DS(P) nº 15/2 del 18/2/1988

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Se abre la Sesión. Antes de entrar en el Orden del Día del Pleno, esta Presidencia va a proceder a llamar al nuevo Procurador proclamado electo que hoy se sienta en esta Cámara. ¿Está presente don Manuel Junco Petrement, Procurador electo por la provincia de Burgos, que sustituye a don José María Arribas Moral?.

Don Manuel Junco Petrement: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?

EL SEÑOR JUNCO PETREMENT:

Sí, juro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de la Cámara, proclamo que don José Manuel Junco Petrement ha adquirido la plena condición de Procurador de las Cortes de Castilla y León.

El señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Primer punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta oral". Pregunta con respuesta oral del Procurador don Juan Antonio de Lorenzo Martín.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Don Juan Antonio Lorenzo Martín, tiene la palabra.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Sí. Gracias, señor Presidente. Yo no sé si sería factible con su venia el poder acumular las dos primeras preguntas, dado que el tema es similar y está encadenado, en virtud de unas declaraciones del Delegado Territorial de la Junta en Avila, concedidas al periódico de la localidad, por el cual dice dicho Delegado que Avila es la primera provincia en el abecedario, pero la última en presupuestos y funcionarios. Siendo cierta la primera afirmación, no así lo son la segunda y la tercera, tal y como se desprende de una simple lectura de la Ley 12/87, de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León. Dado que estas inexactitudes pueden crear una lógica preocupación en el ciudadano abulense, ¿piensa la Junta solicitar al Delegado una pública rectificación?.

Y la segunda pregunta, si me permite el señor Presidente, relacionada también con estas declaraciones, dice en un momento de la entrevista que, al objeto de intentar justificar la organización de la Delegación Territorial, el Delegado viene a manifestar que la actual estructura de la Junta en la periferia sería un barullo e inoperante. ¿Qué opinión le merecen a la Junta estas manifestaciones críticas del Delegado Territorial de Avila?.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. En nombre de la Junta, tiene la palabra el Consejero de Fomento, señor Posada.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente, Señorías. Creo que estas preguntas, que me parece bien que se agrupen, pecan un poco de exageradas. Si se ven las declaraciones del Delegado Territorial de Avila, dice de Avila que era la primera provincia en el abecedario, pero la última en presupuestos y en funcionarios. Esto yo creo que es una figura gramatical de cierta exageración, no propia del lenguaje burocrático, quizás, pero, vamos, no creo que pueda crear preocupaciones entre los ciudadanos que lean estas declaraciones, ya que únicamente manifiesta su preocupación porque haya más presupuestos y más funcionarios para Avila. Por lo tanto, no parece lógico que la Junta le exija una pública rectificación.

En cuanto a la segunda pregunta, dice que crear macroservicios hubiera sido, quizás, un barullo y resultarían inoperantes. No se puede ser más prudente al emitir una opinión; darlo en un tono dubitativo para defender la organización que se ha dado. La Junta, naturalmente, suscribe esas declaraciones, porque quizás hubieran sido un barullo si no se hubieran hecho, y por eso hemos hecho la organización que ha hecho la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Don Juan Antonio Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Sí. Simplemente decir que el prudente es el señor Consejero de Fomento.

Si me permite, paso ya a la tercera pregunta...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Sí, perfectamente. Puede pasar a la tercera pregunta.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

La tercera pregunta, que estaba también relacionada con esas declaraciones del señor Delegado Territorial en Avila... En definitiva, en esas declaraciones, el señor Delegado aprovecha para dar los nombres de los nuevos Jefes de Servicio Territoriales en dicha Delegación Territorial. "No dudando de la capacidad de los mismos para desempeñar los cargos -dice la pregunta-, llama poderosamente la atención, sin embargo, que de entre estas propuestas de nombramiento a dedo, varios sean conocidos- y, por supuesto, legítimamente- militantes de Alianza Popular, vulnerándose, en algún caso -y en mi opinión- la Disposición Transitoria Primera del Decreto 245/1987".

La pregunta concreta, señor Presidente, es: ¿Va a considerar la Junta estas designaciones como un mérito del funcionario a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1.a) de la Ley 7/85, de la Función Pública, en relación con la cobertura de las Jefaturas de los Servicios Territoriales, previstas en el artículo 9 del Decreto 245/1987?

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente. En lo que a mí me alcanza, creo que ni el propio Delegado Territorial de Avila pertenece a Alianza Popular. Por lo tanto, los nombramientos de Jefes de Servicio no se han hecho, en absoluto, en función de la militancia política, sino de las personas más adecuadas para, provisionalmente, desempeñar esos puestos. Es posible que haya simpatizantes e, incluso, afiliados entre esos nombramientos, porque es que, claro, los hay entre los funcionarios, los hay entre las amas de casa, los hay entre los estudiantes de BUP y los hay en todos los grupos sociales, como corresponde al primer Partido de esta Región.

Entrando ya en la contestación a la pregunta que hace el señor Procurador, puedo decirle que, en efecto, se está elaborando -como él muy bien sabe- una..., bueno, un concurso de méritos para cubrir estas plazas, y en él, en ese baremo se tendrán en cuenta, por supuesto, todas las circunstancias que se recogen en el Real Decreto 2617/1985, que reglamenta la provisión de puestos de trabajo en la Administración del Estado, y que se tendrán en cuenta también todos los precedentes establecidos por la Junta anterior.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Procurador.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Sí. Realmente, yo creo que la contestación, en definitiva, es sí, ¿verdad, señor Consejero? Es que, al final, como se ha enrollado... Intento interpretar que sí que se va a tener en cuenta entre los méritos el haber ocupado durante estos meses, provisionalmente, la Jefatura de los Servicios. En cualquier caso, señor Consejero, sí que tengo que adelantar que una parte de la pregunta iba dirigida a una posible vulneración del Decreto que ustedes han hecho, y también tengo que decirle que ese, precisamente, ese Jefe de los Servicios Territoriales ha presentado la dimisión -no sé si por razón de la pregunta o por qué-, junto con otro que ayer anunció públicamente que también había presentado la dimisión. Cosa que también se extraña, señor Consejero, en función de que tampoco aparece..., o uno de ellos dice que no ha tomado posesión. Y, en fin, eso será, yo creo, que objeto de otra pregunta que tendré el gusto de formular a esta Junta, referente a las resoluciones que hayan tomado estos Jefes de Servicio en este período de tiempo, que han tomado posesión, pero no han tomado posesión. Una cosa realmente curiosa.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Posada.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Yo puedo decirle que esas dimisiones a las que usted alude no tienen nada que ver con la pregunta del señor Procurador.

En cuanto a su insistencia en que declare si se va a tener en cuenta o no, le diré que cuando salga el baremo lo comprobaremos. Pero ya me permito decirle que me asombra esa insistencia en cómo estamos organizando los concursos de méritos para cubrir puestos de nivel veintiséis en esta Administración, cuando el BOE del quince de Febrero, de hace tres días, saca la Orden del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en la que se convoca para libre designación, para dedo, para puestos ya definitivamente a dedo, pues, Jefe de Sección de nivel veinte en Soria; un Jefe de equipo de apoyo de nivel dieciocho en Orense; un Jefe de Sección, escala B, en Palencia; otro en Burgos. Entonces, yo creo que tanta preocupación por cómo vamos a hacer el concurso de méritos para proveer plazas de nivel veintiséis y, al mismo tiempo, no preocuparse por estos "dedazos" para dieciocho, veinte y veintidós resulta, por lo menos, chocante.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Secretario procederá a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Jaime Lobo Asenjo, relativa a creación en León de una Delegación Permanente del Instituto Nacional de Silicosis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Don Jaime Lobo, tiene la palabra.

EL SEÑOR LOBO ASENJO:

Señor Presidente, Señorías.

Creo, sin temor a equivocarme, que todos nosotros, todos los castellano-leoneses venimos, de un tiempo a esta parte, sintiendo una justificada y una honda preocupación: una preocupación generalizada por el futuro de la minería en nuestra Región. Venimos sintiendo una honda preocupación por el futuro de nuestras empresas y por el futuro del puesto de trabajo de todos los trabajadores del sector. Asimismo, y desgraciadamente, hemos tenido que tener una extraordinaria preocupación por la sucesión de accidentes que de un tiempo a esta parte han venido produciéndose en nuestras explotaciones; accidentes que han motivado que pusiéramos toda la carne en el asador, que extremáramos las medidas de vigilancia y que procuráramos por todos los medios tratar de evitar esta lacra. Quizá, por ello, todos nosotros nos hemos preocupado menos, o hemos dejado en un segundo plano otro punto negro de la actividad minera, punto negro que es la enfermedad profesional conocida técnicamente como "neumoconiosis" y más comúnmente conocida por "silicosis".

De ahí mi preocupación -que además estoy seguro que es una preocupación que comparten todos los señores Procuradores-, de ahí mi preocupación, digo, al presentar esta iniciativa parlamentaria, que es una iniciativa que no tiene otro objetivo que el conseguir mejorar el instrumento jurídico o los instrumentos jurídicos que en estos momentos tenemos en nuestras manos y con los que contamos, y, al mismo tiempo, tratar de aprovechar al máximo los medios materiales que el Estado ha puesto a disposición de todos los españoles -y, por lo tanto, de todos los castellano-leoneses-, para prevenir y combatir esta lacra del sector, y que se haga de una forma equitativa, sin cicaterías y sin discriminaciones, y, sobre todo, de una forma más racional y más eficaz.

Voy a tratar de explicarme. El instrumento jurídico al que yo aludo y que creo que debe de mejorarse es un protocolo de colaboración que, con fecha seis de Noviembre de mil novecientos ochenta y seis, se firma en esta materia -en materia de silicosis- entre la Consejería de Industria, Energía y Trabajo de la Junta de Castilla y León, con la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y por el cual el Instituto Nacional de la Silicosis, con sede en Oviedo, se ha de encargar del control en toda nuestra Comunidad de cuanto concierne a la ITC 04, 08, 01, sobre Regulación de las condiciones ambientales pulvígenas en las actividades mineras.

Este Protocolo que digo yo que es un instrumento jurídico que debemos aprovechar al máximo apenas ha sido utilizado en el período de vigencia que va desde Noviembre del ochenta y seis a Noviembre de mil novecientos ochenta y siete. Los datos que yo tengo, procedentes de la memoria y de los trabajos del citado Instituto de la Silicosis, demuestran que apenas en este año la labor encomendada a este Instituto sobre el control de la regulación de las condiciones y ambiente pulvígeno ha sido prácticamente nula en nuestra Comunidad, mientras que en la Comunidad Regional de Asturias, donde tiene su sede el Instituto Nacional de la Silicosis, no sólo ha sido la normal, sino que ha excedido a la reglamentaria.

Mi teoría en esta Proposición No de Ley es creo que sencilla. Si nosotros conseguimos, si nosotros contamos con una Delegación permanente del Instituto Nacional de la Silicosis en nuestra Comunidad Autónoma, naturalmente, tendremos más cerca este importantísimo medio de trabajo y coadyuvante de la Administración en una tarea tan importante como es la prevención de esta enfermedad profesional, con objeto de que controle las labores mineras de una forma más exhaustiva. Si ustedes leen los datos que existen en la Proposición No de Ley, los datos son alarmantes, puesto que, mientras en Asturias se supera, como decía antes, el mínimo reglamentario, en nuestra Comunidad Autónoma estamos muy lejos de alcanzar este mínimo.

Pero es que, además, si contáramos en nuestra Comunidad Autónoma con la ubicación de esta Delegación y, por lo tanto, con la posible utilización en todas nuestras cuencas mineras de todos los cuantiosos medios de que dispone el Instituto Nacional de la Silicosis, conseguiríamos además otra serie de ventajas; además de una mayor operatividad y estar mucho más cerca de los tajos de trabajo, conseguiríamos además -es mi opinión- otra serie de cuestiones que yo creo que son muy importantes. Por un lado, conseguiríamos una reducción del costo del servicio, puesto que podría aprovecharse perfectamente la amplia estructura que el Ministerio de Sanidad posee en instalaciones en toda la Comunidad, e incluso las de la propia Comunidad. Se podrían aprovechar de una forma mucho más eficaz los servicios y experiencias de este Instituto, que hay que hacer constar que son notables, y con sus experiencias podríamos programar -que hasta ahora no se ha hecho- dentro de nuestra región..., podríamos preparar una programación de campañas, estudios y resultados estadísticos. Esta Delegación, además, podría realizar un desarrollo en toda su extensión de este protocolo de colaboración. Podría además establecer un seguimiento mucho más exhaustivo del personal sometido a riesgo en todas las labores mineras. Podría además seguir mucho más de cerca los trabajos técnico-médicos encaminados a un mejor conocimiento de la enfermedad... Etcétera, etcétera, etcétera.

Creo, y modestamente, que en los antecedentes de esta Proposición No de Ley está suficientemente recogido el porqué de esta Proposición. Por lo tanto, y desde esta Tribuna, me atrevo a solicitar de todas Sus Señorías el voto favorable a una Proposición No de Ley que no tiene otro alcance que el que la Junta recabe del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Consumo, que en nuestra Comunidad Autónoma, y concretamente en la provincia de León, por ser la que cuenta con un mayor número de explotaciones y un mayor número de trabajadores, se cree una Delegación permanente del Instituto Nacional de la Silicosis.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Habiéndose presentado una Enmienda por parte del Grupo Parlamentario del CDS, tiene la palabra el representante de dicho Grupo para defender la Enmienda, don Luis Aznar.

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Como muy bien ha dicho el Proponente, nos encontramos ante una Proposición No de Ley que toca, aunque tangencialmente, dos problemas de los que, entendemos nosotros, más preocupación pueden traernos a la Comunidad. Uno de ellos, y también lo ha tocado el Procurador que me ha antecedido en el uso de la palabra, es el de la minería.

Creo que ha ilustrado suficientemente las razones y los porqués de la presentación en este momento de esta Proposición No de Ley. De todas las maneras, creo que sería oportuno ilustrar con algunos datos la Enmienda que nosotros presentamos, de adición, a esta Proposición, y lo voy a hacer muy brevemente.

Hablar de minería creo que es hablar de crisis, creo que es hablar de un sector que está sumido en una profunda crisis en estos momentos. Y hablar de minería también es hablar de la historia de una injusticia que se viene produciendo con la minería castellana y leonesa desde tiempo inmemorial. Y hay que decirlo claramente, y hay que decirlo claramente, aunque también respetuosamente: es la injusticia comparativa de la minería leonesa y palentina con la minería asturiana. Voy a dar, simplemente, y a título de ilustración, algunas cifras que pueden ser elocuentes en cuanto a la afirmación que yo he hecho de injusticia en la comparación. La minería asturiana, de todos es sabido, es una minería que está tratada excepcionalmente desde la Administración, tanto en la distribución -por ejemplo- de los Fondos del CECA (vamos a recordar que el año pasado la minería asturiana recibió 51.000.000 de pesetas y la leonesa no llegó ni a una décima parte), como en las subvenciones de los Presupuestos: desde los Presupuestos Generales del Estado, cada trabajador de HUNOSA está subvencionado en 2.500.000 pesetas y cada tonelada que sale de HUNOSA en dieciséis mil pesetas. Esto, evidentemente, es un agravio comparativo con la minería leonesa, y posiblemente es la causa de la profunda crisis en que en este momento se encuentra sumida nuestra minería.

Y, al hablar de ello, yo querría dar otro dato que puede dar a entender la importancia que la minería tiene dentro de la economía de nuestra región. En León, el empleo que la minería proporciona, directamente, es a catorce mil personas, a catorce mil trabajadores; que, haciendo porcentajes, o hallando porcentajes, supone que un 42% de la población activa de León y empleada está relacionado directa o indirectamente con la minería. Por lo tanto, creo que aquí hay ya una razón de base importante, una razón de peso para que este tema sea tratado aquí.

En segundo lugar -también lo decía el Procurador que me ha antecedido-, la minería tiene varios puntos negros. Uno de ellos puede ser la financiación, a la que nos estamos refiriendo; pero otro -y no menos importante- son las secuelas que esta actividad produce en aquellas personas que la desarrollan, que la llevan a efecto. Y no estamos hablando de una enfermedad superada, ni muchísimo menos. Acabo de decir que, directamente empleados en este sector, hay en la provincia de León catorce mil mineros. Por tanto, cualquier medida que sea tomada para prevenir, o para, posiblemente, paliar los efectos de esta enfermedad, sería bien recibida.

Efectivamente, el Protocolo firmado en el año ochenta y seis por el Instituto Nacional de la Silicosis con el INSALUD, para que desde el Instituto Nacional de la Silicosis, con sede en Oviedo, se hiciera el muestreo de la Cuenca leonesa y palentina, es claramente insuficiente, como se dice en la Proposición No de Ley. Y el dato es claro: por ejemplo, en Asturias, y concretamente en la minería de HUNOSA, el número de muestras por labor y año es de 7,2, y en la minería leonesa y palentina es de 1,8. Claramente insufiente. Y aquí tenemos también otra comparación de las que me refería al principio.

Por lo tanto, nosotros tenemos que estar obligatoriamente de acuerdo con la Proposición que desde el Grupo Popular se nos hace, de que está perfectamente justificado que una Delegación permanente de este Instituto tenga su sede en León; y al ser en León, evidentemente, es la provincia con mayor número de labores en este momento y con mayor número de trabajadores, con mucha diferencia.

Pero yo creo, Señorías, que debemos ir más lejos -y aquí tocamos el segundo aspecto preocupante al que me refería al comienzo de mi intervención-, y es la sanidad. Evidentemente si este es el primer paso que se da en orden a la prevención de algo tan concreto como la silicosis, plenamente de acuerdo y tienen ustedes todo nuestro apoyo. Pero creo que, en el momento en que nos encontramos, debemos intentar sentar las bases para que, en un futuro no muy lejano, podamos tener en Castilla y León nuestro propio Instituto. Creo que razones hay más que suficientes, los números así lo avalan, y, por lo tanto, bien se me puede decir que en este momento no hay transferidas competencias en esta materia, pero, evidentemente, yo estoy convencido que la Junta de Castilla y León está preparando el desarrollo del Sistema Regional de Sanidad. Y aquí es donde entramos nosotros con nuestra Enmienda y donde intentamos que la Junta (yo estoy convencido de que puede estar perfectamente y encajar perfectamente dentro de su ánimo y dentro de su proyecto), donde la Junta de Castilla y León debe adquirir el compromiso -puesto que, como hemos visto, hay razones suficientes que lo avalan- para que este Instituto, o esta Delegación que vamos a tener ahora, en su día sea un Instituto nuestro de Castilla y León; entre otras cosas porque se puede producir el paso de que el INSALUD haga la transferencia correspondiente a la Comunidad Asturiana y nosotros tengamos que depender de esos convenios con otra Comunidad que no es la nuestra.

Por tanto, primera cuestión: vamos a intentar que ese Instituto sea de Castilla y León en el momento que las transferencias lo permitan; pero vamos a ir también más lejos. La minería es importante (hemos visto las cifras), pero hay otras enfermedades profesionales, hay otras enfermedades laborales que están afectando también gravemente a la economía de Castilla y León, y me estoy refiriendo -por ejemplo- a las veintiséis mil, a las veintiséis mil bajas laborales por accidente o enfermedad que ha habido en el año ochenta y seis. Quiere esto decir que, habiendo sectores, como es el sector de la construcción, con sesenta y siete mil empleos; habiendo sectores, como ya hemos dicho que es el de la minería, como es el de otras industrias, que tienen un número importante de bajas laborales por enfermedad en nuestra Comunidad, creo que este Instituto puede tener una visión más amplia en el futuro, y dedicarse, no solamente al control de la silicosis, control y prevención de la silicosis, sino al control, prevención e incluso hospitalización de las enfermedades de tipo profesional y laboral.

Y voy a darles una idea que creo que se puede encuadrar también perfectamente en ese espíritu de Gobierno austero que ustedes predican, estoy seguro que con absoluto convencimiento. Yo creo que en este momento tenemos las instalaciones adecuadas en nuestra Comunidad para poder, mediante la transformación, el estudio, etcétera, necesarios, instalar este Instituto. Y estas instalaciones, en este momento, están siendo deficitarias porque yo creo que han sido "el patito feo" de las transferencias que se han recibido en Castilla y León. Me estoy refiriendo concretamente a alguno de los hospitales de la AISNA y, en concreto, al hospital "Monte de San Isidro" de León, que -fíjense ustedes qué coincidencia- hasta el momento ha sido dedicado a enfermedades del pulmón; por tanto, ahí hay una serie de profesionales que están constantemente trabajando en este tema, hay unas instalaciones que ya pertenecen a la Junta y que, en este momento al menos, todavía no se ve muy claro el destino final de las mismas.

Por lo tanto, creo, señores, que tenemos en nuestras manos todas las posibilidades de crear ese Instituto; con visión de futuro, evidentemente, no ahora. Vamos a dar el primer paso, pero con el compromiso de que, en el momento que esto sea posible, creemos este Instituto, que, evidentemente, tanto por el número o por los números que hemos dicho, como por muchos otros que podíamos ampliar, justificaría el que Castilla y León tenga algo dependiente directamente de su red sanitaria, y que con ello daríamos un mayor servicio y velaríamos de mucha mejor manera por la salud de nuestra Comunidad.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Aznar. A continuación puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Mixto, don Rafael de las Heras, para fijación de posiciones.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Para consumir un turno a favor de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular; pero para consumir un turno a favor con algunas matizaciones desde el punto de vista de la óptica del Partido Demócrata Popular, de la Democracia Cristiana, porque la pretensión del Grupo Popular, y mucho más aún la Enmienda que ha presentado a este Proyecto No de Ley el CDS, nos parece, en estos momentos, excesiva. Me da la impresión, o da la impresión a este Procurador, que se ha dado el pistoletazo de salida y se ha abierto la carrera en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para ver quién más pide, cuánto más se pide y quién se anticipa al otro para pedir con más prisa todo tipo de competencias, para pedir con más prisa todo tipo de atribuciones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es pedir, realmente, lo que sea interesante en cada momento para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Yo quería hacer, primero, una pequeña reflexión de qué es el Instituto Nacional de la Silicosis. Es un Centro especial de la Seguridad Social y, por lo tanto, una unidad de referencia nacional, que tiene como objetivos la prevención médica a nivel del Estado, que tiene como objetivos la prevención técnica, que tiene un área importante de hospitalización, pero que sólo está ocupada en estos momentos al sesenta por ciento, y no por incidencias de enfermedad provenientes de la minería, sino que de ese sesenta por ciento el cincuenta por ciento son enfermedades provenientes y derivadas de la actividad minera y otro cincuenta pro ciento de otro tipo de actividades. Y que tiene un sin número de medios, como diez divisiones asistenciales, dos subdivisiones, servicios, secciones, unidades terapéuticas, total de cuatrocientos cincuenta y siete funcionarios y un presupuesto de 1.500.000.000 de pesetas. Si lo que queremos es hacer un trasunto de ese Instituto en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Partido Demócrata Popular, la Democracia Cristiana, dice que no. Nosotros entendemos que las pretensiones son más ajustadas a la realidad. ¿Qué es lo que queremos? Pues, luchar contra la silicosis. Y contra la silicosis se lucha casi exclusivamente con la eliminación del polvo en las minas. Por lo tanto, hay que contemplar -como esto no es del todo posible, evidentemente-, hay que contemplar dos aspectos. Por una parte, el aspecto técnico, que le corresponde a la Junta que tiene recibidas esas competencias de control del polvo en las minas, y, por otra parte, el aspecto sanitario que le corresponde al INSALUD y... más su Instituto especializado del Instituto Nacional de la Silicosis.

¿Con qué contamos, en estos momentos, para conseguir ese objetivo de erradicar estas enfermedades profesionales? Pues, con un Reglamento general de normas básicas de seguridad minera del Estado de mil novecientos ochenta y cinco, con un Plan Integral de Seguridad Minera de Castilla y León, con la ITC, que es una instrucción técnica complementaria, la CL 04.08.01, con un protocolo de colaboración de la Junta con el INSALUD y el INSALUD a través del Instituto Nacional de Silicosis y con una serie de actividades que se han venido desarrollando, como han sido unas jornadas de lucha contra la silicosis en Castilla y León, etcétera, etcétera.

Se han hecho controles ITC en León. Efectivamente, se detectan los déficits que han señalado los dos Grupos Parlamentarios; es clarísimo. Por lo tanto, hay que atacar en esa materia. Se ha hecho un estudio epidemiológico en León y se está montando un estudio epidemiológico en Palencia en la materia, y se han celebrado unas jornadas de seguridad minera.

Conclusiones del Partido Demócrata Popular, de la Democracia Cristiana:

A. Debemos, primero, coordinar, a través del Comité Regional de Seguridad Minera de Castilla y León, todos estos temas donde, además, hay un representante del Comité nacional contra la silicosis, que precisamente fue el jefe de seguridad minera, durante dos años, de Castilla y León y, por lo tanto, es un gran conocedor de la materia.

Y, en segundo lugar, limitarnos a desarrollar el protocolo Junta, INSALUD e Instituto Nacional de la Silicosis, primero, en materia preventiva, creando una oficina dependiente de la Junta con personal destacado del Instituto Nacional de la Silicosis, para de esa manera ajustarlo a nuestros medios de financiación y a nuestras posibilidades, y para que verdaderamente se hagan esos controles en los que, efectivamente, estamos de acuerdo que somos deficitarios y que se deben de hacer con la mayor intensidad.

Descartamos, en principio, la creación de instalaciones hospitalarias. La Ley General de Sanidad no contempla centros monográficos salvo los de referencia; y centros monográficos de referencia en el estado español solamente hay dos: me parece que el Instituto de la Silicosis de Oviedo y el de tratamiento de parapléjicos de Toledo. Y creemos que sería una discriminación, incluso, el tratamiento de estos enfermos sacarle de la Red General de Asistencia ordinaria de todos los ciudadanos. Hay que empezar por atajar el problema en los centros de salud primaria, en los centros de atención primaria; hay que empezar por formar a ese personal, para que haga esa primera atención, para que haga ese seguimiento de la enfermedad, para que haga esos controles, y eso sí que se puede hacer a través del Instituto que, naturalmente, tiene que facilitarnos personal para formar el personal sanitario, facultativo y auxiliar en las técnicas específicas, en la metodología de los reconocimientos, en las lecturas radiográficas, etcétera, etcétera, de esos centros primarios. Y, naturalmente, en esos grandes hospitales generales de las ciudades ya existen secciones especializadas que pueden atender esta compleja materia.

Por lo tanto, dotación de personal y material adecuado en estos centros. Y en estos centros de salud, sobre todo en las zonas mineras, tienen que estar especialmente dotados de hombres capacitados, pero, por otra parte, de las instalaciones necesarias, y si no las tienen, pues, tendrán que contar con una instalación radiológica, y tendrán que contar con un electrocardiógrafo, y tendrán que contar con una espirómetro de tipo seco-portátil, y tendrán que contar con un tensiómetro, y tendrán que contar con una serie de dispositivos que son específicamente para el tratamiento de esta materia, para la prevención de estas......

Por lo tanto, nosotros queremos entender que la previsión del Gobierno y del Procurador que ha presentado esta Proposición No de Ley va encaminada, en principio, en este sentido, de luchar denodadamente contra esas enfermedades, pero aprovehándonos de los medios existentes para que no tengamos costos añadidos a los escasos recursos de que disponemos en estos momentos y, en ese sentido, y como entiendo que ésa es la pretensión, nosotros vamos a votar favorablemente, si se nos contesta así por el Grupo proponente, favorablemente su propuesta, y, naturalmente, vamos a desestimar, en principio, la Enmienda que ha presentado el Partido de Centro Democrático y Social por los argumentos que hemos dado.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor de las Heras. El representante del Grupo Socialista puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR HERNANDEZ REDERO:

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Me alegro, me alegro mucho, de que por fin alguno de los Procuradores tome cierta iniciativa en cuanto a este tipo de enfermos de silicosis, neumoconiosis en general, porque de verdad estos enfermos necesitan de todos nosotros, necesitan enormemente de las instituciones. Pero cuando tenemos que ir a una escala de prioridades, yo tengo que decir que las actividades preventivas en esta materia las sitúo arriba del todo, justo arriba del todo; otra cosa es el modelo de cómo hacemos esa prevención. Y en cuanto a este modelo, quiero decir que mi Grupo tiene dudas con arreglo a esta Proposición No de Ley.

La primera de ellas es por qué es una iniciativa de un Procurador de Alianza Popular y no una iniciativa de la Junta.

La segunda de ellas es por qué ha de tratarse de instar o presionar para crear una Delegación permanente del Instituto Nacional de Silicosis. Por qué no podemos dejar que el Instituto Nacional de Silicosis, que es de ámbito nacional, planifique sus actividades; y si ha habido, o hay, cierto déficit en cuanto a estas actividades en Castilla y León, comparativamente con el Principado de Asturias, vamos a instar para que esas actividades aumenten. Porque, con arreglo a la información que yo he recabado, si que tengo que decir que se han hecho estudios por parte del Instituto Nacional de Silicosis, y se han hecho estudios concretamente en León, y la conclusión de estos estudios epidemiológicos han sido que el diez coma cinco por ciento del personal expuesto, es decir, de los mineros, están afectos de silicosis de alguno de los grados. ¿Qué hay que hacer con estos enfermos? Retirarlos, retirarlos de esas actividades. Es cuestión de las empresas, es cuestión de las instituciones de esta Comunidad, incluso de las instituciones de ámbito nacional.

Por lo tanto, yo quiero anticipar que el Grupo nuestro, siguiendo un poco la táctica del CDS, esta vez se va a abstener, con lo que usted podrá sacar adelante su Proposición No de Ley.

Sí quiero decirle también al señor Procurador, señor Jaime Lobo, que es el autor de esta Proposición, que, siguiendo esa misma escala de prioridades de la que yo hablaba, no puedo poner por debajo lo que son las actividades asistenciales en cuanto a asistencia de enfermos de neumoconiosis; por encima quizá tampoco, pero, desde luego, no puedo ponerla por debajo. En este sentido, don Jaime Lobo, que lee todos los días la prensa de León, -estoy seguro-, sabe como se encuentra el Hospital Monte San Isidro. Es un hospital de enfermedades del tórax, transferido a la Junta de Castilla y León en Abril de mil novecientos ochenta y siete, que para darle algún dato, solamente algún dato, muy pequeño, he de decirle que es como un barco que no tiene capitán y que así lleva ya siete meses; lleva la friolera de siete meses este hospital, perteneciente a la Junta de Castilla y León, que no tiene director. Yo invito, porque soy un médico que trabaja allí, y solamente por eso, al señor Lobo, así como al señor Luis Aznar también de León, a que se den una vuelta, yo se lo enseño y les cuento como está. Mucha más gente del hospital se lo va a poder contar.

Creo que con esto, añadiendo al señor de las Heras que toda la tecnología de la que el habla, para instalar en centros de salud, etcétera, etcétera, estoy absolutamente de acuerdo, pero el diagnóstico de la silicosis es una cosa tremendamente compleja, sobre todo en aquella fase en que puede hacerse algo, en que pudiera tener tratamiento, y se requieren tecnologías mucho más complejas que las que él ha mencionado aquí. Yo, a partir de ahora, a partir de esta intervención, ya empiezo a ilusionarme, porque a lo mejor el señor Consejero de Cultura y Bienestar Social comienza a instalarnos ya la gammagrafía con radio sesenta y siete, el lavado broncoalveolar, la cirugía torácica para todo tipo de biopsias, estas técnicas que son complejas y que, ciertamente, son las que podían dar algo positivo para los enfermos, para la actividad asistencial de estos enfermos. Lógicamente, mucho antes de la instalación de toda esta tecnología hay que hacer otras muchas cosas.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero, por alusiones....

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Muy brevemente. Muchas gracias, señor Presidente. Primero, para tranquilizar al señor Procurador que... además de médico creo que fue director de ese hospital durante un cierto período de tiempo, entonces, es que tenía mucho... ha tenido oportunidad de arreglar muchas de las cosas que había en ese hospital. Para tranquilizarle, decirle que, justamente, en la Junta de Consejeros que se ha celebrado hoy se ha aprobado un Decreto que regula la cobertura de las plazas de directores médicos, directores gerentes, directores de enfermería y directores de asuntos sociales de los hospitales del AISNA que no estaban regulados hasta la fecha, e inmediatamente de su publicación se procederá a cubrir la plaza. No existía un procedimiento más que esos procedimientos digitales que a algunos tanto le gustan, pero, desde luego, no le gustan tanto a este Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Procurador proponente puede hacer uso de la palabra. Don Jaime Lobo...

No ha hecho ninguna alusión........ Pero, vamos, no se trata de ninguna... digamos, creo que... Hay una alusión, pero no creo que afecte en absoluto al tema del debate. Es decir, vamos a abrir...

EL SEÑOR LABORDA MARTIN:

No, sí, señor Presidente. Sí interfiere en el debate, puesto que ha sido aludida....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Bien. De acuerdo, señor Laborda

EL SEÑOR LABORDA MARTIN:

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Un minuto, por favor, para no generar un nuevo debate sobre un tema que está fuera del debate objeto de esta Proposición No de Ley. O sea, ruego al señor Procurador que se ciña estrictamente a contestar en aquel aspecto en que ha sido aludido y demos por terminado, digamos, este debate.

EL SEÑOR HERNANDEZ REDERO:

Gracias, señor Presidente. Simplemente, y muy rápido, para decirle al señor Consejero que mis actividades como Director del Hospital Monte San Isidro duraron exactamente tres meses, tres meses; poco pude hacer en ese tiempo. Y yo fui trasladado como Director desde otro Hospital, que también está sin Director ahora, que es el Hospital Comarcal de Benavente al Monte San Isidro; y que como nobleza obliga, como nobleza obliga, señor Consejero, si yo salgo Procurador y voy a ser Procurador de la oposición, lógicamente, no puedo estar aquí haciendo oposición al Gobierno que usted forma parte y al mismo tiempo de Director en el Hospital Monte San Isidro. Nobleza obliga, y por eso yo puse mi dimisión como Director quedando en mi plaza de médico. De todas formas no es el tema, no es el tema, y yo lo único que quiero decirle es que usted lleva de Consejero ya siete meses, tiempo suficiente, si no para nombrar un Director, con una perfecta regulación legal y jurídica, sí para encargar las funciones a alguno de los médicos allí asistentes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Por favor, seguimos, don Jaime Lobo puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR LOBO ASENJO:

Gracias, Presidente. Gracias a los Portavoces de los tres Grupos que, en definitiva, pues, han manifestado el apoyo a mi iniciativa, iniciativa de Alianza Popular, y únicamente hacer algunas matizaciones, porque quizá quede algún malentendido.

El espíritu de la Proposición No de Ley no entra o no roza para nada el aspecto sanitario o el aspecto del tratamiento de esta enfermedad. Yo soy de los convencidos que el Instituto de la Silicosis con sede en Oviedo, en el tema del tratamiento de la Silicosis -que no de la curación, porque la Silicosis, desgraciadamente, es una enfermedad irreversible y sin curación posible-, está perfectamente atendido por esta Institución. Mi petición se basa, fundamentalmente, en que el Instituto Nacional de la Silicosis es un Instituto, como dice el artículo 4 de su Reglamento, de ámbito nacional y que tiene que incidir, por tanto, en toda la nación, y que con los datos que tenemos en la mano no está incidiendo más que, primordialmente, en una región española. Y yo pienso que constituyéndose una Delegación permanente en nuestra Región, su actuación va a ser mucho más cercana para que la prevención de este azote de la minería, de esta lacra de la sociedad, que es la neumoconiosis o la silicosis, sea mucho más eficaz.

Por lo tanto, no se puede admitir que se nos diga que se ha trabajo cuando se demuestra que, después de un año de protocolo, las cifras de actuación de este Instituto en nuestra Región han descendido con respecto al año anterior a la firma del protocolo o del convenio.

Al representante del CDS decirle que, en nombre de mi Grupo, aceptamos su Enmienda.

Y, por lo tanto, no me queda más que dar las gracias a todos los señores que han intervenido y, desde luego, a la Cámara porque estoy seguro que va a aprobar mi Proposición. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO

O):

Muchas gracias, señor Lobo.

Vamos a proceder, en consecuencia, a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Jaime Lobo, relativa a la creación en León de una Delegación Permanente del Instituto Nacional de Silicosis, incluyendo la Enmienda de adición presentada por el Grupo de CDS. Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Quienes de abstengan, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y nueve. A favor: cuarenta y nueve. En contra: ninguno. Abstenciones: treinta. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por don Jaime Lobo, relativa a la creación en León de la Delegación Permanente del Instituto Nacional de la Silicosis, con la Enmienda presentada a su vez de... Enmienda de adición, presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social.

El señor Secretario procederá a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre defensa de carácter cultural del Teatro Principal de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 17, de 30 de Diciembre de 1.987".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Socialista, para presentar la Proposición No de Ley.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Señores Consejeros. Señor Presidente de la Junta.

El Teatro Principal de Burgos es algo más que un edificio, un edificio singular, incluso algo más que un monumento histórico-artístico tal como fue declarado por la Junta en Abril de mil novecientos ochenta y cinco. El Teatro Principal de Burgos es un edificio donde se resume la creación de una colectividad, de lo que era la ciudad de Burgos, de sus clases más activas, de sus clases más dinámicas en el área económica y también más dinámicas en el plano cultural, dedicado a usos recreativos y culturales, en torno al cual ha girado la vida burgalesa, una parte importante de la vida social, pero también una parte importante de los elementos de los actos políticos; de los actos no solamente culturales, sino recreativos; de los actos de alguna manera en los que se iba reproduciendo lo que era un determinado modo de vida de una ciudad de burgueses, una ciudad de comerciantes, de funcionarios, de artesanos; una ciudad que tiene una historia muy larga y cuyas... cuyos elementos más nobles, precisamente, podría resumirse, en la última etapa, en algo de lo que sucedió en aquel edificio.

En ese sentido, se ha convertido en algo más que un símbolo. En una ciudad en donde las representaciones de teatro suelen ser noticia, pero no por lo que en ellas se hace, sino porque se intenta evitar; en donde se censuran actos culturales o actos de carácter educativo por parte de los teóricamente responsables de la vida cultural municipal, o de la vida cultural provincial; en una ciudad en donde hacer cultura es extraordinariamente difícil y donde, no obstante, surgen revistas, salen creadores, es abundante el número de Grupos de Teatro, tiene una presencia la vida nacional. En esta ciudad, el Teatro Principal es el símbolo de lo que era una ciudad pese a una situación mucho más difícil para la cultura en España, más dinámica; de lo que era una ciudad en donde sus ciudadanos, los hombres y mujeres que vivían en ella, tenían alguna capacidad para hacer cosas en común, alguna capacidad para poner de manifiesto lo mejor que tenían de sí mismos y para enriquecer el patrimonio, ese acervo común que es la vida social, desde puntos de vista culturales.

Por esto, desde siempre y especialmente los últimos años, desde que se cerró el Teatro ha sido una reivindicación permanente de los burgaleses, más activos en el plano de la cultura, su reapertura. Y en esta reivindicación confluyeron Concejales de las anteriores Corporaciones no democráticas, personas de muy diferentes ideologías políticas; y en esta reivindicación, de alguna manera, se plasmó también lo que era la parte más de acuerdo, más de consuno, de todas las actividades políticas de la vida burgalesa. Porque la inmensa mayoría de los partidos políticos, de las asociaciones recreativas, de los grupos vecinales, de todas las entidades ciudadanas, de los colegios oficiales, está a favor de la recuperación del Teatro Principal.

Por estas razones, cuando el Ministerio de Cultura puso en marcha el Plan Nacional de Recuperación de Teatros, se abrió una luz, una posibilidad, para la puesta en funcionamiento de nuevo de este noble edificio, de estilo isabelino, edificado a finales del siglo pasado. Y los burgaleses contemplaron con optimismo cómo la Administración Central de Estado, la Administración Regional, la Administración incluso Provincial, en alguna medida, estaban de acuerdo en la recuperación del Teatro Principal. Y los hombres y mujeres que habían estado a la cabeza de esa reivindicación, que habían evitado en una primera... en un primer momento la conversión del Teatro Principal en oficinas municipales y logrado una incoación de un expediente como monumento histórico-artístico, se congratularon al conocer la unanimidad también de las Administraciones Públicas en torno a aquel fin. Aquella unanimidad se rompió, no fue posible el acuerdo, no por responsabilidad, evidentemente, de los burgaleses ni de algunas Administraciones Públicas, ni de la Administración Regional ni de la Administración del Estado, y, desde entonces, el Teatro Principal ha continuado en una situación de abandono, en una situación de no uso, de desuso, que hace peligrar la propia existencia del edificio y que, desde luego, convierte en vacío todas las expectativas que había generado su recuperación, y opone el vacío de la actual vida cultural burgalesa a lo que era un Teatro Principal funcionando y representando a la vida social, y cultural, y recreativa, como he expresado antes, del Burgos de hace algunas decenas de años.

En esta situación algunas Administraciones Públicas, y concretamente el Ayuntamiento de Burgos, hace público, con los Presupuestos Municipales para mil novecientos ochenta y ocho, su deseo de convertir el Teatro Principal en oficinas municipales. Que ante este peligro, ante este atentado a nuestros monumentos histórico-artísticos -porque el Teatro Principal es un monumento-, ante este atentado a lo que significa la vida cultural burgalesa, el Grupo de Procuradores Socialistas tenemos que traer ante estas Cortes una Proposición. Una Proposición que va en el sentido de que la Junta de Castilla y León, que tiene un ánimo reivindicativo encomiable en la asunción de nuevas competencias, ejercite la que ya tiene, porque la Junta de Castilla y León es competente, por el Estatuto de Autonomía, por el Decreto de Transferencias, por la Ley de Patrimonio histórico-artístico, es competente para realizar una política determinada de protección de los bienes culturales que existen en nuestra Región y una política especialmente activa en los conjuntos históricos y en los monumentos históricos y artísticos.

Y esta política, en el caso del Teatro Principal, no puede ser más que una: la recuperación del edificio con el uso cultural que siempre tuvo. Una recuperación teórica del edificio que sirviera para la instalación en el mismo de oficinas, lo cual no es posible dada la estructura del mismo edificio, sería un dispendio de fondos públicos y sería además un atentado cultural, no sería tal rehabilitación, sino sería un puro y simple disparate. Por eso la Administración competente en defensa del patrimonio debe hacer uso de sus facultades, debe hacer uso de sus competencias e impedirlo, y debe asumir, además, un papel protagonista en la recuperación del mismo edificio.

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Este es -y no otro- el sentido de la Proposición que se presenta ante el Pleno de las Cortes: que la Junta de Castilla y León haga, en este caso, uso de sus competencias para proteger la cultura, para defender nuestro patrimonio, para defender algo, un edificio, que es un elemento simbólico importante en la cultura burgalesa; un elemento referencial fundamental de lo que son las creaciones colectivas en nuestra Comunidad de cultura, entendidas como asociaciones de gentes que hacen cultura de manera activa, que no se limitan a ser puros espectadores pasivos de la cultura que hacen otros; y un elemento, también fundamental, que puede servir de guía de navegantes para aquellas Administraciones Públicas que se empeñan, -en contra de la voluntad de los más, sin duda, pero por lo menos en contra de los criterios más elementales de defensa del patrimonio-, en atentar contra la cultura de Castilla y León y en intentar reivindicar conceptos culturales que en la práctica son una mera transgresión de los más elementales principios de defensa de la cultura.

Por estas razones, y anticipando ya que en el segundo turno que corresponde al Grupo proponente me pronunciaré sobre las Enmiendas que a esta Proposición han sido presentadas, los Procuradores Socialistas solicitamos de todas Sus Señorías el voto favorable a esta Proposición No de Ley que intenta defender el Teatro Principal de Burgos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Habiéndose presentado dos Enmiendas, por parte de los Grupos de Alianza Popular y de Centro Democrático y Social, procedemos, por orden de presentación de dichas Enmiendas, con el representante del Grupo de Alianza Popular, don Juan Carlos Elorza. Tiene la palabra.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Señor Presidente. Señorías. Las Enmiendas presentadas por mi Grupo, fundamentalmente, no cuestionaban, y no cuestionan, el fondo de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista,pero ya me temía, ya me temía, que esta tribuna sirviera, de algún modo, para vertir calificativos, ciertamente, no demasiado agradables para el Ayuntamiento de Burgos, porque por dos veces he oído que nuestra Corporación Municipal ha atentado y atenta contra la cultura de Castilla y León.

Nosotros estamos absolutamente convencidos de la importancia que tienen los teatros, de la categoría cultural que le dan a una ciudad; estamos absolutamente convencidos. Pero queremos, desde esta tribuna, ceñirnos absolutamente al texto de la Proposición No de Ley y no a otro tipo de cuestiones.

Antes de nada, he de decir al señor Portavoz del Grupo Socialista que en su Proposición No de Ley se vierten manifiestos errores, manifiestos errores, que yo pienso que son debidos, exclusivamente, a una falta de documentación, pero que, en todo caso, no pueden pasar desapercibidos, porque parece que el Ayuntamiento de Burgos es absolutamente malo, y yo tengo que decirle a Su Señoría que no comparto esa opinión. Usted dice que durante la primera Legislatura del Gobierno socialista, la Dirección General de Patrimonio Histórico-artístico del Ministerio de Cultura realizó en el inmueble obras de consolidación y reparación de cubiertas, que solucionaron los problemas existentes en cuanto a su deterioro estructural, sin que el propietario del inmueble desembolsara, a este fin, cantidad alguna. Señor Granado, eso es absolutamente falso. La Dirección General de Patrimonio Histórico-artístico del Ministerio de Cultura no gastó un duro en la consolidación, rehabilitación, o intervención en el Teatro Principal de Burgos, sino que fue el Ayuntamiento de Burgos quien a su costa, y por un presupuesto inicial de 23.597.978 pesetas, que, más dos adicionales y los honorarios de redacción y dirección del proyecto, ascendieron a 29.203.447 pesetas, costeó, absolutamente y en exclusiva, los gastos de consolidación relativos a la estructura y cubiertas de ese edificio. Entonces, no se tiene absolutamente de pie el que se mantenga esta afirmación, y después se diga que, como colofón a una política tendente únicamente a la destrucción de este bien cultural, etcétera, etcétera.

La única institución, la única corporación que ha invertido su dinero, nos guste o no nos guste la finalidad, -que, probablemente, no nos gusta, y en eso podemos estar de acuerdo- para el destino del edificio, pero, realmente, la única institución que ha invertido dinero de sus presupuestos para conservar el edificio tal como hoy nos lo encontramos, reformadas sus cubiertas, ha sido el Ayuntamiento de Burgos y no, como Su Señoría dice, la Dirección General del Patrimonio Artístico, durante la primera Legislatura del Gobierno socialista, que es un dato exclusivamente cronológico.

Tampoco es exacto, señor Granado, y esto se lo digo cordialmente y anecdóticamente, su afirmación de que esta pretensión encontró el rechazo unánime de todas las fuerzas políticas burgalesas, que incluso se había traducido, en tiempos del Gobierno de UCD, en la incoación de expediente preceptivo, etcétera. No es así, no es así, porque, en fin, yo no creo que la UCD gobernara en nuestro país el treinta de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco, que es cuando se incoa el expediente por parte de la Junta Delegada del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en Burgos.

Por tanto, hechas esas aclaraciones, tengo que entrar, lamentablemente, en la historia prolija, larguísima, de los avatares legales que ha sufrido o que ha padecido este entrañable inmueble burgalés, que comparto con Su Señoría las apreciaciones que ha hecho de su interés cultural, social y público.

Como digo, empiezan las actuaciones en mil novecientos setenta y cinco, el treinta de Diciembre, y después de un expediente complicadísimo resulta que, en un momento en que la Junta de Castilla y León tiene competencias para la declaración de monumentos nacionales, la Junta lo declara por Decreto. Y declara por Decreto 116/1985, de once de Abril... El artículo 1, después de la Exposición de Motivos, se declara monumento histórico-artístico el Teatro Principal de Burgos. Disposiciones Finales. Segunda: "El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y el Boletín Oficial de Castilla y León en que se publica este Decreto es de veintidós de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco, es decir, ocho meses, más o menos, después de la declaración. Y yo tengo que decir y lamentar, y lamentar, que hoy estamos discutiendo o comentando este tema, precisamente, precisamente, por la falta de diligencia de la Junta de Castilla y León que en ese momento gobernaba la Comunidad. Porque un Decreto de algo tan importante como para que Su Señoría y su Grupo hayan traído a esta Cámara, para proponerlo como una Proposición No de Ley, cuando en su mano estaba hacerlo por Decreto, tardan ocho meses en publicarlo, realmente es inconcebible, es paradójico. ¿Y qué nos ocurre? Que entre Abril y Octubre aparece la Ley -de ámbito nacional- de Protección del Patrimonio Artístico, que reasume las competencias en materia de declaración de monumentos nacionales, incluso cambiándoles de denominación, porque ya no se llaman así, sino bienes de interés cultural. Entonces, tenemos que apreciar, con toda honestidad, que el Ayuntamiento de Burgos, nos guste o no nos guste el sentido de sus actuaciones, lo que ha actuado siempre es con estricta legalidad y admirable diligencia, porque todos sus escritos se han producido en el plazo de dos o tres días del escrito anterior, mientras que la Junta de Castilla y León emite un Decreto el quince de Junio..., el quince de Abril, perdón, y lo publica el veintidós de Octubre, dando pie a esta situación que yo me atrevo a calificar casi de esperpento.

Pues bien, la nueva Ley de Patrimonio, que, como Su Señoría sabe, es la Ley 16/85, de veinticinco de Junio, curiosamente publicada por el Boletín Oficial del Estado el día veintinueve del mismo mes, dice que "gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del patrimonio histórico español declarados de interés cultural por ministerio de la Ley o mediante Real Decreto, de forma individualizada". Y en su Disposición Adicional Primera explica cuáles están declarados por ministerio de la Ley: "los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el inventario del patrimonio hitórico-artístico y arqueológico de España, pasan a tener la consideración y denominarse bienes de interés cultural". Cosa que no sucede con el Teatro Principal de Burgos, porque la publicación en el Boletín fue tardía, absolutamente inoperante. Eso dio pie a que el Ayuntamiento de Burgos interpusiera un recurso de reposición..., perdón, un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, y se está pendiente de la sentencia que dicte la Audiencia.

En consecuencia, nosotros, que no estamos en contra del espíritu de su Proposición No de Ley, lo que sí queremos ser es absolutamente respetuosos con todas las Administraciones, -incluida la de Justicia, naturalmente-, y no queremos que un posicionamiento definitivo de la Junta condicione o presione, de alguna manera, las actuaciones que haya de tener esta Administración, sino que, libremente, decida, en consecuencia, lo que tenga que hacer.

Si se dedujera de la sentencia que el Teatro Principal de Burgos no es considerado como monumento histórico-artístico, o como se llama actualmente, bien de interés cultural, las Cortes podrían dar un nuevo mandato a la Junta para que se personara ante la Sala del Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo, en recurso. Pero, mientras tanto, lo que no podemos es, nosotros, condicionar de ninguna manera lo que está pendiente de un procedimiento judicial. Eso, en lo que respecta al punto primero.

Y en el punto tercero de su Proposición No de Ley, pretender que en el plazo de dos meses, señor Granado, la Junta dé cuenta a estas Cortes de sus gestiones, cuando, por el simple hecho de remitir un papel, un escrito, al Boletín Oficial del Estado, al Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, se pueden tardar hasta ocho meses, creo que, de verdad, no hay legitimación moral para exigir tanta premura, cuando, además, sabemos que es de imposible cumplimiento, porque el Ayuntamiento de Burgos, necesariamente, o presumiblemente, se negará a cualquier tipo de conversaciones o acuerdos mientras esté pendiente de un procedimiento judicial. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Elorza. El representante del Grupo de Centro Democrático y Social, don Ricardo García-Ochoa, puede fijar posición como Grupo Enmendante.

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA:

Señor Presidente,señores Procuradores. Tengo el honor de compartir, en este momento, la misma idea que ha sido expuesta por el Partido Socialista, por el representante del Partido Socialista.

Son indudables las afirmaciones..., son indudablemente ciertas todas sus afirmaciones. Las compartimos íntegramente, pero no en este momento, sino ya de antiguo. El CDS ha sido uno de los partidos políticos que ha encabezado, precisamente, esa lucha en Burgos, junto, por cierto, con el Partido Socialista, de defender este Teatro Principal. Teatro Principal en el que parece que todos estamos de acuerdo que es un bien cultural que debemos de defender. Pues, defendámoslo ¿Por qué vamos a andar esperando, si esta Moción propuesta por el Partido Socialista, que estamos todos de acuerdo con ella, con su sentido, no interpone ningún valladar, no se opone en absoluto a nada, a ninguna decisión judicial? ¿Por qué vamos a oponernos a ella? Parece ser que hay oposiciones de forma: "es que nos oponemos, porque no nos gusta, porque el Ayuntamiento de Burgos..." Señores Procuradores, aquí, creo que en esta Cámara, debemos de ser libres y no tener que defender al Ayuntamiento de Burgos, ni al de Valladolid, ni al de Palencia, señor Mañueco. Eso es lo que yo creo, y éste es mi pensamiento, es mi pensamiento, en el que me reitero.

Y por ello, precisamente, este Grupo, CDS, plantea no solamente la coincidencia de criterios con el Partido Socialista Obrero Español, sino que, además, propone una Enmienda de Adición, que es muy sencilla, puesto que en todo el texto, en el que parece que estaban de acuerdo incluso hasta Alianza Popular..., porque dice: "Estamos de acuerdo en todo; simple y sencillamente queremos que se enmienden dos cosas. Una de ellas, que se quite o que se añada una referencia a la existencia de un contencioso hasta que se resuelva, y otra de ellas el tema del plazo". Luego en lo demás, hasta incluso en la Exposición de motivos, Alianza Popular está de acuerdo. Por lo tanto, nosotros, puesto que toda la Cámara está de acuerdo en el sentido de la moción, que no es otro que la defensa de ese Teatro Principal, pedimos a la Cámara que, no solamente lo deje entrever entre líneas, sino que se exprese de forma clara y contundente que se desea.

Creo que es muy poco más lo que tengo que decir. Ratificar que, efectivamente, la historia ha sido larga, historia que a lo mejor..., en la cual ha habido suficientes errores como para que no volvamos a repetirlos. Si antes se ha tardado seis meses, ahora vamos a tardar dos; no hay mayores problemas. Creo que, precisamente, la Administración tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz, sobre todo de aquellos quienes la predican.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor García Ochoa. El representante del Grupo Mixto, don Rafael de las Heras, como Grupo no enmendante, puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías. El PDP, la Democracia Cristiana va a fijar su posición en relación con la Proposición No de Ley número 15, y del Partido Socialista Obrero Español, que tiene o que pretende tres resoluciones. Por una parte, la de instar a la Junta para que defienda el carácter cultural del Teatro e impida el destino de la reconversión del inmueble del Teatro Principal de Burgos. Por otra, instar a la Junta para que establezca conversaciones con el Ayuntamiento para recuperar el Teatro en todo su contenido, incluso en el uso teatral del mismo -y valga la redundancia-, y que dé cuenta de las actuaciones hechas a este respecto.

El PDP va a fijar su posición de abstención en este tema, porque yo creo que estamos viviendo la confusión total. Que detrás de la idea de que todos los Grupos están de acuerdo en rehabilitar el Teatro y destinarlo a usos culturales, hay, verdaderamente, un trasfondo político, una lucha política, que mucho me temo que va a ocurrir como muchas veces ocurre, que cuando todos están de acuerdo, pero que por debajo están haciendo una lucha política de los temas en relación con los monumentos, los monumentos, antes de que, efectivamente, todos se pongan de acuerdo, terminan por caerse y terminan por no servir para nada. Y tenemos ejemplos notabilísimos en nuestra Región. Y mucho me temo que éste va a ser un ejemplo más.

Yo no voy a discutir al Portavoz del Grupo Socialista los antecedentes, la actividad cultural, la vida ciudadana de Burgos, por qué y cómo se crea ese Teatro, incluso qué vida y qué actividad tiene, y, es más, el consenso en relación con la recuperación a la rehabilitación del edificio y del uso cultural en un momento determinado de la historia de la ciudad de Burgos. Y no se lo voy a discutir porque sobradamente Su Señoría lo sabe muchísimo mejor que yo. Pero, realmente, lo que sí que tengo es que darle otra serie de datos que no ha explicitado, que seguramente los conocía, pero que, naturalmente, como no le servían para la defensa de sus pretensiones, pues los ha obviado. Porque, ahora, la realidad es que no todos los ciudadanos de Burgos están de acuerdo en ese tema, porque en ese tema ha mediado una campaña electoral y unas elecciones municipales, donde me imagino que los Partidos políticos han llevado este asunto como tema de especial importancia y trascendencia, y los ciudadanos, con su voto, han sancionado la utilización -puesto que eso iba en un Programa-, el destino y la rehabilitación de ese edificio. Y yo creo, además, que debe de ser así, porque no hay nadie mejor habilitado para tratar y decidir sobre ese tema, naturalmente con respeto a las leyes, es decir, a la Ley del Patrimonio Histórico español y a las atribuciones que a la comunidad Autónoma le marca el Estatuto, no hay nadie más legitimado que los representantes del pueblo de Burgos, es decir, su Ayuntamiento.

Hay que decir que el Teatro está cerrado desde mil novecientos cuarenta y ocho; que como Teatro no se utiliza desde el año mil novecientos treinta -según mis noticias-; que después ha sido salón de recreo y que ha pasado por una fase, incluso, de ruina. En la anterior Legislatura, como se ha dicho, el Ayuntamiento reparó las cubiertas de ese Teatro; incluso, a este Procurador le cabe la duda si, efectivamente, hubo una sentencia del Tribunal Supremo en mil novecientos ochenta que declaraba en ruina el mencionado edificio. Que no es este Teatro.... que no forma parte este Teatro de un Convenio a nivel nacional con el Ministerio de Cultura, sino con el MOPU, donde estaban cincuenta y cinco Teatros -que están aquí relacionados-, y nueve de ellos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y, posteriormente, el MOPU y la Comunidad Autónoma de Castilla y León se repartieron los papeles de quién aportaba el 100%, para no complicar burocráticamente los expedientes, de la rehabilitación de los distintos Teatros de nuestra Comunidad Autónoma. Que existen, naturalmente, en Burgos, otros teatros y otras salas, tanto privadas como públicas del Ayuntamiento y de las Cajas de Ahorro. Que, efectivamente -como señalaba el Portavoz de Alianza Popular-, el Teatro fue declarado monumento histórico-artístico por Decreto 116/1985 el once de Abril, pero que, efectivamente, la publicación fue muy posterior, fue en el Boletín Oficial de Castilla y León del veintidós de Octubre del ochenta y cinco. Y que -como también se ha señalado aquí-, entre medias de esto, en el mes de Junio, se aprueba la Ley del 16, del Patrimonio Histórico Español, que tiene competencias exclusivas en la materia de declaración de monumentos y que, por lo tanto, pone al menos en duda -puesto que además hay un recurso- el que, efectivamente, ese edificio esté declarado monumento o bien de interés cultural, como se dice ahora, como no sea por el hecho de tener más de cien años de antigüedad, que parece ser que puede ser una de las formas de declaración posibles.

Por lo tanto, nosotros aquí, al abstenernos, lo que hacemos es, respetando las Leyes estatales del Patrimonio Histórico Español y respetando las competencias de la Comunidad Autónoma, respetar por encima de todo eso, y en esta materia, porque entendemos que quien -lo he dicho antes- debe decidir es el propio Ayuntamiento, respetar profundamente la autonomía municipal. Y no cabe duda de que -y valga la redundancia-, señor Granado, existe la duda de si está declarado bien de interés cultural; de si la utilización, de acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, no puede ser variada, y yo creo que sí, porque el artículo 36 en su párrafo segundo dice: "Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los organismos competentes para la ejecución de esta Ley". Es decir, que la Ley del Patrimonio Histórico Español prevé el cambio de utilización, de uso de los monumentos, como no podía ser de otra forma. Porque se han restaurado, naturalmente, multitud de iglesias que no se dedican, naturalmente, al culto; porque pretendemos restaurar -y hoy vamos a ver una Proposición No de Ley- el Palacio del Tratado de Tordesillas y, naturalmente, no va a ser para firmar tratados, ni para que sea nuevamente residencia de ancianos; sino que un monumento se puede restaurar, y se puede restaurar dignamente, y, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español, se puede cambiar su uso, y solamente basta una petición de autorización y que por la Administración competente sea ésta autorizada.

En conclusión, el Partido Demócrata Popular, en base a todos estos argumentos, nos abstenemos, porque, quizá, con todo este lío lo que se haga es que eso va a continuar así años y años y ese edificio termine por arruinarse completamente. En consecuencia, como he dicho, formulamos nuestra propuesta de abstención en esta materia.

Y en cuanto a las Enmiendas planteadas, veremos, del debate que se suscite a continuación, nuestra posición.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor de las Heras. Don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente.

Bueno, pues tengo que elevar el tono de esta discusión, que yo quería que se mantuviera en unos términos en los que yo no me suelo comportar, que son unos términos muy moderados, mesurados y tranquilos; yo suelo ser bastante más exagerado en mis apreciaciones, y es una manera de ser, más compulsivo.

Bueno, en primer lugar, agradecer a don Ricardo García García-Ochoa su intervención. La comparto absolutamente; no en balde es cierto que es una de las personas que más ha trabajado en este tema en Burgos, al lado de otros militantes del Partido Socialista, vamos, de los militantes del Partido Socialista; ha sido el propio cabeza de lista, por eso digo..., a las elecciones de Centro Democrático y Social en Burgos, a las elecciones municipales, y, bueno, esto es un viejo motivo de acuerdo, en el que no solamente coinciden el Centro Democrático y Social y el Partido Socialista en Burgos, sino otros Partidos, incluso el PDP en su campaña municipal.

Sobre la intervención del señor de las Heras, que esto sí que es una intervención diligente, porque, generalmente, el señor de las Heras se lo prepara todo, y se lo prepara todo de una manera encomiable porque, verdaderamente, es muy difícil ser un Procurador único de un Grupo, yo sí que quería comentarle que también..., yo creo que se han deslizado en su intervención algunos errores, algunas inexactitudes. Por ejemplo, los representantes del pueblo de Burgos. Mire usted, evidentemente, los representantes del pueblo de Burgos son los concejales del Ayuntamiento de Burgos, y los Procuradores de estas Cortes, y los Diputados y Senadores del Congreso de los Diputados y del Senado, y cada uno en el ámbito de su autonomía. Y las competencias en materia de patrimonio histórico-artístico no son del Ayuntamiento de Burgos; son de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por eso nosotros traemos esta Proposición a esta Cámara, porque hay un Estatuto de Autonomía que tiene un punto que dice que es competencia el patrimonio histórico-artístico; hay una Ley de Patrimonio que concede esas competencias a la Comunidad, y hay un Decreto de Transferencias. Y no hay esa Legislación, sino en tonos de ejecución y con competencias menores, para los Ayuntamientos. En este sentido, como dato valga el dato: los Partidos políticos que están a favor de la recuperación del Teatro Principal en las elecciones autonómicas tienen, sumados, más votos que los que sacó la candidatura municipal que gobierna el Ayuntamiento de Burgos; en las mismas elecciones, porque son el mismo día. Y hay ahí una doble representación; pero a cada uno nos votan para que ejerzamos nuestras funciones de representación en el ámbito de nuestras competencias, y es lo que estamos haciendo hoy aquí. El Plan Nacional de Recuperación de Teatros es conjunto, entre la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Bellas Artes del Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Cultura; en ese sentido no hay contradicción. No es Ministerio de Cultura o MOPU; es Ministerio de Cultura y MOPU a la vez.

Y hay algo que él ha dicho que es la base central de la intervención de contestación que voy a hacer al señor Elorza Guinea. Y es que él dice: es posible, según nuestra Ley de Patrimonio, cambiar el uso de bienes declarados de interés cultural; y usted ha leído el artículo 36, y es verdad. De la misma manera que la propia Ley, en su artículo 25, dice que el organismo competente sería la Administración de la Comunidad Autónoma: "Podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición, total o parcial, o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del patrimonio artístico español no declarados de interés cultural"; es decir, inmuebles de conjuntos históricos, como es el Teatro Principal. Es decir, el que sea bien de interés cultural o no sea de interés cultural no afecta para nada a que se pueda cambiar el uso del edificio. Y he ahí la falacia implícita en la intervención del señor Elorza Guinea. La discusión sobre el uso del Teatro es una discusión relacionada con que el teatro sea o no sea un bien de interés cultural. No es así. Siendo bien de interés cultural, podría cambiar el uso con la Ley de Patrimonio; y no siendo, la Junta tiene competencias para impedir el cambio de uso, entre otras cosas porque la Junta no ignorará que los conjuntos históricos deben requerir de un plan especial de protección que cumpla las exigencias en esta Ley establecidas -se refiere a la Ley de Patrimonio- y que requerirá informe favorable de la Administración competente, es decir, de la Junta de Castilla y León. O lo que es lo mismo, en el artículo 21 de la Ley de Patrimonio también se dice que a los elementos singulares de los conjuntos históricos se les dispensará una protección integral. Es decir, sea el Teatro un bien de interés cultural, o no lo sea, sea un monumento histórico-artístico, con la antigua terminología -monumento histórico, ahora-, o no lo sea, el uso, el cambio de uso debe ser aprobado por la Junta de Castilla y León, y nosotros lo que le pedimos a la Junta es que no apruebe el cambio de uso, que mantenga el uso cultural que siempre tuvo el Teatro, que fue su razón de ser.

En este sentido, sí es cierto que en la Proposición hay algunos errores (yo antes lo comentaba con el señor Elorza Guinea), entre otras cosas porque esta Proposición se redactó apresuradamente. Se redactó tan apresuradamente que el mismo día en que yo me enteré de que el Ayuntamiento de Burgos tenía consignados 90.000.000 para convertir el Teatro en oficinas me vine aquí y la presenté, en media hora. Es decir, hay errores, lo reconozco; los que él ha indicado, alguno más; se lo digo para que no... pueda usted reflejarlo. Pero, no obstante, también es cierto, también es cierto que algunas de esas cuestiones que él ha citado en su intervención no son exactamente debidas a un error. Por ejemplo: "Nadie ha invertido dinero en la conservación del Teatro más que el Ayuntamiento de Burgos". Claro, el Ayuntamiento de Burgos se ha encargado de impedir que invirtieran otras Administraciones que habían comprometido fondos públicos para la rehabilitación del Teatro; pero eso no es culpa de esas Administraciones, señor Elorza. Si el Ayuntamiento de Burgos no deja a la Junta de Castilla y León, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Obras Públicas invertir dinero para recuperar el Teatro..., E incluso, algo han invertido ya, porque hay un proyecto que ya está elaborado y está pagado, en base a un preacuerdo, un preacuerdo que existió y que se dio a conocer a los medios de comunicación, de esas tres Administraciones con el Ayuntamiento de Burgos. Y hay un proyecto elaborado por esas Administraciones, de la misma manera que el Ayuntamiento de Burgos tiene otro proyecto elaborado, antes de que ninguna Administración le diera permiso para cambiar el uso del edificio, convirtiendo el Teatro en oficinas. Y también ese proyecto se ha pagado, vale unas decenas..., unos millones de pesetas, y eso también se podría considerar una inversión. El Ayuntamiento de Burgos se ha gastado ese dinero en un proyecto para convertir el Teatro Principal en oficinas.

En este sentido, tampoco cabe hablar de estricta legalidad en las intervenciones del Ayuntamiento de Burgos, a no ser que se dé ese calificativo de "admirable diligencia" (he tomado la nota textual) al incumplimiento de acuerdos.

Y yo no quiero entrar más en discusión sobre lo que ha hecho el Ayuntamiento de Burgos, porque, evidentemente, no hay aquí representantes oficiales del Ayuntamiento y no podrían defenderse, aunque el señor Elorza y el señor de las Heras han asumido esa función. Pero la diligencia, a mi juicio, no puede aplicarse a ese supuesto.

En cuanto al respeto a la Administración de Justicia, mire usted, señor Elorza, en toda la Proposición, en todo el texto, no se hace ni una sola referencia a la declaración de monumento histórico artístico. No se hace. Porque nosotros respetamos el pronunciamiento que en su día tenga que hacer la Sala correspondiente de la Audiencia Territorial. Y lo respetamos tan profundamente que nos parece que es intrascendente su pronunciamiento sobre el uso del edificio. Siendo bien de interés cultural, podría cambiar el uso; no siendo, la Junta puede impedir que el uso sea para oficinas. Entonces, nos parece una cuestión que está dentro de la historia del edificio. Usted ha suscitado algunos temas de los que le podría dar explicación, pero que no hace al fondo de la cuestión.

¿Y ustedes qué nos proponen? Nos proponen una posición que sería básicamente la siguiente: si la Audiencia Territorial, en su día, se pronuncia y dice que es un monumento histórico, es un bien de interés cultural, pues la Junta asume que hay que defenderle con uso cultural. Claro, no podría ser de otra manera. Sería una barbaridad que, siendo un monumento, un bien de interés cultural, resulta que luego lo convirtiéramos en oficinas y destruyéramos toda la estructura interna del edificio, etcétera, etcétera. Claro, eso tampoco tiene demasiado mérito y para ese viaje no necesitaban las alforjas de esta Proposición, ni las alforjas de su Enmienda. Ustedes lo que dicen es evidente.

Pero por si acaso, por lo que sea, hay defectos de forma en el expediente y la Audiencia Territorial retrotrae las actuaciones o declara nulo el Decreto anterior de la Junta, la Junta queda exonerada de cualquier responsabilidad. Sí, hasta que dice..., su Enmienda dice textualmente "hasta el pronunciamiento, la Junta está obligada a defender..." etcétera, etcétera... "el carácter cultural del edificio." ¿Después? Pues algo así como Dios dirá.

Bueno, pues, mire usted, no señor. Después, como el edificio es un edificio singular, como está en un conjunto histórico, como sobre los conjuntos históricos la Junta tiene competencias -le he leído algunos artículos de la Ley de Patrimonio y le podía seguir leyendo algunos más- de Patrimonio Histórico, la Junta está obligada a defender el carácter y el uso cultural del edificio, sea un bien de interés cultural o no lo sea. Esta es nuestra posición. Si la suya no lo es, lo entiendo. Casi podría decirle que entiendo la intervención que usted ha tenido que hacer, porque ustedes tienen que casar posiciones, evidentemente, diferentes, y algunos de ustedes han estado defendiendo el Teatro y otros están, evidentemente, manteniendo lo contrario. Y, claro, su intervención es lo que es: es intentar casar lo que no puede casarse y dicen: bueno, como nosotros no podemos buscar una unidad de criterio, pues que sean los Tribunales de Justicia los que se pronuncien y a lo que ellos digan todos nos sometemos, nos allanamos.

Pues, mire usted, no. La responsabilidad de la Junta es desarrollar una determinada política de protección del patrimonio, que es la que viene en las Leyes y la que le ha sido transferida por el Decreto de Transferencias del año ochenta y tres. Y esa responsabilidad es independiente de que ese edificio es un bien de interés cultural o no lo es. Esa responsabilidad la tiene que hacer en el conjunto histórico de Burgos con todos los edificios singulares. Y tiene que estar, por lo tanto..., en función de la misma tiene que estar la posición de la propia Administración de la Comunidad Autónoma cuando se discuta el plan especial del casco histórico-artístico de Burgos, del casco histórico de Burgos.

Y nosotros lo que pretendemos con la Proposición es que, independientemente de que el Teatro Principal sea un bien de interés cultural o no, la Junta de Castilla y León, ejecutando las competencias que tiene en el área de patrimonio histórico, impida el cambio de uso del edificio. Y lo impida porque puede hacerlo. Y lo impida porque debe hacerlo, porque la mayoría de estas Cortes se lo va a solicitar. Y porque la mayoría de los representantes del pueblo de Burgos también estamos de acuerdo en esa posición. Y los representantes del pueblo de Burgos, en terrenos de patrimonio histórico-artístico, en el área competencial, somos los Procuradores de estas Cortes.

En este sentido, yo entiendo que a veces hay que hacer intervenciones, pues, que intentan conciliar posiciones que no se concilian; pero este no es el debate de si el Teatro Principal de Burgos es o no es un bien de interés cultural o un monumento histórico. Este es el debate de si el Teatro Principal de Burgos debe ser oficinas municipales o debe ser un teatro. Nuestra posición está clara: el Teatro Principal de Burgos debe seguir siendo teatro; lo que fue siempre, para lo que fue concebido, lo que supone como acervo cultural del pueblo de Burgos. No es un edificio de oficinas, es un edificio de teatro. Convertirlo en un edificio de oficinas sería lo mismo que convertir en edificio de oficinas la Catedral. Evidentemente, aquí también se podría tirar la Catedral diciendo que hay otras iglesias. Se puede convertir el Teatro Principal de Burgos en oficinas diciendo que hay otros teatros. Lo mismo..., no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Catedral sólo hay una. Teatro Principal sólo hay uno. Otros teatros hay varios, y el señor de las Heras ni siquiera los ha citado por su nombre, porque son establecimientos comerciales.

En conclusión, el Grupo Socialista acepta la Enmienda del Centro Democrático y Social. No acepta la Enmienda del Grupo Popular. Considera que la Junta tiene suficientes competencias para pronunciarse sobre el mantenimiento en uso del Teatro Principal, independientemente de que el Teatro sea o no sea un bien de interés cultural, y reclama a los Procuradores de estas Cortes el apoyo a esta posición.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Señor Presidente, al amparo del punto 3 del artículo 93 de nuestro Reglamento, puesto que en la intervención del Grupo Socialista ha hecho...... la intención de nuestro voto, exijo, o solicito de la Presidencia un turno de explicación de voto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Después de la votación. Después de la votación, señor Elorza, después de la votación.

Procedemos...

Después de la votación.

Vamos a proceder... Procedemos, pues, a someter a votación la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, relativa a la defensa del carácter cultural del Teatro Principal de Burgos, con la Enmienda de Adición del Centro Democrático y Social que queda incorporada a dicha Proposición No de Ley.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra que se levanten. Muchas gracias. Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y nueve. Votos a favor: cuarenta y cinco. En contra: uno. Abstenciones: treinta y tres. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, relativa a la defensa del carácter cultural del Teatro Principal de Burgos, con la Enmienda del Grupo del Centro Democrático y Social.

(Aplausos)

De acuerdo con el artículo 93, puesto que....

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Señor Presidente, para una cuestión reglamentaria.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Sí, señor...

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí. Entiendo que la explicación de voto sólo procede si algún Grupo Parlamentario no ha podido fijar posiciones en el debate, situación que no se da en este caso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

El artículo 93.3 señala que en caso de que un Grupo..., y parece que, en principio, del debate se deducía que todos los Grupos estaban de acuerdo con la Proposición de Ley, y el Grupo de Alianza Popular después no ha estado de acuerdo con la Proposición de Ley. Podría hacer uso de la palabra y, en consecuencia..., vamos, el señor Elorza, rogándole que sea muy estricto al respecto.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

No, no, no, no.... No, pero es que el Grupo Parlamentario Popular no ha indicado que no estuviera de acuerdo. Tenía una Enmienda presentada, señal de que no estaba de acuerdo. Lo que ha hecho, entonces, es ser coherente con su posición en la votación; por tanto, ha explicado su posición en el debate.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Un momento...

Esta Presidencia entiende que, como hemos señalado anteriormente, el Grupo de Alianza Popular había presentado..., efectivamente ha presentado una Enmienda, pero ahora queda básicamente idéntica, por lo menos en el sentido, a la Proposición No de Ley, y que pretendía apoyarlo.Y, en consecuencia, el señor Elorza tiene la palabra, rogándole, eso sí, que sea lo más breve posible para explicar ese cambio de posición que entendemos que se ha producido.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Muchas gracias, señor Presidente. Intentaré ser breve. Efectivamente, era intención del Grupo de Alianza Popular, si era aceptada nuestra Enmienda, que no contenía absolutamente ninguna trampa saducea, apoyar el contenido fundamental de la Proposición No de Ley del Grupo Socialista. Pero, una vez más, la intransigencia del Grupo Socialista nos obliga a cambiar, nos ha obligado a cambiar nuestra intención de voto, por ser respetuosos con la autonomía municipal. Y, en este sentido, no comparto mínimamente la Enmienda introducida por el Centro Democrático y Social, puesto que ni esta Cámara es competente para tal pronunciamiento, puesto que el Teatro Principal de Burgos, aunque queramos que sea Teatro -y lo queremos-...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Elorza, sí, le rogaría que...

EL SEÑOR ELORZA GUINEA: ..

..es de propiedad municipal. Por tanto...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ..

..que explique su posición, fundamentalmente el cambio de posición.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA: ..

..nuestro voto va, como ha sido ya público, es de abstención, por entender que un tema que está bajo un procedimiento judicial no debe ser sustanciado de una manera definitiva en esta Cámara. Muchas gracias.

(Aplausos)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador D. Juan B. Durán Suárez, relativa a rehabilitación y conversión en museo, antes de mil novecientos noventa y dos, del palacio de 'El Tratado de Tordesillas`, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número veinticuatro, de doce de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

El Procurador proponente, don Juan Durán, puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente, Señorías, señoras y señores Procuradores. Hay, de alguna manera, hitos en la historia de un país que son de una doble trascendencia histórica. Por un lado, por el hecho que en sí mismo se protagoniza con ese acontecer, y por la repercusión, verdaderamente trascendente, que en los restantes hechos históricos puede tener. En este sentido, ha considerado nuestro Grupo Parlamentario que la firma del Tratado de Tordesillas, que pone fin a un litigio importante entre el Reino de Castilla y Portugal, constituye en sí mismo un hecho pacificador de la historia y, por el otro, un hecho condicionante de los sucesivos aconteceres históricos en los que nuestro pueblo ha tenido protagonismo importante.

No quiero hacer demérito del conocimiento histórico de Sus Señorías sobre esta cuestión y pasaré muy someramente sobre los mismos sin entrar en un exhaustivo detalle.

Recordarán ustedes que las tres Bulas dictadas por el Papa Alejandro VI, respecto al reparto territorial del Nuevo Mundo, son una fuente generadora de conflictos por su imprecisión técnica y que los Reyes de Castilla y el Rey Juan II de Portugal inician negociaciones directamente para delimitar el ámbito de influencia que a ambos reinos debiera corresponder en los nuevos territorios descubiertos. Estas negociaciones, laboriosas por demás, culminan con el Tratado de Tordesillas que, de alguna manera, divide al mundo recientemente descubierto y al mundo intuido en dos partes separadas por una línea, un meridiano, que va de polo a polo y situada a trescientos... a trescientas veinte leguas del archipiélago de Cabo Verde.

Bien. Este acontecer en sí mismo importante, en la medida en que culmina un proceso de litigio, abre al mismo tiempo la vasta operación para los dos reinos de la Península Ibérica, con sosiego y serenidad, de algo que puede ser calificado, sin exageración de ninguna clase, como una de las grandes epopeyas de la historia humana, cual es la exploración atlántica, la colonización de todo un continente, y la incorporación de todo un continente al conjunto de valores culturales dominantes en su época.

Bien. Piensa nuestra Grupo Parlamentario que el edificio en el que este Tratado se firmó, aun con alguna posible reserva sobre la certeza de que el hecho material de la firma se produjera en él, aun con una posible reserva al respecto, merece un doble tratamiento: por un lado, su rehabilitación y, por el otro, su destino a un fin concreto y específico. Y el Centro Democrático y Social, al respecto, considera haber tenido una idea brillante, como casi todas las que el Centro Democrático y Social suele tener, pero en este caso concreto una idea brillante, Señorías... no es porque este Procurador quiera apuntarse ningún tanto personal, porque la idea no es mía -merecía serlo, pero no es mía-, sino que es -no tengo inconveniente en decirlo-, del Presidente Provincial de nuestro Partido y Diputado en el Congreso, señor Garrosa. Considera nuestro Partido que un destino digno, útil, conveniente, puede ser el de convertir este edificio en un museo hispano-lusitano de las exploraciones atlánticas. ¡Cuidado! hispano-lusitano, porque en la exploración atlántica, de alguna manera, la empresa es común, la epopeya es común, españoles y portugueses inician caminos universales, caminos que merecían, quizás, haber tenido un tratamiento similar al de los dioses -hombres de la "Odisea" y de "La Ilíada"; pero a nuestros pueblos les faltó, quizás, el sentido de la trascendencia histórica y de la grandeza histórica, no tuvimos un Kipling que glosara nuestra historia, ni un Príncipe de Benevento, que glosara con la precisión con que se supo glosar la historia del imperio francés. Pero el recordatorio, el recordatorio del hecho histórico, con todos los elementos que puedan coadyuvar a su mejor tratamiento, a su mejor difusión, mediante el destino de este edificio como museo hispano-lusitano de las exploraciones atlánticas, estimamos que constituye la segunda propuesta concreta que el Centro Democrático y Social somete a la consideración de la Cámara con el ruego de su aprobación.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Durán. Se han presentado dos Enmiendas y, en consecuencia, vamos por el orden de presentación de las mismas. Tiene la palabra el representante del Grupo Enmendante, de Alianza Popular, señor Elorza.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Señor Presidente, Señorías. Realmente, es una delicia oírle, señor Durán. Al comienzo de su intervención nos ha dado una lección de historia, de geografía, casi de cartografía, y yo ya me había parado ahí de tomar apuntes. Después de hablar de la brillante idea del CDS nos ha dado una lección de literatura. Todo ha sido muy ameno y se lo agradecemos. Y, además, mi Grupo estamos fundamentalmente de acuerdo en la Proposición No de Ley que ustedes presentan, que usted presenta, pero con alguna matizaciones que creo que esta vez si serán asumibles por el Grupo proponente, puesto que en nada alteran, sino que -yo creo, modestamente-, enriquecen y encuadran, dentro de su perfecto marco jurídico, la situación planteada a propósito de los edificios donde presuntamente fue firmado el Tratado de Tordesillas.

La idea no es nueva, Señoría. Desde que se produjo el lamentable incendio, las Administraciones, prácticamente todas..., a mí en aquel momento me tocaba hacer Subdirector General del Ministerio de Cultura, precisamente en Patrimonio Histórico Artístico: yo fui comisionado el año setenta y nueve para venir a Tordesillas y entablar conversaciones con el alcalde sobre la posible rehabilitación o restauración del edificio. Pero es que realmente nos topamos, o se topa el Ayuntamiento de Tordesillas, con un hecho absolutamente difícil de solucionar de momento, por lo que la Proposición No de Ley tal como ustedes la presentan, siendo perfectamente asumible, es de imposible cumplimiento en la situación actual. Y es que el Palacio de la firma del Tratado de Tordesillas es de propiedad privada y no está ni siquiera declarado monumento histórico-artístico ni bien de interés cultural. Y, entonces, no hay Administración capaz de obligarle a un propietario privado a que sus propiedades las destine a tal o cual cosa, porque resulta que el Palacio del Tratado es propiedad de una fundación que se llama "Asilo de Nuestra Señora del Carmen", de carácter benéfico particular, y tiene un patronato constituido, como usted sabe, por el señor alcalde de Tordesillas y el señor cura párroco de la localidad. Y este patronato se rige por unas normas que no son ni del Ministerio de Cultura siquiera, -por eso nosotros excluimos, o ampliamos, esa posibilidad-, sino por el Ministerio de Trabajo, concretamente la Dirección General de Acción Social. Y, entonces, un patronato de esta índole no puede ni enajenar ni cambiar el uso de los bienes patrimoniales sin autorización de este organismo que es el pertinente en la materia. Por tanto, nosotros decimos que lo que hay que hacer es que la Junta de Castilla, por sí misma o en colaboración con los organismos pertinentes, -en este caso sería el Ministerio de Trabajo-, haga lo que ustedes pretenden y que es perfectamente asumible, como digo, en el Palacio del Tratado de Tordesillas, para que además en la fecha que ustedes dicen, que es una fecha perfectamente razonable, puesto que son las efemérides que vamos a festejar, esté rehabilitado y dispuesto.

Yo estos días, mientras preparaba este trabajo agradable de comparecer ante Sus Señorías, he ido a la calle Nicolás Salmerón, -donde Su Señoría tiene su despacho-, a pedir una serie de datos. Y resulta que es que ya en la programación de la Consejería de Cultura y Bienestar Social para mil novecientos ochenta y ocho, y previos a la presentación de esta Proposición No de Ley hay una serie de previsiones respecto al Palacio de Tordesillas, y además sugeridas o solicitadas por el Ayuntamiento de Tordesillas y por todos los grupos integrantes del Ayuntamiento. Y de esa manera, la Consejería tiene ya dispuestos un proyecto de reparación de cubiertas y estructuras, por un valor de 15.000.000 en este año, y otro proyecto, de 20.000.000 de pesetas, para, en el caso de que eso se pueda utilizar como bien de dominio público, destinarlo a usos bibliotecarios, que es de lo que más adolece en este momento la ciudad o la villa de Tordesillas.

Por tanto, la Consejería de Cultura y Bienestar tenía en sus previsiones una actuación sobre este monumento, sin duda, singular por su historia, singular por su significación.

He tenido que enmendar, o hemos tenido que enmendar, y además se lo he comentado a Su Señoría, el tema de convertir eso en museo. Como he dicho, a nadie se le puede obligar a que convierta un edificio de su propiedad ni en museo ni en nada. Si el Ayuntamiento de Tordesillas consiguiera hacerse titular de la propiedad o del uso de ese edificio, entonces, se podría entrar en conversaciones y adecuarlo a lo que fuera más útil, como, indudablemente todos pensamos, son unas instalaciones de carácter cultural. Ahora bien, la brillante idea del CDS, y no suya, sino del señor Garrosa, permítame que como profesional de los museos me resulte nada brillante. Cuando alguien en su pueblo o en el pueblo de al lado tiene un edificio que considera muy importante, que lo quiere restaurar, o rehabilitar, o recomponer, o hacer lo que sea, y no sabe que hacer con él resulta que se le ocurre la brillante idea de hacerlo un museo, y convertimos esos edificios que llamamos museos a unas salas de exhibición de quincalla, de objetos curiosos, de las cosas más variopintas, porque, porque, es muy reciente el Real Decreto 620 de mil novecientos ochenta y siete, de diez de Abril, del Ministerio de Cultura, en el que se da la definición del museo en España, y se la voy a leer aunque le canse. Definición de museo: de acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley 16/85, de veinticinco de Junio, del Patrimonio Histórico Español, son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural. Son sus funciones la conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones, la investigación en el ámbito de sus colecciones o de sus especialidad, la organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con la naturaleza del museo, la elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos, el desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos, etcétera. Yo estoy convencido de que Su Señoría no pretende que en el Palacio de Tordesillas, conociendo como conoce la precariedad en que nos encontramos -ya- para el mantenimiento de los museos de titularidad estatal transferidos o no a la Comunidad, no pretenderá, en Tordesillas, que tengamos todas estas cosas, porque, entre otras razones, los fondos de que se pudiera disponer no son fondos originales, porque si son documentos están muy bien donde están que es en los archivos.

Y de las investigaciones marítimas hispano-lusitanas, en el Palacio del Tratado ni caben las carracas, ni caben los veleros. Y, en todo caso, lo que tendríamos serían maquetas, reproducciones, etcétera, que en ningún caso se ajusta a la definición que la ley, que el Decreto de aplicación de la Ley, de explicación de la Ley 16, de veinticinco de Junio, dice lo que es un museo.

Por tanto, es mucho mejor -y creo que compartimos la idea- que, si llegado a un acuerdo con la propiedad, la Junta inste a los propietarios, presumiblemente el Ayuntamiento de Tordesillas si llega a un acuerdo con el Patronato, para que, además de otras instalaciones culturales, presente en las salas de exposición una exposición permanente, que no un Museo, sino una exhibición permanente, que puede estar de por vida, de todo lo relacionado mediante reproducciones, objetos didácticos, maquetas, etcétera, de lo que fueron las expediciones hispano-lusitanas marítimas.

Por tanto, yo creo que nuestras Enmiendas en nada, en nada, contradicen su Proposición No de Ley pero la hacen más razonable, más asequible, más realizable, porque de otra manera, sin tener la propiedad del edificio y sin tener ni siquiera los objetos a exponer, ni las capacidades para que eso sea realmente lo que entendemos los profesionales como un museo, pueda ser restaurarse el edificio, recuperarse el edificio y tener un sentido didáctico, como usted muy bien ha dicho, para que sea un testimonio de lo que fue nuestra participación en esas empresas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Elorza. En nombre del otro Grupo Enmendante, el Grupo Socialista, puede hacer uso de la palabra el señor de Meer.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Para defender la Enmienda, a la que, por cierto, no se ha hecho ninguna referencia por parte del señor Durán y, por tanto, no sabemos -ni nosotros ni el otro Grupo Enmendante- si se piensa admitir algo o no, esta Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la Proposición No de Ley presentada por el Centro Democrático y Social, en relación con el Palacio y Casas del Tratado de Tordesillas.

Yo creo que hay que aclarar, antes de nada, que este tema, tema que de una manera tan correcta, desde un punto de vista histórica, ha expuesto el proponente, preocupa ya a mucha gente y que nada más lejos de la realidad que la idea sea una aportación novedosa, aislada o brillante del Centro Democrático y Social. En el Ayuntamiento de Tordesillas existe un pacto entre los cuatro grupos políticos representados, que son Partido Socialista Obrero Español, Alianza Popular, Centro Democrático y Social e Izquierda Unida, para organizar la celebración del Quinto Centenario del Tratado; y en ese pacto, un pacto que es entre caballeros, habían renunciado a cualquier protagonismo y a cualquier patrimonialización de la idea. Pensaban hacer muchísimas cosas: publicaciones, actos, conferencias, exposiciones, y, lógicamente, entrar en la rehabilitación de las casas. Han celebrado ya dos reuniones para constituir la Comisión, reuniones en las que han participado el alcalde, los representantes de los cuatro grupos políticos, del Obispado, de la Universidad de Valladolid a través del catedrático de Historia del Arte, el Director de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Director del Archivo de Simancas, el de Indias, Catedrático de Derecho Internacional, y de Historia Moderna y Contemporánea de Valladolid, el Archivero Municipal; y personas de reconocido prestigio como Amando Represa, exdirector del Archivo de Simancas, o Luis López Alvarez, conocido poeta y funcionario de la UNESCO. Pero es más: existe ya un acuerdo del Pleno Municipal de que la Comisión se constituya formalmente a finales de este mes. Por lo tanto, sobre esto se está trabajando ya donde entendemos que se debe empezar a trabajar.

Y para avanzar en esta idea, para darla más trascendencia, el Ayuntamiento de Tordesillas pidió una entrevista al señor Aznar, que contestó en su día remitiendo a su Jefe de Gabinete el encargo de fijar una fecha concreta, cosa que hasta ahora parece que no ocurrido y que yo ahora le insto, aunque no esté, a que la celebre con una cierta rapidez.

Por otra parte, y lo ha dicho el representante del Grupo de Alianza Popular, ya fuera del Ayuntamiento, -y esto ha salido en la prensa-, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid incluyó el Palacio y Casas del Tratado en su propuesta de programas de inversión de rehabilitación de la Junta, y por la información que da el señor Elorza ya está incluido dentro del programa.

Por tanto, nos encontramos que ya existe una importante iniciativa en este sentido, en el sentido de la propuesta del CDS; que esta iniciativa está apoyada unánimemente por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Tordesillas entre los que está el Centro Democrático y Social, y que el desmarque que de ese pacto municipal, el desmarque que hace el Centro Democrático y Social trayendo aquí esta Proposición, yo creo que podemos calificarla como ciertamente oportunista.

Pero para centrarnos ya en la Proposición, nuestro Grupo ha presentado una Enmienda de modificación que entendemos mejora su contenido, corrige deficiencias técnicas y valora de una manera autónoma el Quinto Centenario del Tratado, separándolo del del Descubrimiento, como algo posterior en dos años.

En primer lugar, nosotros creemos que la Junta debe garantizar, por tanto, tomar responsabilidades; pero no puede hacer nada más que esto, porque, como ha quedado manifestado, la peculiar constitución de la Fundación Benéfico-Asistencial Casa-Asilo "Nuestra Señora del Carmen", propietaria de los edificios, necesita autorizaciones permanentes del Ministerio de Trabajo para modificar sus Estatutos, para poder hacer allí una actividad cultural, o para hacer las obras directamente. Y podían surgir algún otro tipo de problemas menores que hicieran difícil la operación y entendemos que no podemos dar a la Junta mandatos de imposible cumplimiento. Ahora bien, si esas dificultades desaparecen y yo creo que en eso podemos trabajar todos, entonces sí, la Junta deberá rehabilitar antes del noventa y dos ese edificio, ella sola o con las colaboraciones que pueda conseguir, y no sólo del Ministerio de Cultura, como se dice en la Proposición. Probablemente, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General o antigua Dirección General de Arquitectura y Vivienda, podía actuar; las Corporaciones Locales, evidentemente, y, entre ellas, lógicamente, ¡cómo no!, la Diputación de Valladolid, cosa en la que creemos no habrá dificultades dada la relación que actualmente tiene dicha Diputación con el Grupo que propone esta Proposición No de Ley.

También proponemos referirnos al final del punto primero de la Proposición No de Ley, definir el conjunto de edificios como Palacio y Casas del Tratado, que es más correcto por ser varios edificios, no uno como se dice, por ser mayoritariamente como se le conoce, y por ser, además, como se le describe en la propia exposición de motivos de la Proposición No de Ley.

Asimismo, no nos oponemos a la idea del museo. Yo creo que un museo se puede hacer, incluso crear, aunque no existan previamente unas colecciones, pero no creemos que ese uso deba ser en exclusiva y por una Proposición No de Ley del edificio; pueden caber otros usos. El Ayuntamiento de Tordesillas tiene ciertas demandas que se pueden cubrir también en ese edificio; es un edificio grande; hay que estudiarle, hay que estudiarle previamente. Y la Junta, igual que antes, debe garantizar la instalación, pero, lógicamente, en tanto en cuanto su propietario lo autorice. No podemos dar a la Junta de nuevo un mandato de imposible cumplimiento.

Y en cuanto al nombre, yo creo que por muy brillante que parezca, pues, debemos relativizarlo, sobre todo porque hablar de las expediciones atlánticas parece contradictorio con el adjetivo de hispano-lusitano, ya que, precisamente, como consecuencia de ese Tratado el pueblo portugués dirigió fundamentalmente sus exploraciones hacia otros océanos distintos del Atlántico, océanos en los que tampoco... de los que tampoco estuvieron ausentes nuestras naves.

Por último, creemos que es más correcto hacer coincidir la instalación del museo con el Centenario del Tratado, esto es, en el año noventa y cuatro. Habrá que llenar de contenido esa fecha y colaborar con los actos a organizar por la Comisión que, ya he dicho, está formando o intentando formar el Ayuntamiento de Tordesillas.

En fin, por las razones expuestas, en cuanto creemos que las Enmiendas que hemos presentado mejoran el contenido, corrigen técnicamente, y apoyan de manera más decidida iniciativas ya en marcha, esperamos que las Enmiendas, digo, sean aceptadas por el Grupo que presenta la Proposición No de Ley y aprobadas por esta Cámara.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor de Meer. En su calidad de Grupo Parlamentario no enmendante, el representante del Grupo Mixto puede hacer uso de la palabra si lo desea.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Una vez más, señor Presidente, Señorías. Los Grupos Parlamentarios y los Procuradores que actuamos de Portavoces empezamos por manifestar que estamos de acuerdo en lo sustancial; al final, luego resulta que las votaciones salen con resultados muy diversos, cosa que preocupa poco al Partido Demócrata Popular, a la Democracia Cristiana, porque verdaderamente lo que nos preocupa es que al final se consigan esos objetivos; eso es para nosotros lo verdaderamente importante.

Y, efectivamente, aquí hay una Proposición No de Ley, del Centro Democrático y Social, que pretende que, bien directamente la Junta de Castilla y León con el Ministerio, antes de mil novecientos noventa y dos consiga la rehabilitación del Palacio del Tratado de Tordesillas, y que una vez rehabilitado se destine a museo de exposición lusitano de las exploraciones atlánticas, y que todo esto se haga antes del año mil novecientos noventa y dos.

Fundamentalmente, el Partido Socialista, con su Enmienda, lo que dice es que la Junta debe garantizar eso y que le parece más apropiado que el plazo de finalización de rehabilitación y puesta en funcionamiento del museo y de otras actividades culturales sea en mil novecientos noventa y cuatro. Y, por otra parte, la Enmienda del Grupo de Alianza Popular lo que dice es que la Junta, mediante la colaboración con los distintos organismos..., se consiga la rehabilitación antes de mil novecientos noventa y dos y que, efectivamente, dentro de ese Palacio del Tratado de Tordesillas, pueda existir un Museo de las exploraciones atlánticas hispano-lusitanas. Y nosotros decimos que nos parece muy bien todo eso y que coincidimos en los antecedentes históricos que. de alguna manera, dan un relieve especial al monumento, y los antecedentes históricos que allí tuvieron lugar y nos parecen sumamente apropiados. Por lo tanto, conformidad con los motivos de conmemoración histórica. Conformidad también porque existen en las ruinas actuales unos elementos arquitectónicos y artísticos importantes que creemos que es necesario rehabilitar. Conformidad con la oportunidad, por razones de oportunidad, dada la coincidencia con el Quinto Centenario del Descubrimiento del nuevo mundo. Y, por otra parte, como ha señalado el Portavoz del Grupo Socialista, y también nos parece fundamental como hemos dicho en la Proposición de Ley anterior, cuyas palabras han sido tergiversadas -las que ha pronunciado este Portavoz- por el Portavoz del Grupo Socialista, porque, efectivamente, el Portavoz del PDP lo que dice es que los representantes del pueblo en cada uno de sus niveles tienen las atribuciones que les competen -y eso es lo que nosotros hemos manifestado en otra cosa-, pues, se da la feliz circunstancia, en este caso, de que en el Ayuntamiento de Tordesillas todos los Grupos, unánimemente, quieren conseguir la rehabilitación de ese edificio -llámese Casas y Palacio del Tratado de Tordesillas o Palacio del Tratado de Tordesillas- para destinarlo a usos culturales.

Pero nosotros tenemos que poner énfasis en que existen dificultades para conseguir ese objetivo y, quizá, la dirección mejor apuntada para conseguirlo viene de la mano de la Enmienda que ha presentado Alianza Popular: preocupación por la situación legal del edificio. El palacio del Tratado forma parte del Patrimonio -ya se ha dicho- de una Fundación, el Asilo de Nuestra Señora del Carmen, de beneficencia particular, y con unos patronos bastante habituales en este tipo de fundaciones: el cura y el alcalde. En mi pueblo hay alguna fundación de este tipo, en el que también se da la coincidencia de los patronos. Y, por lo tanto, hay una imposibilidad actual de la disponibilidad del edificio; artículo 1 del Decreto 298 de mil novecientos veintitrés. No queda claro, pues, en la Proposición No de Ley 18, del Centro Democrático y Social, quién va a ser el dueño en el futuro: ¿el Ayuntamiento?, ¿la Junta?, ¿el Ministerio de Cultura?, ¿el Ministerio de Trabajo?, ¿la propia Fundación? No es posible, por otra parte, vender este tipo de inmuebles de las fundaciones, sino por medio de subasta pública notarial. Es decir, que, con todas estas dificultades, creemos que hay que recorrer primero un camino jurídico y de aclaración, sobre todo, de la propiedad del inmueble, para poder, verdaderamente, después, actuar en él y hacer efectivas las ilusiones que se plasman en todas -y yo diría que prácticamente iguales- las propuestas que han planteado, alternativamente, los distintos Grupos que las han hecho.

En conclusión, desde nuestro punto de vista, hay que resolver la situación jurídico-patrimonial del inmueble, que hace imposible actualmente los objetivos previstos. Y yo me atrevo a señalar, quizá por ignorancia, que puede haber varios procedimientos: uno, mediante la acción subsidiaria del artículo 36.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español; otra, de conformidad con el artículo 39 del Código Civil, que dice -y yo creo que sería una buena fórmula para, con agilidad y rapidez, resolver este asunto- que si..., voy a leer textualmente: "Si, por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, o por haber realizado el fin para cualquiera que se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a esta actividad los medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las Leyes, o los Estatutos, o las cláusulas fundacionales les hubiesen esta previsión asignado".

Si se ha hecho esto previamente, pues, se hará de acuerdo con esas previsiones; y, si no se hubieran hecho esas previsiones, "se realizarán fines análogos, en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas".

Es decir, que, mediante este procedimiento del artículo 39 del Código Civil, bien el Ayuntamiento, la región o la provincia pueden reivindicar la propiedad para esos usos de este edificio, y después poner manos a la obra de la rehabilitación, en la que, efectivamente, todas las Administraciones -incluso la provincial- deben de colaborar.

Por otra parte, y en eso estamos de acuerdo -y finalizo-, efectivamente, la finalidad del museo nos parece adecuada, pero, seguramente, el Ayuntamiento de Tordesillas ni siquiera tiene biblioteca pública; y, efectivamente, el que los ciudadanos de Tordesillas puedan disponer de un museo, pues está muy bien, pero quizá sea más básico, más elemental, más fundamental para estos propios ciudadanos, empezar también con tener una biblioteca pública, una pequeña Casa de Cultura, un centro de lectura, un centro de exposiciones de otra naturaleza; es decir, un complejo cultural básico, que tendría como complemento ese museo que, aparte de eso, sería también una atracción turística. Y, por lo tanto, nos parece corta la finalidad de museo, dejando al margen estas otras actividades culturales de tipo primario, que nos parece también muy importante.

En definitiva, apoyamos el conjunto de la idea, y nos parece más práctico y más pragmático para conseguir los objetivos la vía que se ha señalado a través de la Enmienda que ha presentado Alianza Popular. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor de las Heras. El Procurador proponente, señor Durán, puede hacer uso de la palabra para cerrar el debate.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Aquí, en definitiva, a todos les parece buena la idea, tal y como se ha manifestado el señor Elorza y tal y como se ha manifestado el señor de Meer. Lo que saco yo en conclusión, perdónenme, es que a ustedes, de alguna manera, lo que les ha podido ocasionar un cierto nivel de molestia es que la idea no sea de ustedes. Todos la apoyan, con matizaciones, casi más semánticas que de otra naturaleza -perdón, señor Elorza, perdón, no tan semánticas-, en la distinción sustantiva, importantísima y trascendental que pueda existir entre el concepto museo y el concepto exposición. Reconozco que no hay una..., que es una distinción sustantiva y no meramente semántica. Vamos, quiero decir que, de alguna manera, según se han expresado los tres Portavoces que aquí han intervenido, la idea es encomiable, la idea es apoyable y no requiere, pues, más que algunas pequeñas matizaciones. Yo, sobre la marcha, he tomado unas pequeñas notas; tres nada más, con lo cual voy a ser muy breve.

Señor Elorza, ¿sabe usted la diferencia que existe entre carabela, carraca, nao, galera y galerón? Seguramente, no. Yo sí la sé. La nao no es ni más ni menos que una carabela aparejada de carraca, que sustituye la vela latina por la vela cuadrangular. Mire, esto se lo digo a título de anécdota, e intento, de alguna manera, ligarlo con la docta exposición que usted nos ha hecho sobre lo que es un museo, y que me recuerda los tiempos en que usted era Subdirector General de Museos del Ministerio de Cultura y yo Delegado Provincial del Ministerio de Cultura, en el que recibí tochos impresionantes para mentalizarnos sobre la nueva concepción de los museos, lo cual solamente contribuyó, a todos, a crearnos una mayor confusión sobre lo que era un museo y a que se difundiera entre todos nosotros aquella cariñosa definición que se hacía del Cuerpo Facultativo de Museos como el Cuerpo Dificultativo de Museos. Cariñosa apelación con que se les llamaba.

Bueno, para nosotros no es trascendente el que sea un museo o el que sea una exposición permanente. Y estoy dispuesto a aceptarle a usted que, en lugar de la palabra museo, figure la palabra exposición permanente.

Señor de Meer, nos ha dicho que había un acuerdo entre las cuatro fuerzas políticas integrantes del Ayuntamiento de Tordesillas. Y, efectivamente, lo había. Lo único que ocurría es que no se habían puesto de acuerdo en cuál podía ser el destino del edificio. Se habían limitado, exclusivamente, a sugerir, tras laboriosas negociaciones, interviniendo expertos en la cuestión, que el Palacio del Tratado había que rehabilitarlo, cosa con la cual yo creo que estamos todos de acuerdo, y hay que rehabilitarlo, efectivamente, de cara al año mil novecientos noventa y dos. Pero usted sabe, tan bien como yo, que el problema de la rehabilitación es, fundamentalmente, el problema del destino. Si no, se limitaría a ser una simple y escueta restauración. Rehabilitar es, además, dar un destino. Y el sentido de nuestra Proposición de Ley no era suplantar ni el acuerdo, ni la voluntad del Ayuntamiento de Tordesillas, que respetamos en su contexto global, sino contribuir a clarificar el destino de esa propiedad, entendiendo que el que nosotros proponemos puede ser un destino muy apropiado a la ocasión, a la circunstancia histórica que se conmemora y al específico uso del inmueble. Pero no excluimos el que, además de ese destino, pueda tener otros.

Respecto a lo que usted -creo, señor Elorza- ha dicho, en cuanto a las previsiones de la Consejería de Cultura para la rehabilitación del inmueble, pues sí, es cierto, está prevista la rehabilitación del inmueble; la biblioteca de previsiones de proyectos de rehabilitación que hay en la Consejería de Cultura da para diez años. Lo que no está previsto es la rehabilitación antes de mil novecientos noventa y dos, que es la propuesta concreta que nosotros formulamos en esta Proposición No de Ley. Biblioteca de proyectos de rehabilitaciones hay en la Consejería de Cultura para que la presente Junta no pueda ejecutarlos y tenga que ejecutarlos la que le sustituya en su momento, que no voy a decir cuál es, pero que ustedes supondrán fácilmente.

Bien. Yo acabo ya mi intervención, porque, después de leer las Enmiendas presentadas por ambos Grupos Parlamentarios; después de analizarlas en sus puntos y comas; después de ver que, en definitiva, vienen a decir lo mismo y que son plenamente coincidentes con el texto de nuestra Proposición de Ley, plenamente coincidentes, al menos en sus aspectos sustantivos, pues he tenido que inclinarme por alguna de las dos. Y, bien, pienso que la que está mejor redactada, que la que, de alguna manera, se ajusta más al contexto de la idea que le ha llevado al CDS a formular la Proposición No de Ley es la presentada por el Grupo Popular, que vamos a admitir como Enmienda de Modificación a la Proposición de Ley que, en su momento, presentó este Grupo Parlamentario. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Durán.

Sometemos, pues... Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley del Grupo de Centro Democrático y Social, incorporando la Enmienda de Modificación presentada por el Grupo de Alianza Popular.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Quienes estén en contra, que se levanten.

Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, setenta y dos. Cuarenta y ocho votos a favor. Ninguno en contra. Veinticuatro abstenciones.

En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Juan Bartolomé Durán Suárez, relativa a la rehabilitación y conversión en museo, antes de mil novecientos noventa y dos, del Palacio del Tratado de Tordesillas, con la modificación de texto propuesta por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

Sí, señor de Meer.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Para explicar el voto, porque entendemos que hemos modificado nuestra postura. Nosotros, realmente, entendemos que habríamos votado favorablemente si el CDS hubiera mantenido su Proposición No de Ley. Pero, realmente, la Enmienda de Modificación presentada por el Grupo Popular descafeína absolutamente la propuesta, porque decir que la Junta inste al titular para que una actividad... es como no decir nada. Y decir que haga las gestiones para conseguir, también es como no decir nada. Por eso, lamento que hayamos perdido la oportunidad de sacar adelante este tema.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Secretario puede proceder a dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Quinto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a remisión a la Cámara de un programa de actuación en materia de Inspecciones Técnicas de Vehículos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 24 de doce de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Por el Grupo proponente, Grupo Socialista, tiene la palabra don Juan Antonio Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La Proposición No de Ley que presenta mi Grupo tiene dos apartados bien diferenciados, que voy a intentar recalcar y que me interesa enormemente que se aprecie su diferenciación. Ambos apartados tienen un nexo en común, que no es otro que el funcionamiento de las inspecciones técnicas de vehículos de nuestra Comunidad Autónoma.

En definitiva, hablar de ITV no es otra cosa que hablar de seguridad vial, y, en definitiva, no es otra cosa que las actuaciones de la propia Administración al objeto de asegurarse que los elementos mecánicos de los vehículos actúen de forma correcta, de forma tal que impidan los accidentes, en estos momentos estimados entre el 8 y el 10% del total, que se produce en función de defectos mecánicos, y, por tanto, que una correcta inspección continuada de los vehículos impidan lo mismo.

Hasta Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, las inspecciones de vehículos estaban reguladas por el Real Decreto 3273 de mil novecientos ochenta y uno, pero lo hacían... o regulaban, exclusivamente, inspecciones de vehículos de mercancías, de vehículos de servicios públicos y de algún otro tipo de vehículos de menos importancia. Pero ya en Diciembre de ese año, en Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, se publicó el Decreto 2344, que modifica el anterior y, sobre todo, acomete una reforma sustancial, que no es otra que la obligatoriedad de que los turismos particulares, los vehículos de uso privado pasen las correspondientes revisiones técnicas de vehículos. El propio Real Decreto establecía una serie de períodos para ir absorbiendo el gran parque de vehículos del Estado español, de forma tal que fueran inspeccionándose todos los que en ese momento existían; de forma tal que, como ejemplo, que para este año mil novecientos ochenta y ocho, la Comunidad Autónoma de Castilla y León -como otras Comunidades- tiene que revisar los vehículos matriculados entre mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos setenta y seis. El próximo año mil novecientos ochenta y nueve, habrá que revisar los matriculados en los años setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve y ochenta, y así sucesivamente. En el año noventa, los matriculados en los años ochenta y uno, ochenta y dos y ochenta y tres. Y en el año noventa y uno, los matriculados en mil novecientos ochenta y cuatro, mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos ochenta y seis. De forma tal, por tanto, que el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y uno quedará absorbido -entre comillas- todo el parque viejo de vehículos que había, y ya, en mil novecientos noventa y dos, pasarán revisión, por primera vez, solamente los matriculados en mil novecientos ochenta y siete, cumpliéndose las previsiones del Real Decreto antes citado, por el cual los vehículos pasarán la primera inspección a partir del quinto año de su matriculación. Por tanto, el primero de Enero de mil novecientos noventa y dos quedará, diríamos, normalizada la situación de inspecciones técnicas de vehículos, concretamente, al sector más importante, que no es otro que los vehículos de uso privado y que, sin duda alguna, afecta a todos o a la mayoría de Sus Señorías y de los ciudadanos a los que representamos.

¿Y esto -se preguntarán Sus Señorías- qué representa en Castilla y León? Pues, para que se hagan ustedes una idea, en el año ochenta y siete, el año pasado, en la Comunidad Autónoma, creo -por lo menos yo tenía datos hasta el treinta de Junio de ese año-, habrá inspeccionados del orden de doscientos veinte mil vehículos. Para este año ochenta y ocho, se prevé la inspección... la primera inspección de doscientos noventa y cuatro mil vehículos; para el año ochenta y nueve, cuatrocientos cuarenta y nueve mil; para el año noventa, quinientos cinco mil; y para el año mil novecientos noventa y uno habrá que inspeccionar quinientos cuarenta y tres mil vehículos en nuestra Comunidad Autónoma.

Ante este número, ¿con qué medios cuenta nuestra Comunidad Autónoma para poder hacer esas inspecciones? Pues, de acuerdo con un folleto de la propia Junta, en estos momentos existen en nuestra Comunidad Autónoma trece Estaciones Técnicas de Vehículos, con treinta líneas inspectoras de diversos tipos, para poderlos atender. Y la capacidad -de acuerdo con este propio folleto- de inspección de esas trece Estaciones Técnicas de Vehículos, la capacidad de inspección se cifra en doscientos cincuenta y cinco mil vehículos anuales. Les recuerdo que, para este mismo año, habrá que inspeccionar doscientos noventa y cuatro mil. Por tanto, ya tenemos un déficit, en número redondos, de cuarenta mil vehículos, para los que no hay capacidad de inspección. No digamos nada si planteamos el horizonte de mil novecientos noventa y uno, que les recuerdo que habrá que inspeccionar quinientos cuarenta y tres mil vehículos; prácticamente, la capacidad que en estos momentos es el 50%, las posibilidades que tenemos son del 50% de las necesidades de inspección que necesitaremos en el año mil novecientos noventa y uno.

En definitiva, las cifras son contundentes, y el resultado no puede ser otro que la Comunidad Autónoma se dote de servicios de inspección de nuevas líneas, o nuevas Estaciones Técnicas de Vehículos, para poder atender la demanda, previsible y conocida, en función de las matriculaciones de vehículos, que va a haber en estos años. ¿Hasta cuánto tenemos que crecer para poder atender esa demanda? Pues yo creo que aquí hay, evidentemente, interpretaciones diversas. Incluso, yo diría que hasta el propio señor Consejero de Economía y Hacienda no se ajusta a lo que dice el propio Director General de Economía. Para ser exacto, al revés: el Director General de Economía no se ajusta a lo que dice el Consejero de Economía. El señor Consejero en la Comisión del ocho de Octubre dice que se precisarían veinticinco líneas, con una inversión de 650.000.000, y el Director General, en la Comisión del once de Diciembre, dice el doble: cincuenta líneas por 1.300.000.000. En fin, realmente no tiene mayor importancia, pero, evidentemente, entre ese entorno nos vamos a mover: entre veinticinco líneas y cincuenta líneas nuevas que tendremos que construir para poder atender la demanda que se produce, que se está produciendo ya en nuestra Comunidad Autónoma.

Entonces, ante esa necesidad evidente, la pregunta que se tiene que hacer esta Cámara, y que mi Grupo se ha hecho en aras a presentar esta Proposición No de Ley, es: ¿dónde se van a ubicar estas nuevas estaciones, o estas nuevas líneas?. ¿Se van a construir nuevas estaciones, o se van a ampliar las actualmente existentes?. En el supuesto de que se construyan nuevas estaciones, ¿dónde?, ¿en qué poblaciones?, ¿en las de ahora, o nuevas poblaciones en nuevos centros comarcales?. ¿Con qué criterios se van a fijar las poblaciones: con criterios absolutamente técnicos, en función de la matriculación, con criterios de ordenación del territorio, u otros criterios? Y si hay nuevas estaciones -en el supuesto de que haya nuevas estaciones-, ¿qué titularidad van a tener?, ¿Van a ser públicas, de la Comunidad Autónoma, van a ser a través de una empresa mixta participada por la Comunidad Autónoma y entidades privadas, o van a ser mediante régimen de concesión administrativa, conforme esos tres medios o esas tres formas de explotación que prevé el propio Decreto reiteradamente citado?

¿Se ha pensado, o ha pensado la Junta en la posibilidad de duplicar el número de turnos en las actualmente, en las líneas o estaciones actualmente vigentes, para poder absorber esa demanda, no sea que en el año mil novecientos noventa y dos, que solamente tenemos que inspeccionar ya un año -como decía anteriormente-, tengamos una oferta de estaciones sobredimensionada?

Pero, en fin, en definitiva, son todas esas preguntas que los parlamentarios nos tenemos que hacer -que afectan muy directamente a la seguridad vial, que afectan muy directamente a la ordenación del territorio, que afectan muy directamente a la comodidad de los usuarios a la hora de realizar sus inspecciones- las que tenemos necesidad de conocer y sobre las que tenemos necesidad de pronunciarnos en las previsiones que tenga la Comunidad Autónoma. Y por ello, mi Grupo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del Reglamento de estas Cortes actualmente vigente, propone en la primera parte de su Enmienda que en el plazo de tres meses, máximo de tres meses, la Junta elabore un programa donde se contemplen todas esas especificaciones que anteriormente he citado, de ubicaciones, inversiones, forma de explotación, etcétera, etcétera, al objeto de que esta Cámara se pronuncie si ese programa regional que enviará la Junta está de acuerdo con los intereses de esta Cámara, como supremo representante de los ciudadanos castellanos y leoneses. Esa es la primera parte de la pregunta, que, en mi opinión, tiene una enorme importancia, dado que no olvidemos, Señorías, que afectará en el año mil novecientos noventa y uno a quinientos mil vehículos, hipotéticamente, quinientos mil ciudadanos de Castilla y León, cifra nada despreciable.

Y la segunda parte de nuestra... Señor Presidente, la segunda parte de nuestra Proposición No de Ley tiene un aspecto que quizá haya trascendido mucho más a la opinión pública, que, evidentemente, tiene la misma importancia que la anterior, pero que, en mi opinión, afecta no sólo al fondo, sino también a la forma del tema que estamos debatiendo. Esta trascendencia no es otra que lo que se ha denominado por la opinión pública como privatización de las actuales instalaciones técnicas de vehículos, o, para ser más correcto en cuanto a su definición, la cesión mediante canon arrendaticio de las actuales instalaciones propiedad de la Junta de Castilla y León, para la explotación por empresas privadas.

Esto ¿qué significa?. Esto de la privatización, ¿qué significa? Privatización o cesión mediante canon arrendaticio, para ser exacto -como muy bien conoce el señor Consejero-. Pues significa que las Estaciones de Avila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Tordesillas..., perdón, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, y la móvil, propiedad de la Junta de Castilla y León, pasarían, mediante suponemos que un concurso, a manos privadas. Y quedarían ya en manos privadas las actuales de Miranda de Ebro, Ponferrada, Palencia, Segovia y Tordesillas. En definitiva, sería poner en manos privadas veintiuna de las actuales treinta líneas de inspección con que cuenta la Comunidad Autónoma.

Estos son datos que obtengo de un folleto editado por la Junta de Castilla y León, que yo la verdad es que aconsejaría al señor Consejero de Economía y Hacienda, que aunque lo hiciera el Gobierno anterior, lo reprodujeran, cambiando lo de Consejería de Fomento por Consejería de Economía y la presentación, porque yo creo que tiene un enorme interés para la información de los usuarios; inclusive la Ford, en lugar de poner la fotografía esta de la ITV móvil, pues podían poner la fotografía de nuestro Presidente de la Comunidad Autónoma. Pero lo importante es que los ciudadanos pudieran tener una información de algo que van a necesitar de uso constantemente en los próximos años.

En definitiva, esto va a significar, señores Procuradores, poner en manos de intereses privados instalaciones que han costado centenares de millones de pesetas a los poderes públicos, y personal funcionario y personal laboral actualmente dependiente de la Comunidad Autónoma, para que gestione un servicio público y obtenga, suponemos, un beneficio empresarial, contando con una clientela potencial perfectamente definida, perfectamente, que ha definido la propia Administración y que, prácticamente, no tiene ni que salir a buscarla.

En definitiva, un negocio redondo: no hay vertido nada y no arriesga prácticamente nada, ni inversión, ni clientela, porque la clientela se la pone la Administración a la puerta.

Y, ¿por qué quiere la Junta privatizar? Yo, realmente, de las declaraciones que oído del señor Consejero de Economía, el señor Director General de Economía y lo que oído y leído en los medios de comunicación, la única razón que se aporta son razones económicas. En síntesis, que la cuenta de explotación, la supuesta, supuesta, cuenta de explotación de estas ITV presentan déficit, o presentan saldo negativo. Evidentemente, el señor Consejero de Economía, cuando hace esas afirmaciones, no dice si el Servicio de Inspección de Minas, que en definitiva las minas son una concesión administrativa también, presenta déficit de gestión; si el Servicio de Inspección de Consumo, que afecta muy directamente al bienestar de los ciudadanos, presenta déficit en la gestión; si el Servicio de Inspección Turístico, por poner un ejemplo, que afecta muy directamente a la imagen turística que va a presentar la Comunidad Autónoma de cara a nuestros turistas, presenta déficit de gestión. En definitiva, se centra..... Evidentemente, eso no sería de interés para la iniciativa privada, sin duda alguna. Pero esto sí que tiene interés para la iniciativa privada; un negocio redondo, como luego imagino que tendremos ocasión de comentar detalladamente con cifras.

Y presenta déficit. Pues, evidentemente presenta déficit de gestión, sin duda alguna. No, evidentemente, en las cifras que se están utilizando por ahí, pero presenta déficit de gestión. Entre otras cosas, porque las tarifas que en estos momentos tienen las estaciones públicas son un trescientos o..., prácticamente, la tercera parte o la cuarta parte de lo que representan las tarifas de las estaciones que están en manos privadas. Aproximadamente, representa eso. No entro ya en la consideración de servicio público que tiene que tener; no entro ya en eso, sino exclusivamente, en términos económicos, presenta déficit. Pero yo me pregunto: si se actualizase -que no es que defienda esa postura-, si se actualizasen las actuales tarifas de las Inspecciones Públicas, sin duda alguna darían beneficios, sin duda alguna, señor Consejero de Economía.

En definitiva...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ruego a Su Señoría vaya concluyendo su intervención....

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Sí. Muchas gracias por su amabilidad, señor Presidente. En definitiva, una de las razones es que las tarifas que presentan las estaciones públicas son tarifas sociales, puedo decir, por definirlo de alguna forma.

Pero yo creo que, tras esta razón económica que se plantea por parte de la Junta, yo creo que existen dos razones fundamentales que son las que motivan esta intención de privatización -sabiendo..., subrayo privatización, lo pongo entre comillas, porque realmente no es la palabra exacta bajo un punto de vista jurídico-, que yo creo que es la razón que pueda tener la Junta de hacer pasar a manos privadas un servicio público absolutamente saneado, que, en definitiva, es un trayectoria política, no diferente de lo que ha ocurrido, o de las actuaciones que ha tenido la derecha en este país en este siglo en que vivimos. Y también yo diría, con todo cariño y respeto, que sabe que le tengo, al señor Consejero de Economía, que me da la sensación de que también ha habido una cierta ligereza en las declaraciones que hizo en su momento sobre ese deseo irrefrenable de privatizar las ITV sin haber considerado factores, que yo puedo decir que conozco, factores enormemente complejos, como son consideraciones en cuanto a la Ley de Patrimonio, consideraciones en cuanto a la Ley de la Función Pública, consideraciones en cuanto al Estatuto de los Trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera, que, evidentemente, a lo mejor complica muy mucho los deseos de la Junta al respecto. En definitiva, una cierta ligereza, en mi opinión y con todos los respetos, señor Consejero, a modo de "novatada", que en cierto modo se ha paliado en las declaraciones públicas posteriores, donde se rectifica parcialmente esa primera declaración ante la Consejería de Industria en que se hablaba de una forma tajante al respecto. Luego ya, posteriormente, tanto por el señor Consejero como por el señor Director General, se matiza muy mucho esa primera afirmación al respecto.

Por todo ello, en definitiva, mi Grupo lo que solicita en este segundo punto de la Proposición No de Ley, que está encadenada con la anterior, pero que son dos cosas distintas, en definitiva, no es otra cosa que en estas Cortes se pronuncien a favor de la no privatización de las ITV, redactada de la siguiente forma: "Las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, actualmente propiedad de la Junta de Castilla y León, seguirán siendo gestionadas por la Administración Autónoma."

Sobre las Enmiendas que al respecto se puedan haber presentado, se han presentado ante estas Cortes por parte del Grupo del CDS, luego, en el siguiente turno nos pronunciaremos. En definitiva, no me resta más que, en aras de que estas Cortes puedan conocer decisiones y tomar parte en decisiones que afectan muy directamente a buena parte de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma en los próximos años y en aras a que la Junta se ciña fundamentalmente a mejorar los servicios públicos que en estos momentos presta en la mayor parte de nuestras estaciones públicas de vehículos, solicitar, en nombre de mi Grupo, su voto favorable a esta Proposición No de Ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Lorenzo. Por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, como enmendante, tiene la palabra don Pedro San Martín.

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS:

Señor Presidente. Señores Procuradores. Dentro de este debate de la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, del tema de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, permítanme, Señorías, destacar que el CDS no es ajeno a este tema. No sólo no es ajeno, sino que podemos decir que este Procurador introdujo el asunto en las Cortes. Por lo tanto, el interés y la teoría del CDS sobre las ITV no es porque esté hoy precisamente en el Orden del Día, sino que la opinión del CDS ya se ha visto reflejada en la Comisión de Industria.

El día ocho de Octubre, repito, el día ocho de Octubre, este Procurador preguntaba a la Junta sobre el futuro de las ITV, sobre el futuro de su personal y del control de las inspecciones.

En la primera comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda en la Comisión de Industria y Energía, para informar sobre la estructura orgánica de su Consejería y el Programa de actuaciones, tras exponer la serie de estaciones que existe en la Región y las previsiones de vehículos a revisar, afirma que las estaciones propiedad de la Junta serían cedidas mediante un canon arrendaticio.

A primeros de Noviembre, el Director General de Economía afirma que se está estudiando la privatización de las ITV por su nula rentabilidad, que provoca elevados costes económicos para la Comunidad.

En posterior reunión de la Comisión de Industria, interviene el señor Consejero, también de Economía, contesta a la pregunta hecha por el CDS el ocho de Octubre, que se transformó en pregunta oral, prácticamente en los mismos términos. El Director General de Economía suministra a la Comisión una serie de datos, explica los problemas de saturación futura de las actuales estaciones, el déficit económico de la gestión hasta ahora de las ITV oficiales y la mayor rentabilidad de las estaciones privadas. De los datos aportados se desprende, efectivamente, que las estaciones propiedad de la Junta son deficitarias y que el rendimiento de las estaciones con autorización administrativa, no concesionarias, sino con autorización administrativa, es superior; las de la Junta tienen 3,6 trabajadores por línea, revisan mil seiscientos veintisiete vehículos por trabajador y cinco mil ochocientos setenta y seis vehículos por línea, mientras que las estaciones en régimen de autorización administrativa llegan a los 2,6 trabajadores por línea, dos mil ciento setenta y seis vehículos por trabajador y seis mil cuarenta y tres vehículos-línea.

Por lo tanto, la Junta nos dice que en las estaciones de ITV propias perdemos dinero y son mal gestionadas, perdemos dinero y son mal gestionadas. No solamente perdemos dinero, señor Lorenzo, sino también dice que son mal gestionadas. Entonces, la conclusión sencilla y drástica es: privaticémoslas.

En principio, esta conclusión el CDS no la acepta. En este sentido, presentamos una Proposición No de Ley que tiene entrada en las Cortes el día catorce de Enero, repito, el día catorce de Enero. Esta Proposición se ha transformado en las Enmiendas que hemos presentado para la Proposición que estamos debatiendo ahora. Decimos: Estaciones propiedad de la Junta, disminuya la burocracia, agilícese su funcionamiento, pongan en marcha las líneas construidas y que no funcionan. Pedimos una atención administrativa, ya que hay estaciones que quizás estén sobredimensionadas de mecánicos y escasas de personal administrativo. Hay que reconocer que estas ITV de la Junta, además de pasar las revisiones, deben llevar un archivo de vehículos de la provincia: altas, bajas, duplicado de tarjetas, etcétera, así como el tema de reformas de matriculaciones, ya que esto último es misión exclusiva de la Administración. Por lo tanto, pedimos también, si es posible, un funcionamiento autónomo de la estación. Repito: una agilidad burocrática, la presencia permanente del ingeniero... En definitiva, que, cuando se presente un vehículo a pasar inspección, pues que salga en el mismo día con la tarjeta firmada por el correspondiente técnico.

No podemos apoyar la privatización -entre comillas, también repito, lo de privatización- porque nos digan que en una estación se acaba el gasóleo y tarda mucho en reponerlo, o que se estropea un aparato técnico y que es muy difícil su arreglo (que es lo que nos han dicho en Comisión).

Naturalmente que se pierde dinero; sólo hay que apreciar la diferencia entre las tarifas, entre las propias de la Junta y las privadas; "tarifas sociales", como ha dicho el señor Lorenzo Martín.

Aunque las estaciones de la Administración no están por obtener beneficios, sino para prestar un servicio obligatorio al contribuyente, la rentabilidad de las mismas va en función, pues, también, del número de revisiones y de las tasas. Señores de la Junta, su objetivo es que funcionen los servicios. Arréglenlo. Aunque sea complicado, propongan una autorización de tasas correctas para cubrir gastos, que creemos nunca va a llegar al 50% de la tarifa privada actual para idéntico servicio.

Creo que ya ha habido mejoras, al menos en algunas estaciones; pues, queremos que se incrementen y nos expongan dentro de un año los logros y problemas.

Bien, pues esta Proposición No de Ley nuestra aparece en la prensa regional "El Norte de Castilla" el diecinueve de Enero. Entonces, el Grupo Socialista presenta su Proposición No de Ley el uno de Febrero y se incluye en el Orden del Día de este inminente Pleno, y debemos debatir sus postulados. Pues, vamos a hacerlo.

El Grupo Socialista pide a la Junta que en el plazo de tres meses remita a la Cámara sus previsiones y propuestas en este tema. Nos parece lógico y acertado. Ojalá lo hubieran hecho ellos cuando hace poco estaban en esa misma Consejería, o sea, en la Junta. Quizás algunos problemas de los de ahora ya estarían superados.

También nos dice en la propuesta socialista: propuestas..., que nos den, vamos, la Junta, propuestas de ubicación, calendario y plan de inversiones de nuevas estaciones y su forma de explotación. Según los datos suministrados por la Junta en Comisión, tenemos una capacidad del 50% de las revisiones previstas para el año mil novecientos noventa. Quizás, en este sentido, también tenía que dar alguna explicación la Junta anterior.

El actual Consejero nos dice que se intenta construir veinticinco nuevas líneas; en la comparecencia del Director General se nos dice cincuenta líneas. Yo entiendo que no serán cincuenta líneas más, sino cincuenta en total; por lo tanto, si ya hay treinta, será que faltan veinte.

Lo real es que se necesitan más estaciones de ITV en la Comunidad. La red hay que ampliarla. El Consejero, en su comparecencia del día ocho de Octubre, nos hablaba de 650.000.000 de pesetas del año ochenta y siete. El Director General nos daba la cifra de 1.300.000.000. Parece ser también..., se adelantaba que pensaban abrir estaciones en Burgos, León, Salamanca, Valladolid..., la provincia, no sabemos exactamente la zona. De ello se desprende que, efectivamente, es necesario -como dice el Grupo Socialista- presentar un plan de actuaciones, que se debería haber hecho con anterioridad, según nuestra opinión.

El segundo punto, o sea, el tema... el segundo punto de la Proposición No de Ley, es decir, el tema del futuro de las actuales estaciones propiedad de la Junta, sabemos que la anterior Junta pidió una elaboración de unos estatutos para crear una sociedad mercantil mixta; estatutos que tengo en mí poder. Ahora debemos pronunciarnos sobre que continúen en propiedad de la Junta. La Junta nos dice que pierde dinero y funcionan mal. Resumiendo: el CDS se niega a simplificar esta cuestión. El CDS es consciente de que se pierden 100.000.000 al año y que se podría ganar unos 50.000.000, no es... bueno, no sabemos exactamente, eso habría que verlo, pero en líneas generales se pierden 100 y podríamos ganar 50. No estamos de acuerdo en que se siga perdiendo esa cifra, y ése es un tema, como hemos indicado, que la Administración debe subsanar. Y preferimos no ganar los 50.000.000 si damos un buen servicio al usuario castellano-leonés y tenemos la garantía de seguridad en los vehículos. Repito: si damos un buen servicio al usuario castellano-leonés y tenemos garantía de seguridad en los vehículos.

Sobre su funcionamiento ya lo hemos... como la Junta dice que perdemos dinero y su funcionamiento, sobre su funcionamiento es, precisamente, la Proposición nuestra de Ley que ahora se ha convertido en Enmienda.

Actualmente, en el Estado coexisten siete tipos diferentes de estaciones de ITV. Uno de ellos es el de estaciones transferidas a las Comunidades Autónomas que se gestionan directamente por la Autonomía. En nuestro caso, si la "privatización" -entre comillas privatización-, es porque se pierde dinero y funcionan mal las actuales ITV de la Junta, no lo vemos necesario; si es porque otras Comunidades lo han hecho así tampoco nos convence ese camino fácil.

El CDS no está por la privatización. El CDS confía que en Castilla y León sus estaciones van a actuar correctamente, confía en su personal y en su Administración; espera su correcto planteamiento y funcionamiento; en caso contrario, pediremos responsabilidades y obraremos en consecuencia.

El CDS, si sus Enmiendas son admitidas, entiende que su Proposición No de Ley, de fecha catorce de Enero, es asumida; en consecuencia, retirará ésta y votará a favor de la Proposición Socialista. Si, por el contrario, nuestras Enmiendas no son admitidas votaremos en contra solamente para poder debatir nuestra Proposición No de Ley, presentada con anterioridad en la Comisión de Industria y Energía como estaba previsto... Bueno, la debatiremos en la Comisión de Industria si votamos en contra, si es que el Grupo Popular también vota en contra.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor San Martín. Por los Grupos Parlamentarios no enmendantes, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Con la venía, señor Presidente. Muchas gracias. El Partido Demócrata Popular va a fijar su posición y como siempre lo va a hacer desde el principio; quizá la inexperiencia parlamentaria de este Procurador le hace caer en esa trampa y los otros Grupos, con más experiencia y más habilidosos, se reservan su fijación de posiciones, y al final, la verdad, no sabemos cuál era la posición inicial, si realmente han sido convencidos por los argumentos de Grupos oponentes y ese convencimiento les ha hecho cambiar de voto, y nos encontramos con el espectáculo de explicaciones de voto que previamente no sabíamos cómo se había dicho en principio que se iban a significar. Pues, nosotros no. Nosotros procuramos estudiar las cosas, procuramos traer formada nuestra opinión, y cuando un Grupo Parlamentario, con sus mejores razonamientos, nos convence lo decimos y aceptamos esos razonamientos. Y nosotros queremos fijar nuestra posición en este tema de una manera también contundente.

Señores del PSOE, proponentes de esta Proposición No de Ley, número veintiuno, estamos totalmente de acuerdo con ustedes en la resolución primera que proponen, incluso hasta en el plazo perentorio que fijan de tres meses, porque entendemos que, efectivamente, éste es un tema que requiere solución urgente, porque el problema le tenemos ahí de inmediato, e incluso no ya en el año noventa y uno, sino que hay que dar soluciones puntuales a dos provincias en concreto que en estos momentos sufren atasco, que me parece que son la de León y de Salamanca. Por lo tanto, en esa parte totalmente de acuerdo.

Y totalmente disconforme, señores socialistas, en alguno de los apartados de este punto primero y, desde luego, en la resolución número dos que ustedes plantean, de que la gestión de las ITV sea exclusivamente hecha por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Por qué? Pues, miren ustedes, la Junta recibe por Decreto 1987, del ochenta y cinco, de veinticuatro de Septiembre, las transferencias sobre las ITV del Ministerio de Industria y Energía, y recibe a siete de la Junta y una móvil, con veintiuna líneas y diez..., de estas veintiuna líneas diez de vehículos ligeros, siete de pesado y cuatro universales; y hay, por otra parte, otras nueve ITV de entidades colaboradoras con autorización administrativa del Ministerio. Por lo tanto, ya se configura que una Administración, el Ministerio de Industria, del Partido Socialista y mediante una fórmula, incluso, de autorización administrativa, planteaba la posibilidad de gestión de estas ITV de una manera distinta a la de gestión directa y exclusiva por la propia Administración.

El Decreto de transferencia ¿qué prevé?, y se está hablando aquí de privatizaciones. El Decreto de transferencia no habla para nada de privatizaciones. El Decreto de transferencias habla de la gestión de las ITV, y la gestión de las ITV se puede hacer de tres formas: por las Comunidades Autónomas directamente, por sociedades de economía mixta y por empresas privadas, si bien, -y me voy a anticipar al problema que seguramente plantee el Portavoz del Grupo Socialista-, que esas empresas privadas, de acuerdo con el artículo 2, deben ser propietarias de las instalaciones, deben ser propietarias de la instalación, porque pasado el tiempo de la concesión, indudablemente, esas instalaciones deben ser propiedad de la Administración Pública. Pero ese artículo 2 -y así yo he hecho incluso consulta al propio Ministerio de Industria-, parece que no es ningún inconveniente, porque se pone ahí para que no haya sociedades interpuestas, es decir, que una sea la propietaria y otra nueva sociedad sea la que gestione por concesión de la Administración, con lo que sería imposible la reversión de las instalaciones al plazo final de la caducidad. Ese parece ser que es el problema que el propio Ministerio de Industria no le da especial importancia.

Y, efectivamente, por declaraciones del Partido Socialista Obrero Español cuando estaba en el Gobierno, parece que en ese año y pico, desde que se recibe la transferencia, había optado, había optado, por la gestión de estas ITV por sociedades de economía mixta, pero es que hay gobiernos regionales donde todas las ITV las gestiona directamente la Administración, -Socialista en este caso-, en algunas; en otras, las gestiona directamente toda la actividad privada, incluso en gobierno socialistas; en otras, una se hace por gestión directa, como es en el caso de Madrid, y veinte por concesión Administrativa, etcétera. Es decir, que hay una panoplia muy amplia, dentro de las tres posibilidades que permite el Decreto, de gestión de estas ITV. Y yo digo que dejemos en libertad al Gobierno para que elija la fórmula que, a su juicio, es más operativa para los intereses de la Comunidad Autónoma y nos los plantee en ese plan que nos tiene que traer a los tres meses, y entonces, incluso, le discutiremos si está acertado o no.

¿Qué problemas se plantean actualmente? Bueno, pues, aquí se han barajado pérdidas de 100.000.000 de pesetas. Yo el dato que tengo es que hay 60.000.000 de pesetas de pérdidas. Naturalmente, es difícil de conciliar estas cosas, porque unos reciben unos datos de un origen y otros de otro, y, efectivamente, parte de estas pérdidas puede ser por la diferencia de tarifas que existen entre las ITV de gestión privada y las ITV de gestión pública. Pero hay que constatar también que en la Administración es difícil el mantenimiento de estas ITV y que en muchos casos estas ITV han funcionado mal, porque no se tenían las piezas de recambio y la disponibilidad de dinero para la inversión que necesita todo este tipo de instalaciones que además, por otro caso, deben ser muy precisas y que además están garantizando la seguridad de los ciudadanos. Y la verdad es que la Administración es poco ágil en esa materia. Y es poco ágil también en la disponibilidad de personal, porque hay que hacer las relaciones públicas de trabajo, y porque hay provincias que tienen dificultades en un momento concreto, y porque hay meses punta, incluso hay días punta, y hay que contratar y hay que flexibilizar la jornada para que eso pueda hacerse de una manera eficaz, y desde la Administración verdaderamente eso es cuando menos difícil, no digo que imposible el hacer, pero cuando menos yo veo que las Administraciones eso lo hacen difícil.

Por otra parte, la única duda que cabría oponer es que el funcionario público de las que se gestionan por la Administración es más independiente, no se presta al cambalache, no se presta..., como se decía en Comisión por alguno de los Portavoces de los Grupos -me parece del CDS-, que conocía vehículos pesados que circulaban con el impreso de haber pasado la inspección técnica y que a él le constaba que no se había hecho efectiva esa inspección; y, efectivamente, desde ese punto de vista, pues, puede haber una mayor garantía. Pero nuestra propuesta es una propuesta que, naturalmente, ante recursos escasos hay que decidir dónde van esos recursos. Y ante recursos escasos, nosotros ni queremos ganar dinero ni perderlo con las ITV; queremos que se de un buen servicio a un precio adecuado, y que esos recursos se destinen a necesidades más perentorias que no va a cubrir, que no va a cubrir, la iniciativa privada; y todos los problemas sociales que arrastra especialmente nuestra Comunidad necesitan de esos 1.500.000.000 de pesetas y de muchos más para ser destinados a ese uso y no para hacer instalaciones propias con un coste de miles de millones de pesetas. Y por razones de esa prioridad, proponemos o bien la gestión directa de las existentes y, desde luego, la gestión por concesión administrativa de las que se puedan crear en el futuro, de las necesarias que se puedan crear en el futuro, y que parece ser que tienen que pasar de treinta a sesenta para cubrir el umbral de las necesidades de los quinientos mil vehículos del año mil novecientos noventa y uno.

El sistema único de gestión, no obstante, nos parece más eficaz, pero podría admitirse, desde nuestro punto de vista, ese doble sistema. Las actualmente en manos de la Comunidad mediante gestión directa las que están con autorización administrativa transformarlas en concesión administrativa, y las nuevas que se creen que todas sean mediante concesión administrativa. Para conseguir, seguramente, un buen funcionamiento de esas instalaciones, que permite la disponibilidad de repuestos de recambio, porque si no la empresa se va a abajo y no es compentitiva; una flexibilidad en el horario y en la facilidad del paso de estas inspecciones que permite ese horario flexible y la contratación rápida de personal; y una flexibilidad de la inspección mediante la intervención de un técnico de la Junta, mediante un canon de inspección, que garantice que no hay chanchullo, porque, efectivamente, como usted ha dicho muy bien, señor Lorenzo, esta inspección técnica la gestiona la Comunidad Autónoma, pero la dependencia es todavía del Ministerio y quien debe de firmar los papeles es un representante de la Administración. Y ahí tiene que estar ese inspector técnico de la Junta, que mediante un canon no nos va a suponer ningún costo, que garantice la fiabilidad de las inspecciones que hacen, incluso las inspecciones que se realizan en las ITV que están hechas mediante concesión administrativa.

Y lo que es más importante..., porque ahora mismo ya hemos aprobado un presupuesto, y porque ahora mismo ya hemos aprobado una relación de puestos de trabajo, si hay que resolver los problemas puntuales de León y Salamanca no habrá disponibilidades económicas para hacerlo, y por la vía de la concesión podemos resolver los problemas tal y cuando se nos planteen y en la medida en que los problemas sean necesarios resolver, porque la demanda nos lo irá marcando en el momento, y la concesión administrativa es un procedimiento muy rápido y muy fácil de hacer en el tiempo y en la forma.

Y, por otra parte, y para terminar, todos los Portavoces se han olvidado de un tema que me parece de singular importancia, al Partido Demócrata Popular, a la Democracia Cristiana, del que no se ha hablado aquí y que tiene mucha incidencia, que es la Inspección Técnica de los Vehículos de Maquinaria Agrícola, que no se ha hablado nada de ellos y que también hay que hacerla, y que también hay que hacerla. Y a ver cómo se monta ese sistema, y a ver cómo hacemos ITVs en las Comarcas para no hacer desplazar a las máquinas agrarias, que son lentas y que originan trastornos de circulación muy importantes, o pueden originar accidentes, a ver cómo creamos una red pública lo suficientemente amplia para abarcar también este campo de la Inspección Técnica de la Maquinaria Agrícola. Con unidades móviles, puede ser una forma; pero también dejando a la iniciativa privada, mediante concesión, y que pueda crear, de acuerdo con la demanda, esas ITVs para la Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola, con lo que evitaríamos muchos desplazamientos y, además, el grave problema que siempre hay cuando hay que desplazar un funcionario a otro sitio: las dietas, la locomoción, etcétera, etcétera, y toda esta problemática que, generalmente, hace poco eficaces esos sistemas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ruego a Su Señoría vaya concluyendo su intervención.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Sí, señor Presidente, y muchas gracias porque verdaderamente me he excedido. Concluyo y le agradezco su generosidad.

Y concluyo con la contundencia que he terminado: de acuerdo, señores Procuradores, con el apartado primero de su propuesta; total disconformidad con la resolución segunda que nos plantean. Por lo tanto, si se mantiene su Proposición en las condiciones actuales, la votaremos en contra. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias a usted, señor de las Heras. Tiene ahora la palabra, por el Grupo de Alianza Popular, el señor Cortés.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Algunos pensábamos que tres comparecencias del Consejero de Economía y Hacienda y del Director General de Economía podían ser suficientes para aclarar algunas cuestiones relativas a la Inspección Técnica de Vehículos. Lamentablemente, parece que no ha habido tal. Casi todas las cuestiones que suben a esta Tribuna tienen, en proporción variable, un aspecto técnico y otro político. La que ahora nos ocupa, a juicio de Alianza Popular, debería tener, esencialmente, un tratamiento técnico. Pero la postura del Grupo proponente, no es ya que participe de un prejuicio político; es que, a nuestro entender, demuestra una postura dogmática que algunos pensábamos felizmente superada en el Partido Socialista. Y yo he quedado sorprendido cuando he oído al proponente manifestarse desde esta Tribuna en contra del beneficio privado; es algo que ya en las propias filas del Partido Socialista, desde luego, no dicen el Presidente del Gobierno, el Ministro de Economía y Hacienda..., es que creo que ya ni Nicolás Redondo plantea estas posturas que, en su momento, ciertamente, mantuvo el Socialismo.

Y a las pruebas me remito, de que esta postura teníamos razones para pensarla felizmente superada, y es lo que el Grupo Socialista está haciendo en otras Comunidades Autónomas en las que tiene responsabilidad de Gobierno. Yo quiero pensar que el señor Lorenzo, a sus correligionarios de otras Comunidades que transfieren o que transfieran en el futuro al sector privado la gestión de estas instalaciones, les aplicará los mismos criterios que ha formulado hacia la actual Junta de Castilla y León, de que eso es lo propio de la derecha, con algún adjetivo que en estos momentos no recuerdo, pero tengo la impresión que no demasiado amable.

Es evidente, señor Presidente, que desde una posición liberal se tiene una opinión distinta respecto del papel que el sector público debe desempeñar..., que el sector privado debe desempeñar en la economía. Una posición, evidentemente, distinta que la que se mantiene desde posiciones Socialistas. Pero decía antes que son razones no ideológicas las que nos llevan a mantener una opinión desfavorable a la propuesta... a la Proposición No de Ley del Partido Socialista. Y vayamos a los argumentos, aunque, lamentablemente, el intervenir en último lugar tiene el inconveniente de que muchos ya han sido reiterados y con acierto, y máxime cuando esta es la cuarta vez que las Cortes de Castilla y León tratan sobre este asunto.

La Inspección Técnica de Vehículos es un Servicio Público, según el Real Decreto que lo regula, carácter en el que todos los miembros de esta Cámara creo que estamos de acuerdo. Pero existen distintas fórmulas de gestión y aquí pueden surgir las diferencias. Tengo para mí también que todos los Grupos están de acuerdo en que, cualquiera que sea el tipo de gestión elegido, el control de la garantía de la gestión y el servicio realizado será siempre competencia de la Administración. Así, pues, no es cuestión plantear aquí que un tipo de gestión es más adecuado que otro para la garantía de la seguridad vial, como no podía ser de otra forma, puesto que en este prospecto, cuya presentación firma como Consejero quien hoy es simple Diputado de la oposición, se recogen instalaciones tanto públicas como privadas, y queremos pensar que quien entonces tenía responsabilidades del Gobierno no pensaba que unas fueses más acertadas, más adecuadas, para garantizar la seguridad vial en los vehículos que transitan, cuya titularidad está en nuestra Comunidad Autónoma.

Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León coexisten las estaciones de titularidad y gestión pública con estaciones de propiedad privada que actúan en régimen de autorización. Esta coexistencia permite, sin salir de la Comunidad, sin tener que comparar con lo que ocurre en otras regiones de España, comparar ambos tipos de gestión. Los datos han sido -decía antes- prolijamente expuestos en este Pleno y en la Comisión, reiteradamente, y, bueno, no tengo especial inconveniente en repetirlos, pero lo haré de forma muy abreviada, puesto... pero se pueden dar, facilitar los datos, como ya se hizo en la Comisión, si alguna de las conclusiones que ahora voy a manifestar son puestas en cuestión.

En primer lugar, la mayor rentabilidad de las instalaciones de gestión privada. En segundo lugar, la mayor flexibilidad de horario para la realización de servicios; es decir, las de gestión pública desde que existen como tales tienen un horario sólo de lunes a viernes y de nueve a dos. Esto es especialmente grave para los usuarios de vehículos particulares y en momentos de especial concentración. Procuradores por Salamanca recordarán lo que ha pasado en su ciudad, por ejemplo, este verano, que ha llegado incluso a provocar casi altercados, las colas y concentraciones que se producían en determinados días punta en esa ciudad.

En tercer lugar, una gran dificultad de la Administración para un mantenimiento adecuado de sus instalaciones. Y no es que la anterior Administración sea especialmente eficaz, ineficaz, que muchas oportunidades tenemos de comprobarlo, o que ésta vaya a ser más eficaz, que ya lo veremos; es que es el sistema lo que genera esta dificultad en la actuación. Porque son las dificultades normales burocráticas que conlleva a esencia misma de la Administración. Su Señoría proponente conoce bien, por propia experiencia, que en algunas instalaciones públicas se ha estado sin poder inspeccionar debidamente los frenos sencillamente porque los frenómetros se habían estropeado y se ha llegado a tardar seis meses en reponerlos. Y no quiero pensar que sea exclusivamente por una ineficacia de Administración Socialista; es que la tramitación de los expedientes para la compra de esos, para las reparaciones de algunos, lleva a estos retrasos. Probablemente se podían haber acortado; pero, en cualquier caso el retraso estaría ahí. Otras han estado expuestas a cualquier hurto o robo simplemente porque un vehículo o un camión pesado había roto las puertas y no se podían reparar con la debida celeridad y tenían que quedar abiertas. Otras han estado sin calefacción, sencillamente porque no había consignación presupuestaria suficiente en ese momento para pagar el gasóleo, en momentos de inicio-cierre de ejercicio. Otra conclusión que creo que comparte toda la Cámara es que hay un déficit de cien millones de pesetas..., creo que son noventa y nueve, pero, vamos, cien millones de pesetas, en el balance de gestión de las estaciones públicas en el año ochenta y seis. Y también creo que es un dato aceptado por todos los Grupos de esta Cámara que hay una previsión de una necesidad de inversión aproximada a los mil millones -cantidad arriba, cantidad abajo- para afrontar la demanda previsible en mil novecientos noventa y dos, y que no va a disminuir después. Porque es verdad que en mil novecientos noventa y dos se llega al momento máximo, pero las matriculaciones de vehículos siguen y por lo tanto habrá que seguir inspeccionando los que se han matriculado, y además aumentan esas matriculaciones.

Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, el Grupo Parlamentario de Alianza Popular se ha mostrado reiteradamente favorable a la postura manifestada por la Junta de Castilla y León, de proceder al sistema de concesión administrativa; criterio avalado, entre otras razones -y creo que es razón de peso-, cuando esto sea hace en Madrid, se hace en Canarias, hay propuesta, proyecto de hacerlo en Galicia. Es el generalmente utilizado por las demás Comunidad Autónomas; creo que alguna razón habrá para ello.

Nada tendríamos que objetar a que la Junta facilite a la Cámara, en un plazo razonable, un programa de actuación en materia de Inspección Técnica de Vehículos. Desde luego, muchas de las cuestiones que aquí se han planteado ya han sido facilitadas en Comisión y ahí están los Diarios de Sesiones para demostrar la verdad de mis palabras. Cuestión distinta, desde luego, es el punto segundo, que es el que al principio de mi intervención calificaba de postura dogmática. ¿Por qué mantener en el sector público y para siempre algo que desde ya se demuestra que funciona mejor en el sector privado? Sólo por esta postura no dogmática que tiene nuestro Grupo, por razones técnicas que creo que se han facilitado y por la propia experiencia que esta Comunidad ya tiene, nuestro Grupo manifiesta su posición contraria a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Cortés. Por el Grupo proponente, como Portavoz del Grupo Socialista, señor de Lorenzo, tiene la palabra.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Gracias, señor Presidente. Me van a permitir que empiece la contestación por el último interviniente, evidentemente, apoyando la tesis del Gobierno. Yo creo, señor Cortés, que no ha tratado en absoluto el tema de la Proposición No de Ley del Grupo Socialista. Está confundiendo a la Cámara, no sé si interesadamente, el tema de las nuevas concesiones administrativas que se pudieran dar con lo que sería la privatización de las actuales instalaciones públicas. Y yo creo que, en cierto modo, el señor de las Heras también ha confundido los términos.

Mi Grupo no ha hecho aquí ningún dogma de lo que debe ser a futuro la posibilidad de tener que construir nuevas estaciones técnicas de vehículos en función de las necesidades planteadas. Y no hemos dicho que no tengan que ser en régimen de concesión administrativa; no hemos dicho eso (lo diremos dentro de tres meses cuando presente el Gobierno, si se aprueba, esta Proposición No de Ley, cuando presente el Gobierno el Plan Regional), sino lo que estamos en contra, señor Portavoz del Grupo Popular, es de que las actuales instalaciones que son de propiedad pública, que las han pagado los contribuyentes a través de sus impuestos, que están dotadas de instalaciones pagadas con nuestros impuestos, que están dotadas con personal funcionario y laboral al servicio de la Comunidad Autónoma, todo eso pase a manos privadas. No estamos en contra de que lo nuevo pudiera ser en régimen de concesión administrativa. Y usted no dice la verdad cuando está diciendo que otras Administraciones Autónomas están procediendo a privatizar el servicio. No hay ni una sola Comunidad Autónoma, ni una sola, -quizá sólo Cataluña, no gobernada por el PSOE-, ni una sola que haya privatizado las instalaciones públicas. Lo que sí que se han planteado y eso lo podemos entender, y eso lo podemos entender, lo que se ha permitido es que las nuevas necesidades sean mediante régimen de concesión administrativa.

En definitiva, señor Portavoz del Grupo Popular y señor Portavoz del PDP, en definitiva, ustedes tendrán que explicar exactamente hasta qué punto están defendiendo la postura de privatización de lo público en estos momentos, o separándolo de las nuevas concesiones administrativas. Y, evidentemente, usted sabe, señor Portavoz del Grupo Popular, que yo sé que las cifras que usted plantea de déficits de las ITVs no son exactas, y yo le aconsejaría que le revisaran los criterios que han utilizado a la hora de asignar a la cuenta de resultados la amortización de activos o la imputación de costes indirectos. No son esas cifras. Pero pongamos, pongamos, ya a jugar con sus cartas, que usted lleva razón y de que el déficit son cien millones de pesetas -que no es-, que son cien millones de pesetas. Le voy a traducir en pesetas en estos momentos. Las diferencias entre lo que cobra una privada a una pública por media, como mínimo, son mil pesetas por vehículo, mil pesetas por vehículo. En el año ochenta y ocho se prevé la necesidad de inspeccionar doscientos cuarenta mil vehículos. Doscientos cuarenta mil vehículos, por mil pesetas de diferencia son doscientos cuarenta millones de pesetas. Se pasaría de un déficit de noventa millones a un superávit de ciento cincuenta. Por tanto, las cifras están absolutamente maquilladas. Y ¡ojo!, no estoy defendiendo aquí que se actualicen a nivel de lo privado, sino que estoy defendiendo que también estas tasas tienen una consideración social, y esa es la razón que justificaría, en su caso, el déficit de explotación de las ITVs.

En definitiva, señor Portavoz del Grupo Popular, nosotros no hemos dicho lo que tiene que ser el futuro de las nuevas, en el supuesto de que hagan falta. Usted no ha planteado aquí la posibilidad, la posibilidad de duplicar turnos de las líneas actualmente propiedad de la Comunidad Autónoma. Duplicar turnos, mañana y tarde, con lo cual harían falta menos inversiones, indudablemente, menos inversión, se facilitaría mejor servicio y se acomodaría a la posible demanda futura. Porque usted dice que en el año noventa y dos va a haber tantas como en el noventa y uno. Yo no sé las matriculaciones del año mil novecientos ochenta y siete; lo único que sé es que en el mil novecientos noventa y uno hay que inspeccionar tres años seguidos y en el noventa y dos sólo hay que inspeccionar un año. Evidentemente, habrá que crecido, pero ¿justo en mil novecientos ochenta y siete se han matriculado tres veces más vehículos que en mil novecientos ochenta y seis? Se ha matriculado más que en mil novecientos ochenta y seis, pero no tres veces más. Con lo cual podríamos dimensionar también la oferta de líneas, de cara a no inflacionar excesivamente de instalaciones.

Y yo, con respecto a la intervención del Portavoz del CDS, señor San Martín, le tengo que decir que se mueven, una vez más, en la ambigüedad, se mueven una vez más en la ambigüedad. Y yo le tengo que decir que "obras son amores, y no buenas razones". Y no me tiene que decir que está en contra de la privatización, cuando en la Enmienda que usted plantea, que su Grupo plantea para que sea aceptada, se dice textual, textual, señor San Martín: Añadir a nuestro segundo punto de la Enmienda, que dice: "no se privatizarán", o, mejor dicho, "la Junta seguirá gestionando las ITVs de titularidad pública", ustedes proponen: "hasta que, una vez conocidos los datos y resultados obtenidos durante mil novecientos ochenta y ocho, se vuelva a reconsiderar -subrayo, reconsiderar- esta cuestión -¿cuál?, ¿la privatización?- ante la Comisión de Industria y Energía, en el primer trimestre del ochenta y nueve". Con lo cual, ahí están jugando, una vez más, señor San Martín, señores del CDS, una vez más, a la ambigüedad a la que nos tienen acostumbrados.

En cualquier caso, les voy a decir, les adelanto aquí que aceptamos sus dos Enmiendas. La segunda no estamos de acuerdo con ella, pero lo que sí que con ello conseguimos, dado que la primera Enmienda no añade ninguna cosa nueva a nuestra aportación de Proposición No de Ley y que la segunda Enmienda va a quedar absolutamente desfasada y obsoleta en el momento que el Grupo..., que el Gobierno, perdón, presente, dentro de tres meses, la propuesta de Plan Regional de ITVs para los próximos tres años... Evidentemente, esta Cámara se tiene que pronunciar, y ustedes se tendrán que pronunciar en ese momento, tendrán que decir privatización sí, o no; no dentro de un año, sino dentro de tres meses, si se aprueba, finalmente, esta propuesta nuestra, con lo cual quedará absolutamente yo creo que sin sentido este segundo añadido. Y, evidentemente, difícilmente se puede compatibilizar las declaraciones que ustedes, públicamente, están haciendo, de defensa de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, del personal laboral al servicio de la Administración Pública Autónoma, de que no van a permitir esa privatización, cuando añaden esta coletilla, pretendiendo descafeinar la contundencia de nuestra exposición, en cuanto que mandatamos a la Junta de que siempre tienen que gestionar las ITVs que son ahora, en estos momentos, de titularidad pública. Y reitero: no estamos en contra de que, si hay que abrir alguna nueva, nos planteemos que pudiera ser mediante la fórmula de concesión administrativa.

Una cosa que se me olvidaba, señor San Martín: Cuando usted dice que la Junta, en su momento, se había planteado algo... La Junta se había planteado la constitución de una Sociedad Pública, que se llamaba ITECAL, de cuyos Estatutos también conservo una copia de ellos, que me imagino que será la que usted haya visto, que, si lo lee detenidamente, en no recuerdo qué artículo, decía que el cien por cien del capital era de titularidad de la Junta de Castilla y León.

En definitiva, señor Presidente, sólo me queda agradecer, en parte, al señor Portavoz del Grupo Mixto, en cuanto a la aceptación de la primera parte de nuestra Proposición No de Ley; reiterar que este intento de confundir al personal, por parte de las declaraciones de miembros de la Junta y del Grupo que apoya a la Junta, en cuanto a cuál va a ser el modelo futuro, para intentar distraer la atención de lo que realmente se pretende, que no es otra cosa que pasar a manos privadas instalaciones que valen centenares de millones de pesetas, pagadas por todos los españoles -y, por supuesto, personal laboral y funcionarial a su cargo-; y agradecer, de alguna forma, la mejora que, en parte, pueda haber hecho la proposición del CDS, y anunciar nuestro voto favorable, con los añadidos de la Enmienda que el Grupo del CDS ha presentado ante este Pleno. Muchísimas gracias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Sí. El señor Consejero, siempre que sea para aclarar alguna cuestión, y sin perjuicio de que, para que se cierre el debate, tendría otra vez la palabra el Grupo Proponente.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, Presidente, Señorías. Puesto que el PSOE ha vuelto a cambiar su posición y, por supuesto, está claro que va a votar con el CDS, sólo quiero matizarle dos cosas importantes: el que ha manejado los datos erróneamente ha sido usted, no el Grupo Popular. Porque, cuando usted dice que se van a pasar doscientos cuarenta mil vehículos en nuestras estaciones, tendría que saber que nuestras estaciones están saturadas; no pueden pasar más que las que han pasado este año, así que, multiplicando por esas 1.000 pesetas, es imposible llegar a eso que dice usted.

Pero le tengo que decir algo más. El Portavoz -si yo le entendí bien- de AP citó el déficit del año ochenta y seis, del año ochenta y seis; año en que usted era Consejero, y tiene la obligación de conocer cuál era el déficit.

Tercer planteamiento por aclarar: Seguramente, yo lo único que le puedo decir es que el Consejero actual no ha cambiado de opinión, a pesar de la votación que se va a celebrar y que doy por supuesto que se pierde. Bajo su responsabilidad y bajo la responsabilidad de los que voten, por supuesto, lo que admite el CDS, tengo que manifestarle lo siguiente, lo siguiente: hay estaciones de ITV que, en manos privadas, producen beneficios. Habrá estaciones de ITV, como hay hoy, que producen pérdidas. La organización que pretendía este Consejero era que se realizara la inversión, que, por cierto, también dijo usted que unas veces se hablaba de 450.000.000 o de no sé cuantos, y otras veces de mil y pico; se olvidó decir que este Consejero ya contemplaba el doble turno cuando informó a la Comisión. Y, si no, constará en el Diario de Sesiones.

Pero, de todas formas, a pesar de esos que se pueden pasar y los que se dejen de pasar, usted debería de conocer que se va a obligar a la revisión bianual; por tanto, el número de vehículos, a partir del año noventa y uno, va a aumentar, previsiblemente, máxime con la observación que le hizo el Portavoz del..., ya no lo digo: es que, como están diciendo constantemente "la Democracia Cristiana", no me salía el nombre del Grupo. Perdón. Don Rafael de las Heras, con el tema de los vehículos agrícolas.

Y, por último, ligereza querrá referirse a rapidez en el análisis, porque puedo decirle, y se lo puedo demostrar, que he sido más rápido que usted analizando cosas. Ligereza, le puedo demostrar que usted lo hizo bastante peor. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor de Lorenzo. El señor de Lorenzo, si quiere, puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Señor Presidente. Señor Consejero, no va a hacer que me vaya con mi conciencia intranquila hoy a casa, pues yo sé que, con esta Proposición No de Ley que ha presentado mi Grupo, estamos prestando un gran servicio a nuestra Comunidad y estamos prestando un gran servicio a la transparencia, a la clarificación y al servicio público, en definitiva, que la Administración tiene que prestar. Usted me está manejando otra vez las cifras: doscientos cuarenta mil vehículos. Pongamos que en las ITVs públicas, de los doscientos cuarenta mil vehículos se pasan ¿cuántos?, ¿ciento ochenta? -tengo aquí datos, en el folleto-. Ciento ochenta mil, por mil pesetas, son 180.000.000 de pesetas, se traduzca como se traduzca, de beneficio, que habría que... -o de menos pérdidas; por tanto, beneficio-, que habría que dar a la gestión pública si se actualizasen las tasas al nivel de las ITVs que en estos momentos hay en manos privadas y que son, como usted conoce muy bien, minoritarias, que la inmensa mayoría de las líneas que actualmente funcionan en nuestra Comunidad Autónoma está en manos de la Junta de Castilla y León. Y nosotros lo que pretendemos es que esas ITVs públicas mejoren sustancialmente en su funcionamiento, tal y como propone el CDS también, y como proponemos nosotros; que se instaure, a lo mejor, el doble turno, para facilitar al usuario que pueda hacer sus inspecciones en los tiempos que mejor le convenga; incluso, que se instaure -eso sí que lo hice yo, señor Consejero- la llamada telefónica para reservar día y hora y, por tanto, no tener que hacer cola. Algo bueno hice, a lo mejor; no sé si usted ha hecho alguna cosa a mayores. Dejamos preparados, la Junta de Castilla y León, ya todos los expedientes y alguna estación informatizada, alguna estación informatizada. No sé si usted, en este tiempo, ha informatizado alguna más; no lo sé. Añadimos algunas líneas nuevas a poblaciones que lo necesitaban. No sé, no he visto en el Boletín Oficial que se haya hecho ninguna ampliación nueva desde ustedes. En fin, en definitiva, a lo mejor lo hicimos peor, pero, desde luego, nos cundió mucho más que lo que les ha cundido a ustedes en estos meses. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias.

Sometemos, pues, a votación la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la remisión a la Cámara de un programa de actuación en materia de inspecciones técnicas de vehículos, incorporando la Enmienda presentada por el Centro Democrático y Social.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias.

Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y nueve. A favor:cuarenta y cinco. En contra: uno. Abstenciones: treinta y tres. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa la remisión a la Cámara de un programa de actuación en materia de Inspecciones Técnicas de Vehículos, con la incorporación de la Enmienda presentada por el Centro Democrático y Social..., las dos Enmiendas del Centro Democrático y Social.

El señor Secretario procederá a dar lectura al sexto y último punto del Orden del Día.

Silencio, por favor.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Sexto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por los Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, D. Octavio Granado Martínez, D. Laurentino Fernández Merino y D. Virgilio Buiza Díez, relativa a creación de un órgano consultivo que actúe de manera coordinada con la Comisión regulada por el Decreto 286/1987, de diez de Diciembre".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Para presentar la Proposición No de Ley, puede hacer uso de la palabra uno de los Procuradores proponentes. Don Virgilio Buiza.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Señor Presidente, señoras, señores Procuradores. La Proposición No de Ley que me propongo defender aquí surge a raíz, precisamente, del Decreto de la Junta 286/1987, de diez de Diciembre, que origina la creación de la Comisión de Castilla y León para la recuperación y revitalización del Camino de Santiago. La realidad es que no tenemos nada que objetar a este Decreto que crea y regula esta Comisión; todo lo contrario: nos parece que ha sido una decisión acertada, sobre todo en un momento histórico en el que incluso el Consejo de Europa se ha pronunciado y se ha propuesto la revitalización de este itinerario que es el Camino de Santiago como Ruta Cultural Europea. Si tenemos en cuenta que para nuestra Comunidad, y para España en general, es de vital importancia, incluso como elemento aglutinador también de la unidad europea, como elemento histórico que no debemos desperdiciar, en consecuencia, lo que pretende esta Proposición No de Ley es complementar este Decreto, enriquecer este Decreto que crea esta Comisión y, en definitiva, impulsar, facilitar, motivar, permitir cauces de participación de todas aquellas instituciones, asociaciones, personas que con entusiasmo y con ilusión -en los últimos tiempos, sobre todo- han puesto de manifiesto su gran inquietud en el tema de la Ruta del Camino de Santiago.

Es por ello por lo que nuestra Proposición No de Ley lo que pretende, en definitiva, es que la Junta cree un órgano consultivo -y es importante resaltar esta función de consultivo-, que actúe de una forma coordinada con esta Comisión que regula el Decreto anteriormente citado (de mil novecientos ochenta y siete, de diez de Diciembre), y que en esta Comisión consultiva, aparte de tener la Junta, lógicamente, su representación, también haya un representante de las Diputaciones de aquellas provincias afectadas por esta Ruta, que serían Burgos, Palencia y León; un representante también por provincia de los Ayuntamientos afectados igualmente por el Camino de Santiago, y un representante por provincia de las asociaciones sin ánimo de lucro que se han constituido con el objeto de perseguir ese objetivo común que persigue -como dije antes- el Consejo de Europa, también la Junta de Castilla y León -al menos parece ponerlo de manifiesto con este Decreto- y estas asociaciones que, a nuestro juicio, debemos aplaudir por lo que implican de participación social de personas, muchas de ellas valiosas, con indudables conocimientos históricos, arqueológicos, etcétera, etcétera, y que, en definitiva, no pretende entorpecer labor alguna de la Administración, sino todo lo contrario: colaborar, incluso complementando la propia finalidad que el Decreto imputa a esta Comisión creada -a la Comisión creada con fecha diez de Diciembre-, en el sentido de impulsar iniciativas en este ámbito.

Nosotros creemos que esta Comisión, simplemente consultiva o asesora, puede cumplir un importante fin en el ámbito que se pretende, de revitalización de la Ruta del Camino de Santiago, y que al mismo tiempo cumple un fin en sí misma, en el sentido de permitir que Instituciones que también tienen algo que decir en este tema, como son Diputaciones, Ayuntamientos y asociaciones privadas formadas por ciudadanos, por individuos de múltiples funciones, situados en su vida personal o profesional en múltiples actividades, pero a los que les une la ilusión, el entusiasmo y a veces también amplios conocimientos y deseos de revitalizar esta Ruta y, por consiguiente, de aportar ideas, sugerencias y elaborar propuestas a los organismos correspondientes -en este caso, a la Comisión creada por el Decreto del diez de Diciembre.

Por consiguiente -y voy a terminar para no cansar a Sus Señorías, sobre todo a estas horas del debate-, lo que planteamos es, simplemente, permitir un cauce que facilite la participación de las instituciones, tanto públicas como privadas, interesadas en la revitalización del Camino de Santiago. Y que esto se haga, no desde una óptica -y eso tiene que quedar claro- de enfrentamiento contra nadie, sino de colaboración, aportando sugerencias, ideas, propuestas.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Nieto Noya, en nombre del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, como Grupo enmendante, tiene la palabra.

EL SEÑOR NIETO NOYA:

Muchas gracias, señor Presidente.

En el texto de la Proposición No de Ley que debatimos, no se hace más que una afirmación de la conveniencia de crear un órgano consultivo, pero no se da ninguna razón. Las razones que acaba de exponernos el Portavoz de los Procuradores proponentes tampoco han sido razones excesivamente consistentes que a nosotros nos obliguen a cambiar la postura con que veníamos a esta Cámara, a esta sesión, a la vista del texto de la Proposición No de Ley. Entendemos, como el proponente, que la Comisión está bien planteada en el Decreto, tanto en sus objetivos como en su composición y en los mecanismos de participación que arbitra. ¿Crear nuevos organismos de participación, organismos de consulta? Siempre es posible y siempre se puede obtener algún beneficio, alguna ayuda de estos organismos nuevos que se creen; pero, junto a las ayudas, a las ventajas posibles, habría también que contabilizar los nuevos posibles inconvenientes, y el principal inconveniente, para nosotros, en un caso como éste, sería hipertrofiar la burocracia sin que se aporten beneficios sensibles, porque todas las ayudas que pudieran venir de este órgano consultivo se pueden aportar directamente al funcionamiento previsto de la Comisión, sin multiplicar los instrumentos.

Es, pues, para nosotros, un órgano innecesario y, si es innecesario, no hay justificación alguna para crearlo; y, en el supuesto de que se crease, tenemos que pensar que algún tipo de complicación, algún tipo de perturbación añadiría.

¿Se trata de asegurar la participación de los poderes públicos locales -Diputaciones y Ayuntamientos- en las actividades de la Comisión o de las Ponencias? A nosotros nos parece de una lógica elemental que la Junta pensara principalmente en estas Corporaciones entre las entidades y organismos a invitar a las sesiones de la Comisión, porque son entidades que representan intereses sobre los que va a actuar la Comisión. Los asuntos que se traten en la Comisión siempre van a afectar a un municipio, siempre van a afectar a una provincia y, por lo tanto, también a las Corporaciones que representan al municipio y a la provincia.

Otra cosa es que tuvieran que estar necesariamente presentes tres representantes de todos los municipios, o tres representantes de las tres provincias que están afectadas por el Camino de Santiago, porque bien pudiera ocurrir que en sesiones de la Comisión se trataran asuntos que afectaran exclusivamente a un municipio y en los que no tuvieran nada que aportar, ni las demás provincias, ni los otros municipios en la misma provincia.

No se puede dudar, a priori, de que esta sea la voluntad de la Junta, que ha tenido la iniciativa de crear esta Comisión de coordinación y la iniciativa de comprometerse a contar con todas las ayudas, tanto de entidades y organizaciones, como de asociaciones o de expertos, de personas que tuvieran algo que aportar a las actuaciones de la Junta en torno a este itinerario de interés para la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las asociaciones que se pretende incorporar a ese órgano consultivo, y que se mencionan especialmente, y que a mí me parece que es lo que justifica, de alguna forma, el planteamiento de la Proposición No de Ley, las cosas ya no las vemos tan claras. ¿Han de ser sólo las asociaciones que tengan como fin específico la promoción cultural y recuperación del Camino de Santiago? Esta es una idea que ha surgido muy recientemente, y hay muchas asociaciones que están ocupadas de intereses culturales comprometidos en el Camino de Santiago, intereses históricos, que no tienen en sus objetivos, en sus fines estatutarios, señalado específicamente el tratamiento del Camino de Santiago, la rehabilitación del Camino de Santiago; y pueden aportar a las actividades, a las tareas de la Comisión, no menos que las que hayan podido crearse en este último par de años, o en el último año con esta finalidad específica, sin tratar de restarle ningún mérito, ningún interés, a la colaboración que pueden prestar estas mismas asociaciones. En cualquier caso, las asociaciones que tengan este fin específico habría que pensar, para contar con ellas, en qué aportaciones efectivas pueden hacer a los objetivos de la Comisión. Pero nosotros nos preguntamos: ¿por qué no otras que no tengan este fin específico señalado explícitamente en sus Estatutos, y, en cambio, lo contemplen entre los fines generales y puedan contribuir de la misma o con mayor eficacia..., de la misma manera o con mayor eficacia a los objetivos que tiene marcados la Comisión? Yo me pregunto por qué no contar con los centros de iniciativas turísticas que se sitúan en las provincias o en las localidades del Camino de Santiago. Me pregunto por qué no contar con las organizaciones empresariales en el ramo de la hostelería, que van a tener algo que decir para la revitalización del Camino de Santiago. Me pregunto por qué no contar con las Cámaras de Comercio; por qué no contar, por ejemplo, con la Comisión del Patrimonio de la Iglesia, que también tendrá algo que decir en la revitalización y en la conservación de los monumentos histórico-artísticos del Camino de Santiago, que tiene relación, fundamentalmente, con una motivación de tipo religioso. Y podíamos añadir, tal vez, un largo etcétera si repasáramos todo el listado de las asociaciones culturales que tienen intereses próximos o que interfieren con los objetivos de esta Comisión que ha creado la Junta por Decreto.

Los proponentes supongo que sabrán a qué obedece esta limitación de la participación a unas asociaciones que señalen específicamente el Camino de Santiago entre sus fines, con la consiguiente exclusión de todas las demás, porque ni siquiera abren la posible participación de otras asociaciones; las limitan, justamente, a las que han establecido entre sus fines la rehabilitación cultural del Camino de Santiago.

Nosotros, en este punto, sólo podríamos adivinar cuál sea este propósito. El Portavoz de los proponentes no nos lo ha explicitado, pero creo que podríamos eliminarlo y, probablemente, no correríamos demasiado riesgo de equivocarnos.

Pero yo, al hilo de esta cuestión, quisiera hacer un apunte sobre algo que a mí me empieza a preocupar, y es que me parece advertir un cierto deseo -no sé si en todos los casos consciente o no- de gobernar desde las Cortes, invadiendo ámbitos que son propios del Ejecutivo, descendiendo en las iniciativas que aquí se traen, en muchas iniciativas, a detalles que no corresponden a esta Cámara. Esta Proposición es uno más entre los ya varios ejemplos que podría citar que pienso que no contribuyen a prestigiar la Institución. Una cosa es, desde mi punto de vista, impulsar la acción de gobierno, estimularla y, por supuesto, ejercer la crítica y el control parlamentario, y otra cosa muy diferente entiendo que es el excederse en el planteamiento de cuestiones que son excesivamente concretas y que corresponden y hay que dejar a la responsabilidad del Ejecutivo, llegando, incluso, a señalarle poco menos que nominalmente, en un caso como este, las personas a las que tiene que consultar.

Pero volviendo... dicho esto y volviendo al asunto de la Proposición, para nosotros el Decreto de diez de Diciembre es suficiente y el órgano consultivo que se pretende crear es innecesario. Y esto es lo importante que hoy debatimos aquí. Ahora bien, presentada la iniciativa y asumiendo la voluntad de colaboración que la anima -voluntad que, por supuesto, no negamos, y menos a priori-, hemos presentado nosotros una Enmienda de sustitución, en el sentido de que el Presidente de la Comisión se vea obligado a contar con los Ayuntamientos y con las Diputaciones afectados por los asuntos que se vayan a tratar en las sesiones de la Comisión, o, en su caso, de las Ponencias, superando la mera posibilidad de invitación que se contempla en el texto del Decreto; sin dejar de estar, por supuesto, convencidos de que éste era el propósito de la Junta y también del Presidente de la Comisión, y de que así lo van a hacer, con independencia de lo que esta Cámara decida.

En cuanto a otras entidades, en nuestra Enmienda..., o representaciones, en nuestra Enmienda, nosotros dejamos al buen criterio de la Comisión y de su Presidente, y al deseo de atender las necesidades e intereses de la Comunidad, que les dicte con cuáles y en qué medida deben contar. Deseo, buen deseo de contar, con las instituciones, con las entidades, asociaciones que aporten algo importante a estos intereses de la Comunidad, del que tampoco podemos dudar, a priori, en este momento.

Por todo ello, nosotros invitamos a los proponentes a que acepten nuestra Enmienda; con lo cual, de alguna forma, nos situamos en la línea de los objetivos que ellos pretenden constituir, pero no aumentamos burocracia, no aumentamos complicación administrativa, que en vez de venir a beneficiar los intereses que trata de defender la Comisión, vendría a complicarlos.

Me permito apuntarle que estas iniciativas de colaboración surgirán, sin duda, por sí mismas, y acabo de tener noticia de que ya hay alguna conexión, por ejemplo, de Diputaciones Provinciales a través de las provincias por las que pasa el Camino de Santiago que se han comprometido a tener una primera reunión, para empezar a conjugar los posibles intereses y hacerle aportaciones y ofertas a la Comisión, sin necesidad de andar creando organismos nuevos en los que estén las Diputaciones Provinciales, que desde sus propios organismos -y lo mismo podríamos decir de los Municipios, y lo mismo podríamos decir de las demás Instituciones posiblemente interesadas-, que desde su propia actividad, pueden generar mecanismos de comunicación con la Comisión, en la seguridad de que la Comisión va a acoger todas las ayudas que se le presten en beneficio de la Comunidad.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Nieto Noya. Para fijar posiciones los Grupos no enmendantes, tiene la palabra, en primer lugar, el representante del Grupo Mixto, señor de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Gracias, señor Presidente. Para fijar posición en relación con la Proposición No de Ley número 22, presentada por el Grupo Socialista Obrero Español, que tiene como pretensión el que la Junta de Castilla y León cree un órgano consultivo que actúe de manera coordinada con la Comisión regulada por el Decreto 286/1987, de diez de Diciembre, y que en dicho órgano, además de la Junta de Castilla y León, haya una serie de representantes de las Diputaciones Provinciales, de los Ayuntamientos, de las Diputaciones Provinciales de las provincias por las que transcurre el Camino de Santiago y de los Ayuntamientos recorridos también por dicho Camino, y un representante por provincia de las asociaciones o entidades que tengan el fin específico de promocionar este... y recuperar este Camino.

Se ha admitido por el Grupo proponente que el Decreto estaba bien y que la pretensión era de enriquecer, pues, aunando esfuerzo de otra serie de Instituciones, incorporando personas que puedan tener interés en el tema, que puedan tener ilusión, y que, incluso, por su conocimientos técnicos, puedan aportar incluso soluciones técnicas a esa rehabilitación pretendida y potenciación del denominado Camino de Santiago.

Nosotros, con toda sencillez y con toda claridad, como pretendemos hacerlo siempre, aunque a veces no lo consigamos, somos partidarios de la rehabilitación del Camino de Santiago, e incluso dijimos que políticamente era bueno el establecer una partida específica para que eso demostrara la voluntad política de la Cámara, en los Presupuestos, de que era un objetivo importante y prioritario en la acción de Gobierno de la Comunidad. Y entendemos, y lo decimos con toda sinceridad, que esta nueva Proposición de Ley no va a enriquecer, sino que, a nuestro juicio, sinceramente, creemos que va a entorpecer. Creemos que va a entorpecer lo que se pretende con el Decreto, que es informar sobre programas sectoriales, cauce con otras Administraciones. Y queda bien claro, en sus apartados..., en su artículo 3, apartado 2, que podrán asistir, invitados por el Presidente, representantes de entidades y organismos cuando se trate de temas que les afecten, así como expertos; y en el artículo 4 dice también que se podrán constituir ponencias formadas por miembros de las mismas, por funcionarios con categoría de jefes de servicio de las Direcciones Generales representadas en la Comisión. A las reuniones de las Ponencias podrán convocarse representantes de entidades y organismos, así como expertos. Es decir, que la filosofía de la Proposición No de Ley está asumida ya en el propio Decreto, y mucho más después de la Enmienda planteada por el Grupo de Alianza Popular.

Creemos que va a entorpecer. Y, miren ustedes, va a entorpecer por una razón, porque lo primero que nos vamos a plantear es cómo se hace la elección de ese único representante. Cuando se trate de asociaciones y haya varias asociaciones culturales, ¿quién va a ser el representante de esas asociaciones? ¿Cómo se va a hacer esa elección? ¿Eso va a crear, efectivamente, va a impulsar y va a enriquecer, o va a generar una dinámica de confrontación, de enfrentamientos, de problemática interna en cuanto a la elección de estos representantes?

Naturalmente, es más sencillo en cuanto a las Instituciones, porque la voluntad de esas Instituciones se manifiesta por acuerdos mayoritarios establecidos en sus Plenos, y eso, quizá, no plantee problemas.

Yo creo, sinceramente, el Partido Demócrata Popular, la Democracia Cristiana, cree, para fijar su posición... No, no es la Democracia Cristiana, como ningún otro partido, un tema para tomárselo a risa; creemos que es una cuestión seria, aunque realmente reconozcamos que en este Parlamento y en el conjunto de las fuerzas políticas somos una fuerza minoritaria, que aspiramos a crecer cada día más, pero que va a depender de la voluntad de los españoles. Y, por lo tanto, con el mismo respeto que nosotros entendemos de todas las fuerzas políticas, entendemos también éste. Y, continuando, creemos, con sinceridad, que no va a mejorar el Decreto que ya existe esta Proposición No de Ley y por eso nosotros -y más si se incorpora la Enmienda planteada por Alianza Popular, que de alguna manera sí que recoge unos representantes fáciles de aglutinar y de participar directamente sin problemas- la votaríamos a favor si se recoge; y, si no, no podríamos asumirla y la votaríamos en contra.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor de las Heras. En nombre del Grupo de Centro Democrático y Social, don Juan Durán tiene la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente. Señorías. En este país, cuando hay alguna anécdota referida a la Administración o a la política, yo no sé si con razón o sin ella, suele achacársele siempre a dicho del Conde de Romanones. Siempre. Yo personalmente creo que el Conde de Romanones no dijo nunca tantas cosas, ni tan ingeniosas cosas. Pero hay una que dicen que dijo el Conde de Romanones que viene bastante a cuento de la situación que aquí se plantea. Dicen que dijo el Conde de Romanones lo siguiente: "Cuando quiero hacer una cosa, la hago; cuando quiero que no se haga, convoco una Comisión". Y esto es bastante acertado. La operatividad de las Comisiones es frecuentemente dudosa; mucho más dudosa, o doblemente dudosa, lo será cuando sobre un mismo asunto incide más de una Comisión.

Yo no discuto, en modo alguno, el buen propósito del Partido Socialista al presentar su Enmienda. Es bueno el propósito, es excelente la intención, porque tengo que reconocer que en el Decreto que regula la composición de esta Comisión, elaborado como es lógico por la Junta de Castilla y León, se hace notar la presencia específica en esa Comisión de representantes de las Administraciones Locales afectadas por el Camino de Santiago; pero duda mucho mi Partido de que la solución pudiera consistir en crear esa Comisión consultiva, constituida, cuando menos, por seis miembros, que en la práctica se convertiría en una Comisión paralela, fuente de frecuentes interferencias, conflictos, disfunciones, entre ambas Comisiones. Mucho más lógico sería que, dentro de la Comisión creada por el Decreto de la Junta, se hiciera la oportuna previsión, constara la oportuna previsión, no ocasional y temporal, sino específicamente incluida en ella, de representantes de la Administración Local, a nuestro juicio, seleccionados, o designados -perdón- por la Federación Española de Municipios y Provincias, o la Federación Nacional de Municipios y Provincias, como parece ser el nombre exactamente correcto.

Consecuentemente, la posición de nuestro Grupo Parlamentario sobre este asunto va a ser la de rechazar la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista, por considerarla, de alguna manera, inoperante, redundante; y la de solicitar a la Junta de Castilla y León la inclusión o la modificación del Decreto regulador de esta Comisión, con una representación específica de entidades locales designadas al efecto por la Federación Nacional de Municipios y Provincias.

Nada más y muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Durán. El señor Buiza puede hacer uso de la palabra...

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Perdón, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Un segundo el señor Consejero. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Primero quiero agradecer que por una vez se haya reconocido que ha sido una buena iniciativa de la Junta la creación de la Comisión del Camino de Santiago. En segundo lugar, hacer ver que, si se cortó, es que por algún sitio había que cortar la composición; porque entendemos que las composiciones muy amplias son poco operativas y, por lo tanto, decidimos que había que llegar hasta un nivel de representación. En tercer lugar, que el criterio -y así estaba plasmado en el Decreto- era llamar a los interesados en cada uno de los temas, fueran representantes de las Diputaciones, de los Ayuntamientos, asociaciones de Amigos de Santiago, o cualquier otro organismo. En cuarto lugar, que precisamente ésa es la postura que estamos manteniendo en ésa y en otras muchas actividades: crear o abrir diálogos permanentes con los estamentos o los grupos sociales interesados en cada uno de los temas competencia de la Consejería. En quinto lugar, que, con todos mis respetos, Señoría, de poco sirven las Comisiones consultoras, y para mí sería muy fácil aceptarla como tal, porque lo que se me obliga es a crear la Comisión, pero en modo alguno a reunirla después. Mire, Señoría, yo me he encontrado..., tengo -porque no las he suprimido todavía- en la Consejería de Educación y Cultura siete Comisiones asesoras distintas, creadas, aparecidas en el Boletín, de las cuales tres celebraron la reunión de constitución y las otras cuatro ni siquiera eso. Es decir, no se trata de crear Comisiones, sino de que los organismos funcionen.

No obstante, para dejar claro que no tratamos de excluir, la Junta no tiene inconveniente en aceptar la incorporación de un representante de los Municipios a través de los cuales atraviesa el Camino de Santiago y que este representante sea propuesto, precisamente, por la Federación Regional de Municipios y provincias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Don Virgilio Buiza.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Señor Presidente. Bien. Sin mucha voluntad, o al menos convencimiento, de sacar adelante esta Proposición No de Ley, no obstante sí quiero intervenir para hacer algunas matizaciones. Y, sobre todo, me sorprende la intervención del señor Nieto Noya, un tanto virulenta, a mi juicio, incluso imputando ideas ocultas o cuestiones ocultas a mi Grupo que en absoluto existen, y yo, por simple curiosidad, me hubiera gustado conocer cuál es su idea de esa posible intención oculta. Nosotros hemos pretendido, lisa y llanamente, una cosa, y es hacer que en todo tipo de actuaciones, de actividades, participen -como es, por otra parte, normal y lógico en un estado democrático- todas aquellas instituciones, incluso individuos, personas, que por sus inquietudes personales tengan esa voluntad de participar, cada uno a su nivel.

Y aquí se ha hablado de que no hay razones. Si las razones son tan simples y tan elementales que casi no hace falta ni enumerarlas. Es, simplemente, abrir un camino para que aquella institución, pública o privada, o aquel grupo de ciudadanos que lo desee pueda recorrerlo, lisa y llanamente, y no que el ciudadano espere a ver y a depender de la bondad del poder constituido en cada momento, a ver a quién llaman a consulta, a ver a quién preguntan; sino todo lo contrario, la iniciativa que parta de abajo hacía arriba y que sea el ciudadano el que voluntariamente se asocia. Y a algunos de ustedes les sorprendería muy mucho asistir a asambleas que celebran estas asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, por su entusiamo y por su número, y simplemente es darles esa opción de que opinen. Porque es que, además, en esta Proposición No de Ley no se les daba más competencias; no tenía ninguna función ejecutiva y de exigencia; simplemente, se les daba la voz para que lo expusiesen. Y dudo mucho que una Comisión de este tipo, consultiva, burocratizase mucho las cosas y complicase mucho el funcionamiento, en su caso, de los órganos de coordinación o de los órganos ejecutivos que, en su caso, la Junta organizase, como el que ha organizado; lo dudo mucho. No comparto tampoco el criterio del señor Consejero que dice que, bueno, las comisiones se crean para no funcionar. Bueno, en primer lugar, dependerá también de las personas que formen parte de esas comisiones, que tendrán, me imagino, un presidente y tendrán incluso un reglamento de funcionamiento; que a veces no funcionan porque los miembros que la forman, o están en muchas comisiones, o tienen pocas ganas. Pero no es argumento esencial de peso para ello.

En cuanto al señor Nieto Noya, me sorprende también que diga que acusa a estas Cortes de ejercer atribuciones que no le son propias. Mire usted, señor Nieto Noya, en esta Proposición No de Ley nosotros, que yo sepa, no planteamos la creación de ninguna comisión con poder ejecutivo, sino todo lo contrario; nosotros, como representantes del pueblo de Castilla y León, planteamos abrir un camino para que el ciudadano de a pie -que es donde, por lo visto, están las reticencias- pueda participar, pueda escuchársele su voz. Porque, simplemente, sólo se pide eso; no tiene otra función.

Naturalmente que, desvirtuando un poco ese argumento, usted me decía que, bueno, que por qué no podían participar los centros de iniciativas y turismo y no sé cuántas asociaciones más. Hombre, usted tiene razón; es que, rizando el rizo, se puede llegar al absurdo. Aquí podrían participar -porque algo tendrán que ver también con el Camino de Santiago-, pues, algún club de toreros, posiblemente, porque alguna relación tendría. Pero, si somos serios, lo que es lógico es que, cuando una asociación se constituye con un único y exclusivo fin, que es potenciar esta ruta del Camino de Santiago, estará, desde luego, más legitimada que ninguna otra para poder plantear, abrir esta vía de comunicación con ellas, sin perjuicio de que quizá otras tuviesen también merecimientos suficientes para participar; pero no se utilice esto como un argumento que desvirtúe lo primero.

Y en cuanto a la posición del Centro Democrático y Social, posiblemente, en este tema, pues, quizá no estemos de acuerdo; lo que pasa es que yo sí que creo que ahí se van a dar, posiblemente, esas circunstancias de burocratizar y de complicar más las cosas al ampliar en esta Comisión, ya creada por el Decreto de la Junta, pues, ampliarla con nuevos miembros. Ahí es donde puede surgir una Comisión demasiado amplia. Porque la Comisión que nosotros planteamos en nuestra Proposición No de Ley tendría su funcionamiento autónomo que establecería los suficientes contactos con la Comisión creada... coordinadora creada por la Junta y que no tendría por qué reunirse simultáneamente y mutuamente ambas comisiones en conjunto. Lo que plantea el CDS, posiblemente, sí complique más ese tema. Nosotros, cuando llegue el momento de plantear esa cuestión, posiblemente, estemos hasta de acuerdo, porque es dar un mayor protagonismo todavía. Pero no sé si los argumentos que se han utilizado para no aceptar nuestra Proposición No de Ley no serán contradictorios en este tema.

Y, bueno, como sé que no voy a convencer, por muchos argumentos que dé, al que no quiera dejarse convencer, no voy a extenderme más. Simplemente, decir que, en carta dirigida a mi Grupo por la coordinadora nacional de asociaciones españolas de Amigos del Camino de Santiago, de fecha doce de este mismo mes de Febrero, dicen, entre otras cosas, estas asociaciones de Amigos del Camino de Santiago: "Esta Coordinadora Nacional, reunida el pasado día seis y siete en Carrión de los Condes, acordó dirigirse a ese Grupo Parlamentario agradeciéndoles tal Proposición, por entender que dicho órgano consultivo puede ser beneficioso para el proyecto de revitalización del Camino de Santiago", que, en definitiva, es lo que se pretende, conseguir este objetivo. Nosotros hemos puesto la voluntad y la intención. No ha sido posible; pues bien, esperemos que las posiciones alternativas a la nuestra consigan también este fin, que es el de revitalizar el Camino de Santiago.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Sí. Ruego al señor Procurador proponente que nos indique si acepta o no, digamos, el texto alternativo de la Enmienda propuesta.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias.

Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista don Octavio Granado, don Laurentino Fernández Merino y don Virgilio Buiza Diez, relativa a creación de un órgano consultivo que actúe de manera coordinada con la Comisión regulada por el Decreto 286/1987, de diez de Diciembre.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Abstenciones, ninguna.

El resultado de la votación es el siguiente: setenta y cinco votos emitidos, veintiséis a favor, cuarenta y nueve en contra, cero abstenciones. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista don Octavio Granado, don Laurentino Fernández y don Virgilio Buiza, relativa a la creación de un órgano consultivo de manera coordinada con la Comisión regulada por el Decreto 286/1987.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levantó la sesión a las veintiuna horas cincuenta minutos).