DS(P) nº 22/2 del 29/4/1988

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): .....de tal manera que el punto séptimo pase a ser el octavo y el octavo ocupe la posición del anterior, es decir, el séptimo. ¿Se acepta? Se acepta. El señor Secretario dará lectura, pues, al anterior punto octavo, actual punto séptimo del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Jaime González González, relativa a modificación de la Orden de doce de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Don Jaime González puede acercarse y hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, puesto que los tiempos, por lo que veo en el reloj, que marca lo que me queda ya, siguen reducidos a la mitad.

El día doce de Febrero del ochenta y ocho, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León publica una Orden que trata de fomentar la instalación de invernaderos y otras construcciones para cultivos forzados.

En un apartado de esa Orden, concretamente en el artículo 5, en el apartado a), se hace referencia a los requisitos que los agricultores tienen que cumplir para solicitar esas ayudas. Y, textualmente, dice ese párrafo: "deberán presentar, además de la solicitud correspondiente por triplicado, en las oficinas de los Servicios Territoriales de la Consejería, la siguiente documentación: Anteproyecto que justifique las acciones a acometer, e incluya estudio económico, programa de ejecución, plan y sistema de explotación, presupuesto y los planes correspondientes.

Una vez aprobada la subvención, todas aquellas obras cuyo presupuesto supere al millón y medio de pesetas, o que por su complejidad así lo decida la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, presentarán proyecto de obras.

Ambos documentos -o sea, el anteproyecto que se presenta con la solicitud y el proyecto- deberán ir redactados por técnico agrario competente y visado por el Colegio Profesional respectivo".

Consecuencia directa de esto es que todo agricultor que quiera hacer simplemente una solicitud de petición de ayuda para la instalación de un invernadero, o cualquier otra instalación de cultivos forzados, debe contratar a un técnico agrario competente -yo creo que es una redundancia, bastaría decir técnico competente- y, en virtud de lo mismo, bueno, encargarle el trabajo correspondiente, pagar ese trabajo correspondiente, presentarlo con la solicitud correspondiente, que, en caso de ser denegada, transforma el trabajo -puesto que, posiblemente, el plan financiero que ese agricultor tendría para montar la instalación y la explotación contaría con las ayudas correspondientes-, se transformaría en papel mojado.

Por tanto, no parece razonable, no parece razonable -digo- que con la solicitud, con la solicitud, se tenga que presentar ningún anteproyecto o proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio correspondiente, sino que bastaría, pienso yo, con la solicitud, redactar o presentar una memoria técnico-económica que justifique las acciones a acometer -como decimos en la Proposición No de Ley que presenta el Grupo Socialista-, y que incluiría presupuesto, plan financiero -es más importante el plan financiero que nada, sobre todo en estos casos-, estudio económico, plan y criterios de la explotación, croquis con las dimensiones y características constructivas de las obras o instalaciones.

Casi podríamos reflejar cuál podría ser el itinerario de un agricultor, joven o no tan joven -esta línea, de todas maneras, hay que decir que es extraordinariamente utilizada por jóvenes agricultores, o por agricultores jóvenes-, que podría ser el siguiente.

En primer lugar, se debería de dirigir, en mi opinión, a la oficina comarcal más próxima y contactar con el técnico que en esa oficina comarcal esté, y recabar de ese técnico el asesoramiento técnico y las consultas pertinentes para adquirir una idea clara de cómo debe ser su explotación. Una vez adquirida esa idea, en contactos con los técnicos de la Consejería -información y asistencia técnica no sólo no neutra, sino favorable al agricultor, que es como debe ser-, se acercaría a las casas comerciales que fuera -una, dos tres, cinco, las que el agricultor deseara-, y allí pediría todo tipo de presupuestos, siempre ajustándose a las ideas previas que él y los técnicos de la Consejería hubieran decidido como ideas básicas, nunca -salvo que fueran absolutamente razonables- aceptando modificaciones que quisieran imponerles las casas comerciales.

A continuación de eso, debería volver a ese técnico de la Consejería, que para eso -entre otras cosas- está, estudiando las soluciones aportadas por el agricultor, y, una vez decidido, debería ser el propio técnico de la Consejería el que redactara esa memoria técnico-económica, que le permitiera al agricultor tener absolutamente claro qué es lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuánto le va a costar... Y todo eso, repito, en base al documento que, en colaboración con el técnico de la propia Consejería, haya redactado.

Realmente, yo creo que esa asistencia técnica que tiene que ofrecerse al agricultor es absolutamente imprescindible. Así, además, lo reconocía en su programa, aquel programa que costó tanto que se nos presentara en estas Cortes, de Agricultura, Ganadería y Montes, si Sus Señorías lo recuerdan, el propio Consejero, cuando decía lo siguiente -y leo textualmente, textualmente-: "Es decir, pretendemos que el personal de promoción y desarrollo -entiéndase extensión agraria, entiéndase personal de las oficinas comarcales- dedique la mayor parte de su tiempo -decía el Consejero- a la divulgación, a la información y a la asistencia técnica", y a la asistencia técnica. Por lo tanto, parece absolutamente razonable que sean los funcionarios de la Consejería, los funcionarios de las oficinas comarcales, los funcionarios del servicio de promoción los que den asistencia técnica, no neutra, sino favorable al agricultor, a esos agricultores.

La verdad es que, una vez conseguida toda esa documentación, una vez conseguida la documentación técnica aportada por los técnicos de la propia Consejería, no parece razonable que, una vez concedida la subvención, el agricultor tenga que aportar, o debiera aportar, más documentación. Bastaría, a mi modo de ver, con eso. Pero, incluso, incluso si un proyecto concreto, o si un programa concreto de actuación fuera tan complicado que fuera necesario aportar documentación complementaria, yo creo que la propia Orden lo contempla, porque en el apartado k) del propio artículo 5 dice lo siguiente: "La Dirección General de Reforma Agraria podrá pedir al beneficiario aquella documentación que estime necesaria en determinados casos para un mejor cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Orden". O sea, que la propia Orden, la propia Orden de la Consejería prevé o contempla el caso de que la documentación..., o que el proyecto sea tan absolutamente complicado que fuera necesario recabar nueva documentación, proyectos, o lo que fuera.

Desde luego, lo que no vale es un criterio como el que expresa la propia Orden; dice: "Todas aquellas obras cuyo presupuesto sea superior al millón y medio. ¡Por favor!, los criterios económicos nunca deben ser suficientes para decidir o no la necesidad de un proyecto. Un invernadero en el que la propia Orden limita a más de doscientos cuarenta metros cuadrados -la propia Orden- cuesta casi esa cantidad. Pero, desde luego, dos exactamente iguales valen más, y no tienen por qué, si no lo lleva el primero, llevar proyecto los dos; tres, tampoco. Nunca los criterios económicos, repito, deben ser base para exigir los proyectos.

Por lo tanto, yo creo, simplemente, que lo que hay que hacer es asesorar al agricultor, que los técnicos de las oficinas de promoción y desarrollo agrario asesoren a esos agricultores previamente a la información económica suministrada por las empresas. Una vez recibida esa información económica, y nuevamente con los técnicos de la Consejería, decidir cuál es la solución más adecuada, y, una vez hecho eso, que las ayudas les sean concedidas, sin que sea necesario hacer más desembolsos a los agricultores.

Señor Presidente, disculpas por haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Gracias. Para la fijación de posiciones, en su condición de Grupo enmendante, puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, don Rafael de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Sí, señor Presidente. Espero haber cogido los papeles adecuados, y me parece que es para fijar posición en relación con la Proposición de Ley número cuarenta y tres, del Procurador don Jaime González González, relativa a la modificación de la Orden de doce de Febrero del ochenta y nueve, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de Castilla y León. ¿Estoy en lo cierto?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Así es.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Muchas gracias. Pues miren ustedes, Señorías. En relación con este tema, este Procurador de la Democracia Cristiana manifiesta su conformidad general con dicha Orden. Coincidimos, por otra parte también -se lo digo al Procurador proponente-, con el espíritu de la Proposición No de Ley que nos ha presentado el Procurador, en cuanto a que participamos de su opinión y de la necesidad de la agilización de los trámites, y participamos mucho más aún del criterio y de la opinión de hacer todos estos trámites con el menor costo posible, es decir, propiciando ahorros económicos. Por supuesto que en eso coincidimos.

Por eso, nosotros hemos formulado una Enmienda que propone incluir en el costo total de la inversión el costo de los proyectos, con lo que, de alguna manera, al estar estos proyectos posteriormente subvencionados, no sería una gran carga económica para los ciudadanos, dado que -en unos casos el cuarenta, en otros casos el sesenta, en otros casos el treinta o en otros casos el sesenta- iba a estar subvencionado el proyecto, si se admite la Enmienda que presentamos nosotros, y no se puede aducir que supondría, como es el fundamento principal de su Proposición No de Ley, un cargo económico importante, sobre todo en aquellos casos de agricultores jóvenes que empiezan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, paliado con esa Enmienda, en gran parte, ese tema del costo económico.

Por otra parte, en nuestra Enmienda también añadimos y distinguimos dos cosas: por una parte está el hecho de solicitar la ayuda; y para solicitar la ayuda, con nuestra Enmienda decimos que únicamente se necesitará un anteproyecto sin ningún requisito de ningún tipo; ni siquiera el del visado, con lo que el ciudadano que tiene la iniciativa no tiene prácticamente ningún costo al nivel y en el momento en el que hace la petición, sino que establecemos la necesidad del proyecto una vez que se haya concedido la subvención. Y entonces ahí sí; si se va a hacer una inversión importante, de millones de pesetas, y parte del proyecto ya hemos dicho que está subvencionado, realmente, parece que no tiene mucha justificación que no exista el proyecto técnico. Y decimos, además, que parece que no exista mucha..., (¡ah!, perdón, creí que era una nota para mí), y creemos que, además, es necesario por razones de seguridad jurídica, fíjese bien lo que le digo; la mayor parte de estos proyectos, la mayor parte de estas inversiones necesitan..., se instalan en municipios, en términos municipales, que tienen aprobados determinados instrumentos de planeamiento, y que, en general, la Ley del Suelo establece la necesidad de licencias; y si realmente hay que hacer el proyecto para obtener esa licencia, pues huelga el que no demos ese instrumento a la Administración, a la hora de pedir la Administración, porque es un instrumento que necesitamos para cumplir otros requisitos formales.

Por otra parte, si esto no se hiciera así, muchas de esas instalaciones iban a carecer, a lo mejor, de un requisito esencial, íbamos a subvencionarlas, después iban a tener problemas, incluso con la propia Administración, y, a lo mejor, estábamos tirando el dinero.

No hay que olvidar, por otra parte, que algunas de estas industrias requieren llevarles electricidad, y por lo tanto hay que hacer un proyecto de transporte de esa electricidad, o de transformadores; hay que hacer un proyecto de gas para calefacción, o... etcétera, etcétera. Es decir, que pueden estar enclavadas en las industrias reglamentadas como nocivas, molestas e insalubres, y también necesitan una tramitación, y también necesitan un proyecto.

Pero también por razones de seguridad y control económico, porque la propia Orden, que establece y que, de alguna manera, enmienda con su Proposición No de Ley, establece que las subvenciones se han de justificar mediante certificación. Si no existe proyecto, si no existe técnico, ¿quién va a certificar? Entonces, si no anulamos también eso, resulta que no se podría hacer cumplir ese trámite que aún queda vivo en la Orden preexistente.

Y por otra parte, yo creo que los requisitos para las subvenciones, que se regulan en la Ley de Hacienda y en la Ley de Presupuestos, necesitan, precisamente, de esas justificaciones, y, si no, no se podrían hacer.

En conclusión, no supone un gasto mucho mayor, garantiza a las Administraciones el cumplimiento de las normas y garantiza mejor al ciudadano la ejecución de las obras correctamente y el cobro de las subvenciones, que nos parece también muy importante. Por eso, proponemos que se acepte la Proposición con las Enmiendas que nosotros hemos presentado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. En su condición también de Grupo enmendante, el representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, señor Jambrina.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo creo que estamos de acuerdo en el planteamiento inicial, o quizá global, que ha hecho el proponente de la modificación de esta Orden. Voy a tratar de ser lo más breve posible.

Hay dos partes o dos modificaciones, dos Enmiendas, perdón, que el Grupo Popular, o el Grupo de Alianza Popular, presenta a esta Proposición No de Ley. Una de ellas se refiere a suprimir de la Proposición la palabra donde dice "memoria técnico-económica..." etcétera, etcétera, suprimir la palabra o la expresión "técnico-económica". ¿Por qué? Bueno, el artículo 2 de la Orden dice a qué preparación se compromete el peticionario de estos beneficios, y en ningún caso diga que tenga que tener una preparación técnica.

Por otra parte, en el espíritu que se pretende con esta Proposición, lo que se trata es de economizarle -o yo al menos entiendo-, de economizarle al peticionario ningún gasto que no vaya a tener la garantía de que vaya a estar apoyado económicamente o subvencionado después. Pues, muy bien. Si le ponemos la palabra técnico y económica, alguien puede pensar que tenga que estar respaldado por técnico económico, con lo que le podemos complicar la vida y hacer que pida que le haga esa memoria a un técnico, sin estar lo suficientemente controlado por su Colegio profesional correspondiente. Como no es ese el tema, y como de lo que se trata es de presentar una..., yo diría una simple solicitud en la que explico a grandes líneas qué es lo que pretendo, se añade en la explicación del ponente el que ese asesoramiento técnico, o de la técnica que vaya a aplicar, haya de dárselo en funcionario de la agencia de extensión, o de la agencia comarcal, o el funcionario de la Consejería.

Bueno, de acuerdo. Como paso inicial, creo que es una obligación ineludible el asesoramiento, y hay unas agencias de extensión agraria -o había, y volverán a estar-, unas agencias de extensión agraria que ésa era su misión. Pero, hasta ahí, bien.

¿Qué pasa después? Entonces, yo pienso que vale con memoria, porque lo que se le añade después es mucho más que un anteproyecto; un anteproyecto consta de tres partes esenciales: la memoria -una memoria descriptiva-, un presupuesto a ojo y unos planes. Y, sin embargo, aquí se pide un plan financiero, cosa que me parece muy bien, pero que es posible que a algunos de los peticionarios les podamos poner en un aprieto. Pero no entro en este tema. Estoy de acuerdo, y para aclarar la situación y para no complicarles la vida, nuestra propuesta sería en este tema modificar o suprimir lo de "técnico-económica", que no le crea mayores problemas; le facilita, incluso, la labor. Pero ¿qué ocurre una vez que esa petición o esa solicitud está aprobada? Yo aquí entiendo que una de las cuestiones básicas de toda Administración tiene que ser la de la propia coordinación de las Administraciones. Con lo que propone la Proposición No de Ley, yo creo, honestamente, que lo único que le vamos a facilitar a esta persona es complicarle la existencia, porque va a tener -y eso es un hecho cotidiano-, va a tener, para cualquier tipo de instalación, ¡cuidado, eh!, aunque sea provisional, aunque sea desmontable, para cualquier tipo de instalatación va a tener necesidad de -si cumple la normativa, y creemos que debemos de cumplirla, puesto que somos otra Administración que debe de estar coordinada con el resto-, va a tener que presentar un Proyecto para pedir licencia de obra, aunque sea instalación provisional; eso lo exige la normativa legal de los Ayuntamientos. Si tiene, además, instalaciones eléctricas, o sistema de calefacción, o lo que sea, ya no digo si hay obra de fábrica, que hay invernaderos que no la necesitan, o pueden no necesitar más que una pequeña parte. Pero hay otras muchas -háblese de la endivia, háblese del champiñón, háblese de la seta, háblese de las naves de manipulación de los productos que se producen en el invernadero, háblese de lo que se quiera- que necesitan forzosamente un proyecto que tienen que presentar ante el Ayuntamiento.

Si está en el medio rural y tiene normas subsidiarias, que casi todos los Ayuntamientos lo tienen, y eso es lógico que esté en el medio rural -ya no digo si está alrededor de las ciudades-, va a tener necesariamente que pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo. Si está en una zona de posible impacto ambiental, ¡para qué le voy a contar!. Si tiene que tramitar cualquier expediente eléctrico, tiene que presentar su proyecto de instalación ante la Jefatura Provincial de Industria, antigua Jefatura Provincial de Industria. Si tiene que hacer gas, exactamente igual. Además, en la propia Orden se exige que presente un certificado de que tienen agua. Bueno, pues aquí podría exigirse también -quizá entra en el apartado K), de otros documentos que se pueden pedir-, se puede dar la circunstancia, Señorías, de que un señor haga una nave, un invernadero, lo haya hecho sin la correspondiente autorización municipal; por el sistema que se propone se le concede la subvención, y el Ayuntamiento, a instancias de la Comisión Provincial de Urbanismo, le mande tirar la instalación que ha hecho porque no tiene la correspondiente autorización.

Y eso es lo que pretendo con esa Enmienda que se presenta, de "sólo en caso de..." presentar el Proyecto, para evitar esos posteriores trastornos que necesariamente va a tener. Y ya no digamos si acude al Banco de Crédito Local, o si va vía la Gran Area de Expansión Industrial..., al Crédito Agrícola, perdón, al Banco de Crédito Agrícola; también exigen proyecto.

De manera que, si lo que queremos realmente es economizar unos gastos que pueden ser superfluos en caso de que no se apruebe la subvención, de acuerdo. Pero garanticemos también, además, la responsabilidad de quien va a hacer esa obra. ¿Quién va a ser el responsable, civil o penal, en las circunstancias que se pudieran dar, de que la nave se cae o el invernadero se lo lleva el viento? El agente de extensión, o el técnico de la Administración que le ha aconsejado que lo haga así, ni civilmente es responsable, ni penalmente es responsable. Eso, desde el punto de vista de la propia Administración, es, a mi juicio, una garantía superior que debe, y no le supone costos añadidos, porque no es necesario ni incluir, siquiera, que se subvencione el costo del Proyecto; eso es siempre considerado como gastos de nueva instalación y, por consiguiente, entra dentro de la parte subvencionable.

Nada más, Señoría. Muchas gracias. Por eso, yo pediría al ponente que reconsidere el tema, para ver si es posible que se admitan las Enmiendas que se proponen.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. En su condición de Grupo no enmendante, el representante del Centro Democrático y Social, don Daniel de Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, Señorías. Yo creo que, tanto el enmendante como los representantes del Grupo Mixto y Alianza Popular, y nosotros mismos, estamos buscando lo mismo: que al agricultor no le cueste y que tenga seguridad en la instalación. Yo creo, por tanto, que, desde ese punto de vista, la Enmienda presentada por el..., digo, la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista no debemos admitirla, no vamos a admitirla nosotros. Porque, si lo único que buscamos es que no le cueste al agricultor y además tenga seguridad, es verdad que, tal y como estaba la Ley o el Decreto, quiere decirse que para la petición había que hacer un gasto; gasto que consideramos absurdo. Por eso las Enmiendas, tanto de Alianza Popular como la del Grupo Mixto, son admisibles, desde el punto de vista que la memoria o la petición no tenga que llevar ningún visado. Una vez concedido, lógicamente y por razones que han dado, sí debe exigirse un Proyecto, porque, probablemente, señor González, de no exigir proyecto por no querer que el agricultor gaste una parte -porque si va incluido como gasto de inversión será la parte que le corresponde, porque va subvencionado igual que él ahora-, lo que estamos haciendo para que no gaste dinero, y de no parar y la Consejería de Agricultura hacer los estudios precisos para ver dónde y cómo deben subvencionarse los invernaderos, y eso debe venir en la memoria económica que haga el técnico correspondiente... Hay una frase que decíamos ayer, que, de no exigirse todo este tema, vamos a buscar la segunda o la tercera ruina de los agricultores. Porque aquel que ya no sabe a qué dedicarse, si se le deja en manos de las casas comerciales, todos son rentables, y en cualquier lugar de la Región es rentable a criterio de la casa que va a vender. Dejemos que el agricultor esté en manos de los técnicos y no de las casas, que a él lo que le interesa es vender su propio producto.

Por tanto, porque no se gaste una parte en el Proyecto, una vez que tiene la seguridad que se le han concedido -no antes-, les vamos a dejar en manos..., se va a ahorrar una pequeña parte, y la casa comercial, seguro, señor González, que va a ser rentabilísimo el invernadero. Le ponga donde le ponga, haga temperaturas bajo cero o no. desde el punto de vista de casa comercial, la memoria económica seguro que va a ser positiva. Que se responsabilice un Técnico. Y yo lo que pediría a la Consejería es que para el próximo año tenga hecho un estudio de toda la Región, de las zonas donde deben subvencionarse invernaderos; no pueden subvencionarse en todas las partes que lo piden y simplemente con el criterio de rentabilidad que haga un técnico. Yo creo que, de no seguir por ese camino, podemos encontrarnos con lo que ha venido ocurriendo en años anteriores, donde las perforaciones todas eran rentables y, al final, las fincas son de las Cajas de Ahorro.

Si seguimos por el mismo camino, puede que lleguemos a la misma situación. Estúdiese desde aquí dónde se subvenciona, cómo se subvenciona, y exíjase, una vez concedido el proyecto, visados de técnico, no de la Consejería, o, en los casos de ciertos límites, proyecto de técnicos de las Consejerías, en cuyo caso no haría falta el visado.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de Fernando. El Procurador proponente, don Jaime González, del Grupo Socialista, puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías.

De vez en cuando es gratificante ver a cada uno en su sitio, incluso al CDS, y después explicaré las razones por las cuales lo digo, y en ese Grupo Parlamentario incluso yo creo que hay agricultores.

Pero empezaré contestando por orden de intervenciones, y quiero contestar en primer lugar al Procurador don Rafael de las Heras.

Yo no creo en el principio de que lo que pague el Estado, bueno, pues, como lo pagamos todos, pues no pasa nada. Yo creo, siceramente, que la mejor subvención que puede recibir el agricultor para ese proyecto es la asistencia técnica de la Administración, no el que se subvencione un proyecto. Demos la asistencia técnica al agricultor, redactemos la memoria técnico-económica, fijemos dónde, cómo, de qué manera tiene que ser la explotación, con qué cuotas de amortización, con qué plan financiero; ayudémoslo en eso. Pero, de todas maneras, no creo que la solución sea -como siempre- recurrir al dinero público para que el proyecto esté incluido dentro de lo subvencionable y se subvencione; no creo que sea la solución. Pero, aún no creyéndolo, en aras a un esfuerzo de aproximación -como ayer dijo el mismo señor Procurador-, yo aceptaría la primera parte de su Enmienda: que el proyecto técnico, una vez resuelta favorablemente la concesión, esté incluido dentro de la parte subvencionable, que, desde luego -tengo que contestar a quien ha dicho lo contrario-, hasta ahora, y en muchas ocasiones, nunca ha estado dentro de la parte subvencionable; el agricultor pagaba de su bolsillo el proyecto, y decir lo contrario es ganas de equivocar a la Cámara.

Y seguimos adelante. La segunda parte no la puedo aceptar porque endurece la Orden original, y, si mi Proposición de Ley va en contra de endurecerla, desde luego, no puedo.

Dice la Orden original: sólo los Proyectos, o sólo los invernaderos de más de millón y medio serán susceptibles de presentar proyecto en la segunda; según su Enmienda, todos: millón y medio, trescientas, doscientas, cien, veinte duros; todos tienen que presentar proyectos. Por tanto, Su Señoría, si mi intención es aliviar al agricultor de ese asunto, no puedo aceptar -y Su Señoría lo entenderá-, ni siquiera en aras a un esfuerzo de aproximación, la segunda parte de la Enmienda. No lo puedo aceptar, por lo tanto. Si el aceptar la primera y las consideraciones que aquí se han hecho han servido para que Su Señoría modifique su posición, me parece bien; si no, no puedo llegar más allá. Pero, repito, la mejor subvención que puede recibir el agricultor es que el técnico que está en la zona, en la oficina comarcal, en la zona, se reúna con él, trabajen juntos y lleguen a conclusiones exactas; ése es el mejor proyecto que puede recibir el agricultor.

Dicho eso, desde luego, después de oír la intervención del señor Jambrina, yo creo que no debería haber ningún agricultor que pidiera estas ayudas, porque, realmente, es muy complicado. Yo reconozco que si la licencia municipal, que si los proyectos para no sé qué, que si la no sé qué...; al final yo comprendo que todos los que lo han hecho desde el año ochenta y seis hasta ahora, a los que no se les ha exigido proyecto -y los invernaderos están hechos-, no han tenido esas complicaciones y han podido hacer sus invernaderos y están funcionando; y, si no, vaya usted a preguntárselo a los agricultores parados de Frías, donde hay veinticinco, treinta, cuarenta jóvenes parados que han decidido poner invernaderos y dedicarse a esta actividad, a ver si han tenido tantas complicaciones y si la no exigencia del proyecto en la Orden puede acabar con su salud de tanto andar para allá y para acá recabando trámites. A ver si eso es así o no es así. Pregúnteselo Su Señoría. Vaya un día a Frías, vea aquello, vea más sitios, vea lugares donde esta Orden, durante dos años, ha servido para que muchachos que estaban en el medio rural y que se tenían que ir porque no tenían trabajo se hayan afincado en ese medio y hayan tirado adelante. Desde luego, si se lo complicamos tanto, posiblemente, esos agricultores no habrían tomado esa decisión que tomaron en su momento.

Todo lo demás son consideraciones que... Desde luego lo del impacto ambiental me parece bien, me parece bien; si es necesario, pues, que se haga también. Y, desde luego, lo de que el agricultor tuviera, como decía la Orden, que presentar un anteproyecto, que, según el Procurador del Grupo Popular, consta de una Memoria, un presupuesto a ojo -cito palabras textuales- y pagar encima por ello ............ , indica el rigor con que estaba hecha la Orden; y el propio Grupo Popular enmienda esa Orden, aceptando... etcétera, etcétera. Para qué vamos a hablar del asunto sin meternos en otro tipo de consideraciones.

Y por último, bueno, pues, el señor de Fernando, pues, ha hecho una serie... En primer lugar, que al agricultor no le cueste nada; yo creo que, si dice eso y lo dice sinceramente, desde luego, tendrá que aceptar que el agricultor en ningún momento tiene que presentar el proyecto; porque, aún en el caso más favorable al agricultor, si tienen que hacer un proyecto, le va a costar -y desde luego hay un reparto y no todos tienen el máximo de subvención, que es a lo que siempre se agarra el señor de Fernando, sino unas subvenciones razonables, porque el dinero hay que repartirlo, porque... etcétera, etcétera-, bueno, pues, le va a costar el ochenta por ciento del valor del proyecto, y el proyecto y la dirección de obra, que es lo que el señor de Fernando quiere que se haga, es el ocho por ciento del importe del proyecto; y un proyecto de un millón de pesetas le cuesta al agricultor ochenta mil pesetas; ochenta mil pesetas que, desde luego, aceptando la parte del señor de las Heras, pagaría la Administración una parte y el agricultor otra parte. Pero, como posiblemente sea el ochenta por ciento lo que tenga que pagar, pues pagaría sesenta y cuatro mil pesetas. Eso por poner un ejemplo; si hay un ejemplo más grande, más. Que puede ser exactamente igual, señor de Fernando, porque los invernaderos, en muchos casos, técnicamente, son módulos exactamente iguales; y no veo, desde luego, la diferencia que haya que hacer un proyecto..., para un módulo de quinientas mil pesetas no haya que hacerlo y sí haya que hacerlo para veinte módulos de quinientas mil pesetas; no lo entiendo, siendo exactamente iguales, etcétera, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, aceptamos la primera parte de la Enmienda del Procurador de la Democracia Cristiana. Aceptamos la Enmienda primera del Grupo Popular. No podemos, en ningún caso, aceptar la segunda, porque la segunda, igualmente, endurece la propia Orden, igualmente endurece la propia Orden. Porque dice la Enmienda del Grupo Popular -la segunda, la segunda- que todo, una vez ........., todo, todo proyecto, todo invernadero que se pida, todo ......... tiene que tener proyecto, cuando por lo menos la Orden hacía la salvedad de millón y medio. No voy a tirar yo piedras contra el tejado de los agricultores; que las tiren otros, que, realmente, después, en otros foros dicen otras cuestiones.

Por lo tanto, esta línea ha funcionado perfectamente durante dos años. Se han acogido a ella un importante número de agricultores, casi todos agricultores jóvenes, muchos en paro que han encontrado en esta vía una solución a sus problemas en el medio rural. No hay que desanimarles exigiéndoles un proyecto que les cuesta su dinero; que sean los técnicos de la Administración, que yo creo que para eso están y además lo hacen con sumo gusto; y el caso de Frías es un caso absolutamente paradigmático, en el que hasta la gestión, incluso, una vez realizados los invernaderos, corrió prácticamente a cargo del agente de extensión, de la persona que está en la oficina comarcal, del agente del servicio de promoción, como quiera llamarlo el señor Jambrina. Yo sí sé cómo llamarlo; las dudas las tiene él. Pues, yo creo que, realmente, no es necesario agobiar al agricultor con esa cuestión. Y, desde luego, lo que no es responsabilidad del técnico que hace el proyecto -y el señor de Fernando no sabe lo que es un proyecto si lo dice- es decidir si en un lugar concreto o no se hace un invernadero; eso lo pide el cliente, en este caso el agricultor; el que tiene que decidir las áreas donde la actividad económica de los cultivos forzados es interesante es la Administración, y lo que podía haber hecho en esta Orden, si lo hubiera considerado oportuno -y así se dijo en el debate presupuestario, así se dijo en el debate presupuestario-, es fijar áreas económicas concretas, áreas geográficas donde la Orden fuera de aplicación y otras áreas concretas donde la Orden no fuera de aplicación. Y no intentando con ello provocar una discriminación territorial entre agricultores, sino, al contrario, intentando favorecer, reconociendo que esta Orden y la actividad que en ella se contempla y que se quiere fomentar tiene su principal campo de aplicación, fundamentalmente, en zonas periurbanas, en zonas próximas a otras Comunidades muy pobladas, etcétera, etcétera, donde, realmente, ahí la actividad económica tiene su importancia.

Por lo tanto, nos ratificamos en la Proposición No de Ley, que, repito, tiene como único objetivo el que el agricultor no pague un gasto que, en el caso concreto de invernaderos, es absolutamente inútil. Yo no me opondría a que presentara proyectos en el caso de que hubiera que hacer un proyecto de un puente, aunque fuera pequeño, porque habría unos cálculos de estructuras, etcétera, que habría que hacerlo un técnico competente; pero, desde luego, no es así un invernadero. Y si en algún caso la Administración opina -y yo no niego que pueda opinarlo en algún caso- que fuera necesario el proyecto porque la instalación es extraordinariamente complicada, tiene el apartado K) de la Orden, donde puede recabar ese proyecto, una vez concedida la subvención. Desde luego, que previamente todos los invernaderos, todos, todos, sean pequeños o grandes, tengan que hacer un proyecto me parece absolutamente improcedente. Señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Se procede a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Jaime González González, relativa a modificación de la Orden de doce de Febrero del ochenta y ocho, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, incorporando a la misma la primera parte de la Enmienda presentada por el Grupo Mixto y la primera Enmienda de las presentadas por el Grupo de Alianza Popular, que es, concretamente, digamos, la que lleva como número de registro 664.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias. Quienes se abstengan. Ninguno.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y seis. A favor: cuarenta y cuatro. En contra: treinta y dos. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Jaime González González, del Grupo Socialista, relativa a la modificación de la Orden del doce de Febrero de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, incorporando a la misma la primera parte de la Enmienda presentada por el Grupo Mixto y la primera Enmienda de las presentadas por el Grupo de Alianza Popular, que lleva como número de registro el 664.

El señor Secretario procederá a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Proposición No de Ley presentada por los Procuradores don José Castro Rabadán y don Antonio Gómez-Rodulfo, relativa a abastecimiento de agua a la población y municipio de Ledrada"

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): En nombre de los Procuradores proponentes, don Antonio Gómez-Rodulfo puede acercarse y hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR

EZ-RODULFO: Señor Presidente, Señorías. La población de Ledrada (Salamanca) cuenta en la actualidad con una población de derecho de setecientos siete habitantes, y en su término municipal están radicadas un número importante de industrias chacineras -superan la veintena las empresas dedicadas a esta actividad-, bajo la Denominación de Origen Guijuelo. Dicha población y, lógicamente, las industrias vienen padeciendo desde hace tiempo un gravísimo problema de falta de agua suficiente para el abastecimiento, tanto humano de la población, como el necesario para la actividad industrial; actividad industrial que, lógicamente, no es necesario resaltar la importancia que tiene en esta Región, por tratarse de una industria agroalimentaria de gran tradición y con unas grandes perspectivas de futuro. Esta falta de agua suficiente ha supuesto, en muchos momentos, graves impedimentos para el desarrollo normal de la actividad industrial y viene siendo, sistemáticamente, un factor limitativo del crecimiento de esta industria en una zona en la que podría tener muchas posibilidades.

Hay una posibilidad de abastecer desde la presa de Navanuño, Béjar, al municipio de Ledrada y a otros municipios de la zona, ya que dicha presa embalsará un máximo de trece millones de metros cúbicos, y según las previsiones podrá llenarse anualmente con regularidad, sin que Béjar, ciudad principal para la que se hizo la presa, para cuyo abastecimiento se hizo la presa, vea en ningún momento mermadas ni reducidas sus necesidades o su consumo de agua por el hecho de dotar a otros municipios, y concretamente al de Ledrada.

En ese sentido, es conveniente recordar que, cuando primitivamente se aprueba el proyecto de construcción del abastecimiento de la presa para abastecimiento de agua de Navanuño, ya se hace constar que será para el abastecimiento de la ciudad de Béjar y para otros municipios colindantes. Es decir, que esto ya estaba previsto, en un principio, en el proyecto. La distancia entre Ledrada y los depósitos de Béjar es de unos veinte kilómetros por la zona de posible trazado, por lo que físicamente es viable esta hipótesis de abastecimiento. El consumo de Ledrada y su repercusión en los volúmenes que se manejan en Navanuño serían insignificantes, por lo que podría beneficiarse a Ledrada y a otros municipios próximos a dicho pueblo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, cuenca de la que provienen las aguas, ha emitido un informe que contempla la posibilidad técnica de realizar dicha obra, de conducción y abastecimiento de agua a Ledrada, que supondrá un costo aproximado de cien millones de pesetas. Los beneficios que dicha conducción aportarían a la zona serán grandes y definitivos para el desarrollo y asentamiento industrial, así como para el abastecimiento humano y ganadero de la zona. El Real Decreto 1022/1984, de once de Abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de abastecimiento, saneamiento, encauzamiento y defensa de márgenes de río, dispone en su anejo primero b): "Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León las siguientes funciones correspondientes al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: a) "Programar, aprobar y tramitar hasta el abono de las certificaciones las inversiones, en las obras de su interés, en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. Todo ello en relación con la función estatal de ayuda a las Corporaciones Locales y de acuerdo con la normativa específica que la regule". Es decir, queda claramente demostrado, primero, que está dentro de las competencias de la Junta de Castilla y León; segundo, que es necesidad imperiosa, por estar planteándose un problema gravísimo; tercero, que puede física y económicamente realizarse. Por todo ello, los Procuradores que firmaban esta Proposición No de Ley presentaban un texto que posteriormente ha sido negociado por ambos Grupos proponentes con el Grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo de Alianza Popular, habiéndose llegado a una redacción en la que estamos de acuerdo los tres Grupos, que diría así: "Proposición No de Ley. Que la Junta de Castilla y León recabe las consultas, informes, autorizaciones, expedientes y acuerdos pertinentes de los diferentes organismos implicados y del Ayuntamiento de Béjar, para que así, disponiendo de la documentación mencionada y de los medios técnicos y económicos necesarios, la Junta realice el proyecto previo y las obras posteriores para la conducción y abastecimiento de agua desde la Presa de Navanuño (Béjar) a la población de Ledrada y municipios próximos, en función de las necesidades reales y de las disponibilidades presupuestarias de la Consejería".

Este sería el texto, el texto que ha sido negociado y pactado, y en el que estarían de acuerdo todos los Grupos. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Me comunican que, habiéndose presentado una Enmienda por todos los Grupos de la Cámara, únicamente preguntar si algún Grupo desea hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Sí, señor Presidente. Como ha habido esa Enmienda de aproximación también por el Grupo Mixto, aunque no se ha señalado, nosotros, por tradición parlamentaria, creemos que debe intervenir el Grupo mayoritario de los que no han presentado la Proposición.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El representante del Grupo de Alianza Popular.

EL SEÑOR SERRANO VILAR:

Gracias, señor Presidente, Señorías. En el tema que hoy se plantea aquí, en esta Proposición No de Ley, indudablemente, hay suma e importante trascendencia, por el hecho claro e innegable de que el agua es un elemento indispensable, vital para la vida y para el desarrollo de nuestros pueblos.

Yo solamente quisiera decir aquí, desde el principio, que quede muy claro que mi Grupo Parlamentario, de Alianza Popular, quiere dejar constancia que en este tema tan importante y tan transcendente, como en otros que lo son tanto como éste, tiene la decidida voluntad de que se arbitren los medios necesarios y se solucione con los medios adecuados, cuanto antes y con todos los medios al alcance.

En segundo lugar, tengo que decir que Ledrada, un pueblo de mi provincia..., y me van a permitir Sus Señorías, en aras al respeto y al cariño que le tengo -y creo que toda la Cámara conmigo- a Ledrada y a todos los pueblos y ciudades de Castilla y León, que exprese aquí el deseo que ojalá fuese Ledrada el último y único pueblo que no tenga todavía solucionado su problema de abastecimiento de agua suficiente.

Por ello, quiero también recalcar que se implica en este tema, en esta cuestión, el hecho de que la industria chacinera de Denominación de Origen Guijuelo está asentada en la población de Ledrada y en los términos próximos, municipios próximos de la comarca de Béjar, de mi provincia. Y es indudable la justa fama que tienen las chacinas de Guijuelo en España, y yo diría que un venturoso porvenir tiene que esperarle a la Denominación de Origen Guijuelo en Europa si conseguimos de una vez eliminar la cuarentena por peste porcina africana que la Comunidad Económica Europea nos tiene impuesta.

Nuestro Grupo de Alianza Popular quería, en esta Proposición No de Ley, hacer algo que se ha conseguido en la Transaccional, y era que el tema este tan trascendental no se contemplara de una forma puntual, sino de una forma global. Con ello se iban a conseguir, y se van a conseguir de hecho, tres objetivos importantes. Por una parte, ampliar los beneficios posibles de un abastecimiento de agua suficiente a otros pueblos limítrofes, colindantes, cercanos o próximos a Ledrada. Y, por otra parte, porque se van a abaratar los costos unitarios de esta obra de abastecimiento de agua. Y, por último, y quizá la más importante, el que no se crearían discriminaciones ni agravios comparativos.

Por tanto, mi Grupo de Alianza Popular únicamente tiene que añadir que, una vez consensuada la Enmienda Transaccional, se alegra, y este Procurador, personalmente, muchísimo más; lo digo por el cariño y el respeto que me merece la población de Ledrada y todos los municipios colindantes.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Presentada, como se acaba de indicar, una Enmienda Transaccional por parte de todos los Grupos, que constituiría la nueva redacción de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores don José Castro Rabadán y don Antonio Gómez Rodulfo, ¿se aprueba por asentimiento dicha Proposición No de Ley? Se aprueba.

Queda, por consiguiente, aprobada la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores don José Castro Rabadán y don Antonio Gómez Rodulfo, relativa a abastecimiento de agua a la población y municipio de Ledrada, de acuerdo con la Enmienda Transaccional presentada por todos los Grupos de la Cámara.

El señor Secretario procederá a dar lectura al noveno punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Noveno punto del Orden del Día: "Debate de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios al Programa de Actuación de medidas de política económica en el sector de la minería del carbón en la Comunidad, remitida por la Junta de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): De conformidad con los criterios establecidos por la Junta de Portavoces y por la Mesa de la Cámara para la ordenación de este Debate, tiene la palabra, en primer lugar, para presentar el programa de actuación de la Junta de Castilla y León, el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente, Señorías. No se marchen tan pronto, porque no voy a ser muy extenso en mi exposición y no les voy a cansar; entonces, se lo pueden perder.

Puesto que el programa de actuaciones de la Junta fue presentado ya en la Comisión de Industria, les remito a todos ustedes, Señorías, a lo expuesto en el debate de aquella Comisión.

Por tanto, quiero comenzar agradeciendo la postura de todos los Grupos, porque entiende el Consejero de Economía y Hacienda que empezamos a estar susceptibles con la gran problemática de la minería. Esto me lo avala las transacciones consensuadas por todos los Grupos de la Cámara.

No obstante, y para centrar el debate, y puesto que la votación puede extenderse, quiero centrarme fundamentalmente en dos aspectos que no han sido consensuados -los dos únicos, a mi juicio, que no han sido consensuados del programa que ha presentado la Junta- y que creo que son de vital importancia, y a ellos voy a hacer referencia.

Creo, y lo he manifestado ya varias veces, que debo de comenzar diciendo -para halagar al Portavoz del Partido Socialista- que el nuevo sistema de contratación de carbones térmicos era necesario y que se está llevando con bastante buen pulso por parte de la Administración Central. Pero, igual que he dicho ya hasta la saciedad, era necesario pero insuficiente. Y, ¿por qué digo que es insuficiente? Porque, evidentemente, con el nuevo sistema de contratación térmico se han atacado una serie de defectos estructurales que venía padeciendo el sector del carbón, pero faltan dos aspectos fundamentales en los que no quiere detenerse. Y no quiere detenerse, a juicio del Consejero de Economía y Hacienda, porque falta un reconocimiento expreso, que creo que es el punto de partida, y el reconocimiento expreso es muy simple: la política del sector del carbón, si de verdad responde a los postulados aceptados por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, debe de pensar dónde está el futuro, y, precisamente, dónde puede estar concentrado ese futuro por zonas. Si eso es así, debería de partirse del postulado primordial de que, a partir del año dos mil, las únicas posibilidades de futuro que tiene el sector de hulla, o el subsector de hulla y el subsector de antracita, están precisamente concentradas única y exclusivamente en la región de Castilla y León.

No creo que sea necesario extenderme en este principio, puesto que lo hemos debatido suficientemente. Baste decir que me da igual que se tomen las reservas posibles, las probables, las más seguras; la vida que se le concede a la cuenca del carbón de la región de Castilla y León es, como mínimo, más del doble que del resto de las zonas.

Si se parte de ese principio, la pregunta lógica es: ¿por qué el distinto trato que reciben las regiones?, ¿por qué el empeño de la Administración Central de apoyar, una y otra vez, a la cuenca asturiana frente a un apoyo decidido de la región de Castilla y León? El último Consejo de Ministros volvió a recordarnos que se aprobaban treinta y siete mil millones para HUNOSA, y se cifraban otras ayudas de ciento cincuenta mil millones para los próximos años.

Pues bien, no sé cómo explicar a la Administración Central, no sé cómo explicarles a ustedes, que entiendo que los tres criterios que han definido la política del carbón en la Comunidad Económica Europea se basan, en primer lugar, por considerar que el sector del carbón es un sector estratégico, que debe defenderse la producción autóctona de energías para paliar los posibles efectos -como nos sucedió ya- de las otras alternativas energéticas. En segundo lugar, el criterio que rige en la Comunidad Económica de por qué se debe seguir apoyando el carbón es porque es un sector que genera empleo y que mantiene empleo, y además, concretamente, en unas zonas que son de difícil reciclaje, que son de difícil..., encontrar unas industrias que puedan absorber el exceso de mano de obra.

Pero, dicho esto, quiere decirse que, entendiendo el problema asturiano; entendiendo, como debería de entender la Administración Central, que el carbón de la zona asturiana tiene menos futuro, es aproximadamente la mitad de productivo y está en condiciones de competitividad aproximadamente de la mitad que el carbón de la región de Castilla y León; entendiendo que deberían de apoyarle, sí, para digamos "la muerte dulce", se está apoyando decididamente, todavía el Consejero de Economía y Hacienda no sabe para qué.

He dicho, y me he atrevido a afirmar, que me da la impresión de que se sigue financiando una mala gestión de empresas. No entiendo cómo, si el artículo 4 del tratado CECA señala el criterio de universalidad y generalidad para las ayudas, cómo puede ser que las ayudas de los Presupuestos Generales del Estado se destinen única y exclusivamente a una región, por el mero hecho de que en esa región se explota de la forma de empresa pública en vez del sector privado. No lo entiendo. Y por eso entendía que todos los Grupos presentes en esta Cámara deberían de apoyar al Consejero de Economía y Hacienda en, por lo menos, recabar la atención de la Administración Central en este aspecto. De qué nos sirve haber consensuado, señor Paniagua, el tanto por ciento de los ingresos que tiene que recibir Castilla y León, con una base de presupuestos, en cuanto a gastos e inversiones, si al final, por una política decidida del carbón, se nos llevan más de cincuenta mil millones al Principado de Asturias. Quiero recordar que nuestro presupuesto global, con muchos esfuerzos, asciende a noventa mil. Es decir, que más de la mitad del presupuesto se concede a las empresas públicas. Ruego, por tanto, fundamentalmente al Partido Socialista que reconsidere esa propuesta de resolución hecha por mi Grupo, porque creo que por sí sola se defiende.

El segundo punto al que me gustaría hacer referencia es a la fijación del precio. Ya lo sé, señores del Grupo Socialista.... (Es que estoy esperando para que me oiga el señor Lorenzo; si no, no me va a poder contestar luego). Ya no sé como decir, y sé que el precio, por primera vez desde el año ochenta y siete, es un precio libre, aceptado libremente -y digo "libremente" entre comillado- por las dos partes: eléctricos y empresarios del carbón. Es decir, sé que lo firmaron los eléctricos y Carbunión. Pero quisiera recordar aquí que cuando se firmó ese precio era porque se argumentó..., y además fue dado el sistema de precios también por la Administración Central, y se argumentó que si quería que entrara en vigor el nuevo sistema de contratación térmico urgía que se aprobase ese precio. Y tengo que recalcar aquí que ese precio adolece de dos defectos fundamentales: primero, el precio inicial que aceptaron libremente -entre comillados- las partes, (el P. sub cero), no cubría los costos reales de explotación, y no los cubría porque... -y lo conoció la Administración Central- porque congruentemente con su política decía: muy señores nuestros, en el nuevo sistema..., en el antiguo sistema de precios autorizados, se daba la incongruencia de que el sector privado tenía que hacer frente, con el precio del carbón, a todos sus costes y ganar dinero, cuando al mismo tiempo estaban ya inyectando dinero a HUNOSA, porque se demostraba que era insuficiente el precio para el sector público; curiosamente, con unas estructuras mucho más modernas y habiendo realizado mayores inversiones en las empresas del sector público y con unas capas de mayor capacidad de explotación, en términos económicos, que las del sector privado, las de nuestra región. Bueno, pues, había demostrado que ese precio era insuficiente; se señalaba la incidencia del costo que suponía la implantación del Estatuto minero en el sector y, sin embargo, se aceptó ese P sub cero. Pero no fue lo grave eso, lo grave es que el sistema de revisión que aceptaron de ese precio está compuesto por dos sumandos: el primer sumando y el fundamental dice que la revisión de precios se realizará con la inflación prevista, más un pequeño sumando, que no tiene demasiada importancia, que pone en comparación la diferencia del precio comunitario del carbón de un año con respecto al otro.

Y he dicho que la revisión de precios se centra, fundamentalmente, en la inflación prevista y, evidentemente, de todos los parlamentarios es conocido que la inflación prevista en este país dista algo de ser la inflación real, con lo cual si inicialmente parten de un P sub cero que no cubre los costos y además las revisiones futuras van a ir por debajo de la inflación real, quiere decir ello que, a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez se va distanciando más los costos reales del precio del carbón.

Hay algo más. Admitido el sistema de precio pactado, yo, fundamentalmente, ataco la fórmula paramétrica que determina el precio del carbón. La fórmula paramétrica, como el señor Lorenzo Martín conoce perfectamente, fue, fundamentalmente, creada para retribuir a la hulla y entonces la fórmula paramétrica contempla una variable que perjudica decididamente a la antracita, es decir, a la mayor producción que tiene nuestro carbón de Castilla y León. Porque en esa fórmula paramétrica se penaliza cuando el mineral que se aporta no tiene como mínimo veinte puntos de volátiles, y tengo que recordar en esta Cámara que los volátiles que contiene la antracita, de media, son de tres a seis puntos, es decir, tiene, como medía, una penalización de quince, dieciséis puntos que al precio de setenta y cinco pesetas, como han demostrado todos los que han estudiado la fórmula, significa que la antracita se está vendiendo, en proporción a la hulla, alrededor de mil pesetas/toneladas menos; de ahí que mi Grupo recogiera perfectamente, dentro de su proposición de resolución, el que se revise el precio del carbón para adecuar concretamente los precios a la situación real; que ya sé que ese precio fue pactado libremente, pero no se nos olvide, señor Lorenzo Martín, que el papel moderador de la Administración Central es fundamental en la fijación del precio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el sector de demanda del carbón es, por denominarlo de forma suave, un oligopolio; el sector eléctrico español está constituido por muy pocas empresas y forma un oligopolio que se pone fácilmente de acuerdo. Mientras..., perdón, el sector de la demanda, mientras que el sector de la oferta, por políticas anteriores que no quiero enjuiciar, está completamente fragmentado; existe mayor número de empresas del sector del carbón de las que serían deseables, y hay incluso mayor número de empresas que después de la mitad de la segunda década del setenta, lo cual quiere decir que al estar tan fragmentado es muy difícil que el peso específico en la negociación pueda ser equiparable al del oligopolio del sector eléctrico.

Esas son las razones por las que mi Grupo incluía esas dos proposiciones de resolución, que son las únicas que, a mi juicio, se aportan al debate con un criterio fundamental y que se recogían en la política que presentaba la Junta de Castilla y León, que deberían de meditar seriamente, y les recomendaría que votarán a favor, porque creo que con el esfuerzo realizado y la suceptibilidad demostrada por la política del carbón podríamos conseguir un éxito que, de alguna forma, paliara totalmente todos los defectos de la estructura del sector del carbón.

Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Por los distintos Grupos Parlamentarios de la Cámara, se han presentado Enmiendas de aproximación entre propuestas de resolución presentadas por cada uno de ellos, que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, con lo que el debate y votación de estas propuestas ganarán en claridad y sencillez. Para la presentación global y defensa de las propuestas de resolución presentadas, a través de la Enmienda Transaccional, el Grupo... el representante del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos. Don Rafael de las Heras, puede acercarse a la tribuna.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Muchas gracias, señor Presidente, y para intentar resumir en cinco minutos lo que este Procurador y alguno más hemos tardado en redactar diez horas. Decir, como antecedente, la importancia del sector de la minería del carbón en Castilla y León, y me voy a remitir, también, a las actas taquigráficas de esas maratonianas sesiones para no cansar a Sus Señorías.

Señalar, por otra parte, como muy positivo el consenso alcanzado en las medidas que vamos a analizar hoy en esta Cámara, de las que, de las veinte propuestas, catorce han alcanzado el consenso total, dos han alcanzado un consenso de aproximación entre los Grupos y, por último, se van a debatir y a votar separadamente cuatro Enmiendas mantenidas por los distintos Grupos, mejor dicho, cuatro propuestas mantenidas por los distintos Grupos.

¿Y cuáles son las propuestas de la Democracia Cristiana inicialmente? Pues, la primera de ellas, y para nosotros muy importante, la de solicitar del Gobierno de la Nación la formalización del convenio bilateral entre el reino de España y la CEE. ¿Y por qué esta propuesta de resolución? Porque prohíbe expresamente cualquier discriminación entre productores, y aquí, en nuestro país, se está produciendo de hecho, como ha explicado el señor Consejero, una discriminación entre productores. Castilla y León, con una producción doble de la asturiana, por ejemplo, recibe solamente el veinticinco por ciento de las ayudas, mientras que la minería asturiana, pública en este caso, recibe el setenta y cinco por ciento, más, más, lo que ahora se nos ha anunciado por el Gobierno, un contrato programa de más de 185.000.000.000 de pesetas. Esto significa que... significa 16.000 pesetas por tonelada, que es, aproximadamente, el doble del precio que las térmicas pagan por nuestro carbón y significa 2.500.000 por cada uno de los puestos de trabajo.

¿Por qué, también, hacemos esa petición o esa propuesta de resolución? Porque el artículo 56.2.b) del Tratado de la CECA establece posibilidad de ayudas a las empresas con carácter individual y no reembolsable, por ejemplo para jubilaciones anticipadas, por ejemplo para financiación de nuevas actividades de reorganización de la mano de obra excedentaria.

Conclusión: nos parece sorprendente que España no haya suscrito todavía el Tratado de la CECA.

En cuanto a la otra serie de propuestas de este Grupo, la siguiente de las propuestas, que ha alcanzado el consenso del PSOE, del Grupo Mixto y del Grupo Popular, se refiere a que las empresas compren toda la producción subterránea de carbón que se produce en nuestras cuencas, y, por otra parte, que se inste al Gobierno de la Nación que incremente de forma inmediata la participación de las centrales térmicas de carbón en la estructura de generación eléctrica, primando, primando, a aquellas que consuman carbón de mejor calidad, es decir, de bajo contenido en azufre. Y aquí quiero insistir que en nuestro país hay centrales térmicas que están quemando cuatrocientas, ochocientas mil toneladas de carbón con índices de contenido en azufre de cuatro y el cinco por ciento, cuando los de mejor calidad tienen un contenido en azufre del uno por ciento, y esto significa -para una sola central térmica que ha sido condenada en los tribunales-, y esto significa que cada año libera la atmósfera un máximo de trece mil toneladas de dióxido de azufre, un gas tóxico para todos los organismos, es decir, la denominada lluvia ácida. Si nuestros carbones son de primerísima calidad, que se primen esos carbones en detrimento de estos otros carbones, que lo que están produciendo es un grave deterioro de la naturaleza.

Otra de las propuestas presentadas por nosotros era que se inste al Gobierno de la Nación a que tome medidas tendentes a la prohibición del consumo de coque de petróleo en las calefacciones.

Otro tema por nosotros propuesto es que la Junta de Castilla y León emprenda acciones necesarias para conseguir que las zonas mineras de carbón de Castilla y León sean declaradas zonas promocionables al amparo de la Ley 50/1985. Para entendernos, es lo que antes eran las zonas de urgente reindustrialización que ahora se acogen a esta nueva Ley.

Y, por último, que se cree por Ley -y ésta es una aportación muy importante de mi Grupo-, que se cree por Ley un Fondo coyuntural extraordinario destinado a financiar capital circulante de las empresas mineras con graves problemas de tesorería.

Estas son, señoras y señores Procuradores, nuestras propuestas que, con el conjunto de los otros Grupos, pueden ayudar a dar un paso importante a potenciar un sector tan transcendente para nuestra Comunidad, como es el de la minería del carbón.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Igualmente, para hacer una presentación global y defensa de las propuestas de resolución presentadas a través de la Enmienda Transaccional, puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, don Guillermo Domínguez.

EL SEÑOR DOMINGUEZ FERRER:

Señor Presidente, Señorías. La verdad es que después de oír lo que sabe del tema el señor Consejero y los piropos que le echa al señor Exconsejero, poco camino nos deja al resto. En cualquier caso, sugeriría a ambos que como saben tanto y el problema creo que lo tenemos que resolver entre todos, en determinados momentos prescindamos de protagonismos, porque si no no llegaremos a ningún buen camino.

Dicho esto diría que..., después de las muchas horas que tanto la Comisión de Industria ha dedicado al problema de la minería del carbón, como la de la cantidad de las páginas que los periódicos de nuestra Región han dedicado al mismo problema, este Procurador no quisiera cansar a Sus Señorías con la repetición de argumentos ya expuestos anteriormente y que de dicha exposición, por ser demasiado reiterativa, produjese el efecto contrario al deseado. Por ello voy a tratar de hacer una intervención muy concreta y orientado a que tomen conciencia Sus Señorías del problema y de las soluciones que entre todos podamos aportar.

No voy a entrar a analizar los antecedentes de la crisis de la minería del carbón, porque creo que todas Sus Señorías la conocen y lo que nos interesa a todos es el futuro de dicha minería. No obstante, no me resisto a exponerles a Sus Señorías, que la minería del carbón genera catorce mil quinientos noventa y un empleos y una producción valorada en sesenta mil millones de pesetas. Una caída en este sector supondría el colapso total de algunas de las comarcas donde están situadas las explotaciones mineras, ya que el volumen de puestos de trabajo indirectos que generan dichas explotaciones es muy alto.

Hecha esta breve introducción, quisiera explicar a ustedes las Enmiendas Transacionables, en relación con las propuestas de resolución que han presentados los diferentes Grupos Parlamentarios, y que han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario del CDS. Dentro de éstas, quiero insistir en las presentadas por el CDS, posteriormente matizadas y tal vez mejoradas.

La primera de ellas es que la Junta de Castilla y León emprenda las acciones necesarias para conseguir que las zonas mineras de Castilla y León sean declaradas zonas promocionables al amparo de la Ley de incentivos regionales. Al Grupo Parlamentario del CDS le preocupa la situación futura de las zonas mineras, ya que los yacimientos algún día se agotarán y las comarcas cuya actividad económica está centrada básicamente en la minería sufrirían un colapso industrial. Por ello, independientemente de la aprobación de esta Enmienda, pedimos que se tenga la voluntad política, por parte de todos los miembros de esta Cámara, para lograr que estas zonas se contemplen como zonas industriales en declive y puedan gozar de los máximos incentivos, es decir, sean declaradas zonas de tipo uno, según el Decreto 1535 de mil novecientos ochenta y siete por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales. Aquí, permítanme que me atreve a pedir, tanto al Grupo de AP como al Grupo del PSOE, un esfuerzo de generosidad para lograrlo, ya que dichos incentivos podrán ser una realidad sólo si son apoyados en esta Cámara y si, posteriormente, son apoyados ante el Gobierno Central.

Otra de las propuestas del Grupo del CDS es promover las medidas de control de las importaciones de granos de carbón de países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, así como el consumo del coque de petróleo en calefacciones. Aquí también quisiera hacer la reflexión de que si bien sólo un 4,6% de la producción de carbón se destina a usos domésticos, ya que el 92% va dirigido hacia centrales térmicas y el 3,4 a la siderurgia, en la Comunidad Castellano-Leonesa -y tomando datos de mil novecientos ochenta y seis en su estadística minera-, se han producido, en número redondos, tres millones seiscientas mil toneladas de antracita, con un valor de treinta mil millones de pesetas, por lo que deducimos que ciento ochenta mil toneladas se han dirigido al mercado doméstico. Y en el último año los precios de los granos de carbón han caído un promedio de un veinticinco por ciento debido a la competencia de granos de importación, coque de petróleo, gas, etcétera, lo que podría suponer una disminución de ingresos de facturación de tres mil seiscientos millones a dos mil setecientos millones, es decir, un diferencial de novecientos millones. De ahí nuestra preocupación y el tratar de entorpecer al máximo el consumo de estos granos de importación y del coque para su uso en calefacciones.

Asimismo, el Grupo del CDS apoya el resto de las Enmiendas Transacionables -que no paso a detallar y analizar por falta de tiempo y que Sus Señorías tienen en su documentación-, por entender que todas ellas van a contribuir, de alguna manera, a paliar la problemática actual del sector. Respecto a la explicación de voto de las propuestas que no han obtenido consenso y que van a pasar a votación, el Grupo del CDS va a apoyar la Propuesta 3.c del Grupo de AP, por entender que ...... el perfeccionamiento de los criterios del precio del carbón es positiva para el sector. Asimismo, aunque dicho precio ha sido fijado de manera libre, no podemos olvidar que la libertad es entre un conjunto de mineros y unas centrales que consumen el noventa y seis por ciento, con lo cual la libertad creo que queda disminuída.

Asimismo, nuestro Grupo apoyará la propuesta de aproximación del Grupo Mixto y Popular, respecto al convenio bilateral de la CECA.

En cuanto a la Propuesta número 4 del Grupo Socialista, el Grupo del CDS apoya dicha propuesta por entender que ya que el Fondo se destinará a empresas que pasan por situaciones transitorias de falta de tesorería, éstas deben de tener suficiente viabilidad, y entendemos que la mejor garantía es que los contratos estén visados por la Administración y que se garanticen las plantillas en los correspondientes planes estratégicos, ya que éste debe ser el objetivo prioritario.

Como conclusión, quisiera decir, una vez más, que el problema de la minería del carbón solamente se solucionará con una colaboración entre todos los Grupos presentes en la Cámara, así como con un diálogo constructivo con Administración Central, Sindicatos, Empresarios, Ayuntamientos, Compañías Eléctricas. Siempre que sigamos ese camino, el Grupo del CDS apoyará cualquier iniciativa positiva que contribuya al bienestar de un colectivo tan importante como es el de los mineros de Castilla y León. Muchas gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente, Señorías. Muy pocas palabras para hacerme una reflexión. He oído al Portavoz del CDS decir que va a apoyar la Proposición número 4 del Grupo Socialista donde dice: "las medidas de apoyo financiero que podían establecer la Junta con carácter especial y coyuntural deberán de ir dirigidas exclusivamente a empresas que reúnan como mínimo dos requisitos:

1. Que estén acogidas al sistema de precios referencia con contratos visados por la Administración"... -en el que el Consejero expuso, concretamente, en la Comisión que estaba perfectamente de acuerdo, y espero que mi Grupo lo esté también, pero tiene un segundo punto que dice: "que no existan previsiones de disminución de las plantillas de trabajadores en los correspondientes planes estratégicos". Yo creo que si queremos llevar a las empresas más competitivas hay que reconocer que las empresas antiguas tienen un exceso de personal en el exterior frente al personal productivo interior, -fundamentalmente todos aquellos mineros afectados por la enfermedad de silicosis que están a punto compatible-, y dicho con esta contundencia me temo que limitaríamos en exceso el número de empresas que podrían acogerse. Yo, si Sus Señorías lo permiten -y he intervenido antes que lo haga el Portavoz del Grupo Socialista- me gustaría que se matizara este extremo del segundo punto, porque puede ser vital en lo que aprobemos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Juan Antonio Lorenzo, puede hacer igualmente uso de la palabra, durante cinco minutos, para una presentación global, luego después para las concretas ......... ahora es la....

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Yo creo que en esta primera intervención no voy a contestar prácticamente a nada de lo que el señor Consejero estaba planteando, porque yo creo que el fondo del debate va a estar, precisamente, en los puntos en que no ha habido posibilidad de consenso, no tanto quizá por el fondo, sino como por la forma en que algunas Enmiendas se presentan en estos momentos. Yo, me gustaría remitirme, exclusivamente, a manifestar que, evidentemente, a mí no me satisfacen plenamente los acuerdos a que hemos llegado, como estoy seguro que no satisface plenamenten, ni al representante del Grupo Mixto, ni al representante del Grupo Centrista, ni al representante del Grupo Popular, ni, incluso, ni al señor Consejero, porque, en definitiva, yo creo que hicimos el otro día todos un gran esfuerzo de tiempo y mental para poder consensuar y limar la mayor parte de la gran cantidad de proposiciones que había. Y yo creo que ha sido muy positivo, como muy bien reconocía el señor Consejero, el que todos hiciéramos una dejación de algunos de los aspectos que nosotros abanderábamos, cada uno de nosotros, con ánimo de intentar presentar un tema que a todos nos preocupa, como ha quedado plasmado, intentar presentar, pues, algo mínimamente coherente a esta Cámara. Entonces, estamos satisfechos, pero no plenamente, porque hemos tenido que ceder en temas que a lo mejor no estábamos absolutamente de acuerdo, pero al igual que ha hecho el resto de los Grupos en bien de esa transparencia, esa agilidad parlamentaria.

Yo diría que los nueve puntos que se han consensuado se pueden dividir en grandes áreas. Por un lado, un reconocimiento de todos los Grupos..., y me alegra oír nuevamente al Consejero de que el nuevo sistema de contratación de carbón térmico es una salida, es la salida para la minería del carbón de nuestra Comunidad Autónoma. Y, además, esto lo digo con un cierto subrayado, porque, como algunos de ustedes conocen, tiempo ha, tiempo ha, este Procurador que les habla fue un defensor, en los momentos en que había pocos que lo defendieran, entusiasta de este sistema, que, como luego demostraremos con cifras, está dando resultados espectaculares, espectaculares, en la minería española y muy concretamente en la minería de nuestra Comunidad Autónoma, y en cierto modo, pues, me satisface no sólo como miembro de mi Grupo, sino incluso personalmente, de que esto sea así. Yo creo que el nuevo sistema lo que está... lo que permite es una gran transparencia del mercado del carbón, permite también un aumento de la competitividad en el sector, -no podemos olvidar que precisamente esto coincide con la incorporación de España en las Comunidades Europeas-, y permite un mayor control, un mayor control de los dineros públicos puestos a disposición de las empresas mineras. Yo creo que eso son los tres grandes ejes en que se vertebra el nuevo sistema de contratación, que da una enorme seguridad para el Plan Energético Nacional, da una enorme seguridad a las empresas mineras, y da un enorme control de los dineros públicos que se ponen a disposición tanto de las eléctricas como de los mineros.

Luego, una segunda parte, un segundo bloque de propuestas que hemos aprobado, va dirigida a la coordinación entre las Administraciones de toda la política minera derivada del nuevos sistema de contratación. Por un lado, el mandato que hacemos a la Junta de que controle algo que puede ser redundante de acuerdo con el contrato... el documento del nuevo sistema de contratación, de que toda la producción subterránea de nuestra Comunidad Autónoma es comprada por las eléctricas. Puede parecer redundante pero recalca, yo diría, la virtualidad de este sistema de contratación.

Otro segundo tema -que me parece que va en la número dos- que todas las pérdidas que tengan nuestras empresas mineras por explotaciones de subterráneo sean resarcidas, y que la Junta controle que las empresas de nuestra Comunidad Autónoma reciban el dinero, vía indirecta de la Administración, de dichas pérdidas, para que -como luego veremos al hablar del tema de Asturias, que tanto le preocupa al señor Consejero- realmente, nuestra Comunidad Autónoma no tenga ninguna discriminación, y que las pérdidas de nuestras empresas sean resarcidas en el porcentaje que precisamente marca el nuevo sistema de contratación.

Y, luego, un tercer aspecto, de coordinación con la Administración Central para la tramitación de las ayudas comunitarias para nuestras empresas. Luego hay un tercer bloque, yo diría, señor Presidente, que incide, de alguna forma, en la política actual que se está llevando del carbón, de protección precisamente del carbón como fórmula o como elemento fundamental de la producción de energía eléctrica, un apoyo definido que desde la Administración Socialista -y eso no me duelen prendas reconocerlo-, desde la Administración Socialista se lleva realizando desde hace años, de apoyo decidido a la minería del carbón, fundamentalmente a la minería del carbón subterráneo.

El tema del Real Decreto que de alguna forma delimita el uso del coque de petróleo, un Real Decreto que posibilita que sin impedir su uso, porque entraríamos en contradicción evidentemente con las normas comunitarias, sí que se ponga un techo, un listón tan alto a las características técnicas, a las características medio-ambientales de ese coque que prácticamente no lo podrá usar nadie, pero no sólo en el sentido que lo hacía el Grupo Centrista de consumo de calefacción, sino también para consumo -como dice el Real Decreto- consumo de las propias centrales eléctricas. Y luego una limitación, que se está produciendo -y eso el señor Consejero de Economía lo conoce-, una limitación por parte de la Administración Central, dentro de la normativa comunitaria, de las importaciones. Que puede ser redundante en tanto en cuanto si todo el carbón de nuestra Comunidad Autónoma tiene garantizada su compra, realmente ¿para qué vas a impedir importaciones?, pero..., bueno, puede ser redundante pero en cierto modo yo creo que este Grupo de propuestas viene a ser un aldabonazo a la política que en estos momentos, desde hace tiempo, se está llevando por la Administración Central.

Y luego hay un aspecto de Enmiendas que van dirigidas al control del Gobierno de la Comunidad Autónoma. En primer lugar, que nos tiene que informar el señor Consejero -y nosotros ponemos el plazo de un mes; obviamente es un plazo flexible, no queremos pillar a nadie en este tema-, de que, en el plazo de un mes, nos informe de cómo ha evolucionado el nuevo sistema de contratación para las empresas de nuestra Comunidad; que nos informe detalladamente de cuáles son las previsiones de producción, cuáles son los ingresos recibidos por pérdidas -vía suplemento de precio-, que nos informe de las previsiones de evolución de plantillas de aquí al año noventa, etcétera, etcétera. Yo creo que esta Cámara debe conocer precisamente esa información, y usted tiene la ocasión de conocerlo a través de sus propios medios y a través del medio de coordinación que tiene con la Administración Central, a través de la Comisión de Seguimiento.

Un segundo aspecto de control: que nos informe exactamente cómo van evolucionando en el tiempo las líneas de ayuda que usted ha creado a través de la Ley de Presupuestos, de forma tal que nos diga a quién se va dando el dinero, en qué condiciones, qué previsiones hay, qué grado de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero no sólo esa línea de ayudas que están reflejadas en el Decreto 34/1988 de la Junta, sino las nuevas que se puedan crear, a resultas de este debate que estamos produciendo.

Y luego yo diría que hay un último bloque de enorme importancia, que es, diríamos, el número dos: las líneas, diríamos, las medidas económicas a aportar. Por un lado, una voluntad decidida de esta Cámara de que las zonas de carbón de nuestra Comunidad Autónoma -León y Palencia- sean incluidas como zonas promocionables, a la luz de lo previsto en la Ley 50, de incentivos regionales. Y yo le digo más, señor Consejero: tiene todo nuestro apoyo para que no sólo esa promoción sea una palabra, sino que se considere como zona superprioritaria, de acuerdo con lo previsto en dicha Ley, de forma tal que a usted le corresponde demostrar..., hacer cumplir la Ley 50, para demostrar que esas zonas, precisamente, son zonas prioritarias a la luz de lo previsto en dicha Ley y en el Real Decreto que la desarrolla. Ahí tienen todo nuestro apoyo político en la Cámara, y el apoyo político que como Partido Socialista les vamos a hacer al respecto.

Y otro segundo aspecto -que yo creo que era el fondo, el fondo de la comunicación de la Junta, que remitió hace ya un mes o dos meses a estas Cortes-, que es el tema de los fondos económicos que quiere plantear. Yo le tengo que ser enormemente sincero -y luego tendremos ocasión, porque veo que me he pasado ampliamente del tiempo, tendremos ocasión de hablar-; a mí, sinceramente, señor Consejero, no me acaba de convencer lo que usted quiere hacer, no me acaba de convencer. Pero no le vamos a poner ningún impedimento para que lo haga. No me acaba de convencer, y luego intentaré dar las argumentaciones técnicas y políticas al respecto. Pero mi Grupo quiere apoyar, le da un cheque en blanco, entre comillas, para que, en fin, se establezcan esas líneas de ayuda. Luego matizaremos esos temas. Y, de alguna forma, lo que con ello pretendemos es que esta Cámara respalde cualquier iniciativa económica que la Junta tiene para poder ayudar a mayores, a mayores -ya se está haciendo desde otras Administraciones y desde esta propia Administración-, a la minería del carbón de nuestra Comunidad Autónoma. Yo creo que ése era el fondo de la comunicación del Gobierno. Y sí que tengo que observar, señores Procuradores, que, si ustedes leen con detenimiento la comunicación que en su día envió el Gobierno de la Comunidad a estas Cortes y las propuestas de resolución que con el apoyo del Grupo Popular se han hecho, hay unas diferencias notables. Yo creo que, en su día, la Junta -en mi opinión, equivocadamente- lanzó un mensaje de pesimismo sobre la situación del carbón en nuestra Comunidad Autónoma, que no se corresponde en absoluto con la realidad, como luego demostraré. Afortunadamente, con esta criba parlamentaria, el documento que hoy se somete a la votación de Sus Señorías es un documento, evidentemente, mucho más prudente, que se ajusta mucho más a la realidad de la minería de nuestra Comunidad Autónoma, y no quiere y no pretende ese documento -no así el documento que había enviado la Junta en su momento- levantar unas expectativas de incertidumbre, de reconversión, de crisis, en un sector que no tiene crisis, que no tiene crisis, como luego demostraremos ampliamente con los números.

Muchas gracias por su generosidad, señor Presidente, en el tiempo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Señorías. ¿No hay crisis? ¡Ay!, señor de Lorenzo, no sé ni cómo explicárselo ya, porque esto..., me ocurre lo que al herrero, que de tanto dar en el yunque, se me va a olvidar el oficio. No hay crisis... Será. Gracias a Dios, gracias a Dios vamos paliando la crisis con un gran esfuerzo; gran esfuerzo que comenzó, fundamentalmente, con la incorporación de este Gobierno a la Comunidad de Castilla y León. Pero, para que luego no se llame a engaño, como vamos a manejar las mismas cifras, quiero ser elegante y plantearle cuáles son los resultados que mi Consejería ha sacado de la presentación de los setenta y dos planes estratégicos -no está incluido el de la MSP-, y son las siguientes: con información suficiente de esos setenta y dos planes estratégicos presentados, consideramos que sólo tienen sesenta empresas. Luego los datos que le voy a dar se refieren a esas sesenta empresas que, por cierto, representan el cincuenta y ocho por ciento del empleo y el cuarenta por ciento de la producción regional. Es decir, observe bien que es el cincuenta y ocho por ciento del empleo y el cuarenta por ciento, prácticamente. Le voy a analizar la mitad de las empresas que componen la región, y el resultado es el siguiente: empresas con pérdidas, treinta y siete; empresas con beneficios, veintitrés; las pérdidas netas, para las citadas treinta y siete empresas, correspondientes a mil novecientos ochenta y seis..., saben Sus Señorías que se podían acoger a las pérdidas habidas en el año ochenta y seis, que empezó con el año ochenta y siete. Por cierto, un método bastante bien empleado por la Administración Central, porque así consiguió un año de plazo para no subvencionar nada. Pero bueno, las pérdidas habidas en mil novecientos ochenta y seis ascendían a 3.129.000.000 de pesetas, 3.129.000.000 de pesetas. Y, además, para que no quede nada en el tintero, estas mismas empresas tenían unas deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social por más de 4.400.000.000 de pesetas. Si a eso le une Su Señoría las pérdidas presentadas por la MSP, de 1.219, y la deuda que tiene con Hacienda y Seguridad Social, de 820.000.000, fíjese si es necesario el Fondo, aunque luego no estemos de acuerdo. Y le agradezco que me entreguen el cheque en blanco, porque ya se han llegado a convencer que el Consejero de Economía y Hacienda, cuando propone algo, no es para meter la cuchara, sino para salvar un sector, que falta le hace.

En cuanto a que el nuevo sistema de contratación cubre todas las pérdidas... ¡ay, si así fuera!. Si así fuera, a lo mejor discutíamos menos. Mire, donde sólo cubre las pérdidas es en HUNOSA, que ahí sí que cubren todas, porque lo que no le dan por los fondos lo sufre el INI y lo padece el INI, es decir, todos nosotros, entre otros. Pero a las empresas privadas, la parte de amortización -es decir, de reposición, de depreciación efectiva de la inversión- no se les cubre; y parte de los gastos financieros tampoco. Lo cual quiere decir que los defectos estructurales que introdujeron en esas empresas por una deficiente política del carbón siguen sin cubrírseles; tengo que arbitrar ese Fondo estructural -con mucho dolor de mi corazón, porque necesito esos 2.000.000.000 para muchísimas cosas-, porque si no, vamos a concluir lo del refrán castellano: "después de burro muerto, la cebada al rabo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El representante del Grupo de Alianza Popular, para una presentación, igualmente global, de las distintas propuestas presentadas a través de la Enmienda Transaccional presentada. Don Luis Cid tiene la palabra.

EL SEÑOR CID FONTAN:

Señor Presidente, señor Presidente de la Junta, Señorías. Voy a ser muy breve. El tener un Consejero tan preparado y tan locuaz hace imposible a un Portavoz del Grupo que sustenta al Gobierno el poder aportar nada nuevo. Sí querría, sin embargo, empezar por una manifestación de sentimientos, y es el sentimiento de un Procurador de Zamora, defendiendo un problema de otras dos provincias castellano-leonesas, tan entrañables como son León y Palencia. Ese sentimiento hace que el Procurador tenga un afecto personal y que se sienta útil a la Comunidad y a la región, lo que ya es algo.

Desde luego, mis palabras han de ser de apoyo total al Programa de medidas de política económica en materia de minería de carbón, puesto que no podía ser de otra manera. Es un sector que, no voy a aportar nada nuevo, señor Consejero, pero sí voy a decir que preocupa en toda la Comunidad, que sentimos todos los castellano-leoneses, puesto que, cuando se habla de minería de carbón, miramos principalmente a León, alguna vez a Palencia, pero que todos sentimos que el problema existe, sentimos que..., No me atrevo, señor de Lorenzo, a hablar de crisis, pero sí de amenaza de crisis, sí de posibilidades de crisis, sí, quizá, el no haber adoptado una política total y general, como hizo la Comunidad Europea ya hace dos décadas, donde realmente vino a resolver el problema, a reorganizar y reestructurar el sector, a dejar, exclusivamente, explotaciones que fuesen verdaderamente productivas; y nosotros mantuvimos lo que teníamos, y mantuvimos pequeñas y medianas empresas, proliferando, pero sin un futuro claro. De aquí que todos los problemas que posteriormente han surgido, fundamentalmente en el tema de las alternativas energías, en el tema de nuevas energías, en el tema de precios, nos haya cogido, nos haya cogido el toro, porque nuestras pequeñas y medianas empresas no estaban preparadas para recibirlo, y, de alguna manera, la incidencia en las mismas tenía que ser más decisiva. Yo pienso, desde Castilla y León, que unas cuencas mineras, que representan en su producción el cuarenta y uno por ciento del carbón de España y que al mismo tiempo tienen reservas suficientes de futuro, hasta el punto de afirmarse que dos tercios de esas reservas están en nuestra Región, debe ser un problema lo suficientemente importante para que todos le prestemos atención. Y quizá mis únicas y últimas palabras sean de agradecimiento a todos los Grupos, de que todos hayamos comprendido el problema, de que hayamos sido capaces de convenir, de transigir la generalidad de aquellas propuestas de resolución, y que hoy lleguen a esta Cámara para debate simples flecos, puesto que, en el fondo, estoy seguro de que todos los Grupos queremos lo mismo: arrimar el hombro y mejorar el sistema de nuestra minería. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Cid.

A continuación, se procede a someter a votación directamente la Propuesta de Resolución número 1, tal y como figura en la Enmienda Transaccional presentada por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara. El señor Secretario dará lectura al texto definitivo de la propuesta que se somete a votación.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Que la Junta de Castilla y León vigile, en el seno de la Comisión de Seguimiento constituida con la Administración Central, que la totalidad de la producción subterránea de carbón de las empresas de nuestra Comunidad acogidas al sistema de precio de referencia sea comprada por las empresas eléctricas. Asimismo, se insta a la Junta de Castilla y León a que solicite del Gobierno de la Nación que se incremente de forma inmediata la participación de las centrales térmicas de carbón en la estructura de generación eléctrica, primando a aquellas que consuman carbón de mejor calidad, es decir, de bajo contenido en azufre".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueba esta Propuesta de Resolución por asentimiento? Queda aprobada.

Siguiendo el orden sistemático de debate y votación establecido por esta Presidencia, se pasa a debatir la Propuesta de Resolución número 3.c), del Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

El señor Secretario procederá a dar lectura a esta Propuesta.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Respaldar a la Junta de Castilla y León en todas aquellas iniciativas tendentes a obtener del Gobierno de la Nación que, respetando la autonomía negociadora de las asociaciones de empresas de los sectores eléctrico y minero que prevé el vigente sistema de determinación de precios concertados, se reconsideren con criterios realistas los precios inicialmente acordados para el carbón, de forma que los mismos incorporen los costes totales de producción y los rendimientos térmicos efectivos de las distintas clases de combustibles".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Para la defensa de la Propuesta, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, don Luis Cid.

EL SEÑOR CID FONTAN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Una vez más, reconozco que salgo a esta Tribuna en un tema en el que, sinceramente, no podría tener la mitad de conocimientos que el Consejero, la mitad de conocimientos que el ex-consejero y que otros muchos; pero, desde luego, mi voluntad va a estar en intentar hacer lo que pueda, y creo que quien hace lo que puede no está obligado a más.

Desde el diez de Octubre del ochenta y seis -y es una fecha que ha sonado a todos, porque fue la fecha en la que se determinó el nuevo sistema de contratación de carbón térmico-, se produjo un avance o un principio de solución a la cuestión de la minería del carbón. Y ese avance se ha reconocido por el Consejero, tenemos que reconocerlo todos, puesto que, en realidad, sí suponía un principio de solución al grave problema.

Pero hemos de tener en cuenta algunos otros factores, como es a qué empresas o a qué explotaciones iban dirigidas: a las que superasen las cincuenta mil toneladas anuales; y es también cierto que se admitía la posibilidad de que accediesen a la misma aquellas otras que, no llegando a esa cifra, por fusión o asociación pudiesen hacerlo.

Así, aunque sólo se refería al carbón subterráneo, se aseguraba su compra para los diez años sucesivos. Con ello, se ponía principio de solución a uno de los problemas, que, como todos han anunciado, era el problema de los precios del carbón. Y aunque se fijó una fórmula de revisión, creemos -y así lo decía el Consejero- que tal fórmula no ha sido suficiente para adaptar los costes a los precios.

Quizá, pues, tengamos dos problemas o dos cuestiones en el tema de los precios del carbón: la insuficiencia de las medidas adoptadas y, por otra parte, una cierta discriminación -entendemos- que ha sufrido el sector de la minería del carbón respecto a otras muy próximas, y de las que no tenemos más deseo de que prosperen, pero, bien, que nos igualen a las mismas.

La fórmula de revisión no ha sido eficaz, o, al menos, no lo ha sido todo lo que exigía el sector, puesto que, en definitiva, sí hemos apreciado cómo se ha producido un déficit de diferencia de unos veinte puntos porcentuales entre lo que eran los costes y lo que era el precio. Así pues, creemos que la política seguida en esta materia -y nos referimos concretamente a Castilla y León, no queremos referirnos a políticas generales- sí ha devenido en insuficiente, puesto que no se ha ajustado a los niveles reales de coste, puesto que también aquellas empresas que con anterioridad sabemos todos que compensaban sus déficits a través del laboreo a cielo abierto, que, de alguna manera, les daba un margen de libertad, hoy no cabe la posibilidad de entenderlo como solución, puesto que los precios sabemos que estarían en un setenta y cinco por ciento, o máximo ochenta y cinco por ciento, del precio de referencia y, por lo tanto, de ninguna manera lo haría a un precio alto y compensado. En definitiva, creemos que existen todavía deficiencias y que es nuestra obligación el intentar subsanarlas para que las empresas tengan viabilidad de futuro y puedan llegar a algo.

Creo que, en definitiva, hemos adoptado el sistema alemán -del que saben mucho más muchísimas personas de esta Cámara-, pero que nos hemos quedado a medio camino. Hemos iniciado el mismo sistema de precios convenidos, pero más tarde, para tratar de hacer la compensación de costes, no la hemos hecho en forma adecuada. Es decir, esa compensación de costes que en Alemania hacen partiendo de una cuenca rentable y determinando los costes en las menos rentables, para esas diferencias llegar a pagarlas por unos medios de recargo en energía, o bien por subvención estatal, aquí nos hemos quedado en una parte intermedia, cumpliendo lo que hemos podido.

Creo que, a la vista de todos estos problemas, sí debiéramos de pensar en reconsiderar el tema de los precios, y no debía sorprender a nadie que pidamos el voto favorable para que, efectivamente, se reconsideren en los precios los costes totales y, por otra parte, se tengan en cuenta los reales rendimientos térmicos efectivos, que es lo que se contiene en esta Propuesta de Resolución.

Perdón, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. ¿Desea algún Grupo hacer uso de la palabra para consumir un turno en contra? El representante del Grupo Socialista, Juan Antonio de Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Señor Presidente, Señorías.

Yo le diría al señor Procurador, portavoz del Grupo Popular, que él es de Zamora y yo soy de Avila, y a mí también me emociona mucho esto, también me emociona esto.

Y yo la verdad es que no sé ni para qué salgo a defender eso en contra; la verdad es que yo creo que no hay ninguna razón para estar en contra de ese lema. Simplemente, yo creo que es un problema también de prestigio de la Cámara.

A mí me da la sensación de que esta propuesta es una propuesta improcedente. Es una propuesta que, en definitiva, lo que viene a decir es que dos sectores empresariales: el sector eléctrico... Por cierto, señor Consejero, yo creo que..., para corregirle, o corríjame usted a mí. Dice usted que es oligopolio; yo creo que es oligosonio, ¿no?, oligosonio. Pero, vamos, en definitiva, yo creo que fue un pequeño lapsus que tuvo. El sector eléctrico, representado por UNESA, y el sector del carbón, representado por CARBUNION, se ponen de acuerdo en fijar un precio que yo no sé si es alto, bajo, mediano..., no sé. Yo imagino que en esas negociaciones, en definitiva, habrá una cesión, a lo mejor en tema de precios, a cambio de que la contrapartida sea firmar contratos a largo plazo: diez años, con lo cual se garantiza, se obliga a comprar toda la producción de esa empresa; que, incluso cuando se paga con demora, se paga con intereses -tal y como marca el documento-, pagando intereses del mercado interbancario. Yo creo que, en definitiva, son un pacto, como otros muchos, entre sectores económicos, que yo no tengo que entrar a considerar si es bueno o malo.

Y es más. A mí me da la sensación de que, si estas Cortes tienen que entrar a considerar ese tema, parece que, en lugar de ser los representantes del pueblo, parece que estamos en una reunión de empresarios mineros, y yo creo que éste no es el caso de estas Cortes. Yo quiero que dejemos a la libertad de las partes que negocien los precios que estimen oportunos, porque, cuando han firmado, implicará que ha habido concesiones en un sentido noto favorable para ambos sectores.

Y es más. Usted plantea..., me parece que planteó anteriormente el tema de la inflación. Es evidente, es inflación prevista, inflación prevista en función de que los precios se actualizan con anterioridad al ejercicio económico. Quiere decir ello que el ejercicio anterior se actualiza, al igual que ocurre con los convenios colectivos de cualquier trabajador, por poner un ejemplo.

Y la verdad que, incluso en el tema de los precios, yo veo que hay -analizando un poco el sistema-, pues, "lo mismo me da, que me da lo mismo"; porque ocurre que, si se actualizan los precios del carbón, habrá empresas que ganen más, otras que a lo mejor dejen de ganar; pero, por otro lado, como las que pierden las estamos pagando entre todos esas pérdidas, se está produciendo una situación que, en definitiva, o bien directamente a través de los Presupuestos del Estado subvencionamos los déficits, o bien a través de los incrementos de los recibos de la energía eléctrica que pagamos los consumidores se van a resarcir esas pérdidas.

Yo creo que no es el problema concreto el tema de los precios. Yo que es un problema fundamentalmente otro, y me da la sensación que entrar a debatir el tema de la revisión de precios en esta Cámara implica que estamos entrando a debatir entre la libertad de dos sectores económicos de fijar sus precios libremente, que han acordado libremente el día diez de Noviembre del ochenta y seis, y que irán actualizando conforme marca ese pacto que han firmado entre sectores económicos.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Pérez Villar.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ

AR>): Bueno. Señor Presidente, Señorías.

Mire, yo sí sé por qué salgo aquí. Y salgo aquí porque, además de explicarle que el precio inicial era inadecuado, que el sistema de revisión es inadecuado... Le ruego, por favor, que, cuando quiera hablar de la inflación prevista y la inflación real, le pregunte al señor Paniagua, que le dará una lección importante. Porque, evidentemente, si nos movemos en la inflación prevista, no estamos contemplando la inflación real. Y yo dí por hecho que la inflación real era superior a la inflación prevista, con lo cual concluí que el precio cada vez se iba distanciado más.

Pero le agradezco las lecciones de oligopolio y esas cosas; es que a lo mejor yo no llegué a esa lección cuando estudié económicas. Le preguntaré yo también a su vez al señor Paniagua si la definición es la correcta, la suya o la mía.

Pero lo que sí le digo es que me gustaría conocer cuál es su posición, porque no me he enterado si su postura va a ser favorecer que en esto deba de ejercer -lo que yo he dicho- la Administración el papel moderador, por el desequilibrio que existe, y que se recomiende la fijación del precio; porque, si el precio se ajusta y equilibra más, luego no tendrán las empresas que padecer la falta de amortización de las pérdidas correspondiente a la amortización de los intereses. Porque, si con el precio tenemos un punto de equilibrio, menos pérdidas obtendrán y menos papeles tendrán que justificar.

Por tanto, sigo entendiendo -y creo que conmigo lo entendió el Portavoz del CDS y el Portavoz de mi Grupo- que es absolutamente necesario. Y le ruego, por favor, que lo piense, porque de verdad que saldría satisfecho si usted entendiera que el precio que está actuando, aunque usted dice y yo le he repetido que fue adoptado libremente -en ese libremente entrecomillado-, está claro que es insuficiente, y la recomendación que pedimos es que se revise. Pero, sobre todo, a lo que usted no se ha referido es a esa diferencia que existe entre el precio de la antracita y de hulla, que yo le expliqué, que cifré en 1.000 pesetas por tonelada, que tiene mucha mayor importancia el tema de esa discriminación de los volátiles, por lo que afecta al futuro de nuestra Región.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Procedemos, pues, a someter a votación la Propuesta de Resolución debatida. Recuerdo que se trata de la Propuesta de Resolución número 3.c), presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

Quienes estén a favor de la Propuesta de Resolución, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor, cincuenta y uno. En contra, ninguno. Abstenciones, veinticuatro. Queda aprobada la Propuesta de Resolución.

A continuación, procederemos a someter directamente a votación, de forma agrupada, las Propuestas de Resolución que figuran en la Enmienda Transaccional con los número 2 y 3. El señor Secretario procederá a dar lectura a las mismas.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Que la Junta de Castilla y León vigile que las empresas de nuestra Comunidad, acogidas al sistema de precio de referencia, sean resarcidas de las pérdidas que pudieran producirse en sus explotaciones en los términos previstos en el nuevo sistema de contratación de carbón térmico. La Junta de Castilla y León buscará la mutua coordinación y colaboración con la Administración Central, al objeto de solicitar y tramitar a las empresas que pudieran ser beneficiarias las correspondientes ayudas de la Comunidad Económica Europea".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueban estas Propuestas de Resolución por asentimiento? Se aprueban. Quedan aprobadas.

Pasamos, ahora, al debate de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario de Alianza Popular. El Señor Secretario procederá a dar lectura a la misma.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA:

: "Instar al Gobierno de la Nación para que en aplicación del principio de igualdad de trato, impuesto por la normativa comunitaria, garantice a las empresas de Castilla y León el acceso a los fondos estructurales autorizados por la Comisión de la CEE en favor de la minería del carbón, en idénticas condiciones que las acordadas para las empresas públicas que operan en otras regiones".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Por parte del Grupo Parlamentario de Alianza Popular puede hacer uso de la palabra don Luis Cid, para defender la Propuesta de Resolución, durante un período de cinco minutos.

EL SEÑOR CID FONTAN:

Señor Presidente, Señorías. Vamos a defender la Propuesta de Resolución que, como comienza diciendo, es instar al Gobierno de la Nación. De las propuestas que hemos traído y de las propuestas que han traído los diversos Grupos, se llega a la conclusión de que unas dependen de nuestra voluntad -las que se refieren, por ejemplo, a fondos estructurales o reorganización del sector-, mientras que otras prácticamente son del estilo de ésta: instar al Gobierno de la Nación, pedir que otras instancias, otras Administraciones, adopten decisiones para que Castilla y León no sea discriminada. Eso es lo que vamos a pedir sencillamente. Si el artículo 4 del convenio CECA trata de evitar todo tipo de discriminaciones de trato, lo que nosotros pedimos es que se cumpla, que cuando se creen fondos estructurales se apliquen por igual a todos los sectores, se apliquen por igual a todas las cuencas, que no haya unas beneficiadas, en principio con 37.000.000.000 de pesetas, mientras que otras, que precisamente es la de Castilla y León, no reciba una sola peseta de esos fondos. Nosotros lo que pedimos es que si la producción de Castilla y León es igual que la asturiana -y eso teniendo, prácticamente, la mitad de trabajadores, lo que indica casi el doble de productividad- no se quede sin participar en unos fondos estructurales que sí se aplican a otras regiones. Que tengamos exactamente los mismos derechos; no que se haga en detrimento de nadie, pero que la que no resulte perjudicada sea Castilla y León. Creo que la explicación de esta Propuesta de Resolución es tan simple que cualquiera que quiera entenderla tiene que darse cuenta de que la voluntad política de la Junta, del actual Gobierno de la Comunidad Autónoma, la voluntad política de todos los Procuradores es la de colaborar y defender a Castilla y León, y en este punto creo que no puede haber prácticamente divergencias, y si las hay serán mínimas y de detalle, que desde luego serían subsumibles y se podría solucionar, puesto que entiendo que la filosofía radica en todos los Grupos. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Cid. ¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra para consumir un turno en contra? Señor representante del Grupo Socialista don Juan Antonio de Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Gracias, señor Presidente. La verdad es que no me ha dejado aclarado nada exactamente de lo que es el texto o el contenido de esta Enmienda. Sigo sin entenderlo. "Instar al Gobierno de la Nación para que en aplicación del principio de igualdad de trato impuesto por la normativa comunitaria garantice a las empresas de Castilla y León el acceso de fondos estructurales autorizados por la Comisión de la CEE en favor de la minería del carbón, en idénticas condiciones que las acordadas para empresas públicas que operan en otras regiones". Sinceramente, desconozco que haya ninguna empresa pública de carbón que reciba fondos estructurales, y lo que sí que se recibe exactamente, exactamente, son fondos, a través de un contrato-programa, de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, sinceramente, yo creo que hay un problema de fondo.

En cualquier caso, yo creo que el problema de fondo es el que, de alguna forma, pues, ha salido el otro día de la Comisión y que, de alguna forma, yo creo que el propio Consejero antes decía. Sinceramente, yo creo que esto es vulnerar el sistema actual de financiación de las Comunidades Autónomas, porque por la misma razón que usted está diciendo esto podrían venir los señores de Murcia -por poner un ejemplo- y decir que por qué los miles de millones que va a recibir nuestra Comunidad Autónoma de déficit, de déficit de las empresas mineras -en el primer trimestre, contabilizados, van mil quinientos millones, mil quinientos millones- para enjugar las pérdidas de las empresas mineras de Castilla y León, los murcianos dijeran que también quieren la parte de eso, que quieren esa parte; o, a lo mejor, los de Madrid, que tienen una actividad agraria inferior a nuestra Comunidad Autónoma, dijera que por qué no reciben también ellos la misma parte de algo cuya actividad es inferior aquí. Yo creo que hay un esquema de funcionamiento de la financiación de las Comunidades Autónomas. El problema de HUNOSA es un problema distinto, es un problema que -vamos a decirlo claramente- intenta solucionar la Administración Socialista; que no hemos creado nosotros, que no ha creado ni la Junta anterior, ni la Administración socialista; tampoco me dirán que la han creado ustedes, pero permítanme la licencia de que al menos nosotros seamos los que menos, todavía, tenemos que ver en ese tema -permítanme esa licencia-.

En definitiva, yo creo que por primera vez para el sector del carbón de nuestra Comunidad Autónoma se espera o se ve -y hay números- un futuro prometedor. El problema de HUNOSA es un problema grave, evidentemente, y hay un contrato-programa -como usted muy bien conoce- que implica una reducción paulatina de las subvenciones públicas y una mejora de la productividad. Y el problema fundamental es que hay ahí miles de trabajadores, hay una industria que no vamos a desmantelar -tampoco lo iban a hacer ustedes-, que no lo hemos creado nosotros, que nosotros -en su caso- hemos puesto un poco de orden; y, en definitiva, esta gente no está recibiendo ninguna ayuda estructural distinta que nuestra Comunidad Autónoma; sólo reciben subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado vía contrato-programa.

En definitiva, yo creo que hay un problema, un problema fundamental en la redacción de la moción. En primer lugar, porque no se dice lo que técnicamente debe ser correcto, y en segundo lugar, porque lo que se quiere decir no está escrito y es otra vez, una vez más, señor Consejero, buscar otra vez agravios comparativos que en este caso no existen; porque bastante desgracia tiene Asturias con tener una empresa como HUNOSA, que está dando esas pérdidas; con tener miles de trabajadores que tienen su futuro mucho más en el aire que lo tienen los trabajadores de nuestras comarcas mineras; mucho más en el aire, porque el futuro de HUNOSA es mucho más negro -por eso del carbón- que el de empresas de nuestra Comunidad Autónoma. Yo creo que aquí, permítame, -y no quiero parodiar lo que han dicho algunos sindicatos de su actuación-, aquí, señor Consejero, usted ha hecho una profunda demagogia, una profunda demagogia que yo esperaba que en su momento retirara.

En definitiva, yo creo que nosotros tenemos que votar no, en primer lugar, por demagoga; no, porque no está técnicamente bien redactada; y no, porque, en definitiva, intenta torpedear el actual sistema -mejor o peor- de financiación y de los desequilibrios territoriales que está, en definitiva, aprobado, también, y en cierto modo aceptado por todos ustedes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Pérez Villar.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA: (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente, Señorías. Evidentemente, no me lo tenían que aclarar. El problema no lo han creado ustedes y la industria tampoco, porque conocemos todos los españoles que el PSOE no ha creado ninguna industria; por lo tanto, no iba a crear ésa.

Después de eso, Señoría, el problema está creado, y yo de lo que me quejo no es de que esté creado el problema, sino del tipo de solución que están intentando instrumentar, y me extraña que usted lo defienda. O sea, que me dice que qué iba a decir Murcia porque están soportando por el nuevo sistema de contratación térmico las pérdidas del sector privado. Señoría, si yo creía que conocía usted el sistema de contratación térmico. Quiero decirle que las pérdidas esas se nutren con un Fondo ubicado en OFICO, cuyo ingreso de ese Fondo se produce por el incremento de un cuatro por ciento de las tarifas eléctricas en el año que se creó; luego, en todo caso, lo estarán pagando los consumidores de energía eléctrica, como no podía ser menos; es decir, contempla parte del modelo alemán -le expliqué en mi comparecencia que existía, fundamentalmente, el modelo alemán y el modelo francés-, pues, contempla parte del modelo alemán, que a través de las tarifas repercute parte de ese déficit. Pues bien, la diferencia que existe con el modelo, digamos, que se aplica en el contrato-programa, es decir, a Asturias, es que antes de que existiera el nuevo sistema de contratación térmico ya se le financiaban doce mil millones. Yo recuerdo, cuando se financiaba con doce mil millones, escuchar que ese problema se iba a resolver, que con doce mil millones estaba arreglado; luego hemos pasado a cincuenta mil millones; seguimos en el mismo estadio. Si yo no me quejo de que se le financie a Asturias. Si de lo que me quejo es que no se vigile esa financiación que se está haciendo a Asturias, que siguen teniendo el mismo problema, que sigue ocupando la misma mano de obra, y que ya sé que, evidentemente, el sistema alternativo, la reindustrialización alternativa a ese excedente de mano de obra de Asturias, es un problema importantísimo, que yo respeto. Que yo no estoy diciendo que lo haga o no lo haga la Administración Central. Que lo que estoy diciendo es que no lo haga a mi costa, es decir, a costa de la Región de Castilla y León. Que no me haga encubierta una reducción de puestos de trabajo por no darme el mismo tratamiento en la fórmula del carbón; que me reduzca mano de obra de mi sector, cuando es el que más futuro tiene y el que más productividad tiene; y que en caso de que me lo quiera hacer, porque me explique que no tiene otra solución, lo que pido es que esos cincuenta mil millones que a ellos les regala me los dé a mí, porque tengo otros problemas de infraestructura, de carreteras, de aislamiento, de falta de inversión; de que mi renta per cápita en la Región es inferior a la asturiana. Y, por tanto, si tengo pactado con todas las comunidades el tanto por ciento de ingresos, reclamo el mismo tratamiento y el mismo porcentaje en esa materia.

Quizá lleve razón de que esté mal redactado; usted me lo ha oído varias veces -no me meto en la redacción o no-; pero como nos entendemos, si quiere, defiéndalo con más ahínco; si no quiere, absténgase; si vota en contra, usted sí que está empleando la demagogia, porque si no le pueden castigar. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Sometemos a votación la Propuesta de Resolución debatida, que recuerdo se trata de la Resolución número 2, presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular. Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Abstenciones, ninguna.

El resultado de la votación es el siguiente: setenta y cinco votos emitidos: cincuenta y uno a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la Propuesta de Resolución debatida.

Se debate a continuación la Propuesta de Resolución que figura en la Enmienda de aproximación presentada por los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular y Mixto, que va a ser leída por el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Respaldar a la Junta de Castilla y León en todas aquellas iniciativas tendentes a obtener del Gobierno de la Nación la aceleración de la formalización del convenio bilateral entre el reino de España y la CECA, con objeto de posibilitar el acceso ordenado de las empresas del sector a las ayudas de carácter social que prevé el propio tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Con arreglo a los criterios fijados por la Junta de Portavoces, harán uso de la palabra, sucesivamente, por periodos de dos minutos y medio cada uno, el representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular y a continuación del Grupo Mixto.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente. En uso de una costumbre parlamentaria, y como en esta Enmienda de aproximación coincidimos dos Grupos, yo cedo la defensa al Grupo de mayor número de Diputados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Entonces, don Luis Cid tiene la palabra, por un periodo de cinco minutos.

EL SEÑOR CID FONTAN:

Señor Presidente, Señorías. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al Portavoz de la Democracia Cristiana su amabilidad, puesto que realmente es muy de agradecer; no me extraña, dada la gran amistad y afecto que de siempre nos une.

Esta propuesta de aproximación, que hacen los Grupos de Alianza Popular y Grupo Mixto en realidad es análoga a la anterior, en cuanto que se trata de respaldar una iniciativa, o las iniciativas del Gobierno Regional, dirigidas al Gobierno de la Nación, y con ánimo de conseguir la firma de un convenio bilateral que nos incorpore a una Comunidad Europea del Carbón y del Acero. No necesito recordar a Sus Señorías, cuando en el año cincuenta ya Schuman proponía la creación de esta Comunidad, cuando más tarde se firmó en París en el cincuenta y uno, o se legalizó, o tuvo vida efectiva en el cincuenta y dos, cuando fue reconocida por todos los parlamentos, la importancia que tiene en su funcionamiento y el carácter que tiene la CECA; ese carácter de agrupación tendente a una política unitaria europea en materia del carbón y del acero, y, al mismo tiempo, el evitar toda discriminación por razón de nacionalidades, fronteras, aduanas, etcétera. Recogiendo entre sus fines, fundamentalmente, en lo que a nosotros se refiere y lo que intentamos recoger en esta Propuesta de Resolución, a través de tres de los artículos, que son el 54, 55 y 56, en los que se recogen diversos aspectos de actuación con relación al sector de la minería.

El primero prevé préstamos hasta el cincuenta por ciento en proyectos de inversión; el segundo regula ayudas dirigidas a la investigación, seguridad y fomento del consumo; y el tercero regula también, en forma de préstamos sin garantías, las ayudas para financiación de programas tendentes a la creación de nuevas actividades, dirigidas al reempleo de los excedentes de mano de obra. Además, en otros diversos lugares, se conciben también diversas subvenciones y ayudas para otros fines, también a fondo perdido, de reconversión profesional, paros temporales, etcétera.

Es decir, se prevé una evidente actuación de carácter social, se prevé una actuación indudablemente conveniente para nuestra Comunidad, y de aquí que, si no somos competentes para actuar directamente, pidamos, una vez más, que al menos instemos, por la forma más adecuada, al Gobierno de la Nación para que se llegue a firmar este convenio bilateral y, de alguna manera, nos incorporemos un poco más a Europa, en un sector tan importante para nuestra Comunidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. ¿Algún Grupo...? El Grupo Socialista puede hacer uso de la palabra para un turno en contra. Don Juan Antonio Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Muchas gracias, señor Presidente. Casi, como no había tenido antes ocasión de salir a replicar, que está haciendo un uso yo creo abusivo el señor Consejero de la facultad, legítimamente, que tiene de salir a explicar los temas desde la posición de Gobierno, le tengo que decir que la Administración, por lo menos la Administración Socialista, no crea empresas. Crea las condiciones objetivas para que se invierta y se creen empresas. Ustedes lo que hacen es crear empresas, las empresas que dan pérdidas, como HUNOSA, por poner un ejemplo. Me tiene que reconocer las bondades que tiene la política económica del Gobierno; yo creo que sí ¿no?

Nosotros, ante la Enmienda esta Transaccional que presentan dos Grupos, la verdad que podríamos no votar en contra. El problema no es el texto que hay ahí, sino lo que ello implica. Yo creo que no aporta nada nuevo esta Enmienda, en tanto en cuanto las posibilidades que tiene cualquier empresa de nuestra Comunidad Autónoma de acogerse, como así ha sido, de acogerse a los fondos europeos para solventar problemas transitorios para el personal que pudiera estar implicado en empresas en crisis, realmente, esa facultad siempre existe. Y, de hecho, hay una Enmienda aprobada aquí en la que obligamos a la Junta a que se ponga de acuerdo con el Ministerio de tal, para ir a Bruselas a pedir ayudas para las empresas que lo pudieran necesitar. Yo creo que ahí, ahí es el marco donde nos tenemos que mover.

Pero yo creo que, fundamentalmente, no es tanto el fondo como lo que implica la aprobación de esta... Aquí, y además el Portavoz del Grupo Popular lo ha dejado bien claro, lo que intenta demostrarse, o intenta meter de rondón yo creo que el señor Consejero en este tema es, una vez más, la palabra crisis, y estamos hablando de reconversiones. Prácticamente, todo lo que ha leído el Portavoz del Grupo Popular. Ayudas a la reconversión. Mire usted, señor Portavoz del Grupo Popular, le voy a leer cuatro datos para terminar de una vez por todas con la manía de que el sector tiene crisis.

Primer trimestre del año ochenta y siete, a nivel nacional, la producción de carbón subterráneo en España: dos millones novecientas setenta mil; en el primer trimestre del ochenta y ocho -para coger tiempos homogéneos-: tres millones trescientas sesenta y cuatro mil toneladas. ¿Estamos de acuerdo, señor Consejero? En la zona sólo..., en la cuenca de Bierzo-Villablino, el año mil novecientos ochenta y siete, en el mismo periodo, primer trimestre, novecientas veintiuna mil toneladas; en el año ochenta y ocho, primer trimestre, un millón cuarenta y una mil toneladas. Una diferencia de ciento veinte mil toneladas más de producción de carbón subterráneo. ¿Eso es crisis, señor Portavoz del Grupo Popular?

Al nueve del tres del ochenta y ocho, de los contratos visados ya por la Administración salían las siguientes cifras (yo me imagino que el señor Consejero los tiene mucho más actualizados, y, por tanto, ante cualquier insinuación que él me haga, me lo voy a creer lo que me diga). Planes estratégicos, año..., producciones vendibles en kilotoneladas, zona de El Bierzo-Villablino, el año ochenta y siete, cuatro millones cien mil; año ochenta y ocho, cuatro millones quinientas mil; año ochenta y nueve, cuatro millones ochocientas mil; año noventa, cinco millones cien mil. ¿Eso es crisis?

Cuenca norte de León. Año mil novecientos ochenta y siete, uno coma tres; año ochenta y ocho, uno coma tres y pico; año ochenta y nueve, uno cuatro cincuenta y dos; y año noventa, uno cuatro sesenta y tres. ¿Eso es crisis?

En la zona Sabero-Guardo pasa, de mil ochenta y nueve en el año ochenta y siete, al año noventa, mil doscientos setenta y dos kilotoneladas. Explíquenme si hay crisis por estos conceptos.

Evolución de plantillas, sólo de las empresas que han visado los contratos. En la zona de El Bierzo-Villablino, en el año ochenta y siete, nueve mil doscientos treinta y dos trabajadores; en el año noventa pasarán a nueve mil seiscientos sesenta y siete.

Zona norte de León. En el año mil novecientos ochenta y siete, dos mil trescientos setenta y tres trabajadores; en el año mil novecientos noventa, dos mil quinientos cuarenta y tres.

Zona Sabero-Guardo. Año mil novecientos ochenta y siete, dos mil quinientos cuarenta y siete trabajadores; año mil novecientos noventa, dos mil setecientos noventa y tres.

En total, en el año mil novecientos ochenta y siete, catorce mil ciento cincuenta y dos trabajadores; año mil novecientos noventa, quince mil tres. Díganme ustedes si está en crisis el sector.

Inversiones previstas en los contratos visados ya por la Administración. Inversión prevista en el año mil novecientos ochenta y ocho, en total, Bierzo-Villablino, 5.228.000.000; año ochenta y nueve, 4.316; año noventa, 2.988.000.000. Total en la zona Bierzo-Villablino: 12.532.000.000 de pesetas previstas de inversión de acuerdo con los planes estratégicos. En la zona norte de León, 3.859.000.000; y en la zona Sabero-Guardo, 3.265.000.000. Total, 19.656.000.000 previstos en los planes estratégicos, a invertir en los años ochenta y ocho, ochenta y nueve y noventa en las cuencas carboníferas de nuestra Comunidad Autónoma; 19.656.000.000. Señores Procuradores, ¿es que hay crisis en el sector?

Suplemento de precios recibido por estas empresas en el primer trimestre, 1.376.000.000 de pesetas. Y, casualmente, el otro día le leía yo al señor Consejero de Economía las previsiones de un grupo empresarial -que no voy a citar nombres para no hacer publicidad, claro-, previsiones de un grupo empresarial, importante, evidentemente, no el más importante, ni mucho menos; inversiones, producción de toneladas-año, año ochenta y siete, ciento noventa y tres mil; año noventa y cuatro, cuatrocientas sesenta y una mil. ¿Hay crisis?

Empleo. Evolución de plantilla: mil novecientos ochenta y siete, cuatrocientos sesenta y tres trabajadores; año noventa, ochocientos cincuenta y siete. Señor Consejero, ¿hay crisis?

Ventas en millones de pesetas-año. Año mil novecientos ochenta y siete 1.693.000.000 de pesetas; año noventa, 4.260.000.000 de pesetas. Señores Procuradores, ¿está el sector en crisis?

Pues esta propuesta que ustedes han transaccionado, Grupo centrista y Grupo Popular, en definitiva, implícitamente, aun no estando en desacuerdo, lo que intenta llevar al ánimo -cosa que ha pretendido en todo momento el señor Consejero de Economía y Hacienda-, al ánimo de la opinión pública, al ánimo de Sus Señorías, es que, precisamente, hay que firmar ese convenio porque estamos en un sector en reconversión. Y eso no es cierto, y el señor Consejero de Economía lo sabe y debe decirlo ya públicamente, por primera vez; -yo diría que por primera vez-, no es un sector en reconversión en éste, ni en los próximos años, y usted lo sabe.

Por tanto, nuestro Grupo, sólo por lo que implica, no por el contenido de la Moción, sólo por lo que implica -y como muy bien ha hecho en la defensa el señor Portavoz del Grupo Popular-, tiene que votar, necesariamente, en contra en este tema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Señoría, siento molestarle nuevamente con mi presencia aquí, pero tengo que decirle que tenía entendido que el programa que presentó el Gobierno está siendo debatido y que le corresponde al Consejero de Economía y Hacienda defender el programa.

Fíjese, en los puntos que ha estado de acuerdo con los de mi programa le he importunado poco. Nos ha aburrido, me atrevo a afirmar, a toda la Cámara con los números, y resulta que con sus mismos números le voy a contestar: hay crisis.

Porque, mire usted, cuanto más producimos, si resulta que le parto de la base de que el precio no cubre los costos, quiere decir que, a mayor volumen de producción, mayores pérdidas. Y cuando yo estoy hablando de crisis, estoy hablando de las pérdidas; y le he demostrado las pérdidas. Le he aplicado los tres mil y pico millones, mas los mil doscientos de la MSP, para ese conjunto de empresas. Luego hay crisis. Pero, de todas las formas, no quiero que prevalezca mi palabra; como va a venir el uno de Mayo, le voy a leer lo que dice su propio sindicato, con Comisiones Obreras, en un escrito que me mandaron el ocho de Marzo del ochenta y siete. Dice: "Se ha celebrado en León una reunión conjunta de las federaciones mineras de Comisiones y UGT para analizar la grave situación del sector minero carbonero en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, habiendo llegado a los siguientes acuerdos: la grave situación por la que atraviesa la minería castellano-leonesa se enmarca dentro de la problemática minera a nivel estatal, y viene caracterizada fundamentalmente por la falta total de una política minera que necesariamente tiene que desarrollar el Gobierno de la Nación" etcétera, etcétera, etcétera. Su sindicato, el de Comisiones Obreras, la Junta de Castilla y León, los Portavoces de AP Castilla y León e incluso los Portavoces del CDS y el del Grupo Mixto le están recalcando a usted que una cosa es la producción y otra cosa es las pérdidas, y de lo que se ha estado quejando la Junta constantemente es de que la Administración Central cubre las pérdidas, las pérdidas, todas, del sector público y que el sector privado aquí está.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Procedemos a someter a votación la Propuesta de Resolución debatida, que corresponde, como hemos indicado, a la Enmienda de aproximación presentada por los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular y Mixto. Quienes estén a favor de la Propuesta de Resolución, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Pueden sentarse. Muchas gracias. Abstenciones, ninguna.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor: cincuenta y uno. En contra, veinticuatro; abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la Propuesta de Resolución.

Pasamos a someter directamente a votación, de forma agrupada, las Propuestas de Resolución que figuran en la Enmienda Transaccional con los números 4, 5 y 6. El señor Secretario procederá a dar lectura a las mismas.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Que la Junta de Castilla y León adopte las iniciativas tendentes a obtener del Gobierno de la Nación la prohibición del consumo de petróleo en calefacciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Junta de Castilla y León vigilará e instará a que hagan lo mismo las restantes Administraciones Públicas, en cumplimiento del Real Decreto 667/87, de treinta de Abril, por el que se establecen las características, cualidades y condiciones del empleo de coque de petróleo".

"Que la Junta de Castilla y León interese al Gobierno de la Nación la regulación, en el marco de la restricciones que posibilita la normativa comunitaria, de las importaciones de carbón térmico y de granos de carbón procedentes de países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, con objeto de favorecer mayores incrementos de la producción nacional".

Que la Junta de Castilla y León emprenda las acciones necesarias para conseguir que las zonas mineras del carbón de Castilla y León sean declaradas zonas promocionales, al amparo de la Ley 50/85, de veintisiete de Diciembre, de Incentivos Regionales".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueban estas Propuestas de Resolución por asentimiento? Se aprueban. Quedan aprobadas las Propuestas de Resolución, correspondientes a la Enmienda Transaccional, números 4, 5 y 6. El señor de las Heras me comunicaba anteriormente que su Grupo retiraba del debate la Propuesta número 4. ¿Se retira?

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Sí, señor Presidente, la retiramos al considerar que está incluida ya en alguna de las propuestas ya aprobadas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de las Heras. En consecuencia, procedemos a continuación a la votación de la Propuesta de Resolución que figura en la Enmienda Transaccional presentada por todos los Grupos con el número 7 del Orden. El señor Secretario dará lectura a la misma.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Que la Junta de Castilla y León remita a las Cortes un Proyecto de Ley de creación de un Fondo coyuntural extraordinario, destinado a financiar capital circulante de las empresas mineras con graves problemas de tesorería y a constituir una línea especial de financiación, dirigida a potenciar el asociacionismo empresarial que marca el nuevo sistema de contratación de carbón térmico.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueba esta Propuesta de Resolución por asentimiento? Queda aprobada.

Procedemos ahora al debate de la Propuesta de Resolución número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. Advierto a Sus Señorías que, de ser aprobada esta Propuesta, se entenderá incorporada como párrafo segundo a la Propuesta de Resolución que acaba de ser aprobada... No, porque ya está, digamos, retirada. El señor Secretario procederá a dar lectura al texto de la Propuesta. La número 7 queda incorporada. Efectivamente, queda incorporada a la que llevaba número 7 dentro de la Enmienda Transaccional. Don Juan Antonio de Lorenzo, puede acercarse a la tribuna y hacer uso de la palabra para defender...

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Gracias, señor Presidente. Yo creo que vamos a debatir ahora, en mi opinión, el meollo de la cuestión, el meollo de la cuestión, que no es otra cosa que fijar el campo de actuación de la Ley que tiene que remitir el señor Consejero a estas Cortes para poder encauzar el Fondo estructural ese al que tanta referencia nos ha hecho. Yo, sinceramente, quisiera marcar aquí unas... hacer una serie de reflexiones, sobre la filosofía que decía anteriormente de que no me acaba de convencer.

En primer lugar, esos 2.000.000.000 que quiere usted poner en manos de las empresas del sector son para financiar circulante, para financiar circulante; por tanto son, de acuerdo con principios contables, recursos ajenos a corto plazo para financiar circulante. Por tanto, no va a financiar ningún activo fijo. Por tanto, no va a mejorar, teóricamente, las condiciones de productividad de las empresas. No va a financiar las innovaciones tecnológicas de las empresas. No va a financiar inversiones en inmovilizados. En definitiva, no es otro problema que financiar circulante. Es una especie de aval "sui generis" que usted plantea ahí para financiar circulante.

Yo, sinceramente, y no voy a ser yo quien lo vaya a hacer, señor Consejero, yo creo que lo que usted propone no es legal; pero doctores tiene la Iglesia... Que alguien se lo descubra. Yo creo que esta línea que usted quiere crear rompe con las previsiones de financiación a empresas privadas que establece la normativa comunitaria. Pero yo no voy a ser quien vaya a hacer eso. Cuando usted traiga el Proyecto de Ley, vendrá perfectamente documentado con todas las propuestas de asesores jurídicos, interventores, etcétera. Yo no voy a entrar en ese tema.

Lo que sí quería era hacerle unas reflexiones de posibles agravios comparativos. Unas reflexiones para que luego no le vengan otros sectores pidiéndole que cree una línea de financiaciones para circulante, pues, en el sector del transporte, el sector de la hostelería, el sector ganadero, cualquier otro. Que se lo van a pedir, se lo van a pedir, porque usted aquí abre un melón; un melón, desde luego, con pocos antecedentes, yo diría que en ninguna Administración. Pero, bueno... Crea una agravio comparativo para otros sectores, y yo diría que crea un agravio comparativo también dentro del Gobierno regional. Me da la sensación que ahí se produce..., se pueden producir situaciones en que si, usted va a tener 2.000.000.000 para financiar circulante -circulante, subrayo- para el sector minero, pues, no sé qué va a decir el señor Consejero de Cultura y Bienestar Social para hacer los centros de salud, o el señor Consejero de Fomento, que le faltan kilómetros de carretera por hacer. Pero, bueno, es un problema también de ustedes.

Yo creo sinceramente también que es una línea de muy difícil control; pero, bueno, ése es otro problema que veremos luego en el desarrollo de la Ley. Creo que es muy difícil controlar, muy difícil controlar esta línea que usted nos quiere poner para financiar activos circulantes. Y por eso nosotros queremos -y lo defendemos aquí con ahínco, y yo diría como condición casi "sine qua non"-, que, dado que va a haber cuchara, como decía usted antes, pues, vamos a ponernos un babero todos, vamos a ponernos un babero para que no nos manche a ninguno, de que pongamos dos condiciones para que esta línea pueda salir adelante.

En primer lugar, que vaya dirigida exclusivamente a empresas viables -eso usted lo reconocía, incluso en un escrito del Grupo Popular. Pero viables no por cualquiera que quiera decir que viables, sino viables, precisamente, porque tienen ya un contrato visado por la Administración; por lo tanto, existe una auditoría técnica y económica que garantiza que las cosas están más o menos bien, que tiene un contrato ya de diez años y que, por tanto, tiene su producción vendida y que se prevé una evolución de los parámetros económicos y no económicos de la empresa. Por tanto, yo creo que ahí estamos de acuerdo de que tiene que ser viable; pero viable no en un término cualquiera, sino viable en tanto en cuanto están acogidas al sistema de precio de referencia y, por tanto, tienen el contrato firmado ya por las empresas eléctricas. Ahí estamos de acuerdo y, por tanto, no hay ningún problema, ¿no?.

El segundo problema yo creo que es lo que más le preocupa al señor Consejero, y yo lo entiendo. Que la segunda condición que ponemos es que en las previsiones de evolución de plantillas que figuran, precisamente, en los contratos, en los planes estratégicos de las empresas, en esas previsiones no exista, no se prevea -otra cosa es que luego se cumpla-, no se prevea -para eso hay una auditoría, que, en principio, la daremos por buena- ninguna disminución de la plantilla. ¿Y por qué ponemos esta condición? Pues, muy sencillo: vamos a financiar circulante, y yo el miedo que me da, señor Consejero, señores Procuradores, es que este dinero, de difícil control -lo pongo y subrayo, no por nada, sino porque es muy difícil de controlarlo-, vaya a financiar despidos de trabajadores. Yo por ahí no podría pasar. Mi Grupo no podría pasar, y espero que más Grupos no pasen por ese tema. No podemos. Porque, claro, cuando hay línea..., usted tiene muchas líneas de financiación para modernizar empresas, para el sector minero u otros sectores; en definitiva, existen proyectos, inversiones tangibles y medibles y, por tanto, comprobables que se ha hecho la inversión. Para financiar tesorería, la verdad es que yo no sé cómo se lo va a apañar usted para controlar. Pero, bueno, realmente, nos tenemos que curar en salud, señor Consejero, y usted estará de acuerdo con ello, que nos curemos en salud, y poner condiciones de que sea para determinado grupo de empresas: sólo las que estén acogidas, que son la mayoría. Si usted recuerda, en las jornadas de minería que hicimos en Ponferrada hace dos años o por ahí, decían los propios empresarios que sólo estimaban que el uno por ciento de las empresas quedarían al margen de acogerse al nuevo sistema de referencia, con lo cual estamos abriendo la puerta al noventa y nueve por ciento de las empresas. Pero es que, además, ponemos la condición ésa: de que no existan previsiones de disminución de plantilla. ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, señor Consejero, para evitar que con dinero público o con un aval público, como es éste se pueda financiar ningún despido de trabajador. Yo creo que ahí, señor Consejero, le voy a pedir un esfuerzo de reflexión para que lo acepte y le diga a su Grupo que vote a favor, porque yo creo que con ello clarificamos mucho el tema; usted me da a mí muchas garantías sobre esta línea que se va a crear, y yo, creo que saldremos beneficiados todos. Y ya le he dicho antes que después le daremos un cheque en blanco entre comillas; las comillas, señor Consejero, son éstas.

Por otro lado, también se abren ya -con esto termino, señor Presidente-, hemos abierto también -yo creo que el resto de los Grupos han sabido interpretar el sentir o la idea del Grupo Socialista- la posibilidad de abrir una línea de financiación no de circulante, sino de financiación de activo fijo, para poder ayudar a las empresas que se tienen que asociar. Yo creo que es un sentir unánime de todos -y yo coincido... yo estoy seguro que coincide usted conmigo- de que el problema fundamental que tenemos en Castilla y León es que hay multitud de empresas pequeñas que hay que ayudar para que, en primer lugar, se asocien en los términos previstos en el nuevo sistema de contratación, una asociación de carácter comercial exclusivamente. Porque yo estoy seguro que con el tiempo eso deviene en un tipo de asociacionismo más profundo financiero, y quién sabe si en una fusión de empresas y constitución de nuevas empresas por la suma de varias. Con lo cual le resuelve a usted problemas de ordenación minera y nos resuelve a todos muchos quebraderos de cabeza, y dan mayor estabilidad también a los empleos. Yo creo que también, en el Proyecto de Ley que tiene que traer a estas Cortes, debe de traer, tal y como se mandata por este pleno, una línea de financiación para ayudar, fundamentalmente, a estas pequeñas empresas, que necesitan, más que ninguna otra, señor Consejero, más que ninguna otra, el apoyo de la Administración.

Y el otro Proyecto de Ley de financiación de circulante sí que espero que, con el voto mayoritario de esta Cámara, podamos poner esos dos cotos, que a mí me darían personalmente mucha tranquilidad, al Grupo Socialista también, y yo estoy convencido que al señor Consejero y a los miembros del Grupo Popular también les van a dar mucha tranquilidad estos dos cotos que ponemos a la financiación de circulante prevista por la Administración Autónoma.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero de Economía.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente, Señorías. Pues, si el sistema de contratación térmico me quedó claro que no lo tenía muy claro, lo de la diferenciación entre activo fijo y circulante me cuesta más trabajo entenderlo. No tiene nada que ver el problema de inversiones en activos fijos, que es lo mismo que haberlo inmovilizado, que es lo mismo que llamar no sé cuántos sinónimos que ha empleado, porque el activo fijo quiere decir el que no se mueve, y el activo variable es el circulante, el que circula. Entonces, la necesidad que existe, la necesidad que tienen las empresas es de circulante, porque por circulante se entiende falta de medios para poder pagar los nóminas, para poder pagar la Seguridad Social, para poder pagar a Hacienda, para, en definitiva, atender sus compromisos. Y, evidentemente, la empresa que no entiende, no atiende, perdón, sus compromisos, pues le digo que lo más fácil que le pase es que en el mejor de los casos le permitan presentar una suspensión de pago, en otras hay quiebra y en otras hay cierre; es decir, lo del refrán de "después del burro muerto, la cebada al rabo".

Quiero decirle que la necesidad que existe es del Fondo, y duerma usted tranquilo, Señoría, que yo no pretendo en absoluto hacer ningún seguimiento, entre otras cosas porque con el seguimiento que estoy haciendo de los avales que concedieron ustedes tengo bastante: el noventa y tantos por ciento, fallido.

No quiero hacer ningún seguimiento porque no pienso dar nada. Quiero que lo den las instituciones financieras, que saben más que el propio Consejero de Economía a la hora de dar créditos. Y lo único que pretendo es dejarlos en garantía y en depósito, por dos razones: porque el interés que cobran las entidades financieras viene determinado por dos factores. El primero, por el riesgo; si le disminuyo el riesgo, lógicamente, será dinero más barato. Y el segundo, por el precio de intermediación; si en el precio de intermediación les dejo un pasivo allí que, de alguna forma, les concedo más medios para que puedan invertir, pueden ser más generosos.

Por tanto, lo que estoy buscando, primero, es una línea de créditos blandos, entre otras cosas para que puedan pagar sus deudas, incluso a Hacienda y a Seguridad Social; porque, si no, difícilmente podrán invertir, porque todas las ayudas que tenemos

de inversión tienen como requisito "sine qua non" estar al corriente de pago en Hacienda y en la Seguridad Social. Luego lo que estoy pretendiendo es dotar de un instrumento que sea capaz de invertir. Pero, mire usted, eso lo discutiremos en el Proyecto de Ley. Lo que le quiero decir es lo de "exclusivamente", que lo de exclusivamente no lleve una disminución de plantilla; no tiene sentido. Primero, porque dice usted: exclusivamente, que se presenten los planes. De todos los que he leído, todas las empresas son optimistas, todas van a aumentar mucho y todas van a aumentar la plantilla o mantenerla. Si es por esa previsión me callaría la boca, porque no tiene ninguna incidencia. Pero, como le quiero ir al fondo de la cuestión, le digo que, si queremos, nuestra obligación es que incremente la productividad; y, cuando una empresa tiene exceso de plantilla de exterior, debe de reducir si en eso estamos contribuyendo a que incremente la productividad, porque le estamos dotando de futuro. Por eso fue la observación que le hizo al Portavoz del CDS, que con tan buen criterio ha defendido muchas de las cuestiones, como la del coque y tal que usted dice que se atribuye (yo me pareció no escuchársela a ellos en la Comisión); por eso le decía que no fuera tan inflexible con el tema de "exclusivamente", en el tema de que lleve a reducción de plantilla, porque hay veces que la reestructuración de una empresa puede exigir cierta reducción de plantilla: incrementamos la productividad y dotamos de mas futuro. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Don Luis Cid.

EL SEÑOR CID FONTAN:

Señor Presidente, Señorías. Va a ser un turno brevísimo, y no sé si es en contra. Simplemente, sí quisiéramos poner de manifiesto que las dificultades surgen, yo creo, de la redacción más que del contenido, o es que entonces este Portavoz no ha comprendido la intervención del señor de Lorenzo. Porque, si en el primer punto estamos de acuerdo y en el segundo, quizá, si la redacción hubiese sido evitar el destino de esos fondos hacia la financiación de despidos, en lugar... Porque, claro, es muy distinta la redacción. Eso se argumenta, pero lo que se dice es que no existan previsiones de disminución de las plantillas en los planes estratégicos, lo cual es completamente diferente. Que no existan previsiones en las plantillas obstaculiza el funcionamiento normal, la actualización, el buscar empresas rentables en algunos casos. Somos tan opuestos al despido como el Grupo Socialista; lo somos y he dicho tanto, no se me ocurriría decir más. Lo que ocurre es que tenemos que buscar que si por falta de rentabilidad cae la empresa entera, caiga no una parte de los trabajadores, sino todos, igual que harían ustedes, y con lo cuál la propuesta sería decir: limitemos que el destino de esos fondos no vaya a ese fin que a usted le da miedo; pero no digamos que exclusivamente va dirigido a las empresas que reúnan las dos condiciones: la primera, aceptada, y la segunda, que no existan esas previsiones simples. La previsión es muy amplia; la previsión de disminución de plantilla va de uno a una reducción drástica. Si nosotros establecemos esto así habremos logrado que aquella empresa que tenga la previsión en su programa, en su plan estratégico, de reducir dos de un contingente grande, le impedimos acceder a los fondos. Me da la impresión de que ahí es donde radica el verdadero problema y objeto de discusión, en que, en lugar de decir que no se destine este dinero -como usted decía- a esta finalidad, le hemos dado una redacción ambigua, grande, no digo mala nunca, pero que va más allá de lo que parece ser lo que se pretendía.

Esta, quizá, es la dificultad que encontramos. Y, desde luego, con esta redacción, de ninguna manera podríamos aceptarlo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, don Luis Cid.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Señor Presidente. Puesto que el voto de nuestro Grupo ha quedado condicionado a la redacción definitiva que proponga el Grupo proponente de la Resolución, ¿queda en sus justos términos o aceptan las modificaciones? En sus justos términos. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Procedemos, pues, a someter a votación la Propuesta debatida, correspondiente al número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que se mantiene en su actual redacción.

Quienes estén a favor de dicha propuesta de resolución, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Resultado de la votación. Setenta y cinco votos emitidos; cuarenta y cinco..., cuarenta y tres a favor, perdón, ninguno en contra, treinta y dos abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la Propuesta de Resolución presentada y debatida.

Para el debate de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Secretario, para mayor claridad, dará lectura a la misma y, a continuación, hará uso de la palabra el representante del Grupo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Que se constituya, con la máxima urgencia, la Comisión Regional de Minería, regulada por los Decretos 101/87, de treinta de Abril, y 14/88, de veintiocho de Enero, al objeto de que sea informada por la Junta del Decreto 34/88, de veinticinco de Febrero, y disposiciones que lo desarrollan, sobre régimen de ayudas a la minería".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor representante del Grupo Parlamentario Socialista puede hacer uso de la palabra, para defender su Propuesta de Resolución, durante cinco minutos.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Muchas gracias, señor Presidente. Yo voy a ser muy breve, y ya con esto creo que se termina, yo creo que felizmente, a pesar de que al señor Consejero se le ve muy tenso. Relájese, relájese. Somos amigos ¿no?

Yo creo que no va a quedar más remedio que retirar esta Proposición, y no va a quedar más remedio porque ayer o anteayer leo en la prensa de que la Comisión Regional de Minería se ha reunido. La verdad es que tiene usted la facultad -le pasa lo que al Consejero de Fomento- de pisarme las iniciativas. Cada vez que hago, cada vez que propongo algo, enseguida salen corriendo para reunir al Grupo que sea para, en fin, poder cumplir con la normativa vigente. Yo le felicito, de verdad, que lo haya reunido, y me felicito también porque, en base a esta propuesta nuestra, pues haya obligado usted a reunirse a la Comisión Regional de Minería. Y en el supuesto de -que desconozco lo que ha ocurrido en la Comisión-, en el supuesto de que hubiese dado cuenta usted del famoso Decreto éste de ayudas a las minería, pues, evidentemente, retiraría la Proposición; con que usted me diga que sí, pues con eso me vale.

Pero yo quisiera también hacerle una reflexión. Por mucho que usted se haya dado prisa para convocar la Comisión de Minería, no ha cumplido con el espíritu del Decreto, porque ese Decreto -y permítame, en fin, que presuma de conocerlo-, ese Decreto constitutivo de la Comisión Regional de Minería precisamente se hizo para que fuera órgano consultivo y asesor del Consejero, en este caso de Economía y Hacienda, en los temas relacionados con la minería. Y, evidentemente, usted tenía que haber reunido la Comisión antes de publicar el Decreto, no a posteriori, porque con ello lo que está haciendo es vulnerar el espíritu con el que se creó la Comisión Regional de Minería, que fue que es, en definitiva, un órgano asesor, pero participativo, de forma tal que los sectores empresariables, laborales, otras Administraciones puedan opinar sobre iniciativas y proyectos de la propia Administración Autónoma. Y yo creo que una iniciativa como ésta, donde se ponen en juego mil quinientos millones de pesetas, creo que sí que merecía que usted hubiese pasado previamente por la Comisión Regional de Minería, y no a posteriori, un poco para evitar el bochorno de decir ahora que no la ha reunido. En definitiva, si usted me dice que ha tratado el Decreto este, yo retiro evidentemente la Proposición. Lo que sí que le ruego es que para otras ocasiones, cuando tenga temas de importancia, reúna a la Comisión Regional de Minería antes de publicarlo. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Sí. Gracias, Presidente. Señoría, se lo voy a aclarar, para que usted la tenga que retirar.

Efectivamente, tuve la reunión de la Comisión Regional de Minería. Desde luego, me puso usted muy fácil lo de pisarle las iniciativas, porque la iniciativa la tomó usted haciendo el Decreto mucho antes de que yo entrara a gobernar. Y ¡qué causalidad!, siendo tan importante esa Comisión, no la constituyó nunca. Y le voy a decir algo más. Sabe usted que eso se debe de convocar por escrito, nombrando los miembros, y, evidentemente, lo había hecho bastante antes que usted tuviese esa iniciativa, porque, si no, no me hubiese dado tiempo. Pero fíjese si será importante, importantísima, la reunión de la Comisión Regional como órgano consultivo y asesor, que su Central Sindical, UGT, no compareció. Y sí di cuenta de todos los Decretos. Y es más: me adelanté a explicar el Proyecto de Ley del Fondo, para su tranquilidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Señor de Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Sí. Realmente, parece que le molesta cualquier cosa que le digo al señor Consejero. Está muy susceptible hoy, está muy susceptible. Y, vamos, yo creo que ha quedado bien el tema ¿no? Si le ha quedado bien el tema. Yo creo que está usted de acuerdo, con todas las Proposiciones de Resolución está usted de acuerdo; por tanto, para qué está tan susceptible. Simplemente decirle que, evidentemente, la Comisión Regional de Minería no se constituyó; que realmente el Decreto fue de... no me acuerdo, ya muy avanzado, prácticamente a punto de haber el nuevo cambio de Gobierno. Y, en definitiva, aunque la Comisión no se constituyó, lo que es evidentemente es que sí que hicimos lo más importante que se ha hecho en esta Comunidad Autónoma en materia de minería -más de lo que ha hecho usted hasta ahora, vamos-, que es poner de acuerdo a todos los sectores económicos y sociales en el tema del futuro de la minería de Castilla y León, a través de aquellas jornadas de minería. Usted, hasta ahora..., yo no dudo que va a hacer mucho; pero, hasta ahora, desde luego, en las competencias suyas, ni una: ni ordenación, ni seguridad; y las competencias de los demás, criticarlas y no hacer nada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Rogaría al señor Procurador que únicamente, digamos, que nos confirmase si quedaba retirada.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Sí, queda retirada, por supuesto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Era de lo que se trataba en su intervención.

Señor Consejero, un minuto.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Es que, para retirar, luego llega y me insulta. Presidente, permítame. Me dice, me dice que no he hecho nada en ordenación. Mire usted, bastante más que todos ustedes juntos, porque he empezado a hablar de un diálogo que hasta a ustedes mismos les asustaba: del coto minero, ¡qué causalidad!, yo lo digo, y sabe usted que una de las virtudes que tiene este Consejero, que, sin escribir mucho en los Boletines, está agrupando empresas y está haciendo lo que se debe de hacer; en el de ordenación. En el de seguridad esperemos que este año, con los accidentes, Dios nos ilumine algo y podamos demostrar a lo mejor a los asturianos que, ¡qué casualidad!, el año pasado eran más seguros que nosotros y este año van a ser menos seguros. Gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Agradezco al señor Consejero y al señor Procurador que se echen flores, pero entiendo que estaba fuera ya del debate y que debemos de seguir prosiguiendo el Orden del Día, que lo tenemos todavía muy apretado. Muchas gracias.

Sometemos, por último, a votación directamente, de forma agrupada, las Propuestas de Resolución que figuran en la Enmienda Transaccional suscrita por todos los Grupos con los números 8 y 9. El señor Secretario dará lectura a las mismas.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Que en el plazo máximo de un mes la Junta de Castilla y León informe a las Cortes, a través de la Comisión de Industria y Energía, sobre la aplicación que el nuevo sistema de contratación de carbón térmico ha tenido sobre las empresas de nuestra Comunidad en el año mil novecientos ochenta y siete".

"La Junta de Castilla y León informará, al comienzo de cada periodo de sesiones, a las Cortes, a través de la Comisión de Industria y Energía, sobre los siguientes temas:

Evolución para las empresas de nuestra Comunidad del nuevo sistema de contratación de carbón térmico, referente al periodo de sesiones anterior.

Detalle de la ejecución del nuevo régimen de ayudas a la minería, reguladas actualmente por el Decreto 34/88.

Detalle de la ejecución de las diferentes líneas especiales que con carácter coyuntural se establezcan.

Informe sobre el desarrollo y acuerdos de los diferentes órganos de la Comisión Regional de Minería".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueban por asentimiento estas Propuestas de Resolución? Se aprueban.

Las Propuestas de Resolución que acaban de ser adoptadas por la Cámara recibirán numeración correlativa, la que corresponda, en función del orden que se ha seguido para su aprobación en el curso del debate.

El señor Secretario procederá a dar lectura al décimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Décimo punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley sobre modificación de la Ley 1/84, Reguladora del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Para defender la toma en consideración de la Proposición de Ley, puede hacer uso de la palabra don Pedro San Martín, en nombre del Grupo proponente.

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS:

Señor Presidente, Señorías. El Estatuto de Radiotelevisión Española, en su artículo 14, dice que "El Consejo Asesor de Televisión Española estudiará las necesidades y capacidades de la Comunidad Autónoma, en orden a la adecuada descentralización de los servicios de radio y televisión, y formulará, a través del Delegado Territorial, las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española".

La creación del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León está determinada por la Ley 1 de mil novecientos ochenta y cuatro, Reguladora de dicho Consejo, que fue aprobada en el Pleno de esta Cámara el día ocho de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

Al año siguiente, y para evitar situaciones que podrían considerarse discriminantes, se aprueba la Ley 5/1985, de veintiuno de Junio, por la que se modifica el artículo 5, párrafo 1, de la Ley Reguladora que acabamos de indicar.

Según esto, el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en nuestra Comunidad está compuesto por diez miembros: nueve de ellos a propuesta de las Cortes, que les elegirán en forma proporcional a la composición de los Grupos Parlamentarios. Por lo tanto, Señorías, la Ley nos dice quién debe nombrar y cómo debe estar compuesto el Consejo Asesor, pero no nos establece ningún plazo para lo mismo.

El artículo 7 de la Ley 1/1984 establece que el Consejo Asesor será convocado por su Presidente. Este se ha de elegir en la primera reunión, de acuerdo con lo determinado en el artículo 6 de dicha Ley, pero para la primera reunión no establece quién puede y debe convocar ese acto, que es totalmente necesario para elegir, de entre sus miembros, al Presidente.

Para cubrir estas lagunas legales es por lo que se presenta esta Proposición de Ley, que consiste en añadir al artículo 5º un apartado en el que se señala un plazo de dos meses, desde que se constituyen las Cortes, para que las Cortes propongan sus nueve miembros, y, a partir de este momento, la Junta puede disponer de un mes para proceder a su nombramiento. Transcurrido, como máximo, un mes desde el nombramiento de los diez miembros del Consejo Asesor, este Consejo, que ahora no hay quién..., no está establecido quién puede y debe convocarlo, nosotros, en esta Proposición, decimos que será convocado por el Presidente de la Junta o Consejero en quien delegue; y entonces ya, una vez constituido el Consejo, es cuando se puede proceder a aplicar el artículo 6º, que es el que establece los mecanismos para elegir al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Asesor.

Por lo tanto, esperamos de todos los Grupos Parlamentarios el apoyo de la toma en consideración de esta modificación de la Ley Reguladora del Consejo Asesor de Televisión Española. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor San Martín. ¿Algún Grupo desea utilizar un turno en contra?

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Señor Presidente, Señorías. No es un turno en contra, sino la actitud o la postura de mi Grupo. Consideramos que esta Proposición de Ley es oportuna. Queda tiempo suficiente para ser debatida por el procedimiento normal. Entonces, mi Grupo votará afirmativamente la toma en consideración de la misma, si bien ya anuncia que en Comisión introducirá ciertas enmiendas encaminadas a mejorar sustancialmente el texto, desde un punto de vista de imprecisiones, de algún error sustancial, incluso de algún defecto de tipo gramatical. De manera que..., entonces nos veremos. Hasta entonces, me parece muy bien que hoy la Cámara tome en consideración esta Proposición de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. ¿Desea algún Grupo...? Sí, el Grupo Socialista puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS:

Señor Presidente, Señorías. Este Procurador que ahora les habla hizo ya, en su día, una pregunta sobre este mismo tema a la Junta de Castilla y León. Efectivamente, nosotros veíamos que se había retrasado bastante, hasta un periodo de seis meses, la convocatoria del Consejo, incluso desconocíamos de qué manera se debía de convocar el Consejo por primera vez. Dando un repaso a las Leyes de las distintas Comunidades Autónomas, la verdad es que en ninguna de ellas aparece recogido este tema, bien que regulan en cuatro de ellas que debe de ser el Presidente de la Comunidad Autónoma quien les nombra -en el resto, ni siquiera se refiere a ello-, y solamente en una marca un plazo de un mes desde el momento de su nombramiento a la convocatoria de la primera reunión del Consejo.

Entendemos, por estas razones, que nuestro Grupo apoyará esta toma en consideración de la Proposición de Ley del CDS, también reconociendo que hay algunas dificultades, algunos pequeños matices que debemos de corregir en la Comisión donde esta Ley se apruebe. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Algún... el Grupo Mixto desea...? Pues, como no ha habido turno de réplica, si el señor Procurador quiere decir algo..., el proponente... sometemos inmediatamente a votación la propuesta.

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS:

Señor Presidente, Señorías. Sólo agradecer a los Portavoces de los Grupos que han intervenido su apoyo y espero que la Mesa lo transmita lo más pronto posible a la Comisión correspondiente. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

Dadas las posiciones manifestadas por los distintos Grupos, la Presidencia sometería a aprobación por asentimiento la toma en consideración, si no hay ningún inconveniente.

¿Las Cortes toman o no en consideración, por asentimiento, la Proposición de Ley sobre modificación de la Ley 1/1984, Reguladora del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social? Se toma en consideración. En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre modificación de la Ley 1/1984, Reguladora del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social.

El señor Secretario procederá a dar lectura al undécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Undécimo punto del Orden del Día: "Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Para defender la Enmienda..., para presentar el Proyecto, sí..., el señor Consejero de la Presidencia y Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, señor Lucas.

EL SEÑOR LUCAS JIMENEZ:

Gracias, señor Presidente, Señorías. Es para este Consejero un honor y satisfacción cumplimentar hoy el Reglamento de esta Cámara, presentando públicamente, desde esta Tribuna, esta iniciativa legislativa que es el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad.

La Junta, de la que me honro en formar parte, es bien consciente de la importancia de la tarea normativa que estas Cortes deben llevar a cabo para el más pleno y efectivo cumplimiento de los objetivos que corresponden a nuestra Comunidad. Y, como claramente anunció nuestro Presidente en su discurso de Investidura, es decidido propósito de la Junta prestar toda su colaboración y asumir toda su responsabilidad, para el más cabal despliegue de la función que es propia de esta Cámara. Y no, simplemente, para darnos la vana satisfacción de dar contenido, a cualquier precio, a una Institución tan representativa y digna como las Cortes, sino porque, ciertamente, es de todo punto necesario afrontar algunas importantes regulaciones jurídicas para organizar definitiva y eficazmente el funcionamiento de las cosas públicas en nuestra Comunidad. La Junta se ha visto, sin embargo, obligada a aplicar, durante los primeros meses de su mandato, a desplegar -diría yo- una intensa actividad para resolver y encauzar asuntos más urgentes o básicos, o ir estudiando las líneas precisas de su actuación futura.

No tiene por ello nada de particular que el Proyecto de Ley, del que hoy hablaré a Sus Señorías, sea tan sólo una de las primeras iniciativas legislativas de la Junta, que no debe, sin embargo, olvidar otras, bien trascendentes, que ya han sido tramitadas y aprobadas por esta misma Cámara en los pasados meses. Sí puedo anunciarles que, tras éste, pronto van a venir otros que van a obligar a la Cámara a desarrollar un importante trabajo legislativo.

El Proyecto de Ley que me honro hoy en presentarles trata de modificar y mejorar el marco jurídico-institucional en el que ha de moverse el Gobierno y la Administración de nuestra Comunidad, establecido hasta ahora por la Ley 1/83 y modificada, como todos ustedes saben, en el artículo 28, por la Ley 2/85. En definitiva, se trata de dar un margen a que, gobierne quien gobierne en esta Comunidad, tenga posibilidad de no proceder a futuras reformas de este importante texto legal.

Si la Junta se ha decidido a presentar a las Cortes este Proyecto de Ley, ha sido por entender que era rigurosamente necesario para completar la reforma administrativa iniciada desde el primer día de su toma de posesión, dotando a la Administración Autonómica de los cauces y previsiones jurídicas necesarias para llevar a pleno y cumplido efectivo las exigencias constitucionales y científicas de una buena organización administrativa.

El principio de desconcentración y el principio de eficacia, indudablemente, manejados -estoy seguro- por todos los Grupos a lo largo de este debate, destacan en este Proyecto de Ley y tratan de lucir -como Sus Señorías saben- lo que el artículo 103.1 de nuestra Constitución señala de manera absolutamente clara.

El Proyecto que se ha presentado pretende, pues, desde un punto de vista práctico, llenar una necesidad que alcanza en este momento tonos de perentoria y urgente, lejos de toda veleidad de cambios.

La común utilidad de los ciudadanos, a cuyos servicios ha de trabajar la Administración con economía y eficacia, reclaman -nos guste o no- los cambios que se pretenden en esta Ley. En suma, el supremo interés del mejor servicio de los ciudadanos es, Señorías, la única razón del Proyecto. La Junta, créanme, ha tratado de agotar las posibilidades de aplicación de la Ley actualmente vigente, bien consciente de la conveniencia de evitar modificaciones legislativas innecesarias, pero, como ya previó el Presidente al comprometerse ante esta Cámara, se ha demostrado imprescindible introducir las principales reformas que se contienen en el Proyecto que hoy me honro en presentarles. Los meses, los cortos meses de experiencia han acrisolado los perfiles de las reformas que es necesario acometer.

Los puntos o el marco que señalaría esquemáticamente como más destacable es el siguiente: En primer lugar, el proyecto pretende posibilitar el nombramiento de un Vicepresidente que no sea al mismo tiempo Consejero titular de una Consejería. El Presidente se refirió, como recuerdan, a esta medida en su discurso de Investidura, porque desde el principio se entendió que podía demostrarse prácticamente incompatible el desempeño de las tareas propias de la Vicepresidencia y la dirección de una Consejería, máxime con la operación reductora de las Consejerías que al mismo tiempo se pretendía. Se trata de abrir la posibilidad, sólo la posibilidad, a una Vicepresidencia sin cartera, estrictamente dedicada a compartir las funciones de la Presidencia, cuya amplitud política y administrativa justifica o puede justificar sobradamente esta dedicación.

Sé que los términos del Proyecto, los términos del Proyecto, literalmente interpretados, han permitido algunas dudas sobre si el Vicepresidente tendrá o no, en cualquier caso, la condición de Consejero, y que el Estatuto de Autonomía -vamos a dejarlo claro desde un principio-, exige que la Junta tenga únicamente como miembros al Presidente y a los Consejeros. Debo aclarar que la Junta no ha dejado de pensar, en ningún momento, que el Vicepresidente debe tener la condición propia de los Consejeros: debe ser un Consejero, y por ello se dice en el Proyecto que el Estatuto personal del Vicepresidente es el dispuesto para los Consejeros. Pero cabe reconocer, sin embargo, que al quererse establecer en el Proyecto que el Vicepresidente no vaya necesariamente unido al cargo de Consejero titular de una Consejería, se ha podido decir sólo que cabrá que no vaya unido a la condición de Consejero, habida cuenta de que el Consejero que se perfila en la Ley es siempre titular de Consejería.

Debo decir de ello que, aclarado cuál es el sentido que la Junta quiere dar a este punto en la reforma, yo, y la Junta, no veo ningún inconveniente para que estas Cortes depuren algún elemento de la redacción del texto y eliminen cualquier elemento de equívoco en el que haya podido incurrirse. En este punto, como en los demás, los Proyectos de la Junta son..., o estiman la labor de comprensión y de mejora y perfeccionamiento que estas Cortes, sin duda, realizarán con el mismo. No vemos, por lo demás, inconveniente en aprovechar esta reforma legislativa para eliminar de la Ley de Gobierno alguna referencia que, como la limitación del número de Consejeros a diez, no añade nada, absolutamente nada nuevo sobre lo ya establecido en el Estatuto de Autonomía.

Segundo punto a destacar: posibilitar -pretende el Proyecto-, posibilitar e impulsar la desconcentración administrativa de funciones; tema muy importante del artículo 7 del Proyecto que da nueva redacción al artículo 34 de la Ley de Gobierno.

Se pretende -hay que subrayarlo-, se pretende, en primer lugar, cumplir una exigencia constitucional, agilizando notablemente el funcionamiento de la Administración. Es decidido propósito de la Junta suprimir en la Administración de Castilla y León los principales elementos que tradicionalmente vienen causando lo que con agudeza ha denominado y descrito un catedrático de Derecho Administrativo, de origen vallisoletano, como la organización del desgobierno. Uno de ellos el excesivo o el exceso de atribuciones en los altos cargos de la Administración, que de ordinario no hay más remedio que ejercer deprisa y corriendo -muchas veces, diría yo, con retraso-, o que con frecuencia se traducen en horas de firmas de actos repetitivos, reglados o sistemáticos. Y es preciso transferir -y lo dicen los textos desde el año cincuenta y siete, aunque después, en la práctica no se haya hecho-, y es preciso transferir a los órganos inferiores cuantas funciones puedan desempeñar adecuadamente en razón de su posición y de su nivel de responsabilidad en la Administración. Y hacerlo, y hacer esta desconcentración por vía normativa, yo diría permanente incluso, a veces determinando que sus resoluciones agoten la vía administrativa sin necesidad de los recursos de alzada.

El Proyecto admite que estas desconcentraciones -no deslegalizaciones, como después veremos-, puedan hacerse en los altos cargos centrales, es decir, Secretarios y Directores Generales, y en los periféricos: en los Delegados Territoriales.

C) Tercer carácter o tercer punto que yo destacaría en el Proyecto de Ley que se somete o que se presenta hoy formalmente ante la Cámara: ampliar la posibilidad de la delegación y depurar la regulación de esta técnica organizativa. Creo que no es el momento -¿verdad?- de recurrir a si lo que entiende por delegación la Ley de Procedimiento y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado no es sino una mala interpretación de la teoría de la representación, pero nosotros pretendemos que mediante la delegación pueda y deba completarse el necesario proceso de descongestión de las atribuciones de los órganos superiores, permitiéndose las atribuciones o la atribución delegada de estas funciones fundamentalmente en los Jefes de Servicios, incluso en algunas unidades inferiores si fuera necesario. Mediante la delegación, cuyo control -subrayo-, cuyo control conserva en todo momento el órgano delegante, mediante la potestad de revocación y mediante la de conocer de los recursos de alzada que ahora claramente pretendemos dotarle, puede darse una amplia participación en funciones resolutorias a estos relevantes órganos plenamente administrativos, profesionalizados -diría yo-, que son los Jefes de Servicio y, especialmente, en las materias de resoluciones regladas o altamente regladas, en las que no es preciso aplicar criterios de pura oportunidad política.

Con la regulación que el Proyecto hace del régimen de los actos de los órganos delegados, no deja de asegurarse en todo momento, además, la responsabilidad política efectiva de los altos cargos centrales, directamente o bien a través de la jerarquía con que ellos están vinculados a los Delegados Territoriales. La necesaria autorización del Consejero, cuando el delegante no es el mismo, asegura, por lo demás, el control de todas las Delegaciones por parte del supremo responsable político de cada Consejería.

Señorías, la regulación que se hace de este tema -que, indudablemente será objeto, insisto, de polémica-, está de acuerdo con la doctrina jurídica más ....... en estos momentos. Entra dentro de las competencias que nuestro Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad Autónoma en nuestro conocido artículo 26.1, de las competencias exclusivas, y en el 27.1, sobre los procedimientos administrativos que se derivan de las particularidades organizativas de la Comunidad.

Se respeta -y eso sí me interesa dejarlo claro-, se respeta escrupulosamente la legislación básica, sobre todo la legislación básica sobre el Régimen de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo, contenidas en las Leyes estatales de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que -subrayo- no todo en ellas básicos, no todo en estos textos son básicos. No se merman las garantías del ciudadano y se obtienen, fíjense ustedes, dos ventajas fundamentales. La primera ventaja, la de que los recursos de alzada contra los actos del Delegado no salten al superior jerárquico; no ocurra lo que ocurre ahora. Un Director General delega en un Jefe de Servicio, surge el recurso de alzada contra esa Resolución por parte del ciudadano, y no conoce de ella el Director General, sino que pasa directamente al Consejero. Esa es la primera ventaja.

En segundo lugar: no habrá recursos de reposición contra los actos del Delegado, sino que siempre tendrá que haber alzada ante el delegante.

Creemos, por lo demás, que la seguridad jurídica aconseja no confundir la delegación de atribuciones con otras posibles formas de asignación de funciones, habitualmente utilizadas en las relaciones propias de la jerarquía administrativa, a cuyo efecto se incluyen también en el Proyecto algunos ajustes terminológicos de menor importancia que eviten el uso impropio de la terminología.

Cuarto punto, D): Clarificación -intenta el Proyecto-, clarificación y potenciación razonable de los Secretarios Generales de las Consejerías. Punto claro y que pretende una adecuada administración y control de los aspectos horizontales.

Quinto punto, que destaco ante ustedes: la regulación de las Delegaciones Territoriales Unicas. Se plasma claramente en el texto que se propone una nueva regulación de la Administración Periférica de la Comunidad, que es posible organizar sobre la base general de las Delegaciones Unicas para cada provincia. Se dispone en el texto que las Delegaciones, en este caso y en cuanto tales, dependerán orgánicamente de la Consejería de Presidencia y funcionalmente de las Consejerías que corresponda por razón de las diversas materias o de las diversas competencias materiales.

Se precisa que los órganos en que las Delegaciones se organizan -Servicios, Secciones o Negociados-, dependerán siempre, a través de la Delegación, orgánica y funcionalmente de la Consejería respectiva e igualmente, por razón de la materia, de sus atribuciones.

El Delegado Territorial Unico, el Delegado Territorial, se configura, pues, como órgano que funcionalmente pertenece, según las diversas materias, a la jerarquía de las diversas Consejerías de las que, a través suyo, dependen los demás órganos de cada Delegación Territorial. Pero el Delegado no es un puro órgano de coordinación, sino auténtico superior jerárquico de todos los órganos periféricos de la Administración Autonómica. Y ello sin perjuicio de que mediante la técnica de la delegación a que anteriormente se hacía referencia, mediante la técnica de delegación de atribuciones, se agilice al máximo el funcionamiento real de las Delegaciones, transfiriéndose a..., o dando posibilidad de transferir -diría mejor- a los Jefes de Servicio amplias decisiones y tareas que no necesitan asumir directamente; y, en todo caso, el Delegado aún retiene la competencia revisora y supervisora.

Se consolidan con este texto, o se trata de consolidar, los pasos que la Junta ya ha dado en orden a la mayor profesionalización, coordinación efectiva, reducción y mejor funcionamiento de la Administración Periférica. Yo diría -créanme que lo digo con verdadero sentimiento- que no puede minimizarse o acusarse de operación de pura imagen la reducción del número de Delegados, por lo que ha optado esta Junta; en ningún caso, ni por su naturaleza ni por su origen, en ningún caso es equiparable una Delegación a un Servicio; y si se han establecido los Servicios, juzgados imprescindibles, ha sido en aras de ese funcionamiento de la Administración, funcionamiento que pretendemos sea cada día más ágil.

Pero aún así, aún estableciendo en el Proyecto de Ley la posibilidad... la regulación de la Delegación Unica, no se excluye la posibilidad de Delegaciones futuras múltiples, cuando otro Partido, con nuestra oposición, naturalmente, cree, si un día accede al Gobierno de esta Comunidad, y por consiguiente sin necesidad de ir a una modificación de ningún texto legal. La nueva regulación de la delegación de atribuciones y de la desconcentración va a permitir resolver definitivamente algunas dificultades que vienen aún encontrándose para agilizar e imprimir un ritmo plenamente eficaz a las nuevas Delegaciones y sus conjuntos.

Si los señalados son los principales objetivos de la reforma, quiero manifestar ante Sus Señorías el talante abierto y respetuoso con otras formas de entender cómo debe organizarse y funcionar nuestra Administración. Talante que late en el Proyecto, y aunque políticamente la Junta a que pertenezco es claramente contraria, como decía, a la multiplicación de Delegaciones Territoriales y a la existencia de Gabinetes en las Consejerías, no podemos o no debemos cerrar los cauces legales para que en su día pueda volverse a estas opciones por parte de los compañeros que accedan a esta Cámara o de cuaeslquiera otros que pudieran llegar a sucedernos en el Gobierno.

Destacaré como nota última e importante la clara atribución de la personalidad jurídica únicamente a la Comunidad, y únicamente a la Comunidad Autónoma como tal, no a la Administración. Que no es sino un puro instrumento orgánico la Administración de la Comunidad, sometida por entero a la única voluntad rectora de esta organización unitaria que es la Comunidad, y que se plasma en unas elecciones las decisiones y las normas de estas Cortes. O la precisión de que el sometimiento de la Administración Regional al derecho estatal lo es, en general, por vía de supletoriedad y no de aplicación directa, en todo caso, sin perjuicio, naturalmente, de los aspectos básicos, cuya regulación es competencia exclusiva del Estado, y que en modo alguno discutimos.

En el Proyecto se clarifica también el efecto derogatorio implícito en las Leyes de la Función Pública y de la Hacienda de esta Comunidad, suprimiéndose, en consecuencia, las partes de la Ley del Gobierno y de la Administración que han pasado a ser objeto de dichas Leyes.

Finalmente, se ha aprovechado la oportunidad de este Proyecto de Ley para incorporar un precepto que dé cumplimiento al mandato estatutario del artículo 3.2, flexiblemente interpretado, y se fija en este sentido la ubicación de los organismos o servicios de la Administración centrales y periféricos, respectivamente, en la capital de la Región, en que ya está fijada la sede de las Instituciones de Autogobierno, y en las diferentes capitales de provincia, al tiempo que se admite la determinación de alguna excepción, o la posibilidad de esa excepción en cuanto a algún organismo o servicio central, pero señalando en la Ley -lo subrayo-, señalando en la Ley los criterios que ha de seguir la Administración para cumplir o fijar esta ubicación excepcional. Entendemos, por ello, que el Proyecto se mantiene dentro de la reserva de ley, establecida por el citado artículo 3.2 del Estatuto, interpretando esa reserva de ley de un modo suficientemente razonable.

Las variaciones de la Ley del Gobierno y de la Administración que se proponen y ese complemento sobre la ubicación de los organismos y servicios tienen una amplitud suficiente como para aconsejar encargar a la Junta la inmediata publicación de un Texto Refundido de la Ley que recoja su nueva redacción tras la reforma, de modo que se facilite su manejo y aplicación. Ciertamente, la refundición no requerirá labor alguna de interpretación y fusión de preceptos, ya que la Ley que aprobemos determinará con claridad el tenor de la reforma.

Pero parece deseable que, siguiendo una práctica no desconocida, seguida recientemente -por ejemplo- por el Gobierno del Estado y las Cortes Generales en relación con la Ley General Presupuestaria, que ha efectuado la última Ley de Presupuestos, se publique, en efecto, un texto de la Ley con su nueva redacción, con todos los requisitos de autenticidad que garantiza el Decreto Legislativo.

Termino ya, Señorías; no quiero hacerlo sin recordar que este Proyecto, sin perjuicio del carácter definitivo que puedan tener las reformas que se proponen, se presenta en el momento en que la Junta considera aún, claramente, de transición hacia la institucionalización del modelo definitivo de la organización del régimen de la Región, diría mejor de Castilla y León. La amplia descentralización pendiente que la Junta va a comenzar a impulsar en profundidad en breve, en cumplimiento de su programa de gobierno, podrá llegar a hacer innecesarias incluso las Delegaciones Periféricas o llevar a reducirlas a la mínima expresión.

Debo añadir, en fin, que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de las Cortes, la Junta acompaña la remisión del Proyecto de Ley, o ha acompañado a la remisión de este Proyecto de Ley, una Exposición de Motivos, que es, lógicamente, la de los que de ella, se deduce, justifican la presentación del Texto. Se explica, por ello, que nuestra Exposición de Motivos haga algunas referencias a los compromisos adquiridos por nuestro Presidente ante esta Cámara, al solicitar la confianza para gobernar. La conciencia de este mandato democrático obliga a estas referencias precisas, a los propósitos de gobierno que estas Cortes secundaron y apoyaron al otorgar su confianza al Presidente. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Para defender la Enmienda puede hacer uso de la palabra para el turno correspondiente el señor Quijano, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, señor Consejero de la Presidencia y Vicepresidente, en tanto la Ley actual permanezca como está.

Efectivamente, consumo un turno a favor de una Enmienda de Totalidad que, como es conocido, solicita la devolución del Proyecto de Reforma de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma a la Junta de Castilla y León. Se trata de una Enmienda de Devolución que, entiendo, lógicamente debe de estar apoyada en motivos serios; porque, si no, si llegáramos a la conclusión de que esos defectos de la Ley, que el propio Consejero ha venido a reconocer, fueran solventables a través de Enmiendas parciales, lógicamente no precedería una Enmienda de Devolución, como es lógico.

Yo creo que, cuando se discute una reforma de la envergadura que aparentemente ésta tiene, hay que comenzar por examinar cuáles son o cuáles pueden ser o cuáles parecen ser los objetivos que la reforma persigue, para hacerse una idea respecto a si son adecuados con la técnica que se emplea, respecto a si justifican la Enmienda o la reforma en los términos en que exactamente se propone.

Creo que hay también que analizar el Proyecto en sí, en sus aspectos formales, en su contenido, establecer el juicio que merece y decidir, a título de conclusión, si efectivamente es asumible o no como marco inicial de un debate que, efectivamente, en todo caso continuaría con las Enmiendas Parciales.

Debo de decir, ante todo, que he escuchado una intervención del Consejero, en la presentación del Proyecto, que me ha parecido sorprendente, en buena parte. Quizá por la falta de entusiasmo derivada de la hora -no lo achaco a otra situación-, pero por el propio tono que ha empleado. Yo he tenido la impresión, continuamente, de que cuando él decía: ya sé que hay aspectos de esta Ley que son polémicos o que pueden ser polémicos; me quiero curar en salud diciendo que hay algunas cosas de las que nos hemos dado cuenta "a posteriori" que no eran correctas y que nuestro propio Grupo Parlamentario ha tenido que enmendar -me refiero al suyo, lógicamente-, le veía un poco a la defensiva en el tema, como si, efectivamente, quisiera justificar por anticipado ciertos defectos que la Ley tiene. Dicho en otros términos, como si estuviera contestando por anticipado a la Enmienda a la Totalidad; no sé si porque desconfía de que su Grupo lo pueda hacer debidamente luego -supongo que no-, sino simplemente porque ha ido advirtiendo, después de presentado el Proyecto, que, efectivamente, son muchos más los errores que tiene de lo que a primera vista parece. ha hecho, incluso, alguna consideración sobre el apoyo de ciertas novedades o innovaciones en la doctrina que yo creo que debiera de revisar. Yo creo que, cuando hay ley específica aplicable a algo, siempre ése debe de ser el punto de apoyo, opine lo que opine la doctrina o cierta doctrina. Yo creo que éste es un principio que, por lo menos entre juristas, debemos de respetar. En lo que sea interpretable, pues, habrá jurisprudencia, opiniones doctrinales más asumibles o menos; pero cuando hay ley específica aplicable al caso, me parece que tomar, en ese sentido, como punto de apoyo para ciertas innovaciones la doctrina, creo que cuando menos es peligroso o -permítame decirle- arbitrario.

Vamos, entonces, con un examen de lo que, a mi juicio, son los objetivos que la Ley persigue. Debo de decir... o que la reforma persigue. Y me refiero a los objetivos reales, porque debo de decir que, leída la Exposición de Motivos, que usted aquí nos ha recordado, produce una cierta perplejidad en cuanto a los objetivos de fondo, dada la complejidad técnica que la cuestión tiene. Yo no sé -y de alguna de sus expresiones en la intervención anterior he parecido deducir eso-, yo no sé si hay una razón, digamos, estrictamente política o de funcionalidad, que sería, en mi criterio, la de encubrir un error previo. Y me explico; probablemente han llegado a la conclusión -y es una opinión aventurada- de que se han quedado escasos en el número de Consejerías, se les ha acumulado el trabajo, se han pillado los dedos en algo en la estructura de la Junta, y entonces una fórmula es liberar al Vicepresidente -digamos- del trabajo a pie de obra de una Consejería y, por tanto, liberar un puesto de Consejero, como mínimo, y por ahí, pues, proceder a una cierta redistribución de funciones con alguna mayor comodidad. Otra fórmula -creo que la Ley también aporta bastantes cosas en eso- sería el hacer una descarga casi total, tal y como está prevista la reforma, de las funciones actuales del Consejero, casi total. No ya sólo en resolución de recursos, que efectivamente usted lo ha venido a defender y yo lo comparto hasta un cierto punto; no, no, en todo lo demás; y luego hablaremos del modelo que ustedes proponen en materia de desconcentración, delegación, etcétera, etcétera. Quizá se trate, en ese sentido, de que los Consejeros estén más libres -no digo para qué, aunque lo piense-, de que estén más libres, digamos del trabajo administrativo diario, etcétera, etcétera, posibilitando la afluencia de funciones -éste yo creo que es el verdadero objetivo- la afluencia de tareas a las Delegaciones Territoriales. Pero, hombre, eso se hace previamente; se crea el marco, se posibilita la afluencia de funciones ahí, si ésa es la finalidad -y yo creo que en buena parte lo es-, y se evitan ustedes el bochorno de tener durante seis meses largos a unos Delegados Territoriales que no tienen funciones, ni saben lo que tienen que hacer, porque no hay legislación específica aplicable -y ustedes no lo hicieron en el Decreto de creación- que les fije un marco de competencia establecido. Yo creo que algo de todo esto hay en las finalidades. Algún medio de comunicación ha dicho, (por lo tanto no lo pongan en mi boca, me limito simplemente a recogerlo), que puede haber alguna otra finalidad; pero eso, lógicamente, en la mente del señor Presidente sólo, y no en otro sitio, puede estar: pues, dar cobertura anticipada a alguna crisis de Gobierno, alguna cosa de esas, no lo sé. Repito, yo por ahí, efectivamente, no quiero entrar, ni cuáles puedan ser los motivos, si tensiones internas, presiones de fuera, etcétera, si hay alguna idea de gobierno de coalición en mente (no me ha dejado de resultar curiosa la Enmienda del CDS proponiendo que haya varios vicepresidentes en la Junta). No sé si algo de eso habrá. Repito: en todo caso, tómenlo como alguna conjetura, y absolutamente nada más.

Sí digo, porque me parece que ése es un objetivo que más allá de la apariencia, la Ley, persiguiéndolo o no expresamente, efectivamente produce, a mi juicio, yo creo que la reforma abre la puerta de par en par a una inseguridad enorme, en cuanto a organización de la estructura administrativa. Podría decir, incluso, que a unas cuotas de arbitrariedad y de confusión -y tómenlo en el sentido de organización administrativa, y no en el sentido de desvalorización personal- ciertamente considerables. Y si no es por alguna de esas razones, de verdad, no entiendo los objetivos de la reforma. Porque, prácticamente, todo lo que quisieran hacer en materia de organización administrativa se lo permite la Ley actual, bajo fórmulas que incluso han utilizado ya; porque bajo la Ley actual han utilizado la fórmula de las Delegaciones Territoriales únicas, y en ese sentido no ha pasado nada. Hemos estado en desacuerdo con cómo lo han configurado, hemos estado en desacuerdo con el contenido del Decreto que lo desarrolló, con su funcionalidad, su eficacia o su coste; pero no en el sentido de que la Ley actual no lo permitiera. Por tanto, yo creo que, desde el punto de vista de los objetivos, ustedes han optado por este tipo de reforma. Me gustaría que los explicitasen más de lo que ha hecho el señor Consejero, y nosotros optamos por una enmienda de devolución.

¿Cuáles son, entonces, los argumentos, desde un punto de vista concreto? Decía al principio que tienen que ser importantes, y efectivamente creo que debe de ser así. Es obvio que en este caso huelga, o hubiera holgado, el presentar una enmienda con texto alternativo. Se trata de la reforma de una Ley vigente y, por tanto, el texto alternativo es la Ley vigente, que, desde ese punto de vista, no quedaría reformada. Me parece que, en ese sentido, la única opción posible, dado el desacuerdo de fondo con la propuesta de reforma, es, efectivamente, la devolución.

Se lo diré, primero, a título de pura síntesis. Creo que la reforma que proponen es incorrecta en la forma, muy incorrecta, muy deficiente en la forma, inaceptable en el fondo, innecesaria, y, además, en muchos aspectos, incorregible por vía de enmienda parcial. Porque, de lo contrario, el tema hubiera podido tener otra fase de solución. Efectivamente, desde el punto de vista de la forma, tengo que decir -y el comentario lo hicimos y coincidimos en buena parte en él bastantes personas-, se ha optado por una técnica de construcción jurídica realmente inaceptable. Yo invito a cualquiera, no ya profano en la materia, a quien seguramente le resultaría inaceptable en la forma cualquier precepto jurídico, sino incluso a algún experto, a que lea alguno de los artículos de la reforma que se propone. Por ejemplo -y porque lo tengo anotado como botón de muestra-, el punto cinco del artículo 1. No lo voy a hacer para no alargar, pero léase la maraña de referencias y contrarreferencias que ahí se hace. Si el tema es mucho más sencillo. Si hay una técnica clásica y tradicional de reformar. Es decir: "el artículo tal queda redactado en la siguiente forma", y se recoge el texto nuevo, y no esas referencias, contrarreferencias, etcétera, etcétera, que continuamente se hacen. Mire, la mejor prueba es la propia tortuosidad de las enmiendas parciales que ha habido que presentar. Reconozco, en la medida en que he participado en ello, que ha sido una tarea agotadora el poder enmendar la reforma, sabiendo qué es lo que se quería enmendar. Efectivamente, es así; supongo que las personas de otros Grupos que hayan realizado esa tarea coincidirán plenamente conmigo, incluso su propio Grupo, que, por lo que he visto, ha tenido que enmendar hasta la propia Exposición de Motivos, ¡que ya es decir!, desde el punto de vista de los objetivos de la reforma.

Desde ese punto de vista formal, no hay la más mínima sistemática ni criterio de ordenación. Se yuxtapone, se refunde..., yo creo que con una precipitación total. Hay artículos que aparecen sin correlación. Por ejemplo el artículo 11, en materia de ubicación de los servicios administrativos (de la reforma), no tiene correlación en la Ley; ¿dónde se le coloca en la Ley que es reformada? Hasta ese nivel se ha llegado.

Creo, desde el punto de vista formal, que hay un auténtico desastre. Se lo digo con toda claridad. Si quiere tómelo como opinión de profesor. Desde luego, si yo tuviera que enjuiciar a un alumno por la elaboración de un proyecto como éste, le suspendería, quizá "a divinis"; pero, como es mucho, por lo menos para unas cuantas convocatorias. Seguramente tendría que ir a aprobar el Derecho Administrativo a otra Universidad.

Creo, en ese sentido, pues, que ha habido mucha improvisación; que ha habido, seguramente, una necesidad urgente de presentar la reforma porque la estructura periférica ya no aguantaba más en la situación actual jurídica, y que ha habido, en ese sentido, una gran precipitación.

Y ello me lleva a un juicio, que es el primero que quiero dejar afirmado desde el punto de vista político. Tengan en cuenta que esta era la primera Ley de cierto contenido que han presentado en la Cámara (excluido el Presupuesto, donde siempre es más fácil tomar antecedentes), la primera Ley de contenido. Y de verdad que se han lucido en ese sentido. Yo creo que, hasta ahora, por lo que han demostrado, sólo han sabido hacer leyes de artículo único para suprimir. Eso es relativamente fácil. De las que hay presentadas en la Cámara; no hablo de otras, de eso hablaremos cuando llegue. Cuando se trata de crear algo, desde luego, han demostrado lo que dan de sí. El resultado a la vista está.

Vayamos entonces al fondo, porque yo creo que es ahí donde, en todo caso, deben de fundamentarse los juicios principales para la devolución. Y creo poder afirmar -y he estudiado la Ley con mucho detenimiento- que el contenido de la reforma, en aspectos ciertamente sustanciales, que afectan por tanto a los principales objetivos que ha señalado el Consejero, no es aceptable jurídicamente, desde el punto de vista de la situación actual del ordenamiento. Que en lo demás, en lo que resultaría aceptable jurídicamente, ya dije antes también que me parece que la reforma no es necesaria, ni completa, ni clara. Introduce, a mi juicio al menos -y lo trataré de justificar-, importantes motivos de inseguridad, de confusión y, como decía antes, de arbitrariedad, repito, en el sentido que tiene ese término en el derecho administrativo.

Creo, efectivamente, que la reforma vulnera preceptos, tanto de la Constitución, en su concepción de las bases del régimen jurídico de la Administración Pública, como del Estatuto de Autonomía, como de otras leyes que a estos efectos creo tienen el carácter de norma básica y que iré enumerando, con la benevolencia del señor Presidente. Comprendo que este debate a estas horas de la mañana o de la tarde, pues no entra excesivamente en juego; pero, en ese sentido, pido al señor Presidente, dada la importancia del tema, una cierta paciencia con la exposición.

Primero, por ir señalando cosas concretas, lo relativo a la figura del Vicepresidente. Usted ya se ha adelantado a indicarlo: efectivamente, está viciado de raíz, está viciado de raíz la concepción del Vicepresidente que ahí incorporan, y vuelvo a decir que su propio Grupo lo ha enmendado. Ustedes quieren en la reforma un Vicepresidente no Consejero y han comprobado después que, según el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, eso no es posible. No es posible porque todos los miembros de la Junta tienen que ser Consejeros. ¿Que van a hacer un Consejero sin cartera, para que sea miembro de la Junta y luego poder ser nombrado Vicepresidente? Háganlo. Esa es una decisión política que a ustedes les corresponde. Pero el Vicepresidente tiene que ser Consejero, el artículo 16 del Estatuto no admite otra interpretación. Y créame que lo siento por usted, señor Lucas, porque le he visto cómo a lo largo del tiempo pues ha palidecido algo, y ha ido adelgazando, seguramente por el volumen de trabajo acumulado. Créame que en esta objeción no hay nada absolutamente personal; simplemente quizá, pues que el Estatuto de Autonomía les ha ganado por la mano en la austeridad. Pero nada más. Absolutamente nada más.

Otra cuestión, la concepción de la Administración Autonómica que late en el proyecto. Ustedes hablan o dicen expresamente en un artículo, por no citar en concreto el párrafo, que la Administración Autonómica actúa con la personalidad jurídica única de la Comunidad Autónoma. Parece que eso es, me atrevo a decirlo en este caso con todas las palabras, una auténtica barbaridad. Es un reduccionismo intolerable. Las Cortes de Castilla y León, sin ir más lejos, son parte de la Comunidad Autónoma, y no se puede entender que la Administración de la Comunidad Autónoma concentre toda la personalidad jurídica de la Comunidad, ¡por favor!. La Comunidad Autónoma es algo más que su Administración, y una cosa es que la Administración de la Comunidad Autónoma tenga personalidad jurídica, que efectivamente la tiene, y otra cosa es que reúna toda la personalidad jurídica de la Comunidad. La ideología que previsiblemente hay detrás de eso, que la intuyo -en ese sentido me evitarán el tener que hacer referencia a ciertas concepciones de la organización administrativa del Estado, etcétera-, repito, la intuyo, aunque me permitirán, en cierto modo, también por respeto personal, que no la manifieste en la Cámara.

Como ocurre también que ciertos principios a los que someten la organización y el funcionamiento de la Administración creo que no están amparados por lo que dice actualmente el Estatuto de Autonomía. Me explico: el tema de los principios de organización y actuación y el tema de los privilegios de la Administración, tema ciertamente importante, -no se olvide lo que hay detrás en materia de imposibilidad de enajenar, embargar, etcétera-..., los privilegios tradicionales de la Administración Pública. El artículo 26 del Estatuto excluye la supletoriedad que ustedes quieren introducir. Es decir, ustedes quieren, o por lo menos ésa es la concepción que late, que la Administración de la Comunidad Autónoma pueda tener más privilegios administrativos que la del Estado. Eso no es posible. Los privilegios administrativos es algo básico desde el punto de vista de lo que son las bases, jurídicamente hablando, y no puede ser de otra manera. ¿Qué privilegio? Me he puesto a imaginar y no encuentro ninguno, salvo que estimaran que es un privilegio que quisieran incorporar; pues, el que nunca más la gobiernen los socialistas, por ejemplo -no sé si pensaban en algo de eso-. No creo que haya ningún privilegio imaginable, a ese respecto, distinto o específico de la Administración de una Comunidad Autónoma respecto de la Administración del Estado. El artículo 26 identifica; son los mismos privilegios; no son supletorios, porque la supletoriedad implica la posibilidad de que haya más. Por tanto, ahí me parece francamente que se alteran las bases del régimen jurídico de la Administración del Estado de forma evidente.

Como creo también en el sistema de recursos que introducen en el proyecto. Y citaré las dos cuestiones que, a mi juicio, aparecen como fundamentales en la reforma y atacan, de una manera más directa, esas bases del régimen jurídico de la Administración del Estado.

¿Qué hay que entender -y creo que en eso estaremos de acuerdo, porque es algo objetivo- por bases, a este respecto, en materia de recursos administrativos? Creo que, como mínimo, los recursos que existen, o que deben de existir, quién está legitimado para interponerlos, a quién se atribuye la decisión administrativa que luego se recurre, el plazo, los trámites; me parece que eso es lo básico. Yo creo que usted no puede pretender que una persona, por ejemplo, que viva en Murcia y se traslade a Castilla y León, si tiene un problema con la Administración Autonómica, esté sometida a un régimen jurídico de recursos distinto al que estaba en Murcia, por poner un ejemplo. Y con su Ley ocurre eso. Con su Ley ocurre, o con su reforma ocurre: primero, dice que las resoluciones adoptadas por delegación se entienden dictadas por el órgano delegado, cuando el criterio legal actual en legislación del Estado -a estos efectos básica, porque es un problema de imputación del acto administrativo-, artículo 93 de la Ley de Procedimiento y 32 de la Ley de Régimen Jurídico -Leyes, por cierto, muy antiguas; éstas no son del ochenta y dos para acá, son de antes del setenta y cinco incluso, leyes, por tanto, muy clásicas en el derecho español-, fijan el criterio de que esos actos se entienden atribuidos al delegante y, por tanto, se recurre ante el superior jerárquico al delegante. Yo creo que eso no se puede alterar, yo creo que eso es básico. No puede ocurrir que, en el ámbito de la Administración del Estado, la regla de imputación sea otra distinta a la regla de imputación en una Comunidad Autónoma. Ya sé que hay un sector de la doctrina -probablemente la mano que hay detrás de la Ley participe de ello-, que hay un sector de la doctrina que, efectivamente, opina que eso es poco eficaz, y sé que hay otro sector que entiende que eso debe de ser así, porque si ha habido delegación la competencia permanece en el delegante y no ha sido transferida. Pero le digo lo que le decía al principio: por encima de opiniones doctrinales divergentes hay una legislación, que me atrevo a asegurar tiene que ser necesariamente básica, y deseo que esto no llegue al Tribunal Constitucional por si acaso, porque la imputación de un acto administrativo tiene que ser la misma en todas las Administraciones; y, si no, se ha creado una zona de inseguridad enorme, desde el punto de vista del ciudadano, que no sabe entonces si, en función de donde está territorialmente, el acto se entiende atribuido a uno u otro y tiene que recurrir, por tanto, en alzada ante uno o ante otro. Eso no puede ser, eso no puede ser.

Como ocurre con el tema de los decretos de desconcentración. Ustedes dicen: el decreto de desconcentración puede decidir que los actos dictados en desconcentración por el órgano desconcentrado ponen fin a la vía administrativa. Yo no sé si se paran a pensar en lo que eso significa. Es decir, que de un plumazo ustedes se atribuyen la facultad -porque la desconcentración se hace por decreto-, se atribuyen la facultad de que todos los actos posibles, porque no hay ningún límite a la desconcentración en su reforma, todos los actos que podamos imaginar quedan excluidos de la impugnabilidad en vía administrativa, pueden quedar excluidos, y, por tanto, van directamente al contencioso, solo previo recurso de reposición. Es decir, se privan a sí mismos, o se pueden privar a sí mismos, de la facultad de resolver en vía jerárquica, que es la normal en el derecho administrativo. Para empezar, yo no sé que opinarían de esto los miembros de las salas de lo contencioso-administrativo, si se enteran de que en una Ley de la Comunidad Autónoma se dice que, sin que la propia Comunidad pueda establecer un filtro y unificar decisiones de órganos inferiores por vía del recurso de alzada, directamente a la sala de lo contencioso, tal y como está actualmente la legislación en la materia. Sin recursos de alzada previo. Pero, repito, si lo dijeran así: "se elimina el recurso de alzada"... Pero es que además es una facultad que ustedes mismos se dan en el Decreto de desconcentración; eso es lo que yo antes llamaba arbitrariedad, desde el punto de vista administrativo, y, repito, creo que no es de recibo.

Como no es de recibo -y voy a ir aligerando- el sistema de delegación y desconcentración que ustedes operan. Producen una deslegalización total, sin el más mínimo límite ni control de ningún tipo, por decreto. Salvo que haya una ley que específicamente diga que algo no se puede desconcentrar o delegar, todo lo demás es desconcentrar. Ya la Ley actual da la facultad de atribuir competencias recibidas. No aumenten más eso. Porque es que luego resulta que lo desconcentrado todavía se puede delegar. Yo creo que lo que buscan al final es que el Consejero -ahora ya tengo que decirlo con todas palabras- sólo tenga que viajar a inaugurar; Consejero político a plenitud; ninguna competencia, y todas, pues, al sufrido jefe de servicio territorial, me parece, o por debajo todavía, jefe de negociado o jefe de sección incluso, porque, repito, no hay límite ni criterio. Y además por Decreto. Porque si por lo menos hubieran puesto unos límites en la Ley, pues cabría hacer una valoración de hasta dónde se puede, porque yo creo que algo debe de desconcentrarse y debe de delegarse; pero, repito, de esa manera me parece que no.

Como, por ejemplo, otra cosa que me resulta curiosa, al margen del mantenimiento de la posibilidad de gabinetes (ya sé que dirán que, con no utilizarlo, suficiente; pero, en fin, el hecho es que en la reforma aparece, y además como artículo reformado también, recogiendo esa posibilidad): la posibilidad, que atribuyen a decisión personal del Presidente, de adscribir cualquier órgano administrativo a la Presidencia, sólo con el límite del crédito presupuestario, faltaría más; pero fuera de ese límite, ninguno, absolutamente ninguno; está en el artículo 13. Es decir, con ese artículo en la mano, el Presidente podría decidir, previa consulta a la Junta, que todas las Consejerías pasan a depender de Presidencia, desde el punto de vista administrativo. Sé que no lo va a hacer, lógicamente, pero, repito, la reforma lo permite. Permite, sin ningún límite -lean el artículo 13, si no me invento nada-, la adscripción total de cualquier organismo o dependencia administrativa a la Presidencia, sin más

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ruego a Su Señoría vaya concluyendo la intervención, que ha agotado con exceso el plazo.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Muchas gracias. Poco tiempo más emplearé. En materia de Delegados Territoriales, ustedes dicen, hombre, vamos a abrir la posibilidad de que, si algún día otros gobiernan -con su oposición, por supuesto- esta Comunidad Autónoma puedan adoptar otro modelo. Si eso es lo que hace la Ley actual ya, de una forma específica concreta y sin entrar en más detalle, y ustedes han podido hacer otro modelo con la Ley actual. Lo que hacen, por el contrario, es legalizar un modelo, solamente un modelo, el suyo, y un modelo, además, en aspectos concretos que mejor estarían en el decreto de desarrollo. Lo que hacen es, incluso, lo que sería en desarrollo del principio de libertad legal o de disponibilidad legal para que se puedan adoptar distintos modelos administrativos: recogen uno e introducen en la reforma -vean ahí los artículos 32 y correlativos del Proyecto de Reforma- exclusivamente lo que es contenido de un modelo a un nivel de detalle, a un nivel de detalle, que sería propio del decreto que regule la Delegación Territorial Unica, como lo ha sido hasta ahora. Es decir, que si, efectivamente, están queriendo posibilitar libremente modelos lo que deben de hacer es no legalizar ninguno; recoger la posibilidad y luego, en el desarrollo reglamentario de la Ley, cada cual opte por el modelo correspondiente.

Y en el tema último que le menciono, de la ubicación de los organismos o servicios fuera de la sede de la Comunidad, el tema del artículo 3.2 del Estatuto, pues, mire, yo sé que eso es dificultoso, yo sé que eso es dificultoso. La fórmula que han elegido, admitiendo que es dificultosa cualquier otra, no es válida; proceden a una deslegalización sin más de algo en lo que el Estatuto exige una ley específica. Podríamos discutir luego si es una única ley, varias, para cada caso, etcétera, y le anticipo que me parece exagerado que sea una ley para cada caso; pero el Estatuto exige rango de ley y no permite, por tanto..., es una reserva de ley a todos los efectos y no permite una deslegalización sin más, como la que ustedes han hecho.

En fin, no seguiré con más argumentaciones, y voy a concluir. Habría muchas otras cosas para seguir hablando de detalles concretos, pero entiendo que el tiempo está, efectivamente, consumido.

Me parece, y resumo los juicios de valor que quiero que queden como conclusión, que en la mayor parte de la Ley, por lo menos en los aspectos que usted mismo ha dicho que eran los objetivos principales, hay un grado importante -no me atrevo a cuantificar- de ilegalidad. Repito, deseo que esta Ley tal como está no llegue al Tribunal Constitucional. Creo que se abre una puerta importante a la inseguridad administrativa, a la confusión en aspectos básicos del funcionamiento administrativo y de la relación de la Administración con los ciudadanos y a la arbitrariedad. Creo que no es completa. Por ejemplo, podrían haber aprovechado -porque en la anterior Ley de Gobierno eso no se podía hacer, en aquel momento, por falta de otra legislación en el tema-, podían haber aprovechado para regular las incompatibilidades de altos cargos y delegados territoriales, para resolver el caso del Alcalde de Olmedo, por ejemplo. Para eso podían haber aprovechado también este Proyecto de Reforma, y alguna Enmienda nuestra en ese sentido, efectivamente, va.

En lo demás, repito el juicio que hice al principio: creo que es innecesaria la reforma. La Ley vigente, con más claridad, con más concreción y en muchos casos con más precisión, permite las opciones que ustedes hasta ahora ya han podido ir adoptando. No veo, en ese sentido, necesario el proceder a una reforma dudosa, cuando no es estrictamente imprescindible desde ese punto de vista.

Visto, pues, todo el conjunto -y termino-, me atrevo a decir que, en muchos aspectos el Proyecto es una chapuza incorregible; lo digo con todas las palabras. Vean el volumen de Enmiendas; vean hasta qué punto su propio Grupo ha tenido que tocar casi todos los aspectos de la Ley; sumen el conjunto de las Enmiendas, y verán que, al final, no queda de la reforma casi nada. Yo no sé si quieren que la hagamos aquí la reforma. Si es así, pues dígannoslo, y alguna ayuda, probablemente, les podremos prestar. Que la hagan aquí corrigiendo el desaguisado, además. Porque si nos dijeran: reformen la Ley, o pónganse de acuerdo en un texto, sería distinto. Pero ustedes han tomado una iniciativa, en ese sentido, muy defectuosa, y nos piden demasiado; nos piden que hagamos la reforma y, además, que arreglemos el desaguisado del Proyecto.

Quizá debieran de retirarlo, quizá debieran de retirarlo antes de la votación. Yo, desde luego, me alegraría. Me presto a colaborar para hacer otro Proyecto, sin ninguna duda; yo, o todas las personas de mi Grupo. Y, si no lo hacen, si no lo creen conveniente, no me queda más remedio que pedir a los Grupos Parlamentarios que voten a favor de la devolución. Lo digo más claro todavía: que nos ahorremos, como Cámara, el bochorno de arreglar ese desaguisado. Lo digo con todas las palabras.

Y una cuestión más, una cuestión más, una consideración final dirigida directamente hacia ustedes. Por lo que llevo visto hasta ahora, no me cabe ninguna duda, absolutamente ninguna, de que ustedes van a pasar a la historia de las hemerotecas con toda claridad. Desde luego, por una razón evidente: por la capacidad que han demostrado de aplicar la publicidad y la propaganda a la política; sin ninguna duda. Desde luego, creo con la misma firmeza que no van a pasar a la historia -por lo visto hasta ahora- por su contribución al acervo legislativo de esta Comunidad. De eso también estoy seguro.

Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Quijano. Para turno en contra, tiene la palabra don Miguel Angel Cortés, Portavoz del Grupo de Alianza Popular.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Muchas gracias. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

El Portavoz del Grupo Socialista hacía, al inicio de su intervención, unas consideraciones sobre el tono de la intervención del señor Vicepresidente de la Junta. Convendrá conmigo el señor Quijano, y convendrá conmigo el resto de la Cámara, que no ha sido especialmente jacarandoso su discurso, ni en el tono ni en la agilidad, y espero no tener que hacer el mismo uso que él de la generosidad de la Presidencia a la hora de ajustarme al tiempo que se ha fijado para este debate.

Y convendrán también conmigo Sus Señorías que es difícil marcar la frontera entre lo que es un turno en contra a una Enmienda a la Totalidad y lo que puede ser un turno a favor de un Proyecto de Ley presentado por la Junta.

Y tengo que confesar a la Cámara que, aunque había leído, con el detenimiento que es fácil suponer, la justificación, las razones que se daban en la Enmienda a la Totalidad para la presentación de ésta, en la que sólo se esgrimían razones jurídicas, esperaba que en la defensa de la misma se utilizasen también razones políticas para justificar una iniciativa tan drástica como es una Enmienda a la Totalidad con petición de devolución del proyecto a la Junta. Me sorprende, ciertamente, que no se hayan alegado razones políticas pero, al mismo tiempo, me alegra. Y me alegra porque, aplicando la máxima de que quien calla otorga, quiero entender que el Grupo Socialista está de acuerdo con las razones políticas que han llevado a la Junta a remitir el proyecto a la Cámara, y simplemente se piensa desde esos bancos que existen incorrecciones jurídicas de las que nos debemos ocupar en la Cámara. Y me alegra, porque si en la valoración política el acuerdo es difícil, pues entra en el terreno ideológico y por tanto subjetivo, en el campo jurídico estas diferencias ideológicas no tienen por qué llevar a posiciones irreconciliables, máxime existiendo en los bancos Socialistas juristas con buen criterio y mejor formación, quizá demasiado escorada hacia el derecho privado y no les hubiese venido mal alguna lección o baño de derecho público antes de entrar en tema tan serio; pero esto, digo, baste su buen criterio -aunque en este caso no la exacta formación-, para albergar la esperanza de que a lo largo de la tramitación de la Ley en la Cámara se pueda lograr el más amplio consenso -en la tramitación en la Cámara que es donde debe lograrse-, tal y como es el objetivo de la Junta, expuesto por el Vicepresidente, y, desde luego, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular. Porque la Junta ha querido con este Proyecto -como bien ha dicho su Vicepresidente-, lograr una Ley con la que cualquier Gobierno Regional pueda gobernar con eficacia.

Se ha considerado, Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Alianza Popular y la Junta que este Grupo sostiene, la posibilidad de suprimir todos los gabinetes a excepción del del Presidente, como ha hecho la actual Junta en su propia organización. Se podía también haber dado rango legal a la figura del Delegado Territorial Unico que la Junta de Alianza Popular ha implantado y cuya figura también era recogida por el Centro Democrático y Social en su campaña electoral. Pero no se ha hecho. Y no se ha hecho, precisamente, para facilitar no sólo el acuerdo, sino reconocer en plenitud la facultad autoorganizativa de cualquier Junta que en el futuro pudiese existir.

En este trámite de Enmienda a Totalidad procede, pues, hablar de planteamientos globales y evitar, creo yo, cuestiones de detalle, más propias de los trámites de ponencia y comisión donde habrán de debatirse las Enmiendas al articulado que los Grupo han presentado. Y si yo no entiendo mal, las cuestiones que han llevado al Partido Socialista a presentar la Enmienda a la Totalidad podrían ser las siguientes, y quizá yo me haya sujetado en el guión que me he marcado, a lo que el Partido Socialista decía en la exposición o en la justificación de su Enmienda a la Totalidad y no exactamente a lo que ha sido el debate del señor Quijano, pero el orden de factores, al final, no alterará el producto.

Vicepresidente. Evidentemente, por lo que respecta a la oportunidad, no entiendo cómo puede alegar sorpresa el señor Quijano cuando fue uno de los puntos anunciados por el Presidente de la Junta en su discurso de Investidura: la voluntad de introducir esta modificación, esa reforma de la Ley, reforma parcial de la Ley de Gobierno y Administración. La regulación de la figura del Vicepresidente posibilitando que no sea responsable de una Consejería, creo que hay acuerdo entre todos los Grupos que, en cualquier caso tiene que ser Consejero, y también por parte de la Junta ya ha habido una explicación -creo que suficiente- por parte de quien ha presentado el Proyecto en nombre de la Junta, diciendo que por si quedaba alguna duda o alguna equivocidad, bueno, pues, está la tramitación parlamentaria para introducir esta corrección, pero ya se contemplaba, puesto que se remitiría al status del Consejero, la figura del Vicepresidente, se contemplaba esta condición. Creo que todos estamos de acuerdo y, desde luego, no creo que sea éste motivo para devolver el Proyecto a la Junta, aunque ha quedado dicho y, efectivamente, ha sido enmendado a efectos de mayor precisión incluso por el Grupo que tengo el honor de representar.

Ha habido otra cuestión que el señor Quijano ha planteado ahora el final de su intervención, que es la ubicación de los servicios de la Comunidad. Muy lejos de vulnerar el Estatuto, lo que hace el Proyecto de la Junta es, precisamente, dar cumplimiento al mandato estatutario que en su artículo 3.2 dice que, una Ley de las Cortes de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la Administración de la Comunidad, atendiendo a criterios de descentralización, eficacia, etcétera. Exactamente esto es lo que se hace en el Proyecto, que en su artículo 11 dice que "los Servicios Centrales se ubicarán en Valladolid o términos municipales de su entorno y los Periféricos en las capitales de las respectivas provincias".

Se establece una excepción que se regula detalladamente, se establece una excepción pero se regula detalladamente, y a la que se ponen límites, quedando regulada de tal forma que podrá ser utilizada en muy contadas excepciones, en muy contadas ocasiones esta excepción.

Recordará bien Su Señoría -pues fue protagonista de ello- que cuando los Portavoces de los Grupos representados en esta Cámara nos reunimos para redactar el Proyecto de Ley de Sedes, se vio la dificultad que existía, por ejemplo, para ubicar en León el servicio de minas, por ejemplo, cuando resulta que todos estábamos de acuerdo que era una medida llena de buen sentido y que la eficacia aconsejaba su ubicación en aquella ciudad. Pues bien, allí se dijo en esa reunión, primero, que el artículo 3.2 del Estatuto tenía una redacción muy poco afortunada, pero, evidentemente, la tiene y ahí está. Pero se dijo también, y creo que Su Señoría contribuyó a ese debate, que mientras no se reformase, que mientras no se reformase, la fórmula que se podía utilizar para que excepciones como la ubicación de los servicios de minas en la ciudad de León no tuviese que ser decidida mediante una Ley específica era, precisamente, la que ahora sugiere la Junta en el Proyecto. ¿Hasta qué punto esto supone vulnerar una reserva de Ley?

Esto es algo que nos permite hacer una reflexión, y por eso he querido traerlo al principio de mi intervención, que va a servir para otros puntos del debate, pues en otros se ha hablado por parte del Portavoz Socialista de deslegalización. En nuestra opinión, avalada por la doctrina, y no sólo por la doctrina sino también por la jurisprudencia, no debe entenderse en términos absolutos la reserva de Ley, sino que debe ser válida la remisión a disposiciones reglamentarias de aspectos no sustanciales, siempre y cuando esa posibilidad quede debidamente regulada en la Ley. Y voy a poner simplemente dos ejemplos que el señor Quijano entenderá bien. El artículo 81 de la Constitución dice que han de ser leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. El mismo artículo 53 de la Constitución insiste en que sólo por ley podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, sólo por ley y ley además orgánica según hemos visto. De interpretarse de forma estrictamente rigurosa este criterio de "sólo por ley podrá regularse", tendríamos que concluir, por ejemplo, en la inconstitucionalidad de los decretos de servicios mínimos; si dijésemos que todo lo que afecta a los derechos fundamentales tiene que ser regulado por ley, un decreto de servicios mínimos, puesto que afecta al derecho de huelga -derecho fundamental reconocido en el artículo 28 de la Constitución-, tendría que ser regulado por ley, y a nadie se le ocurre poner en duda que esto es perfectamente posible y no se vulnera una reserva de ley. O lo mismo ocurriría con los decretos que desarrollan la Ley Orgánica de derecho de educación recogido en el artículo 27 de la Constitución el derecho a la educación y la libertad educativa, y, sin embargo, ha habido decretos que afectan de alguna manera a cuestiones relativas a ese derecho y a esa libertad. ¿Cuáles son los límites? Que no sea una materia sustancial. Eso es lo que debe entenderse y éste es el criterio doctrinal y jurisprudencial y de los más altos tribunales -del más alto en concreto a estos efectos- de esa interpretación.

Y esta argumentación -y repito que por eso la he traído a este momento de mi intervención-, sirve también contra la acusación de deslegalización en la regulación que el Proyecto hace de la desconcentración administrativa. Si se hiciera una deslegalización, si la Junta hiciese una... si las Cortes aprobasen una deslegalización, lo que se querría decir es que, en adelante, la Junta podría atribuir competencias que se atribuyen por Ley a los diversos órganos de gobierno y administración a quien buenamente quisieran. Sin embargo, esto no sería posible con el Proyecto que ha remitido la Junta, si es aprobado por estas Cortes, porque, de ser aprobado, la Ley indicaría, primero, ¿qué competencias pueden ser desconcentradas?: sólo las de los Consejeros, Secretarios Generales y Directores Generales; no, por ejemplo, las de la Junta o las de otros órganos administrativos. ¿A quiénes?, ¿a quiénes pueden ser desconcentradas esas competencias? Las de los Consejeros sólo a Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales; las de Secretarios y Directores Generales a Delegados Territoriales. Y además ¿con qué alcance?, ¿pleno o parcial?, según se otorgue o no a los actos del órgano desconcentrado la misma capacidad de agotar la vía administrativa que, en su caso, tuvieran los actos del que las competencias proceden. Eso equivale a decir que lo que la Ley hace es determinar, incialmente, unas competencias como propias de tales o cuales de los mencionados órganos, admitiendo que se transfieran por vía normativa y estable -mediante un Decreto-, a órganos inferiores que se determinan igualmente en la Ley. La reserva de Ley queda plenamente salvada, se establece esta forma.

Pero por citar esos ejemplos que tanto le gustan al señor Quijano, que es la legislación estatal como modelo de la legislación autonómica, citemos sólo dos y podríamos acudir a más. El artículo 7 de la Ley de Contratos del Estado dice: "Los jefes de los departamentos ministeriales son los órganos de contratación del Estado y están facultados para celebrar en su nombre los contratos. No obstante, dichas atribuciones podrán ser objeto, en función de las conveniencias de cada servicio, de desconcentración, mediante decreto -mediante Decreto- acordado en Consejo de Ministros, en otros órganos centrales o territoriales". Una Ley de Contratos del Estado permite que por vía normativa administrativa se proceda a la desconcentración que usted critica se hace en el Proyecto de Ley que remite la Junta. Pero busquemos más argumentos. En la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, la Disposición Adicional Primera dice: "En el término de un año, los distintos ministerios remitirán a la Presidencia del Gobierno una propuesta detallada de los asuntos... de aquellos asuntos que siendo actualmente de la competencia de los Ministros, pueda ser transferida su resolución a los Subsecretarios, Directores Generales, Jefes de Servicio y Organos Locales Delegados de la Administración, y del mismo modo los propios hasta ahora de la competencia de otros órganos superiores que puedan ser también objeto de desconcentración". No sólo no se regula aquí, sino que se dice que se remita en el plazo de un año ese catálogo, pero sin marcarle ninguna limitación. Ponga usted donde dice Ministro, Consejero; donde Subsecretario, Secretario General; y donde dice Organos Locales, Delegados de la Administración, Delegados Territoriales y habrá visto usted que, con un argumento tan de su gusto como es la legislación estatal, queda debidamente avalado el rigor, el rigor del proyecto que ha remitido la Junta a la Cámara.

No hay legislación... deslegalización porque por vía de decreto se pueda concretar una posibilidad debidamente regulada en la Ley, sí es preciso que quede regulada en la Ley, y hemos visto que el Proyecto de Ley lo regula: qué, a quién y con qué alcance.

Otro punto al que se ha referido el señor Quijano es el de la personalidad de la Administración Autonómica. Voy a concederle poca importancia porque poca tiene. El Proyecto pretende sólo afirmar algo que debía ser evidente: la Administración Autonómica no tiene una personalidad jurídica distinta de la de la Comunidad Autónoma; el texto actual es incorrecto. Como incorrecto sería afirmar que la Administración del Estado tiene una personalidad jurídica distinta de la del Estado, o que la Administración Comunitaria Europea que encabeza la Comisión tendría una personalidad jurídica distinta de la Comunidad Económica Europea que es a la que se la atribuye en el Tratado de Roma.

Ha aludido también a los privilegios de la Administración y sólo se le ha ocurrido pensar en uno que es la posibilidad de impedir que los Socialistas llegasen al poder. Aún entendiendo que esto constituya un privilegio, tengo la impresión que no hace falta regularlo por Ley, pues hacen ustedes suficientes y reiterados méritos para que tal evento no ocurra nuevamente.

Legislación Básica del Estado. Quizá sea ésta, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, la cuestión más importante que se va a tratar en este debate. Y no tanto por su importancia en sí -que la tiene y mucha-, sino porque nos va a permitir que los distintos Grupos definan su postura sobre qué entienden por Legislación Básica del Estado, pues me imagino que todos estarán de acuerdo en que la Legislación Básica del Estado es derecho preferente en la Comunidad Autónoma. El Partido Socialista ya ha fijado su posición y ha optado por la más centralista de todas las posibles interpretaciones, cuestión, evidentemente, que a nadie puede sorprender en esta Cámara. Es verdad que el artículo 149.1.18 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado las Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Evidentemente que a nadie puede sorprender en esta Cámara. Es verdad que el artículo 149.1.18 de la Constitución establece, como competencia exclusiva del Estado, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común; pero con un importante "sin perjuicio" para este segundo punto, el procedimiento administrativo común. Dice la Constitución: "sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas"; dígase todo. Y es también cierto que el artículo 31.2 del Estatuto dice que la Administración Regional estará sometida a los principios y normas de organización y actuación de la Administración del Estado; pero no es menos cierto, señor Quijano -y ha aludido a ello el señor Vicepresidente, pero ha pasado usted por ello como sobre ascuas-, que el artículo 22.1.1 de nuestro Estatuto establece competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución para la organización, régimen y funcionamiento de sus Instituciones de Autogobierno.

Es nuestra opinión que el artículo 31.2 del Estatuto ha de interpretarse y aplicarse sistemáticamente integrado con el resto del Estatuto, al que el artículo 21.1.1 precede.

Fíjese, señor Quijano, que llevando al extremo su interpretación, no cabría siquiera esta Ley. Si entendemos en clave centralista esta sumisión a los principios y normas de organización y actuación de la Administración del Estado, ya me dirán qué nos queda de Autonomía para esas especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.

El artículo 31.2 del Estatuto no puede tener más que una interpretación lógica y al mismo tiempo respetuosa con la voluntad de Autonomía que se plasma en el Estatuto, y es que ese sometimiento a los principios y normas de organización y actuación de la Administración del Estado debe ser entendida a título supletorio. Como, por lo demás, ya dispone el artículo 149.3 de la Constitución, con carácter general, para el Derecho del Estado. Que su interpretación es posible no lo niego, aunque difícilmente conciliable con el principio de organización autonómica del Estado; pero que la que acabo de formular también lo es -y, además, encaja mejor en una organización autonómica- resulta evidente. La diferencia está en el criterio interpretativo que se siga, criterio que emana de la posición que se tenga frente a la Autonomía. Unos tenemos una posición de decidida confianza en el sistema autonómico, lo que implica unas consecuencias, como es ésta; o implica, por ejemplo también, decir que la reforma del Estatuto debe partir de la propia comunidad Autónoma. Otros están en una permanente posición de recelo frente a lo que significa autonomía, ya sea cuando la Comunidad Autónoma quiere reformar su Estatuto -donde se pide que el proceso sea dirigido por el Estado-, o a la hora de que la Comunidad Autónoma organice su Administración con unas ciertas peculiaridades, si bien siempre respetando la legislación básica del Estado. Porque ésta es la cuestión: ¿qué hay que entender por legislación básica? Para el Partido Socialista, parece que todo. Para nosotros -y es criterio no sólo doctrinal, sino reiterado por el Tribunal Constitucional-, que ha de entenderse por básicas aquellas cuestiones que afectan a la definición o esencia de las Instituciones o Derecho de que se trate; no sólo de la doctrina, señor Quijano: reiterada doctrina jurisprudencial de nuestro más alto Tribunal.

Por poner un ejemplo, que es uno de los motivos de justificación de la Enmienda a la Totalidad del Grupo Socialista: ¿Qué es lo básico en la delegación orgánica? Entiende el PSOE que cuando la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en su artículo 32.2, y la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 93.4, dicen que las resoluciones administrativas adoptadas por delegación se han de entender dictadas por el órgano delegante, se trata de un principio básico del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Nuestra opinión es claramente distinta. Y aceptamos que estas Leyes son antiguas; lo que no aceptamos es que todo su contenido sea básico.

Atendiendo a esa interpretación y a la interpretación del Tribunal Constitucional, que es la lógica, lo básico en la delegación orgánica, lo que afecta a su esencia es que se trate de una transferencia de competencias de un órgano superior a otro inferior de la misma Administración, por una resolución administrativa, previa habilitación normativa. Esto es, y no más, lo que hace el Proyecto. La modificación que introduce el Proyecto de Ley respecto de la legislación estatal, el decir -en el artículo 7.3- que las resoluciones administrativas adoptadas por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegado, en modo alguno puede decirse que afecte a la esencia de la institución de la delegación; en modo alguno, ya que hemos visto lo que la define. No puede, por tanto, considerarse materia básica; y no siendo materia básica, es materia de legislación autonómica, y lo que hace el Proyecto de la Junta es rectificar un error tenazmente mantenido en la legislación administrativa española, y que ha sido recientemente, reiteradamente, criticado por la doctrina; y cito sólo al profesor de la Vallina -de una Escuela, pero hay más citas que se pueden aludir-; dice el profesor de la Ballina: "Hay que considerar errónea la opinión muy generalizada que entiende que los actos del delegado tienen la fuerza jurídica propia de los actos del delegante; es decir, que se consideran como si hubieran sido dictados por éste. Ese es un prejuicio derivado de considerar a la delegación como un supuesto de representación o mandato. Esta postura errónea, que acabamos de denunciar, es igualmente la de nuestro ordenamiento jurídico, reflejada en el artículo 32.2 de la Ley de Régimen Jurídico", etcétera, etcétera... lo que ya hemos dicho.

La reforma que propone el Proyecto de la Junta, aceptando que es posible que se introduzca, pues no es materia de legislación básica; es bueno para la lógica, bueno para hacer efectivo y eficaz el principio de desconcentración, que la Constitución reclama en su artículo 103.1, y beneficioso para el administrado. Porque, muy lejos de caer en indefensión, le beneficia, ya que, si desea interponer recurso en vía administrativa, puede hacerlo ante un órgano que le es más cercano, es decir, el que ha dictado el acto. Porque no se tiene en pie, señor Quijano, la acusación de indefensión; porque, yendo al ejemplo murciano tan de moda últimamente en esta Cámara, traer lo que pasa en Murcia para intentar aplicarlo aquí; el ejemplo del murciano, que viene por aquí... Ha de saber el señor Quijano, por muy "ius privatista" que sea su formación, que el artículo 79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo -79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo- dice que la notificación que ha de hacerse a los interesados de las resoluciones que afecten a sus derechos o intereses deberá contener el texto íntegro del acto, con la indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y, en su caso, la expresión de los recursos que contra el mismo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Lo único que se requiere del murciano es que sepa leer, o que tenga alguien que pueda leer por él lo que el acto o la resolución dice.

Por otra parte, tengan en cuenta Sus Señorías que no se cambia el régimen de recursos con el Proyecto que aquí se presenta. No se cambia el régimen de recursos; se cambia el régimen de la delegación, que es una materia de organización y no una materia de procedimiento.

Es muy poco ya lo que queda por añadir, y hacer, simplemente, una pasada sobre las Delegaciones Unicas o no únicas. Hemos visto hasta aquí que los argumentos invocados son rebatibles en el terreno estrictamente jurídico, pero la alusión a que la regulación de la Administración periférica prefigura las Delegaciones Unicas son ganas de decir algo por decirlo, con tal de oponerse, porque no hace falta acudir ni a la doctrina ni a la jurisprudencia; basta con leer -sin prejuicios, eso sí- el propio texto de la Junta, que en su artículo 5 dice: "Quedará redactado el artículo 32: La Comunidad Autónoma podrá -podrá- agrupar su Administración periférica en Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias".

Punto segundo: "Si se estableciese una sola Delegación Territorial en cada provincia, dependerá orgánicamente...", etcétera, etcétera. Un poco de atención le hubiese evitado al señor Quijano..., bien es verdad que poco tiempo ha dedicado a esto, sin duda, porque es consciente..., bueno, que había que cargar la argumentación para fundamentar una iniciativa tan drástica como la de la Enmienda a la Totalidad.

Se ha pretendido dar una adecuada cobertura legal a la opción de la Delegación Territorial Unica, que, cuando se implantó, ustedes dijeron -y fueron ustedes quienes lo dijeron- que tenía un difícil acomodo legal. Ahora dice que es posible; entonces dijo que tenía un difícil acomodo legal, que bordeaba la legalidad y que, incluso, se podrían plantear multitud de recursos. Precisamente, lo que se quiere ahora es no impedir Delegaciones Territoriales varias, pero sí dar plena y eficaz cobertura legal a otra opción, tan legítima como la de las Delegaciones Territoriales varias, que es la de la Delegación Territorial Unica.

Esas son -no sé si he dejado alguna en el tintero- las razones que he creído entender como fundamentales, por las que ustedes solicitan la devolución del Proyecto a la Junta. Creo, sinceramente, que ninguna de ellas resiste un análisis riguroso. Desde luego, ninguna de ellas justifica la devolución del texto; texto que se limita a las cuestiones mínimas para dotar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de una Administración ágil y eficaz, en cumplimiento de la Constitución, que consagra el Estado de las Autonomías, y del Estatuto, que es la plasmación jurídica de nuestra voluntad de autogobierno. Y es importante recordar que el Estado es de las Autonomías y que esta Comunidad tiene derecho a un autogobierno.

A lo mejor más adelante, como se anuncia en la Exposición de Motivos y ha anunciado el Vicepresidente de la Junta, es conveniente una reforma más en profundidad. De momento, basta con los aspectos contemplados en el Proyecto de Ley. Alianza Popular no ha llegado al Gobierno de Castilla y León para entrar en un revisionismo sistemático, aunque otros se empeñen en ejercer una oposición sistemática.

En nombre de mi Grupo, y por las razones expuestas, solicito a la Cámara el voto en contra de esta Enmienda de Totalidad, para que continúe la ordinaria tramitación del Proyecto de Ley y, cuanto antes, pueda disponer nuestra Comunidad Autónoma de una Ley de Gobierno y Administración mejor adaptada a las necesidades de Castilla y León.

Muchas gracias, señor Presidente, por su atención y por la benevolencia en cuanto al tiempo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias a usted, señor Cortés. Para turno de réplica, el señor Quijano tiene la palabra; y le ruego, de antemano, ajuste su intervención al plazo reglamentario, si es posible.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente. Efectivamente, así procuraré hacerlo, porque evidentemente no es mi intención reproducir el debate punto por punto, tratando de contraargumentar en todos y cada uno de los temas. Evidentemente, mi opinión es la que era en la primera intervención, y por tanto me limitaré a matizar aquellas cuestiones que en la intervención del señor Portavoz del Grupo de Alianza Popular me han parecido que tenían algún interés más.

Alguna clarificación previa sobre el tono de alguna parte del discurso. Mire, comenzó -creo recordar- indicando que mi intervención inicial carecía de argumentos políticos, que había ido a las cuestiones técnicas. Si de verdad mantuviera esa opinión, pues debo de decirle que quizá es que hablé para entendidos; no lo sé. Comencé haciendo una enumeración de objetivos políticos que la Ley perseguía, y he reiterado unas valoraciones políticas sobre el contenido de la Ley. Lamentaría tener que pensar que no fui demasiado claro para Su Señoría. Si no, evidentemente, para otra ocasión procuraré, en ese sentido, eliminar aspectos técnicos y tratar de ser más contundente en lo político, para ver si así queda más claro el mensaje.

Y otra cuestión, de índole estrictamente personal, en la que permitirá..., no digo mi honor, que está por encima de esas cuestiones, sino mi profesión haya podido quedar en algo menoscabada. Ya veo que el tiempo que usted fue alumno en mi Departamento no le sirvió, efectivamente, para mucho; al menos, en ese sentido. Se lo digo por lo siguiente: usted me ha hecho, continuamente, alegaciones de mi formación "ius privatista"; lo ha reiterado, como diciendo que eso -en algún momento, también, lo ha dejado caer- me invalidaba profesionalmente para hacer una opinión fundamentada sobre algo... Opinión que he hecho yo; a mí no me han dado ningún informe al respecto, la he hecho yo. Quiero decir que está usted muy poco al día de lo que es el Derecho Mercantil actualmente. Esa es mi especialidad, y hoy nadie, absolutamente nadie, me creerá si se lo digo yo, que le dedico unas cuantas horas al día a eso, además de preparar estas intervenciones; nadie defiende que el Derecho Mercantil es Derecho Privado. Si usted lo sigue pensando, pues allá usted. Desde luego, si con esa concepción volviera a pasar por mi jurisdicción académica, probablemente no sería Licenciado en Derecho en este momento.

Y se lo digo por otra razón, porque usted ha manejado, a efectos de un tema, una opinión personal vertida en una conversación privada. Sí, sí, es la siguiente: usted ha dicho, con el fin de desmerecer mi argumento en torno al tema de la ubicación de los Servicios Periféricos, que, cuando debatíamos el Proyecto de Ley de Sedes, (el Proyecto, efectivamente -lo tengo que recordar otra vez-, vino en muy malas condiciones de la Junta: es otra prueba más de eso a lo que yo antes me refería. No le digo cómo se redactó al final el Proyecto, que no quiero ponerme ninguna medalla; pero usted lo sabe perfectamente). Bueno, ha manejado como argumento el que yo opiné, en una reunión de aquéllas, que el artículo 3.2 del Estatuto tenía una redacción de deficiencia y que yo reconocí en aquella reunión, pues, que la ubicación del servicio de minas en León, que se hace antes de reformar la Ley, por tanto, que era recurrible, que era recurrible (algún aspecto de responsabilidad admitirá al respecto), pues yo vine, en ese sentido, a mantener la opinión de que la única fórmula para solventar el tema de la ubicación de los Servicios Periféricos era la que la Ley actual ha recogido. Yo creo que eso no se debe de utilizar así. Esa es una opinión... Yo me remití en aquella ocasión -y lo sabe perfectamente- a la opinión de los Letrados; pero opinión particular por opinión particular. Ya sé, sin ninguna duda, que mi condición de "ius" privatista pues me..., no digo me invalida, me limita en algo para opinar de una ley y de Derecho Administrativo. Repito: opinión particular por opinión particular. El autor de ese Proyecto ha sabido de mi boca que la regulación del Vicepresidente no era correcta. Eluda otras consideraciones al respecto. Ya sé que, seguramente, pues usted le tiene en ese sentido en más estima que a mí, y, por tanto, considera sus opiniones, en aspectos de Decreto Administrativo, más fundamentadas que la mía. Repito, lo entiendo perfectamente y no me ofendo. Pero, simplemente, le quería dar ese detalle, porque yo creo que, en alguna medida, ilustra el contenido de algunas otras opiniones que usted ha vertido. Repito que no iré punto por punto; pero algunas matizaciones sí debo, efectivamente, de hacer.

El ejemplo que usted ha puesto para razonar sobre el tema de la reserva de Ley en materia de derechos fundamentales. Si el tema es el del contenido esencial. En cuanto nos pongamos de acuerdo en eso... Es que eso no lo ha dicho. Usted habla de toda norma que regule el ejercicio, el desarrollo, etcétera...; no es así. Hay una doctrina acuñada sobre lo que es el contenido esencial. Por cierto, ustedes han dado pie, casi siempre, a que el Tribunal Constitucional pudiera mantener esas opiniones, porque eran los que recurrían las Leyes que se iban aprobando, y a propósito de esos recursos se iba fijando esta doctrina. En algo ha sido positivo, efectivamente, el que ustedes establecieran esos recursos y perdieran casi todos. Pero, por lo menos, saquen las conclusiones en materia de la doctrina que se ha fijado. Y creo que la más clara, concretamente en relación con el tema RUMASA, es la del contenido esencial de los derechos; creo que es la sentencia donde ese tema está más perfilado. Hombre, por lo menos, lean las sentencias que ustedes mismos fuerzan a producir al Tribunal Constitucional.

Como el tema de la desconcentración y la deslegalización a que yo hacía referencia. Usted viene a decir que me alarmo de que se haga por Decreto. No, no es así. No me ha entendido. El tema no es ése. Se puede materializar por Decreto, por supuesto -por cierto, el Decreto no es esa norma tan estable a la que usted hacía referencia; eso es la Ley, eso es la Ley-; yo lo que digo es que, tal y como está en su reforma, se hace sin ningún control. A mí no me preocupa la fórmula en que se materialice; si ese es otro tema distinto. Es que se hace sin ningún control. Es que es alguna remisión a supuestos que no están hoy por hoy contemplados. No hay un mínimo límite, no hay un mínimo control a esa posibilidad. Eso es lo que me preocupa, si luego, además, se permite materializar por Decreto. Pero son dos cosas, entiendo, totalmente distintas.

El tema de las Delegaciones Territoriales Unicas. Usted ha creído ver una contradicción en la posición ahora mantenida, en el sentido en que decimos que, efectivamente, cabe en la Ley. Pero si eso lo hemos dicho siempre. Si yo jamás -si salió de mi boca en algún momento esa opinión, la retiro inmediatamente-, yo jamás dije que la Ley vigente de Gobierno y Administración no permitiera las Delegaciones Territoriales. Yo lo que dije es que el Decreto que las desarrollaba, en muchos aspectos, de índole jurídica, económico-presupuestaria, etcétera, etcétera, a mi juicio, ofrecía aspectos importantes de ilegalidad. Eso se verá cuando se resuelvan determinados recursos. Pero no confunda una cosa con la otra. Una cosa es que esa posibilidad estuviera recogida en la Ley y, efectivamente, permitida, y otra cosa es que su desarrollo se haya hecho como se ha hecho, añadiendo, además de esos defectos, a mi juicio, pues la ineficacia y el costo, que yo creo que hoy ya es algo asumido prácticamente por todos, seguramente también por ustedes mismos, por lo que en algún debate se ha dicho al respecto.

Y el tema, finalmente, de las bases de la Administración del Estado, de las Bases de Régimen Jurídico de la Administración, sobre el que usted ha hecho -yo creo- la parte, en ese sentido, más preparada en el informe previo que le ha servido de base para la intervención. Al final dice: no, no, el tema de los recursos no queda afectado en nada. Nos tendríamos que poner de acuerdo. Usted dice: con su teoría -aplicada a mí-, la Comunidad Autónoma no podría hacer nada. Permítame que yo le diga: y con la suya, llevada al extremo, puede producir barbaridades enormes; con la suya puedo, por ejemplo, decir que el recurso de alzada en esta Comunidad Autónoma contra actos de la propia Comunidad tiene veinticuatro horas de plazo, o una hora, con su teoría. Porque usted es el que defiende y el que dice que todos los aspectos relativos a los recursos están amparados por la competencia de autoorganización. Y yo le digo: eso no puede ser así, eso no puede ser así. Hay unos mínimos, hay unos mínimos: los que derivan de la literalidad del 149.1.18 de la Constitución, que tienen que ser básicos; si no, esto termina siendo un desastre desde el punto de vista jurídico. Se lo digo con toda claridad. Si usted entiende que en la competencia de autoorganización de la Comunidad Autónoma entra todo, a ese respecto eso termina siendo un desastre. Y permítame que, a propósito de eso -y termino-, le haga una reflexión política. Mire, yo he visto también en su intervención un recelo a todo lo que viene del Estado, enorme; no sé de cuándo viene esa convicción. Pero sí le recuerdo que, hace unos años, el recelo era el mismo o mayor -no digo personalizadamente, porque usted no estaba en AP entonces, por cierto, sino desde el punto de vista de lo que representan políticamente-, hace unos años el recelo era mayor todavía frente a todo lo que significara Comunidad Autónoma, y las pruebas documentales -debates y recursos- están ahí. ¡Hombre!, lleguen a un término medio, lleguen a un término medio en eso, dimensionen en ese sentido un poco el mensaje, y yo creo que les vendrá bien para el futuro.

Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Quijano. Para dúplica, señor Cortés, por el Grupo de Alianza Popular.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Gracias, señor Presidente.

Es una curiosa práctica de los representantes socialistas pensar que a ellos les es permitido todo, y que, cuando alguien de enfrente les contesta rebajando ciertamente el tono, pues la verdad es que se enfadan mucho y se lo toman muy a mal. ¡Claro!, que se nos venga aquí a dar modales..., enseñanza sobre modales desde el partido que tiene tan destacados representantes, a nivel nacional y alguno también regional, pues, ciertamente, no deja de ser curioso. Que se plantee que en mi intervención, cuando he aludido a la formación "ius" privatista del señor Quijano..., cosa que sigo manteniendo, pero, probablemente, hayan cambiado las escuelas; hace diez años que yo tuve el honor de ser alumno de Su Señoría y, por lo tanto, a lo mejor resulta que esto ha cambiado. Pero quiero recordar que en la intervención del señor Quijano ha hablado de que era inaceptable, impresentable, chapuza..., claro, el tono, me da la impresión que, al margen del tono estrictamente, sonido un tanto monocorde, ciertamente, en cuanto al contenido me da la impresión que ha sido bastante distinto.

Y yo me he alegrado, me he alegrado de que el debate se haya planteado en el terreno jurídico, me ha alegrado; a mí no me parece mal que no se plantee en el terreno político. Y, precisamente, me he alegrado porque he dicho -y reconózcame que también alguna flor le he lanzado- que, con juristas de tan buen criterio y buena formación como hay en el Grupo Socialista, es precisamente en el terreno jurídico donde es más fácil llegar a una confluencia, cuando se razonan y cuando se llega a argumentos que son objetivos. Y me da la impresión que tal confluencia no es tan difícil, puesto que en su segunda intervención el señor Quijano ha insistido poco en cuestiones, o ha rebatido poco cuestiones que yo había planteado. Si es por atención a la Cámara, lo agradezco; pero la verdad es que, también, para una vez que tiene una atención a la Cámara con el artilugio éste, ya podía haber aprovechado otra de menos trascendencia que ésta para no rebatir estas cuestiones.

Sí hay algo, sin embargo, que quiero precisar, puesto que el señor Quijano lo ha colocado en el ámbito del honor, aunque creo que para él era la cuestión profesional, pero luego, acto seguido ha aludido a una conversación privada.

La impresión que yo tengo es que la reunión de Portavoces para elaborar el Proyecto de Ley de Sedes -que le fue reconocido desde esta Tribuna que, en gran medida, se debe a su acertada pluma- era una reunión oficial, que se hizo pública, que se dijo, después de una reunión con el Presidente de la Junta, que se iba a convocar una reunión de Portavoces, que había, incluso, declaraciones después de esa reunión y de la que, incluso, se levantaban actas.

No dé usted la misma comparación, el mismo tratamiento a lo que allí se decía de lo que le hayan podido decir en los pasillos de la Facultad. Porque, conversación por conversación, a lo mejor también se pueden sacar otras conversaciones, privadas u oficiales; por ejemplo, las mantenidas con el Presidente de la Junta con dirigentes de su Grupo donde se les ha hablado de este tipo de cuestiones. Pero, a lo mejor, en privado no tenían la misma posición que en público. Pero sobre ya iremos y diremos algo.

Resulta que dicen que en las Delegaciones Unicas ustedes no dijeron que aquello no era ilegal. Yo creo recordar, y desde luego, los Diarios de Sesiones, a ellos podemos acudir ahora con este sistema tan moderno que tenemos en el ordenador, para recordar que aquí se dijo que iba a haber una inundación de recursos de todas las personas afectadas por decisiones de esa organización, porque tenían muy mal acómodo legal; e, incluso, ustedes llegaron a decir: bueno, les vamos a perdonar la vida no recurriéndolo nosotros, porque, como va a haber ya tantos recursos y además....., allá está. Lo que se busca aquí es buscar, es intentar ese acómodo legal; pero eso, desde luego, se ha dicho desde esta Tribuna.

Y, en cuanto a las Bases de Régimen Jurídico, no quiero reiterar la argumentación, puesto que en nada ha sido contradicha por el señor Quijano, bien es verdad que ha dicho que en atención a la Cámara y la hora avanzada; pero sí tengo que recordar que no se cambia el régimen de los recursos ni un ápice. Los recursos siguen siendo exactamente los mismos; lo que se cambia es el régimen de la delegación. Y que el recurso de reposición o el recurso de alzada, en vez de interponerlo ante un órgano, hay que interponerlo ante otro. Pero que no hay indefensión, porque hemos visto que el artículo 79 de la Ley de Procedimiento dice: "y debe anunciar al administrado interesado ante quién debe interponerlo".

Así pues, y terminando, señor Presidente, ni se vulnera la Constitución ni el Estatuto, sino que se le da cumplimiento; ni hay deslegalización, ni surge indefensión, sino, muy al contrario, se fija un criterio más racional y próximo al ciudadano. Ninguna razón, pues, que justifique una Enmienda a la totalidad.

Alguna vez les he dicho que yo también he estado en la oposición, y sé bien de los esfuerzos que a veces hay que hacer pasa oponerse. Veo, por tanto, con comprensión y simpatía su encomiable tesón opositor. Presenten y voten Sus Señorías, en buena hora, su Enmienda a la Totalidad, y cumplan así con ese objetivo que parece que se han marcado, de oponerse sistemáticamente a todo Proyecto importante que provenga de la Junta. Pero, precisamente, por ese reconocimiento que tengo hacia el Grupo Socialista -y muy en especial a algunos de sus más cualificados representantes-, que esto no prive a la Cámara y, en definitiva, a la Comunidad Autónoma de buscar de buena fe el acuerdo más amplio posible durante la tramitación del Proyecto, si es que la Cámara tiene a bien -como reitero- mi solicitud de que se rechace esta Enmienda a la Totalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para la fijación de posiciones, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, don Rafael de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías.

No se asusten ustedes por el volumen de los papeles que he bajado a la Tribuna, era por no descolocarlos. Pero mi intervención creo que va a ir en una dirección distinta a la que aquí se ha planteado hasta el momento presente, porque responde a una concepción muy diferente del Gobierno y de la Administración de la Junta de Castilla y León la que nosotros tenemos de la que tenía la anterior Administración y de la que nos plantea la anterior Junta.

Señor Presidente, si damos un minuto a lo mejor tardamos menos tiempo en que se desaloje y ya...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Empezamos, de acuerdo, no hay ningún problema.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Bueno, pues, una vez más que este Procurador desaloja la sala con su intervención, o con el inicio de su intervención. Quiero decirles que la posición de la Democracia Cristiana no es otra que el que quiere conseguir una Administración más barata y al mismo tiempo más eficaz. Una Administración neutral y profesional que realmente sirva a los ciudadanos. La vieja Administración omnisciente y omnipresente y omnipotente debe relegarse y sustituirse por otra, que reclama información de los ciudadanos y les devuelve asistencia y servicios.

Para conseguir esta Administración proponemos nosotros los siguientes medios o las siguientes medidas. La transformación de la Administración es un auténtico proceso que no puede terminar si no se conoce el diseño final del Estado y el papel que a cada nivel de gobierno corresponde. Por lo tanto, el primer tema será dilucidar de una manera lo más rápidamente posible cuáles son nuestras competencias finales, cuál es el resultado de la revisión de nuestro Estatuto de Autonomía, que nosotros y la Administración Central y el Gobierno Central debemos impulsar de una manera decidida, porque, si no, ésta volverá a ser una reforma parcial de la Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León, porque, naturalmente, después habrá que volverla a reformar. Por lo tanto, esto no deja de ser, como era la anterior que teníamos, pues, una reforma transitoria.

Por otra parte -lo hemos dicho muchas veces-, nosotros, si gobernáramos -cosa que, desde luego, parece que no está muy cercana, al menos; nos hemos planteado antes, quizá, de lo que se ha dicho, nuestra desaparición, una larga marcha; a lo mejor al final desaparecemos, pero también, a lo mejor, dentro de muchos años sí que podemos optar al Gobierno de esta Comunidad Autónoma-; a nosotros no nos serviría ni la anterior, ni esta Ley, ni la reforma de las dos juntas o la suma de lo que queda de la anterior y ésta, porque haríamos una Ley de artículo único diciendo: "Se suprime -por ejemplo- toda la Administración Periférica". ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la Administración debería encargar la gestión de los servicios territoriales correspondientes a las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, además de las suyas propias, siempre que estos servicios puedan prestarse de forma más eficaz a nivel provincial que a nivel central, a las Diputaciones Provinciales. Y además, con ello cumpliríamos el artículo 20, apartado 2, del Estatuto, del que nadie, ni antes, ni ahora, se ha acordado.

Y por otra parte diríamos también que la Comunidad Autónoma y las Diputaciones Provinciales, a su vez, delegarán a los Ayuntamientos la gestión de los servicios que se puedan prestar de forma más eficaz a nivel local. La Administración, una vez hecho esto, se reconvertiría de forma que el resultante de esa Administración, sobrante por esta transferencia, delegación y gestión ordinaria, quedaría reducida de una manera sustancial.

Como principio fundamental, nosotros aceptamos, en cuanto al Proyecto que ha traído la Junta, el que si se administra mucho se gobierna poco, y por lo tanto nos parece bien que para gobernar mucho reduzcan, en la medida de lo posible, la Administración; aunque nosotros llegaríamos más lejos -como he dicho-, incluso suprimiendo las Delegaciones Territoriales y hasta los Directores Generales en su condición de cargos nombrados políticamente.

Por otra parte, una de las propuestas que nosotros tenemos al respecto sería la creación de una ventanilla única, donde los administrados podrían llegar para resolver todos los temas, para tramitar todos los asuntos, para recibir todas las informaciones, independientemente de la Administración a que fueran dirigidas.

Y dicho esto, que serían principios básicos, comprendemos que es necesario el hacer una adecuación de la primitiva Ley 1/1983, que posteriormente fue modificada en el artículo 28 con la Ley 2/1985, obedeciendo a unas razones de oportunidad del anterior Gobierno de la Junta. Que, por otra parte, es cierto que otras Leyes, como son la de la Función Pública de la Comunidad y como son las de Hacienda, han introducido -aunque no se haya dicho así en sus Disposiciones Derogatorias-, de alguna manera han cambiado sustancialmente el contenido de la Ley de Gobierno y Administración de la Junta.

Por lo tanto, no es ni la anterior ni ésta nuestra Ley, pero -lo dijimos en el Debate de Investidura- nosotros respetamos la capacidad de autoorganización del actual Gobierno y, naturalmente, de ese respeto, pues vamos a decir lo siguiente en cuanto a su Proyecto.

El tema del Vicepresidente. Miren ustedes, independientemente de que el artículo correspondiente -16, me parece, del Estatuto de Autonomía- determine que la Junta se compone de Presidente y Consejeros, a nosotros nos daría igual que, por el procedimiento oportuno, la Junta pudiera disponer de un Vicepresidente sin cartera, si eso va en beneficio de la buena Administración. Y además hay un precedente en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado que, además de los titulares de cada departamento, podrá nombrarse Ministro sin cartera, de acuerdo con el artículo 4. Es decir, que ahí lo que vemos es una cuestión estrictamente política; por una parte, la Junta, quizá, hizo un análisis de los Consejeros que necesitaba en un primer momento y ahora hace un análisis, después del conocimiento del Gobierno que lleva en estos meses, una análisis de que necesita liberar al Vicepresidente para dar un soporte al Presidente de la Junta en todas las importantísimas funciones que tiene el cargo de Presidente de la Junta, y a nosotros eso nos parece perfectamente bien, porque entendemos que puede beneficiar a los ciudadanos. Incluso nos parece bien hasta la posibilidad de los dos Vicepresidente, que, desde luego -como decía el Portavoz Socialista-, parece más la predisposición de la Ley para un futuro Gobierno de coalición que otra cosa.

Por otra parte, el tema de los Gabinetes. Yo creo que si la actual Administración entiende que los Gabinetes del Vicepresidente y Presidente deben de constituir un órgano único y que, de manera flexible, este órgano único atienda las necesidades de estos dos importantes cargos, a nosotros, indudablemente, nos parece también una buena medida.

En cuanto al tema de desconcentración administrativa. Miren, ya saben lo que nosotros queremos; pero, bueno, no deja de ser un paso que se da el que los Consejeros puedan hacer una desconcentración en los Secretarios Generales, en los Directores Generales y en los Delegados Territoriales, y que, a su vez, los Secretarios Generales y los Directores Generales puedan hacerlo en los Delegados Territoriales Unicos. Volvemos a decir lo mismo: que los Consejeros puedan atender mejor a su función propiamente directiva y de responsabilidad política nos parece muy bien; gobernar más y administrar menos. Y creemos que hay justificaciones jurídicas que permiten el justificar esto, pero yo no voy a entrar a analizarlas, porque de sobra se han analizado por los Portavoces del Grupo Socialista, que propone la devolución de este Proyecto de Ley, y del Grupo Popular, que nos ha pedido el voto afirmativo.

Igualmente en el tema de la regulación de las Delegaciones. Pues, mire, si nosotros proponemos que no haya nada, pues, al menos también es un paso que esos Jefes de Servicio, que esos Jefes de Unidad puedan recibir la delegación de sus superiores jerárquicos para hacer una Administración más sencilla, más eficaz y más cercana a los ciudadanos.

Otro caso es..., y tampoco voy a entrar en esa materia jurídica, porque de lo que se ha discutido es que de la normativa de la Ley de Régimen Jurídico o de la Ley de Procedimiento Administrativo, qué es lo que es básico, qué es lo que no es básico; lo que no es básico, indudablemente, no podría permitir la reforma que plantea la Administración del Gobierno de la Junta, lo no es básico sí que podría. Y ahí ha habido una discusión muy técnica, en la que nosotros no vamos a entrar; incluso nos remitimos, también por razones de la hora -podría leerles todo este mamotreto de temas y consideraciones jurídicas-, por razones de la hora nos remitimos a debatirlo y a discutirlo en la correspondiente Ponencia y Comisión.

En cuanto a las previsiones legales sobre la Administración Periférica. Bueno, pues, también saben ustedes cuál era y cuál es nuestro criterio. No obstante, el actual Proyecto de Ley plantea dos objetivos; primero, incluir expresamente la posibilidad de Delegación Unica y su regulación básica, y manteniendo la posibilidad de las Delegaciones por Consejería, sin evitar el que pueda haber otro sistema, que pueda haber no sólo una Delegación Unica, sino que pueda haber una Delegación por cada una de las Consejerías. Pues, nos parece también bien, incluso, para que, si llega otro Gobierno, como el precedente a éste, que considera que ése es el sistema más adecuado, sin tener que reformar transitoriamente, pudieran hacerlo con el contenido de esta Ley.

Y por otra parte, el que órganos muy especializados de los Servicios, que dependan directamente de la Administración central, puedan... y que no estén incluidos -naturalmente- en las Delegaciones Territoriales, a pesar de su asentamiento eventualmente disperso, puedan, efectivamente, estarlo y no necesariamente tengan que estar en la capital de la Región.

No hablo del tema de los Secretarios Generales. Ya he dicho lo que me parece bien en cuanto a la adecuación de esta Ley a la de Gobierno y de la Función Pública y de la Hacienda Pública.

Y el tema de las sedes, que, de alguna manera, también se resuelve porque a la vez resuelve un problema de una redacción bastante confusa del Estatuto.

En consecuencia, aunque ni la anterior Ley, ni ésta que se nos presenta, ni el Texto Refundido resultante de ambas sea nuestra Ley, nosotros, cumpliendo nuestro compromiso en la Investidura que dimos al Presidente, de facilitarle una acción de autogobierno y autoadministración, la que ellos consideraran para el mejor servicio de los ciudadanos, vamos a apoyar, en el transcurso del largo trámite de la Ley, esta Ley, en la medida que en unos casos habrá que reformar y en otros casos habrá que mantener. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El representante del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, don Juan Durán, puede hacer uso de la palabra para la fijación de posiciones.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente, Señorías. Creo que debe constituir parte de la intervención del CDS, fundamentalmente, un doble acto de cortesía: acto de cortesía a la Cámara en función del tiempo en que nos encontramos y acto de cortesía a los intervinientes en este debate. Por ello, Señorías, no he venido provisto a esta Tribuna del conjunto de documentación y del conjunto del esquema de preparación de mi intervención que la importancia del asunto, la importancia objetiva del asunto merecía.

Empezaré por la mitad, continuaré por las conclusiones, y no podré, Señorías -por esta razón de cortesía a la que he aludido-, entrar en la demostración de las mismas. Y digo que empezaré por la mitad, porque ha habido una parte de la intervención del señor Quijano que me ha llamado poderosamente la atención y que creo que, de alguna manera, nuestro Grupo Parlamentario tiene que matizar. Es aquélla en la que, cuando se refería a la figura de los Vicepresidentes, sugería de una manera un tanto premonitoria, que esa Enmienda introducida por el Centro Democrático y Social bien pudiera estar justificada por alguna necesidad de coaliciones que en el futuro aconsejaran que ésto se planteara. Pues ha acertado usted, señor Quijano. Exactamente ésa fue, exactamente ésa fue, la razón que a nuestro Grupo Parlamentario nos llevó a presentar esa Enmienda. Pero ¡cuidado! no se apresure usted en los juicios posteriores derivados de esa conclusión, porque a lo mejor la necesidad de coalición pudiera no estar justificada con el Grupo actualmente en el Gobierno, que por razón de sus propios deméritos puede estar en trance de dejar de gobernar, y sea su responsabilidad y la nuestra la que pudiera obligarnos a plantear un gobierno de coalición. Su responsabilidad y la nuestra. Porque, coincidirán conmigo, Señorías, que por encima de cualquier coyuntura táctica o de cualquier estrategia coyuntural -que viene a ser lo mismo-, la gobernabilidad de Castilla y León está por encima de cualquier otra consideración, o al menos el Centro Democrático y Social sí la pone por encima de cualquier otro argumento.

Y llegaré rápidamente a las conclusiones, como decía antes, sin entrar en la demostración de las mismas, y créanme que lo siento, porque -todo hay que decirlo- me ha resultado altamente satisfactorio el debate producido entre los Portavoces de ambos Grupos, y me ha hecho, de alguna manera, retrotraerme a los viejos, entrañables, queridos textos del Derecho Administrativo que ustedes manejan con mayor profusión que yo (el García de Enterría, el Garrido Falla, el Entrena Cuesta, todo estaba ahí de alguna manera), y, de alguna manera, junto a la reciente doctrina en la que -perdóneme señor Quijano- creo que usted ha quedado un poco anticuado, es decir, se ha producido una notable evolución de la misma, creo, creo señor Quijano. Cuando digo creo, cuando digo creo es porque yo, por principio, dudo de casi todo e intento no adoptar ese aire profesoral -y además de profesor hueso- que usted, posiblemente por deformación profesional, emplea con frecuencia y que a todos nos retrotrae a aquellas épocas escolares en las que temíamos aquel famoso cero colectivo con que casi usted nos está amenazando constantemente. Pero en cualquier caso, señor Quijano, puedo decirle que es gratificante y satisfactorio escucharle, en la medida en que también ha sido gratificante y satisfactorio escuchar al señor Cortés, que ha transmitido, no sé si ideas propias o ideas expuestas, expresadas y escritas por algún ilustre administrativista de Valladolid, lo ignoro, pero, en cualquier caso, usted las ha expuesto y a usted se las agradezco.

La posición del Centro Democrático y Social en esta circunstancia va a ser, Señorías, y lo anuncio anticipadamente, la de la abstención. Y va a ser la de la abstención por una doble razón: primero, porque, desde nuestra perspectiva, la Ley, el Proyecto de Reforma de la Ley de Gobierno, es necesaria, es conveniente y es oportuna. No entro en la demostración, en aras a la cortesía que antes les anunciaba, pero creemos, señores del Gobierno, señores del Grupo de Alianza Popular que la apoyan, creemos que como texto es un texto incorrecto, deficiente y hasta con notables errores de tipo formal que me sorprende hayan podido producirse. Y es oportuna, necesaria y conveniente, a juicio del CDS, no en esta circunstancia, sino incluso en una circunstancia anterior. Una vez más, Señorías, una vez más: eso lo llevábamos en nuestro programa electoral -creo que el señor Presidente de la Junta lo está consultando en este momento-, y una vez más, Señorías, ustedes nos han copiado, pero nos han copiado mal. Yo le ruego, en beneficio de todos, que cuando nos copien nos copien bien, y si no son capaces de copiarnos, nos consulten, que gustosamente, gustosamente desarrollaremos en profundidad lo que en nuestro programa electoral es una mera síntesis de principios.

No apoyamos, no apoyamos con nuestro voto afirmativo, Señorías, la proposición de Ley, el Proyecto de Ley por ustedes presentado, y tengo que decirles que nuestra abstención, de alguna manera, nos ha obligado a violentarnos a nosotros mismos, porque hubiéramos querido castigarles con el apoyo a la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero creemos que hay un manojo de cuestiones sustantivas, de leyes sustantivas, Señorías, que deben ser necesariamente objeto de consenso, porque son leyes que tienen una vocación de permanencia, de durabilidad, que tienen que ser útiles en todo tiempo y lugar -con las limitaciones del tiempo y del lugar, pero sí en la mayor extensión del tiempo-, para que cualquiera que sea el grupo político llamado a gobernar por la voluntad de los ciudadanos, pueda utilizar sin producir un terremoto de cambio y modificaciones en la legislación. Esta es una de esas leyes. Y nuestro reproche a la Junta y al partido que apoya a la Junta es que no recogiera en su momento el guante que nuestro Grupo Parlamentario lanzó en el sentido de que ésta tenía que haber sido una ley consensuada. Pero una ley consensuada como deben consensuarse las leyes: sin que los promotores del consenso intenten asumir el protagonismo de ese consenso, porque, de alguna manera, un principio básico del consenso es que la rentabilidad política de la misma repercute sobre todos. No podíamos ni podemos admitir la operación de consenso que se está planteando en otro tema sustantivo como es el de la reforma del Estatuto, que sospecha nuestro Grupo que más que un intento de consenso lo que hay es un intento de rentabilizar, de capitalizar a favor de un Grupo Político, probablemente además a favor de una persona, toda la acción, la buena voluntad, el sacrificio y la generosidad que todo consenso comporta para todos los Grupos que entran en esa dinámica. Sólo cuando de la fotografía del consenso se caiga el protagonista que la capitaliza, es cuando realmente -entiende nuestro Grupo-, se habrán sentado las bases sustantivas para llegar a un entendimiento común. El consenso, Señorías, se realiza en esta Cámara, no en otro lugar. Esto es precisamente un parlamento en la medida en que todos podemos parlamentar, y mediante el parlamento podemos llegar a entendernos, no fuera de este parlamento; donde todos somos "primus inter pares", no donde alguien tiene el privilegio del lugar, de la oportunidad o del momento.

Señorías, nuestro Grupo Parlamentario se abstiene en esta Proposición No de Ley, precisamente, para que con las Enmiendas presentadas por el Partido Socialista, con las veinticinco Enmiendas que nos hemos visto obligados a presentar, y con las que ustedes también se han visto obligados a presentar -incluso, sorprendentemente, como ha dicho el señor Quijano, insólitamente, hasta a la Exposición de Motivos-, para que, precisamente, entre todos podamos en esta Cámara, no fuera de ella, en esta Cámara, consensuar una Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León que sea útil para ustedes, que sea útil para ustedes, y que sea, cómo no, útil para nosotros, lo cual esperamos a corto plazo.

Nada más y muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Por favor, por la alusión personal que me hizo en mi condición profesional. Simplemente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Medio minuto, por favor.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí, Sí. Desmentir rotundamente el calificativo que me aplicó. Me ha llamado "profesor hueso" y debo de desmentirlo, porque la estadística que hago todos los años da que aprueba el noventa por ciento de los alumnos. Fíjese que hasta el señor Cortés aprobó conmigo. Lo que dudo es que hubiera aprobado usted, de haber tenido la ocasión de examinarle.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Señor Presidente, no tengo más remedio que intervenir no en mi propia defensa, sino para decir que no parece muy correcto que el señor Quijano aproveche este foro para hacerse propaganda y apuntarse más alumnos dentro de la Universidad. No era ciertamente ésa la opinión que teníamos de él cuando personas como yo estábamos allí, aunque quizá le ha ocurrido al señor Quijano eso que se decía de los profesores: que cuando entraban y eran jóvenes -que era cuando a mí me daba clase- eran Sancho el Bravo, luego pasaban a Sancho el Fuerte -que debe ser la fase de ahora del señor Quijano-, esperemos que no termine en Sancho Panza.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Silencio, por favor. Procedemos, pues, a someter a votación la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Quienes estén a favor de dicha Enmienda a la Totalidad, que se levanten. Pueden sentarse, muchas gracias. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias. Y quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y dos. A favor de la Enmienda a la Totalidad: veintiséis. En contra: treinta y tres. Abstenciones: tres. Queda, en consecuencia, rechazada la Enmienda a la Totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión siendo las quince horas cuarenta minutos).