DS(P) nº 31/2 del 18/10/1988

MARTIN VIZCAINO

EL SEÑOR MARTIN VIZCAINO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero. Con fecha veinticinco de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, número de Registro de Salida 6.122, y firmada por el Jefe de Servicio de Bienestar Social de Soria, don Andrés Medina Medina, varios coordinadores de Centros de Salud de la provincia de Soria recibieron una carta que transcribo literalmente:

"Ruego a usted que el automóvil oficial destinado a ese Centro de Salud permanezca guardado en la cochera cuando no esté realizando ningún servicio. Le responsabilizo de los daños que pueda sufrir el vehículo por permanecer en la calle aparcado cuando no efectúe ningún servicio".

No entrando en los modos y las formas en que está redactado este escrito, pues más bien parece que está dirigido a los conductores, cuando en los Centros de Salud los conductores no existen, pues tienen que ser los propios médicos los que también hacen de conductores; como digo, no entrando en los modos y las formas y dudando del beneficio que a los ciudadanos castellanos-leoneses les puedan reportar las directrices que emanan del mismo, toda vez que un vehículo destinado a la atención de enfermos tiene que estar presto a su salida para un mejor servicio a aquellas personas que lo necesiten, le pregunto: ¿la citada carta ha sido iniciativa personal del Jefe de Servicio de Bienestar Social de Soria, o por el contrario es una norma general dada por el Consejero de Cultura y Bienestar Social para todos los Coordinadores de los Centros de Salud de la Región? Gracias, señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Don Juan José Lucas tiene la palabra.

LUCAS JIMENEZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Muchas gracias, Presidente. No sólo el Consejero de Cultura y Bienestar, sino todos los Consejeros, a través del Delegado Territorial, tienen instrucciones de velar por los bienes y servicios de la Junta, y en ese sentido, indudablemente, el tener el cuidado de los vehículos es una de esas posibilidades, esas necesidades, que yo creo merece la felicitación de los señores Procuradores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Señor Martín Vizcaíno.

MARTIN VIZCAINO

EL SEÑOR MARTIN VIZCAINO: Gracias, señor Presidente. Me parece muy bien que la Junta vele por los intereses de esta Comunidad, que vele por los vehículos, pero ya digo que, no entrando como decía antes en las formas en que está redactado el escrito, en las formas en que se dice -la forma también es una cosa a tener en cuenta-, donde se dice en un plan autoritario que lo guarden, lo que sí le ruego también a la Junta es que antes de enviar estos escritos a los Coordinadores o a todo el personal de Junta miren a ver si la persona que recibe el escrito no tiene donde guardar el coche. Porque es que ha habido muchos de estos Coordinadores que, lamentablemente, se les manda el escrito y no tienen cochera para guardar el auto. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, Presidente. Indudablemente, en este caso concreto, sí hay lugar para guardar el coche. Y, desde luego, el que esté el coche en disposición de servicio, y más en una provincia como Soria, aconseja que el coche arranque mejor cuando está en una cochera que cuando está cerrado. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Procedemos a la siguiente pregunta. Tiene la palabra don Angel Martín Vizcaíno.

MARTIN VIZCAINO

EL SEÑOR MARTIN VIZCAINO: Gracias, Presidente. Esta Pregunta fue presentada a la Mesa de las Cortes dos días después de los hechos que menciono en los antecedentes de la misma. Pero debido a la terminación del anterior periodo de sesiones y, posteriormente, al periodo vacacional de este Parlamento, este Procurador ha creído conveniente el reiterar la pregunta, porque así, quizá, el Consejero, Consejero de Fomento, en vez de darme las explicaciones de qué acciones piensa realizar de cara a subsanar los posibles errores que haya habido, quizá me dé la contestación de lo que ya ha hecho. Pero, no obstante, en espera de su respuesta, le planteo la pregunta.

El pasado día diez de los corrientes -esto estaba fechado el dieciséis de Junio en las Cortes-, al estar reparando, conservando o bacheando varias calles y carreteras de Almazán (Soria), un equipo de personal y vehículos, un capataz, tres conductores, ocho peones y tres camiones, dependientes todos ellos de la Junta de Castilla y León y -según las informaciones que posee este Procurador- actuando de Jefe de Equipo un empleado del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa, fueron requeridos por dicho empleado municipal para efectuar unas obras de conservación o reparación en el firme de una industria de muebles propiedad de un destacado dirigente de Alianza Popular en la localidad. Pero, al parecer, la reparación no quedó del agrado de dicho industrial, toda vez que cuatro días después -el día catorce- el equipo ateriormente citado, tanto en personal como en vehículos, tuvo que volver otra vez a realizar el trabajo de referencia a instancias del susodicho empleado municipal. Imagino que el empleado en cuestión, o bien el Alcalde de Almazán, también Procurador de estas Cortes Regionales, tendría autorización de la Junta de Castilla y León para dirigir a los funcionarios de la Consejería de Fomento.

Ante estos hechos, y pensando que este servicio no sea un servicio de nueva creación para todos los ciudadanos de Castilla y León que lo soliciten, este Procurador le formula la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de acciones piensa realizar la Junta de Castilla y León para depurar las responsabilidades a que hubiera lugar? Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero de Fomento.

POSADA MORENO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO): Señor Presidente. Existe desde hace tiempo una colaboración recíproca entre ciertos Ayuntamientos -en Soria, por ejemplo, Almazán y Burgo de Osma- con el antiguo... con el Ministerio de Obras Públicas, luego con la antigua Consejería de Ordenación de Territorio y ahora con la Consejería de Fomento, en el cual una brigada de conservación de carreteras hace trabajos para el municipio de bacheo y de acondicionamiento de salidas a nuestras carreteras. En esos trabajos nuestra cuadrilla, mandada por un capataz, se pone en colaboración con el Ayuntamiento correspondiente y hace ese trabajo.

Esto ha causado muy buenos efectos y es intención de la Consejería que esta colaboración con las Corporaciones Locales, que redunda en beneficio de los ciudadanos, siga adelante; y si se producen en algún caso efectos pequeños no buscados ni deseados, no es óbice para que esa colaboración continúe e, incluso, se incremente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Martín Vicaíno.

MARTIN VIZCAINO

(-p.868-)

EL SEÑOR MARTIN VIZCAINO: Gracias, Presidente. Me parece correcta la postura del Consejero y me parece muy bien que ese afán de colaboración entre las distintas Administraciones exista. No parece que comparta lo mismo el Procurador de referencia, el cual yo no sé si pensaba que él era el Consejero, porque la pregunta ésta se la efectué a usted y contestó en los distintos medios de comunicación diciendo que la labor que hacía este Parlamentario en este caso era dañar las Instituciones, y que era dañar las buenas relaciones existentes entre la Junta y entre las Administraciones Locales. No creo que usted piense lo mismo. Así como eso de intoxicar a la población, que también decía el Procurador de referencia, igual que decía que la empresa en cuestión también había contratado previamente los materiales y que había hecho un contrato con la Junta para pagar lo que costase aquello.

Tengo que decirle que me parece muy bien esta colaboración, y se había hecho en anteriores ocasiones, que si la carretera está a un nivel determinado y después la pendiente de entrada a la fábrica tiene un desnivel de un treinta o un cuarenta por ciento, pues me parece muy bien que se haga, porque además ese desnivel puede morder la calzada. Lo que no me parece tan bien es que se asfalte o se bachee el recinto interior de la fábrica del industrial citado. Eso no creo que vaya en detrimento de la colaboración con las Administraciones. Porque allí lo que se hizo, y eso está para verlo, es bachear el interior del recinto cercado y vallado, con puerta de entrada, de la fábrica del industrial de referencia.

Por lo tanto, señor Consejero, le ruego que tenga en cuenta un poco más estas cosas; que la información, cuando se la den, se la den correcta, porque lo que le digo es lo verídico. Gracias, señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, Señor Posada.

POSADA MORENO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO): Señor Presidente, señor Procurador. Yo no creo que usted esté dañando las relaciones entre la Junta y las Corporaciones Locales, no creo eso. Pero creo que usted saca un poco las cosas de quicio. Estamos hablando de una actuación de un valor estimativo de 500.000 pesetas y a lo que usted se refiere en esta pregunta es a una cosa que se puede evaluar en unas 3.065 pesetas. Yo le voy a dar un consejo, y un consejo de amigo. Castilla-León es muy grande, Soria es muy grande; no se encierre usted en Almazán casco urbano.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Doña Matilde Fernández Estébanez, puede formular la siguiente pregunta.

FERNANDEZ ESTEBANEZ

LA SEÑORA FERNANDEZ ESTEBANEZ: Señor Presidente, Señorías. Los antecedentes de mi pregunta los tienen en el Boletín de las Cortes. Lo normal sería que esta pregunta hubiese sido retirada; pero, dadas las circunstancias, sigue tan de actualidad como cuando la realicé. Por lo tanto, voy a exponerla. La casa de refugio "Simone de Beauvoir", para mujeres maltratadas y sus hijos, está viviendo en la actualidad una situación lamentable; solamente se mantiene por el espíritu de responsabilidad de las personas que la dirigen y por la aportación de la Diputación de León.

Para el año mil novecientos ochenta y ocho, se solicitó la ampliación del número de acogidas y de la aportación económica. La Junta de Castilla y León no sólo no amplió, sino que redujo la cantidad a 25.000 pesetas al mes.

El recurso presentado en la Delegación de Bienestar Social de León el veintinueve de Julio no fue remitido a Valladolid hasta el diecinueve de Agosto, lo que demuestra la falta de interés que se tiene en este Gobierno hacia las personas marginadas. El dinero recibido en la actualidad, de mil novecientos ochenta y ocho, es de 600.000 pesetas, el ocho de Septiembre. ¿Creen que se puede seguir con esta celeridad?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero de Bienestar Social.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Yo mucho me temo que, una vez más, a Su Señoría le informan a medias. Y yo también he leído la formulación completa de la pregunta que aparece en el Boletín Oficial, que no coincide exactamente con lo que Su Señoría plantea ahora. Entonces, yo quiero aclararle que, del año ochenta y siete, que era lo que Su Señoría preguntaba en la pregunta..., yo no sé si es acomodado al Reglamento cambiar las preguntas entre lo que aparece en su momento y después lo que se plantea aquí, pero al criterio de la Presidencia me someto. En cualquier caso, del año ochenta y siete, Señoría, se ha pagado todo, si bien es verdad todavía la citada asociación "Simone de Beauvoir" no ha justificado el 20% último que se le ha adjudicado.

(-p.869-)

Con respecto a la subvención del año ochenta y ocho, tengo que decirle que, en cuanto hace referencia a la citada asociación, la subvención concedida por esta Consejería es un 30% más de lo que tuvo en el año ochenta y siete, por un importe total de 1.700.000 pesetas. Esa asociación solicitó un anticipo del 40%, que se le abonó; fue tramitado a la ordenación de pagos el ocho de Agosto, habiendo tenido entrada en mi Consejería el veinte de Julio. Son: ocho y diez, dieciocho días lo que se tardó en tramitar los pagos y, desde luego, todavía no se han justificado. Había otra subvención para el desarrollo de actividades. Fue reparada por la Intervención. Entró en la Consejería también el veinte de Julio, se devolvió el veintisiete de Julio, y todavía no ha sido remitida ajustándose a la Ley de Hacienda, que le recuerdo a Su Señoría no fue elaborada ni por estas Cortes ni por este Gobierno... por estas Cortes en su composición actual, me refiero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Doña Matilde Fernández.

FERNANDEZ ESTEBANEZ

LA SEÑORA FERNANDEZ ESTEBANEZ: Sí es cierto que se pagó la subvención del ochenta y siete; muy tarde. En eso estoy de acuerdo con usted, en que está pagado, pero tarde, teniendo en cuenta que es una asociación sin ánimo de lucro, y que son personas que hay que vivir y que hay que visitar esas casas para saber los problemas que están surgiendo. Si además tenemos añadido el económico, es más lamentable. Pero el tanto por ciento que dice Su Señoría que se ha aumentado, no es así, porque el primer año, el ochenta y siete, le dieron 1.200.000 pesetas para esa cantidad. Pero era por ocho meses. Y, claro, lógicamente..., porque fue cuando empezó a funcionar. Lógicamente, para mil novecientos ochenta y ocho, necesitaba más cantidad de dinero, porque eran doce meses, porque ya estaba funcionando, porque no había que cerrarlo, y, para la alimentación y los gastos de la casa, les han dado 1.500.000 pesetas para doce meses, para el mismo número de personas: seis, más sus hijos. Y ellos solicitaban la ampliación del número de personas, y, lógicamente, la dotación; sobre todo, el tanto por ciento del aumento del nivel de vida. O sea, que haga el favor de revisar los meses que eran de mil novecientos ochenta y siete, los meses que son de ahora... Y, en la cuenta corriente de la asociación, las 600.000 pesetas que les remitió la Junta de Castilla y León entraron el ocho de Septiembre; no teniendo otros medios económicos, como no tienen, el ocho de Septiembre que entre la primera parte de mil novecientos ochenta y ocho... Señores, de verdad, es lamentable. Si les parece bien, pues... nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, me recuerdan que utilice usted el otro micrófono, porque parece ser que hay dificultades de megafonía.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Me reafirmo. En el año ochenta y siete, 1.200.000 pesetas; en el año ochenta y ocho, 1.700.000 pesetas. Me reafirmo. Lo que no se ha pagado todavía es porque se reparó la documentación, no por este Consejero, sino por la Intervención Delegada, que es quien tiene su obligación de ver si las documentaciones se ajustan a derecho. Y eso fue reparado el veintisiete de Julio. Desde luego, es triste que no lleguen las subvenciones y que se paguen tarde; pero es muy triste también que quien tiene que enviar los documentos para acelerar el pago, haya transcurrido del veintisiete de Julio a aquí y todavía no los haya enviado. Comparto con Su Señoría la preocupación, y, en más de una ocasión, ese tema lo hemos planteado aquí, pero le recuerdo que los artículos 121 y 122 de la Ley de Hacienda de esta Comunidad exigen unos trámites que el Interventor es fiel velador por que se cumplan.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El procurador Martín Puertas puede formular su pregunta.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero. De acuerdo con la normativa vigente en materia alimentaria, la manipulación de alimentos debe de ser realizada por personas que, cumpliendo determinados requisitos, posean la autorización específica para ello, mediante la obtención del correspondiente carnet de manipulador.

Tras la obtención de dicho carnet, su prórroga estará condicionada a la realización de un cursillo y, en su caso, a la realización de pruebas específicas, el mismo requisito que para su expedición. Correspondiendo a la Administración Regional la competencia en dicha materia, se vienen apreciando, al menos en la provincia de Valladolid, algunas irregularidades en cuanto a la renovación de dichos carnets. Así, a aquellas personas que les correspondía la renovación del carnet en los últimos meses de mil novecientos ochenta y siete, se les remitió al mes de Junio. Con posterioridad, a las personas que durante el citado mes se habían dirigido a esos mismos Servicios de Bienestar Social en Valladolid, se les volvió otra vez a remitir al mes de Noviembre del mismo año. Por tanto, se está realizando una prórroga inadecuada de los carnets de manipuladores. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuáles son los motivos por los que los servicios competentes de la Junta de Castilla y León no cumplen la legislación vigente con respecto a la prórroga de los carnets de manipuladores de alimentos?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

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EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Tiene una perfecta explicación lo que está ocurriendo. El Decreto que regula la obtención del carnet de manipuladores de alimentos es un Decreto de Presidencia de Gobierno, del año ochenta y tres, que entró en vigor en Enero del ochenta y cuatro. Entonces, se expidieron una gran cantidad de carnets de manipuladores en aquel momento, y, como tenía un valor por cuatro años, se produce en este momento una necesidad de renovar absolutamente todos. Eso produce unas fluctuaciones en el funcionamiento de los Servicios de Bienestar, que no es solamente en el de Valladolid, aunque es en el más acusado, que aconseja una desconcentración en el tiempo en la renovación de los carnets de manipuladores.

Puede Su Señoría estar tranquilo, porque, si lo que le preocupa es el aspecto sanitario del tema, no tiene trascendencia ninguna. Lo fundamental en el carnet de manipuladores es proporcionar una educación sanitaria a quienes van a manipular los alimentos, y sólo en muy contadas excepciones se exigen análisis o estudios médicos específicos. En estos casos, en todos ellos, se procede a la renovación inmediata, con los análisis concretos. En los que se trata, simplemente, de un mero trámite administrativo, intencionadamente se está demorando, para evitar los "cuellos de botella" que produzcan estos estrangulamientos en el funcionamiento de la Administración.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Don Leandro Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Este Procurador ya hizo, en el mes de Junio, esta misma pregunta, siendo contestada, a los dos días, por un medio de comunicación local. Y, con todo y con eso, insistí en seguir manteniendo la pregunta. Mi idea era que, después de cuatro meses, se hubieran puesto los medios para que no tuviera que volver otra vez a repetirla aquí. Insisto, esta misma mañana he estado hablando con la Asociación de Consumidores y Usuarios, y me dicen que se mantiene, en estos momentos, la misma situación que hace cuatro meses. Esto es lo que realmente le preocupa a este Procurador.

Por otra parte, incluso, contestando a la pregunta que ya se me hizo en ese medio de comunicación, donde se me decía -leo textualmente-: "No se cuenta ni con profesorado ni con locales suficientes para realizar alternativamente los cursillos, por lo que hemos decidido prorrogar los carnets actualmente expedidos, a la espera de su renovación". Es la misma contestación que usted me acaba de hacer. Pero, pero también se me dice que es que, después de la nueva Ley, hay un plazo de cuatro años para la renovación de los carnets. Y es cierto, pero en parte. Y me explico: si bien es cierto que hay un plazo de cuatro años para la renovación de los carnets, de parte de los manipuladores, no así es para aquellos de alto riesgo, que la misma Ley del año ochenta y siete exige que todos los años vuelvan otra vez a renovarlo. Y esto quiere decir que, en estos momentos, aquellos señores que tienen el carnet de manipuladores de alto riesgo llevan dos años y medio, aproximadamente, sin que su carnet se les renueve. Y ésta es la preocupación de este Procurador.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Javier León.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muy brevemente, para reiterarle que es que lo que estamos haciendo es intencionado, parcialmente, en el sentido de evitar el acúmulo de la renovación en determinadas épocas del año cada cuatro años. Entonces, se está haciendo una renovación selectiva, de unos sí, y una prórroga de otros, para que, luego, los servicios puedan mantener la renovación a lo largo de todos los años. Insisto que lo fundamental en el carnet de manipulador es la educación sanitaria, y los que ya la tienen se supone que no la han perdido. Los nuevos se van haciendo poco a poco, y lo que se hace es, escalonadamente, y de forma intencionada, tratar de distribuir, a lo largo de los doce meses del año y de los distintos años, la renovación de los carnets, para evitar los tapones o los "cuellos de botella".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Secretario procederá a dar lectura al segundo punto del Orden del Día, de acuerdo con la modificación aprobada. Es decir, el punto sexto del Orden del Día inicialmente distribuido a los señores Procuradores.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): "Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Acción Social".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el señor Consejero de Cultura y Bienestar Social.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Subo a esta tribuna a defender el Proyecto de Ley de Acción Social de Castilla y León, y me siento orgulloso y satisfecho del texto que voy a someter a la consideración de Sus Señorías. En primer lugar, porque, como trataré de demostrar a lo largo de esta exposición, se trata de un buen Proyecto de Ley. En segundo lugar, porque el texto del Proyecto de Ley viene a reafirmar lo que es una voluntad firme de la Junta de Castilla y León, por cuanto confirma la voluntad de desconcentrar, de transferir y de delegar competencias.

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Y me siento satisfecho, porque el Proyecto de Ley que hoy exponemos es el fruto de muchos meses de estudio y trabajo del equipo de la Dirección General de Servicios Sociales, que ha entablado contactos con todos los técnicos, con todos los responsables de Servicios Sociales de las distintas instituciones, con los expertos en Servicios Sociales más importantes de nuestro territorio nacional.

Asimismo, se ha establecido contacto con los responsables de Servicios Sociales de las instituciones privadas, para asumir aquellas sugerencias que pudieran enriquecer nuestro Proyecto.

Subo a esta tribuna en una actitud de humildad y generosidad. De humildad, para reconocer que el Proyecto de Ley que someto a Sus Señorías es un Proyecto perfeccionable, no es un Proyecto óptimo, no es el Proyecto ideal, es, a nuestro modo de ver, el mejor de los posibles, pero, en cualquier caso, desde esa postura de humildad y generosidad para asumir cuantas Enmiendas presenten Sus Señorías en orden a enriquecer el texto que les presentamos. Por ello, partimos de una postura flexible, abierta, de diálogo..., en modo alguno, de una postura maximalista o de creernos estar en posesión de la verdad.

Y subo a esta tribuna en el convencimiento de que Sus Señorías son capaces de seguir el debate a lo largo de esta Sesión; si son capaces de fundar sus decisiones de voto en función de los argumentos o de los debates que aquí tengan lugar, el voto no puede ser otro que rigurosamente afirmativo.

Es triste que posturas apriorísticas, tomadas antes de entrar al análisis detallado del texto de la Ley, y mucho menos al debate que va a tener lugar, harán presumir ya Enmiendas a la Totalidad o textos alternativos. Yo pediría a Sus Señorías que esperen al debate, que escuchen los argumentos y que después elaboren el juicio final.

Entendemos que la Enmienda a la Totalidad que presenta el Grupo Socialista, sinceramente, no ha lugar. Y no ha lugar porque el texto que presenta el Grupo Socialista entendemos es jurídicamente improcedente, técnicamente malo, políticamente centralista e intervencionista, y socialmente anticuado. Por ello, me atrevo a pedirles a ustedes que entre todos seamos capaces de sacar una Ley de Acción Social de las Cortes de Castilla y León; no pretendo, en modo alguno, sacar aquí una Ley Aznar o una Ley de este Consejero.

Cuando las Cortes de Cádiz declaraban, en su artículo 13, que el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, y distribuían en sus artículos 321 y 335 responsabilidades y competencias entre Ayuntamientos y Diputaciones, y después señalaban en su artículo 6, como una de las principales obligaciones de los españoles la de ser justos y benéficos, estaban muy lejos de pensar que ciento setenta y seis años más tarde, y ante la ausencia de una normativa jurídica estatal, de las ambigüedades del Texto Constitucional de mil novecientos setenta y ocho y de la existencia de ocho millones de pobres en España, nos íbamos a ver hoy aquí defendiendo un Proyecto de Ley que regulara la asistencia social en Castilla y León. Y es que si es cierto que la Constitución de mil novecientos setenta y ocho encomienda a los poderes públicos la promoción de las condiciones para la libertad y la igualdad..., para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo aquellos obstáculos que los dificulten o impidan, o hace referencia a la protección social de la familia, al progreso social, a la distribución más equitativa, a la promoción del pleno empleo, a la protección de derechos sociales de los emigrantes, etcétera, etcétera, no es menos cierto que nuestra Carta Magna no señala con precisión cuál debe ser la Administración Pública responsable de cada una de estas actuaciones, pues si en su artículo 148.1.20 cita a la asistencia social entre las competencias de las Comunidades Autónomas, entre aquellas que pueden ser asumidas en régimen de exclusividad, el distinto nivel competencial a que quedan sometidas la Seguridad Social y la Asistencia Social es un hecho ciertamente perturbador.

De otro lado, la falta de delimitación entre lo que debe entenderse por Seguridad Social, Asistencia Social y Servicios Sociales, viene a complicar aún más la situación en este campo, máxime cuando ni los estudiosos del tema llegan a ponerse de acuerdo al respecto.

Los Decretos de traspasos de las Administraciones del Estado a las Comunidades Autónomas interpretaron que la materia constitucional incluía también los servicios sociales, si bien no en todos los casos. Y aunque el Gobierno de la Nación anunció la presentación, para finales de mil novecientos ochenta y tres, de una Ley de Servicios Sociales -cito literalmente- "que regule y ordene esta materia distribuyendo competencias entre los distintos niveles territoriales de la Administración Pública, y que siente las bases de un sistema de Servicios Sociales"..., manifestaciones hechas a la sazón por el Ministro de Trabajo en la Comisión de Trabajo de las Cortes Generales, el Proyecto sigue, cinco años después, sin haberse presentado. Y es que la carencia de un marco jurídico de ámbito estatal en materia de acción social constituye uno de los grandes vacíos de la legislación española. A diferencia de otros países del área del Mercado Común, en España no se ha promulgado, hasta la fecha, una ley que estructure con criterios de racionalidad, coordinación y solidaridad, una política social de Estado en la que queden enmarcadas las distintas legislaciones sobre Acción Social de las Comunidades Autónomas.

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Este hecho esta dificultando sobremanera, entre otras cosas, la debida coordinación entre los organismos públicos responsables de estos servicios, al mismo tiempo que favorece gravemente su dispersión y duplicidad entre los prestados por las distintas Administraciones del Estado, Central, Autonómica y Local. Por este motivo, el panorama de los Servicios Sociales es en nuestro país -como Sus Señorías saben- verdaderamente desolador, por cuanto representa la imagen de un mosaico variopinto de confusión y de reinos de taifas, en lo social.

Esto es así, porque, frente a la inexistencia -como he indicado anteriormente- de un marco jurídico de carácter estatal en materia de acción social, la mayor parte de las Comunidades Autónomas vienen promulgando, a lo largo de estos últimos cuatro años, leyes de Servicios Sociales, las cuales, aunque sin duda son expresión de la buena voluntad del órgano legislativo de la respectiva Comunidad Autónoma, pero que, sin embargo, ante la falta de apoyatura en una ley de Estado, se reducen, a la postre, a ser normas declaratorias de principios generales desencarnados de su contexto social y casi siempre alumbrados sin el debate social que este tipo de legislación exige o aconseja. En el mejor de los casos, son programas de gestión y enumeración o enunciado de situaciones de marginación a erradicar, de logros a conseguir y de objetivos a cumplir, careciendo de una verdadera filosofía social que las trascienda. Se trata, en todo caso, de leyes que han nacido en algunos casos bajo el síndrome de cierto oportunismo político, esto es, de un querer quedar bien, pero sin esa consistencia y rotundidad que las leyes reciben cuando en su alumbramiento han participado todos los actores sociales a los que se dirige.

La ausencia de un verdadero debate social es la causa principal de que una vez promulgadas estas leyes se olviden o se archiven. Son leyes para exponer a la galería más que para ser cumplidas con eficacia y compromiso. Su promulgación, más aún, no sólo no ha contribuido a clarificar las responsabilidades orgánicas en esta materia, sino que, por el contrario, ha incrementado este clima de confusión que se traduce, principalmente, al señalar o definir las distintas competencias interinstitucionales.

Esta es la razón, Señorías, por la que se hace preciso articular un sistema jurídico que delimite con claridad las distintas competencias administrativas en este sector, haciendo para ello válido y rotundo el proceso de transferencias y delegaciones de competencias, de acuerdo con el principio de que lo que pueda realizar una entidad de rango administrativo inferior, no lo realice otra de rango superior.

Esta es también la razón, Señorías, que me insta a realizar desde aquí un llamamiento al Gobierno de la Nación, para que remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que defina de forma clara y rotunda las competencias y objetivos sociales propios de la Administración Central, de la Autonómica y de la Local, a fin de superar la confusión y los paralelismos y duplicidades en la gestión de los servicios sociales.

No es suficiente, no basta, Señorías, que las Cortes de Castilla y León promulguen una Ley de Acción Social para nuestra Comunidad. Es mucho más importante que, una vez promulgada ésta, sepamos qué hacer con ella, es decir, que la Ley sirva para dar una respuesta realista y concreta a los problemas de nuestra sociedad castellano-leonesa. Es mucho más importante que se promulgue una ley que estructure las responsabilidades competenciales de las distintas Administraciones existentes en nuestra Comunidad y coadyuve a racionalizar, sin demagogias, los medios o instrumentos que nuestra sociedad castellano-leonesa precise para superar los déficits o carencias sociales.

Ahora bien, no es posible la consecución de estos objetivos sin el concurso de una política clara de Estado en materia de acción social y servicios sociales. El vacío legal a este respecto -insisto una vez más-, está haciendo inoperante las leyes de los Servicios Sociales promulgadas por las Comunidades Autónomas.

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No obstante lo indicado, el Gobierno Regional ha remitido recientemente a las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Acción Social que hoy debatimos y que me atrevo a calificar, sin ambages, de innovador y renovador. Al efectuar esta afirmación no he querido decir que este Proyecto de Ley sea perfecto, pues todo lo humano es perfeccionable, sino que en él se contienen y definen con valentía y voluntad de futuro -como veremos enseguida- las características de una moderna Ley de Acción Social y de Servicios Sociales. Se estructura un sistema de Acción Social, cuyo contenido se enraíza en la particular filosofía político-social de entender la regionalidad, en el respeto profundo a la tradición comunal e identidad provincial y a las especiales formas de vida de los castellano-leoneses, formas de vida que vienen motivadas, entre otras razones, por la enorme extensión territorial de nuestra Comunidad y su exigua densidad demográfica. En una palabra, el Proyecto de Ley que hoy se somete a vuestra consideración ha nacido de una reflexión profunda, detenida, sobre nuestros hombres y sus hábitat, sobre el análisis histórico-político de nuestros Ayuntamientos y Diputaciones, con sumo y exquisito respeto a las responsabilidades seculares de estas entidades, aunque -eso sí- con el ánimo eficaz de potenciar jurídica y presupuestariamente sus cometidos y competencias en materia de Acción Social. Quizás por ello, entre otras razones, el informe de la Comisión de Cooperación con provincias, donde están las nueve Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad, ha sido favorable al Proyecto de Texto de Ley que ahora debatimos. Este Proyecto de Ley refuerza, asimismo, los cauces de participación ciudadana a través de los distintos Consejos Sociales, así como potencia y estimula la iniciativa privada en la gestión de la acción social y del desarrollo comunitario.

Es, sin duda, en este aspecto, un Proyecto de Ley innovador, por cuanto sistematiza técnica y jurídicamente dicha participación, definiendo o delimitando los cometidos de las distintas entidades públicas y privadas en el campo de la acción social, de la animación y del desarrollo comunitario.

Ni qué decir tengo que en la elaboración de nuestro Proyecto de Ley se han tenido en consideración las leyes de Servicios Sociales promulgadas, hasta la fecha, por trece Comunidades Autónomas. Debo decir que, de las mismas, se han aceptado aquellos contenidos que parecían adecuarse mejor a la filosofía y praxis política y social de esta Comunidad, introduciendo aquellos otros que nuestra propia experiencia y conocimientos aconsejan.

Tenemos la profunda convicción de que se ha elaborado un buen Proyecto de Ley de Acción Social. Ahora bien, sabemos que no es el mejor, que es perfeccionable, incluso muy perfeccionable, con la colaboración de esta Cámara. Personalmente, pienso que no se ha promulgado todavía ni se promulgará jamás una Ley de Acción Social que sea perfecta. Una Ley de esta características sería, sin duda, la más bella de las utopías nunca escritas, pero también ineficaz e imposible de cumplir, porque, a pesar de los esfuerzos que la humanidad realice en pro de la consecución del bienestar social, la presencia de la marginación siempre constituirá una terrible constante en el mundo. La lucha contra la marginación en sus múltiples formas, su erradicación y la consecución del mayor y más generalizado bienestar social, constituye el último objetivo -pero imposible- de toda Ley de Acción Social, también, y lógicamente, de nuestro Proyecto de Ley.

Y es que lo social constituye, entre las conductas humanas, el más complejo y dinámico de los comportamientos del hombre, sometido, como ningún otro, al cambio y al devenir de los pueblos. Por esta razón, toda ley de acción social debe adaptarse al momento histórico y a la circunstancia humana para la que ha sido elaborada. Y, por otra parte, debe esforzarse en cambiar y superar las actitudes negativas y las carencias sociales que pudieran existir en un grupo humano, potenciando y estimulando la integración social, principalmente de los más necesitados y marginados.

Pues bien, Señorías, en el Proyecto de Ley de Acción Social, que este Gobierno somete a su consideración, se dan estas circunstancias, como, sin duda, habrán deducido a tenor de las consideraciones que acabamos de exponer. Esta afirmación, sin embargo, no me impide ser consciente, como he indicado anteriormente, de que el Proyecto presente es absolutamente perfeccionable, aunque de distinta forma de lo que hubiera acontecido en el sentido... en el caso de que el Anteproyecto de Ley presentado por el Ejecutivo Socialista en Mayo del ochenta y siete se hubiera mantenido en esta fecha.

A lo largo de estos minutos he intentado hacer una reflexión en voz alta sobre la necesidad de estructurar y sistematizar una normativa con rango de ley de ámbito estatal, que ayude a superar la actual situación de confusión, dispersión y duplicidad que caracteriza la acción social y los servicios sociales que llevan a cabo las distintas Administraciones Públicas. He intentado, también, enunciar las características que debe tener toda ley de acción social, y, en concreto, las del Proyecto de Ley que hemos elaborado para nuestra Comunidad Autónoma.

Pero para que esta exposición no quede incompleta y cumpla así los objetivos que me he propuesto alcanzar, me ha parecido de todo punto conveniente efectuar un análisis crítico comparativo en profundidad, y lo más minucioso posible, de los textos presentados ante esta Cámara por el Grupo Socialista y por el Gobierno Autónomo. Resulta, además, de perentoria necesidad efectuar este análisis, por cuanto el Grupo Parlamentario Socialista, con fecha catorce de Junio, presentó ante la Mesa de la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla y León una Enmienda a la Totalidad, con texto alternativo, al Proyecto de Ley objeto de debate. La presentación de dicha Enmienda me ha motivado a efectuar la exposición crítica que sigue sobre ambos Proyectos. Y es que resulta de todo punto sorprendente que el Partido Socialista, durante cuatro años en el Gobierno de la Comunidad, haya tenido que esperar a ser oposición para presentar, como texto alternativo al Proyecto de Ley de Acción Social, una Proposición de Ley que, por otra parte, mantiene diferencias cualitativas importantes respecto a su propio Anteproyecto elaborado diez meses antes; esto sí que ha sido una verdadera Enmienda a la Totalidad. Esta actitud me sugiere y suscita muchas preguntas que en este momento, por razón de tiempo, tengo que omitir. Iré a lo sustancial.

Como he indicado anteriormente, la Enmienda a la Totalidad interpuesta por el Grupo Socialista requiere un análisis detenido sobre ambos textos, a la luz del artículo 110.3 del Reglamento de esta Cámara, a fin de determinar si las diferencias o semejanzas de las mismas son realmente sustanciables... sustanciales, o, por el contrario, pueden ser fácilmente superables por la vía de las enmiendas parciales. Se trata, en último término, de desentrañar en ambos textos, título a título, artículo a artículo, la sustantividad de sus diferencias y similitudes, a fin de que esta Cámara tenga un exacto conocimiento de los mismos y, en consecuencia, pueda obrar conforme a su criterio. Entiendo que la mecánica introducida por los restantes Grupos Parlamentarios de recurrir a las enmiendas parciales constituye una buena técnica jurídica, principalmente cuando, como en este caso, no se observan roturas esenciales contra el Proyecto de Ley que presenta nuestro Gobierno.

(-p.874-)

Estoy seguro, Señorías, que llegarán ustedes a esta misma conclusión con respecto al texto que el Grupo Parlamentario Socialista propone como alternativa, ya que, como podrán ustedes mismos colegir, las diferencias entre ambos textos no estriban en los aspectos que determina el citado artículo 110.3 del Reglamento de las Cortes.

Pues bien, Señorías, del análisis de la Proposición de Ley presentada como alternativa por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa de las Cortes y del Proyecto de Ley de Acción Social, que fue informado en su momento por el Consejo de Cooperación de la Comunidad Autónoma con las provincias, se desprenden una serie de semejanzas y diferencias que vamos a tratar de analizar en los puntos siguientes.

Exposición de Motivos. La Proposición de Ley señala la necesidad de dotar de una Ley de Servicios Sociales a la Comunidad que ordene las competencias de las diversas Administraciones Públicas, evitando la duplicidad de funciones, y explica, aunque de manera superficial, la estructura de la Proposición, comentando, a su vez, innecesariamente, el contenido de las diversas partes en que se divide la misma. Por su parte, el Proyecto de Ley de Acción Social resalta en su Exposición de Motivos la necesidad de una Ley que estructure racionalmente los servicios sociales y el desarrollo comunitario en nuestra Región, omitiendo la explicación de esa estructura, por no considerarlo esencial, y razonando, en cambio, el espíritu de sus diferentes apartados, los principios fundamentales que la rigen y los motivos que han configurado su elaboración, al entender que es éste, y no otro, el contenido esencial que define e integra los preámbulos de las leyes. Con el Proyecto de Ley, además de los propios principios que se enuncian en la Proposición socialista, cobran toda su dimensión y comprensión los principios de coordinación gestora, simplificación administrativa, solidaridad regional y redistribución de las competencias interadministracionales, a fin de evitar paralelismos y duplicidades.

En el Título primero, ambos textos o proyectos de texto coinciden básicamente, si bien tienen diferente denominación. En cuanto al objeto, se observa en ambos textos una coincidencia básica: la prevención y eliminación de las causas, y persiguen, como no podía ser por menos, el bienestar social de los ciudadanos; si bien, nuestro Proyecto de Ley articula el sistema de acción social a través de fórmulas que se concretan en prestaciones técnicas, ayudas económicas y apoyo social.

Como no podía ser menos tampoco, los fundamentos jurídicos de ambos textos son exactamente los mismos, por lo que no voy a andar en detalles.

En cuanto a su ámbito de aplicación, se refiere al territorio de nuestra Comunidad.

Y en cuanto a la definición, la Proposición de Ley socialista define los servicios sociales como los instrumentos que la sociedad y los poderes públicos crean para conseguir los objetivos ya comentados. El Proyecto de Ley no define los servicios sociales, al estimar que los contenidos de la Ley no deben limitarse a los servicios sociales, sino que se incrementa con el desarrollo de la sociedad a través de la participación ciudadana y de la animación comunitaria. De ahí el establecimiento de un sistema de acción social más amplio que el de los servicios sociales del texto alternativo.

En cuanto a los titulares de los derechos, en ambos textos son sustancialmente los mismos, si bien la precisión y amplitud de estos titulares de derechos es más completa en el Proyecto de Ley.

El Título segundo, aunque con diferente denominación -el Proyecto lo titula "De la estructura organizativa" y la propuesta "de la red regional de servicios sociales"-, coincide sustancialmente con la clasificación del sistema de acción social y de la red de acción de servicios sociales. El Proyecto de Ley lo articula en dos niveles: el de atención primaria o servicios básicos, y el de atención secundaria o específicos, y la Proposición en tres servicios: comunitarios, específicos y complementarios. El nivel de atención primaria o básico es definido por el Proyecto de Ley, y analiza después las funciones que realiza, mientras que el servicio comunitario no es definido por la Proposición, aunque hace una relación de los mismos.

El nivel de atención primaria se dirige a todos los ciudadanos, sin excepción, para que, una vez conocido el problema concreto, se oriente hacia el nivel secundario, donde se le tratará específicamente. En el artículo 9.3 de la Proposición de Ley se establece un planteamiento distinto, al manifestar que los servicios comunitarios, siempre que dispongan de medios, pueden asumir funciones de servicios específicos. Si esto fuera así, el propio texto entraría en contradicción, pues la clasificación tripartita, anteriormente reseñada, no tendría razón de ser.

El nivel primario del sistema de acción social expuesto en el Proyecto comprende no sólo los establecimientos donde se prestan los servicios sociales, las CEAS, Centros de Acción Social -denominación, por cierto, que hemos visto asumida en la Proposición socialista-, sino que incluye también las actividades propias de animación y desarrollo comunitario, así como los elementos e instrumentos necesarios para elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos, conseguir la eliminación de las causas que dan lugar a la marginación, y alcanzar, a través de la participación comunitaria, que las prestaciones sociales -siempre escasas- sean distribuidas más racional y equitativamente.

(-p.875-)

La Proposición de Ley contempla muy superficialmente la animación y el desarrollo comunitario que, en cambio, en nuestro Proyecto entendemos como un servicio social básico verdadero.

Los servicios complementarios, que tampoco son definidos en la Proposición de Ley, van dirigidos a paliar situaciones de especial necesidad. La terminología de los servicios complementarios empieza a ser asumida por determinadas Comunidades Autónomas, al referirse a las actividades de animación y desarrollo comunitario, como un concepto novedoso y moderno, por lo que desfase todas a todas las leyes de servicios sociales vigentes, que no las incluyen.

Los centros de acción social constituyen los equipamientos y los instrumentos básicos de las Corporaciones Locales en materia de acción social, con contenidos similares en el Proyecto de Ley y en la Proposición. En ambos se hace referencia al material humano. En la Proposición se habla del equipo que desarrolla las funciones; en el Proyecto, del personal necesario. Pero la Proposición de Ley socialista omite la dependencia de estos centros, laguna fundamental que impide una completa comprensión de las CEAS. El Proyecto, por el contrario, sí contempla este aspecto, al señalar como titulares de estos centros a los Ayuntamientos con población superior a los veinte mil habitantes y a las Diputaciones Provinciales. Este texto concreta la zona o cobertura poblacional en nuestra Comunidad de cada uno de los centros de acción social, garantizando con ello su número y su distribución equitativa según las necesidades, introduciendo índices correctores.

Los servicios de atención específicos quedan en ambos textos dirigidos, como no podía ser menos, a satisfacer necesidades concretas. En la Proposición se enumeran los establecimientos donde se van a realizar, señalando cinco establecimientos concretos. El Proyecto de Ley no contempla tal extremo, por no ser susceptible de inclusión en una Ley, dejando así abierta la posibilidad de crear otros tipos de establecimiento, en atención a las necesidades futuras. La Proposición, al relacionar un "números clausus" de establecimientos, excluye la atención de situaciones imprevistas.

Los sectores o colectivos a los que van dirigidos ambos textos son los mismos, si bien la Proposición incluye en el concepto de familia a la infancia y a la juventud, mientras que el Proyecto los separa por entender que se trata de problemáticas claramente distintas. La preocupación por el sector de menores es tratado con amplitud en ambos textos. Igualmente, el Proyecto resalta el sector de la tercera edad, conscientes del grado de envejecimiento de nuestra población.

La participación de los ciudadanos está recogida en todas las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas. De la misma forma, nuestro Proyecto de Ley, en su Título tercero, y la propuesta socialista, en su Título quinto, hacen mención a la participación. En ambos se articula la participación ciudadana en tres esferas territoriales: regional, provincial y local, teniendo una estructura formal similar, aunque distinta en su contenido.

En el ámbito regional, se crea el Consejo Regional, que el texto socialista... que en el texto socialista es denominado de servicios sociales y en nuestro texto de acción social. En la Proposición socialista el Consejo Regional, aunque se define como órgano de participación, sin embargo aparece con unas funciones únicamente informativas, por lo que se limita enormemente su importancia y cometidos. En el Proyecto, el Consejo Regional de Acción Social está dotado de competencias concretas, alcanzando así mayor relevancia, por cuanto es un órgano de participación a nivel regional, con funciones de coordinación, consulta, asesoramiento y propuesta en materia de servicios sociales. La propuesta entiende, en su artículo 40, como participación ciudadana en asuntos sociales el buzón de sugerencias o el libro de reclamaciones, aspectos estos que, lógicamente, no son recogidos en nuestro texto por entender la participación ciudadana como un concepto no tan concreto o restrictivo, sino bastante más amplio. La composición de los Consejos Regionales es similar en ambos textos.

Y a nivel provincial, ambas disposiciones crean los Consejos Provinciales, si bien en la Proposición socialista, una vez más, con el ánimo de informar, aunque sin determinar en qué materias son objetos de información y a quién van dirigidas. El contenido, por lo tanto, nos parece realmente vago y simplista.

El Proyecto, aunque no entra en el contenido de los Consejos Provinciales, para no quitar protagonismo sobre esta materia a las Diputaciones Provinciales, que son quienes deberán reglamentar, según sus distintas características, su funcionamiento, establece que son órganos que realizan funciones de programación y coordinación, con el fin de informar al Consejo Regional, y realizan funciones de coordinación sobre los servicios sociales municipales.

(-p.876-)

La participación en el ámbito local se lleva a cabo a través de los Consejos Sociales de barrio o rurales, y es recogida por los textos que estamos comparando, en algunos aspectos de los mismos. Sin embargo, dicho Consejo constituye lo novedoso en relación con otras leyes sociales en vigor; difiere, no obstante, en que en el Proyecto estos Consejos son establecidos con más profundidad que en la propuesta, al enumerar sus funciones y los contenidos fundamentales de que constarán los programas básicos de animación comunitaria. Cada Consejo habrá de regularse por sus propios estatutos, pero mientras que en la propuesta socialista estos Consejos son presididos por un representante de la Administración, aspecto éste que no comparte el Proyecto de Ley al entender que su Presidente deberá ser nombrado democráticamente por los miembros que componen el Consejo.

En cuanto a la iniciativa privada, la Proposición dedica a este tema tres artículos en un titulo, sin embargo su contenido se limita al voluntariado social, la iniciativa social y la integración de los centros privados. El Proyecto de Ley designa un amplio artículo, el veintitrés, y hace una continua mención a la iniciativa privada, en la que por razones de tiempo no voy a entrar a detallar. La Junta de Castilla y León se reserva en ambas disposiciones el desarrollo del voluntariado social a través de un reglamento específico.

En el tema de las competencias, que es una de las razones principales de la publicación de la Ley, lo que tratamos es de evitar una duplicidad de funciones como hasta ahora viene sucediendo en el territorio de nuestra Comunidad. Esta cuestión, efectivamente, es abordada con amplitud en ambos textos. Sin embargo, en la propuesta socialista se aprecia una cierta confusión entre las Entidades Locales y sus Instituciones, se confunde reiteradamente ayuntamientos con municipios; esta incongruencia alcanza el máximo en el artículo 27, en el que se hace referencia confusa y contradictoria a ayuntamientos y municipios.

Entrando en el tema de las competencias propiamente dichas, las competencias son realmente similares y entendemos que no vale la pena entrar al detalle, y si es caso en la réplica descenderé a ese tema.

Otro aspecto que llama la atención en el tema de las competencias reglamentarias es el recogido en el punto 12 del artículo 17 del texto de la Proposición socialista, por el que se regula la constitución y funcionamiento de los equipos de acción social como competencia de la Junta, cuando los equipos de los Centros de Atención Social no pueden ser regulados nada más que por las Corporaciones Locales de las cuales dependen. El hecho de que el Ejecutivo Regional colabore con el setenta y cinco por ciento de su coste, e incluso con más, no le da derecho a inmiscuirse unilateralmente en la constitución y funcionamiento, que entendemos debe ser competencia de ayuntamientos y diputaciones. Este texto, el texto socialista, omite -como ya hemos indicado- la regulación de las condiciones y procedimientos necesarios para el internamiento y acogida de menores desamparados, así como la elaboración de expedientes de adopción en ejercicio de la tutela, aspecto éste que ha sido recientemente aprobado por un decreto de la Junta.

Como las competencias reglamentarias de la Junta son prolijas de enumerar sin omitir algún aspecto de la misma, parece conveniente la inclusión de una cláusula -que es lo que hacemos en nuestro Proyecto- que deja abierta la posibilidad de reglamentar otras nuevas competencias en el futuro, evitando el concepto de números clausus que se repite en la Proposición socialista.

La Junta, en nuestro texto, se reserva la aprobación del mapa regional de los centros de acción social, su financiación y la colaboración con las Corporaciones Locales en materia de formación de técnicos, la programación general, para conseguir su adecuación al programa regional; pero, sin embargo, respeta escrupulosamente competencias de ayuntamientos y, fundamentalmente en nuestra Comunidad, de diputaciones.

En cuanto a las competencias sancionadoras, la Proposición Socialista dedica a este asunto un artículo único, el 23, lo que contrasta con los diez artículos sancionadores que dedicaba el anterior Anteproyecto de Ley socialista. Es criterio del Proyecto de Ley determinar mínimamente las conductas que son susceptibles de falta y qué sanciones han de aplicarse para que con posterioridad lo desarrolle convenientemente un reglamento.

En el espíritu actual del Gobierno de la Junta entendemos que las sanciones no son patrimonio exclusivo de la Junta, y que corresponderá a las Corporaciones Locales, siempre que ostenten competencias sobre bienes, derechos y servicios concretos, algún tipo de capacidad sancionadora.

Las transferencias y delegaciones están determinadas en ambas disposiciones y su contenido es similar, por lo que paso por alto también el análisis detallado de este apartado; si bien, si es preciso entraremos después a comentar.

En ambos textos se hace referencia a la forma de financiación de los servicios y de las prestaciones sociales y la coincidencia es asimismo básica.

Podríamos analizar incluso aspectos referentes a la redacción de la Proposición del texto, a la técnica legislativa que se aprecia en el mismo -me refiero al texto alternativo que se ofrece-, y a la excesiva personificación de organismos que pueden plantear problemas ante una futura remodelación de la Junta de Castilla y León.

A modo de conclusión. Del análisis de las diferencias y semejanzas de los textos comentados se desprende que la Proposición Socialista tiene grandes deficiencias, no sólo en su forma -evidentes para cualquier ciudadano que analice sin criticar en exceso su gramática-, sino, lo que es más grave, en su fondo, al desaprovechar la gran e histórica oportunidad de hacer una ley moderna que implante las técnicas e instrumentos adecuados que necesita la Comunidad de Castilla y León para su desarrollo social.

(-p.877-)

Por estas importantes razones y por no versar las diferencias sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del Proyecto de Ley, tal y como preceptúa el artículo 103.3 del Reglamento de estas Cortes, 110.3 del Reglamento de estas Cortes, resulta más propio de enmiendas parciales que de un texto alternativo; principalmente, cuando existen notables semejanzas en el articulado de ambos textos, al basarse en las mismas disposiciones legales como hemos ido manifestando con anterioridad.

Ciertamente, las diferencias radican en la filosofía que las preside, en el modelo de sociedad que preconizan y, en especial, en la concepción sobre la participación ciudadana en el desarrollo social.

Por consiguiente, proponemos a la Cámara la aprobación de nuestro texto de Ley de Acción Social y el rechazo del texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, creemos sinceramente que el Proyecto de Ley de Acción Social que hemos presentado es realmente novedoso. Aborda temas que no están abordados en ninguno de los textos de servicios sociales vigentes en ninguna de las Comunidades Autónomas que lo tienen en vigor, y, en cualquier caso, es muy superior al texto alternativo que se nos ofrece.

Por eso, en atención a estas razones y no a posturas absolutamente preconcebidas, me atrevo a solicitar el voto de Sus Señorías a favor del texto que presentamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero.

Al objeto de proceder a la defensa de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Tengo que comenzar mi intervención agradeciendo la deferencia del Pleno de las Cortes por permitir que este asunto se debata hoy, teniendo en cuenta que yo mañana tenía una obligación ineludible que atender en otro lugar. Y, en segundo lugar, al mismo tiempo que agradezco la deferencia, no puedo por menos que protestar en nombre del Grupo Socialista de lo que ha sido la presentación de un Proyecto de Ley más extraña de la que yo tengo noticia en los últimos siete u ocho años de democracia española, porque en mi vida me había pasado, a mí al menos -y que yo tenga noticia tampoco había sucedido en mi ausencia esto-, es decir, que el turno de presentación de un Proyecto de Ley, que es estrictamente un turno de consideración acerca de las virtudes y excelencias del texto que se somete a consideración de la Cámara, se utilice como un turno en contra, preconcebido -porque al señor León de la Riva le ha pasado que en su intervención ha presumido constantemente de lo que carecía la misma-, preconcebido, en contra de un texto que ni siquiera se ha podido defender aquí. Esta absoluta indefensión me obliga a tener que realizar la intervención en contestación a la intervención del Consejero, en vez de en defensa de por qué los Procuradores socialistas hemos presentado una Enmienda a la Totalidad a la Ley de Acción Social.

Y tengo que señalar algo, y es que la intervención del Consejero es premonitoria. Y es premonitoria de que, entendiendo que él no podía presentar su texto, puesto que es impresentable, entendiendo que la Enmienda a la Totalidad del Grupo Socialista va a salir adelante, ha empezado ya a señalar qué enmiendas parciales se podrían introducir en la Proposición Socialista para mejorarla. Y hasta tal punto le ha traicionado su subconsciente que ha empezado su intervención pidiendo el voto afirmativo en la votación que va a tener lugar, cuando es evidente que se va a votar la Enmienda, y que el voto afirmativo supone el rechazo al Proyecto de Ley que ha presentado, no ha presentado aquí.

Pero tampoco merece la pena que nos centremos en estas cuestiones formales, que son importantes puesto que revelan de hecho algo que es evidente, y es que la Enmienda a la Totalidad del Grupo Socialista, el Proyecto de Ley que presentó aquí el Grupo Socialista ante la Cámara, a la Junta le pilló a contrapié, y los responsables de la Junta de Castilla y León han reaccionado presentando un texto elaborado a última hora, mal copiado de tres o cuatro sitios distintos -como voy a tener ocasión de señalar aquí-, y que, claro, como se les ha pillado copiando, pues, al final, siempre es mucho más cómodo centrar el debate en un informe que se solicita a un funcionario, que centrar el debate en lo que se dice en la Cámara, porque eso, entre otras cosas, nos pondría en igualdad de condiciones, mientras que con el informe que se pide al funcionario y que se viene a detallar aquí, pues, realmente, el debate ya es más complicado de producir, porque yo no tengo funcionarios a los cuales pedir un informe.

Vamos a centrarnos en el fondo de la cuestión, porque, realmente, la intervención del señor Consejero me ha producido un grado elevado de indignación y no quiero trasmitirles a Sus Señorías más del necesario.

(-p.878-)

Cuando se hace una Ley de Servicios Sociales, ¿para qué se hace? El Consejo de Europa en un documento muy conocido por los especialistas en la materia, a la hora de analizar la evolución histórica de los servicios sociales en todo el continente europeo, refleja una situación muy parecida a la española. De alguna manera, yo creo que el ejemplo español es un buen ejemplo dentro de la consideración del Consejo Europeo. Revela que los servicios sociales pasan por diferentes etapas históricas; por una primera etapa benéfica-institucional, en la que se superponen diferentes recursos, fundamentalmente alejados del entorno, recursos residenciales en donde se interna a la gente, se interna a los colectivos más marginales de la sociedad, para acentuar su marginación, se les interna y se les segrega de los otros. Revela cómo luego surge una segunda etapa en la que coexisten recursos generales dirigidos al conjunto de la población y recursos especializados. Y revela, por último, cómo la tercera etapa, la más desarrollada de los servicios sociales europeos, es la integración de todo el conjunto de recursos en una única red.

Si tuviéramos que describir la situación de los servicios sociales de Castilla y León, estamos inevitablemente en la segunda etapa, y, por lo tanto, la Ley de Servicios Sociales tendría que ser el paso que hace esta Comunidad Autónoma para llegar a la tercera etapa de integración de todos los recursos públicos y privados existentes en una única red de servicios sociales. Y éste tendría que ser el objetivo de la Ley. Por cierto, que cuando se oye a un Consejero del Gabinete Aznar hacer referencia al problema que le suscita la inexistencia de legislación estatal para el desarrollo de las competencias exclusivas de su Estatuto de Autonomía, o cuando se le oye reclamar aquí que haya una LOAPA estatal acerca de los servicios sociales, que son competencia exclusiva de todas las Comunidades Autónomas, uno también entra en un cierto grado de perplejidad, porque el Gobierno de la Nación no ha presentado ninguna Ley de servicios sociales, entre otras cosas, porque no puede hacerlo, porque el Tribunal Constitucional se lo ha dicho así.

Tenemos, pues, que producir una Ley que, en el marco de nuestras competencias exclusivas, en el marco que las Leyes del Estado dicen que tienen competencia los Ayuntamientos y las Diputaciones, y lo voy a leer aquí; dice: "El Municipio ejercerá, en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, competencias en materia de prestación de servicios sociales, promoción y reinserción social"; es decir, competencia que también tenemos por la propia legislación del Estado. En ese marco, que es un marco uniforme, tenemos que... nosotros, que no puede ser otro, no puede ser el Estado con una Ley nacional, ni pueden ser los Ayuntamientos o Diputaciones, tenemos que producir la integración de todos los recursos de servicios sociales existentes en la Comunidad en una única red. ¿Y esto qué exige? Bueno, esto exige, en primer lugar, cambiar la orientación de los servicios sociales. Los servicios sociales en la primera etapa histórica están definidos hacia la marginalidad y tienen un carácter de beneficencia. Para crear una red general, para crear un sistema público que preste servicios a todos los ciudadanos, tenemos que definir un nuevo concepto, un nuevo concepto -que sí es moderno, no el concepto antiguo de marginalidad en el que sigue anclado el proyecto de la Junta-, que abarque a todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminaciones. Y éste es el concepto de necesidad. Se parte de que los ciudadanos tienen necesidades y que los servicios sociales van a prestar apoyo a esas necesidades de los ciudadanos. Por eso va a haber servicios sociales generales y se van a circunscribir los servicios específicos a aquellos colectivos que necesiten un apoyo suplementario al apoyo que los servicios generales comunitarios prestan. En este punto de vista, desde este objetivo, lo que prestan los servicios sociales es una prestación a la que se tiene derecho, y por eso hablamos de sistema público aunque se llame sistema de acción social, de servicios sociales. El ciudadano tiene derecho a la prestación de servicios sociales como tiene derecho a la educación y la sanidad, y por eso hablamos de sistema. La noción de sistema en el derecho español, salvo en el Proyecto de Ley de la Junta de Acción Social, está vinculada a la existencia de una prestación a la que se tiene derecho; no hay otra posible interpretación.

¿Qué es lo que hace el Proyecto de Ley de la Junta? Es el único Proyecto de Ley de todas las Comunidades Autónomas que no define prestaciones; ni una. Cuando habla de los servicios comunitarios o de los servicios generales habla de funciones que desarrollan los servicios. Cuando habla de los servicios específicos dice a qué colectivos se dirige, pero no define la prestación como un derecho del ciudadano. Sigue anclada en la marginalidad, incluso en la terminología, porque incluso sigue hablando de que los ciudadanos que van a utilizar los servicios específicos son ciudadanos con deterioro, y lo dice así: deterioro personal o social. Cuando se habla de la familia, de la tercera edad, estamos hablando de personas deterioradas; o sea seguimos en esa terminología del siglo XIX y luego se nos dice que es un Proyecto moderno. No se define la prestación común del hecho. Y, en este sentido, la propia noción de sistema aparece en el texto como una noción puramente retórica. No hay ninguna vinculación entre las prestaciones y el sistema, no existe sistema, aunque se llame así. Tenemos, pues, fallido el Proyecto en la primera consideración.

No hay un cambio cualitativo de dimensión de los servicios sociales. No vamos al sistema, no vamos a la definición de una serie de prestaciones generales a las que tienen derecho los ciudadanos. Seguimos pensando en los roperos y en las casas de beneficencia, aunque ahora hayamos cambiado la terminología y en vez de hablar de los roperos y de las casas de beneficencia hablamos de los programas de animación cultural dirigidos a la misma gente para hacer las mismas cosas.

(-p.879-)

En cuanto a la red, cómo podemos llegar a la red regional, al margen de que definamos o no definamos las prestaciones como un derecho de los ciudadanos. Tenemos que integrar todos los recursos existentes. ¿Y cómo se integran los recursos existentes? En primer lugar, integrando los recursos privados existentes. ¿Y cuál es el sistema que el derecho español ha consagrado como de integración de los recursos privados cuando se configura una red que presta servicios a toda la población? El sistema de concierto y homologación. Tanto para la sanidad como para la educación, cuando se integran recursos privados se habla de conciertos, de integración de los recursos privados en la red general, ya sea educativa, escolar, o ya sea sanitaria, y de centros homologados. En todo el Proyecto de Ley de la Junta no se menciona las palabras integración de los recursos privados, no se menciona la palabra concierto, porque se quiere seguir manteniendo la filosofía de las subvenciones; no se menciona ni una vez. No hay ningún cambio en este Proyecto de Ley. No vamos a ir a un sistema regional, porque, entre otras cosas, no se dice ni lo que es ese sistema ni qué centros forman parte del mismo. Lo fundamental para definir un sistema integrado, que tenga en cuenta recursos públicos y recursos privados, es definir cuál es el sistema de integración de esos recursos privados y qué públicos lo componen; ni una cosa ni otra se nos dice en el Proyecto de Ley de la Junta. Y nos encontramos, entonces, con que esta Ley ya no es que se vaya a aplicar o que esté hecha para la galería -como el señor Consejero se ha referido, con cierta frivolidad a mi juicio, a leyes de otras Comunidades Autónomas-; es que esta Ley da igual que se aplique o que no, porque está hecha para consagrar la situación actualmente existente. No supone ningún cambio a esa situación.

Y cuál es lo fundamental, también, para definir esa red, ese sistema que nosotros queremos construir y que tendría que ser el objetivo básico de la Ley de servicios sociales. Lo fundamental es definir cómo van a cubrirse los nuevos servicios que hacen falta. Ahora lo servicios no cubren a toda la población, cubren sólo a una parte de ella. Va a haber que crear nuevos servicios. Cómo se va a hacer esto.

En el Proyecto de Ley de la Junta que comenzamos a elaborar el año ochenta y cinco y que llegó a una formulación en el año ochenta y siete, que fue informada a las asociaciones del sector y cuyas correcciones nosotros hemos incorporado en nuestro Proyecto de Ley, nosotros definíamos dos sistemas de financiación de los nuevos servicios:

Primero, la Junta se obligaba así misma a que el seis por ciento de sus presupuestos fuera a servicios sociales, cosa que la Junta del señor Aznar ha retirado de su Proyecto.

Segundo, vinculábamos la transferencia a las Corporaciones Locales al hecho de que existieran planes regionales, a que existiera planificación regional.

¿Y por qué? Porque a la hora de transferir la titularidad de una función a un Ayuntamiento o a una Diputación se le transfiere la titularidad de la función. Yo le transfiero al Ayuntamiento de Burgos una guardería de la Junta y le digo: y a partir de ahora todas las guarderías que haya que hacer en Burgos las hace el Ayuntamiento, porque es su responsabilidad, es su competencia, según la Ley que presenta la Junta y según nuestro Proyecto de Ley.

¿Qué ha hecho la Junta conservadora? Ha marginado el aspecto de la planificación de la transferencia. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que se va a transferir a los Ayuntamientos y a las Diputaciones un servicio y luego la Junta va a sacar planes que diga que en ese mismo término municipal o en ese mismo término provincial hacen falta diez y que lo construyan los Ayuntamientos y las Diputaciones, cuando no hemos previsto para nada la transferencia de fondos para la construcción de nuevos servicios. Algo así, tan simple. Ni prevemos que la Junta tenga que destinar más fondos a la creación de nuevos servicios, ni prevemos que vayan a existir esos nuevos servicios; transferimos los servicios existentes a los Ayuntamientos y las Diputaciones, y al mismo tiempo que les transferimos los servicios existentes les transferimos la obligación de completarles. ¿Así se va a construir una red regional de servicios sociales? Así van a continuar las cosas como están, rigurosamente como están, que es lo que pretende este Proyecto de Ley, entre otras cosas. Porque tiene un Título, que es el de la financiación, que no dice nada, que se puede suprimir perfectamente, porque lo que dice es que los Ayuntamientos destinarán fondos, la Junta destinará fondos y las Diputaciones destinarán fondos. Es tal su grado de falta de contenido que incluso yo propondría, en el caso de que salga adelante el Proyecto de la Junta, su auténtica supresión; porque, de verdad, definir en una Ley que el Ayuntamiento destinará fondos; ¡oiga!, eso ya no es una declaración de buenas intenciones, eso desborda, incluso, la proclama de la Constitución de mil ochocientos doce de que los españoles tenían que ser buenos, benéficos, honrados e inteligentes.

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Tenemos, pues, que la Ley no define cuál es el marco de prestación de los nuevos servicios sociales, porque no les vincula a una situación de derecho de los ciudadanos de prestación y sigue anclada en el criterio antiguo de marginalidad, de deterioro, de colectivos específicos. Que la Ley no va a completar la red, ni prevé cómo se va a completar la red. Que la Ley ha marginado la planificación de las transferencias a los Ayuntamientos y Diputaciones y, en este sentido, les margina la aportación de nuevos recursos. Que no contempla los conciertos y la integración de centros privados. Bueno, entonces ¿qué es lo que hace la Ley? Pues, la Ley lo que hace básicamente es lo siguiente: malcopiar el texto que los socialistas dejamos preparado en Mayo de mil novecientos ochenta y siete; malcopiar... señores Procuradores, tengo ambos textos aquí, les puedo facilitar una copia y podrán ustedes leérselos y, desde luego, si los leen pueden sacar algunas conclusiones. Y digo malcopiar porque en algún artículo, incluso, al que ha copiado como a los malos alumnos -porque los que somos profesores sabemos que los malos alumnos son los que peor copian; los buenos alumnos copian muy bien-, pues, los redactores del Proyecto de Ley de la Junta copian tan mal que se ponen a copiar el artículo 15 del texto que elaboró la antigua Comunidad Autónoma, empeorándolo notablemente, pero, bueno, copiando alguna cosa y tal. Y, entonces, se dan cuenta de una cosa y es que el Presidente de la Comunidad Autónoma..., el artículo 15 habla de los planes, el Presidente de la Comunidad Autónoma ha dicho que no cree en la planificación y dicen "¡ay va!, los donnuts", nos hemos olvidado que no podemos meter la palabra "planes" en el Proyecto de Ley de Acción Social, porque estamos contradiciendo al señor Aznar. Y entonces qué dicen: bueno, pues, copiamos y donde pone planes, en el Proyecto de la Junta ponemos programas; pero, claro, un plan y un programa no es lo mismo. Yo era testigo de algunos constituyentes que se quejaban de que Cela no hubiera tenido mayor protagonismo en la elaboración de la Constitución. Yo me quejo de que en la elaboración del Proyecto de Ley de la Junta no haya tenido mayor protagonismo el diccionario de la Real Academia, porque un plan no es un programa; pero como además se copia mal, porque incluso lo de los programas sería aceptable, pues, resulta que en el último punto se olvidan de que tenían que cambiar planes por programas y dejan lo de planes. Y en el artículo 26 de la Junta, cuando se habla de las competencias, habla de los planes regionales que no existen en el Proyecto, porque hemos hablado que son programas. Pero, como éstas, a montón.

El señor Consejero ha hablado de que el Consejo Regional del Proyecto de Ley de la Junta tiene funciones mucho más amplias que las que se refieren a nuestro Proyecto. Claro que las tiene tan amplias. Lo que dice textualmente el Proyecto de Ley que sometemos hoy a la consideración es lo siguiente: "El Consejo Regional ejercerá sus funciones de acción social en los siguientes asuntos: proyectos de planes regionales" ¿Pero cuáles son estas funciones? Nos dice los temas sobre los que va a hacer qué. Qué va a hacer sobre eso: aprobarlos, informarlos, discutirlos, orientarlos, quemarlos. No dice nada. Está hasta mal redactado.

El Proyecto de Ley de la Junta está tan mal redactado que incluso a veces hay hasta equiparaciones absurdas. Por ejemplo: como no se dice lo que es una zona básica de acción social, porque eso era un concepto que venía en el Proyecto de Ley de la Junta anterior y en donde sí que se explicaba, pero aquí al que copió se le ha comido la explicación, pues, se habla de zonas básicas de acción social y entonces se dice: "se establece un módulo de veinte mil habitantes por cada CEAS..." que, por cierto, está tan mal hecho que cuando se habla de CEAS -Centros de Acción Social- se mete en medio una "e". O sea, que ya es algo... Centros de Acción Social, las siglas serán CAS, ¿no?, C, A, S; pues no, es C, E, A, S; la "e" yo no sé que será, serán Centros Españoles de Acción Social, Centros Estatales o Centros Experimentales, yo no sé que será eso. Bueno, pues, cuando se habla de CEA se dice: por cada CEA o zona básica de acción social, como si un centro y una zona fuera lo mismo. Bueno, vamos a referirnos a una terminología mínimamente sistémica; hablemos de un centro, de una estructura física, de un equipo profesional, hablemos de una zona básica, que es un concepto territorial. Pues para el Proyecto de Ley es lo mismo. No se habla de lo que es una zona, salvo cuando se dice que es lo mismo que un CEA. Y es que esto, es que esto es una chapuza muy grande. Y por eso, señor Consejero, tiene que hablar de nuestro Proyecto en vez de hablar del suyo. Es que es una chapuza hecha en veinticuatro horas casi. Porque como el Grupo Socialista había presentado un Proyecto de Ley y ese Proyecto de Ley no podía verse en esta Comisión, no podía verse en estas Cortes, hubo que hacer deprisa y corriendo otro Proyecto de Ley alternativo. Otro Proyecto de Ley alternativo que, por ejemplo, dice que las funciones de esos consejos de participación ciudadana, pues, son programar, como, por ejemplo, se dice que tiene funciones la Junta. O sea, ¿es lo mismo la programación que hace un consejo que la programación que hace la Junta?, ¿no es posible utilizar terminologías distintas, o es que van a hacer lo mismo? O es que ustedes en los consejos, en la Consejería de Bienestar Social quieren planificar los servicios sociales tal y como entienden que programa sus actividades un consejo de barrio. ¿Eso es lo que ustedes pretenden?

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Es absolutamente imposible producir con base a este texto algo que no sea una chapuza muy enmendada. Y hay que ser conscientes de esto, porque podemos empezar a discutir en base a este texto. El Grupo Socialista ha presentado más de noventa enmiendas, el Grupo de Centro Democrático y Social un número importante, y al final podemos producir un texto que, como parece lógico, pues, tenga del texto original únicamente lo que éste había malcopiado, copiándolo bien del texto de la Junta anterior, porque todo lo que ha innovado está muy mal. Pero es que aun así la sistémica que se ha utilizado es imposible. Porque, ¿cómo nosotros vamos a definir lo que es el sistema de acción social si la propia Junta no sabe lo que es? ¿Cómo vamos a poner de nuevo en marcha toda una teoría de integración de centros si tenemos que... de centros privados, si tenemos que modificar toda la estructura de la Ley? Porque nuestra estructura era coherente, coherente con nuestra manera de pensar, ustedes dirán, pero coherente. Nosotros definíamos el sistema como un conjunto de centros, decíamos que los centros privados se integraban, se homologaban, como pasa con los centros sanitarios o los centros educativos privados en este país, y que los centros de las Corporaciones Locales también se homologaban. Decíamos que las Corporaciones Locales, Ayuntamientos y Diputaciones eran las únicas que gestionaban centros y que solamente con carácter subsidiario y residual gestionaba centros la Junta. Ni siquiera eso se ha respetado, porque la Junta con este Proyecto de Ley puede gestionar centros. Y así nos encontramos con un Proyecto de Ley descentralizador y tal y que cual, y al mismo tiempo se nos anuncia en la prensa -no en las Cortes- que la Junta va a empezar residencias de ancianos. ¿Pero no decimos en el Proyecto de Ley que las residencias de ancianos, como todos los servicios sociales, son competencias de las Corporaciones Locales? Si es que da igual. Este Proyecto de Ley, si le vamos a aprobar tal como está, va a dejar los servicios sociales de la región en el momento en que se encuentra, en el momento histórico en el que se encuentran. No vamos a dar ya no el salto cualitativo del Consejo de Europa, que es el salto cualitativo que pretenden dar las Leyes de servicios sociales de otras Comunidades Autónomas, y que intentan conseguir esos servicios sociales pues entren en esa red regional unificada y polivalente. No, no, esto va a ser jauja. Aquí vamos a tener ya todo tipo de servicios sociales, todo tipo de Administraciones. Esto no va a ser descentralizar. Va a ser pura y simplemente seguir haciéndolo como lo hacíamos hasta ahora.

Tengo que señalar al final de la cuestión, para hacerles entender, señores Procuradores, señoras y señores Procuradores, la importancia de que se adopte un texto que tenga una dinámica propia, y de que seamos capaces de entender el por qué se hace una ley -porque una ley no se hace para que no se discuta otra ley en el Parlamento; una ley hay que hacerla para algo, con un objetivo determinado-, algunas cuestiones que son también importantes, fundamentales, y simplemente las voy a enunciar puesto que se me acaba el tiempo.

En primer lugar, que los servicios sociales son, en estos momentos, una de las competencias exclusivas más importantes que tiene nuestra Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, que el Gobierno de la Región ha solicitado la transferencia del INSERSO.

En tercer lugar, es uno de los temas en los cuales existen mayor abundancia de competencias entre otras Administraciones Públicas. Y si no vamos a pedir que la Ley cambie las conciencias de las personas, si no vamos a pedir que la ley, de alguna manera, siquiera, consiga obrar efectos mágicos -somos una cultura heredera del derecho romano, confiamos demasiado en las leyes y hay que confiar más en los programas y menos en las leyes-; si no vamos a pedirle esto a la ley, sí que le vamos a pedir a la ley al menos que haga algo muy simple, y es que no cree más problemas de los que ya tenemos en las relaciones entre las Administraciones, es que consiga integrar el esfuerzo de las distintas Administraciones Públicas en una única dirección, que consiga integrar esos recursos hacia esa tercera fase de los servicios sociales que definía el Consejo de Europa.

No es posible hacerlo con este texto como base. Nos va a quedar una chapuza enmendada, muy enmendada al final, si es rechazada la Enmienda Totalidad del Grupo Socialista. Pero no tiene coherencia, le falta hasta lo más fundamental, le falta hasta la definición de cuáles son los conceptos que se crean nuevos en la legislación comunitaria, la legislación de la Comunidad Autónoma en este caso, y que hay que definir de alguna manera, porque estamos innovando, metiendo palabras nuevas en nuestro repertorio legal y en la ley no decimos lo que son, y cuando lo decimos lo decimos mal. Y, de verdad, el resultado puede ser peor el remedio que la enfermedad.

El señor Consejero ha dicho al comienzo de su intervención que él iba a ser humilde. Yo creo que ha presumido de humildad y ha carecido de humildad en su exposición. Yo, desde luego, no voy a presumir de humildad, y probablemente también carezca de la misma. Yo conozco que el texto socialista plantea problemas, tiene defectos y, evidentemente, puede ser objeto de Enmiendas que lo mejoren (el señor Consejero ha apuntado alguna sugerencia interesante que podemos incorporar cuando discutamos en la Comisión en base a nuestro texto -espero-); pero, desde luego, el texto de la Junta, tal como está va a hacerle un flaco favor a esos ciudadanos de la Comunidad que más necesitan de los servicios sociales. Y que tampoco se malinterpreten las cosas, porque aquí, en este tema, yo creo que estamos pecando todos un poco de... estamos pecando los Procuradores socialistas de exceso de complacencia.

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Cuando el señor Consejero se refería a que los socialistas no habíamos elaborado en la pasada legislatura un texto, es verdad, no lo pudimos hacer. Pero nuestro texto lo hemos discutido mucho con el sector, y yo tengo aquí cartas de asociaciones muy importantes del sector que dicen que están más de acuerdo con las Enmiendas a nuestro texto y con el texto nuestro que con el texto que presenta la Junta. No vamos a hacer uso de ese tipo de documentación, entre otras cosas porque es innecesario un debate parlamentario. De la misma manera que puede ser innecesario que aquí se saque a colación el tema de Consejo de Cooperación con las provincias. Hasta ahora, los Presidentes de Diputación socialistas han entendido que el Consejo de Cooperación no era un Parlamento bis, y que las objeciones políticas que plantean al Partidos Socialista las Cortes no tenían por qué ser asumidas mecánicamente en el Consejo de Cooperación. Si se va a entender que esta actitud colaboradora de las Administraciones Públicas gobernadas por los Socialistas da argumentos a la Junta para que cuando traiga un Proyecto de Ley ante estas Cortes interprete que existe anuencia o favorecimiento por parte de las Diputaciones gobernadas por los socialistas acerca de sus Proyectos de Ley, tendremos que producir debates políticos en el Consejo de Cooperación. Nosotros pensamos que no es ésta la misión, pero a lo mejor no hay mas remedio. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Granado. Señor Consejero.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Por favor, señor Presidente, una cuestión reglamentaria. Entiendo que el Consejero no está en el debate de la Enmienda a la Totalidad. Ha presentado, teóricamente, el Proyecto de la Junta, se ha producido el turno a favor por parte de mi Grupo y espero el turno en contra por parte del Grupo de Alianza Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Pero el señor Consejero, vamos, la Junta puede intervenir dentro del debate cuando lo considere oportuno, siempre...

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Eso...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): siempre, evidentemente, que no intervenga para transformar, digamos, esto, evidentemente, en un debate entre el señor Consejero y uno de los Grupos Parlamentarios, puesto que, efectivamente, el debate, aunque lamentablemente parece que así se ha iniciado, no debe de ser en absoluto, digamos, entre la Junta y uno de los Grupos. Que quede muy claro, evidentemente, que el señor Consejero interviene como en cualquier momento puede intervenir la Junta, si desea aclarar algo, pero no para producir un debate entre el señor Consejero y uno de los Grupos.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Entiendo, entonces, que si el señor Consejero tercia en el debate...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Estaríamos entrando en algo que, efectivamente...

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: habrá una nueva intervención por parte de mi Grupo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor Procurador, evidentemente, en ese caso, digamos, la Mesa nos reuniríamos y acordaríamos, evidentemente, que no habría lugar, digamos, a que el señor Consejero interviniera en ese sentido.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Consejero, cuando lo desee, en los términos, digamos, en que creo que queda claro por parte de todos de que por parte de la Junta puede intervenir cuantas veces lo desee, pero siempre que, digamos, fundamentalmente se trate de aclarar posiciones que a lo largo de las intervenciones que se produzcan en la Cámara desee la Junta aclarar sus posiciones, pero sin entrar, por favor, en debate con ninguno de los Grupos, puesto que lo haría, digamos, el Grupo que vaya a defender la posición contraria, en este caso Alianza Popular. Tiene la palabra el señor Consejero cuando desee.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, Presidente. Trataré de no entrar en debate y sí de aclarar algunas de las afirmaciones. Pero yo comprendo que al señor Portavoz del Grupo Socialista mi intervención le haya pillado con el pie cambiado, pero justamente hemos recurrido a ese ardid para poder aclarar la diferencia entre un texto y otro porque sabía que en el debate no iba a poder entrar después. O sea, que yo lamento que en su larga vida de experiencia política, pues, no haya nunca encontrado una estrategia parecida a esta que, evidentemente, es atípica, pero al que había que entrar aclarando.

El señor Granado ha hecho una afirmación que yo quisiera desmentir rotundamente. Ha dicho que cuando el Grupo Socialista presenta -es una aclaración porque se ha dejado como algo evidente y hay que decir las cosas como son-, dice que cuando se presenta la procesión... la Proposición de Ley Socialista, el Gobierno hace rápidamente, nos inventamos deprisa y corriendo un Proyecto de Ley, cuando justamente las cosas han sido al revés. En el momento en el que la Junta va a proceder a remitir al Consejo de Provincias, como es preceptivo, los Proyectos de Ley de Transferencias recabando su informe, es en ese momento cuando aparece la Proposición, Proposición que habría que aclarar también no se parece prácticamente en nada al Proyecto presentado hace diez meses.

En segundo lugar, aclarar que cuando he hecho referencia al Consejo de Provincias he dicho que no será tan malo nuestro Proyecto de Ley cuando las... el Consejo de Provincias donde están las nueve Diputaciones, sin entrar en debate político, sí pueden hacer una postura, y de hecho hicieron alguna sugerencia que fue admitida en el propio texto.

En tercer lugar no voy a entrar en el tema de las CEAS, si aparece la "e" o la "a", porque eso es elemental, lea cualquier manual y entonces hay veces que por, simplemente, por problemas gramaticales se introduce una letra después de una consonante. Luego, si quiere, para que no me digan que estoy dando clase aquí, pues, no tengo inconveniente en explicar por qué se introduce la "e" frente a lo del CAS que puede tener connotaciones desde políticas a publicitarias.

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Tampoco es... existe una contradicción en distintos niveles de programación. Se puede programar a nivel regional, a nivel provincial, a nivel local y a nivel de barrio distintas cosas cuando están perfectamente coordinadas y delimitadas las competencias de coordinación; luego, no hay tal. Y yo entiendo que confunda lo de los roperos y las casas de beneficencia con la animación socio-comunitaria; evidentemente, si no se sabe lo que es la animación socio-comunitaria no tiene nada de particular confundirlo con esto. Tampoco tengo inconveniente y seguro que el equipo de la Dirección General de Servicios Sociales tendrá inconveniente en explicar a Su Señoría en qué consiste la animación socio-comunitaria, y seguro que no vuelve a confundirlo con los roperos ni con las mesas petitorias.

Aclarar también que nosotros hemos tenido reuniones con el sector implicado en los servicios sociales, que algunas de sus propuestas han sido introducidas en el Proyecto de Ley, y que algunas que han sido presentadas con posterioridad las hacemos Enmiendas nuestras y serán introducidas en su momento. Y, cartas por cartas, también puedo enseñar yo un montón de cartas en las que dice que están de acuerdo con nuestro texto. Quiero decir que ése es un argumento absolutamente desmontable.

Lo que todavía no he conseguido que se nos explique, y puesto que estoy seguro que va a ejercer el derecho de réplica el señor Granado, es que yo pediría que se nos explique cómo en diez meses se puede cambiar radicalmente de postura, porque, Señoría, el texto que presenta hoy frente al de hace diez meses tienen muy poquito en común. Y si es cierto que la realidad social es dinámica, ¡hombre!, no es tanto como para que en el transcurso de diez meses se modifique radicalmente una normativa.

Que hemos tomado cosas de otros textos de servicios sociales de otras Comunidades, lo he anunciado; no descubrió usted nada. Claro que lo he tomado y así lo he dicho al principio. Y, por supuesto, si todavía encontráramos textos mejores, y hemos utilizado también la legislación comparada, los textos vigentes en la Europa actual, y de ahí también hemos tomado cosas. Yo lamento no ser tan original como para inventar algo. Yo prefiero asesorarme de los que saben. Cuando uno sabe hasta donde llega, entonces, lo que tiene que buscar es quien le asesore en determinados temas. El problema es cuando uno cree que se lo sabe todo. Entonces, cuando se está en posesión de la verdad, pues, pasa lo que pasa. Pero hoy por hoy, Señoría, creo que es bastante más utilizable como punto de partida nuestro Proyecto de Ley que el texto alternativo que ustedes presentan. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Por alusiones, digamos, el señor Granado... cinco minutos, por favor, y continuamos con el debate con el Grupo como corresponde.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Una cuestión reglamentaria. Entiendo, porque varia sustancialmente el contenido de la intervención, que no es una intervención por alusiones, sino una réplica normal a quien a sido contradicho en un debate.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): En los mismos términos que antes nos manifestábamos. Con esas matizaciones, de acuerdo, señor Quijano.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Consejero. Su intervención no me ha pillado a contrapie, me ha dejado ensolado, y le vuelvo a señalar. Porque en vez de debatir sobre su Proyecto de Ley, usted no nos ha explicado nada ni de lo que pretende conseguir con su Proyecto de Ley, ni de por qué lo han hecho, ni de cuáles son los aspectos fundamentales en los que se intenta que su Proyecto de Ley llegue adelante, sino que se ha limitado a hacer la comparación entre ambos textos, vuelvo a señalar. Es más fácil encargar a un funcionario que haga un dictamen sobre comparación y luego venir aquí, que tener que discutir sobre lo que decimos, porque, entonces, en vez de hablarse cuarenta y cinco minutos solamente se puedan hablar tres; ése es el problema del someterse a las reglas del juego parlamentario.

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Usted ha vuelto a señalar un hecho que a mí me parece una cuestión muy curiosa ¿no?, y es que la Proposición que nosotros presentamos, el Proyecto de Ley que nosotros presentamos y que se ha convertido en Enmienda a la Totalidad, no se parece en nada al Proyecto de Ley de la Junta... vamos, al Proyecto de Ley de la Junta que hizo público en Mayo del año ochenta y siete. Bueno, yo le puedo dejar a usted los Proyectos de Ley que preparó la Junta en la anterior Legislatura, desde el año ochenta y cinco, y, evidentemente, hay variaciones notables en cada uno de ellos. Lo que sí que es evidente es que todos tienen una línea coherente, y luego lo señala.... Señor Consejero, su Proyecto no tiene una línea coherente, porque ustedes no es que hayan tomado la legislación comparada, ¡ojalá! hubieran tomado cosas de la legislación comparada; han tomado del texto de la Junta del año ochenta y siete literalmente párrafos enteros y luego le han metido otros de su propia cosecha, y alguno hasta de la Ley del Quebec que a lo mejor hasta podría adivinar quien se lo ha podido sugerir, pero bueno, algún alza del Quebec. Pero no han tomado de la legislación comparada lo que es fundamental, y es para qué se hicieron esas leyes y qué es lo que intentaban conseguir, cuál era el estado de los servicios sociales cuando se hacia una ley en un país, en una región, y cuál es el estado que a continuación se pretende crear. Porque ¿quiere que le diga cuál es el estado de los servicios sociales en la región una vez se ponga en marcha su ley?, ¿en cinco años? El mismo que el actual. Exactamente el mismo que el actual. Ningún cambio, señor Consejero. Ni en la financiación de los servicios, ni en el sistema de integración de los centros privados, ni en el funcionamiento de los mismos, ni en la cobertura de la red regional. Ningún cambio. No hagan ustedes la ley. Si la ley les sobra. Si para lo que ustedes quieren conseguir la ley les sobra. Yo no entiendo por qué han hecho la ley.

Usted dice que nosotros somos los que hemos presentado el Proyecto, un Proyecto que llevamos discutiendo hace cuatro años, porque ustedes iban a presentar el suyo. Yo, en ese tipo de debates, pues, no voy a entrar, pero, evidentemente, su Ley, si quiere conseguir algo, está todavía por desconocer.

En cuanto a la animación sociocomunitaria... ¡vamos!. Yo sí que creo que sé qué es la animación sociocomunitaria; por lo menos, tengo mi idea de lo que debe ser la animación sociocomunitaria, no tanto a nivel de concepto como a nivel de imperativo moral, casi. Debe ser esto. Lo que sí también conozco es lo que ustedes están haciendo con el nombre de animación sociocomunitaria. Y ¿quiere que le diga lo que están haciendo en algunas partes? Contratar empresas -que, además, son todos miembros de una familia, de la misma familia-, contratar empresas, con dinero de la Junta, con dinero de la Junta, que hagan programas culturales para las clases medias. Y a mí eso no me parece mal. ¡Hombre!, lo de la familia lo dejo a un lado, me parece mal que sean todos de la misma familia, porque, por muy listos que sean, también podían haber buscado a alguien de fuera. Ni siquiera me parece mal que se contraten empresas. Lo que me parece mal es que eso se llame servicios sociales, porque los servicios sociales están hechos para devolver al ser humano las máximas condiciones de igualdad en la vida social. Esa es su finalidad última: al que tiene una deficiencia específica, se le da un apoyo específico; al que tiene una necesidad concreta, se le apoya en esa necesidad concreta, y se restablece la igualdad, la igualdad originaria que todos tenemos al nacer; incluso, a veces, ni siquiera la tenemos al nacer, en el caso de minusvalías hereditarias.

Pero es que ustedes, con eso, no restablecen ninguna igualdad, ni benefician la libertad de las personas, ni la solidaridad entre la gente. Ustedes están entreteniendo a la gente. Eso está muy bien, pero no lo llamen servicios sociales. Y no utilicen los fondos de la Comunidad afectados a los servicios sociales, o los fondos que reciben del Estado, para pagar eso. Y, luego, digan además que eso es un proyecto moderno. Oiga, eso es el proyecto moderno de los liberales de Manchester del siglo XVIII. Y es que aquí, el que tiene dinero, pues tiene, además, posibilidades de ir a un curso de tiempo libre, que lo organiza la Comunidad Autónoma. Y el que no tiene dinero y está jorobado, pues, más jorobado todavía.

Y hay una cuestión, a la que también ha hecho referencia, y me parece que es importante, en cuanto a las variaciones de nuestra Ley sobre la Ley de mayo del ochenta y siete. Mire usted, al margen de que ambos textos pertenecen a la misma coherencia, al margen de que nosotros hayamos incorporado muchas sugerencias del propio sector a nuestro Proyecto de Ley, lo fundamental del texto que presentó la Junta anterior, en Mayo del año ochenta y siete, y del texto que nosotros presentamos, es una cosa: que la Junta se comprometía a destinar el 6% de sus Presupuestos a servicios sociales para garantizar la puesta en marcha de la Ley. Que los servicios privados iban a quedar integrados en la red pública, integrados por concierto. Que los servicios de la Comunidad Autónoma iban a ser gestionados por los Ayuntamientos y las Diputaciones. O, lo que es lo mismo, que se iba a poner en marcha la red regional.

Con su texto, los servicios van a continuar siendo gestionados por la Junta, a pesar de que ustedes dicen que quieren descentralizar. No van a destinar mayores fondos a servicios sociales, y, porcentualmente, el papel de los servicios sociales en los Presupuestos de la Comunidad disminuye. Y, desde luego, los servicios privados van a tener que seguir dependiendo de las subvenciones, y no se va a ir a una fórmula vía concierto, como existe en el sistema educativo o en el sistema sanitario. O, lo que es lo mismo, nuestro Proyecto de Ley, tanto el del año ochenta y siete como el que presentamos ahora a la consideración de las Cortes, era un Proyecto de Ley para cambiar las cosas, señor Consejero, para mejorar la situación de los servicios sociales de la Región. Su Proyecto de Ley es un Proyecto de Ley para dejar las cosas como están, y para justificar además, en forma de Ley, las chapuzas que están cometiendo día a día en servicios sociales.

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Y por estas razones, por estas razones, no se puede..., uno..., no puede uno salir a la tribuna para justificar un Proyecto de Ley en función de otro. Si, al final de las dos intervenciones del señor Consejero, yo sí que he sacado una cosa clara en cuestión: el Proyecto de Ley de la Junta está concebido en relación al Proyecto de Ley que presentó el Grupo Socialista. Se ha presentado en relación con el Proyecto de Ley que presentó el Grupo Socialista. Tiene que defenderse en relación con el Proyecto de Ley, ahora en forma de Enmienda a la Totalidad, que presenta el Grupo Socialista. Y si no existiera el Proyecto de Ley del Grupo Socialista, no existiría. Y, casi, yo les propondría que para dejar las cosas tal como quedan en la Ley, para dejar las cosas tal como quedan en su Proyecto de Ley, podemos llegar incluso, en el caso de que tuviéramos perdida la votación, a la última forma de consenso parlamentario: retiramos los dos Proyectos y nos tomamos tres meses para hacer una buena Ley. Porque, incluso desde su punto de vista ideológico, muy defendible y muy respetable, son congruentes ciertas cosas. Lo que no es congruente es esta inmensa chapuza que tenemos aquí en forma de Proyecto de Ley y que nos ha obligado a presentar una Enmienda a la Totalidad, al margen de Enmiendas Parciales, porque con las Enmiendas Parciales no vamos a llegar a mejorarlo, vamos a llegar a enmendarlo; y habrá cosas que, evidentemente, corrijamos, pero la propia coherencia del Proyecto va a continuar sin existir, porque este Proyecto no tiene nada, no tiene nada detrás, salvo treinta días de tiempo para presentar un Proyecto de Ley antes de que se discutiera el nuestro en las Cortes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Granado. Para consumir el turno en contra de la Enmienda, por parte del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, don José Eguiagaray tiene la palabra.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Gracias, Presidente. Señor Presidente, señoras y señores Parlamentarios. A mí me gusta mucho oír hablar al señor Granado, y se lo he repetido en más ocasiones, pero hay veces en que tiene que anteponer su facundia, su facilidad de palabra, su rapidez, cuando le faltan, realmente, razones que oponer. Y con eso, con esa maraña de palabras que organiza, pues, parece que tiene razón, porque pone un gran énfasis en sus afirmaciones; pero, evidentemente, no la tiene. Y tiene que acudir a hablar de cómo se gestó esta Ley, de cómo recibió cartas... No, mire usted, señor Granado, hay afirmaciones que usted hace que no son, ni mucho menos, exactas. Y le voy a decir una, concretamente. Dice usted que en el Proyecto de Ley nuestro no se menciona para nada la integración. Tan cerca como el artículo dos está, aparte, después de mencionar la serie de gentes con defectos sensoriales, problemas de adaptar..., es decir, así como los medios para facilitar la integración y el desarrollo comunitario y el bienestar social de los ciudadanos y grupos sociales en general. Ahí va todo el mundo.

Bueno, yo creo que, sencillamente, sencillamente, llevando poco tiempo en política es suficiente para que uno no se sorprenda con facilidad, pero, a pesar de ello, tengo que decir que la presentación de esta Enmienda a la Totalidad a mí sí me ha dejado un tanto perplejo. Porque si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es en la necesidad de esta Ley. Esta Ley era algo necesario, y lo que..., en fin, aunque a usted le moleste, es evidente que ustedes estuvieron cuatro años y que, en esto de acción social o de servicios sociales, en el aspecto legislativo, pues, al final, ustedes tendrían todo lo que quisieran, y lo presentarían en su Partido, pero la realidad es que a esta Cámara nos dejaron con una herencia que ni siquiera la de la gitana, ni siquiera la bata cuajada de lunares: la luna y el sol; no tenemos nada más de ustedes en el tema de acción social.

En realidad, es de todos sabido que la situación actual de los servicios sociales adolece de una serie de defectos que se han repetido aquí por activo y por pasivo, en los cuales yo no voy a insistir mucho más. Se ha hablado de la duplicidad, de la falta de coordinación, del costo elevado por ser ....... en servicios los que los manejan, el hecho de que tanto la Junta como las Diputaciones Provinciales como los Ayuntamientos funcionaran cada cual a su aire... Eso es algo que es tan claro, que no necesita insistir en ello. Y, por consiguiente, hay algo en lo que creo que toda la Cámara está de acuerdo: es en la necesidad de la Ley. Entonces, la Junta ha hecho un gran esfuerzo y presenta una Ley que, recogiendo la experiencia de otras legislaturas, o de otras legislaciones, perdón, aporta datos de originalidad, y que, en muchos aspectos, es la más avanzada de cuantas existen en las distintas Comunidades Autónomas que hoy configuran el Estado español.

La Ley, ¿cómo no?, y se ha dicho también aquí, es susceptible de mejoras, a través de Enmiendas Parciales que estudiaremos entre todos, así como espero rechazada esta Enmienda a la Totalidad. Y, hablando de enmiendas, que es un tema en el que, también en enmiendas, y ustedes mismos, en la actuación suya de hoy, insisten mucho. Habla del tema del 6% como algo obligado en la financiación de esta Ley; porque, lo ha dicho: "ustedes hagan el 6%". Bueno, pues, según tengo entendido, en estos momentos, la Junta tiene comprometido el 13% para estas actuaciones. Entonces, lo del 6%, dejarlo eso en la Ley tiene un peligro grave, porque a eso podría acogerse, al estar en una Ley, el propio Consejero de Economía y Hacienda, a la hora de discutir los Presupuestos, y no dejarnos superar ese porcentaje, lo cual, en cierto modo, conseguiría una acción distinta de la que pretende.

Yo pienso que esta Ley... He leído con todo detenimiento la propuesta suya del año ochenta y siete, la Proposición ésta alternativa y la Ley, y yo no encuentro que haya diferencias sustanciales ni tan importantes, ni tan extensas, como para que se justifique una Enmienda a la Totalidad, un rechazo de la Ley globalmente, y creo que esta Ley sí merece una serie de estudios, en Ponencia y en Comisión, para lograr que se mejore sustancialmente. Pero, desde luego, la suya actual se parece mucho más a la nuestra que a la propia del Partido Socialista del año ochenta y siete. Eso es algo que cualquier lector atento puede comprobarlo con absoluta facilidad.

Aun a riesgo de parecer prolijo, tengo que recordarles que el artículo primero del Proyecto es similar al cuarto de la Proposición. El 3 similar al 5. El 5 similar al 9. Los artículos 8, 9, 10, 11, 13 y 14 son similares al 12. El 17.3, similar al 42. El 19 similar al 45. El 24 es similar al 15. El 25 al 17, el 26 a los 19 y 20; el 27 al 24, el 28 al 26, el 40 al 29, el 41 casi igual que el 31 de la Proposición; y el 43 es similar al 46. No voy a cansar a Sus Señorías insistiendo en este tema, que creo que ha sido ampliamente tratado por el señor Consejero.

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Otras muchas diferencias pues tienen muescas o contenidos, salvo o menos el semántico, y no afectan sustancialmente a la filosofía que ha informado la redacción de esta Ley. En el artículo primero se plantea un problema de "denominación, objeto y ámbito de aplicación", dice la Proposición del Grupo Socialista; "disposiciones generales" lo denomina el Proyecto de Ley de la Junta. La Proposición incluye en este apartado los principios generales en que se inspira la Ley; en el Proyecto de Ley de la Junta se manifiestan en la Exposición de Motivos y a lo largo de su contenido. En la Proposición se describen los Servicios Sociales en general; en el Proyecto se describe detalladamente el objeto del mismo. El Título II tiene, en ambos documentos, contenido parecido: en el Proyecto se habla de la "estructura organizativa"; en la Proposición, de la "red regional de Servicios Sociales". El contenido y la forma de entender los Servicios Sociales es similar en ambas disposiciones. Los dos utilizan la denominación de CEAS con contenido parecido, a excepción de la animación comunitaria, que sí desarrolla el Proyecto de la Junta y no lo hace la Proposición del Partido Socialista. La clasificación de los Servicios Sociales, en la Proposición, se hace en tres apartados: comunitarios, específicos y complementarios; en el Proyecto se contemplan dos niveles: primario o básico, y secundario o específico. Se piensa que la atención llamada complementaria no tiene entidad suficiente para configurar un apartado y, por consiguiente, va incluida en el nivel primario o básico. El Proyecto explica con mayor amplitud la política sobre los colectivos de menores y tercera edad que la Propuesta de Ley. La Proposición señala los establecimientos que componen los servicios específicos; el Proyecto no lo hace.

El Título III del Proyecto y el Título de la Proposición coinciden en su denominación: "De la participación". Se crean Consejos Regionales en ambas disposiciones, con funciones informativas, composición y presidencia similares. La constitución y funcionamiento se fijan reglamentariamente en ambos textos. Los Consejos Provinciales tienen una naturaleza parecida, aunque no sea idéntica. Hay una diferencia: el Consejo Regional del Proyecto tiene también carácter asesor y capacidad de propuesta; en la Proposición suya sólo informativa. En ambos documentos se crean Consejos Sociales de barrio, según una composición parecida: en el Proyecto se llaman de barrio o rurales, y en la Propuesta de barrio o zona.

Y es curioso que aquí, también, esto es el mundo al revés, porque, realmente, la Proposición, o la Proposición de Ley de la Junta es mucho más abierta, mucho más democrática y mucho más participativa que la que ustedes plantean. Eso, se ponga usted como se ponga, señor Granado, la realidad es que la elección de los componentes de los Consejos Provinciales se hace por los propios Consejos, los Estatutos por los propios Consejos, y ustedes tienen tendencia a que eso se haga desde la Junta; ¿quién es aquí el centralista, ........ hace un centralismo autonómico?

El Consejo Social de la Proposición de Ley contempla muy ligeramente la animación comunitaria, el proyecto lo desarrolla ampliamente. El Consejo Social en el proyecto gestiona programas de acción social con carácter de participación; en la Proposición sólo tiene carácter de participación pero sin posibilidades de gestión. La iniciativa privada es recogida en la Proposición en el Título III con...., no, el Título con tres artículos, uno de ellos dedicado al voluntariado; en el Proyecto se hace mención a la iniciativa privada en diversos artículos y dedica uno de ellos, de gran extensión, a este tema.

La Proposición dedica un artículo a las sanciones; no señala cuáles son las infracciones, ni qué sanciones se han de aplicar. El Proyecto emplea una sección con cinco artículos, dentro de su Título IV, explicando cuáles son las infracciones y las consiguientes sanciones que pueden aplicar las Administraciones Públicas de la Comunidad.

El Título IV del Proyecto y el III de la Proposición tienen la misma denominación: "De las competencias". Las competencias de la Junta, Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes y Diputaciones Provinciales son similares en ambas disposiciones. El procedimiento y revocación de las transferencias y delegaciones son similares o iguales al estar ambos inspirados en la Ley 6/86. Ahí lo que sí hay es un defecto de terminología, a nuestro juicio, cuando habla de municipios que son criterio territorial, en vez de utilizar el término "Ayuntamientos", que es un criterio orgánico.

Las transferencias y delegaciones están recogidas en el Proyecto de Ley en su Título V; la Proposición lo recoge en el Capítulo 2, dentro del Título III. Los Títulos VI de ambas Disposiciones tienen un contenido similar con algunas diferencias que detallaremos; la financiación de las CEAS por parte del Proyecto es, al menos, el setenta y cinco por ciento de su coste. En la Proposición existen, según los casos, diferentes tantos por ciento de financiación. La financiación de la Administración Regional y las Locales es igual en ambos casos.

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Señor Presidente, yo no voy a cansarles con más argumentos que, por ser obvios, no precisan de ulteriores explicaciones. Ni los fines, ni los objetos, ni la metodología, ni nada en esta Ley entrañan disparidades tan radicales que justifiquen la retirada del Proyecto. Es más, creo, sinceramente, que al Grupo Socialista le ha complacido tanto su contenido que ha modificado sustancialmente su primera idea plasmada en el Anteproyecto que habían redactado en mil novecientos ochenta y siete. Se me ocurre pensar que aquí lo que prima es un concepto de paternidad o, por mejor decir, una aspiración de paternidad. Lo que realmente no pueden soportar es que la Junta actual traiga a esta Cámara un Proyecto moderno, completo y avanzado, que en muchos matices va más allá de lo que ellos mismos proponen, que es más liberal y democrático en temas vitales, tal cual es en la participación, y que todo ello no encaja en la imagen que de nosotros quieren dar. Somos como somos y no como quieren hacernos aparentar. Hora es de que se decidan, de que se decidan a conocernos, aunque en ningún caso me atrevería a tildarles de indecisos, porque sé muy bien que el que está decidido a no decidirse, no es un indeciso.

Por todo lo expuesto, la postura de nuestro Grupo es clara: solicitamos de la Cámara el rechazo de esta Enmienda a la Totalidad, a la vez que expresamos el deseo de iniciar, en cuanto sea posible, los trabajos de Ponencia y Comisión para que Castilla y León tenga pronto la Ley de Acción Social, que todos sabemos necesita perentoriamente nuestra Comunidad.

Muchas gracias, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Eguiagaray.

Señor Granado, cuando quiera puede...

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. El debate nos fuerza a subir a la tribuna en repetidas ocasiones.

Bueno, el señor Eguiagaray ha terminado su intervención con un juego de palabras, que yo no sé si va dirigido hacia el Grupo Socialista aquello de "los indecisos que no se deciden están decididos a no decidirse...", o al Centro Democrático y Social. Luego, en un posible turno, podemos descubrir a ver quiénes son los indecisos en la Cámara, porque la verdad es que ha sido interesante como trabalenguas pero poco claro en cuanto a destinatario.

Bueno, sobre algunas de las cuestiones que ha suscitado el señor Eguiagaray, vamos a ver si nos entendemos.

Yo, cuando me refería a la integración, lo que me estaba refiriendo es a la integración de los centros privados en la red pública. Pero, claro, ustedes copian. Entonces, como el Proyecto de la Junta en el año ochenta y siete habla del sistema público de servicios sociales, ustedes hablan de sistema de acción social. El problema es que el Proyecto de la Junta decía lo que era el sistema y ustedes eso se lo han comido, porque no les interesaba decirlo. Y nosotros decíamos en el Proyecto de Ley del año ochenta y siete, y lo repetimos en nuestro Proyecto de Ley, que formarán parte del sistema o de la red todos los centros y servicios ubicados o prestados en Castilla y León que dependan de las Administraciones Públicas, de ámbito territorial intracomunitario, que podrán integrarse los centros privados. Claro, esto no se dice aquí, porque se va a un sistema del que formen parte los centros de las Administraciones Locales, ni los centros privados. Se va a otra cosa, que se llama sistema porque como nosotros lo llamamos sistema, algo hay que copiar, y como hay que hacer un proyecto deprisa y corriendo, pues, de alguna manera hay que vestirlo; pero no se dice lo que es, porque si se dijera lo que es se descubriría cómo en la Ley no estaba. Y eso es a lo que yo me refería.

En cuanto a presentarlo ante la Cámara, mire usted, señor Eguiagaray, para presentar un proyecto, como ustedes han hecho, de verdad, creo que le hacen un flaco favor a los servicios sociales de la Comunidad, porque es que hay cuestiones que por mucho que enmendemos -y yo no sé cómo pudo usted decir que nuestro texto se parece al de la Junta, cuando en un Proyecto de Ley que tiene exactamente cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco artículos, hemos presentado noventa enmiendas, y porque hemos tenido que dejar otras noventa fuera porque ya no nos cabía un poco la..., en fin, nos parecía casi mal presentar ciento ochenta enmiendas a un proyecto de ley de ciento cuarenta y cinco artículos-... O sea, cómo pudo usted decir que se parecen. Y, fíjese usted, que aunque salieran aprobadas las enmiendas, todas las enmiendas del Grupo Socialista, seguiría habiendo incongruencias, porque hay incongruencias que son estructurales del proyecto. Y le voy a poner un ejemplo, para que entienda lo que quiero decir, porque yo creo que antes el señor Consejero no lo ha entendido, y a lo mejor yo tampoco me he explicado muy bien.

Bueno, ustedes a la hora de hablar de las competencias de los Ayuntamientos -porque esto es un proyecto descentralizador, y tal-, pues, dicen que los Ayuntamientos tienen las competencias en materia de acción social que establece la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y lo que dice la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local es que los Ayuntamientos, en los términos en que establezca la Legislación de la Comunidad Autónoma, tienen competencias en materia de servicios sociales, promoción y reinserción social. O sea, ¿ve usted cómo lo solucionamos? ¿cómo solucionamos a través de enmiendas parciales ese otro trabalenguas?, que me recuerda al suyo de los indecisos. La Ley Reguladora de Bases dice que tenemos competencias en materia de servicios sociales en los términos que establezca la Legislación de la Comunidad Autónoma, y la Legislación de la Comunidad Autónoma, en su artículo 31, nos dice que tenemos competencias..., que tenemos..., los Ayuntamientos tienen las competencias que dice la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Es que esos son cosas que no tienen solución. O sea, no tienen solución, porque por mucho que te pongas a enmendar, al final siempre te dejas gazapos de estos, y en una Ley que cuida el traspaso de las competencias hay cuestiones importantes.

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La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local dice que "los Ayuntamientos tienen competencias en los términos en que establezcan las Leyes de las Comunidades Autónomas". Sin embargo, en el Proyecto de Ley de la Junta se dice que "en el marco de la programación regional". Pero es que si la Ley dice que los Ayuntamientos son competentes en los términos que establecen las leyes, luego no puede haber un programa, que ni siquiera pasa ante estas Cortes, para decirle al Ayuntamiento que eso no es competente en tal o cuál cosa; eso tiene que ser por Ley. Y nosotros, por ejemplo, es una de las correcciones que incorporamos al final, y ustedes no lo ha incorporado. Porque, la verdad es que han copiado muy mal nuestro texto. O sea, yo creo que los pocos defectos que tenía les han agrandado -el texto del año ochenta y siete-, y, sin embargo, las virtudes que tenía se las han comido todas; o sea, son unos malos alumnos. No es que se hayan confundido en los programas y planes o que hayan dejado frases enteras que no se sabe lo que quieren decir -porque yo podría leer aquí alguna-, es que, además, han copiado mal la estructura del texto; y ese mismo, al final, pues, uno ya no sabe qué hacer. Porque al final se habla de todo sin hablar de nada; se habla del sistema sin saber lo que es el sistema; de las zonas básicas de acción social sin saber lo que son las zonas básicas; se habla de los programas como si fueran los planes y luego se les llama planes, pero no son ni programas ni planes, porque son otra cosa distinta; se habla de un mapa que no se dice ni cómo se va a aprobar, ni quién lo va a hacer, ni qué es lo que va a ser ese mapa... Son todo conceptos que no están en el texto, y, qué vamos a hacer, ¿añadir definiciones en cada una de las enmiendas, a cada uno de los conceptos, que nosotros sí sabíamos por qué los habíamos puesto, pero ustedes no lo saben? Eso es imposible, señor Eguiagaray.

En cuanto a una cuestión que tiene su importancia, también, y es la de la participación ciudadana. Nosotros, evidentemente, queremos que haya la máxima participación ciudadana. Cuando hablábamos de que los Consejos los presida un representante de la Administración competente, nunca nos estamos refiriendo a la Junta; nos referimos al Ayuntamiento o a la Diputación correspondiente. Que pensamos que en un Consejo de tipo participativo debe ser presidido por alguien de esa Administración, como la Junta sí se reserva la presidencia del Consejo Regional de Acción Social en su Proyecto. Es decir, que sus presidencias sí que se las reserva; a quien se las quita es a los Ayuntamientos y las Diputaciones. Lo que pasa es que la participación ciudadana nunca debe ser óbice para que las Administraciones Públicas sean responsables de algunas prestaciones; y ustedes lo que hacen es transferir la responsabilidad, porque todas las funciones de un centro las desarrollan a través del Consejo. Conclusión: si el Consejo no presta determinados servicios es el Consejo responsable. Y no es el centro, no es la Administración Pública. Y hay un principio de titularidad pública que para nosotros es indeclinable, y es que la Administración debe garantizar que se prestan una serie determinadas de prestaciones -y valga la redundancia-, que tienen derecho los ciudadanos a recibirlas; que no es ningún consejo de participación el que lo va a hacer más o menos bien, o más o menos mal, es la Administración competente la que está obligada a hacerlo.

Y, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la financiación, nosotros, en el Proyecto de Ley de la Junta hablamos de una financiación del seis por ciento para servicios sociales. ¡Hombre!, no me venga usted diciendo que la Junta destina el trece por ciento de sus Presupuestos a servicios sociales. Claro, mientras el Gobierno del Partido Socialista -como no hicieron otros gobiernos- siga subiendo las pensiones del FAS, cuando las pongan el cincuenta por ciento, si las sigue administrando la Comunidad Autónoma, la Junta llegará al veinte por ciento de los servicios sociales. Pero porque el Gobierno Socialista, el Gobierno de la Nación -no éste, evidentemente- está subiendo las pensiones del FAS. Nosotros estamos hablando de servicios sociales, no de ayudas económicas, y a ese seis por ciento no se llega. Incluso, yo diría, la animación comunitaria que ustedes están haciendo con el presupuesto de servicios sociales, no es un servicio social, es otra cosa, que a lo mejor está bien o mal hecha, pero es otra cosa. Los servicios sociales son para restablecer una situación de igualdad entre los ciudadanos, para ayudar a una situación de necesidad, no para ayudar al que ya tiene a que tenga más, o al que tiene problemas de ocio a que le entretenga.

Y, por último, cuando nosotros hacemos una descripción pormenorizada de cómo deben financiarse estos centros de servicios sociales, ya sean generales o específicos, y obligamos a la Comunidad a financiar, no sólo los que transfiera a las Corporaciones Locales, sino con los que las propias Corporaciones Locales tengan que crear como consecuencia de esta Ley, lo estamos haciendo porcentualmente y detalladamente, lo que no hace el Proyecto de Ley de la Junta. Usted se ha referido, señor Eguiagaray, a una enmienda que ha presentado su Grupo Parlamentario, que también tiene sus defectos, pero de la cual yo no puedo pronunciarme aquí, sobre la que no puedo pronunciarme aquí, porque espero que ni siquiera tengamos la ocasión de debatirla; espero que nuestra enmienda todavía triunfe.

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Pero ustedes, en su Proyecto de Ley -no en la enmienda que ha presentado Alianza Popular- no hablan de porcentajes de financiación, no hablan nada de nada en el Título ese de la financiación. Lo único que dicen es que todas las Administraciones Públicas deberán financiar; como si no estuvieran debiendo financiarlo ya, como si para esto necesitáramos una Ley de Acción Social.

En conclusión, señor Eguiagaray, mire, su proyecto no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Y si tuviéramos tres horas de tiempo para analizarlo aquí y analizar artículo por artículo, y viéramos las correcciones que ustedes han hecho a los textos que nosotros les dejamos en la Consejería, de verdad que nos causarían todavía más preocupación, porque hay algunas correcciones que ni siquiera se sabe a dónde van, que ni siquiera se sabe a dónde van, como, por ejemplo, la corrección esa de desvincular las transferencias a las Corporaciones Locales de la planificación regional. Es una cuestión de un carado impresionante. Es que yo le transfiero un servicio a una corporación local y la obligación y la titularidad de la función, y no le voy a transferir el dinero para crear nuevos servicios; le transfiero una guardería y le transfiero la obligación de crear guarderías. Menudo negocio van a hacer las Corporaciones Locales como tenga que aplicarse la ley en esos términos, menudo negocio van a hacer; "es un muerto de cuidado" -si se me permite la expresión-, porque les van a transferir uno y le van a exigir que hagan cinco. Y esto no es posible corregirlo con enmiendas parciales, porque, de verdad, aunque aprobáramos todas las enmiendas del Centro Democrático y Social, aunque aprobáramos todas las enmiendas del Partido Socialista, aunque rehiciéramos la ley desde el principio, como le falta el hilo conductor, y el hilo conductor que le falta es a dónde quiere llegar, y a donde quiere llegar es a una red regional basada en la planificación, y eso ustedes no lo quieren, no lo quieren de nombre y no lo quieren de hecho, no tiene solución. Es una Ley que deja las cosas como están, y para dejar las cosas como están no hacen falta leyes; las leyes se hacen para cambiar algo, y en el caso de los servicios sociales es necesario cambiar muchas cosas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Granado. Señor Eguiagaray.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Gracias, Presidente. Quiero dejar clara una cosa que antes se me había pasado, que es afirmar rotundamente que la Junta no tiene contratada ninguna plaza familiar en Burgos. Quizá el señor Granado en su fijación personal le hace confundir al Ayuntamiento con la Junta -lo someto a su consideración-.

Señores Parlamentarios, entre los muchos defectos que yo pueda tener, hay uno que no se puede achacar, que es el de la pesadez, por eso voy a terminar muy brevemente. Además, que siempre recuerdo un ejemplo que conozco de hace muchos años, y es que ya, en la última década del siglo pasado creo que apareció una revista alemana un artículo que ocupaba sólo media página y lo firmaba un tal señor Roentgen; en él comunicaba que acababa de descubrir los rayos equis. Salvando las distancias, creo que, en fin, para decir cosas serias no hacen falta muchas palabras, y a veces las cosas que no están muy claras hay que ocultarlas bajo el ropaje o la hojarasca, en ocasiones, de una gran cantidad de palabras.

Yo no voy a entrar en otras pormenorizaciones, más propias de Ponencia y Comisión -a la que creo que llegaremos-, pero únicamente sí voy a recalcar una alusión muy breve que hice en mi intervención anterior, que es la que hice a la paternidad. Yo tengo la convicción -y de ahí viene, en fin, un poco la excitación del señor Granado-, tengo la convicción de que la criatura les ha gustado a los señores socialistas. Pues, entonces, si les ha gustado la criatura, apadrínenla ustedes, contribuyan a que se desarrolle fuerte y sana, pero no intenten, cambiándola de nombre, cambiándola de nombre, el apoderarse de la paternidad, que corresponde a sus legítimos progenitores. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Un minuto solamente, por favor, si es que...

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, vamos a ver. Señor Eguiagaray, vamos a ver, yo aquí no voy a meterme en temas del Ayuntamiento de Burgos, pero ya que usted ha suscitado el tema, le voy a decir, porque ése es el ejemplo exacto de lo que ustedes están haciendo en servicios sociales. Fíjese usted, la Junta le concede al Ayuntamiento de Burgos una subvención. El Ayuntamiento de Burgos, con esa subvención, no se gasta ni un duro, ni crea un Centro; y, entonces, como ve que se le termina el año y que tiene que justificarla saca una convocatoria, de la cual tengo... Si pudiera revolver un poco los papeles tendría copia ........... ; saca una convocatoria en la prensa de Burgos pidiendo la contratación de quince animadores socioculturales, tres de los cuales que han sido contratados eran miembros de esa empresa familiar a la que yo me refería antes. Y eso es el dinero de servicios sociales que ustedes se gastan; y para eso: para contratar quince animadores socioculturales por "El Diario de Burgos" cuando faltan tres meses antes de terminar el ejercicio. Y a eso ustedes lo están llamando servicios sociales. Es decir, ¿se da usted cuenta, señor Eguiagaray, de para qué sirven las leyes que ustedes hacen? Pues, para que eso se generalice a toda la Región. Ese es el modelo que ustedes intentan imponer en toda la Región.

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Y fíjese usted, señor Eguiagaray, lo de la paternidad ya... Hombre, no me diga usted que nos ha gustado el Proyecto de Ley de la Junta, porque, de verdad, es que ya no he hecho más enmiendas... ya no hemos hecho más enmiendas el Grupo Socialista porque es que ya, ya le digo, le vuelvo a repetir, nos daba vergüenza presentar más enmiendas. Si hay artículos que los hemos enmendado hasta doce veces, porque es que... Y aún así, aún así, si se aprobaran todas, pues, todavía acabaría sin quedar del todo bien. Es que ya no hay más remedio. Pero, mire, le voy a decir una cosa: yo estuve presente este año en unas jornadas preparatorias del Congreso Estatal de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales, que ha tenido lugar en Oviedo en Julio de este año, y les pasé el Proyecto de Ley de la Junta, y ahí sí que les gustó muchísimo. Lo utilizaban como el tebeo, les gustaba horrores, se reían un montón. Incluso en alguna de las Ponencias hay referencias.

Claro, cómo voy a decir que nos va a gustar. Mire, de verdad, consenso parlamentario, lo que ustedes quieran en esta materia; pero a cambio de que, por favor, nos quiten este texto que han presentado de delante, porque es que no podemos hacer nada con él.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Mixto ha renunciado a su turno de intervención para explicar su posición, y, por consiguiente, damos la palabra, para fijación de posiciones, al otro Grupo, al Grupo del CDS. Puede intervenir, digamos, don Angel Agudo en representación del Grupo.

AGUDO BENITO

EL SEÑOR AGUDO BENITO: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Al Grupo Parlamentario del CDS le hubiera gustado encontrar y escuchar esta tarde en esta Tribuna argumentos y fundamentos jurídicos, doctrinales, prácticos e, incluso, de oportunidad, que le hubieran impulsado con claridad a optar bien por el Proyecto de Acción Social presentado por la Junta de Castilla y León, bien por el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, como texto alternativo, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero ello no ha sido así, y no ha sido así, por una parte, porque entendemos que ambos Proyectos -por decirlo eufemísticamente- creemos que son manifiestamente mejorables, y, por otra parte, creemos que ambos Proyectos, a pesar del esfuerzo que han mantenido tanto el señor Consejero en la presentación del Proyecto, como el señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en manifestar las discordancias y las diferencias entre uno y otro, se parecen entre sí como dos gotas de agua, a excepción del tratamiento dado a la iniciativa privada en materia de servicios sociales. Tan es así que se parecen uno y otro Proyecto que, para el Grupo Parlamentario de CDS, adolecen los dos hasta de los mismos vicios.

Decimos que se parecen uno y otro Proyecto porque ambos están basados en los mismos principios, incluso la Junta de Castilla y León ha adoptado en los propios principios de su Proyecto de Ley el tan denostado, en otras intervenciones, por parte de miembros de la Junta o del Grupo Parlamentario que la sustenta, del principio de planificación; bien es verdad que unas veces denominándole programación y otras veces denominándole planificación.

Asimismo, se parecen los dos Proyectos porque ambos se basan en iguales fundamentos jurídicos. Y no podía ser por menos, porque éstos están específicamente tasados; son el Capítulo III del Título I de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Cooperación con las Entidades Locales.

Y ambos Proyectos están estructurados casi en los mismos títulos y capítulos. Bien es verdad que lo que en un Proyecto es un título en otro es un capítulo, y en lo que en uno es un capítulo en otro es un título; pero ambos tratan de la financiación, ambos tratan de la descentralización, de las transferencias, de la delegación de funciones; ambos tratan de la participación del voluntariado, ambos tratan de la organización y estructura de los servicios sociales y ambos tratan del objeto del sistema de acción social.

Pero, así como entendemos que ambos Proyectos de Ley son idénticos, efectivamente, hay una cuestión que les diferencia enormemente, y es el... vamos, es única, pero es el tratamiento de la iniciativa social o de la iniciativa privada. El Proyecto de Ley de Servicios Sociales del Partido Socialista Obrero Español, en el texto alternativo, la iniciativa social yo creo está tratada de forma que, realmente, lo que se coarta es tal iniciativa privada, tal iniciativa social. Y lo que se hace, efectivamente, es el integrarla en el sistema de la red de servicios sociales de la Junta de Castilla y León en el Proyecto, pero coartando esa iniciativa social de tal forma que viene a ser una especie de estatalización -no sé cómo sería la correspondencia en la Junta- de la propia iniciativa social.

Y para el Proyecto de Ley de Acción Social de la Junta de Castilla y León, que parece, de alguna forma, liberalizar -con lo que nosotros estaríamos de acuerdo- el tratamiento de la iniciativa particular, de la iniciativa social, pues, creemos que es un espejismo tal liberalización. Porque, por una parte, la iniciativa social la desvincula de la integración del propio sistema de servicios sociales, lo que no estimamos correcto; pero es que, además, la liberalización que hace, efectivamente, adolece de un cierto paternalismo, por lo menos a nuestro entender. Porque a la iniciativa social le prohíbe, de alguna forma, participar en los Consejos Provinciales. Por otra parte, le priva de cualquier actuación o cualquier actividad, en cuanto a los servicios básicos de acción social, que para nosotros también supone un craso error. Y por fin, y por fin, la deja reducida, o el sistema de interacción con el propio sistema de Castilla y León puede quedar reducido a la simple subvención, lo que tampoco estaríamos de acuerdo con este sistema.

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Y decimos que, incluso, los dos... -volvemos y retomamos la posición anterior-, de que incluso son comunes a los dos Proyectos los vicios, porque ambos, ambos Proyectos, tanto el de Acción Social de la Junta de Castilla y León, como el del texto alternativo de la Ley de Servicios Sociales del Partido Socialista Obrero Español, estimamos que adolecen de un dirigismo de la Junta respecto a la delegación, desconcentración y transferencia de los servicios sociales. Y esto es así porque las facultades y las funciones que otorgan a los organismos descentralizados y a los organismos o a las competencias transferidas, pues, les hurta toda la posibilidad de actuación e iniciativa y de programación. Pero es que hay un detalle concreto, que, de todas formas, que ambos Proyectos quedan desvirtuados en este sentido, y es el dirigismo de la Junta cuando, en las Comisiones Provinciales y en... en los Consejos Provinciales y en los Consejos Municipales de Acción Social, establece la necesidad de que en ellos o en ambos participe un miembro de la Junta de Castilla y León, cuando ya el Congreso Regional de la Junta de Castilla y León está presidido por un miembro de la Junta y participan en la misma, y es a la que se concede el establecimiento o la programación de los servicios sociales.

Otro de los vicios comunes, que creemos, de los que adolecen los dos Proyectos de Ley, aunque por parte del Portavoz del Partido Socialista se ha tratado de desvirtuar, es el que ambos -y creo que lo volvemos a mantener- hacen muchísimo más hincapié, muchísimo más hincapié, en la asistencia social que en el derecho de los ciudadanos a tales servicios sociales. Y en correspondencia, hacen mucho más hincapié en el tratamiento que en la prevención.

Por todas estas consideraciones entendemos -y no es una indecisión, como han pretendido los Portavoces de los miembros... los Portavoces de los Grupos Parlamentarios que nos han antecedido en el uso de la palabra, y digo no es una decisión, sino una postura bien decidida-, entendemos, que el Grupo Parlamentario del CDS debe abstenerse en cuanto a la Enmienda a la Totalidad. Y digo que debe abstenerse -y creo que no deben reírse-, digo que debe abstenerse, y voy a dar tres razones o tres fundamentos en virtud de los cuales esta abstención es posible: un primer argumento de oportunidad, que consiste en que -y ya es una pena- de todas las Autonomías existentes en el Estado Español, creo que quedan sin Ley de Servicios Sociales la de Cantabria y ésta, porque también faltaba en Valencia y creo que ya la tienen; y el hecho de demorar el Proyecto de Ley, pues, supondría demorar el tener la Ley de Acción Social o de Servicios Sociales, dependiendo de cómo quede la redacción final. Y además, también, en este argumento de oportunidad, creemos que el hecho de que el Proyecto de Ley de Acción Social de la Junta de Castilla y León haya pasado el trámite del Consejo de Cooperación, pues, es un dato importante a efectos de rapidez, en cuanto a la tramitación del Proyecto.

Hay un segundo argumento de formalidad jurídica, que es el que viene establecido en el artículo 110 del Reglamento de estas propias Cortes, porque, como hemos antes expuesto, creemos que los principios y la oportunidad es la misma, tanto en un Proyecto de Ley como en otro, y entonces no cabría dentro de la Enmienda a la Totalidad.

Y un tercer argumento práctico, porque creemos que el Proyecto de Ley de Acción Social de la Junta de Castilla y León, con las sesenta y dos Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de CDS y alguna más que puedan aceptarse de las presentadas por el Grupo Socialista, puede quedar, o puede resultar, o puede darnos como final, pues, una Ley, al menos, digna.

De todas formas, yo no sé si jurídicamente, o formalmente, o desde el punto de vista del Reglamento de estas Cortes es posible, a mí no me dolerían prendas en adherirme a la postura que ha manifestado el señor Granado en la última intervención, en el sentido de retirar los dos Proyectos de Ley y consensuar uno nuevo. Pero, de todas formas, en cuanto a la totalidad del Proyecto de Ley, a la Enmienda a la Totalidad, la postura del CDS va a ser la de abstención. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, Señor Agudo. Señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Simplemente para hacer una referencia a la última alusión del Portavoz del CDS. Y era para decir que nuestro Grupo está de acuerdo, estaría de acuerdo en que se retirara el Proyecto de la Junta y se retirara la Enmienda a la Totalidad y que se consensuara entre los Grupos Parlamentarios una Ley de Servicios Sociales propia, y que estimamos que eso supondría una innegable mejor base técnica para el debate que la que se va a producir.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): No es posible. Muchas gracias, señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Yo pediría... Señor Presidente, yo pediría que la Junta, en todo caso, dijera si está dispuesta a retirar su Proyecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Si no dice lo contrario, demuestra, evidentemente... quien tendría que retirar, digamos, sería la Junta, y si la Junta, evidentemente, no indica nada en contrario, pues, quiere decir que se mantiene el trámite parlamentario tal como está en este momento.

Procedemos pues a someter a votación la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Acción Social.

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En consecuencia, quienes estén a favor de dicha Enmienda, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse.

El resultado de la votación es: votos emitidos, ochenta y dos. A favor: treinta y uno. En contra: treinta y cuatro. Abstenciones: diecisiete. En consecuencia, queda rechazada la Enmienda a la Totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Acción Social.

El señor Secretario procederá a dar lectura al tercer punto del Orden del Día, antiguo segundo punto del Orden del Día, según la....

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Tercer punto del Orden del Día: "Interpelación del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, relativa a política general de la Junta de Castilla y León sobre asistencia sanitaria".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El representante del Grupo Interpelante puede acudir al estrado para hacer la exposición de la Interpelación durante un periodo de diez minutos.

...Esperamos un minuto..., Godofredo, esperamos un minuto...

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías. Hace quince meses que comenzó una nueva Legislatura en estas Cortes...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ...Un segundo, un segundo para que... Silencio, por favor, aquellos señores Procuradores que deseen abandonar la sala que lo hagan lo más rápidamente posible para que podamos seguir los debates...

Don Godofredo, puede hacer uso de la palabra.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Como decía, hace quince meses que comenzó una nueva Legislatura en estas Cortes, y de ella salió la actual Junta y una organización distinta, refundiéndose Cultura y Educación con Sanidad y Bienestar Social. Es decir, se creaba una gran Consejería que agrupaba los dos temas más trascendentales ante un posible traspaso de competencias por el Gobierno Central, como son las de Educación y Sanidad. Esta Consejería tenía la obligación de crear la infraestructura necesaria para poder recibir adecuadamente estas materias.

Es hora de conocer qué se ha hecho en este año y qué se va a hacer...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Ruego al señor Procurador que se acerque un poco más al micrófono porque parece ser que no le escuchan. Muchas gracias.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: -De nada-. Qué medidas se van a tomar y qué desarrollo va a tener durante esta Legislatura, con el fin de preparar a esta Comunidad para poder gestionar la Sanidad si al fin nos es transferida.

En este año y en este Hemiciclo se han debatido casi todos los temas importantes y menos importantes que atañen a nuestra Comunidad, excepto el tema sanitario, por lo que echábamos de menos un debate sanitario en Castilla-León.

Bien es verdad que el discurso de investidura del señor Aznar no hizo mención prácticamente al tema sanitario, seguramente porque no lo creía necesario o importante; pero alguna cosa nos prometió, como un Proyecto de Ley regulador de la Hacienda Pública en Sanidad, de la Acción Pública, perdón, que si bien es verdad que no va a regular materias, sí lo va a hacer en la distribución o redistribución de competencias entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales. Aunque nos quedamos sin conocer su política sanitaria sí esbozó algunas actuaciones, y así dijo: "Prever la asunción de nuevas competencias por la Comunidad Autónoma, preparando para ello a nuestra Administración. Diseñar el mapa sanitario. Buscar una completa coordinación de recursos con otras Administraciones, especialmente la Local". En la réplica a estas manifestaciones, el CDS hizo hincapié en el grave déficit de la región en materia hospitalaria, y del peligro de las transferencias a entidades locales en esta materia, siendo más partidario de las delegaciones muy meditadas.

Por ello, queremos saber el estado en que se encuentra la Sanidad en nuestra Comunidad actualmente. Sobre todo, estamos preocupados después de leer a don Felipe González este verano aseverar: "La Sanidad está a punto de estallar en España". Y lo malo, si Dios no lo remedia, es que tiene toda la razón, y mucho de culpa. Pues bien, el CDS no quiere ni que estalle el problema sanitario, ni tampoco ser cómplice de la explosión si al final y a pesar de todos nuestros esfuerzos se lleva a cabo.

Ante los últimos hechos y manifestaciones en materia sanitaria nos parece que en la defensa de la Sanidad Pública nos vamos a quedar bastante solos en este Hemiciclo, pues, unos por el sistema mixto y otros por el previsto, parece que se está abandonando la defensa de la Sanidad Pública, general, de calidad y gratuita.

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El nueve de septiembre podíamos leer en un periódico de opinión: "Coartada perfecta del Gobierno para privatizar la Sanidad. La extensión de la asistencia global es el primer paso hacia el modelo mixto. Todos los ciudadanos tendrán cubiertas sus prestaciones básicas, asistenciales y sociales, pero, por contra, existirán prestaciones complementarias que el ciudadano tendrá que pagar por su cuenta al destino de las pólizas de jubilación". Para Comisiones Obreras se trata de resucitar una nueva beneficiencia, con una menor inversión para el sector público. No olvidemos que en España es el país que menos tanto por ciento del Producto Interior Bruto asigna para la sanidad de Europa, al ser el 5%, Portugal el 6%, y otros países de Europa llegan hasta el 11%.

Es indiscutible, pues, que aquí algo está pasando. Nos tememos que después de introducir en los últimos siete años a más de seis millones de beneficiarios, ahora este nuevo millón y medio de asegurados puede llevar a un deterioro general de la Sanidad Pública, y con ello poner las bases a la privatización del sector, a no invertir en tecnología y personal lo suficiente para hacer competitivos a los hospitales públicos.

El señor Consejero nos decía en la sesión celebrada el día siete del diez del ochenta y siete: "Lograr la adecuada programación que satisfaga las necesidades regionales con el apoyo de todos los sectores públicos y privados. Quiero decir que caminaremos todos juntos, bien es verdad que no revueltos". Enigmática frase que puede llevar aparejadas ideas muy concretas de actuación.

Ya sabemos que en el Anteproyecto de Ley del Servicio Catalán de Salud se incluye a entidades privadas en la gestión de centros sanitarios públicos y semipúblicos, Proyecto muy contestado por parte de la izquierda catalana.

Para nosotros, el CDS, la sanidad pública es algo que no sólo hay que mantener en sus niveles actuales, sino que se debe de potenciar cueste lo que cueste, y ello por dos motivos esenciales: primero, porque sólo así la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país tendrán acceso a una asistencia que conlleva muchos gastos y alta tecnología, sin tener que hacer un esfuerzo económico suplementario que para muchos puede llegar a ser insoportable (como está sucediendo actualmente con la salud bucal, que pocas familias pueden acceder a ellas sin un grave deterioro económico). Sin una buena y completa sanidad pública sólo tendrán satisfactorios servicios sanitarios las clases de rentas más altas, y los demás estarán medio asistidos entre el INSALUD y pólizas de seguros privados.

La segunda razón es que yo creo firmemente que durante mucho tiempo la mejor medicina se ha realizado en la Sanidad Pública; a pesar del señor Lluch que a punto estuvo de acabar con la red hospitalaria del INSALUD al politizar los hospitales y desnaturalizar los servicios, y a pesar de que ha descendido considerablemente en estos últimos años la calidad en estos centros, sigo afirmando que, aún así, es en los hospitales públicos en donde se realizan las mejores asistencias, con la mejor técnica en términos globales. Pero también creo que si continúa el deterioro como hasta ahora, llegaremos a un punto de inflexión en que será imposible no ya dar calidad, sino ni siquiera asistencia y esto, sin duda, será aprovechado, como ya está sucediendo, por las multinacionales de la salud.

Estamos pues en un momento crucial para definir nuestra política y optar por potenciar nuestra Sanidad Pública o dejarla morir lentamente, sabiendo que esto último sería irreversible.

Nosotros como Comunidad Autónoma también tenemos algo que decir sobre ello, puesto que la responsabilidad no es sólo del Gobierno Central en el Estado de las Autonomías, al menos no debe de serlo, ni nosotros dejar que así sea.

Por estas razones y otras más, nosotros defendemos la necesidad de una Sanidad Pública suficiente, técnica y personalmente, para prestar la asistencia más adecuada a nuestro pueblo. De acuerdo que tendremos que definir entre todos cuál creemos que es esa asistencia suficiente.

Estamos pues muy interesados en saber cómo se desarrolla la labor de esta Consejería en las parcelas que tenemos asignadas en materia sanitaria, También nos gustaría conocer las medidas que se están empleando para llegar a la asunción de competencias en Sanidad lo antes posible, y qué política va a seguir este Gobierno. Es decir, conocer el grado de cumplimiento de las promesas realizadas hace un año por el señor Consejero, que decía: "Implantación del sistema informático en servicios periféricos, registro de cáncer y diabetes, cartilla del diabético, dotar a los trescientos cuarenta y tres farmacéuticos titulares de la capacidad analítica y de intervención precisa, potenciar los programas de orientación familiar, programas de detección del cáncer genital femenino (sabemos que se están llevando estudios citológicos en algunas poblaciones), elaborar un documento de salud infantil, programas de salud escolar con implantación de la ficha escolar, publicación del mapa sanitario, comisión coordinadora de asistencia sanitaria, coordinación con las diputaciones para pasar a la integración". Lo dijo usted -durante mucho tiempo además- el primer día.

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Bien es verdad que en cuanto a la sanidad rural y a la asistencia no hospitalaria poco se puede discutir. La política ya se encuentra más o menos determinada: serán los centros de salud los que marquen la nueva pauta de asistencia no hospitalaria, junto con los consultorios médicos. No nos cabe duda que, en principio, es la forma más racional de actuación; con ello se libera al médico de un trabajo en soledad y continuado, y se le da apoyo al trabajar en equipo y el descanso necesario. En estos centros se podrán hacer valoraciones más fundadas, mejores diagnósticos al contar con mayor y mejores técnicas, más brillantes tratamientos en suma; también una mejor y más planificada educación sanitaria de la población, estudios epidemiológicos, medicina preventiva, etcétera, etcétera. Pero, en esto tenemos que ser sinceros: durante algunos años las cosas no van a ser como deberían de ser. Las zonas rurales en las que no existen centros de salud tienen la sensación de encontrarse desfavorecidas, habiendo perdido su médico en el pueblo y ganando poco por esa pérdida. En apoyo de la idea anterior se encuentran las manifestaciones de la Coordinadora del bajo Duero que en las jornadas sobre la sanidad rural así lo manifestaba, pidiendo, entre otros: servicios mínimos sanitarios en cada pueblo, consulta y presencia de médico en cada pueblo, farmacia y botiquín de urgencia en cada pueblo, en cada zona o centro de salud un equipo de atención primaria con ambulancia equipada y capacidad de resolver urgencias, centros comarcales con especialidades ordinarias (pediatría, odontología, ginecología, radiología y análisis, urgencias y rehabilitación). Estas peticiones nos muestran que nuestros pueblos se encuentran en cierto desamparo y que lo que actualmente les ofrecen los centros de salud no les satisface. Y no les satisface porque los centros de salud en buen número siguen siendo expendedores de volantes para el nivel superior, que ahora al suprimirse las especialidades de ambulatorios son los hospitales. No tenemos dotados en material y en personas idóneas nuestros centros de salud, salvo raras excepciones, y vuelvo a repetir que éstos, bien utillados, pueden ser muy útiles. Pero no olvidemos un informe sobre los centros de salud que dice: "Primero, se observa un mejor papel prescriptor de los generalistas MIR. Segundo, menor consumo farmacéutico, un 30%; menor proporción de bajas; aumento de las peticiones de exploración radiológicas y analíticas (como no podía ser menos); la diferencia entre MIR y médicos de APD es mayor en los centros de salud y menor en los consultorios". Observemos esta última afirmación, el trabajo de los médicos con formación MIR se desarrolla mejor en los centros de salud y no se observan grandes diferencias en el trabajo en los consultorios médicos. Quiere esto decir que el trabajo de los médicos en la formación MIR no tiene diferencias notables al realizar su labor en centros de salud o en los consultorios médicos que tienen una mejor técnica y mayor tiempo para su asistencia. Y aquí, creo yo, estriba uno de los errores en esta nueva concepción de la asistencia primaria. Se ha dejado como forma única los centros de salud, integrando en ellos a los médicos de distintos pueblos de la zona, y como escalón superior a ellos el hospital. Debería, con arreglo a este estudio, modificarse algo esta política, al menos hasta que la mayoría de los médicos provengan del MIR y sean capaces de sacar el rendimiento apropiado a los medios disponibles y que nosotros estamos dando. Tendrían que continuar los médicos rurales con sus consultorios y dedicación exclusiva en sus pueblos, y así estos no se sentirían insatisfechos y abandonados, y el siguiente escalón de asistencia serían los centros de salud, con médicos, a ser posible, con formación MIR, muy directamente conectados al hospital y con las especialidades básicas funcionando en estos centros de salud. De este modo saldría beneficiada la relación médico/enfermo, la asistencia primaria al funcionar debidamente los centros de salud, y los hospitales al ver disminuir su demanda de asistencia.

Se ha dado un paso importante al definir las zonas de salud; gracias a ellos podemos ubicar cada centro de salud y a los equipos de atención primaria, zonas de salud de ubicación de los centros que tendrán que redefinirse con el paso del tiempo y los problemas que naturalmente vayan surgiendo. Pero ahora nos encontramos con el siguiente reto, que es la delimitación de las áreas de salud y con ello pasamos al problema fundamental que son los hospitales de la Comunidad y su política futura. En este momento, y al no estar definidas dichas áreas en nuestra Comunidad, no tenemos designados los hospitales de referencia, absolutamente necesarios para nuestra labor asistencial diaria, al ser ellos los que deben de tener las superespecialidades en la región y las técnicas de diagnóstico y tratamiento más de vanguardia. Nos encontramos con que no conocemos exactamente el número de camas con que cuenta la región, los servicios de cada hospital, el grado de equipamiento de éstos, etcétera, etcétera. Con lo que nos es difícil poder planificar sin estos datos una política hospitalaria futura, aumentando los servicios deficitarios en nuestra región, creando los que no existan y eliminando los duplicados sin sentido.

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Sabemos a quién pertenecen los hospitales y su gestión: al INSALUD, a las Diputaciones y Corporaciones Locales, a la Autonomía, el Ejército, a la Iglesia y a entidades privadas. No tenemos, o yo no conozco, un estudio serio de la valoración de cada uno de estos centros: para qué sirven, qué hacen, qué asistencia prestan o pueden prestar, cómo se pueden complementar con los demás. También sabemos que no existe coordinación entre los diferentes hospitales, que la gestión no se encuentra unificada y por tanto la planificación es imposible. En los hospitales pertenecientes a la Autonomía se está viendo que existen serios problemas que no es capaz de atajar esta Consejería: problemas en Soria, en Zamora, en Benavente, en Burgos; problemas de gestión, de personal, de planificación, de función. En los hospitales gestionados por las Diputaciones no se ha adelantado nada en su coordinación, a pesar de las promesas del Consejero; todo lo contrario, cada Diputación hace y deshace a su antojo. Usted sabe que entablan conversaciones por separado con el INSALUD a pesar de lo que le prometieron, abren servicios innecesarios, ofertan prestaciones que ya existen, muchas veces están en manos de personas muy poco competentes en la materia y éstas son las que toman las últimas decisiones, como usted mismo reprochaba no hace mucho en su intervención ante la Comisión de Bienestar Social.

En cuanto a los hospitales... No he dicho todos, he dicho a veces. En cuanto a los hospitales responsabilidad del INSALUD, todos sabemos cómo nació esta red. A caballo del auge económico de los años sesenta se hizo la tentativa de dotar a la Administración de una red hospitalaria propia. Con buen criterio, el doctor Martínez Estrada copió en formas americanas y europeas parte de su creación; se crean entonces los mejores hospitales, como "La Paz", "Puerta de Hierro", "La Fe", o el "Francisco Franco"; y sobre todo se crean con ideas nuevas. Ideas de jerarquización, de trabajo en equipo, de gran tecnología, de buena preparación, de sueldos suficientes y, sobre todo, de formación de post-graduados; estos van a llevar, con su técnica aprendida en esos hospitales, van a aumentar y a mejorar la calidad de la medicina en toda España.

Pero a pesar del gran sacrificio económico que representó crear la actual red hospitalaria, continuamos teniendo un número de camas por habitante ínfimo, y más aún en Castilla y León, donde ese esfuerzo no fue significativo. Por otro lado, al aumentar la población cubierta por la asistencia estatal, llegando actualmente a la práctica universalización, se hace más patente este déficit. Por ello estamos aún, si cabe, más obligados en Castilla y León a utilizar bien y de manera completa los recursos existentes. Pero, y me es triste decirlo, una de las características principales en los últimos años ha sido la falta de diálogo entre el INSALUD y los hospitales regidos por las Diputaciones, lo que hizo que un gran número de camas no hayan podido utilizarse y así entrar en la red asistencial de nuestra región. Ello ha producido, por un lado, aumento del déficit de camas hospitalarias y, por otro, aumento de las pérdidas económicas en las Diputaciones provinciales. Por esta política los enfermos no tenían acceso a estos hospitales, teniendo que guardar grandes esperas. Este problema se vio agravado al prescindir drásticamente el INSALUD de sus conciertos con las clínicas privadas.

Así pues, en Castilla y León la política sanitaria se ha caracterizado por una mala gestión hospitalaria, agravada al rescindir los contratos anteriores con las Diputaciones y clínicas privadas, lo que ha llevado a no poder dar respuesta a la demanda de asistencia pedida por la población. Población que aumentó grandemente con la entrada en el régimen general de agricultores y autónomos. Parece, pues, es evidente la necesidad que tiene la Junta de negociar los convenios, en nombre de todas las Diputaciones, con el INSALUD, o, si esto no es posible, hacerse cargo de la gestión de estos hospitales para ir creando un marco adecuado. Como también es imprescindible cooperar con el INSALUD para obtener una mayor eficacia de los recursos regionales. Coordinemos, pues, nuestra política hospitalaria con la mayor red que existe en nuestra Comunidad, para después hacer posible la integración de todas ellas en una política común. Porque usted dijo: el objetivo básico de la actual Administración de Castilla y León es la creación de una red asistencial regional única de carácter hospitalario. Pero para llegar a ello tendrá que dar los pasos necesarios, que para nosotros son: una gestión única, coordinación hospitalaria, servicios unificados o coordinados, supresión de especialidades duplicadas y creación de otras nuevas, así como de nuevos hospitales comarcales según un plan de necesidades. Todo esto puede discutirse y mejorarse si es preciso, pero lo absolutamente evidente es que necesitamos crear la infraestructura necesaria para poder algún día gestionar la sanidad en Castilla y León. Eso pasa necesariamente por organizar y crear nuestro servicio regional de salud.

Mis preguntas son: ¿lo va a crear usted? ¿Cuándo? ¿Qué medidas va a tomar para ello? ¿Vamos a llegar lo antes posible a esta meta?.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero de Cultura y Bienestar Social.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Mis primeras palabras, y no es puro tópico, deben ser de agradecimiento a la Interpelación que se me hace desde el Grupo del Centro Democrático y Social, porque me va a brindar, como señalaba el Procurador, la oportunidad de explicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer y qué es aquello que no podemos hacer porque no es nuestra competencia; no es que ya no sea nuestra obligación, es que no podemos hacerlo aunque quisiéramos porque no es competencia de la Junta de Castilla y León. Y son cada vez más las alusiones que aparecen en los medios de comunicación sobre lo que hace o deja de hacer la Junta, y realmente ni puede ni tienen nada que ver con la Junta muchas de esas alusiones.

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Su Señoría se refiere en su interpelación fundamentalmente al tema de la asistencia sanitaria, pero creo que es preciso, en un orden de estructuración argumental, para poderme referir a la asistencia o a la política asistencial, establecer qué se entiende por tal, qué entendemos como contenido de la asistencia sanitaria, que es por lo que se interesa Su Señoría. Y para ello es obligado referirse a los condicionamientos o a los determinantes de la salud, y, de las muchas definiciones que existen y que Su Señoría conoce, vamos a hacer referencia expresa a la definición de un canadiense -aunque haya a alguno que no le guste que nos refiramos al Canadá- como es Lalonde. Es una definición de hace catorce años, pero que está absolutamente vigente en el momento actual.

Para este autor, la salud de la comunidad está determinada por la interacción de cuatro variables -no voy a hacer un discurso teórico, trato de centrar el tema-: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de asistencia sanitaria.

La primera de ellas es, por razones obvias, difícilmente evitable. Y las otras tres son susceptibles de modificación y hacia esa modificación, tendente a evitar sus efectos nocivos sobre la salud, es hacia donde se dirigen las acciones en salud pública, que es por lo que Su Señoría se interesa en su Interpelación. Sin embargo, una vez cuantificada la importancia relativa de cada uno de estos factores por medio de los estudios epidemiológicos que se están haciendo, se suele comprobar cómo la distribución de los recursos ignora absolutamente estas prioridades establecidas por la epidemiología, que es lo que debería hacerse, y, sin embargo, se dirigen a aquellos factores que tienen una mayor carga sicológica u otros matices ajenos a las necesidades reales, que suelen ser resultado -y hay que decirlo así- de decisiones políticas de cada momento o de resultado de presiones sociales de grupos influyentes.

Podemos afirmar, pues, que la atención a los problemas de salud y a sus factores determinantes debe hacerse de forma integral, contemplando en su conjunto las diversas fases o estadios de la historia natural de la enfermedad de la que dependen los momentos, las formas de intervención y la actividad que hay que realizar. Así, y asumiendo la necesidad de intervenir en la situación de sano y con el objetivo de cumplir aquel dicho de "más vale prevenir que curar", se han de aplicar acciones de promoción de la salud para aumentar el nivel de la salud de nuestros ciudadanos, y entre ellas la educación para la salud es el ejemplo más claro y eficaz. Su Señoría ha hecho referencia a la educación para la salud, a la educación sanitaria. Se está trabajando intensamente en el tema de la educación para la salud. Los programas de esta Comunidad le aseguro a Su Señoría que son modélicos en otras Comunidades Autónomas y el proyecto que yo expuse en su día en la Comisión de Bienestar y no se ha podido llevar a cabo de ampliar estos programas de educación para la salud obedece a la negativa del Ministerio de Educación para ampliar estos convenios. Pero coincido con Su Señoría en que el tema de la educación para la salud es absolutamente básico.

Las acciones preventivas o de protección de la salud, integradas bajo la denominación genérica de medicina preventiva, pueden a su vez dividirse, como Su Señoría sabe a buen seguro, en medicina de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria actúa en situaciones de salud y trata precisamente de evitar que aparezca la enfermedad; entre esos variados procederes están las vacunaciones, las seroprofilaxis, la sanidad ambiental, etcétera. Cuando fracasa esta atención primera es cuando se produce la enfermedad y entra en juego la prevención secundaria, que trata de lograr el diagnóstico precoz con las técnicas de detección y evitar que la fase de la enfermedad avance un paso más. Ha hecho referencia Su Señoría también a temas de detección precoz y ha reconocido que alguna de las campañas que se anunciaron en su día se están realizando en el territorio de esta Comunidad.

La prevención terciaria, superpuesta igual que la secundaria a la medicina curativa, trata de evitar la aparición de secuelas o de incapacidades. La medicina curativa, pues, se corresponde con la asistencia y todo el mundo entiende de que se trata del conjunto de actividades diagnósticas y terapéuticas que se llevan a cabo por los profesionales sanitarios con el objetivo de restaurar la salud perdida. Cuando se producen secuelas, como Su Señoría sabe, entramos en la fase de la rehabilitación. Pero hoy se acepta que la atención integral debe incluir la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación, y, desde el punto de vista del ejercicio profesional, esta forma de actuar depende de un talante especial de los profesionales, que deben olvidar las parcelas clásicas y adoptar una visión más amplia de su forma de actuar. Y aquí una vez más coincido con Su Señoría, cuando habla de los médicos de familia, que han adquirido la formación MIR, que están especialmente preparados para actuar en esta línea que acabo de señalar.

Estas actividades son desarrolladas por los servicios sanitarios, unos por los de salud pública en un sentido restringido, primariamente dedicados a lograr objetivos de salud e incluso de control de medio ambiente, o incluso actuaciones sobre el propio individuo; pero las actuaciones sobre restauración de la salud, que es -me temo- sobre lo que versa fundamentalmente la interpelación de Su Señoría, corresponde a la actividad sanitaria asistencial, que se realiza en distintos escalones -atención primaria, secundaria y terciaria- en centros de salud y en hospitales. Y aun cuando es cierto que hoy todas estas actuaciones se realizan de forma integrada, no es menos cierto que las competencias en asistencia sanitaria, en términos globales, no están transferidas a esta Comunidad Autónoma.

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De esta forma, la Interpelación, en su sentido más estricto, se refiere a la actividad asistencial curativa que se ejerce a nivel individual, que se dirige a cada persona y que en estos momentos está encomendada -y no conviene que lo olvidemos-, está encomendada, en esta Comunidad Autónoma, al Instituto Nacional de la Salud, a través de sus servicios sanitarios, y en los que, de acuerdo con nuestras competencias -artículo 27 de nuestro Estatuto- nos limitamos a la planificación de los servicios y a la coordinación hospitalaria cuando -todo hay que decirlo- nos dejan o se nos tiene en cuenta, porque ahora hablaremos de ese tema también. Así pues, todas las acciones o programas de promoción y prevención no se pueden considerar ortodoxamente incluidas en el concepto de asistencia, y esas acciones de promoción y prevención son las que son competencia de esta Comunidad Autónoma. Sólo existe, pues, la política asistencial de la Junta en lo referente a sus propios servicios hospitalarios, y a esta política hospitalaria, como ha señalado bien Su Señoría, me refería yo en una reciente comparecencia a petición del Procurador Socialista señor Hernández Redero en la Comisión de Bienestar Social de estas Cortes. No creo, por lo tanto, conveniente reiterar aquella intervención.

Es evidente que Su Señoría está interesado por la política sanitaria de la Junta de Castilla y León que se proyecta en cumplimiento del mandato de nuestro Estatuto, de las transferencias recibidas, y todo ello a través de esta Consejería. En el contexto que acabamos de definir, parece razonable, para una mejor comprensión de la política de la Junta de Castilla y León en materia de atención a los problemas de salud o de atención sanitaria, que expliquemos, en primer lugar -es una de las cosas que se nos pedía-, los objetivos asistenciales referidos a la organización de los servicios sanitarios, para pasar después a ocuparnos de aspectos funcionales concretos referidos a áreas de promoción, prevención, atención al medio ambiente, etcétera.

La consecución de una mejora en el rendimiento de los servicios y una utilización más racional de los mismos hacía necesario, dada la situación en que se encontraban, ponerles en orden, utilizando para ello un criterio organizativo acorde con los recursos existentes y con los objetivos a lograr. En este sentido, como Su Señoría bien conoce, ha sido necesario proceder a la organización de los servicios de atención primaria de los hospitales de la Junta de Castilla y León y de los propios de la salud mental y asistencia psiquiátrica, así como de los servicios territoriales de Bienestar Social. En todos ellos, la reorganización ha tenido que afectar o está afectando, tanto a las estructuras como al personal y a los aspectos de funcionamiento.

En el campo de la reforma de la atención primaria, la política de la Junta se dirige a poner verdaderamente en funcionamiento una reforma sanitaria, que, recogida en la Ley General de Sanidad y otras Disposiciones del Gobierno de la Nación o del Gobierno Autónomo, no termina de echar a andar. Así, al mismo tiempo que se programan y ejecutan importantes inversiones que permitan dotar a nuestra región del soporte físico imprescindible, se lleva a cabo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y las necesidades reales, un programa de equipamiento, no sólo de los centros de salud sino de los consultorios locales, que estamos manteniendo y estamos equipando del material instrumental preciso, insisto, en función de nuestras posibilidades presupuestarias. Hoy es posible programar a medio y largo plazo estas inversiones. Ya se dio el primer paso, base de todas las demás acciones a desarrollar, con la publicación del Decreto 32/88 que delimitaba las zonas de salud en toda la Comunidad y que constituía el gran reto pendiente para una elemental organización de los servicios. Delimitación en zonas de salud que, como Su Señoría conoce, fue expuesta y aceptada unánimemente en la Comisión de Bienestar Social de esta Cámara y que no está de más recordar aquí.

En cuanto al personal de atención primaria -médicos, veterinarios, farmacéuticos, A.T.S. y matronas-, se hacía necesario poner en marcha una política de racionalización que permitiera adecuar las plantillas a las necesidades. En unos casos, evitar que continuara aumentando el número de interinos, normalizar su sistema retributivo y, a partir de ahí, conseguir un aumento de su rendimiento con objeto de prestar una mejor atención a los ciudadanos.

La política de personal logrará sus objetivos a través de acciones concretas, tales como la reestructuración de la plantilla de matronas, adecuando su número y ubicación a las necesidades reales. Asimismo, por medio de la reestructuración de los servicios veterinarios, que constituye una de las mayores asignaturas pendientes de esta Administración y que, como Su Señoría conoce, se encuentra muy avanzada gracias a los esfuerzos que para su culminación se están llevando a cabo en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, y del cual ya se han dado importantes pasos, tales como la publicación del Decreto de Bases de Reestructuración, la Oferta de Empleo, el concurso de acoplamiento y las previsiones de financiación contenidas en el Proyecto de Presupuestos, así como la inmediata convocatoria de oposiciones.

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La definición de plantillas de sanitarios precisa para la atención primaria, en cada zona de salud, permitirá tener de una vez un objetivo definido hacia donde dirigir nuestras acciones. Esta adecuación de los puestos de trabajo de los sanitarios se complementa con el proceso de integración de los equipos de atención primaria, que se realiza -no hay olvidarlo- de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud y que desde que nos hicimos cargo de la gestión en la Junta de Castilla y León ha sufrido un fuerte impulso, sobre todo a partir de mil novecientos ochenta y ocho, en que nuestra oferta de integración es muy superior a la realizada hasta ese año. Cuando nosotros llegamos había sesenta y ocho equipos funcionando y, si en este momento la oferta de integración que hemos hecho y que voy a explicitar inmediatamente no se ha conseguido más, es por falta de disponibilidades o de voluntad en el INSALUD, que, insisto, es el otro organismo que tiene que colaborar.

Hemos finalizado la integración de nueve equipos más que se encontraban parcialmente integrados, hemos procedido a la integración de otros diez, y se encuentran pendientes de firma del Convenio de Atención Primaria la ejecución formal de la integración de otros treinta y cuatro equipos más, que totalizan, en un año, cincuenta y tres equipos; pero, insisto, condicionado a la voluntad integradora del INSALUD.

Toda esta política de reforma de las estructuras es importante, y aunque sea reiterativo, insisto, necesita la colaboración del Gobierno de la Nación y, concretamente, del Instituto Nacional de la Salud, organismo con el que la colaboración y entendimiento no resulta fácil en ocasiones.

Como Sus Señorías conocen, el dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho se denunció, en tiempo y forma, el convenio de Atención Primaria que tenían suscrito el Instituto Nacional de la Salud y la Consejería de Bienestar Social, porque entendíamos que aquel convenio era poco concreto y además había sido incumplido reiteradamente por una y otra parte. Simultáneamente, se ofertó la discusión de un nuevo convenio en el marco de convenio de coordinación sanitaria que suscribió la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Sanidad. El texto del nuevo convenio, que es nuestra voluntad se hubiera firmado ya y estamos esperando a que en los próximos días el INSALUD esté dispuesto a la firma, podrá ser firmado, como digo, en breve, si realmente existe voluntad de colaboración en la mejora de la Atención Primaria en nuestra Comunidad.

El problema de organización de los servicios hospitalarios es más complejo, ya que la situación en que fueron transferidos a esta Comunidad fue sencillamente lamentable. El día ocho de Junio, en una comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social de estas Cortes, tuve ocasión de explicar la política asistencial en el campo de la atención hospitalaria. Resumidamente, diré a Sus Señorías que nuestro objetivo es lograr, en un plazo no largo y de acuerdo con los recursos disponibles, una adecuada utilización de sus instalaciones, teniendo en cuenta criterios tan elementales como los fines sanitarios con los que nos fueron transferidos, la no duplicación de servicios, la necesidad de completar otras redes asistenciales, etcétera. Y para ello, se han programado importantes inversiones para el mantenimiento y remodelación de estos hospitales: 182.000.000 en obras en los presupuestos del ochenta y ocho y una propuesta de presupuestos en el ochenta y nueve de 345.000.000 para actuaciones en reformas hospitalarias de los hospitales transferidos a la Junta de Castilla y León.

Igualmente, se ha procedido a la homologación de las retribuciones de los funcionarios de los hospitales transferidos, que se igualan retributivamente a los restantes de titulación similar de la Junta. Se ha cubierto, mediante concurso, la plaza de director del hospital de los Montalvos, y, ante la falta de candidatos idóneos, se han realizado adscripciones provisionales a las Direcciones de "Monte San Isidro" y de Benavente. Se ha articulado un sistema de provisión urgente de vacantes mediante una nueva norma de interinos, por Orden de siete de Junio, que permite no desmantelar la asistencia ante la producción de vacantes, así como la cobertura de sustituciones, mediante el Decreto 113/88, de nueve de Junio, que permite sustituir al personal sanitario; porque es bueno decir aquí que hasta que hemos aprobado estos Decretos no había posibilidad de sustituir al personal sanitario en hospitales, con lo cual las vacaciones, las enfermedades, lo que hacían era acumular el trabajo u obligar al cierre o al desmantelamiento de los servicios.

Todas estas medidas y algunas otras están encaminadas a la definición de los fines asistenciales a que se dedicarán nuestros centros, permitiendo conseguir una mejor utilización de los recursos y prestar una mejor asistencia.

El objetivo prioritario a medio plazo es la integración de todos los servicios en una red asistencial base del futuro Servicio Regional de Salud. Es evidente que el Estatuto de Autonomía y la Ley General de Sanidad, como norma básica sanitaria del Estado, imponen la marcha en este sentido. Pero cuando se pretende caminar en este sentido, tal y como lo estamos haciendo, los obstáculos por razones de diferencias ideológicas no son pocos, y existen sobrados ejemplos de falta de voluntad política en el Gobierno de la Nación o en el Instituto Nacional de la Salud para permitirnos avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos.

(-p.899-)

Cuando se habla de la reforma de la Atención Primaria en la Ley General de Sanidad, se hace referencia a la integración de todos los profesionales en los equipos de atención primaria, a lo cual se niega sistemáticamente la Administración Central. Le he dicho a Su Señoría y le reitero que nuestra oferta de equipos de integración va muy por delante de la aceptación del Ministerio de Sanidad, concretamente del Instituto Nacional de la Salud. Cuando se habla de la salud mental, se contemplan las competencias del Estado en esa materia, y el Gobierno de la Nación y el partido que lo sustenta se olvidan de una Proposición No de Ley, aprobada en el Parlamento de la Nación en mil novecientos ochenta y uno, aprobada precisamente a propuesta del Partido Socialista entonces en la Oposición, en la que se le daba al Gobierno de la UCD el plazo de un año para que la Seguridad Social pagara la asistencia psiquiátrica. ¿Cómo puede entenderse que tales lapsus permitan asegurar -y es no precisamente a Procuradores de su Grupo- que no se ha avanzado en la resolución de los problemas de financiación de los hospitales, si la Seguridad Social gestionada por el Gobierno de la Nación, por el equipo socialista, adeuda a las Diputaciones miles de millones de hospitalización psiquiátrica de los beneficiarios de la Seguridad Social¿ A medio plazo se procurará la integración de los hospitales dependientes de las Diputaciones Provinciales, con los cuales, como Su Señoría ha señalado, ya se han establecido contactos, y con algunas Diputaciones se está trabajando conjuntamente en esta línea. Pero aquí tengo que decir también, y no me duelen prendas, que no es la misma la colaboración que encontramos en todas las Diputaciones, y dos colaboran, Señoría, cuando los dos quieren. Cuando en una reunión pública se dice que colaboramos todos y al día siguiente cada uno negocia el uso de sus atribuciones directamente con el INSALUD, no se puede culpar a la Junta de que no se avance más deprisa en ese tema.

Por lo tanto, este objetivo de integración plena sólo se va a conseguir cuando se logren competencias plenas en materia de Sanidad con el traspaso a la Junta de Castilla y León de la asistencia prestada por el INSALUD.

Desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en Abril del ochenta y seis hasta Julio del ochenta y siete, en que cambió el Gobierno de esta Comunidad, no se había dado un solo paso en coordinación de nada en ningún tipo, y no se hizo ni intención de avanzar en ese sentido. El INSALUD continuó funcionando por su cuenta, sin hacer caso alguno a la normativa reguladora de las Comunidades Autónomas, sin hacer siquiera caso a la Ley General de Sanidad. La salud mental funcionaba por libre y cada uno hacía lo que le venía en gana. Esto se ha pretendido mantener hasta la fecha, y yo tengo que decir a Su Señoría que he planteado seriamente al Ministerio de Sanidad la necesidad de convocar urgentemente la Comisión de Colaboración, porque cuando vamos a Madrid las promesas y las palabras son muy buenas, pero cuando en lugar de predicar hay que dar trigo nos encontramos que en las nueve provincias las Direcciones Provinciales del INSALUD ignoran las competencias de la Junta de Castilla y León; que las venían ignorando con el Gobierno anterior -y si se lo toleraban ése era su problema-, pero que, desde luego, el Gobierno actual no está dispuesto a tolerar.

Desde el Gobierno actual se ha negociado con todos los implicados, y se firmará el día veinte un convenio único con las Diputaciones. Se ha negociado la redacción del convenio con todas las Diputaciones y pasado mañana, a las cinco de la tarde, firmaremos un convenio de colaboración de todas las Diputaciones, para modernizar las estructuras psiquiátricas.

Existe un borrador del Plan Regional de Drogas, que debería haberse realizado en la anterior Legislatura. A pesar de estar en el Decreto, ni siquiera se intentó. Este Plan verá la luz en el plazo aproximado de un mes. Se ha producido una norma básica de acreditación y coordinación de los centros que ejecutan programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción de drogodependientes, que, por cierto, ha despertado bastante malestar en determinados sectores, porque simplemente se pretende controlar el gasto que se hace de los recursos públicos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Consejero, le agradecería que terminara su intervención.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Termino enseguida, señor Presidente. Es evidente que, partiendo de cero, se ha hecho, se ha andado un camino importante, se ha prestado apoyo a las distintas Administraciones, que hay que reconocer estaban deseosas que desde la Junta de Castilla y León se les echara una mano.

Ateniéndome al mandato del señor Presidente, voy a abreviar mi intervención, dejando bien claro que, cuando se culpa a la Junta de Castilla y León de que faltan servicios de referencia en esta Comunidad, de que los enfermos de esta Comunidad están en un largo caminar, yendo a otras Comunidades Autónomas porque aquí no se les puede atender, o porque faltan determinados servicios, que hay duplicidad de servicios en unas zonas y ausencia de esos mismos servicios en otras, se está tratando de buscar una responsabilidad en la Junta de Castilla y León, cuando está claro que esas competencias las tiene, con carácter absoluto, el Instituto Nacional de la Salud. Pretendemos, en definitiva, replantear -lo estamos haciendo- absolutamente la asistencia primaria y ejercer las pocas pero claras competencias que el Estatuto de Autonomía adjudica a la Junta de Castilla y León, en cuanto a la coordinación hospitalaria.

Ha hecho usted una serie de preguntas concretas. Prácticamente, puedo decirle que en estudios epidemiológicos, en servicios mínimos, en educación sanitaria, se está haciendo lo indecible. Se ha aprobado la zona..., el mapa, la zonificación sanitaria, y también quiero aclarar, porque parece que hay quien no lo entiende, que el propio Decreto de zonificación de salud establece, en su articulado, que en los tres primeros meses del año son revisables las zonas de salud, a la vista de la experiencia desarrollada en cada una de ellas.

(-p.900-)

Y ya termino. Agradezco, de verdad, la oportunidad que se me ha brindado -bien es verdad que, por el tiempo, a medias- de exponer lo que se está haciendo, y, sobre todo, de aclarar, de una vez por todas, que la competencia de asistencia sanitaria en esta Comunidad no es más que, en una mínima parte, responsabilidad de la Junta de Castilla y León, y que en el noventa y ocho, o en el noventa y nueve por ciento, es competencia de la Administración Central. Muchas gracias, Presidente, por haberme permitido prolongarme en mi intervención. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor interpelante.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías. En este..., antes dije que en este hemiciclo se había hablado de muchas cosas; entre ellas, del cangrejo de río, de las escopetas de caza, y ahora hemos hablado de otras dos cosas: usted ha hablado de una cosa y yo he hablado de otra; es decir, que son más. Yo no entiendo cómo puede usted decir, después de haber intentado yo preguntar concretamente las cosas, encauzar unas reflexiones que he estado haciendo, encauzarlas en un marco general, de toda la evolución de los últimos veinte años de la Sanidad en España, ¿cómo puede usted, después, empezar a hablar de la salud, hacernos una diferenciación entre la Sanidad y la salud, hablar de matronas, hablar de drogadictos -que yo no he hablado- y hablar de temas tan puntuales que no parece un Consejero, más bien parece un Jefe de Negociado? Yo he levantado un poco más el tono de la dialéctica, o he intentado levantarlo.

Mire, si no..., cuando Franco, decíamos que si no estuvieran los marxistas habría que inventarlos, porque toda la culpa la tenían ellos; y ahora, si no existiera el INSALUD, usted tendría que inventarlo, porque no es cierto que toda la responsabilidad sea del INSALUD. Usted tiene cantidad de cosas que puede hacer y tiene que hacer, y tampoco es cierto -me imagino que luego se lo dirán- que haya usted partido de cero, porque de cero no se parte nunca. Entonces, que usted diga que no puede hacer nada porque el INSALUD lo tiene que hacer, cuando yo le he dicho -y le he dado la pauta y le he marcado los pasos, y la Ley se lo dice- "tiene usted que coordinar, tiene usted que gestionar, tiene usted que hacer, y puede hacerlo", lo que pasa es que no lo ha hecho, y hemos perdido un año y medio.

Dice usted que los servicios que no existen son del INSALUD y que los enfermos que se van -que otra vez dijo que eso tenía que acabar usted con ello-, que son 15.202, me parece que dijo exactamente, los que se van a otras Autonomías, y usted sabe que en el Estado de las Autonomías eso se tiene que pagar, y eso nos va a costar dinero, y lo que vamos a hacer es capitalizar otras Sanidades distintas, como la catalana, o la vasca, o la cántabra..., y usted dice que no puede hacer nada; pues, mire usted: en Cantabria, que además está regido por el señor Hormaechea, que es de su Partido -me parece que sí, vamos, aunque va por libre, pero es de su Partido-, pues allí le han dado un Hospital, que se llama el Hospital de Liencres, y no ha empezado a decir que el INSALUD, que le haga o no le haga; ha cogido y ha puesto 2.200.000.000 de pesetas para reconvertir ese hospital y dar servicios que la Seguridad Social no da al pueblo de Cantabria, como puede ser la ortodoncia infantil, como puede ser la oncología, como puede ser la gerontología, como puede ser la oncología..., muchísimas cosas que no tenemos, y mucho menos aquí. Y fíjese usted que estoy hablando de Cantabria, donde existe el Hospital Valdecilla y existen muchos más hospitales. Y usted sabe, porque yo lo he leído el otro día, que parece que está el Gobierno de Cantabria en conversaciones con el Gobierno de Castilla-León para intentar abrir un hospital que hay en Reinosa -eso lo tengo en el periódico y, si quiere, luego se lo enseño-, para intentar abrir un hospital que existe en Reinosa, para que todo el Norte de Palencia y de Burgos sean tratados en la Comunidad de Cantabria, que eso tiene cierta gravedad.

Mire usted, el mapa sanitario, el mapa sanitario no se acaba con hacer las zonas de salud; el mapa sanitario se acaba cuando haga usted las áreas de salud. La Comunidad Autónoma de Madrid ha dividido Madrid en diecisiete áreas, o en once..., me parece que han sido diecisiete. Galicia las ha dividido en once. Hay muchas comunidades que, sin tener las transferencias del INSALUD, están haciendo cosas, y están poniendo las bases para poder un día recibir las transferencias del INSALUD. Porque a mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo decir: "vamos a recibir las transferencias del INSALUD". Así no podremos recibirlas en doscientos años, no vamos a poder recibirlas. Entonces, ¿por qué no crea usted las áreas de salud, y entonces podremos poner en cada área de salud su hospital, y podremos definir ese hospital qué servicios va a dar? Y, cuando sepamos los servicios que va a dar el hospital de cada área de salud, podremos poner los hospitales..., de referencia de esos hospitales del área de salud, que tendrán las superespecialidades, y tendremos que definir qué superespecialidades tiene que tener Castilla-León y el pueblo de Castilla-León. Si un castellano-leonés se tiene que ir a operar del corazón a Marruecos o a Valdecilla, ¿entiende? Y eso sí lo puede hacer usted, porque la Ley se lo dice. Mire usted, le dice tanto la Ley que usted no ha hecho, que parece que no la ha leído. Le dice que el INSALUD no puede cambiar ni una cama, ni cinco camas en este momento, sin su consentimiento. Ya ve usted, fíjese si usted tiene importancia. Lo que pasa es que no la quiere aceptar la responsabilidad. Y, entonces, aquí vamos a estar siempre igual.

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No... hay muchas cosas en las cuales usted puede hacer. Y yo lo único que le pedía es que hiciera lo que había prometido, no que hiciera la política sanitaria del CDS, que sé que no la va a hacer. Por lo menos haga la suya, haga lo que ha prometido, porque se le han pasado quince meses y no ha hecho usted absolutamente nada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Yo no sé si en la época de Franco, o los franquistas, decían que había que inventarse el marxismo o no, la verdad, no me preocupé nunca del tema; pero eso de que, si nos existiera el INSALUD, yo me lo tendría que inventar, pues queda muy bien para la galería. Es cierto que existe la coordinación hospitalaria como competencia de esta Comunidad Autónoma, pero no es menos cierto que no se ejerció nunca y que este Consejero ha denunciado reiteradas veces el tema de las camas hospitalarias, el tema de la apertura, sin ir más lejos, en el Hospital Clínico de Valladolid, el lunes de la semana pasada, de servicios sin contar con la Junta; el tema de la fusión de los hospitales de Salamanca; el proyecto de fusión de los hospitales de León, el de apertura de un hospital oncológico en León, también; el proyecto de fusión en Zamora o en Avila o en un montón de provincias. Pero yo no sé cuál es el procedimiento que tengo para hacer valer esas competencias. Entiendo -y lo hemos hecho así ya reiteradas veces- que hay que reunir la Comisión de Cooperación Sanitaria entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno Autónomo, y le insisto que he pedido, desde este verano, la reunión urgente de esa Comisión. Y estamos esperando a que los señores de Madrid tengan tiempo para venir a reunirse.

Por lo tanto, el ejercicio de las competencias, que son de esas competencias que se adjudican sobre el papel, pero sin medios para poderlas ejecutar, se reduce al derecho a denunciar el incumplimiento, por parte de otras Administraciones, de las competencias que tiene la Junta. Pero si Su Señoría lo que pretende es que mande la policía autónoma a evitar esos cambios de camas, señor Procurador, no tenemos policía autónoma, y, desde luego, la policía del Estado no va a atender a los requerimientos de este Consejero.

La definición de las áreas de salud exige el acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, y las áreas de salud en función de la población le puedo anticipar que van a ser una por provincia, salvo dos en Valladolid, dos, posiblemente, en León, y, discutiblemente, si pudieran ser, dos en Salamanca. Pero las demás provincias son habas contadas, y no crea que con eso vamos a resolver absolutamente nada.

Y le insisto que el tema de coordinación exige la voluntad de quien quiera coordinar y la disposición del que quiera ser coordinado. Estamos haciendo un estudio de la realidad hospitalaria de nuestra Comunidad, en parte utilizando las memorias del INSALUD y en parte evaluando lo que no se dice de verdad en esas memorias que se publican.

Ha hecho una referencia expresa al Hospital de Reinosa, que si está en conversaciones con la Junta. Mire, el Hospital de Reinosa, que se pretende abrir, es un Hospital del INSALUD, no de la Comunidad Cántabra, ni de la Comunidad de Castilla y León; y lo que piden los señores de Cantabria es que nosotros no nos opongamos a que se abra ese hospital. Cuando se digan las condiciones en las que se quiere abrir -y dicen que nosotros digamos que la zona alta de Palencia va a ser tributaria de ese hospital-, pues será el momento de plantear cuál es nuestra postura. En cualquier caso, puedo anticiparle que hay zonas en nuestra Comunidad, como lo hay en otras, donde la proximidad de un centro hospitalario próximo hace conveniente estudiar -y me imagino que usted, como sanitario, en el tema estará de acuerdo conmigo- el llegar a acuerdos concretos, en determinadas áreas, para que ciudadanos de esta Comunidad sean atendidos en hospitales de otras, como en el momento actual hay ciudadanos de otras Comunidades que lo están siendo en las nuestras, por un principio elemental de racionalidad, de aprovechamiento de los recursos, y de que las Comunidades Autónomas no tienen muros impenetrables entre unas y otras.

Y creo que poco más es lo que le puedo responder. Las competencias, insisto, asistenciales no son nuestras, y nosotros lo que pretendemos es racionalizar lo que hay, y, en función de eso, evitando duplicidades que mantiene el INSALUD, cuando se acabe de hacer esa reestructuración, nuestros hospitales -y lo dije así en aquella comparecencia, y Su Señoría lo sabe- serán subsidiarios de aquellas especialidades o de aquellas necesidades que no queden cubiertas por el INSALUD. Pero, mientras tanto, lo que nosotros no podemos hacer son hospitales asistenciales de gran standing, porque ni tenemos presupuestos para ello, ni, desde luego, es la competencia de esta Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Habiendo renunciado el representante del Grupo Mixto a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, el señor Renedo.

HERNANDEZ REDERO

EL SEÑOR HERNANDEZ REDERO: Señor Presidente, Señorías.

(-p.902-)

Yo tenía la ilusión de que el señor Martín nos iba a hacer una interpelación al Gobierno Regional -que es al que nosotros tenemos que controlar-, y esa ilusión se me desvaneció un poco en su primera intervención, aunque después lo arregló un poco en la segunda. Yo creo que usted ha confundido Fuensaldaña con la Carrera de San Jerónimo. Y de verdad que ustedes tienen allí otro Grupo muy parecido, en número, a éste, aunque no en porcentajes.

Hay algunas intervenciones del señor Martín que me preocupan, porque en un momento le he escuchado decir oponerse..., decir algo así como que no está a favor de los centros de salud -no sé si es eso lo que ha querido decir, pero yo he interpretado algo de eso-. Y además de ese lapsus con la Carrera de San Jerónimo tiene algún otro, porque el Hospital "Francisco Franco", al que ha hecho referencia, ya venía unos cuantos años llamándose Hospital Provincial, y ahora se llama el "Gregorio Marañón".

En cuanto al señor Consejero de Cultura y Bienestar Social -que parece que el de hoy, el de esta tarde es el Pleno de Su Señoría-, yo tengo que confesarle que tiene un estilo que a mí me gusta, que está bien, y lo ha aprovechado para largarnos un buen mitin, con el consentimiento del señor Presidente, por supuesto. Y yo creo que Su Señoría se va a tirar como dos años echando la culpa de los problemas a la Junta anterior, y otros dos quizás se los vaya a tirar echándole la culpa a la Administración Central -parece que se le ve un poco ese estilo-; después ya, como va a ganar el CDS, se le van a acabar a usted los problemas.

De todas formas, centrándonos un poco en lo que es la interpelación en el tema de esta tarde, de este punto del Orden del Día, yo he visto en el Boletín de las Cortes que se centra en tres aspectos: lo que es la atención primaria y los centros de salud, de la red hospitalaria propia de la Junta de Castilla y León, de la antigua AISNA, y lo que es la coordinación en materia de la red hospitalaria de la Comunidad Autónoma, en estos momentos en manos del INSALUD.

Bien, en atención primaria y centros de salud, yo tengo que reconocer que se ha publicado el mapa, el mapa sanitario, que fue un importante trabajo de planificación sanitaria hecho por el equipo anterior, que, lógicamente, con leves retoques derivados todos de las.........., esta Junta -como no puede ser de otra forma- publicó. Que en el convenio de atención primaria del año ochenta y seis-ochenta y siete, denunciado por el señor Consejero, había muchas cosas hechas cuando ustedes llegaron al poder, que se han continuado haciendo y que son muy pocas las que quedan por hacer ya. Que ese convenio se ha denunciado y que, en consecuencia, lo que procede ahora es ver cómo se va a firmar, en qué condiciones se va a firmar el próximo. Yo me temo -por algunas noticias que tengo- de que vaya a ser peor para esta Comunidad Autónoma, por lo menos más rígido que era el anterior.

En cuanto a las áreas de salud, aquí sí que hay que decir que esto no se ha hecho -ya lo ha dicho también el señor Martín-. Yo creo que es un tema que corre prisa y, desde luego, siempre en coordinación con el INSALUD; esto me parece imprescindible.

El tema de planificación sanitaria de la Junta corresponde a la Junta, como dice la Ley General de Sanidad, contando con el resto de las instituciones que tienen competencias en materia sanitaria. Y, mire usted, señor Consejero, el Ministerio tiene muy claro -y ya tiene proyectos de Decretos que va a publicar muy pronto- que las áreas de salud tienen que delimitarse territorialmente con los mismos criterios que tengan las Comunidades Autónomas, todas ellas. Por lo tanto, no siga acusando a la Administración Central, porque la planificación sanitaria tiene muy claro que tiene que ser entre instituciones, de común acuerdo.

En cuanto al tema de la red hospitalaria propia de la Junta, hay que decir que se trata de cinco pequeños hospitales, con una labor asistencial de tipo hospitalario y también una labor social, como bien sabe el señor Consejero. Y la situación de estos hospitales -no me ruborizo en decirlo, porque Su Señoría lo sabe muy bien- es de auténtico desastre; no me ruborizo en decirlo. Y me parece que ya ha pasado, ahora sí que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que la responsabilidad se deje de derivar a la antigua AISNA, es decir, a la Administración Central, y la Junta vaya asumiendo la suya propia; yo, desde luego, desde aquí así se lo exigiría, señor Consejero.

Y esta situación de desastre de los hospitales propios de la Junta, yo, desde luego, es muy largo de contar y se lo contaría mejor en su despacho que aquí (para ello me brindo); pero hay algunos aspectos que hay que tocar necesariamente y es el tema de las direcciones, que tal vez a Su Señoría no le guste.

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Ha dicho que se ha hecho ya la adscripción provisional de la dirección del hospital "Monte San Isidro", en el que yo trabajo; como no haya sido hoy a las tres de la tarde, yo tenía conocimiento de que no estaba hecha; es más, el propio candidato ayer me dijo que negaba a ello, que se negaba a esa adscripción provisional. Ya me lo aclarará, si tenemos oportunidad para ello. Pero, desde luego, aunque así sea, no está justificado bajo ningún concepto el tener un centro sin dirección, sin gestión durante más... durante bastante más de un año. Pero no sólo no hay dirección en ese centro, ni hay gestión. Es que, por ejemplo, el Jefe de Servicio Territorial de Bienestar Social pues no ha aparecido por allí nunca, no aparece por allí; y, desde luego, están ocurriendo cosas lamentables que yo, insisto, me brindo a contarle a Su Señorías. Y a lo mejor no es tan malo, o a lo mejor tiene que reconsiderar o replantearse la normativa de órganos de dirección de los hospitales y no ser tan rígido, o utilizar las libres designaciones de otra forma que las están utilizando; porque hay gente preparada en teoría, con muy poca experiencia -es cierto-, pero a lo mejor estos hospitales, que son pequeños y son modestos, pueden servir para que empiecen a adquirir esa experiencia de hacerse buenos gerentes. Desde luego, hay gente que tiene la preparación teórica, con cierta modestia, porque son temas muy recientes. Pero, desde luego, yo creo que tendría que replantearse la normativa de órganos de dirección. Porque antes, con la AISNA, que no es ningún ejemplo de asistencia hospitalaria, no lo es, pero se mantenían los mínimos; por ejemplo, siempre había directores y funcionaban las comisiones de dirección y funcionaba la junta facultativa y las mínimas, las imprescindibles que de ellas se derivaban, como pueden ser la Comisión de historias clínicas, o la Comisión de Farmacia. Ahora, ni órganos de dirección, ni órganos de asesoramiento, ni órganos de participación... En resumen, nada de nada en algunos de los hospitales.

Importante sería también que nos contase Su Señoría cómo va el tema del estudio de necesidades, que nos anticipó en la comparecencia a la que ya ha aludido, me parece que fue del ocho de Junio, y que, sobre todo, especifique más los objetivos de estos centros, aunque en algún caso -como yo me temo- se trate de dejar morir a los hospitales sin hacer nada, aunque no se quiera reconocer.

La coordinación hospitalaria en la que tiene competencias ya transferidas la Junta, yo sólo tengo que decir tres cosas, que ya se han dicho también: imprescindible la planificación conjunta, imprescindible seguir con la integración de equipos de atención primaria e imprescindible definir las áreas de salud, como ya se ha dicho.

Y para terminar, un tema ya más específico y más puntual, como es el de salud mental. Yo también quiero hacer alguna referencia al convenio Junta-Diputaciones -creo que a punto de firmarse, no sé si para el veinte-. Es un convenio que mantiene al INSALUD al margen, y parece que el estilo del señor Consejero no es ése, porque está hablando de que quiere contar con el INSALUD para todo; pero en ese convenio se mantiene al margen. Además, no acaba de definir claramente el modelo de asistencia sanitaria social, incluso legal, no define los tres niveles. Por ejemplo, en el área residencial del hospital psiquiátrico no se ven claramente las diferencias de ese área residencial con los anteriores manicomios; yo, al menos, no las veo. Y no aclara para nada, tampoco, el futuro de los hospitales psiquiátricos, que yo entiendo que no debe de seguir en manos de las Diputaciones. La futura dependencia, es decir, la forma como han de ir al Servicio Regional de Salud no la aclara. Yo creo que si se están reclamando otras competencias mucho más amplias, habría que empezar por éstas, para demostrar la posible buena gestión de la Junta en materia asistencial.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Al final, señor Consejero, tienen un turno final de uso para responder a todas las posiciones que se han....

Para la fijación del Grupo de Alianza Popular, el señor Eguiagaray.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Gracias, Presidente.

Muy brevemente, porque esto ha sido ya muy largo, y la prueba es que aquí se han agotado prácticamente lo temas. Pero hay algunos puntos que sí desearía comentarles.

Yo, que he estado la mayor parte de las veces en que hemos discutido estos temas de acuerdo con el compañero Godofredo, pues hoy tengo que decir que me ha dejado un poco sorprendido ante algunas afirmaciones de las que han hecho. Porque decir que basta que existan unas competencias reconocidas en el Estatuto para que eso suponga una actuación rápida, eficaz y segura del Consejero, es mucho decir. Porque también están en todas las leyes de este mundo que hay que pagar lo que se debe, y el INSALUD, por ejemplo -que es un claro exponente de incumplimientos repetidísimos-, no paga a las Diputaciones, no paga a las clínicas concertadas, y si lo hace es tarde y mal, y se dedica, un poco, a hacer su santa voluntad a todos los niveles. De manera que ese es un tema...

En cuanto a los hospitales, estos transferidos, pues yo creo que ya, no hace cuatro meses, el Consejero compareció y nos explicó de una manera pormenorizada y clarísima cuáles eran los problemas de esas transferencias, como son hospitales que algunos de ellos están percibiendo unas cantidades, por cama y día, de dos mil y pico de pesetas, cuando cualquier centro del INSALUD, que están mejor dotados, evidentemente, está por veinte, veinticinco y hasta más. Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola: no están dotados, entonces no les pagan, y como no les pagan, no están dotados, y así no hay manera humana de... Creo que la Consejería ha hecho mucho en ese sentido, ha arreglado los temas de las interinidades, ha arreglado los temas de los sueldos en gran parte, está ocupándose de la psiquiatría y está próximo a firmarse, dentro de un par de días, el convenio con las Diputaciones; no se le puede negar actividad. Ahora, el imputarle a la Consejería o al Consejero el que los temas de coordinación con el INSALUD no funcionen, eso me parece que es algo injusto, porque, en fin, dos no se casan si uno no quiere. Y el matrimonio con el INSALUD yo sé por experiencia que es muy difícil.

(-p.904-)

Hay un punto en el que sí estoy de acuerdo con el portavoz del CDS. Es lo que ha mencionado -y ya lo hemos comentado alguna vez más- sobre los centros de salud. Yo, los centros de salud -y, en fin, el doctor Redero, del Partido Socialista, tiene suficiente juventud para que le pueda emplazar, a ver qué pasa con eso en diez, o en quince, o en veinte años-, yo dudo del porvenir de esos centros en cuanto a su eficacia, mientras en el país nuestro, llamado España, no se logre una perfecta educación sanitaria de la gente. Pero no hablo de educación sanitaria en lavarse las manos después de comer, ni esas cosas, sino en la educación de empezar a tener una confianza en la sanidad pública, fundamentalmente, a tener una confianza en los médicos (algo que se ha ido destruyendo día a día con medios tan poderosos como son los medios de comunicación y, concretamente, la Televisión, que echa por tierra una labor de meses en un día). Y mientras las gentes piensen que los únicos médicos competentes, los únicos médicos que valen para algo, el único lugar donde hay medios donde pueden hacer algo por su vida es en un hospital, en un gran hospital, esos centros serán -como ha dicho el Portavoz del CDS- centros de provisión de volantes y nada más. Y claro, entonces serán unos centros de provisión de volantes muy caros, muy caros. Ahora, esa otra faceta que también planteaba él, de que haya unos centros de salud con ginecólogo, tocólogo, pediatra, otorrino, Rayos X en cada cabecera de..., ¡ah!, y luego un médico en cada pueblo, pues eso también es muy discutible. Los médicos de los pueblos hay que también tenerles un respeto. Y, naturalmente, las cosas han cambiado. De las épocas en que iban en mula o en caballo a ver a un enfermo, a hoy día, que hay automóviles, pues la cosa cambia, evidentemente. Y hoy día, el condenar a una persona a que esté las veinticuatro horas del día de trescientos y pico días al año, permanentemente, al servicio de su comunidad, me parece que es exigir demasiado. Ahora, que, naturalmente, hay que ser flexibles, creo yo, en estos mapas sanitarios que se han elaborado, contemplando cuáles son las peculiaridades de cada lugar concreto, y eso adecuarlo para una mayor eficacia, considerando los intereses de todo el mundo, y, en primer lugar, de los enfermos, pero también de los sanitarios que se ocupan de estos temas.

Y como creo que, en fin, este es un tema que, prácticamente, lo han agotado los que me han precedido en el uso de la palabra, pues termino. Y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO). Muchas gracias, señor Eguiagaray. El señor interpelante puede utilizar un último turno de diez minutos, que ruego que, como han hecho en la última intervención de réplica y dúplica, se atengan estrictamente al tiempo minutado.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Vamos a ver. A mi querido compañero Redero, darle las gracias en lo que tenemos en común, en lo que hemos defendido juntos, y le voy a contestar a alguna pregunta puntual.

No sé si me ha entendido mal o yo me he explicado mal. Yo no he dicho nada en contra de los Centros de Salud. Todo lo contrario, he dicho que me parece una filosofía muy importante, y es a donde tenemos que ir, precisamente. Pero los Centros de Salud usted sabe que tienen que tener una serie de cosas, tienen que estar bien utillados; y, quizá, en este momento no los tengamos, y es como si -yo pongo el mismo ejemplo siempre-, como si yo quiero comprar un coche, pero no me lo dan hasta dentro de tres meses y me quitan el mío antes. Estoy tres meses sin coche. Lo que quiero decir es que, quizá, hayamos quitado a los pueblos su médico y no les hayamos dado todavía el Centro de Salud, algo que pueda suplir ese médico. Y no lo digo yo, mire usted, lo dice el señor José Simón, Director General del INSALUD, que no es del CDS. En el medio rural existe el miedo a perder su médico. Y que dice, además, que esta forma de los Centros de Salud que no es rígido, que debe de cambiarse, que hay ciertas excepciones, y solamente se debe de hacer en poblaciones entre cinco mil y diez mil habitantes.

En primer lugar, existe el miedo a perder el médico, con lo que este modelo se aplica, preferentemente, a las poblaciones. Castilla y León tiene una serie de circunstancias especiales y, quizá, lo que he pedido es que seamos más flexibles. Lo que sería maravilloso, creo yo, es hacer lo que yo digo, pero eso no se va a poder hacer, de momento por lo menos.

Por otro lado, no sé qué quiere decir con la Carrera de San Jerónimo, pero le ha quedado muy bonito, eso es cierto. Si lo que ha querido decir es que yo he confundido esto con los Diputados Nacionales, le diré que yo no estoy aquí para hablar del color de los zapatos de los celadores del pueblo tal, yo creo que aquí estamos para hablar de cosas serias. Una cosa seria es hacer una reflexión de la política sanitaria nacional, porque si no malamente podemos llegar a la política autonómica, porque todo está más o menos coordinado. Pero, de verdad, le juro que yo nunca llegaré a la Carrera de San Jerónimo, porque mi partido tiene gente muchísimo mejor que yo, y yo ya he llegado al límite de mis posibilidades.

Pero le agradezco, de todas las maneras, todo lo que tenemos en común, que yo creo que es mucho, que usted quiere, prácticamente, lo mismo que nosotros: que se coordine, que se gestione y que se llegue a crear el Servicio Regional de Salud. De acuerd.

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A mi querido compañero -tiene un apellido difícil- Eguiagaray, le agradezco también lo que ha dicho, que casi siempre estamos de acuerdo. Yo se lo agradezco mucho, porque a veces digo muchas bobadas, y se lo acepto por cortesía; a veces no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, porque no es así. Pero yo también , en lo de Centros de Salud, le voy a decir una cosa -a veces en las Comisiones-: la Ley General de Sanidad establece una serie de condiciones para los Centros de Salud, como son las especialidades básicas. No me lo he inventado yo. Eso de pedir el radiólogo, y rehabilitador, y ginecólogo, y odontólogo y pediatra, no me lo he inventado yo; viene en la Ley General de Salud. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a realizar los Centros de Salud como deben de realizarse, y ahora no es más que la unión de seis médicos de pueblo, cada uno con su fonendo; de acuerdo. Pero no me lo he inventado yo lo de los Centros de Salud. Es que viene así, que así deben de ser al final. Incluso dice este señor -José Simón- que van a empezar a ir especialistas de área y de hospitales a los Centros de Salud a pasar consulta -traumatólogos, pediatras y no sé quién más-. Es decir que parece que por ahí van los tiros.

Vamos a ver. En cuanto a... ¿Qué más me ha dicho? Bueno, entonces nada más, porque en lo demás estábamos más o menos de acuerdo.

En cuanto, ya por acabar, con el señor Consejero, darle las gracias por lo que nos ha explicado. Y yo lo único que he querido, otra vez, es hacer una reflexión y decirle lo que creíamos que debía de ser la dinámica o la sistemática para llegar a lo único que podemos llegar, que es a realizar el Servicio Regional de Salud; porque usted sabe que el Sistema Nacional de Salud, al fin y al cabo, no va a ser más que la reunión de los diecisiete Servicios Regionales de Salud. Yo no le voy a pedir, como dice su compañero de AP, le voy a pedir milagros. No, no puedo pedírselo. Lo que sí que le voy a pedir es que haga o intente hacer lo que puede y lo que la Ley le permite hacer. Y nada más, porque es que si no...

Mire, tengo aquí una cita, que me la ha dado un compañero de Parménides, que dice: "El ser es y el no ser no es, el hacer es y el no hacer no es". Y si no se hace, pues, no es de recibo, no vamos a adelantar nada, ¿entiende?. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El Consejero, para terminar.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, Presidente. Muy brevemente, para aclarar algunas cosas.

Al señor Hernández Redero decirle que, efectivamente, en el Decreto de Reestructuración del INSALUD, que me imagino que es la norma a la que se refería, dice que se van a respetar las Areas de Salud. Lo que yo no sé si sabe es que en la redacción original de ese borrador de Decreto no se respetaban, y que fue, justamente, a raíz de un Consejo Interterritorial de Salud, en el que este Consejero, entre otros, reclamó ese texto e hizo la reclamación oportuna, se respetó la competencia territorial y la delimitación territorial de las Consejerías. A pesar de lo cual, en la referencia que aparece en algunos medios de comunicación, siguen mezclando las cosas y, posiblemente, no por error de los periodistas, sino por la información que les llega desde el Ministerio.

Conozco, y él lo sabe muy bien, la situación de la red hospitalaria propia de la Comunidad, que, efectivamente, es lamentable. Ya he hecho referencia a las inversiones que se están haciendo en este año y a las previsiones presupuestarias del año próximo. Somos conscientes del mal estado físico del edificio de nuestros hospitales y estamos trabajando en ello. Al personal se le ha homologado con los funcionarios de la Junta. Yo sé que había quien tenía aspiraciones de otro tipo de homologación, pero nosotros podemos homologar, a lo sumo, con nuestros propios funcionarios, aunque haya funcionarios en otras Comunidades o en el Estado que cobren más que los nuestros. Pero si no era justo como estaban ustedes antes, tampoco sería justo que cobraran más que nuestros propios funcionarios.

Sabe, por otra parte, que está previsto que se les paguen las guardias -cosa que antes no se hacía-, que haya sustituciones, interinidades; es decir, que se está resolviendo, en gran parte, la situación que había anteriormente. Queda mucho por andar, por supuesto, pero estamos en ese camino y usted lo sabe muy bien.

De otro lado, la cobertura de las plazas de Directores de Hospitales, sacamos la convocatoria, no hubo candidatos idóneos. Uno se cubrió por aquel procedimiento, y la que hicieron provisional -que usted cuestiona-, yo la he dejado firmada. Otra cosa... Después de las conversaciones que el médico en cuestión ha tenido con el Director General, si a las tres de la tarde a usted le ha dicho que no acepta la adscripción provisional, pues, habrá que plantearse otra. Pero no crea usted que es fácil encontrar directores para los hospitales del AISNA, porque es lo de siempre: el que está preparado para dirigirlo no quiere, y el que quiere tiene muy buena voluntad, pero con buena voluntad no se arreglan los hospitales, y así venían funcionando con anterioridad.

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En cuanto a los objetivos que perseguimos para estos hospitales, decirle que -yo creo que lo he dicho ya- en algunos está específico; en otros, llegar a un acuerdo con el INSALUD, porque estoy rigurosamente de acuerdo con usted en que o hay colaboración, o las cosas no pueden funcionar; y cuando estudiemos qué es lo que quiere el hospital, el INSALUD, hacer con sus propios hospitales y cuáles son las carencias -lo he dicho-, nosotros debemos ser subsidiarios de esas carencias hospitalarias; y con eso contesto también al señor Martín, del Grupo del CDS. Yo no voy a inventarme un servicio de neurocirugía en un hospital en Valladolid, si tiene dos el INSALUD, y lo que hay que decir es: "suprima usted uno, que le sobra, y lo que haré yo será cubrir un servicio, pues, no sé, de quemados, que, a lo mejor, no existe en el hospital". Pero para eso hace falta, primero, que el INSALUD se quiera poner de acuerdo con nosotros. Y le insisto, y le puedo emplazar con testigos, a que no es por falta de voluntad de acuerdo de esta Junta por lo que no se llega a ese acuerdo.

Y esto no está reñido con el convenio que pasado mañana vamos a firmar con las Diputaciones. Mire usted, ese convenio se ha gestado en una Comisión, en la que había representantes de la Junta y representantes de Diputaciones, concretamente de Segovia y de Salamanca; con lo cual quiero decir que opciones políticas había de todas en aquella mesa negociadora. Y cuando se ha llegado a un acuerdo, lo que nosotros pretendemos es firmar con las Diputaciones, para, cuando ya tenemos el convenio con las Diputaciones, ir a firmar o a renegociar el convenio general con el INSALUD; porque si vamos uno por uno -que es lo que algunas Diputaciones siguen haciendo en el momento actual- es muy difícil ponerse de acuerdo.

Insisto, pues, colaboración absoluta con todas las Administraciones: con las provinciales, con las locales y con la Administración del Estado. Pero para llegar a entenderse hace falta ponerse de acuerdo por las dos partes, o hace falta voluntad por las dos partes para llegar al acuerdo. Y echar la culpa, insisto, de las deficiencias de la asistencia sanitaria, de los que se nos tienen que ir a otras Comunidades, de las listas de espera, de las masificaciones, y echar la culpa a este Gobierno, realmente, me parece -y ahí sí estoy de acuerdo con Su Señoría- que los tiros deben ir dirigidos en otro sentido, porque nosotros ahí poco es lo que podemos hacer. Pero está claro que... no voy a citar a Parménides, pero sí recordar aquello que decían los italianos del "Piove, porco goberno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas. Ruego a Sus Señorías la máxima puntualidad, puesto que tenemos todavía un apretado Orden del Día.