DS(P) nº 25/2 del 25/5/1988

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

Tengo el honor de comparecer ante Sus Señorías para solicitar a la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, la toma en consideración de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía presentada por mi Grupo, junto con el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social y la Democracia Cristiana.

Probablemente sea éste el asunto de mayor trascendencia que vaya a tratarse en las Cortes de Castilla y León en la presente Legislatura. E importante, no sólo para nuestra Comunidad, sino también para el Estado de las Autonomías que empezamos a construir en mil novecientos setenta y ocho, y ya va siendo hora de culminar el proceso.

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En este año de mil novecientos ochenta y ocho se cumplen -como nadie ignora- cinco años de la Reforma del Estatuto... de la entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía y diez años de la Constitución. Y no es que en Alianza Popular otorguemos a los números un especial significado cabalístico; ocurre, simplemente, que compartimos el criterio de prudencia del constituyente, que estableció un ritmo más lento para las Comunidades sin experiencia autonómica. Pero tampoco queremos ser más papistas que el Papa, y la Constitución y el Estatuto, transcurridos cinco años, posibilitan a las Comunidades del artículo 143 -como la nuestra- el acceso a un nivel superior de competencias.

Pero me atrevo a ir más allá. La Constitución aspira -y no podía ser de otra forma- a una cierta homogeneización de las competencias de las Comunidades Autónomas, única manera de que el Estado tenga una configuración racional y estable. Hay que terminar con la situación presente que todos los días estamos viendo, donde parte del territorio nacional es, por ejemplo, a efectos de competencias educativas, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia; otra parte es dependiente de las Comunidades Autónomas. Porque esta situación, ni permite que el Estado organice sus órganos... adecúe su organización a una estructura ya estable, ni permite que las Comunidades Autónomas puedan consolidar su estructura, ni permite que docentes y discentes sepan o aclaren cuál es su situación dentro de este esquema de reparto territorial del poder. Y pongo este ejemplo quizá porque sea de más actualidad, pero, ciertamente, podían ser traídos aquí muchos otros ejemplos, que demuestran que la prudencia, que la razón política aconseja que este proceso se culmine.

Creemos, por ello, en el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, que con esta Proposición contribuimos, en lo que a Castilla y León nos puede corresponder, a una definición más precisa y estable del Estado de las Autonomías, cuyo proceso de culminación no puede prolongarse indefinidamente.

Pero esta Proposición de Reforma que hemos suscrito tres Grupos de las Cámara no sólo supone el ejercicio de una previsión constitucional; supone, además -en nuestra opinión-, el cumplimiento de un mandato estatutario inequívoco, pues, como bien conocen Sus Señorías, aunque algún sector de la Cámara no saque las oportunas consecuencias, el artículo 29 de nuestro Estatuto dice: "La Comunidad Autónoma de Castilla y León ejercerá también competencias en los términos señalados en el apartado 2". Es decir, donde hace referencia a "transcurridos cinco años". Las competencias que, precisamente, quedan reflejadas en la Proposición de Reforma del Estatuto que hoy, en nombre del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, presento ante Sus Señorías.

En otros artículos del Estatuto y en otras normas se puede hablar de un "podrá", se puede hablar de un "corresponde". Aquí se dice de forma muy expresiva "ejercerá". Bien saben Sus Señorías dónde está el origen de este precepto en nuestro Estatuto, recogido con semejante redacción en todos los Estatutos del artículo 143. Esos pactos autonómicos de mil novecientos ochenta y uno fueron firmados e impulsados, entre otros, por el Partido Socialista Obrero Español, aunque ahora les guste poco recordarlo.

Cumplimos, pues, el Estatuto, y seguimos el procedimiento adecuado. Esta es la vía ordinaria que la propia Constitución señala y los Estatutos de Autonomía recogen: la de la propia reforma estatutaria. La otra vía posible, la del artículo 150, es inadecuada por excepcional, aunque a lo mejor se nos da algún argumento, a lo largo de este debate, que sustente esta tesis que, desde luego, de momento no podemos compartir.

La reforma que proponemos, señor Presidente, Señorías, no pretende sino, en la medida en que nos lo permite nuestro Estatuto, conseguir para Castilla y León el máximo techo de competencias posibles.

Creo que esta iniciativa de tres Grupos Parlamentarios -aunque yo hablo sólo en nombre de Alianza Popular-, viene motivada, además, por una doble confianza: confianza en la organización autonómica de nuestro Estado y confianza en Castilla y León.

En Alianza Popular tenemos la máxima confianza en el sistema autonómico, que no es otro que el constitucional, y queremos sacar el máximo partido a este modo de organización de que los españoles nos hemos dotado. La Historia está ahí, y mejor no moverla. Hablemos de presente y, mejor aún, de futuro. La descentralización es la única forma de las sociedades modernas para hacer frente a unas situaciones cada vez más complejas. Y en Alianza Popular reclamamos la descentralización y la autonomía del Estado, porque estamos decididos a ejercerla, dentro de la Comunidad Autónoma, en favor de Administraciones Locales y de la propia sociedad.

Confianza también en Castilla y León, que nos lleva a creer que esta Comunidad Autónoma es ya mayor de edad, que está en condiciones y debe asumir mayores competencias, y debe hacerlo desde la iniciativa de la Comunidad. En alguna ocasión he dicho que somos partidarios, en mi Grupo Parlamentario, de la autonomía elegida y no de la autonomía otorgada.

El que la iniciativa parta de la Comunidad y que ésta sea la reforma del Estatuto en modo alguno impide ni dificulta, sino muy al contrario, el conveniente y necesario pacto de Estado para el desarrollo del proceso autonómico en España.

Me permitirán Sus Señorías que recuerde a la Cámara, con legítimo orgullo, que fue el Presidente de la Junta de Alianza Popular quien primero ofreció y solicitó dicho pacto, diciendo algo más: que ese proceso sea el Gobierno de la Nación quien lo lidere. Esta oferta es de principios de otoño del año pasado; no hubo respuesta ni la habido hasta la fecha. Seguimos deseando ese pacto para el desarrollo del proceso autonómico. Pacto Estatal con el Gobierno, las Cortes Generales y las Comunidades Autónomas. Pero éstas deben expresar su voluntad a través de sus Asambleas Legislativas, y el procedimiento no puede ser otro sino la reforma de sus Estatutos.

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Esta reforma, reducida a aspectos competenciales, es la que hoy proponemos a las Cortes que tomen en consideración, cumpliendo así un trámite de un proceso que ha de culminar, necesariamente, en la reforma de nuestro Estatuto. Esta reforma, señor Presidente, Señorías, se va a llevar adelante, diga lo que diga el Presidente del Gobierno, o aunque el PSOE intente continuar en otros foros la obstrucción que tenazmente ha intentado aquí. Y se va a llevar adelante porque la Constitución configura un Estado de las Autonomías que hay que culminar; porque nuestro Estatuto quiere, de forma imperativa, que, transcurridos cinco años, la Comunidad Autónoma ejerza las competencias que nuestra Proposición de Reforma recoge; y finalmente, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, porque esperamos que ésta sea la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León, expresada a través de sus representantes en estas Cortes.

Y por esta razón solicito, en nombre del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, el voto favorable a la toma en consideración de esta Proposición de Reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Cortés. En representación de otro Grupo proponente, del Centro Democrático y Social, don José Luis Sagredo puede intervenir a favor.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Presidente, Señorías.

El modelo de Estado que perfila el Título VIII de la Constitución Española descansa en tres principios informadores de igual rango constitucional: el principio de unidad, el principio de autonomía y el principio de solidaridad.

Para el CDS, el principio de autonomía es un princiIpio político que comporta una técnica de organización y distribución territorial del poder estatal, cuya aplicación encauza las posibilidades de autogobierno que la Constitución reconoce. No es admisible que, bajo pretexto de necesidades organizativas y funcionales, se impida el ejercicio de la libre voluntad de autogobierno de cada Comunidad Autónoma, congelando la asunción de competencias en la situación actual para las Comunidades que accedieron a la Autonomía por la vía lenta del artículo 143.

Esta actitud lleva, sencillamente, a dificultar el perfil definitivo del sistema, a impedir, por la vía de los hechos, la eficacia de los derechos autonómicos constitucionalmente reconocidos. Sencillamente, se trataría de intentar, sencillamente se trataría de intentar detener el proceso autonómico. Y a esto es a lo que conduce la tesis del Gobierno, según la cual el poder ya está repartido en España y lo que ahora resta es ver cómo se utiliza el poder ya distribuido.

La falsedad de este aserto se demuestra por el hecho de que las Comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 143 desean -y en tal sentido lo están manifestando- ampliar su techo de competencias, a lo que constitucionalmente tienen derecho.

El CDS defiende que la vía normal y ordinaria de efectuar el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas es mediante la asunción estatutaria de competencias. Esta fórmula supone, al mismo tiempo, una auténtica garantía constitucional para las Comunidades, por cuanto el Estado no puede, unilateralmente, proceder a la reforma de los Estatutos y, por ende, alterar el reparto competencial en ellas establecida.

Ya manifestamos en la iniciativa para asumir las competencias en educación que para el CDS la asunción de competencias mediante Leyes de Transferencia o delegación del Estado tiene un carácter excepcional. No obstante, admitimos que, salvo excepcionalmente, los procedimientos de transferencia y delegación pueden instrumentarse como técnicas complementarias de cierre del sistema, especialmente en el caso de las Comunidades Autónomas históricas y de las que accedieron a la Autonomía por la vía rápida del 151.

Por todo lo anterior resulta inaceptable la pretensión del Gobierno de elevar los techos competenciales de las Comunidades que accedieron por el 143, con carácter general, por la vía de la delegación o transferencia de facultades prevista en el artículo 150 de la Constitución, porque esta vía fue concebida para la delegación o transferencia de facultades relativas a materias de titularidad estatal relacionadas en el 149 de la Constitución, pero no para una ampliación competencial dentro de las posibilidades establecidas en el artículo 148, propias de las Comunidades Autónomas, salvo que otra cosa prevean los Estatutos. Su utilización, como queda dicho, tiene carácter excepcional, destinado a completar, en determinados casos, las transferencias recibidas por la vía ordinaria, y que, por tanto, de utilizarse con carácter general, se estaría produciendo un fraude de la Constitución.

La igualdad jurídica de las Autonomías no puede hacer olvidar la singularidad de sus pueblos y de su historia, y la Reforma Estatutaria es iniciativa que corresponde a cada Comunidad Autónoma. No debe ni puede predeterminarse por el poder general del Estado el grado, el momento, el ritmo en que cada Comunidad quiera asumir cuotas de autogobierno, aún cuando, con un exquisito respecto -subrayo-, haya de preverse el resultado final.

Defendemos el derecho de cada Comunidad a alcanzar el techo de competencias dentro de la Constitución, sin perjuicio de las singularidades de identidad cultural, lengua o historia de cada una de ellas y de sus legítimas aspiraciones propias, abogando por una profundización autonómica que, respecto a las competencias, entrañan los actuales Estatutos de Autonomía.

Hace unos meses, en la toma en consideración por esta Cámara de la Proposición de Ley sobre transferencias en materia de Educación, hacíamos referencia, como ya lo ha hecho el Portavoz de AP, a que el veinticinco de Febrero pasado se cumplió el plazo de cinco años contemplado en el artículo 148.2 de la Constitución Española, al término del cual cabe iniciar el proceso de reforma del Estatuto; y, en este sentido, el CDS manifiesta nuevamente, solemnemente, su voluntad de utilizar todos, todos, los cauces contemplados en la Constitución y en nuestro Estatuto, para conseguir, con la mayor celeridad posible y con la mayor racionalidad, que esta Comunidad alcance el máximo techo competencial que el ordenamiento jurídico permite.

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La apertura de este proceso de reforma la augurábamos larga y compleja. Hemos de confesar que pecábamos de optimistas. Y si la apertura ha sido complicada y si las circunstancias no cambian sustancialmente a todos los niveles, aquí y pasado el Guadarrama, ya podemos imaginar las vicisitudes del proceso. Pertrechémonos. No obstante, estas mismas dificultades y complejidades han sido, seguirán siendo el acicate que nos ayude a mantener más decididamente el empeño. Sólo habrá que desear, en referencia salmantina, que "al ánimo de empezar corresponda la gloria de concluir".

Desde el máximo consenso posible que hubiera permitido una reforma en profundidad, dando paso a un texto consensuado y puesto al día, el CDS ha venido ofreciendo su colaboración a toda la Cámara para la búsqueda de fórmulas que hubieran permitido productos de más alto nivel autonómico para Castilla y León. Ante la fuerza de los hechos, y sobre todo debido a la lamentable, para nosotros, autoexclusión del Partido Socialista de cualquier posibilidad de trabajo en común en el estudio o iniciativa de reforma de nuestro Estatuto, nos hemos visto obligados, junto al resto de los Grupos Parlamentarios de esta Cámara, a recabar únicamente la modificación de los artículos 27, 28 y 29, por disponer solamente del mínimo consenso necesario, acudiendo, en consecuencia, a la utilización del artículo 29.2.a de nuestro Estatuto, que establece, como ustedes conocen, un procedimiento especial de reforma sólo aplicable a una limitada ampliación de competencias -insisto-, a una reforma blanda, que fija para su aprobación un quórum menor de los dos tercios de la Cámara, exigido por el artículo 43 para una reforma de mayor calada.

Al recabar la modificación de los artículos 27, 28 y 29 se está ejerciendo, con voluntad política, con voluntad política, no sólo una posibilidad estatutaria, sino un mandato. Y me remito a los términos "es competencia", "corresponde", "ejercerán", que aparecen en los artículo citados. Y con esta decisión, hoy volvemos a hacer camino al andar en esta Comunidad, y para ello solicitamos de Sus Señorías la toma en consideración de esta Proposición de Reforma del Estatuto en los términos y a los efectos del artículo 29.2.a., para que, a través de los cauces establecidos, pueda ser tramitada como proyecto de ley orgánica en las Cortes Generales, a tenor de los artículos 136 y 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

El CDS ha reiterado suficientemente que esta iniciativa es oportuna, conveniente y necesaria, y el procedimiento, a falta del mejor, es el que permite, a nuestro juicio, conseguir el fin que hoy se propone con los medios que se disponen, que no es más que para una primera reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Un proyecto que beneficia a Castilla y León en este primer escalón de reforma y en el que creemos que no es permisible contemplar intereses de partido. No puede Castilla y León permitirse el lujo de quedarse descolgada del nivel de desarrollo de las regiones españolas más avanzadas, porque la realidad atestigua que, de seguir así, cada día nos encontraríamos más alejados de los primeros lugares.

Es deseable que esta iniciativa sea el motivo para decidirnos todos los miembros de esta Cámara a ser beligerantes en la culminación de nuestro techo competencial, y facilite el camino de esta Comunidad hacia un futuro más esperanzador y más solidario.

El Centro Democrático y Social está convencido de que la asunción por nuestra Comunidad Autónoma de un techo competencial homologable, que posibilite un eficaz autogobierno, va a proporcionar a los castellano-leoneses la posibilidad de demostrar su auténtica capacidad de gestión y administración, que debe permitir el despegue y afianzamiento de esta Comunidad despoblada, empobrecida, dispersa, por haber sido durante tantos años olvidada y sacrificada en beneficio de otros territorios o de otros intereses.

Y en cuanto al procedimiento, insisto, reitera el CDS su preferencia, como procedimiento ideal, por la Reforma consensuada y en profundidad de nuestro Estatuto, a tenor de los principios constitucionales y estatutarios. Hoy ya sería posible, al haber transcurrido el plazo de cinco años a que hace referencia la Constitución y existir una aspiración mayoritoria de los castellano-leoneses y la voluntad política de gran parte de los representantes políticos de estas Cortes. Por este máximo consenso posible hace votos, todavía, el CDS y no pierde la esperanza de lograrlo en esta o en próxima legislatura, en beneficio de esta Comunidad y como correspondencia, también, del trabajo en común de los miembros de esta Cámara.

Nuevamente el CDS alarga amistosamente la mano a todos los Grupos Parlamentarios, en esta ocasión de una manera especial al Grupo Socialista, para conseguir entre todos el mejor de los resultados, para intentar conseguir entre todos frutos de colaboración, en vez de frustraciones producto de la confrontación. Porque es -ya lo hemos dicho en otras ocasiones-, debe ser un objetivo que interesa a todos, que necesita la colaboración de todos, que exige el esfuerzo de todos, que debe ser conseguido entre todos. Daríamos con ello ese paso de gigante en contra de la marginación y la discriminación de esta Comunidad. En esta apuesta está el CDS y si es posible, deseable, con todas Sus Señorías.

En ese sentido, como mi antecesor en la palabra, reitero mi petición de su toma en consideración para esta Proposición de Reforma del Estatuto, que agradezco anticipadamente. Señor Presidente, Señorías, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para terminar las intervenciones que forman el turno a favor, el representante... Portavoz del Grupo Mixto, representante de la Democracia Cristiana, como Grupo Proponente también de esta Proposición, tiene la palabra.

DE LAS HERAS MATEO

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EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Como Portavoz del Grupo Mixto y en representación del partido político la Democracia Cristiana, voy a consumir el turno que me corresponde, de acuerdo con el Reglamento y el acuerdo de la Mesa, para defender el Proyecto o la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y lo voy a hacer en los mismos términos o parecidos términos que, por coherencia, lo hemos venido haciendo tanto en la campaña electoral de la que ha salido la configuración actual de estas Cortes de Castilla y León, como en el Pleno de debate de Investidura del candidato a Presidente de la Junta, y asimismo, también, en coherencia y en cohesión con lo que nuestro propio Grupo manifestó en el Senado con motivo del debate de las Autonomías en Diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Y no es otra cosa, referido con carácter general a todas las Comunidades Autónomas y en particular a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que estas Autonomías que accedieron a su autogobierno por la vía del artículo 143 de la Constitución, cumplidos los cinco años de vigencia de sus Estatutos, deberán tener una igualdad esencial en el reparto competencial entre el Estado y todas estas Comunidades Autónomas -por lo tanto, entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León-, sin otra excepción que las derivadas de su lengua o de sus hechos diferenciales concretos, como pueden ser la insularidad o los casos especiales de Ceuta, Melilla y alguna otra peculiaridad.

Nosotros en el debate de Investidura del Presidente de la Junta de Castilla y León hicimos unas precisiones, pero, no obstante, aceptamos los criterios del Presidente que, en reglas generales, venían a decir que el desarrollo del Estatuto de Autonomía era un objetivo prioritario que se quería alcanzar con el mayor consenso de los Grupos Políticos de esta Cámara, mediante el establecimiento incluso de Comisiones Especiales dentro de la Cámara, para establecer el techo competencial y el tiempo y la forma en la que había de reformarse este Estatuto, y además también mediante la petición de apertura de negociaciones con el Gobierno de la Nación.

Efectivamente este representante de la Democracia Cristiana, este Procurador, ha participado en ese intento que inicialmente puso en marcha el propio Presidente de la Junta, reuniendo a los distintos Portavoces de los Grupos Parlamentarios, y que, me consta también, ha puesto en marcha, en lo que se refiere a la petición de negociaciones con el Gobierno de la Nación, mediante la petición de esas conversaciones y la solicitud de unas entrevistas que, por lo que este Procurador conoce, aún no se han celebrado.

Y, realmente, no pudimos llegar entre todos al consenso total, que hubiera sido lo deseable, puesto que ese consenso total reforzaría las posiciones de la Comunidad Autónoma en el largo proceso de negociación que en la tramitación de esta Proposición No de Ley necesariamente va... largo y duro proceso de negociación que esta Proposición No de Ley va a tener que necesariamente transcurrir.

Y decíamos entonces y afirmamos ahora que el procedimiento normal debería ser el establecido por el 29.2.a. de nuestro Estatuto, que requiere la mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León y la aprobación como ley orgánica, aprobada en las Cortes Generales. Y yo sé que desde algún Grupo Parlamentario de esta cámara, posiblemente desde el Grupo Parlamentario que queda por intervenir, se me va a decir y se va a decir a los Grupos que han participado anteriormente que se han cumplido, por parte del Gobierno de la Nación -seguramente dirán fundamentalmente, yo creo que en una frase de un Senador de esta Comunidad, en representación, "tirando del carro más que ningún otro Grupo Político"-, pues, que se han cumplido los objetivos constitucionales de reconocimiento de la pluralidad regional en España -y que ése es un logro importante, y lo reconocemos-, de descentralización política y administrativa del Estado, del desarrollo de la autonomía local, señalando, como se señaló en el debate del Senado, en la aprobación reciente de la Ley de Bases de Régimen Local, la solidaridad interregional como principios ya conseguidos, fundamentalmente.

Y sé que se va a decir. Sé que se va a decir, por otra parte, que esos objetivos, y otros que señalaré a continuación, se han conseguido, fundamentalmente, mediante decisiones políticas consensuadas. Y esas decisiones políticas consensuadas abarcaron, fundamentalmente, a la generalización del mapa autonómico, a la dotación a las Comunidades Autónomas de las instituciones que les ortorgan poder político y, en particular, legislativo, y al margen para elegir -y esto es importante, porque lo dice el propio Gobierno-, y al margen para elegir el Gobierno la vía de acceso al autogobierno y el ritmo de asunción de competencias por las Comunidades Autónomas. Que, de alguna manera, está en contradicción con lo que el propio Ministro de Administraciones Territoriales decía, en ese debate del Senado, en relación con las Autonomías, que decía que "en cuanto a la elevación del techo de las competencias de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, creo que no parece conveniente reabrir la discusión en esta Legislatura, por dos razones". Es decir, que está transfiriendo, desde esa posición, todo lo que estamos iniciando ahora y todos los deseos de esta Comunidad a la próxima Legislatura. "Porque la prioridad ahora es reforzar mecanismos de colaboración y porque supondría reabrir el acuerdo, recientemente logrado, sobre el sistema de financiación para los próximos cinco años".

Pues bien, es cierto que ha habido problemas y logros, y es cierto que esos problemas y esos logros son fruto, seguramente, del esfuerzo y de las equivocaciones de todos los Grupos Políticos en un largo proceso de desarrollo constitucional en lo que se refiere al Título VIII de la Constitución, es decir, a la autonomía.

Porque yo creo que hay que señalar aquí hoy, para que nos sirva de ejemplo, que en todo este proceso se han dado casos en los que ha brillado por su ausencia la racionalidad -me estoy refiriendo al proceso autonómico-, y ahí están para probarlo las peripecias de los Estatutos de Galicia, de Andalucía, la floración de Comunidades Autónomas uniprovinciales, el mantenimiento de territorios aislados sin regionalizar, tema de Segovia -y en la parte que este Procurador se corresponsabiliza, efectivamente, de ese hecho y de ese problema, en el momento en que ese problema surgió-, o la constitución de algunas Comunidades Autónomas sobre bases preconstitucionales, como es el caso de Navarra.

Hay que concluir, no obstante, de todos esos logros y de todos esos problemas, que la realización global de este proceso es positiva; pero esa realización global, como he señalado anteriormente, es el fruto del conjunto de todas las fuerzas políticas.

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Se va a decir -estoy absolutamente seguro porque ya se ha dicho- que ha habido un gran desarrollo de traspasos de medios y servicios materiales, avanzando respecto a las previsiones estatutarias. Pero yo tendría que decir ahí que, por una parte, en ese traspaso de medios y servicios, no cabe la menor duda que, referidos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha habido transferencias mal hechas, mal valoradas, transferencias de alguna manera cojas, transferencias hechas desde el profundo conocimiento que tenían los negociadores que representaban al Gobierno del Estado en relación con quien negociaba de una manera incipiente y desde el conocimiento de la Comunidad Autónoma, y que, de alguna manera, han hecho un desmerecimiento del propio proceso de las Autonomías y de las propias Comunidades Autónomas, y, en concreto, la de Castilla y León, que, de alguna forma, se han visto desacreditadas por esa forma de hacer esas transferencias.

En cuanto al gasto público, pues, todavía, según se dice, la Administración Central administra el sesenta y cinco por ciento del gasto público, mientras que las Comunidades Autónomas solamente el veintiuno y las Entidades Locales solamente el catorce, que está muy lejos incluso de ese objetivo, que es corto, desde nuestro punto de vista, del cincuenta-veinticinco-veinticinco, que se ha puesto como objetivo más razonable.

Se va a decir también que ha habido un acuerdo sobre financiación de las Comunidades Autónomas. Pero, evidentemente, y así se ha reconocido, que hay criterios disfuncionales por el comportamiento rático de las variables del saldo migratorio, o del salto brusco de la renta per cápita de las Comunidades cuyo P.I.B. reflejan un peso importante del sector agrario, o la aplicación de estadísticas desactualizadas.

Se va a decir también que hay un aceptable encaje para las Comunidades Autónomas de las consecuencias de nuestra incorporación al Mercado Común. Y, desde nuestro punto de vista, falta todavía por poner en práctica mecanismos que encajen perfectamente esos procedimientos, mecanismos que hagan participar a las Comunidades Autónomas de una manera concreta en sus intereses, cuando esos intereses después van a estar relacionados con la Comunidad Económica Europea. Y eso es uno de los objetivos que pretende la reforma de nuestro Estatuto.

Y, por último, que se han conseguido mecanismos de articulación y de cooperación para las políticas sectoriales. Y tenemos que recordar aquí, porque lo hemos vivido, por ejemplo, ejemplos recientes de problemas con una política sectorial de la Junta, como fue la denominada "Plan Joven", o con una política sectorial de la Junta y con una política sectorial del Gobierno del Estado de la Nación, como es la promoción de viviendas públicas, en las que, evidentemente, no se puede decir que se hayan articulado mecanismos de cooperación y que estén funcionando, porque han... Y conocemos una carta del Ministro correspondiente, que verdaderamente tiene un contenido intolerable para ésta y cualquier otra Comunidad Autónoma. Por lo tanto, tampoco se puede decir que en ese tema se haya llegado a resultados positivos.

Y, para que efectivamente se logre definitivamente todo eso, los dos Grupos Parlamentarios cuyos Portavoces me han precedido en el uso de la palabra, y que han analizado brillantemente los fundamentos y el razonamiento de nuestra Proposición de Ley, es por lo que, en conjunción con este Grupo Parlamentario Mixto y este Procurador de la Democracia Cristiana, hemos propuesto la reforma del Estatuto por la vía del artículo 29.2.a) de nuestro Estatuto actual y de acuerdo con el 148 de la Constitución, en función a las siguientes razones esquematizadas.

Primera. Que es un derecho de la Comunidad Autónoma y de los ciudadanos de ésta y de las otras Comunidades Autónomas que eligieron el procedimiento del artículo 143, y no insisto en el argumento porque se han dado razones muy fundadas por los anteriores Portavoces.

Que no parece, por otra parte, prudente mantener indefinidamente abierto el periodo constituyente, que es lo que haríamos si dejamos, de acuerdo con lo que opinaba el Ministro de Administraciones Territoriales, incluso con lo manifestado por el Presidente González en su última comparecencia en rueda de prensa en nuestro país; estaría abierto durante un tiempo muy largo, que no beneficiaría nada la solución de los problemas de nuestra Comunidad y del conjunto de los problemas del Estado y de los ciudadanos españoles.

Y por otra parte, y éste es un tema para mí sustancial, el que por primera vez una Comunidad, nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, toma la iniciativa en un asunto fundamental, de aprobar una Proposición No de Ley que va a ser trasladada a las Cortes Generales. Ese fue un tema en el que insistimos en el debate de Investidura, de que nuestra Comunidad Autónoma debería participar, fundamentalmente, no sólo en sus problemas propios, sino contribuir también a resolver los problemas fundamentales que tiene el Estado Español. Y no cabe la menor duda que, con esta iniciativa, la Comunidad Autónoma rinde un tributo importantísimo a la comunidad nacional, al tomar esta iniciativa, sobre la que se van a aglutinar, seguramente, iniciativas de otras Comunidades Autónomas. Y me parece, por tanto, un hecho sustancial a resaltar en cuanto a esta iniciativa.

En tercer lugar, porque el procedimiento del artículo 152 significa una renuncia de los derechos fundamentales antes enunciados y, por otra parte, otorgar el poder al poder central -toda iniciativa en este proceso-, prestando, por tanto, la posibilidad de bloquearlo. Es el Estado, en efecto, quien decidiría en ese caso, unilateralmente, qué facultades pueden ser delegadas o transferidas, en qué momento y en qué intensidad. Y, por lo tanto, desechamos -aparte de las otras razonas dadas- ese procedimiento por esta razón.

Y, por otra parte, que el proceso que abrimos ahora se queda, solamente, a la adecuación de techos competenciales, y que, por tanto, no perturban otros problemas que podrían derivarse de una reforma mucho más en profundidad del Estatuto.

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No obstante, queremos hacer un matiz específico de la Democracia Cristiana, en el sentido de que la sensibilidad de los ciudadanos tiende ahora a desplazarse desde la autoafirmación autonómica de la primera etapa hacia la exigencia de unos servicios más solventes, que exigen la eficaz colaboración entre las distintas Administraciones y poner el acento antes en la cooperación que en el conflicto. Y esto es lo que queremos aportar desde aquí: que, abierto ese proceso, todavía está abierta la vía de la cooperación, y desde nuestro punto de vista, debería quedar cerrada la vía del conflicto.

Por lo tanto, y por estas argumentaciones, solicitamos a la Cámara el voto favorable a esta Proposición de Ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, el representante del Grupo Socialista, don Juan José Laborda, puede acercarse para hacer uso de la palabra.

LABORDA MARTIN

EL SEÑOR LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Subo a esta tribuna a anunciar el voto en contra de mi Grupo a la toma en consideración de esta Proposición No de Ley. Desde luego, voy a razonar los motivos, voy a hablar del texto que se presenta a consideración de la Cámara, aunque con desventaja, puesto que nadie ha hablado del texto que se presenta a consideración y toma en consideración en esta Cámara.

Quiero confesar que no me desanima en absoluto saber que mis argumentos de poco van a servir, poco van a lograr que se reconsidere algo. No me desanima siquiera haber leído un oficio firmado por el señor Presidente, el pasado día veinte, en el que se convoca a la Junta de Portavoces para las doce cuarenta y cinco, exactamente las doce cuarenta y cinco de hoy, para enviar a la Comisión este texto legal. Es decir, esto está todo perfectamente cronometrado, por urgencia, pero que sin que varíe ningún minuto. No me desanima, desde luego, ninguna de estas situaciones. En todo caso, señor Presidente, puedo preguntarme, sin que Su Señoría me llame a la cuestión, de si esto se hace ¿a favor de algo o contra quienes estamos sentados y se sientan conmigo en estos bancos de la izquierda? Porque, señor Presidente, yo, desde luego, hubiera querido, y mi Grupo también, subir a esta tribuna a decir, felicitándome, regocijándome, anunciando compasión -y no es la primera vez que lo hago-, que estábamos iniciando todos, con la Constitución en la mano, con nuestro Estatuto en la mano, con las Leyes en la cabeza y con la razón también, un proceso de profundización del autogobierno, que supusiera que Castilla y León adquiriera el incremento de sus techos competenciales, que la razón, la historia y el proceso iniciado hace diez años , indudablemente, nos obliga. No es así.

Pero, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, yo quiero anticiparme y proclamar que si voto en contra, que si mi Grupo va a votar en contra de la toma en consideración lo hacemos porque nosotros queremos de verdad y sinceramente aumentar las competencias de nuestro Estatuto de Autonomía, en esa perspectiva global y constitucional que las Leyes que nos hemos dado nos obligan. Señor Presidente, ese hubiera sido nuestro deseo. Ese ha sido nuestro comportamiento invariable desde hace diez años. Porque no éramos tampoco mayoría cuando votamos favorablemente el Título VIII de la Constitución, ni éramos tampoco mayoría, señor Presidente, cuando en la asamblea de parlamentarios y Diputaciones Provinciales votamos favorablemente un texto autonómico para nuestra Comunidad, que considerábamos insuficiente, y por eso lo modificamos en el trámite en las Cámaras, cuando en mil novecientos ochenta y tres la mayoría socialista aprobó el Estatuto y, evidentemente, desembarrancó aquel proceso.

Señor Presidente, nos hubiera gustado que este trámite hubiera sido igual. Pero no nos asusta ni nos inquieta el haber estado entonces a favor de un proceso que, indudablemente, era complejo, ni nos sentimos incómodos ahora por estar en soledad, votando, como en mil novecientos ochenta y tres, en consecuencia con nuestros propios criterios, respecto de algo que, indudablemente, tiene más enjundia de lo que aquí se ha manifestado. Porque, en última instancia, señor Presidente, el trámite de hoy, que no ha tenido especial solemnidad en esta Cámara, que no ha tenido más alcance que el que suelen tener los cotidianos debates sobre Proposiciones No de Ley, el trámite de hoy para nosotros es, indudablemente, un trámite importante.

Un trámite importante, aunque, indudablemente, debe de verse en la perspectiva de otros momentos en los que nosotros votamos también en coherencia con nuestros criterios y votamos diferente que los Grupos o que la mayoría de los Grupos que se sientan en esta Cámara. Por ejemplo, en mil novecientos ochenta y tres votamos favorablemente que Castilla y León fuera lo que hoy es: una Región unida, con instituciones parlamentarias y no una simple suma de Diputaciones, sin León ni Segovia. Entonces sí que hubo una votación decisiva, entonces sí hubo pasión y tensión, porque estábamos votando el ser o no ser de esta Comunidad, y, desde luego, ese recuerdo lo traigo a esta tribuna porque me parece que nuestro voto de hoy -y lo afirmo así- es coherente con el voto de entonces. No quiero deducir, de algunas interpretaciones que considero discutibles, por no calificarlas de otra manera, que se han pronunciado hoy, de palabras que se han pronunciado ahora, que el voto de otros Grupos hoy -se ha hablado de beligerancia, etcétera-, sea coherente con el voto de esos mismos Grupos, que fue negativo, al texto de nuestro Estatuto de Autonomía en la mayor parte de sus artículos, y creo recordar que de abstención al conjunto de nuestro texto estatutario que hoy se pretende reformar.

Y digo, señor Presidente, que creo que nuestro voto de hoy es coherente con el de entonces, porque entonces, hoy, y mañana, cuando este texto legal se discuta en otro ámbito, los socialista seguiremos con plena convicción, buscando la mayor eficacia, abordar el desarrollo autonómico desde una perspectiva constitucional y buscando el espíritu constitucional; es decir, sumar el mayor número de voluntades políticas, pero, desde luego, sin excluir, de un proceso tan complejo y tan decisivo para nuestro país, al Estado.

(-p.719-)

Señor Presidente, no tenemos experiencia de reforma de estatutos. La Constitución establece, al igual que lo hace para sí misma, un cauteloso y complejo proceso de reforma estatutaria. Y, desde luego, establece un complejo y delicado sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como también un delicado proceso y una diversidad de vías para que las Comunidades Autónomas aumenten sus techos competenciales. Yo creo que apelar a esa complejidad no puede ser, en absoluto, calificada de reticencia o de obstrucción.

Señor Presidente, si la Constitución Española tiene un Título VIII, y no la mucho más simple lista de tres tipos de competencias que propusimos los socialistas en el debate constitucional, lo es y lo tiene precisamente porque quisimos con ello incorporar a grupos políticos que, teniendo las mismas siglas, entonces veían en ese Título que pretendían reformar un riesgo para la unidad de España. De ahí el complejo proceso que la Constitución nos exige para incrementar las competencias. No es, desde luego, una actitud de los socialista el ser cautelosos, el ir con prudencia para avanzar rápidamente una exigencia partidaria-ideológica, sino tan sólo el conocimiento del complejo proceso constitucional, entre otras cosas, porque hemos tenido que protagonizarlo o impulsarlo en tantas ocasiones en solitario.

Y dicho esto, he de decir, para entrar realmente en el contenido del texto legal, que a nuestro juicio, señor Presidente, esta Proposición de Ley, suscrita por tres Grupos Parlamentarios, no se adecúa a la Constitución ni a nuestro Estatuto de Autonomía. Tenemos graves objeciones formales y por eso tenemos que votar negativamente a la toma en consideración de esta Proposición de Ley.

Las razones formales en democracia en muchas ocasiones se confunden, o están implícitas, o son inherentes, a los contenidos materiales, en este caso a los contenidos competenciales. Cuando se trata, como en este caso, de un tema que afecta a la Constitución y al Estatuto, lo formal es, a mi juicio, inseparable de lo esencial. ¿Cuáles son, pues, estas objeciones formales? Señor Presidente, la vía que se ha elegido, que aquí ha sido someramente expuesta por algunos Portavoces parlamentarios, para incrementar nuestro techo competencial o, como se dice en el preámbulo de esta Proposición, proceder mediante una reforma a la adición de determinadas competencias no se adapta, en absoluto, al contenido y a la forma que la reforma material y competencial propone.

Nuestro Estatuto, como otros, como la mayor parte de los del 143, establece dos métodos claros y contundentes para aumentar las competencias hasta el máximo techo posible. Uno de ellos, en el nuestro, el que está definido en el artículo 29.2.b), es decir, una vía que nosotros, jurídicamente y políticamente, seguimos considerando que recoge tanto la iniciativa de la Comunidad como evita, salva y comprende la voluntad de máximos techos competenciales. Pero no entraré a defender esa propuesta del artículo 152.

La otra vía es evidente que es la del artículo 43 de nuestro propio Estatuto, es decir, la vía que permite una reforma en profundidad, de ahí que esa vía exija una iniciativa de un tercio de Procuradores, y una aprobación, para que la iniciativa sea tenida en cuenta, cualificada de dos tercios, exactamente como para cualquier reforma todos nuestros textos constitucionales lo exigen.

Ambas vías permiten y aseguran, mediante la correspondiente ley orgánica aprobada por el Congreso y por el Senado, modificar al alza las competencias que están listadas en nuestros artículos 27, 28 y 29 del Estatuto y, lógicamente, también las exclusivas del artículo 26.

La vía elegida en esta Proposición de Ley es la contemplada -se ha dicho aquí- en el artículo 29.2. a) de nuestro texto estatutario, es decir, lo que trivialmente se denomina la reforma blanda, que exige tan sólo la mayoría absoluta de la Cámara para que esa iniciativa sea válida y conduzca el texto a las Cámaras nacionales correspondientes. El trámite tremendo de urgencia que se nos impone, para un tema de tanta importancia como ha señalado el Portavoz de Alianza Popular, me impide -es una incongruencia, pero no debida a mi voluntad-, entrar en explicar a Sus Señorías lo que piensa la doctrina de estas tres vías, que no está resuelto ni puede resolverse alegremente con cuatro proclamas este complejísimo problema que los constituyentes regularon precisamente para lograr -y no fue posible del todo- que todo los Grupos aprobaran el importantísimo proceso de descentralización que la Constitución contemplaba.

Pero lo que no cabe ninguna duda es que la vía que los tres Grupos proponentes han elegido es una vía que autoriza -y me refiero a la doctrina del Tribunal Constitucional y no sólo o no fundamentalmente a la doctrina científica-, a que esta Comunidad Autónoma acceda a las materias relacionadas en el artículo 29.1 de nuestro Estatuto, es decir, aquellas materias y en los términos en los que están redactadas exclusivamente, y siempre, desde luego, en el marco del artículo 149.1 de la Constitución, que es, evidentemente, el marco de referencia. Por esta vía también se puede acceder a aquellas otras competencias que, estando relacionadas en los artículos 26, 27 y 28 del Estatuto de Autonomía, están también contempladas y protegidas por el artículo 149.1 de la Constitución, lo que inexcusablemente significa que no pueden alterarse los estrictos términos de la redacción de dichos preceptos, porque de lo contrario nos encontraríamos -y por eso está previsto el quorum de dos tercios cualificado-, en la vía de reforma dura, se puede llamar, o en profundidad, prevista en el artículo 143.

Pues bien, Señorías, esta Proposición de Ley altera -y de qué modo- no sólo nuestro Estatuto de Autonomía, sino, a mi juicio, el ordenamiento constitucional, invadiendo ámbitos que, hasta para el más lego en la materia, son indudablemente competencias del Estado que no pueden asumirse por la vía elegida, y dudosamente pudieran asumirse por cualquiera de las vías previstas en la Constitución.

Señorías, no voy a dar más que algunos, como se dice coloquialmente, botones de muestra de lo que Sus Señorías van a tomar en consideración, algunos ejemplos clarificadores. Yo creo que este insólito trámite de urgencia, que está pensado para excluirnos a los que discrepamos de la forma de este texto legal, para montar el maniqueo descalificatorio contra nosotros, nos ahorra hasta la responsabilidad -y lo digo sinceramente- de explicarles sus errores y sus extravagancias. En un texto que, desde luego, no es nuestro, señor Presidente, ni va a serlo, pero, Señorías, tampoco es suyo, porque este texto legal no lo ha redactado ninguno de los miembros que se sientan en esta Cámara, sino seguramente ha procedido de un despacho con vinculaciones, no sé si naturales o sobrenaturales con la política, que, desde luego, no ha tenido en absoluto ninguna contemplación global de la materia jurídica de la que se trata.

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Yo quiero, simplemente, elegir algunos ejemplos, señor Presidente. Hay veintitrés materias, veintitrés materias, en una primera y sosegada lectura que, a mi juicio, no solamente no se soportan en la vía elegida, sino que discutiblemente pudieran soportarse en cualquiera de las vías previstas en la Constitución. Simplemente -como digo-, para su reflexión, algunas consideraciones.

Veamos, por ejemplo, en el listado que se propone para el nuevo artículo 27, es decir, competencias que se quieren de desarrollo y de ejecución, el ejemplo del punto 27.1.7, donde se dice que "la Comunidad tendrá la competencia de desarrollo de ejecución en instalaciones energéticas cuyo aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma". ¿Qué dice nuestro Estatuto?... lógicamente, si se va a la vía de la mayoría absoluta -reforma blanda se ha señalado aquí-, no puede aumentarse lo que está previsto en el listado. ¿Qué dice nuestro Estatuto? Autorización de instalaciones eléctricas, no energéticas, cuando su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma.

Pero dice más. Dice que eso no es de desarrollo de ejecución, sino que es, simplemente, de ejecución, instalaciones eléctricas de ejecución, no energéticas de desarrollo. Y además nuestro Estatuto se adecúa al artículo 149.1.22 de la Constitución que habla de autorización de instalaciones eléctricas; ni en la Constitución está, para ninguna de las vías previstas, instalaciones energéticas. No es una cuestión jurídica; indudablemente, es una cuestión material, de qué estamos hablando; estamos hablando de la posibilidad de hacer una central térmica o atómica para resolver problemas que no se resuelven en los debates sobre las resoluciones de la minería. No lo sé, pero, en cualquier caso, jurídicamente eso es incorrecto. Item más, señor Presidente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 119/86 -le recomiendo que se la lean para que entren ustedes en la materia-, que preceptúa claramente en su doctrina cómo debe de estar redactado ese incremento de competencias y que, desde luego, incluso establece dudas sobre el redactado negativo que figura en su Proposición de Ley cuando en la Constitución aparece en positivo: "afecten a otra Comunidad", etcétera. No es baladí la disquisición, pero, indudablemente -primera conclusión sobre este punto-, lo que aquí aparece no se adapta a la vía elegida de reforma blanda; indudablemente, ésta es una reforma del 143, y la reforma del 143 está pensada -la reforma del 43, del artículo 43- está pensada, entre otras cosas, para que este tipo de cuestiones que exigen una mayoría amplia de dos tercios...,, uno pueda hacer el ridículo aquí, pero la mayoría de dos tercios lo que pretende es, entre otras razones, impedir que quienes alegremente y por urgencia toman estas decisiones, hagan el ridículo también en el Congreso de los Diputados llevando algo que ni se adapta a la doctrina constitucional ni está en la Constitución, en el artículo 149, ni está redactado en nuestro propio Estatuto. Yo no entro políticamente, y aquí se ha señalado..., las Comunidades Autónomas pueden, evidentemente, cuando hay decisión de los Grupos políticos nacionales, subir a través de los complejos mecanismos que la Constitución prevé hasta niveles competenciales sin adherirnos estrictamente a la formalidad de una interpretación de derecho, pero nada de esto se ha hecho aquí.

Yo quiero señalar algunos otros ejemplos sin aburrir a Sus Señorías, porque, ya digo, de esto deberíamos de haber hablado, lógicamente, en un proceso previo a la redacción, y no planteado unilateralmente y por primera vez, y, desde luego, con más argumentos que los que aquí se han esgrimido; porque esto parecía simplemente una bandería política para tachar de maniqueo a estos centralistas que se sientan aquí y que están muy satisfechos, muy serenos, porque el tiempo juega, indudablemente, a favor siempre de la razón, cuando tienen que tomar decisiones que no son alegres, que son costosas. Votar en contra no hubiera sido nuestra decisión, pero que no tenemos más remedio que hacerlo en coherencia con nuestros actos (otros no tienen ni siquiera pasado y, por lo tanto, no pueden ser coherentes con nada), pero, indudablemente, en coherencia con nuestros propios actos, nosotros tenemos hoy que votar en contra.

27.1.13. Se dice: "aguas subterráneas, ordenación de los aprovechamientos hidráulicos en el territorio de la Comunidad". ¿Qué dice nuestro Estatuto en lo que podríamos llamar competencia diferida del artículo 29? Fíjense ustedes la diferencia sustancial, para plantearse en profundizar la interrogación de si esta vía soporta esta reforma. Dice el 29.1.6: "Ordenación y concesión de aprovechamientos hidráulicos -hasta aquí igual- en aquellos cursos fluviales que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma", no en la Comunidad Autónoma. Es evidente que esto es así. Porque esto lo que supone no es ya sólo la reforma grande del artículo 43; es que esto está en contradicción contra el paquete competencial que está definido, entre otras cosas, por la Ley de Aguas. Es verdad que recurrida por Alianza Popular en el Tribunal Constitucional, pero es que una vez más nos encontramos -porque aquí también hay política y no simplemente región contrastada- que la derecha tradicional plantea en este Estatuto, aquí, para darse la alegría, las cosas que se pierden en el Congreso de los Diputados, y que se pierden contra la ........... y contra la Ley, señores. Porque, indudablemente, decir que la competencia en la Comunidad incluso de las aguas subterráneas es volver a abrir el debate de si hay propiedad privada sobre el agua, es volver a negar que hay un ciclo del agua, y volver a señalar que lo que está debajo de mis pies es mío, sin tener en cuenta lo que la Ley de Aguas recoge, lo que la doctrina recoge, y es que hay un ciclo del agua y que, por lo tanto, tiene que tener ese carácter público.

Aquí no hay, simplemente, un intento inocente de incrementar las competencias, sino que hay contenidos y calados políticos evidentes, señor Presidente; es la vieja obsesión que yo recuerdo del debate de la Ley de Aguas. Y que, indudablemente, plantea problemas clarísimos en nuestra Comunidad, porque en la Comunidad está el Sil, en la Comunidad está el Ebro, e, indudablemente, no son cuencas exclusivas del ámbito competencial de nuestra Comunidad.

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Pero sigamos, y veamos, por ejemplo, el 27.1.17. Se dice: "Cooperativas, pequeñas y medianas empresas y cualesquiera formas especiales de organización de la actividad económica y laboral". Si alguna duda les cabía todavía, señores y señoras Procuradores, he ahí una competencia que no está prevista ni en el Estatuto de Autonomía -es redacción ex-novo-, ni en ninguno de los del 143, ni en ninguno de los del 151. ¿Qué significa formas especiales de organización de la actividad económica y laboral? Que aquí va a haber organizaciones empresariales rompiendo la unidad de disciplina de mercado, la unidad de técnicas, al margen no ya de la Legislación del Estado... Es que no han caído ustedes en la cuenta que nosotros estamos desarrollando directivas de la Comunidad, y esto, indudablemente, no podemos ignorarlo y, por lo tanto, esto es imposible de que figure en ningún Estatuto de Autonomía. Porque no es asimilable a ninguno de los conceptos. No hay ni un Estatuto -me los he repasado todos- donde esta competencia en estos términos tan alegremente referidos, que ignora, por ejemplo, la Ley de Cooperativas, que establece como competencia -que no se ejerce, desde luego, en esta Comunidad-, de las Comunidades el fomento del cooperativismo, pero que la regulación es una regulación nacional o, por decirlo más exactamente, supranacional, puesto que estamos en la Comunidad Económica Europea.

Yo creo que es precisamente para este tipo de arbitrismos, de ideas luminosas, por lo que está previsto la vía de los dos tercios. No es que hubiera una desconfianza del legislador pero, indudablemente, alguna previsión -no se pensaba en estas tierras, se pensaba en otras-, el constituyente estableció para que estas cuestiones, alegremente, no salieran adelante de una manera tan absolutamente increíble.

Pero yo voy a entrar -y me van a perdonar- en un ejemplo más. Es que realmente redunda en que aquí no hay inocencia, ni ésta es una cuestión de los autonomistas nuevos frente a los centralistas de siempre. Aquí hay pólvora política. 27.1.21. Dice: "Prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación social" -¡Atención!, que entramos en lo sagrado-, "en el marco de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española", artículo 20, sección 1, derechos fundamentales protegidos a través del recurso del 155, inmediato, es decir, la libertad de expresión traducida a la libertad de empresa, y añade: "y de conformidad con las Leyes Generales del Estado". ¿Qué dice nuestro artículo 27.2? Dice que "Corresponde a la Comunidad Autónoma el otorgamiento de concesiones", pero, desde luego, no aparece en ningún Estatuto de Autonomía una referencia al desarrollo de competencias en medios de comunicación con esa referencia al artículo 20, artículo de derechos fundamentales. Y, desde luego, lo que dice nuestro Estatuto es que ese otorgamiento de concesiones se hará en los términos que dispongan las Leyes del Estado -diferencia fundamental-, en los términos que dispongan las Leyes del Estado; todas las Leyes del Estado, no estas Leyes especiales que son generales; no sé si son leyes generales o coroneles, pero el caso es que aquí hay algunas leyes que no se pretende obedecer según esta reforma. ¿Cuál son las Leyes Generales del Estado? ¿Por qué no se dice "en los términos que dispongan las Leyes del Estado"? Miren ustedes, esto es, en cualquier caso, la reforma del artículo 43. Pero yo diría más, esto es la contrarreforma, la contrarreforma de la Ley de Televisión privada. Por ejemplo, ésa no es una ley general, ésa es una ley particular o de sargento y por lo tanto ésa no afecta aquí. Aquí las concesiones las hago yo en esa fascinación de hombres encantados, que decía un viejo tratadista del siglo XVI de Salamanca, que viven fuera de la realidad, fuera de la realidad de un Estado parlamentario unitario que, indudablemente, ha iniciado un proceso de descentralización complejo y profundo, pero que no puede tomar las decisiones alegremente, porque -y lo he dicho y una vez más me van a perdonar la reiteración- esta decisión es más importante que el ancho de vía, pero cuando uno toma la decisión de cuál debe ser el ancho vía, el ancho de vía une o separa un país por muchos cientos de años.

Y esto, indudablemente, reformar el Estatuto, incrementar las competencias, tiene más importancia que el ancho de vía. Nos afecta a ustedes, pero no a la pelea entre ustedes y el Presidente del Gobierno, entre Alianza Popular y el Partido Socialista. Afecta a mis hijos, a los suyos, a las generaciones que van a venir, y, precisamente, pensando en ellos no tenemos ningún inconveniente ni ninguna contrariedad en decir lo que pensamos, en decir que nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho más seriamente, pero no tenemos ninguna contrariedad en tener que votar en contra.

Miren, señores, esto no es un texto legal. Esto es una mezcla de programa electoral pensando en una Comunidad que no es ésta. Esto no es Andorra, esto no es Andorra; esto es Castilla y León. Esta Comunidad de Castilla y León tiene en honor, en gloria, el haber definido en el Preámbulo de su Estatuto algo que al parecer no se han leído, y es que hemos mantenido a lo largo de los siglos una identidad histórica y cultural claramente definida dentro de la plural unidad de España. Eso decimos en el texto del Estatuto; lo votamos; es posible que alguno de ustedes hasta estuviera en la redacción.

¿Qué más cosas podría decir, sorprendentes? Apelo a mis amigos del CDS, a su espíritu laico claramente probado, cuando..., no sé si han caído en la cuenta, no sé si han caído en la cuenta, pero convendría que hicieran el psicoanálisis, en términos froidianos, de la derecha cotidiana, cuando planteen el 27.1.23, competencia en fundaciones, asociaciones de carácter docente, artístico, cultural, benéfico-asistencial y similares, de interés para la Comunidad. Ustedes no se han leído esto. Eso está regulado ya por el Estado. ¿Qué se pretende aquí? No hay ninguna previsión estatutaria, no está en la Constitución; léanse ustedes las competencias del 148 y del 149; nunca aparecerá esto. ¿Dónde está esto?, ¿en algún devocionario?. ¿O es que se pretende aquí regular las asociaciones de padres de alumnos al modo que se dice cuando las discusiones de la LODE? Es decir, esto es un programa electoral, no un texto. No es un texto para llevar al Congreso de los Diputados, sinceramente se lo digo. Miren, podemos suspender la Sesión y empezar a hablar otra vez. Nosotros colaboramos. ¿No hemos tenido oportunidad de colaborar? Allá ustedes. Desde luego, no nos pidan que enmendemos este desastre, porque no es posible enmendarlo en absoluto.

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Podríamos seguir dando ejemplos. No me voy a extender en más ejemplos; quizás para la réplica tenga alguna otra consideración. Al señor Daniel de Fernando le digo que se mire, por ejemplo, el 28.2, la ordenación de productos farmacéuticos; el podrá al menos como farmacéutico opinar, ya que como jurista no se ha leído en absoluto lo que ahí aparece. Pero la verdad es que de nuevo aquí tendríamos pues un sistema de botica absolutamente al margen de Europa, absolutamente al margen de Europa, porque la regulación ya es internacional y no está previsto en ningún lado -ni en la Constitución ni en el Estatuto- lo de productos farmacéuticos. Lo que está previsto es la ordenación del sector farmacéutico, que es competencia, pero los productos que parece que vamos a tomar aquí: Piramidones de otra calidad distinta, o lo que se fabrica yo qué sé en dónde...

Bien, esto es, realmente, bastante peregrino. Pero yo no les voy a dar muchas más pistas, porque ¡allá ustedes con su responsabilidad!. Cada cual asume, cada cual asume el papel que le toca hacer en cada momento. Y, hombre, alguna contrapartida debe tener -desde el punto, al menos, del divertimento público- pues esta actitud banderiza de decir: ¡hombre!, hemos descubierto las virtudes de la Autonomía y, aunque sea poniendo el Estado al revés..., porque en este texto legal se pone el Estado al revés: se plantea, por ejemplo, en el nuevo artículo 29, no ya que el Estado regule cómo participan las Comunidades Autónomas en la programación económica general; es que lo que se plantea aquí es que la Comunidad Autónoma regula al Estado su participación. Bueno, esto es el Estado al revés. Yo recuerdo al Rector de Salamanca -y lo digo al recuerdo de algunas teorías paccionadas que yo he escuchado recientemente en algunos medios de comunicación, incluso en alguna reunión- aquello que hablaba de los Carlistas, que sitiaban Bilbao en paz en la guerra, que tenían el mundo al revés. Bueno, pues esto es el Estado al revés, que es el neoforalismo, el neopaccionismo; pero esto está en este Estatuto, realmente, en esto que dicen que es un texto de Estatuto.

Por lo tanto, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, este texto va, en broma -y en serio, como lo quieran ustedes ver-, mucho más allá de lo previsto en el artículo 29.2.a). Yo creo que si la magnitud de las cuestiones que yo acabo de exponer -digo, hay veintitrés más que puedo exponer-, que yo creo que se extraen de la simple lectura del texto legal, de nuestro Estatuto y de la Constitución, no exigen la vía de reforma del artículo 43, yo pregunto a la Cámara: ¿Para qué está prevista, entonces, la reforma del artículo 43?, ¿para qué está prevista? Denme algún ejemplo. No sé si para convertir a algún Procurador en miembro del Cónclave donde se elige al Sumo Pontífice, porque ya más es imposible. ¿Para qué está previsto, realmente, el artículo 43?, ¿cómo puede canalizarse y soportarse, a través de la vía que ustedes han elegido en este juego -que, por cierto, es un juego complejísimo, porque aquí estamos hablando de un texto legal, pero hay otro en Comisión que llegará simultáneamente-, cómo puede suceder realmente esto? Yo quiero, simplemente, terminar con algunas consideraciones, señor Presidente.

Primero. Me parece que nunca un texto legal ha sido tan mal hecho en tan poco tiempo: primera aproximación a la cuestión, que, desde luego, es tangencial y equidistante respecto de la tríada que sustenta este Proyecto de Ley. Nunca una minoría, en lo que yo tengo experiencia de mayoría y de minoría, ha estado tan indefensa como lo hemos estado nosotros en una materia de tanta importancia como ésta. Ninguna Ley Orgánica, en el Congreso de los Diputados, ha pasado por trámite de urgencia; y, desde luego, una Ley del calado de ésta, si al Gobierno socialista, con mayoría absoluta, se le ocurre hacer una tramitación de urgencia -que no es de urgencia, esto es al "matacaballo"-, sin ninguna garantía, ni consulta al Consejo de Estado, ni nada por el estilo, la verdad es que lo que hubiéramos tenido que escuchar hubiera hecho temblar los cimientos de aquel solemne templo.

Yo no sé si ustedes nos consideran a nosotros innecesarios; algo de esto puede suceder, somos innecesarios. La verdad es que nosotros nunca hemos considerado a la Oposición innecesaria, y yo creo, sinceramente, que, salvo los que ideológicamente tienen una actitud sectaria, o se creen sus propias frases, la verdad es que es un poco incompresible tener la voluntad de prescindir del Partido Socialista, del Gobierno Socialista del Estado -y dejen ustedes los colores, si quieren-, en un proceso de esta naturaleza. Yo creo que hubiera sido mucho mejor para ustedes haber aceptado, por ejemplo -cosa que se ha guillotinado-, nuestra propuesta de evacuar una consulta al Consejo de Estado. Yo creo que hubieran adquirido la fuerza legal y también la respetabilidad política que este texto y ustedes han perdido en este tema. Yo creo que la prisa ésta, injustificada, ¿no les ha llevado a que este trámite aparezca como absolutamente trivial, y yo creo que incluso efímero? ¿No han parado a pensarse que esta obsesión por llegar antes de que finalice el plazo de este período de sesiones resta fuerza y credibilidad legal a este texto legal? Yo la verdad es que no lo entiendo; no entiendo el procedimiento, tratándose de algo tan importante.

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Yo antes he dicho, por hacer justicia, que este texto no es de nadie; de nadie. Será de ustedes, de la Cámara, en el momento en que se tome en consideración; pero hasta ahora no es de nadie, nadie ha puesto su pluma en él, estoy convencido de eso. Pero yo quiero seguir haciendo justicia, y creo poder afirmar, con toda contundencia, que el trámite de urgencia no ha sido voluntad del Grupo que apoya a la Junta; que el trámite de urgencia ha sido una imposición de una de las minorías que ha suscrito este texto legal. Que ha sido una imposición. Y yo no sé si esa imposición tiene algo que ver con otra cosa que es disparatada y que entra en contradicción con la prisa, y es que simultáneamente -y yo creo que con una interpretación extraordinariamente laxa del Reglamento, y me perdone el señor Presidente-, hay otro texto legal que discurre paralelamente, que se ha denostado el procedimiento elegido, el del 150, por los mismos que lo han propuesto, y que se quiere que llegue simultáneamente al Congreso de los Diputados con este texto. Yo no sé si algo de esto tiene que ver, pero desde luego, Señorías, si ustedes no han querido esperar a que el Presidente del Gobierno abra con nuestra Comunidad, a través de su Presidente, el diálogo necesario... Y, señoras y señores Procuradores de Alianza Popular, ¡menos sonrisas!, sitúense realmente en la magnitud de sus responsabilidades en el contexto y no juzguen alegremente, no juzguen alegremente, porque no tiene ninguna credibilidad lo que son gestos ante la galería en un proceso que, indudablemente..., y yo comprendo que Su Señoría no estuvo en el proceso de redacción del Estatuto, señor Cortés, y, desde luego, el Presidente de la Comunidad Autónoma fue ponente del mismo, pero no pudo participar, como otros, en un largo proceso que arrancó desde mil novecientos setenta y nueve en esta Comunidad, y que nosotros hemos protagonizado, y que sabemos que esos procesos son lo suficientemente complejos para no tener credibilidad unas declaraciones que se hacen un día en un jardín o en una Convención de Partido. Porque ésta es la realidad, señoras y señores Procuradores de Alianza Popular. Otra cosa es lo que se dice en los periódicos y lo que se dice a los medios de comunicación alegremente. El tiempo les dará o nos quitará a nosotros la razón. Pero, por volver a lo que le quiero decir: yo creo que el llevar esta urgencia, prescindiendo de este Grupo..., asumimos con absoluta tranquilidad la situación de soledad, pero urgir a que llegue al Congreso de los Diputados, ¿para qué? Para que la mayoría socialista -y supongo que otros Grupos más- tengan que optar por una vía o la otra. Yo la verdad es que no sé si hemos perdido el sentido común o estamos en la "República de hombres encantados", que decía .......... ; pero lo cierto es que, si todas las Comunidades Autónomas -las diecisiete, Señorías, porque las diecisiete pueden acceder a la reforma del Estatuto- presentaran para su reforma dos vías distintas, simultáneamente, por trámite de urgencia, sin que haya habido ninguna negociación previa, ni ningún estudio, como otras Comunidades han iniciado, a través de Comisiones, etcétera, la verdad es que, para cualquier observador, desde fuera, lo único que deduce de esto es que puede ser una espléndida lucha política, pero que aquí no hay más que un solapamiento: el solapamiento de la lógica competencia entre la mayoría y la oposición, que se ha solapado, en el momento histórico en el que estamos viviendo, en una artificial competencia o confrontación entre lo que se dice a veces, alegremente, Castilla y León y Madrid. Esto, en ese contexto, en esa dinámica, sí se puede entender lo que estamos haciendo esta mañana. Desde luego, en la dinámica de los que tienen voluntad, de verdad, de asumir competencias, no; porque, si tuvieran realmente voluntad de asumir competencias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, ustedes hubieran elegido la vía correcta. De esta manera, quedan ustedes bien, pidiendo lo imposible, sabiendo que nunca lo van a tener, y pensando que con este mensaje pueden estar durante tres años sin hacer gestión en la Comunidad, sin gestionar siquiera sus competencias, y, desde luego, creando el clima con el cual ustedes pretenden -no sé si dando la vuelta al Estado, o al menos flotando en este contexto de confusión- mantener mayorías electorales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Laborda. Para el correspondiente turno de réplica, en primer lugar, el representante del Grupo de Alianza Popular, don Miguel Angel Cortés.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Este debate, al menos, ha servido para que el señor Laborda descienda a la tribuna y conozcamos las opiniones de tan alta dignidad. Señor Laborda, lo dije en mi primera intervención: dejemos la historia para otro foro, y es mejor para aquí hablar de presente y, sobre todo, de futuro; porque la historia, señor Laborda, es la que es, pero no debe ser utilizada, a nuestro juicio, como arma arrojadiza, y mucho menos -eso no me preocuparía-, mucho menos como coartada. Porque ustedes, que se autotitulan progresistas, tienen demasiada tentación a mirar hacia atrás, como justificación de comportamientos presentes; y, de la misma forma que esos cien años de supuesta -y nos seré yo quien lo ponga en duda- honradez, tan aireada, no puede eximirles ahora de que, por ejemplo, se investigue la privatización de Rumasa, o se investigue sobre la calificación de terrenos en la costa de Huelva, el haber ejercido durante un tiempo, más bien breve en la larga historia de su partido, como autonomistas de poco sirve para que, desde que ocupan ustedes el poder estatal, sean fuertemente centralistas.

Y da la impresión que para ustedes la bandera autonómica era una forma de conseguir parcelas de poder. Muchos miembros de esta Cámara -puesto que a la historia se remite el señor Laborda- éramos activos miembros de la política, soportando o colaborando en el partido entonces en el Gobierno, cuando don Felipe González Márquez, a la sazón Secretario General del Partido Socialista Obrero Español y Jefe de la Oposición, se desplazó a Sevilla para solidarizarse con la huelga de hambre de don Rafael Escuredo. Sin duda, esta excursión de don Felipe González, más cercana que las que últimamente realiza, se debía exclusivamente al gran sentido del Estado y de la responsabilidad que históricamente ha tenido el Partido Socialista. Probablemente era eso. Otros pensamos entonces, y pensamos ahora, que el Partido Socialista cometía entonces, a través de su más destacado dirigente, una irresponsabilidad. Lo que pasa es que, luego, don Felipe González pasó de simple Secretario General del Partido Socialista a ser Secretario General del Partido Socialista y Presidente del Gobierno de la Nación. A partir de ese momento, vean ustedes lo que le pasó al antes solidarizado señor Escuredo; aunque parece que no le van mal las cosas en otros terrenos. O vean ustedes lo que le ha pasado más recientemente a don José Rodríguez de la Borbolla. Cuestiones éstas que nos hacen pensar, si a la historia queremos remitirnos, que para el Partido Socialista lo único que le importaba era el poder, y, cuando el poder estatal no era posible, bienvenido fuese el poder autonómico, aunque pusiese en quiebra cualquier cosa. Eso no importaba. Porque ahora se nos acusa, a tres Grupos de la Cámara..., que, señor Laborda, hemos firmado un texto en cuya redacción los tres hemos participado, y hemos solicitado una tramitación urgente que los tres, voluntariamente, hemos querido, sin ningún tipo de imposición de nadie -no la ha habido-; pues digo que ahora se nos acusa de intentar poner..., dar la vuelta al Estado quienes entonces hacían eso; quienes hace poco -y creo que incluso ustedes lo respaldaron- hablaban de propuestas federales, o al menos de lecturas federalizantes. Eso sí es una reforma sustancial del Estado; yo no digo que sea ilegítima, digo que es cambiar sustancialmente un Estado que habla de una soberanía única, que desde luego no es conforme con un Estado federal. Ahora bien, como para ustedes el poder era sólo un fin, si había que conseguir el autonómico, bien; pero, una vez que ya se tenía el estatal, éste, cuanto más centralizado, mejor; sencillamente, porque así está más controlado.

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Lamento de verdad, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, haber dicho esto; y hubiese preferido hablar sólo de reforma del Estatuto, pero algunas afirmaciones que se han hecho desde esta tribuna no podían quedar sin respuesta. Sí van a quedar algunas, como, por ejemplo, ese intento -insostenible de todo punto-, por parte del representante del Partido Socialista, de pretender monopolizar el éxito del proceso constitucional. No fue, desde luego, el Grupo del que yo ahora soy Portavoz, ni fue el Grupo del que era miembro cuando como otros miembros de esta Cámara, en el período constituyente, quien abandonó, por ejemplo, la Ponencia constitucional.

Pero bueno, quiero decirle, señor Laborda, que a mí los defensores de causas perdidas me despiertan la natural simpatía. Y a veces pienso de ustedes -como en el Poema de El Cid-, que "qué buenos vasallos si hubiera un buen señor". Porque defender lo indefendible, ciertamente, simplemente por obediencia a la superior autoridad, es, en cuanto a la obediencia, digno de reconocimiento, pero, claro, en cuanto al objetivo me da la impresión que errado. Y por defender lo indefendible hicieron ustedes una campaña -y usted, en particular- que se asemejaba más a la de un candidato a Gobernador Civil -todo lo más a Delegado del Gobierno-, más que a Presidente de Comunidad Autónoma. Y al principio de la Legislatura, atentos al cornetín de órdenes, callaron y asintieron cuando se dijo por parte de altos representantes del Gobierno de la Nación que no habría una sola competencia más para las Comunidades Autónomas hasta mil novecientos noventa -versión Almunia-, mil novecientos noventa y uno -versión Guerra- o viceversa, no recuerdo exactamente bien la cita de autoridad. Ahora resulta que sí va a haber competencias, aunque, de momento, dicen que a través del artículo 150 de la Constitución. Eso lo han dicho en Madrid y ahora todos a coro.

Pues bien. En mi primera intervención leí textualmente y subí los papeles... parte de las notas que tenía, y ahora voy a hacerlo en el texto del que las había recogido, por ver aquello de la coherencia del Partido Socialista.

Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León, I Legislatura, número 56, página 2.016. Usted no estaba aquí, yo no estaba tampoco en la reforma... en la elaboración del Estatuto, y usted no estaba aquí cuando ésto, pero quien está inmediatamente a su izquierda, sí. Y decía el señor Quijano González -leo literalmente-: "El Artículo 150 de la Constitución -y eso seguramente lo conoce perfectamente Su Señoría-, es una vía totalmente excepcional por la propia ubicación sistemática que tiene y, desde luego, por los precedentes con que se ha venido utilizando hasta ahora. Es un vía excepcional porque la vía ordinaria, que la propia Constitución señala y los Estatutos de Autonomía recogen, es la de la propia reforma estatutaria; éste es, en definitiva, el procedimiento adecuado". Efectivamente, decía usted más cosas, y se las voy a leer, se las voy a leer también.

Decía usted en el turno de réplica a mi compañero de escaño, don José Nieto: "Lo dije y me parece que debo mantenerlo. Y usted habrá visto que en el artículo 149, pues, se contiene una relación de competencias, hoy por hoy, exclusivas del Estado respecto de Comunidades como la nuestra y que el procedimiento normal es el de transcurridos los plazos -cinco años- proceder a la reforma de los Estatutos". Esto decía usted en el debate, en el turno en contra de la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para asunción de competencias en materia de educación, efectivamente, excepcional, porque no habían transcurrido cinco años y porque, además, el procedimiento del 150 -y lo decía usted y lo dice también, por ejemplo, la Comisión de Expertos presidida por el profesor García de Enterría-, es un procedimiento válido para la transferencia de competencias concretas, pero no para cuestiones generales. Esto lo decía usted.

Y creo, señor Quijano -y bien sabe la amistad que le profeso- que llevaba usted razón, no me duelen prendas reconocerlo; pero creo que no está de más que la Cámara quede ilustrada respecto de la coherencia del Partido Socialista, en sus más destacados dirigentes regionales.

Llevaba usted razón aquí, aunque se equivocaba un poco más abajo, porque un poco más abajo, el párrafo inmediatamente siguiente, decía usted: "El Partido Socialista ganará esas elecciones y, por tanto, gestionará la Comunidad Autónoma otra vez". Quizá también llevaba usted razón aquí en la profecía, pero la desafortunada campaña del señor Laborda le hizo a usted estar sentado exactamente un banco más arriba de donde le hubiese gustado estar a usted, o donde preveía que iba a estar usted. Pero, claro, esto de venir aquí de candidato a Delegado de Gobierno, pues, ciertamente, los ciudadanos de Castilla y León han decidido que el señor Laborda no sea incompatible para las aspiraciones que tan reiteradamente manifestó durante la campaña, aspiración a la que parece no ha desistido.

Pero, no obstante, señor Laborda, tenemos -de verdad- la esperanza de que ustedes puedan sumarse a esa iniciativa de la que nadie, sino sólo ustedes se han excluido..... Creo, señor Presidente, que se podrá tener en cuenta mi economía de tiempo en la primera intervención. Nadie ha excluido al Partido Socialista. Es más, creo que ha habido esfuerzos, que aquí se han reconocido, del Presidente de la Junta para impulsar un acuerdo consensuado de todos los Grupos Parlamentarios, y ustedes abandonaron esa iniciativa. Y, desde luego, digo que tenemos la esperanza, porque esperamos un nuevo cambio de la política de don Felipe González -después de sus excursiones filipinas-, y, en ese caso, a lo mejor podemos contar con su inapreciable colaboración en la tramitación en la Cámara de esta Proposición, lo que le aseguro que deseamos de todo corazón, de todo corazón.

En cuanto a las objeciones formales que ha formulado el señor Laborda, no deja de ser curioso que dijese al principio de su intervención que no existía ningún precedente, "no existía ninguna experiencia -creo que ha dicho- de reforma de Estatutos de Autonomía por el procedimiento que aquí se sigue". Y eso lo manifestaba como un argumento para tomar mayores cautelas de las alocadas iniciativas que habíamos tomado aquí tres Grupos de estas Cortes.

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Claro, lo que no es muy coherente es decir acto seguido -de que no existe ningún precedente, que no existe ninguna experiencia-, que existe una asentada y consolidada doctrina del Tribunal Constitucional; me da la impresión que no es posible ambas cosas, porque si no existen experiencias ¿sobre qué va a haber dictaminado el Tribunal Constitucional?

Y a mí me da la impresión que el señor Laborda -como viene siendo habitual en quienes no tienen otra finalidad aquí más que defender las órdenes variables, ciertamente, del Gobierno Central-, pues opta por la interpretación más restrictiva posible que, en este caso dice que es la literal. No comparto yo esa interpretación, y creo que no lo comparten los demás Grupos que, después de un detenido y concienzudo estudio de la propuesta de reforma que hemos presentado a la Cámara, han decidido, hemos decidido presentarla en los términos que figura en el Boletín de estas Cortes.

Me da la impresión que lo que de verdad quieren ustedes no es que sea ni la reforma que decía el señor Quijano, el procedimiento, que es el correcto, que es el de la Reforma del Estatuto, artículo 29.2.a, una de las posibilidades, o 43 para otras. Lo que quieren ustedes es introducir la iniciativa en la vía del artículo 43, pero no por ninguna razón procedimental. Simplemente, porque por la vía del artículo 43 disponen ustedes de derecho de veto, que ejercerían -como han visto-, y legítimamente, si hubiésemos entrado en las materias del artículo 43. Materia del artículo 43 sería, por ejemplo, facultad de disolución para el Presidente de la Junta, que otros Estatutos de Autonomía tienen; eso sería materia del artículo 43. Pero me da la impresión que el señor Laborda formuló esa pregunta no porque desconociese cuáles serían las materias que entrarían de lleno en la regulación del artículo 43, sino, simplemente, bueno, pues por aquello de intentar cargarse de razón ante una situación en la que, objetivamente, no la tiene.

Y quieren ustedes llevar esta reforma a la vía del 43, porque lo que en definitiva quieren ustedes es que no haya ni una competencia más; porque eso es lo que ha dicho el Gobierno, porque eso es lo que vienen haciendo ustedes aquí con su actitud, porque eso es lo que interesa a un Partido que sólo le interesa competencias allí donde ellos tienen poder.

Que el señor Laborda venga a decirnos ahora, representando al Partido Socialista, que sería más prudente esperar a que el Presidente de la Junta tuviese una conversación con el Presidente del Gobierno, solicitada desde el mes de Septiembre, ciertamente, no deja de ser un sarcasmo viniendo de quien viene. Ustedes no quieren ni esta reforma ni ninguna; pero esta es otra cuestión. Esta Comunidad sí la quiere y la necesita.

En este momento estamos en el trámite de toma en consideración, y los argumentos que deben aquí darse son argumentos generales que, por otra parte, ya habían sido debatidos en otras instancias de la Cámara -muy en concreto en la Junta de Portavoces y me imagino que también la Mesa, pero yo no soy miembro de la misma-, y se han debatido contando con sólidos informes, al menos de los Servicios Jurídicos de esta Cámara, y créame que hemos estudiado concienzudamente esto. Lo que pasa es que ya estoy viendo la estrategia que pretende vislumbrar el Partido Socialista, y es decir: bueno, nosotros aquí vamos a decir simplemente ésto y vamos a fiar todas nuestras esperanzas a que en las Cortes Generales se rechace esa iniciativa.

Pues bien, dentro de poco -si estas Cortes tienen a bien tomar en consideración esta Propuesta de Reforma- se abre un período de Enmiendas de diez días. Ciertamente, hemos pedido la tramitación urgente, y no tenía otra finalidad más que intentar que esta iniciativa salga de las Cortes de Castilla y León antes del final de este período de Sesiones. Pero nos imaginamos que su Grupo formulará las objeciones que ha formulado desde esta tribuna por la vía de Enmienda, intentando eso que ha dicho aquí..., ha sido algo así como que esta Comunidad no haga el ridículo ante la Mesa del Congreso de los Diputados. Bien, en el trámite de Enmiendas argumentaremos en favor del mantenimiento de la Proposición en sus actuales términos.

Argumentos hay, pero, claro, el señor Laborda se los ha estudiado..., por ejemplo -no sé, por sólo citar uno-, invocaba la superior autoridad de don Daniel de Fernando en productos farmacéuticos, ésta sólo en función ejecutiva. Por lo tanto, no habrá aquí, no habrá aquí ¿verdad?, productos farmacéuticos distintos de los que puedan existir en Amsterdam o en Llobregat.

Pero el procedimiento que han decidido libérrimamente tres Grupos de esta Cámara presentar a las Cortes es -como bien decía el señor Quijano- el procedimiento adecuado. Y este procedimiento exige sólo la mayoría absoluta. Cuestión distinta es que nos gustase -me imagino que a los tres Grupos, desde luego, al Grupo Parlamentario de Alianza Popular-, que ya que no en la toma de consideración, en la votación final -si es que para entonces el señor Presidente del Gobierno ha dado un nuevo giro a su política mudable-, pues, podamos contar con el respaldo del expreso Grupo Socialista.

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Y finalmente querría, señor Presidente -porque creo que corresponde a la Presidencia y a la Mesa velar por que en la Cámara no se produzca la indefensión de ningún Procurador de ningún Grupo Parlamentario-, reflejar, desde el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, el pleno respaldo y el pleno acuerdo con todas las decisiones que hasta la fecha ha tomado la Mesa en este asunto. Me parece que no es justo para con la Mesa hablar de indefensión, como creo que no son correctas algunas iniciativas que ha planteado su propio Grupo, como era, por ejemplo, la solicitud de reconsideración de la propia declaración de urgencia -decisión de la Mesa no reglada en el Reglamento-, y hay que pensar que si la Mesa la ha tomado, la habrá tomado con alguna razón; cuando ustedes, en su solicitud de reconsideración, no alegaban ninguna -como reconoció la Mesa y el propio informe de los Letrados, no había ningún argumento sobre el que contraargumentar en el informe de los Letrados-, nos parece, cuanto menos, una desconsideración hacia la Mesa, si bien lo que de verdad es, es una intención, un intento más de obstrucción de una tramitación. Porque para ustedes, al menos hasta la fecha -y espero y parece que hay algún indicio que pueden ustedes rectificar su actitud-, toda su intervención en esta Cámara, en esta iniciativa concreta, ha ido dirigida a intentar retrasar la toma... la adopción de esta iniciativa. Daba lo mismo que fuese mediante la reconsideración de estas cuestiones que levantándose de Junta de Portavoces, o de Mesa, o pidiendo que se solicitase un dictamen al Consejo de Estado... Daba lo mismo. El caso era que esta cuestión no saliese; no sabemos exactamente por qué razones, porque, ciertamente, si el Partido Socialista tuviese voluntad de que esta reforma saliese adelante, de que esta Comunidad Autónoma tuviese competencias, de que se organizase de forma más eficaz y más racional el Estado de las Autonomías, tiempo ha tenido. Y recuerdo, una vez más, que fue en el mes de Octubre cuando el Presidente de la Junta solicitó ese pacto de Estado para ordenar la culminación de este proceso autonómico reflejado en la Constitución.

Por lo demás, señor Laborda, me imagino, tengo la firme esperanza que, cuando se abra el período de enmiendas, Su Señoría y su Grupo nos repetirán en el trámite adecuado esas objeciones que aquí han formulado y que entonces, y ése es el momento, argumentaremos; porque, si son sólo las que aquí ha formulado, créame que, en opinión de mi Grupo, ninguna de ellas es motivo suficiente no ya para no tomar en consideración, en estos momentos, la Proposición, sino para que esa Proposición no se considere plenamente conforme con la limitación del artículo 29.2.a) de nuestro Estatuto.

Muchas gracias, señor Presidente, y, evidentemente, reitero mi solicitud a la Cámara de voto favorable a la toma en consideración de esta Proposición de Reforma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Quijano, un segundo.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Por la, entiendo, evidente alusión que ha hecho el Portavoz del Grupo de Alianza Popular. Yo le requería -y, efectivamente, lo sigo haciendo- que leyera completa aquella intervención, sobre todo para que la Cámara pueda saber -porque creo que ha sido una utilización sesgada y fuera de contexto de una parte de aquel discurso-, la Cámara pueda saber cuál era el origen de aquel debate. El origen de aquel debate era -si mal no recuerdo- una Proposición del Grupo -entonces- Popular, en la oposición, solicitando las competencias de Educación por el artículo 150, antes de los cinco años, evidentemente.

Lo digo porque, puestos a buscar contradicciones con el pasado, pues, no sé dónde estaría la mayor contradicción. Pero en todo caso, yo en aquel debate me limité -ojalá hubiera leído el texto íntegro y no sacar unas palabras de contexto-, me limité, como probablemente muchas veces tenga que seguir haciendo con alguna de Sus Señorías, a recordarle lo que decía el Estatuto de Autonomía, a darle doctrina, por así decir, sobre cuáles eran los procedimientos que se podían utilizar. En ningún momento -porque no podía hacerlo, evidentemente, yo en aquella ocasión- fijé una posición política al respecto que tuviera algo que ver con las disponibilidades de futuro en ese mismo sentido.

Lógicamente, cuando las cosas se sacan de contexto -me parece que eso es una falta de delicadeza parlamentaria-, las conclusiones son éstas. Pero en todo caso, incluso en contexto, puesto a buscar la contradicción, que cada uno atienda a su huerto, y perdón por la expresión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Señor Presidente. Evidentemente, todos los Procuradores pueden disponer o disponen del Boletín número 56, y allí pueden leer íntegramente lo que entonces dijo el señor Quijano. Pero simplemente, puesto que solicita que se introduzca en mayor contexto lo que él dijo, paso a leer con el permiso de la Presidencia, ampliada, la cita que ahí leí. Simplemente porque lo que ha solicitado el señor Quijano, señor Presidente: "El artículo 150 de la Constitución es una vía totalmente excepcional..."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Cortés, no procede... Vamos, yo creo que la aclaración está hecha y es suficientemente.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Creo que contestaba suficientemente lo que dice el señor Quijano, que él lo planteaba allí, pero lo planteaba para una cuestión más amplia. No obstante, acepto la decisión de la Presidencia e invito a los Procuradores a que lo lean...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ... a que lo lean detenidamente. Don José Luis Sagredo, por favor.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Presidente, una cuestión previa: ¿Sería posible utilizar el derecho de réplica en relación con cada una de las intervenciones, sin alterar los tiempos totales concedidos?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Si no hay inconveniente por parte de los Grupos... Don José Luis Sagredo, entonces, sigue en el uso de la palabra.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Presidente, gracias. Señorías. Antes de nada manifestar mi apoyo, también, al Presidente y a la Mesa por las manifestaciones del Portavoz del Grupo Socialista, en parecidos términos a los explicitados por el Portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, y con lo cual creo que, de alguna manera, queda reparada esa, a mi juicio, una interpretación excesivamente subjetiva de lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en este trámite.

Bien, y entrando ya en este pequeño turno de réplica, yo voy a manifestar que, realmente, me ha encantado ver al representante del Partido Socialista comedido, un poco triste hoy (quizá ha olvidado su sonrisa); y yo que, realmente, todavía no tengo un concepto de él, por desconocimiento mutuo, ha subido unos grados en mi conceptuación y espero que eso continúe así. Además le honra, a mi juicio, el hecho de que ha sido el capitán del barco, el que se ha colocado en el puente, en este momento en que su barco se ve zarandeado por el estado de la mar y porque la ruta de ese barco, efectivamente, empieza a estar en cuestión. En cualquier caso, enhorabuena y me alegro mucho.

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Esta historia de la Reforma del Estatuto de Castilla y León tiene un título que ya se ha hecho famoso: "Desde el máximo consenso posible al mínimo consenso necesario". Se intentó el máximo consenso posible, a tope. Es más, cuando ya se pudo decidir, se estableció una semana más al Partido Socialista para que considerase la conveniencia de acudir al trabajo en común para hacer una mejor reforma del Estatuto. No solamente ahí, sino a partir de todos los trámites, porque del Proyecto ambicioso de Reforma hubo que contentarse con una Reforma competencial "light". Ni tan siquiera -que quede bien claro- con esta "reformita" del Estatuto vamos a llegar a las competencias de las Comunidades Autónomas del 151, he dicho antes, pero quisiera, de alguna manera, reforzarlo. Y para este modesto y limitado primer tramo, tantos reparos, tantos retrasos, tantas reconsideraciones.

Yo creo que esta Comunidad tiene mala suerte. No bastan nuestras propias limitaciones, que ya nos coartan bastante, sino que además tenemos dificultades en ponernos de acuerdo para trabajar todos unidos en bien de esta Comunidad. El CDS ya ha manifestado que del grueso del pelotón, de ochenta y cuatro corredores, se desgajó, por propia voluntad, un equipo, un equipo importante, completo, y eso obligó a una rebaja de objetivos. Y hay que ponerse de acuerdo el resto de los Grupos, con dificultades políticas, con dificultades técnico-jurídicas, para hacer un documento en común, que no solamente no tiene la colaboración del PSOE, sino que parece que tiene la oposición del PSOE. Ese documento, que yo, de alguna manera, respeto las opiniones vertidas aquí, es un documento en común. En mi mano están los documentos que fueron base de la redacción del documento en común. Ni que decir tiene que el documento aportado por el CDS es mucho más amplio que el que ahora se está debatiendo aquí. Sólo diré que en el artículo 27 hay seis competencias importantes que ha habido que reducir por no estar o no contar con el Partido Socialista, con la colaboración del Partido Socialista, y en el 28 otras cinco importantes competencias.

Y ya que estamos hablando de documento..., y yo no me voy a referir más porque entiendo que éste es un debate político, de voluntad política. Solamente, y por alusiones al espíritu laico -que yo más bien creo que los CDS damos la imagen de hombres de esta época, sin más, sin más connotaciones, y del futuro-, pues, realmente, yo creo que el Partido Socialista o el Grupo de Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, no se ha leído tan siquiera el Estatuto del que fueron, realmente, parte importante, que es el de Andalucía. Y luego me referiré, quizá, si tengo tiempo..., aunque no quiero agotar, porque me da la impresión que esta sesión se está haciendo excesivamente tarde, y no inocentemente.

Que es una tímida reforma estamos absolutamente de acuerdo. En términos futbolísticos, diríamos que es ascender a esta Comunidad de "Segunda B" a "Segunda A". Nos falta mucho para ir a primera división. Y aún así, para jugar los torneos europeos, habría que llegar a la culminación con otro tipo de acción, a través de la aplicación del 150.2, como saben Sus Señorías. Que es una reforma de competencias limitada lo han puesto de acuerdo ustedes mismos: han hablado de excesos en propiedad intelectual, asociaciones, recursos energéticos, haciendas locales y de cuestiones de procedimiento. En razones de urgencia, ya hemos visto, de alguna manera, la réplica del Portavoz de AP, señor Cortés, en la cual manifestaba la opinión de la Junta de Portavoces, la opinión de tres Grupos de la Cámara; que ya no solamente es que estemos mareando la perdiz, es que ya huele. Es que la Reforma del Estatuto estamos convencidos que es fundamental para la marcha de esta Comunidad. Pero, desde luego, es una llegada anunciada desde hace cinco años. A ustedes se les ha aparecido el tren en la estación, pero hace cinco años que ese tren había anunciado que iba a venir y que iba a llegar. Y a pesar de que ha tenido todas las dificultades que ha tenido, el tren está aquí. Ha venido en vía lenta; los de Valladolid recordarán que ha venido como el tren burra, pero está aquí, y está aquí para salir, no para quedarse. Y está para salir, para lo cual hay que hacer un cambio de máquina, hay que hacer una revisión y mejora de instalaciones y hay, de alguna manera, que planificar el futuro recorrido de este tren. Y en este momento no se puede decir que es un problema urgente y que, si diecisiete Comunidades van ahora, qué es lo que pasa. Es que eso es lo que había que haber hecho en estos cinco años; eso.

Solamente voy a dar un dato, que me parece que a muchas de Sus Señorías quizás se les haya pasado inadvertido, de unas manifestaciones de altos representantes del Grupo Socialista, cuando dicen que ni tan siquiera, ni tan siquiera se ha accedido en esa posición de indefensión que ha tenido el Partido Socialista -a mí me gustaría que recordaran otros momentos y otras Cámaras-, que han pedido -no se ha concedido por la Mesa, ni la Mesa lo ha concedido- el Dictamen del Consejo de Estado. Pero no es así como lo ha explicitado el Partido Socialista. Dijo que ni tan siquiera se había querido pedir un Dictamen profundo del Consejo de Estado. Y yo, realmente, ahí les ha traicionado el subconsciente. Un Dictamen profundo del Consejo de Estado. Es un Dictamen del Consejo de Estado, que no es obligatorio, que no es vinculante; pero, en cualquier caso, ¿qué quiere decir profundo?, ¿que tarde en bajar y en subir, para que tarde más? No lo sé.

Y hablan de mayoría mecánica, y realmente yo creo que, como ya, de alguna manera, pues, se ha consagrado el término "rodillo", digan ustedes rodillo. Ya está, digamos rodillo. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo, en que nos pondremos..., estaremos sabiendo de qué hablamos todos. Pensar que se ha utilizado el rodillo en este Proyecto de Reforma, realmente, a mí me deja sorprendido, porque, desde el primer momento, se ha intentado el máximo consenso posible; y se está intentando y se tiene que seguir intentando. Y desde luego ahí, en esa dirección, iba mi mano tendida hacia el Partido Socialista de una manera especial.

Y en cuanto a los contenidos para las reconsideraciones, lo ha citado de pasada el representante del Partido de Alianza Popular; pero, en cualquier caso, fíjese, yo me voy a permitir leerle un párrafo únicamente del Dictamen Jurídico. Dice: "En ausencia de una mayor concreción, el desacuerdo expuesto por el Grupo Parlamentario Socialista reduce el valor de su argumentación a la mera expresión de una opinión". Ni ahí se ofreció la ayuda de colaborar, ni ahí. Pero, desde luego, está el camino absolutamente abierto, porque en el período de enmiendas yo sí quisiera..., desea el CDS contar con la importantísima colaboración del PSOE, para conseguir entre todos el texto que, lógicamente, conviene a esta Comunidad.

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Ya sé que son ironías de la vida que muchos de ustedes, que han participado encabezando manifestaciones, hablando de esas palabras tan importantes que hoy intentamos desarrollar, pues hoy se vean obligados, quizá por orden superior, a no poder votar afirmativamente este Proyecto de Reforma, y que, seguramente, les pide el cuerpo.

Yo, me gustaría hacer un ensayo de política-ficción, pensando qué podría ocurrir si el PSOE, en este momento, estuviese en la oposición del Gobierno Central. Y en cualquier caso, y en tono de humor y de cariño, yo quisiera terminar con el ofrecimiento a que no se pueda nunca escribir un libro con el material que aporten determinados Grupos de esta Cámara, que se pudiera titular así: "Los mil y un obstáculos socialistas que ha habido necesidad de remover para que Castilla y León intente alcanzar un menor número de competencias que Andalucía". Es un tema largo, pero podría quedar hasta bonito.

Y, en cualquier caso, y por no alargarme -perdón, Presidente-, cuando Su Señoría termina diciendo que estamos pidiendo lo imposible el resto de la Cámara, sabiendo que nunca lo vamos a tener, tenga presente Su Señoría que esto es problema de voluntad política; y estamos convencidos que pedimos nuestros propios derechos cuando, como y en el momento que corresponde y que entendemos que interesa a la Comunidad, confiando que en su momento, pese a quien pese, pese a quien pese, vamos a tenerlo; y si es con la ayuda y colaboración de Sus Señorías, mejor que mejor.

Presidente, muchas gracias. Señorías, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Sagredo. Don Rafael de las Heras, para consumir su correspondiente parte del turno de réplica.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Para consumir el turno de réplica correspondiente, diciendo al Portavoz del Grupo Socialista, que si él no se ha sentido desalentado, y su Grupo, por el mero hecho de que esté convocada una simple Junta de Portavoces, que es algo importante en el quehacer cotidiano de esta Cámara, pero que de ninguna de las maneras se puede comparar con las transcendencia del asunto en su conjunto, que estamos debatiendo en el día de hoy, imagínese cómo nos podríamos sentir el resto de los Grupos firmantes de esta Proposición de Ley, cuando previamente, a haber firmado esa proposición de Ley, y previamente a haberla redactado, y previamente a haberla formulado en los términos en que está formulada, se nos había dicho, nada menos que por un Presidente del Gobierno, que por una comunicación solidaria de todo el Gobierno al Senado y que por una intervención del Ministro de Administraciones Territoriales en el propio Senado, que no se nos iba a conceder de ninguna de las maneras en la presente Legislatura ninguna reforma, ampliación, o, por llamarlo de alguna manera, porque realmente es lo que estamos haciendo: el desarrollo competencial de nuestro propio Estatuto en los términos contemplados en el artículo 29.2.a) y en relación con el artículo 149.1 de la Constitución. Imagínese, señor Laborda, qué desolación podríamos tener, porque, comparativamente, una Junta de Portavoces, con esas manifestaciones, pues, realmente, es mucho más importante y fuerte que esto.

Y, en cambio, pues no nos hemos desalentado; hemos seguido con nuestra iniciativa con el doble propósito de conseguir la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para beneficiar a los Castellanos y Leoneses, en primer lugar, y al conjunto de los ciudadanos de la nación, y para cerrar una fase más de un proceso que es conveniente cerrar, en la medida de lo posible, cuanto antes.

Y, además, lo hacíamos en la intención de que ese proceso complejo se hiciera con el mayor consenso posible. Y aquí quiero insistir, como han insistido Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que ha habido oportunidades por parte del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León, de intervenir, sin aplicación de ningún tipo de rodillo ni mayoría mecánica, sino en igualdad de condiciones, en las reuniones que previamente se celebraron, y que posteriormente tenían que haberse desarrollado en los términos de qué tipo de competencias íbamos a tener en el futuro, con qué... en qué tiempo y cómo se iba a desarrollar, precisamente, el procedimiento de esa Ley. Sabe perfectamente el Portavoz del Grupo Socialista que fueron los tres temas fundamentales tratados en nuestras reuniones. Y, verdaderamente, aún incluso discrepando del procedimiento, que nosotros indicábamos por un lado y ustedes decían 150.2. de la Constitución, podríamos haber llegado, si estuviéramos de acuerdo en el objetivo final, porque todos de común acuerdo podíamos haberlo hecho por el 43 de nuestro Estatuto y todos los problemas que se han planteado de procedimiento hubieran quedado perfectamente solucionados.

Luego, si la voluntad política es llegar a asumir las competencias en las que hubiéramos estado de acuerdo todos de conjunto, podríamos haber utilizado esa vía que nos hubiera solucionado esos problemas que se han señalado aquí de tipo procedimiental.

Pero, además hay una cosa. Se dice: hombre, no hay experiencia en la reforma de los estatutos. Pero, ¿qué experiencia había en la transformación de un Estado centralista y autoritario en un Estado democrático y autonomista? Habrá mucha más diferencia de la situación del país en el momento presente a cuando se aprueba la Constitución y se desarrollan los primeros estatutos por las distintas vías que establece la Constitución, e incluso cuando el país vive momentos dramáticos, en el que hay un intento de golpe de Estado. Estaremos en condiciones mucho más favorables para poder afrontar cualquier tipo de reforma, y no aquéllas. Y sin embargo, el proceso era tan importante, estaban todos los Grupos tan de acuerdo en sacarlo adelante, que incluso en esas condiciones, muy desfavorables y comprometedoras en alguna medida, se sacó con el esfuerzo de todos esa primera etapa del proceso autonómico.

Por lo tanto, aunque el proceso sea delicado y haya diversas vías, el proceso era delicado en la primera etapa, también había diversas vías; y ahora, naturalmente, estamos en condiciones mucho mejores que las de aquella primera etapa.

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Por otra parte, dice que la Proposición de Ley no se adecúa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Mire, en principio, se descalificó diciendo: porque han retirado el artículo 2 de la Proposición de Ley antes de que dictaminara definitivamente la Mesa de las Cortes su admisión a trámite, está descalificada la propuesta. Por el mismo argumento que se dio, dirigido a los medios de comunicación social, podríamos decir que, una vez admitida a trámite, resulta que no tiene ningún problema. Bueno, pues nosotros no utilizamos ese argumento, porque puede, efectivamente, tener algún problema en lo que se refiere a la adecuación de las competencias que permite el artículo 29.2.a) de nuestro Estatuto con las relacionadas en el 149.1 de la Constitución. Que, efectivamente, no son una copia literal, porque ésa no es la voluntad política. Lo que pretendemos es asumir el conjunto de esas competencias que están ahí, el conjunto de esas competencias que están ahí.

Se ha hablado, fundamentalmente, del tema de procedimiento. Yo creo que hoy la toma en consideración hubiera debido ir por los derroteros de la oportunidad política del Proyecto. Porque, efectivamente, como se ha dicho aquí, si la voluntad es, entre todos, mejorarlo, hay, en el largo proceso que todavía tenemos que recorrer, fases donde el Partido Socialista Obrero Español hubiera podido aportar esas sugerencias, que hubiéramos podido, entre todos -porque, efectivamente, debería ser una labor de todos- mejorar el texto. Y, efectivamente, si hay algún tema que pueda incurrir, de discrepancia entre lo que nos permite el artículo 29 y lo reflejado en el artículo 149 de la Constitución, pues, tener el momento de adecuarlo. Pero para eso tiene que haber la voluntad política de reformar el Estatuto en esas condiciones, aunque sólo sea en este techo primero, aunque sólo sea en la "reforma blanda", como algunos Portavoces han dicho aquí.

El texto, efectivamente, es el resultado de la voluntad de tres Grupos políticos, yo diría que desgraciadamente; pero como he dicho en el final de mi intervención anterior, yo espero que en el largo proceso de esta Cámara, y posteriormente en las Cortes Generales, se cambiará seguramente de opinión y el Partido Socialista Obrero Español se añadirá a tirar de este importante carro para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y decirles que, en esa creencia de que en este tema va a ser así, nos sorprende que se pongan, de alguna manera, fundamentalmente defectos formales, cuando hoy estamos debatiendo aquí -y no media ningún proceso electoral- el tema de la reforma de nuestro Estatuto, y, sin embargo, cuando hay un proceso electoral por medio, un cualificado Ministro del actual Gobierno, que es el señor Serra, defiende en actos públicos un modelo federal de estado y se pregunta: ¿es que la República Federal de Alemania se ha debilitado porque esté organizada en lander (estado)?, se pregunta Serra en un mitin en Hospitalet; ¿puede decirse eso mismo de Canadá, o puede afirmarse que Suiza sea débil para tener una estructura federal?, añadió. Es decir, que mientras en unas Comunidades Autónomas, cuando se está en un proceso electoral, como los ya vividos cuando toda la reforma y desarrollo de la Constitución y todo el tema constitucional, se está en una posición, se hacen estos planteamientos, se dice naturalmente que dentro de la Constitución, evidentemente, y de los Estatutos, se añade eso; pero se hace un planteamiento federal del Estado, que yo no sé si realmente cabe o no cabe en la Constitución. Pues, nosotros lo que decimos es que queremos una reforma del Estatuto que quepa dentro de lo establecido en nuestro propio Estatuto y dentro también de lo establecido en nuestra Constitución; y con eso quedamos salvados todos los temas aquí señalados, incluso los de procedimiento, porque parece que es la forma de allanar el camino.

Y, por último, decir que este procedimiento fue consecuencia de un consenso en los acuerdos autonómicos del treinta y uno de Julio entre los Grupos Políticos, dado que nuestro artículo es una copia literal del apartado 3 de ese acuerdo autonómico.

En virtud de todas estas consideraciones, como he hecho en mi anterior intervención, solicito el voto favorable de la Cámara para la Proposición de Ley.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR LLAMAZARES FERNANDEZ): Muchas gracias. La Presidencia tiene que hacer una aclaración para evitar posibles errores en relación con algunas de las cosas que aquí se han dicho. En ningún momento, ni en Junta de Portavoces, ni en Mesa, ha habido ningún miembro de una ni de otra que se hayan levantado.

Tiene la palabra el señor Laborda.

LABORDA MARTIN

EL SEÑOR LABORDA MARTIN: Señor Presidente, gracias. Señoras y señores Procuradores. Hubiera preferido que el debate se hubiera situado en otros términos que en los que las intervenciones de réplica de los Portavoces de los Grupos me obligan a intervenir.

En cualquier caso, quisiera elevarme sobre el nivel de consideraciones, y, ya que no se me permite volver a profundizar en las objeciones jurídicas que he hecho al texto que se pretende que se tome en consideración, sí, al menos, voy a señalar muy de pasada alguno de los rasgos y criterios que yo creo que se han puesto en cuestión aquí en las intervenciones de los diferentes Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

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No voy a debatir con el señor Cortés; no es mi costumbre entrar en debates hechos de "slogans" sobre la coherencia del Partido Socialista históricamente. Yo soy miembro de él desde mil novecientos setenta y cinco y hasta por escrito está lo que yo pienso de este Partido, en el que yo he estado desde entonces y que sigo estando muy cómodamente en él, entre otras cosas porque somos capaces de hacer una reflexión sobre la historia para poder ser progresistas, señor Cortés, en el momento en el que vivimos. Y yo estoy cómodo en él porque nunca he tenido que votar en contra de mi conciencia, y eso es una gran ventaja y una gran satisfacción poderlo decir. Pero la coherencia de nuestro presente yo creo que es fácil de explicar. Es verdad que nosotros -y lo he dicho en mi intervención- propusimos en el debate constitucional que hubiera en lugar del actual listado, del 148 y del 149, tres listas: las listas de competencia exclusiva del Estado, la lista de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y la tercera lista de competencias que pudieran ser compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Siempre hemos sostenido una técnica federal, porque, entre otras cosas, no por principios ideológicos, sino simplemente por experiencia y reflexión, creíamos que la técnica federal es una buena técnica descentralizadora; hoy ya no entran en los temas de soberanía, señor Cortés, los problemas o los desarrollos federales; son técnicas de descentralización del poder.

Cuando el Ministro del Gobierno y Diputado por Barcelona, Narcis Serra, señala que los sistemas federales tienen unas determinadas virtudes está diciendo lo que yo pienso, está diciendo lo que yo he escrito de mi puño y letra en las resoluciones del Congreso Federal de mi partido. Es decir, que creemos que el final del proceso tiene que asemejarse, aunque en el origen no pueda ser federal, a un sistema federal de igualdad competencial entre todas las Comunidades o estados federados en nuestra Constitución. Llámese como se quiera, el origen no es el mismo, aquí es soberanía única; es una descentralización política de esa soberanía en potestades, en los parlamentos autónomos, y, por lo tanto, en un margen competencial que al final forzosamente tendrá que ser uniforme, pero, indudablemente, aprendiendo de lo que ha sido el proceso de descentralización o de centralización -porque los estados federales normalmente son procesos de centralización-, en otros países europeos. Ahora, cuando se dice y se afirma como un inconveniente que nosotros -despectivamente se dice- obedecemos al Gobierno de Madrid, nosotros estamos a la orden de lo que diga en Madrid, pues, mire, yo le diré que afortunadamente nosotros pesamos en las decisiones que toma mi partido y que aprobamos democráticamente todos. Pero es que además le quiero decir una cosa a continuación; mire usted, y no se la dice un socialista, se lo dice alguien que por afición, quizás a veces por pasión, lee, y es que no hay ningún estado descentralizado federal que no tenga como vertebra fundamental de su articulación un sistema de partidos nacionales, señor Cortés.

Por lo tanto, qué voy a tener yo de inconveniente en sostener esto. Voy a entrar a replicarle a usted, que, desde luego, también le podría decir la frase del Cid aplicada... usted ha tenido varios amos y normalmente los ha servido muy bien siendo simpático, no siendo profundo, pero ¿me voy a aplicar yo esto? En absoluto, señor Cortés; yo no tengo ninguna necesidad de defender nada de lo que ha sido, bien o mal, mi campaña electoral. No ha sido nueva, y en eso no es ni siquiera usted original. La descalificación de que yo pareciera un Delegado del Gobierno, un Gobernador Civil. Mire usted, desde mil novecientos setenta y siete, esa institución es una institución absolutamente democrática, representativa y eficaz. Yo no creo que he hecho una campaña pareciéndome a un Gobernador Civil, pero yo no creo que nadie pueda sentirse descalificado porque se le asimile a esa institución. Usted lleva poco tiempo en Alianza Popular, tendría que tentarse las ropas; en su Grupo Parlamentario hay muchos que han sido Gobernadores Civiles y en época en la que además llevaban otra condición: la de Jefes Provinciales del Movimiento, señor Cortés. De manera que vamos a dejarnos de hacer bromas con este tema.

Nosotros lo hemos dicho: el proceso de descentralización ha cubierto la primera y fundamental etapa, y es que hoy todas las Comunidades Autónomas tienen Parlamento; no es una descentralización administrativa, sino política. Ese fue el logro fundamental. Yo no me pliego y me arropo con la Constitución y con el Estatuto; señalo tan sólo que, en ese combate por que las regiones fueran algo más que estructuras administrativas y fueran poder político, hemos estado algunos siempre en esa línea y, por lo tanto, podemos decirlo aquí, para a continuación señalar -porque tenemos credibilidad- que nosotros sí, sinceramente, estamos a favor del incremento competencial, pero que creemos -autoridad neutral que anteayer se pronunció-, como el catedrático de Derecho Administrativo, y uno de los que han reflexionado sobre este proceso, Santiago Muñoz Machado, que el proceso de incremento competencial tiene que hacerse con participación del Estado. Simplemente señalamos esto. Y que, cuando hablamos de estas cuestiones, no descendemos a la trivialidad de las acusaciones, de las frases, de las descalificaciones que se vierten en los periódicos. He oído más hablar de Gobernadores Civiles, de campaña, de que si el PSOE fue no sé que, no sé cuantos, que hablar del texto que estamos debatiendo aquí, señoras y señores Procuradores. Y nosotros decimos acuerdo; Muñoz Machado decía: convención constitucional, pacto con sentido de estado, pacto de estado, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. Indudablemente, sólo a través de la vía del consenso, del acuerdo, ha sido posible -lo digo al Portavoz del Grupo Mixto-, efectivamente, sin experiencia ninguna, pasar de un Estado autoritario y centralizado a un Estado democrático y descentralizado. Yo sé que es mucho más fácil ir a este segundo nivel de homogeneidad competencial de lo que ha sido pasar del centralismo a tener este Parlamento aquí; no me asusta, por lo tanto, en absoluto ese proceso. Pero quiero hacerlo bien, y quisiera hacerlo, quisiera hacerlo con acuerdo entre todos. Pero, señores y señoras Procuradores, el consenso no es algo que se impone unilateralmente, no ya sin contacto con el Estado, sino ni siquiera en contacto con su propio partido y con otras Comunidades Autónomas en plazos y días fijados.

Uno tiene la enorme satisfacción y experiencia de haber vivido algo de esa entraña de lo que se denomina Estado durante unos cuantos años y de haber participado en muchas cosas de la vida política española, de haber estado en los entresijos de la Constitución. Realmente, esto es muy ligero; realmente, esto es efímero; esto son titulares, pero, realmente, aquí no hay la complejidad del estudio, de lo que fue el estudio de cualquier Ley -no digo ya de los grandes textos constitucionales- en todo el período en que yo he tenido la oportunidad de protagonizar algo en la vida legislativa española. No hay nada de eso en lo que estamos viendo en el debate en esta Cámara. Entre otras cosas, señor Presidente, porque ¡si es que ustedes mismos se desautorizan! Miren ustedes, llega el texto..., aquí no se habla del texto, no hemos oído otra vez..., han hablado del PSOE, del Partido Socialista, de Felipe González, de Narcís Serra. El Portavoz del CDS ha hablado de singladuras, de fútbol, de equipos, de que ya huele, etcétera. Pero no hemos hablado del tema de fondo.

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Miren, ustedes han dejado caer, seguramente, el único texto escrito de la pluma, no de un miembro de su Grupo, sino también del Grupo del CDS, que es la parte correspondiente a los medios de comunicación y de televisión, que eso sí que sabemos -porque es público y notorio- que fue escrito por el CDS. Y yo les escuché a ustedes dos en los medios de comunicación: hemos llegado al consenso entre los privatistas -que usted representaba de una manera brillante- y los partidarios, no sé si de lo público o de lo publicano, que eran los miembros del CDS. De pronto, en pocas fechas, eso era un tema menor. Ese artículo 2 de la reforma ya no tenía ninguna importancia. Era de lo único que se habló, lo único que se escribió aquí; insisto, lo demás está escrito -aunque les hayan pasado muchos papeles- donde todos sabemos que está escrito. Pero lo único que fue aportación personal -de ahí quizá la contrapartida de que ustedes les han dado dos vueltas de tornillo con la prisa-... Con la prisa, porque no se puede hablar de urgencia; de prisa, señoras y señores Procuradores. Contrapartida, que la criatura ha caído. Indudablemente, los argumentos que los socialistas en la Mesa esgrimieron, respecto de aquello que era absolutamente flagrante, hicieron mella: ustedes han confesado su incoherencia, su insolvencia, retirando la mitad del Proyecto. ¿Por qué lo han retirado? Sencillamente, porque era la única parte que ustedes han escrito; porque lo otro es sobrenatural, no se puede tocar, evidentemente. Esto es poco sólido; es poco sólidos, señor Presidente, señoras y señores Procuradores. No estamos hablando con la importancia, el calado, la complejidad que el momento requiere, que el contenido requiere, señor Presidente.

Yo he argumentado una cosa que nadie ha rebatido, y es que la vía elegida..., y ustedes podrían haber elegido cualquier otra, porque, a la hora de descalificar vías, miren ustedes, la descalificación que ustedes hacen es que no se sostiene; porque se descalifica la vía del 150 por quienes acaban de presentar una Proposición del 150 que se tramita simultáneamente, después de haber dicho en el Parlamento nacional que la vía del 150 es "vade retro, Satana"; se plantea la reforma del 29 y se accede a ir más allá de la reforma del 29, de la reforma de mayoría absoluta; y cuando se argumenta que, efectivamente, esto es así, se deja caer, no sé si la mitad le parecerá exagerado, al menos un artículo del Proyecto o de la Proposición de Reforma.

Yo aquí he hablado de temas concretos, y ustedes me dicen: enmiéndenlos. Miren ustedes, ustedes son exclusivos responsables de ese texto. Esto es política, no clases de derecho, señor Cortés, y, por lo tanto, ustedes tendrán oportunidad de defender eso; pero nosotros creemos que es tal el grado de incorrección, de inviabilidad... Y en tanto que además estamos hartos de que digan que obstaculizamos, ya le anuncio que no vamos a presentar Enmienda a la totalidad y que vamos a debatir con ustedes y les vamos a señalar, si es posible, sus incongruencias. Pero reparen ustedes, de la misma manera que han reparado, sus incongruencias antes de llegar, porque yo no quiero compartir la incoherencia y el ridículo. Y aquí no se entra, porque se tiene miedo, a lo que acabo de señalar, y simplemente se esquiva de puntillas, se esquiva de puntillas. Dicen, bueno, si esto fuera una reforma del 43 hubiéramos ido a la facultad de disolución. Mire usted, desde luego, podrían haber ido, pero la facultad de disolución no es el listado de las competencias de la Comunidad. La facultad de disolución es una facultad de autoorganización, que, evidentemente, también podría haberse abordado. Pero su argumento no me resuelve la duda que yo tengo, la duda que yo he planteado. Eso podría ser un "item" más, pero ese argumento no me priva de contenido al que yo acabo de hacer, al que no se responde. Porque usted dice, por ejemplo -lo único que he visto-, dice: no, productos farmacéuticos es de ejecución. Pero es que, miren ustedes, es que incluso en el listado -que no sé si decírselo, porque lo van a enmendar-, en el artículo 28.2 dicen ustedes: "La ejecución comprenderá el ejercicio de la potestad reglamentaria necesaria". Productos farmacéuticos con ejecución y desarrollo reglamentario ¿qué es? Hombre, explíqueselo, señor farmacéutico, que es que igual se les curan alguna de las "enfermedades" jurídicas que estamos padeciendo. ¡Es verdad! ¡Si es que esto no tiene pies ni cabeza! ¡Si es que esto es de primero de Derecho, señor Cortés! Yo no sé si es que usted ha estudiado realmente el lado privatista del Derecho y en lo público y constitucional le han dado, pues, por alguna huelga, el aprobado en Junio; pero, realmente, esto no es una cosa que se pueda defender; porque, además, es que usted no entra en el fondo de la cuestión.

Y por no dejarme nada en el tintero: ha dado un argumento a mi favor el señor Portavoz del CDS; lo que pasa es que ni siquiera ha descendido a explicitarlo. Dice: No; respecto de las fundaciones en el Estatuto de Andalucía... Yo conozco el Estatuto de Andalucía, efectivamente. Yo he dicho: no está en el 148, no está en el 149, sí está en el Estatuto de Andalucía con otra redacción; pero, en desarrollo de qué. En desarrollo del artículo 149.3 de la Constitución. "Ergo", por lo tanto, vía del artículo 43 de nuestro propio Estatuto. Es elemental. Este es el tema en el que estamos. Vamos a dejarnos de la historia y de la coherencia de cada cual. Cada cual tenemos la coherencia que podemos, y además es bueno ser reflexivo y racional y asumir las incoherencias, porque eso es una manera de progresar. Y, en ese sentido, no tengo ninguna objeción. Pero se solemnice este tipo de cuestiones.

Conclusión: yo creo que el procedimiento está lastrado de su propio origen; es incorregible, es incorregible, no hay voluntad real de profundizar en el autogobierno de esta Comunidad. Lo que hay es una voluntad de solapar la confrontación regional de la que no se produce, que es la confrontación entre opciones políticas e ideológicas como las que ustedes representan y lo que nosotros representamos. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Presidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR AZNAR LOPEZ): Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Para fijar, muy brevemente, los criterios de la Junta en torno a la Proposición que está siendo objeto de debate en esta sesión de las Cortes de Castilla y León.

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Y quiero decir mis primeras palabras, sean como Presidente de la Junta de Castilla y León -como es natural- y también como impulsor del proceso de busca del mayor acuerdo posible entre todos los Grupos Parlamentarios. A ese efecto ningún Grupo Parlamentario podrá negar que desde la Junta de Castilla y León y, personalmente, su Presidente ha hecho cuantos esfuerzos han sido necesarios para buscar el mayor acuerdo posible, estando sujeto, naturalmente, a los compromisos que adquirí en el discurso de Investidura. Allí se dijo que era objetivo de la Junta de Castilla y León obtener, para esta Comunidad, el mayor grado posible de competencias, y obtenerlo por un procedimiento, y obtenerlo con el mayor consenso posible.

Y ese consenso se ha intentado buscar, y se ha buscado, y se ha conseguido, aunque yo tengo que lamentar -y sinceramente lo lamento-, que no sea el consenso de todos los Grupos Parlamentarios que tienen y están en esta Cámara. Consenso interno entre los Grupos Parlamentarios del cual la Junta ha sido muy respetuosa con su protagonismo. Consenso externo, sobre todo en relación con el Gobierno de la Nación. No se nos tiene que convencer a nosotros que estamos ante una cuestión de interés nacional y de gravedad en los asuntos que se refieren a nuestro Estado. Justamente por eso, desde el mes de Agosto, y mes tras mes, se han hecho sucesivas ofertas de acuerdos; justamente por eso se han ofrecido contenidos de acuerdos concretos y detallados, por materias y señalando plazos de tiempo; y justamente por eso se ha ofrecido desde siempre al Gobierno de la Nación que iniciase los procedimientos para ........ el Gobierno de la Nación -que tal era su responsabilidad- un gran acuerdo nacional en estas materias.

Y no solamente han sido declaraciones, no solamente han sido conferencias; han sido también debates en las Cámaras representativas del Estado, en los cuales allí se ha fijado cuál era, claramente, la posición que nosotros defendíamos.

Por lo tanto, quiero decir que la Junta, ante esta iniciativa de tres Grupos Parlamentarios, manifiesta plenamente su satisfacción, porque tres Grupos Parlamentarios de esta Cámara hayan llegado a un acuerdo entre ellos, y se manifiesta plenamente respetuosa con las decisiones que los Grupos Parlamentarios han adoptado entre ellos y han plasmado en la Proposición de Ley que han tenido la oportunidad de presentar ante la Cámara. Pero sí quiero decir que, evidentemente, en todas estas cuestiones y en todos estos procesos había y hay -y se planteó desde el comienzo- una iniciativa, que era absolutamente previa, con carácter general, y era, que estas Cortes de Castilla y León, que esta Comunidad Autónoma, tenía que pronunciarse sobre la conveniencia de acceder a nuevas competencias; y, por lo tanto, podrán desviarse los debates por donde se quiera, podrán sacarse todas las cuestiones colaterales que se entiendan por conveniente. La postura de la Junta ha sido buscar el acuerdo entre todos los Grupos Parlamentarios, la postura que consta a la Junta de los Grupos Parlamentarios firmantes de la Proposición es la de sus esfuerzos por ampliar ese consenso. El resultado, que es al final lo que cuenta a efectos de esta situación, es que en la primera iniciativa que esta Comunidad Autónoma adopta para la asunción de nuevas competencias, unos Grupos Parlamentarios -tres- están a favor y un Grupo Parlamentario está en contra.

Señorías, como Presidente de la Junta ni me niego ni me negaré nunca a ningún tipo de acuerdo. Al contrario; en los términos que se expusieron con reiteración en el discurso de Investidura y cuantas veces sean necesarios, haremos todo lo posible por buscar ese acuerdo. Pero debo decir, en honor a la verdad -y testigos hay de que ello es así- que, efectivamente, si no se ha podido lograr un mayor consenso no ha sido, desde luego, por la responsabilidad ni de la Junta, ni de los Grupos Parlamentarios que han firmado esta Proposición. Si en el supuesto discutible que la redacción de esta Proposición tuviese alguna cuestión discutible, oportunidad ha habido de sentarse, quien lo critica, a mejorarlo en ese momento. A nadie se le invitó a levantarse de ninguna mesa de negociación. Y, por supuesto, siempre desde esa posición propondremos los acuerdos, pero siempre también desde esa posición nos negaremos también a ceder ante cualquier presión. Y lo demás es sacar las cosas fuera de cuestión. Cada uno puede tener las dosis de coherencia que entienda por necesarios en el análisis de sus actividades.

Yo tengo que decir que hoy estoy satisfecho de haber recibido algunas lecciones de coherencia. El punto capital es que se vota que no a una Proposición que han presentado tres Grupos Parlamentarios que piden más competencias justamente para tener más competencias. Y que se afirma, que se pide y se redacta de puño y letra, que las competencias de las Comunidades Autónomas se homogeneicen, pero se vota en contra cuando tres Grupos Parlamentarios traen a un Parlamento la asunción de más competencias. Y al final las posiciones políticas, las dignidades o los ridículos, el tiempo y la historia los juzgará. Y yo estoy seguro que las iniciativas que surjan de esta Cámara nunca, en ningún caso, harán el ridículo en todas partes, porque los representantes de esta Cámara, sobre todo -espero- los que tienen mayoría en la Cámara de la Nación, bien se cuidarán de convencer que el interés de Castilla y León prospere, siempre que sea justo y siempre que sea conveniente para los ciudadanos de esta Comunidad. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Don Juan José Laborda.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Señor Presidente. Simplemente, como cuestión de orden. Es por conocer en qué turno interviene el señor Laborda, por ver si ha lugar un turno de Portavoces.

LABORDA MARTIN

EL SEÑOR LABORDA MARTIN: Sí, señor Presidente. Yo esperaba que, a tenor del cumplimiento del Reglamento, el pronunciamiento del Presidente de la Junta fuera no de réplica a mis palabras, sino en defensa del texto que se presenta. Como esto no ha sido así, sino que ha consumido el turno que, en todo caso, anticipadamente había consumido su Portavoz en una reiteración, solicito que al menos me permita el señor Presidente alguna aclaración.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Sí. La Presidencia iba a concederle el uso de la palabra, precisamente en virtud de lo que también ha acordado en Junta de Portavoces, de que en caso de que se produjera, digamos, intervenciones por parte de la Junta... y si era, digamos, entraba dentro de la presentación del Proyecto, hubiese por parte del Grupo que se oponía un cierto turno de compensación, por llamarlo de alguna manera.

LABORDA MARTIN

EL SEÑOR LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Brevemente, para hacer algunas previsiones.

En primer lugar, no hay tal voluntad de consenso, no ya por los Grupos Parlamentarios que han secundado la iniciativa del Grupo Popular, sino por el propio Grupo Popular. En las reuniones a las que yo he asistido y en las reuniones a las que ha asistido el Portavoz de mi Grupo, el señor Quijano, nunca hubo un texto encima de la mesa. Primera puntualización.

Segunda puntualización. Nadie se retiró de aquella reunión. Nosotros manifestamos que respetábamos plenamente la decisión de los Grupos que suscribían la iniciativa, pero que nosotros considerábamos que para ir al incremento de techos competenciales, cosa en la que efectivamente nos hemos pronunciado públicamente -y no ya sólo los Socialista de Castilla y León que somos interlocutores con una ventaja, y es que, efectivamente, representamos a nuestro electorado, a nuestro partido, pero también participamos del criterio común de nuestro Partido- los Socialistas de Castilla y León hemos señalado que no era tanto un problema de método, o de vía de incremento, cuanto de lograr, como se logró en el pasado, un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entre los partidos nacionales, para profundizar en este proceso autonómico.

Nosotros, señor Presidente, con toda serenidad vamos a votar no. No se nos amenace desde esa tribuna de incoherencia con nuestra Comunidad, porque no tolero que se nos acuse de incoherencia contra nuestra Comunidad. Ser consecuente con nuestra Comunidad, con nuestra Comunidad democrática es, precisamente, defender las Leyes, que no son baladíes, que son más importantes que los territorios, porque afectan a la vida de las personas, y entre esas Leyes está la Constitución. Yo la he repetido aquí; aquí no he escuchado en esa tribuna más que descalificaciones. En defensa de la Constitución y de Castilla y León vamos a votar que no, porque estamos a favor del proceso constitucional, democrático y de reforma del Estatuto, o de incremento de competencias a través de la vía que se elija, pero, indudablemente, con la experiencia que tenemos a nuestros hombros, que está marcada por la Constitución de mil novecientos setenta y ocho. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Laborda. Señor Presidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR AZNAR LOPEZ): Sí, señor Presidente. No era mi intención reabrir ningún debate pero tengo que decir muy brevemente lo siguiente.

Primero. Se podrá juzgar si hay voluntad de consenso o no, pero hay un hecho que es inapelable: tres Grupos Parlamentarios han llegado a un consenso y un Grupo Parlamentario no ha participado de él; eso es evidente.

Segundo. Si no se llegó a ese consenso y no existieron textos previos es porque se dijo, taxativamente, que no se trabajaba si se traía a estas Cortes de Castilla y León una iniciativa legislativa, en la reunión, señor Laborda, que usted asistió, una, y después de que al Partido Socialista, los tres Grupos Parlamentarios, se le diese una semana más de plazo para ver las propuestas que traía a esa reunión.

Tercero. No será nunca este Presidente de la Junta de Castilla y León ni la Junta de Castilla y León quien se oponga a que exista un acuerdo entre partidos nacionales. Lo que sí digo es lo siguiente. Yo fui testigo excepcional de un acuerdo en el año ochenta y uno entre partidos nacionales. En aquel momento, de lo que se trataba era de cerrar el mapa de las Comunidades Autónomas y poner en marcha, a continuación, sus instituciones. Puesto eso en vigor, hoy, el acuerdo fundamental tiene que ser entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas que son las que se tienen que entender, y el acuerdo entre partidos, si es que existe, es un acuerdo complementario.

Cuarto. A mí nadie me tiene que convencer de la necesidad de ese acuerdo, porque justamente hemos sido nosotros los que lo hemos ofrecido. Pero tengo que decir que también en defensa de la Constitución y por defensa de la Constitución -ya que se habla de ello- nosotros acogemos el espíritu constitucional, que está transcrito en la Proposición que tres Grupos han presentado, de que cada Comunidad Autónoma ejerza su iniciativa. Y si tan defensores son, en algunas ocasiones, de la constitucionalidad, yo espero que sea para todo, y espero que cuando una Junta ejerce su derecho de recurrir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional no se le amenace por ejercer un derecho constitucional. Muchas gracias, señor Presidente.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Sagredo, creo que no se trataba de abrir un nuevo debate, sino que lo que habíamos acordado en la Junta de Portavoces era que en caso de que hubiese una intervención por parte de la Junta, al Grupo que iba a votar en contra, digamos, el turno en contra sería ampliado en proporción. Creo que hemos ampliado en proporción este debate a esa nueva intervención por parte de la Junta.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Perdón, Presidente. El CDS es proponente, y sobre esa materia quería matizar. Y entiendo que estamos absolutamente en el derecho de utilizar la voz exactamente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Entonces, reabrimos el debate, de cinco minutos cada uno, pero abrimos como debate...

(El señor Presidente consulta con los miembros de la Mesa).

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Si reabrimos el debate, sería, digamos..., yo creo es absolutamente innecesario; pensamos que absolutamente. Digamos, todos los términos han sido suficientemente explicitados. Sería volver a abrir un debate que creo, es decir..., la Mesa entiende que no ha lugar, digamos, a un nuevo debate, que sería con intervención, otra vez, de todos los Grupos, cuando pensamos que ha sido suficientemente explicitado. Lamentándolo mucho, no accedo a la reapertura del debate.

¿Las Cortes de Castilla y León toman, o no, en consideración la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular, de Centro Democrático y Social y Mixto?

Quienes estén a favor, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

Abstenciones, ninguna.

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta. A favor de la toma en consideración: cincuenta. Votos en contra: treinta. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular, Centro Democrático y Social y Mixto.

Se levanta la sesión.