DS(P) nº 30/2 del 29/6/1988

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señores Procuradores.

Los ciudadanos burgaleses se han enterado por lo medios de comunicación de una reciente visita institucional, cursada a la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros por el Delegado Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León, visita institucional en donde la propia nota de prensa elaborada por la Delegación del Delegado Territorial, hablaba de que se habían mantenido contactos con algunos concejales. Para ser exactos, el Delegado Territorial, en su visita, mantuvo contactos únicamente con los concejales de Alianza Popular -en Espinosa de los Monteros-, que no ocupan responsabilidades de Gobierno por haber perdido las últimas elecciones municipales de esta localidad burgalesa, y no informó de su visita al Ayuntamiento, ni mantuvo ningún contactos con el alcalde o con los responsables de la Corporación Espinosina. Y, en este sentido, hay otro agravio -digámoslo así- que se suma al anterior, y es que el Ayuntamiento de Espinosa ha solicitado en reiteradas ocasiones al Delegado Territorial de Burgos algunos contactos para mantener reuniones sobre temas de interés mutuo, de colaboración del Ayuntamiento de Espinosa con la Junta, sin haber sido, hasta la fecha, atendida su solicitud.

En este sentido, a este Procurador le interesa saber si considera la Junta que en las visitas institucionales de los Delegados Territoriales a localidades de nuestra Región deben mantenerse contactos con los responsables de las Corporaciones Locales, o deben mantenerse siempre los contactos únicamente con los concejales de Alianza Popular.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Vaya por delante mi declaración expresa de que mis lesiones en la cara no han sido promovidas por ningún Grupo Político.

Y luego, en cuanto a los agravios comparativos, Señoría: no haga tantos. Está partiendo, para sus conclusiones de una afirmación completamente errónea. La visita realizada a Espinosa de los Monteros no ha sido, en ningún caso, una visita institucional, sino más bien ha sido una visita con marcado carácter, único y exclusivo, de trabajo. El Delegado Territorial se entrevistó con el que él creyó que podía darle los datos que necesitaba para su trabajo. Y, evidentemente, en cuanto a su pregunta de si la Junta margina las instituciones en las que no tiene participación o no tiene una representación, tengo que decirle que, no sólo por corrección protocolaria, sino por convicción democrática, la Junta de Castilla y León siempre tendrá en cuenta sus visitas institucionales, no sólo invitará, mandará el programa a las instituciones, sino que colaborará con todos los órganos democráticamente elegidos.

(-p.-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Don Octavio Granado. 834

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí.

Me cuesta mucho, señor Consejero -y vaya por delante que me alegro de que sus lesiones no hayan sido ocasionadas por ningún Grupo Político, ni siquiera por el suyo-, me cuesta mucho, señor Consejero, creer que una visita de trabajo en Espinosa de los Monteros, en las que se tratan temas como electrificación rural, en la que se tratan temas como la travesía de Espinosa de los Monteros que -el señor Consejero de Fomento lo sabe bien- es motivo de preocupación constante para el Ayuntamiento y ha sido motivo constante de contactos entre el Ayuntamiento y la Junta, en el que se tratan temas como la estación de esquí de Lunada, en donde obra en poder de la Junta de Castilla y León propuestas municipales para acometer realizaciones concretas con motivo de la estación de esquí, sea absolutamente imposible mantener una reunión con el alcalde o los concejales que en estos momentos gobierna el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, y, sin embargo, sea conveniente mantener una reunión con los cinco concejales de Alianza Popular de Espinosa de los Monteros, que, qué casualidad, son los cinco que puede aportar datos, y, qué casualidad, como han perdido las elecciones, no están gobernando Espinosa de los Monteros.

En este sentido, me da la impresión de que el señor Delegado Territorial de Burgos de la Junta, a la hora de recabar sus informaciones y a las hora de recabar sus colaboradores, tiene un particular sentido, un particular sentido, de lo que son los Grupos Políticos. Y alguna ocasión tendremos de seguir comentando las actuaciones del Delegado Territorial en Burgos de la Junta.

De cualquier forma, cuando uno hace una visita de trabajo a una localidad determinada, sin avisar al Ayuntamiento siquiera de que la va a hacer, cuando en esos temas de trabajo tiene participación el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros en alguno de ellos y al Ayuntamiento no se le facilita la oportunidad de colaborar, yo creo que se está hurtando, como mínimo, la posibilidad al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros de mejorar sus relaciones con la Junta y de mejorar su colaboración con la Junta. Y, en este sentido, el Delegado Territorial de Burgos de la Junta ha hecho un flaco favor a la Junta de Castilla y León, aunque a lo mejor sí que ha hecho algún favor a sus compañeros de Partido de Alianza Popular en Espinosa de los Monteros, que a lo mejor sí que pueden necesitar el aliento espiritual del Delegado Territorial de Burgos de la Junta, para poder emprender con más datos -con más datos facilitados por el Delegado Territorial de la Junta- su labor de Oposición municipal.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Gracias Señoría.

Todas las suposiciones que usted hace a lo mejor responden al refrán castellano que dice que "el ladrón piensa que todos son de su condición". Quizá porque el señor Presidente del Gobierno no ha sido capaz de recibir, a instancias de nuestro Presidente, nunca, ni poder dialogar con él; quizá sea porque el Ministro de Agricultura, cuando viene a esta Región, no cuenta nunca con el Consejero de Agricultura y con los Consejeros de la Junta; quizá sea porque ciertos Presidentes de las Diputaciones que presiden el PSOE, en el reparto de sus Presupuestos no cuentan, en absoluto, con los pueblos que están presididos por otros signo político, a usted le inducen a pensar todo eso. Le respeto su pensamiento... no se ría tanto.

Le vuelvo a reiterar... Me parece que está actuando sin ninguna cortesía parlamentaria, señor Granado, y yo he sido respetuoso, y le recuerdo, señor Presidente, que he sido respetuoso con sus preguntas. Quizá todos esos pensamientos -le reitero- son porque, en ustedes o en usted, concretamente, no existe el talante democrático que tiene esta Junta.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente.

Simplemente, para no entrar en el fondo de las consideraciones, porque no hay mayor... tal, que no hacer aprecio. Pero me gustaría saber si el señor Pérez Villar está facultado por la Presidencia de estas Cortes para llamar al orden a los señores Procuradores. Porque yo he leído el Reglamento de esta Cámara...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Perdón...

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:... y la verdad es que considero absolutamente improcedentes estas manifestaciones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): No ha lugar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor Secretario dará lectura al Segundo Punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Segundo Punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y del Centro Democrático y Social, relativa a realización de determinadas fases del proceso de concentración parcelaria directamente por la Administración".

(-p.835-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra, en primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, Manuel Jesús Domínguez.

DOMINGUEZ SANCHEZ

EL SEÑOR DOMINGUEZ SANCHEZ: Gracias. Señor Presidente, Señorías.

En tono más distendido que la pregunta hecha, entre el Procurador del Grupo Partido Socialista y el señor Consejero, vamos a intentar hoy aclarar los conceptos que nuestro Grupo Parlamentario, el Centro Democrático y Social, tiene sobre concentración parcelaria, y en el cual, ante la comparecencia del señor Consejero de Agricultura, se vio obligado por coincidir prácticamente en todo con el Grupo del Partido Socialista.

En este primer año de esta segunda Legislatura, exceptuando temas como pueden ser techos competenciales para nuestra Comunidad e, inclusive, la Reforma de Estatutos, que ha sido polémica, todas Sus Señorías o parte de Sus Señorías son conscientes de que la más polémica de todas las Proposiciones No de Ley presentadas en este período ha sido, precisamente, el tema de las concentraciones parcelarias. Y, prácticamente, señor Consejero, vamos a argumentar los mismos puntos, pero con alguna variante, puesto que habiendo nuestro Partido..., teniendo, perdón, nuestro Partido tiempo para reflexionar, salvo dicha variante, el resto de argumentos van a ser los mismos que en la polémica Comisión que tuvimos al respecto.

Quedó también muy claro, por su parte, que incorporaba a esta Cámara una nueva filosofía sobre la concentración parcelaria, porque usted se basaba en dos puntos que eran: concentrar bien y concentrar cuanto antes. Y es verdad, señor Consejero, eso es verdad, y tiene usted razón. Pero tanto mi Grupo Parlamentario como el Grupo que conjuntamente ha presentado esta Proposición No de Ley, lo que discutíamos era el cómo hacerlo; aunque en esos dos puntos -ejes de este tema- tiene usted también la razón.

Usted alegó también que la infraestructura en nuestra Comunidad Autónoma en el sector agrario es muy deficiente, cara, por supuesto, a la competitividad con la Comunidad Económica Europea, y, por tanto, habría que agilizar las concentraciones parcelarias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pues, sí señor, tiene usted razón; que hay, aproximadamente, el sesenta y uno por ciento, sesenta y dos por ciento concentrado, el treinta y nueve por ciento está sin concentrar, pero esto, verdaderamente, son datos del año ochenta y seis; se supone que los equipos de concentración parcelaria oficiales han seguido haciendo concentraciones desde esa fecha.

Pero consultando muy exhaustivamente el tema, señor Consejero, por parte de nuestro Grupo Parlamentario, somos conscientes de que de ese treinta y nueve... treinta y ocho por ciento que falta por concentrar en nuestra Comunidad Autónoma sólo es posible, o sólo será posible -y el tiempo dará o no la razón-, aproximadamente, se podrán concentrar el doce por ciento. Y estos datos los tenemos, señor Consejero, consultando con los equipos de las distintas provincias que forman nuestra Comunidad, y, precisamente, por lo hombres que tienen -y perdone la expresión- carisma -puesto que es entrecomillado- en dichos equipos; y, por tanto, han canalizado la opinión de todos o de casi todos los equipos oficiales de concentración parcelaria.

(-p.836-)

Y, señor Consejero, le haríamos la siguiente pregunta: concentrar bien, pero concentrar bien ¿quién lo ha estado haciendo desde el año mil novecientos cincuenta y siete, señor Consejero? Pues lo han estado haciendo bien los equipos oficiales ¿Por qué? Porque han sido prestigiosos; porque el receptor, en este caso, el agricultor-ganadero han confiado siempre en ellos, han tenido paciencia, son trabajos tan especializados que no sirve la premura de tiempo, como podría ser en las empresas privadas, que, por supuesto, nuestro Grupo Parlamentario no tiene en absoluto nada contra las empresas privadas. Pero cuando se gestiona, cuando se gestiona la propiedad de todo un pueblo, de todo un colectivo de ganaderos y de agricultores, que se le pone en manos toda su propiedad y la de sus antepasados, y la de posible adquisición, y poner eso sobre el papel, sobre un tapete, para ser realizada por concentraciones parcelarias..., perdón, la concentración parcelaria por empresas privadas, señor Consejero, ahí, indudablemente, usted también tiene que haber pedido opinión al respecto, y, francamente, son reacios en estos momentos, en nuestra Comunidad. Eso, a partir de otros años, cuando ellos ya estén convencidos de que tengan que realizar la concentración parcelaria, porque si no no están bien estructurados cara a la competitividad que hemos dicho anteriormente, tal vez, señor Consejero, dicha filosofía la modificaríamos. Y en ese caso, señor Consejero, si usted -y mi Grupo Parlamentario se lo asegura y luego intervendrá el Grupo Parlamentario del Partido Socialista-, si usted -que es ahora nuestra segunda filosofía, señor Consejero, del Grupo del Centro Democrático y Social-, si usted se compromete a revitalizar en un período de tiempo a los equipos oficiales de concentración parcelaria... ¿Y por qué los tiene usted que revitalizar, señor Consejero? Porque ha habido jubilaciones, ha habido cambio a otras secciones y no hay savia nueva, no hay savia nueva en esos equipos; hay técnicos jóvenes que están dispuestos, dentro del funcionariado de la Delegación de Agricultura, están dispuestos a hacer concentraciones parcelarias; pero a lo que no están dispuestos, señor Consejero, es a un trabajo tan arduo, difícil, con mucha experiencia, con inclemencias del tiempo, mientras sus compañeros se quedan en la oficina -y, claro, alguien se tiene que quedar-, no están dispuesto a trabajar en esa situación económica. Luego hay que buscar unos cauces, y usted, como responsable de la Consejería de Agricultura... Y los hay, señor Consejero. Me decía usted hace fechas que no los había. Los hay, porque lo hemos consultado; hay unos cauces para compensar económicamente esos trabajos extras que ese funcionario va a realizar; porque, si no lo hace así, ellos mismos siempre han estado reivindicando que su problema de no querer, o de querer hacer, o hacer a un ritmo bastante, digamos, medio es porque no se encuentran estimulados, señor Consejero. Y los demás compañeros de otras secciones están convencidos de que es un trabajo tan arduo, que si usted, dos o tres veces por día... -perdón-, por semana, usted los manda al campo a realizar la concentración parcelaria, sus propios compañeros admitirán, porque usted les podrá decir: quien quiera hacer concentraciones parcelarias (todos los técnicos, juristas, etcétera, etcétera,........., todo el equipo profesional que usted tiene), si usted les incentiva económicamente por los cauces legales -que sí existen, señor Consejero-, usted podrá revitalizar los equipos oficiales de concentración parcelaria.

Porque aquí habría un inconveniente, señor Consejero, en comparación con las empresas privadas, porque esa premura también de tiempo es antieconómica; lo tienen que hacer a un ritmo, porque la empresa privada, indudablemente, tiene que hacerlo a un ritmo para obtener un beneficio, porque para eso está, y es muy lógico. Y éste es el único inconveniente que observamos nosotros entre la empresa privada para este tema en concreto, para este tema en concreto, frente a otros trabajos que, indudablemente, la Administración tiene que realizar. Porque, señor Consejero, le volvemos a repetir lo mismo: ¿de dónde sacaría la empresa privada esos técnicos expertos? ¿De dónde? Si no lo ha habido. Si no hay ningún técnico. Ningún técnico está capacitado si no ha trabajo en esa especialidad. No se encuentran, porque, como le decíamos en la Comisión: ¿De dónde los saca usted? ¿De las nuevas promociones de las escuelas técnicas, recién salidos del estuche, expresión que usted luego en la réplica me dijo?. Pues, tal vez; pero ese técnico no está capacitado. ¿De dónde los saca? ¿De empresas de comercialización? Tampoco, porque son otras vivencias, otras experiencias.

Entonces, señor Consejero, si usted -repetimos, por parte de nuestro Grupo- revitaliza de esta forma los equipos de concentración parcelaria y nos lo demuestra pasando un período de tiempo -un año y medio, dos años-, entonces, si el propio agricultor, algunos, convencidos de ellos en ese pueblo, explicándole usted que hay una posibilidad... y a partir de ahí nosotros nos pondríamos en otra línea, mi Grupo Parlamentario se pondría en otra línea; si a partir de ahí, inclusive en los pueblos, o ese grupo de agricultores de esa zona, sabiendo los inconvenientes que la empresa privada de concentraciones parcelarias va a tener, aún así demandan que se haga la concentración parcelaria en su pueblo, porque si no el compás de espera se alargaría mucho, porque no daría inclusive abasto, aunque usted revitalizase dichos equipos, entonces, por nuestra parte, pasando ese período de tiempo, señor Consejero, hablaríamos al respecto. Y, probablemente, no es que modificaríamos, señor Consejero, sino que tenemos las ideas muy claras en este tema. Es que, si usted ahora se la da a la empresa privada, usted decapita totalmente a los equipos oficiales, y eso sería una pena, sería una pena, señor Consejero; y los decapita porque, cuando estos otros técnicos de las empresas privadas observaran, observaran, observaran -y tendrían, y tendrían, inclusive, que llevarles, como ya quedamos cuando hemos hablado de respecto, que supervisar esos trabajos-, observarían algunos disparates cometidos por la premura, por la premura que una empresa privada tiene que llevar al respecto. Y aparte de eso, señor Consejero, aparte de eso, ¿cuántas concentraciones parcelarias -y luego usted en la réplica nos lo puede aclarar y le podrá contestar el Portavoz del Grupo Socialista, que tiene más datos al respecto que yo-, cuántas empresas privadas de las que han hecho en nuestra Comunidad Autónoma...? Otro caso es que usted luego también diga que en otras Comunidades las están haciendo; pues sí, sí es cierto, pero tal vez en esas Comunidades están más avanzados en cuanto a problemas a realizar o están más avanzados, inclusive, mentalmente para aceptar esto, señor Consejero. Pero, ¿cuántas empresas privadas de las que han hecho la concentración en nuestra Comunidad Autónoma han dado un resultado óptimo que, haciendo un paralelismo entre las hechas por los equipos de concentración parcelaria oficiales y las empresas privadas, cuáles han sido los resultados? Nos lo va a decir usted y, probablemente, también el Portavoz del Grupo Socialista.

Y volviendo otra vez, porque sé que me va a insistir, señor Consejero, en que es imposible incentivar económicamente a estos equipos. Pues, no señor, porque usted mismo en su Consejería tiene a funcionarios en ventanilla que tienen un plus, o un extra, o como quiera usted denominar, por atender al público; y nuestra pregunta es la misma: ¿es que, acaso, estos técnicos que van, in situ, a estar viviendo los problemas con el agricultor no están atendiendo al público? Otro caso, casos que usted también tiene, como son de incentivar económicamente a funcionarios que manejan cerebros electrónicos, dentro de la Delegación. ¿Es que acaso, también, esta gran experiencia que hay que tener para realizar el trabajo más delicado en agronomía, acaso no tiene que estar también incentivado económicamente?

Y, en fin, no quisiera alargarme más. Simplemente recordarle, señor Consejero, que por parte de nuestro Grupo le extraña, porque en su equipo agrario, indudablemente, hay gente y tiene usted gente muy cualificada, con un currículum vitae francamente bueno, pero no hemos entendido, de verdad, señor Consejero, no hemos entendido cómo con esos equipos de que usted dispone ninguno, ninguno, haya intentado convencerle a usted de que tal vez la idea, la idea mejor... No es porque nuestro Grupo la haya planteado, sino que reconocemos que, aunque tienen mucha experiencia, observamos que los conocimientos de base, con la problemática verdadera del sector en este tema, nos ha entrado tal duda, de que, aún cuando esa especialización, no se hayan dado cuenta de este problema. No obstante, muchas gracias. Hasta la réplica, señor Presidente, muchas gracias.

(-p.837-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. En nombre del otro Grupo proponente, el Grupo Socialista, don Jaime González puede hacer uso de la palabra.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, para hacer una exposición que yo creo que va a coincidir sensiblemente con la que se hizo, como ha anticipado el representante del Grupo del Centro Democrático y Social, con la que hice, a mi vez, en la Comisión de Agricultura donde se debatió este tema.

La primera frase de mi intervención la voy a leer, porque he tenido sumo cuidado al redactarla y no quisiera equivocar ningún término concreto de la misma: "La concentración parcelaria es un proceso delicado y preciso, por el cual la totalidad de los trabajadores, empresarios agrícolas propietarios de un determinado ámbito territorial ponen en manos de la Administración, de la Administración, confiando plenamente en su funcionarios, y fundamentalmente en base al resultado obtenido por los mismos en otros procesos similares, sus tierras, su medio de vida, para que ésta -la Administración-, con criterios estrictos de justicia y de equidad, reorganice y devuelva sus equivalentes, realizándose simultáneamente una mejora de infraestructura importantísima, viaria y de todo tipo, e incluso, simultáneamente, transformaciones en regadío". Por lo tanto, ese importantísimo proceso para montones de personas -por eso yo creo que ese tema viene a este Pleno, en lugar de ser tratado previamente, o habiendo sido tratado previamente en Comisión-, repito, para miles de personas de esta Comunidad -agricultores, fundamentalmente-, se basa en el proceso que se ha generado de confianza entre los administrados y la Administración. Existe, y así se ha producido a lo largo de años, un proceso de confianza por el cual los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad ponen sus tierras a disposición de la Administración para que ésta las reorganice y se las atribuya con sus criterios. Y, desde luego, yo creo que esa confianza, hasta ahora, ha sido merecida por parte de la Administración por los resultados obtenidos.

En Comisión yo dije que los pueblos, antes de llegar la concentración parcelaria, están en un equilibrio alcanzado a lo largo de muchos, muchos, años de debatir sus problemas internos, de resolverlos -algunas veces, incluso, traumáticamente-, y al final de un proceso, de ese proceso de ajuste fino -como diríamos o como diría alguien- entre los vecinos y los propietarios de ese pueblo, se ha llegado a una situación en la que todos los problemas están resueltos o en equilibrio estable: todos salen, todos entran a sus fincas, todos riegan por determinados sitios, los problemas de propiedad están resueltos, etcétera, etcétera. Y cuando llega el proceso de concentración, lo que se hace es una revolución -y así lo decía yo en Comisión- en su más estricto sentido de la palabra. Todo eso cambia, todo eso se vuelve a poner patas arriba, en el buen sentido también de la palabra. Las entradas antiguas se cambian, las salidas se cambian, los riegos se cambian, todo se cambia. Si ese proceso realizado hasta ahora, y fundamentalmente por funcionarios, se hace bien, ese proceso que ha durado muchos años y que ha llevado a ese equilibrio en que estaban los pueblos, se vuelve a recuperar en un período de tiempo francamente corto. Si el proceso se hace mal, se hace precipitadamente, ese equilibrio tarda en alcanzarse muchos años, y muchas veces también mediante nuevos procesos traumáticos que generan importantes tensiones en los pueblos.

(-p.838-)

De todas las maneras, yo no me opondría a que la concentración parcelaria fuera realizada por empresas privadas si la Administración pudiera garantizar el control del proceso de concentración parcelaria. Y la garantía de ese control, de la calidad de ese control, es absolutamente imposible en concentración parcelaria. No así en otros procesos, que es normal que ejecuten empresas privadas, como obras públicas o repoblaciones forestales, porque el objeto del proceso es un objeto visible, constatable, queda allí, se puede examinar minuciosamente, y desde luego además, y lo que es más importante, los errores que se cometen en un proceso de esas características son errores subsanables, y no así los que se cometen en un proceso de concentración parcelaria. Porque pueden ser subsanables técnicamente, y a veces imposible técnicamente, pero, desde luego, lo que dejan es unas secuelas gravísimas que son absolutamente imposibles de subsanar. Y además es que hay datos; porque si estuviéramos hablando de oídas... Pero es que hay datos, y a los datos nos podemos remitir. A una pregunta que hizo este Procurador, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta me contesta con mucha más extensión que a otras preguntas formuladas por mí y con mucha más precisión, y yo me alegro de esa precisión. La pregunta, la primera parte de la pregunta era: ¿En cuántas zonas de concentración parcelaria, ésta ha sido realizada y finalizada por empresas privadas, cuáles han sido y qué empresas la han realizado? Y me contestan con una exhaustiva relación empresas. La segunda decía: ¿Cuántos recursos, cuántos recursos, al acuerdo se han formulado a cada una de ellas y qué porcentaje representa sobre el total de propietarios? Ahí tengo que hacer una salvedad. Aquí hay mucha gente que no es experta en este tema y conviene hacer una simple matización: una zona de concentración parcelaria, cuando se alcanza en su último proceso, que es el acuerdo de concentración, más del cuatro por ciento de recursos, la zona se paraliza por Ley -la propia Ley lo dice-, se paraliza y se inicia un proceso en el cual, hasta que no están resueltos todos y cada uno de los recursos interpuestos contra ese acto administrativo y se transforma en firme, el proceso está parado. Pues bien... Y, desde luego, no hay mayor índice de la calidad de un trabajo que los recursos presentados a los acuerdos de concentración por los propietarios afectados por el proceso de concentración parcelaria. Bien, pues bien, repito: de las treinta zonas que en la contestación a la pregunta se enumeran, de las treinta, en once -o sea, más del treinta y tres por ciento, el treinta y cinco por ciento-, once han sobrepasado ese límite fatídico del cuatro por ciento de recursos, con lo cual entran en un proceso de ralentización, parón. Pero no sería lo grave el parón; es que hay zonas con el veinticinco coma cinco por ciento de recursos, que quiere decir que la cuarta parte de los propietarios afectados por el proceso han recurrido, están en desacuerdo con lo que se ha hecho. Que zonas con el dieciocho coma uno, con el veintitrés coma seis, con el once coma tres -falso-: Sejas de Aliste (Zamora), es más del once coma tres; no son treinta y cuatro recursos, son cuarenta y cinco recursos, según contestación interna dirigida de la sección a la Dirección General sobre, concretamente, la zona de Sejas de Aliste. Supongo que habrá sido un error, no vamos a incidir más.

Pero si hacemos un análisis de eso por empresas, y no voy a citar nombres de empresas, por empresas, resulta que, de las empresas que han actuado y que vienen reflejadas ahí, una que tenía cuatro zonas adjudicadas, en dos de ellas ha sobrepasado ese límite del 4%; otra de seis, también en dos; otra de cinco, también en dos; otra de nueve, en cuatro, y otra de seis, por último, en uno, la más aceptable. Y zonas y empresas que están aquí y que han obtenido esos resultados, me consta, me consta que serían las nuevas adjudicatarias de las nuevas concentraciones que se hagan por este sistema.

¿Se les va a advertir a los propietarios de las zonas de concentración afectadas, se les va a advertir que su concentración va a estar hecha por una empresa privada, qué actuaciones previas a ésa ha tenido esa empresa privada, cuántos recursos y qué actuaciones ha tenido, en sus zonas anteriores? ¿O va a ser la propia Administración la que va a asumir el riesgo de adjudicar a una empresa privada la concentración, sin advertir a los propietarios afectados de cuáles son los graves riesgos que corren?

Dicho eso, yo creo, de verdad, que el proceso de concentración parcelaria es un proceso incompatible con el ánimo de lucro que tienen como objetivo primordial las empresas privadas, y que es absolutamente lícito, y con las prisas que suele generar ese ánimo de lucro. Por no hablar de otras dificultades, como, por ejemplo, la que entraña, y no es poca, la forma de pagar a esas empresas. ¿Cómo se las paga?. ¿Por el número de propietarios? Crecería el número de propietarios. ¿Por el número de recursos? Por supuesto, aumentaría. ¿Por el número escaso de recursos? Bueno, difícil de arbitrar. ¿Por las parcelas que no se investigan porque quedan en propietario desconocido? Bueno, no habría ninguna. Etcétera, etcétera, etcétera. Dificultades de encontrar una fórmula equilibrada para abonar a las empresas sus trabajos son evidentes. No es como una obra donde medimos cien metros de acequia y son cien metros de acequia, la cuestión es perfectamente medible, cuantificable y abonable a un precio previamente estipulado. Desde luego, no es en absoluto lo mismo.

Por lo tanto, llego a la conclusión de que los factores de riesgo, de riesgo para los propietarios de las tierras, para los agricultores y para los ganaderos -repito-, no para la Administración, para los agricultores, son elevadísimos, y no justifican, en absoluto, que cuatro fases del proceso de concentración, que son las bases provisionales, definitivas, del proyecto y del acuerdo, se realicen por empresas privadas. Y, desde luego, a nosotros nos parece perfecto que el resto de los trabajos, trabajos complementarios, trabajos que pueden facilitar la labor del funcionario, como son la redacción de los títulos de propiedad, como son el amojonamiento de las fincas, como son la realización de la cartografía, etcétera, etcétera, sí sean adjudicadas a empresas privadas. El funcionario recibiría un trabajo, que muchas veces es difícil de realizar, hecho, y podría dedicarse realmente a lo que es más importante en este trabajo, que es tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Aquellas decisiones que afecten al medio de vida de los agricultores, que es: decidir cuál es la clasificación de sus fincas, decidir qué es lo que se les atribuye a los propietarios en compensación a lo que ellos aportan al proceso, etcétera, etcétera; y que yo creo que son decisiones que inapelablemente tienen que hacer los funcionarios, porque, si no, sería entrar en un proceso de dejación de funciones absolutamente grave.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para la fijación de posiciones, el representante del Grupo Mixto, don Rafael de las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente. Señorías. Para fijar nuestra posición en relación con la Proposición No de Ley presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Centro Democrático y Social, relativa a la realización de concentraciones, o de determinadas fases de los procesos de concentración parcelaria, por parte de la Administración o por parte de las empresas privadas.

Como antecedente, tenemos que señalar el que vamos a mantener la misma posición que mantuvimos con motivo de la comparecencia del señor Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta en la correspondiente Comisión del diecisiete de Mayo de este mismo año, y con la que este Procurador y su Partido coincidía básicamente. Es decir, que admitimos la posibilidad de la realización de todas las fases que abarca un proyecto de concentración parcelaria por empresas privadas, de acuerdo con los argumentos que seguidamente trasladaré a Sus Señorías.

(-p.839-)

Es de todos bien conocido que la concentración parcelaria tiene cuatro fases fundamentales: una de bases provisionales, otra de bases definitivas, el proyecto de concentración y el acuerdo de concentración. Y la Proposición que nos plantean los Grupos de manera conjunta es que esas bases fundamentales sean realizadas siempre por la Administración, y que además se suspendan todas las contrataciones a empresas privadas que, de acuerdo con las previsiones de los Presupuestos, se hayan hecho o puedan hacerse en el presente ejercicio.

Se está de acuerdo, en cambio, en que el resto de las fases, supongo yo que se refiere más bien a los trabajos técnicos complementarios de alguna de esas fases fundamentales, efectivamente, sí que se admite que sean hechos por empresas privadas.

Bueno, pues la posición de este Procurador y de su Partido es que mostramos conformidad a que se utilicen y optimicen los recursos de la Administración en la realización de la concentración parcelaria, como primer objetivo, dotándolos de los medios humanos y materiales precisos y completando los equipos que en estos momentos, por razones de jubilación, por razones de envejecimiento, o por otro tipo de causas, puedan hacer a esos equipos actualmente poco operativos, sin desconocer que el horario de la Administración, las treinta y siete horas y media de los funcionarios, la concertación con los sindicatos y los representantes de los funcionarios en cuanto a horario. Y hay que señalar aquí que la concentración parcelaria que se ha hecho por parte de la Administración con notable éxito en épocas anteriores era fruto de un esfuerzo, yo diría, sobrehumano en muchos casos, de esos trabajadores que trabajaban a altas horas de la noche, que se reunían con los agricultores a las diez, a las once, a las doce, y hasta a las tres de la mañana para convencerles de los beneficios de la concentración parcelaria, sobre todo en las primeras etapas, donde el agricultor, efectivamente, no estaba convencido de esos beneficios, cuestión que ahora ya, efectivamente, yo creo que sí que en gran parte están convencidos; ese éxito, fundamentalmente, era debido a ese trabajo extraordinario que difícilmente puede encajar en las retribuciones, en los horarios y en la concertación sindical que en estos momentos tenemos establecida, incluso por razones legales. Por lo menos, no desconocer esa situación.

Pero, dicho esto, hay que decir también que el hecho, la circunstancia de nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea hace inevitables, inevitables, repito, una serie de actuaciones además con carácter de urgencia. El cambio de cultivos tradicionales por otro tipo de cultivos, la implantación de una industria agroalimentaria, la incidencia del frío en todos los procesos de añadir producto bruto a nuestra producción inicial y la realización de canales de comercialización; el aumento de la disponibilidad de agua en calidad y cantidad y precio, porque en estos momentos se están utilizando aguas excesivamente caras, porque se están sacando de perforaciones con un costo elevadísimo por razón del costo de la energía, y por lo tanto esas disponibilidades; pero sobre todo, pero sobre todo ello la mejora de nuestras estructuras, para adecuarlas a las estructuras necesarias a esos nuevos productos y a la competitividad que nos exige nuestra incorporación al Mercado Común, exige que esa mejora de las estructuras se haga lo más urgente y rápida posible. Y que no se regatee ningún medio, ninguno. Sea mejora de los medios de la Administración con carácter prioritario, o sea participación complementaria de las empresas públicas para conseguir ese objetivo, nosotros estamos de acuerdo en que no se regatee ningún medio, ni uno solo, para que la mejora de esas estructuras, fundamentalmente la de la concentración parcelaria y la mejora, naturalmente, de las infraestructuras que lleva aparejada, se haga en el más breve tiempo posible.

Porque, Señorías, hay que señalar cuál es la situación actual de la concentración parcelaria en nuestra Comunidad. Zonas en espera en estos momentos, trescientas setenta y nueve zonas, equivalente a seiscientas cincuenta mil hectáreas, lo que equivale a una media de espera para el inicio de la concentración parcelaria de siete a ocho años. Difícilmente esto se acomoda con nuestra equiparación en estructuras al Mercado Común Europeo, en estos momentos, y no digamos ya en el año noventa y dos, en el mítico año noventa y dos.

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Concentraciones que se inician actualmente, con los equipos actuales (ya he dicho que ese es un tema que estamos de acuerdo en que se mejore en la medida de lo posible): treinta y cinco nuevas actuaciones, que actúan sobre ochenta mil hectáreas. Pero, a su vez, tienen la entrada equivalente expedientes similares. Es decir, entran peticiones nuevas, treinta y cinco al año, aproximadamente, con lo que la situación se vuelve a reequilibrar. Y entonces, la pregunta es: ¿cuántos años tardaríamos para completar ese 38% de zona de concentración que falta por hacer? Y que yo me temo, además, que es la que mayor dificultades va a entrañar, porque equivale a zonas de montaña, a zonas donde la propiedad es más difícil de investigar, a zonas donde la calidad de esa propiedad es más difícil de investigar, etcétera, etcétera, y que, por lo tanto, requerirá más tiempo y más expertos para realizarla. Y aunque toda la concentración que falta no se pueda realizar el óptimo de ese 38% y nos limitemos al 12% que señalaba el Portavoz del CDS, yo me pregunto, y pregunto a Sus Señorías: ¿cuántos años -y serían algunas decenas- tardaríamos en completar la mejora de esas estructuras? Sin hablar de que aquí no se ha dicho, para nada, que a la vez de la concentración tenemos que, paralelamente, iniciar una nueva actuación de mejora de las estructuras, que es la reconcentración. Porque en el inicio de la actuación de la concentración parcelaria, a pesar de esos esfuerzos, se fijaron objetivos muy limitados, en cuanto a la extensión superficial, en cuanto a una serie de temas en la concentración parcelaria, porque había que meter, de alguna manera, con vaselina la concentración parcelaria a los agricultores, y el propio agricultor puso condiciones estrictas a esa concentración. Entonces, habrá que iniciar paralelamente un proceso de concentración, donde, efectivamente, esa revolución en que consistió en su primera etapa la concentración parcelaria se queda ya en intento de golpe de estado. Porque el hacer reconcentración, evidentemente, ya no es incidir de esa manera revolucionaria en la propiedad tan arraigada en nuestros agricultores, en las servidumbres, en la clasificación y calidad de la tierra, en toda la problemática tan profunda y tan revolucionaria que entrañaban los primeros pasos. La reconcentración parcelaria esos temas, de alguna manera, los tiene resueltos ya, y, por lo tanto, en el terreno de la reconcentración parcelaria, la actuación de las empresas privadas es mucho más fácil porque esos problemas insolubles, como decía el Procurador del PSOE, para hacer por empresas privadas y no por la Administración yo creo que en el tema de reconcentración no se dan. Pero sobre todo, además, porque tenemos, por una parte, el precedente del propio IRYDA, el precedente de otras Comunidades Autónomas y que la actuación de la propia Comunidad mejora los pliegos de condiciones de adjudicación de las fases de concentración con una serie de iniciativas: la obligación de tener oficinas permanentes de las empresas privadas que estén en contacto con el campo, con sus oficinas centrales y con la Administración y la supervisión directa de técnicos de igual categoría a los que exijan a las empresas privadas, por parte de la Administración, para que esas fases de la concentración parcelaria se hagan de una manera adecuada y correcta; sin, naturalmente, desconocer las dificultades, los errores, los inconvenientes y los fallos que puede haber en ese sistema. Pero tampoco se puede negar y predicar que de las actuaciones hechas por la Administración no ha habido ni un sólo fallo; los ha habido y muy importantes y en un porcentaje también importante.

En consecuencia, nosotros proponemos como conclusión que la peor concentración es la que no se hace. En segundo lugar, que manifestamos nuestra conformidad con que las empresas privadas hagan esa concentración parcelaria como complemento, como complemento de la actuación prioritaria de la Administración, y lo puedan hacer en todas las fases y no en la parte puramente técnica y en los cuatro procesos fundamentales de la concentración: preparación de bases provisionales, preparación de estudios para bases definitivas, proyecto de concentración parcelaria y acuerdo de concentración parcelaria. Y tengo que señalar -y lo dije en la Comisión como ejemplo- que hay peticiones de Ayuntamientos -a mí me han llegado, no sé si será al resto de Grupos Parlamentarios- que piden esto, que hay agricultores que también lo piden y que, por lo tanto, si hay peticiones, pues, por qué no atender el que esas peticiones se realicen por los...

Y por otra parte, aquí estamos poniendo en manos de unas empresas privadas nada más la propiedad, y como ejemplo de que ponemos en manos de empresas privadas temas mucho más importantes que la propiedad sólo, como, por ejemplo, cuando se hacen planes de ordenación urbana, también se los estamos entregando a empresas privadas, aunque tenga, naturalmente, los controles de la Administración para su aprobación; pero también la concentración parcelaria tiene sus controles de los usuarios y de la Administración. Y ahí entregamos mucho más que la propiedad de la tierra y el suelo, sino que ahí sí que se hace una verdadera revolución: depende la educación de nuestros hijos, depende la calidad, depende la dotación de servicios esenciales, como la sanidad, etcétera, etcétera, y esos procesos, que no dejan de ser una puesta en común muchas veces de la propiedad del suelo para hacer después una reparcelación o una redistribución, se hacen también por empresas privadas.

Por todas estas razones, yo creo que no está de más el hacer esa experiencia, el gastar los dineros que aprobamos presupuestariamente en esta Cámara en esa experiencia, ver qué resultados da, porque los objetivos a alcanzar son muy importantes y merece la pena el hacer el esfuerzo de ver si da resultado esta situación, aunque, repitiendo, con carácter complementario de la prioritaria de la Administración.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, tiene la palabra el señor Jambrina.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE: Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo creo que estamos asistiendo aquí, de una manera más pública, a una repetición, prácticamente al pie de la letra, de la Comisión de... de la comparecencia del Consejero ante la Comisión de Agricultura para hablar del tema de la concentración parcelaria. Y como estamos asistiendo a una reiteración prácticamente al pie de la letra, a mí me da la sensación de que estoy, o voy a hablar, o voy a predicar, como se suele decir, en el desierto; pero, no obstante, quiero traer a reflexión una serie de comentarios o de manifestaciones en las que, afortunadamente, en algo estamos todos, absolutamente todos, de acuerdo, y es en que es básico y es imprescindible para lograr una agricultura de competición o de competitividad ante el mercado que se nos avecina, para mejorar los medios de trabajo de los agricultores, para mejorar la infraestructura en ese medio rural, en definitiva, para posibilitar la mayor productividad en el medio rural, necesitamos de la concentración parcelaria.

Yo creo que, por coherencia, está claro que nuestro Grupo no puede apoyar la Proposición No de Ley que hoy se trae aquí. Somos conscientes de que vamos a salir derrotados del envite, pero hay que poner yo creo que argumentos un poco más de peso y no tan alarmistas como se tratan de poner.

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Y vamos a empezar. Se dice en la Proposición No de Ley en su preámbulo que los precedentes de la concentración parcelaria por empresas privadas... Don Jaime González lo ha dicho, que de treinta zonas que se han concentrado por empresas privadas, diez -es mi dato, no once, pero es igual- tienen recursos por más del cuatro por ciento. Bueno, habrá que corregir. Si es que hay defectos, habrá que corregir esos defectos. ¿O es que todos los equipos de concentración parcelaria, cuando empezaron a hacerla, acertaban al cien por cien? ¿O es que todos los equipos veteranos y en estos momentos en la Comunidad aciertan al cien por cien? Les puedo dar una relación: en León son me parece ochenta y cuatro los trabajos... las zonas de concentración parcelaria que han durado más de seis años en ejecutarla, y algunos, hasta cinco o seis zonas, más de quince años. Hay de todo en la viña del Señor, es lo que quiero decir.

Hay otro hecho que contrasta que las cosas se pueden mejorar y que no es el coco aquí nadie, y es que en otras Comunidades Autónomas -Castilla-La Mancha, Galicia, País Valenciano, Cantabria, Aragón y La Rioja- están ejecutando la concentración parcelaria en estos momentos auxiliándose, ¡cuidado!, auxiliándose de las empresas privadas. Y se van mejorando las situaciones, porque técnicos los hay, no es cuestión de inventarlos; están en el mercado los técnicos. Entonces, aquí parece que se quiere demostrar, o plantear ante la Cámara, que si lo hace una empresa privada no lo hacen los funcionarios; es el error más grande en el que podríamos caer, estarán de acuerdo también conmigo. Mire, los funcionarios son capaces, como dicen en su Proposición No de Ley, pero no son suficientes. Y no es una cuestión de que el equipo actual de gobierno los haga o no los haga trabajar. Les voy a decir a ustedes que en el programa del ochenta y tres al ochenta y siete se propuso por el entonces Consejero de Agricultura que se iban a hacer trescientas mil hectáreas de concentración parcelaria, diciendo que era un tema prioritario y que además le apasionaba; trescientas mil hectáreas. El resultado práctico, ciento ochenta y tres mil: poco más del cincuenta por ciento. Con los funcionarios que había. Supongo que el equipo de gobierno anterior haría trabajar a los funcionarios, supongo. A ese ritmo son cuarenta y cinco mil hectáreas. ¿Cuál es el objetivo que se planteaba y que hemos aprobado en los Presupuestos del ochenta y ocho? Hacer doscientas mil hectáreas con los funcionarios (ciento ochenta y tres mil consiguieron la Legislatura pasada, luego se les... de alguna manera se les organiza o se les exige más dedicación) y otras doscientas mil con la empresa privada. Corrigiendo, qué duda cabe, corrigiendo los errores o deshechando aquellas empresas que han visto, que han demostrado que han funcionado mal.

Entonces, yo no... no se corresponde, no se corresponde lo que aquí estoy oyendo con eso que he dicho de que ya se había planteado el dos de Noviembre del ochenta y tres, que, siendo prioridad dentro de estas actuaciones -refiriéndose a reforma agraria- la concentración parcelaria, con una visión ordenadora del territorio que permita la creación de infraestructuras más eficaces y rentables -posiblemente don Jaime González las recordará-. Y ahí se criticó también que había que dar más, todavía, prioridad a la concentración, que a ese ritmo no llegamos; y a ese ritmo, aumentando las cifras que ha dicho el Portavoz del Grupo Mixto, yo les digo a ustedes que, si se hace concentración en las que están pendientes de solicitar y que es posible hacerla, nos pasamos una generación, cincuenta y seis años. Echen la cuenta y cincuenta y seis años. Como no se corresponde tampoco con el preámbulo de la pregunta que el señor Altable dice, o hace a la Consejería, en la que dice claramente que es una línea de actuación básica y preferencial en todo proceso de reforma de las estructuras agrarias. Estamos totalmente de acuerdo que es básico y preferencial. Don Manuel Domínguez reconoce que estamos muy atrasados en la agricultura castellano-leonesa de cara a nuestra competitividad en el Mercado Común y que eso es un proceso básico también. Pues mire, nosotros también estamos de acuerdo en eso.

Entonces, de todo esto, yo creo que es una cuestión de opciones. Se está tratando y se ha dicho y se aprobó, y ésa es nuestra coherencia. Y se aprobó sin Enmiendas, y ésa es nuestra coherencia, en los Presupuestos de mil novecientos ochenta y ocho, la ejecución por los funcionarios y la ejecución con las empresas privadas. Y no defiendo a las empresas privadas de una manera excepcional. Quiero decir que, cuando estamos todos convencidos de que hay una labor que hacer con urgencia y no llegamos con los medios de la Administración poniéndolos a trabajar a tope, no tenemos más remedio, si queremos... o al menos a nosotros no se nos ocurre otra alternativa que acudir a la colaboración de la empresa privada. Esto es, desde mi punto de vista, ser realistas y ser coherentes. Yo creo que lo que el Portavoz del CDS ha dicho de que tiene las ideas claras, permítame que le diga que en estos momentos lo dude; permítame que le diga que lo dude, porque así como don Jaime González, desde el momento que se habló de este tema, dijo cuidado con las empresas privadas, que nosotros no estamos muy de acuerdo, y él mismo lo puso en práctica en su época de Gobierno, me parece coherente; pero que se apruebe, no se enmiende y que ahora se quiera rectificar, yo creo, dirigiéndome al señor del CDS, yo creo que se está queriendo jugar, me da la sensación, un poco a sindicalista. Y aquí hay una opción también que tomar, y es una opción política. ¿Qué queremos defender? O ¿de quién queremos hablar? ¿De los profesionales funcionarios o de los agricultores necesitados? Si queremos hablar de los profesionales funcionarios, hablemos de ellos como profesionales y no pongamos en duda que pueden no dirigir bien a una empresa, no vigilar bien unos trabajos o no ser capaces de hacer la función que se les encomienda, si decimos que son profesionales, porque se cae de su propio peso.

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Y yo diría ¿y qué vamos a hacer en los pueblos donde no llega la Administración porque no tiene suficientes funcionarios y están pidiendo la concentración a gritos? Le puedo recordar de Burgos algunos Ayuntamientos del CDS, precisamente, que dicen: hágase la concentración parcelaria como sea; hágase; me da lo mismo que la hagan funcionarios, que la haga la empresa privada. Lo que queremos y estamos esperando desde mil novecientos setenta y nueve, estamos esperando que venga; háganla. Y lo que se propone por este sistema es hacerla; con los controles adecuados, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que compatibilizar las dos cuestiones, que hay que exigir al funcionario, o hay que pedir al funcionario, o hay que primar al funcionario para que trabajen más y lo mejor posible; pero, insisto, donde no llegamos, busquemos la colaboración, que ahí está en el mercado y que otras Comunidades las están utilizando, e incluso con afirmaciones de las propias Comunidades de que sale más barato la concentración parcelaria por este sistema que por la concentración... por empresa privada que por los funcionarios.

Y don Jaime, no me haga usted alarmismos, no me plantee usted un problema, porque, mire, me está haciendo ver, o nos está queriendo hacer ver que los agricultores de Castilla y León están todavía en la época prediluviana. Mire, los agricultores de Castilla y León han pasado del arado romano al tractor y a la grada de discos hace ya bastante tiempo. Antes hubo que hacer campaña o apostolado para conseguir concentraciones parcelarias; en estos momentos, los datos están muy claros. Están diciendo: seiscientas y pico mil en período de petición, y estamos tardando más de siete años en iniciarlas. Relación de problemas con los funcionarios; pues llegan a trescientas... a doscientas treinta y dos según mis datos, problemas, y once zonas todavía por funcionarios y no han recibido, no se han hecho cargo de los bloques de reemplazo. Mire, ni los funcionarios son lo mejor del mundo, son buenos, ni la empresa es mala por sistema. Es decir, ni el funcionario lo hace bien por norma -hay de todo-, ni la empresa va a hacerlo mal por sistema -hay de todo-; quitemos a las que no lo hacen bien, seleccionemos a las que trabajan con seriedad y, sobre todo, demos gusto a una petición que permanentemente se está produciendo en nuestro medio rural; consulten ustedes a los Ayuntamientos del CDS de Burgos a ver qué dicen de la concentración parcelaria, le puedo dar los nombres, pero no quiero alargarme en exceso.

Y como... pero le puedo comunicar que Fuentelcésped o Fuentecen, qué vamos a hacer entonces con los pueblos que la piden y que dicen que están de acuerdo con que se le haga una empresa privada si la Administración la selecciona, ¿le decimos que espere? Díganselo. Aquí es una cuestión de responsabilidades y nosotros no queremos asumir la responsabilidad que ustedes quieren que asumamos; la van a asumir ustedes. Y no se va a cumplir el objetivo, pero no es culpa del Grupo de Alianza Popular; será culpa, será responsabilidad de los señores del Partido Socialista y de los señores del CDS. Y yo entiendo que don Jaime González quiera imposibilitar el cumplimiento de un objeto que él no cumplió en su momento cuando le correspondió la responsabilidad; que no cumplió, que dijo trescientas mil y dijo doscientas ochenta y tres mil, con más equipos que ahora. Diga ¡oiga! que es que si se lleva adelante este proceso son capaces de hacer cuatrocientas mil hectáreas en cuatro años. Pues, claro, es posible hacerlas, pero con la única alternativa posible.

Y, para finalizar, aunque reitero que no podemos, por coherencia, por coherencia fundamentalmente basada en la aprobación de unos presupuestos que están dotadas para el sistema de contratación en la concentración parcelaria, no podemos apoyar esta Proposición No de Ley, a pesar de los esfuerzos que hemos venido tratando de hacer estos días para conseguir que, bueno, vamos a esperar a que haya experiencia y sobre esa experiencia vamos a continuar, a pesar de que yo creo que han caido los señores del CDS, en este caso, en una pequeña encerrona por la habilidad, qué duda cabe, de don Jaime González.

Pero yo quería terminar diciéndole a don Jaime González que no le vengan a usted los arrebatos que le vino en la Comisión de Agricultura de que está dispuesto a montar una campaña pro-damnificados de la concentración parcelaria. Mire, podía haberla empezado usted a hacer en el ochenta, que es cuando se empezaron a hacer las concentraciones parcelarias aquí, en Castilla y León, y no la hizo. Podía usted ir a aprender, primero, a Castilla-La Mancha, Galicia o al país Valenciano, iniciando allí el rodaje de esa campaña pro-damnificados; pero, en todo caso, siempre, siempre, va a tener usted la posibilidad, siempre usted va a tener la posibilidad de hacerla aquí porque aquí hay casos de todo. Lamentablemente buenos y malos, ¡ojalá fueran todos buenos!. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Jambrina. En nombre del Grupo... de uno de los Grupos proponentes, don Manuel Jesús Domínguez.

DOMINGUEZ SANCHEZ

EL SEÑOR DOMINGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente. Es una pena que cuando se comparte una Proposición No de Ley -u otra propuesta-, haya que sintetizar en cinco minutos todos los argumentos que un partido político o que un grupo político tiene en estos momentos, y, por parte de nuestro Grupo, nos gustaría en estos momentos poder disponer de al menos quince minutos para argumentar, tanto al Procurador del Grupo Mixto como al Portavoz de Agricultura, señor Jambrina, de Alianza Popular. Pero vamos a intentar en estos minutos aclararle aún más las ideas.

En primer lugar, el señor de las Heras dice que hay una petición de Ayuntamientos aceptando la concentración parcelaria por empresa privadas. Señor de las Heras, su partido político no puede, porque de momento es pequeño; el nuestro, el nuestro podría en quince días tener multiplicado por mil en las hojas en contra, es decir, con teorías en contra. Porque las dos cartas que hemos recibido, e inclusive, como dice el Portavoz, señor Jambrina, están hasta con el mismo texto, con el mismo fondo y se repiten, inclusive, hasta los mismo adjetivos, por lo cuál la idea la tenemos muy clara de donde proviene.

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Al señor de las Heras contestarle más, en fin, ha dado su postura y bien, aceptamos; es su idea y no quiero ya entrar en el tema.

Respecto al señor Jambrina. Señor Jambrina, le puedo asegurar que el CDS no ha caído en ninguna trampa respecto al señor González. Su Grupo político tiene sus ideas al respecto y usted, usted precisamente, es quien más sabe de la postura del Grupo Parlamentario del CDS en todas las Comisiones de Agricultura que generalmente, salvo excepciones, siempre ha estado apoyando, siempre ha estado apoyando el sector. E inclusive, mi Grupo Parlamentario pidió, inclusive, un consenso agrario para los temas a debatir en estas Cortes y luchar en otros temas, pero en ese pedimos consenso; recuerde y refrésquese la memoria. Ha dicho usted, también, señor Jambrina, tiene usted ......... de sindicalista; es cierto. Las escasas tablas que este modesto Procurador tiene, las tiene, indudablemente, de los dieciocho años en sindicalismo agrario, ¡qué duda cabe!. Pero usted lo ha interpretado mal. Yo no estoy haciendo sindicalismo en estos momentos de los funcionarios; no, no lo estoy haciendo, señor. Lo que mi Grupo Parlamentario opina es que si dichos equipos no se revitalizan, señor Consejero, el perjudicado no son en sí los funcionarios de la Administración de concentración parcelaria; no, no, es el sector agrario, señor Jambrina. Y como elementos a trabajar para el sector agrario, para eso están los funcionarios, es este caso el tema que estamos debatiendo, que son los funcionarios de concentración parcelaria; no estamos, en estos momentos, haciendo sindicalismo agrario, estamos haciendo -haciendo, ni más ni menos- una idea conjunta para, sin que lo sepa el señor Consejero de Agricultura, ayudarle indirectamente con nuestra postura que ha quedado muy clara. Revitalización de los equipos y después de tiempo hablaremos si damos entrada a las empresas privadas. No nos estamos negando en rotundo; somos conscientes de la necesidad de concentrar, ¿cómo no lo vamos a saber si precisamente, precisamente es uno, una, digamos, de las experiencias que nuestro Grupo Político tiene?, aparte de otros muchos que lo tienen, muchísimo, por supuesto. Señor Jambrina, de verdad que no estamos, no estamos haciendo sindicalismo en pro de los funcionarios. Lo que queremos es que si los funcionarios están compensados económicamente a través de los complementos de productividad o complementos específicos, en fin, argumentos que en nómina los administrativos tienen, o los funcionarios tienen -este Procurador no es funcionario y, por tanto, no sabe expresarse igual que ustedes respecto al tema de funcionarios-, pero la idea la tiene muy clara, la idea la tiene muy clara. La tiene, de que tienen ustedes que potenciar estos equipos incentivándole, repetimos, económicamente con los procedimientos legales que ya hay, para que el sector sea beneficiado. Porque mire, y contestando otro poco, también, al señor de las Heras que decía: la peor concentración es la que no se hace. No, señor de las Heras, a veces es así, parece que es así, porque cuando una concentración se hace mal, señor de las Heras, es mucho peor eso aún que no hacerla, porque es que no la haces nunca, ni el seis ni en dos -bueno, iba a decir en seis-, en dos generaciones no la hace, señor de las Heras.

Otros puntos que nosotros tenemos al respecto es que de verdad que nos extraña, nos extraña que el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, y en este caso el Consejero..., es que se han vuelto últimamente de un progresismo absoluto. Resulta que los equipos, repetimos, siempre han funcionado bien y ahora son ustedes los que cambian, o sea, los que cambian un sistema que proviene del año cincuenta y siete y que ha dado unos resultado óptimos; esto ya no lo entendemos. Es que casi hasta sospechamos de ese progresismo, de ese último progresismo que les ha entrado a ustedes últimamente. Es decir, ahora cambian lo... una de las cosas juntamente con los pantanos, etcétera, etcétera -y ya saben ustedes a que me refiero- que se hizo bien en este país. Y ahora resulta que ustedes..., más progresistas aún que los señores que se sientan en estos momentos a mi izquierda; no lo entendemos, señores del Grupo Popular... En este tema, ¿eh?, en este tema...,

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Silencio, por favor.

DOMINGUEZ SANCHEZ: Y

EL SEÑOR DOMINGUEZ SANCHEZ: Y, aparte, han dicho ustedes, han dicho ustedes, Ayuntamientos del CDS. No señor, los Ayuntamientos no son de nadie, no son patrimonio de nadie; tal vez a lo mejor Alianza Popular piensa que cuando tiene un Alcalde es que ese Ayuntamiento es suyo. No hay patrimonio que excluyan o que sean posesivos de nadie, señores del Grupo Popular.

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Y, en fin, les repito una vez más, señor Consejero y señor Portavoz del Grupo de Alianza Popular. Puede que en futuro ustedes digan: el CDS tuvo la culpa y cómo el CDS participó de la idea del Grupo Socialista. Pues mire, se lo volvemos a repetir. Revitalicen, que es nuestra filosofía señor Consejero, que de verdad le queremos ayudar indirectamente, no a usted, al sector; pero, claro, como el representante en estos momentos de la Administración de la Comunidad Autónoma es usted, pues, de verdad que le queremos ayudar. Y como ninguno de su Grupo Parlamentario se lo ha sabido decir, porque no ha entendido la realidad del sector a nivel de concentración parcelaria, a nivel de bases, señor Consejero, de bases, no de bases de concentración parcelaria, me refiero de bases agricultores-ganaderos, pues es nuestra obligación política, no en sí por ayudarle -ya nos gustaría ayudarle poco tiempo para que nuestro Grupo Parlamentario fuera el que sentase ahí-; pero, en fin, entiéndame usted que lo hacemos en favor, en pro, en defensa del sector, porque verdaderamente es lo que nosotros en estos momentos y en esta Proposición No de Ley le queremos decir. Y luego, señor Consejero y señor Jambrina, que le dejamos puertas abiertas en un período de tiempo, ya le hemos dicho, un año o dos; que no tenemos nada en contra de las empresas privadas, pero que no queremos es que se carguen, hablando en plata, que se carguen a los equipos oficiales de concentración parcelaria, y se los cargarían si esta Proposición No de Ley no saliese adelante. Pero, claro, va a salir, usted lo sabe. Y nada más, muchas gracias.

Ah., otra cosa, perdón. La futura propaganda -que me sospecho que el CDS ha participado en esto-, indudablemente, señores del Grupo Popular, ustedes tienen estructura de partido, ustedes..., inclusive, los medios de comunicación recogen sus teorías, se supone que también recojan los nuestros, y le puedo asegurar, señor Jambrina y señor Consejero, que en este tema nuestro Partido, nuestro Partido del CDS, y nuestro Grupo Parlamentario en este caso, va a trabajar los máximo para, si se diese informaciones no exactas pondríamos toda la carne en el asador para rebatir las teorías. Y, señor Presidente, nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Don Jaime González, en nombre del otro Grupo proponente, del Grupo Socialista.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente. Señorías. Voy a procurar mantener la calma, la frialdad, y ser capaz de decir todo lo que quisiera decir, y yo creo que no me voy a dejar nada en el tintero, porque, realmente, llevado el debate al tono en que se ha pretendido llevar y se ha llevado, bueno, pues haremos todos un poco lo mismo.

Yo que soy una persona que suelo coincidir con los planteamientos del Procurador don Rafael de las Heras, al que reconozco que trabaja los temas exhaustivamente, se preocupa, indaga y se informa, tengo que decir que en esta ocasión me ha parecido que su intervención carece de rigor. Porque ha dicho frases lapidarias, cosa que no es frecuente en él; suele ser un hombre que en el ejercicio de la política no dogmatiza y, por tanto, al no dogmatizar y no enfatizar demasiado no se equivoca. Y hoy se ha equivocado. Y ha dicho frases tan rotundas como, por ejemplo, "que la peor concentración es la que no se hace". Bueno, eso habría que preguntárselo, posiblemente, a aquellos propietarios de zonas de contratación hechas desastrosamente mal, alguna por funcionario -dos o tres- de las mil, dos mil, que se han hecho en la Comunidad Autónoma a lo largo de los últimos veinte años, y preguntarle si su opinión, después de estar veinticinco años sin poder entrar en posesión de las nuevas fincas, pero tampoco ser los propietarios de las viejas, pero en esa ambigüedad o indeterminación que genera el proceso de contratación, si están de acuerdo o estarían de acuerdo con esas afirmaciones.

El señor de la Heras, que conoce a la perfección el procedimiento parlamentario -yo creo que es el que más lo usa de esta Cámara, posiblemente por imperativo del tamaño de su Grupo y de su polivalencia-, pues no ha utilizado, en este caso, el procedimiento parlamentario. El ha podido presentar una Enmienda a nuestra Proposición No de Ley, por ejemplo, en el sentido -y él lo ha apuntado- de que las concentraciones, las reconcentraciones parcelarias fueran, fueran excluidas de ese no hacer por empresas privadas. Lo podía haber hecho, y lo podíamos haber transaccionado, y lo podíamos haber hablado a lo mejor. No lo ha hecho; por lo tanto, no ha querido usar los instrumentos que el Reglamento de esta Cámara y el debate permite para llegar a una transacción, a un acuerdo, sobre un tema que nosotros consideramos que es de vital importancia.

Y, desde luego, ha hecho afirmaciones como que, por ejemplo, también ha habido problemas en las concentraciones parcelarias hechas por funcionarios, incluso ha dicho que, bueno, que sensiblemente igual que en el realizado por empresas privadas. Yo tengo que decirle que eso no es cierto en absoluto, que el proceso de concentración es un proceso prestigiado y prestigioso, porque se ha hecho por funcionarios al ritmo de los funcionarios durante muchos años, y que hay montones de agricultores y ganaderos de esta Comunidad que se han beneficiado de ese tipo de trabajo que en estos momentos se nos intenta cambiar.

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Al Portavoz del Grupo Popular no le voy a decir su nombre para que no pida alusiones y cosas extrañas de esas; me ha aludido en mis responsabilidades que tuve, indudablemente, de Consejero de Agricultura, que no reniego de ninguna de ellas, y ha hecho una alusión al programa presentado por mí ante esta Cámara, precisamente en el año ochenta y tres, y a las peticiones de concentración parcelaria. El sabe de sobra..., por tanto, yo creo que es una intervención capciosa, en el sentido que el diccionario da a la palabra capciosa, o sea, malintencionada, cuando dice que su programa, mi programa, o nuestro programa, entonces, hablaba de trescientas mil hectáreas en cuatro años. Desde luego, se suponía, y así se hizo constar en aquella Comisión y él no lo ha reflejado -tal vez porque no le ha interesado-, que se suponía que nosotros tendríamos que tener el instrumento para hacer la concentración parcelaria, que era el IRYDA. El IRYDA se transfirió, por la negociación y por la dificultad de la misma y por la dureza de la misma, un tiempo más tarde, concretamente en el año ochenta y cinco. Y en el año ochenta y seis, que fue el primer año que esta Comunidad Autónoma gestionó las materias en concreto, se hicieron -y esa cifra que voy a dar consta en un documento oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes redactado por el actual Consejero y que, por lo tanto, no es nada parcial, nada sectario-, en el año ochenta y seis, primer año que nosotros gestionamos la concentración parcelaria en esta Comunidad, se hicieron setenta y dos mil trescientas noventa y cinco hectáreas, cuando en el año ochenta y cinco, en el año anterior, se habían hecho dieciocho mil, y cuando en el año siguiente, año ochenta y siete, año en que la responsabilidad es de quien es, año ochenta y siete, treinta y uno de Diciembre, treinta y dos mil ochocientas. Por lo tanto, hay una cresta, un máximo que se podía haber mantenido y que a lo mejor no se ha mantenido en previsión de que en estos momentos estemos discutiendo lo que estamos discutiendo, y es que la concentración parcelaria la realicen empresas privadas, porque los rendimientos de los funcionarios han bajado, o por otros motivos, yo creo que igual de poco claros.

Pero vamos a entrar, una vez contestado -porque yo creo que era mi obligación y por deferencia hacia ellos-, a los Grupos, Portavoces de los Grupos Parlamentarios, en algunas consideraciones que he ido anotando a vuela pluma sobre este tema.

Yo estoy de acuerdo en que hay que dotar a los equipos de concentración parcelaria de medios materiales para realizar su trabajo, y no estoy de acuerdo, como se ha vertido aquí, en echar la culpa de que no se haga a que los equipos de concentración parcelaria son viejos, son pocos, etcétera, etcétera, o que su horario laboral es el que es. Muchos Procuradores de esta Cámara, por lo menos algunos, hemos hecho concentración parcelaria con este mismo horario, y las concentraciones parcelarias están hechas y correctamente hechas; y, desde luego, no conozco ninguna reunión por técnicos de concentración parcelaria a las tres de la madrugada, entre otras cosas porque, como decía un ilustre Procurador del C.D.S. hace un momento, a esas horas los agricultores, generalmente, están en la cama y no hablando de concentración parcelaria. Luego, no dramaticemos el trabajo de concentración, que lo único que exige es seriedad, rigor, paciencia, conocimiento y falta de ánimo de lucro en el proceso.

Pero hay montones de maneras de ayudar a los funcionarios: introducción de la informática en el proceso; hágase, dótese de fondos para que los funcionarios puedan utilizar la informática en el proceso. Más vehículos; hágase, más coches, mejores dotaciones. Elementos electrónicos de medida de parcelas; hágase, los hay, se puede hacer, dótese a los funcionarios de ........ Ayúdese a los funcionarios, como decía antes, contratando todos los trabajos anejos a esos cuatro fundamentales y que, realmente, son una distracción para el funcionario. Hágase también. Pero respétense en manos de los funcionarios aquellos procesos de concentración que implican toma de decisiones sobre el medio de vida de miles de agricultores de la Comunidad. Respétense en manos de los funcionarios, porque son absolutamente imposibles de controlar por medio de muestreos, etcétera, etcétera.

Pero hay cosas más gordas. El año pasado, la Consejería de Agricultura, y este año también -por lo menos este año con seguridad y está fiscalizado el gasto-, ha suscrito un convenio con el Colegio de Ingenieros Agrónomos por el cual en los locales del Colegio se imparten cursos sobre concentración parcelaria en el que la justificación del gasto mandada al Interventor dice cosas como la siguiente: "estas empresas... para que estas empresas puedan contar con técnicos suficientes que conozcan el proceso de concentración parcelaria cuyas características son muy difíciles de conocer fuera de la Administración, se considera del máximo interés la realización de los cursos encaminados a los profesionales privados" -privados, no públicos, privados; a los funcionarios no se les dan cursos-. Y decía a continuación: "se considera que el procedimiento más directo para llegar a esos profesionales sería a través del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, en cuyos locales podrían celebrarse los cursos...... Importe del curso: 1.443.000 pesetas. ¿Por qué no se ha dedicado ese dinero al reciclaje de funcionarios, al perfeccionamiento de funcionarios, a mejorar los medios de los funcionarios? ¿Por qué no? Se reconoce implícitamente en ese preámbulo que no hay técnicos en las empresas privadas que van a hacer la concentración parcelaria de nuestros pueblos. No hay técnicos. Y se dice que es un proceso difícil de dominar fuera de la Administración, lo dice textualmente el preámbulo que ha redactado la actual Junta de Castilla y León para justificar un gasto de 1.443.000 pesetas realizado a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos para impartir cursos a técnicos de empresas privadas.

Y en ese mismo documento dice: "se justifica el intento de contratación de empresas privadas por contratación directa -y ahora voy a hablar de eso, y hoy he depositado un documento en la Secretaría de la Presidencia de la Cámara que es interesante que esté ahí guardado-, mayor agilidad administrativa, permitiendo contratar por concierto directo, lo que permite una mayor selección de las empresas adjudicatarias. B) posibilidad de rescindir el contrato en el caso relativamente probable, dada la naturaleza de la concentración, de un atasco o paralización..." etcétera, etcétera. Se reconoce entre los motivos aducidos para que la forma de contratación con las empresas sea la contratación directa, que es muy fácil que haya paralizaciones, atascos, problemas con las empresas privadas.

Y hay experiencia, y son miembros de esta Cámara los que redactaron este informe, y no me voy a privar de leerlo. Zona de concentración de Riomanzanas, que no figura en la contestación que se me ha dado a mí a la pregunta por escrito. Dice la Sección de Estructuras de Zamora: realizados los trabajos correspondientes -no voy a decir la empresa-, bases provisionales y bases definitivas, siendo declaradas firmes con fecha dieciocho de Junio del ochenta y tres. Con fecha treinta de Junio ochenta y tres fue aprobado el proyecto de concentración parcelaria. Contra este proyecto se presentaron cincuenta y tres alegaciones que representa el treinta y uno coma cinco por ciento de los propietarios. Con fecha cinco de Marzo del ochenta y seis se nos comunica que tal..... fue objeto de rescisión de contrato con esa empresa. En la actualidad está prevista la.......

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Procurador, le agradecería que fuera terminando.

GONZALEZ GONZALEZ

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EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente, soy una persona que nunca procura pasarse del tiempo y le agradezco la benevolencia de dos minutos más para finalizar, si es posible.

En la actualidad está prevista la realización del proyecto modificado y el acuerdo por el equipo número diez de la Sección de Estructuras, lo que no fue capaz de hacer la empresa privada. Sejas de Aliste, lo mismo. Mahide, lo mismo. Villaverde de Justel, lo mismo. Hay experiencia sobre resultados de las empresas privadas en concentración parcelaria. ¿Y quién paga el pato? Los agricultores. Evidente.

Pero hay más. Desde la Consejería de Agricultura se ha llamado a las empresas y ha habido una reunión con los titulares de las mismas, y ha habido un reparto de zonas por empresas, y se han escrito las cartas el viernes pasado, y el día seis es el último día para la presentación de pliegos. Y yo he depositado en la Cámara lo que yo creo que va a ser la adjudicación, que si no hay respeto a la voluntad mayoritaria de esta Cámara, si esta Proposición No de Ley se aprueba, el día seis va a ser la adjudicación a esas empresas privadas. Y se sabe cuáles son. Y estamos en proceso de adjudicación; difícilmente. Y entre esas empresas a las que se va a adjudicar hay algunas que lo han hecho muy mal y están entre las que anteriormente yo había dicho que habían tenido fracasos importantes. Por lo tanto, yo creo que he sido extraordinariamente poco cuidadoso con el asunto.

Y voy a decir más. Esos Ayuntamientos que han escrito de Burgos, voy a decir una carta que un Procurador de esta Cámara ha escrito a esos Ayuntamientos de Burgos. Con su benevolencia, señor Presidente.

"Estimado amigo: el domingo al mediodía he pasado... -etcétera, etcétera-, como usted sabe, su pueblo es uno de los cinco de la ribera donde la Junta de Castilla y León pretende iniciar próximamente la concentración por contrata con empresas privadas, que llevarían a cabo las distintas fases bajo la supervisión..." etcétera, etcétera. Me consta que el señor no sé quién ha informado de la situación y perspectivas. Dice: "al decidir la Junta sacar a contrata........................, pueblos muy interesados, entre ellos el suyo, la oposición en las Cortes para frenar esta iniciativa..." (No es cierto, no es para frenar esta iniciativa, porque es por sí; es porque es mala, mala para los agricultores de Castilla y León. Por eso sí; no por frenar una iniciativa en la cual nosotros estamos dispuestos, y lo vamos a demostrar hoy mismo votando a favor determinadas cosas, en apoyar aquellas iniciativas que son buenas)........ "ha decidido oponerse exigiendo que se hagan por personal de la Consejería, etcétera". Y finaliza: "En la mañana del domingo he hablado directamente con alcaldes de y concejales de Fuentecén, ............, Fuentelcésped......... enviar unas cartas de presión", y se dice al final: "esperando que ponga en conocimiento de todos sus concejales el contenido de esta carta"... etcétera, etcétera. Yo voy a tener una reunión con todos estos pueblos, voy a ir a Burgos, voy a reunirme con ellos y voy a decirles cuáles son las verdaderas razones por las cuales este Grupo se opone a este proceso, para que no haya cartas como ésta, que son las que proporcionan las otras cartas que después se esgrimen, y aquí tengo la de Fuentelcésped con la misma fecha, producto de esta otra carta en la cual se les pide y se les exige y se les dice, y, desde luego, esgrimir aquí como argumento que hay cartas de esas características para decir que hay agricultores que los piden, alcaldes del mismo partido, de Ayuntamientos, sin previa consulta a los agricultores, etcétera, etcétera. Si fueran los agricultores veríamos a ver qué habían firmado y si habían firmado esa carta. Yo, desde luego, voy a tener una reunión con todos los Ayuntamientos, con Fuentelcésped, etcétera, y voy a ir personalmente a contarles cuáles son las razones, los argumentos por los cuales nosotros, nuestro Grupo, se opone a esta iniciativa....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Vaya terminando, por favor.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Ya acabo. Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco su....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y del Centro Democrático y Social, relativa a la realización de determinadas fases del proceso de concentración parcelaria directamente por la Administración. Quienes estén a favor de la Proposición No de Ley, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Abstenciones, ninguna.

Resultado de la votación. Sesenta y siete votos emitidos. Treinta y nueve a favor. Veintiocho en contra. Ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Centro Democrático y Social, relativa a la realización de determinadas fases del proceso de concentración parcelaria directamente por la Administración.

El señor Secretario procederá a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de Alianza Popular, del Centro Democrático y Social y Mixto, relativa a definición en la cabecera del río Arlanza de embalses, zonas regables y programa de ejecución de obras".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Para la presentación de la Proposición No de Ley, por parte de los distintos Grupos, tiene la palabra, en primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, don Rafael de las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

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EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente. Dado que es una Proposición que suscribimos unánimemente los cuatro Grupos que tienen representación en esta Cámara, y por no repetir argumentos, al ser este Procurador representante de la minoría de la Cámara, deja a los Grupos mayoritarios la defensa de la misma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, don Rafael de las Heras. El representante del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, don Ricardo García y García-Ochoa.

GARCIA GARCIA-OCHOA

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. En nombre del CDS, tengo el honor de defender una Propuesta compartida por todos los Grupos, que han demostrado la sensibilidad en cuanto al problema que plantea la situación del río Arlanza, del río Arlanza en la provincia de Burgos, cuyo recorrido pasa fundamentalmente por dicha provincia. Son más de cien kilómetros de río que recorre esa provincia y que tradicionalmente, desde hace ya muchos años, viene siendo objeto, durante su recorrido, todas las riberas, objeto de inundaciones múltiples, no solamente de los campos, de las cosechas, sino también incluso de algunas ciudades importantes, algunos pueblos importantes, como en este caso es Salas de los Infantes. Se produce con ello una situación inestable en toda la ribera. Se produce con ello una situación difícilmente compatible con el progreso y difícilmente compatible, también, con que vayan avanzando las cosas en toda esa zona.

Desde hace cincuenta años hay un proyecto de realización de un embalse regulador de ese río Arlanza, que es uno de los casos extraños en nuestra Región que, haciendo falta agua, no se haya llevado a efecto ese embalse. Y yo creo que la causa fundamental ha sido la declaración, en el año treinta y cinco, de monumento histórico-artístico del Monasterio de San Pedro que existe en las proximidades. Efectivamente, después de bastante tiempo ha habido bastantes planteamientos de que si era conveniente o no conveniente afectar con ese embalse al Monasterio de San Pedro de Arlanza; la decisión ha sido buena, en principio, de no tapar esas ruinas históricas, ruinas en las que está encerrada gran parte de la historia y de la cultura de la región castellano-leonesa; ruinas que encierran restos del Conde Fernán-González y que datan, nada más y nada menos, que del siglo X.

La decisión es buena. Hay, en la comparecencia promovida por el CDS, del señor Consejero, es una comparecencia muy exhaustiva, explicándonos todos los trabajos que hay, pero se ve que, efectivamente, hay muchos trabajos, hay tres trabajos importantes realizados: uno que data del año ochenta y cuatro, otro que data del año ochenta y seis, pero estamos, bajo nuestro punto de vista, en la misma situación anterior. Es decir, hay que arrancar, no solamente es necesario hacer los trabajos o encargar el topográfico -que parece que está encargado ya-... la redacción de las bases. Creemos que hay que empezar a arrancar y que hay que salir de este impasse para que, efectivamente, por esos medios de presas alternativas, sucesivas, a lo largo del recorrido del río, se lleve a efecto una adecuada regulación de ese río. En eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que tampoco debemos de insistir excesivamente en el tema, puesto que ha sido debatido y tratado en diversas ocasiones en esta Cámara; creo que dos veces en el año ochenta y seis, otra en el año ochenta y siete, la comparecencia de hace poco tiempo a instancias del CDS.

Entendemos, por tanto, que es una obra imprescindible y, precisamente, la Propuesta de Resolución que contiene el Proyecto No de Ley va dirigida en ese sentido: que la Junta de Castilla y León, de común acuerdo con la Confederación, lleven a efecto una serie de determinados estudios que, de común acuerdo -porque parece que hay, inclusive, muy buenas relaciones, según manifestó el señor Consejero con los responsables de la Confederación, lo cual nosotros nos congratulamos muy mucho; no siempre es así, desgraciadamente-... y que se dé cuenta de esos trabajos en el plazo de nueve meses. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo y decimos que a quien corresponda, en este caso creemos que al Ministerio de Obras Públicas, la realización de la obra que haga efectiva esa promesa que Rafael Alberti en unos versos recogía, dedicados a Burgos -hoy en fiestas-, decía: "Sólo por esta mañana dejadme guardar el puente, que yo ordenaré a las aguas que encaucen bien su corriente". Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El representante del Grupo Parlamentario Socialista puede hacer uso de la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Brevemente, también, para hacer un turno en favor, por parte de mi Grupo Parlamentario, a la Proposición No de Ley sobre la regulación de la cuenca alta de la cabecera del río Arlanza, que presentan todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara.

Este es un tema antiguo, pues, como todos los temas de los embalses españoles, en los que habría que hablar de los regeneracionistas, de la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, pero en el que yo creo que ahora tenemos que centrarnos un poco en la historia reciente. Yo creo que historia que debemos considerar que empieza cuando se decide no construir el antiguo proyecto, no construir aquel proyecto que representaba la inundación de las ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza; que quiero decir que esa decisión fue consecuencia de una decisión de la Junta de Castilla y León, expuesta en esta Cámara en la anterior Legislatura, en ejercicio de las competencias de la Junta en materia de protección del patrimonio histórico, y que como tal fue asumida posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

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Hacia los años ochenta y cinco y ochenta y seis se estudiaron las distintas alternativas y se demostró entonces que aguas arriba del antiguo emplazamiento del embalse, aguas arriba del Monasterio de San Pedro de Arlanza, había, pues, suficientes cerradas como para regular una cantidad de agua suficiente, y que, por lo tanto, era posible no hacer el viejo proyecto, almacenando en embalses alternativos una similar capacidad de agua. Además, la nueva propuesta traía ciertas ventajas, no sólo evitar la destrucción del Monasterio, evitar la destrucción de los sabinares, cumplir, por lo tanto, con tantos requerimientos sociales que desde tantos grupos se habían hecho contra el embalse, y, además, evitar inundaciones aguas arriba del embalse, ya que el antiguo embalse no evitaba el problema, el cíclico problema de inundaciones en Salas de los Infantes.

El problema actual, no sólo actual sino desde hace dos años -hay que reconocerlo-, es definir cuáles de esos posibles embalses alternativos deben hacerse, qué combinación de entre ellos aporta la mayor cantidad de ventajas; y es, por tanto, ante ese abanico de alternativas, y necesitando que alguien en algún momento adopte decisiones, es por lo que creemos que lo más adecuado es que esas decisiones se adopten desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porque el asunto hay que convenir que no es un problema exclusivamente de obras hidráulicas, o sea, no es un problema sólo de regulación de aguas. Es un problema -y eso es lo más importante-, pues, mucho más complejo, es un problema sobre aprovechamiento integral de recursos, no separable del resultado final sobre el territorio, sobre las infraestructuras, sobre las comunicaciones, con evidentes implicaciones sobre el medio ambiente y los recursos naturales, con seguras implicaciones sobre el patrimonio histórico, y esto ya nos lo hizo observar un Procurador del Grupo Popular en la anterior Legislatura, diciendo que en cualquier sitio donde dijéramos que se deben de hacer embalses había que estudiar previamente los posibles yacimientos arqueológicos. Es un problema con evidentes implicaciones en materia de urbanismo, de agricultura, de abastecimiento de poblaciones, de potencial industrial; habría que hablar del potencial industrial de Lerma, por ejemplo, en parte limitado por la falta de agua; y en alguna de estas materias..., en todas en parte, pero en alguna de estas materias la competencia exclusiva, la máxima capacidad de decisión, reside en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y no en ningún otro organismo. Por eso es por lo que nosotros consideramos adecuado que, de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica del Duero, la Junta estudie y defina los embalses, las zonas regables, y proponga un programa de inversiones, inversiones que en todo caso serán responsabilidad -y eso lo reconocemos y se reconoce en la Proposición- de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

En la anterior Legislatura este sistema de actuación se utilizó, y creemos que con éxito, en la definición de las zonas regables del embalse de Riaño. Esa definición fue algo que hizo la Junta de Castilla y León, es algo que aportó la Junta de Castilla y León al tema, y que tuvo como resultado atraer el apoyo hacia el proyecto de grupos sociales y políticos que hasta entonces se habían mostrado contrarios, eliminó susceptibilidades sobre los territorios en los que se iban a aprovechar esos recursos que provenían del norte de León, de la montaña leonesa, y permitió dar a aquel estudio -digo- un empujón definitivo a las obras de cierre del embalse. Hacer algo similar ahora, pero además con mucha más capacidad de decisión que en el caso de Riaño, en el que ya estaba construido el embalse, en el que la capacidad de intervención era muy limitada; hacer algo similar durante esta Legislatura es algo que creemos que puede centrarse concretamente en el tema de la regulación de la cuenca alta del Arlanza. Y esto, disponer de los estudios que estamos proponiendo, yo creo que permitirá a la Comunidad Autónoma fundamentar sus futuras decisiones de una manera rigurosa; porque esas decisiones, antes o después, debe de tomarlas la Junta de Castilla y León. Y recientemente la Junta ha declarado, por ejemplo, su apoyo a los embalses de... polémicos embalses y con muchas dificultades, pero la Junta ha decidido apoyar los de Vidrieros y Omañas, porque debemos constatar, o por lo menos nosotros creemos que debemos constatar que ningún embalse se podrá hacer en el territorio nacional sin el apoyo y conformidad de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Por eso creemos que también podemos convenir en que las Comunidades Autónomas tienen muchas más competencias de lo que parece, muchas más capacidad de información en los asuntos de lo que parece, y que, en algunos casos, lo que hay es menos ganas de ejercerlas de lo que se dice.

Por ello, porque el problema de regulación de la cuenca alta del río Arlanza puede y debe tener soluciones, porque sin el concurso y la definición previa de la Comunidad Autónoma no saldrá adelante, o en todo caso se retrasará notablemente, porque es bueno poner además a prueba los mecanismos de colaboración con las otras Administraciones, con la Administración Central en otro caso, por eso traemos, con los otros Grupos, esta Proposición, y en base a los apoyos previos con que cuenta, pues, tenemos la seguridad de que va a salir adelante. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

JUNCO PETREMENT

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EL SEÑOR JUNCO PETREMENT: Señor Presidente, Señorías. No quiero repetir, en atención a esta Cámara, los argumentos que se han expuesto fundamentalmente por el representante del Grupo del CDS, que me ha precedido, y con los cuales nuestro Grupo se solidariza, como no podía ser menos, habida cuenta que la regulación del río Arlanza ha sido una bandera en nuestra campaña electoral.

No obstante, no quiero dejar de hacer unas reflexiones sobre el llamado caso del Pantano de Retuerta, aunque ya no se va a hacer, por supuesto, en su antiguo emplazamiento. Sobre el Pantano de Retuerta o soluciones alternativas se han redactado más proyectos, se han hecho más estudios y se ha hablado más que sobre la presa de Asuán. El primer proyecto, como ya ha dicho el señor de Meer, es de la época de la Dictadura de Primo de Rivera. El proyecto se mantuvo con altibajos de ejecución o no hasta hace unos treinta años en que se volvió a hablar de su realización. Hace unos veinte años se comenzaron las obras, que se interrumpieron por quiebra de la empresa. En tiempos del Gobierno de UCD se prometió hacer el Pantano de Retuerta y trasladar el Monasterio de San Pedro de Arlanza. Posteriormente, el Gobierno del PSOE afirmó que la Presa de Retuerta ya no se realizaría en el proyectado emplazamiento, sino que se iba a estudiar una serie de presas alternativas que sustituyesen a la original de Retuerta. Estoy hablando de alrededor de unos cinco años. Durante ese periodo de tiempo, al menos que este Procurador sepa, solamente se ha realizado un estudio previo de presas alternativas, sin fijar dónde se iban a emplazar y cuáles iban a ser las presas que sustituyesen a esta de Retuerta.

En opinión de nuestro Grupo, el Partido Socialista en el poder, en el Gobierno Central, desde luego, no tienen voluntad política de realizar la regulación del río Arlanza. Por ello, naturalmente, la Junta, de acuerdo con esta Proposición No de Ley, va a tener que asumir unos trabajos que deberían ser realizados por la Confederación Hidrográfica del Duero. Para la realización de estos trabajos, sabemos que contamos con la colaboración, o contaremos, mejor dicho, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero, según se desprende por los contactos mantenidos por el señor Consejero de Fomento con la citada Confederación. Pero en el caso -y esto sí debíamos tenerlo muy en cuenta- de que, por lo que fuese, la Confederación Hidrográfica no quisiera colaborar con la Junta de Castilla y León, todos estos trabajos podían ser inútiles, a pesar de que toda esta Cámara estuviese de acuerdo en que se deberían realizar los trabajos, vamos, que podría, saldría de estos estudios. Esto, debido, naturalmente, pues a la desdichada Ley de Aguas, que no define competencias para Castilla y León, y, por lo tanto, ésta, pues, quedaría fuera de juego.

En una palabra, en el estado actual, esta Cámara no tiene competencia alguna -y eso se lo digo al señor de Meer- respecto al tema que nos ocupa, puesto que todas, absolutamente todas las competencias las posee en exclusiva la Confederación Hidrográfica del Duero. Y hasta que no se desarrolle el reglamento de la Ley de Aguas, reglamento o reglamentos, y que no sabemos, por supuesto, cuándo se van a desarrollar, puesto que la Ley de Aguas ya puede considerarse casi casi una Ley vieja, no tendremos competencia ninguna.

Por estas razones, desde luego, vemos la importancia que tiene el apoyar a la Junta cuando ésta solicita asumir competencias para Castilla y León, competencias que, en buena lógica, debería tener. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. ¿Se aprueba por asentimiento? Queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Alianza Popular, Centro Democrático y Social y Mixto, relativa a la definición de la Cabecera del río Arlanza, de embalse, zona regables y programas de ejecución de obras.

El señor Vicepresidente primero procederá a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a realización de gestiones para la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Peñafiel".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor Portavoz del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social puede acercarse a la tribuna para presentar la Proposición No de Ley.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La Proposición No de Ley que somete nuestro Grupo Parlamentario a la Cámara tiene por objeto instar a la Junta de Castilla y León para que realice cuantas gestiones sean precisas en orden a que en la próxima Ley de Demarcación y Planta Judicial se contemple la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la comarca de Peñafiel.

La apoyatura a esta Propuesta de Resolución se basa en que cerca de cuarenta municipios y entidades locales de población, que integran la comarca natural de Peñafiel, se encuentran todos ellos a una distancia promediada de cincuenta y cinco kilómetros de Valladolid, y se integra una población en ella que rebasa los veinticinco mil habitantes. Hasta mil novecientos sesenta y ocho esta comarca se dividía en dos partidos judiciales: el de Peñafiel y el de Valoria la Buena, produciéndose en dicha fecha la desaparición de ambos y la creación en Peñafiel de un Juzgado de Distrito. De acuerdo con lo que la Ley de Demarcación y de Planta establece, los Juzgados de Distrito, a la entrada en vigor de la Ley, tendrán que convertirse necesariamente en juzgados de paz o juzgados de instrucción, o juzgados de primera instancia, o juzgados de primera instancia e instrucción.

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Con motivo o con objeto de apoyar esta Proposición de Ley, creo que resulta conveniente hacer alusión a que desde el Decanato del Colegio de Abogados de Valladolid hasta la Audiencia Territorial de Valladolid se han pronunciado en informes preceptivos emitidos en su momento, previos a la remisión del Proyecto de Ley de Planta y Demarcación al Congreso de los Diputados, en sentido favorable a que fuera contemplado en la comarca de Peñafiel un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Recogiendo un poco este sentir, el Centro Democrático y Social eleva a las Cortes la Propuesta de Resolución oportuna a la que antes he hecho referencia en el sentido de que por el Gobierno Regional se realicen cuantas gestiones sean precisas y oportunas tendentes a la consecución de este objetivo.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Durán. El Grupo Parlamentario Socialista, habiendo presentado una Enmienda, puede hacer uso de la palabra para presentar la misma y defenderla.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El problema que se nos plantea aquí, ante la propuesta que ha realizado el Grupo Parlamentario del CDS, al Grupo Socialista, tiene diferentes niveles.

El primer lugar, el primer nivel sería el de si es esta Cámara la Cámara más adecuada para que en este momento procesal -digámoslo así- se pronuncie sobre una cuestión que cabía definir en los siguientes términos. La Ley Orgánica del Poder Judicial determina en su artículo 35.6 que son las Comunidades Autónomas las que determinan por Ley la capitalidad de los partidos judiciales. Y este precepto se repite a su vez en la Ley de Planta, en su artículo 4, diciendo que las Comunidades Autónomas determinan por Ley la capitalidad de los partidos judiciales que corresponde a un solo municipio.

Interpretando la literalidad de la propuesta del CDS, lo que cabría determinar, por lo tanto, es que lo que se pide a la Junta de Castilla y León es que la capitalidad del nuevo partido judicial, o del partido judicial en el que está incorporada la comarca de Peñafiel, esté, a la luz de la Ley de Planta en su texto actual, si no es enmendado por el Congreso de los Diputados o el Senado, en la ciudad de Peñafiel.

Bueno, parece un poco aventurado el suponer que ésta sea la intención del Grupo proponente. Yo creo que lo que se propone, pura y simplemente, es la creación de un nuevo partido judicial. Porque parecería realmente desorbitado que fuera Peñafiel la capital del actual partido judicial en donde está incorporado, que incluye, entre otras, al término municipal de Valladolid.

Ante esto, a nuestro Grupo se le plantea la duda de por qué el Centro Democrático y Social no ha hecho lo que, por ejemplo, sí ha realizado Alianza Popular, y es presentar una Proposición en el Congreso de los Diputados solicitando que se cree un nuevo partido judicial, puesto que la determinación de la capitalidad de la cabeza de los partidos se realizará una vez se haya aprobado la Ley de Planta, y no parecería oportuno el que las Cortes estuvieran prejuzgando un tema sobre el cual tienen que pronunciarse después de aprobada la Ley de Planta y en desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Primera cuestión pues: no entendemos muy bien el porqué se hace una propuesta de estas características, en los términos en que viene formulada, en el momento actual.

Segunda cuestión. Y es la cuestión de si estas Cortes, que van a tener que pronunciarse globalmente sobre la cabecera de todos los partidos judiciales de la región, tienen que entrar especialmente en algunos temas. Y en este tema, bueno, no hay por qué ocultar cual es la filosofía de la actual Ley de Planta y Demarcación Judicial. La filosofía que nosotros defendemos en las Cortes de Castilla y León, y en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es que la Ley de Planta se promulga no solamente para desarrollar preceptos de ley orgánica, sino porque intenta solucionar algunos de los problemas que tiene en estos momentos la justicia en España. Y, ¿cuáles son estos problemas? Bueno, pues estos problemas cabría decir que algunas tramitaciones son largas, algunos circuitos judiciales son largos para los ciudadanos, que existe falta de algunos órganos que podrían acercar la justicia a los ciudadanos; pero también que existe una mala utilización de los recursos existentes en el terreno de la justicia, lo cual, en un tema en el que estamos todos los Grupos Políticos de acuerdo en que los recursos actualmente existentes son escasos y deben incrementarse, agravan los problemas. Es decir, si además de ser escasos los recursos están mal utilizados, realmente hay ciudadanos que se van a sentir perjudicados.

Y, en este sentido, qué es lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora es que hay órganos judiciales, juzgados determinados en donde se resuelven al año cinco mil, seis mil o siete mil asuntos, mientras que hay otros órganos judiciales y algunos Juzgados de Distrito en donde se están resolviendo al año ciento cincuenta, doscientos, doscientos cincuenta, trescientos asuntos. Y esto es grave. Porque nosotros entendemos muy bien el criterio de los ciudadanos que quieren tener la justicia más próxima, y los ciudadanos de nuestro medio rural tienen ese derecho, pero ese derecho no puede primar sobre la base de tener una organización eficaz de la justicia, y que todos los órganos judiciales, todos los Juzgados intenten resolver un número parecido de asuntos, o, por lo menos, intenten trabajar en las máximas condiciones de eficiencia y de aprovechamiento de los recursos.

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El sentido con el que la Ley de Planta, actualmente en discusión en el Congreso de los Diputados, ha abordado el problema es un sentido bastante ecuánime. En contra de anteriores actuaciones del poder judicial, en regímenes anteriores e incluso en éste que han suprimido partidos judiciales, la Ley de Planta respeta todos los partidos judiciales existentes en estos momentos en España. Es decir, el problema que se plantea en Peñafiel, producto de una decisión de mil novecientos sesenta y ocho -como señala muy bien el Grupo proponente-, es un problema que no se va a plantear con la nueva Ley de Planta, porque no va a desaparecer ningún partido judicial, y en nuestra región se van a mantener incluso partidos judiciales que tienen catorce o quince mil habitantes; no va a desaparecer ninguno. Pero tiene que utilizarse un criterio, y un criterio general, para conseguir definir cómo se van a crear los nuevos partidos judiciales, los que en estos momentos no existen. Y, ¿cuál es el criterio de la Ley? El criterio de la Ley es que, como modelo general, se parta de una circunscripción de configuración circular de un mínimo deseable de cincuenta mil habitantes y de una superficie media de setecientos a mil kilómetros cuadrados, tal y como dice la Exposición de Motivos de la Ley de Planta. O lo que es lo mismo, la Ley utiliza un criterio que se mantiene en todos los casos, y es que los partidos judiciales de nueva creación tengan un mínimo de población de cincuenta mil habitantes. Podría bajarse ese mínimo de población, incrementando los recursos, pero, en cualquier caso, una técnica de aprovechamiento mínimo de los recursos existentes nos va a forzar a considerar que si los partidos judiciales de nueva creación tienen que crearse con menos habitantes también habría que empezar a suprimir algunos partidos judiciales ya existentes que tienen menos. Y ésa podría ser una solución. Nosotros preferimos ser prudentes y, en este sentido, decidirnos, por que todos los partidos judiciales que existen hasta la fecha se mantengan, pero a su vez que se mantengan criterios homogéneos para la creación de nuevos partidos judiciales.

En nuestra región existen muchos Juzgados de Distrito; muchos de ellos con la Ley de Planta van a convertirse en Juzgados de Paz. El caso de Peñafiel no es un caso único. Peñafiel, por ejemplo, es capital de una zona básica de salud, es cabecera de una zona básica de salud que tiene trece mil habitantes. Hay otras ciudades que son cabeceras de zonas básicas de salud con una, más o menos, proporción similar -y estoy hablando de la zona básica de salud como una especie de limitación funcional que podría semejarse a limitación funcional de un partido judicial-, que podrían plantear igual problema. Y, a nuestro juicio, las Cortes tendrían que pronunciarse de manera global, no primando un determinado Ayuntamiento u otro, porque, simplemente el alcalde sea de un partido político u otro; tendrían que pronunciarse sobre todos los problemas de los Juzgados de Distrito. En el caso de que fuera posible, ¿sería conveniente crear todos los partidos judiciales cuando se cumplan las circunstancias de Peñafiel? ¿Generar una multiplicación de unos partidos judiciales? La Junta de Castilla y León no lo entendió así. La Junta de Castilla y León, en la propuesta que hizo al Ministerio, abogó por el mantenimiento de todos los partidos judiciales en la región, lo que se ha aceptado por el Ministerio, porque el primitivo Anteproyecto era más duro y suprimía alguno de los partidos existentes, y abogaba por que se mantuviera la posibilidad de descentralizar Juzgados en algunas ciudades que no fueran exactamente el de la cabecera de partido.

Esta podría ser una solución a considerar interesantemente, y por eso nosotros, que no queremos tampoco circunscribirnos al problema concreto de Peñafiel, pensamos que ahí podría haber un principio de acuerdo o entendimiento en la tramitación de la Ley en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Pero tal como está redactada la Proposición del Grupo CDS, solamente hay dos soluciones: una, o es Peñafiel la cabecera del actual partido judicial donde está incluido, lo cual a nosotros nos parece no deseable, o, dos, Peñafiel se convierte en cabecera de un nuevo partido judicial. Y nosotros seguimos pensando que la determinación de nuevos partidos judiciales tiene que hacerse en base a criterios homogéneos, no se pueden hacer excepciones, hay que utilizar criterios homogéneos, demográficos, orográficos, de número de habitantes, de dispersión de la población, iguales en toda España, porque de lo contrario caeríamos en la arbitrariedad. En este sentido, nuestra Enmienda intenta el que la Junta transmita al Gobierno Central el que la Ley pueda sufrir modificaciones que garanticen o que por lo menos intenten solucionar los problemas que tiene nuestro territorio y nuestra dispersión de la población a través de una adecuada distribución de órganos jurisdiccionales. Pero estimamos que no podríamos apoyar la propuesta del CDS si se mantuvieran las especificidades de referirse únicamente a un caso concreto; nosotros creemos que la posición de las Cortes debe actuar en este tema tal y como la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ley de Planta define en atención general a todo el territorio de la región, y, por otro lado, estimamos en que su actual formulación, si no es a través de una vía indirecta, como la que nosotros sugerimos o la que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar, realmente, realmente, la solución al problema que plantea la creación de un nuevo partido judicial de Peñafiel o la cabecera en Peñafiel del partido judicial, realmente pensamos que este no es el momento para hacerlo, que ésta tal vez no sería la ocasión adecuada y que incluso sería peor en este caso el remedio que la enfermedad. Por estas razones hemos realizado nuestra Enmienda, que estimamos que es una Enmienda prudente, sobre la cual puede actuar el consenso de la Cámara y que puede actuar beneficiosamente en la tramitación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, y, por lo tanto, pedimos al Grupo proponente y a los otros Grupos que manifiesten su aprobación a la misma.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Granado. Para la fijación de posiciones, por parte de los Grupos Parlamentarios no enmendantes, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor de las Heras, tiene la palabra.

DE LAS HERAS MATEO

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EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Para fijar la posición en relación con la Proposición No de Ley del Centro Democrático y Social, relativa a la realización o a la petición por las Cortes a la Junta de Castilla y León, para que realice cuantas gestiones sean necesarias para la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la comarca de Peñafiel -ése creo que es el tenor literal de la propuesta de resolución-, en la comarca de Peñafiel, no en Peñafiel. Para ello, vamos a señalar primero una serie de antecedentes.

El primero de estos antecedentes es que, desde el punto de vista de este Procurador y de su Partido, la Democracia Cristiana, no estaremos nunca conforme con la desaparición de servicios en el medio rural, aunque inmediatamente de dicho esto tenemos que matizarlo diciendo que comprendemos, en muchos casos, las condiciones de racionalidad económica, de funcionalidad e incluso de eficacia con las que se pretenden la supresión de determinados servicios en el medio rural. Y, efectivamente, como ha dicho el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, la Justicia tiene problemas y, efectivamente, es evidente que hay una mala distribución de los casos que juzgan los determinados órganos correspondientes, y que unas salas y unos Juzgados están sobresaturados y otros, por el contrario, prácticamente tienen trabajo. Eso es una realidad. Pero es una realidad también el hecho de cómo es realmente nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, de que tenemos la extensión que es la región más grande de Europa, que tenemos nada más dos millones y medio de habitantes y que hay dos mil cuatrocientos municipios y miles de entidades locales y miles de núcleos de población. Y ante esta configuración territorial tan especial, tan distorsionadora, evidentemente, de la eficacia y de la economicidad muchas veces, naturalmente, nosotros mantenemos el principio de que por prudencia de esa situación real, que es atípica y que a lo mejor no se corresponde con lo que es en otras regiones, hay que ser muy prudentes a la hora de suprimir servicios en el medio rural, bien sean de órganos jurisdiccionales, bien sean servicios sanitarios, bien sean servicios educativos o concentraciones educativas, etcétera, etcétera.

Y efectivamente, pues, en la nueva Ley de Planta y Demarcación, pues exigen principios razonables, como es el volumen de la litigiosidad, como es la creación de un marco, de una planta de cincuenta mil habitantes que abarque cada uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, como es la superficie, tener en cuenta la superficie e incluso la distancia a que están los habitantes de ese centro donde se les va a prestar un servicio tan importante como el de hacerles justicia a los ciudadanos. Pero es también cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial determina la desaparición de los Juzgados de Distrito que necesariamente han de transformarse en Juzgados de Paz o Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y que, efectivamente, aunque eso no lleve la supresión de ninguno de los partidos judiciales, sí lleva, naturalmente, a la desaparición de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que para los efectos, y puesto que lo que se pretende es el servicio a los ciudadanos, bueno, pues llámelo usted como quiera.

Y es cierto que la Ley de Planta y Demarcación suprime el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Peñafiel. Peñafiel no es una comarca de cincuenta mil habitantes o capital de una comarca de cincuenta mil habitantes; sí es una comarca capital de un número importante de municipios que abarcan alrededor, se ha dicho aquí, de veinticinco mil habitantes, que están a una distancia media de Valladolid de cincuenta y cinco kilómetros. Y también es cierto que cuando se debatió este tema hubo pronunciamientos favorables de la Audiencia Territorial de Valladolid al mantenimiento de ese juzgado y hubo pronunciamientos favorables, aunque con la matización que ha hecho el Procurador del Partido Socialista Obrero Español, en cuanto al informe que la Junta emitió en mil novecientos ochenta y seis, de la posibilidad de que Peñafiel tuviera una sede descentralizada de un Juzgado de primera Instancia e Instrucción de los de Valladolid. Desgraciadamente, hasta el momento presente, la Ley de Planta y Demarcación no contempla esta figura de sección o delegación de un juzgado y, por consiguiente, hoy por hoy, está cerrada esa vía que, efectivamente, podría ser una solución razonable en el caso de que se estableciera.

En conclusión, nosotros, en principio, y tal y como están los términos del debate, aunque efectivamente éste es un debate que ha de perfeccionarse cuando se debata en las Cortes Generales la Ley de Planta y Demarcación, pero en los términos, con los antecedentes y con lo que conocemos actualmente de cómo está la situación, vamos a dar nuestra conformidad a la Proposición No de Ley planteada por el Centro Democrático y Social, para que la Junta de Castilla y León haga las gestiones necesarias tendentes a que se incluya Peñafiel con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

(-p.853-)

Y por otra parte, aunque no se ha dicho y, por lo tanto, no sé si este Procurador puede entrar o no en tratar sobre la Enmienda del Partido Socialista, la verdad es que esa Enmienda -por si acaso se aceptara- nos gustaría que se matizara en el sentido de que, en cambio, la generalidad de la Enmienda puede abrir unas puertas para nosotros peligrosas, en el sentido de que igual que se pueden modificar o se puede crear esa figura, que para nosotros podría ser acertada, podría modificarse el tema de las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia, las Salas que componen esos Tribunales actualmente, la jurisdicción de las provincias que van a tener esas Salas y el número de partidos judiciales. Y abrir ese portillo, abrir ese portillo con esa Enmienda tan general -si es que por ahí se abre ese portillo-, naturalmente, nosotros no estaríamos de acuerdo, porque como Procurador del Grupo Mixto, de la Democracia Cristiana, y elegido por la circunscripción de Segovia, nosotros, en cualquier caso, estaríamos conformes con que Segovia se utilizara como moneda de cambio en cualquier transacción, en cuanto a la jurisdicción de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Burgos y Valladolid.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de las Heras. En nombre del otro Grupo Parlamentario no enmendante, el Grupo de Alianza Popular, don Tomás Burgos tiene la palabra.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Me corresponde fijar la posición de mi Grupo Parlamentario en relación con esta Proposición No de Ley, relativa a la realización de gestiones para la creación de un Juzgado de primera Instancia e Instrucción en Peñafiel, provincia de Valladolid. Cuestión ésta que se trae a estas Cortes por el Grupo Parlamentario del CDS, que empieza a convertirse en un auténtico especialista en retomar cuestiones ya ampliamente debatidas en esta Cámara.

Y ya, desde este momento, voy a empezar por manifestar que nuestro voto va a ser favorable a esta Proposición No de Ley, lo cual, evidentemente, no supone ninguna novedad, pues ésta ha sido siempre la postura mantenida por mi Partido, Alianza Popular, desde que esta cuestión se suscitó en su día con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía la desaparición de la figura de los Juzgados de Distrito y su transformación en Juzgados de Paz o Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Postura, reitero, mantenida en todas las instancias de nuestro partido, desde nuestros representantes políticos en el municipio de Peñafiel, los pertenecientes a los municipios de la zona implicada, nuestros representantes en estas Cortes autonómicas, o nuestros propios parlamentarios nacionales. Los antecedentes de esta Proposición No de Ley los supongo de sobra conocidos por Sus Señorías y no voy a ser muy prolijo en ellos. El artículo 24 de nuestro Estatuto de Autonomía señala que es competencia de la Comunidad la participación de ésta en la fijación de las demarcaciones judiciales, y esta participación queda claramente regulada por la ley. De hecho, esta participación fue ejercida por la anterior Junta de Castilla y León. Otra cosa distinta es que esa competencia fuera ejercida con la rigurosidad que la importancia de la cuestión demandaba. Y digo esto sin ningún ánimo de reabrir el debate; simplemente, que esta conclusión sí parece derivarse de las actuaciones realizadas en esta materia.

La primera propuesta remitida al Ministerio de Justicia por la Junta, de fecha veintiséis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, hubo de ser notablemente corregida, porque, como se se reconoció en su día, no recogía aspectos importantes. Aquel primer informe quizás iba más destinado a corresponder inmediatamente a la demanda del Ministerio, aspecto éste que sin duda habla bien de la diligencia de la anterior Junta en sus relaciones con el Gobierno Central, que a elaborar un detenido estudio de la situación, las necesidades y las particularidades de nuestra Comunidad en relación con este tema. Sea como fuere, la Junta de Castilla y León rectificó su primigenia propuesta y presentó una segunda, complementaria de aquella; propuesta que incrementaba la inicial en tres partidos más. Por eso no entiendo excesivamente la intervención del señor Granado, porque la propuesta de la Junta era de incrementar en tres los partidos judiciales. Aparte de otras consideraciones, la referencia de la Junta de aquella época hace expresa mención a la propuesta de la Junta de Castilla y León de incrementar los partidos judiciales en tres. No creo que las circunstancias hayan variado lo suficiente como para que lo que en aquel momento la propuesta de la Junta consideraba como válido en este momento ya no lo sea tanto. Aquella propuesta también introducía variaciones en los límites de varias demarcaciones judiciales y contemplaba la posibilidad de crear unos, pues, ¿cómo diría yo?, etéreos núcleos judiciales. Figura ésta de los núcleos judiciales que, la verdad, nadie ha sabido explicarme a qué se refería y que, desde luego, no se contempla en la ley de ninguna manera.

Curiosa figura ésta, digo, de los núcleos judiciales, que sin duda pasará a los anales de esta Comunidad como ejemplo de ambigüedad o de indefinición, y que yo definiría como cierto reflejo de cierta filosofía de intentar quedar bien con todo el mundo eludiendo la responsabilidad política de una definición clara al respecto.

Para concretar, y ya en el presente, la actual redacción del Proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial establece, circunscribiéndome a la provincia de Valladolid, los siguientes partidos judiciales: Un primer Partido con ciento catorce municipios, cuyo núcleo provisional estaría en Valladolid. Un segundo partido con cuarenta y siete municipios, cuyo núcleo provisional estaría en Medina del Campo y que incluiría dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Y un tercer partido con sesenta y cuatro municipios, cuyo núcleo provisional estaría en Medina de Rioseco y que incluiría un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Respecto a la propuesta realizada por la Junta de Castilla y León, parece claro que se ha suprimido el partido judicial de Tordesillas, incluido en el partido judicial número 1 que he citado, así como el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción correspondiente. No parece, por tanto, que la propuesta de la Junta anterior tuviese demasiado éxito ante el Gobierno Central, puesto que al final no se contempla ni el partido de Tordesillas, que ciertamente es discutible también desde nuestro punto de vista su existencia, ni, por supuesto, el de Peñafiel. Y este es el momento en el que nos encontramos ahora.

(-p.854-)

Esta Proposición No de Ley pide a las Cortes de Castilla y León que insten a la Junta para que realice cuantas gestiones sean precisas para que Peñafiel sea incluido como Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. No dudo que la Junta lo hará, y, desde luego, no por criterios de oportunidad política, sino porque se considera, en este caso -mi Grupo lo considera también-, que se enmarca perfectamente en los criterios expuestos en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, como criterios básicos en la definición de lo que podría considerarse el modelo general de partido judicial: configuración geográfica, poblacional, nivel de litigiosidad, etcétera. En su día, y como también recoge el Proyecto de Ley en su artículo 4, esta Comunidad, estas Cortes tendrán que aprobar la capitalidad, también por ley, de estos partidos judiciales.

Lejos de mi ánimo está el calificar esta Proposición No de Ley como extemporánea; pero sí querría, para finalizar, matizar que, salvada, como hemos comentado, la responsabilidad de la Junta en lo que a la remisión de los informes-propuesta se refiere, el momento procesal de esta cuestión en este momento es que se halla en periodo de enmienda el Proyecto de Ley en las Cortes Generales. En este sentido, desde nuestro punto de vista cabe decir que corresponde, en estos momentos, a los partidos con representación parlamentaria allí -por cierto, todos los presentes en esta Cámara-, y no tanto a la Junta de Castilla y León, el promover las acciones oportunas para que vía enmienda se corrija lo que en este momento, desde nuestro punto de vista, constituya una deficiencia en ese Proyecto de Ley.

Sin duda habrá otras, pero esta Proposición No de Ley que hoy debatimos ha tenido una vocación localista y no susceptible de generalización. En este sentido, y ya se han hecho eco de ello algunos medios de comunicación, el Grupo Parlamentario de Alianza Popular en las Cortes Generales va a presentar una Enmienda para que se contemple la creación de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Peñafiel. No me cabe ninguna duda que, persiguiendo como perseguimos, a tenor de lo expuesto, este resultado final, esta iniciativa será apoyada por los Grupos en las Cortes Generales, a instancia, desde luego, de sus correligionarios en estas de Castilla y León. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Burgos. El Grupo Parlamentario proponente, don Juan Durán, tiene la palabra.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Sí, señor Presidente. Yo quisiera realizar un conjunto de matizaciones en aras a producir una mayor claridad en este debate.

Primera matización. Impropiamente, el señor Granado ha dicho que nuestro Grupo Parlamentario solicitaba la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Peñafiel. No es verdad. Lo que el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social solicita es la instalación, o la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la comarca de Peñafiel, y hay una diferencia importante, porque, como no ignora el señor Granado, la fijación de la capitalidad será un trámite posterior de competencia de las Instituciones Autonómicas. Es decir, estamos dentro de la más absoluta legalidad de la propuesta, tanto en lo que a nuestro Estatuto de Autonomía se refiere, como en lo que a la Ley Orgánica del Poder Judicial hace referencia, como en lo que al Proyecto de Ley de Demarcación y de Planta Judicial se refiere. Primera precisión.

Segunda precisión. El momento es oportuno, discrepando en esto de lo que el Portavoz del Grupo de Alianza Popular pueda haber expresado. Y la prueba de que es oportuno es que ha suscitado, precisamente, un conjunto de acciones de Alianza Popular en el Congreso de los Diputados, que, posiblemente, no se hubieran realizado si no hubiera esta Proposición No de Ley del Centro Democrático y Social levantado un cierto revuelo sobre esta cuestión.

Otra precisión, como un ítem más, si ustedes quieren, pudiera estar en lo que de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno de la Nación ante el Congreso de los Diputados voy a leerles a ustedes, textualmente, para que no sean palabras mías las que aquí se exponen, sino sean palabras de la propia exposición de motivos del proyecto del Gobierno las que puedan abundar en la consideración y conveniencia de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la comarca de Peñafiel:

"Es objeto primordial de la presente Ley realizar una redefinición de los Partidos Judiciales, en cuanto divisiones territoriales judiciales básicas. La nota de efectividad con que el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la tutela por los Jueces y Tribunales de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ha exigido tener presente, en primer lugar, la garantía de fácil acceso de aquellos Juzgados y, en segundo lugar, la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales, que quebrantaría los principios de racionalidad y economía por los que se rige toda organización eficaz, y siguiendo con ello la tendencia general en la comarcalización de los servicios. Como modelo general de Partido se ha manejado" -se entiende de Partido Judicial-, "se ha manejado el de una circunscripción general de configuración circular de un mínimo deseable de cincuenta mil habitantes" -la comarca de Peñafiel ronda los treinta mil-, "de una superficie media de setecientos a mil kilómetros cuadrados" -la comarca de Peñafiel lo rebasa-. "Es decir, a partir de unos quince kilómetros de radio", la comarca de Peñafiel tiene un radio muy superior a los quince kilómetros que aquí se señalan. Continúa: "La cifra de los habitantes viene dada por el hecho de que el número ideal en proporción a cada Juzgado se estima en veinticinco mil", que son exactamente -poquitos más- los que tiene la comarca de Peñafiel.

(-p.855-)

Como una precisión más, yo quisiera hacer referencia a lo que la Asociación Profesional de la Magistratura señala respecto al anteproyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial, al respecto. Con independencia de que la Asociación Profesional de la Magistratura realiza una crítica de otra naturaleza mucho más amplia, con relación a este asunto concreto señala que, si bien nunca es conveniente la proliferación de un exceso de oficinas judiciales, sí resulta altamente conveniente la facilidad del acceso del ciudadano a las mismas, no tanto porque esa facilidad se produzca en función de la existencia de unos medios de comunicación que la hagan posible con una relativa rapidez, en cuanto a la cercanía del ciudadano al instrumento judicial, como óptica deseable, o como óptimo deseable para que pueda producirse un contacto fructífero y los órganos judiciales no se constituyan en unos entes abstractos, alejados del ciudadano, no sólo por unas limitaciones de naturaleza geográfica, sino por una falta de ese contacto social que se produce en un entorno de convivencia.

Por último, sí quisiera también señalar y reiterar en este sentido, porque es bueno a título de recordatorio, lo que el Portavoz de Alianza Popular ha dicho en esta misma tribuna sobre esta cuestión, y es que en el año mil novecientos ochenta y cinco la entonces Junta de Castilla y León se pronunció en este sentido, recogiendo las sugerencias formuladas al respecto por cuarenta y tantos municipios de la comarca de Peñafiel -que Sus Señorías me eximirán de la obligación de su lectura-, por el Decanato del Colegio Provincial de Abogados y por la Audiencia Territorial de Valladolid. Todo ello creo que abona, suficientemente, el sentido y la oportunidad de la Proposición No de Ley que hoy sometemos a la consideración de la Cámara, al mismo tiempo que nos vemos obligados -y lo siento sinceramente- a rechazar la Enmienda de sustitución que el Grupo Parlamentario Socialista propone, y que dice textualmente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que vele para que la nueva distribución territorial de la organización judicial responda a las necesidades objetivas de nuestra Comunidad". Y digo que nos vemos obligados a rechazarla, y la hubiéramos admitido gustosamente si en lugar de ser Enmienda de sustitución hubiera sido Enmienda de adición; pero el carácter ambiguo, escasamente concreto, poco definido con relación al contenido de nuestra Proposición No de Ley nos obliga a rechazar la Enmienda de sustitución, que nos hubiera gustado que ustedes la hubieran presentado como Enmienda de adición.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Durán. Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a realización de gestiones para la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Peñafiel.

Quienes estén a favor de la Proposición No de Ley, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Abstenciones. Muchas gracias, pueden sentarse.

Resultado de la votación: sesenta y dos votos emitidos. Cuarenta votos a favor. Ninguno en contra. Veintidós abstenciones.

En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, relativa a la realización de gestiones para la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Peñafiel.

El señor Secretario dará lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Quinto Punto del Orden del Día: "Propuesta de tramitación por el procedimiento de Lectura Unica del Proyecto de Ley de Financiación de la Minería".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor Secretario procederá a dar lectura al acuerdo de la Mesa, proponiendo al Pleno la tramitación, por el procedimiento de Lectura Unica, del Proyecto de Ley de Financiación de la Minería.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): "La Mesa de las Cortes de Castilla y León, habiendo recabado y obtenido el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, acordó, en su reunión del pasado día veinticuatro de Junio, proponer al Pleno de las Cortes que el Proyecto de Ley de Financiación de la Minería se tramite directamente y en Lectura Unica ante el Pleno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ¿Desea algún Grupo Parlamentario abrir un debate en torno a esta Propuesta? ¿Se aprueba esta Propuesta por asentimiento? Se aprueba.

Queda aprobada la Propuesta de tramitación por el procedimiento de Lectura Unica del Proyecto de Ley de Financiación de la Minería.

El señor Secretario dará lectura al sexto y último Punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Sexto Punto del Orden del Día: "Debate y Votación en Lectura Unica del Proyecto de Ley de Financiación de la Minería".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor Consejero de Economía y Hacienda tiene la palabra para la presentación del Proyecto de Ley.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente, Señorías.

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Voy a ser mucho más breve de lo que tenía previsto, para ser respetuoso con el calendario que ha fijado el Presidente de las Cortes. Y voy a comenzar diciendo que mi comparecencia obedece a una obligación que este mismo Pleno de las Cortes le impuso a este Consejero, de la presentación del Proyecto de Ley para la Minería, en una de las resoluciones adoptadas en el Pleno del pasado día veintinueve de Abril.

Quiero, antes de comenzar a entrar en el contexto de la cuestión que nos ocupa, agradecer muy sinceramente a los cuatro Grupos Parlamentarios que componen estas Cortes, por dos razones, fundamentalmente. Primero, por su solidaridad con el problema latente de la Minería; y, segundo, y fundamental, por la comprensión demostrada, que, olvidando en muchos casos cuestiones de Partido, han sabido comprender la auténtica necesidad de atender de forma coyuntural y extraordinaria el problema de la Minería de Castilla y León.

No voy a extenderme en analizar nuevamente la situación y por qué el Consejero de Economía se cansa de reiterar que la Minería de Castilla y León está en crisis. No lo voy a hacer, porque ha sido ampliamente debatido, tanto en el Pleno como en las Comisiones de Industria. Simplemente, quiero recordar que este sector respondió perfectamente a la demanda que se le exigió, sobre todo en la segunda década pasada, que, con una ligera elevación de los precios del carbón, consiguió, no sólo mantener el empleo, sino incrementarlo y ser motor impulsor del resto de las actividades económicas en las zonas donde están ubicadas las explotaciones mineras. Y quiero recordarlo porque viene a colación con el problema que actualmente estamos padeciendo, sobre todo en los últimos cinco años.

Precisamente fue el estancamiento de los precios, en términos reales, la caída de la demanda del carbón, la sustitución por otras fuentes alternativas lo que, unido al defecto estructural que tiene la minería de un amplio exceso de mano de obra y una falta de mecanización adecuada, lo que ha conllevado a la actual situación de descapitalización.

He reiterado, por activa y por pasiva, la importancia del sector. Baste señalar también aquí que tan sólo en la provincia de León, que representa el noventa por ciento de la minería del carbón, da empleo directo a catorce mil puestos de trabajo, más del doble de empleos indirectos, y, sobre todo, su gran contribución al Producto Interior Bruto, que, reitero, sólo para León supone el treinta por ciento del VAB.

Por ello, tenemos que tener siempre presente que cualquier efecto negativo en este sector acarrearía unas consecuencias realmente escalofriantes para esta Comunidad. Ello es el motivo de que en ningún caso se pueda minimizar el problema de la minería.

Este Gobierno Regional, estas Cortes que me están escuchando, han adoptado una serie de medidas, que puedo asegurarles que, con el cumplimiento de esta presentación de Proyecto de Ley, han sido perfectamente cumplidas y puntualmente cumplidas por el Gobierno de Castilla y León.

Quiero ser realista, y creo sinceramente Señorías, que, siendo, realistas no puedo explicar y no puedo decirles que con esta aprobación del Proyecto de Ley -que espero que se haga por todos los Grupos- vamos a dar la solución definitiva al sector. El sector tiene un grave problema, y, como tiene un grave problema, creo que compete a las dos Administraciones -a la Central y a la Autonómica- intentar poner todas las medidas necesarias para evitarlo. Digo categóricamente que no se va a solucionar, puesto que Sus Señorías saben que los defectos estructurales que tiene el sector no se pueden corregir de la noche a la mañana. Lo que sí digo, como he dicho siempre -que el nuevo sistema de contratación era algo necesario pero no suficiente-, digo que, si Sus Señorías aprueban este Proyecto de Ley, contribuirán a otra medida necesaria, aunque, realmente, también siga siendo insuficiente.

Cualquier análisis desapasionado -y el mío no lo puede ser, primero, por mi formación económica, y, segundo, porque soy un observador privilegiado del problema-, decía que cualquier análisis desapasionado sabe que el sector debe de modificar profundamente su configuración interna, si quiere acceder a una estructura de costos compatibles con los que rigen la oferta de energías sustitutivas.

Existen datos objetivos, desde hace varios meses, del comportamiento del sector. En mi Consejería se han analizado los planes estratégicos presentados por las empresas, y los resultados para el año mil novecientos ochenta y seis han sido los siguientes: veintiséis empresas de Castilla y León se han acogido al suplemento de precio; veintiséis empresas que representan el veintidós por ciento de las ciento diecisiete empresas que existen en Castilla y León, que producen el cuarenta y cuatro y medio por ciento de la producción total de Castilla y León y que ocupan casi el cincuenta y cinco por ciento de la mano de obra. No se han acogido otras empresas, porque el total de las empresas que han obtenido pérdidas, ha sido cuarenta. Y digo que no se han acogido, porque, como conocen perfectamente Sus Señorías, requisito imprescindible para tener derecho y poder obtener el suplemento de precio para mil novecientos ochenta y siete era que su cuenta de explotación arrojara menores pérdidas, o, al menos, sólo tendrían derecho a menores pérdidas. Como parte de esas empresas conocían perfectamente que en mil novecientos ochenta y siete iban a obtener mayores pérdidas, sólo se acogieron las veintiséis que he mencionado.

(-p.857-)

Con esta situación, con un cincuenta y cinco por ciento de la mano de obra pendiente del futuro de estas empresas, realmente, a este Consejero le cuesta mucho admitir que la situación de la minería -como ha dicho un representante, hace muy poco, de la Administración Central- no esté en crisis, y quizá estemos ante el problema de la botella medio llena: para él a lo mejor está medio llena, y para mí está medio vacía. La minería de Castilla y León está en crisis. Pero, sobre todo, la minería de Castilla y León no puede hacer posible un milagro, no puede invertir en maquinaria, no puede invertir en maquinaria sin reducir mano de obra si, realmente, las perspectivas de demanda del carbón no se pueden incrementar en la misma proporción de incremento de productividad.

Pero, ante todo y sobre todo, ya sé que en los planes estratégicos presentados, algunas empresas hablaban de creación de puestos de trabajo, de más de mil puestos de trabajo. Pero lo cierto es que en mil novecientos ochenta y siete, de los cuatro millones quinientas ochenta y cinco mil toneladas previstas, saben perfectamente, Señorías, que se produjeron, aproximadamente, un quince por ciento menos, y que la mano de obra ocupada en la minería directamente también disminuyó, aproximadamente, en el mismo porcentaje.

Esas perspectivas no han cambiado para el año en curso. Hasta las propias centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, en su federación sobre la Minería, llegaron a las conclusiones siguientes: las producciones, en mil novecientos ochenta y ocho, no van a llegar a los seis millones doscientas mil toneladas previstas, por las siguientes razones. Primera, porque este año ha sido considerado -como Sus Señorías conocen- año húmedo y, por tanto, la producción hidráulica es superior a la prevista. Segundo, porque se ha incrementado la producción de las centrales nucleares en más de un cuarenta por ciento con respecto a mil novecientos ochenta y siete, y, a su vez, se han inaugurado dos nuevas centrales térmicas..., perdón, nucleares, la de Vandellós-2 y la de Trillo-1, con aproximadamente mil megavatios de capacidad cada una (novecientas cuarenta y un millones la primera y mil cuarenta y uno la segunda).

Y, por último, las centrales sindicales apuntaban que, con la importación de los países terceros masiva de carbón, es imposible que se pueda absorber la producción. Las propias centrales sindicales anunciaban que la importación superaría, en mil novecientos ochenta y ocho, más de diez millones de toneladas; sin despreciar tampoco la incidencia y la tolerancia con la que se está obrando en cuanto a que se está quemando el coque del petróleo mezclado con el carbón.

Todas estas circunstancias hacen prever que, nuevamente, en mil novecientos ochenta y ocho tampoco se van a cumplir las previsiones en materia energética y que, nuevamente, la problemática de la minería se sigue desviando de las previsiones que, sobre todo, la Administración Central año por año nos va anunciando. Ciertamente, en las declaraciones del Director General de la Energía en el Bierzo hace unos días, decía que no pasaba absolutamente nada, porque en el nuevo Plan Energético se iba a contemplar mayor producción de energía térmica. Y yo le digo: tráigame, señor Director General, el nuevo Plan Energético y, mientras tanto, por favor, cúmplase el que tenemos.

No voy a continuar haciendo un análisis exhaustivo del sector. Simplemente voy a sacar unas conclusiones. Creo, Señorías, que existen argumentos para la esperanza, pero no para el optimismo. Creo que tanto la Administración Central como la Administración Autonómica están haciendo un gran esfuerzo por intentar resolver, en la medida de lo posible, la crisis que nos amenaza de este subsector. Creo que se ven posibilidades de futuro, aunque yo prefiero el realismo al optimismo mostrado por le representante de la Administración Central. No podía ser menos, porque como Consejero me siento obligado a presentar los hechos con las connotaciones de gravedad que mi formación de economista y mi posición de observador, como he dicho antes, privilegiado me dicen que tiene.

Quiero resaltar una vez más que el Gobierno de Castilla y León ha cumplido las recomendaciones hechas por esta Cámara puntualmente, y por tanto me voy a centrar, muy brevemente, en el Proyecto de Ley que nos ocupa.

El Proyecto de Ley que nos ocupa responde en su redacción, como he dicho, a la iniciativa de los cuatro Grupos de esta Cámara: en su motivación, a esa apreciación de que los problemas del sector son reales y profundos; y en su oportunidad, al desarrollo de un programa de acción que concierne tanto a la Administración Central como a la Autonómica y cuyos resultados Sus Señorías conocerán a través de las Comisiones de Industria.

La articulación de este fondo de acción coyuntural va a dar a las empresas mineras la oportunidad de poder acceder a créditos coyunturales, a créditos a corto plazo, a créditos para el circulante, más baratos y con mejores posibilidades que hasta ahora tenían. Va a dar la oportunidad de sembrar un cierto optimismo en ese futuro incierto del carbón. Va a dar la oportunidad de que puedan invertir y planificar, en sus diez años, algo más, porque aquella empresa que obtenga el crédito podría ponerse al día en la deuda que mantiene con la Seguridad Social y con Hacienda, requisitos, como Sus Señorías conocen, imprescindibles para obtener las subvenciones a fondo perdido en la inversión.

Por tanto, Señorías, quiero agradecerles, por último, su voto, que espero sea favorable para este Proyecto de Ley, porque creo que es merecido, puesto que el texto, a mi juicio, está técnicamente bien articulado y que con su aprobación la Cámara dará satisfacción a las aspiraciones, por lo menos en un grado pequeño, que tiene el sector. Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Consejero. Para fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor de las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

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EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Evidentemente, no es el momento de entrar a debatir el fondo de la problemática existente o no, o el grado de profundidad de la problemática del sector de la minería en Castilla y León, sino, en concreto, el Proyecto de Ley de Financiación de la Minería, como consecuencia de la aprobación en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, con motivo, efectivamente, del debate sobre programas de actuaciones y medidas de política económica en el sector de la minería del carbón en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, de diez importantes resoluciones; una de las cuales, la décima, se ha convertido en Proyecto de Ley, que es el que se trae hoy a esta Cámara, y que quiero anticipar que este Procurador va a apoyar con su voto afirmativo. Como también fue afirmativo el voto a la aprobación de las nueve restantes resoluciones que, efectivamente -y hay que señalarlo-, se hizo por unanimidad.

Y a este Procurador le gusta poner las cosas en sus justos términos, en la medida en que es capaz (a veces, o no es capaz o no lo consigue), y tengo que decir que en este, como en algún otro asunto, el Consejero de Economía puso especial voluntad política para conseguir ese consenso, porque, efectivamente, el tema y la trascendencia del mismo lo requería.

Es cierto también que a esa iniciativa y a esa voluntad política de consenso del Consejero se unió la voluntad política y el esfuerzo de todos los Grupos, que hicieron importantísimas aportaciones a la mejora de las propuestas de resoluciones iniciales. Y desde la modestia del Grupo Político y del Partido que represento -modestia numérica, naturalmente-, pues, tengo que decir que lo que se da hoy aquí, que lo que se trae hoy aquí es el reflejo de la propuesta concreta; y no suelo traer a colación el que, efectivamente, sean temas que nazcan de la iniciativa de este Procurador, pero hay que decirlo con sencillez, porque es una realidad, que es el resultado de la propuesta concreta que planteó este Procurador, y era que la Junta de Castilla y León remitiera a las Cortes un Proyecto de Ley de creación de un fondo coyuntural extraordinario destinado a financiar capital circulante de las empresas mineras con graves problemas de tesorería y a constituir una línea especial de financiación dirigida a potenciar el asociacionismo empresarial que marca el nuevo sistema de contratación de carbón térmico. Esa propuesta fue mejorada con dos condiciones, que, me parece recordar, eran propuestas del Partido Socialista Obrero Español, y es que para acogerse a esos fondos esas empresas estuvieran acogidas al sistema de precios de referencia con contratos visados por la Administración.

Pues bien, hoy tenemos ya aquí este Proyecto de Ley, que, como ha señalado el señor Consejero, pretende constituir un fondo de garantía que permita el garantizar, por una parte, y subvencionar también, operaciones de préstamos, que no va a hacer la Junta a las empresas, sino que van a contratar libremente las empresas con las entidades de crédito de nuestra Comunidad Autónoma y que lo que la Junta hace con la creación de este fondo es garantizar hasta un total de 1.200.000.000 de pesetas esas operaciones de crédito, con un límite inicial o con una dotación inicial de 300.000.000 de pesetas. Pero que no garantizan total e indiscriminadamente a todo el conjunto de los préstamos que el sector de la minería pueda concertar con el sector o las entidades financieras, sino que garantizan operación por operación hasta un límite del veinte por ciento, que es otra de las condiciones que todos los Grupos pusieron para aprobar de manera unánime este Proyecto de Ley. Y que, además, el volumen total de la subvención tuviera como tope, como techo, el conjunto de los ingresos derivados del depósito que, como garantía, pone la Junta en las entidades financieras con las que llegue al acuerdo correspondiente.

Y, por otra parte, efectivamente, se cumplen los requisitos esenciales en el Proyecto de Ley de que las empresas estén acogidas al sistema de referencia, con contratos visados por la Administración y tengan su domicilio, sus actividades fundamentales en nuestra Comunidad Autónoma. Esta es una mejora, también, importante y sustancial, porque, efectivamente, con fondos de nuestra Comunidad podríamos estar ayudando o subvencionando a empresas que tuvieran su sede o incluso -lo que es peor- su actividad fundamental fuera de los términos de nuestra Comunidad Autónoma, y así tenemos la garantía de que esos fondos van destinados a empresas que tienen el fundamento de sus actividades en nuestro propio territorio. Y además se da prioridad a las asociaciones de empresas mineras, de conformidad con el nuevo sistema de contrataciones térmicas, dado que es fundamental la potenciación de ese asociacionismo empresarial, y por eso a nosotros nos gusta y nos satisface que en este Proyecto de Ley, aunque de manera indirecta, se potencie o se proporciones la posibilidad de ir por esa vía del asociacionismo empresarial minero.

Por todas estas razones, y sin entrar en la profundidad del tema del sector, que ya tuvimos ocasión de debatir en una Comisión de manera profunda, y en el Pleno al que este Procurador a hecho antes referencia, vamos a votar afirmativamente el Proyecto de Ley. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, el Portavoz.

DOMINGUEZ FERRER

EL SEÑOR DOMINGUEZ FERRER: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Señor Consejero, el pasado sábado tuve oportunidad de oír en Ponferrada al Director General, y su discurso y el suyo la verdad es que no se parecen absolutamente en nada. En esta ocasión espero que tenga razón el señor Cerezuela, ya que dibuja un panorama ideal para la minería castellana y leonesa, lo cual sería positivo por el bien del sector; y en cualquier caso, espero que aproximen posiciones.

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A lo largo de esta Legislatura hemos debatido con profundidad en muchas Comisiones y Plenos la problemática de la minería del carbón en nuestra Comunidad. El Centro Democrático y Social cree que no es el momento de volver a reiterar argumentos expuestos en anteriores ocasiones, y menos en esta ocasión, en la que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los Grupos presentes en esta Cámara para lograr un proyecto consensuado por todos y para conseguir que este Proyecto de Ley de Financiación de la Minería pudiera salir antes del período vacacional para así evitar que hubiéramos podido llegar tarde a resolver situaciones angustiosas de algunas empresas mineras.

Nuestro Grupo, muy brevemente, sí quisiera dejar constancia de lo que ha sido fundamental para nosotros para la aprobación de este Proyecto. En primer lugar, la urgencia para el sector de la minería de la creación de un fondo coyuntural extraordinario. En segundo lugar, que las empresas que quieran optar por estas ayudas estén acogidas al sistema de precios de referencia y tengan como objetivo prioritario el fomento del empleo en el sector minero. Tercero, que este camino se considere extraordinario y que, si la Junta sigue considerando oportuno este tipo de ayudas a la minería, lo haga vía los Presupuestos correspondientes. Cuarto, fomentar el asociacionismo empresarial. Quinto, reiterar que el CDS entiende que para solucionar el problema de la minería hay que fomentar al máximo el diálogo entre todos los agentes implicados en el problema. Asimismo, nuestro Grupo espera que el Gobierno de la Junta sepa valorar el esfuerzo de nuestro Grupo al darle al señor Consejero este cheque y sepa administrarlo en la forma que mejor proceda para defender los intereses de los ciudadanos castellanos y leoneses. Nosotros estaremos vigilantes para que esto sea así. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. El señor de Lorenzo tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Señor Presidente, Señorías. El largo proceso de gestación de este Proyecto de Ley se inició cuando el siete de Marzo la Junta remitió, al amparo del artículo 137 del Reglamento, una comunicación urgente sobre la situación del sector de la minería de carbón en nuestra Comunidad y, unido a ello, siete propuestas de resolución.

Con toda la sinceridad he de decirles, y yo creo que varios Procuradores de los diferentes Grupos oyeron esa opinión cuando lo manifesté, que aquella comunicación no me parecía que estuviera bien articulada y que, incluso, yo creo que hacía consideraciones sobre la situación del sector que no compartía y que yo creo que no se correspondían a la realidad, tanto en cuanto al diagnóstico, como sobre las medidas que el Gobierno Regional debía acometer. Como no podía ser menos, la Junta, en aquellas siete propuestas de resolución que hacía, en seis de ellas se dedicaba a arremeter, permítanme la palabra, con mayor o menor intensidad, contra el Gobierno de la Nación -socialista, por supuesto- y contra, incluso, contra la Comunidad Económica Europea; ni que decir tiene que en temas ajenos a la competencia de la Comunidad Autónoma.

Curiosamente, en esas siete propuestas de resolución, no se dedicó ni una sola de ellas a temas de los que la Junta sí que era competente, o sí que es competente al respecto, de acuerdo, por supuesto, con nuestro Estatuto de Autonomía, y a saber: fundamentalmente, competencias de ordenación y competencias en materia de seguridad minera.

Sin embargo, siempre pensé, y lo manifestaba a aquellos Procuradores de la Comisión, que yo creo que el objetivo de la Junta era sólo uno, y era sacar adelante la séptima propuesta de resolución, que me faltaba de enunciar y que textualmente lo hacía referencia, me parece, el Procurador del Grupo Centrista, que, en definitiva, decía: "Que se articule a través de los correspondientes acuerdos con el sector financiero, una línea especial de crédito de carácter coyuntural, para que las empresas mineras que reúnan condiciones de viabilidad puedan hacer frente a problemas transitorios de tesorería".

Probablemente, el resto de las propuestas de resolución fueran una cortina de humo o de acompañamiento, con tambor, por supuesto, para esta séptima propuesta de resolución. Una estrategia, me parece, absolutamente legítima, por supuesto, me parece incluso hábil, aunque yo personalmente no comparta dicha estrategia.

Sin embargo, pocos días antes de la remisión de la comunicación, la Junta aprueba un Decreto, el día veinticinco de Febrero concretamente, con el número 34/1988, por el que se establece el nuevo régimen de ayudas a la minería. Este Decreto, en síntesis, en síntesis ponía en marcha los 1.520.000.000 de pesetas reflejados en la Ley de Presupuestos para este año, y englobados en seis programas, que define, más o menos, el Decreto en sus líneas generales. Como es normal, este Decreto prevé, en una Disposición Final, que la Consejería de Economía y Hacienda está facultada para desarrollar dicho Decreto, mediante, obviamente, mediante la correspondiente Orden. Pues bien, la Consejería de Economía y Hacienda tardó más de dos meses, más de dos meses, exactamente el veintiocho de Abril (Boletín Oficial de Castilla y León del cuatro de Mayo), en sacar la Orden. Desde el Decreto al desarrollo del Decreto por la Orden.

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Esta, diríamos, extraordinaria demora en absoluto se correspondía -y yo creo que coincidirá el Consejero conmigo- con la urgencia de la comunicación que sobre política minera remitía la Junta el siete de Marzo. Les recuerdo, diez días después de la aprobación del Decreto sobre el que se establecía la línea de ayudas a la minería. En definitiva, se pretendía con esa comunicación, en síntesis, obtener una financiación adicional, pero distinta, por supuesto, para el sector de la minería, cuando los 1.520.000.000 de pesetas que le facultaba a la Junta la Ley de Presupuestos habían estado parados exactamente cuatro meses, es decir, un tercio del ejercicio presupuestario, justo un tercio del ejercicio presupuestario. Parecía, evidentemente, una cierta ironía: urgencia por un lado y tener parado 1.520.000.000 durante un tercio del ejercicio presupuestario.

Yo creo que -aunque ya tendremos ocasión, de eso estoy convencido, más adelante, a medida que se vaya avanzando la ejecución presupuestaria, para analizar este tema de la ejecución de los 1.520.000.000 de la Ley de Presupuestos-, yo creo que el problema fundamental -así lo manifesté en el debate presupuestario- es que lo que la Junta decía que quería hacer no correspondía con la asignación presupuestaria que se hacía, o la asignación presupuestaría que hacían no correspondía con lo que decía la Junta que quería hacer en el sector de la minería. Y yo para ello, una prueba de ello -y se lo recomiendo a las señoras y señores Procuradores de esta Cámara- es que -y como un ejercicio, yo creo, además muy interesante-, que se lean el Decreto, comparen el Decreto con la Orden de desarrollo y verán, verán cómo coinciden con lo que yo les digo de que no se corresponde exactamente. Pero yo creo que tendremos todo el ejercicio del ochenta y ocho para analizar ese tema.

En cualquier caso, y eso sí que es cierto, la Junta de Castilla y León, a partir de que aprobemos, evidentemente, este Proyecto de Ley que hoy tenemos aquí, va a disponer, sólo en operaciones de capital de apoyo a la minería, de más de 2.700.000.000 de pesetas. Eso es absolutamente objetivo. Cifra que tiene su significado real, evidentemente, cuando se compara con otros programas de actuación de la Junta: es once veces superior al programa de fomento de mancomunidades, es casi igual al importe que se dedica a infraestructuras y equipamientos a los municipios de Castilla y León, es muy superior al programa de fomento del empleo, es cuatro veces superior al dedicado al sector comercio, es un cincuenta por ciento superior al importe dedicado al resto de los sectores industriales, al resto de los sectores industriales (competencia de la Consejería de Economía), y es, por ejemplo, seis veces superior al dedicado al sector turismo. Con ello es evidente que -y las cifras cantan-, que el Gobierno que preside el señor Aznar ha apostado, presupuestariamente hablando, por supuesto, decididamente por la minería. Y nos parece correcto, nos parece bien. No ponemos, evidentemente, ninguna traba al respecto, porque han apostado priorizando la asignación de los recursos económicos limitados de la Comunidad en favor de un sector, no en favor de otros, también necesitados, aunque, evidentemente, a lo mejor, en mayor o menor medida.

Ni que decir tiene, con toda esta introducción, que nosotros nos consideramos coautores del Proyecto de Ley, y vamos a votar a favor. Proyecto de Ley que al final se ha presentado a esta Cámara, y, seremos coautores, tal y como dice la Exposición de Motivos, porque del primer borrador que envió la Junta se hicieron, como decían y reconocían anteriores Portavoces, se han hecho importantes correcciones. A saber: en lo que respecta al interés que tenía el Grupo Socialista, correcciones importantes en cuanto a la articulado de la Ley, correcciones importantes en cuanto a .......... consideraciones jurídicas de la misma, limitaciones en cuanto a la garantía a prestar por la Junta a las empresas, frente a las empresas financieras, destino de las empresas -como hacía referencia el Portavoz del CDS, que estuvieran ubicadas en Castilla y León-, y, básicamente, se respeta uno de los objetivos, .... de los objetivos que habíamos puesto en el debate, como era que estuvieran... tuvieran el contrato visado por la Administración y fundamentalmente dirigido, en el espíritu de la Ley, no tanto al fomento del empleo, como al mantenimiento del mayor número de empleos posibles.

Yo creo que, en definitiva, es un Proyecto de Ley del que todos los Grupos Parlamentarios, como ha reconocido el propio señor Consejero, pues, nos sentimos orgullosos al respecto.

Y, básicamente, estamos de acuerdo con el fin que se dice, que es: apoyo al sector minero, en un momento, evidentemente, como reconocía el señor Consejero, un momento histórico para el sector de la minería, en el que yo creo que necesariamente tenemos que ser optimistas, dentro del realismo, sobre cuál va a ser la salida que en los próximos años vaya a tener la minería en Castilla y León.

En definitiva, señores de la Junta, estas Cortes les dan los instrumentos necesarios, no suficientes, para ejecutar su política minera. Ahora son ustedes los responsables de utilizarlos adecuadamente los recursos que prevé esta Ley, esta Ley que vamos a aprobar, y los recursos que tienen ustedes asignados en la Ley de Presupuestos del ochenta y ocho. Ejecútenlos adecuadamente, desarrollen correctamente sus competencias de ordenación y seguridad, coordínense mucho mejor, mucho mejor con el resto de las Administraciones, y yo estoy convencido que, si lo hacen así, acertarán, y nosotros -no lo duden, señores de la Junta, no lo dude, señor Consejero- nos alegraremos y les felicitaremos por ello. Si no aciertan, a pesar de todo, yo tengo la impresión, señor Consejero, impresión personal, de que más que suspender esta asignatura, lo que ustedes pueden suspender es el curso entero.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo de Alianza Popular tiene la palabra el señor Cid Fontán.

CID FONTAN

EL SEÑOR CID FONTAN: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Actuar el último, en el último punto del Orden del Día, y después del Consejero, es prácticamente imposible. Pero, en fin, vamos a ser muy breves, vamos a limitarnos al Proyecto de Ley que hoy viene.

(-p.861-)

Mostrar nuestra gran satisfacción de que todos los Grupos en un tema tan importante como el de la minería hayamos sido capaces de colaborar, de colaborar en Comisiones, de perfeccionar los proyectos, de traer lo mejor de lo que podamos disponer, para una materia que está pasando por un momento difícil, y creo que en eso coincidimos todos. No me atrevo yo a hablar de crisis -que sé que no le gusta, don Juan Antonio-, pero sí diría que hay una situación difícil; hay una situación de desajuste, y quizá eso justifique el que este fondo venga a cumplir una misión distinta de los otros fondos, como sabe perfectamente y como ha dicho, y que a lo mejor no sea suficiente para solucionar todos los problemas.

Decía el Portavoz del CDS que no coincidía la postura del Consejero con la postura del Director General; y yo le diré: ojalá acertase el Director General y se solucionasen todos los problemas de la minería, que fuese una utopía con un gran futuro. Pero yo creo en la realidad del Consejero. Es difícil pensar que con estos fondos... Y el propio Portavoz del PSOE lo decía: son muchos, pero seguramente no son suficientes para solucionar todos los problemas de la minería.

La Ley creemos que es buena. Es una Ley sencilla que da solución a un problema concreto, que es un problema urgente y estructural y que intenta, simplemente, por esa doble vía de la subvención o de los créditos, o de créditos, podíamos decir, apoyados, para no emplear esa palabra "aval" que también hemos oído, garantizar hasta un veinte por ciento de los mismos, subvencionar en la medida que lo permitan los ingresos financieros de los depósitos efectuados, y, eso sí, para unas empresas de Castilla y León que están pasando por un mal momento.

La gran satisfacción de todos es que esto se haya podido producir y que hoy se apruebe con la unanimidad de esta Cámara, que creo que es la satisfacción de todos los que creemos que el problema de la minería en Castilla y León necesita de todas estas medidas.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías. Cortesía parlamentaria, señor de Lorenzo, me impide responderle contundentemente, porque le agradezco sinceramente su voto favorable; pero "entre col y col, lechuga". Si usted quiere suspender a la Junta por la Ley que se aprueba hoy, suspéndanse todas las Cortes, porque todas las Cortes van a aprobar favorablemente el Proyecto de Ley que ha traído el Gobierno de Castilla y León.

Pero le voy a decir algo, con la mayor educación, con la mayor tranquilidad, para que tome debida nota: en una década, en la década que más creció la minería, que fue del setenta y tres al ochenta y tres, hubo de duplicarse prácticamente la producción para conseguir un incremento en los puestos de trabajo del 15%. Cuando yo hablo de crisis de empleo hablo de que el cincuenta y cinco por ciento de los empleos están en manos de empresas que obtuvieron pérdidas en mil novecientos ochenta y seis; hablé que en el ochenta y siete no se habían cumplido el volumen de producción y que había disminuido la mano de obra, y que en el ochenta y ocho, del actual ejercicio, desde luego, tampoco se van a cumplir, di las razones y me callé otra: la conflictividad laboral.

Quiero resaltarle que estoy tan convencido de la botella medio llena y medio vacía que no voy a discutirle si usted es optimista o no; yo soy realista. Pero fíjese si seré realista que el Real Decreto de tres de Junio, el 570, por el que se aprueban las zonas de promoción económica, repáseselo, Señoría, porque están recogidos absolutamente todos los pueblos en los que radican explotaciones mineras, porque no creo en milagros, porque la situación actual de Europa incrementando productividad costó ochocientos mil puestos de trabajo, porque entiendo que los empleos que se pueden perder son superiores a los tres mil, porque entiendo que lo vamos llevando perfectamente. Pero como no creo en milagros, no quiero someterme a su aprobación y lo único que me limitaré es a agradecerle su voto favorable, como, por supuesto, al resto de los Grupos Parlamentarios.

Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Un minuto, por favor.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Sí. Gracias, señor Presidente. Yo creo que es que no... yo no voy a entrar en ese juego, porque ya tuvimos ocasión en días anteriores de hacerlo. Yo simplemente he dicho -y no tergiverse mis palabras- de que las Cortes ponen a disposición de la Junta la cifra de 2.700.000.000 de pesetas en operaciones de capital para el sector de la minería. Y decía, porque lo tengo escrito -por eso, por tanto, sé que no me he equivocado-, de que es responsabilidad de la Junta ejecutarlas adecuadamente, no responsabilidad de las Cortes; las Cortes han puesto a disposición de la Junta prácticamente todo lo que han pedido para el sector, como no podía ser menos, evidentemente. Y yo, mi preocupación, señor Consejero, no es otra que si ahora ponemos 1.200.000.000 a disposición de la Junta, pero el día treinta y uno de Diciembre del ochenta y siete pusimos a disposición de la Junta 1.520.000.000 de pesetas y se ha tardado cuatro meses en poner en marcha esos 1.520.000.000 de pesetas, me preocupa mucho de que la ejecución que vayan a hacer no sea la adecuada.

Por tanto, simplemente decir que la urgencia, que comparto con usted, de que se debe de dar, de ayudas al sector es una urgencia para todos, incluida para aprobar los Decretos y las Ordenes de desarrollo.

Muchas gracias.

(-p.-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, igualmente, un minuto. 862

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente, Señoría. Usted sabe igual que yo, porque fue mi antecesor en el cargo, que publicado el Decreto trae como consecuencia unas memorias y una comprobación de datos y planes. La Orden no ha perjudicado en absoluto. Me consta que todas las empresas están haciéndolo y me consta la inversión prevista: para el año ochenta y ocho, 4.400.000.000; para el año ochenta y nueve, 7.400.000.000; y en el período del noventa al noventa y tres, 24.000.000.000 de inversión. Pero no se equivoque, Señoría, el Consejero es realista, al Consejero..., le encanta que le hablen y, por supuesto, es muy loable el interés y esas pretensiones de los empresarios en invertir, pero como es realista, sabe que para invertir el sector o el subsector tiene que tener perspectivas de rentabilidad, porque si no las pesetas, Señoría, marcharán a aquellos sectores que les remuneren adecuadamente. Primero.

Y segundo, no quería referirme, como lo ha estado haciendo usted constantemente... Bueno, perdón, no quiero molestarle, Señoría. Muchas gracias, nuevamente, por la aprobación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Vistas las posiciones mantenidas por los distintos Grupos Parlamentarios en la fijación de posiciones que acabamos de escuchar, esta Presidencia propone que se someta a votación por asentimiento. ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba. Queda aprobado, en consecuencia, el Proyecto de Ley de Financiación de la Minería, que acabamos de debatir.

Se levanta la sesión.