DS(C) nº 141/2 del 14/3/1989

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Señorías. Buenas tardes. La incidencia de las explotaciones mineras a cielo abierto sobre el medio ambiente es un tema que preocupa seriamente a este Gobierno Regional.

Esta preocupación de la Junta, independientemente de la sensibilidad que suscita el tema en la Región como consecuencia de los problemas específicos del carbón, es reflejo de la preocupación del mundo industrializado y, más concretamente, de los de la Comunidad Económica Europea.

En este sentido, hay que recordar que de Marzo de mil novecientos ochenta y siete a Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, la Comisión de la Comunidad Económica Europea patrocinó el Año Europeo del Medio Ambiente, apoyó importantes proyectos y acciones y puso en vigor una nueva legislación. Con ello se pretendía dar respuesta a la creciente sensibilidad existente ante uno de los mayores desafíos que tienen las sociedades post-industriales.

El Consejo Europeo, reunido la semana pasada en La Haya, ha subrayado también la necesidad de considerar la política de medio ambiente como punto esencial de las políticas económicas, industriales, agrícolas y sociales de las Comunidades y sus estados miembros.

Para darse cuenta de la importancia del tema basta considerar las restricciones medio ambientales que tanto los Fondos Estructurales comunitarios como el Banco Europeo de Inversiones imponen para la tramitación de sus respectivos expedientes.

También, estos criterios sientan las bases del cuarto Programa Comunitario del Medio Ambiente, que cubre el período de mil novecientos ochenta y siete a mil novecientos noventa y dos, y que coincidió, en Marzo de mil novecientos ochenta y siete, con la apertura del Año Europeo del Medio Ambiente, como he dicho anteriormente.

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El origen de los problemas medio-ambientales se sitúa en el desarrollo urbanístico incontrolado, en la industrialización excesivamente polarizada, en los efectos de las explotaciones mineras, en una agricultura frecuentemente demasiado intensiva en abonos y, en fin, en una serie de razones, de todos conocidas, derivadas de un crecimiento económico a veces muy poco controlado. Todo ello ha dado lugar a una extensa normativa comunitaria que, desde mil novecientos ochenta y seis, es íntegramente aplicable en España y, por lo tanto, en Castilla y León.

En nuestro país la Administración dio respuesta concreta a los problemas medio ambientales derivados de las explotaciones mineras a cielo abierto en el Real Decreto 2.294/82 de quince de Octubre. Lo promulgó el Ministerio de Industria y Energía y regulaba la restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. El contenido de este Real Decreto se centraba en los siguientes extremos: primero, la obligación, para quien realizara el aprovechamiento de recursos regulados por la Ley de Minas, de realizar trabajos de restauración del espacio natural afectado por las labores mineras. En este sentido, se procederá, decía el Decreto, a la restauración, en todo caso, siempre que se trate de aprovechamientos de explotaciones a cielo abierto.

En segundo lugar, el Plan de Reestructuración debería de comprender: primero, información detallada sobre el lugar previsto para las labores mineras y en su entorno; segundo, medidas previstas para la restauración del espacio natural afectado por el aprovechamiento de la explotación; y tercero, el calendario de ejecución y costes estimados en los trabajos de restauración.

Como complemento de esta Ley básica, la Administración del Estado publicó otras medidas legislativas que, en orden cronológico, han sido las siguientes: el Real Decreto 1.116/84, sobre Explotaciones de Carbón a Cielo Abierto. Esta norma completa el Real Decreto básico de mil novecientos ochenta y dos en lo que se refiere a explotaciones de carbón a cielo abierto y establece los contenidos mínimos de los Planes de Explotación y de Restauración, que pueden ser desarrollados por normativas propias de las Comunidades Autónomas.

En lo que se refiere a los Planes de Restauración, éstos deberán de contener: primero, la identificación del área de explotación y de su entorno, con expresión de los lugares previstos para la corta, accesos, vertederos e instalaciones anexas; segundo, la descripción del medio físico, con referencia a la geología, hidrogeología, climatología, suelo, flora, fauna, etcétera, etcétera; tercero, descripción del medio socioeconómico y cultural; y cuarto, impacto ambiental sobre los recursos naturales de la zona y el medio ambiente en general.

El contenido de este Real Decreto está referido únicamente al carbón y se complementa con la Orden del trece de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, que también promulgó el Ministerio de Industria y Energía.

La Orden de veinte de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por la que se desarrolla el Real Decreto 2.994/82, sobre la Restauración del Espacio Natural, establece el sistema de garantías que deberán de constituir los titulares de explotaciones mineras en el caso de que los trabajos de restauración previstos en el Plan de Explotación sean llevados a cabo por la Administración, obligándose al titular a entregar a la Administración una cantidad periódica suficiente para cubrir el coste de ejecución del mismo.

El Real Decreto legislativo 1.302 de mil novecientos ochenta y seis, de veintiocho de Junio, que regula perfectamente la evaluación del impacto ambiental, recoge básicamente la legislación de la Comunidad Económica Europea y se ha convertido en una técnica generalizada en los países comunitarios y es considerada como el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales. Este Real Decreto, el 1.302, describe el contenido de los proyectos de impacto ambiental que deberán incluir.

Vuelvo a incidir sobre los que hemos dicho, es decir: primero, exige la descripción general del proyecto; segundo, la evaluación de los efectos ambientales previsibles; tercero, las medidas para corregir los efectos ambientales negativos; cuarto, el informe sobre las dificultades técnicas para la confección del programa; y quinto, el programa supletorio de vigilancia ambiental.

Una cosa importante que hace este Real Decreto de mil novecientos ochenta y seis es que establece, en su Disposición Final, que será aplicable a las obras, instalaciones o actividades que se inicien a partir de los dos años de su entrada en vigor.

Voy a hacer una breve referencia a la legislación comunitaria, sobre todo al Real Decreto 1.131 de mil novecientos ochenta y ocho, de treinta de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1.302, del que hemos venido hablando.

Este Reglamento, inspirándose en la normativa comunitaria, la directiva 85/337, precisa la forma y amplitud con que han de realizarse los estudios de impacto ambiental de obras públicas y privadas. El mismo da cumplimiento al artículo 45 de la Constitución, en cuanto impone a los poderes públicos la defensa del medio ambiente, y también al artículo 9, que exige que éstos, es decir, los poderes públicos, faciliten y posibiliten la participación de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social.

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Su Capítulo I comprende disposiciones generales definitorias del objeto y ámbito de aplicación.

El Capítulo II desarrolla el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, concibe la evaluación como un proceso que se inicia con la definición genérica del proyecto que se pretende realizar y culmina con la declaración del impacto que formula el órgano ambiental, en la que se recogen las condiciones que deben de establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

La evaluación se realiza sobre la base de un estudio de impacto, cuyo contenido se especifica, y para cuya elaboración se cuenta con la mayor información posible, que deberá de ser suministrada por el titular del proyecto y por el responsable de la realización del estudio por parte de la Administración.

Por último, el Capítulo III regula las evaluaciones de los impactos ambientales con efectos transfronterizos.

También tiene un Capítulo IV este Real Decreto, en el que se regula la vigilancia, la responsabilidad y la confidencialidad de la información.

Pasamos a hacer una breve referencia de las disposiciones en nuestro marco autonómico.

La normativa de la Junta de Castilla y León sobre el tema medio ambiental de las explotaciones mineras se encuentra contenida en dos disposiciones. La primera, el Decreto 119 de mil novecientos ochenta y cinco, de diecisiete de Octubre, sobre la restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras.

Este Decreto regula y adapta las especiales circunstancias de Castilla y León y la aplicación del Decreto 1.116/84, en lo que específicamente se refiere a explotaciones de cielo abierto. Obliga, como no podía ser menos, a la presentación de un Plan de Restauración, conforme al mencionado Real Decreto, y su aprobación requerirá -y esto es lo importante- los informes previos de las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Montes, la de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Curiosamente, el Plan de restauración se ha de presentar en la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Trabajo. La validez de la aprobación del Plan queda condicionada a la presentación de una garantía que asegure la correcta ejecución del mismo. La cuantía de esta garantía se fijará teniendo en cuenta la repercusión de la inversión prevista en el Plan de Restauración, sobre los costes por unidad de producto y la producción prevista en el Plan de Explotación; y para ello se articula una fórmula polinómica.

Por último, este Decreto encomienda a la Consejería de Industria, Energía y Trabajo la supervisión de los trabajos de restauración e inspección final.

El otro marco legislativo de la Comunidad es la Orden del diez de Febrero de mil novecientos ochenta y seis, que desarrolla el Decreto, concretamente, 119 en lo referido a la restauración de espacios naturales afectados por la minería del carbón. Esta Orden desarrolla el Decreto anterior, aunque tan sólo en lo referente a la minería de carbón.

En la misma se expone el contenido del Plan de Restauración, se mantienen las competencias en la Consejería de Industria, Energía y Trabajo.

Es evidente que entre el momento en que se publica el Real Decreto 2.294/82, en el que se intenta dar, por primera vez, respuesta a la problemática de restauración del paisaje, y la fecha en que aparece, como consecuencia, los compromisos derivados de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental, es decir en mil novecientos ochenta y ocho, se ha dejado transcurrir demasiado tiempo. No lo es tanto que la Junta de Castilla y León tuviera el acierto necesario para regular con eficacia las situaciones administrativas que inexorablemente se iban produciendo, pues, como señalé antes, la participación de tres Consejerías en la tramitación de los expedientes constituyó, de hecho, un obstáculo difícilmente salvable y un factor retardatorio para las autoridades administrativas que tuvieron por efecto una paralización casi absoluta de las explotaciones a cielo abierto.

En síntesis, la normativa emanada de la Comunidad Autónoma, es decir, el Decreto y la Orden mencionados, tuvo dos efectos: primero, exigir una complicada tramitación burocrática de los expedientes, al implicar en el informe a tres Consejerías; y segundo, una formulación sofisticada y costosa para la determinación de la garantía o aval que debía de prestar el explotador, fórmula que, por analogía, se había hecho extensiva del sector del carbón a otras instancias. Esto motivó que en muchas ocasiones, para desbloquear el gran número de expedientes sin resolver, la decisión tuviera que ser tomada expeditivamente por la Junta de Consejeros.

A pesar de ello, desde finales del ochenta y cinco, principios de mil novecientos ochenta y seis, hasta la entrada en vigor del Reglamento -recuerdo, noviembre del ochenta y ocho-, el número de expedientes aprobados de explotaciones a cielo abierto con plan de restauración fue de doscientos dieciséis expedientes, y las cantidades que se exigieron de aval superaban los 1.000.000.000 de pesetas.

A partir de la entrada en vigor, es decir, de noviembre del ochenta y ocho, y hasta el dieciséis de febrero del ochenta y nueve, se han presentado veintiséis solicitudes de explotación a cielo abierto, con valoración, por supuesto, del impacto ambiental.

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Con respecto a esta última fecha, tengo que aclarar que es la misma que la de la contestación a una pregunta escrita formulada por el Procurador don Jaime González, del Grupo Parlamentario Socialista, y a la que tuve el honor de contestar en los términos siguientes: "Las solicitudes de explotaciones mineras que se consideran sometidas a valoración del impacto ambiental presentadas desde la fecha de entrada en vigor del Decreto 1.131/88 hasta el dieciséis de febrero han sido las siguientes: Avila, cinco expedientes; Burgos, ninguno; León, catorce expedientes; Palencia, un expediente; Salamanca, Segovia y Soria, ninguno; Valladolid, siete expedientes, y Zamora, ninguno. De estos veintisiete expedientes presentados se ha iniciado solamente la tramitación de solicitud relativa a la explotación del carbón a cielo abierto de la Sociedad Minera de San Luis en Guardo (Palencia). El resto -decía entonces- están detenidos en su tramitación, a la espera de la publicación a corto plazo de una circular operativa de la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente que permita la constitución de ponencias y estudios en los proyectos de impacto ambiental en cada provincia, para luego pasar a una Comisión Provincial que dictaría la declaración de impacto ambiental. Con esta circular se pretende dar fluidez a los expedientes retenidos a la espera de que la Junta de Castilla y León desarrolle normativamente el citado Decreto 1.131/88".

Esta respuesta fue facilitada a las Cortes con mi firma el veintidós de febrero pasado. En estos momentos el Reglamento de mil novecientos ochenta y ocho, la única norma vigente sobre evaluación del impacto ambiental, se encuentra en el mismo sitio. Se han incorporado, como he dicho, la normativa de la Comunidad Económica Europea, pero se hace necesaria la publicación de otras normas complementarias de desarrollo por parte de la Junta, fundamentalmente a fines de coordinación administrativa entre las Consejerías afectadas. Y, provisionalmente, esta norma es precisamente la circular que he mencionado con anterioridad y que ha sido publicada a primeros de marzo.

La Dirección de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente de la Consejería de Fomento, en su calidad de órgano medioambiental de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en lo relativo a la tramitación de estudios de impacto ambiental necesarios, según la legislación vigente, ha puesto en vigor esa circular hasta que por la Junta de Castilla y León se promulgue la legislación oportuna. Esta circular, en su apartado a), establece los trámites a seguir en lo que respecta a explotaciones a cielo abierto que deben de presentar también el plan de restauración.

El plan de restauración que se viene exigiendo por la normativa vigente será la pauta técnica para el estudio de impacto ambiental, definido por el reglamento del ochenta y ocho. Recibido dicho proyecto en la Sección de Minas, se enviará una copia a los miembros de la ponencia técnica que se constituirá al efecto, y que está integrada por técnicos de la Sección de Minas, de la de Montes y de la de Urbanismo.

A continuación se procederá, bien por la Sección de Minas, o bien por la de Urbanismo, Acción Territorial y Medio Ambiente, a la Información Pública del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados. Terminado el plazo de alegaciones, se reunirá la Ponencia, que emitirá su informe y lo elevará a la Comisión Provincial, que, actuando como órgano medioambiental, firmará la declaración de impacto, remitiendo todo lo actuado al órgano sustantivo que autorice el proyecto.

Para terminar esta información, tengo el honor de comunicar a Sus Señorías que, como todos conocen, en el Pleno de las Cortes celebrado el día nueve de marzo pasado, se aprobó la Proposición No de Ley número 92-I, presentada por el Procurador don Jaime González, relativa a la regulación de la composición y funcionamiento del órgano administrativo del medio ambiente.

Estamos, pues, ante una situación transitoria, que, si bien ampara suficientemente los problemas medioambientales, habrá de tener en el futuro un tratamiento más sistemático y completo. Existe en nuestra sociedad una especial sensibilidad en relación con la conservación del medio ambiente, acorde con la importancia del patrimonio natural de Castilla y León, y de los graves problemas ecológicos que la afectan. La Junta de Castilla y León tiene el compromiso y el deber de articular acciones acordes con las aspiraciones de nuestros ciudadanos, que, en definitiva, como no podía ser menos, los mismos que infiera al conjunto de la sociedad europea.

El tratado de adhesión obliga a los estados miembros a adaptar su ordenamiento jurídico a los principios y normas de derecho comunitario. Este proceso, que ya se ha iniciado con la aparición del Reglamento del ochenta y ocho, determinará una creciente homogeneización normativa y, en definitiva, acota el marco de acción en el que deberán actuar las Comunidades Autónomas.

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Por consiguiente, los criterios y pautas de la Junta de Castilla y León no son ni pueden ser otros que los vigentes en la Comunidad Económica Europea, es decir: la preservación del patrimonio medioambiental, el control de las actividades económicas de explotación, especialmente en los casos de los cielos abiertos, la exigencia de crecientes intercambios de información con objeto de mejorar la evaluación sobre los efectos de dichas explotaciones, la garantía de restauración y, en definitiva, la seguridad y el equilibrio permanente entre el medio natural y la acción del hombre.

Creo que con esto, Señorías, he dado cumplimiento a la primera parte de la pregunta. A continuación voy a hacerles el informe sobre las explotaciones, en cuanto al cumplimiento de la normativa medioambiental específica.

Debo de reconocer, Señorías, que actualmente existen en nuestra región situaciones de deterioro paisajístico y medioambiental, que a ninguno nos gusta; pero debo de afirmar también, para centrar el tema, que el origen de la misma no es de hoy. Se trata de efectos derivados de una actividad económica que en el pasado no ha sido bien controlada, bien por falta de sensibilidad, bien por falta de medios, bien como consecuencia de las carencias históricas de nuestra legislación. En cualquier caso, habría que distinguir dos tipos de situaciones: las cortas, oquedades y escombreras derivadas de actividades paralizadas con anterioridad al Real Decreto 2.294 del ochenta y dos, cuyo desarrollo reglamentario no se produjo de hecho hasta el ochenta y cuatro; y la segunda, los impactos ambientales derivados de explotaciones nuevas o que, habiéndose iniciado con anterioridad, siguen en actividad al día de la fecha.

Con anterioridad a la primera de las fechas señaladas, no existe ni obligación de fianza, ni sensibilidad en la Administración respecto a los problemas del impacto ambiental. La restauración del paisaje y de las agresiones producidas sobre el entorno natural requieren, por consiguiente, soluciones que, en cualquier caso, deberán financiarse sin otros respaldos que los recursos financieros que aporten las diferentes Administraciones. Y digo Administraciones en plural, porque en todo caso estamos hablando de una situación anterior al traspaso de competencias en materia minera, que, como Sus Señorías saben, se produjeron fundamentalmente en octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, y que, por consiguiente, deberían de haber sido valoradas en su momento. No digo que a estas alturas del problema no deba de ser asumido en la parte que corresponde a la Junta, pero sí quiero indicar que el problema requiere un tratamiento gradual, empezando por los casos más graves, que deberá de ser compartido por aquellas Administraciones a quienes les es imputable su tanto de responsabilidad.

Por el contrario, las situaciones sobrevenidas a partir de la legislación vigente en la materia están amparadas por un sistema de fianzas que, de estar bien formulada la famosa expresión paramétrica, es decir, la que está contenida en la Orden del diez de febrero del ochenta y seis de la Consejería de Industria, Energía y Trabajo, debería de bastar para corregir en su momento las agresiones realizadas sobre el medio.

Como ya se ha dicho anteriormente, las explotaciones a cielo abierto autorizadas desde finales del ochenta y cinco, principios del ochenta y seis, han sido doscientas dieciséis, con cantidades avaladas en concepto de fianzas superiores a los 1.000.000.000 de pesetas. Los expedientes pendientes de resolución en este momento, como también he señalado, alcanzan la cifra de veintisiete. La importancia del problema está directamente relacionada con las expectativas que las explotaciones a cielo abierto tienen en nuestra Comunidad. La misma es, por razones económicas, muy diferente en el caso de unas u otras sustancias.

En el desarrollo de las producciones de carbón a cielo abierto, caben distinguir, a mi juicio, tres etapas, fundamentalmente. Las anteriores al año ochenta y seis, incluido el ochenta y seis, en que la producción a cielo abierto estuvo limitada exclusivamente al cupo general del carbón establecido entre empresas y el sistema térmico. El precio de este carbón, por otro lado, era el mismo que el procedente de la minería subterránea. Esto cambió en el año mil novecientos ochenta y siete, que es un año de transición en el que sólo se garantiza la compra del 40% del carbón a cielo abierto entregado en el año ochenta y seis, y su precio se aproxima al 75% del subterráneo; el resto de entrega de carbón cuyo origen fuera de cielo abierto debió de realizarse en régimen de mercado libre, con la repercusión económica que esto tenía en el precio. Para el año ochenta y ocho y sucesivos desaparecen prácticamente las producciones a cielo abierto, quedando el mismo reducido a las pequeñas subastas que se produzcan. En el año ochenta y ocho no hubo ninguna, y en el futuro dependerá de los desajustes que tengan en la programación establecida en los planes estratégicos.

De lo apuntado hasta aquí, Señorías, se deduce que la implantación del nuevo sistema de contratación térmico ha incidido, para bien o para mal, en reducir drásticamente la influencia medioambiental en esta sustancia.

Ello no quiere decir que el carbón no vaya a producirnos preocupaciones desde el punto de vista medioambiental. Quiero decir, simplemente, que a las preocupaciones medioambientales de carbón se suman ahora las derivadas de la incidencia que la reducción de cielo abierto puede tener a corto plazo sobre la marcha de algunas empresas y, en definitiva, sobre la economía regional. En cualquier caso, consideramos que las capas explotables en superficie constituyen una reserva estratégica y que su explotación resulta únicamente aconsejable, con las garantías precisas, en los casos que sea necesario para dar cumplimiento a los planes térmicos o de grave crisis.

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Aunque sea por motivos distintos, el sector del estaño, sustancia que podía y debería ser base de nuestro desarrollo en una importante parte de las provincias de la Comunidad, ha dejado de explotarse al no existir mercado en el momento presente. Se trata de una sustancia que en la época en que se encontraba en explotación, dadas las características geológicas del resto de nuestra Comunidad, permitió tener abiertas abundantes cortas, y, dadas las importantes dimensiones que presentaban, motivó el establecimiento de importantes medidas, ya que, si exceptuamos las grandes explotaciones que existen en la Comunidad Autónoma, la participación de las acciones en cielo abierto de esta sustancia se sitúan a muy alto nivel.

Las minerías que, teniendo en cuenta la situación del sector en el momento presente, tienen una mayor participación en nuestra Comunidad, una vez analizados el sector del carbón y del estaño, en términos generales son: primero, los minerales industriales, después las rocas ornamentales, y en tercer lugar las grandes explotaciones de la Comunidad en sustancias diversas. El resto de actividades podemos considerar que, aunque puedan proliferar a cielo abierto, son al mismo tiempo controlables sin grandes problemas.

Vamos a analizar los minerales industriales. Los minerales industriales que se explotan a cielo abierto son los feldespatos y arenas feldespáticas. Los yacimientos más significativos se hallan en Segovia. Otras provincias con esas sustancias son Salamanca, Zamora y Avila. En el caso de las arenas silíceas las explotaciones más relevantes se encuentran en León, Burgos y Segovia, cuya producción se dirige hacia la industria del vidrio, como sus Señorías conocen. En lo que se refiere a los caolines, las explotaciones no tienen grandes dimensiones, localizándose en Burgos, Palencia y Soria.

En la mayoría de estos casos, aunque se remueven grandes superificies, la escasa profundidad de los huecos permite la restauración con un tratamiento mínimo.

Analizamos el segundo bloque, de rocas ornamentales. Las explotaciones de pizarra se localizan en el oeste de la provincia de León al límite con la provincia de Orense, presentan abundantes yacimientos e igualmente existen explotaciones en Zamora, aunque con menores dimensiones. Los granitos, se encuentran yacimientos de esta sustancia en Segovia, Avila, Zamora y Salamanca. Hay yacimientos de rocas carbonatadas en Valladolid y areniscas en Salamanca y Zamora. En todos los casos, los que he mencionado de rocas ornamentales, se trata de explotaciones de alta rentabilidad. Los volúmenes extraídos son relativamente pequeños, por lo que la agresión es a largo plazo y su corrección, si los planes de extracción son adecuados, resultan muy poco costosos. Uno de los posibles problemas consiste en la eventual interrupción de los cursos de agua por las escombreras. Este problema también es controlable mediante una adecuada vigilancia y coordinación entre los diferentes organismos.

Y, por último, vamos a analizar las otras grandes explotaciones a cielo abierto. Estas son las de la globerita, sulfato sódico; se localiza en la provincia de Burgos y es explotada por Timidesa y la minera de Santa Marta. Finalmente, habría que mencionar las arcillas como materia prima de la industria de la cerámica, que se explotan en todas las provincias con yacimientos sedimentarios. En Zamora hay explotaciones de arcillas carboníferas. En la mayoría de los casos se trata también de pequeñas explotaciones. El problema fundamental viene determinado por la formación de zonas de embalsamiento debido al carácter impermeable de la propia sustancia y pueden revestir cierta peligrosidad si no se protegen y señalizan adecuadamente. Especial significado adquieren en nuestra Comunidad las canteras, que suministran materiales para las vías públicas ya que suelen encontrarse en sus proximidades.

La estimación de la agresión ambiental resulta en estos casos visible a la simple vista. Como verán Sus Señorías, el problema resulta muy desigual de una sustancia a otra y de una provincia a otra de esta misma Región. Para dar ejemplos concretos, voy a citar algunos expedientes pasados y presentes tramitados por el Servicio de Minas de esta Consejería en la provincia de León, que, por obvias razones, puede ser la más representativa de la Región desde el punto de vista de explotación minera y su restauración.

En la provincia de León actualmente hay cinco explotaciones a cielo abierto autorizadas, con su aval correspondiente y una larga lista de expedientes paralizados, debidos, fundamentalmente, a la no admisión de carbón de esa procedencia, como he dicho antes, por las centrales térmicas.

Por otro lado, los movimientos ecologistas presionan a las autoridades civiles con el fin de paralizar las explotaciones a cielo abierto. Tal es el caso del Ayuntamiento de Santa Lucía de Gordón, que va a someter a referéndum la apertura de la explotación de la Hullera Vasco Leonesa en La Robla. Un caso semejante se da en la actualidad en una explotación de oro en la zona de las Omañas.

Los planes de restauración más importantes se han estado llevando a cabo en los siguientes años.

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En mil novecientos ochenta y cinco. La corta de Fabero ocho y seis, que pertenece a las propiedades de Sabero y Anexa, con un plan de restauración continuado cuyo aval para restauración se ha ido actualizando en los sucesivos años. En la corta seis, el aval que se presentó fue el trece del once del ochenta y siete por importe de 13.678.500 pesetas. En la corta ocho se presentó el aval en Junio del ochenta y ocho, el día veintiuno, por valor de 12.501.120 pesetas. Y nuevamente han vuelto a explotar la corta seis el veintiuno del seis también del ochenta y ocho presentaba un nuevo aval por 10.709.105. De esta misma sociedad... no, perdón, pertenece a la Hullera Vasco Leonesa, se estuvo explotando en el año ochenta y cinco la explotación de Pastora y Collampa, con un plan de restauración continuado cuyo primer aval corresponde al ochenta y siete y fue de 11.749.515 pesetas. De la Hullera Oeste y Sabero, la explotación "La máquina" hizo un plan actualizado de restauración y el aval que prestó ha sido el siguiente: el diez del siete del ochenta y siete, por 7.335.224; este aval se encuentra ya cancelado por haberse realizado la restauración a satisfacción de la Comunidad el seis del nueve del ochenta y ocho. El ocho del siete del ochenta y ocho presentó otro aval por 8.347.837.

En el año ochenta y seis, el grupo de Carrasconte y el Salguero de la empresa MSP el aval de restauración que presentó fue de 7.706.150 pesetas. Y la actualización se hizo de la siguiente forma: presentó 6.000.000 en el plan de labores del ochenta y seis y 3.000.000 en el ochenta y siete; como en el año ochenta y ocho su plan de labores no existía, no ha presentado más avales.

La Hullera Vasco Leonesa, también el año ochenta y seis, para el grupo de María Valsada y Peñas, presentó un aval por valor de 41.272.389 pesetas. En el año ochenta y siete, la explotación Eugenio II de Antracitas de Besande presentó un aval de restauración, un aval para la restauración de 5.902.513 pesetas. Y Castellano-Leonesa de Minas para el Grupo de Zapateras I y II presentó un aval de 5.079.625.

En el año ochenta y ocho ,la Hullera Vasco Leonesa, para el grupo Ciñera y las áreas de Anita y Emilia, presentó un aval para la restauración por 22.514.181 pesetas. Y la MSP, para el Grupo Lumajo y de la Requerona, presentó un aval por 73.613.388 pesetas.

Este mismo año, Minas e Industrias Leonesas, S.A., para el grupo Eugenio II, VI y IX ha vuelto a solicitar un expediente y se encuentra en estos momentos en tramitación, por lo cual no se le ha cuantificado todavía el aval.

Si quieren, en el debate, a Sus Señorías les puedo ir analizando de todas las empresas. En definitiva, el planteamiento es que las empresas que han ido restaurando a partir del año ochenta y seis, como dijimos, se les ha cancelado tan sólo a tres o cuatro que han restaurado los avales, y el resto están los avales pendientes para proceder a la restauración.

Tanto en esta legislatura como en la del curso anterior, el énfasis que la Administración ha puesto en la vigilancia de los problemas medioambientales ha dependido de las prioridades y de los medios. No creo que haya situaciones de incumplimiento sistemático. En general, los planes aprobados por la Administración se están cumpliendo y su cumplimiento resulta tanto mayor cuanto mayor volumen tiene la explotación de que se trata. No podemos evitar que, mientras que la actividad dura, se aprecien sus efectos sobre el entorno; pero creo que en esta materia se está avanzando, en consonancia con el desarrollo de un proceso normativo que en España ha llevado más años de los debidos. La situación, de hecho, con la que se ha encontrado esta Administración han concedido una prioridad fundamental a la vigilancia de los problemas de la seguridad minera. A este objetivo se han destinado, fundamentalmente, los esfuerzos y las atenciones de los servicios técnicos de la Junta. A partir de finales del ochenta y ocho disponemos ya de una legislación en materia de explotaciones a cielo abierto homologable a la europea y que pone en manos de la Administración los instrumentos normativos necesarios para intervenir eficazmente. Estamos, por consiguiente, entrando en una situación que requiere niveles crecientes de exigilidad por parte de la Administración.

Existe entre las empresas una creciente concienciación de que es así y existe también una opinión pública que reclama de las instituciones grados cada vez mayores de cumplimiento, que no pueden lograrse sino con mayor control y vigilancia.

Frente a la mayor intensificación de la acción de oficio de la Administración, existe, como consecuencia del mayor grado de sensibilidad ciudadana, una mayor posibilidad de actuación también a instancia de parte. Buena prueba de ello es la denuncia de una explotación de arcilla en las inmediaciones del Cerro del Cristo del Otero en Palencia y que determinó la corrección de los planes de actuación de la empresa y el desencadenamiento de un requerimiento específico por parte de la Administración Regional.

Creo, Señorías, que por no extenderme he obviado parte de las explotaciones, pero, si lo creen conveniente, a través de los turnos de dúplicas y réplicas podré contestarles pormenorizadamente. Creo que con ello he dado cumplimiento, señor Presidente, al Orden del Día, a los dos puntos del Orden del Día de hoy.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Consejero. Se suspende la sesión por un espacio de veinte minutos.

(Se suspendió la sesión a las dieciocho horas, reanudándose a las dieciocho horas treinta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Se reanuda la sesión. Para la formulación de preguntas u observaciones, se procede a la apertura de un turno de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social tiene la palabra el señor Domínguez Ferrer.

DOMINGUEZ FERRER

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EL SEÑOR DOMINGUEZ FERRER: Gracias, señor Presidente. Señores Procuradores, señor Consejero. A pesar que muchas de las opiniones que voy a vertir sobre los cielos abiertos estoy seguro que son conocidas por Sus Señorías, no me resisto a exponer la opinión del CDS en este tema, ya que considero que es de una importancia vital para nuestra Comunidad. En cualquier caso, ya anticipo que nuestra mayor preocupación se dirige a las explotaciones ya cerradas y, por ello, anteriores al año ochenta y seis.

A la tradición minera de la Comunidad han venido a sumarse en los últimos años una modalidad de extracción que rápidamente se ha hecho tan conocida como rechazada ante la opinión pública: las explotaciones a cielo abierto. En la minería a cielo abierto, actividad que consiste en el arranque del mineral o roca sin labor subterránea, pueden diferenciarse diferentes explotaciones: canteras de material calcáreo, canteras de pizarras, canteras de arcilla, extracción de áridos de aluviones fluviales asentados en los cursos medios y bajos de los ríos, o canteras de áridos en vertientes montañosas. Todas ellas tienen un impacto grave sobre el entorno natural, que va desde la destrucción de la cubierta vegetal y el suelo hasta la generación de nubes de polvo, el arrastre de limos a los cauces fluviales y la modificación del trazado de los mismos. Sin embargo, la minería del carbón, por su dimensión, aparece como la que mayor impacto degradante produce. A raíz de la crisis del petróleo a mediados de los años setenta y emparejado con el recobro en importancia del carbón como fuente de energía para generar electricidad, es cuando se generaliza esta actividad en todas las cuencas carboníferas de la Comunidad. El apogeo de las cortas mineras a cielo abierto se ha producido sobre todo entre los años mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos ochenta y dos, mientras no existía legislación alguna que velase por la conservación del medio y la restauración de los emplazamientos degradados por esta modalidad minera. La característica especial que ha suscitado controversia y rechazo hacia las minas superficiales consiste en que producen un cambio radical de la fisonomía del paisaje y a la vez desencadenan otros efectos sobre el medio ambiente no deseados.

Las consecuencias sobre el entorno natural se producen en tres frentes: la contaminación a través del aire, la alteración de las aguas y, el más ostensible, la transformación del sustrato y la vegetación. En el aire se produce la dispersión de toneladas de partículas finas en forma de polvo liberadas por las operaciones de excavación, así como por los vertidos de materiales no aprovechables, es decir, de los estériles. Los cursos de agua, bien sean superficiales o subterráneos, se ven degradados física y químicamente; los primeros pueden ser desviados u ocluidos por las cortas o por el vertido de estériles en escombreras, mientras que los acuíferos subterráneos pueden ser interceptados por la excavación y perder su caudal, agotándose fuentes e incluso ríos que hasta entonces se surtían de ellos. La polución del agua por vertido de materiales terrosos y su acidificación por la disolución de derivados químicos del azufre que forma parte del carbón son otros efectos negativos que pueden provocar graves situaciones. Este tipo de explotaciones mineras produce un gigantesco socavón en el lugar donde se ubican, significando el arrancamiento de la vegetación y el removido de enormes cantidades de suelo. La transformación radical del terreno y de la cubierta vegetal supone una eliminación de la fauna, aniquilación del uso tradicional de los recursos renovables del lugar, acentuamiento de la erosión al no encontrar el agua retención a su fuerza de arrastre ante la ausencia de vegetación, y un efecto drástico sobre la percepción estética del paisaje.

Por la normativa actual se exige a toda nueva explotación a cielo abierto la ejecución de un plan de restauración de los terrenos afectados, cuyo proyecto debe ser aprobado por la Administración con anterioridad a la concesión de la autorización minera. La Ley no dispone, en cambio, de ninguna medida de reparación de daño causado por las cortas explotadas con anterioridad a su promulgación. En la actualidad se estima que el coste de restauración, que debe consistir en una recomposición topográfica mediante el rellenado del socavón y una regeneración de la vegetación, se situaría entre 2.000.000 y 5.000.000 de pesetas por hectárea, lo cual consideramos que no es un gasto demasiado excesivo sobre otros costes de producción. Esta situación nos demuestra que el impacto de la minería a cielo abierto en Castilla y León es grave. Son más de mil hectáreas las afectadas por las cortas; de ellas el 42% es sólo forestal, cubierto por bosques y matorrales de retamas, y el 25% superficie aprovechable agrícolamente.

Yo tengo unos datos por cuencas en la cual, concretamente por ser los de la provincia de León, en la zona Bembibre-Toreno hay afectadas del orden de setenta y una hectáreas; en las zona Ciñera-Matallana, veintidós hectáreas; en la zona Fabero-Matarrosa, ciento diecisiete hectáreas; en la zona de La Magdalena, veinticuatro hectáreas; en la zona Toreno-Valdesanmario, cuatrocientas cincuenta y siete hectáreas, y en la zona Villablino, ciento cuatro hectáreas -datos anteriores al ochenta y seis-. Lo más preocupante de todo esto es que prácticamente todas estas explotaciones están concluidas y en muy pocas de ellas se ha realizado una restauración.

Como consecuencia de todo esto, nuestro Grupo va a definir su postura, y de alguna manera lanzar alguna sugerencia, por si pudiera dar alguna solución al grave problema de la minería a cielo abierto. Dentro de las conclusiones, nuestro Grupo se define por un sí claro a los cielos abiertos, siempre que se produzca una restitución del medio alterado y siempre que dichas explotaciones sirvan para modernizar la minería del interior y para conservar los puestos de trabajo.

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En segundo lugar, nuestro Grupo pretende que se busque el sistema idóneo para que la Administración recaude a los concesionarios de dichas explotaciones el montante económico suficiente para restituir dichas cortas de cielo abierto, y que esto sea realizado por la propia Administración mediante concurso; es decir, no dejarlo al concesionario, sino que, mediante esos recursos aportados por el concesionario, la Administración lo pueda ejecutar.

También como sugerencia y dentro del nuevo sistema de contratación de carbón, algo que evidentemente tendría que ser con un previo acuerdo entre la Administración Central, la Administración Autonómica y Eléctricas, nuestro Grupo entiende que, ya que las empresas eléctricas se benefician de una diferencia de precio de un 25% en la compra del carbón a las empresas mineras procedentes de cielo abierto, de alguna manera se tratase de dotar un fondo que una pequeña parte, o la mayor parte posible, pero, por supuesto, una pequeña parte, fuera un fondo que pudiera servir para la restitución de las explotaciones ya abandonadas. Nuestro Grupo cree que las eléctricas se benefician claramente de una reducción del precio del carbón, y que de alguna manera se pudiera dotar a ese fondo para restituir las explotaciones ya abandonadas.

Y también como sugerencia, y dado que entiendo que esto solamente lo puede hacer la Comunidad Autónoma y que ya en otras Comunidades se está realizando, que la Comunidad Autónoma encargase a través del MOPU los suficientes estudios para tratar que parte de las escombreras de carbón se pudieran utilizar como capas de subbase en las carreteras, lo que ya se está haciendo en la Comunidad asturiana concretamente, en la que se están empleando las escombreras de HUNOSA para parte de la construcción de las carreteras. Eso tendría un doble efecto: por una parte, el que no tendríamos que dañar más el medio al no tener que extraer áridos necesarios para la construcción de carreteras; y una segunda vertiente, que eliminaríamos escombreras que, de alguna manera, están dañando el medio ambiente. Repito que lo que creo que ahí puede hacer la Comunidad Autónoma es encargar los estudios oportunos y la homologación, para ver si realmente esas escombreras podían tener esa utilización.

Como punto final, también quisiera preguntarle al señor Consejero -y aunque está fuera del Orden del Día- que, dado que en las expectativas de expedientes de cielo abierto, pues, nos ha relatado que actualmente solamente existen veintisiete expedientes, pero como creo que existe una perspectiva en un futuro de una corta suficientemente importante, que es la gran corta de Fabero, que de alguna manera en un futuro sería una explotación importantísima de cielo abierto -y repito, aunque sé que está fuera del Orden del Día-, si de alguna manera nos pudiera anticipar algún dato sobre ella y en qué línea siguen las negociaciones. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Domínguez Ferrer. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lorenzo Martín... No, López Trigal.

LOPEZ TRIGAL

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL: Bien. La comparecencia que hemos pedido del señor Consejero de Economía, es para nosotros elemental y fundamental tener un conocimiento contrastado de, en este periodo actual que lleva la Junta de Castilla y León, la segunda Legislatura, poner al día en esta materia ante el Grupo de Procuradores en esta Comisión, porque entendemos que las explotaciones a cielo abierto, no sólo de carbón, sino las explotaciones en general de áridos, de pizarras, canteras, etcétera, etcétera, de cualquier mineral, por tanto, son, en suma, muy importantes en el deterioro medioambiental que se refleja en general. Creemos que en ese mismo sentido ha sido consciente la intervención y el enfoque que le ha dado el señor Consejero, y entendemos que, posiblemente, la preocupación ecológica y medioambiental participamos todos de ella.

Se nos ha dado por el señor Consejero una primera contestación en la comparecencia a los criterios de la Junta de Castilla y León sobre la incidencia medioambiental de estos espacios desde el punto de vista jurídico. Yo creo que esa primera parte que nos ha citado, larga, aproximadamente, bueno, pues ha hecho un recorrido de la referencia legal, bueno, que bien, está para ponernos al día, sobre todo especialmente... tendría más importancia en este caso la normativa más reciente, la normativa de la Comunidad Europea y las últimas directrices al respecto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

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Entendemos, en cambio, que -aunque ha anunciado algo el señor Consejero- es muy necesario el que por la Junta se desarrolle la ordenanza normativa al respecto, porque eso sí, eso sí, del anterior tiempo, periodo de la primera Legislatura autonómica, creemos que se ha perdido la continuidad en ese desarrollo legislativo; por lo menos, en este periodo de casi dos años no se ha proseguido este desarrollo legislativo. Bien, en ese aspecto -si cabe- hay alguna confusión que me parece que en el contexto, y sobre todo en la lectura, cuando tengamos el Diario de Sesiones, captaremos mejor, confundiendo en la lectura que ha hecho el señor Consejero, incluso dos o tres veces, Decretos en una denominación, por ejemplo, inexacta: el Real Decreto de 1982 no se ha citado por el número 2994, se ha citado otro número; se ha confundido el término reestructuración con restauración en dos ocasiones también en la lectura que ha hecho el señor Consejero; en fin, creo que quizá sea un poco, en este sentido, la confusión a la que tiene gala siempre el señor Consejero en relación con su discurso, generalmente de reestructuración de las empresas mineras, que en este caso no se trataba de eso, sino se trata, efectivamente, de restauración de las cortas, destrozas que en la actividad y los impactos medioambientales están llevando a cabo en nuestro medio, en nuestra Comunidad.

Bien, en ese sentido, no quisiera hacer más referencia a la primera parte, ya que no ha sido muy explicito y muy novedoso porque, efectivamente, poca cualificación y poca aportación ha podido tener hasta ahora la Junta de Castilla y León para que el Consejero, en el tiempo que ha estado -aproximadamente media hora- de su primera parte, haya citado exclusivamente legislación ya muy retrasada en el tiempo, quizá desde mil novecientos ochenta y dos, y, efectivamente, muy poco ha podido decir de su propia cosecha; porque, efectivamente, apenas o nada tiene que aportar. Desde este momento, queremos que se subsane esa deficiencia y que en una comparecencia o en una próxima situación de comentario o debate de esta nueva temática, o de esta misma temática, la Junta de Castilla y León tenga algo más que decir desde el aporte legislativo en este momento.

Sí, en cambio, quiero hacer mi intervención más amplia en relación con el informe en su segunda parte sobre este tipo de explotaciones. Quizá no se ha atrevido, o no ha querido entrar en mayores detalles, como el mismo Consejero ha dicho, en relación con este tipo de explotaciones. El grado de deterioro al que han llegado las cuencas mineras, de carbón, pero el grado de deterioro también -como decía antes- de todas las explotaciones a cielo abierto en los últimos años es, desde luego, asombroso, muy amplio y, desde luego, muy importante, de efectos de perturbaciones medioambientales, impensables si no fuera porque desde luego se ha desarrollado muy especialmente la maquinaria, la técnica; han entrado en juego en los último quince-veinte años nuevas maquinarias que no eran las acostumbradas en la cantería tradicional, o en las explotaciones a cielo abierto, en sistemas tradicionales. Hoy los medios son mucho más amplios, y en muy corto plazo de tiempo se puede dar la vuelta a un monte, por decirlo en una breve frase.

Y yo diría que, como hemos visto antes, hay regulación suficiente, hay regulación suficiente. No es una situación ya transitoria, es una situación ya recogida por la legislación, pero la Junta de Castilla León se le está escapando, se le está yendo de las manos este problema generalizado de explotaciones a cielo abierto. No hay un control adecuado. Si bien eso es positivo siempre, y mucho más cuando en esto es el discurso que ha dado el señor Consejero, hay una cierta autocrítica, reconoce situaciones no controladas, reconoce esas situaciones posteriores sobre todo a la legislación más reciente; pero, desde luego, la parte final de su discurso, cuando anuncia un mayor control y vigilancia, señor Consejero, hay que decirle llanamente que casi dos años que no ha habido apenas control y vigilancia, esperemos que ese control y vigilancia se haga a partir de ahora.

Hay aproximadamente quinientas cortas en la cuenca palentino-leonesa de carbón, quinientas cortas abandonadas, abandonadas. Yo he traído -y lo pueden ver los señores Procuradores y el señor Consejero- algunas fotos de este tipo de destrozos, algunas de ellas abandonadas -la mayor parte-, una menor parte de explotaciones que están en activo. Concretamente, la primera de las fotos que he traído es una corta de Fabero-Matarrosa: veinte hectáreas de arbolado de pinar que han sido destrozadas y varios cientos de hectáreas de monte general que se ha hecho un destrozo: en Villablino, en Sabero, como usted nos ha citado, en Llombera, Matallana... en fin, la más reciente la de Guardo (Palencia), son más recientes que las de León, Prado de la Guzpeña, etcétera, etcétera. La mayor parte de ellas, como digo, han sido ya abandonadas, y ahí está la huella, destrozos de todo tipo, y no sólo de la propia zona de explotación, sino también de las pistas de acceso, problema del cual usted no ha hecho referencia, pero que es muy importante, porque, realmente, hasta llegar a esa zona de explotación se hace mucho daño previamente, desde los puntos de carreteras, o desde las localidades de donde parten las carreteras generales.

En esto..., y lo ha citado ampliamente el Portavoz del CDS, intervención que me ha parecido que ha citado al pie de la letra una intervención anterior ya conocida, que han recogido los medios de prensa, concretamente "Diario de León", al pie de la letra creo que ha sido citada, de una aportación, desde un enfoque geográfico, de una reciente tesis doctoral sobre explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia de León. Se ha hecho también, desde la propia Universidad de León -y aquí lo cito, como referencia, además, desde la geografía- una bastante reciente aportación desde el derecho administrativo por parte de otro profesor de la Facultad de Derecho también; yo creo que estos dos enfoques: ecológico, medio físico, y el enfoque de derecho administrativo son más que suficientes para completar un estudio hecho, en este caso, de explotaciones en León, o a cielo abierto, en general.

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Pero, desde luego, creo que las alteraciones en el medio ambiente han seguido haciéndose, como digo, y han seguido hechas al aire de un esquema que he traído también aquí, que es un esquema de una pequeña corta, en la cual se hace un socavón grande en la pendiente, en la ladera; ese socavón, después de equis tiempo, se deja abandonado después la explotación, los escombros tapan otros yacimientos, con lo cual es más negativo también para futuras explotaciones que se pudieran hacer, y esa huella, digamos, ese vaciado no se restituye y, como ha dicho el señor Consejero, aquí hay, desde luego, un amplio trabajo, un amplio futuro de restauración de todas estas cortas abandonadas. Este esquema contradice, pues, el esquema ideal de nuestro medio ambiente en estas zonas que el Procurador del CDS, señor Martín González, ha dibujado esta misma tarde durante la intervención del señor Consejero, y me honro el citarle, concretamente.

Este es el esquema de una vertiente normal, intacta. Pero este es el esquema, no verde, sino bastante negro, de una vertiente después de los trabajos efectuados por una corta en sus fases iniciales, intermedias y en la fase final, esto es, después de abandonar la pendiente, la vertiente. Queda ahí una huella prácticamente definitiva -esta que ven aquí todos- y donde no hay ninguna restauración.

Segunda cuestión. En cantidad, efectivamente, cientos de cortas de explotaciones mineras de carbón. Y ya no digamos cientos de vaciados, miles de vaciados, de explotaciones de todo tipo en lechos aluviales, en canteras, en zonas de pizarra..., en fin, de calizas, etcétera, etcétera. Pero el problema es que la Legislación recoge que debe restaurarse tal como estaban en su medio ambiente original. Y ahí le hago yo una consideración, señor Consejero. Las restituciones que se han hecho ¿no cree usted que son, más bien, de acuerdo con la Legislación vigente, hasta ahora, las que se han hecho a partir del ochenta y seis, restauraciones sólo y exclusivamente topográficas y no restauraciones completas de la vertiente dañada, impactada?.

Por tanto, esta consideración y pregunta que le hago, creo que encierra un problema añadido: que en esta fase actual tenemos una Legislación, pero, desde luego, no hay suficiente control y vigilancia. Y se devuelve muchas veces la fianza, el aval, sin que haya habido previamente una restauración completa y perfectamente observada. Yo no puedo contrastarlo técnicamente como usted podría hacerlo; por eso quisiera pedirle y rogarle, en este caso, que tenga muy en cuenta esta consideración que ha dicho, porque me parece que ahí tiene una gran falla la propia Consejería, la propia Dirección General correspondiente que lleva el control de estas restauraciones de las explotaciones a cielo abierto; de todas, no sólo de las de carbón; de todas.

Esta segunda consideración que le hago, realmente, encierra yo creo que una falta de actuación, si fuera así. Entiendo que es así; cuando lo anticipo, es que la huella está ahí, comprobada en esas fotos. Y son fotos hechas en los años ochenta y seis-ochenta y siete, posteriores a la Legislación más reciente. Por tanto, creo, entiendo que hay que hacer un importante esfuerzo de planificación, de ordenación y de seguimiento y control de todas las materias relacionadas con las explotaciones a cielo abierto, y sobre todo una planificación de los yacimientos frente a políticas que hasta ahora, eso sí, han sido muy generalizadas, de promoción del cielo abierto -llamémoslo así-, aunque sean incluso negativas para la propia explotación del mineral que se quiere sustraer, de cualquier mineral que se quiere sustraer de ese medio. Es decir, porque usted nos ha dicho, usted -creo que se ha entendido así por todos-, que deberíamos entender, más bien, una política de reserva estratégica, sobre todo en relación con el carbón, en este medio; y si esa reserva estratégica se entiende que sea estratégica para situaciones de crisis, de coyunturas muy especiales, deberíamos reducir al máximo -al máximo, digo bien- esa política de promoción de cielo abierto, que es la de los últimos quince años, aproximadamente. Si bien en los últimos años es cierto que se ha reducido el número de explotaciones, le voy a decir que falta usted a la verdad si no entiende que esa reducción no es sólo en número de explotaciones. Efectivamente, eso es cierto; pero es muy mayoritario ahora que esas explotaciones actualmente activas son, sobre todo, grandes explotaciones; no son los chamizos de explotaciones a cielo abierto -algunas de esas fotos que he traído-, sino más bien son grandes explotaciones. Y si a ello se añade la posible gran corta de Fabero, que ha preguntado -y yo creo que muy oportunamente- el Portavoz del CDS, pues, puede ser que tengamos explotaciones a cielo abierto para mucho tiempo más, para más de una década, incluso.

Entiendo, por tanto, que una política también de minería, en este caso..., hay que hacer una segunda lectura a la reestructuración minera que nos decía usted -equivocadamente, quizá, sin darse cuenta- anteriormente. Y recogiéndolo al hilo de ese término, creo que, por ejemplo, empresas como la MSP tienen que seguir una política de reestructuración minera para defenderse, porque, si no, realmente tienen que cerrar la empresa; el Estado, la Comunidad Autónoma, en lo que pueda decir también, tienen que controlar esa reestructuración minera. Pero, desde luego ¿qué hacer ante acosos a la población y sobre todo a la Juntas Vecinales, a las propiedades comunales, que se están llevando a cabo y se han llevado a cabo en estos años, en relación con este medio, estas explotaciones, en León, Palencia, pero..., en fin, en Burgos, en otras provincias, en el resto de la Comunidad, en toda la Comunidad, en otras actividades mineras? Pero, concretamente, refiriéndome al carbón, concretamente: ¿qué puede hacerse de un plan de reestructuración minera si no se tiene en cuenta también, al mismo tiempo que la actividad económica empresarial, una actividad de tipo medioambiental, que todos exigimos o debemos exigir? Y esto, yo creo que debe quedar constancia de ello en esta comparecencia que nos ha hecho usted hoy. Creo que debe tener usted más..., o hacer más hincapié desde su Consejería, desde en general la Junta de Castilla y León, desde los medios que tiene, en esa política rigurosa en la defensa del paisaje, en el cumplimiento de la Legislación.

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Pero, desde luego, yo diría que situaciones como alguna que tengo aquí delante: los vecinos de una comunidad vecinal del municipio de Bembibre, en León, que el veinticinco de Enero se recoge en la prensa que verdaderamente están asustados, es una guerra civil contra el empresario que está llevando a cabo una explotación a cielo abierto. Y una guerra civil, en cuanto que está actuando este empresario, concretamente, de una forma que sigue a capricho, podemos decir así, y yo me he certificado de lo que dice aquí "in situ": es que se está llevando a cabo sin ninguna consideración de la Legislación. Y el pueblo, concretamente, es Labaniego, en el municipio de Bembibre. De ahí que un caso particular y otros casos múltiples que pudieran haber en las cuencas mineras de León y Palencia, pero, sobre todo, en explotaciones de pizarras, de cantería, de calizas, etcétera, etcétera, yo creo que son muchos casos los que no se está actuando de una forma regulada y controlada.

De ahí que la comparecencia fuera necesaria y, por lo que nos ha dicho el señor Consejero, en términos generales, podríamos decir que estaríamos de acuerdo todos. Sólo, por último, para terminar, haciendo recordatorio de que falta el desarrollo legislativo en el sentido de que se había ya anticipado e iniciado en la anterior Legislatura.

Y, en segundo lugar, falta un mayor control y vigilancia de estas explotaciones que por doquier están llevándose a cabo, casi siempre sin ningún control y sin ninguna ejecución de esa fianza. Es así, al día de hoy, que yo le podría hacer una pregunta, concretamente, señor Consejero: ¿Es que se está aprovechando por la Junta de Castilla y León esa Legislación que hay, o no ha servido prácticamente para nada? ¿Para qué ha servido esa Legislación? Porque la verdad es que, si nos salimos de las rutas principales y entramos por nuestras comarcas, y a veces incluso al lado del ferrocarril o al lado de carreteras generales, estamos viendo canteras, explotaciones a cielo abierto, minas a cielo abierto, en los últimos dos años y medio, abandonadas, sin ninguna actividad y abandonadas sin ninguna restitución. Y cuando en algún caso se ha hecho esa restitución, como decía antes, es una restitución solamente de la pendiente, sin llevar a cabo la restauración completa que marca la Ley.

Por tanto, entendemos que era muy necesaria esta comparecencia y sigue siendo necesario, mucho más, la elaboración Legislativa y el control adecuado por parte de la Junta de Castilla y León al efecto.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor López Trigal. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Abad Ibáñez.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Señores Procuradores, señor Consejero.

Por nuestra parte, pocas cosas que añadir, después de la extensa y documentada información que ha aportado el señor Consejero en su comparecencia.

Nuestro Grupo Parlamentario está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el señor Consejero, en nombre y en representación de la Junta de Castilla y León.

También nuestro Grupo Parlamentario valora de forma muy positiva el que la actual Junta, el actual Gobierno Regional haya tratado de impulsar y difundir la Legislación vigente, emanada, tanto de la Legislación del Estado, como de la Comunidad Económica Europea. Este es un hecho cierto, es un dato contrastable y, desde luego, esto no se puede discutir.

También es de destacar como la Administración Autónoma se está preocupando del tema del medio ambiente, hasta el punto que, de forma efectiva, está exigiendo la redacción de proyectos de restauración para, una vez valorados económicamente estos proyectos, exigir de los empresarios mineros fianzas suficientes para la restauración efectiva. Los datos que ha facilitado el señor Consejero son suficientemente elocuentes para avalar cuanto estamos afirmando. Nuestro Grupo Parlamentario también valora de forma positiva el esfuerzo que están haciendo los empresarios para cumplir con los planes de medio ambiente y de impacto ambiental que está exigiendo la actual Comunidad, la actual Junta de Castilla y León.

Un aspecto técnico de la restauración sí quisiera aportar aquí. Todos somos conscientes de que la restauración tiene un costo importante para la empresa que explota un determinado cielo abierto, tanto de carbón como de otros tipos de explotación. Pero no debemos olvidar, y esto es un dato fehaciente, que la sequía que está padeciendo todo el territorio del Estado y también nuestra Comunidad Autónoma no favorece técnicamente el que se consoliden las restauraciones muy bien hechas que, por cierto, hay en la Comunidad Autónoma, en algunos casos. Por ejemplo, la zona de Fabero, que el señor Trigal la conoce muy bien, y la zona de Sabero también, lo mismo que la zona de Matarrosa, se están haciendo unas auténticas restauraciones, que son dignas de copiar de otros sitios fuera de la Comunidad Autónoma, tal cual es el caso de la Comunidad del Principado de Asturias, que viene a copiar precisamente ahí.

Ahora bien, repito e insisto que la climatología que estamos soportando en nuestra Comunidad no favorece demasiado el que se consoliden estas, repito, muy bien hechas, por cierto, restauraciones.

Por último, y para no extendernos demasiado, felicitamos a la Junta de Castilla y León por el esfuerzo que está realizando para hacer efectiva la legislación en este campo.

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También nos consta que la actual Junta, el actual Gobierno, está preparando un paquete de medidas para tratar de favorecer y, además, que se ejecuten también planes de impacto ambiental. Nos consta que esto se está... está en una fase muy adelantada y también está muy adelantado el atrevimiento de la Junta, que va a ser pionero en una serie de medidas en este campo. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Abad Ibáñez. Para contestar a los temas planteados por los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías. Gracias, fundamentalmente, por el tono de las contestaciones, porque creo que es la primera Comisión en la que todos participamos absolutamente de las mismas dudas, de los mismos problemas y denunciamos los mismos hechos.

Estoy absolutamente de acuerdo con el señor López Trigal en que existen esas fotografías. Puedo traerle yo por cientos, efectivamente, unas cortas abandonadas, unas cortas en las que no se ha recuperado.

Me parece que en mi exposición he dicho que habido dos etapas fundamentales. La primera etapa fundamental... Y fíjese bien que usted ha hablado de fotografías del año ochenta y seis-ochenta y siete; me parece que estaba haciendo más una crítica a la Junta anterior que a la Junta presente, pero, bueno... He dicho que había dos etapas absolutamente diferenciadas y que la única forma de actuación que tenemos para restaurar... yo no sé si alguna vez me habré equivocado en la palabra o en los números; no obstante, como usted conoce la legislación perfectamente, si me he equivocado, pido disculpas; miraremos el Boletín de las Cortes, pero, no obstante, usted sabía perfectamente a qué Decretos me estaba refiriendo. Que, por cierto, me ha extrañado también que unas veces hable de que tenemos que legislar más y otras diga que está perfectamente legislado; pues, si está perfectamente legislado, creo que, aunque lo que abunda no daña, pues, si está legislado, cúmplase la legislación.

Pero quiero decirle, fundamentalmente, que no es en tono de crítica, porque creo que las críticas que se están haciendo, en todo caso, son imputables a todos nosotros y, evidentemente, demuestran... nunca ha dicho el Consejero que no fuera oportuna la comparecencia en la Comisión. Creo que es oportunísima la comparecencia en la Comisión, creo que estamos absolutamente concienciados todos y creo que tenemos un problema de primera magnitud. Tal es así que, precisamente, por iniciativa del Consejero que habla, repasando el Debate de Investidura y viendo como se iban cumpliendo, prácticamente, punto por punto los compromisos adquiridos en la Toma de Posesión de nuestro Presidente, hemos tenido unas reuniones para fijarnos en algún tema que, de alguna forma, fuese fundamental para la Comunidad de Castilla y León; y tengo que anunciarle, Señoría, que uno de los puntos en los que nos hemos fijado, fundamentalmente, ha sido, precisamente, en el medio ambiente, en el impacto ambiental.

Creo, y lo ha anticipado el Portavoz de mi Grupo, que la Junta está intentando hacer una serie de medidas no sólo concretas del desarrollo legislativo, que, les recuerdo, desde últimos de Septiembre del ochenta y ocho, entrando en vigor en Noviembre del ochenta y ocho, difícilmente, sin haber desarrollado por Real Decreto el marco comunitario, podía la Junta haberse inmiscuido. Entiendo que lo lógico era esperar y hemos esperado.

Se nos puede achacar que la circular que, de alguna forma y provisionalmente, regula no sea la normativa concreta. Quiero decirles al respecto que es lógico que así sea, puesto que, al intervenir tres Consejerías, como ustedes conocen perfectamente, y, además, estando ubicada en la Dirección General de Medio Ambiente, la legislación lleva bastante más tiempo de discusión, bastante más tiempo, digamos, que cuando corresponde a una sola Consejería; pero puedo asegurarle que en estos momentos está muy avanzado un programa global que no sólo va a influir en el problema que hoy estamos observando, sino que va a influir en otra serie de temas que, concretamente, están degradando también el medio ambiente en nuestra Comunidad y que tenemos la obligación, la obligación -repito-, todos, absolutamente todos, de conservar. Es un legado que hemos recibido y que debemos entregar.

Que usted esté o no de acuerdo con que se devuelva el aval cuando se restaura sólo topográficamente, bueno, yo le diría que entre lo mucho y la nada hay un término medio. Evidentemente, cuando se desmonta una montaña, salvo que la podamos construir otra vez artificialmente, es muy difícil devolverla a su estado natural. Entiendo que lo que debe de hacerse... y creo que se está haciendo, como ha dicho el Portavoz de mi Grupo bastante bien.

Pero como vuelvo a repetirles que quiero que quede constancia expresa en esta Comisión la sensibilidad que tiene la Junta al respecto, no quiero ir a críticas y sí quiero comentar alguno de los aspectos que en las intervenciones que se han hecho se han aludido.

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Tengo que decirle al Portavoz del CDS, a don Guillermo Ferrer, Domínguez Ferrer, que yo estoy absolutamente de acuerdo con los puntos que ha expuesto. Restauración, sí, y que si se explota a cielo abierto sea en circunstancias excepcionales que potencia la minería del interior. Me parece que en todas las Comisiones, incluso mi opositor, el señor Martín de Lorenzo, hemos estado diciendo lo mismo: que es algo estratégico, que se debe de utilizar y que el cielo abierto, precisamente, una de las virtudes que tiene es que puede explotarse cuando la demanda lo exija y que debe de ser, además, la válvula que regule la oferta y la demanda.

La restauración por parte de la Administración. Tengo que decirles que en todas aquellas empresas en las que existe aval, es decir, posteriores las actuaciones al año ochenta y seis, se les da un plazo para que restauren, con arreglo al Plan aprobado, y que si no lo hacen, evidentemente y subsidiariamente, entra en funcionamiento la Administración.

Puedo decirles que no hará tres meses que se han oficiado, precisamente, aparte de las empresas que tiene avaladas, que entendemos que han acabado la explotación, precisamente, dándoles un plazo para que ellas restauren, y, si no, automáticamente, entrará subsidiariamente la Administración; la Administración, que, evidentemente, una de las fórmulas que utilizará será por concurso y que, con supervisión, lo hagan los terceros.

En cuanto al fondo de las Eléctricas. Quisiera explicarle que el nuevo sistema de contratación y la fórmula de fijación de precios contemplaba qué cantidad podía obtenerse, digamos, de las empresas que no tenían sus planes aprobados, y que ese cómputo, ese veinticinco por ciento que usted alega en los cielos abiertos, está computado perfectamente para fijar la fórmula polinómica, el precio de las empresas que tienen contrato. Por si fuera poco, existe, como sabe Su Señoría, en estos momentos una revisión de esa fórmula paramétrica para intentar despenalizar el tratamiento de la antracita. Ha sido muy laborioso conseguir, por parte de las Eléctricas, esa revisión y, como sabe usted, porque ha sido noticia de prensa, se exige, además, la efectiva fusión de las empresas que estaban simplemente en asociación, para que, en todo caso, se superen las cincuenta mil toneladas.

Es decir, una cosa diferente es que aleguemos que alguien tiene que poner un fondo para restaurar aquello anterior a cuando se empezaron a exigir los avales, y otra cosa es que carguemos el peso en las empresas eléctricas, que, por cierto, tengo que señalar, una vez más, que su grado de financiación no nos hace presumir que puedan dar nada a nadie, porque, evidentemente, ha sido noticia, tristemente, en Cataluña FECSA y otra serie de ellas, y no creo que estén en condiciones actualmente, tampoco, de ayudarnos al respecto.

Lo que sí dije en mi intervención es que tiene que ser una actuación de las Administraciones, que, evidentemente, deberíamos de haber evaluado en el momento de asumir nuestras competencias y que puede ser un problema a discutir primero en la Comisión Técnica y, luego, en la Comisión Mixta de Transferencias, porque, evidentemente, nos preocupa, como a todos ustedes.

Por último, me pregunta... ¡Ah!, bueno, el tratamiento de las escombreras, ciertamente, se está haciendo en Asturias; se ha comenzado a hacer con los estériles en nuestra propia Comunidad de alguna central térmica, como Su Señoría conoce perfectamente, y es uno de los capítulos a incluir, precisamente, en ese paquete al que yo me estaba refiriendo.

Y, por último, la gran corta de Fabero. ¡Ojalá!, Señorías, todas las restauraciones que se han hecho en esta Comunidad y que se pudieran haber hecho y que se puedan hacer vayan como lo poco que han explotado, precisamente, en la corta de Fabero. El estado actual de la gran corta está... estamos pendientes de la aportación del definitivo estudio y espero que en el plazo máximo de un mes nos sea aportado y tengamos una reunión conjunta con la Dirección General de Minas, y ése será el momento de exponerles el Plan de Explotación de la gran corta y, subsiguientemente, ligado a la gran explotación subterránea.

No quiero cansarles más en mis contestaciones. Creo que estamos absolutamente todos de acuerdo. Y simplemente señalarle, señor López Trigal, que, efectivamente, lo que existe hoy, a Dios gracias, son grandes explotaciones. En mi informe dije que las grandes explotaciones están llevando las restauraciones con un criterio bastante aceptable, diría yo; que, de alguna forma, los avales que presentan cubren perfectamente la posible restauración y que, sobre todo, están comprometidas en ese Plan de Restauración, y que, evidentemente, a nuestro juicio, lo están efectuando perfectamente.

Darles, por último, una vez más, el agradecimiento por la sensibilidad que demuestran y trasladarles que, efectivamente, en la Junta de Castilla y León he denunciado en mi comparecencia, con pocos medios... Y cuando dije que los medios que teníamos alternativamente los habíamos destinado, hasta finales del ochenta y ocho, fundamentalmente al problema gravísimo de la seguridad minera y que intentaríamos hacer una inspección; inspección, por otra parte, que no diga que no hemos continuado porque, evidentemente, siempre ha existido muy poca, para nuestra desgracia, anteriormente y hoy. Evidentemente, intentaremos potenciarla e intentaremos dar respuesta a este problema que, efectivamente, nos preocupa. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Consejero. Para formular alguna observación, se da un turno de réplica breve a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, tiene la palabra el señor Domínguez Ferrer.

DOMINGUEZ FERRER

EL SEÑOR DOMINGUEZ FERRER: Gracias, Presidente. Bueno, simplemente para decir que nuestro Grupo entiende, después de las intervenciones de los diversos Portavoces, que, en el fondo, todos estamos de acuerdo en la conservación del medio ambiente.

En nuestra intervención, y en la primera parte, nosotros hemos tratado de dar... de suscribir los estudios realizados por la Universidad de León y, concretamente, por la tesis doctoral del geógrafo don José María Redondo, lo cual suscribimos plenamente, y de dicha tesis se desprendía, como dije antes al leer esta serie de datos, que en estos momentos hay del orden de mil hectáreas en explotaciones abandonadas y que difícilmente vamos a poder solucionar dicho problema.

Ese es, a nuestro entender, el mayor de los problemas. Confiamos en que, con las normas actuales, por supuesto, cualquier explotación futura de cielo abierto tenga que quedar suficientemente comprometida para restituir el medio deteriorado, pero entendemos que el mayor de los problemas es la manera de resolver esas mil hectáreas que están degradadas en estos momentos y sin ningún dueño legítimo o nadie que le podamos pedir responsabilidades sobre ellas.

No sé si se podrá exprimir un poco más a las Eléctricas, no sé si habrá que dotar de un fondo común. En cualquier caso, creo que ése es el mayor de los problemas y que algún fondo habrá que dotar para restituir esas mil hectáreas. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Domínguez Ferrer. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Trigal.

LOPEZ TRIGAL

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL: Sí, señor Presidente, muchas gracias. Claro, estamos todos de acuerdo, pero a veces la actuación es muy distinta. Yo había citado, y con bastante claridad, fechas: mil novecientos ochenta y seis, mil novecientos ochenta y siete y parte de mil novecientos ochenta y siete; primera mitad es primera Legislatura; segunda mitad, segunda Legislatura.

Y, claro, la actuación, en cuanto al seguimiento de esa legislación y el desarrollo de esa legislación o actualización, pues, es fácil de contrastar lo que estaba haciendo en la anterior primera Legislatura, y lo que está haciendo la actual segunda Legislatura. Creo que eso es bastante fácil de destacar. Sobre todo lo más cercano a nosotros, lo que estamos viendo, es el desarrollo legislativo. Por lo menos eso. Hay diferencias. Las he hecho notar, y creo que son claras.

En segundo lugar, diferencias de actuación de seguimiento y de control, pues, creo que la más cercana sea la de la segunda Legislatura, y hasta ahora, hasta ahora no se está actuando, y el caso concreto que he dicho de un municipio, de una localidad en la provincia de León es bien notorio. Pero, a diferencia de lo que ha citado el Portavoz del CDS, y en el hilo de la intervención del señor Consejero y también, por supuesto, del Portavoz del Partido Popular, entiendo que se está haciendo un seguimiento mínimo, pero además entiendo que lo que se está haciendo -por favor, señor Portavoz del Partido Popular- no es meritorio ni exportable, ni mucho menos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Feria de Muestras de Gijón de hace tan sólo seis, ocho años, a principios de los ochenta, en representación del Ayuntamiento de León, el día de León en Gijón, estuvimos un grupo de Concejales y se nos mostró, recuerdo perfectamente, una restauración completa que una empresa encargada de restauraciones de explotaciones a cielo abierto tenía allí la maqueta preparada y demás, y se estaba haciendo en aquel momento en la Comunidad de Asturias, en la provincia entonces de Asturias. Y de ese tipo de restauraciones se están haciendo en Asturias ya hace tiempo, especialmente por HUNOSA, y no se han hecho nunca de ese tipo en la Comunidad de Castilla y León. No se han hecho nunca. No confundamos restituciones, restauraciones topográficas simples, con restauraciones completas de arbolado; del medio tal como estaba, nunca, pero, al menos, en lo posible, cercano a como estaba antes de la corta. Eso no se ha hecho en esta Comunidad, por favor, no se ha hecho.

Y, desde luego, no sólo fijémonos en las explotaciones de carbón. Fijémonos en el resto de la situación en explotaciones que son tan calamitosas y mucho más distribuidas y más palpables, más palpables estéticamente porque están más cercanas al hábitat y a los ejes de comunicación, que son el resto de las canterías y de las explotaciones, mucho más que las de carbón, que casi siempre -esa fotografía, ése es un ejemplo- están escondidas en altos valles, en interfluvios que nadie visita nunca; pero están afectando no sólo al medio, aparentemente el medio exterior, sino están afectando a los suministros de agua de las poblaciones, y de eso no hemos dicho nada, pero eso hay que indemnizar a esas juntas vecinales, a esos ayuntamientos.

Y ese plan, esa actuación medioambientalista que nos ofrece y nos anuncia el señor Consejero en nombre de la Junta, pues bienvenida sea, pero, desde luego, tiene que hacerse en relación y con un apoyo del resto de las Administraciones Locales, señor Consejero, porque, si no, muy poco podríamos entender. Y hay Juntas vecinales con graves problemas ahora mismo que, desde luego, son bien urgentes esas medidas. Lo han sido, lo reconocemos todos también, anteriormente; pero es que en este momento, en el año ochenta y ocho, en el año ochenta y nueve ya iniciado, no se ha favorecido, no se ha beneficiado esa situación. Esperemos que en la segunda etapa, en la segunda Legislatura sea posible con acierto llevar a cabo esto. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor López Trigal. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Estamos de acuerdo con el planteamiento que dice el señor Domínguez respecto de que puede haber las mil hectáreas. No discutimos los datos de esa tesis doctoral que usted ha mencionado, además creemos que son rigurosamente ciertos. Sí queremos hacer una puntualización: evidentemente, la Junta de Castilla y León no tendrá ningún inconveniente en asumir esta propuesta de usted, pero, ojo, también pidamos, como dice el Portavoz del PSOE, a otras Administraciones cierta colaboración en esos temas. Me estoy acordando ahora mismo del papel importante que pueden tener algunas Diputaciones en este aspecto. Por ejemplo, hay una Diputación dentro de la Comunidad Autónoma, como es la de León, que a bombo y platillo está difundiendo un programa que le llaman de Hábitat Minero. Yo pienso que aquí sí que podría desviar unos recursos importantes la Diputación de León para contribuir a mejorar este tema del medio ambiente.

No podemos estar de acuerdo con lo que dice el señor López Trigal respecto de la Legislación que está emanando de la Junta de Castilla y León. Nosotros creemos que sí, que efectivamente que se está impulsando y que se está obligando a cumplir la Legislación. Creemos que sí.

Y, desde luego, sí que es exportable, señor Trigal, el modelo que se está haciendo en la provincia de León. Le invito si quiere, podemos ir a verlo, y vamos, cuando usted quiera, a ver la zona Sabero-Cistierna. Cuando quiera vamos y después preguntamos in situ a ver si han venido o no han venido técnicos y expertos de Asturias a ver, precisamente, esa zona. Por mi profesión algo tengo que ver en ese tema, y le garantizo que sí que es exportable ese tema. Es muy interesante la restauración que se ha hecho allí. Ahora, claro, nosotros, de momento... la técnica, aunque se está impulsando, no ha conseguido que llueva cuando se quiera. Pero lo que sí le garantizo que esa restauración es digna de todo elogio y es digna de tener en cuenta, porque sí que se está exportando. Y lo mismo que la que está haciendo una importante empresa en la zona de... en el Ayuntamiento de Toreno en concreto, sin dar nombre de la empresa para hacer propaganda, pero todos sabemos de qué empresa se trata. Se están restaurando trescientas hectáreas que también conviene darse una vuelta por ahí. Ahora, claro, si se hace una restauración con su capa de mantillo, si se ponen las plantas autóctonas propias de la zona, si se plantan y se siembran -repito otra vez- las mismas plantas, se riegan para que prendan, para que agarren pero, después no llueve, pues, la verdad que ahí, ni la Administración Autónoma, ni la Central, ni la Local, pienso que ahí poco tienen que decir. Ahora, el hecho cierto es éste. Y vamos, no quiero ser más pesado; lo que creo que, hombre, si algunas veces hacemos algo bueno en la provincia de León y es exportable, pues, mejor que mejor. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Abad. Para contestar a alguna pregunta o algún comentario, tiene la palabra el señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Pues sí, yo creo que, Presidente, que no se me ha hecho ninguna pregunta. Se me han señalado las mil hectáreas que efectivamente ya conocemos, y se me ha señalado... dice que hay distintos criterios de actuación. Evidentemente. Usted ha tenido mala suerte, muy mala suerte con mencionarme HUNOSA, porque le puedo asegurar que ese plan de restauración lo estamos pagando todos los españoles. A ese precio, la Junta de Castilla y León se compromete a restaurar no sólo las mil hectáreas, sino todas las que puedan devenir. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Consejero. Terminado el turno de Portavoces, se procede a la apertura de un turno de formulación de preguntas de los señores Procuradores presentes en la Comisión. ¿Algún Procurador quiere hacer alguna pregunta? Tiene la palabra el señor Valcuende.

VALCUENDE GONZALEZ

EL SEÑOR VALCUENDE GONZALEZ: Con permiso del Presidente, no abandonaré el sitio, por falta de espacio. Mi pregunta no me resisto a hacerla en esta Comisión, aunque tengo ya realizada una pregunta sobre el tema, una pregunta escrita, dado que, además del Consejero y responsable de este tema, se encuentra aquí el Alcalde de Guardo, que también es Procurador y que tiene a lo mejor algo que decir en este tema. Que es que estamos aquí debatiendo un tema tan importante como las restauraciones de las explotaciones a cielo abierto y, bueno, pues no hay mejor posibilidad de no tener necesidad de restaurar que el hecho de que no se llegue a este tipo de explotaciones si no es necesario.

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En Palencia ha habido una gran sensibilidad y ha habido un debate importante, sobre todo en el pueblo de Guardo y en toda la provincia, sobre una petición que se ha hecho y que todavía no tengo noticias de que la Junta haya contestado y haya dado su autorización sobre la explotación a cielo abierto del monte Corcos. En el informe mismo de la empresa, realizado por la propia empresa, sobre este tema, dice que el daño que pudiera originar en el medio ambiental, dice que "con tales premisas, tan sólo la solución cero, es decir, la no realización del proyecto, cabría como alternativa. Y esa negativa solución consideramos que es contrario al interés público por tratarse de carbón". Es decir, que ellos mismos reconocen que el hecho, el único hecho para poder mantener el sistema ecológico que tiene el monte Corcos es no realizar la explotación.

En la publicación de la Junta de Castilla y León "Análisis del medio ambiente en la provincia de Palencia", tres veces destaca el monte "El Corcos". Ya no es una explotación normal sino que el monte Corcos tiene unas características de flora y de fauna, sobre todo de flora, muy características. Lo destaca como un monte importante desde el punto de vista ecológico, a mantener, a conservar y a restaurar. El hecho de que pudiera ser el Ayuntamiento de Velilla... perdón, de Guardo, ya lo ha concedido. El hecho de que la Junta en estos momentos concediera autorización para realizar este tema creo que, desde luego, iría en contra de las propias publicaciones de la Junta y de la propia idea que el Consejero, yo creo que con el agrado de todos, ha expuesto aquí, de que el medio ambiente va a ser uno de los temas prioritarios durante este año en el que estamos.

Yo le preguntaría al Consejero, entonces, que qué va a hacer sobre el tema del monte Corcos, aunque ya digo que he planteado una pregunta por escrito sobre este tema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Valcuende. Para contestar, tiene la palabra el señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Sí, gracias, señor Presidente. Consejero, me pregunta, que qué va a hacer; le contesto automáticamente: nada. Nada, porque le he dicho que existe una circular interna y no está ubicada la autorización de la explotación en mi Consejería; está ubicada en la Consejería de Fomento y, concretamente, en la Dirección General de Medio Ambiente. Esa explotación, o esa posible explotación del monte Corcos está actualmente en trámite, como he dicho en el informe, se ha hecho el informe en las Ponencias, y está pendiente de pasar la Comisión Regional de Urbanismo. Por tanto, será esa Comisión la que autorice o no autorice, y lo único que le puedo decir es que las observaciones técnicas por parte de los técnicos de mi Consejería están evaluadas en Ponencia. No sé si se autorizará o no. No obstante, si tiene hecha la pregunta escrita Su Señoría, se le contestará en los mismos términos, me imagino, salvo que tengamos la suerte de que se celebre la Comisión y se haya deliberado en ese momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Consejero. ¿Para formular alguna pregunta?

EL SEÑOR...: (Intervención sin micrófono):

ROJO MARTINEZ

EL SEÑOR ROJO MARTINEZ: No, bueno, es que ha aludido...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Bueno, por alusiones.

ROJO MARTINEZ

EL SEÑOR ROJO MARTINEZ: En todo caso, no hablo en calidad de Alcalde aquí. Ya lo hemos dicho en el Pleno del Ayuntamiento de Guardo, que con la autonomía que le corresponde ha decidido por mayoría absoluta conceder el permiso de ocupación. Pero sí quiero aclarar, para que no se interprete como vandálica la decisión, que la situación actual es absolutamente intolerable en ese monte, en el lugar en donde se pretende explotar. Es una situación no restaurable, que el proyecto actual comprende, de las diez hectáreas, comprende dos ya explotadas con permiso provisional en la Legislatura anterior, y que la explotación, como digo, son diez hectáreas, la ocupación son veinte, contando las ampliaciones que son necesarias en talleres para el interior, para la minería interior. Representa esto el 1% del monte, y es la única forma de recuperar la situación actual, que, como digo, es absolutamente intolerable.

El Ayuntamiento ha solicitado, no solamente el aval, sino el depósito en efectivo de la cantidad total, del presupuesto total del proyecto de restauración. Es decir, no aplica ninguna fórmula polinómica, sino que sencillamente exige como condición imprescindible que se deposite íntegramente el coste del proyecto.

Por otra parte, en la evaluación del impacto medioambiental ese Ayuntamiento, el de Guardo, ha previsto, primero, regularizar todas las situaciones anteriores; y, en segundo lugar, que en el medio urbano, (también hay que tener en cuenta ese medio desde el punto de vista ecológico, sobre todo en una población minera), si por una parte representa el 1% del monte, por otra parte representa un aumento del 500% de zonas verdes en casco urbano. Es decir, que el ayuntamiento se ha preocupado y se ocupa, con todo el respeto que merece la Comisión que ha de hacer la evaluación del impacto, de que existan esas garantías. Yo creo que, en ese sentido, el Ayuntamiento cumple perfectamente y responsablemente, responsablemente, como no se ha hecho hasta este momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Muchas gracias. Para formular una pregunta, tiene la palabra...

MARTIN GONZALEZ

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EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Es muy breve. Yo supongo que el señor Ministro sabrá, o el Consejero, sabrá que esto es el Cristo del Otero de Palencia. Pues ya sólo queda medio Otero, porque hace años que se lo están comiendo. Y yo quería preguntarle si tenía conocimiento de esto y que si se va a solucionar el problema y vamos a poder tener otra vez la imagen de Palencia, que era el Otero redondito con el Cristo arriba; porque, si no, si no hace el milagro el señor Consejero, me parece que Jesucristo va a tener que hacer un milagro para mantenerse en la peana, porque se la están comiendo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Muchas gracias, don Godofredo Martín. Tiene la palabra el señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): En esas explotaciones se ha exigido un aval y espero que algún día tengamos el Cristo entero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador más quiere formular alguna pregunta?

Se levanta la sesión.