DS(P) nº 18/2 del 11/3/1988

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Señor Presidente, Señorías. La Proposición No de Ley que presenta el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, relativa a que las Cortes de Castilla y León tengan conocimiento de los convenios, de todos los convenios y fundamentalmente de aquellos con repercusiones económicas en nuestra Comunidad, creo que es una Proposición No de Ley que mi Grupo calificaría de técnica, ya que no hay en ella ningún matiz de tipo político, y por eso esperamos que la misma sea aprobada en esta Cámara por todos los Grupos Políticos en ella representados.

Como Sus Señorías conocen, las dos principales funciones que realizan estas Cortes son la legislativa -por desgracia, bastante escasa al no tener esta Comunidad las transferencias necesarias para que esta actividad sea lo suficientemente importante-, y la otra, el control del Ejecutivo, y es donde esta Cámara puede y debe tener mayor protagonismo. Pero, para poder ejercer adecuadamente ese control se necesitan los datos imprescindibles para poder realizarlo; de ahí esta Proposición No de Ley, que se presenta con un sólo, pero importante objetivo: el servir mejor a los intereses de nuestra Comunidad y de su gente, y nunca con el fin de entorpecer o no dejar trabajar al Ejecutivo.

Señorías, el artículo 5 de nuestra Ley de Hacienda nos dice en su apartado 1 que "la programación del gasto público, mediante la asignación equitativa de los recursos y su ejecución, responderá a los criterios de transparencia, eficacia y economía, con el objeto de hacer efectivo el principio de solidaridad y velando por el establecimiento de un equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del territorio de la Comunidad". Son estos criterios, y el de transparencia en especial, sobre los que el Grupo Parlamentario del CDS quiere hacer también hincapié.

Creemos que tanto las Cortes, como órgano que representa a todos los ciudadanos de Castilla y León, así como los mismos ciudadanos, deben saber más cada día de las actuaciones de la Junta y de la labor que realiza, a fin de estar más integrados en nuestra Comunidad y hacer, consecuentemente, región.

El artículo 157, también de la Ley de Hacienda, nos dice que "la Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma deberá ser aprobada por las Cortes de Castilla y León". Pues bien, si nosotros queremos hacer un seguimiento riguroso y aplicar correctamente lo que nos dice este artículo, es evidente que tenemos que tener información; por eso, también, presenta el Grupo Parlamentario del CDS esta Proposición No de Ley.

Aunque no tenemos noticia exacta de ello, el CDS estima que la Junta de Castilla y León, tanto la actual como la anterior, han suscrito múltiples y variados convenios, algunos de ellos de contenido económico importante, con las distintas Administraciones -la Central, Provincial, Local- e incluso con instituciones privadas, siendo tal su número que es posible que hasta los propios Consejeros no conozcan todos y cada uno de ellos en profundidad. Por eso en nuestra Proposición No de Ley hablamos de la creación de un libro registro en el que se inscriban los mismos y todas las incidencias que estos sufran a lo largo de su período de vigencia. Con ese conocimiento por parte de todos, se evitaría el que ocurran cosas como la que voy a explicar a continuación. En una de las Comisiones de análisis de los presupuestos para el año ochenta y ocho, uno de los Procuradores de estas Cortes le indicó al Consejero correspondiente la poca dotación que tenía la partida presupuestaria dedicada a regadíos; fue contestado por el Consejero que la preocupación no era tan grave, puesto que existía un convenio con el IRYDA mediante el cual se iban a invertir en nuestra Comunidad, aproximadamente, 3.000.000.000 de pesetas. Esta pregunta y otras serían ociosas si las Cortes tuvieran la adecuada información.

El mismo desconocimiento tenemos de los fondos europeos que inciden, o deberían de incidir, de una manera fundamental en nuestra economía, aunque algunos vienen reflejados en los presupuestos, (los ligados, por ejemplo, al Fondo de Compensación Interterritorial); pero de otros tenemos una falta de información total.

Poco a poco y como podemos, que no es fácil, nos vamos enterando que hay convenios con el IRYDA por valor de 3.000.000.000 de pesetas; con el ICONA, de 500.000.000; con el INEM, Diputaciones, etcétera, sin que sepamos nada sobre las condiciones de los mismos, y, si bien es cierto que algunos se encuentra publicados, se ignora su dotación. Muchos de esos convenios, además, en cuanto a sus cláusulas y dotaciones, reflejan el estado de relación entre la Administración Autonómica y la Administración Central, fundamentalmente, y puede ser la vía de control de la primera por la segunda, a la vez que sirven, si no se objetivan adecuadamente, para distribuir fondos estatales de forma subjetiva.

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Pero yo iría aún más lejos de lo que expone esta Proposición No de Ley. Creo sinceramente que en el próximo anteproyecto de Ley de Presupuestos debe ir un anexo en el que se recojan todos los convenios que tiene la Junta con otras instituciones o personas, ya sean públicas o privadas, con indicación de la repercusión que van a tener los mismos en el año. Creo que así la documentación de los presupuestos será más completa, ayudándonos también a la mejor comprensión de los mismos. Asimismo, deberá completarse esta información con todo lo referente a los fondos europeos: Fondo Social Europeo, FEOGA orientación y garantía.

Esta propuesta la hacemos para que la Junta tome nota de ella; si no, el CDS adoptaría la iniciativa parlamentaria correspondiente.

Quiero, por otra parte, anticiparme a lo que se me puede contestar después, argumentando que en el artículo 7.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León se contempla la posibilidad de recabar información de la Administración regional. Pero creemos que esta Proposición No de Ley lo que intenta es normalizar, o hacer corriente, un proceso de información y de registrar o hacer un inventario del mismo para saber dónde nos movemos.

Por último, creo que a la Junta le vendrá bien tener al día ese inventario, para conocer mejor sus compromisos.

Espero que, por las razones dadas anteriormente, Sus Señorías voten favorablemente a esta Proposición No de Ley que presenta el Grupo de Centro Democrático y Social. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Habiéndose presentado por parte del Grupo Parlamentario de Alianza Popular una Enmienda, tiene la palabra el Portavoz de... don Vicente Bosque, en nombre del Grupo enmendante.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente, Señorías. Mi Grupo ha recogido con verdadero interés el verdadero sentido de esta Proposición No de Ley, a la que vamos a dar una respuesta adecuada a las circunstancias que en ella concurren. Pero no quiero dejar de hacer unas palabras de reconocimiento a nuestro compañero Monforte, que ha defendido el contenido de la misma. Bien es verdad que ha utilizado argumentos que realmente no tenían directa relación con el tema, pero sí..., no cabe la menor duda que ha hecho constar algunas circunstancias que ya habíamos contemplado nosotros.

Entendemos perfectamente la generosidad de la Mesa al haber calificado positivamente esta Proposición No de Ley, que podría haber tenido otra forma y otro trámite parlamentario, como podría haber sido, perfectamente, la utilización del artículo a que hacía referencia el señor Monforte, o el artículo 44, a través de la Comisión correspondiente. La petición de documentación es un derecho que está garantizado por el Reglamento a todos los Procuradores de estas Cortes y también las Comisiones están en condiciones de decidir por sí mismas la petición de cualquier clase de documentación o de información, tanto a la Administración regional como a las Administraciones públicas en general, siempre y cuando estén relacionadas con problemas que afecten a los intereses castellano-leoneses. No se ha querido hacer así; se ha querido plantear un tema..., este tema a través de una Proposición No de Ley, para darle, seguramente, la importancia que puede derivarse de los posibles contenidos de los innumerables convenios que están firmados por la Junta de Castilla y León. Vamos a aceptar esta situación de Proposición No de Ley y vamos a encararla en lo que tiene de valor como consecuencia de la aplicación del principio de control del Ejecutivo por parte de esta Cámara.

No cabe la menor duda que el conocimiento de los acuerdos que por parte de nuestro Gobierno regional se estén planteando de manera constante, tanto hacia arriba con otras Administraciones de nivel central, como hacia a las Administraciones territoriales propias -Diputaciones y Ayuntamientos-, es de gran importancia, porque gran parte de la política que puede realizarse ha de hacerse a través de las mismas. El conocimiento de los convenios, por tanto, puede ser importante; es una materia que es legítimo que pueda, y deba, y quiera ser controlada por estas Cortes, y, desde este punto de vista, nosotros aceptamos este planteamiento, aunque hemos presentado unas Enmiendas, una Enmienda a dos puntos -primero y tercero- de la Proposición que ha sido presentada por el CDS, por parecernos que, seguramente, por la urgencia o por las prisas en presentar cierta documentación, han podido cometerse algunas pequeñas desconsideraciones hacia lo que es una Administración pública. Creemos que con la Proposición, con la Enmienda a la Proposición No de Ley que hemos presentado, si es aceptada por el Grupo del CDS, quedan eliminados estos pequeños inconvenientes y, por lo tanto, podrá ser aceptada por todos los Grupos de esta Cámara.

No cabe la menor duda que el tema de los convenios es tan importante como que el número de los mismos, en estos instantes, pues, debe estar alrededor de los doscientos, aproximadamente; convenios entre todas y cada una de las Consejerías, con todas las distintas Administraciones públicas que hemos indicado anteriormente. Un número tan elevado de convenios no cabe la menor duda que requiere una gran documentación, y esta gran documentación es necesario que se disponga del tiempo preciso para prepararla y poderla enviar. Esa es la razón de que, al mes que se pedía por el CDS para el envío de la documentación correspondiente, pues, se haya ampliado, por nuestra parte, en la Enmienda a dos meses, que nos parece que es un plazo prudencial y que aún así va a ser un plazo estrecho, repito, por el elevadísimo número de convenios que hay firmados en estos momentos.

El registro de convenios es absolutamente necesario, y ese registro de convenios, pues, ya fue comenzado a principio de esta segunda Legislatura, pero con aquellos convenios que se estaban iniciando y que se han realizado desde esa fecha hasta este momento. El resto de los convenios, los anteriores, están siendo recogidos, localizados y clasificados para que puedan tener el debido cumplimiento, ya que muchos de ellos no han tenido realmente ninguna vigencia ni virtualidad, no han sido, prácticamente, aplicados y también a veces resulta hasta difícil encontrar el propio texto vigente, en estos momentos, que se refiera a los mismos.

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Por todo ello, nuestras Enmiendas creo que recogen los deseos del CDS; de alguna manera, corrigen algunos de los pequeños problemas que podía presentar el texto de la Proposición No de Ley, y ofrecen a todos los Grupos representados en esta Cámara la oportunidad de controlar adecuadamente materia tan importante como es ésta de los convenios.

Por todo ello, nosotros indicamos al CDS que contemple favorablemente las Enmiendas presentadas y que, si esto ocurriera, nosotros votaríamos favorablemente esta Proposición No de Ley, que creemos constructiva.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Pasamos, a continuación, a la fijación de posiciones por parte de los distintos Grupos no enmendantes, comenzando por el representante del Grupo Mixto, don Rafael de las Heras, que puede hacer uso de la palabra.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente. Señorías. Para fijar la posición de la Democracia Cristiana en relación con la Proposición No de Ley 24-I del Centro Democrático y Social, para el conocimiento de las Cortes sobre convenios firmados por la Junta de Castilla y León.

Tengo que decirle, señor Monforte, señor Portavoz del CDS, que nosotros compartimos su criterio de la necesidad del control del Ejecutivo por el Legislativo, en definitiva, del control de esta Cámara del Gobierno, y que cualquier mecanismo es bueno para que ese control cada día sea más eficaz, cada día se pueda hacer mejor. Pero creemos -como ya se ha dicho aquí y como ya se anticipaba el Portavoz a señalar, porque evidentemente es, dijéramos, una laguna de su Proposición No de Ley- que el Gobierno falta a la obligación de informar; no cabe decir esto cuando este Parlamento, esta Cámara, Organismos determinados de esta Cámara, los Grupos Parlamentarios, los Procuradores de manera individual tienen la capacidad y los instrumentos necesarios para tener toda la información que crean oportuna.

Y hace en su Proposición No de Ley tres propuestas. Una, la primera de ellas, que por la Junta de Castilla y León se dé cuenta a las Cortes, en el plazo de un mes, de todos los convenios que se encuentren en vigor actualmente, mediante el envío de una copia autenticada de cada uno de ellos, con indicación de sus contenidos y de las variaciones que hayan podido tener lugar. La verdad es que a nosotros nos parece excesivo el envío de una copia, y nada menos que autenticada, con lo que vamos a obligar al martirio... No sé quién tendría que hacer esa autenticación, si... quién es el fedatario general público del Gobierno de la Junta, si el Presidente, si el Vicepresidente de la Junta; no lo sé. Pero, desde luego, iba a tener que hacer un esfuerzo enorme de revisar todos esos convenios para dar fe de la autenticidad de esas, cuando, naturalmente, tenemos que presumir que el envío de una fotocopia por parte del Gobierno, por parte de la Junta, pues es un documento, realmente, que corresponde a la realidad. Y esto es así porque usted mismo afirma, en su Proposición de Ley, en el apartado segundo, que, una vez aprobada la Proposición No de Ley, se envíe sencillamente una copia de los convenios, y ya entonces no hace falta la autentificación. Realmente, no entendemos por qué en un caso sí y por qué en el otro caso no. Como son cientos -yo puedo decirle incluso que tengo echado un tanteo que puede andar del orden de los más de trescientos convenios en estos momentos-, pues, la verdad que es un tema que nos parece realmente excesivo y, de alguna manera, contradictorio entre la parte primera y la parte segunda.

Y en la parte dispositiva tercera dice que se habilite un libro registro. Yo, la verdad, creo que no deberíamos de obligar a la Administración a habilitar un libro, porque, entendido como tal, sería el clásico libro encuadernado, foliado, sellado, con las hojas con su número de registro, y con la inevitable necesidad de esas operaciones hacerlas de manera manual. Yo diría que hay que hacer un registro en cada una de las Consejerías -que no sé si cuentan todas ellas con elementos informáticos suficientes-, para que se dé entrada, se dé entrada a un número de registro a todos los convenios; se diga, de una forma resumida, qué autoridades firman esos convenios; se señale, de una forma resumida, el contenido de los objetivos de ese convenio; se señale, asimismo, el contenido económico y se señale, por otra parte, la vigencia de ese convenio. Y eso, informatizado y resumido, debería de constituir el registro de cada... de la Comunidad Autónoma de los convenios que se firmen. Porque, de esa forma, sería muy fácil trasladarse entre Consejerías los distintos convenios, porque a veces afectan a varias, impulsar y controlar el seguimiento de esos convenios y, sobre todo, nos sería mucho más fácil a los Grupos Parlamentarios hacer el seguimiento y el control con ese sistema simplificado, que no enviándonos un mamotreto así de documentos que, prácticamente, hacen imposible su lectura. Por eso tampoco podemos compartir, aunque dulcifica en alguna medida la Proposición No de Ley ampliando a dos meses el plazo en su parte dispositiva primera, la Enmienda de Alianza Popular, que también la dulcifica en cuanto a que no necesita la autentificación de los documentos, e insiste en el defecto de crear, desde nuestro punto de vista, un libro. Como nosotros compartimos, desde luego, el fondo y el fondo operativo de su propuesta, pero no la forma y los resultados que a través de esta forma que ustedes proponen se van a obtener, ni tampoco compartimos totalmente la Enmienda de Alianza Popular, el Grupo de la Democracia Cristiana se va a abstener en esta Proposición No de Ley. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de las Heras. En nombre de... para la fijación de posiciones del último Grupo no enmendante, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Socialista sobre la presente Proposición No de Ley, relativa al conocimiento de las Cortes de Castilla y León de los convenios firmados por la Junta. Yo creo que llegamos a este momento del debate, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, sin saber, realmente, cuál es la postura del Grupo proponente en relación con las Enmiendas presentadas y, por lo tanto, manteniendo una incertidumbre en cuanto a las intenciones finales de voto.

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Por nuestra parte creemos que esta Proposición tiene un interés muy, muy relativo. No aporta nada en cuanto al control de la actividad política del Ejecutivo; más bien, introduce un control de tipo administrativista, burocratiza en cierta manera el papel que debe jugar el Parlamento y también -y debe reconocerse- obliga a la Administración a centrarse en actividades de dudosa utilidad. Y esto no debe entenderse que sea porque los convenios no tengan trascendencia; pueden tenerla, y mucha. Incluso el propio Estatuto, en su artículo 30, determina los supuestos en los que son las propias Cortes Generales del Estado las que deben autorizar o conocer los convenios o acuerdos de cooperación -que se precisan y se diferencian cosas distintas- con otras Comunidades Autónomas. Pero esa técnica de jerarquizar la importancia de los convenios imponiendo condiciones especiales para algunos en cuanto a su aprobación o en cuanto a su conocimiento aquí es, probablemente, lo que había que estudiar con seriedad. Decir, como se dice, que se dé cuenta a las Cortes de todos los convenios creemos que es algo que carece de rigor. ¿Qué ocurriría si ahora se firmaran protocolos, acuerdos de cooperación?, ¿a eso ya no habría que dar conocimiento? Yo creo que esto necesita desarrollarse de otra manera. ¿Son acaso, además, los convenios -dicho así de vagamente- tan importantes como para requerir esa comunicación sistemática a las Cortes, frente a otras muchas actividades del Gobierno? ¿Es que para controlar políticamente la actividad de un Ejecutivo es necesario que éste envíe información sistemática de cualquier actividad: mensualmente, de las incidencias de las nóminas, de las adscripciones provisionales de funcionarios; trimestralmente, de los kilómetros que hace cada coche oficial, sobre todo en los frecuentes viajes a Madrid; semestralmente, de los acuerdos de las Comisiones Provinciales de Urbanismo..., anualmente, de qué? ¿Qué nos puede ocurrir?, Además creemos que debe analizarse el interés de lo que se solicita, en cada caso, y en éste habría que diferenciar si los acuerdos tienen contenido económico o no -por ejemplo-; si nos referimos a los convenios laborales también; diferenciar y ver el interés que tienen en cuanto al nivel de la otra parte contratante, de la otra parte con la que se conviene, si es otra Administración, si es la Central, si son las Corporaciones Locales, si la Administración Institucional, si son incluso convenios entre propias Consejerías de la Junta -que los ha habido en tiempos y puede seguir habiéndolos perfectamente-, si son con organismos de otro tipo, empresas públicas o privadas, asociaciones particulares. ¿Qué ocurriría a un convenio en virtud del cual un Jefe de Servicios Territoriales conviene con una banda de música que le presta un local de una Casa de Cultura para que ensaye?, ¿deberíamos tener conocimiento?

Pues bien, aún en el supuesto de que la Proposición se rechazara, estas Cortes y cada Procurador poseen mecanismos, creemos, más que suficientes -ya se ha dicho antes- para conseguir toda la información, por múltiples vías: solicitudes de información, preguntas y comparecencias. ¿Se quieren conocer todos los convenios firmados hasta ahora, que yo creo que deben ser más de trescientos -me parece una cifra realmente baja-? Pues, solicítese esa información; la Junta lo presentará. ¿Hace falta para eso una Proposición No de Ley? Por eso lo que ahora se propone es redundante con procedimientos ya existentes y, en cierta medida, meramente burocratizador.

Sorprende, por otra parte, que el Grupo Proponente piense ahora en estos temas menores, cuando contribuyó a la eliminación de los Institutos de Planificación y Desarrollo y de la Función Pública, por ejemplo. En ambos organismos había representación de los Grupos Parlamentarios y desde allí sí que pudo el CDS haber conocido, seguido y participado en posibles convenios, al menos en materia de Función Pública y Economía. Y qué decir -y comparto con esto las afirmaciones del representante de la Democracia Cristiana- de que se utilice una Proposición No de Ley para decir a la Junta que abra un Libro de Registro. Ahí debo reconocer que la Enmienda del Grupo de Alianza Popular mejora notablemente el texto propuesto. Se va notando que la experiencia del Gobierno va corrigiendo ciertas tendencias centralizadoras iniciales de alguna Consejería y que ahora ya se piensa que, al menos, libros de registros de convenios pueda haber en cada Consejería.

Pero, volviendo al texto del proponente, ese concepto de libro de registros de convenios de la Junta yo creo que es confundir la Administración de la Comunidad Autónoma con una Corporación Local, con una Corporación Local de segundo orden, y demuestra un cierto nivel de falta de comprensión de lo que debe ser un Gobierno de una Comunidad Autónoma.

Por último, no parece que la actividad de la Junta vaya a ir mucho tampoco en la línea de los convenios, precisamente; incluso la nueva estructura del Fondo de Cooperación Local elimina la posibilidad de efectuar un gran número de ellos con Corporaciones Locales. Probablemente tendríamos que hablar en esto, no del control de la actividad de la Junta, sino del control de la actividad de las Diputaciones. Y en cuanto a la Administración Central, parece más bien que la táctica o estrategia a la que nos enfrentamos está más en la línea de la confrontación que en la del entendimiento; en la de la disputa que en la del convenio.

Por todo ello, por el relativo interés y falta de desarrollo de la propuesta planteada, por la previsible escasez de convenios en el futuro, porque disponemos de otro múltiples sistemas de controlar de un modo político y no administrativo la acción de la Junta -aunque, eso sí, probablemente con mayor esfuerzo por parte de todos y cada uno de los Procuradores-, por todo ello, repito, anuncio la abstención del Grupo Parlamentario Socialista y queda, por tanto, en manos de la minoría mayoritaria la responsabilidad de la aprobación de esta Proposición No de Ley. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de Meer. Para consumir su último turno, tiene la palabra el representante del Grupo proponente, don José María Monforte.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Señor Presidente. Muy brevemente, decir que el CDS va a aceptar la Enmienda presentada por el Grupo de Alianza Popular. Como consecuencia de ello, la exageración que había, de autentificar todos esos convenios, por tanto, ya queda retirada. Pero no quiere decir que esto no se pueda hacer, porque en estos momentos hay funcionarios competentes para cotejar y compulsar documentos en cada Dirección General.

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Por otra parte, tengo que decir que el libro de registro no quiere decir hoy día un libro de registro sellado, firmado, foliado y todo esto. Hay medios mecánicos que permite la Ley y, por tanto, que se pueden utilizar.

Nosotros pensamos que esta Proposición No de Ley ha sido necesaria, fundamentalmente, para obtener más información. Señores del Grupo socialista, no sé si por otros medios, u otras fuentes de información, ustedes tienen fácil acceso a ella; nosotros no, y por eso la pedimos.

En cuanto a lo que ha dicho el Procurador de Meer, le tengo que decir que sí, evidentemente, que hay temas mayores y que afectan más seriamente a esta Comunidad, como, por ejemplo, la Ley..., la Proposición de Ley de Transferencias de Educación, con una repercusión positiva para esta Comunidad. A ver qué hacen ustedes en la votación de esta Ley. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, don José María Monforte.

Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, relativa a conocimiento por las Cortes de Castilla y León de los convenios firmados por la Junta de Castilla y León, incorporando a la misma la Enmienda presentada a los puntos primero y tercero, presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Quienes estén en contra, que se levanten.

Quienes se abstengan, que se levanten. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y seis. A favor, cuarenta y seis. En contra, ninguno. Abstenciones, treinta. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el CDS, relativa a conocimiento de las Cortes de Castilla y León de los convenios firmados por la Junta de Castilla y León, incorporando a la misma la Enmienda del Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

El señor Secretario dará lectura al siguiente punto, punto final del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Sexto punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, para su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León y, en su caso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a Proposición de Ley Orgánica sobre transferencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de competencias en materias de Educación".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Para efectuar la presentación de esta Proposición de Ley, puesto que no hay..., ningún Grupo va a hacer uso de un turno en contra, tiene la palabra don José Luis Sagredo, como Portavoz del Grupo proponente.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Señorías, Consejeros, Consejero, Excelentísimo señor... Por poco me deshacen el discurso. No puedo por menos, también, de saludar -en ausencia- al Excelentísimo señor Presidente de la Junta y hacer votos para que los problemas domésticos que le obligan a ausentarse de esta Cámara tengan pronto solución, en beneficio de su importante colaboración en los problemas de esta Comunidad.

Señor Presidente, Señorías, señor Consejero. El veinticinco de Febrero pasado ha finalizado el período de cinco años contemplado en el artículo 148.2 de la Constitución Española, al término del cual cabe iniciar el proceso de Reforma del Estatuto, y en ese sentido el CDS manifiesta su voluntad de iniciar, con la mayor celeridad posible, dicho proceso, que ha de llevar a esta Comunidad al máximo techo competencial que la Constitución permite.

La apertura del proceso de reforma estatutaria ha de ser, necesariamente, largo y complejo. Por ello, y sin que esto suponga renuncia ni contradicción alguna, el CDS propone iniciar un proceso paralelo que permita asumir competencias concretas, y, de modo prioritario, aquellas que la Comunidad Autónoma considere de interés inmediato y preferente para los castellano-leoneses.

El artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/83, de veinticinco de Febrero, refleja la inequívoca voluntad de asumir competencias en materia de educación, posibilitando, a estos efectos, como segunda vía, la obtención de las mismas mediante Ley Orgánica de Transferencia o Delegación, según los procedimientos que ustedes conocen del artículo 150.1 y 2 de la Constitución, y facultando a las Cortes de Castilla y León para que adopten la pertinente iniciativa legislativa, de conformidad con lo que al efecto prevé el artículo 87.2 de la Constitución.

Desde la Promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha transcurrido

a juicio del CDS- el tiempo suficiente para que, consolidadas las instituciones de autogobierno, establecida y organizada la Administración Autonómica y experimentados los mecanismos de funcionamiento de la misma, se afronte la asunción de nuevas competencias, cumpliendo el mandato estatutario que se contiene en el artículo 29, si bien ello debe realizarse con la necesaria graduación y prudencia para que no disminuya la eficacia en la gestión de las competencias, ni tampoco se demore, en efecto, su transferencia. Por ello, la presente Ley Orgánica establece, en su artículo cuarto, un período máximo de dos años, dentro del cual habrá de quedar finalizado el proceso que permita a la Comunidad Autónoma de Castilla y León disponer de competencias en materia de esta Ley Orgánica.

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Señorías, supone una gran satisfacción para el CDS, y también para este Portavoz, ocupar esta tribuna para proponer a Sus Señorías la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica sobre transferencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de competencias, concretamente en materia de educación, con la confianza en que pueda ser presentada, en su día, en las Cortes Generales, una vez amasada y mejorada por el trabajo de todos los Grupos de esta Cámara.

Esta propuesta de iniciativa, que por tercera vez se presenta en esta Cámara -espero que la tercera sea la vencida-, no supone -el CDS no lo desea- afán de protagonismo, ni mucho menos significa una mayor preocupación por el CDS que la que puedan tener el resto de los Grupos Parlamentarios. Pero sí me van a hacer, o me van a permitir, al hilo de estas reflexiones, decirles que esta propuesta de iniciativa no tendría, quizá, las posibilidades que hoy tiene de ser tomada en consideración por parte de todos, si la composición de esta Cámara hubiera repetido, aún cambiando el signo, la fórmula bipartidista de la Cámara anterior. Convendrán conmigo que la presencia del CDS en estas Cortes, en la proporción que han querido los castellano-leoneses, ha supuesto un factor decisivo para poner en pie esta iniciativa y -lo que es más importante- para intentar entre todos llevarla a su objetivo final.

El CDS entiende que esta propuesta de iniciativa legislativa es hoy no sólo necesaria sino también oportuna. Entiende el CDS que el procedimiento que propone, sin ser el mejor, sí es el que permite mayor viabilidad en estos momentos para conseguir el fin propuesto, que, a fin de cuentas, es lo más importante.

En cuanto a la necesidad, el CDS está profundamente convencido, y le gustaría que los demás Grupos Parlamentarios de esta Cámara expresaran también, sin reservas, su convencimiento de que el sector educativo, más sin duda que otros de los que quedan por asumir, constituye ámbito decisivo en orden a la normalización de nuestra propia Comunidad Regional. Lo es, desde luego, sin perjuicio de la importancia e interés de cualquiera de los temas previstos en el artículo 29 de nuestro Estatuto de Autonomía.

La construcción de la auto-imagen de Castilla y León, como espacio en el que convivimos, con sus condicionantes del pasado y sus expectativas de porvenir, es un proceso psicológico y cultural que se inicia en la escuela. La imagen que proyectamos hacia el exterior en las relaciones de interdependencia con las demás Comunidades Autónomas, con las regiones o los pueblos de Europa y otros ámbitos interregionales, también se configura a través de las experiencias e intercambios de orden educativo y cultural.

Todas las Comunidades, y más aún las que han mostrado una más decidida voluntad política de afirmarse como hecho político y cultural, han incluido la educación entre sus competencias prioritarias... Señor Presidente, buenos días... El sistema educativo, adecuadamente diseñado para servir a las peculiaridades de una Comunidad, es un factor fundamental en orden a definir el modelo de sociedad, no para definirse frente al Estado, sino, justamente, para defender el pluralismo cultural que el Estado de las Autonomías ha de garantizar y propiciar por mandato constitucional. Naturalmente, la defensa de nuestras legítimas peculiaridades de Castilla y León nunca cuestionará los marcos normativos generales del Estado.

El retraso acumulado en nuestro caso en esta materia obliga a acelerar lo más posible el proceso de transferencias de competencias en educación. La complejidad de algunas cuestiones y las dimensiones cuantitativas de muchos aspectos deben ser, realmente, un acicate para emprender cuanto antes el camino. CDS entiende que la asunción de competencias educativas va a proporcionar a los castellano-leoneses una oportunidad histórica para plantearse con rigor el modelo de educación que quieren, que es casi lo mismo que decir el modelo de sociedad hacia donde se desea caminar, como colectividad que asume el protagonismo de su autogobierno.

Y, en cuanto a la oportunidad, estamos a once de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho. Hace quince días que hemos celebrado solemne y felizmente, en Salamanca, el quinto aniversario de nuestro Estatuto. Estamos en lo que yo llamo "período fértil". También hemos cumplido ya el plazo que la Constitución señala en el artículo 148.2. Es tiempo, pues, de ejercer con plenitud nuestra mayoría de edad y de liberarnos de ciertas tutelas de la Administración Central.

Hoy, once de Marzo del ochenta y ocho, prácticamente estamos comenzando el segundo Período de Sesiones de nuestra Legislatura. Las próximas elecciones, gracias a Dios, todavía están suficientemente alejadas como para poder asumir decisiones de envergadura con garantías de coherencia y continuidad. Hay que llegar al umbral de la siguiente Legislatura con esta asignatura, y aprobada, lista para ser profundizada y desarrollada.

Nuestra Comunidad Autónoma no puede quedarse atrás en el concierto de las regiones españolas y ha de luchar, a través del esfuerzo unísono de todos sus representantes, por superar el foso que se está abriendo cada día entre las Comunidades más privilegiadas y las menos favorecidas.

Una iniciativa como la que aquí presentamos resulta oportuna y conveniente también para que los castellano-leoneses tomemos clara conciencia de que debemos ser más beligerantes en la obtención de nuestro techo de competencias, en relaciones de igualdad y simetría, en lo posible, con las demás Comunidades Autónomas del Estado. En cuanto al procedimieto, el CDS piensa que, para conseguir el fin propuesto -y estarán de acuerdo Sus Señorías, porque es una verdad de perogrullo-, en las mejores condiciones para conseguir este fin, es imprescindible utilizar el procedimiento adecuado, y, si existieran varias posibilidades, decidirse por la más viable. A veces -muchas veces lo decimos- lo mejor es enemigo de lo bueno.

(-p.483-)

El CDS aboga, como procedimiento ideal, por la reforma de nuestro Estatuto, a tenor que los mecanismos que la Constitución señala y el Estatuto recoge. Repito: el CDS aboga como procedimiento ideal por la reforma de nuestro Estatuto, a tenor de los mecanismos que la Constitución señala y el Estatuto recoge. Indiscutiblemente, ésta es la vía ordinaria y hoy posible ya, al haber transcurrido el plazo de cinco años marcado por la Constitución y existir una voluntad de la mayoría de los ciudadanos castellano-leoneses y de sus representantes políticos en esta Comunidad de ampliar en todo lo posible la capacidad de autogobierno. Y no renunciando expresamente a esta vía, para ser utilizada en cualquier momento -labor futura en la que el CDS se compromete y tiene la mano tendida-, a la vista de las condiciones que hoy se dan en el resto de las Comunidades Autónomas y de las manifestaciones de los más altos representantes del Gobierno Socialista que hoy detenta el poder con mayoría absoluta en las Cortes General, ha preferido, por puro pragmatismo impuesto, utilizar la vía que, si bien parecía destinada a constituir un procedimiento excepcional, hoy, por voluntad expresa del Gobierno Central, se ha convertido en la única vía posible e inmediata. Insisto, un procedimiento posible, ofertado por los poderes centrales, y que el CDS ha aceptado, en principio, para Castilla y León, como fórmula de resolución de un problema que todos los Grupos de esta Cámara confío en que estamos decididos a resolver.

Y si la iniciativa es oportuna, conveniente y necesaria y el procedimiento es viable -aunque no el mejor, por imposible-, Señorías, sería el momento de, una vez tomada en consideración la propuesta, matizar, enmendar, mejorar, ponerla en disposición de ser iniciativa de todos ante las Cortes Generales -como en otras propuestas desde esta misma tribuna se dijo- para que, a través de los trámites previstos en nuestro Ordenamiento, pueda convertirse en la Ley Orgánica que necesita esta Comunidad para asumir sus competencias en materia de educación. Un trabajo de colaboración, no de confrontación, en que cada Grupo aporte lo mejor de su activo; un objetivo que interesa a todos, que necesita la colaboración de todos, que exige el esfuerzo de todos, que debe ser conseguido por todos. Y, así, lograremos con ello dar un golpe mortal al subdesarrollo, a la marginación, a la discriminación de esta Región en el nuevo ámbito de la Europa de las Regiones y en el horizonte de un siglo nuevo.

A esta tarea estamos todos convocados y, desde esta tribuna, vaya por delante la aceptación de este compromiso con el CDS, no sólo para esta ocasión, sino para cualquier convocatoria de cualquier Grupo de la Cámara que tenga como objetivo final el bienestar de los castellano-leoneses.

Señorías, éste es el simple, sincero sentido de esta propuesta de iniciativa parlamentaria del CDS, para lograr entre todos, para lograr entre todos una Ley Orgánica de las Cortes Generales que transfiera las competencias educativas a nuestra Comunidad. Una propuesta de iniciativa para la cual este Portavoz del CDS solicita la toma en consideración de Sus Señorías que, de antemano, agradezco.

Señor Presidente, Señorías.

Señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Puesto que no existe ningún turno en contra por parte de ninguno de los Grupos de esta Cámara, para fijar las posiciones comenzamos con los distintos Grupos, empezando por el señor de las Heras, en nombre del Grupo Mixto.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno, Señorías.

Antes de decir una palabra más, quiere señalar este Procurador, Portavoz de la Democracia Cristiana en esta Cámara, que compartimos el criterio -yo diría- unánime de todos los Grupos de alcanzar el mayor techo de competencias que en el marco de la Constitución y del Estatuto le sean permitidas a esta Comunidad Autónoma, y que, entre esas competencias, tiene para nosotros carácter primordial y prioritario las referidas a educación.

Otra cosa es el contenido concreto y el procedimiento por el que se nos ha planteado el debate en relación con esta materia, que no es otra cosa que la Proposición de Ley especial que, de ser aprobada..., presentada por el CDS, que, de ser aprobada, se convertirá en Proposición de Ley Orgánica sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de competencias en materia educativa.

Y el señor Portavoz del CDS ha hecho..., mejor dicho, ha leído -yo creo que literalmente- el contenido de la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley, que yo, tomando nota, de alguna manera he sintetizado de la siguiente forma. Efectivamente, se han pasado los cuatro años que determina el Estatuto en su artículo 148.2 y que permiten la reforma de nuestro Estatuto. Manifiesta la voluntad de iniciar este proceso y de dinamizarlo en la medida de lo posible, y nosotros compartimos ese criterio. Pero habla también de homogeneizar la totalidad de los Estatutos, habla también de concluir el proceso de la configuración del Estado de las Autonomías y habla también de alcanzar el máximo techo de competencias constitucionales en esta materia, que es un proceso largo y complejo y que es un proceso sin contradicciones, puesto que la apertura a lo que él propone como camino ideal, que sería la reforma del Estatuto, de esta vía colateral, desde esta vía paralela, desde su punto de vista no supone contradicción de ninguna clase.

Propone, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de Autonomía, asumir las competencias en materia de educación, mediante Ley Orgánica de delegación de transferencias del artículo 150.1 y 2 de la Constitución. Y, segundo, que la iniciativa de las Cortes..., que sea a iniciativa desde las Cortes, de conformidad con el artículo 87.2.

Pues bien. Nosotros, naturalmente, para no contradecirnos -como es, normalmente, el estilo de este Procurador-, vamos a ir a las fuentes de nuestras manifestaciones a este respecto, tanto en el ámbito de este Parlamento como en el ámbito de las Cortes Generales de nuestra Nación, porque a veces se es coherente dentro de un ámbito territorial, pero la incoherencia viene de lo que se manifiesta fuera de las fronteras de ese ámbito territorial por la misma formación política.

Y me tengo que referir -como no podía ser menos y como casi siempre lo hago- al Presidente Aznar, en su discurso de Investidura, donde manifestaba la voluntad de ampliar el techo competencial de la Comunidad Autónoma. Se refería entonces a que el procedimiento, el normal, era el establecido en el artículo 29.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que requiere la mayoría absoluta, una Ley Orgánica aprobada en Cortes (artículo 147.3 de la Constitución); pero, pero -y subrayo- no desdeñaba otros caminos.

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Decía entonces que no quería iniciar ninguna carrera de agravios, ni reivindicar cualquier competencia, por mimetismo o por alguna otra razón, que no respondiera a lo que necesitaba y requería la Comunidad de Castilla y León, y que, además, eso fuera en el tiempo, en la forma y en la medida que beneficiara a los intereses de los castellano-leoneses. Proponía crear un equipo de estudio del contenido y proceso más conveniente para hacer esta reforma o modificación del Estatuto; pedía la apertura de negociación y conversación con el Gobierno de la Nación; deseaba el mayor grado de acuerdo en las materias y competencias, y establecía para su Gobierno una serie de prioridades en cuanto a la asunción de competencias en ese momento, que eran: las de enseñanza y régimen local, en primer lugar; la de sanidad, la de las Cámaras Agrarias, la de Denominación de Origen y otras, en segundo término.

¿Y qué dijimos nosotros, entonces, a ese planteamiento? Nosotros éramos, señor Presidente del Gobierno, un poco más maximalistas. Le propusimos hacer una reforma radical y profunda del Estatuto, y que eso se hiciera en un abrir y cerrar de ojos. Y, naturalmente, usted, en su respuesta, pues, a pesar de decir que, evidentemente, esa idea un poco utópica le gustaba y le agradaba, a pesar de que estaba dispuesto a asumir todas las iniciativas, pero con participación de la Cámara, definición de los Grupos Políticos de las competencias que teníamos que asumir, el tiempo, la forma y el modelo de negociación de las transferencias, pues recomendaba a este Procurador, textualmente le decía: "Señor de las Heras, presentar un modelo definitivo del Estado está muy bien como ejercicio teórico. Pero es que nosotros vamos a estar de acuerdo -todos, o muchos- en materias de educación y sanidad...", etcétera. "¿Y si no nos las dan?", se preguntaba. Bueno, pues, señor Presidente, nosotros, que votamos su Investidura y, por tanto, el Programa contenido en ella, naturalmente, asumimos y aceptamos sus planteamientos de entonces, y que son los mismos que tenemos en este momento. Pero, ante este tema, ¿qué dice el resto de las fuerzas políticas? Pues, miren ustedes, señores Procuradores. El Partido Socialista Obrero Español -resumiendo muchísimo, naturalmente, porque he manejado fundamentalmente los textos del debate del Estado de las Autonomías y los textos del debate del Estado de la Nación-, dice el Partido Socialista que -y era la propuesta inicial de aquella comisión que se creó en el Senado-, que valoraba positivamente la voluntad de culminar la capacidades competenciales de las distintas Comunidades Autónomas. Muy bien, estupendo. Pero, en ese debate, ¿qué dice el Gobierno de la Nación a través de las palabras del Ministro de Administraciones Públicas? Pues dice, sintetizando también, dos cosas: a) que el horizonte de igualdad u homogeneización de competencias debe ser consensuado a la vez que respetuoso con las peculiaridades de cada Comunidad; b) la utilización de la vía prevista en el artículo 152.c) es la adecuada, acordando con las Comunidades Autónomas el diseño de un proceso progresivo de aplicación de los techos competenciales, de acuerdo con el artículo 143.

Y aquí ya vemos que las coincidencias no existen. Aquí no vemos -salvo que el señor Portavoz del CDS me diga que está consensuado ya con el Gobierno que esto se nos va a aprobar cuando llegue al Parlamento de la Nación- el consenso. Aquí no vemos la participación inicial de todos los Grupos Políticos, como proponía el Presidente de la Cámara..., perdón, del Gobierno, que anunciaba que pasados los cinco años iniciaría él ese proceso, y ustedes se han anticipado evitando, o impidiendo ese consenso, ese trabajo preliminar, esa marcada de los tiempos, ese techo competencial en cada una de las materias que queríamos acordar, etcétera, etcétera.

Pero es que, aparte de eso, y sacando lo que dijeron sus representantes en ambos debates, tenemos las siguientes afirmaciones: "De la misma manera -opina el CDS- que fue consensuada la Constitución por todas las fuerzas políticas, el resultado del proceso autonómico debe ser el fruto de un fuerte consenso". Resultado de un consenso y no la consecuencia de una decisión impuesta y unilateral. Pero es que, claro está, usted dice: "Si el Gobierno toma la iniciativa, es una decisión impuesta y unilateral del Gobierno"; pero es que, frente a la opinión de su representante en el Senado, el Gobierno puede considerar, naturalmente, que también nosotros, por razones de procedimiento, unilateralmente hemos iniciado una vía, sin buscar ese consenso que debería de presidir un tema tan trascendental como el que estamos debatiendo, porque no es nada más ni nada menos que el desarrollo de la propia Constitución y el desarrollo y perfeccionamiento final de nuestro propio Estatuto.

Y decía su representante: "Es inaceptable, señor Ministro, su oferta de elevación de techos competenciales de la Comunidades Autónomas del artículo 143 por la vía graciable y sustitutoria de la delegación de facultades previstas en el artículo 150.2 de la Constitución"; y esto es, señor Portavoz, lo que ustedes decían en el Senado que es inaceptable. Y entonces, si yo mal no recuerdo, la propuesta que nos hacen, realmente, es precisamente que se siga ese procedimiento. Aunque ya sé que me va a decir, señor Portavoz, que el procedimiento ideal que usted ha dicho es el de la reforma del Estatuto; pero, realmente, lo que nos trae aquí es este procedimiento que ustedes han calificado de inaceptable.

Pero, además de todo esto, yo creo que hay que ir también un poco a la práctica de la realidad. ¿Qué queremos, que después otro Grupo Político nos traiga otra Ley de Cámaras Agrarias, que a continuación sea otro el que plantee otro tipo de competencias? En definitiva, yo me pregunto: ¿qué estamos buscando: alcanzar efectivamente los techos competenciales que realmente necesitamos y queremos y son buenos para la Comunidad Autónoma, o queremos otra cosa? Porque, si de pragmatismo y de buscar la eficacia se trata, yo creo que van a pasar, desgraciadamente, muchos años -y a este Procurador le gustaría equivocarse- para que recibamos las competencias en materia de educación. Y repito, a este Procurador le gustaría equivocarse, pero van a pasar muchos años para que podamos tener esas competencias. Muchos años porque el procedimiento es largo. Mire usted, hay en estos momentos varias leyes orgánicas pendientes de tramitación en las Cortes Generales. Los proyectos de ley del Gobierno tardan seis meses en sustanciarse; las proposiciones ordinarias, un año; y todos los proyectos de ley especial, dimanantes de las Comunidades Autónomas, más de dos años en sustanciarse, hasta el momento presente. De forma que, cuando este Proyecto se quiera ver, si no hay un consenso con el Gobierno de la Nación, ya sólo van a pasar más de dos años.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor de las Heras, le recuerdo que el tiempo se está pasando y que procure concluir.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Si, sí, señor Presidente, concluyo rápidamente.

Y que es un tiempo demasiado largo que quizá podríamos arreglar por la vía del entendimiento.

Nosotros, para terminar, nos afirmamos en lo que precisamente dijimos en esos debates, que no es ni más ni menos que lo siguiente: en cuanto a las Comunidades que accedieron al autogobierno por vía del artículo 143 de la Constitución y cuyos Estatutos de Autonomía ya han cumplido, o cumplirán aproximadamente los cinco años de vigencia, mi partido entiende que, una vez culminado el proceso autonómico, deberá existir una igualdad esencial en el reparto de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sin otras excepciones que las derivadas de sus peculiaridades.

Y, por último, que, efectivamente, a pesar de estas reticencias y de estos prejuicios que yo creo que se van a ocasionar en el proceso, nosotros, como en lo sustancial, en lo sustantivo -que se refiere a tener competencias- votamos la investidura del Presidente Aznar, en el que él hizo expresa mención de esa competencia, y con carácter prioritario, vamos a votar afirmativamente su propuesta.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de las Heras. Para la fijación de posiciones, puede hacer uso de la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, don Jesús Quijano.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Me apresuro, antes de entrar en el contenido de mi intervención, a satisfacer esa especie de curiosidad que se ha venido manifestando a lo largo de..., no diría sólo las últimas horas, también ayer, porque recuerdo que en varias de las intervenciones, tanto del Grupo Parlamentario del CDS, como de otros Grupos, por una o por otra razón se nos instó a hacer explícita una posición al tema. Me anticipo, pues, a satisfacer esa curiosidad, indicando que mi Grupo va a adoptar una posición de abstención en la votación de toma en consideración de esta Proposición de Ley. Me apresuro, entonces, a indicar también cuáles son las razones que llevan a mi Grupo a adoptar esa posición.

Quiero, ante todo, aclarar que mi Grupo no deduce, no puede deducir de esa posición algún elemento de descompromiso respecto del fondo de la cuestión, que efectivamente no tiene, como más adelante iré señalando.

Para nosotros se trata, pura y simplemente, de una actitud lógica, a la vista de cómo se han producido las cosas, a la vista de las circunstancias que concurren en esta iniciativa adoptada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social.

Yo creo que no se podrá negar que se trata de una iniciativa particular, unilateral, diría yo, y perfectamente aislada. Digo más; digo -y creo que se admitirá que es una duda fundada-, digo que, cuando conocí que esa iniciativa se había tomado, llegué a pensar que no interesaba de verdad conseguir el objetivo de fondo, que no estaba planteada la iniciativa con el fin de llegar a tener competencias; porque, si no, de verdad, no me explico el procedimiento que se adoptó. Sólo le encuentro una explicación, que me parece perfectamente lógica: probablemente, éste era el regalo de año nuevo del CDS, como el Plan Joven, según ayer indiqué, me pareció el regalo de año nuevo de la Junta. Digamos, en ese sentido, probablemente una cosa estuvo condicionada por la otra, en términos de alcanzar algún peldaño, o de subir algún peldaño, en términos de imagen, digo. Y lo digo porque no me cabe, si no, otra explicación al respecto. Porque yo entiendo que una iniciativa de este tipo, si de verdad se quiere que salga adelante, si de verdad se quiere que salga adelante, no hay otro remedio que consensuarla, no hay otro remedio -por lo menos- que participarla al resto de los Grupos Parlamentarios; si no, no tiene sentido plantearla así.

Digo más todavía: yo puedo entender que el CDS optara en ese momento, por ejemplo, pues, por no dar traslado, ni abrir una conversación, ni participar la iniciativa con mi Grupo Parlamentario; lo puedo entender perfectamente por razones estrictamente políticas. Pero, mire, no puedo entender que el CDS no participara esa iniciativa con la Junta de Castilla y León, esto es, con el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Es decir, que el tercer Grupo de la Cámara -porque estos son los términos reales y políticos de la cuestión-, que el tercer Grupo de la Cámara, en una cuestión de esta trascendencia, en una cuestión de esta trascendencia como es las competencias de la Comunidad, nada menos que en materia de educación, para empezar, tome una iniciativa unilateral, no consultada con nadie y, particularmente, no conocida la opinión del Gobierno de la Comunidad, me parece que no es efectivamente de recibo, que sólo puede tener la explicación que yo le he dado, que es el que no se buscaba efectivamente el éxito -por lo menos no se pusieron las bases para el éxito de la iniciativa-, sino simplemente se trató de adoptar una decisión, pues, vendible, seguramente oportunista por algún tipo de razón. No sé si por algún sondeo que en ese momento se conoció, o porque había que levantar vuelo, etcétera, etcétera. No lo sé cuál era la razón exacta, pero me parece que algo de eso tuvo que haber, y que, si no, creo que es absolutamente irracional la forma en que la iniciativa se ha adoptado.

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Porque, efectivamente -y no voy a entrar ahí, me harán gracia de ello, porque mi antecesor en el uso de la palabra se extendió ya en esa cuestión-, si el tema se mira desde el punto de vista de la propia coherencia, me parece que el calificativo que yo le aplicaba se termina quedando corto. Ustedes en la Asamblea de Madrid, pues, han presentado una iniciativa de reforma del Estatuto; en el debate del Estado de la Nación, del Estado de las Autonomías, pues han hecho un canto al consenso nacional en este tipo de temas. Aquí surgen con una iniciativa aislada y unilateral, por otra vía distinta. Hombre, seamos un poco más serios en esto. Si es que en el fondo de este tema hay un problema de Estado, es un tema de Estado, ¿es mucho pedir que se tenga un mínimo de razón o de sentido de Estado a la hora de valorar estos temas, que se guarde una posición de coherencia, o es que lo que pasa aquí es que se pierde el sentido de Estado cuando no se tiene el gobierno del Estado? Porque, efectivamente, si fuera así, sería ciertamente lamentable, y yo creo que no sería un buen camino prácticamente para nada.

Probablemente se me pueda decir -y soy consciente de ello- que estas razones que acabo de señalar, y que reiteraré, nos hubieran debido de llevar, en buena lógica, incluso al voto negativo; soy plenamente consciente de esto, de que estas razones, en buena lógica, teniendo la entidad que a mi juicio tienen, nos debieran de haber llevado al voto negativo. Porque, mire, yo creo que éste no es un tema en el que nadie deba de apuntarse un tanto, como parece que aquí ocurre. Si es que no se trata de ganar una carrera, ni se trata de manifestar un autonomismo ferviente en un momento determinado. Si al final, seguramente, el mayor o menor autonomismo, pues, lo va a dar la historia, y la historia va a colocar a cada uno en su sitio al respecto y dirá quién consolidó a esta Comunidad Autónoma y quién, a veces contra viento y marea, la sacó adelante, etcétera, etcétera. Por tanto, no volvamos a hacer de esto el motivo de una carrera o la razón principal de adoptar iniciativas, el manifestar..., el salir los primeros, en definitiva, el levantar la bandera para que los demás se vaya sumando. No es ése el camino, evidentemente. No es ése el camino.

Y digo que, si en buena lógica esas razones nos pudieran haber llevado al voto negativo, por este conjunto de razones, nos vamos a abstener justamente para no cerrar puertas para el futuro, justamente para no cerrar puertas para el futuro. Quiere decir eso que esperamos que a lo largo de la tramitación parlamentaria subsiguiente, si el proyecto se toma en consideración, haya todavía sitio para la racionalidad y haya todavía sitio para las posibilidades de dialogo. Y precisamente porque no queremos cerrar puertas, no votamos en contra de una forma definida; repito, al margen de que hubiera habido razones lógicas al respecto.

Terminaré con alguna consideración final. Yo creo que, si planteamos en buena lógica y, como decía antes, con un cierto sentido de Estado, -que hay que presumir a la gente que hace política, incluso aunque la haga en una Comunidad Autónoma-, con un cierto sentido de Estado esta cuestión, creo que llegaremos a la conclusión fácilmente de que, en la medida en que todos colaboremos a racionalizar el proceso de ampliación de competencias, bajo unos principios mínimos de consenso y de coherencia, eso será más fácil. Y, desde luego, si hay algo contradictorio con esos principios, es justamente lo que ustedes han hecho en esta Cámara: adoptar, sin encomendarse a nadie... iba a decir ni a Dios ni al diablo, pero, en fin, lo eludo como expresión, en función de que alguien pudiera entender que hiero algún tipo de creencia; no hubiera sido esa la intención. No se han encomendado a nadie. Es que ustedes deben de analizar que, si el proyecto se aprueba en esta Cámara, como presumo, en función de ciertas manifestaciones que se han efectuado al respecto, no termina aquí su tramitación, es decir, la competencia no está conseguida: va a las Cortes Generales; seguramente, eso es lo que buscan, lógicamente; seguramente, lo que buscan es a ver qué pasa allí, a ver a quien metemos un gol allí. Porque, si hubieran querido tener garantizado el éxito del proceso hasta al final, lo hubieran negociado. Porque ustedes saben que, si la Comunidad Autónoma no va como una piña detrás de eso al momento de la tramitación en las Cortes Generales, las posibilidades de éxito son menores, sobre todo si el proyecto no ha respondido -y efectivamente así es- a una iniciativa de quien gobierna la región y de quien en su día, en definitiva, tendrá que gestionar la competencia, si por esa vía -que lo dudo, porque es mala vía la que han elegido-, efectivamente, la competencia se consiguiera.

Creo que las bases para un buen proceso en este sentido -porque, efectivamente, es un tema de Estado, como empecé diciendo- no pueden ser otras que el que exista -y espero que haya iniciativas en un corto plazo de tiempo en ese sentido-, el que exista un proceso de consenso, en el que participen las fuerzas políticas de alcance nacional con representación suficiente y, desde luego, en el que participen, además de las fuerzas políticas como tal, el Gobierno de la Nación y los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Me parece que ése es el único camino para fijar, pues, unas bases de homogeneidad y de simultaneidad entre las distintas Comunidades Autónomas, para que en este proceso no se pierda el sentido de Estado, que me parece, y lo digo una vez más, que es lo mínimo que al final hay que defender.

Usted me pedía, o nos pedía, conjuntamente, -me refiero al señor Sagredo, en su intervención como Portavoz de su Grupo-, nos pedía el apoyo para su Proposición. Yo me atrevería a pedirle que, por favor, no nos deje solos defendiendo la racionalidad en estos temas. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Quijano. Para fijación de posiciones, en nombre del Grupo Popular, de Alianza Popular, señor Nieto Noya.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Muchas gracias, señor Presidente. Tenía razón el Portavoz del CDS, señor Sagredo, al decir que era la tercera vez que se suscitaba el problema de las competencias educativas ante esta Cámara. En efecto, en Abril del ochenta y cuatro,se debatía ante este Pleno una moción del Grupo Popular en la que pedíamos que las Cortes ejercitasen la iniciativa de reclamar las competencias educativas. Una voluntad inicial del Grupo Socialista de reclamarlas se había convertido en una postura de indefinición, de parada o de marcha atrás que nosotros tratábamos de modificar. Nuestra moción fue rechazada, aunque tal vez no haya sido un intento absolutamente vano.

En Marzo del ochenta y siete, tres años después, se debatía una Proposición de Ley Orgánica como la que ahora nos ocupa. Entonces, pretendíamos entrar en el año ochenta y ocho con el problema de las competencias resuelto, por entender que era de interés de la Comunidad Autónoma, y dejando muy claro que una cosa era disponer de las competencias y otra muy diferente la negociación y la efectividad de las transferencias. Nuestro intento nuevamente ha quedado frustrado, se rechaza la Proposición de Ley Orgánica, pero no sin reiterar ya formalmente los socialistas que también ellos deseaban las competencias educativas y negociarlas, las transferencias, en el año mil novecientos ochenta y ocho.

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En el programa electoral de Alianza Popular del ochenta y siete se reivindican, prioritariamente, las competencias vinculadas a la enseñanza. En el discurso de Investidura del Presidente se confirma esta prioridad, al tiempo que se expresa el deseo del mayor grado de acuerdo entre las fuerzas parlamentarias y la preferencia por la vía del artículo 29.2.a). El Consejero de Cultura y creo recordar que alguno más reiteraron en Comisión los mismos propósitos y prioridades.

Surgen luego diversas iniciativas y ofertas de pacto autonómico y el debate del estado de la Nación el Gobierno propone la utilización de la vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución, sobre delegación de competencias estatales, para acordar un diseño de un proceso progresivo de ampliación de los techos competenciales de las Comunidades Autónomas del artículo 143. Aquí se inaugura una nueva dialéctica, a través de la cual nosotros vemos que la voluntad descentralizadora del Gobierno se pierde en medio de formulaciones retóricas y parece difícil la tarea de encontrarla, aunque se hiciera el esfuerzo de buscarla con candil.

El dieciséis de Enero de este año el Presidente Aznar anuncia la apertura de conversaciones en la búsqueda de una política de consenso y de conjunción de esfuerzos en torno al desarrollo y reforma del Estatuto de Autonomía, con nuevas competencias, para prestar desde la Comunidad más y mejores servicios. Pues bien, el dieciocho de Enero, dos días después, se presenta en las Cortes esta Proposición de Ley.

Las fechas están ahí. El deseo de apuntarse un tanto o la razón de oportunismo no son argumentos que yo vaya a utilizar; pero lo que sí pienso y creo que debo de decir es que esta Proposición entra en la Cámara con falta de oportunidad, tanto por el contenido como por el modelo.

Esta Proposición de Ley no es un obstáculo insalvable para alcanzar el deseable consenso en el arranque de este nuevo período de aplicación del Estatuto, pero sí era y es una toma de posición previa y unilateral que condiciona el comportamiento del propio Grupo proponente en el desarrollo de las conversaciones, actúa como un pie forzado e impone limitaciones en el espíritu de apertura con que las conversaciones se habían planteado.

El día dos se cumplía -no el veinticinco, el dos-, se cumplía el quinto aniversario de la entrada en vigor del Estatuto. Presentar esta Proposición unos meses antes o hacerlo unos meses después si no se lograba el consenso solicitado por el Presidente probablemente hubiera puesto al Grupo proponente a cubierta, a cubierto de una imputación de falta de oportunidad; presentarla el dieciocho de Enero creo que no ha sido oportuno. Pero el hecho es que la estamos debatiendo, la tenemos aquí y falto yo, espero, a la oportunidad si intento explicar cuál es nuestro punto de vista actual sobre la ampliación de las competencias de la Comunidad en general y las de educación en particular.

La Constitución habla de reforma de los Estatutos en el artículo 173..., perdón, 147.3, y remite al procedimiento que en aquellos mismos se establezca, procedimiento que se establece en nuestro Estatuto en el artículo 43 y que requiere aprobación por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara. Esta reforma del Estatuto, posible, desde luego, en algunos puntos, tal vez deseable ya, algún día habrá que abordarla; pero no parece llegado el momento ni es el objeto de este debate.

Pero habla también la Constitución de reforma de los Estatutos, en el artículo 148.2, como medio de ampliar sucesivamente las competencias, dentro del marco del artículo 149, una vez transcurridos cinco años. Pues bien, nuestro Estatuto, al incorporar esta previsión constitucional, ya no utiliza la palabra reforma; fija un nuevo techo competencial en el artículo 29.1 y relaciona dieciocho materias en las que también ejercerá competencias la Comunidad Autónoma. El lenguaje que utiliza es imperativo. Se podrá cumplir o no cumplir lo que el Estatuto manda; el incumplimiento puede producirse en la Comunidad o fuera de la Comunidad. Se podrá discutir si las dieciocho materias son muchas o pocas, si están todas o habría que incorporar alguna más. Se podrá discutir, incluso, si es mejor asumirlas en su totalidad o asumirlas por partes, progresivamente. Pero en lo que a estas dieciocho materias del artículo 29 se refiere el Estatuto nos marca el camino, establece un mandato y nos da hecha su propia reforma, por lo que ya su aprobación requiere únicamente una mayoría absoluta.

Este, en nuestra opinión, debería ser a partir de ahora el camino a seguir para la ampliación de las competencias de la Comunidad. No se trata de reformar, sino de cumplir, de aplicar el Estatuto tal como lo hemos recibido. Y ésta no es, como ya se ha dicho aquí esta mañana, una interpretación que nosotros hagamos ahora; vuelvo a recordar que el Presidente lo decía el veinte de Julio del año pasado con estas palabras: "Entiendo que el procedimiento normal de acceso a nuevas competencias debe ser el establecido en el artículo 29.2.a) de nuestro Estatuto". Y más adelante: "No desdeño otros caminos posibles, pero entiendo que el procedimiento deseable es el expuesto". ¿Qué pasa, entonces, con el artículo 150 de la Constitución, que también se menciona en el 29 del Estatuto? En otra ocasión y en torno al mismo tema, se me ha dicho en este salón de Plenos que es una vía totalmente excepcional. Y yo entendía, entonces y entiendo también ahora que, en efecto, es una vía excepcional; pero entonces era la única posible y, aunque excepcional, era legítimamente transitable, entre otras razones porque para eso existe, y de hecho se ha utilizado en dos ocasiones anteriores. Ahora, si entonces, siendo el único camino posible, era excepcional, con más razón lo será cuando tenemos el ancho camino ordinario, no sólo abierto, sino además exigido por el Estatuto de Autonomía. Lo sorprendente es, también, hablando de coherencias, que sea ahora, precisamente, el camino que el Gobierno de la Nación desea utilizar o desea que utilicen las Comunidades Autónomas para acceder a nuevas competencias, sin distinguir entre las ya previstas en los propios Estatutos y otras no previstas que también pueden ser transferidas por la vía del artículos 150.

Pero la vía del artículo 150, además de ser excepcional, tiene otras connotaciones que, desde mi punto de vista, no lo hacen ahora la vía más idónea.

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Por un lado, parece que la Constitución atribuye la iniciativa al Estado, al Estado, no a las Comunidades Autónomas, aunque nuestro Estatuto incorpore también la iniciativa de estas Cortes. Por tanto, no deja de estar ahí presente cierto aire de una competencia otorgada a voluntad del Estado. Por otro lado, parece, en principio, aplicable a materias determinadas, aunque en los precedentes que existen se ha hecho una aplicación amplia a todas las materias que estaban contempladas en los Estatutos de las respectivas Comunidades Autónomas. Por último, mientras que por el procedimiento del artículo 29.2.a) las competencias se asumen por la Comunidad Autónoma, es decir, la Comunidad decide, por mayoría absoluta de estas Cortes, asumir las competencias, por la vía del artículo 150 las competencias las transfiere o las delega el Estado. El acento, en el primer caso, se pone en la voluntad política de la Comunidad Autónoma; en el segundo el acento se pone en la voluntad de los órganos de representación del Estado.

No se trata, pues, solamente de diferencias formales, aunque al final el resultado pudiera ser el mismo y desde esta perspectiva final, repito, la mayor divergencia pudiera radicar, únicamente, en dónde se ponga el acento para atender... asumir las competencias del artículo 29.1; en un caso se asumen todas juntas, en el otro se solicitan normalmente una a una entrando en una dinámica de multiplicar innecesariamente las iniciativas legislativas, que es la situación en la que estamos. Yo pienso que todos deberíamos estar de acuerdo en que mejor hubiera sido el primer camino.

Y mejor hubiera sido un acuerdo previo suficiente, y, además, apurando el tipo de discurso que hasta ahora se ha venido haciendo y se ha repetido aquí en esta Cámara, tal vez hubiera sido posible, y desde luego era y sigue siendo deseable desde muchos puntos de vista, algunos de los cuales se han apuntado y en los que no puedo insistir. Pero debo insistir yo, personalmente, repitiéndolo aquí ante esta Cámara una vez más, que he venido hablando únicamente de competencias, porque el momento procesal en el que estamos es éste, el de asumir las competencias; o, si se quiere, que el Estado transfiera las competencias. Este es el objetivo primero en el que debemos fijar nuestra atención. Es un objetivo eminentemente político, fundamentalmente político, y conseguirlo depende, exclusivamente, de la voluntad política de las fuerzas en presencia en esta Cámara y fuera de esta Cámara. Y no compromete para nada, ni el acierto, ni la eficacia en la prestación de los servicios, que todos creo que tenemos el convencimiento de que debe quedar siempre garantizado. Pero esto último corresponde a una segunda fase, que será el proceso de negociación y realización de las transferencias, transferencias de medios que permitan ejercer las competencias asumidas o transferidas. Esta segunda fase es más técnica que política. Esta segunda fase será más larga. En educación tenemos la ventaja de que el diseño general está bastante bien perfilado y podríamos realizarla en un período corto de tiempo. Pero si asumimos o nos transfieren varias materias, por ejemplo todas las del 29.1, entraríamos, necesariamente, en un largo proceso. Para..., en fin, para confirmarlo basta, simplemente, pensar en que todavía las Comunidades del artículo 151 iniciaron el proceso en el año mil novecientos ochenta y todavía no lo tienen culminado.

¿Qué hacemos entonces, estando así las cosas, nosotros con esta Proposición de Ley? Nuestra voluntad política de asumir las competencias educativas y de dar prioridad a la gestión de estas competencias ha quedado patentizada desde hace tiempo con nuestras iniciativas parlamentarias y con nuestros compromisos programados. En las palabras parece que todos los Grupos estamos de acuerdo en lo esencial: es nuestro deseo tener competencias de educación y ejercerlas con carácter prioritario. Las diferencias están en lo secundario, en matices, en circunstancias propias o ajenas a la Comunidad; circunstancias, matices, que pueden condicionar el acuerdo final, como ha ocurrido ya con otros Grupos, y también por parte del Grupo ahora proponente, en relación con nuestras iniciativas en momentos anteriores, ante las que se abstuvo o votó en contra, aun estando totalmente de acuerdo en el fondo. Y, a este respecto, no puedo dejar de agradecerle al CDS la confianza que demuestra tener en una Junta de Alianza Popular, cuando fue la falta de esa confianza la que se argumentó para no apoyar nuestras iniciativas en otros momentos.

Así pues, y en resumen, no nos gusta hoy el procedimiento, pero entendemos que debemos apoyar la iniciativa. Más aún, entendemos que no podemos dejar de apoyarla sin entrar en una cierta contradicción y, lo que sería peor, sin añadir un nuevo riesgo, nuevo riesgo de no conseguir lo que también nosotros queremos. Pero debo añadir, seguidamente, que esperamos todavía que las competencias en educación puedan englobarse en un proyecto único de asunción de competencias dentro del techo que nos marca el Estatuto, y debo añadir también que confiamos en que, si tal proyecto puede plantearse antes de que la Proposición No de Ley corone todo su proceso de tramitación parlamentaria, el CDS acepte que la Proposición quede subsumida en este proyecto global, resolviendo, de una vez por todas, el problema de las competencias del artículo 29 del Estatuto y dejando luego, para una reflexión y un análisis pormenorizado y todo lo lento que la realidad nos demande, el proceso efectivo de asunción por vía de transferencias de estas mismas competencias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Nieto. Señor Presidente de la Junta, don José María Aznar, puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR AZNAR LOPEZ): Señor Presidente. Señorías. Muy brevemente, sin ningún deseo de... siquiera de ilustrar el debate ni animar o avivar ninguna polémica, sino simplemente de fijar el criterio político de la Junta de Castilla y León en relación, no tanto con un asunto concreto que se ha venido y se ha traído a debate esta mañana en la Cámara, sino con la situación general que aquí ha sido expuesta.

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Siendo absolutamente conscientes de que, efectivamente, en sucesivos meses, pero a lo largo de este año, trece Comunidades Autónomas cumplían los cinco años de aprobación de sus Estatutos y, en consecuencia, podían aspirar legítimamente a acceder a nuevos techos competenciales, ya en el mes de Septiembre o a finales de Agosto desde la Junta de Castilla y León se ofreció al Gobierno y se ofertó al Gobierno la idea de llegar y de sellar un pacto que desarrollase la Constitución y los Estatutos de Autonomía, fundamentalmente de las trece Comunidades Autónomas a que antes me refería. Ese pacto, ese acuerdo, estaba sustentado sobre varias ideas, pero sobre una fundamental: que, efectivamente, se trataba de un interés capital del Estado y del desarrollo del Estado de las Autonomías; en segundo lugar, que era bueno que ese proceso se iniciase siguiendo un importante grado de acuerdo; en tercer lugar, que no parecía aconsejable o conveniente que se produjese una multiplicidad de iniciativas sin que fuesen acogidas y lideradas por quien tiene la mayor responsabilidad de Gobierno en España; y en cuarto lugar también, en el convencimiento absolutamente pleno de que había llegado la hora y el momento de proceder a un desarrollo cualitativo muy importante de la Constitución y de los Estatutos que, de algún modo, zanjase para un período de tiempo amplio lo que es el marco constitucional de distribución de competencias. No se trataba, en ningún caso, de decir "vamos a definir un modelo definitivo", como, tal vez, pomposamente se habló del mismo en asuntos como la financiación autonómica. Es bien consciente quien sabe algo de las técnicas de distribución territorial del poder en el país que sea que, efectivamente, esos procesos son procesos abiertos en el tiempo y sujetos a diversas tensiones. Pero, efectivamente, las posibilidades de desarrollo de la Constitución y de los Estatutos estaban, justamente, en esa posibilidad, que, a nuestro juicio, era especialmente responsabilidad del Gobierno su liderazgo.

Se han remitido aquí y se han leído aquí varios párrafos del discurso de Investidura, que, naturalmente, se mantiene íntegramente. Y es verdad que allí se decía que el propósito de la Junta que presido es la aplicación del artículo 29.a) del Estatuto, por considerar que es la fórmula normal, sin desdeñar ninguna otra. Y ¿por qué se decía esto? Pues muy sencillo: porque, vinculándolo a la idea de la necesidad del desarrollo de la Constitución y de los Estatutos y de la posibilidad de asunción de nuevas competencias, constitucionalmente hay un hecho claro y evidente, y es que el marco constitucional en España de la distribución de competencias está determinado por los Estatutos de Autonomía. Son los Estatutos de Autonomía y el principio dispositivo que contiene el Estatuto en donde se tiene que efectuar el marco de distribución constitucional de competencias en España. Podrá ser, como ya ha dicho un ilustre tratadista, un sistema más cómodo o más incómodo, pero es obvio que es, sin ninguna duda, el sistema que es. Y, en consecuencia, eso requiere que, producido el cumplimiento de los requisitos por los que una Comunidad Autónoma puede acceder a nuevas competencias, tenga eso que desarrollarse en el marco de una negociación política entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno, sin ser ésta una tarea excluyente, pero sin confundir lo que son instrumentos con lo que es la finalidad de la distribución de competencias. Y es evidente que el mero cumplimiento, de alguna manera, de un cumpleaños que permite acceder a nuevas competencias, o el mero transcurso, siquiera sea por una semana, de una fecha, no nos puede hacer olvidar que toda petición de asunción de competencias, o que incluso, más aún, toda aprobación por las Cortes Generales -sea la vía que se utilice para que una Comunidad Autónoma asuma nuevas competencias- está sujeta a un proceso de negociación política. Porque una cosa es la competencia y otras son las funciones, los medios materiales, los medios personales, que son, al final, lo que se transfiere a las Comunidades Autónomas. Dicho de otra manera: por un Estatuto, esta Comunidad Autónoma -aprobado en mil novecientos ochenta y tres- tenía determinadas competencias, que se fueron materializando en el tiempo conforme se iban produciendo los decretos de traspaso de competencias. Y eso es también un proceso político, que, evidentemente, hay que iniciar y que, evidentemente, no hace que el Gobierno de la Nación, en ningún caso, pueda o deba abstenerse, aunque sí manifestar, evidentemente, su posición.

Y en tercer lugar está el instrumento que se utilice para la asunción de nuevas competencias, y es aquí donde puede estar alguna de las claves de la cuestión. El artículo 150 de la Constitución es un instrumento, pero nada más que un instrumento, y para que las Comunidades Autónomas tengan más competencias se puede utilizar ese instrumento o no utilizarlo, siempre que se parta de una vía: que la distribución constitucional de competencias viene determinada a través de los Estatutos de Autonomía. Y luego se podrá utilizar uno u otro instrumento, que no dejan, en definitiva, de ser medios y no los fines fundamentales y que en algunos casos, como el artículo 150 de la Constitución, está previsto además, constitucionalmente, no para homogeneizar competencias, sino justamente lo contrario, para heterogeneizar las competencias; porque el espíritu de la Constitución, vuelvo a repetir, está en que el marco de distribución son los Estatutos. Y eso puede necesitar varios acuerdos, y puede necesitar un acuerdo evidente de Gobierno con Comunidades Autónomas, y, referido a Castilla-León, del Gobierno de la Nación con la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y no será esta Junta, desde luego, ni este Presidente, quien se oponga a que en ese acuerdo participen, de manera complementaria, fuerzas políticas nacionales que tengan representación parlamentaria. No seremos nosotros los que nos opongamos, pero sí los que decimos con toda claridad que la asunción de competencias tiene que producirse en el marco de una negociación política, cuyos factores principales son el Gobierno de la Nación y es el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y, naturalmente, para eso se demanda un mayor grado de consenso, el mismo consenso que se ofreció en el debate de Investidura y en el discurso de Investidura. Y ese mismo consenso es el que se va a buscar, y es el que estaba comprometido a buscarse, es el que se ha buscado y es el que se va a seguir buscando, y que nadie lo dude en la Cámara. Pero eso no empece decir tampoco que la falta de acuerdo de algún Grupo, o la discrepancia de algún Grupo, pueda ser interpretada como un derecho de veto a ningún tipo de iniciativa. Si consenso es necesario en estos asuntos, consenso es necesario también en otros asuntos cuyas iniciativas pueden haber surgido unilateralmente.

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En consecuencia, nosotros, desde la Junta de Castilla y León, y yo, como su Presidente, quiero decir que la Junta manifiesta su decisión de, en el momento oportuno, que no será a tardar, ejercer la iniciativa legislativa que sea pertinente en los términos que he enunciado, buscando el mayor consenso de los Grupos de la Cámara y anunciando su plena consciencia, también, de que es absolutamente necesario entablar un diálogo -cuanto más fecundo, mejor- con el Gobierno de la Nación. Pero que tiene que haber también una manifestación de responsabilidades; y la de la Junta de Castilla y León está manifestada, mientras que otras voluntades no se han manifestado. Y, naturalmente, la interpretación constitucional de lo que yo acabo de decir no ampara, a su vez -a mi juicio-, la interpretación política de que cualquier iniciativa legislativa de una Cámara Autonómica -y en particular de la de Castilla y León- es absolutamente irrelevante y no tiene ninguna posibilidad por el hecho de que en las Cortes Generales exista una mayoría política completamente distinta; porque, evidentemente, eso sería cercenar gravemente unas posibilidades que tienen las Comunidades Autónomas, no sólo por vía de la Constitución, sino por vía de los Estatutos.

En definitiva, señor Presidente y Señorías, lo que importa al final de este proceso, lo único que debe importar al final de este proceso es el interés de la Comunidad Autónoma, sea una iniciativa singular, sea subsumiendo la iniciativa singular en un marco general de iniciativa legislativa y de negociación con el Gobierno de la Nación, sea cual sea el instrumento que se utilice, en el que también pueden participar las fuerzas políticas que tengan representación parlamentaria. Pero que en ningún caso -a mi juicio- eso se debe interpretar como ningún intento de cercenar los derechos que constitucionalmente tiene un Parlamento como el de Castilla y León.

Y al final, Señorías, de lo que se trata es de servir adecuadamente los intereses de la Comunidad Autónoma, sin agravios comparativos, sin carreras precipitadas, sin afanes de mimetismo, sino fijarse, exclusivamente, en el objetivo interés de la Comunidad Autónoma, que podrá ser interpretable, pero constitucionalmente, desde luego, es perfectamente posible. Muchas gracias, señor Presidente, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Presidente, por favor, querría acudir al artículo 77, para un nuevo turno, puesto que, en definitiva, ha habido contradicciones a la postura del proponente y entiendo que cabe el uso de la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Sagredo, esta Presidencia entiende que el artículo 77 podría haber sido de aplicación en su momento, durante el debate, si es que algunas de las intervenciones de los otros Grupos implicaban algunos argumentos que tuvieran que ser rechazados; y, por otra parte, la Mesa, en aplicación del artículo 80, entiende que el debate está cerrado y que, por consiguiente, corresponde, únicamente, proceder a la votación.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Si me permite el Presidente, entiendo que todos los turnos han sido en contra, pero aceptamos absolutamente la autoridad del Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Procedemos, pues, a la votación. ¿Las Cortes toman o no en consideración la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, para su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León y, en su caso, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a la Proposición de Ley Orgánica sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de competencias en materias de educación?

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Quienes estén en contra, que se levanten.

Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: ochenta y uno. Votos a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley: cincuenta. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: treinta y una.

En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, para su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León y, en su caso, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a Proposición de Ley Orgánica sobre transferencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de competencias en materia de educación.

La Mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión correspondiente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.