DS(P) nº 23/2 del 12/5/1988

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Ruego a Sus Señorías tomen asiento. Se abre la sesión.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de la Cámara, un grupo de diecinueve Procuradores solicitan la modificación del Orden del Día del Pleno, en el sentido de que la Proposición No de Ley número 45-I pase a ser el último punto del Orden del Día. ¿Se aprueba por asentimiento la modificación del Orden del Día? Queda aprobada.

Por consiguiente, el señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Primer punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta oral".

Pregunta con respuesta oral del Procurador don Laurentino Fernández Merino, que, al encontrarse ausente del hemiciclo y previa información del Portavoz del Grupo, decae.

Consiguientemente, tiene la palabra don Lorenzo López Trigal.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Primera pregunta de las tres que voy a hacer a este Pleno. En relación a nuestro amigo de ...... de la Junta, encontramos dos casos en los que nuestra información ....... importantes retrasos de varios meses; en un primer caso, en una subvención por proyectos de estudios de medio ambiente, y en un segundo caso, otro joven también, y éste de una subvención por creación de autoempleo. La pregunta es exactamente para los dos: ¿Qué explicación tiene el retraso en la tramitación final de subvenciones concedidas por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (doy los datos a continuación), condicionada a la entrega del trabajo objeto de la subvención, de estudio en el primer caso, y, en segundo lugar, el retraso en la tramitación de la subvención concedida por la Consejería de Economía y Hacienda, de la cual también doy los datos?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

El señor Consejero de Fomento, señor Posada.

EL SEÑOR POSADA MORENO:

Señor Presidente, señor Procurador. Celebro que no haya leído literalmente la pregunta, tal como venía en el Boletín, porque comenzaba diciendo que toda la Administración de la Junta de Castilla y León había retrasado y ralentizado sus actuaciones. De dos casos era difícil deducir esto. Uno de los casos parece ser el de autoempleo, que la persona a la que se refiere hizo su solicitud en Enero, se tramitó a primeros de Febrero, y, como se tramitaba a cargo del ochenta y siete, lógicamente entró en ejercicios cerrados, que debe..., no puede, o debe conservarse esta lista hasta el treinta de Abril, y, a partir de ese momento, es cuando empieza el retraso. Retraso, por tanto, hasta ahora de días, que quizá sea de algún mes, pero nunca de años, como ocurría en otras ocasiones.

En cuanto al segundo tema, de la persona de medio ambiente, si se refiere a don José María Redondo Vega, no hay retraso en el pago de la subvención, puesto que este señor no cumplió las condiciones en las que se le daba la subvención y por lo tanto no tiene derecho a ella.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Señor Procurador.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Señor Consejero, tiene defectos de información muy graves. En el primer caso, segundo que ...... la entrega del trabajo "Estudio del medio ambiente. Explotaciones a cielo abierto en cuenca minera de León" lo entrega con el plazo, dentro del plazo, el veintisiete de Octubre pasado, cuando el año natural, al cual tenía que corresponder, terminaba al día siguiente, veintiocho de Octubre. Estaba dentro del plazo, y desde el veintisiete de Octubre, este señor, ciudadano de León, investigador en la Universidad de León, está esperando, medio año largo ya, esta subvención. Por tanto, equívoco, falta de información grave en el señor Consejero.

En el segundo de los casos que dice usted recuerdo la fecha exacta en que el Consejero de Economía firma, el treinta de Noviembre, la subvención, y sale en el Registro de Salida de la Consejería respectiva el siete de Enero; treinta y siete, treinta y ocho días de retraso desde la firma del señor Consejero hasta el Registro de Salida. Desde esa fecha, siete de Enero, el ciudadano de León, que está esperando una ayuda importante, como se le había comunicado en la subvención, para un año en la empresa, está pendiente cuatro meses, cinco meses largos, de esta subvención. Y desde luego, cinco meses no son cinco días; y, desde luego, no .......... con la anterior Junta, que en ningún caso..., y si usted tiene razón, dígame en este momento qué caso parecido de subvención ........

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Comenzando por el segundo caso, las justificaciones que hacen que se pudiera dar esa cantidad hacen efectos -y es cuando se confecciona el certificado- el día cuatro de Febrero. Como las resultas del ejercicio del ochenta y siete se cierran el treinta de Enero, hasta el treinta de Abril se está haciendo la relación de acreedores y deudores. Por lo tanto, hasta el treinta de Abril no puede procederse, porque el certificado, la O.P., la confección de la O.P. se realiza el cuatro de Febrero.

En cuanto al primer caso, este investigador se acoge a una Orden de diecisiete de Marzo de mil novecientos ochenta y seis, en cuya base cuarta dice: "Las actividades o estudios objeto de subvención habrán de poseer carácter singular o puntual, y realizarse dentro del año mil novecientos ochenta y seis". El lo entrega el veintisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, con lo cual parece que el retraso el que lo ha sufrido es este señor, que ha tardado diez meses, suponiendo que lo hiciera en el año ochenta y seis.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Don Lorenzo López Trigal puede formular la siguiente pregunta. Me informan de megafonía que utilice mejor el otro..., otro de los micrófonos, puesto que no se le escuchaba, digamos, demasiado bien.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Muchas gracias, señor Presidente. La segunda pregunta hace referencia a la ciudad de León, donde, en una de sus travesías, tiene transferida la Junta de Castilla y León su responsabilidad; la travesía Avenida Doctor Fléming, que enlaza una Nacional (la 120), la Comarcal 623 y la Nacional 630. Travesía de mucho tráfico; travesía en una situación bastante deficitaria de adoquinado y que se viene haciendo notar en la ciudad la demanda de un trabajo adecuado de mejora de pavimentación. La pregunta, entonces, se refiere en qué estado estamos ahora en relación al estudio y proyecto de mejora y pavimentación, así como las características que tendría la futura actuación en este sentido, en la travesía Doctor Fléming, de León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero de Fomento.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente. En efecto, somos conscientes de que existe ese problema, y uno de los expedientes que están ya en marcha, cuya clave es 31-León-4, está en una fase muy avanzada de proyecto, se va a terminar en muy pocos meses, y es intención de esta Consejería contratar este año, con un presupuesto aproximado de 100.000.000 de pesetas, el arreglo de esa travesía, que supondría, por supuesto, la sustitución del firme actual de las Avenidas de Doctor Fléming y de los Antibióticos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Don Lorenzo López Trigal. No. Muchas gracias. Pasamos, pues, a la siguiente pregunta, también del Procurador don Lorenzo López Trigal.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Gracias, Presidente. La pregunta referida es a un expediente de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, que tiene como contenido el derribo de parte de una iglesia, exactamente la sacristía, del pueblo Vega de Valcarce, de León. Entiendo que en la tramitación del expediente ha habido, por información que me consta, una cierta irregularidad, como se deriva de la pregunta que hago. Quiero hacer constar que el núcleo de referencia está en el Camino de Santiago; la iglesia en cuestión, se dice por la documentación que posee el Comité de Cultura, la Consejería, Comisión Territorial de Patrimonio Arquitectónico de León, es de posible interés artístico. No quiere decir que sea un edificio de notable o muy notable interés, quizá no es ésa la cuestión; pero sí me refiero a cómo se ha llevado la tramitación de este expediente. Por tanto, la pregunta es, más que de fondo, en la forma, posiblemente. ¿Por qué no se ha procedido a impedir el derribo de la sacristía de la iglesia de Vega de Valcarce, y, ya que se ha hecho así, una vez efectuado éste, sin ninguna autorización, no se haya dirigido hasta el momento la actuación administrativa a reconstruir la sacristía derribada? Sobre todo, porque marca un precedente, sobre todo por esto, que es difícil de llevarlo a cabo en otro sitio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Consejero de Cultura y Bienestar Social.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Gracias, Presidente. Señoría, ha hecho una matización en su intervención; dice: "según la información que yo tengo", y, evidentemente, la información que tiene Su Señoría no es correcta. Simplemente, debo decirle que la actuación de la Dirección General de Patrimonio y Promoción se ha atenido rigurosamente a la legislación vigente. Que en su día, a petición de la Comisión de Patrimonio, se procedió a la suspensión cautelar; que, ulteriormente, en trámite de audiencia, se escuchó al constructor y se ratificó la suspensión cautelar, y que, posteriormente, previo informe de la Comisión de Patrimonio, al ver que no tenía el mérito que se suponía, se decidió no seguir adelante. En cuanto a la no reconstrucción de la sacristía, si, evidentemente, eso es una posibilidad que existe en virtud de Leyes y Decretos que nos autorizan, se estima como medida excepcional, cuando la obra derruida valía la pena; y el informe de todos los expertos es que no valía la pena reconstruirla.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Gracias. Señor Procurador.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Bien. En líneas generales, el señor Consejero creo que está ligeramente informado, pero, al menos, cabe permitir, por mi parte, que la experiencia -el haber estado también en una Comisión Provincial, no de Patrimonio, de Urbanismo-, creo que las tramitaciones de este tipo, aunque a veces no tengan importancia, notabilidad, que debería ser más tenida en cuenta en otros casos, creo que deberíamos hacer precisar más las tramitaciones de expedientes, con el fin de que no haya posibilidad de que nuevas actuaciones de este tipo -por particulares, se entiende- lleven al traste con los proyectos que creo entender que son de continuidad con la anterior Consejería de Cultura.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Don Javier de León.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Gracias, Presidente. De hecho, el invocar el Camino de Santiago para hacer referencia a esta iglesia -dicho sea con todo respeto- es como si yo comenzara diciendo que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a contestar a Su Señoría, porque realmente sabe que poco valor tiene, a efectos del Camino de Santiago, esta iglesia. Pero, para precisar con fechas y datos. Mire, Señoría. El trece de Noviembre del ochenta y siete, los Servicios Territoriales de Cultura solicitan de la Dirección General de Patrimonio la suspensión cautelar; el diecinueve de Noviembre se procede a tal suspensión, se llama en trámite de audiencia al constructor, y se ratifica la suspensión cautelar el veintitrés de Diciembre. El siete de Enero se requiere al Excelentísimo señor Gobernador Civil para que, con la fuerza pública, confirme que se ha procedido a esta suspensión, y eso ocurre el trece de Enero, a las doce horas, en virtud del Acta que se realiza. La Comisión Territorial de Patrimonio, el veinticuatro de Febrero, acuerda proponer a la Dirección General el levantamiento de la suspensión; se decreta el levantamiento de la suspensión el catorce de Marzo. Ya he hecho referencia a por qué se ha pensado que no es válido reconstruir. Pero es que, además de esto, se abrió un expediente sancionador, y el instructor del expediente propone sobreseer el mismo, puesto que el hecho imputado del derribo no era al constructor, sino que la responsabilidad correspondía al señor cura párroco, y el día catorce de Marzo del ochenta y ocho se ha abierto expediente de sanción al señor cura párroco, que parece que es el responsable. Insisto, en cualquier caso se ha actuado con escrupuloso respeto a la legalidad vigente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

El señor Secretario procederá a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Segundo punto del Orden del Día: "Interpelación del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a política real tendente a reapertura de la línea férrea Palazuelo-Astorga".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

En nombre del Grupo interpelante, puede hacer uso de la palabra don Pedro San Martín.

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS:

Señor Presidente, Señorías. En este tema tan importante, como es el cierre de una línea férrea que atraviesa una amplia zona de nuestra Comunidad, tan decisivo para la vida y la economía de esas comarcas tan deprimidas, permítanme hacer... que me extienda un poco y hacer una pequeña historia desde el año mil novecientos ochenta y cuatro hasta hoy, doce de Mayo, en estas Cortes y plantearle seriamente a la Junta sobre sus acciones y proyectos en este asunto, sin divagaciones ni contradicciones, sino con realismo y seriedad.

El veintisiete de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro se aprobó el contrato-programa Estado-RENFE mil novecientos ochenta y cuatro-ochenta y seis, que establecía los compromisos, aceptados por ambas partes, para el mejor desarrollo de la actividad de RENFE. En la cláusula novena indicaba que se consideran altamente deficitarias las que figuraban en el anexo 4.4, y añadía: "La fundamentación de las propuestas de cierre total o parcial de líneas correrá a cargo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones que presentará al Gobierno las correspondientes propuestas no más tarde el treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro". Por lo tanto, las fechas creo que indican claramente que la decisión estaba tomada y aprobada el veintisiete de Febrero y había que buscar una justificación antes del treinta de Agosto de ese año. Se suprime el veintidós coma cinco por ciento de las líneas de la red, con la pretensión de reducir el déficit un seis por ciento, el déficit de RENFE un seis por ciento, cosa que no se ha conseguido a pesar del cierre, por lo que suponemos que el índice de cobertura de las líneas en explotación actualmente habrá disminuido sensiblemente y estará mucho más cerca de las líneas que entonces suprimieron por ser deficitarias.

El Ministerio de Transportes responsabilizó al Instituto de Estudios de Transporte y Comunicaciones de los estudios que habrían de servir de base a la propuesta que el Departamento debía presentar al Gobierno. Los estudios sobre los treinta y siete tramos calificados como altamente deficitarios se realizaron en tres meses. Repito, los estudios para cerrar las líneas, para justificación de cerrar líneas se realizaron en tres meses. Para ello se tuvieron en cuenta los realizados con anterioridad por RENFE, pero sobre la línea Palazuelo-Astorga sólo había uno del año mil novecientos setenta y tres. El Instituto de Estudios de Transportes manifestó que estuvo en contacto con las Comunidades afectadas; la Junta de Castilla y León expuso en su informe que tuvo únicamente un mes para prepararlo y no encontró respuesta por parte del Ministerio a sus propuestas iniciales y a sus posteriores alegaciones. El Instituto mostraba tres opciones: a) mantenimiento de los servicios, b) cierre de los servicios y sustitución por carretera, y c) mejor alternativa con participación ferroviaria, es decir, mejora de la calidad y cantidad de los servicios.

Respecto a la línea férrea Palazuelo-Astorga, trescientos cuarenta y ocho kilómetros de vía única sin electrificar, con treinta y seis pasos a nivel guardados, doscientos cincuenta sin guardar y cuarenta y seis estaciones, que discurre por las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres, reconocen que forma parte de la ruta ferroviaria directa entre las regiones asturiana y gallega y la extremeña y andaluza, denominada "Ruta de la Plata", y que enlaza con otras trasversales con destino a Oporto y Lisboa desde Salamanca, y la Madrid-Lisboa desde Palazuelo.

No obstante, los estudios se reducen prácticamente a destacar que "la actividad económica del área de influencia de la línea es poco relevante". Y, también, no se ha considerado procedente diseñar una mejor alternativa con participación ferroviaria, ya que no existen expectativas razonables de incrementar los tráficos ferroviarios.

Los estudios que en su día realizó la Junta de Castilla y León ponían al descubierto los principales defectos del contrato-programa, de los que podemos destacar los siguientes:

Uno, las limitaciones que supone la elaboración de ese documento sin tener la red formulado un plan estratégico a largo plazo, ni un plan de empresa a medio plazo, e incluso sin estar definido, por parte del Estado, el papel que se ha de asignar al ferrocarril en el futuro sistema de transporte.

Dos, en los déficits de las líneas no se consideran los acumulados a lo largo de los años, debido a las inversiones realizadas, por lo que se discrimina a las líneas que no han sido objeto de inversiones recientes, incluso que prácticamente se han abandonado.

Tres, el análisis del índice de cobertura se ha efectuado sobre la red secundaria únicamente. Podemos preguntar ¿cuál es el índice de cobertura del resto de las líneas? ¿Por qué no se ha definido una contabilidad analítica de RENFE que, a partir de una base fiable y admitida por todos, permita una correcta imputación de ingresos y costes? Como dato anecdótico se puede resaltar que el ramal Villafranca del Bierzo a Toral de los Vados, de nueve kilómetros, debería compensarse con 33.500.000 en mil novecientos ochenta y seis, cuando es sabido por todos que es de las pocas líneas que aportan beneficios a la red.

Cuatro. No se ha calificado la gestión de RENFE en los últimos tiempos con el abandono de inversiones, que ha conducido a una grave descapitalización, ni en su política comercial, que ha favorecido la proliferación de servicios por carretera, ni los encaminamientos. En mil novecientos setenta y cinco se desviaban setecientas cincuenta y nueve mil quinientas treinta y ocho toneladas métricas de la línea Palazuelo-Astorga, originando ciento treinta millones de toneladas/kilómetro, realizadas en exceso por RENFE al no encaminarse por dicha línea. Como referencia, en mil novecientos ochenta y tres, indica el Instituto de Estudios de Transporte que se transportaron doscientos ocho mil seiscientas treinta y ocho toneladas o cuatrocientas setenta y dos mil ochocientas cuarenta y nueve, utilizando, claro, naturalmente, la primera cifra que es menos fiable.

Quinto. No se ha tenido en cuenta la realidad histórica de las comarcas por las que atraviesa la línea, y no es por casualidad que los únicos núcleos que han conseguido una incipiente industrialización estén al lado de las líneas férreas. En Zamora, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de sesenta y cinco coma cinco en la zona de influencia precisamente de la "Ruta de la Plata" con un crecimiento continuo, y en el resto de la provincia catorce, continuamente decreciente.

Seis. No podemos estar de acuerdo con el Instituto en que no existen expectativas razonables de incrementar tráficos ferroviarios. Basta con canalizar los flujos que actualmente se desvían a la red básica, siendo la "Ruta de la Plata" el encaminamiento más corto. Esta línea es la ruta ferroviaria directa entre las regiones de Asturias, Galicia y Andalucía Occidental, a través de Extremadura y Castilla y León, y puede y debe encauzar las relaciones norte-sur en la parte occidental de la península, ya que, junto con la carretera nacional seiscientos treinta y los puertos asturianos de Gijón y Avilés, integran una importante arteria colectora y de reparto para nuestra comunicación con Europa, buscando la conexión intermodal barco-tren-carretera, fundamental en un moderno sistema de transportes.

No quiero cansar más a Sus Señorías con datos, pero creo se habrán dado cuenta de que el estudio irregular del Instituto de Estudios del Transporte sólo tenía como finalidad prácticamente, suministrar unos datos para justificar el cierre de unas líneas anteriormente ya sentenciadas.

Así llegamos al comienzo del año mil novecientos ochenta y cinco. Se suprimen todos los servicios de viajeros y dejan en régimen de maniobra un tren de mercancías que hace el recorrido Zamora-Astorga-Zamora. Ante este hecho se crean las coordinadoras de defensa del ferrocarril. Hubo grandes movilizaciones populares: en Hervás, en concreto el tres de Febrero en Zamora, el catorce de Febrero en Benavente, el dieciocho de de Mayo en La Bañeza, el veinticuatro de Marzo en Béjar. Las coordinadoras se dirigen al Ministerio de Transportes, a la Junta de Castilla y León, pero las gestiones que realizan resultan estériles. Se hace un estudio, que es enviado al Ministerio de Transportes, en el que se hace referencia a que la cobertura de la línea tenía un coeficiente del sesenta y dos coma seis por ciento. Sin embargo, la respuesta del Ministerio reducía ese coeficiente al considerar que el estudio seguía un criterio homogéneo y lo dejaba en un cuarenta coma nueve por ciento, e incluso siguiendo la metodología del Instituto de Estudios del Transporte, lo rebaja a veintisiete coma ocho.

También el Ministerio ratifica las cifras de viajeros y mercancías indicadas por la coordinadora en su estudio. Esta daba una cifra de cuatrocientos veinticinco mil trescientos ochenta y ocho viajeros en cercanías y quinientos noventa y siete mil treinta en largo recorrido, y añadía que en años anteriores al ochenta y tres, en que se basaban las cifras expuestas, el tráfico de mercancías había llegado a las cuatrocientas setenta y dos mil ochocientas cincuenta toneladas. Estos datos, según el Ministerio, no coincidían con los del Instituto.

Bueno, después de este preámbulo para establecer los hechos acaecidos, pasamos a la actual Legislatura. Ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete; el Presidente de la Junta expresa su patente oposición a la decisión del Gobierno Central de suprimir los servicios de viajeros y del transporte regular de viajeros, y la intención del Ejecutivo que encabeza a reanudar el funcionamiento de la línea Palazuelo-Astorga. A raíz de estas declaraciones del Presidente, UGT de Transportes zamorana las apoya públicamente. Al abrirse la Legislatura, este Procurador, el diecisiete de Septiembre, presenta una Pregunta con Respuesta Oral en Comisión para que el Consejero exponga sus acciones en este sentido, pero el Consejero deja pasar el plazo de constestación para que se convierta en escrita y lo hace tres meses después. El veintiocho de Octubre -hablamos ya del año ochenta y siete- don Julián García Valverde, Presidente de RENFE, contesta al Gobernador Civil de Zamora y le dice que está abierto a la negociación con la Junta de Castilla y León para reabrir el servicio de viajeros, si la Comunidad Autónoma aceptara negociar con RENFE un convenio análogo al suscrito con otras Autonomías, y añade que desde mil novecientos sesenta y ocho existe un compromiso conjunto de inversión y de explotación, de manera que el ahorro que suponga para la Red la realización de inversiones, con cargo a las subvenciones que se obtengan de las Comunidades Autónomas, reduzcan paralelamente la insuficiencia de la cuenta de explotación de la Red.

El Consejero de Fomento dice que la Comunidad Autónoma no podrá aceptar nunca hacerse cargo del déficit del trayecto por incapacidad económica. La Federación de UGT denuncia a la Junta por olvidar sus promesas electorales y por no decir toda la verdad, ya que antes decía que era la RENFE la que no quería negociar. La Dirección Provincial de Transportes de Zamora elabora un informe en el que señala que: "estructuralmente se dan las condiciones necesarias para que aquellos servicios puedan reanudarse en condiciones satisfactorias mediante una explotación racional". A finales de noviembre el Consejero se reúne con el Ministro de Transportes; éste se reafirma en que cualquier posibilidad de abrir las líneas pasa por un acuerdo entre RENFE y la Comunidad Autónoma, para que ésta se haga cargo del déficit que produzca su gestión.

En la contestación a mi Pregunta, que antes he mencionado, el Consejero anuncia que el día ocho de Febrero se mantendrá una reunión Junta-RENFE, que transcurre sin acuerdo alguno. El Consejero se reúne el día veinticuatro de Febrero con colectivos sociales de Castilla-León y Extremadura, en la que se manifiesta que la Junta no tiene inconveniente en sufragar parte de los números rojos, pero no todas las deudas que su reapertura pudiera ocasionar; y añade que a primeros de Abril podrían estar finalizadas las negociaciones con RENFE, pero que debe ser el Consejo de Ministros quien, en último término, apruebe la reapertura de la línea. En cambio, el Presidente de RENFE dice textualmente: "Esta Red Nacional está abierta a la negociación con la Junta de Castilla y León, para reabrir el servicio de viajeros, si la Comunidad Autónoma acepta negociar un convenio con RENFE"; añade que "en la última reunión, la representación autonómica tomó buena nota de la información pormenorizada que le fue facilitada por RENFE y quedó en estudiar las posibilidades para iniciar, en su caso, negociaciones tendentes a la reapertura del servicio de viajeros". El nueve de Marzo el Consejero dice que la Junta está dispuesta a estudiar, desde todos los aspectos, la reapertura del servicio, negociando tanto el déficit de explotación como de inversión.

Benavente y comarca sale a la calle el día diecisiete de Marzo y pide la negociación urgente Junta-RENFE para la reapertura y potenciación de la línea férrea Palazuelo-Astorga, instando que no se tenga en cuenta sólo el aspecto económico, sino también, y sobre todo, el coste social que supone para cientos de localidades de cuatro provincias.

Señor Presidente, ya termino. Porque ya llegamos a hoy, doce de Mayo, en estas Cortes, y quiero expresar que la Junta, a pesar de las promesas, dice: "La Junta tiene la intención..." "La Junta señala que, estructuralmente, se dan las circunstancias necesarias"; "La Junta podría fijar su posición definitiva"; "La Junta está dispuesta a estudiar todos los aspectos". Pero en efectivo creo que prácticamente nada.

Por ello, Centro Democrático y Social, consciente de la necesidad e importancia de la reapertura de la "Ruta de la Plata", pide al Presidente de la Junta, pide al Consejero de Fomento, que manifiesten en las Cortes de Castilla y León claramente su intención y su programa de actuación en este tema. Si realmente desean que la "Ruta de la Plata" vuelva a funcionar, negocien. CDS está de acuerdo en que la Comunidad no debe de sufragar el déficit inflado por RENFE, mientras nuestros castellano-leoneses, perjudicados por el cierre, siguen pagando con sus impuestos el resto de líneas tan deficitarias como ésta. El CDS cree que la Junta tiene la obligación de dialogar, discutir, negociar -con un estudio real de costes de la línea-, la posible subvención de la diferencia con las pérdidas o índice de cobertura de la media nacional, no todo el déficit. Estamos convencidos que será una cifra pequeña y la línea puede ponerse en marcha racionalmente. Tenemos estudios por los que reformando la explotación, se podría llegar a una cobertura del 81,67%. Si la Administración Central con un Gobierno Socialista, que en la historia del ferrocarril español es la que más kilómetros ha clausurado, no colabora y pone impedimentos, también díganlo. Pero el CDS, y muy especialmente los castellano-leoneses de las provincias de Salamanca, Zamora y León, no pueden aceptar esta situación de palabras inciertas y parálisis de actuación. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Consejero de Fomento, señor Posada.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente, señores Procuradores. La detallada historia del erróneo cierre de la línea férrea Palazuelo-Astorga y de otras líneas que se cerraron en el uno de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, que ha hecho el señor Procurador, me permite a mí entrar directamente en el tema.

Yo reconozco al señor Procurador su continua actividad, su tenacidad, defendiendo este tema de la reapertura de la línea. Ahora, creo, creo que no está perfectamente informado de por lo menos la última o la trayectoria que ha seguido la actual Junta. Nosotros, lo dijo el Presidente, queremos abrir la línea Palazuelo-Astorga. Ahora bien, yo dije y reiteré, y reitero ahora, pero es algo que debía quedar muy claro desde el primer momento, que es injusto para los ciudadanos de Castilla y León que pagamos los 200.000.000.000 de déficit de RENFE, como pagan todos los españoles, que además tengamos que pagar por abrir esta línea. Eso es injusto. Y eso es inaceptable desde el punto de vista moral.

Ahora bien, la Junta y este Consejero no se paran ahí, porque ciertamente -y tenemos razón para decir que eso se debía abrir sin que nos costara nada a la Comunidad Autónoma-, si ésa fuera nuestra posición, es indudable que no se abriría la línea. Pero el hecho de que estemos dispuestos -y ahora voy a demostrar cómo lo hemos estado todo el tiempo y seguimos estándolo- a negociar esa reapertura, no debe hacernos olvidar que es una injusticia que se hace con Castilla y León el que haya que pagar por ese déficit.

Por eso yo, en sucesivas conversaciones, en contestaciones -como me dice el señor Procurador..., que yo tengo la primera noticia de que era una pregunta oral en Comisión y se transforma en escrita, y la culpa, indudablemente, será de quién sea, pero no del Consejero, porque si se hubiera convocado una Comisión yo hubiera ido a responderla; yo siempre la he considerado una pregunta escrita-. La postura -como manifesté a los colectivos de defensa del ferrocarril- es la misma: nosotros queremos negociar con RENFE. Yo se lo manifesté así al Presidente de RENFE, se lo manifesté al Ministro de Transportes, y lo que nosotros queremos abrir es esa mesa de negociación. Para ello, y ya por escrito, el veintidós de Febrero me dirigía yo al Presidente de RENFE y le decía que precisamente el ocho de Febrero había habido una reunión de esa comisión permanente Junta-Consejería de Fomento, presidida por el Director General de Transportes Terrestres, en la cual se intercambiaron esos detalles técnicos. Y yo le decía: "Me dirijo a ti para que a la mayor urgencia y al nivel que consideres oportuno, pero creo que debe ser el más elevado posible, se inicien a la mayor brevedad estas reuniones monográficas con el tema de reapertura de la línea férrea. Creo conveniente -en fin- señalarte que esta Consejería tiene elaborados estudios... " etcétera, etcétera. Me contesta el Presidente de RENFE el dieciséis de Marzo, y me dice que me pone, pone tres condiciones: la Junta de Castilla y León deberá asumir el 100% del déficit de explotación de la línea objeto de convenio; no se habla, por cierto, de déficit de inversión, algo que ha surgido en la prensa y que no tiene razón de ser; estamos hablando de déficit de explotación que es lo que planea RENFE de acuerdo con el contrato-programa. Es condición indispensable que vuestra Comunidad Autónoma defina qué servicios desea. Y, en todo caso, para la reapertura de la línea será necesaria la autorización expresa del Ministro de Transportes. Y aquí quiero hacer un inciso: la Junta de Castilla y León, en nombre de estas Cortes, está haciendo gestiones continuas -como voy a demostrar y como va a seguir haciendo- para reabrir la línea. Pero lo que no podemos o no debemos es que porque haya un elemento más activo la responsabilidad se traslade de hombros: esta línea la cerró RENFE, la cerró el Ministro de Transportes; la tiene que abrir RENFE y el Ministro de Transportes. Algo que no debemos olvidar porque en el fragor de la batalla puede parecer que es la Junta la que en un momento dado tiene que decir que se abra. La Junta no tiene que decirlo; es el Ministerio de Transportes.

El seis de Abril contesto a esa carta -que recibí muy tarde, quizá por la Semana Santa-, y le decía que teníamos una propuesta de servicios que ya conocía RENFE; que era consciente que la reapertura de la línea..., yo creía que incluso exigía acuerdo del Consejo de Ministros, parece que sólo del Ministro. Y le decía: "En cuanto a la primera propuesta de asumir el 100% del déficit de explotación, es precisamente en este punto en el que me gustaría que consideraras los proyectos o alternativas que queremos hacer, tanto sobre la magnitud del déficit como sobre la forma de financiarlo, etcétera". Porque el déficit de explotación, entre otras cosas, es un ente de razón, pero no es nada concreto; hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Hay una parte del déficit de RENFE que sufraga el Estado; eso no entraría en la línea. Cualquier kilómetro de RENFE o cualquier viajero-kilómetro produce déficit. Ese déficit, ¿también tenemos que pagarlo? ¿O tendremos que pagar el déficit que sobre la vía Madrid-Barcelona produce esta vía? Esto es lo que tenemos que hablar, eso es lo que se llama negociar en una mesa.

Sin embargo, él me contesta, el veinticinco de Abril, diciéndome que desea puntualizarme que antes de entrar en ningún tipo de negociación es indispensable se asuma por esta Junta de Castilla y León el 100% del déficit que pueda resultar. Y yo contesto, el nueve de Mayo, diciendo que, en línea con las directrices y criterios aplicados en los convenios con otras Comunidades, estamos dispuestos a negociar una vez conocidos vuestros estudios para evaluar el déficit de explotación de dicho servicio, así como sus características técnicas referidas a vehículos, lugares de parada, calendario, horario, etcétera. Y termino: "En espera ya de que señales fecha y sitio para empezar a hablar, te envía un abrazo..."

Es decir, que por nuestra parte hay una voluntad clara de abrir esa línea. Ciertamente, como decía el Procurador, lo que habrá es que negociar cuál es el volumen de lo que tenemos que pagar, cómo hay que pagarlo. No es lo mismo pagarlo haciendo obras en la región, aunque sean en la infraestructura de RENFE, que pagarlo con un cheque que se da, el dos de Enero, de estos exiguos Presupuestos a los Presupuestos Generales del Estado. Pero, de todas formas, yo, me preocupa la posición precisamente de la Administración Central, porque hay un Plan de Transporte Ferroviario, que se acaba de presentar, de dos billones de pesetas, de los cuales de inversiones casi un billón, de inversiones directas, y no hay ni un céntimo para nada de esto.

En el Congreso se han presentado por diversos Grupos, entre ellos CDS una, otra la Democracia Cristiana y varias el Grupo de Coalición Popular, en el que insisten una y otra vez en que ese Plan debe contemplar..., por ejemplo, en la Propuesta de Resolución 38, la vía Ruta de la Plata, se dice: "La remodelación del Plan debe procurar un trato homogéneo a las distintas áreas ....... fundamentalmente Castilla y León, Extremadura, etcétera." Se han hecho propuestas, precisamente, para que en ese Plan de Transporte Ferroviario de dos billones de pesetas se contemple a esta Ruta de la Plata que queremos abrir.

Por lo tanto, y resumiendo, puedo decirle al señor Procurador que la postura de la Junta no tiene contradicciones. La postura de la Junta es realista. La Junta quiere negociar para abrir la línea. Y lo que quiere es sentarse con RENFE para con números, con datos -de acuerdo también con los servicios que queramos poner, porque no es lo mismo el déficit que se produce con unos servicios que con otros-, de acuerdo con esa negociación técnica que no creo yo que sea sencilla, sino que exigirá un gran esfuerzo, abrir la línea Palazuelo-Astorga.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Don Pedro San Martín.

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS:

Señor Presidente, Señorías. Esta Interpelación precisamente tiene como objeto que la Junta deje de decir: quiero abrir, y haga. Usted ha dado ahora muchos datos, pero son todos desde Febrero; no me ha dado ninguno anterior. Creo que de Febrero ya han pasado ocho meses desde que la Junta se hizo cargo del Gobierno Regional.

Tengo aquí una carta del Presidente de RENFE, del nueve de Febrero, en que dice: "Esta Red Nacional está abierta a la negociación con la Junta de Castilla y León." Luego quiere decir que no ha habido negociación. Lo que me dice usted en la carta que le manda al Presidente de RENFE el veintidós de Febrero, le dice, le pide al Presidente de RENFE "se inicien en la mayor brevedad estas reuniones monográficas..." Yo creo que ya es hora, en estos meses, de iniciar una negociaciones; reuniones monográficas, no sé si entenderá negociar ya directamente con datos en la mano. El veinticuatro de Febrero el señor Consejero tuvo una reunión con colectivos castellano-leoneses y extremeños y anunció que durante el mes de Marzo se iban a perfilar las propuestas a realizar a RENFE -es decir que todavía se iban a perfilar propuestas a realizar a RENFE-, para antes de Semana Santa mantener un encuentro conjunto con esta empresa, para plantearle las reivindicaciones, etcétera.

Creo, señor Consejero, que ya ha pasado el tiempo y ya es hora de que nos dé más datos. No he oído aquí hablar de en qué cifras concretas se basa RENFE y la Autonomía, diferencias que existen, hasta dónde se puede llegar, posible conjunto..., convenio conjunto de inversión-explotación. Y hablando de inversión, no es cosa de la prensa. En una carta, en la carta que dirigió el Presidente de RENFE al Gobernador Civil de Zamora, le dice: "A partir de mil novecientos ochenta y ocho existe un compromiso conjunto de inversión y explotación, de manera que el ahorro que suponga para la Red la realización de inversiones con cargo a las subvenciones que se obtengan de las Comunidades Autónomas reduzcan paralelamente la insuficiencia del..." O sea, hay un compromiso conjunto de inversión, parece ser.

También nos gustaría saber características de la explotación del servicio que se consolide, o la Junta ya lo tenía que tener previsto. Calendario de reuniones previstas, contactos con otros organismos, Comunidad Extremeña, etcétera.

Por lo tanto, sigo oyendo que tiene una voluntad la Junta de reabrir, pero no vemos acciones de voluntad política real para llegar a una solución satisfactoria.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente. Señor Procurador, yo creo que usted, en esta intervención que tenía para la Interpelación, ha repartido su tiempo: esto lo voy a decir en la primera parte y esto lo voy a decir en la segunda. Pero no es así como debemos actuar en estas Cortes. Hay que escuchar lo que dice el interpelado y luego sobre eso rebatir. Porque, claro, usted me dice: es que no negocia. Pero, hombre, si le he leído cuatro cartas en la que le digo: "dime una hora para empezar a hablar", "vamos a empezar a negociar", y me contesta con largas continuas. Claro que no hemos negociado, no hemos podido negociar. No hemos entrado a negociar todavía porque es que no he conseguido que nos sentemos.

Entonces, usted me dice: pero no nos ha dicho qué propuestas va a hacer. En primer lugar, le diré que no me parece conveniente antes de una negociación abrir demasiado entre dos partes, que van a entrar en una discusión para fijar unas participaciones, el decir clarísimamente y en público que bazas llevamos; pero no tengo inconveniente en decirle que, por ejemplo, tenemos preparados los trenes que pensamos que se deben abrir: dos trenes de cercanías, un tren de largo recorrido, las paradas podrían reducirse a un 50% y tener varias discrecionales. Tenemos preparadas una panoplia de soluciones. Depende también de lo que nos quiera hacer pagar la RENFE en todo caso. Pero si hay algo claro es que nosotros sí queremos negociar, sí queremos negociar, y estas cartas le están demostrando a usted que eso es lo que queremos hacer.

Por otra parte, usted tiene que ser consciente de que al fin son las propias Cortes..., por eso yo celebro esta iniciativa parlamentaria que es una Interpelación, que espero que será seguida de Moción, porque no..., se dará usted cuenta de que al final no es la Junta, aunque la Junta esté llevando el protagonismo en esta discusión, la que abre la línea; son las Cortes de Castilla y León. Porque hay un coste que vamos a tener que afrontar y ese coste se va a reflejar en los Presupuestos, y son los Procuradores de estas Cortes los que tienen que aprobar los Presupuestos. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo más que negociar en nombre de las Cortes de Castilla y León, y por ello nos gustará mucho, a la Junta, estar apoyada por las Cortes. Pero quiero insistirle en que nosotros -y con eso resumo, porque yo creo que ése es el mensaje-, queremos negociar ya, mañana, sentarnos mañana a empezar a hablar, pero mientras la otra parte no se siente, nosotros no podemos hablar con esa parte.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Para la fijación de posiciones, el representante del Grupo Mixto, don Rafael de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías. Para fijar nuestra posición en relación con la Interpelación del Grupo Parlamentario del CDS, relativa a la política real tendente a la reapertura de la línea férrea Palazuelo-Astorga. Quiere decir este Procurador, en el frontispicio de su intervención, que la Democracia Cristiana quiere la reapertura de esta línea ferroviaria, denominada Ruta de la Plata, a través de Castilla y León y que favorecería a otras regiones en los términos que ya hemos expresado en el debate de Investidura, en la comparecencia del Consejero de Fomento en la correspondiente Comisión, en el debate del Proyecto de la Ley de Presupuestos de la Comunidad, y, como ha señalado también el Consejero en su precedente intervención, nuestros propios Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado.

Yo tendría que decirle, señor Consejero, que no anime mucho a los Grupos a seguir la dinámica de las legislaturas precedentes, porque las legislaturas precedentes..., es decir, interpelación, seguido de moción, proposiciones de ley, preguntas, más preguntas, más interpelaciones, más mociones, porque, la verdad, es que en todo ese tiempo lo que se ha conseguido es precisamente eso: una proposición de ley, una interpelación, una moción derivada de la misma, varias resoluciones, tres comparecencias, cinco preguntas, una resolución en el Pleno del debate de política general, y en la segunda Legislatura todo ese rosario de intervenciones que, como muy bien ha señalado el Consejero, se ha cruzado con el Ministerio de Transportes y con el Director de RENFE.

En cambio, a pesar de que todo esto es así, la verdad es que yo he podido sacar -porque el resultado de todo eso es esto-, he podido sacar la conclusión -y espero que vuelva a salir aquí esta tarde-, que todos los grupos políticos presentes en esta Cámara y en las Cortes Generales están de acuerdo en que, primero, no se cerrara la línea Palazuelo-Astorga y que en caso de............. hay que buscar los procedimientos para reabrir lo que se haya cerrado. Y esto es lo que a mí me sorprende, que después de todas estas cosas resulta que en lo fundamental estamos de acuerdo, pero la verdad es que no desbloqueamos esa situación. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? Pues, muy poco; aunque yo tengo que reconocer, a diferencia de lo que se ha hecho por el Procurador que ha intervenido anteriormente, que, por lo que se ha señalado por el Consejero, este Consejero ha hecho acciones cerca del Ministerio y del Presidente de RENFE tendentes a sentarse en una mesa de negociación.

Pues, efectivamente, ésa es, yo creo, la vía que hay que hacer. Primero, solventar las diferencias que hay en cuanto a los informes oficiales, porque resulta que hay informes oficiales de RENFE, del Ministerio, del Instituto, de la Junta de Castilla y León, que difieren de una manera sustancial y hay que casar esos informes distintos al objeto de que, a partir de ahí, empecemos a hablar el mismo lenguaje. Y hablar el mismo lenguaje supone, desde nuestro punto de vista, llegar a un plan de viabilidad de la línea Palazuelo-Astorga que permita llegar a la firma de un contrato-programa entre RENFE, Ministerio de Transportes, Gobierno de la Nación, y Comunidad Autónoma. Pero, naturalmente, ese contrato-programa que tiene que firmar la Comunidad tiene que ser con unas condiciones como ha dicho el Consejero y que en gran medida yo comparto su criterio. Primero, que hay necesidades de renovación de las instalaciones, es decir, de hacer unas inversiones que, efectivamente, deben ser hechas por RENFE, porque, indudablemente, con inversiones el déficit de la línea es muy distinto al déficit de la línea sin las inversiones que proceden. Y las inversiones que proceden, pues, es la renovación de la vía, es la renovación del parque móvil, incluso llegar a la puesta en funcionamiento de automotores de nuevo diseño, son las modificaciones en la línea, es hacer unos by-pass que permitan el enlace de nuevos tramos ferroviarios; es decir, hacer una serie de cosas que, indudablemente, van a modificar los resultados deficitarios, en principio, de esta línea.

Con todo esto, nosotros nos atrevemos a opinar que es seguro que la cobertura de los gastos de esta línea, Palazuelo-Astorga, sea superior a las de las líneas de la red complementaria de RENFE, y que, en consecuencia, si es así -y de acuerdo con el principio mantenido por el Consejero-, la Comunidad Autónoma no debería de pagar nada. Pero, únicamente, atendiendo a que la situación actual hace que haya un incremento de distancias, que ya estamos pagando los castellano-leoneses y otros ciudadanos más, es decir, que ya estamos pagando un costo; ha habido una pérdida de empleo, que también ya está suponiendo un coste para nosotros; hay una gran importancia de esta línea en el transporte de nuestra región, que también está planteándonos un coste, la verdad es que podíamos hacer un intercambio de ese coste, que ya se nos está produciendo por el hecho de haberse cerrado esa línea, de manera, de manera, que compensáramos de alguna forma incluso aun en el caso de que la línea Astorga-Palazuelo estuviera al nivel de la media de la red complementaria de RENFE. Es decir, que yo ahí sí creo que debemos hacer un esfuerzo superior a esa medida, en la forma que si no, de otra manera, la verdad es que ya nos está costando cantidades muy importantes por los conceptos que antes he señalado de incremento de distancias, de pérdida de empleo y de las pérdidas de las condiciones de transporte en una línea de mucha trascedencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Pero, naturalmente, eso no quiere decir que suponga un doble tributo de los castellano-leoneses; es decir, no llevarnos hasta el extremo de decir: pague usted por vía de impuestos el déficit que acarrean el conjunto de las líneas ferroviarias de este país, por una parte, y a la vez sea usted ciudadano de segunda y vuelva a pagar otra vez los déficits de la línea Palazuelo-Astorga en condiciones de nula inversión y en condiciones de nula revisión, y en condiciones de no optimización de los activos de esa línea en este momento. En esas condiciones, nosotros naturalmente decimos que no como dice el señor Consejero. Pero en el otro sentido, la verdad es que instamos al Consejero a que, en su probada condición de gobierno negociador, haga los máximos esfuerzos para conseguir sentar en una silla al Ministerio de Transportes y al Presidente de RENFE y seguir estas indicaciones que nosotros modestamente le hemos indicado.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Para la fijación de posiciones, en nombre del Grupo Socialista, Juan Antonio de Lorenzo.

EL SEÑOR LORENZO MARTIN:

Gracias, señor Presidente. Yo creo que vamos a ser muy breves, porque yo creo que hoy se produce una cierta marcha atrás en el túnel del tiempo y vuelven a surgir debates, pues, de hace nada menos... nada más y nada menos que cuatro años, en temas que yo creo que están suficientemente debatidos. Bien es cierto -y ahí yo creo que tenemos que reconocerlo- que a lo mejor tanto el señor Consejero como yo, pues, estemos ya... lo tengamos más claro y se estén oyendo aquí cosas por parte... legítimamente, por parte de los Portavoces del Grupo Centrista y del Grupo Mixto, pues, que podíamos dar por sabidas de la lectura o estudio que en su momento se hizo del contrato-programa y de lo que afectó a nuestra Comunidad Autónoma.

Yo quisiera empezar, en primer lugar, felicitando al Portavoz del CDS, don Pedro San Martín, pues, porque ha utilizado -y muy bien, por cierto- ha utilizado una documentación que en su día fue elaborada por la Consejería, en la época en que yo era Consejero, con lo cual yo creo que es un acierto de que los datos técnicos pueden estar bien, y además yo creo que el propio Consejero estará de acuerdo al respecto. Bien es cierto que tanto en el texto de la Moción, o de la Interpelación, como... incluso en sus palabras, observo un tinte decimonónico en lo que usted puede entender que es el transporte ferroviario. Yo creo que ahí podemos diferir notablemente. Incluso hace alguna postilla sobre que la Administración socialista ha hecho... que lo único que ha hecho ha sido cerrar líneas o una cosa así, cosa que, evidentemente, no comparto; porque, aparte de eso, ha hecho otras muchas cosas y a lo mejor tendría que decirle que su actual Presidente de partido, cuando ustedes gobernaban, formalmente, cuando gobernaba su actual Presidente del partido, pues, si yo le sacara a usted aquí datos de aquella gestión, pues, a lo mejor se ponía usted rojo..., me refiero rojo en la cara. Como yo creo que va a haber ocasión en otros días de sacar datos al respecto, pues, podremos........

Pero yo creo que lo que no es acertado, en mi opinión, en mi modesta opinión, no es acertado exactamente el debate de lo que hoy teníamos que hablar aquí. Y lo que hoy teníamos que hablar aquí no es si la bondad o maldad del contrato-programa, los agravios o no agravios, los resultados o no resultados que tiene el contrato-programa -que yo creo que son importantes, por lo menos están cubiertos en un porcentaje muy alto, a nivel de conjunto de Estado-, sino en el problema político de fondo, para no salir aquí, como decía mi compañero Granado, con la lira a salvar al Gobierno. Yo creo que el problema que hay aquí no es ni más ni menos que el señor Aznar, el señor Presidente de la Junta, cuando era candidato a la Presidencia de la Junta, dice -y ahí están las hemerotecas-, promete, a bombo y platillo, de que si él gana -como luego ocurrió- abriría, pues, entre otras que yo recuerde, "La Ruta de la Plata", legítima propuesta, legítima promesa electoral, que yo creo que luego no se ha visto correspondido con..., en absoluto, con la realidad. Pues yo creo que ocurrió dos cosas: por un lado, en que a lo mejor el señor Aznar desconocía en aquel momento a lo que le llevaba, a lo que le implicaba esa promesa electoral, con lo cual es un error, un patinazo, una cierta insensatez en un candidato a la Presidencia de la Junta; o bien tenía una voluntad de prometer y no cumplir, con lo cual eso ya puede ser mucho más grave. Y yo más bien me inclino, más bien me inclino, señor Consejero, un poco a lo segundo. Yo creo que las cifras, independientemente de como se puedan negociar, las cifras están ahí, poca diferencia puede haber; las cláusulas nueve y diecisiete del contrato-programa son muy claras, muy claras; por tanto, es cuestión de hacer una más hábil negociación, que determinados componentes de los costes de explotación, pues, se puedan reducir o no someter a consideración, o que incluso la parte de dinero que tenga que ir para subvencionar, por vía Capítulo IV, subvencionar déficits, pues, sea para inversiones, igual que han hecho otras Comunidades. Pero lo que está claro es que las cláusulas de contrato-programa son muy claras y cuando se hace esa promesa electoral se sabe exactamente, millón arriba, millón abajo, se sabe exactamente cuanto cuesta esa promesa electoral.

Y yo, fíjese, señor Consejero, pienso que es un error que la Comunidad Autónoma tenga que pagar dinero por abrir... por poner unos servicios de poca calidad como van a ser -y yo creo que usted y yo lo hemos comentado muchas veces-, entre otras cosas porque la parte fundamental que tenía vía férrea está cubierta, en el sentido de que se logró mantener los servicios de mercancías, con lo cual las posibilidades que el ferrocarril pueda tener para el crecimiento económico de la zona quedan garantizadas, en contra de lo que opina el señor San Martín; pero los dos servicios..., este servicio que se puede montar, eso vale mucho dinero como muy bien sabe el señor Consejero. Por lo tanto, por lo tanto, yo creo que no hay ninguna voluntad. Y me remito a la lectura de la Ley de Presupuestos de este año mil novecientos ochenta y ocho, y no hay, que yo recuerde ahora mismo, ni una sola peseta para subvencionar vía Capítulo IV el déficit de estos servicios. Yo creo que, ante esa promesa electoral que no se puede cumplir, yo creo que optan por una táctica, que, en nuestra opinión, no es otra, no es otra señor San Martín, que marear la perdiz. Marear, la perdiz porque se encuentra ante una situación muy compleja: que para montar dos o tres servicios ferroviarios de regular calidad tirando a mala, se van a necesitar hacer unos esfuerzos económicos importantes. Y yo creo que el señor Consejero, ya, que se está poniendo un poco la venda antes de recibir la pedrada, lo que dice: oiga, que esto no es un problema de la Junta, que es un problema de las Cortes; por tanto si se llega a un convenio lo que hay que hacer es que las Cortes habiliten. Mire usted, ustedes han presentado la Ley de Presupuestos, ése era un compromiso electoral; si tienen voluntad, o lo hubiesen presentado en la Ley de Presupuestos, o, si no, lo hubiesen presentado luego, independientemente de que las Cortes luego le vayan a solventar la papeleta. Pero yo creo que usted me entiende por donde voy y que, en definitiva, se encuentra ante una tesitura enormemente compleja.

Yo creo, de todas formas, para concluir, señor Presidente, que nos encontramos ante una situación muy compleja; yo creo que no sería mala cosa -y esto lo hago como sugerencia tanto al señor Consejero como a los Portavoces de los distintos Grupos- que se nos pudieran actualizar, a través de una Comisión informativa, los datos de lo que puede haber resultado de los convenios de otras Comunidades Autónomas con RENFE, cómo se han podido ir ejecutando, en qué cifras se mueven, para poder evaluar el tema este; yo creo que sería buena cosa que estuviéramos informados y con datos actualizados al respecto. Pero mucho me temo, mucho me temo que nos vamos a encontrar al final del proceso con un situación enormemente compleja.

Yo creo que ésta es -y con ello concluyo, señor Presidente-, ésta es una de las muchas cosas que por parte de ustedes, los miembros de AP, se prometieron en la campaña electoral y que no se puede incumplir. En cualquier caso, sí que le digo, señor Posada, sí que le digo que nuestro Grupo va a colaborar para que, por primera vez, cuando se va a cumplir el primer aniversario de Gobierno de AP en la Comunidad Autónoma, puedan cumplir una promesa electoral, por aquello de que una promesa electoral cumplida al año no hace daño. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El representante del Grupo de Alianza Popular.

EL SEÑOR MARCOS OTERUELO:

Señor Presidente. Señores Procuradores. Después de señalar que el estado actual de la cuestión, que puede resultar nuevo y es muy lógico que resulte para ciertos Procuradores de la Cámara, mientras que para otros como el señor de Lorenzo y para un servidor pues resulta el tema casi prehistórico, y que con las intervenciones suyas y mías, probablemente, recogiéndolas de la hemeroteca, se podría editar un grueso volumen, todas ellas esparcidas a lo largo de los cuatro años pasados; pues bien, después de señalar que el estado actual de la cuestión ha quedado perfectamente definido por el señor Consejero, el señor Posada, quiero decir que aquí observo como tres injusticias.

Primera injusticia, la cometida por el Gobierno Socialista o Administración Central, o su "longa manus" de la RENFE, el uno de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, suprimiendo los servicios de viajeros en tres líneas digamos que importantes para el desarrollo económico y social de toda nuestra Comunidad.

Segunda injusticia, el intento pertinaz de que sea la Junta de Castilla y León, que sea la Comunidad en definitiva, que seamos los castellanos y los leoneses quienes financiemos íntegramente el restablecimiento de alguno de estos servicios.

Y me atrevería, con perdón del señor interpelante, a decir, a señalar una tercera injusticia, y es que me parece un poco injusto que la Junta amparada, sostenida por el Grupo Popular, tenga que recibir una interpelación sobre un tema por el que ha luchado denodadamente durante cuatro años seguidos. Le puedo decir, sucintamente, que el Grupo Popular ha trabajado con intensidad y con tenacidad durante los cuatro años pasados, precisamente, primero, para evitar que se consumaran los hechos, y, segundo, para conseguir que se restablecieran los servicios una vez ya consumados.

El veintiséis del diez del ochenta y cuatro presentábamos nada menos que una Proposición de Ley sobre el mantenimiento de los servicios de ferrocarriles en las tres líneas fundamentales: Santander-Mediterráneo, Valladolid-Ariza y Astorga-Palazuelo.

Seguidamente, una serie de preguntas. El seis del cuatro del ochenta y cinco, pregunta oral en Pleno de este Procurador relativa a la supresión de Guarderías en seis pasos a nivel de la vía, precisamente, que hoy debatimos; el nueve del cuatro del ochenta y cinco, pregunta oral en Pleno relativa a acciones emprendidas para evitar la supresión de dichas guarderías; el nueve del cuatro del ochenta y cinco, pregunta oral en Pleno relativa al desmantelamiento de instalaciones y ferrocarriles suprimidos, y así sucesivamente toda una serie de preguntas.

Pero el veintiuno de Noviembre de mil novecientos sesenta y cinco presentamos una propuesta de resolución para la reapertura del servicio de viajeros justamente en la línea Astorga-Palazuelo. Pues bien, en la moción relativa en esta propuesta decíamos textualmente: "Propuesta de resolución: instar a la Junta de Castilla y León para que inicie las oportunas conversaciones y negociaciones con el Gobierno Central, encaminadas a conseguir la reapertura de los servicios de viajeros en los tramos de los ferrocarriles Astorga-Palazuelo, Valladolid-Ariza, Caminreal-Ciudad Dosante -o sea, Santander-Mediterráno-, que fueron suprimidos como consecuencia de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en su reunión del treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Es decir, no solamente pretendimos, en principio, impedir que se consumaran estos hechos perjudiciales para nuestra Región, sino que ya una vez consumados hemos utilizado los recursos que estaban en nuestra mano para que se pudiera restablecer ese servicio.

Es por lo que a mí me parece que no está mal que hoy recordemos todas estas cosas, pero es un poquito injusto que sea justamente una Junta sostenida por el Grupo Popular la que sea objeto de una interpelación, y máxime cuando todo el mundo sabemos, cuando todos sabemos aquí, perfectamente, que no está en sus manos. Es decir, la Junta de Castilla y León, ni la Socialista de antes, ni la de Alianza Popular de ahora, ha cerrado estos servicios de ferrocarriles. Por lo tanto, quien los cerró es quien debe de abrirlos; en eso estoy totalmente con el señor Consejero. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, don Alfredo Marcos. El interpelante puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS:

Señor Presidente, Señorías. En primer lugar, agradecer al señor de las Heras, a la Democracia Cristiana, su apoyo y solidaridad con esta amplia zona de la Comunidad. Al PSOE, yo creo que ya están batiendo el récord de la ambigüedad; ahora ya no les basta con abstenerse, sino que yo al señor Lorenzo todavía no le he oído... no sé lo que ha dicho, porque no ha dicho si le pareció bien cerrarla, si le parece bien abrirla... Dice que es marear la perdiz. ¡Claro!, a él no le interesa, porque, hay que decirlo claramente, el PSOE es el que la cerró, y AP de momento no la ha abierto, y hay que decirlo. Por lo menos, cuando en el año ochenta y cinco se cerró, el señor Lorenzo, Consejero de Transportes, se quejó de que el Ministro de Transportes no hubiera cumplido su promesa de esperar un año más.

Habla también de decimonónicos. Pues sí, estoy preocupado del siglo XIX, que es donde por lo menos las provincias, en concreto la de Zamora y esa zona deprimida de León y Salamanca, están cayendo, entonces lo que quiero buscar es el futuro, el siglo XX, y parece ser que por todos es aceptado que el ferrocarril, a pesar de lo que dice el señor Laborda, que el señor Laborda ha dicho "el ferrocarril no sirve de motor de desarrollo", creo que es aceptado y demostrado que el ferrocarril es riqueza y progreso.

Le iba a decir... Bueno, se lo voy decir: que piensen un poco más en la Región, más que en el Gobierno Central, porque, según dijo mi ilustre paisano Agustín García Calvo, el Gobierno, para el cierre de las líneas, sigue una combinación de tiranía tecnocrática y memez corriente.

El señor Marcos Oteruelo dice que es un poco injusto plantear a la Junta el tema. Se extraña un poco de que lo planteemos, pero después me sale con una serie de planteamientos que él hizo a la anterior Junta; parece ser que a la anterior Junta sí se le podía plantear, pero a la actual no.

Antes ha dicho también el señor Lorenzo que parece ser que no hay capítulos para subvenciones de déficits. Vamos a ver, yo tengo aquí -y no es antiguo, sino reciente, del Senado- del tres de Mayo de este año, o sea, de este mes, concesión de un crédito extraordinario por un importe de 2.396.000.000 para atender pago de mayores déficits de explotación de los ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña; 674.000.000 para cubrir déficits de explotación de ferrocarriles de vía estrecha; y no quiero hablar ya si entro en el tema de lo que estamos pagando los castellano-leoneses: los déficits, como todos los demás, de Iberia, de las autopistas y del metro. Entonces, en eso creo que estamos -lo ha dicho el señor de las Heras, el señor Consejero también-, estamos de acuerdo en que Castilla y León no tiene por qué pagar ese déficit que ya, repito, también estaba inflado, pero sí llegar a una negociación, y creo que se puede llegar a un convenio con RENFE de una cifra asequible a nuestra Comunidad.

Parece mentira que RENFE, que el año ochenta y seis tenía un déficit de 201.000.000.000, en el ochenta y siete de 190.000.000.000, seguimos pagándole 140.000.000.000 en concepto de transferencias y 50.960.000.000 en transferencias de capital, y se lo pagamos también los castellano-leoneses, y los de León, Zamora, Salamanca incluidos.

Por lo tanto, aparte de las cifras -creo que ya es hora de dejarlas-, hay que incidir también en el tema social. Aparte de decir que la carretera con esto está sobrecargada, un exceso de riesgo, el tema social que hay doscientos pueblos que se han quedado sin tren; se ha creado un agravio comparativo con otras regiones; ahora en Benavente se acuerda crear una zona franca, pero sin comunicación ferroviaria. Y aprovecho ya esta Tribuna para decir que parece ser -no lo aseguro-, por lo menos en la zona de Zamora hay una gran preocupación actualmente, porque se habla de la supresión del ferrobús Medina-Puebla de Sanabria. Esperemos que no lleguemos dentro de cuatro años a intentar reabrirlo.

Por lo tanto, repito a la Junta: ¿qué hacemos?. Estamos de acuerdo, el CDS lo apoyará, en una negociación en base de que el déficit sea la diferencia de déficit y medio del resto de España, y que esa cifra la RENFE la invierta en la línea.

Para concluir, el CDS, que ya en el año mil novecientos ochenta y cuatro encabezó las coordinadoras, encabezó las manifestaciones en protesta, llevaba este tema en su programa electoral; el CDS y los dos centenares de pueblo castellano-leoneses creo que exigiremos a las autoridades competentes, si no se abre o se intenta abrir la línea... Quede claro que el PSOE la cerró. AP -y lo repito también, como antes lo han dicho aquí-, el señor Aznar en la campaña electoral en Benavente dijo "la próxima vez volveré en tren". Ha cumplido la primera parte de la promesa, pero la segunda no la ha cumplido. El CDS le felicitará si logra cumplir completa la promesa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor representante de la Junta, el Consejero señor Posada.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente. De la exposición que ha hecho el Portavoz de Alianza Popular, don Alfredo Marcos, puede deducirse claramente cuál ha sido la trayectoria, no de ahora, sino desde el año ochenta y cuatro, de nuestro Grupo.

Por eso, la promesa que hizo el Presidente Aznar era una promesa fundada. No había error de conocimiento sobre lo que suponía, porque el que elaboró el Programa conocía perfectamente cuáles eran las cláusulas nueve y diecisiete del contrato-programa. Y, desde luego, había voluntad de cumplir esa promesa. No oculto, también, que había una esperanza de que RENFE, y especialmente el Ministerio de Transportes, comprendieran en algún momento -y yo no la pierdo- que es una postura absolutamente antisocial el hacer recaer los déficits de esa línea sobre Castilla y León; que eso es algo, verdaderamente, que hace chirriar, que choca a cualquier persona; y yo no descarto que, en algún momento, eso se vuelva a repensar. Pero éramos conscientes de que eso podría no ocurrir y, por lo tanto, teníamos previsto que habría que negociar, y negociar con RENFE, para que RENFE vuelva a abrir.

Naturalmente, en esa negociación, como decía el señor de las Heras, habrá que dar algo que consideramos que no debíamos dar; pero tendremos que darlo, porque, si no, no se abrirá la Ruta de la Plata. Pero el que lo demos nunca quitará el que pensemos que estamos siendo agraviados por eso que tenemos que pagar cada año.

Y considero..., y en eso disiento de alguno de los Portavoces, que la presencia, que la manifestación de estas Cortes no sea importante; lo considero esencial. Con eso la Junta no hace en absoluto dejación de sus obligaciones. La obligación de la Junta es ejecutar y gestionar: prometimos y estamos ejecutando; nosotros negociaremos. Pero los representantes de Castilla y León, que es donde queremos abrir esa red ferroviaria, son Sus Señorías, que aquí se sientan. Y, por lo tanto, en primer lugar, en esa negociación con RENFE y con el Ministerio, no es la misma la posición de la Junta si negocia como Junta que si negocia con un apoyo total de los Grupos Parlamentarios; y, en segundo lugar e indudablemente, no es que la Junta esté intentando quitarse la carga del coste echándoselo a las Cortes, que tienen que decidir. No. Las Cortes deciden sobre un Presupuesto que presenta la Junta; pero es obvio que esa injusticia, a la que yo hacía referencia, a que el Gobierno Central se obstina en someter a Castilla y León al final repercutirá en que un dinero que podía ir a carreteras, o que podía ir a cultura, o que podía ir a agricultura, va a ir a reparar una red ferroviaria que no es nuestra, y eso lo tiene que aprobar esta Cámara, que es la que decide el Presupuesto del año de la Comunidad. Y si este año ochenta y ocho no había presupuesto es porque pensábamos que estas negociaciones podrían durar lo suficiente como para que no fuera necesario hacer la aportación. Porque tampoco pienso que, una vez que se llegue a un acuerdo, haya que pagar al día siguiente, de tal forma que esto sea como coger el billete; el acuerdo puede ser perfectamente afrontable en el año ochenta y nueve.

Es decir, que no me preocupa a mí cuándo la Junta, cuándo las Cortes, cuándo Castilla y León tiene que afrontar el costo; lo malo es que lo va a tener que afrontar.

Por eso, yo espero que esta promesa que hizo el Presidente Aznar sea una más de las muchas que estamos cumpliendo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero.

El señor Secretario procederá a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ):

Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a derogación del Decreto 2/1.988, de catorce de Enero, por el que se atribuyen competencias de gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 39, de cuatro de Mayo de 1.988".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Para la presentación de la Proposición No de Ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor Paniagua, tiene la palabra.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La Proposición No de Ley que nos ocupa ha sido presentada por el Grupo Socialista por estimar que la Junta de Castilla y León ha incurrido en incompetencia al aprobar el Decreto 2/88, de catorce de Enero, por el que se atribuyen competencias de gestión, liquidación y recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los Liquidadores de Distrito Hipotecario.

Vamos en primer lugar, en esta primera intervención, a realizar el análisis de los fundamentos jurídicos en los que basamos nuestra Proposición, para, si ha lugar, en una posterior intervención podernos centrar en el tema desde una perspectiva más política.

La norma que analizamos se presenta en el Decreto referido como una exigencia de la nueva Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyo artículo 34, sobre el que se basa, establece que, primero: "La titularidad de la competencia para la gestión y liquidación del impuesto corresponderá a las Delegaciones y Administraciones de Hacienda o, en su caso, a las oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo", como es el caso que nos ocupa.

A mi juicio, este Decreto 2/88 adolece, pues, en síntesis, de dos vicios, que generan una ilegalidad en la norma. En primer lugar, es de muy dudosa legalidad, porque con la reciente Ley del Impuesto de Sucesiones no se reconoce la existencia de las llamadas Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. Y, en segundo lugar, en cualquier caso, la delegación de funciones propias de los órganos autonómicos en favor de los funcionarios estatales, como son los Registradores de la Propiedad, viola el principio de autonomía organizativa propia de cada Administración, debiendo realizarse formalmente la referida delegación en el marco de una convenio -cosa que no se ha realizado- de cooperación, nunca a través de un mandato imperativo o de un Decreto sobre otra Administración; convenio de cooperación que específicamente prevé la Ley de Cesión de Tributos.

Las anteriores dos afirmaciones se sostienen en base a las consideraciones y los fundamentos jurídicos siguientes.

En primer lugar: creo que con la entrada en vigor de la Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre pasado, desaparece la posibilidad de realizar funciones de liquidación de tributos en el Impuesto de Sucesiones para los registradores de la Propiedad, ya que el tenor literal del artículo antes citado, 34.1, decía que, en el ámbito estatal, serán los órganos competentes las Delegaciones o Administraciones de Hacienda, y no, como he señalado, los Registradores de la Propiedad; y, en el autonómico, las oficinas que expresamente se alude, y que no pueden ser confundidas con las llamadas Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario propias del Estado.

Esta interpretación se apoya también en el contexto de la Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre, y concretamente en la Exposición de Motivos, punto 7, cuando dice... cuando dice, repito: "Como novedad, y con independencia de limitar las competencias en materia de liquidación a las Oficinas de la Hacienda estatal o de las Comunidades Autónomas, se prevé la posibilidad de implantar el régimen de autoliquidación".

En este párrafo anterior, e incluso en la propia figura de la autoliquidación, hay una clara referencia al cambio de sistema de gestión, y el mismo cambio preside la ordenación también de la Disposición Transitoria Primera.

La interpretación, pues, que se sostiene encuentra también, además, apoyo, si se compara con la normativa equivalente al artículo 34 citado, en la legislación vigente hasta el treinta y uno de Diciembre del sesenta y siete. Precisamente, es el artículo 112 del texto refundido de la Ley y Tarifa de los impuestos generales sobre las sucesiones y sobre los transmisores patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Decreto 1.018/67, del seis de Abril. No cito el artículo, que supongo Sus Señorías pueden conocer.

Pero, de todas formas, a la misma conclusión podemos llegar si se parte del análisis de la Ley de Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma, y éste es el núcleo de la cuestión y el núcleo normativo del que partimos al establecer nuestra propuesta.

Así, el Impuesto de Sucesiones, dentro de la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas y la concreta de nuestra Comunidad, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como el anterior Impuesto General sobre Sucesiones, es un tributo cedido por el Estado, que lo delega, lo cede, a las Comunidades Autónomas (ver artículo 1 de la Ley 30/83).

Como la propia Ley advierte, la gestión, liquidación y recaudación de los tributos cedidos -cito textualmente- ha de seguir un modelo único en cuanto al contenido de su función, delegada o colaboradora, a fin de conseguir objetivos de transparencia y comodidad y una homogénea presión fiscal. Por ello, la normativa aplicable a los tributos cedidos -artículo 3 de la Ley- será siempre estatal, será siempre estatal, y el ámbito de actuación normativa de las Comunidades Autónomas está concedido, en términos restrictivos, por el número 2 de este mismo articulado.

En conclusión, podemos afirmar que de los textos analizados y de su filosofía deriva una concepción de la gestión tributaria en la que la titularidad -y ésta es la clave- de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cuyo rendimiento se ceda a las Comunidades Autónomas corresponde al Estado, mientras que la Comunidad Autónoma -cito el artículo 12 de dicha Ley 30- se hará cargo, por delegación del Estado, de las mismas competencias en los tributos cedidos.

Los artículos siguientes precisan el alcance de esta delegación de competencias, resultando importante, a nuestros efectos, el artículo 15, donde se establece que las Comunidades Autónomas -cito textualmente- podrán organizar libremente sus servicios para la recaudación, en sus dos periodos, de los tributos cedidos -pero por sus propios órganos competentes, de la propia Comunidad-, que se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado, de todas formas, asumiendo los órganos -repito- correspondientes de las Comunidades Autónomas las potestades atribuidas en la citada normativa a los Ministerios de Economía y Hacienda.

Y luego, otro artículo fundamental es el número 3, cuyo primer párrafo transcribo: "La recaudación de las deudas tributarias correspondientes a los tributos cedidos" -repito: la recaudación- "podrá realizarse directamente por las Comunidades Autónomas, o bien mediante concierto con cualquier otra Administración Pública"; en este caso, ni directamente ni mediante concierto, sino por mandato imperativo de una Administración diferente a la autonómica, que no puede delegar lo que tiene en sí mismo delegado.

Y en segundo lugar, ya muy rápidamente, expuestos estos criterios, de que, al haber desaparecido en el texto de la Ley las llamadas Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario, resulta -a mi juicio también- dudosamente legal lo que añadí en un principio, en la primera afirmación: su subsistencia.........

Quedaría por examinar si es posible que las Comunidades Autónomas, que tienen por Ley cedida la gestión del Impuesto, pueden efectuar una delegación de competencias en favor de órganos administrativos o funcionarios de la Administración del Estado; cuestión a la que, sin dificultad, podemos responder, taxativamente, de forma negativa, porque desconoce el principio fundamental de la autonomía organizativa de cada Administración. Otra conclusión procedería si ambas Administraciones hubieran convenido o pactado en la prestación de ciertos servicios propios por funcionarios de la Administración del Estado, como la Ley permite. Pero, en cualquier caso, a la vista de la unilateralidad que supone la aprobación de la Disposición autonómica, Decreto 2/88, es fácil convenir en que ha habido una extralimitación autonómica en el desempeño de su autonomía organizativa.

Por otra parte, en uso de esta autonomía organizativa, reconocida en todos los Estatutos, concebida como potestad institucional y no sólo como estricta competencia jurídica, tienen las Comunidades amplia libertad para configurar sus Instituciones propias, y así lo entiende el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en las Sentencias 12/82, de cuatro de Mayo, y 35/82, de catorce de Junio. Pero, en el Decreto citado, al atribuir funciones a funcionarios del Estado por parte de la Comunidad y, concretamente, a los efectos del sistema registral, a los afectados al sistema registral, se ha invadido la competencia de éste, la competencia del Estado. En efecto, la Constitución reserva al Estado, en exclusiva, la ordenación de los Registros -artículo 149 de la Constitución, punto 1.8-; ordenación en la que debe incluirse el Estatuto jurídico personal de los mismos, que siempre ha sido parte integrante de las materias reguladas por todas las Leyes hipotecarias. Carece, pues, de toda justificación la dependencia funcional que se establece en este citado Decreto entre los Registradores y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

En conclusión, Señorías, se ha producido, al menos, y desde un punto de vista jurídico, violación de la autonomía organizativa de la Función Pública Registral, atribuida al Estado, conforme al artículo 149, punto 1, punto 8 de la Constitución, al atribuir funciones recaudatorias propias de las Comunidades Autónomas -delegadas a ellas- al personal de los Registros de la Propiedad, excediéndose de la capacidad organizatoria de los servicios administrativos autonómicos de gestión tributaria, y ello sin perjuicio de que ambas Administraciones, la estatal y la autonómica, hubieran podido concertar -porque así se prevé en el marco del artículo 15 punto 3 de la Ley de Cesión de Tributos- la prestación de dichos servicios.

Por todo lo cual, Señorías, y a expensas de que podamos profundizar, si es necesario, en alguno de los extremos (o bien jurídicos, o desde un punto de vista político), solicitamos de todos ustedes, Señorías, el apoyo a nuestra Proposición No de Ley, a fin de que la Junta de Castilla y León derogue el Decreto 2/1988, de catorce de Enero. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Paniagua. No habiéndose presentado ninguna Enmienda, para la fijación de posiciones de los distintos Grupos, comenzamos con el orden establecido, el reglamentario, comenzando por el Grupo Mixto. Don Rafael de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Sí, señor Presidente. Para fijar la posición de la Democracia Cristiana, en relación con la Proposición No de Ley 47, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a derogación del Real Decreto 2/1988, de catorce de Enero, por el que se le atribuyen competencias de gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en contra de la misma; y ello, por razones de contenido jurídico, que no vamos a analizar en la profundidad que ha hecho el Procurador proponente, y, sobre todo y fundamentalmente, por razones de contenido político.

Al regular la Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ha limitado expresamente -según interpretación del Diputado que ha presentado la Proposición No de Ley- la competencia, en materia de liquidación, a las oficinas de la Hacienda estatal o a las de las Comunidades Autónomas, de tal forma que aquéllas corresponderán en lo sucesivo a las Delegaciones y a las Administraciones de Hacienda, o, en su caso, a las oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del Tributo desde el mismo momento de entrada en vigor de la Ley.

Entonces, aquí ya hay unos planteamientos jurídicos y unos planteamientos políticos. La Ley se aprueba en el mes de Diciembre, y yo me pregunto qué hace el administrado a partir del día uno de Enero. Un administrado al que se le aplica la nueva Ley de Sucesiones y Donaciones; un administrado que necesita de una Administración con funcionarios, con funcionarios muy cualificados, con oficinas habilitadas al efecto, con un costo que tiene que estar previsto en los presupuestos, y, además, con la aplicación de esa Ley mediante un Reglamento del año mil novecientos cincuenta y nueve, viejo, inoperante y lento; y que, frente a poder liquidar ese Impuesto, esos tributos, y registrar en cincuenta y seis oficinas en nuestra Región -que son las oficinas de los Registradores-, lo limitaríamos, con esa interpretación estricta, a las oficinas territoriales de la Junta, que son, exactamente, nueve. Realmente, yo creo que, si lo que estamos mirando, en el fondo, es que repercute..., en qué repercute todo esto para el ciudadano, la verdad es que yo creo que he dado argumentos políticos de peso para intentar, al menos, hacer una interpretación más amplia de la Ley en su apartado 29, como así voy a intentar exponer.

Entiende, por el contrario, este Procurador que la atribución de competencias a favor de los entes territoriales, en materia..., es en materia estrictamente organizativa, y, por tanto, forma parte de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En cambio, en los aspectos sustantivos del Impuesto, como son los procedimentales, siguen siendo competencia del Estado; y lo que ha regulado, mediante esa Orden, la Junta de Castilla y León son las materias de la gestión que están transferidas a la Junta, y no las materias sustantivas, que, efectivamente, nosotros confirmamos, con lo que dice Su Señoría, que siguen siendo competencia del Estado.

Por otra parte, hay un argumento político que antes me he olvidado de dar, y es también el del entroncamiento entre los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones. Hay que acercar la Administración al ciudadano. Y pongamos el caso de mi provincia, y de mi pueblo. Habría, por ese procedimiento, que ir a Segovia para hacer una gestión y, por otro procedimiento, hacer en Cuéllar la gestión correspondiente al Registro, cuando, de esta forma, se pueden hacer en las Oficinas de Cuéllar la liquidación y la inscripción. Pero es que la propia Ley 29/1987, en su artículo 34.1, desde la interpretación que nosotros le damos, y que dice la titularidad, etcétera, no lo voy a repetir: análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del Tributo..., entendemos que en ese artículo no existe, ni en la Ley, no existe en esa norma un impedimento específico para que, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, puedan ejercer la competencia para la gestión y liquidación del Impuesto la Oficina del Registro de la Propiedad, porque se trata de una competencia cedida de la gestión. Y sin que las Comunidades Autónomas tengan que crear otras oficinas análogas a las Delegaciones o Administraciones de Hacienda, sino que pueden hacerse -desde nuestro punto de vista- en las Oficinas del Registro de la Propiedad, en determinados distritos hipotecarios.

El segundo argumento que me parece que ha dado el señor Procurador es que los Registradores de la Propiedad -creo haber entendido- están integrados en un Cuerpo dependiente del Estado, y por lo tanto sólo podrán ejercer las funciones que el mismo les encomiende, y que sólo al Estado compete ponderar en qué medida la prestación del servicio público registral puede resultar compatible con el ejercicio de otras funciones de carácter tributario. Pues bien, nosotros entendemos que la actuación de la Comunidad Autónoma con su Decreto..., ni se interfiere la Comunidad en cuestiones de autoorganización del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, ni en la prestación del servicio público registral, que eso no lo toca para nada. Aunque se trate de un argumento de carácter histórico -puesto que ya no tiene vigencia en estos momentos, después de la aprobación de la Ley a que antes hemos hecho referencia-, hay que tener en cuenta que los Registros de la Propiedad han mantenido estas funciones tributarias y que en nada se ha interferido la prestación del servicio público registral hasta el momento presente, aunque, como decía, ésta no es la situación actual; pero ha sido una situación, y ahí hay un precedente que podemos manejar para la interpretación flexible de la norma, en beneficio de los ciudadanos.

Por otra parte, ha habido -que yo sepa- unas negociaciones de la Junta, a través de una reunión que se celebró en el mes de Diciembre, con las Direcciones Generales de Tributos y de Coordinación de las Haciendas Territoriales, y que, de un Proyecto de Ley que en el artículo 2 proponía cómo las Oficinas Liquidadoras del Partido, a cargo de los Registradores de la Propiedad, podrían hacer funciones de liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se pasa -como, realmente, así ha sido- a ponerlo en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 424/1988; con lo que, de alguna manera, la Administración Pública del Estado está admitiendo esa posibilidad en ese Real Decreto; y ahí esta. Pero no sólo eso, sino que la propia convocatoria de esa reunión, el objetivo de la reunión era, precisamente, ése, interpretarlo de esa manera; y le puedo decir más, porque, como sabe Su Señoría, soy de Segovia: el señor Borrell, en la reunión que ha tenido con los Consejeros de Economía de las distintas regiones, preguntado sobre este tema, ha dado esa interpretación flexible por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, en unas declaraciones de prensa.

Por otra parte, como último argumento, le diré que asimismo, de acuerdo con el artículo 76 del Reglamento del Impuesto, las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad, son competentes para la gestión y liquidación de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Objetivamente, objetivamente, señor Procurador, no parece que existan razones que justifiquen, y no interfieran la gestión realizada por los mismos en transmisiones, y, por el contrario, por el contrario, sí que interfieran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuando, además, existen hechos imponibles derivados de las sucesiones que se entroncan en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como había dicho anteriormente.

En conclusión, por las razones técnicas apuntadas, pero fundamentalmente por razones de oportunidad política y de beneficio a los ciudadanos, la Democracia Cristiana y este Procurador mantienen el criterio de que el Decreto 2/88, de catorce de Enero, por el que se atribuyen competencias de gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario, ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León en el ámbito específico de sus competencias. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El representante del Grupo del Centro Democrático y Social.

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO:

Señor Presidente. Señorías. Tenía previsto, para mi intervención, el hacer una defensa de tipo jurídico, a través de la cual se demostraba que el Decreto 2/1988, para nuestro Grupo Parlamentario, es completamente legal, aunque sí que reconocemos que la titularidad jurídica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es evidente que la tiene el Estado; pero, para no cansarles, voy a quitar esta parte de mi intervención y a decirles que, desde nuestro punto de vista, este debate se plantea desde dos tipos de cuestiones. Una, estrictamente jurídica, y en la que se plantea la competencia o incompetencia de la Junta de Castilla y León en materia regulada por el Decreto 2/1988, de catorce de Enero. Y otra, de carácter de gestión, sobre la conveniencia o no de que las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario se hagan cargo de la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto de Sucesión y Donaciones, dentro del ámbito territorial de sus competencias.

Ya he dicho que, dentro de la primera cuestión y a la vista de la legislación consultada por este Procurador, parece que no hay ningún tipo de norma específica que prohíba a la Junta el atribuir a los liquidadores de distrito hipotecario las funciones de gestión, liquidación y recaudación del Impuesto, a no ser que entrara en juego un principio básico de derecho, regulado, entre otros, en el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y que nos dice que en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación. Y aquí entrarían en competencia las distintas leyes expuestas y, aunque es de rango legal inferior, el Real Decreto 422/1988, de veintinueve de Abril, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, por el que se dictan normas provisionales para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este Real Decreto, en su artículo primero, dice: "Competencia funcional: según lo dispuesto en el aparto 1 del artículo 34 de la Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre, la titularidad de la competencia para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones corresponderá a las Delegaciones o Administraciones de Hacienda o, en su caso, a las oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo. La presentación de los documentos comprensivos o referentes a hechos imponibles se efectuará en dichas oficinas a partir del uno de Enero del ochenta y ocho".

Ahora bien, la Disposición Adicional Primera dice: "Las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo, por delegación del Estado, de la gestión y liquidación del Impuesto General sobre Sucesiones podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas Liquidadoras de Partido, a cargo de Registradores de la Propiedad, funciones en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Ssucesiones y donaciones".

Es evidente que para llevar a cabo esta Disposición Adicional Primera -y así ha sido el deseo de la Junta-, que tendrán que hacer convenios. De acuerdo, perfecto; nosotros en eso no entramos ni salimos.

Después, en la Disposición Transitoria Primera, este Real Decreto nos indica que las Oficinas Liquidadoras de Partido, a cargo de Registradores de la Propiedad, liquidarán, en el ámbito de sus competencias, los documentos o declaraciones del Impuesto General sobre Sucesiones presentados en los mismos hasta el treinta y uno de Diciembre del ochenta y siete por hechos imponibles devengados antes de la entrada en vigor de la Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre, y añade: "Los documentos o declaraciones referentes a dicho Impuesto que deban presentarse con posterioridad al treinta y uno de Diciembre del ochenta y siete, lo serán en las Oficinas a que se refiere el artículo primero de este Real Decreto, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional Primera". Luego, todo parece indicar que la Junta sí que es competente en esta materia. Y ahora bien, otro tema bien distinto sería la oportunidad de ceder estas atribuciones a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

Desde nuestro punto de vista, hay tanto razones a favor como en contra de esta cesión de atribuciones. Entre las razones a favor de esta cesión de atribuciones está el que, a través de esas Oficinas Liquidadoras de Partido, se acerca más la Administración al administrado, siendo la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto, probablemente, más racional; se evita al contribuyente ir a sitios diferentes, uno a la Delegación o Administración de Hacienda de la Junta, y otro al Registro de la Propiedad; y, por otra parte, puede ser un sistema más barato que, probablemente, evite tener a personal funcionario, y esta cuestión sería cosa de hacer números y ver lo que realmente interesase a la Comunidad de Castilla y León.

Entre las razones en contra de esta cesión de atribuciones, estaría que, al hacerse la gestión centralizada, las Delegaciones o Servicios de Hacienda de la Comunidad entiendo que están más profesionalizadas, y las liquidaciones se harían bajo criterios comunes, bajo criterios comunes (al ir a un Registrador de la Propiedad o a otro, probablemente cada uno tenga un criterio distinto y pueda haber dispersión en establecer este tipo de criterios); posibilidades de informatización, realización de estadísticas, inspección, etcétera, que, por otra parte, pensamos que también se pueden hacer desde la Consejería de Hacienda. Hay algún funcionario que me ha comentado que, en pura técnica tributaria, estas Oficinas debían de estar centralizadas por estos motivos.

Yo creo -y por último-, creo que el Decreto 2/1988, de catorce de Enero, parece ser que tiene un carácter de transitoriedad también, puesto que dice uno de los párrafos: "En consecuencia, dentro de las competencias de organización propias de la Comunidad Autónoma, y hasta tanto la totalidad de la gestión de este Impuesto sea ejercida por los Servicios Territoriales de la Consejería de Economía y Hacienda, resulta conveniente atribuirla a las Oficinas que hasta ahora la venían ostentando".

Después de esta exposición, mi Grupo llega a las siguientes conclusiones, que ya se han mencionado. Una: que la Junta tiene competencia legal para atribuir a las Oficinas Liquidadoras de Partido la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto. Que sería una decisión pura de gestión la atribución a las Oficinas Liquidadoras de Partido de la liquidación. Y, por tanto, sopesando unas razones y otras, nosotros estamos de acuerdo con el Decreto presentado por la Junta de Castilla y León y votaremos en contra de la Proposición No de Ley del Partido Socialista.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Para la fijación de posiciones, por último, el representante del Grupo de Alianza Popular, señor Estella.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

El Grupo de Alianza Popular, del que soy Portavoz en estos momentos, entiende que la pretendida derogación del Decreto 2/88, de catorce de Enero, por el que la Junta de Castilla y León atribuye competencias para la gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, carece de todo fundamento y, por ende, se va a oponer a la Proposición No de Ley que, presentada por el Grupo Socialista con esta finalidad, ahora se debate.

Un breve análisis cronológico de la normativa que sirvió de apoyatura legal a la aprobación de este Decreto, y un posterior examen de los hechos acaecidos hasta su promulgación o publicación, disiparán cualquier duda acerca de la legalidad de este Decreto y de las competencias que corresponden a la Junta de Castilla y León al aprobarlo.

No está de más recordar aquí que, tanto nuestro Estatuto de Autonomía -en el artículo 26.22-, como la Ley de Hacienda de nuestra Comunidad -artículo 25-, reconocen a ésta competencia exclusiva para la ordenación de la Hacienda, constituida, entre otros, por los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas, cuya regulación deberá acomodarse a lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Corporaciones... de las Comunidades Autónomas, en el propio Estatuto de Autonomía y en las Leyes de cesión de los tributos. Y el artículo 19 de la LOFCA dice que, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma asumirá -por delegación del Estado, a quien corresponde la titularidad- la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los mismos. Estos servicios -como señala el artículo 39.2 de nuestra Ley de Hacienda- se ajustarán a lo especificado en las Leyes reguladoras de cesión correspondientes, y corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la organización de tales servicios.

Está, pues, fuera de toda duda que en nuestra Comunidad corresponde a la Junta la gestión de los tributos cedidos por el Estado, entre los que se encuentra el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como resulta de la Disposición Adicional Primera del Estatuto y como se recoge, igualmente, en el artículo 30 de la Ley de Hacienda, debiendo acomodarse -eso sí- a los términos establecidos en las Leyes 30 y 43, ambas de veintiocho de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres, sobre cesión de tributos por el Estado a las Comunidades Autónomas, y la específica para Castilla y León, así como a los términos establecidos en el Real Decreto 1715/85, de uno de Agosto, sobre traspaso de servicios por las competencias asumidas por dichos tributos.

Por lo que hace al Impuesto Sucesorio, resulta obligado recordar que, tradicionalmente y desde hace más de un siglo, este Impuesto ha venido gestionándose por los abogados del Estado en las capitales de provincia y por los Registradores de la Propiedad en las demás oficinas, en los demás partidos o distritos hipotecarios. Y, una vez cedido el tributo a la Comunidad Autónoma de Castilla-León, ésta asumió, con cargo a sus presupuestos, la gestión del mismo, siéndole transferidas las funciones que en materia tributaria venían reconocidas a las Abogacías del Estado, de las que dependían, a tales efectos, las Oficinas Liquidadoras del Partido a cargo de los Registradores de la Propiedad, que por ello entendemos que, en cuanto integran también parte de la organización de la Hacienda Pública, han pasado a formar parte de la estructura de la Hacienda Autonómica.

Por lo que las Comunidades Autónomas, entendemos también, pueden organizar los servicios transferidos de la forma que tenga por conveniente, bien sea creando sus propias oficinas territorialmente descentralizadas, con un significado análogo al que hoy tienen las Administraciones de Hacienda y asumiendo su coste, o bien -como parece más aconsejable y razonable de modo inmediato- manteniendo los actuales liquidadores, pues no es fácil que a corto plazo, y dado el marcado carácter jurídico de estos impuestos, se puedan improvisar cualificados funcionarios para sustituir a aquellos de cuerpos especiales que, con una sólida formación jurídica y contrastada experiencia, disponen, además, de una eficaz organización administrativa que les apoya.

En este orden de cosas, en Noviembre de mil novecientos ochenta y siete se convocó una reunión en Madrid, que se celebró el nueve de Diciembre del ochenta y siete, para estudiar un proyecto de Real Decreto por el que se iban a establecer una serie de normas provisionales para la gestión y liquidación de este Impuesto. El artículo segundo de este Proyecto -que ya se ha citado- establecía que las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo, por cesión del Estado, de la gestión y liquidación del Impuesto General sobre Sucesiones podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas Liquidadoras de Partido a cargo de los Registradores de la Propiedad las funciones de liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este proyecto tardó en dictaminarse por el Consejo de Estado, y, antes de publicarse, fue aprobada la nueva Ley reguladora del indicado Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de fecha dieciocho de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete, cuyas disposiciones -como es sabido- entraban a regir el primero de Enero de este año mil novecientos ochenta y ocho. Y el artículo 34 -que también ha sido citado por el Portavoz del Grupo Proponente y que podemos considerar como básico en esta materia de organización de las Administraciones Tributarias encargadas de la gestión- establece claramente que la titularidad de la competencia para la gestión y liquidación del Impuesto corresponde a las Delegaciones o Administraciones de Hacienda, o, en su caso, a las Oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo.

Es cierto, por lo tanto, que el texto de la Ley no menciona expresamente a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario o de Partido como competentes para la gestión de este Impuesto, a diferencia de lo que sucede en relación con el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en donde expresamente y legalmente le está encomendada esta función. Pero, ello no obstante, dichas Oficinas pueden seguir desempañando tales funciones como órganos de las Comunidades Autónomas de estructura análoga a las Administraciones de Hacienda y siempre que aquéllas, a través de una norma adecuada, así lo dispongan, pues ya dijimos que, tras las cesión del tributo, habían quedado integradas dichas Oficinas en la Hacienda Autonómica. De hecho, tal posibilidad ya se contemplaba en el proyecto del Real Decreto al que antes hemos aludido, y, una vez en vigor la nueva Ley, al no disponerse de medios materiales y humanos en los servicios territoriales de Hacienda de nuestra Comunidad, la Junta de Castilla y León aprobó el controvertido Decreto 2/88, de catorce de Enero, por el que se atribuían competencias para la gestión de este Impuesto a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, que no está de mas recordar -como ya lo hizo el Portavoz de la Democracia Cristiana- que son cincuenta y seis en nuestra Región y que vienen gestionando, aproximadamente, el treinta por ciento de este Impuesto. Y lo mismo hicieron otras Comunidades Autónomas, siete, concretamente, aparte de las que, habiendo aprobado un Decreto similar, no llegaron a publicarlo, a la espera, tal vez, de que viese la luz el Real Decreto proyectado.

Ante esta situación, se celebró en Madrid una reunión el veinticinco de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, entre representantes de las Comunidades Autónomas y de los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Relaciones con las Cortes. Reunión en la que se puso claramente de manifiesto la falta de uniformidad de criterios entre el Departamento de Economía y Hacienda, que abogaba y apostaba por la posibilidad de que las Comunidades Autónomas gestionasen este Impuesto a través de las Oficinas Liquidadoras de Partido, y el Ministerio de Justicia, que, alegando para sí competencias sobre el Cuerpo de Registradores -dependiente, ciertamente, de él-, olvidaba, sin embargo, distinguir la doble faceta que se presenta en su función: la registral, por un lado, y la liquidadora por otra; olvidando que, dentro de esta última, los Registradores de la Propiedad tienen atribuidas competencias para gestionar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y no hay razón alguna, por lo tanto, para que no pudieran hacerlo en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, el Ministerio de Justicia entendía que estos Decretos de las Comunidades Autónomas podían estar viciados de incompetencia; tanto es así que el Gobierno de la Nación, en la reunión del Consejo de Ministros de once de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, acordó requerir de incompetencia a las Comunidades Autónomas que hubiesen promulgado estos Decretos. Y así ocurrió el diecisiete de Marzo del ochenta y ocho con el que había aprobado la Junta de Castilla y León, es decir el que hoy nos ocupa, Decreto 2/88, de catorce de Enero.

Yo no sé si tal requerimiento ha sido atendido o no. Desde luego, a mi juicio, existen motivos y razones legales para oponerse al mismo, pues no hay ninguna norma que impida a las Comunidades Autónomas el que puedan gestionar sus tributos, como es el de Sucesiones, a través de las Oficinas Liquidadoras. Pero, en cualquier caso, creo que ya no será necesario el contestarlo, ni el Gobierno nacional va a plantear, por ello, conflicto alguno de competencia ante el Tribunal Constitucional; por la sencilla razón de que ya el Secretario de Estado, señor Borrell, al que ha aludido también el Portavoz de la Democracia Cristiana, en la reunión de Segovia del día ocho de Abril del ochenta y ocho, ante este tema, manifestó claramente que, si el Proyecto de Real Decreto se publicaba, como estaba previsto, se retirarían los requerimientos que había efectuado a las Comunidades Autónomas. Y así ha sido; recientemente, y de acuerdo con el Consejo de Estado, que lo ha dictaminado favorablemente, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de cinco de Mayo de los corrientes el Decreto 422/88, de veintinueve de Abril, que, sorprendentemente, el Portavoz del Grupo Socialista no ha mencionado absolutamente para nada, no sé si por olvido o por ignorancia; en cualquier caso, éste creo que es el punto clave.

Pues bien, en este Real Decreto, dictaminado favorablemente por el Consejo de Estado, se dictan normas provisionales para la gestión del Impuesto sobre Sucesión y Donaciones, y la Disposición Adicional Primera, fiel reproducción del artículo 2 del Proyecto, del borrador de Real Decreto, establece con toda claridad y expresamente que las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo, por delegación del Estado, de la gestión y liquidación del Impuesto General de Sucesiones, podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas Liquidadoras de Partido a cargo de los Registradores de la Propiedad las funciones de gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Así pues, yo aconsejaría al Grupo Socialista que retirase su Proposición No de Ley, puesto que, presentada el veinte de Abril y publicada en el Boletín de las Cortes número 39, del día cuatro de Mayo, podría no tener conocimiento de este Real Decreto que al día siguiente, el cinco de Mayo de los corrientes, aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, y que legalmente, a mi juicio, la hacen inviable.

Ha quedado claro, pues, que el Decreto de la Junta 2/88 está dictado dentro del marco de sus atribuciones, en el ejercicio de sus competencias, y no conculca norma legal o reglamentaria alguna del Estado. Y así lo ha venido a reconocer el propio Gobierno de la Nación, que, rectificando una vez más, tendrá que dejar sin efecto los requerimientos de incompetencia efectuados a las Comunidades Autónomas, puesto que el Real Decreto que acabo de citar reconoce a éstas las facultades o atribuciones que el propio Decreto de la Junta atribuye a las Oficinas Liquidadoras de Partido.

Y ya para terminar, si Sus Señorías me lo permiten, una recomendación y una pregunta al Partido Socialista. Yo creo que, si alguna vez la Junta aprueba un Decreto sobre materias que no sean de su competencia, el procedimiento para dejarlo sin efecto no es la iniciativa por vía parlamentaria, a través de la cual se pueden controlar los actos políticos o de gobierno de la Junta, pero no los actos administrativos emanados de su potestad reglamentaria, para cuya impugnación existe otro cauce: la vía del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y la pregunta, por curiosidad, yo preguntaría al Grupo Socialista si ha presentado alguna Propuesta de Resolución similar a la que aquí debatimos, solicitando la derogación de normas idénticas emanadas por otros Gobiernos Regionales, como pueden ser el de Valencia o Andalucía, por ejemplo; si así lo ha hecho, se habrá equivocado una vez más, como se está equivocando ante el Decreto de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Estella. Don Javier Paniagua.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Señor Presidente, Señorías. Gracias, señor Estella, por el esfuerzo que ha hecho, bien argumentado y establecido, para intentar convencerme y convencernos de la legalidad del Decreto 2/88.

El Real Decreto 422/88 -y después en ello me extenderé-, de veintinueve de Abril, del Estado, no viene a dar razón a la Junta, ni viene a legalizar aquel Decreto, sino que viene, en todo caso, a suplir un vacío o a evitar un conflicto de competencias. Es decir, la Administración Autonómica, en su momento, con el Decreto 2/88 actuó -como antes he explicado- incorrectamente, por las razones que he explicado. Ahora viene a subsanarlo un Real Decreto, que no dice que aquel Decreto sea correcto retroactivamente; lo que dice ese Real Decreto de cinco de Mayo, publicado el cinco de Mayo, el 422, es que las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo, por delegación del Estado, de la gestión y tal, y tal, etcétera, podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas... Pero podrán a partir de ahora, a partir de ahora, a partir del cinco de Mayo. Y no dice, y no se explica si, retroactivamente, lo que se ha hecho hasta ahora, para evitar conflicto de competencias, se recurrirá o no.

Repito, quien establece la potestad es el Real Decreto del Estado, porque no la tenía delegada la Comunidad todavía, y la Comunidad tiene una potestad delegada, tal como establece la LOFCA, o como establece la Ley de Tributos Cedidos, la Ley 30/83. Repito, por lo tanto, que se está otorgando una potestad, a partir y desde ahora, desde el cinco de Mayo, a la Junta de Castilla y León. ¿Para qué? Para, dentro de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas Liquidadoras de Partido, a cargo de los Registradores, funciones en la gestión, liquidación, etcétera; pero esto viene a subsanar, precisamente, una situación anómala, -como en muchas Comunidades Autónomas, no lo dudo, con diferentes, anómala-, en la que no existía capacidad normativa por parte de las Comunidades Autónomas para regular esta encomienda y tampoco se habían celebrado los convenios previstos; y, por lo tanto, con el ánimo de -ya que hacía un ataque al Gobierno Socialista de la Nación-, entiendo yo que, por una vez, también, y de nuevo, con el ánimo, no de enmendar la plana, sino de subsanar errores y de evitar conflictos de competencias, ha sido él quien usando y haciendo uso de sus prerrogativas en la materia, ha evitado que no se pueda gestionar adecuadamente en estos momentos esa liquidación de esos impuestos. Pero eso no viene a subsanar la legalidad del Decreto 2/88, porque, repito, sigue sin tener capacidad normativa en ese caso la Junta de Castilla-León para atribuir -es una cuestión de interpretación- esas competencias a las Oficinas... a los Registradores.

Mire, a mi juicio, el bloque de la constitucionalidad no se respetó en aquel Decreto. Y el que está vigente en estos momentos, por prevalencia, va a ser el del Estado; no aquel Decreto. Con lo cual, efectivamente, ese Decreto, o decae, o se hace después... o decae por sí mismo; porque prevalece el Real Decreto del Estado, del cinco de Mayo. Y, por lo tanto, o decae -repito-, o no tiene ningún valor en sí mismo, o se puede reforzar el Real Decreto del Estado a través de un convenio con la Administración del Estado, posiblemente más estable y menos provisional.

No voy a hacer análisis, que antes de forma somera lo hice, de por qué considero que el Decreto 2/88 está contra lo establecido en el bloque de la constitucionalidad que regula esta materia en la Constitución, artículos 156-157, efectivamente, donde se establece la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, que podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado; como delegados o colaboradores, por delegación, en la gestión y liquidación de ciertos tributos. La LOFCA, la Ley 8/80, donde establece los principios básicos, alcance y condiciones a las que se han de ajustar la cesión, y ahí se establece y se dice y señala, en su artículo 10.1, que corresponde al Estado el establecimiento y la regulación de dichos Impuestos, y la regulación, en toda su extensión. Efectivamente, por eso la Ley 30/83, de veintiocho de Diciembre, regula el alcance y condiciones de dicha cesión, haciendo caso del artículo 10.1 de la LOFCA, con carácter genérico; y luego, la Ley 43/83, de veintiocho de Diciembre, lo hace con carácter específico para Castilla-León. Y más aún, retrotrayéndonos: la Ley Orgánica 4/83 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de veinticinco de Febrero, previene en su artículo 36 y Disposición Adicional Primera que el ejercicio de las competencias referidas -el ejercicio de las competencias-, referidas a los tributos cedidos ha de ajustarse a lo que establezca la LOFCA -cito textualmente- y la ley específica que determine el alcance y condiciones de dicha cesión.

En consecuencia con la filosofía de este bloque de la constitucionalidad por que se rige esta materia la cesión de los tributos cedidos, el Estado regula por Ley 29/87, de dieciocho de Diciembre, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya cedido a nuestra Comunidad, limitando en dicha Ley expresamente las competencias en materia de liquidación a las Oficinas de la Hacienda Estatal o, si la gestión del tributo ya está cedida a una Comunidad Autónoma -como es nuestro caso-, a las oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas. Como no teníamos esas oficinas, para suplir esa deficiencia habría que haber establecido un convenio de forma urgente con la Administración Central, y no regular algo que la misma Administración Central, para evitar conflictos, o bien de gestión o bien de competencias, ha tenido que subsanar a través de la promulgación del Real Decreto 422/88, de veintinueve de Abril, publicado en el Boletín Oficial del cinco de Mayo.

Simplemente señalar eso y por qué mi discrepancia central. Sin embargo, la Junta de Castilla-León atribuyó la competencia de gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. Entiendo que son oficinas del Estado; no están transferidas a esta Comunidad Autónoma. Y, si no están transferidas, difícilmente puede atribuir una competencia a otra Administración, competencia delegada. Y además se hizo -repito- sin convenio, ni concierto, y tampoco sin consulta a los Grupos Políticos, ni tampoco sin negociación, que yo recuerde -perdone el Consejero si en esto me equivoco-, sin negociación en la Comisión Mixta de Transferencias, que yo recuerde, debido a que la Ley es posterior a la última reunión, entre otras cuestiones. Y a la vez, a mi juicio, repito, al hacerse entonces, al decretarse, al promulgarse el Decreto 2/88, no se respetó -a mi juicio, repito- la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, contenida en esta materia en el bloque de la constitucionalidad.

Ya no voy a entrar en si las funciones que desarrollan los Registradores de la Propiedad pueden, los mismos, a tenor de aquel Decreto, estar obligados a gestionar un Decreto propio ya delegado a la Comunidad Autónoma. Entiendo que es un cuerpo del Estado y que no está obligado, ya que entiendo que tiene competencias exclusivas solamente el Estado para la ordenación de registros e instrumentos públicos.

De esta forma, por lo tanto, se invadió en aquel momento, en el Decreto 2/88, las competencias estatales en materia de cesión de tributos a las Comunidades Autónoma y de ordenación de registros públicos.

Tampoco se respetó el mandato del bloque de la constitucionalidad en esta materia. Y le voy a decir más: políticamente -no le voy a dar mucho énfasis, porque entiendo las dificultades que tenía la Administración Autonómica para gestionar este tributo-, lo que no entiendo es que entonces no se pudiera llegar a un convenio para subsanar este problema de gestión; pero, de todas formas, a mi juicio -y permítame ese análisis político-, se renunció a profundizar un nivel de autonomía, para mí básico: la autonomía financiera. E incluso, e incluso se cayó, a mi juicio también -perdone, y lo digo con sordina-, en una contradicción con su pretensión actual de ampliar reformando el techo competencial del Estatuto de Castilla-León, cuando se ha demostrado que determinadas competencias de difícil gestión -no lo dudo- han sido imposibles, como se ha dicho -por falta de preparación o de cuerpos, me es igual-, de ser gestionadas ya; es decir, cuando incluso podríamos decir que todavía no tenemos capacidad suficiente, competencia fuerte para gestionar todas nuestras competencias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Paniagua.

Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación del Decreto 2/1988, de catorce de Enero, por el que se atribuyen competencias de gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Abstenciones, ninguna.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor de la Proposición: veintiséis. En contra: cuarenta y nueve. Abstenciones: cero. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación del Decreto 2/1988.

El señor Secretario procederá a dar lectura al siguiente punto, que es cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, instando al Gobierno del Estado la declaración de la Comunidad como Zona de Protección Económica y Zona Especial."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el representante del Grupo del Centro Democrático y Social, don José María Monforte.

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO:

Señor Presidente. Señorías. Esta Proposición No de Ley viene a ser, de alguna manera, una continuación de una de las propuestas de resolución aprobadas en el Pleno celebrado el veintinueve de Abril, sobre el programa de actuaciones en medidas de política económica en el sector de la minería de carbón en la Comunidad, y que dice: "Que la Junta de Castilla y León emprenda las acciones necesarias para conseguir que las zonas mineras de carbón de Castilla y León sean declaradas zonas promocionables, al amparo de la Ley 50/85, del veintisiete de Diciembre, de Incentivos Regionales."

Por tanto, viene a ser una extensión de la misma, aunque por el momento en que se va someter a consideración de la Cámara, no en cuanto a su nacimiento, que estaba previsto allá por los últimos días del mes de Diciembre o principios de Enero, aproximadamente, pero por diversas circunstancias, que ahora no vienen al caso, se ha retrasado hasta su presentación ante la Mesa de las Cortes el día veintiséis de Abril.

La Ley 50/85, de veintisiete de Diciembre, sobre Incentivos Regionales, establece el marco por el que van a discurrir las distintas actuaciones de las Administraciones Públicas, con el objetivo de fomentar la actividad económica mediante la concesión de incentivos regionales en las zonas geográficas menos favorecidas y aquellas otras que atraviesan especiales dificultades económicas. Y esto, en base al mandato constitucional, el artículo 40.1, que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta regional más equitativa; así como el artículo 138.1, que establece que el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad. Esta Ley, de alguna manera, viene a poner orden a la gran diversidad de disposiciones legales que regulan los incentivos regionales, tales como grandes áreas, polos, zonas y polígonos, y también adaptarlos a los criterios que se siguen en la Comunidad Económica Europea, según explica la mencionada Ley en su Exposición de Motivos.

Posteriormente, hay un Real Decreto, el 1535/87, del once de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 50/85, de Incentivos Regionales, para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales.

La verdad, Señorías, es que este Procurador que les habla no tiene excesiva fe en este tipo de actuaciones, por la experiencia anterior que ha habido en torno a los planes de desarrollo económico y social, grandes áreas de expansión industrial, zonas de preferente localización industrial, polos de desarrollo, etcétera. Es cierto que algunos resultados indudablemente positivos han dado, pero nunca en la medida que se esperaba de ellos, y menos para paliar el principal objetivo que perseguían: la desaparición de los desequilibrios económicos interterritoriales y eliminar el paro.

Pensamos que este tipo de actuaciones deben de venir enmarcadas dentro de una serie de actuaciones a corto, medio y largo plazo, que proporcionen las condiciones adecuadas para el desarrollo normal de la actividad productiva. Es básico, desde nuestro punto de vista, llevar a cabo una política de reforma de la infraestructura y de los servicios, para que de esta manera se promuevan y se favorezcan de una forma real las posibilidades inversoras. El poner solamente a disposición de las empresas y empresarios cierto tipo de incentivos limitados en el tiempo, tales como la reducción en el tipo de interés, reducción en las cuotas patronales de la Seguridad Social, subvenciones o ayudas a la inversión, son condiciones necesarias, pero no suficientes para que un determinado sector eche a andar, pero no para que el mismo se consolide a medio y largo plazo, y menos dentro de una situación donde los distintos sectores son competitivos y que nos obliga a ser más eficientes que los demás, si es que queremos que Castilla y León se relance, tanto en el plano económico como social.

El Real Decreto que desarrolla la Ley 50/85, de Incentivos Regionales, en su Exposición de Motivos así lo manifiesta también, al decir que la política de incentivos regionales es una parcela de la política de desarrollo regional y al hablar también de crear condiciones adecuadas en las zonas con problemas para que puedan competir con el resto del territorio. De aquí que la política de incentivos deba formularse y ejecutarse en estrecha coordinación con la infraestructura y sin perder de vista la incidencia regional de otras políticas económicas.

Aun en la desconfianza, como decía, de que este tipo de política tenga unos resultados positivos serios, es indudable que hay que poner las condiciones objetivas necesarias para que esto sea así. Y, Señorías, esto es una responsabilidad desde el Gobierno Central, del Gobierno de la Junta, y yo diría también de los Partidos Políticos que componen esta Cámara y de los que no están en ella.

Ahora bien, en lo que sí que estarán de acuerdo conmigo Sus Señorías es que en Castilla y León se dan las circunstancias objetivas para que nosotros estemos incluidos dentro de esas zonas y sectores promocionables que regula el Real Decreto, digo, dentro de esas zonas que necesitan que se aplique a nuestra Comunidad los topes máximos en cuanto a ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, es decir, dentro de las zonas de tipo 1; e, incluso, en muchos casos deberemos de estar dentro de esas zonas especiales y que con carácter excepcional parece que regula el mencionado Real Decreto.

Más que dar datos que avalen la anterior afirmación, y que estoy seguro que Sus Señorías conocen perfectamente, y algunos mejor que yo, voy a hacerles algunas referencias a nuestra Comunidad que venían en un diario de difusión nacional. Este periódico habla de Castilla y León, y también de Andalucia, como dos de las zonas de subdesarrollo histórico y de postración. Asimismo dice: "Junto a esta España que crece, hay otra en crisis, la España que sobrevive y la que se despuebla..." Y pienso yo, Señorías, que nosotros estamos dentro de la zona que sobrevive -yo diría más bien que malvive- y dentro de la zona que se despuebla. Y esto, debido fundamentalmente a que los castellanos y leoneses no encuentran los puestos de trabajo adecuados y tienen que emigrar de nuestra Comunidad.

El Real Decreto que desarrolla la Ley 50/85, de Incentivos Regionales, así como la propia Ley, dan cierto protagonismo a las Comunidades Autónomas en la determinación de las zonas y sectores promocionables, aunque, desde nuestro punto de vista, ni mucho menos el que les corresponde. Así, en la Exposición de Motivos dice que las Comunidades Autónomas están llamadas a desempeñar un importante papel en la gestión de los incentivos, en colaboración con el Consejo Rector, teniendo atribuidas amplias funciones, como la promoción en su territorio de los incentivos regionales, la propuesta de zonas prioritarias, el informe sobre sectores promocionables, la integración en los grupos de trabajo encargados de elaborar las propuestas de concesión de los incentivos y la realización de control y seguimiento de los expedientes.

En resumen, las funciones de las Comunidades Autónomas vienen expresadas concretamente en el artículo 23, y son funciones, fundamentalmente, de promover, colaborar, transmitir, informar, formar parte; pero, realmente sin ningún carácter ejecutivo. Es evidente que este Real Decreto y la propia Ley no dan a las Comunidades Autónomas el protagonismo que les corresponde. Ahora bien, a pesar de las consideraciones que he hecho durante mi exposición, pensamos que es un instrumento válido, no el único, y que a través del mismo y con las medidas de política económica a las que me he referido anteriormente, y consiguiendo los topes máximos de ayuda para nuestra Comunidad, se puede conseguir alguno de los objetivos que, estoy seguro, todos queremos para Castilla y León: la creación de empleo, el mayor nivel de desarrollo económico y social, el que desaparezcan, tanto a nivel de Comunidad como a nivel intracomunidad, los desequilibrios interterritoriales, y por todo ello el CDS va a pedir a todos los Grupos de la Cámara que den su voto favorable a esta Proposición No de Ley.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Monforte. Habiéndose presentado dos Enmiendas a esta Proposición No de Ley, presentada por el Grupo de Centro Democrático y Social, tiene en primer lugar la palabra el representante del Grupo Mixto, Procurador de la Democracia Cristiana, señor de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías. La verdad es que la intervención del Diputado del CDS proponente me ha dejado un poco perplejo con su intervención, porque parece que pretendía lo contrario, en la intervención, de lo que en la Proposición No de Ley nos plantea. Y por otra parte, yo creo que se ha cargado de un plumazo toda la política de incentivos regionales que se ha venido tejiendo durante muchos años y con mucho esfuerzo por parte de los países de la Comunidad Económica Europea. No obstante, desde nuestro punto de vista, es un hecho incuestionable que hay una nueva configuración del Estado español, que se ha producido la integración de España en la Comunidad Económica Europea y que este nuevo marco de relaciones con las Comunidades Autónomas y la necesidad imperiosa de adaptación de los incentivos regionales a los criterios vigentes en la Comunidad Económica Europea hacen necesario la aprobación por parte del Gobierno español de la declaración de la zona de Castilla y León como zona de delimitación de promoción económica de Castilla y León.

Y ello en base a que, de esta manera, se pueden definir los techos diferenciales de la intensidad de las ayudas en función de los problemas; que se puede cumplir el principio de especificidad regional, incluso provincial, dado que el ámbito de aplicación del Decreto es el de la provincia; que, por otra parte, se mejoran, con una mayor objetividad, con un mayor automatismo y con una mayor transparencia, el sistema de las ayudas que en estos momentos hay establecidas, al trasladarlas a las ayudas homologadas de la Comunidad Económica Europea; y que, por otra parte, de esa forma se puede, de alguna manera, crear un sistema más eficaz de la vigilancia y de la efectividad de esas ayudas.

Y, efectivamente, así se ha pretendido hacer, y yo creo que en alguna medida se ha conseguido, con la Ley 50/1985 y con el Real Decreto Ley 1535, de once de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete, donde se establecen unos incentivos regionales que no son otra cosa que unas ayudas financieras, de acuerdo con el artículo 1.1 -no lo voy a desarrollar-, para zonas de menor nivel de desarrollo, para zonas industriales en declive y para otras zonas especiales, que es lo que ustedes piden en su Proposición No de Ley que también se declare a la Comunidad Económica de Castilla y León; pero, como usted sabe perfectamente, no están desarrolladas en absoluto, ni en la Ley 50, ni en el Real Decreto 1535, y seguramente no sean compatibles la declaración de zona de promoción con la declaración de zona especial, porque queremos entender que la declaración de zona especial será para una zona que, fuera de las zonas de promoción, cumpla unos requisitos muy específicos y muy coyunturales y que haya que acudir con un sistema de actuaciones especial a resolver esos problemas coyunturales específicos, transitorios y de difícil previsión.

Efectivamente, los mecanismos para instrumentar estas ayudas son un Consejo Rector, que es el encargado de programar y proponer al Gobierno los incentivos regionales, las áreas de las Comunidades Autónomas, el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas que se van a beneficiar de esos incentivos, o las áreas concretas de aplicación, y que esa delimitación hay que hacerla mediante un Real Decreto. En cambio -y ahí está la participación de las Comunidades Autónomas-, de acuerdo con las Comunidades Autónomas se determinaran zonas prioritarias. Y yo no sé si el Grupo proponente lo que quería decir aquí es que, efectivamente, como anexo del Decreto que va a declarar la Comunidad Autónoma de Castilla y León como zona de promoción económica, lleve el anexo de las zonas prioritarias, que no son otra cosa que los antes municipios de prioridad y asentamiento industrial.

No voy hablar nada del tema de principios esenciales ni de la diferencia que existía entre el anterior sistema y el nuevo, en relación con las áreas de aplicación, los tipos de proyectos, los activos subvencionables y los beneficios de una y otra naturaleza, sino que, efectivamente, corresponde, si es que no se ha hecho ya..., yo creo que el Gobierno de Castilla y León sí que ha hecho ya esa petición, a través del Consejo Rector, al Gobierno del Estado de la Nación, para que Castilla y León se declare zona de promoción económica. Zonas de promoción económica que están divididas en cuatro niveles, aunque sólo tres de ellas pueden ser declaradas zona de promoción, y que tienen unos topes de subvención determinados que vienen establecidos por las instrucciones de la Comunidad Económica Europea. A mí me parece muy bien que intentemos, desde el Estado español, mediante la negociación con la Dirección General Cuarta correspondiente a la Comunidad Económica Europea, modificar esos baremos; pero, realmente, yo creo que, si no se ha conseguido hasta el presente, ello va a ser muy difícil.

Por otra parte, de acuerdo con los criterios de las Comunidades Autónomas, y que tendrán en cuenta los temas de población, accesibilidad, disponibilidad de suelo y dotación de equipamiento, se crearán esas zonas prioritarias, que sí deben de ir en el anexo, y además con criterios discriminatorios, esto es: que el objetivo no es el equilibrio interregional, sino el equilibrio interterritorial, lo que van buscando estas ayudas. Y, por lo tanto, no se va buscando a aquellos municipios más deteriorados, sino a aquellos municipios que, al contrario, tengan condiciones que puedan atraer inversión y puedan generar peticiones, porque, indudablemente, las ayudas se conceden previa una petición. Es decir, se plantean para zonas dinámicas, se plantean para municipios de mayor potencial endógeno.

Pero nosotros, igual que dijimos en todos los debates que se han producido en esta Cámara y en todas las Comisiones, que propugnábamos un plan único de inversiones para las obras y servicios, planteamos aquí también la necesidad, para mayor clarificación, a través de la Junta de Castilla y León, de un plan único de inversiones dirigido a las ayudas financieras para el fomento de las actividades empresariales y orientar la localización hacia las zonas determinadas. Un sistema único de gestión, una única dotación presupuestaria y un sólo papel para pedir las ayudas. Otra cosa es que después los elementos especializados que ha creado la Junta mediante una Orden o un Decreto -no me acuerdo ahora exactamente cuál es-, y que son el Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León -cuando trata de incentivos a la inversión- y los Comités Provinciales de Promoción Económica, informen, especialmente los Consejeros, a los que se atribuye la línea o el sector específico que se pretende ayudar con esas ayudas. Pero simplifiquemos las cosas: creemos ese plan único, la única ventanilla, el único fondo, el único papel, el único modelo, para establecer esas ayudas, porque, si no, verdaderamente, con todo ese tema -y en eso sí que coincido con el proponente-, la verdad es que los ciudadanos se vuelven bastante tarumbas.

Todo esto viene garantizado con un control de la Administración del Estado, a través de un Consejo Rector, que tiene además las funciones de propuesta y programación -aunque después aprueba, naturalmente, el Consejo de Ministros- y la Dirección General de Incentivos Regionales; y por parte de la Comunidad Autónoma, el control que determina el artículo 23 del Real Decreto Ley y el Decreto 65/88, de la Consejería de Presidencia, que crea los comités a los que ya he hecho referencia.......... inversiones públicas, como las Comisiones provinciales de promoción económica y un registro regional de incentivo y ayudas a las inversiones públicas.

Y así es como se ha desarrollado en el ámbito de toda nuestra Nación. Todavía, que yo sepa, no se ha publicado ningún Decreto de aprobación de estas zonas..., de delimitación de zonas promocionables. Solamente, que yo sepa, se ha publicado un Decreto de una zona en declive, que corresponde al área de El Ferrol, y están en el mismo tema Andalucía, que tiene calificada toda la Comunidad en la zona uno; Aragón, que la tiene calificada en la zona cuatro; Teruel, en la zona uno; Zaragoza, en la zona cuatro; Asturias..., el resto, unos municipios en la zona dos y otros municipios en la zona tres, etcétera, etcétera, todas las Comunidades Autónomas, y que, mediante un Decreto que seguramente sea igual o parecido para todas ellas, el Gobierno va a aprobar la delimitación de áreas de promoción, con el anexo de zonas prioritarias. Por eso, nosotros hacemos una Enmienda en ese sentido, diciendo: si la Comunidad Autónoma, efectivamente, ha cumplido el trámite que le corresponde de acuerdo con el artículo 5 y el artículo 2 del Real Decreto 1535 y la Ley 50, pues, ya no tiene que hacer más y entonces pasamos a la segunda parte de nuestra Enmienda, que dice: Asimismo, el Pleno de las Cortes de Castilla y León pide a la Junta de Castilla y León que inste al Gobierno del Estado español ¿a qué?, a que hagan lo que falta en este momento, a que se cumpla lo que falta en este momento: que, cumplidas las actuaciones correspondientes a la Comunidad Autónoma y al Consejo Rector, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/85 y el citado Real Decreto, apruebe -que eso es lo que estamos pendientes- apruebe y publique el Real Decreto de delimitación de zonas de promoción económica de Castilla y León, con el anexo correspondiente de zonas prioritarias.

Esto es, señoras y señores Procuradores, lo que yo creo que necesita de forma inmediata y urgente la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Gobierno de la Nación, y por eso nuestra propuesta.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias a usted, señor de las Heras. Por el Grupo Parlamentario Socialista, también enmendante, tiene la palabra el señor Paniagua.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. En primer lugar, señalar que, en principio, mi Grupo hubiera estado de acuerdo en el núcleo central de la Propuesta, de la Proposición No de Ley elevada a esta Cámara por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, pero entendemos que la misma -tal vez por haberse tramitado o sustanciado hoy en esta Cámara- ha llegado tarde. Es decir, todos sabemos por la prensa, por los medios de comunicación social, que la Junta de Castilla y León ha dado su conformidad en esos términos en los que lo conocemos, al proyecto de Real Decreto de delimitación de la zona de promoción económica de Castilla y León, trasladado por la Administración Central para su análisis a la Junta de Castilla y León, con lo cual, de hecho, se ha cumplido ya lo esencial de la propuesta, independientemente -que sí que tengo que decir- que, por los argumentos ya dados aquí y por la interpretación que hago de la normativa al respecto y en concreto del Real Decreto 1535 que desarrolla la Ley 50 de incentivos regionales, considero que no cabe hablar de zona especial, aunque en algún momento se citen las zonas especiales, sino de acciones especiales, y que de todas formas en el Real Decreto no está desarrollado como tal zona, aunque se anuncie en el preámbulo, en la exposición de motivos, y también en la Ley, curiosamente. Por lo cual, por el vacío, en este sentido, existente en la norma, por una parte, y por..., hoy nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, entiendo yo que los Procuradores aquí presentes excepto los del Grupo Popular, de que se ha dado el visto bueno por parte de la Junta de Castilla y León a ese Real Decreto, entiendo que ya se ha satisfecho en lo esencial el objetivo de esa propuesta. Es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha entendido que había que ir un poco más allá sobre el mismo texto, sobre la normativa ya existente, y sobre el mismo texto del proyecto de Real Decreto de limitación de la zona de promoción económica de Castilla y León, y en concreto sobre sus artículo 1, 2, posiblemente el 3 y el 7 -ya lo diré por qué-, podíamos hacer observaciones y aportaciones o Enmiendas a la propuesta del Grupo del Centro Democrático y Social. Y, en concreto, tienen dos grandes partes nuestras Enmiendas. Una primera que abarca punto primero y punto segundo, que se refieren esencialmente a este proyecto de Real Decreto y normativa en que se apoya, y un punto tercero -que es un bloque aparte- al que después me referiré.

El punto primero, en el punto primero se insta a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de la Nación a fin de que se establezcan negociaciones con la Dirección General Cuarta, de defensa de la competencia de la Comisión de la CEE, para que las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid y Segovia sean declaradas como zonas de promoción económica de tipo único y puedan así beneficiarse de incentivos regionales hasta el techo máximo establecido por la norma Comunitaria. En definitiva, en definitiva, lo que estamos haciendo, de alguna forma, es instar a la Junta de Castilla y León, al Gobierno Regional, para que abra e insista en abrir negociaciones dobles. Y digo dobles porque: negociaciones con el Gobierno Español para que la Comisión Europea reclasifique a las provincias españolas y las ubique a todas como zonas de promoción de tipo 1..., a las provincias de Castilla y León, perdón, y por lo tanto y como consecuencia se modifique el artículo 1 del proyecto de Real Decreto de limitación que establece, de acuerdo..., con acuerdo a tenor de lo previsto en el acuerdo de la Comisión Europea, que las provincias de Castilla y León serán de tipo uno o tipo dos en función de una serie de criterios que en su momento se tuvieron. Primera cuestión. Se trata, por lo tanto, de generalizar la tipología prevista en el proyecto de limitación de zonas de promoción a todas las provincias. Evidentemente, en una negociación se trata de partir de ahí; posiblemente no se pudiera llegar a todas, pero, desde luego, de la misma forma que en su momento se hicieron esfuerzos que fructificaron para que Burgos no fuera clasificada como zona de promoción de tipo tres, y lo fue después de tipo dos, posiblemente tal vez, en estos momentos, se puedan hacer esfuerzos para que fructifique ya el acuerdo en relación con alguna provincia, aunque nosotros pensamos que se ha de negociar en relación con las cuatro restantes provincias que han sido clasificadas como zonas de promoción de tipo dos. No hace falta aquí hacer análisis de... en las variables y diferencias de las mismas variables de renta per cápita e índice o indicadores de paro estimado en las cuatro provincias que, a mi juicio, son bastante dispares, pero es que a la vez no solamente son dispares -que son los dos indicadores centrales-, sino que tienen una base justamente en un año, sobre todo el de la renta per cápita, que siempre hemos juzgado como inconveniente a la hora de establecer conclusiones, a la hora de clasificaciones. Pero es que también, incluso, yo diría que si Castilla y León entera, y entera, sus nueve provincias han sido declaradas como zona asistida y superprioritaria a efectos de las ayudas estructurales previstas por el FEDER y por el Fondo Social Europeo FEOGA Orientación, es ......... también que, en consecuencia, busquemos que las nueve provincias, aunque haya dificultades, sean equiparadas en el sentido de la clasificación de la tipología número uno.

En relación con el segundo punto, donde se insta a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de la Nación a fin de que se establezca que el techo máximo de subvención neta equivalente, para los distintos tipos de zonas de promoción económica de Castilla y León, se acomode a los topes máximos permitidos por la normativa comunitaria, yo entiendo que eso es difícil conseguirlo, pero, desde luego, no volverlo a negociar; hay que volverlo a negociar. Hay un desfase establecido ya en las normas del Estado, y en concreto en el Real Decreto 1535/87, porque se desarrolla la Ley 50 de incentivos regionales, donde ya se establecen solamente tipos máximos de subvención neta equivalente por debajo de los máximos permitidos por la CEE; pero, curiosamente, por debajo de los tipos máximos permitidos por la CEE para las zonas de promoción de tipo uno y de tipo dos, y no para las más desarrolladas de tipo tres y de tipo cuatro. Por lo tanto, a mi juicio, hay una discriminación aquí. Sobre esta base, sobre esta base y sobre, además, el hecho de que el salto es cualitativamente muy importante; porque, si bien la Comunidad Económica Europea prevé para las zonas de tipo uno hasta un setenta y cinco por ciento de subvención neta equivalente, el Real Decreto prevé solamente hasta un cincuenta. El salto es bastante importante. Para las de tipo dos, un cuarenta y cinco y el Real Decreto prevé un cuarenta; ya es menos importante. Pero curiosamente donde el salto es realmente importante es para las de tipo uno, para las más subdesarrolladas, para las que mayores problemas estructurales de paro o de renta per cápita tienen; y, curiosamente, para las de tipo tres, treinta por ciento de tipo de subvención máxima, no se cambia ese treinta por ciento de subvención neta equivalente de la inversión prevista porcentualmente;y para las de tipo cuatro, el veinte, y no se cambia. Yo pienso que hay razones, que nos sigue asistiendo la razón moral para seguir presionando en este sentido y para que solamente se modifique, por lo tanto, el artículo 14.1 del Real Decreto 1535, sino, en consecuencia, para que no se hubiera dado también el visto bueno -no sé si se ha dado o no había más remedio por parte de la Junta de Castilla y León-, para que no se hubiera dado el visto bueno también al artículo 2 del proyecto de Real Decreto, o por lo menos posiblemente hubiera sido un visto bueno con el apoyo -si se quiere crítico- de los Grupo aquí en presencia. Porque ¡claro!, el artículo 2 de este proyecto de Real Decreto no tiene más remedio que identificarse con lo previsto en el artículo 14.1 del Decreto 1.535, y, por lo tanto, establece para los dos tipos de zonas promocionables de Castilla y León una subvención máxima equivalente, neta equivalente, del cuarenta y cinco... efectivamente, del cincuenta, perdón, para las de tipo uno y no del setenta y cinco, y del cuarenta y cinco, perdón, y del cuarenta y nueve, cuarenta y cinco, que era lo establecido ya en el Real Decreto 1535. Entiendo que al menos se nos debería haber comunicado -no sé si se hará en su momento-, la discrepancia en este sentido del Gobierno Regional con respecto al artículo 1, con respecto al artículo 1 y al artículo 2 de lo previsto en el proyecto de Real Decreto de limitación de zonas de promoción económicas ya aprobados -o dados el visto bueno, si es que leo bien los periódicos- por parte de la Junta de Castilla y León.

Y, finalmente, podemos entendernos en que esto implicaría posiblemente la modificación de otros artículos. Yo, sí me hubiera gustado que, de forma coordinada, la Junta de Castilla y León sí que hubiera si no consensuados sí consultados a los Grupos aquí en presencia, por lo menos para la definición del artículo 3 y del artículo 7 del proyecto de Real Decreto, es decir, aquellos dos artículos donde se establecen las zonas prioritarias de la Comunidad y los sectores promocionables. Porque pienso que eso, aunque se pueda modificar año a año como se prevé, de acuerdo y se dice de común acuerdo con la Administración Central y con la Consejería de Economía, perdón, con el Ministerio de Economía y Hacienda, sin embargo, es de tal importancia que afecta a la política de desarrollo regional de toda la Comunidad y, por lo tanto, de forma directa a la responsabilidad de todos los Grupos aquí en presencia. Y, evidentemente, es donde más margen de maniobra y menos limitaciones de tipo normativo superior tenía la Junta, donde más margen de maniobra el Gobierno Regional de cara a y a la hora de negociar con la Administración Central el artículo 3 y el artículo 7, zonas prioritarias, sectores promocionables.

Dicho lo cual -y repito que el tiempo se acaba-, simplemente querer justificar, junto a la necesidad de modificar estos tipos y de modificar el artículo 14 y el artículo 2 de este proyecto, finalmente, de cara al tercer punto, digo que hay un salto cualitativo: ya no se trata de instar a la Junta para que negocie en nombre de los castellano-leoneses con el Gobierno de la Nación e indirectamente, a través de él, también con la Comisión de la Comunidad Económica Europea, sino también instar a la Junta de Castilla y León a fin de que establezca un marco normativo propio general de regulación y de coordinación de las diferentes medidas de fomento a la inversión que, con cargo a los presupuestos propios de la Comunidad Autónoma, se instrumenten por parte de distintas Consejerías y sus ámbitos competenciales; normativa además que, a ser posible, permita la coordinación y complementariedad con las reguladas en el ámbito estatal y comunitario. Tenemos la normativa del Estado, perdón, la normativa comunitaria, tenemos la normativa del Estado, la vamos a tener de forma inmediata. Sería conveniente que pudiera tenerse también la normativa propia de la Comunidad Autónoma, sobre todo por una razón: porque la Ley 50 de incentivos regionales explicita bien claro lo que son incentivos regionales. Los efectos... a los efectos de esta Ley, se dice en su artículo 1: "son las ayudas financieras que concede el Estado", lo dice el artículo 1, repito, de la Ley 50/85. Por lo tanto, tiene que haber ayudas financieras complementarias de estos incentivos regionales, de los que no se puede hacer caso, únicamente, o hacer suyo únicamente responsable la Administración Central y el Estado. Serán estos los suyos, habrá que sumar los de la Comunidad, y a ser posible articularlos a través de, primero, la articulación y coordinación de los propios instrumentos e incentivos de la misma Comunidad y, a su vez, la articulación de éstos con los del Estado. Yo pienso que tendría un efecto multiplicador la acción conjunta, muy superior al que podemos sin esta normativa contemplar. Y, en su momento, estaría y sería muy gustoso de darle a conocer a la Junta de Castilla y León lo que mi Grupo entiende podía implicar una normativa de este rango que posibilitara esa coordinación, que posibilitara la complementariedad con las ayudas del Estado y de la Comunidad Económica Europea y, en todo caso, que posibilitara la coordinación y no la competitividad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Paniagua. Y tiene ahora la palabra, en nombre de...perdón, señor Consejero de Economía y Hacienda, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente, Señorías. Quiero ser muy breve. En primer lugar, quiero agradecerles el interés demostrado por el CDS por la problemática que hoy nos ocupa. Quiero agradecer al señor Paniagua sus puntualizaciones. Pero, con ese mismo agradecimiento, quiero rogarles que retiren sus iniciativas los tres Grupos -y ahí va incluido también el Grupo Mixto-, por una razón congruente: Señorías, lo que me piden está hecho. Evidentemente, podemos recalcar que en el futuro sigamos insistiendo; pero lo que me están pidiendo: instar al Gobierno, ya hemos instado, hemos negociado, y creo que satisfactoriamente se recoge, prácticamente lo posible, en el proyecto de Decreto que ya está aprobado, efectivamente, por la Junta de Castilla y León, el proyecto de Decreto, que se verá en el próximo Consejo de Ministros y que, aunque no satisface plenamente el tener todas las zonas clasificadas en la Zona Uno, tengo que remarcarles y recalcarles por qué. Porque, Señorías, la renta per cápita, que ha servido para clasificarnos -como ha hecho referencia el señor Paniagua-, ha sido la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística, es decir, la del año mil novecientos ochenta y cuatro, única renta, en los últimos años, que ha sido superior a la media nacional.

Por tanto, entiendo que se inste al Gobierno para que, en base a la renta de mil novecientos ochenta y cinco, cuando la publique el Instituto Nacional de Estadística, intentemos clasificar al resto de las provincias que están en la Zona Dos hacia la Zona Uno. Pero, si volvemos a instarles en estos momentos, el resultado que vamos a obtener..., porque las dos variables de peso que se han manejado las ha dicho el señor Paniagua -la primera ha sido la renta y la segunda el desempleo-, van a ser los mismos datos que hemos estado manejando y, obligatoriamente, nos llevará a la misma conclusión, como máximo. Que, por cierto -también lo ha dicho él, de pasada-, incluso había una provincia que se nos descolgaba a la Zona Tercera.

Luego señores, Señorías, les ruego que retiren su Proposición No de Ley, porque creo que el asunto está debatido, manido y suficientemente tratado, como para no volver a ello. Yo pido disculpas, en todo caso, si la información de estas negociaciones no han llegado a su debido tiempo; pero créanme, Señorías, que les quedaría agradecido el Consejero que no tuviera que trasladar al Gobierno un Acuerdo de estas Cortes, cuando, en realidad, en estos momentos les estoy dando razones suficientes para que no seamos reiterativos en cuestiones tratadas.

Señor Paniagua, entiendo lo que usted dice, que la Zona Uno y la Zona Dos, los límites máximos deberíamos de instar al Gobierno para llevarlos al setenta y cinco y al cuarenta y cinco por ciento. Es decir, recogiéramos, nuevamente, el apartado 2 del famoso artículo 14 del Reglamento. Ya lo hemos hecho, señor Paniagua. Y ya lo hemos hecho en todos los idiomas. Y resulta que el Proyecto de Decreto que nos envían a la Comunidad de Castilla y León, que en su articulado es exactamente el mismo que al resto de las Comunidades, recoge el cuarenta y el cincuenta por ciento, porque conocen perfectamente las directrices de la Comunidad Económica Europea, que usted también conoce perfectamente, que son el cuarenta y el cincuenta por ciento, y sería en un caso superexcepcional, que llevaría el tratamiento del PENIC o de la OID, cuando se recogiera o cuando se pueden saltar esas unidades de cuenta.

Y por último, señor Paniagua. Yo creía que me seguía perfectamente lo que la Consejería de Economía y Hacienda hacía, porque le tengo que rogar que retire también su Proposición tercera, porque la Junta de Castilla y León se ha adelantado a lo que usted dice: ya publicó, con fecha veintiséis de Abril, en el BOCYL, un Decreto -el 65/88- sobre Coordinación de Incentivos a la Inversión y al Empleo. Si lo que usted intenta es cuantificar en unidades de cuenta, tengo que decirle que en estos momentos está encargado un estudio a una firma internacional de primer orden, para que me demuestren cómo todas las regiones están incumpliendo las unidades de cuenta y saltan los límites máximos. En esta carrera de competencia que tenemos, creo que es perfectamente posible no cuantificar tanto, no siendo que, al ser tan legalistas, nos quedemos sin promoción. Gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Para la fijación de la posición del Grupo de Alianza Popular, el señor Serrano.

EL SEÑOR SERRANO VILAR:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Vaya por delante que mi Grupo, de Alianza Popular, por supuesto desea para Castilla y León los mayores y mejores beneficios de todo orden, y, cómo no, en el orden de lo que es la promoción económica, de que tan necesitados estamos en todas las provincias. Y es por ello que la Junta de Castilla y León -en este caso particular, la Consejería de Economía y Hacienda- ha estado haciendo las acciones, actuaciones, negociaciones y cuanto ha sido necesario para recabar del Gobierno de la Nación todas las posibilidades de incentivos para corregir el desequilibrio en nuestra Región, la desigualdad que esta Región padece, dentro del contexto regional, nacional y europeo.

Es claro que ya estamos en Europa y que hay que seguir al pie de la letra las normas comunitarias. La zonificación de Castilla y León y de otras regiones españolas, así como las regiones europeas, se hacen en base a unos criterios; criterios que establece la Comunidad y que luego se aprueban por una decisión de la Comisión de la Comunidad Económica Europea; mientras que no varíen esos criterios, el manejar los números es absolutamente inútil.

En segundo lugar, debo añadir que mi Grupo, Alianza Popular, indudablemente no puede hacer menos que apoyar la petición que el Consejero de Economía ha hecho al Grupo del CDS y al Grupo Socialista, así como al Grupo de la Democracia Cristiana, de que retiren, tanto la Proposición No de Ley como sus Enmiendas.

Quisiera añadir un tercer punto, y es que me sorprende la postura del Grupo de Centro Democrático y Social, en que parece que cuestiona la incentivación para la promoción económica. Realmente, dice que debe de ir adicionada de otras políticas económicas; y me parece que cualquier apoyo es bueno, pero lo que no podrá hacer nunca es echar por tierra cuanto desde la Comunidad Europea se ha venido demostrando que es útil y eficaz. Los fondos del FEDER -tengo que añadir aquí- pueden venir a Castilla y León como una ayuda más a la partida presupuestaria que el Estado, que la Nación española, ponga a disposición de las zonas de promoción, así como las partidas presupuestarias de la Comunidad de Castilla y León que la Consejería de Economía y Hacienda tiene previstas. Y debo decir, debo añadirlo, porque ayer se ha dado a conocer, y la prensa lo ha reflejado..., digo, se ha dado a conocer a los Presidentes de las Cámaras de Industria y Comercio de la Región la normativa que se pone ahora en marcha, que no es más que un relevo de toda la normativa anterior. Y debo decir que la normativa estatal especifica que será un plazo de cuatro a cinco meses, aquél tras el cual se podrá tener derecho a las subvenciones. La Comunidad de Castilla y León, conociendo que ese plazo puede sr decisivo para la vida, para la implantación de determinadas empresas, ya está en la tesitura de poder ofrecer que, mediante una financiación, mediante un concierto con entidades financieras de nuestra Región, se van a anticipar esas subvenciones a cuarenta y cinco días, en vez de cuatro meses.

Por último, y para terminar, solamente añadir que no es urgente, desde el punto de vista de necesidad perentoria, el instar... Digo que no es urgente por la siguiente razón, y es que, según ha dicho el Secretario de Estado de Economía, señor de la Dehesa, hasta el momento están aprobados, aprobados y no publicados, los Decretos correspondientes a las Comunidades Autónomas, prácticamente todas, salvo Castilla y León, Canarias y País Vasco, que se van a aprobar mañana, viernes. Son palabras del señor de la Dehesa, no son palabras mías. Y, en segundo lugar, que aún queda por terminar de plasmarse los Decretos correspondientes a Extremadura y Andalucía. Yo, desde aquí, instaría al Grupo Socialista a que, puesto que el Gobierno de esas regiones también es socialista, urjan a que presenten sus zonas prioritarias y sus condiciones, para que esos dos Decretos, que son los que faltan, salgan a la luz, se publiquen y puedan tener efectividad y que podamos gozar, cuanto antes, de los beneficios de estas zonas de promoción económica. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Serrano. En nombre del Grupo Parlamentario proponente, puede volver a hacer uso de la palabra el señor Monforte.

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. En primer lugar, voy a contestar muy brevemente a todos los grupos políticos que han intervenido y al señor Consejero. En cuanto al Portavoz del Grupo Mixto y el Portavoz del PSOE, cuando hablan de zona especial y de zona de promoción económica, que dicen que son excluyentes, la verdad es que, si uno se lee bien la Ley y se lee bien el Real Decreto, no hay, en ningún sitio, ningún párrafo que diga que son excluyentes. Simplemente, dice que hay zonas industriales en declive, zonas de promoción económica y zonas especiales.

Señor Consejero. Nosotros no vamos a retirar esta Proposición No de Ley, y creemos, señor Consejero, que, por cortesía parlamentaria y ante una cuestión tan importante como es ésta, debía de haber comparecido ante esta Cámara para darnos cuenta de las gestiones que estaba realizando. Y, probablemente, con el apoyo de todos los grupos políticos que hay en esta Cámara, en lugar de conseguir que nada más cinco provincias -me parece que son- estuvieran dentro de la zona tipo Uno, probablemente hubiera conseguido que toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León estuviera dentro de la zona tipo Uno, no nada más unas provincias.

En cualquier caso, señor Consejero, usted, cuando ha tenido su intervención, ha dicho que retiráramos la Proposición No de Ley, porque esto ya estaba hecho. Bueno, nosotros estamos comprobando que, día a día, la Junta de Castilla y León y la Administración Periférica no funcionan. Por eso pensamos que, si todo está hecho, a ver si es verdad. A ver si es verdad y empezamos a notar, a partir de ahora, que los desequilibrios interterritoriales que, de alguna manera, pretenden este Real Decreto y esta Ley que desaparezcan, a ver si es verdad que desaparecen.

Por otra parte, y para terminar, el Grupo del CDS va a rechazar la Enmienda presentada por el Grupo Mixto, porque entendemos que no añade nada nuevo, nada sustantivo, a la Proposición No de Ley, al espíritu de la Proposición No de Ley que nosotros hacíamos, y vamos a aceptar la Enmienda presentada por el PSOE, porque creemos que mejora técnicamente nuestra Proposición No de Ley, y porque creemos también, y dadas las negociaciones que ya están hechas, pues creemos que esta Enmienda que presenta el PSOE queda perfecta para rectificar la Proposición No de Ley nuestra. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Muchas gracias, Presidente. Señoría, me gustaría conocer a mí también qué es lo que vamos a solicitar con lo de la zona especial, porque yo sí me he leído la Ley, me he leído el Reglamento, y tengo que decirle que no está definido lo de la zona especial. Entiendo perfectamente que asuma como mal menor -y así ganará la votación- las Enmiendas del Grupo del PSOE. Lo que sí me gustaría conocer es, cuando vaya a votar el Grupo Socialista, si también me pide y me inste que pida la zona especial, porque eso no me ha quedado claro.

Gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Vamos a proceder a someter a votación. Creo que en realidad, digamos, los argumentos están suficientemente expuestos, y entiendo que el señor Consejero se limitaba a hacer las apreciaciones desde el punto de vista de la Junta, exclusivamente. Así es que procedemos a someter a votación la Proposición.

Sometemos, pues, a votación la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, instando al Gobierno del Estado la declaración de la Comunidad como zona de protección económica y zona especial. Quienes estén a favor de la Proposición, entendiendo que modificada con arreglo a la Enmienda e incorporando a la misma la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es... El resultado de la votación es el siguiente: setenta y tres votos emitidos. Cuarenta y tres a favor. Ninguno en contra. Treinta abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, instando al Gobierno del Estado la declaración de la Comunidad como zona de protección económica y zona especial, con arreglo, digamos..., incorporando a la misma la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Secretario dará lectura al último punto del Orden del Día. Es el punto quinto, que era el antiguo tercero.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a colaboración con la Federación de Libreros de Castilla y León, para difusión y promoción de las Ferias de Libro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

En nombre del Grupo Proponente, don Octavio Granado tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

En la pasada Legislatura, la Junta de Castilla y León había llegado a una situación de concertación muy aceptable con las Asociaciones Provinciales de Libreros, luego constituidas en Federación Regional de Asociaciones de Libreros, y que se traducía en una amplia colaboración de la Junta de Castilla y León con estas asociaciones de libreros para la realización de las Ferias del Libro de Castilla y León.

En este sentido, en las Ferias del Libro se habían creado días regionales; la Junta de Castilla y León estaba presente en las mismas con casetas en las que se exponían ante los lectores de Castilla y León los libros editados por la Junta; se colaboraba en la edición de los materiales que servían de soporte publicitario a la realización de las ferias del libro, y también se organizaban actos culturales de promoción de la lectura, que desbordaban lo que era el estrecho marco de las ferias y se abrían a todos los ciudadanos de la Región en forma de conferencias o en forma de otros programas de actividades diversas. Todo esto estaba relacionado con un amplio programa de actividades de promoción de la lectura que se concretaba, por ejemplo, en los medios escolares en un programa de fomento de la lectura en Castilla y León, que ha sido también suprimido por el actual Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Cuando se produce el cambio de Gobierno, las Asociaciones de Libreros de Castilla y León se ponen en contacto con la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la nueva Junta de Castilla y León, y le exponen que desearían mantener el mismo grado de colaboración al que habían llegado con la anterior Junta. En esta reunión -que según las informaciones facilitadas por las Asociaciones a los medios de comunicación de la Región tuvo lugar en Septiembre del año pasado- se llega a un principio de acuerdo que tendría que concretarse en unas formas determinadas que las Asociaciones de Libreros envían a la Junta a finales de este mes. Lo reiteran, porque no reciben contestación de la Consejería de Cultura y Bienestar Social en los meses siguientes, y cuando ya han pasado seis meses desde esta primera iniciativa de colaboración las Asociaciones de Libreros deciden hacer pública su protesta por la falta de deferencia y la falta de interés que supone para ellos -y es evidente que para cualquier persona a la que el mundo de la cultura en Castilla y León le merezca un mínimo aprecio- el no contar con colaboración de la Consejería de Cultura y Bienestar Social para la realización de las Ferias del Libro, colaboración que ya es imposible en el mes en el que ellos lo denuncian en determinadas formas. Por ejemplo, es imposible dotar de un logotipo, de un cartel o de algunos elementos publicitarios comunes a todas las Ferias, o para organizar actos culturales conjuntamente entre las asociaciones de libreros y la Junta de Castilla y León, y probablemente también para subvencionarlo.

En este sentido, es preocupante el giro que la política cultural del nuevo Gobierno Regional ha llevado al mundo bibliográfico, al mundo editorial en Castilla y León, y ha llevado, en general, a todos los programas de desarrollo del fomento de la lectura que se venían desarrollando por el anterior Gobierno Regional en nuestra Comunidad Autónoma.

El Programa de Fomento a la Lectura se ha suprimido, a pesar de que la propia Junta, en contestación a una pregunta a este Procurador, lo valoraba muy positivamente, y en algunos casos se ha suprimido dejando sin terminar un programa iniciado en algunos cursos con escolares de la Región, que lo han visto interrumpido en un año, sin dejar ni siquiera un período de transición para que estos escolares culminaran el programa y no se introdujeran nuevos escolares en el mismo.

La colaboración con las Ferias de Libreros, también, por lo visto, la Junta de Castilla y León lo ha considerado poco interesante, aunque yo desconozco cuál es el resultado de las gestiones que el Presidente de la Junta iba a realizar -se supone-, porque los libreros de Castilla y León, descontentos con el comportamiento de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, han tenido que acudir a la máxima representación de la Comunidad Autónoma para obtener, por lo visto, una contestación mínimamente satisfactoria a sus demandas.

En este sentido, esta Proposición probablemente llegue ya muy tarde para conseguir solucionar problemas de Ferias del Libro que se vienen realizando, que van a empezar a realizarse en estos días en algunas provincias de la Región, pero servirá como demostración de cuál es la voluntad política de la Cámara para futuros ejercicios presupuestarios, para conocer, para que la Junta de Castilla y León, tenga cual tenga el color político, deba seguir colaborando, manteniendo ese espíritu de colaboración con las Ferias del Libro que mantenía el anterior Gobierno Regional y que éste ha interrumpido de manera, además, yo diría que casi descortés, porque el no contestar a unas cartas suficientemente reiteradas en varios meses merece, desde una Administración Pública, la apelación a la descortesía.

También, en este sentido, tengo que señalar que a esta Proposición se ha presentado una Enmienda del Grupo Mixto, del señor don Rafael de las Heras, que yo acepto porque está en el sentido de la Proposición. Unicamente hace una referencia a que donde nosotros decíamos "la Federación de Libreros de Castilla y León", se diga "Asociaciones Provinciales" y, en su defecto, la Federación de Libreros". En realidad, son la misma cosa. Es decir, la Federación es una Federación de Asociaciones Provinciales, no es una Federación de Libreros individuales, sino de las propias Asociaciones Confederadas, y en este sentido es evidente que las Ferias las organizan las asociaciones provinciales. Entendemos, pues, que es una corrección de tipo semántico y que nosotros aceptamos, o de tipo de contenido y que nosotros aceptamos, porque es decir lo mismo de otra manera.

Unicamente -por no cansar a Sus Señorías, debido a que este es el último punto del Orden del Día-, me quedaría por concretar que, realmente, las Ferias del Libro no son algo baladí o no son algo que no merezca importancia. Las Ferias del Libro es el único acontecimiento cultural en el que los ciudadanos de la Región pueden contemplar cuál es la exposición general del panorama bibliográfico, pueden en muchos casos tener acceso directo a los escritores, de libros de dentro de nuestra Región y de fuera de nuestra Región, que explican cuál es el sentido de los libros que ellos han planteado, y supone, al mismo tiempo, una posibilidad para los ciudadanos de toda Castilla y León de acceder a los libros a un precio rebajado del precio que normalmente se exponen en los comercios. Suponen un esfuerzo de actuación, de colaboración, por parte de un gremio que está soportando una cierta crisis económica, que está soportando unas condiciones difíciles de competencia, porque, realmente, el libro ya está saliendo de las librerías y se está vendiendo en muchos sitios y los libreros cada vez encuentran mayores problemas económicos para seguir desarrollando esa actividad; es un esfuerzo que no se les retribuye, es un esfuerzo que ellos hacen simplemente por deseo y por voluntad profesional de servir a los consumidores de Castilla y León, y en este sentido merecen una atención. No son Ferias a las que se vaya a ganar dinero; a lo mejor algunas editoriales que van a situar en las Ferias del Libro sus casetas para vender Enciclopedias pueden ganar dinero en las Ferias del Libro. Los libreros de la Región no ganan dinero en las Ferias del Libro; lo único que hacen es perder mucho tiempo, perder mucho trabajo, y yo creo que ellos entienden que no lo pierden porque lo están haciendo en beneficio de sus ciudadanos y en beneficio de la promoción del libro; es un valor cultural en sí mismo, no es simplemente otro producto comercial más.

En este sentido, es evidente que a este Procurador y al Grupo Socialista le resulta particularmente desagradable tener que haber realizado esta Proposición No de Ley. Nos era difícil imaginar que hubiera un Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cualquiera que hubiera sido su color político, que hubiera tenido tal falta de sensibilidad hacia un problema tan concreto como es el libro en Castilla y León. Las Ferias del Libro, en la anterior etapa del Gobierno Regional, llegaron a ser un buen vehículo para la difusión de lo que es el contenido, el sustrato común de la identidad cultural castellano y leonesa. Vuelvo a repetir: se organizaron días de Castilla y León y se tuvo acceso a una bibliografía que, muy probablemente, desbordaba lo que era la bibliografía tradicional que estaba expuesta en los comercios. Desde luego, no entendemos cuáles han sido las razones que han llevado al actual Gobierno Reional a proceder de esta manera con las Ferias del Libro de Castilla y León, y entendemos que es especialmente urgente la aprobación de esta Proposición -para lo que este año se refiere-, pero que, al mimo tiempo, es especialmente importante que en los futuros años se corrija esta actitud y que la Junta de Castilla y León apoye decididamente las Ferias del Libro de Castilla y León y apoye decididamente todos los acontecimientos culturales de nuestra Región. Y, desde luego, en otros momentos podremos hablar de que se está produciendo el apoyo a actividades culturales en otros temas, como pueden ser las artes plásticas, el teatro, etcétera.

En general, el panorama cultural que nos ofrece la nueva Junta de Castilla y León es, para los Socialistas, bastante desolador. Y como muestra, sirva un botón; como muestra, las Ferias del Libro, hoy lo traemos a discusión.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Existe un Grupo Parlamentario Enmendante, el Grupo Mixto, y, en consecuencia, don Rafael de las Heras puede hacer uso de la palabra, en primer lugar.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías.

Compartimos -como no podía ser menos en este caso- el criterio del Grupo Socialista en la importancia de las Ferias del Libro en nuestra Comunidad, que permiten y que son ocasión privilegiada para la realización -junto con las Ferias del Libro- de actividades culturales, para la presentación de la producción bibliográfica de la Junta y de las Corporaciones Locales, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y otras instituciones, Universidades Populares, etcétera, y que, por otra parte, también son una ocasión privilegiada, un tambor de resonancia, de una campaña publicitaria que se puede organizar de difusión de la lectura, con motivo precisamente de la celebración de estas Ferias. Esos criterios los compartimos, y también compartimos -y este Procurador lo ha vivido personalmente- la dificultad del trabajo y la abnegación que las Asociaciones Provinciales de Libreros han venido haciendo año tras año -y en el caso de la provincia que represento como circunscripción electoral ya es la trece edición-, que con unos costos muy elevados y prácticamente solos han tenido que afrontar esa serie de realizaciones de Feria del Libro.

Por eso, nosotros, nuestro objetivo es llevar la ayuda directamente a quien organiza las Ferias -creemos que son los ...... lógico-, y por eso hemos puesto el tema de las Asociaciones Provinciales de Libreros.

Pero, por otra parte, además, yo sé positivamente que la mayor dificultad y lo que ha puesto en cuestión y en peligro muchas veces la celebración de las Ferias del Libro es la no disponibilidad de una infraestructura que permita la celebración de estas ferias, fundamentalmente en lo que se refiere a los stands o casetas de exhibición de los libros. ¿Por qué? Porque esto supone un costo por caseta, incluido IVA, para este año, de cien mil pesetas. En la provincias de Segovia se ponen veinte casetas, son 2.000.000 ya de pesetas el coste de esto. Multiplicado por las nueve provincias, que en otras provincias, como puede ser Valladolid, -efectivamente el gremio es mucho más amplio y serán muchos más expositores-, efectivamente nos lleva a unas cifras anuales de alquiler de esta infraestructura impresionante. Y por eso nosotros hemos introducido, además, una matización, en la que dice que "proponiéndoles materiales de apoyo"; y en esos materiales de apoyo lo que queremos decir, e incluso pediríamos una manifestación expresa -a ser posible- del Gobierno, en este Parlamento y esta misma tarde, o del Grupo que le sustenta, en el sentido de que, a través de la Consejería de Fomento, que es la encargada de crear y mantener la infraestructura de ferias, se adquieran unos lotes de casetas adecuadas a la tipología de estas necesidades para que sean prestadas a las asociaciones de libreros y permitan la celebración de estas ferias sin los agobios económicos que en estos momentos se plantean. Pero es que, además, serían unas casetas de uso polivalente, unos stands de uso polivalente que servirían, por otra parte, para facilitarlas a las ferias de artesanía, que son moneda corriente, muy común y muy importante en nuestra Comunidad Autónoma. Y servirían, por otra parte, por ejemplo, para las ferias del sello u otras muchas actividades de esa índole, que esa infraestructura serviría perfectamente para esos fines. Con lo que esa infraestructura se amortizaría rápidamente con los alquileres no pagados; por otra parte tendría un uso polivalente, y, desde luego, aseguraría mejor que ninguna otra ayuda la pervivencia y la celebración de las Ferias del Libro, tal y como nosotros, y este Procurador personalmente, lo hemos vivido en los últimos ocho años en la provincia por cuya circunscripción hemos sido elegidos.

Por eso era el sentido de nuestra Enmienda y la petición de que, en consecuencia, se apoye, a ser posible, con la expresión expresa del Gobierno o del Grupo Parlamentario, en el sentido de crear esa infraestructura. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor de las Heras. Para la fijación de posiciones, en primer lugar el representante del Grupo de Centro Democrático y Social, don Pedro García Burguillo.

EL SEÑOR GARCIA BURGUILLO:

Señor Presidente, Señorías. Con la concisión que aconseja lo dilatado del Orden del Día de este Pleno y teniendo en cuenta que el desarrollo del debate nos permite conocer, en este momento, la argumentación de los Grupos proponente y enmendante en la defensa de sus posicionamientos ante la Proposición No de Ley que ocupa a esta Cámara, vamos a tratar de hacer una breve intervención.

Se han expuesto argumentos que, en líneas generales, no tendríamos inconveniente en suscribir y que son, a nuestro juicio, complementarios entre sí. Por ello, anunciamos de antemano nuestro voto favorable, que el Grupo proponente hace, ya que el Grupo proponente acepta una redacción de síntesis. Casi nada nuevo puede añadirse a lo expuesto por los Portavoces, y ello me obliga a solicitar la indulgencia de Sus Señorías si en mi intervención incido en la reiteración de ideas vertidas con anterioridad. Pero acepto conscientemente este riesgo a cambio de dejar expresa constancia del criterio de Centro Democrático y Social en tema tan importante.

Desde hace ya varios años, con diferente modalidad y distinta fortuna, en la localidades más populosas de nuestra Región y, por supuesto, en las capitales de cada una de sus provincias, vienen celebrándose Ferias del Libro. Estos acontecimientos tienen la intención de cumplir una serie de finalidades, que podríamos llamar medulares, sin olvidar otras que a su calor se generan. Entre las primeras habría que destacar, inicialmente, la que parece ser su causa fundamental: el acercamiento del libro al lector en potencia, siendo necesario señalar que los destinatarios de las muestras no son solamente los miembros de la élite cultural, que normalmente está ya informada tanto de las novedades editoriales como de los medios de acceso a las publicaciones, sino al gran público que no se encuentre en esas circunstancias. Destaca, pues, en principio, el eminente carácter popular de las ferias.

Otro de sus objetivos es motivar, interesar en la práctica cotidiana de la lectura; hábito que si, por desgracia, no estaba muy arraigado en grandes sectores de nuestra población, por causas diferentes, ha venido a sufrir una influencia negativa en nuestros días, en los que la fuerza de la cultura de la imagen le hace gran competencia y el ritmo acelerado que la vida impone resta el tiempo y el sosiego imprescindibles al gusto de leer. Y los efectos que con estas manifestaciones se pretenden vienen a reforzar los perseguidos por otras instituciones que tienen responsabilidades específicas en esta faceta de la cultura: La acción de la comunidad escolar en cualquiera de sus niveles, la de las asociaciones de fines claramente culturales, la de Ayuntamientos y Diputaciones, en las esferas de su competencia, y que, por medio de sus órganos peculiares, propician la creación y funcionamiento de bibliotecas, agencias de lectura, gabinetes de publicaciones; las entidades que patrocinan secciones culturales y las encomendadas a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Porque -y esto pretendemos dejarlo muy claro-, si bien creemos a cada una de las entidades que se acaban de enumerar perfectamente conscientes de la importancia del libro como instrumento cultural y coherentes, en su actuación, con este convencimiento, no por ello son autosuficientes en la tarea de crear, primero, y favorecer y mantener, después, el hábito de la lectura.

Así, los esfuerzos de todas ellas deben complementarse dentro de un clima de colaboración real y efectiva, y no debe desaprovecharse ningún resorte que, en un ambiente de mutuo respeto, pueda coadyuvar a la consecución de una finalidad tan noble. Y no es tarea que en ningún momento pueda darse por finalizada; como eminente carácter pedagógico que es, participa de la característica de necesitar de una acción continuada, ya que ininterrumpida es la evolución del hombre y distintos los intereses en cada uno de los estadios de su vida.

Otro aspecto interesante de las Ferias del Libro es el de ofrecer a instituciones como las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y a la misma Junta, así como a entidades que sostienen secciones culturales de innegable importancia, la ocasión de presentar sus publicaciones, muchas veces poco difundidas y que, por esta razón, no cumplen plenamente el fin para el que fueron realizadas, esterilizando así el esfuerzo que exigió su edición.

Junto a estos argumentos, uno más, también importante, y que por ello no debe ser silenciado: la vertiente comercial de estas muestras, que representa un capítulo nada despreciable de la actividad económica y que, si en nuestra Región no alcanza todavía la importancia que ya tiene en otras, precisamente por ello merece una mayor atención y estímulo, para lograr que se incremente.

Al lado de todo esto, consideremos, Señorías, que las Ferias del Libro son el acontecimiento cultural de más altura que se celebra en muchas de nuestras poblaciones y que en su ámbito se realizan una serie de actos que dinamizan la vida cultural y que cada día, afortunadamente, suscitan mayor demanda entre nuestros conciudadanos. Son el marco apropiado en el que pueden situarse ciclos de conferencias, conciertos, recitales, actos académicos y certámenes. De ello son plenamente conscientes nuestros Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, que siempre han colaborado en estas muestras y, muchas veces con sacrificio, han destinado parte de sus recursos -normalmente escasos- a colaborar en una digna realización.

Creo, Señorías, que, por todo lo anteriormente expuesto, y con la brevedad que al comienzo de mi intervención me propuse, queda suficientemente demostrada la necesidad de que la Junta colabore con las entidades organizadoras de las Ferias del Libro en nuestra Región, para que éstas alcancen la difusión y el nivel que su importancia merece, y que esta colaboración sea tan amplia y efectiva como lo permitan los recursos disponibles. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Para la fijación de posiciones, tiene ahora la palabra el representante del Grupo de Alianza Popular.

EL SEÑOR NIETO NOYA:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo quiero empezar por agradecer al señor proponente que haya anunciado que aceptaba la Enmienda del Grupo Mixto, porque esto me va a permitir abreviar mucho mi intervención.

Es una Enmienda que, creo yo, toca los aspectos que a nosotros nos preocupaban de la Proposición No de Ley presentada, y coincidió con un proyecto que teníamos ayer mismo por la noche, de presentar nosotros una Enmienda en la misma dirección, que en cuanto conocimos que la tenía formalizada y a punto de registro, pues, hemos declinado ya la reiteración de un mismo objetivo.

Le agradezco también al señor Granado que haya sido breve en la exposición de su punto de vista. Pero no puedo dejar de hacer alguna precisión que se contiene tanto en la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley escrita, Proposición No de Ley escrita, y en su propia intervención oral.

Evidentemente, si, como se dice en el texto de la Proposición, se pretendiera con esta Proposición No de Ley impulsar o conseguir que la Junta colabore al mayor éxito de las Ferias del Libro de nuestra Región, a través de la edición de materiales de apoyo, de organización de actos culturales relacionados con las Ferias, presentación de los libros editados por la Junta y otros aspectos que redunden en la difusión y promoción de las Ferias del Libro, no tendríamos nada que objetar; pero la Proposición No de Ley sería absolutamente innecesaria, porque esto lo hace la Junta, esto lo está haciendo la Junta: la Junta va a participar en las Ferias del Libro con sus propias ediciones, la Junta va a participar con edición de materiales de apoyo, la Junta va a organizar actividades culturales, y todo ello en relación con las Asociaciones Provinciales de Libreros que, curiosamente, se le había olvidado al grupo proponente mencionarlas, tanto en la Exposición de Motivos, como en el texto de la Proposición. Y nosotros creíamos ver aquí una intención de sustituir una relación directa de la Junta con las Asociaciones Provinciales de Libreros, con las que la Junta no ha tenido malas relaciones, y sustituirlas por una interposición de un órgano regional, que es la Federación de Libreros de Castilla y León.

Pero decía, además, que en la Exposición de Motivos y en la propia exposición oral se ha deslizado, como de paso, alguna consideración que debo matizar. Se dice en uno y en otro lado que se ha suprimido un Programa de Fomento a la Lectura. Dicho así, sabe el señor Granado que no responde a la realidad. El Programa de Fomento a la Lectura no existe formalmente; existía y existe un programa de apoyo al sistema educativo, dentro de cuyas actividades se organizaban unas actividades de iniciación a la lectura y unas campañas de iniciación a la lectura, en combinación y coordinación con una determinada editorial, para estar presentes en el mundo de la educación, como una actividad que tenía unos objetivos y un fin y una limitación en el tiempo. Aunque, evidentemente, los hábitos de lectura se adquieren en la edad escolar, no es una función de la Junta el intervenir en la formación de estos hábitos en la escuela, y la escuela tiene por sí misma medios más que suficientes y tiene una función esencial de iniciar e impulsar los hábitos de lectura de los escolares.

Pero, además, es que el fomento de la lectura no se reduce a los niños de sexto, séptimo y octavo de Educación General Básica en las escuelas, y el fomento de la lectura hay que impulsarlo en toda la gama de la población de la Comunidad Autónoma, que, lamentablemente, no se caracteriza por tener unos muy acentuados hábitos de lectura, esto hay que reconocerlo. Pero esta política de fomento a la lectura se realiza por otros muchos medios, y es fomento a la lectura el impulsar la modernización y la puesta a punto de la infraestructura bibliotecaria de la Comunidad Autónoma; y es fomento a la lectura el tener una flota circulando, de más de una veintena de autobuses, que están llevando el libro a aquellas zonas de la Comunidad Autónoma que tienen más carencias y menos posibilidades estructurales de acercarse al libro; es fomento de la lectura el dedicar del orden de casi 250.000.000 de pesetas a la compra de lotes bibliográficos para dotar a las bibliotecas de la región; es fomento de la lectura organizar actividades desde las propias bibliotecas provinciales; y tantas otras cosas que, desde luego, están en contradicción con lo que apunta y deja caer el texto escrito de la Proposición No de Ley y reiteró el señor Granado en su intervención oral.

Naturalmente, en su exposición oral ha reconocido claramente que en ediciones anteriores la Junta se relacionara con las Asociaciones Provinciales de Libreros. Repito, relación que no ha dejado de existir entre la actual Junta y las diferentes Asociaciones Provinciales de Libreros.

Tengo referencia de que sí ha habido algún problema con un representante de la Federación Regional de Libreros, en sus relaciones con la Consejería de Educación y Cultura, y que es un problema de relaciones personales y, si usted quiere, institucionales, que hay que dejarlo en ese ámbito, simplemente, de las malas relaciones, o de las malas formas, en el ámbito de los demonios personales que se interponen y dificultan las relaciones de Comunicación, que son normales.

Y yo no sé si hemos pensado mal, no lo sé; pero lo cierto es que por ahí veíamos nosotros que había nacido la Proposición No de Ley. Me alegraría mucho que no fuera así, pero ahí queda. Porque, en cuanto a los demás objetivos -vuelvo a reiterar-, estaban cumpliéndose todos puntualmente por la Junta.

Hay una referencia en la Enmienda presentada por el Grupo Mixto a la realización de las Ferias del Libro, que luego concretó en la dotación de infraestructura y concretaba en ayudas para la disposición de casetas. No soy yo la Junta y no tengo nada que matizar en este sentido, a no ser decirle que la postura de nuestro Grupo, naturalmente, es muy clara: es que la Junta tiene que estar presente en las Ferias del Libro, tiene que reconocer a las Ferias del Libro como ámbitos singulares y muy cualificados para promover la lectura y el desarrollo cultural de la Región, y que, si la ayuda debe alcanzar también a la dotación material para que dispongan de infraestructura, o si la ayuda ha de consistir en que la Junta disponga de un equipo de casetas que puedan ser circulantes para poner a disposición de las diferentes Ferias del Libro, nuestro Grupo, como Grupo, no tiene nada que objetar ni nada que añadir a esta Proposición, más que saludarla favorablemente. Pero bien entendido que -como decía el propio proponente, y creo que ha dicho también el representante de Centro Democrático y Social- a la celebración de las Ferias del Libro ha de colaborar la Junta; fundamentalmente la responsabilidad está en las organizaciones que las promueven y que las ponen en marcha, y han de colaborar otras instituciones, sin excluir tampoco a las Instituciones Locales, que, evidentemente, tienen también algo de responsabilidad en esta materia.

Situado así, repito, nos alegramos de que se haya aceptado ya esta Enmienda. No quiero entrar ya en matizaciones como el "desierto cultural" o el "panorama desolador" del proyecto cultural de la actual Junta, porque nos llevaría mucho tiempo, y creo que están suficientemente debatidos. Ustedes tienen una opción cultural; la Junta de Castilla y León y el Grupo de Alianza Popular tiene otra opción cultural; nosotros tendemos a situar la cultura en los ámbitos donde se produce y donde se usa, sin que sea un instrumento puesto en manos de la Administración para orientar, para dirigir culturalmente a la población. Todo esto es verdad; pero esto es un debate que creo que está fuera de lugar, y yo hubiera deseado que el señor Granado no lo hubiera resucitado al hilo de esta Proposición No de Ley.

Anuncio que nuestro Grupo, aceptada la Enmienda, la votará afirmativamente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor ....... Don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí, señor Presidente. En primer lugar, para agradecer a los señores Portavoces del Grupo Mixto y del Centro Democrático y Social la aprobación, su voto favorable a la Proposición. Con una excusa al Portavoz del Grupo Mixto porque yo no había caído en la segunda matización que él introducía en su Enmienda, en el sentido de que no solamente se editaran materiales de apoyo, sino que se proporcionaran materiales de apoyo; en ese sentido el apoyo fuera más amplio. Suscribo íntegramente su intervención y, por lo tanto, no hay discrepancia.

Y también agradecer al señor Nieto Noya que me haya dado la oportunidad también de comentar alguna de las cosas que también..., no he querido introducir en la primera intervención, pero que el señor Nieto Noya, pues me hace introducir en el debate.

Primera cuestión. La Federación de Libreros de Castilla y León no es una federación de libreros; es una federación de asociaciones de libreros; algunas son provinciales y otras no, otras son comarcales (por ejemplo en Burgos existe la Federación de Libreros de Burgos, la de Aranda y la de Miranda). En este sentido, no hay diferencia entre la Federación y las Asociaciones Provinciales. Si los libreros se han organizado a nivel regional porque lo han considerado conveniente, nosotros a esa decisión de los libreros únicamente tenemos que aportar nuestro aplauso. Es absurdo que se entienda que el que exista una Federación Regional puede suponer una traba o un menoscabo, cuando los propios libreros no lo entienden así. Y a nosotros, el que existan entidades regionales, digo yo, digo yo que nos tiene que alegrar y no ser motivo de preocupación.

Pero además es que me parece un poco peligroso que, desde una posición que teóricamente se formula siempre como de defensa de la iniciativa privada y defensa de la iniciativa social, se tenga la veleidad de elegir los interlocutores. Es decir, cuando los libreros de Castilla y León se dotan de unas asociaciones que deciden voluntariamente confederarse y forman una Federación Regional y es esa Federación Regional representativa de todos los libreros, por libre voluntad de los libreros, y aquí se venga a hacer argumentación de que si la relaciones..., o el hecho de que exista la Federación hace que la Junta, olvidándose de que existe esta Federación, hable con las Asociaciones Provinciales, me parece que estamos entrando en una dinámica peligrosa. Imaginemos que los libreros de Castilla y León no se hubieran querido reunir con el Consejero de Bienestar Social y Cultura y sí lo hubieran hecho con el de Agricultura porque les caía más simpático. Me parece que hubiera sido igualmente improcedente, como yo creo que ha sido improcedente la apelación que ha hecho el señor Nieto Noya.

En cuanto a la manera que tiene la Junta de promocionar la lectura, yo voy a leer -muy brevemente- dos líneas de una contestación que me ha dirigido la Junta a una pregunta: "Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que en la actualidad la lectura y la escritura son actividades plenamente integradas en la vida escolar y habituales para alumnos y enseñantes, y a ello ha contribuido de forma notable la campaña de fomento a la lectura desarrollada en los últimos cursos". Yo le agradezco a la Junta que le eche estas flores a la campaña realizada por la anterior Junta de Castilla y León. Lo que ya no le agradezco es que la suprima y que ademas diga que la va a sustituir, entre otras cosas, con una..., "se está estudiando la posibilidad presupuestaria de realizar una campaña publicitaria a gran escala para la difusión de la lectura". Es decir, yo creo que estamos aquí de nuevo confundiendo exactamente los planos de actuación y que se están dejando de hacer cosas para hacer anuncios. En este sentido, me parece que eso es lo que va a hacer la Junta de Castilla y León en promoción de la lectura: va a promocionar mucho la lectura de los anuncios y de los periódicos que envía gratuitamente a algunas entidades de la Región; pero no va a promocionar la lectura de libros. Y yo, pues como soy un tradicional en estas cosas -no sólo los conservadores son tradicionales en todo; yo, en algunas cosas, también-, pues yo prefiero que la gente lea libros, y, en este sentido, me parece mejor que lean libros a que lean anuncios. Y por eso me gustaría que la Junta reconsiderara su decisión y siguiera apoyando la campaña de fomento a la lectura, que tan bien le parece, y que no lo sustituya por una campaña propagandística.

También estoy de acuerdo en que hay otras maneras de fomentar la lectura... Por cierto, los autobuses, pues, hombre, no los han comprado ustedes; los han comprado Administraciones anteriores, algunas anteriores a que existiera la Comunidad Autónoma; y la compra de libros ha sido incrementada en la tramitación presupuestaria en estas Cortes gracias a Enmiendas del Centro Democrático y Social, creo incluso recordar que alguna el Grupo Mixto, y Enmiendas del Grupo Socialista, ninguna Enmienda del Grupo Popular -también creo recordar que hay alguna Enmienda a la que ustedes también han votado en contra-. En ese sentido, coloquemos las cosas en su justo sitio.

Y luego, por último, señalar algo que sí que a mí me suscita una preocupación, y es la enorme facilidad con la que el Grupo que apoya al Gobierno apoya las Mociones de los Grupos de la Oposición cuando le recuerdan al Gobierno lo que tiene que hacer y cuando no lo hace. Y me suscita una cierta preocupación, porque no soy capaz de entender si ustedes están esperando a que nosotros hagamos proposiciones no de ley, para que le digamos a la Junta cómo tiene que hacer las cosas, para apoyarlas; porque, realmente, es una posición que, de puro indefinida, se me escapa. O sea, es algo tan evanescente que es que vuela, vuela, vuela, vuela, ¿no? Yo no sé si ustedes no quieren perder ninguna votación ante esta Cámara, o no tienen en ningún..., o no tienen ninguna capacidad de reconocer que la Junta lo hace mal o lo hace bien; porque la verdad es que, después de la intervención del señor Nieto Noya, no ha dado ningún argumento a la hora de votar a favor de la Proposición, porque, según él, la Junta lo ha hecho todo, y sin embargo dice que va a votar a favor de la Proposición. Yo soy incapaz de entender esta posición, y en algunos otros debates espero que se me explique.

Lo que también soy incapaz de entender es por qué se ha producido un hecho de estas circunstancias. La Federación de Libreros de Castilla y León envía una carta al señor Consejero en Septiembre del año pasado, se la reitera en Octubre, se la vuelve a reiterar en Noviembre. El señor Consejero no contesta. La Federación de Libreros envía una carta al Presidente de la Junta; el Presidente de la Junta..., bueno, el mismo día que también surge a los medios de comunicación la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, toma contactos -en una carta- con la Federación de Libreros y empiezan a resolverse los problemas que había generado la actuación -vuelvo a reiterar-, yo creo que descortés al menos -porque aunque uno tenga malas relaciones las cartas hay que contestarlas, que por eso se escriben, para que se contesten-, de la Consejería de Bienestar Social y Cultura.

Yo no sé si toda la Junta ya se ha convertido en un inmenso Gabinete del Presidente, o lo único que funciona en la Junta de Castilla y León es el Gabinete del Presidente. Lo que sí que es algo desagradable es que tengamos que subir a esta tribuna para que la Junta de Castilla y León apoye las Ferias del Libro; o los libreros de Castilla y León, o muchos otros colectivos de Castilla y León, tengan que dirigirse hacia la Oficina del Portavoz o el Gabinete del Presidente para que se solucionen los problemas que la propia ineficacia y la propia dejadez de la Administración de la Comunidad Autónoma está generando en este sector, como en muchos otros.

En este sentido, yo creo que esto es una opción, yo no sé si cultural, pero es una opción peligrosa para la Comunidad. Es decir, estamos asistiendo al discurso de la descentralización y, por contra, obligamos a los ciudadanos a centralizar mucho más sus reclamaciones para hacer que la Administración funcione. Y, desde luego, también es lamentable que este tipo de actuaciones no salgan de la iniciativa directa de la Junta, sino que tengan que salir de la iniciativa de los profesionales, cuando protestan frente a la dejadez de la Junta.

Por último, señalar que tampoco es una cuestión carente de contenido el que sea precisamente a nivel regional como los libreros de Castilla y León discuten la colaboración de la Junta con sus Asociaciones. Precisamente, una de las iniciativas de los libreros de la Comunidad para que ganara, en carácter regional, el contenido de las Ferias del Libro es que éstas tuvieran únicamente unos materiales propagandísticos de edición que tuvieran carácter regional. Es decir, que hubiera una cartelería común, unas pegatinas comunes, una serie de actividades comunes. en todas las ferias del libro, provinciales o locales. Por esto es la Federación de Libreros la que se ha dirigido a la Junta de Castilla y León. Y esto es lo que no va a poder ser cuando la Junta de Castilla y León habla con alguna Asociación de Libreros, a última hora y de mala manera, intentando solucionar el problema, después de haber estado meses callada y sin responder a una demanda que, como mínimo, parecía justa.

En este sentido, yo me reitero en mi intervención inicial, en cuanto a la valoración sobre la política cultural de la Junta de Castilla y León. Si la Junta de Castilla y León únicamente va a hacer como actividades culturales aquellas actividades que los ciudadanos de Castilla y León demandan directamente al Presidente de la Junta, vamos dados -con perdón-, Si la Junta de Castilla y León tiene como opción cultural el despreciar a las Federaciones Regionales o a las Confederaciones Regionales, o a todos los sectores que se regionalizan en su manera de hacer cultura, para dirigirse a situaciones de inferior ámbito, vamos dados también, vamos dados también. No sé por dónde.

En ese caso, me permitirán que les diga que no hemos avanzado nada, que el nuevo Gobierno Regional, pues, ha retrocedido bastante en el nivel de colaboración que ya tenía el anterior (el anterior se relacionaba con las Asociaciones de Libreros cuando éstas no estaban federadas; en el momento en que éstas se federaron, se relacionó con la Federación), que pienso, sinceramente, que en el tema de promoción del libro de Castilla y León, en el tema de relación con las asociaciones culturales de carácter regional, en general en todos los temas que tienen relación con el mundo de la cultura, pero especialmente en las cuestiones del libro, pues, realmente, la Junta está actuando mal.

Y voy a citar, para terminar, un último ejemplo: en todas las Ferias de Libro en Castilla y León se va a distribuir un material de una Administración Pública, que ha editado un libro -que está muy bien, por cierto-, y que ha colaborado eficazmente con la Federación Regional de Libreros en su difusión. Esta Administración Pública es el Ayuntamiento de Burgos. Fíjense ustedes que yo no soy una persona que defienda la política del Ayuntamiento de Burgos en esta tribuna ni, evidentemente en tribunas burgalesas, pero, desde luego, conociendo al Ayuntamiento de Burgos -al que yo alabo en su decisión de colaborar con la Federación Regional de Libreros en la edición y en la distribución de sus materiales y en la colaboración de sus ferias del libro-, qué es lo que tiene la Junta de Castilla y León que no tenga el Ayuntamiento de Burgos que le impide colaborar con la Federación Regional de Libreros.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Sí, señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, para decirle al señor Portavoz del Grupo Mixto que, desde luego, nosotros estamos de acuerdo en que, en la medida de lo posible, se dote de una infraestructura que pueda ser utilizada en ferias polivalentes, y, en este sentido, yo haré las gestiones ante el Consejero competente en el tema, que no es precisamente el de Cultura.

Y para matizar, brevemente, alguna de las afirmaciones hechas por el señor Portavoz del Partido Socialista. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León se van a subvencionar, se van a promover o a apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos de la Comunidad que así lo demanden. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es tratar de que los ciudadanos vayan a las actuaciones o a las actividades culturales que a nosotros nos gusten. Efectivamente, vamos a promocionar las que piden los ciudadanos; no se las vamos a dar hechas a priori más que en temas muy genéricos, pero que eviten cualquier tipo de manipulación a la hora de promocionar las culturas.

En cuanto al tema de la falta de cortesía en contestación de cartas, yo tengo a disposición de Su Señoría cientos, cientos de cartas de ciudadanos, precisamente, agradecidos porque ahora sí se contestan las cartas. Es posible que haya alguna que no se haya contestado, pero de ésas puedo enseñarle a usted las que quiera lamentando que antes ni se contestaban, aunque ahora, lamentablemente, muchas de las respuestas es para decir que no a lo que se pide. Luego sí contestamos las cartas.

En el tema de los bibliobuses, dice Su Señoría que, efectivamente, fueron adquiridos por el equipo anterior; adquiridos, fíjese, unos seis meses y otros año y medio antes de llegar nosotros y, sin embargo, no les habían puesto a funcionar; y como aquí hay distintos Presidentes de Diputación, con los que yo he firmado el convenio para que funcionen los bibliobuses, a ellos le remito a usted, porque no se trata de comprarles y aparcarles; hay además que hacerles que funcionen.

Con las Asociaciones Provinciales estamos en contacto desde hace mucho tiempo para hablar de las Ferias del Libro, con las Asociaciones Provinciales que son las que habitualmente organizan las Ferias del Libro.

Y, finalmente, para terminar. Mire, señor Granado, lo que este Consejero no va a aceptar, ni acepta, ni aceptará en ningún caso son imposiciones ni demandas a plazo fijo de ningún señor, aunque tenga apellidos que a Su Señoría le puedan resultar muy familiares. Mire, a este Consejero le emplaza el Presidente de la Junta y, en su caso, el Presidente de las Cortes; nadie más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Si es exclusivamente para hacer alguna puntualización; si no, por favor, no abramos un nuevo debate. Por un minuto....

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí, es que, claro, el señor Consejero podía haber intervenido con anterioridad y hubiéramos establecido un debate sobre estas cuestiones, y, ahora, el Reglamento me fuerza a ser breve.

Bueno, en primer lugar, señor Consejero, es que..., claro, las referencias estas al pasado que a usted tanto le gustan y que dice en revistas, y que dice aquí, y que suelta en todos los sitios, pero ¿es que usted en diez meses no ha hecho más que contestar las cartas de la anterior Junta? ¿Eso nos puede servir de justificación para tener seis meses sin contestar una carta que le hayan dirigido? Yo creo que eso es una justificación inaceptable, que luego usted estará de acuerdo conmigo, a poco que reflexione sobre el contenido de sus palabras.

En segundo lugar, ¿por qué usted no acepta imposiciones o, lo que es lo mismo, no acepta las peticiones de la Federación de Libreros y el señor Presidente de la Junta sí? Porque el señor Presidente de la Junta les ha contestado y usted no. ¿Por qué?

Y, en tercer lugar, señor Consejero, ¿es que usted mide la colaboración con la iniciativa social en Castilla y León por los apellidos de la gente que le viene a pedir esa colaboración? Porque eso es lo que ha venido usted a decir: que a usted, como le sonaban esos apellidos un poco familiares... Hombre, si usted se refiere a que hay libreros en esta región, alguno hay, que está afiliado al Partido Socialista, hombre, es más fácil que haya libreros afiliados al Partido Socialista que a Alianza Popular.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Dadas las posiciones manifestadas por los distintos Grupos, ¿podemos someter a votación por asentimiento? ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba. Queda aprobada, en consecuencia, la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la colaboración con la Federación de Libreros, incorporando a la misma la Enmienda presentada por el Grupo Mixto.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levantó la sesión a las veintiuna horas).