DS(C) nº 41/2 del 12/2/1988

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señores Procuradores y Procuradoras. En Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, la Junta de Castilla y León recibe del Ministerio de Justicia la transferencia de centros en materia de protección de menores y en esta transferencia quedan adscritos al servicio de la Comunidad alguna serie de colegios, entre los cuales se excluye de manera explícita en la transferencia y quedan todavía reservados al funcionamiento de la Administración del Estado los centros piloto de protección de menores de carácter nacional, transitoriamente, en cuanto cumplan tal finalidad: el punto dos del apartado c) del Decreto de Transferencias correspondiente. En este sentido, la Residencia "Las Merindades", ubicada en la localidad burgalesa de Villarcayo, queda en manos de la Administración del Estado porque el Consejo de Protección de Menores entiende que va a darle un destino de centro piloto con carácter nacional para la atención de una serie de menores especialmente problemáticos, de los menores de reforma que tengan además algunos problemas incluso psicopatológicos, para el norte de España.

Aquella decisión del Ministerio de Justicia y del órgano jurisdiccional competente del Consejo de Protección de Menores fue una decisión especialmente contestada. Fue una decisión especialmente contestada en la zona; tampoco estaban de acuerdo los profesionales del Centro e incluso alguno de los equipos técnicos de la propia Dirección General de Protección Jurídica del Menor y tampoco estaba de acuerdo la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Se abrió un período de debate sobre aquella decisión y al final, a mediados del año ochenta y seis, el Ministerio de Justicia, Protección de Menores renunció a convertir a la Residencia de "Las Merindades", al Centro de Villarcayo, en centro piloto.

Desde el momento en que el Ministerio de Justicia renuncia a asignar a la Residencia "Las Merindades" las funciones de centro piloto, y a la luz del propio Decreto de Transferencias, es especialmente destacable que no existe ninguna razón funcional para que el Centro siga en manos de la Administración de Justicia, en manos de..., perdón, del Ministerio de Justicia, siendo lógico la transferencia del mismo a la Junta de Castilla y León. A mayor abundamiento, el hecho de que el Centro, que actualmente sigue cumpliendo funciones dedicadas a la protección de menores..., no a los menores de reforma, sino a los menores de protección, es decir, a los menores que tienen problemas, pero no problemas de tipo de comportamiento, sino problemas de ámbito en el que se mueven; el hecho de que esté en manos de una Administración que no es competente en la materia, puesto que la protección de menores está transferida a la Junta de Castilla y León, hace que el Centro, que está realmente bien dotado, que tiene una plantilla suficiente, una plantilla que en estos momentos se compone de aproximadamente de una treintena de educadores, de personal técnico, etcétera, no pueda cumplir las funciones que realmente tiene encomendadas, puesto que los Tribunales Tutelares de Menores, cuando tienen que entregar la custodia de un menor de protección, o los organismos de Servicios Sociales de la Junta cuando tienen que internar a un menor para mejor protegerle, no pueden hacerlo en un centro que depende de la Administración del Estado. Esto conlleva el hecho de que este Centro, que tendría un número de plazas estimado que podría prestar un servicio de aproximadamente de un número de noventa niños sin demasiados problemas, porque su capacidad real es mucho mayor (está ubicado en una residencia que tenía inicialmente fines recreativos, fines de ocio), esté en estos momentos con treinta personas, treinta niños, con una relación de educadores-niños pues que realmente es excesiva y que no se corresponde con lo que debería ser.

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Por todas estas razones, desde mediados del año ochenta y seis, la Junta de Castilla y León inició conversaciones con el Ministerio de Justicia para la transferencia del Centro; se encargaron algunos informes técnicos a los profesionales del propio Centro, a los equipos de la Dirección General de Protección Jurídica del Menor; estos informes..., eran todos concluyentes en la Dirección de que debía procederse a la transferencia, puesto que, en efecto, en el momento en que el Centro deja de ser un centro piloto ya no tiene ningún sentido que permanezca en la Administración del Estado, e incluso la Directora General de Servicios Sociales, María Luisa de la Puente, y la propia Directora General de Protección Jurídica del Menor, Dolores Renau, mantuvieron algunas conversaciones en este sentido, llegando a una especie de principio de acuerdo de en qué condiciones debía producirse la transferencia y en qué... cuáles eran los baremos económicos a utilizar en la misma; baremos económicos que hacían referencia al número de plazas que podría aceptar el Centro y a la plantilla idónea del Centro, en función de los datos aportados por el propio equipo de profesionales que trabajaban en el Centro.

Estas conversaciones, lógicamente, se interrumpen en el momento del cambio de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Me consta, al margen de que yo personalmente lo he hecho también, me consta que los profesionales del Centro y la antigua Directora General de Servicios Sociales informaron de cómo estaban las conversaciones y a dónde habían llegado estos contactos a los actuales responsables de la Consejería de Bienestar Social y Cultura de la Junta de Castilla y León, y la Proposición no tiene otro sentido que..., del Grupo Socialista, conociendo de antemano el criterio favorable del actual equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León a la recepción de la transferencia, el que estas conversaciones puedan retomarse, partiendo de la base de que por unanimidad las Cortes Regionales aprueban el que la transferencia se realice e instan a la Comunidad Autónoma a que la transferencia se realice siguiendo un proceso que ya se había iniciado y que estimamos que mantenía acuerdos que serían beneficiosos para la propia Comunidad Autónoma, puesto que en las conversaciones anteriores se habían manejado unos criterios que realmente podían permitir a la Comunidad Autónoma recibir la transferencia en muy buenas condiciones. Sobre todo teniendo en cuenta que en el área de protección de menores en estos momentos nuestra Comunidad mantiene un elevado número de niños -en mi provincia, concretamente, más de sesenta- que están internados en residencias de carácter privado y que, lógicamente, la recepción de un nuevo centro suficientemente dotado en materia de personal, que va a permitir que estos niños se internen en un centro que va a estar, lógicamente, dotado y transferido con los recursos económicos suficientes a la Junta de Castilla y León, va a suponer un gran ahorro a la Comunidad Autónoma; y al mismo tiempo porque el propio Centro es congruente con la red regional de centros de protección de menores, puesto que es un Centro especialmente dotado para cumplir en algunas estaciones del año, concretamente en las estaciones de verano, el papel de centro de vacaciones, lo cual permitiría, por un lado, cerrar alguno de los centros -que normalmente ya se cierran o funcionan a medio funcionamiento- de los que tiene la Red de Protección de Menores de nuestra Comunidad y, al propio tiempo, el concentrarlos en Villarcayo, con lo cual no va a ir en perjuicio del servicio que se presta a los menores, sino todo lo contrario: va a ir en su beneficio porque el Centro está magníficamente dotado y tiene unas instalaciones muy adecuadas para ese uso.

Por todas estas razones, nosotros hemos presentado esta Proposición, Proposición que sometemos a la consideración del resto de los Grupos Parlamentarios, haciendo hincapié en que nos parece importante que se mantenga el "continuum" de lo que ha sido el proceso de negociación, que en el proceso de negociación ha habido una participación importante de equipos técnicos, del propio equipo de profesionales del Centro y de los equipos de la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta y la Dirección General de Protección Jurídica del Menor y Ministerio de Justicia, que habían llegado, en principio, a acuerdos razonables a los que sólo faltaba implementar en su dimensión política, a través de la Comisión Mixta de Transferencias. Estimamos conveniente que estos contactos se retomen, que se llegue cuanto antes a la transferencia, y, desde luego, cuanto antes pueda realizarse formalmente esa transferencia, se solucionará una situación que tiene que tener siempre carácter transitorio, que es la que viven en estos momentos los funcionarios del Centro, y al mismo tiempo se logrará una dotación importante para la Comunidad Autónoma y se mejorará la Red de Protección de Menores que tiene la propia Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): En su condición de Grupo Parlamentario enmendante, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, el señor Procurador don Godofredo Martín González.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Señor Presidente. Bien. Nosotros, ya hemos oído....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Un momentín, señor Martín González.

Después, para fijar posiciones, daremos la palabra a cada uno de los Grupos Parlamentarios.

DE LAS HERAS MATEO

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EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Pero en la fijación de posiciones estamos todos los Grupos en las mismas condiciones; entonces, se tendría que seguir el turno lógico.

DE MARIA PEÑA

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR DE MARIA PEÑA): Señoría, es que el Reglamento fija un turno distinto al de posiciones en otros temas. En este caso de las Proposiciones No de Ley, interviene a continuación el Grupo Parlamentario enmendante, y a continuación aquellos Grupos Parlamentarios que no hayan presentado enmiendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Señor Martín González, tiene la palabra.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Hemos oído la historia del Centro y hemos visto que el Gobierno Central al principio pensaba que era un Centro que era conveniente que fuera centro piloto; después, por una serie de hechos, por la propia sociedad que se oponía a ello y parece ser que la Junta anterior tampoco veía conveniente este hecho, el propio Gobierno Central, o la Administración de Justicia, decidió que no fuera un centro piloto. A mí me gustaría saber las razones por las cuales la Junta anterior se opuso a que fuera centro piloto; estoy seguro que serían razones de peso.

Por otro lado, hemos visto que en este momento este Centro está mal utilizado. Está mal utilizado porque solamente está cubriéndose las plazas a una tercera parte y nosotros estamos gastando un dinero en mandar los niños problemáticos a otros centros, y eso quiere decir que no tenemos una coordinación especialmente fluida entre el Gobierno Central y la Junta.

Uno de los problemas que se plantean aquí es la utilización del Centro. Por un lado, ese Centro se ha creado y está pensado, la filosofía de él era actuar y dar cobijo y educación a los niños especialmente problemáticos de Castilla y León. Pero, por otro lado, parece que ahora se habla de que ese Centro tenga una función para niños normales, de deportivos, de cursos de verano, etcétera, etcétera. Yo creo que ésa es una función que teníamos que determinar y debíamos de continuar ayudando a los niños que tienen problemas sociales, a los niños que hay que reconvertir, y utilizarlo para lo que se ha creado y no utilizarlo para cursos de verano de niños que no tienen esos problemas. Pero, de todas las maneras, ésa es una pregunta que me hago, que después tendrá..., una vez que tengamos el Centro podremos darle la función que queramos.

Nadie pone en duda la necesidad de que el Centro pase a manos de la Junta y que la Junta se responsabilice de él. El problema yo creo que es la forma de pasar y el cómo debe de pasar. Ahí es donde tenemos nuestras inquietudes. Hemos hecho una Enmienda a la Proposición porque creemos que la palabra "retomar" quiere decir en castellano -y somos cuidadosos con el castellano-, quiere decir continuar las conversaciones en el punto en que se dejaron. Yo no estoy seguro en el punto en que se dejaron esas conversaciones de la anterior Junta con el Gobierno Central. Se habla de que había ya principios de acuerdo y nosotros pretendemos, o creemos, que es mucho mejor que esta Junta comience, inicie unas nuevas negociaciones con el Gobierno Central para que ese Centro llegue a las manos de la Junta, pero llegue en buenas condiciones, llegue con el presupuesto necesario y, sobre todo, la Junta sea..., esta Junta sea la que se responsabilice, absolutamente, de empezar las conversaciones y de acabarlas con buen fin.

Estamos de acuerdo en que el Centro debe pasar, por los medios que sea, a nuestras manos y sea responsabilidad de esta Junta y de este Gobierno el que lo lleve; pero creemos que hay que tener cuidado en el cómo y en cuándo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para fijar su posición, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, don Rafael de las Heras Mateo.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Sí, señor Presidente. Primero, pedir disculpas a la Presidencia porque entre tantos papeles no había visto la Enmienda del Grupo de Centro Democrático y Social y, efectivamente, el orden de intervenciones es como señala la Presidencia y no como pretendía este Procurador.

Después de decir esto, afirmar, de inicio, que el Partido Demócrata Popular, la Democracia Cristiana, va a apoyar esta propuesta del Partido Socialista Obrero Español, si bien condicionada a que la propuesta se haga con algunos matices en concreto.

No estamos de acuerdo en el planteamiento de la Enmienda del Centro Democrático y Social en tanto en cuanto tenemos que asumir, porque es un hecho, tanto las actuaciones que haya hecho el pasado Gobierno como las actuaciones que indudablemente, y a mí me constan, ha hecho la actual Junta de Castilla y León en relación con el traspaso de este Centro del Ministerio de Justicia a la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, realmente, de lo que se trata es de continuar todas las acciones que inició el pasado Gobierno y que ha retomado la actual Junta, para conseguir el fin de que este Centro al final forme parte de los bienes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

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Y decía que vamos a apoyar este traspaso con matices porque, realmente, entendemos que las transferencias que por Real Decreto 1112 de mil novecientos ochenta y cuatro se hicieron en relación con el tema de protección de menores, desde luego, no han sido las transferencias más afortunadas que ha recibido esta Comunidad Autónoma. Y no desearíamos, indudablemente, que volviéramos a incurrir en los mismos errores; señalando, no obstante, que no creo que la Junta de entonces fuera la culpable de recibir esas competencias en malas condiciones, sino que, por el mejor conocimiento que la Administración Central y sus técnicos y sus expertos tenían de toda esta problemática y el desconocimiento razonable, por otra parte, que la Junta que empezaba tenía del mismo, ha ocurrido que se ha recibido ese tema competencial en condiciones verdaderamente desfavorables. Y puedo poner como ejemplo un caso similar al que estamos tratando ahora en mi provincia de origen y representación, cual es la Residencia juvenil "Antonio Machado", que la Comunidad Autónoma la ha recibido como competencia y como traspaso sin ninguna contrapartida de ningún tipo: ni para pago de personal, ni para pago de gastos corrientes y servicios, ni para pago de adecuación de las obras e instalaciones de esa Residencia; absolutamente nada. Sencillamente se traspasó la Residencia y la Comunidad Autónoma no ha recibido nada a cambio, ni en el momento de la transferencia, ni, lo que es más grave, para el futuro, lo que, indudablemente, está condicionando muy seriamente la propia viabilidad de ese proyecto, que sólo gracias al esfuerzo económico, al cien por cien, de la Diputación Provincial se puede mantener hasta el momento presente y hasta que la Diputación pueda mantener ese asunto y no tenga que tirar la toalla por dificultades financieras insuperables. Entonces, no queremos volver a tropezar en la misma piedra de situaciones anteriores.

Y, por otra parte, el señor Granado..., yo no comparto que sea la forma más ideal de resolver el tema de protección de menores un centro de esta naturaleza; quizá nos dejamos llevar un poco por la vistosidad del folleto, que verdaderamente es espléndido. Las instalaciones, en su conjunto, vistas desde este folleto editado por la Caja de Burgos... de Bilbao, Municipal de Bilbao, que era la antigua propietaria de este edificio, verdaderamente es muy sugestivo; pero, realmente -y el señor Granado lo sabe mucho mejor que yo, porque es más experto, además, en esa materia y lo conoce muy bien-, la atención y la protección a los menores indudablemente no se hace mejor masificando y concentrando, no se hace mejor en grandes centros, no se hace mejor en centros de esta naturaleza. Se hace mejor en pequeños grupos con educadores; se hace mejor, a ser posible, dentro de la propia familia, puesto que la utilización de estas residencias no deja de ser un mal menor, y, por lo tanto, la vía ideal sería la de atención y ayuda a las familias para que sólo en caso extremo y absolutamente necesario hubiera que llegar al ingreso de los niños en estos centros. Y, evidentemente, este Centro, a pesar de lo bonito que verdaderamente es en su exterior, no reúne las condiciones ideales en cuanto a poder formar esos grupos pequeños con un educador, constituir una comunidad educativa pequeña y bien centrada.

Es un Centro que tiene dieciséis hectáreas de terreno, doce mil metros cuadrados de edificación, y, por lo tanto, se ajusta muy poco a esa concepción que nosotros, al menos, tenemos de cómo se deben resolver estos problemas. Pero, no obstante, es bueno que, efectivamente, pase a la Comunidad Autónoma, para que inicialmente pueda darle este servicio e incluso después estas edificaciones puedan tener un destino final distinto, porque la protección al menor, en su conjunto, se ordena de una manera distinta y nos quedarían libres estas instalaciones, que estoy de acuerdo con el señor Granado que podían tener múltiples aplicaciones. El Centro, por otra parte, en el sentido de ubicación física, no es muy bueno para este tema: puede permanecer incluso aislado bastantes meses al año por condiciones climatológicas, está separado de núcleos de población; en fin, eso no parece que sea un centro muy ideal. Por otra parte, pues, en este Centro, como en el "Antonio Machado" de Segovia, ha ocurrido lo mismo en sus inicios: que eran dos centros de iniciativa privada, que han pasado los dos a iniciativa pública, porque el "Antonio Machado" de Segovia es una Residencia que construyó el Opus Dei y que después se hizo con ella, no sé por qué extraños vericuetos, la Administración Central.

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En definitiva, y como conclusión, nosotros apoyamos el que se continúen las gestiones, tanto la Junta anterior como las que ya ha realizado la Junta actual, para el traspaso de este Centro, siempre y cuando se reciban con las dotaciones de personal adecuadas, las plantillas adecuadas, los presupuestos adecuados para el mantenimiento de un centro de doce mil metros cuadrados y las dotaciones presupuestarias necesarias para la adecuación, lo mejor posible, de esa superficie a esas unidades educacionales más reducidas, de diez, de doce alumnos, que requerirán, quizá, una cierta obra de remodelación y también algunas obras de mantenimiento de un centro de esta naturaleza, que con treinta niños tendrá partes, realmente, a lo mejor, deterioradas, viviendas, instalaciones agrícolas que parece que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, que yo añadiría: continuar esas gestiones, y recibirlas siempre y cuando la dotación del personal fuera la adecuada, para después no pillarnos los dedos, y las dotaciones económicas fueran también las adecuadas para mantener una superficie de ese volumen, hacer las obras que requieran esas edificaciones y mantener, poder mantener los gastos corrientes que una instalación de esta naturaleza va a reportar, y que supone cientos de millones de pesetas, y que en estos momentos no están contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que si se nos transfiere con las dotaciones de personal y presupuestarias actuales, desde luego, perderíamos, yo creo, que más de cien millones de pesetas en la transferencia de este Centro. Por lo tanto, tiene que ser recibirlo en las condiciones de financiación equilibrada que supone el poder mantener un centro de este volumen y de estas proporciones.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para fijación de posiciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, su Portavoz, el señor Procurador don José Eguiagaray Martínez.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Gracias, Presidente. En cuanto a la propuesta socialista, yo tengo que decir que estoy básicamente de acuerdo en el deseo, que comparte la Junta, de asumir todas las transferencias que sean de su competencia, pero hay algunos puntos en los que no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, yo puedo discrepar -y discrepo- de algunas afirmaciones que se hacen en la exposición de motivos. Dice que por falta de tiempo la Junta anterior no pudo tratar de ese tema. El propio señor Granado nos ha dicho que la transferencia es del año ochenta y cuatro, y realmente empezaron a ocuparse del tema en el primer trimestre del año ochenta y siete; de manera que, habiéndose tomado tres años para iniciar esta actuación, que ahora nos urjan de esta manera a nosotros, a los seis meses o poco más de haber tomado posesión la nueva Junta, me parece algo realmente notable.

En segundo término, también hay otra afirmación que dice que el conseguir la transferencia de este Centro contribuiría a disminuir los gastos, puesto que hay otra serie de... hay una serie de muchachos que tienen que ser remitidos a centros privados; de esto hablaremos más tarde. El Grupo Socialista sabe sobradamente el lamentable estado en que de sus manos hemos recibido las transferencias transferidas a protección de menores y, en general, a los centros en particular, y también que la transferencia de la Residencia de "Las Merindades" viene a completar una red de despropósitos en tan delicada materia. Este Centro perteneció hasta el año ochenta y uno a la Caja de Ahorros de Bilbao, que se lo vendió al Consejo Superior de Protección de Menores; una vez más se traspasa al sector público un bien privado que no es rentable. El Centro, según los datos que tengo aquí, tiene unas características de dieciocho hectáreas y doce mil trescientos noventa y dos metros cuadrados construidos, y, claro, no responde a una concepción funcional adecuada. Está en condiciones de dar un nivel medio de servicios razonable y rentable, pero debería de aspirar a prestar un centro de este tipo a la Comunidad Autónoma.

En la actualidad, creo que todos estaremos de acuerdo en que existe el criterio que considera desaconsejable la utilización de estos grandes centros, en cuyo seno se acentúan muchas veces los problemas que tratan precisamente de paliar. Este Centro, con este volumen utilizado para treinta y seis niños, que parece que es lo que hay en la actualidad, es un absoluto dispendio; el Centro éste, en el estudio que tiene la Junta, piensa que puede tener, dar cabida a ciento ochenta niños, y es sobre esa base el estudio que ha hecho la Junta. Sé perfectamente la diferencia que hay entre protección y reforma y que parece ser que la contestación que había en la zona era para que no se hiciera un centro de reforma, no creo que la haya para que haya el centro de protección. Pero, en todo caso, centros de este volumen, uniéndome a las opiniones expresadas por el Portavoz del Grupo Mixto, no son los adecuados, según consideran hoy día todos los sociólogos, psicólogos y demás personas que se han ocupado de estos temas.

Pese a todo, la voluntad de la Junta actual es asumir todas las transferencias, y naturalmente también la de este Centro; pero naturalmente también que en las adecuadas condiciones. Por consiguiente, la aceptación de esta transferencia quedará supeditada a que en la correspondiente negociación se alcance el nivel óptimo de dotación en todos los conceptos presupuestarios. En este sentido, la Junta tiene hecho un estudio pormenorizado sobre la base de poder ubicar allí a ciento ochenta niños; creo que el tamaño de la instalación es más que sobrado y cabría incluso el doble, pero para ciento ochenta niños. Y, en este sentido, el estudio que hay hecho tiene previsto para el Capítulo I, 125.000.000; para el Capítulo II, 85.000.000, y para el Capítulo VI, 34.000.000; haría un total de 244.000.000, que vendría a suponer un gasto de 3.700 pesetas diarias por niño.

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En el estudio de la Junta se incrementa el personal, porque de las cuarenta y dos personas de plantilla que hay en este momento, con treinta y seis niños, se pasaría a sesenta y tres. Aumentaría el número de educadores para que hubiera un educador cada siete niños y también, pues, yo creo..., aquí no viene, pero yo pienso que también habría que incluir ahí una asistenta social, puesto que los temas de protección deben tener una importante coordinación con las familias. También es cierto que la ubicación del Centro no es la más adecuada para que estos muchachos no se encuentren separados a veces por distancias enormes, que harán dificilísimo el que las familias puedan tener una integración o una colaboración en la educación..., en la educación o la protección de estos muchachos.

En cuanto a los costes de las instalaciones privadas, es curioso ver que, por las cifras que yo tengo aquí, lo que abona la Junta, la Junta actual a los internos en instituciones privadas es de 667 pesetas; a los mediopensionistas, 400 pesetas; a los que están en guardería, 268; a las casas de familia, 802; y a los que están en familia, 366 pesetas diarias. Ya sé que a esto se unen en ocasiones otras cantidades por la vía de la subvención, pero que, vamos, en cualquier caso queda en cifras muy bajas.

En resumen, yo propondría una transacción en la redacción de esta propuesta, en la que quedara dicho, más o menos, así: "La Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla y León insta a la Junta de Castilla y León, y más concretamente a la Consejería de Cultura y Bienestar Social, a continuar sin condicionamientos previos las negociaciones iniciadas en mil novecientos ochenta y siete por el anterior equipo de Gobierno con la Dirección General de Policía Jurídica del Menor del Ministerio de Justicia para la transferencia a la Comunidad de Castilla y León del Centro de Protección de Menores "Residencia Las Merindades", de Villarcayo (Burgos). Dicha transferencia quedaría supeditada a que en la mencionada negociación se alcance el nivel óptimo de dotación en todos los conceptos presupuestarios".

En cualquier caso, y al margen del tema concreto que hoy nos ocupa, yo creo que todos los Grupos de esta Cámara, probablemente..., desde luego, el Grupo de Alianza Popular lo estima así, que la política de protección y reforma de menores debe revisarse en profundidad para lograr una rentabilidad social que hoy no se alcanza. Pienso que estarán de acuerdo con esta afirmación la totalidad de los Grupos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para cerrar el debate, en representación del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el Procurador don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Voy a intentar referirme a las intervenciones por el orden en el que se han expuesto.

Bueno, hay cuestiones que han sido suscitadas por los distintos Portavoces. En este sentido, tengo que reiterar cuál ha sido el transcurso de la transferencia de protección de menores a la Junta de Castilla y León. En el año ochenta y cuatro se firman las transferencias, de las cuales queda excluido el Centro de Villarcayo porque iba a ser un centro piloto. La justificación psicopedagógica de los centros piloto, que entonces realizaba la Dirección Jurídica de Protección del Menor, era una justificación discutible. En este sentido, yo suscribo la parte a la que se ha referido la intervención del señor de las Heras, de lo que suponen los grandes centros y cuáles son las características que debe tener un centro de esta naturaleza. Yo creo que es de todo punto deseable que estos grandes centros vayan dejando paso a otro tipo de ámbitos mucho más limitados y, en este sentido, ahí estuvo el núcleo esencial de la discusión sobre los centros piloto, hasta el punto de que del año ochenta y cuatro al ochenta y seis hubo dos o tres jornadas organizadas por el propio Consejo de Protección de Menores sobre este tema y, al final, a mediados del año ochenta y seis, el propio Consejo de Protección de Menores abandonó lo que eran sus planteamientos iniciales sobre los centros piloto, y es a partir de entonces cuando cabe hablar del comienzo de las negociaciones de la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Justicia para la transferencia del Centro. No hay, pues, ese retraso del ochenta y cuatro al ochenta y siete, sino, en todo caso, de mediados del año ochenta y seis a mediados del año ochenta y siete.

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Las conversaciones que se habían iniciado en la anterior etapa -y a esto me tengo que referir también- son conversaciones que nunca se habían mantenido en un plano político. Es decir, en este tema se dispuso la elaboración de una serie de estudios. Los estudios de los que actualmente goza la Junta de Castilla y León son esos estudios los realizados en la anterior etapa por los profesionales del Centro, por los equipos de la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta y por los equipos del Ministerio de Justicia. Y en base a esos estudios se definieron cuáles eran las características de la transferencia, a partir de la previa definición de las características, de las posibles características de utilización del Centro en cuestión. En ese sentido, el señalar que las conversaciones se continúan no condiciona a la Junta, en absoluto, porque el plano político de las conversaciones, que es la actuación de la Junta y del Ministerio de Justicia y la Comisión Mixta de Transferencias, con la definición de recursos presupuestarios, de prioridades y de condiciones de la transferencia, no ha pasado todavía, y la Junta de Castilla y León no está condicionada por un trámite político iniciado por el anterior equipo. Lo que sí que está condicionada, en positivo, es porque ya existen unos estudios, unas aportaciones técnicas y un cierto entendimiento en el plano de definición de los posibles usos del Centro, y ese condicionamiento es un condicionamiento positivo. Es decir, que no podemos aceptar la Enmienda del Centro Democrático y Social, porque supondría el que, al decir "comenzar", tuviéramos que partir de cero, volver a encargar los estudios a la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, los estudios al equipo del Centro, los estudios a la Dirección General de Servicios Sociales, que, probablemente, no fueran sino a reiterar lo que ya se ha trabajado en la materia.

Entonces, nosotros entendemos la filosofía de la Enmienda del CDS, pero entendemos que está asumida en el propio transcurso negociador. Es decir, no existe condicionamiento; lo que existe es una labor que hay que retomar porque ya está empezada, y los pasos que se han dado no hay que repetirles. Por eso, en principio, no podríamos aceptar la Enmienda del Centro Democrático y Social.

En cuanto a la intervención del señor de las Heras, yo suscribo el noventa y nueve coma nueve nueve por ciento de la misma. Es decir, estoy de acuerdo con él en que la filosofía de nacionalización, que convirtió al Consejo de Protección de Menores en una especie de INI, que recogía todas las Residencias que los propietarios privados de algunos centros encontraban deficitarios, es una filosofía absolutamente rechazable, y que es una filosofía que se ha roto con la entrada en el Gobierno del Partido Socialista. Es decir, hasta el año ochenta y dos se produjeron ese tipo de actuaciones irregulares y a partir del año ochenta y dos ya no se ha producido ninguna más.

Estoy absolutamente de acuerdo en que los menores, en la medida de lo posible, tienen que ser dados en familias sustitutas, y, evidentemente, si estuviéramos hablando de construir un centro de la naturaleza del Centro de Villarcayo, nunca el Grupo Socialista apostaría por una construcción de un centro de esa naturaleza. Pero es un Centro que está ahí, que tiene un uso y al que, lógicamente, tenemos que sacarle su rentabilidad social, para no caer en el inmenso dispendio que supondría el tener una dotación de esas características sin uso ninguno. Además, es que el Centro de Villarcayo tiene una condición que no es aplicable, a lo mejor, a otros centros de protección de menores de los transferidos, y es que es un Centro que tiene muchas posibilidades de actuación para diversificar la red. Por ejemplo, es un Centro especialmente dotado para la realización de actividades de granja-escuela, es decir, estas actividades semiocupacionales que van introduciendo al uso de la naturaleza a los escolares de EGB; es un Centro especialmente dotado para uso recreativos. Y, en este sentido nosotros entendemos que, de incorporarlo a la red de protección de menores de la Comunidad, lo que serviría es para diversificar la red y para que los menores de toda la red de la Comunidad pudieran, a través de estancias mensuales o quincenales, realizar actividades que en sus propios centros no puede realizar, incluso para algunos menores que están en familias sustitutas. En este sentido, cabe hablar del éxito de las iniciativas privadas de granjas-escuela, que últimamente están proliferando en toda España. Es decir, granjas en donde los menores... bueno, chicos simplemente de EGB, cursos enteros, van a realizar actividades de entorno natural o de iniciación a algunas actividades profesionales. Nosotros creemos que ése puede ser un buen uso para el Centro. El uso recreativo también es importante, también, el posibilitar un mes de vacaciones en un Centro especialmente dotado, porque para eso fue concebido, para los propios menores de protección. Y por eso nosotros creemos que tiene un sentido el incluirlo en la red de protección de menores.

No puedo estar de acuerdo con el señor de las Heras en que el Centro tenga situaciones de aislamiento climatológico, o que esté marginado del núcleo de población. El Centro está, exactamente, en el casco urbano de Villarcayo; el propio plan de ordenación urbana de Villarcayo lo incluye en el casco urbano. Está al lado... vamos, está a cuatrocientos metros de la Plaza Mayor de Villarcayo, y Villarcayo es una localidad que no está especialmente mal comunicada, y además la Junta de Castilla y León en la anterior etapa y en ésta está mejorando mucho las comunicaciones, que fundamentalmente son dos carreteras, la de la Mazorra y la de Villarcayo-Miranda, que lo comunican suficientemente. No hay esos problemas, pues, de aislamiento climatológico o de marginación del núcleo de población. Evidentemente, este núcleo de población, que sí que puede aceptar un centro de protección de menores, teniendo cuatro mil habitantes no puede aceptar un centro de reforma de doscientas personas, porque esto supondría un factor absolutamente patógeno en el funcionamiento normal de la vida en Villarcayo. En este sentido estamos de acuerdo con la intervención del señor de las Heras.

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También estamos de acuerdo en que la transferencia de menores se recibió en no especiales buenas condiciones; hay que reconocerlo y no tiene ningún sentido el estar hablando aquí de que se hizo todo bien. Y la prueba misma de que se recibió en malas condiciones la transferencia de menores es que, posteriormente, luego hubo dos Decretos de ampliación de esa primera transferencia de menores y que se aumentaron los recursos y se aumentó el personal que fue adscrito a esa transferencia. Entonces, la primera transferencia no era buena, ha quedado en los niveles en que está la protección de menores, en que estaba la protección de menores en el año ochenta y tres en España; ahora está a ese nivel, pero, evidentemente, hay problemas en lo que es la propia filosofía. Porque, claro, estamos hablando de una situación muy complicada, la que..., por un lado tenemos unos centros de ochenta, cien, doscientas personas, e incluso un número mayor de personas, y por otra estamos hablando de que la filosofía de todas las Administraciones Públicas ahora no es crear esos centros. Entonces, por un lado tenemos que mantener los centros existentes y empezar a detraer recursos de ese mantenimiento de los centros existentes para crear las familias sustitutorias y otros elementos que puedan ser alternativos a la protección de menores.

En ese sentido, bueno, nosotros aceptamos el que no es bueno que los centros privados se incorporen sin más al sector público, y que asumimos en esa parte también la intervención del Grupo Popular. Aquello fue realizado por otro gobierno, no podemos responsabilizarnos de ello. Lo que sí que no podemos aceptar es que la especial buena dotación del Centro sea un argumento para pensar que, como está extraordinariamente bien dotado, pues eso es un obstáculo para recibirlo; todo lo contrario. Si tiene doce hectáreas, pues perfecto. Ojalá tuviera veinticuatro. Es decir, cuanto mejores sean las dotaciones, pues, lógicamente, tendremos que exigir mayores cantidades para el matenimiento de la dotación, pero no es un obstáculo en ese sentido. Es un Centro, en efecto, que está muy bien dotado. Está en un estado de mantenimiento excepcional, porque la propia Dirección General de Protección Jurídica del Menor, probablemente porque fuera uno de los pocos centros que se había reservado, hizo cuantiosas inversiones de mantenimiento en los años ochenta y cinco y ochenta y seis -inversiones de más de 100.000.000 de pesetas en el mantenimiento- y, actualmente, la verdad es que está muy bien mantenido; hay problemas, evidentemente, y habría que hacer algunas obras también, evidentemente.

En cuanto al número de plazas que se vaya a asignar al Centro, bueno, yo ahí tengo un criterio: a mí me parecía, por ejemplo, absolutamente excesivo el reclamar que ese Centro estuviera dotado para funcionar con ciento ochenta plazas; me parecía eso una barbaridad. Yo creo que el aproximarnos a cantidades menores sería más razonable. Pero, en cualquier caso, esto va a ser una cuestión que nosotros, evidentemente, dejamos en manos de a quien corresponde, que es al actual equipo de Gobierno.

Y sí que estamos de acuerdo en que los pasos dados hasta ahora no condicionan al actual equipo de Gobierno y, evidentemente, en que la transferencia tiene que partir de que se alcance el nivel óptimo. No podemos no estar de acuerdo en esto, es absolutamente razonable. La transferencia tiene que hacerse en las mejores condiciones posibles para la Comunidad Autónoma y no hay condicionamiento alguno en los estudios realizados hasta la fecha para que la Junta de Castilla y León reinicie la transferencia en las condiciones más ventajosas posibles. Evidentemente, yo, aún así, pensaría que, si se ofrece a la Junta de Castilla y León el transferirle este Centro con cuarenta profesores, pues habría que aceptarlo, en vez de sesenta y tres, porque es que ahora mismo hay treinta y seis niños; es decir, que cuarenta profesores para treinta y seis niños es un transferencia extraordinariamente bien dotada, y permite ampliar la capacidad del Centro.

También hay un problema de filosofía en cuanto a la existencia de menores en centros privados, o el mantenimiento de menores en centros públicos, porque, si a lo que se refiere el Portavoz del Grupo Popular es que es más barato, más razonable y más adecuado psicopedagógicamente que los menores estén en familias sustitutas, nosotros estamos totalmente de acuerdo, y además pensamos que es en esa línea en la que hay que trabajar, la línea que ha intentado impulsar en la anterior etapa la propia Junta de Castilla y León. Ahora, si la alternativa es que es más barato el internado de menores en algunos centros privados que el mantenimiento de centros públicos, claro que es más barato; es más barato porque el servicio que se presta es de una muy inferior calidad. Esto hay que decirlo también, porque no tiene sentido el negarse a ver la realidad. Si hay un centro como el que existe en nuestra Comunidad -y no voy a hacer referencia a su nombre concreto- que tiene más de mil quinientos niños, con una plantilla de profesores de cien profesores, y estamos hablando aquí de que necesitamos para ciento ochenta niños sesenta y tres profesores, va a ser mucho más caro el mantener un centro público que un centro privado, y va a ser mucho más caro el mantener a los internos en este centro público que el pasarlos a un centro privado. Claro, la comparación entre el servicio que se presta en unas y otras condiciones es absolutamente demoledora. Esa comparación apuesta siempre por el centro público o por otras alternativas, frente al centro privado.

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En resumen, pues, nosotros pensamos que el Centro, que en su día, probablemente, estaba concebido para otros usos, sirve para diversificar la red. No creemos que el Centro de Villarcayo, tal y como está concebido, sea un obstáculo para el desarrollo de políticas alternativas más progresistas en la red de protección de menores de nuestra Comunidad. Pensamos, es más, que tiene usos complementarios que son muy convenientes para el propio desarrollo de la red de protección de menores de nuestra Comunidad, en este sentido, la mejora, no la empeora. Creemos que los problemas de adecuación de lo que son las instalaciones a su nuevo uso son problemas que pueden ser perfectamente resolubles con unas cantidades de dinero que no son muy elevadas. Yo acepto lo 34.000.000 de pesetas del estudio de la Junta, porque ese mismo estudio que yo tengo delante ha sido elaborado por los profesionales del Centro y, evidentemente, me parece muy razonable, y ojalá la Junta de Castilla y León consiga obtener esos 34.000.000 en la negociación de las transferencias. No es nuestra intención al hacer la Proposición condicionar a la Junta de Castilla y León a que acepte de manera indiscriminada todo lo que ha hecho el equipo anterior, sino que acepte los pasos que se han dado. En este sentido, está claro -por nuestra parte, al menos- que no existe condicionamiento previo alguno para la actuación de la Junta y está, evidentemente, claro que nosotros también deseamos que la transferencia se negocie en las condiciones mejores posibles, en el óptimo de condiciones posibles. Pero luego es criterio de la Junta y no nuestro criterio; será criterio de la Comisión Mixta de Transferencias, en la que están representados los grupos de estas Cortes, el si la transferencia responde a este óptimo o no. Y ahí, evidentemente, tampoco tenemos nada que decir.

Yo no sé si es el trámite procesal adecuado el que nosotros podamos aceptar aquí una enmienda "in voce", que al parecer reglamentariamente tenía que haber sido presentada antes. Desde luego, por el Grupo Socialista no hay ningún inconveniente en aceptar las Enmiendas que plantea el Grupo Popular y, sin embargo sí que tenemos ese inconveniente sobre la Enmienda del CDS. Porque, aun asumiendo la filosofía, de que no existe condicionamiento y de que la Junta tiene que obrar con absoluta libertad, no podemos aceptar que tengan que reiterarse ahora pasos que se han dado, que se han dado por equipos técnicos y que es conveniente que no se repitan, sino que es conveniente que se parta de esas bases para poder realizar la transferencia cuanto antes, porque sí que es cierto que, de seguir prolongando mucho tiempo la transferencia, cada vez la vamos a poder..., vamos a tener menos fuerza moral para recibirla en mejores condiciones. Es decir, hace seis meses el Centro tenía sesenta niños, ahora tiene poco más de treinta, y dentro de seis meses, cuando se reciba la transferencia, probablemente queden quince, porque la red de.... es protección de menores una red de Comunidades Autónomas; el que haya un centro de protección que esté en manos del Ministerio de Justicia, pues, es una cosa que descoloca absolutamente. En ese sentido, pues, es mucho más fácil negociar sobre la base de que ahí tiene que haber ciento ochenta niños cuando hay sesenta que cuando hay treinta, o cuando hay quince. Evidentemente, uno tiene mucha más fuerza. Nosotros queremos que la transferencia se haga cuanto antes, que se haga en las mejores condiciones posibles y que la Junta de Castilla y León, aceptando la parte técnica de la negociación iniciada por los equipos anteriores, también esté sin ningún compromiso político a la hora de hacer, de realizar sus negociaciones.

Entonces, por resumir la posición del Grupo Socialista, sería: si fuera posible procesalmente, nosotros no tenemos inconveniente en aceptar las Enmiendas del Grupo Popular; sí que, sin embargo, no podemos aceptar, con las matizaciones que he intentado desarrollar, la Enmienda del Centro Democrático y Social.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Aunque, como muy bien ha dicho el señor Granado, reglamentariamente para poder introducir una enmienda hubieran sido necesarias seis horas..., pero como existen precedentes en estas Comisiones, podemos suspender la sesión por cinco minutos y, si los miembros se ponen de acuerdo, podemos admitir una transaccional.

Suspendemos la sesión por cinco minutos y, si los tres Grupos se ponen de acuerdo, admitimos la transaccional ahora en este acto.

(Se suspende la sesión durante cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Por todos los Grupos Parlamentarios, de común acuerdo, se ha presentado el nuevo texto de la Proposición No de Ley que paso a dar lectura: "La Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla y León insta a la Junta de Castilla y León, y más concretamente a la Consejería de Cultura y Bienestar Social, a continuar, sin condicionamientos previos, las negociaciones iniciadas en mil novecientos ochenta y siete por el anterior equipo de Gobierno con la Dirección General de Protección Jurídica del Menor del Ministerio de Justicia, para la transferencia a la Comunidad de Castilla y León del Centro de Protección de Menores "Residencia Las Merindades", de Villarcayo (Burgos). Dicha transferencia quedará supeditada a que en la mencionada negociación se alcance el nivel óptimo de dotación en todos los conceptos presupuestarios".

Se levanta la sesión.