienes les representan y tuvieron en su momento a bien proponerme para ejercer el mismo. Muchas gracias. [Aplausos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR POLLÁN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Quintana López. Señorías, al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos].


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